Qué Economía

Julio 2017

Con sometimiento a imperialismos como normalidad de funcionamiento del país.

 

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Percatémonos de cómo nos embaucan sobre que las elecciones expresan nuestra participación en las decisiones del destino común. Revisemos políticas K para descubrir cómo promovieron el capitalismo local de los imperialistas. Al mismo tiempo, comparando el presente con más de una deKada, constataremos que hay un proceso de constante profundización de la destrucción tanto de comunidades como de ecosistemas en Argentina, a consecuencia de lo cual se multiplican enfermedades y muertes.

 

 

Editorial de Fractura Expuesta 2
 

4 de julio de 2013

 

Por Observatorio Petrolero Sur(OPSur)

(…)Transcurrido un año de la expropiación a Repsol, la formación Vaca Muerta sigue siendo un horizonte: lo que la empresa no pudo avanzar en la explotación, por falta de recursos financieros y tecnológicos, lo hizo en el plano publicitario, no sólo presentándose como una alternativa confiable para el desarrollo nacional, sino como posibilidad de ahorro ante la inflación y el cepo al dólar. También ganó en publicidad lanzando al ruedo otras formaciones que se suman a la batalla por una Argentina Potencia no convencional: las formaciones Pozo D-129 y Aguada Bandera, estrellas de la Cuenca del Golfo San Jorge; Los Molles, Agrio y Las Lajas, en la Cuenca Neuquina, con menos prensa que su par bovina; Cacheuta, en Mendoza, la guarnición novedosa del banquete de Chevron; y Los Monos, en Salta, precalentando para entrar a la cancha. También se han visto políticas concretas de promoción a los no convencionales en el último año: incremento de precios tanto en petróleo y gas, aumento del valor de corte para exportación y fondos públicos para YPF y Enarsa.

Si bien YPF no es la única empresa en avanzar hacia esos horizontes, su política corporativa es, desde hace un año, política pública y marca tendencia en el plano local. Su alianza con Chevron no sólo implica la inyección de recursos para explorar y explotar Vaca Muerta, es también una señal para el sector privado, expectante tras la expropiación a Repsol. Fue sólo ratificar el acuerdo con la corporación estadounidense para que inmediatamente otras trasnacionales como Exxon, Total y Shell, hicieran nuevos anuncios.

La irrupción de los no convencionales desplazó de la agenda a la diversificación de la matriz energética, si es que alguna vez hubo intención política de abrir ese debate en los sectores más encumbrados del gobierno. Por otra parte, la lógica commodity persiste más allá de los discursos que, a partir de la promulgación de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, pregonaban la recuperación de los hidrocarburos como recurso estratégico. La apuesta del Estado por los no convencionales se mira en el espejo del modelo sojero y megaminero.

 

El ingreso de Chevron, por otra parte, se vincula con la política de Estados Unidos de promoción de los no convencionales a nivel global que busca asegurar, además, la parte del león a las empresas estadounidenses, sean estas operadoras de áreas o prestadoras de servicios. A través de esta técnica, la potencia del Norte incrementó su producción fronteras adentro -aunque nuevos informes ponen reparos sobre el mentado boom-, reduciendo su dependencia externa, pero como (su) Seguridad Energética es más que autoabastecimiento, promueve los no convencionales en los cinco continentes con el objetivo de diversificar las fuentes de abastecimiento, a fin de reducir la gravitación de otros actores de peso como Rusia, que cuenta con la mayor reserva mundial de gas, y generar alternativas a proveedores conflictivos, como los países de Oriente Medio y el Norte de África.

También esta avanzada corporativa gubernamental apunta a quebrar el prolongado estancamiento de la producción de crudo y el cercano pico gasífero de fuentes tradicionales, perpetuando la matriz basada en combustibles fósiles y apuntando a reducir el precio de la energía y garantizar los ritmos de producción. La crisis civilizatoria y climática no entran en la agenda. Aunque los artífices de la ofensiva postulan el desarrollo masivo del shale gas como una alternativa energética limpia, la explotación de estos yacimientos significaría un fuerte incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, profundizando el calentamiento global.

Pasada la sorpresa y el desconcierto de la primera embestida, lejos de la resignación y del augurio de un final apocalíptico, la movilización popular, también global, va forjando sus propias herramientas y construyendo las defensas para contener y rechazar la ofensiva del fracking. Los debates sobre las formas de oposición y sus límites están abiertos; mientras tanto, aquel No francés, que en 2011 se plasmó en la prohibición de la fractura hidráulica en territorio galo, renace en nuestro país con el efecto Cinco Saltos, multiplicándose la promulgación de ordenanzas que prohíben esta técnica dentro de los ejidos del país.

Fuente:http://www.opsur.org.ar/blog/2013/07/04/descargate-invasion-fracking-el-segundo-numero-de-fractura-expuesta/

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YPF S.A. bajo el paradigma

SHALE FOR EXPORT
 

4 de noviembre de 2012


Por Observatorio Petrolero Sur(OPSur)

Es posible seguir pensando en Argentina como ‘potencia energética’? ¿Se sigue perfilando al país como exportador de hidrocarburos? Estrategia para captar fondos o intenciones reales, esto se desprende del plan quinquenal presentado por YPF. Los objetivos son frenar la caída de los niveles de extracción, aumentar reservas, consolidar el autoabastecimiento y apuntalar a la empresa como líder en el desarrollo de yacimientos no convencionales. Según la compañía, a partir de estos últimos Argentina se convertirá en “exportador neto de energía” -en asociación con empresas como Chevron; estas expectativas pasan por alto la creciente cantidad de países que han aplicado moratorias o directamente han prohibido la fractura hidráulica (técnica necesaria para extraer desde estas formaciones). YPF postula que el 70% de los US$ 37 mil millones necesarios para ejecutar el plan vendrán de sus propias arcas, pero cumplir con este objetivo implica una suba de los precios internos de los combustibles. Entonces, ¿quién pagará los costos de esta agresiva estrategia? ¿A quién beneficiará? Mientras las reservas de yacimientos convencionales del país continúan en caída, las perspectivas parecen ser ‘rascar lo que queda’ en las cuencas productivas y de bajo retorno energético (yacimientos no convencionales), como también avanzar en regiones continentales y marítimas con pocos o nulos antecedentes.

 

El 30 de agosto fue el día elegido por Miguel Galuccio y su equipo para la presentación pública del plan estratégico de YPF 2013-2017. Durante el mediodía, medios porteños difundieron las coberturas de la conferencia matutina sin muchos detalles concretos sobre el plan. Pero en la página web de la compañía figuraba una convocatoria para las 15:30hs, con la posibilidad de escucharla a través de internet. Esperábamos que en esa conferencia se pudiera ahondar sobre los puntos estructurales del plan y acceder a documentación. Para nuestra sorpresa, fue dada enteramente en inglés y la plana mayor de YPF -el mismo Galuccio (CEO), Daniel González (CFO, Gerente Financiero, ex Merril Lynch) y Gabriel Avalos (IR, Gerente de Relaciones con el Mercado, de la anterior gestión de YPF)- se dirigió a un grupo selecto. Según la transcripción (en inglés) de la reunión, los participantes fueron representantes del Banco Itaú, Bank of America/Merril Lynch, Deutsche Bank, Credit Suisse y BTG Pactual. ¿A quién se dirige la compañía entonces? ¿A quién tiene como interlocutor? ¿A quién rinde cuentas? Finalmente, a los días, en un resquicio del portal de YPF encontramos la presentación en español, ya que inicialmente el documento sólo estaba disponible para anglófonos.


En la foto de izquierda a derecha: Ali Moshiri (Chevron), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Susan Segal (Council of Americas),Miguel Galuccio (YPF), Jorge Argüello (Embajador argentino en EEUU) y Carlos Bulgheroni (Bridas) en el Council of Americas (Nueva York) en septiembre de este año. Fuente: YPF.

 

La potencia shale en el país de la eterna riqueza

El plan estratégico se centra en garantizar seguridad de cara a los inversores privados y potenciar la asociación con capitales externos que posibiliten alcanzar la ampliación esperada. El “nuevo ADN” bajo el cual se reestructura YPF se centra en primer lugar en el valor accionario, el profesionalismo y el sentido nacional. En segundo plano, se sitúan la identidad competitiva, global e integral y la seguridad y el medioambiente. Para relanzar YPF y consolidar sus planes de crecimiento la empresa dará dos pasos consecutivos. En primer lugar, la etapa programada para el período 2012-2013, denominada “Alto impacto”, donde principalmente se busca revertir la tendencia negativa en términos productivos. Posteriormente, el quinquenio 2013-2017 se denomina “Estrategia de crecimiento rentable” y el objetivo a largo plazo será establecer un “Nuevo paradigma”: desarrollo masivo de no convencionales y convertir a Argentina en exportador neto de energía.

 

YPF pretende reducir rápidamente las importaciones de combustibles y sostener la oferta energética interna con el horizonte puesto en el autoabastecimiento. Bajo el paraguas del nuevo ADN operativo, los tres puntos centrales de la etapa de “Alto impacto” son el avance sobre yacimientos maduros (con varios de explotación y caídas en sus niveles de extracción), la puesta a punto de clusters de yacimientos no convencionales (con una explotación en modelo factoría) y el aumento en el refinamiento (7%) al elevar el uso de la capacidad instalada. Según la compañía, esto permitiría reducir en un 47% la importación de combustibles.

Los cluster  son una concentración geográfica de empresas relacionadas; esto genera un espacio de interacción y asociación de aprendizaje mutuo y por ende impacta en la mejora de la producción, la eficiencia y la reducción de costos. La explotación en modo factoría implica un importante cambio con respecto a la tradicional operatoria en yacimientos convencionales. Con la mira puesta en reducir costos y maximizar las inversiones, el desarrollo en no convencionales requiere una mayor ocupación territorial y perforación de pozos. La baja permeabilidad de los yacimientos reduce el área de acceso a hidrocarburos por pozo, obligando a una mayor cantidad de perforaciones que deben realizarse de forma estandarizada (evitando un diseño particular para cada uno). Esto permite la centralización de varias plataformas de pozos (o well pad en inglés) y por ende un incremento en los niveles de extracción (Forbes, B., et al., 2009).

Los esfuerzos de aumentar los niveles de producción en la primera etapa (7% para el petróleo y 3% para el gas) serían redoblados hasta 2017. Teniendo como base el 2012, la compañía prevé aumentar la extracción de petróleo (29%) y gas (23%), como también el refinamiento de naftas y gasoil (37%). ¿Pero de dónde vendrán estos importantes incrementos de fósiles? Destrabar el potencial de los no convencionales en general y del shale en particular es la clave. En cuanto al gas, YPF prevé que las fuentes serían principalmente ‘infill drilling’ (1) (33%), shale (32%) y tight (27%) con una inversión aproximada de US$ 6.500 millones. El petróleo tendría su origen deshale (46%), extracción primaria convencional (32%) y recuperación terciaria (14%), con una inversión aproximada de US$ 19.500 millones. En todo el quinquenio, proyectan perforar 1.160 pozos para gas y 5.380 pozos para petróleo.

Según la compañía, los no convencionales no sólo son la estrella de este plan sino la garantía de continuidad de la matriz vigente. Los yacimientos convencionales han entrado en un declive natural; mientras se prolonga su vida útil -con recuperación mejorada como la secundaria o terciaria- los no convencionales se ponen a punto. Estos representan más de la mitad de los recursos (2), en el caso del petróleo (shale), y más del 70% en gas (shale y tight). De todas las inversiones programadas en el quinquenio (US$ 37.200 millones), los no convencionales serían el principal destino: por encima del 40% (US$ 15.300 millones aproximadamente) para desarrollar petróleo y gas de formaciones tight y shale. (…)

Conectando un país, conociendo sus vísceras

Como se decía previamente, el crecimiento de YPF estará vinculado estrechamente al futuro de los recursos no convencionales y a la posibilidad de extender las cuencas productivas. Para esto prevé perforar trescientos pozos exploratorios entre 2012 y 2017, desembolsando US$ 1.440 millones.

En cuanto a las cuencas ya productivas (Neuquina y Golfo San Jorge), la empresa no sólo realizará recuperación secundaria o terciaria sino que también continuará tareas de exploración, y pondrá los ojos en fajas de crudos pesados en la provincia de Mendoza.

Los no convencionales, en términos de recursos, tienen un potencial de 12 mil MBOE (miles de barriles de petróleo equivalente) y son los que presentarían menor riesgo (desde el punto de vista financiero y exploratorio) y mayor potencial; de aquí su destacado desarrollo. La prioridad para el plan quinquenal está en las cuencas Neuquina (formaciones Vaca Muerta, Las Lajas-Molles y Agrio), Cuyana y Golfo San Jorge. Estas cuencas son las que tienen mayores inversiones y entramados en infraestructura petrolera, permitiendo una rápida incorporación al mercado de los hidrocarburos, como también importantes reducciones de costos. Pero YPF identifica otras cuencas con formaciones no convencionales -como Tarija, Cretaceous, Chaco-Paranaense y Austral-, de hecho el año próximo comenzaría los trabajos de prospección sísmica y perforación de un pozo en  la provincia de Entre Ríos (shale) y entusiasma al gobierno bonaerense con la explotación de gas metano de mantos de carbón o coalbed methane en la Cuenca de Claromecó.

Estas últimas son parte de una estrategia mayor de explorar cuencas no productivas. Además de las mencionadas previamente, se identifican Bolsones Intermontanos, Cañadón Asfalto y del Colorado (continental). Estos avances supondrían dar los primeros pasos sobre regiones con escasos o nulos antecedentes hidrocarburíferos. Pero a su vez, YPF pretende avanzar sobre la plataforma marítima: cuenca del Colorado, margen norte de la Plataforma Continental Argentina, Austral y Malvinas. Asimismo, se establecen programas de exploración en países de la región pero sin brindar mayores detalles. (…)

 

Socios trasnacionales y precios en suba: quién paga la expansión de la estrategia soberana

La estrategia de largo plazo de la conducción de YPF es convertir a Argentina en exportador de energía a partir de la explotación masiva de no convencionales. Para solventar este objetivo el plan prevé que la gran mayoría de las inversiones provengan de la misma caja de la petrolera, calculado en US$ 26.040 millones (70%). De esta forma se revertiría la estrategia de Repsol de girar utilidades a su casa matriz al mismo tiempo que endeudaba a la compañía. A su vez, la empresa emitiría deuda por aproximadamente US$ 6.700 millones (18%). El restante sería financiado por un socio, sin explicitar, para la explotación de no convencionales y demandaría casi US$ 4.500 millones.

Si bien no se explicita en el plan, sí se ha hecho en las presentaciones públicas: sin aumento de los precios internos la estrategia de YPF carece de sustento. El desembarco y desarrollo masivo de no convencionales iría de la mano de un aumento de costos; quién pagaría esto es la gran pregunta. Hasta el momento, para algunas áreas las petroleras se aseguran una renta diferencial a través de subsidios nacionales y es el Poder Ejecutivo el que año a año reduce la presión tarifaria sobre los consumidores finales. Galuccio ha dicho que están en tratativas con el gobierno nacional para reformularlos (puntualmente el Gas Plus) y de esta forma poder aumentar el precio. Un objetivo compartido con voceros de las empresas, consultores, gobernadores y dirigentes sindicales. Pero el aumento de precios no se hará únicamente en boca de pozo, sino que la diferencia de precios en combustibles con la competencia (hoy en día desfavorable para YPF) iría reduciéndose escalonadamente, y aquí sí habría una repercusión directa en el precio final.

El plan bosqueja diversos escenarios estructurados de acuerdo al alcance del financiamiento a través de los bonos y el socio en shale. En el escenario de máxima -una inversión de US$ 40.400 millones y adicionando un cluster de gas y otro de petróleo- habría más acuerdos con otras compañías, y así parece apuntar la conducción de la empresa como también del Poder Ejecutivo Nacional -Cristina Kirchner ha acordado numerosas reuniones en pos de la petrolera.

Hasta el momento se han firmado Memorándums de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) con las firmas Corporación América, de Eduardo Eurnekian, que garantizó US$ 500 millones para invertir enshale; y Bridas, la empresa chino-argentina que también se comprometió a invertir en no convencionales (Tiempo Argentino, 31/8/2012). Al mismo tiempo se han anunciado acuerdos con la rusa Gazprom (gas convencional y no, comercio de GNL) (Prensa YPF, 4/9/2012),  y la multinacional Chevron -para avanzar en el desarrollo de un cluster de shale en Neuquén (Ámbito Financiero,  14/9/2012). Además se firmó un MOU con PDVSA y Enarsa, con los objetivos de ampliar la capacidad de refinamiento argentina para hidrocarburos de la Faja de Orinoco (donde también las empresas argentinas tendrían mayor participación extractiva en nuevas áreas), extender las redes de estaciones de servicio de la compañía venezolana en el país e invertir en no convencionales en Vaca Muerta (Página/12, 25/7/2012). También se mantuvieron reuniones con empresas como Exxon Mobil, Apache y Sinopec, aunque sin llegar a anuncios concretos.

Como se desprende de este listado, y se explicita en el plan, YPF no busca únicamente asociaciones financieras sino que los acuerdos también comprenden a socios tecnológicos (servicios y aplicaciones) y estratégicos (expertos en no convencionales), y aquí entra Chevron. Si bien no se han divulgado los detalles y alcances tanto de éste como de otros acuerdos, la historia demuestra que las compañías trasnacionales no invierten sin llevarse una importante tajada. En este sentido, la participación que tenga Chevron y otras compañías en la configuración de Argentina como exportadora neta de energía arroja más dudas que certezas. ¿No era la expropiación a Repsol una política soberana para garantizar energía al pueblo argentino?

Chevron es la décima compañía a nivel mundial: el año pasado tuvo una ganancia neta de más de US$ 19 mil millones (Fortune, 2011). Esta sideral cifra es similar a la que la condenó a pagar la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, en Ecuador, por el genocidio/ecocidio cometido por Texaco (adquirida por Chevron) en la región amazónica de este país. Tras ocho años de litigio, con innumerables trabas e idas y vueltas, amenazas y presiones, la Asamblea de Afectados logró ganar el  ‘juicio del siglo’. En un expediente judicial que sobrepasa las 200.000 páginas se detallaron los daños ambientales y sociales de los que se encontró a la empresa plena responsable, por un valor de US$ 9.500 millones. El documento publicado en 2005 por la red internacional Oilwatch sostiene que en 25 años se perforaron 339 pozos en un área de 442.965 hectáreas, se desecharon 450 millones de barriles de aguas de producción, 400 mil barriles de petróleo derramados, entre 600 y 1.000 piletas de desechos y la lista sigue… (2005)

En una carta pública el año pasado se informaba que esta destrucción ambiental apenas tuvo repercusiones económicas para el conjunto del país: sólo US$ 4 por barril quedaban para Ecuador (Oilwatch, 2011).

Ante esta situación las declaraciones de Ali Moshiri (presidente de Chevron para exploración y producción en Latinoamérica y África), no ayudan mucho: “El (gas) no convencional puede revolucionar el paradigma energético en Argentina, como ocurrió en los Estados Unidos” (Infobae, 24/8/2012). La multiplicidad de denuncias y movilizaciones (como la masiva concurrencia al día de acción global contra el fracking), los estudios en curso de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) para determinar las verdaderas consecuencias sobre los acuíferos, la prohibición de utilizar la fractura hidráulica en el estado de Vermont y las moratorias en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, son muestras de un escenario más complejo y con graves antecedentes ambientales y sociales, cuestiones a las que no se refiere el representante de Chevron.

Ante esta situación las declaraciones de Ali Moshiri (presidente de Chevron para exploración y producción en Latinoamérica y África), no ayudan mucho: “El (gas) no convencional puede revolucionar el paradigma energético en Argentina, como ocurrió en los Estados Unidos” (Infobae, 24/8/2012). La multiplicidad de denuncias y movilizaciones (como la masiva concurrencia al día de acción global contra el fracking), los estudios en curso de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) para determinar las verdaderas consecuencias sobre los acuíferos, la prohibición de utilizar la fractura hidráulica en el estado de Vermont y las moratorias en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, son muestras de un escenario más complejo y con graves antecedentes ambientales y sociales, cuestiones a las que no se refiere el representante de Chevron.

 

La energía desde la balanza de pagos: insumo mercantil para la destrucción ambiental

Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobre-estimación de la tecnología (…) No menos grave resulta el hecho de que los sistemas sociales de despilfarro de los países tecnológicamente más avanzados funcionen mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el Tercer Mundo. (…) De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo, preconizados por esos mismos monopolios.

Juan Domingo Perón (1972)

 

Fíjense si, en cierta manera, esto no es el american way of life.

Cristina Fernández de Kirchner (2012)

Desde el gobierno nacional la preocupación se centra sobre todo en la necesidad de reducir la importación de combustibles: una sangría de divisas de US$ 9.400 millones en el año 2011. Más allá de meros enunciados, la estrategia niega cualquier cuidado en la preservación y conservación del ambiente y, por lo tanto, de la sociedad misma. Es preocupante el lugar prioritario que ocupan los yacimientos no convencionales en la estrategia oficial cuando a nivel global, día a día, florecen moratorias, prohibiciones y cuestionamientos. Décadas de extracción hidrocarburífera convencional han ocasionado innumerables impactos negativos sobre las comunidades locales y poco ha importado el reconocimiento, vigencia y aplicación de los derechos humanos (colectivos e individuales). Siendo la fractura hidráulica una técnica más agresiva, ¿a qué futuro se somete a las poblaciones que “competirán” por la misma tierra y agua con la industria petrolera? ¿Qué derecho a un ambiente sano les cabe? ¿Qué derecho a una vida digna les cabe?

La estrategia de YPF de extraer hasta la última gota de yacimientos maduros y avanzar sobre no convencionales potencia un imaginario de falsa abundancia. ¿No habría que planificar sobre un escenario de escasez de recursos fósiles? ¿No habría que planificar un uso racional de los hidrocarburos al tiempo que se debate democráticamente una transición energética? Lejos de ser una cuestión particular de Argentina, organismos internacionales, como la Agencia Internacional de Energía, o grupos de investigadores y agencias gubernamentales han dado cuenta del estancamiento de la extracción de petróleo de yacimientos convencionales desde 2005; con una demanda siempre creciente. Incluso el FMI ha publicado recientemente un informe, sin predecir la evolución de la producción, donde hipotetiza un mundo de petróleo escaso. Los escenarios van de una proyección de crecimiento lento o estancado, de menor crecimiento y se encuentran sustitutos, de menor crecimiento pero sin encontrar sustitutos, a un achicamiento drástico de la producción. Si bien enfocan sobre la variable de precios es importante notar que los mismos autores aclaran que el precio no refleja en su totalidad la importancia del petróleo. Al cumplir diversas funciones, cualquier cambio productivo tendría consecuencias impensables por el momento (The Washington Post, 27/10/2012).

 

Asimismo, la ambiciosa estrategia de exploración marítima y continental refuerza las intenciones de mantener “a cualquier costo” la matriz actual. Sujetar el destino de amplios territorios a la extracción de hidrocarburos es negar el carácter contaminante, escaso y concentrador en materia de recursos y poder. Un plan estratégico exitoso (en términos productivos, así como está formulado) ahondaría la amenaza directa sobre el resto de las regiones, donde sus gobernantes disputan el destino de sus inversiones y renta a espaldas de procesos de decisión colectivos. Estas ansias de expansión junto a una marcada vocación de alianzas con empresas trasnacionales no crean las condiciones necesarias para un futuro mejor, sino que refuerzan las críticas y dudas que suscitó la expropiación parcial a Repsol.

A su vez, la estrategia de una compañía mixta con participación mayoritaria del Estado no puede reemplazar un plan energético integral. Si uno toma la ausencia de toda planificación –desde la implementación del Plan Energético Nacional 2004-2008 no se realiza algo similar- entre las provincias y Nación, el plan de YPF es la cristalización más acabada del Gobierno nacional para proveer energía al país.

El plan establece como prioridad el autoabastecimiento a fin de solucionar el déficit energético. Si bien no es un tema menor y desde ya prioritario, el escenario así planteado oculta necesarias discusiones en torno a la naturalización del aumento en la demanda de energía. En este sentido, el término de crisis energética debería discutir sobre si nuestro país efectivamente necesita más energía, cómo generarla y para qué, en vistas de garantizar un bienestar general de la población. A luz de la crisis ecológica global debida al cambio climático (desatado por el sobreconsumo de fósiles) y los numerosos impactos locales, ahondar en este tipo de estrategias es de necios, ignorantes o cínicos. Bajo las perspectivas que auspicia el plan quinquenal de YPF, no se vislumbra un futuro de mayor justicia ambiental y social.

Notas:(...)

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2012/11/04/ypf-s-a-bajo-el-paradigma-shale-for-export/

 

 

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Regulando los mercados globales:
Estados Unidos y la promoción del shale
 

5 de diciembre de 2012

Por Diego di Risio (OPSUR)

Programas del Departamento de Estado promueven la explotación de gas no convencional en vistas de posibles faltantes de petróleo. Altruismo y solidaridad imperial por Asia, África y América Latina.

El reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA) proyecta a Estados Unidos como el principal productor de hidrocarburos para 2020, ¿pero debería ser tomado al pie de la letra? En su sed de hidrocarburos la Casa Blanca no sólo comanda invasiones militares sino que también impulsa, de forma diplomática, el desarrollo global de yacimientos no convencionales. La inestabilidad del mercado petrolero –donde una de las principales razones sería el estancamiento de la producción desde 2005- ha provocado que Estados Unidos busque diversificar las fuentes fósiles: una mayor oferta daría señales claras al mercado descartando una restricción energética que, en los próximos años, podría afectar el “normal” funcionamiento de la economía. Como parte de la “sintonía fina”, el Departamento de Estado ha implementado una serie de programas que propagandizan su experiencia en shale gas. Este asesoramiento abre camino para la entrada de sus empresas por el globo, especialistas en este tipo de formaciones. (…)

Sintonía fina imperial

La energía cruza la totalidad de la política exterior de EE.UU. Es una cuestión de seguridad nacional y estabilidad global. Está en el corazón de nuestra economía global. Es también una cuestión de la democracia y los derechos humanos. Y ha sido un tema prioritario mío por años, pero aún más en estos últimos cuatro como Secretaria de Estado, y seguramente lo será para el próximo Secretario. (Hillary Clinton, Secretaria del Departamento de Estado - 18/10/2012)

La decreciente dependencia de las importaciones de petróleo y gas de EE.UU. no significa que nos desentenderemos de Medio Oriente u otras partes del mundo (…) Los Estados Unidos están y seguirán comprometidos a mercados globales estables y eficientes. (…) Por esta razón y otras, los Estados Unidos están y seguirán comprometidos con la estabilidad y bienestar de Medio Oriente y otras regiones productoras de energía, como también a la libertad de navegación. (Robert D. Hormats, Subsecretario de Economía, Energía y Ambiente del Departamento de Estado - 20/9/2012).

En marzo del 2011 la administración del presidente estadounidense Barack Obama publicó el informe Proyecto para un futuro energético seguro (BSEF, según sigla en inglés), donde explicita los pasos a seguir en la política energética. El gobierno parte de la gran dependencia del petróleo que tiene el país, especialmente en transporte y consumo doméstico, la necesidad de desarrollar energía con menor impacto ambiental y aumentar la independencia de fuentes foráneas. En este sentido se puso como objetivo ampliar la producción global de gas natural, especialmente shale, como sustituto para la generación de electricidad.

A fin de afrontar este escenario, el gobierno de EE.UU. apunta a reducir su demanda y diversificar su matriz energética –uso de agro-combustibles y nuclear, eficiencia energética y el desarrollo de energías alternativas–, pero también a incrementar las fuentes globales (White House, 2011). Es decir, el camino hacia un ‘futuro energético seguro’ de EE.UU. profundiza las políticas internas pero no excluye como objetivos las zonas que la abastezcan de recursos más allá de sus fronteras. Al respecto, para asegurarse fuentes confiables, destacan acuerdos con México y Brasil para el desarrollo de off-shore.

Los funcionarios de EE.UU. repiten sin cesar el concepto de seguridad energética. Lo definen como la disponibilidad global de diversas fuentes de energía, asequibles [posibles de obtenerse] y fiables; esto evitaría un alza repentina de precios (Pascual, 21/11/2011) (Goldwyn, 24/8/2010). La relación e intermediación de la energía con los mercados internacionales es tal que EE.UU. busca ser garante global de la circulación de hidrocarburos, permitiendo la continuidad y el buen funcionamiento de los mercados, más que enfocarse en una estrategia de independencia de fuentes foráneas.

En vista de estos nuevos planes, el Departamento de Estado creó en noviembre de 2011 la Oficina de Recursos Energéticos. En aquella oportunidad Clinton sostuvo: “No se puede hablar de nuestra economía o política exterior sin hablar de energía. Con una creciente población global y una provisión limitada, la necesidad de diversificar nuestras fuentes es urgente” (DE, 16/11/2011). El objetivo central es “integrar la energía a nuestra agenda política internacional para avanzar en los intereses de seguridad de EE.UU. (…) Para los Estados Unidos, los recursos energéticos permanecen como commodities estratégicos y nuestra economía depende en el buen funcionamiento de los mercados energéticos, reservas estratégicas y fuentes diversificadas. (…) Con ese fin, el Departamento de Estado y la oficina de Asuntos Energéticos Internacionales han tomado un abordaje extensivo, intra-gubernamental, para expandir las fuentes de petróleo, gas natural y energías alternativas y, de esta forma, asegurar los flujos tanto para EE.UU. como para el mercado global”.

Asuntos Energéticos Internacionales cuenta con dos programas interrelacionados y que involucran directamente al desarrollo de los hidrocarburos: la Iniciativa para la Gobernanza y Capacitación Energética (EGCI) y el Programa para el Compromiso Técnico en Gas no convencional (UGTEP). Ambos se instrumentan mediante convenios bilaterales y sus objetivos son incrementar la capacidad de abastecer fósiles al mercado.
El EGCI busca dar asistencia a la próxima generación de países productores de gas y petróleo. Su objetivo central es capacitar a los gobiernos en el manejo eficaz del recurso y la captación de su renta(3). Sin mencionar específicamente a este programa, Clinton hacía referencia al trabajo del Departamento de Estado en estas nuevas naciones: “Algunos países que han descubierto recientemente petróleo son Libia (sic), Sierra Leona, Mozambique. Hasta hace poco tiempo, estaban sumidos en conflictos mortales. Su situación política es todavía frágil, por eso necesitan apoyo de forma tal que sus recursos energéticos no terminen causando más problemas que soluciones. Entonces los EE.UU. se encuentra trabajando con ocho nuevos países productores de gas y petróleo, para ayudar a construir los ladrillos de la buena gobernanza, incluyendo instituciones políticas, finanzas transparentes y leyes y regulaciones efectivas” (18/10/2012).

En tanto el UGTEP(4), creado en 2010 -antes denominado Iniciativa Global de Gas de Esquisto(5) busca dar asistencia a los países para identificar y desarrollar de forma segura, sustentable y con bajo impacto ambiental, los recursos gasíferos de yacimientos no convencionales, a través de marcos regulatorios jurídicos y fiscales apropiados. El objetivo último es lograr una mayor seguridad energética, metas ambientales y profundizar los intereses económicos y comerciales de EE.UU. Según la página web del programa, hasta el momento se han anunciado convenios con China, India, Jordania y Polonia. Mientras que en un documento de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) también se menciona a Argentina y Ucrania, “entre otros” (2012). En 2010 representantes de veinte países asistieron a la conferencia inaugural (The New York Times, 13/10/2010); al año siguiente se organizaron seis viajes para recorrer los campos y concertar reuniones en EE.UU (The New York Times, 30/12/2011), y en 2012 se organizaron talleres en Chile y China (DOI, s/n).

Las pretensiones del Departamento de Estado son claras con respecto a quién llevará adelante la actividad, como enfatiza Cekuta (6/2/2012): “[Por] [l]a experiencia del gobierno de EE.UU. y la pericia ganada por nuestro sector privado, (…) estamos contentos de compartir esto con ustedes y otros que tengan estos recursos. (…) Las mejores prácticas de la industria no reemplazan a las regulaciones sólidas, pero demuestran cómo el gobierno y la industria pueden funcionar como socios, no adversarios, en el desarrollo de nuevas fuentes energéticas”. Según el funcionario, existen una serie de precondiciones para esta necesaria transformación: “un clima atractivo para las inversiones y un marco regulatorio estable, políticas que provean el correcto balance entre incentivos y protección ambiental, y la debida pericia ambiental y tecnológica para explotar estos recursos gasíferos” (6/2/2012). A su vez, aclara que, sin los incentivos apropiados a las empresas inversoras, no habrá desarrollo posible de los yacimientos no convencionales.

Respecto al estímulo a las empresas, la Secretaria del Departamento de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, fue muy precisa a fin de evitar confusiones. En una conferencia brindada en la Universidad de Georgetown, en octubre de este año, señaló: “Algunos países dictan cuánto contenido nacional debe usarse en la producción de energía, o dan subsidios a sus compañías nacionales para darles ventaja. Y esto puede ser un desafío muy grande para los empresarios norteamericanos. (…) Por eso, todos los días, en muchos lugares del mundo, nuestros diplomáticos están allí luchando a favor de los empresarios y los trabajadores norteamericanos, apuntando a las barreras económicas y las prácticas injustas” (18/10/2012). Esta lucha comprende también una férrea defensa de la propiedad intelectual y las patentes en los procesos de extracción, según se afirmó el diario The New York Times. De acuerdo a sectores ambientalistas, esta línea de acción permitiría ocultar los químicos utilizados en la fractura (30/12/2011).

 

El shale gas como combustible puente

Pero parte del mensaje que hemos dado es que para cualquier país se necesita más que los recursos. Se tiene que tener un sistema regulatorio. Se tiene que tener la infraestructura. Se tiene que proteger la propiedad intelectual. Se tiene que tener un gasoducto para llevar el gas de donde quiera que sea producido al mercado. Y se tiene que tener un precio de mercado, porque si no hay precio de mercado para el gas natural, nadie quiere producirlo. Nadie financiará un gasoducto, nadie producirá un sistema para remover las impurezas, y finalmente nadie lo comprará. (David Goldwyn(6), ex coordinador de la Iniciativa Global de Gas de Esquisto (24/8/2010).

El gas natural es promocionado por las agencias estadounidenses como un combustible puente hacia una matriz energética con menor cantidad de emisiones de carbono. Si bien su calidad de ‘puente’ -en los casos de desarrollo masivo- está en discusión, el paso al gas es presentado como una lucha concreta contra el cambio climático a nivel global. Es importante notar que, aumentar la importancia del gas u otras fuentes, no implica una reducción del consumo de energía sino una redistribución y diversificación de las mismas.

El surgimiento y las proyecciones de las nuevas potencias asiáticas, especialmente China e India, como grandes consumidores de energía, plantea un nuevo escenario de competencia. En declaraciones públicas, el subsecretario del Departamento de Estado, Robert Hormats, afirmó que la actual situación más que un desafío es una oportunidad para acordar puntos comunes y garantizar la seguridad energética para los países (20/9/2012). De esta manera, diversos foros y convenios de asistencia técnica –inclusive para yacimientos no convencionales- se han organizado entre los países y regiones. En esta línea, la diversificación de fuentes energéticas es prioridad con miras a quitar peso a Rusia e Irán en el escenario energético mundial.

Con respecto a Rusia, David Goldwyn, ex coordinador de Asuntos Energéticos Internacionales del Departamento de Defensa, ha dicho que reducir su gravitación en el mercado energético global es una cuestión de seguridad nacional; con todo lo que implica esa afirmación en boca de un funcionario estadounidense (24/8/2010). El desarrollo de no convencionales en Europa del Este ha sido una de las máximas prioridades en los programas del Departamento del Estado. En la cumbre de Cartagena en 2012, Pascual (2012) proyectaba un escenario para 2035 de aumento sideral de la oferta de shale gas en el mercado, donde posicionaba como principales oferentes a China, EE.UU. y Argentina. Cekuta brindaba proyecciones similares: según la Agencia Internacional de Energía, para 2030, el 14% de la oferta total de gas vendría del shale, proveyendo las bases necesarias para un consumo en expansión en un escenario de normalidad [business as usual] (6/2/2012).

 

La volatilidad de los mercados, en cuanto al petróleo, es otro hecho que preocupa a EE.UU. El Proyecto para un futuro energético seguro, de la Casa Blanca, argumenta que más allá de la recuperación económica global y la inestabilidad en Medio Oriente, hay que destacar que “una de las mayores razones de las recientes subas de precio es la preocupación de que la demanda global de petróleo supere a la oferta en los próximos años” (2011: 15). De esta manera, bajo el capítulo Desarrollar y asegurar las fuentes de EE.UU., el plan detalla los alcances de la promoción del gas y otras alternativas para sustituir o mezclar y reducir la demanda neta global de crudo. Se destacan los caminos iniciados para frenar los subsidios a fósiles en el marco del G-20, los programas para sustituir el petróleo por el gas, la promoción de la eficiencia energética, agro-combustibles, nuclear y fuentes renovables, y los avances para asegurar un aumento en los niveles de producción de petróleo (2011). Si bien se minimiza la preocupación por la escasez de crudo, se encuentra en el centro de la agenda y explica buena parte de la política norteamericana, tanto interna como externa. Esta alta dependencia de los fósiles obliga a EE.UU. a mirar con ansias el derretimiento del Ártico –secuela del cambio climático–, donde se espera encontrar masivas reservas de petróleo y gas (Clinton, 18/10/2012).

En este punto cabe destacar la existencia de dos programas de diversificación energética para la región americana: Alianza Global para la Bioenergía(7) y Conectando las Américas 2022 (DE, 13/5/2012). El primero promueve el uso, financiamiento y marco regulatorio para la producción y consumo de agro-combustibles; están involucrados como observadores o plenos participantes la gran mayoría de los países e instituciones globales, pero es impulsado principalmente por EE.UU. y Brasil. El segundo, promueve la interconexión eléctrica en todo el continente americano y fue lanzado este año con un primer acuerdo entre EE.UU. y Colombia, que permite la compra-venta de electricidad entre los países. Ambos programas se inscriben en la Alianza Americana por la Energía y el Clima(8), presentada por Obama en 2009. Entre sus objetivos se encuentran promover la eficiencia energética, la energía renovable, un uso más eficiente de fósiles, infraestructura y disminuir la carencia de energética. Sin embargo, la región es una fuente indiscutible de recursos fósiles para EE.UU.: en 2010 proveyó casi la mitad de las importaciones de crudo (Pascual, 2012).

Programas y convenios específicos se suman a la investigación encargada por la Agencia de Administración de Información Energética de EE.UU. (2011) sobre recursos de shale gas en 14 regiones. Según este estudio, la cantidad de gas es altísima, y se encuentra esparcida en diversas partes del planeta. Aun así se aclara que estos son datos preliminares, es decir, que día a día se irá conociendo el potencial deshale gas existente. Este informe, sin embargo, tuvo un impacto mediático altísimo y permitió colocar al shale gas como la alternativa energética en las agendas gubernamentales de diversos países.

La Agencia Internacional de Energía (IEA) (2012a) también puja por una mayor importancia del gas de yacimientos no convencionales. El organismo, dependiente de la OCDE, define a esta época como la Era dorada del gas, pero solamente se hará posible si una proporción significativa de los vastos recursos de fuentes no convencionales pueden extraerse de una forma rentable y ambientalmente sustentable. Esta preocupación la plasmó en las reglas a seguir por la industria y los Estados para obtener la licencia social –la aceptación de la población. De acuerdo a los escenarios planteados, el gas de yacimientos no convencionales -principalmente shale- sería responsable de casi dos tercios del aumento global de la producción en 2035. Este incremento sería a partir de 2020, dando tiempo a la adecuación de los países no productores. La inversión en no convencionales requeriría el 40% de los recursos totales destinados al desarrollo de yacimientos de gas y se proyectan perforar más de un millón de pozos en el mundo.
Hace pocas semanas, la IEA abonó aún más el escenario de abundancia hidrocarburífera y proyectó importantes cambios geopolíticos: EE.UU. sería el mayor productor de petróleo para 2020 y de gas para 2015(9). Con estos resultados y una consiguiente reducción de las importaciones el país, hacia 2030, sería exportador neto de hidrocarburos. La clave sería el desarrollo masivo de yacimientos tighty shale (2012b) y podría quitar preeminencia a Medio Oriente como proveedor de energía a EE.UU., que reorientaría su producción hacia Asia, especialmente China e India.

Si bien existen dudas y fuertes críticas a este reporte(10), las proyecciones de la IEA abonan y allanan el camino a nivel global de los no convencionales. Los Estados Unidos sostienen que una abundancia de energía, bajo mecanismos liberales de mercado, permitiría reducir fricciones con otras regiones y potencias, al tiempo que daría señales al volátil mercado de que las reglas de juego no cambiarán en el futuro cercano. Como resume Carlos Pascual, actual coordinador de Asuntos Energéticos Internacionales: “Está en el interés de EE.UU. asegurar que exista la mayor cantidad de commodities posibles, ya que estamos operando, como siempre lo hemos hecho, en mercados globales” (16/11/2011).

La promesa de abundancia eterna de energía, y la consiguiente posibilidad de reducir fricciones en el plano internacional, parecen ser mitos; las políticas públicas y hechos concretos muestran una realidad radicalmente distinta. Las invasiones militares que ha comandado EE.UU. (secundadas en mayor o menor medida por otras potencias) en regiones por fuera de Medio Oriente, como el caso de Libia o la disputa en Sudán, hablan de una “carrera por lo último que queda”, como lo diagnostica Klare (2012). Aunque se presenten como actividades desinteresadas en pos de la “diversificación energética”, los programas estadounidenses del Departamento de Estado deben ser tenidos en cuenta como el avance diplomático de un garante de la expansión petrolera y las empresas trasnacionales, y por ende del mercado mundial.

Fuente:http://plataformaenergetica.org/content/3907

 

Ahondemos en cómo los gobiernos K afianzaron nuestra condición de país sometido a políticas económicas en beneficio exclusivo de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. También destapémoslos en su criminalidad de lesa humanidad al promocionar el extractivismo exportador y en el cinismo CFK de ufanarse de las relaciones con Rockefeller.

 

 

La Agenda Rockefeller

El control de los alimentos
 

7 de abril de 2009

 Por Mario R. Fernández

 “Si controlas el petróleo controlas las naciones, si controlas los alimentos controlas los pueblos” Henry Kissinger, Premio Nobel para la Paz en 1973

En la compleja dominación del Imperialismo Norteamericano hay actividades productivas en las que las corporaciones multinacionales que le representan han producido verdaderos desastres humanos y ambientales, no sólo en muchos pueblos del mundo sino en los Estados Unidos mismos.

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Imperialismo Norteamericano quedó en posición ventajosa para incrementar la explotación del resto del mundo. Sus corporaciones mineras, petroleras, manufactureras, financieras y bananeras, salieron en busca de fortuna con todo lo que tenían a su disposición, incluyendo la ciencia, tecnología, propaganda ideológica, extorsión y fuerza militar. Se consolidó así una dominación económica controlada por una pequeña elite que proclamaba a todas voces el “siglo americano”. Una de las industrias más rentables, que se presentó como solución al problema del hambre en el mundo, fue la industria de los agronegocios. En su presentación como “beneficiaria de la humanidad” y

contribuyendo al “desarrollo”, los agronegocios esconden las actividades más siniestras, más peligrosas para la humanidad toda.

 

Semillas de Destrucción

En su libro, “Seeds of Destruction The Hidden Agenda of Genetic Manipulation” (Semillas de destrucción. La agenda escondida de la manipulación genética, editado por Global Research, Center for Research on Globalization, de Montreal, Canadá), E. William Engdahl detalla el desarrollo de lo que comenzara en los años 30 del siglo 20 como la estrategia de una elite corporativa para controlar la seguridad alimenticia del mundo, el presente y el futuro de la vida sobre el planeta, en una dimensión nunca antes imaginada.

Engdahl muestra importantes conexiones que existen dentro de la industria de producción de alimentos, industria que se ha convertido en un monopolio mundial, y es la segunda industria más rentable de los Estados Unidos -después de la industria farmaceútica. Este gran negocio americano comienza, con una iniciativa para mayor enriquecimiento y poder, en la Fundación Rockefeller de Nueva York. Esta iniciativa ha involucrado a varios centros científicos de importantes universidades norteamericanas, incluídas Princeton, Standford, Harvard y ha contado con el apoyo del gobierno americano de turno y de algunas de sus instituciones más importantes.

Las corporaciones que producen y comercializan las semillas, los granos y los productos químicos usados en la siembra, son parte de este círculo que incluye no sólo a empresarios de la tierra y autoridades de gobierno americano sino también a varios presidentes de paìses del Tercer Mundo.

El fundador de la Standard Oil, John D. Rockefeller, en 1913 recibió una recomendación para establecer una fundación con su nombre, como forma de evadir el pago de impuestos. Y fundó entonces la Rockefeller Foundation establecida, supuestamente, con la misión de “promover el bienestar de la humanidad a través del mundo.”

Pero uno de los primeros focos de la Fundación, fue encontrar formas de disminuir en el mundo las por ellos catalogadas “razas inferiores.” fue con este fin que la Fundación Rockefeller hace contribuciones financieras al Social Science Research Council, en 1923, financiando investigaciones destinadas a desarrollar técnicas de control de la natalidad a ser aplicadas luego para controlar la reproducción de “indeseables.” En 1936, la Fundación crea y financia la primera oficina de investigación poblacional, en Princeton University, con fines similares de control poblacional.

Entre los primeros proyectos filantrópicos de la Fundación Rockefeller aparece la financiación de la American Eugenic Society. “Eugenics” fue una seudo ciencia; la palabra fue inventada en Inglaterra en 1883 por el primo de Charles Darwin, Francis Galton quien aplicó la teoría de Malthus al reino vegetal y animal en conexión al trabajo de Darwin, EL Origen de las Especies. En los años 20 estos estudios de Galton sirvieron como argumento ideológico para que Rockefeller, Carnegie y otros ricos americanos usaran el concepto de “Darwinismo social” para justificar sus fortunas: era prueba de que ellos representaban un subgrupo “superior” de la especie humana, uno que dominaba por esta razón a otros humanos menos afortunados.

Vale señalar que el presidente de la prestigiosa Stanford University (California), David Starr Jordan, afirmaba en 1902 en su libro “Blood of a Nation” que la pobreza era resultado de la herencia genética, tanto como el talento -la educación (o las oportunidades) no influenciaban demasiado.

 

La Raza Superior y  La Revolución Verde...

Muchos hoy ignoran que la idea de una raza superior nórdica, esa fantasía de pesadilla de la Alemania Nazi, tuvo raíces en los Estados Unidos. Entre 1922 y 1926, la Fundación Rockefeller donó dinero a través de su oficina en París para el estudio de “eugenics” y ayudó a crear el Kaiser Wilhelm Institute para la Siquiatría en Berlin (KWG), instituto base de la idea nazi de la raza superior. En años posteriores, Ernst Rudin, el arquitecto del programa de “eugenics” de Adolf Hitler, crearía la ley nazi de esterilización explicada como un “modelo americano” y adoptada en Alemania en 1933. Fue esta la ley que obligó a 400.000 alemanes afectados por la manía depresiva y la esquizofrenia a esterilizarse. Y por esta ley miles de niños alemanes con incapacidades variadas fueron simplementes “eliminados”. La Fundación Rockefeller financió al instituto KWG incluso dentro del Tercer Reich y hasta 1939.

Engdahl explica como, posterior a la segunda guerra mundial, las élites de Estados Unidos se disponen a conquistar todas las áreas económicas del mundo (o la Grand Area), que consistía en la mayor parte del mundo excepto lo que era la esfera de la Unión Soviética. Una de las áreas económicas importantes era la producción de alimentos.

Nelson Rockefeller funda la IBEC (International Basic Economic Corporation) que luego se uniría con Cargill, otro gigante del rubro -para desarrollar híbridos con variedades de semilla de maíz. Estas semillas de maíz se cultivaron inicialmente en Brasil, quien se convirtió en el tercer productor de maíz del mundo -después de los Estados unidos y China. En Brasil se comienza a mezclar el maíz con la soja como alimento de animales, lo que facilita la proliferación de la soja genéticamente modificada, que comienza a ser común en el mercado para fines de los 90.

Esta llamada “Revolución Verde” fue un proyecto Rockefeller que comenzó en México y se expande por casi toda Latinoamérica y luego Asia, en especial a India, como estrategia para controlar la producción de alimentos fundamentales en países claves del Tercer Mundo -siempre en el nombre de la eficiencia del supuesto “mercado de libre empresa” y en contra de la también supuesta “ineficiencia comunista”.

En 1960 la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford crean juntas el International Rice Research Institute en Los Baños, Filipinas, con el fin de controlar ahora la producción de arroz. En 1972 estas mismas fundaciones crean centros de investigaciones de la agricultura tropical en Nigeria con fines similares de control.

A través de la Revolución Verde las Fundaciones Rockefeller y Ford trabajan mano a mano con la USAID y la CIA en objetivos específicos en el mundo. Incluyen también al Banco Mundial, que otorga créditos a proyectos de represas de agua y sistemas de irrigación que ellos requieren para facilitar y expandir sus negocios.

 

Los Rockefeller

La familia Rockefeller expandió sus negocios con el petróleo y la agricultura en países del Tercer Mundo gracias a su Revolución Verde. Financiaron también varios proyectos poco mencionados en la Universidad de Harvard -proyectos que formarían la infraestructura de la producción de alimentos bajo el control central de unas pocas corporaciones privadas. Sus creadores bautizaron esta entera área como “agronegocios” para diferenciarse del tradicional cultivo sostenido por campesinos que es milenario, el nuevo nombre era necesario. Nadie en su sano juicio hubiese aceptado que una corporación se declarase dueña, o patentara, la agricultura o la domesticación de plantas que está con nosotros por milenios.

En 1985 la Fundación Rockefeller inicia el estudio a gran escala de la ingeniería genética de las plantas para el uso comercial, proveyendo cientos de millones de dólares a centros científicos y “creando” lo que serían las plantas genéticamente modificadas a través de una aplicación de técnicas nuevas producto de la biología molecular a la flora alimenticia del planeta. El arroz fue la primera planta modificada -con dudosa ventaja para el arroz y un número de crecientemente concientes desventajas para el consumidor.

Para fines de los 80 toda una red de científicos entrenados en plantas genéticamente modificadas (Genetic Modified Organisms, GMO o transgénicos) existía. El proyecto necesitaba de un lugar seguro donde implementarse. Ese lugar fue Argentina bajo la presidencia de Carlos Menem. Menen tenía fuertes vínculos con Rockefeller y con su banco, el Chase Manhattan. Las tierras agrícolas argentinas sirvieron de “conejillo de indias” de la llamada Segunda Revolución Verde que involucra a la soja y el quimico glisofato. Argentina fue el lugar experimental de una agricultura totalmente dependiente de semillas transgénicas y químicos provistos por la misma compañia: Monsanto.

En espacio de ocho años, para el 2004, se habían plantado más de 65 millones de hectáreas a lo ancho del mundo con granos genéticamente modificados, el 25% de la tierra cultivable del mundo. La mayor parte de estos granos se plantaron en Estados Unidos para aumentar la confianza del resto del mundo en los transgénicos, pero también porque los gobiernos norteamericanos de turno eran completamente favorables a los agronegocios. Argentina era el segundo país productor de granos transgénicos, con más de 17 millones de hectáreas cultivadas. Para el 2005 se levanta la prohibición a los transgénicos en Brasil, Canadá, South Africa y China. Todos estos países tienen un significante programa de granos transgénicos.

Europa resistió más, pero en lo que fue Europa del Este la presión corporativa dio resultado y los suelos ricos de Rumania, Bulgaría y Polonia, que tenían regulaciones pobres, fueron campo fértil para los transgénicos. Indonesia, Filipinas, India, Colombia, Honduras y España tienen hoy cultivos transgénicos también.

El caso de Argentina es de notar porque ha sido único, ningún país autosuficiente en alimentos como Argentina hubiese aceptado convertirse en país monocultivador de soja para la exportación en nombre del progreso. Argentina ha sido un peón de los Rockefeller, Monsanto y Cargill Inc. Y para 1991 sirvió de laboratorio secreto de experimentos con granos transgénicos al punto que la administración Menem creó una Comisión de Consejería sobre Biotecnología, completamente seudo científica, que se reunía en secreto y estaba formada por miembros que venían directamente de Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences y otras corporaciones del agronegocio.

Monsanto y Cargill

Monsanto, funciona como un nuevo conquistador vende la semilla de soja resistente al glifosato y el glifosato, y exige no sólo un precio por licencia tecnológica sino que no la semilla comprada no se vuelva a usar al año siguiente sin pagar derechos de patente. Se trata de una nueva servidumbre en la agricultura. Cuando Argentina se niega a pagar los derechos de patente, Monsanto expande su semilla ilegalmente hacia otros países (Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay) contaminándolos y luego los acusa de usar su semilla sin pagar patente. Finalmente, Argentina acepta en el 2004 pagar un 1% de las ventas de grano a los exportadores, Cargill -otro agresivo conquistador aliado de Monsanto. Es un chantage.

Engdahl detalla también como el imperialismo norteamericano le ha impuesto a Iraq (aparte de destrozarlo con bombas), una terapia de “shock” económico que incluye la imposición de un sistema agrícola dominado por los agronegocios de transgénicos. Siendo que Iraq es parte de la Mesopotamia, donde se domesticaron los granos, y que el cultivo ha existido allí por más de 8000 mil años con rica variedad de semillas de trigo que hoy el mundo entero usa sin pagar, la ironía es enorme. Muchas semillas naturales de Iraq eran guardadas en un banco de semillas en Abu Ghraib, la ciudad de las torturas. Este banco fue completamente destruido por bombardeos americanos quizás con intención. Fue pura buena fortuna que el gobierno Iraquí anterior a la invasión haya enviado sus semillas a Siria, donde están hoy almacenadas y a salvo de la destrucción americana.

El agronegocio estadounidense se ha convertido en una estrategia de dominación del mundo, usando su podería de tres y más décadas para destruir cualquier barrera existente al avance de sus monopolios -terminando con regulaciones sanitarias y de seguridad en la agricultura, o usando la Organización Mundial del Comercio (WTO -World Trade Org.) para controlar la agricultura mundial.

Los cultivos han sido generalmente parte del mercado local y base de la existencia humana. Monsanto, DuPont, Dow Chemical y otras gigantes corporaciones de la química y la agricultura han usado el poder político y militar americano para, controlando patentes de semillas, controlar el cultivo de alimentos del mundo. El proyecto va más alla de las semillas e incluye muchos alimentos, leche, cerdos y más.

Engdahl produjo un documento que ayuda a entender esta área de dominación imperial - que se une a otras como el control de las tierras ricas y de las reservas de agua en una estrategia bien planeada por los más ricos del imperio. Si vemos millonarios adquirir extensiones de tierras fértiles y bosques en el Tercer Mundo con la excusa de “proteger el ecosistema” debemos pensar que su fin es controlar. Esta crisis puede crear un espacio que posibilite a los pueblos a alzar su voz en reclamo de su derecho inalienable a cultivar y distribuir sus alimentos enfrentando estos pulpos que quieren esclavizar a la humanidad.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=83502

 

 

Advirtamos como la propia realidad social, nacional e internacional  muestra que lo esencial de nuestra contemporaneidad nos interpela a articular la diversidad de abajo para orientar la lucha en común contra el capitalismo e imperialismos. También nos enseña del imperativo de un enfoque multisectorial y plurinacional sobre la política económica.

 

 

En México se juega una parte vital del futuro de la humanidad
 

14 de abril de 2010 

Biodiversidad | Biodiversidad - Abr 2010

La audiencia pública y sus tiempos. Entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, la Red en Defensa del Maíz, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ambas de México) y Vía Campesina América del Norte, sostuvieron en Guadalajara, Jalisco, México, una audiencia pública denominada Los Transgénicos nos Roban el Futuro, para reunir evidencias y argumentaciones que puedan conformar un expediente de denuncia formal ante tribunales internacionales por la liberación del maíz transgénico en México, cuna milenaria del maíz, uno de los cultivos más dúctiles y más adaptados a los humanos, que se ha expandido por todo el mundo en sus diez mil años de vida. 1 
 

Esta audiencia pública se planeó también como denuncia contra la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés como es conocida mundialmente) que en esos mismos días celebró, también en Guadalajara, una reunión “técnica” con el objetivo de promover la biotecnología como “factible solución a los problemas del hambre en el mundo”, según sus fines declarados, y por ende promover los cultivos transgénicos (con un reproche inicial hacia todo aquel que resista su introducción, argumente en contra o rechace de plano la mera idea de alterar violentamente los procesos por los cuales, de modo natural, se cruzan las plantas unas con otras o no se recombinan con otro tipo de organismos).


Los mismos documentos públicos de FAO, preparatorios para la reunión, argumentan que la “coexistencia” entre transgénicos y cultivos tradicionales no implica riesgos, que es excesivo el prurito de organizaciones, comunidades y científicos “que exageran y polarizan el debate de los OGM”. Pero dicen más.
La argumentación de FAO apunta claramente en favor de la biotecnología, como puede constatarse en los tres fragmentos siguientes:

[…] Las biotecnologías agrícolas proporcionan oportunidades para enfrentar los desafíos significativos de garantizar la seguridad alimentaria sin destruir la base ambiental de los recursos [sic]. Dado que la mayoría de los pobres del mundo vive en las áreas rurales, hay necesidad de facilitarle a los productores rurales pobres un acceso mayor a tecnologías que puedan aumentar la productividad de la agricultura en pequeño y ayuden a resolver la pobreza rural (del Resumen ejecutivo).
[…] Las políticas y el desarrollo regulatorio relativo a las biotecnologías agrícolas necesitan ba-la-n-cear los riesgos y los beneficios para los pobres. Se ha puesto más énfasis y hay más actividad en desarrollar políticas y regulaciones que prevengan los riesgos que surjan de los OGM que en facilitar el uso de biotecnologías agrícolas para beneficio de los pobres rurales… (p. 9, 2.7, inciso 42)
[…] El excesivo énfasis y la polarización dentro del “debate de los OGM” ha distraído y desviado recursos científicos y de políticas que así no se enfocan en las necesidades de los productores pobres. La controversia con respecto a los OGM en alimentación y agricultura en los últimos diez años ha tenido el efecto significativo de empantanar, reducir y redirigir algunos de los esfuerzos del sector público en investigación relacionada con biotecnologías agrícolas impidiendo que respondan a las necesidades de los productores rurales pobres… (p.9, 2.7, inciso 43) 2

En este contexto tan cargado a favor de las empresas, uno de los antiguos miembros del comité asesor de la FAO, y conocido activista contra los transgénicos desde sus primeras etapas, Pat Mooney, director del Grupo ETC, renunció públicamente a su cargo el 23 de febrero por considerar que la FAO tenía un sesgo en favor de las corporaciones biotecnológicas: “Los documentos base de la conferencia están irremediablemente sesgados a favor de la biotecnología y reflejan la intención de dar un fuerte impulso a esta industria, al tiempo que tratan de persuadir a los países en desarrollo de que no tienen otra opción que subirse al tren de la biotecnología. Es inaceptable que un organismo intergubernamental supuestamente neutral, como la FAO, permita que lo conviertan en un escaparate para las grandes empresas biotecnológicas” —dijo Mooney en el comunicado de prensa del Grupo ETC. 3
Es innegable que la reunión técnica de FAO donde promueve lo que llama “coexistencia” (esgrimiendo justamente los argumentos con los que los “expertos” del gobierno mexicano han intentado acallar la protesta y la enorme resistencia indígena campesina que no esperaba) intenta legitimar que el gobierno mexicano haya abierto “la siembra experimental de maíz transgénico”4 y acepte solicitudes para efectuar pruebas de campo con maíz transgénico, rompiendo de facto 5 (y hasta clandestinamente en un principio) una moratoria que estaba en vigor por lo menos desde fines de 1998. 6
“La coexistencia es una realidad probada” 7, nos dicen ya de todas partes, como si no hubiera pruebas contundentes de que la coexistencia implica contaminación transgénica, y por ende riesgos de todo tipo. En esto, los científicos promotores de las soluciones biotecnológicas funcionan al revés de lo que la ciencia pregonó siempre. Antes, mientras no hubiera pruebas de que no implicaban riesgos, no se aprobaban técnicas nuevas. Hoy, la gente tiene que aportar sus pruebas propias (para su propio entendimiento) y convivir con los riesgos sin poder apelar a nada.

Tal vez por esta misma aura de autoridad que cubre a científicos y funcionarios, con cinismo el subsecretario de Agricultura mexicano le respondió ante la prensa reunida a un delegado de Vía Campesina que le reclamó que no hubiera campesinos, diciendo: “no se invitó a los agricultores porque es una reunión técnica”.8 En realidad, es extraño que FAO organice una reunión para discutir el papel que puede jugar la biotecnología en resolver el hambre en el mundo como si la FAO o la biotecnología hubieran resuelto el hambre en el mundo. Las cifras no mienten: el número de hambrientos pasó en pocos años de 800 millones a mil millones de personas que sufren hambre grave (una sexta parte de la humanidad).
Lo paradójico es que, como bien lo saben quienes desde sus comunidades reivindican la siembra de los alimentos propios, se está atentando contra quienes durante diez milenios han cuidado el mundo, contra quienes tienen los saberes necesarios para producir alimentos para sí mismos y para el resto del mundo, contra quienes pueden enfriar el planeta con su ancestral tecnología agrícola y hacernos salir del círculo de seudo-soluciones industriales que son la causa central de todo este complejo de crisis actuales.

 

Por qué este recurso.

Durante la mencionada audiencia pública en Guadalajara, las tres instancias convocantes reconsideraron y reafirmaron la postura de presentar evidencias para armar el expediente ante tribunales internacionales, porque es claro que existe una cerrazón del Estado mexicano, un esfuerzo por desmantelar la antigua territorialidad de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Esto también ocurre en otras partes del mundo.
Para el caso de México, se comenzó por modificar la Constitución para acotar la propiedad social, y meter al mercado lo que nunca antes. Los territorios indígenas comenzaron a desagregarse y a ser objeto de leyes de todo tipo que se aprobaron casi sin que la gente se diera cuenta: la privatizadora reforma al artículo 27 de la Constitución mexicana con el que se defendía la comunalidad de la tierra, los programas de certificación agraria, las leyes de aguas, las leyes forestales, de semillas, de biodiversidad, de propiedad intelectual y patentes. Hoy se vuelve muy compleja la defensa de lo integral y lo territorial.
Una de las modificación más vastas y con más repercusiones fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en realidad un conjunto de normas, regulaciones, políticas, programas y renuncias, que fijó un escenario de modificaciones al marco legal en absoluto beneficio las corporaciones.


Otro de los graves reveses fue que el gobierno aprobara una reforma de derechos indígenas, sesgada, insuficiente y racista, a contrapelo de una sociedad civil que durante años consensó y reivindicó la Reforma Constitucional en Materia de Derechos y Cultura Indígena presentada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) el 29 de noviembre de 1996, tras convertir los Acuerdos de San Andrés (producto de los diálogos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno federal) a términos jurídicos —sin duda la modificación a la Constitución más discutida en la historia de México, a nivel de barrios, poblados, comunidades, sectores sociales, regiones.
Para la audiencia fue muy importante entonces que varios de los ponentes (abogados, dirigentes, comuneros, académicos, de México y de fuera) mostraran, con casos como los anteriores, el paulatino pero férreo cierre de las puertas de la ley para la sociedad civil rural y urbana del país —y el hecho de que en otros países ocurra lo mismo.
No es casualidad que cuando comenzó la invasión, primero clandestina y luego abierta, del maíz transgénico en México y de otros cultivos genéticamente modificados en otros países, fuera también el tiempo en que se fue cocinando un tramado de leyes que busca abrirle espacios de movilidad a las grandes empresas y cerrarle los ámbitos de legalidad a la gente, a los pueblos, a la ciudadanía. Según el insistente recuento que se realizó en la audiencia como parte de las evidencias y argumentos, estamos en un momento muy oscuro en lo que a legislaciones se refiere. Las leyes mexicanas, y las de otros países también, están diseñadas para prohibir que la gente se defienda por la vía legal contra las imposiciones que crecen, se multiplican y se hacen más complicadas, asumiendo literalmente “blindajes legales”, muy difíciles de penetrar.
Quienes en México vivieron el proceso, saben hoy que la verdadera reforma indígena no pasó (a principios de 2001) justo porque su aprobación habría acotado las acciones avasalladoras de las empresas. Como insistió Camila Montecinos en su exposición, el problema no es sólo de México sino que estamos ante un problema de carácter internacional, con paquetes legislativos nacionales y disposiciones y políticas internacionales fijadas por organismos como la FAO, el Banco Mundial, la OMC, más los tratados de libre comercio bilaterales o multilaterales que van firmando los gobiernos de muchos países. Los paquetes legislativos nacionales (y las disposiciones de los tratados de comercio y cooperación) están calcados uno de los otros. La razón de fondo para esta nueva imposición legislativa y de políticas es servir los intereses de la agenda empresarial a nivel global.

Todo lo anterior configura razones fundamentales para reunir a campesinos y campesinas con muchos saberes agrícolas y mucha experiencia (gente de comunidades y organizaciones), a personas y colectivos que enfrentan diversas afectaciones ambientales y a gente con experiencia jurídica y científica, para que entre todas y todos se entendieran las aristas de lo que está en juego: las afectaciones, los riesgos, las violaciones a derechos; y las posibilidades de la resistencia y de denunciar fuera del país al gobierno mexicano.

Un poco de historia. Al poco tiempo de que se descubriera que en México existía contaminación transgénica del maíz, algo que fue confirmado por los estudios de científicos que dieron la voz de alarma al mundo (esto en 2001) las comunidades y organizaciones comenzaron a reunirse y a buscar el modo de salirle al paso a algo que en su momento no era todavía muy claro.
A fines de enero de 2002, tuvo lugar en la ciudad de México un foro —En Defensa del Maíz— que convocó a más de 300 participantes de 120 organizaciones en un espectro que incluyó a autoridades de comunidades de 14 estados de la república mexicana, organismos civiles, académicos, investigadores locales y extranjeros. De este foro nació la convicción de que había la posibilidad de defender el maíz y que había que emprender de manera autogestionaria diagnósticos que confirmaran la alarma de una contaminación transgénica. Sin embargo,
desde entonces también, comenzó a hacerse sentir la imposibilidad de defender al maíz si se le tomaba sólo como una cosa y no como un tramado de relaciones. Que había que entender que el embate contra el maíz era un intento por erosionar el tejido social, la visión de vida que durante miles de años ha logrado que los campesinos sobrevivan y sigan proponiendo modos de resolver el futuro de toda la humanidad.

Si bien los diagnósticos autogestionarios (con kits científicos de detección) se llevaron a cabo (sobre todo en 2003) y hallaron que efectivamente había contaminación para vergüenza del gobierno mexicano que sólo declaraba evasivas, lo realmente notable de las comunidades y organizaciones mexicanas que se fueron sumando a la Red en Defensa del Maíz, fue que insistieron en que asumir la defensa del maíz era asumir la defensa completa de un modo de vida. Una visión, diferente de la del agricultor comercial, incluso si se llama orgánico o agroecológico, porque los indígenas y campesinos tienen empeñada toda la vida en cuidar el mundo, desde su propio territorio, a partir de sus saberes agrícolas, de su cuidado del bosque, de su manejo y cosecha de las aguas y otros muchos saberes asociados. Sólo así podía cuidarse el maíz, y limpiarlo si es que se había contaminado.9

 

La visión de una resistencia.

En la audiencia pública, varios insistieron en que esa resistencia, ese cuidado, ese cuidar el maíz sembrándolo, es justo lo que hasta ahora ha impedido la masiva contaminación del maíz en México, y de algún modo que el gobierno mexicano no haya dado pasos más decisivos para inundar el país con todo tipo de transgénicos. La cautela del gobierno, pese a contar con todo tipo de leyes y normas de certificación de semillas, pese a que intenta criminalizar más y más la visión campesina, habla de la contundencia de la resistencia indígena hacia fuera, a lo visible, y en las prácticas cotidianas, locales y regionales.
Eutimio Díaz, comunero de San Sebastián Teponahuaxtlán, en territorio wixárika, lo dijo contundente:

No puede ser que unos cuantos científicos y políticos que no saben de las relaciones que tenemos con el campo, con el maíz, tomen la decisión de imponer cultivos transgénicos, y quieran contaminarnos con su “maíz empeorado”. El maíz necesita, quiere una atención especial. Nunca dijimos que íbamos a dejar nuestro maíz, sino más bien buscamos cómo cuidarlo mejor. Hemos perdido muchas cuestiones (danzas, músicas, fiestas, vestido, saberes). Pero con nuestro maíz debemos tener más cuidado porque si se acaba el maíz se acabaría nuestra comunidad. Con el maíz se comparte, en una comunidad indígena todo es regalado. Así, ya dijimos que en México no tiene que pasar el maíz transgénico. Si México pierde sus semillas, en otros lados puede ser peor.
Nunca vamos a dejar nuestra semilla. Desde nuestras asambleas, los wixaritari dijimos que no vamos a respetar ninguna ley contraria a nuestros pueblos, ni vamos a dejar entrar maíces extraños. No vamos a respetar ninguna ley que nos afecte el maíz porque lo que nos quieren imponer trae atrás muchos perjuicios.
Elías Velazco, de la organización de Agricultores Biológicos (Orab), que agrupa comunidades mixtecas, zapotecas y mestizas de Oaxaca, México, abundó:

El saber indígena es tan estricto que ni los muestreos autogestionarios se querían aceptar porque se temía que eso provocara un desequilibrio en las comunidades. Es tan integral la cuestión que abordarla significa convivir con los transgénicos, si está contaminada la localidad, o una parcela, y la idea es irlos aislando a partir de cortarles la espiga a los maíces sospechosos, o de plano cortar las plantas; dejar sembradas las mejores mientras se impulsa el maíz bueno con semillas de confianza, con semillas conocidas de años.


Es reprobable dejar en un puñado de políticos que nada saben, el cuidado de la agricultura, del saber campesino.

Los testimonios de muchas regiones se fueron sumando a lo largo de dos días de trabajos, y una de las conclusiones fue que desde los diversos colectivos la gente podía ir redactando documentos con su denuncia, su testimonio y sus argumentaciones para conformar el expediente.
Viniendo de diversas regiones y respondiendo algunos a organizaciones y otros nomás a sus comunidades o a la alianza de los pueblos indígenas en los que se reconocen, la gente expresó muchísimas sutilezas que son la base de su saber, algo que ningún “experto” puede entender del todo, porque esos saberes no viven aislados de quienes los ejercen en lo cotidiano.
Por otra parte, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales contribuyó a la caracterización del ataque transgénico en otros términos. Son personas y colectivos que se han ido juntando a partir de luchas puntuales contra la contaminación de torrentes y mantos acuíferos, contra la privatización del agua, contra la basura, los desechos tóxicos, los procesos de minería a cielo abierto, la construcción de represas, la industria petrolera y petroquímica, los criaderos industriales, la urbanización salvaje, la imposición de unidades habitacionales donde la vida pierde todo sentido.

Andrés Barreda y Octavio Rosas Landa, que han trabajado por la Asamblea impulsando procesos de articulación, entienden que la contaminación transgénica viene a sumarse a las tremendas afectaciones ambientales. Así Rosas Landa insistió en “que en la asamblea realizada en Chichicuautla, Puebla, en noviembre de 2009, más de 1 300 delegados de 130 organizaciones de 15 estados del país se pronunciaron unánimemente contra la autorización a la liberación de la siembra de maíz transgénico en México y a favor de la agricultura campesina y que la siembra de transgénicos es una agresión que se suma a tantas otras que emprende el gobierno mexicano con total impunidad, como son los despojos de aguas, la contaminación de los suelos, la deforestación, la privatización de los recursos naturales y su entrega a grandes empresas transnacionales de origen estadounidense, canadiense, español, japonés, australiano y mexicano”.
Por su parte, después de delinear un panorama de la devastación que sufre México, Andrés Barreda insistió en que ésta no es reconocida fácilmente fuera del país porque el gobierno mexicano ha logrado lavarse la cara con los organismos internacionales, como en este caso la FAO, y que en el fondo deviene de las prebendas que el gobierno entregó para que se firmara el TLCAN, siendo una de las principales una especie de “impunidad ambiental” que resulta la “ventaja competitiva” que ofrece nuestro país, por lo que “tal vez sea uno de los países con mayor devastación en el mundo”, d
onde la destrucción no sólo es lo ambiental definido en términos convencionales sino las relaciones sociales, de amistad, íntimas, y donde a la privatización de toda suerte de ámbitos comunes se suma la corrupción de las relaciones, del gobierno y las leyes, hasta volver al sistema todo un ámbito de delincuencia donde las pandillas impusieron su ley. En este contexto, “la entrada de los transgénicos por supuesto no pretende resolver ninguna hambre en el mundo, sino impulsar nuevas tecnologías de enormes riesgos, donde al maíz se le asigna un papel de pequeña fábrica para producir todo tipo de sustancias, desde fármacos hasta combustibles”.

El diagnóstico de fondo.

Siendo uno de los objetivos declarados de la audiencia pública reunir evidencias y argumentos contra los cultivos transgénicos, los investigadores y activistas, los sabios de las comunidades, los abogados y los pensadores comunes coinciden en que el objetivo profundo de las seudo-soluciones biotecnológicas es lograr un control más y más absoluto sobre la cadena alimentaria (y por ende el mercado alimentario) que va de la semilla a la comida vendida al menudeo en los supermercados, pasando por todas sus transformaciones, empaques y transportes.
No tiene que ver con las soluciones al hambre ni con el mejoramiento de la agricultura, sino con la promoción de un modelo industrial de pensamiento para el cual los “productos diseñados en laboratorio” se suman, se encadenan y sirven al proceso de producción y reproducción industriales para maximizar las ganancias ejerciendo mayor control sobre todos los eslabones de la cadena.

Camila Montecinos insistió en que las corporaciones ya no están dispuestas a dejar fuera del mercado a 1500 millones de campesinos que cultivan sus propios alimentos, guardan sus semillas nativas, libres, y las intercambian a través de sus canales de confianza, además de producir comida para muchos otros millones de personas. Si a esos 1500 millones le sumamos los pastores, los pescadores, los recolectores y cazadores que propician su propio sustento el número llega a los 4 mil millones de personas. Por eso, las empresas intentan restringir los modos, los saberes y técnicas ancestrales y erradicar las semillas libres nativas y sus modos tradicionales de trasiego libre y asociado a saberes íntimos, concretos y abstractos. Intentan imponer esquemas de propiedad intelectual, de certificación, de homologación pero también de “monitoreo” y vigilancia policiaca, criminalizando (como en la peor y más cruenta ciencia-ficción), justo las llaves más vastas y de más antigüedad de la vida futura en el planeta: las semillas. Un objetivo expreso entonces es erradicar la producción independiente de alimentos, lo que dañaría seriamente justo los modos que propician ámbitos de libertad, autonomía, defensa del territorio, visiones de integralidad y complejidad que se contraponen a la visión simplista, esquemática, superficial y homogénea de la ciencia positivista.
Sumado a lo anterior, hay que entender que el problema se agrava porque los transgénicos no son lo que se ofrece. No aumentan la producción agrícola, porque están diseñadas dentro de un paquete tecnológico que exige más agrotóxicos, semillas diseñadas, patentadas, que permiten mayor control corporativo del mundo agrícola y por ende mayores ganancias.
Dice Camila Montecinos: “Será delito guardar o intercambiar semilla y aumentarán los costos por la obligación de comprar esas mismas semillas y otros insumos. Para las empresas el camino está claro: o logran obligar a los campesinos e indígenas del mundo a pagarles, o se les expulsa de la tierra para que los reemplacen grandes empresarios que sí pagarán. Y los cultivos transgénicos sirven para una y otra cosa”.
Nos debe quedar claro que “la contaminación transgénica no es un accidente, ni es un descuido de las empresas y tampoco es un descuido de los campesinos o agricultores, como nos quieren hacer creer. La contaminación es un proceso deliberado de las empresas que controlan las semillas transgénicas”.
Y remacha: “En México se encontraron con que no es tan fácil contaminar mediante la introducción ilegal de semillas, como lo hicieron en Brasil y Paraguay, porque ha habido una reacción desde las comunidades y desde quienes cultivan el maíz propio, que ha impedido que la contaminación se esparza como fuego. Por lo mismo, necesitan introducir el maíz transgénico de manera legal para hacerlo de manera masiva”.
Pero la avidez de las empresas no tiene fin. En un momento de cambio de patrón tecnológico, cuando se suman muchas crisis combinadas que hacen que el modelo industrial busque afanoso alternativas que no desmantelen el modo industrial de buscar soluciones (porque ese modo produce ganancias incluso a partir de las mismas crisis), los cultivos transgénicos buscan convertir la agricultura en otra forma de la producción en masa, convertir cada cultivo en fábricas de nuevo tipo pero ya no sólo de alimentos, sino de una gama de sustancias de todo tipo: “toxinas, hormonas, vacunas, solventes, plásticos, pinturas, pegamentos, drogas, que en vez de producirlos en un laboratorio mediante síntesis química, se utilizarán cultivos transgénicos que serán altamente tóxicos. Son los llamados farmacultivos, centrales en las estrategias de desarrollo de las empresas de transgénicos”.


Por otro lado, y en eso coincidieron varios, la idea de industrias agropecuarias se quedará corta si avizoramos el uso extensivo y expansivo que se le pretende dar a la biomasa (a la materia orgánica originada en los procesos biológicos, espontáneos o provocados) que rebasa con mucho la idea de cultivar (incluso de manera industrial) para hablar de nuevos modos de aprovechamiento de todos los ciclos vitales en la naturaleza, como si esa materia orgánica (ese volumen de energía resultante) no cumpliera funciones naturales fundamentales para el equilibrio planetario.
En todo caso, y en eso insistió también la abogada Magda Gómez, quien diera fe del proceso de reunión de evidencias encaminadas a presentar el caso en tribunales internacionales, se entrevé un “desvío de poder” por parte de los gobiernos que propician todos estos procesos, un desmedido control que no se detiene en leyes y normas sino que intensifica sus procedimientos con certificaciones, con controles policiacos y militares en los campos de cultivo, incluso mediante guardias privadas, pero también mediante procesos biológicos de control como la “tecnología de restricción del uso genético” y todas sus derivaciones.
 

Tarde o temprano

Las comunidades rurales de esas zonas tendrán que elegir entre cultivar alimentos clandestinamente, convertirse en mano de obra barata para las empresas de transgénicos o abandonar la tierra. Las posibilidades de conflictos sociales crecientes son altas”.
Ante la pretensión corporativa global de escindir del cuerpo social al maíz y otros cultivos clave, para que sean cosas y ya no tramados de relaciones profundas, ante la destrucción como modo de hacer ganancias —
decisión que tomaron la clase política y empresarial de México—, los pueblos, las comunidades, las organizaciones, tienen ante sí el camino de la resistencia cotidiana y la articulación de largo plazo para no aislarse ni ser frágiles ante los embates.
Es urgente que intenten crecerle el formato al conflicto presentándolo en tribunales internacionales: no porque ahí haya una justicia cierta, pero sí mayor visibilidad, argumentación, y posibilidades de articulación organizativa con qué defender un futuro que con los transgénicos nos quieren robar. Y eso depende de lo que aquí ocurra. En México se juega una parte vital del futuro de la humanidad.


Notas:

1 La cobertura completa de todos los ponentes en esta audiencia pública puede consultarse, junto con documentos de contexto en Cobertura especial: “Los transgénicos nos roban el futuro”, Radio Mundo Real y Biodiversidad, sustento y culturashttp://www.biodiversidadla.org/content/view/full/54866
2 FAO International Technical Conference, Guadalajara, México, 1-4 de marzo 2010, documento ABDC10/9 [Issues-Recommendations]: Agricultural Biotechnologies for Food Security and Sustainable Development: Options for developing Countries and Priorities for Action by the International Community, enero de 2010.
3 Grupo ETC, La reunión de la FAO, sesgada a favor de las empresas, denuncia un miembro del consejo asesor al presentar su renuncia, Boletín de prensa, 26 de febrero de 2010,http://www.etcgroup.org
4 Diario Oficial de la Federación, 6 de marzo de 2009; La Jornada, 10 de marzo de 2009
5 Reuters, “México da luz verde a maíz transgénico”, La Jornada, 15 de octubre de 2009
6 Ana de Ita y Pilar López Sierra: “La cultura maicera mexicana frente al libre comercio, en Maíz, sustento y culturas en América Latina. Los impactos destructivos de la globalización. REDES, Amigos de la Tierra-Uruguay, Biodiversidad-sustento y culturas, Montevideo, 2004, p. 28.
7 EuropaBIO, Coexistence of GM and non-GM crops in the EU: a proven and recognised reality, http://www.europabio.org
8 “La FAO contaminada genéticamente”, La Jornada, 6 de marzo de 2010.
9 “En defensa del maíz y del futuro: una autogestión invisible”, Programa de las Américas, 2003.

Fuente: http://www.grain.org/article/entries/4108-en-mexico-se-juega-una-parte-vital-del-futuro-de-la-humanidad

En consecuencia, la profundización del modelo CFK está siendo concretada por el gobierno de Mauricio Macri al proseguir la maximización del extractivismo exportador o del progreso capitalista de Argentina como país dependiente.  Sus consecuencias de ecocidio-etnocidio y genocidios silenciosos que harán imposible la vida de generaciones futuras no son puestas en discusión por las elecciones, éstas sólo establecen cuál de los partidos, con consensos construidos por el sistema como sentidos comunes, gestionarán la gobernabilidad capitalista.

 

Para evitar la continuidad del proceso de destrucción de nuestro país es crucial que rompamos con la delegación de la soberanía popular en el presidencialismo y el Parlamento que ya han probado su estar al servicio del poder fáctico o sea de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Tengamos en cuenta que ningún componente de la polarización denuncia la crisis estructural y civilizatoria a que nos condujo el capitalismo. Sin embargo, no es suficiente enfocar la crisis en que estamos inmersos. Analicemos:

 

Para enfrentar la crisis capitalista

Organización y convergencia popular

8 de julio de 2017

Por João Pedro Stedile (Alainet)

 

Hoy nos encontramos ante una crisis profunda del modo capitalista de organizar la producción y del Estado burgués, pues no sólo es la crisis cíclica de acumulación, que está afectando a todo el mundo y sobre todo a Latinoamérica. Vale tener presente que en la década de los ’90 tuvimos la hegemonía total del neoliberalismo y que, en la década del ‘2000, el ascenso de Chávez y las victorias electorales en varios países colocaron a la ofensiva al campo popular.

 

En el contexto actual, los tres proyectos que antes disputaban la hegemonía: neoliberalismo, neo-desarrollismo y el proyecto del ALBA, ahora están en crisis. Pero no es un escenario de derrota de las fuerzas populares, es un escenario de incremento de la disputa, de la confrontación y de la incertidumbre, porque todos están en crisis. Y no hay señales de que alguno de ellos logre la hegemonía a corto plazo.

 

Basta mirar la situación del imperio y del neoliberalismo: ganó Trump, ¿y qué? Se desnudó aún más la naturaleza del imperialismo. En Brasil hubo un golpe, ¿y qué? Los golpistas se revelaron lumpens, ladrones, corruptos y no tienen ninguna legitimidad.

 

Para las fuerzas populares, lo principal es entender que si hay crisis, es señal de tiempos de cambios. Y que tenemos que profundizar nuestras organizaciones y aumentar la lucha de masas. Sólo ella puede desequilibrar la correlación de fuerzas en cada uno de nuestros países y, por lo tanto, a nivel continental.

 

Entonces, la situación es que el capitalismo está dominado por el capital financiero y por sus brazos de las empresas transnacionales, pero está en crisis. Por lo mismo, nuestra tarea es identificar quiénes son nuestros enemigos principales y cómo esas fuerzas del capital actúan en nuestros países, para enfrentarlas. Y, sobre todo, buscar en nuestras articulaciones internacionales del campo popular, formas urgentes para enlazar luchas comunes contra los enemigos comunes. Por ejemplo, tenemos una campaña internacional en defensa del derecho del agua. Pero, no hacemos luchas concretas. Es necesario enfrentar, por ejemplo, a la Coca-Cola y a Nestlé, para afectarles.

Lo mismo en la agricultura, cinco o seis empresas controlan los commodities en todo el mundo. En la leche igualmente. Y en los agrotóxicos es aún peor, cinco o seis empresas europeas controlan todo el mercado y en todo el mundo están causando cáncer en las personas. Hay que enfrentarlas con acciones concretas.

Está también el tema de los refugiados políticos y económicos que afectan el Medio Oriente, África y Europa. Las fuerzas populares de Europa necesitan hacer algo concreto.

Espero que la próxima Conferencia Mundial de la Vía Campesina a realizarse en julio, en el País Vasco, se dedique a analizar qué acciones debemos implementar de forma conjunta en todo el mundo, entre las organizaciones campesinas, para enfrentar ese reto, mientras tengamos tiempo.

 

Articulaciones internacionales

El Papa Francisco se ha revelado como un líder religioso con alcance político, que está reflexionando sobre los verdaderos dilemas que afectan a la humanidad y a su futuro. Y por eso hoy es un referente para todas las fuerzas populares, independiente de la fe o religión. Sus reflexiones y alertas siempre son muy valientes y ponen a los gobiernos contra la pared. Sobre el tema de las armas, por ejemplo, nos alegra que haya tocado en la herida, pues Europa es la que produce las armas e incluso los gases letales utilizados en las guerras regionales del Medio Oriente. Pero los gobiernos europeos no asumen su responsabilidad ni siquiera con la consecuencia más cercana que es el desplazamiento de multitudes de Oriente y de África hacia su territorio, como consecuencia de las guerras.

 

En el tema del medio ambiente nos regaló una Encíclica espléndida, que es la más importante reflexión crítica sobre el tema, que incluso ni siquiera el pensamiento de tradición marxista había construido. Debemos transformar la Encíclica en un instrumento didáctico de educación de las bases, sobre la naturaleza, las causas y las salidas para los problemas ambientales.

En nuestras metodologías de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares en diálogo con el Papa, hemos construido agendas puntuales para cada encuentro. En el último, enfocamos los temas de refugiados, medio ambiente y la hipocresía de la democracia burguesa, ya que el voto popular decide muy poco en los procesos electorales, que son secuestrados por el capital.

 

Tengo entendido que esos temas están todavía en la mesa, pues no logramos profundizar lo suficiente en el último encuentro. Por lo tanto, debemos seguir trabajando en esa línea. Sobre el tema de los refugiados, migrantes y el derecho universal que cada persona tendría de circular libremente por nuestro continente; precisamente, Evo Morales acaba de realizar un encuentro internacional en Bolivia, para recoger opiniones que pretenden llevar como una propuesta a las Naciones Unidas, para que podamos en el futuro tener un mismo pasaporte.

Y el tema más grave, es el tema de la falencia del Estado burgués que fue gestado por la revolución francesa en 1789, y que representaba una propuesta de la burguesía industrial para regular las relaciones sociales. Ahora, a la burguesía financiera e internacional no le interesa ese Estado. Actúa por encima. Entonces las fuerzas populares debemos pensar, debatir, construir un nuevo tipo de Estado, y una nueva forma de participación democrática, popular. Pero, estamos en medio de la crisis, y todavía no están claros los caminos y las construcciones posibles. Pero, tendremos muchos cambios por delante...

 

Por otra parte, en noviembre próximo, en Caracas, tendremos la Asamblea Internacional de Movimientos y Organizaciones Populares que es parte de un proceso de construcción colectiva que viene de años atrás. En Latinoamérica y el Caribe, ese proceso cobró forma a fines de los ’80 con la Campaña 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, posteriormente fue con la Campaña contra el ALCA y más tarde con la construcción del Movimiento hacia el ALBA. Pero también hemos impulsado procesos parecidos en África, en el mundo árabe y en Asia.

 

Entonces, como parte de un proceso permanente de una articulación internacional, precisamente para enfrentar la crisis del capitalismo a partir de los movimientos populares, estamos construyendo esos procesos. No son eventos o fechas, son procesos permanentes. Donde nos podemos identificar con propuestas, programas, crear confianza política mutua, identidades y así avanzar… Y quizás realizar el sueño de Marx, con su Asociación Internacional de Trabajadores; el sueño de Martí, Che, Fidel, que generaron la OSPAAAL, como una articulación del Tercer Mundo frente al imperialismo en la década del ‘60. Y ahora nos toca a las fuerzas populares seguir adelante, con generosidad, pluralidad, evitando los protagonismos, vedetismos personales y falsos hegemonismos.

João Pedro Stedile es miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil. Integrante del Consejo de ALAI.

http://www.alainet.org/es/articulo/186657

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228897

 

 

Hallamos que João Pedro Stedile (miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil. Integrante del Consejo de ALAI) nos señala enfrentar la crisis capitalista y no al poder económico, estatal, religioso y mediático de las transnacionales en alianza con los poderes locales.

 

Nos indica llevar a cabo esa construcción de confrontación a partir de los movimientos populares. Sin embargo, por un lado, nos encauza a fetichizar subrayando que: "el Papa Francisco se ha revelado como un líder religioso con alcance político, que está reflexionando sobre los verdaderos dilemas que afectan a la humanidad y a su futuro". Por otro lado:

  • Desconoce a las construcciones partidarias desde abajo y a la izquierda (Frente Amplio y Partido de los Trabajadores) e insurrecciones populares contra el neoliberalismo cuando dice que,  "en la década del ‘2000, el ascenso de Chávez y las victorias electorales en varios países colocaron a la ofensiva al campo popular".

  • Desatiende lo fundamental del estar en crisis estructural y civilizatoria que son quienes la sufren de modo directo e indirecto pero también convoca a "profundizar nuestras organizaciones y aumentar la lucha de masas" en vez de orientar hacia «la lucha de clases».

  • Menosprecia las organizaciones e iniciativas creadas desde abajo y a la izquierda. Por eso afirma: "la situación es que el capitalismo está dominado por el capital financiero y por sus brazos de las empresas transnacionales, pero está en crisis. Por lo mismo, nuestra tarea es identificar quiénes son nuestros enemigos principales y cómo esas fuerzas del capital actúan en nuestros países, para enfrentarlas. Y, sobre todo, buscar en nuestras articulaciones internacionales del campo popular, formas urgentes para enlazar luchas comunes contra los enemigos comunes. Por ejemplo, tenemos una campaña internacional en defensa del derecho del agua. Pero, no hacemos luchas concretas. Es necesario enfrentar, por ejemplo, a la Coca-Cola y a Nestlé, para afectarles".

  • Coincide con la solución institucionalizada por organismos reconocidos oficialmente como internacionales pero, en verdad, son imperialistas:

 

 

 

La agricultura sostenible como alternativa a

los efectos de los cataclismos

8 de julio de 2017

Por Sergio Ferrari (Rebelión)

- Cada segundo una persona más *desplazada climática*

- Agricultura y ganadería, 80% de los “daños” climáticos

- Fluctuaciones de temperaturas más impactantes que huracanes

La realidad preocupante de un planeta cada día más marcado por el calentamiento global y los cataclismos derivados. Cada segundo, una persona debe desplazarse de su lugar de vida debido a los cataclismos climáticos. Ante esta situación preocupante la agricultura sostenible puede convertirse de más en más en la clave para contrarrestar el drama.

Así lo enfatiza como tesis principal, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Durante su 40ma Conferencia Anual que se realiza entre el 3 y el 8 de julio en Roma, Italia, la FAO reveló que, en promedio, 26 millones de personas son directamente afectadas anualmente por los cambios en el clima, tales como temperaturas superiores a las normales y sequías.

Los sectores agrícolas y ganaderos padecen más del 80% de los daños y pérdidas por sequía y lluvias crónicas.

Como alternativa a estos problemas, el organismo de la ONU puntualiza la importancia de las actividades económicas de las poblaciones rurales. El desarrollo agrícola y rural debe ser una parte integral de las soluciones a los cataclismos climáticos, que están a la base de un aumento de la migración, afirmó en la Conferencia anual el académico brasilero Jose Graziano da Silva, actual Director General de la FAO.

 

“Es necesario invertir en los medios de vida rurales, en oportunidades de empleo digno para los jóvenes y en planes de protección social para confrontar los riesgos de desastres naturales”, aseguró el también escritor sudamericano.

Por su parte, el director de la Organización Internacional para los Migraciones (OIM), William Lacy Swing, aseguró en el mismo cónclave, que aunque los cambios en las temperaturas son menos visibles que los fenómenos extremos como los huracanes, con el tiempo tienen un impacto mucho mayor.

“Necesitamos integrar sistemáticamente la migración y el cambio climático en los programas nacionales de desarrollo y reducción de la pobreza, la reducción del riesgo de desastres y la planificación de crisis, y desarrollar políticas y prácticas agrícolas que aumenten la resiliencia frente a la migración forzada inducida por el clima”, afirmó.

Si no se invierte en las áreas rurales de los países *en desarrollo*, se prevé que éstas áreas serán las que pagarán el precio más alto por los cambios en las temperaturas. Debido, principalmente, a su capacidad limitada para hacer frente a este flagelo, concluyó.

La FAO y la OIM fueron elegidas para copresidir en el 2018 el Grupo Mundial sobre Migración, entidad interinstitucional integrada por 22 organizaciones del sistema de Naciones Unidas. Uno de los objetivos comunes de amabas es confrontar las causas profundas de este fenómeno en explosión, de repercusiones cada vez más significativas para la comunidad internacional.

Sergio Ferrari desde la ONU, Ginebra.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228876

 

Apreciemos cómo la Unión de Asambleas Ciudadanas se desarrolló desde 2006 y su consigna central "el agua vale más que el oro" anticipaba su actual posicionamiento concreto en contra "de un modelo económico genocida sostenido por las corporaciones con la complicidad de los gobiernos locales".

 

 

 

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

3 de mayo de 2017

 

Una UAC emblemática y necesaria

 

Se desarrolló el 28° Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. A esta nueva reunión del movimiento socioambiental, llegaron referentes de colectivos provenientes de Cuyo, el Noroeste, la Patagonia, el Litoral. Miembros de grupos y asambleas de Uruguay, Chile y Brasil también se hicieron presentes ante la alarmante realidad que viven los pueblos del cono sur.

 

Luego de las presentaciones del sábado los participantes del encuentro analizaron la gravedad de la situación, donde millones de personas sufren las consecuencias de un modelo económico genocida sostenido por las corporaciones con la complicidad de los gobiernos locales. Los debates comenzaron a partir de un “hervidero de ideas”, iniciado con cuatro exposiciones que giraron en torno a la defensa los ríos, soberanía alimentaria, agroecología y la propuesta de una Universidad de la Tierra.

Por la tarde se realizaron reuniones en comisiones que profundizaron la reflexión sobre las problemáticas y elaboraron propuestas para enfrentar la actual coyuntura. El arte atravesó el encuentro aportando herramientas para la concientización y difusión. Mural colectivo, proyecciones, festival de música, fueron algunas de las expresiones artísticas que crecieron en el encuentro. La primera jornada se cerró con tambores y candombe en el balneario municipal, a orillas del río Gualeguaychú.

El domingo 30 de abril se realizó una nueva edición de la gigantesca marcha sobre el puente General San Martín que une Argentina con Uruguay, organizada por las Asamblea de la ciudad anfitriona, donde surgió el rechazo a la instalación de plantas pasteras de celulosa frenando la instalación de la pastera ENCE y denunciando la contaminación de la pastera Botnia-UPM.

Ya sobre el atardecer, al regreso de la marcha, la UAC acompañó a vecinas y vecinos de Pueblo Belgrano que reclamaron la relocalización y saneamiento de un basural a cielo abierto, denunciando además el desmonte de bosque nativo llevado adelante por el grupo empresarial Amarras.

Por la noche se proyectó una producción audiovisual hondureña en homenaje a la luchadora ambiental Berta Cáceres, en el marco de la Semana de la Soberanía Audiovisual. La segunda jornada cerró con un festival de música litoraleña al aire libre. Varios músicos aportaron el color local y Joselo Shuaps desde Misiones se presentaba para saludar al 28º Encuentro de la UAC.

Deforestaciones, desmontes, luchas por la tierra, residuos urbanos y nucleares, represas, megaminería, pueblos fumigados, parques industriales y su contracara, la construcción del mundo del buen vivir, la  soberanía alimentaria y la agroecología fueron los ámbitos transitados por debates y propuestas que al fin se plasmaron en el plenario final.

Las voces de compañeros y compañeras asambleístas dan testimonio de las diferentes urgencias socioambientales en cada territorio

“Cuando la bronca estalle, nadie la va a poder parar”
Juanchi Godoy – Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el saqueo San Juan 

“La UAC ha sido para nosotros un sostén durante muchos años, nos permitió seguir resistiendo para enfrentar a la megaminería. Hoy con tres derrames encima, tenemos una población movilizada. Pero cuando está el diablo instalado no es fácil echarlo. las asambleas hemos pasado a cumplir un rol. Tuvimos que salir desde las organizaciones a avisarles a nuestros vecinos que estaban tomando agua contaminada. No fue ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Ambiente. Esa acumulación de bronca, algún día va a estallar y cuando suceda, no la va a poder frenar nadie”.

https://soundcloud.com/pinkflor/juanchi-godoy-asamblea-sanjuanina-contra-la-contaminacion-y-el-saqueo


“Quedan abiertos interrogantes para seguir aportando a la lucha”
Viqui Veronesi – Camoatí – Gualeguaychú

“El proceso de armado de este encuentro fue con mucha alegría de lo que iba a suceder y con el propósito de que la ciudadanía de Gualeguaychú conozca otras problemáticas, además de la que se popularizó en estas latitudes que es la de las papeleras. La idea es llenar de otras consignas que reflejen las luchas de otros territorios y generar más conciencia. Queremos además mostrar que hay alternativas, que hay otras posibilidades, de soberanía alimentaria, de agroecología y propuestas pedagógicas distintas. Quedan abiertos varios interrogantes para seguir construyendo y aportando a la lucha”.

https://soundcloud.com/pinkflor/viqui-veronesi-camoati-gualeguaychu

 

Entre Ríos le dijo NO al fracking
Oscar Villanova – Asamblea Ciudadana Concordia

“Recientemente se aprobó por unanimidad en la provincia de Entre Ríos una ley que le dice no al fracking. Se trata de una ley que fue debatida desde las asambleas hacia los diputados y senadores para que saliera lo mejor posible. No logramos todo lo que creíamos conveniente, pero es un gran paso que hemos dado, que seamos la primera provincia que le dice no al fracking. Venimos a participar de la UAC para dar a conocer esta nueva noticia y a pedirles a los compañeros que están en provincias ubicadas sobre el Acuífero Guaraní que se sumen a legislar contra el fracking como en Entre Ríos”.

https://soundcloud.com/pinkflor/oscar-villanova-asamblea-ciudadana-concordia

 

Misiones: “El 92% del pueblo se expresó en contra de las represas”
Nora Dedieu – Mesa Provincial No a las Represas – Misiones

“Es un orgullo porque éramos tres personas al principio y hoy esta mesa provincial está compuesta por 42 organizaciones. En 2013 hicimos una marcha de 155 kilómetros, durante una semana, cuando todo el pueblo estuvo acompañándonos incluso llevando sus productos para que tengamos qué comer durante la marcha. Y, en 2014, hicimos una consulta popular que salió con el 92% en contra de las represas. Estamos muy felices de estar hoy en la UAC porque nos une con otras organizaciones que están en la misma pelea por defender dónde vivimos”.

https://soundcloud.com/pinkflor/nora-dedieu-mesa-provincial-no-a-las-represas-misiones

 

Moconá: “Buscamos el acompañamiento de la UAC para proteger nuestro territorio”
Germán Gruber – Defensores de la Selva – Misiones

“Es nuestra primera UAC. Vinimos para colaborar con las distintas asambleas y articular con otras organizaciones que estén en el mismo camino de defensa de los bosques, la tierra. Estamos viviendo una problemática de despojo de los campesinos en el Parque Provincial Moconá, una zona está declarada por la Ley de Bosques como categoría I,  como intangible, pero sobre la que hay intereses hoteleros que afectan a siete comunidades indígenas. Buscamos acompañamiento de otras organizaciones y de la propia UAC”.

https://soundcloud.com/pinkflor/german-gruber-defensores-de-la-selva-misiones

 

“Córdoba ha tomado conciencia”

Juan Nicastro y Gustavo Barreriro – Coordinadora en defensa del bosque nativo – Córdoba

Nos queda solamente el 3% de bosque nativo, en este desestamos teniendo inundaciones cada vez más graves que la estamos enfrentando con mucha organización. La Coordinadora en Defensa del bosque Nativo tiene más de 100 organizaciones en este momento, organizaciones de vecinos, pueblos originarios, el movimiento campesino. Creo que es un buen momento en el que Córdoba ha tomado consciencia.

 

Paravachasca por La Vida “Queremos pertenecer a la UAC”

Tenemos el mismo problema que en todas partes con las fumigaciones, grandes cantidades de tierras arrasadas. Se nos suma la instalación de un megabasural, canteras y agua contaminada. Tenemos para hacer dulces. Esto llevó a que los grupos de vecinos nos vayamos juntando y somos una organización madre que fusiona un montón de otras organizaciones que funcionan en el valle de Paravachasca, Córdoba que tomamos la definición de pertenecer a la UAC.

https://soundcloud.com/pinkflor/juan-nicastro-y-gustavo-barreriro-coordinadora-en-defensa-del-bosque-nativo-cordoba

 

Entre Ríos, Basavilbaso “La agroecología se está expandiendo cada vez más”
Alicia Schvartzman – Productora agroecológica de Basabilvaso, Entre Ríos

“Soy campesina y hago todas las actividades de forma agroecológica sin ningún químico. Estoy bien contenta porque se va expandiendo más que se está cultivando de una manera sana, haciendo alimentos sanos. Y la UAC es un medio importantísimo para nosotros, para la difusión y para el apoyo”.

https://soundcloud.com/pinkflor/alicia-schvartzman-comando-batata-la-dorita-gualeguaychu

 

Salta: “No podemos estar tranquilos con Nitratos Austin”
Liliana Courdet – grupo Yuyo Colorado

Fuerte testimonio sobre la situación en Salta, donde son constantes los desalojos de indígenas y campesinos para desmontar y sembrar soja transgénica. Habla Liliana, una de las vecinas salteñas que está en pié de la lucha contra la instalación en la localidad de El Galpón de la empresa Nitratos Austin S.A., que fabricará explosivos para proveer a las empresas mineras.

https://soundcloud.com/pinkflor/lilana-vecina-saltena-contra-la-instalacion-de-nitratos-austin-sa

 

Mensaje del Flaco Claret, uno de los primeros vecinos de Gualeguaychú que comenzó a movilizarse ante la instalación de la pastera Botnia, hace unos quince años.

https://soundcloud.com/pinkflor/mensaje-del-flaco-claret-gualeguaychu

Cobertura fotográfica en facebook

Cobertura colectiva por @prensaUAC

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Comisión Prensa y Comunicación
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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas

Contra el Saqueo y la Contaminación

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Examinamos cómo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner legitimó y legalizó el Estado al servicio de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. De modo que compartimos desde los setenta hasta hoy lo señalado por Paul Walder respecto a su país:

"En Chile son las corporaciones las que rigen la vida política, económica y social.

 

En esta escena, no parece haber espacio para la conciliación con el capitalismo en su fase totalitaria y neoliberal. Los movimientos sociales encaramados hoy en un vehículo político están obligados a armar una estrategia anticapitalista. No sólo por opción, sino porque hoy queda demostrada de manera palmaria la condición de los Estados como plataformas sobre las que se levanta el orden del gran capital. Con la nación completa, con sus recursos naturales y ciudadanos, convertida en enormes mercados para goce y lucro del gran capital, ya no hay espacio para reformas ni matices. La fuerza de la ciudadanía en la recuperación de sus derechos adquiridos tras largas y dolorosas luchas, tendrá que apuntar a tomar el poder y desarmar el Estado neoliberal. El cientista político brasileño Emir Sader escribió sobre este desafío. Un gobierno antineoliberal no debe ceder al liberalismo tradicional, sino avanzar hacia la “transformación radical de los Estados”. La verdadera contradicción en la era neoliberal se da entre las personas convertidas en consumidores u objetos de mercado y verdaderos ciudadanos, o sujetos de derechos".

Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner fomentó el conformismo al capitalismo para saber qué significan su Unidad Ciudadana y su lucha contra el ajuste en oposición a la imprescindible articulación de las luchas desde abajo y a la izquierda. Entre las adaptaciones que suscitó e impuso CFK es la aceptación de empleo sin importar su flexibilidad e informalidad laboral, tampoco su carácter destructivo y temporal  y la alienación por la sociedad de consumo pese a su condición cada vez más restringida e implicar el creciente poder tanto de bancos como de los supermercados.

 

Por ende es prioritario el viraje de los sentidos comunes que viabilizan las elecciones y la gobernabilidad del sistema opresor represor hacia los que arraiguen:

 

 

 

Necesidad de una estrategia anticapitalista

29 de abril de 2017

Por Paul Walder (Punto Final)

 

Uno de los puntos centrales en el debate político ha vuelto a los orígenes. En Chile, y por cierto en Latinoamérica, todas las tensiones regresan a la función de los mercados. Tras diversas nominaciones e intensidades de las estrategias del gran capital, todas las luchas pasan hoy por esta vieja estructura largamente estudiada. El capitalismo, que en este inicio del siglo ha alcanzado probablemente su fase más extrema y ubicua, enfrenta también después de unas cuantas décadas la certera rebelión de sus súbditos. Esta mutación, que tiene diferentes grados y representaciones en distintas latitudes, tiene en Chile características especiales. Sus actuales estructuras e instituciones son una extensión de un modelo de mercado instalado en los albores de la expansión neoliberal. Vale recordar que el mismo Milton Friedman estuvo en Chile durante la dictadura de Pinochet para conocer la solidez de las bases de un molde vaciado por sus acólitos.

 

El modelo neoliberal, que se hunde y resurge en varios países de esta región, ha tenido en Chile continuidad permanente. Es una afirmación que podemos hacer tras el fracaso de las reformas del actual gobierno de Michelle Bachelet, todas a medio andar y con evidente fecha de caducidad. La profundidad de las bases de este diseño es de tal magnitud y la distorsión del poder político ha alcanzado tan altos niveles, que la continuidad y extensión de los mercados se ha mantenido sin alteraciones desde su fundación en la noche de los tiempos dictatoriales.

 

Un ejemplo del espesor que tienen los mercados, de la enorme capacidad de movilidad del capital para mutar y alterar estrategias, son los resultados empresariales de 2016. Durante este año, el peor en cuanto a crecimiento del PIB en casi una década, las ganancias de las grandes empresas aumentaron 25 por ciento.

Las movilizaciones sociales, con presencia desde finales de la década pasada, han mutado. Es una evolución natural en movimientos políticos con voluntad de ascender y alcanzar el poder como una fuerza que emerge desde abajo tras años de confusión e inercia. El proceso observado en otros países iberoamericanos, España dixit , madura también en Chile.

Es posible que la tardanza en la reacción ciudadana tenga relación con la profundidad y extensión de los mercados, que junto con apretar cuellos y esquilmar a trabajadores y consumidores, ha instalado un único modo de vida. Un paradigma, un imaginario social y cultural que hoy está en el paredón. Porque no es posible, y este gobierno lo ha demostrado, conciliar derechos ciudadanos con la asignada función de consumidores otorgada por las estrategias del capital. En Chile son las corporaciones las que rigen la vida política, económica y social.

 

En esta escena, no parece haber espacio para la conciliación con el capitalismo en su fase totalitaria y neoliberal. Los movimientos sociales encaramados hoy en un vehículo político están obligados a armar una estrategia anticapitalista. No sólo por opción, sino porque hoy queda demostrada de manera palmaria la condición de los Estados como plataformas sobre las que se levanta el orden del gran capital. Con la nación completa, con sus recursos naturales y ciudadanos, convertida en enormes mercados para goce y lucro del gran capital, ya no hay espacio para reformas ni matices. La fuerza de la ciudadanía en la recuperación de sus derechos adquiridos tras largas y dolorosas luchas, tendrá que apuntar a tomar el poder y desarmar el Estado neoliberal. El cientista político brasileño Emir Sader escribió sobre este desafío. Un gobierno antineoliberal no debe ceder al liberalismo tradicional, sino avanzar hacia la “transformación radical de los Estados”. La verdadera contradicción en la era neoliberal se da entre las personas convertidas en consumidores u objetos de mercado y verdaderos ciudadanos, o sujetos de derechos. Aquí está la gran tarea.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 874, 14 de abril 2017.

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.cl

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225676

 

 Crisis civilizatoria

 

Reconozcamos "que es la lógica de nuestro actual modo de producción -el capitalismo- lo que se interpone en el camino para crear un mundo de desarrollo humano sostenible que trascienda el desastre en espiral que de otra manera espera a la humanidad. Para salvarnos debemos crear una lógica socioeconómica diferente que apunte a fines humano-ambientales diferentes: una revolución ecosocialista en la que las grandes masas de la humanidad participen."

 

En vez de comenzar por soluciones a la crisis o ir contra el ajuste de Macri resulta imprescindible ante todo averiguar cómo se produjo el actual ataque frontal o "sin anestesia" a los trabajadores y a los pueblos. De este modo no volveríamos a entramparnos en elecciones y esperanzas sin fundamentos por el retorno de Cristina Fernández de Kirchner. Deliberaríamos porqué identificarnos con la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y los pueblos originarios e iríamos comprendiendo que los imperativos ecológicos se han convertido en la cuestión central a la que nos enfrentamos en el siglo XXI. Para aclarar, propongo que leamos:

 

La crisis del Antropoceno
6 de julio de 2017

 

Por John Bellamy Foster

Y es debido a que nos mantenemos en la oscuridad sobre la naturaleza de la sociedad humana -entendida como opuesta a la naturaleza en general- por lo que ahora nos enfrentamos (así me lo aseguran los científicos implicados) a la completa destructibilidad de este planeta que apenas se ha convertido en un lugar en el que vivir.
Bertolt Brecht [1]

El Antropoceno, visto como una nueva era geológica que ha desplazado al Holoceno de los últimos 10.000 a 12.000 años, representa lo que ha sido denominado “brecha antropogénica” en la historia del planeta [2]. Introducido formalmente en el debate científico y medioambiental contemporáneo por el climatólogo Paul Crutzen en 2000, defiende la idea de que los seres humanos se han convertido en la fuerza geológica emergente primaria que afecta al futuro del Sistema Tierra. Aunque a menudo se ha seguido su rastro hasta la Revolución Industrial de finales del siglo XVIII, el Antropoceno se ve probablemente con más claridad como algo surgido a finales de los años 1940 y principios de los 50.

Pruebas científicas recientes sugieren que el periodo desde aproximadamente 1950 en adelante muestra un gran pico, marcando la Gran Aceleración en el impacto humano sobre el medio ambiente, encontrándose la traza más importante de la brecha antropogénica en la lluvia de radionúclidos procedentes de ensayos de armas nucleares [3]

Planteado de esta forma, el Antropoceno puede ser visto como algo que coincide aproximadamente con el auge del movimiento ecologista moderno, que tuvo sus inicios en las protestas llevadas a cabo por científicos contra las pruebas nucleares terrestres tras la Segunda Guerra Mundial, y surgió como un movimiento más amplio tras la publicación de Primavera Silenciosa de Rachel Carson en 1962. Al libro de Carson le siguieron pronto en los 60 los primeros avisos por parte de científicos soviéticos y estadounidenses del calentamiento global acelerado e irreversible[4]. Es esta interrelación dialéctica entre la aceleración hacia el Antropoceno y la aceleración del imperativo radical ecologista en respuesta lo que constituye el tema central del nuevo y maravilloso libro de Ian Angus. Es su capacidad para ofrecernos perspectivas sobre el Antropoceno como un nuevo nivel emergente de interacción naturaleza-sociedad producido por el cambio histórico -y cómo los nuevos imperativos ecológicos que genera se han convertido en la cuestión central a la que nos enfrentamos en el siglo XXI- lo que hace que Facing the Anthropocene sea tan indispensable.

Hoy parece probable que el Antropoceno llegará a estar vinculado especialmente con la ciencia de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, como en el de todos los grandes puntos de inflexión en la historia, hubo signos de picos menores en etapas tempranas durante todo el periodo a partir de la Revolución Industrial. Esto refleja lo que el filósofo marxiano István Mészáros denomina “la dialéctica de continuidad y discontinuidad” que caracteriza todos los nuevos desarrollos emergentes en la historia [5] Aunque el concepto de Antropoceno sólo se ha desarrollado completamente con la noción científica moderna de sistema Tierra, y se ve cada vez más como algo que tiene su base física en la Gran Aceleración posterior a la Segunda Guerra Mundial, estuvo prefigurado por ideas anteriores, surgidas de pensadores que se centraron en los cambios dramáticos en la interrelación humanos-medio ambiente producidos por el auge del capitalismo, entre los que se incluye la Revolución Industrial, la colonización del mundo y la era de los combustibles fósiles.

“Naturaleza, la naturaleza que precedió a la historia humana”, tal como destacaron Karl Marx y Frederick Engels en una fecha tan temprana como en 1845, “ya no existe en ninguna parte (excepto quizá en unas pocas islas coralinas australianas de origen reciente).” [6] Puntos de vista similares fueron presentados por George Perkins Marsh en Hombre y naturaleza en 1864, dos años antes de que Ernst Haeckel acuñase el término ecología, y tres años antes de que Marx publicase el primer volumen de El Capital, con su advertencia sobre la brecha metabólica en la relación entre los seres humanos y la Tierra [7]

No fue hasta el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX, sin embargo, que surgió el concepto clave de biosfera, a partir del cual se desarrolló la idea moderna de sistema Tierra, con la publicación, principalmente, de La Biosfera del geoquímico soviético Vladimir I. Vernadsky en 1926. “De manera notable”, escribieron Lynn Margulis y Dorian Sagan en ¿Qué es la vida?, “Vernadsky desmanteló los rígidos límites entre organismos vivos y medio ambiente no vivo, describiendo la vida globalmente antes de que ningún satélite nos mostrase fotografías de la Tierra desde órbita” [8]

La aparición del libro de Vernadsky coincidió con la primera introducción del término Antropoceno (junto con Antropogeno) por parte de su colega, el geólogo soviético Aleksei Pavlov, quien lo utilizó para referirse a un nuevo periodo geológico en el que la humanidad era el principal causante del cambio geológico planetario. Como observó Vernadsky en 1945, “A partir de la idea del rol geológico del hombre, el geólogo A. P. Pavlov (1854-1929) en los últimos años de su vida solía hablar de la era antropogénica, en la que ahora vivimos… Destacó correctamente que el hombre, ante nuestros propios ojos, se está convirtiendo en una poderosa y siempre creciente fuerza geológica… En el siglo XX el hombre, por primera vez en la historia de la Tierra, ha conocido y abarcado toda la biosfera, completado el mapa geográfico del planeta Tierra y colonizado toda su superficie” [9]

Simultáneamente al trabajo de Vernadsky sobre la biosfera, el bioquímico soviético Alexander I. Oparin y el biólogo socialista británico J.B.S. Haldane desarrollaron de manera independiente en los años 20 la teoría del origen de la vida, conocida como la “teoría de la sopa primigenia”. Tal como lo resumen los biólogos de Harvard Richard Levins y Richard Lewontin, “La vida surgió originalmente de la materia inanimada [lo que como es bien sabido Haldane describió como una “sopa caliente diluida”], pero este origen hizo que su repetición fuese imposible, porque los organismos vivos consumen las complejas moléculas orgánicas necesarias para recrear la vida de novo. Además, la atmósfera reductora [falta de oxígeno libre] que existía antes del principio de la vida se ha convertido, por acción de los organismos vivos, en otra rica en oxígeno reactivo”. De esta forma, la teoría Oparin-Haldane explicó por primera vez cómo se pudo haber originado la vida a partir de materia inorgánica, y porqué el proceso no se podía repetir. De manera igualmente significativa, la vida, surgida de esta forma hace miles de millones de años, podría ser vista como la creadora de la biosfera dentro de un complejo proceso de coevolución [10]

Fue Rachel Carson, presentadora como es bien sabido del concepto de ecosistema al público estadounidense, en su charla de 1963 que supuso un hito, “Nuestro medio ambiente contaminado”, quien expresó de la forma más elocuente esta perspectiva ecológica integrada y la necesidad de tenerla en cuenta en todas nuestras acciones. “Desde el principio de los tiempos biológicos”, escribió,

ha existido la interdependencia más íntima posible entre el medio ambiente físico y la vida que este sostiene. Las condiciones de la Tierra joven produjeron la vida; la vida, inmediatamente después, modificó las condiciones de la Tierra, de manera que este único y extraordinario acto de generación espontánea no podía ser repetido. De una forma u otra, la acción y la interacción entre la vida y lo que le rodea ha estado en marcha desde entonces.

Este hecho histórico tiene, creo, un significado más que académico. Una vez lo aceptamos vemos porqué no podemos llevar a cabo con impunidad repetidos asaltos contra el medio ambiente como ahora hacemos. Un estudiante serio sobre la historia de la Tierra sabe que ni la vida ni el mundo físico que la mantiene existen en pequeños compartimentos aislados. Por el contrario, reconoce la extraordinaria unidad entre organismos y medio ambiente. Por esta razón sabe que las sustancias dañinas liberadas en el medio ambiente vuelven con el tiempo para crear problemas a la humanidad.

La rama de la ciencia que trata de estas interrelaciones es la ecología…. No podemos pensar sólo en los organismos vivos, ni podemos pensar en el medio ambiente físico como una entidad separada. Los dos existen juntos, actuando uno sobre el otro para formar un complejo ecológico o ecosistema [11].

Sin embargo, a pesar de la visión ecológica integrada presentada por figuras como Carson, los conceptos de Vernadsky de biosfera y ciclos biogeoquímicos fueron minimizados durante mucho tiempo en Occidente debido al modo reduccionista que prevalecía en la ciencia occidental y el trasfondo soviético de estos conceptos. Los trabajos científicos soviéticos eran bien conocidos por los científicos en Occidente y fueron traducidos con frecuencia en los años de la Guerra Fría por editoriales científicas e incluso por el gobierno de los EEUU -aunque incomprensiblemente La Biosfera de Vernadsky no fue traducida al inglés hasta 1998-. Esto era una necesidad puesto que en algunos campos, como la climatología, los científicos soviéticos iban muy por delante de sus homólogos estadounidenses. Pero este amplio intercambio científico, que cruzaba las divisiones de la Guerra Fría, era raramente transmitido al público general, cuyo conocimiento de los logros soviéticos en estas áreas fue prácticamente inexistente. Ideológicamente, por tanto, el concepto de biosfera parecer haber caído durante mucho tiempo bajo una especie de prohibición.

No obstante, la biosfera ocupó el centro del escenario en 1970, con un número especial de Scientific American sobre el tema [12]. Aproximadamente por esa misma época, el biólogo socialista Barry Commoner advirtió en El círculo que se cierra de los enormes cambios en la relación de los humanos con el planeta, a partir de la era atómica y el auge de los desarrollos modernos en química sintética. Commoner recordaba los tempranos avisos de la alteración medioambiental del capitalismo de los ciclos de la vida representados por el debate de Marx sobre la brecha en el metabolismo del suelo [13]

En 1972, Evgeni K. Fedorov, uno de los principales climatólogos mundiales y miembro del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, así como el principal partidario soviético de los análisis de Commoner (escribió unas “Observaciones finales” a la edición rusa), declaró que el mundo debería desengancharse de los combustibles fósiles: “El ascenso de la temperatura de la Tierra es inevitable si no nos limitamos al uso, como fuentes de energía, de la radiación solar directa y las energías hidráulica, maremotriz y eólica, en lugar de obtener energía de los [combustibles] fósiles o las reacciones nucleares”[14] Para Fedorov, la teoría de Marx del “metabolismo entre la población y la naturaleza” constituía la base metodológica para un enfoque ecológico de la cuestión del sistema Tierra [15] Fue en los 60 y 70 cuando los climatólogos de la URSS y los EEUU hallaron por primera vez “pruebas”, en palabras de Clive Hamilton y Jacques Grinevald, de un “metabolismo mundial” [16]

El auge de los análisis del sistema Tierra en las décadas siguientes se vio también fuertemente impactado por las extraordinarias vistas desde fuera, aparecidas con las primeras misiones espaciales. Como escribió Howard Odum, una de las figuras principales en la formación de la ecología de sistemas, en Medio ambiente, poder y sociedad:

Podemos empezar una visión de sistema de la Tierra con la macroscópica del astronauta muy por encima de la Tierra. Desde un satélite en órbita, la zona viva de la Tierra parece ser muy simple. La delgada cáscara de agua y aire que cubre la Tierra -la biosfera- está limitada hacia el interior por sólidos densos y hacia el exterior por el casi vacío total del espacio exterior… Desde los cielos es fácil hablar de equilibrios gaseosos, presupuestos energéticos de millones de años y la magnífica simplicidad del metabolismo total de la delgada cáscara exterior de la Tierra. Con la excepción del flujo de energía, la geobiosfera en su mayor parte es un sistema cerrado del tipo en que los materiales se reciclan y reutilizan [17].

“El mecanismo de sobrecrecimiento” que amenaza este “metabolismo total”, seguía Odum, “es el capitalismo” [18] El concepto actual de Antropoceno refleja por tanto, por una parte, un reconocimiento reciente del rol en rápido aceleramiento de los impulsos antropogénicos en la alteración de los procesos biogeoquímicos y de los límites planetarios del sistema Tierra y, por otra, un serio aviso de que el mundo, bajo el “business as usual” [seguir como siempre], está siendo catapultado a una nueva fase ecológica -menos propicia para el mantenimiento de la diversidad biológica y una civilización humana estable-.

Unir estos dos aspectos del Antropoceno -vistos de forma diferente como el geológico y el histórico, el natural y el social, el clima y el capitalismo- en una visión única, integrada, es lo que constituye el logro principal de Facing the Anthropocene. Angus demuestra que el “capitalismo fósil”, si no es detenido, es un tren fuera de control que lleva al apartheid medioambiental global y a lo que el gran historiador marxista británico E.P. Thompson llamaba la amenazada etapa histórica del “exterminismo”, en la que las condiciones de existencia de centenares de millones, quizá miles de millones de personas, cambiarán drásticamente, y estarán en peligro las bases mismas de la vida tal como la conocemos. Además, todo esto tiene su origen en lo que Odum llamaba “capitalismo imperial”, que pone en peligro las vidas de las poblaciones más vulnerables del planeta en un sistema de desigualdad global forzada [19]

Los peligros son tales que sólo un enfoque nuevo, radical, de las ciencias sociales (y por tanto de la sociedad misma), nos dice Angus -uno que se tome en serio la advertencia de Carson de que si socavamos los procesos vivos de la Tierra esto “volverá en su momento” para acosarnos- puede daros las respuestas que necesitamos en la era del Antropoceno. Por lo que se refiere a la urgencia del cambio, “mañana es demasiado tarde” [20]

Pero la ciencia social dominante, la que sirve al orden social dominante y a sus capas dirigentes, hasta ahora ha servido para oscurecer estos temas, poniendo su peso en las medidas paliativas junto a soluciones mecanicistas como los mercados de carbono y la geoingeniería. Es como si la respuesta a la crisis del Antropoceno fuese estrechamente económica y tecnológica, compatible con la ulterior expansión de la hegemonía del capital sobre la Tierra y sus habitantes -a pesar de que el actual sistema de acumulación de capital se encuentra en la raíz de esta crisis. El resultado es empujar al mundo a un peligro aún mayor. Lo que hace falta, por tanto, es reconocer que es la lógica de nuestro actual modo de producción -el capitalismo- lo que se interpone en el camino para crear un mundo de desarrollo humano sostenible que trascienda el desastre en espiral que de otra manera espera a la humanidad. Para salvarnos debemos crear una lógica socioeconómica diferente que apunte a fines humano-ambientales diferentes: una revolución ecosocialista en la que las grandes masas de la humanidad participen.

¿Pero no hay riesgos en un cambio tan radical? ¿No nos esperan grandes luchas y sacrificios ante cualquier intento de derrocar el sistema dominante de producción y de uso de la energía en respuesta al calentamiento global? ¿Hay alguna seguridad de que seremos capaces de crear una sociedad de desarrollo humano sostenible como conciben ecosocialistas como Ian Angus? ¿No sería mejor equivocarse por el lado del negacionismo que por el del ‘catastrofismo’?¿No deberíamos dudar en pasar a la acción a este nivel hasta que no sepamos más?

Aquí puede ser útil citar el poema didáctico del gran dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht “La parábola de Buda de la casa en llamas”:

Buda, sentado todavía bajo el árbol del pan,
a los que no le habían preguntado les narró la siguiente parábola:
“No hace mucho vi una casa que ardía. Su techo
era ya pasto de las llamas. Al acercarme advertí
que aún había gente en su interior. Fui a la puerta y les grité
que el techo estaba ardiendo, incitándoles
a que salieran rápidamente. Pero aquella gente
no parecía tener prisa. Uno me preguntó,
mientras el fuego le chamuscaba las cejas,
qué tiempo hacía fuera, si llovía, si no hacía viento, si había
otra casa para ellos, y otras cosas parecidas. Sin responder,
volví a salir. Esta gente, pensé,
tiene que arder más para que dejen de hacer preguntas.
Verdaderamente, amigos,
a quien el suelo no le queme en los pies hasta el punto de desear gustosamente
cambiar su sitio con el de otra persona, en vez ded quedarse, a ese hombre
nada tengo que decirle.” le dijo Gautama al Buda. [21]

Es el capitalismo y el medio ambiente global alienado que éste ha producido lo que constituye hoy nuestra “casa en llamas”. Los ecologistas mayoritarios, ante este monstruoso dilema, han preferido generalmente hacer poco más que contemplarlo, observando y haciendo pequeños ajustes a lo que les rodea en el interior mientras las llamas lamen el tejado y toda la estructura amenaza con derrumbarse a su alrededor. El punto, en cambio, es cambiarlo, reconstruir la casa de la civilización con principios arquitectónicos diferentes, creando un metabolismo más sostenible entre la humanidad y la Tierra. El nombre del movimiento para conseguir esto, surgiendo de los movimientos socialistas y ecologistas radicales, es ecosocialismo, y Facing the Anthropocene es su manifiesto más actualizado y elocuente.

—-

Nota del autor: Este artículo es una adaptación de prólogo al libro de Ian Angus Facing the Anthropocene: Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System (Monthly Review Press, 2016).

Notas: (…)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_crisis_del_Antropoceno

 

 

Insistamos: el modelo que consolida el poder económico, estatal y mediático de las transnacionales asociadas con los poderes locales no está en discusión por las elecciones sino éstas se prohibirían.  Desde las izquierdas marxistas que relativizan lo último, sostienen que es una oportunidad de gran encuesta contra Macri que debilitaría su gobierno si pierde.

 

Por un lado, continúan resignándose a que el logro de masividad de la unión abajo contra el ataque del poder fáctico (o económico e imperialista) a los trabajadores y los pueblos de Argentina sólo pueda darse bajo la conducción de la CGT o de los partidos con consensos mayoritarios a partir de modelar sentidos comunes. No se atreven a intentar proyectos superadores de la politiquería en vigencia.

 

Por otro lado,  en Colombia y pese a estar subsumidos en un estado terrorista o quizás por la bien definida lucha de clases, desde abajo y a la izquierda se proponen "consultas populares como una herramienta de empoderamiento para las comunidades". Pero

leamos la Introducción por Camila Andrea Galindo y John Freddy Gómez a su artículo:

"Colombia, como un país dependiente en el sistema imperante, está subordinado a ciertas dinámicas económicas y sociales, que ocasionan formas de sobreexplotación tanto humanas como de la naturaleza, en donde las comunidades se ven enfrentadas directamente con las consecuencias de un sistema totalmente depredador e inhumano, que ha sido profundizado y potencializado en la etapa neoliberal.
Debido a lo anterior, en los últimos meses hemos observado cómo diferentes municipios y regiones del país han transitado de la pasividad a un dinamismo extraordinario en la participación y decisión de qué hacer en el territorio. Las comunidades toman las riendas de sus vidas y sus relaciones espaciales con la naturaleza, conllevando a una apropiación y concientización de la fuerza propia de las comunidades organizadas, generando dinámicas de socialización, concientización, educación y empoderamiento popular".

Es una construcción y objetivo bien distinta a la Unidad Ciudadana. Veamos desde qué confrontación parte y cómo la compartimos todos los países de Nuestra América.

 

 

Extractivismo, democracia y desarrollo en Colombia
7 de julio de 2017

 

Por Camila Andrea Galindo y John Freddy Gómez

 

La dictadura del extractivismo en Colombia

 

“En efecto, a diferencia de lo que sucede en los países capitalistas centrales, donde la actividad económica está supeditada a la relación existente entre las tasas internas de plusvalía y de inversión, en los países dependientes el mecanismo económico básico deriva de la relación exportación-importación” (Marini, 1972)

Colombia como una economía dependiente a diferencia de los países metropolitanos, está determinado, en el sistema capitalista, a la relación exportación e importación, lo cual ocasiona una dictadura de las relaciones productivas dirigidas por las necesidades de las económicas metropolitanas. Estas dinámicas generan una sobredeterminación de las relaciones económicas externas sobre las relaciones económicas internas, propiciando una debilidad endémica de las economías dependientes debido a que los ingresos de estos se conciben en relación a los términos de intercambio internacional tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Esta dictadura de las economías metropolitanas sobre las económicas dependientes genera entre otras: i) una determinación directa en la producción; ii) una sobreexplotación laboral y de la naturaleza; iii) una baja tasa de democratización; y, iv) una debilidad endémica de los países dependientes a los flujos y reflujos de la economía internacional. Estas dinámicas propias de los países dependientes son características de la acumulación capitalista y son re-afianzadas y profundizadas en la etapa neoliberal.

Colombia está inserta en estas relaciones odiosas y ha transitado, en su historia, por la dependencia a la exportación de ciertas mercancías de carácter primario, como lo fue la exportación de tabaco a principios del siglo XIX, y del café a mitad del siglo XX, hasta la actual dependencia al extractivismo de los recursos naturales, como hidrocarburos y minerales.

Esta dependencia primordial a los ingresos de la exportación de la producción extractivista se hace visible desde comienzos de la década de los 90 y se verá concluida a partir del periodo 2000-2004 en Colombia, |1| el inicio de la dependencia al extractivismo se compagina con el fin de la dependencia a la exportación del café a finales de la década de los 90, -como se evidencia en la siguiente grafica- dando paso a la nueva fuente de ingresos devenida de las exportaciones de la explotación de los recursos naturales y energéticos en el país, claramente jalonado y en relación directa a la nueva división internacional del trabajo inaugurada en la década de los años 70 y 80 debido entre otras causas a la tercera revolución científico técnica y a la dinámica de la financiarización de la economía.

Como refiere Ruy Mauro Marini en el siguiente extracto la nueva división internacional del trabajo ocasiona que “[…] uno de sus resultados visibles es el regreso de países (desde luego con métodos de gestión plenamente capitalistas, a diferencia de lo que sucedía antes) a la forma simple de división internacional del trabajo que primaba en el siglo XIX y que involucraba el trueque de bienes primarios por bienes manufacturados.” (Marini R. , 2008, pág. 260)

Ante estas dinámicas de opresión directa de las metrópolis a los países dependientes, se evidencia como existe una determinación inmediata en el desarrollo económico de los países dependientes por los países metropolitanos, donde los primeros deben producir y/o explotar las mercancías necesarias para mantener el mecanismo económico internacional.

El aumento de la explotación y/o producción de las materias primas y su posicionamiento como el referente primordial de las exportaciones de los países dependientes, tiene como principio la puesta en marcha del neoliberalismo en nuestros países en la década de los 80 y 90, y póstumamente el aumento exponencial de los precios de las materias primas a partir del año 2002 como se evidencia en la siguiente gráfica.

Este incremento de los precios de las materias primas generó el aumento demencial del extractivismo en los países dependientes en particular en los países de América Latina y, claramente, en Colombia. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, Colombia es el país con mayores conflictos ambientales con alrededor de 72 conflictos para el año 2014.

Consultas populares y el empoderamiento social.

 

“En América Latina, el mayor número de casos de conflicto documentados por el atlas están en: Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30)” (Semana Sostenible, 2014)

Aunque se evidencia -en la gráfica 2- como en el año 2014 los precios de las materias primas o Commodities tienen un gran desplome en sus precios internacionales |4|, estas dinámicas de sobreexplotación de la naturaleza no cesaron, puesto que la tesis gubernamental en el país y en gran parte de América Latina ante la crisis devenida de la caída de los precios de las materias primas es recuperar lo perdido por los bajos precios con una mayor explotación de los recursos naturales y/o Commodities.

Esto conllevó a un incremento de los conflictos ambientales, debido a que las comunidades evidencian de manera latente la sobreexplotación de la naturaleza y sus consecuencias tanto físicas como culturales afectando de manera directa a sus vidas y sus relaciones de producción y reproducción de la vida material. Esta confrontación entre las comunidades y las instituciones gubernamentales se han visto reflejadas en la estigmatización y deslegitimación de las primeras por las segundas.

El aumento de los conflictos ambientales se observa en tanto que estos pasaron de 72 en el 2014, a rondar 115 en el 2016 según el Atlas Global de Justicia Ambiental.

“Colombia, cierre del año 2016: 115 conflictos socio-ambientales* se mantienen activos, el 80% de ellos (92) impactan o se originan en las zonas rurales; cerca de 12,5 millones de colombianos han sido o pueden ser afectadas potencialmente por ellos; el área afectada o potencialmente afectada llega a las 12,4 millones de hectáreas (1,1% del territorio nacional)” (Colombia Plural, 2017)

 

Tras la intensificación de la sobreexplotación de la naturaleza en los últimos años, hemos observado como las comunidades han generado una mayor cohesión entre sí, propiciando diferentes formas de resistencia a los ataques de las grandes multinacionales y trasnacionales, que se basan en la rentabilidad económica subordinando los derechos de las poblaciones y de la naturaleza.

Las comunidades han observado los desastres ambientales que causa la explotación de los recursos naturales, que se transforman en la cosmovisión de las comunidades desde un valor de cambio -Commodities- hacia un valor de uso -los bienes comunes-, donde las equivalencias y relaciones económicas de y sobre la naturaleza son desmitificadas y se replantea la relación que tiene la humanidad-natural con la naturaleza.

Las comunidades transformaran su pensamiento y accionar debido a la experiencia de los innumerables ecocidios alrededor del país, con lo cual propician varias formas de resistencia en contra de este perjuicio, como son las consultas populares para frenar los proyectos extractivos en sus territorios y la presión ejercida sobre los consejos municipales para que ratifiquen la negativa de este tipo de proyectos.

Estas dinámicas democráticas sólo pueden ser puestas en marcha bajo la concientización de las comunidades y un trabajo arduo por la educación y socialización de experiencias acumuladas y de estudios propios, que se basan en la horizontalidad y el respeto a la diferencia.

Esta puesta en marcha de la construcción de un nuevo devenir de la sociedad, donde estas posean el poder de transformación de sus entornos, se proyecta como un proceso de autogestión y auto-organización de las comunidades, que parten de la solidaridad y fraternidad de los individuos de la colectividad y del acompañamiento de diferentes resistencias que se aglutinan una junta a la otra cada vez en las conquistas democráticas que apuntalan a la construcción de un proceso emancipador y de la fundación de nuevas relaciones tanto productivas como reproductivas.

Las consultas populares: más allá de una herramienta jurídica el punto de partida por la reivindicación del derecho a un ambiente sano, la autonomía territorial y la participación ciudadana.

 

Como se puede observar en la ilustración no. 2 hasta el momento se han realizado 5 consultas populares relacionadas con los temas de explotación en el sector minero-energético, y se preparan más de 40 iniciativas a lo largo de todo el país, lo cual ha sido llamado como el “boom” de las consultas populares. 

 

Estos instrumentos y su vinculatoriedad han recibido un apoyo desde la Corte Constitucional en sus últimas providencias la C-273 y la T-445, ambas de 2016, en donde la corporación ha reconocido la competencia de las autoridades territoriales y sus poblaciones a decidir sobre su territorio, en la primera en el examen de constitucionalidad que se hizo del nuevo código de minas en donde se vetaba esta competencia a estas autoridades, y en la segunda en la acción de tutela contra la providencia del Tribunal Administrativo de Quindío que declaraba improcedente la pregunta para dar paso a la Consulta Popular en Pijao. En esta última, la Corte expresó que:

“En el ámbito interno los componentes de la justicia social ambiental cuentan con respaldo constitucional expreso y quedan comprendidas dentro del mandato del Constituyente de asegurar la vigencia de un orden justo (art. 2 CP). Es más, no se debe olvidar que la Carta del 91consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el artículo 13, fundamenta un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas públicas, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o marginados. Para garantizar la adecuada materialización de los derechos a la participación de las comunidades o poblaciones afectadas por un proyecto extractivo, algunos autores han manifestado la importancia de establecer bases organizativas que tengan la capacidad de generar incidencia en la decisión, ya que una participación meramente simbólica en la toma de una determinación no podría estar dotada de la legitimidad que propugna el estado social y democrático de derecho que estableció la Carta del 91 si los afectados no son escuchados y su punto de vista es tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión.” (Sentencia T-445, 2016)

En las providencias mencionadas se retoman las leyes – Ley 134 y 136 de 1994- que reglamentan la materia de las consultas populares y su viabilidad ante proyectos que puedan llegar a cambiar el uso del suelo. Adicionalmente, la Corte Constitucional recalca como por medio de estas herramientas no sólo se está en desarrollo del derecho de participación ciudadana sino que también se hace visible el desenvolvimiento de la autonomía territorial y del derecho a un ambiente sano.

Es así como por medio de estas sentencias se han brindado respuestas claras a los interrogantes que vienen desde el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente y sus ministros, quienes en respaldo a la inversión extranjera han puesto de manifiesto la decisión de promulgar una nueva ley que restringa el área de acción y los efectos de las consultas populares.

Es por esto que ante estas estrategias del gobierno nacional, se refuerza el argumento que las consultas populares son herramientas jurídicas -al igual que los acuerdos municipales- cuyo impacto depende del trabajo de educación y movilización social que las respalden; debido a que en preparación de estos espacios se abren posibilidades de discusión en los territorios sobre qué es lo que se entiende por desarrollo y por medio de qué estrategias se puede llegar a él.

Como Grupo de Investigación estaremos acompañando a las comunidades en sus procesos de discusión teniendo a las consultas que se avecinan como una ilusión y esperanza, pero a la vez a la incertidumbre de las estrategias jurídico-legales del Gobierno frente a las cuales será la movilización social quien haga respetar el clamor de las poblaciones que hacen un llamado de atención sobre la destrucción de nuestros territorios y bienes naturales comunes.

BIBLIOGRAFÍA: (…)

Fuente: http://www.cadtm.org/Extractivismo-democracia-y

En consecuencia, es prioritario generalizar el esclarecimiento de que el capitalismo sea gestionado por la derecha explícita o por la derecha vergonzante o progresismo, es expoliador y explotador de los trabajadores y los pueblos. Si seguimos creyendo y participando de las elecciones restringidas por el sistema, persistiremos subsumidos en creciente opresión y represión conforme a su maximización del acaparamiento de riquezas y poder. Desde nuestro país hermano nos iluminan porqué identificarnos con la UAC y con los pueblos originarios de Argentina.

 

Colombia: presentación y solicitud de adherencia a

nuestra defensa por la permanencia en los territorios y la vida digna

28 de abril de 2017

 “El megaproyecto Hidroeléctrico Hidroituango es el más grande que se está gestando en Colombia desde el año 2008, el Movimiento ha emitido múltiples informes de violación de derechos humanos frente a la vulneración que han sufrido las comunidades, la mega obra es propiedad del Gobierno de Antioquia y de Empresas Públicas de Medellín, una entidad pública en Colombia lo que ha hecho que nuestra lucha se invisibilice y las violaciones queden impunes por ser de responsabilidad exclusiva del gobierno colombiano."

 

Colombia, Medellín. 25 de abril de 2017

Hermanas(os)/ Compañeras(os)

Organizaciones Nacionales e Internacionales

Defensoras(es) de los Territorios y la Vida

Asunto: Presentación y Solicitud de adherencia a nuestra defensa por la permanencia en los territorios y la vida digna

Somos el Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA) articulación de quince (15) procesos sociales de pescadores, barequeros (mineros ancestrales) arrieros, grupo de mujeres, cultivadores de la tierra, entre otros. Grupos sociales que habitan la ribera de los ríos y sectores afectados por los megaproyectos hidroeléctricos y de minería en el norte, occidente y bajo cauca del departamento de Antioquia. Nuestra articulación se basa en la defensa de la cultura de los ríos, el derecho a un ambiente sano, la defensa y protección de los derechos humanos de las comunidades que se han visto afectadas por megaproyectos hidro/minero-energeticos.

Nuestros principales objetivos son: a) la permanecía en el territorio, una lucha por la vida dignidad de las comunidades rurales, cabe reconocer que el Movimiento considera que las urbes no son ambiental ni socialmente viables, por lo tanto las comunidades deben permanecer en su territorio rural y los que están en las ciudades retornar al campo b) la transformación de la política minero energética en Colombia para que no desarraigue a las comunidades, no afecte el ambiente y se protejan los bienes de la naturaleza y c) la defensa de los derechos de los afectados por megaproyectos en primera instancia minero-energéticos pero con visión en la defensa de las victimas del desarrollo.

El megaproyecto Hidroeléctrico Hidroituango es el más grande que se está gestando en Colombia desde el año 2008, el Movimiento ha emitido múltiples informes de violación de derechos humanos frente a la vulneración que han sufrido las comunidades, la mega obra es propiedad del Gobierno de Antioquia principalmente y de Empresas Públicas de Medellín (EPM) una entidad pública en Colombia lo que ha hecho que nuestra lucha se invisibilice y las violaciones queden impunes por ser de responsabilidad exclusiva del gobierno colombiano. En este momento la obra se encuentra en su fase de construcción, se contempla el llenado para el año 2018; sin embargo se han presentado múltiples debates sobre la ilegitimidad del proyecto y su relación con el conflicto armado en la zona que ha dejado 50 masacres previas al inicio del proyecto que le favorecen de manera directa entre muchas otras razones por las cuales el Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA) plantea la ilegalidad de su licencia ambiental así como de las actuales solicitudes para el licenciamiento ambiental de las líneas de transmisión, líneas de transmisión que han sido rechazadas fervientemente por las comunidades y hoy son una preocupación en las mismas, la alta presión política y económica que se ha tenido sobre esta solicitud de licenciamiento ha silenciado y eludido la participación comunitaria.

Hidroituango hasta hace muy poco no contaba con dicha licencia sin embargo en tiempo record la obtuvieron, a pesar de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había solicitado requerimientos específicos para emitirla, hoy aún no se encuentran en regla, además las comunidades solicitaron garantías por su derecho a la salud y una audiencia pública ambiental por su derecho a la participación que les fue negada, aun así hoy Hidroituango cuenta con la licencia para algunas de las líneas de transmisión .

Presentación y Solicitud de adherencia a nuestra defensa por la permanencia en los territorios y la vida digna: ¡FIRME!

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Pueblos defendarán Amazonía con autodeterminación territorial

2 de mayo de 2017

"Lo que está en cuestión en la Amazonía es el modelo de desarrollo y el propio concepto de desarrollo. Se trata de generar un cuestionamiento que supere al desarrollo como concepto y que ha sido aplicado por los gobiernos de todas las tendencias políticas. El autogobierno será el primer paso hacia la consolidación de esa alternativa de economía indígena basada en la reciprocidad, la solidaridad y la colaboración entre las organizaciones y pueblos amazónicos. Todo esto debe realizarse como parte de una política de respeto a nuestro conocimiento ancestral que debe ser considerado y protegido."

La Mesa sobre Autogobierno y Descolonialidad del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA) concluyó su labor en comisiones afirmando una agenda de los pueblos orientada hacia la autodeterminación territorial.

Afirman que la defensa del territorio ancestral es la base de la defensa de la vida en la Amazonía e instan a las organizaciones y aliados de los pueblos a sumarse a una gran campaña para defender y profundizar el autogobierno territorial.

La Mesa fue convocada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), integrada por organizaciones de nueve países amazónicos, y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

El trabajo de la Mesa contó además con la participación de organizaciones aliadas de la panamazonía.

Autogobierno como primer paso

"El autogobierno será el primer paso hacia la consolidación de esa alternativa de economía indígena basada en la reciprocidad, la solidaridad y la colaboración entre las organizaciones y pueblos amazónicos" indican en las conclusiones.

"Lo que está en cuestión (...) es el modelo de desarrollo y el propio concepto de desarrollo". El propósito es cuestionar y superar el concepto de desarrollo que ha sido aplicado por los gobiernos de todas las tendencias políticas.

Sostienen que la corrupción es "inherente al modelo de explotación de la Amazonía" que las empresas transnacionales y los gobiernos de turno imponen de manera cómplice afectando derechos territoriales.

IX Próximo FOSPA debe realizarse en la Guayana

La Mesa expreso su rechazo a la "condición de colonia" de la Guayana Francesa y que el gobierno francés rehuse reconocer a los pueblos indígenas en su propio territorio.

En este sentido manifiestan su respaldo al pedido de los representantes indígenas de la Guayana para que el FOSPA IX se realice en su territorio.

Finalmente hacen un llamado a formar una gran alianza para respaldar la agenda política de los pueblos amazónicos y andinos "sin importar las fronteras que nos han impuesto".

Para tal efecto proponen construir una agenda de trabajo específica para los pueblos fronterizos y así afirmar su condición Panamazónica.

A continuación conozca las conclusiones de la Mesa:

Conclusiones de la Mesa sobre Autogobierno y Descolonialidad realizada en el FOSPA IX, convocada por COICA integrada por AIDESEP, OPIAC, ORPIA, CIDOB, CONFENIAE, COIAB, APA, FOAG, OIS y la CAOI y que contó con la participación de organizaciones aliadas de la panamazonía

1. Lo que está en cuestión en la Amazonía es el modelo de desarrollo y el propio concepto de desarrollo. Se trata de generar un cuestionamiento que supere al desarrollo como concepto y que ha sido aplicado por los gobiernos de todas las tendencias políticas. El autogobierno será el primer paso hacia la consolidación de esa alternativa de economía indígena basada en la reciprocidad, la solidaridad y la colaboración entre las organizaciones y pueblos amazónicos. Todo esto debe realizarse como parte de una política de respeto a nuestro conocimiento ancestral que debe ser considerado y protegido. 

2. Instamos a las organizaciones y aliados de los pueblos a sumarse a una gran campaña de defensa y profundización del autogobierno territorial. 

3. Afirmar como eje de la defensa de la vida en la Amazonia la defensa del territorio ancestral y originario de los PPII y de los habitantes de la amazonia amenazados y despojados por grandes transnacionales y terratenientes. Esta defensa adopta diversas formas:

a) Reconocimiento de territorio integral.
b) Recuperación de tierras tanto ancestrales como las recuperadas a los latifundios.
c) Vigilancia del territorio.
d) Auto-consulta y consulta previa como parte del autogobierno indígena y de las poblaciones de la Amazonía.
e) Economía solidaria, agroecología y economía indígena en convivencia y respeto con la naturaleza

4. Es fundamental que las políticas y normas de cada país se adecuen a los convenios internacionales que reconocen derechos a los PPII y poblaciones de la Amazonia. Y que existan mecanismos que garanticen el cumplimiento efectivo de normas y acuerdos.

5. Denunciar la corrupción inherente al modelo de explotación de la Amazonía, ejercida por las empresas transnacionales y los gobiernos de turno que han sido cómplices de proyectos extractivos y de infraestructura corruptos que han afectado nuestros derechos territoriales.

6. Reconocemos el protagonismo de los PPII y sus organizaciones. Al mismo tiempo consideramos necesaria y urgente una alianza entre PPII y las diversas poblaciones que habitan la Amazonía (comunidades tradicionales, ribereños, campesinos, etc.). Los habitantes de la Amazonía son en su conjunto afectados por el extractivismo.

7. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de la hoy llamada Guayana Francesa. Es inaceptable la existencia en la Amazonía y en el mundo de un territorio en condición de colonia. Es también inaceptable que el gobierno francés no reconozca a los PPII que habitan en ese territorio.

Apoyamos el pedido de los hermanos de Guyana para la realización del FOSPA X en su territorio.

8. Exigimos respeto a la aplicación de la justicia indígena en nuestros territorios. Esto debe ser acatado por los estados. Esto está contemplado en tratados internacionales que nos respaldan.

9. Denunciar la responsabilidad de las fuerzas económicas y sus bancos multilaterales en promover políticas de explotación y despojo. Nuestros estados no deben arrodillarse más ante estos intereses.

10. Instamos a todos a los participantes del Foro a formar una gran alianza en respaldo a la agenda política de los pueblos amazónicos y andinos y sus organizaciones representativas, sin importar las fronteras que nos han impuesto. Debemos buscar una agenda de trabajo específica para los pueblos que habitan las fronteras y así afirmar nuestra condición Panamazónica.

11. Detener la criminalización y la violencia de los estados hacia los pueblos amazónicos. Denunciar las desapariciones, los asesinatos y la violencia en general de parte de los gobiernos de turno y las mafias organizadas que buscan de explotar nuestros territorios.

12. Exigir a los estados que antepongan el cumplimiento de sus compromisos internacionales frente a los intereses económicos y geopolíticos de las fuerzas nacionales e internacionales que nos amenazan.

13. Denunciar la responsabilidad de las fuerzas económicas y sus bancos multilaterales en promover políticas de explotación y despojo. Nuestros estados no deben arrodillarse más ante estos intereses. Sus políticas irresponsables ambientalmente sin transparencia ni acceso a la información son la causa del surgimiento de la gran corrupción que nos afecta.

14. Debemos desarrollar estrategias de descolonialidad dirigida sobre todo a nuestros jóvenes para integrarlos a lo que queremos lograr desde los pueblos en resistencia. Exigimos una educación bilingüe, intercultural y descolonizadora. Que el estado respete la salud tradicional de los pueblos originarios.

15. Exigimos respeten nuestro derecho al consentimiento previo, libre e informado. El proceso no debe imponerse por los gobiernos sino que debe surgir de los pueblos, quienes tienen el derecho de decidir cómo y qué se les debe consultar. A esto se suma el respeto a nuestros planes de vida, la vigilancia y monitoreo ambiental de nuestros territorios y la gestión autónoma de nuestras cuencas sagradas.

16. Propugnamos la defensa de nuestros hermanos en aislamiento y contacto inicial. El estado debe reconocerlos, demarcar y proteger sus territorios, respetar su derecho al aislamiento, además de garantizar su naturaleza transfronteriza.

Esta es la agenda de los pueblos camino a la autodeterminación territorial.

Tarapoto, 30 de abril de 2017.

Servindi

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Colombia: Desde las entrañas de la tierra y junto a los gritos del agua.

Cajamarca dijo NO a la minería

2 de mayo de 2017

 

"La victoria de las y los habitantes de Cajamarca, que nace de las entrañas de la tierra, de la fuerza del volcán Machín y del grito de las aguas, es la victoria de todas las comunidades rurales y urbanas que durante años han advertido y sufrido en carne propia lo que significa la minería en sus vidas".

 

El 26 de marzo asistimos a un hecho histórico que se convierte en un hito en la lucha de las comunidades populares colombianas frente a la gran minería del país. La contundente victoria de miles de voces venidas de las veredas y los rincones más recónditos de este municipio, que durante años han resistido el embate de la gran minería de oro y han resguardado su vocación agrícola y campesina, va más allá de un NO rotundo a la minería.

 

Cajamarca ha dado una lección a Colombia acerca de la participación y la voluntad popular. Participando ha mostrado que la paz se construye desde los territorios con ejercicios concretos y haciendo respetar su voluntad popular, ha desafiado la “dictadura minera” impuesta desde hace años en nuestro país, en donde para el sector y para los últimos gobiernos la gran minería lo justifica todo.

Las consultas populares han pasado por varias estaciones de discusión y disputa. Todos los mecanismos de participación ciudadana están consignados en la Constitución desde 1991 pero repetidamente han sido reversados y restringidos como una manera de favorecer intereses particulares. En el caso de la minería, la participación en todos sus espectros ha sido reducida meramente a un trámite, ni siquiera las consultas previas para las comunidades étnicas han sido realizadas de buena fe y con las disposiciones requeridas. No obstante, las comunidades, en su autonomía han recuperado el valor de estos mecanismos de participación ciudadana como una forma legal y taxativa de exigir que su voluntad sea de obligatorio cumplimiento, y además como un mecanismo de protección de la vocación del suelo y las formas tradicionales de habitar el territorio, que son notablemente amenazadas por las actividades extractivas en el país.

Desconocer la importancia y los efectos vinculantes de las consultas populares, los cabildos abiertos, las iniciativas normativas y legislativas, entre otros, en la política pública colombiana resulta anticonstitucional y antidemocrático, además de terriblemente desafortunado para el momento de post acuerdo que vivimos. No sólo porque desdibuja el derecho a participar, necesario para construir democracia, sino porque además nos sigue hundiendo en el totalitarismo extractivo que no admite voces disidentes y que, en complicidad con los gobiernos de turno, nos sigue imponiendo la muerte como el único camino a un desarrollo, que está lejos del significado de buen vivir que las comunidades rurales y populares defendemos.

Sin duda, la victoria de las y los habitantes de Cajamarca, que nace de las entrañas de la tierra, de la fuerza del volcán Machín y del grito de las aguas, es la victoria de todas las comunidades rurales y urbanas que durante años han advertido y sufrido en carne propia lo que significa la minería en sus vidas. No es necesario irse lejos para constatar que los argumentos de multinacionales como Anglo Gold Ashanti han sido repetidamente desmontados: la Guajira, el Cesar, Montelíbano son los ejemplos más cercanos que tenemos para anticipar lo que podría ser la Colosa y la sentencia de muerte que la gran minería lleva consigo.

 

Teniendo en perspectiva que los escenarios de relacionamiento entre el sector multinacional y las comunidades han sido extremamente desiguales, la consulta popular de Cajamarca nos muestra que más allá del dinero y el aparataje corrupto asociado al accionar de las empresas, el arraigo, el amor y la resistencia por el territorio prevalece en los corazones de los campesinos y campesinas de nuestro país, quienes son los responsables de abastecer de alimento a las ciudades y además de ser los cuidadores del agua. Estos valores sin precio han superado las artimañas mercantiles que las empresas han utilizado para comprar la dignidad y han mostrado que frente a la gran minería no existen puntos medios, ni “gana – gana”, como fue expresado por la viceministra de Minas y Energía, sino una necesidad imperiosa de desmontar el modelo extractivo trasnacional que sólo nos ha traído pérdidas y afectaciones irreparables e incompensables.

 

Por estas razones, nos sumamos a las exigencias de las comunidades de respetar a cabalidad y acatar la decisión del pueblo cajamarcuno de declarar su territorio libre de minería, y del reconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana dispuestos constitucionalmente.

 

El talante democrático de las campesinas y campesinos del municipio y del proceso del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, del que hacen parte organizaciones de Cajamarca como COSAJUCA (Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca), Conciencia Campesina, APACRA (Asociación de productores agroecológicos de Cajamarca), Asociación por la defensa de Chorros Blancos - Asocuencua Chorros Blancos, es una muestra de la autonomía y la soberanía de los pueblos y de la necesidad de una resistencia nacional por la defensa de las aguas.

ANUNCIO: Mientras aquí discutimos si es vinculante o no el resultado de la consulta, en El Salvador dan un paso firme para avanzar hacia el post-extractivismo, con la prohibición de cualquier minería metálica.
CENSAT - Agua Viva

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Analicemos bases para el porqué y el cómo erradicar la acumulación de riquezas y poder de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales.

 

 

Postextractivismos en Colombia: entre la violencia y la paz

7 de julio de 2017

Por Eduardo Gudynas(Rebelión)

 

En Colombia, al igual que en otros países latinoamericanos, se han expandido los llamados extractivismos, tales como la explotación de minerales o hidrocarburos. Con ellos se desencadenaron todo tipo de impactos sociales y ambientales, y la conflictividad ciudadana se disparó. Es bajo esas circunstancias que se han planteado alternativas que buscan ir más allá de los extractivismos, para no seguir repitiendo la historia de alimentar los mercados internacionales con materias primas mientras quedan en nuestras tierras todos sus efectos negativos.

Ese tipo de exploraciones recibe la denominación de «posextractivismos». Es un conjunto de propuestas que por un lado cuestionan a los extractivismos, sea en sus impactos locales como en los efectos en otros ámbitos, como la política o la cultura, y por el otro lado postulan abandonar ese tipo de desarrollo, presentando medidas que sean concretas, efectivas y replicables. Esto permite una transición hacia una verdadera erradicación de la pobreza, la calidad de vida y la conservación de la naturaleza.

Los debates sobre los extractivismos surgieron en los países andinos, a inicios de la década de 2010, especialmente en Perú. Estaba claro que emprendimientos como la minería o el fracking, no se podían resolver por meros ajustes tecnológicos. Son necesario cambios más profundos en cómo se entiende la economía, la política y hasta la cultura.

No sorprende que como en Colombia se repite toda la problemática de los extractivismos, en ciertos momentos asomaron debates sobre alternativas para poder superarlos (1). Pero los antecedentes del país, y su actual coyuntura, hace que se enfrenten particularidades distintas a lo observado en el resto de América del Sur.

En este breve artículo se comparten algunas ideas sobre postextractivismos, intentando considerar esas particularidades, y que por cierto no pretende agotar la cuestión sino llamar la atención sobre la importancia avanzar en ese esfuerzo.

 

El empuje extractivista colombiano

En Colombia se promueven los extractivismos, tanto sobre minerales como hidrocarburos, pero también en la agricultura. Recordemos que los extractivismos son un tipo de apropiación de recursos naturales, caracterizado por grandes volúmenes o intensidad, y por destinarse sobre todo a exportarlos como materias primas (2).

En efecto, las materias primas han representado más de la mitad de las exportaciones colombianas, alcanzando máximos en el orden del 85% del total en los años 2012 a 2014. Esta es una condición muy similar a la de otros países andinos, como Perú o Bolivia.

Esa canasta de materias primas exportadas está concentrada en unos pocos productos; por ejemplo en 2015, el 37% de las exportaciones fueron petróleos, y le siguen el carbón con el 12%. Esto genera mucha dependencia, aunque la situación colombiana es menos grave que la de otras naciones, como Ecuador o Venezuela, donde es todavía más concentrada y por ello son más vulnerable a la globalización.

Estos extractivismos generan una enorme variedad de “impactos directos” que se expresan localmente. Incluyen contaminaciones de todo tipo, con los casos icónicos del mercurio en la minería ilegal o el carbón de El Cerrejón, deforestación, afectación del agua, reconfiguración de territorios, etc. A ellos se suman impactos sociales, como pérdida de medios de vida tradicionales, desplazamientos, y por supuesto distintos tipos de violencias (3).

Si bien estos impactos son bien conocidos en América Latina, el caso colombiano es particular porque cuenta con una de las mejores sistematizaciones, y que además fue producida por una agencia estatal independiente, la Contraloría General de la República (4). Sus cuatro volúmenes cubren prácticamente toda la problemática, y por lo tanto no tiene ninguna seriedad insistir en que los extractivismos no tienen impactos o que la denuncia de sus efectos es una exageración de activistas sociales o ambientales.

En paralelo se encuentran los llamados “efectos derrame” de los extractivismos. Estos responden a cambios en las políticas públicas para favorecer algún proyecto pero con efectos que se “derraman” a todo los sectores y en todo el territorio. El instrumento de licencias ambientales “express” se ha vuelto un ejemplo internacional de un efecto derrame extractivista, ya que para atraer a algunos inversores se termina reduciendo y debilitando el control y gestión ambiental en todo el país y en todos los sectores.

 

Una presentación mínima del postextractivismo para Colombia

Los postextractivismos buscan enfrentar estas situaciones. Se los puede concebir como un cuestionamiento a los extractivismos que nutre la exploración de alternativas a ellos. La particularidad es que esas alternativas se expresan en medidas concretas, efectivas, replicable y entendibles por la opinión pública. Su meta es una erradicación real de la pobreza, asegurar la calidad de vida de las personas y conservar la naturaleza (5).

Por un lado se presentan medidas de urgencia ante aquellos emprendimientos que producen los los impactos más graves en el ambiente, la salud y la calidad de vida en las comunidades, y para los cuales no existen soluciones tecnológicas disponibles. Estos deben ser clausurados, más allá de cualquier beneficio económico o comercial.

En este frente se dispone de un amplio abanico de instrumentos, muchos de los cuales se inician con un efectivo cumplimiento de las exigencias y normas actualmente vigentes. Es que muchos extractivismos son posibles por no cumplir esos requerimientos, sea por controles inadecuados, faltas de sanciones, redes de corrupción, etc.

Por otro lado se proponen cambios sustanciales en las dimensiones económicas y productivas. En una etapa inmediata se apunta a reducir los extractivismos en las exportaciones, los que no deberían superar el 50% del comercio exterior total, y tampoco pueden estar concentrados en uno o dos productos. Dicho de otro modo, debe disminuir el volumen de recursos naturales extraídos.

Ante estas ideas postextractivistas surgen inmediatamente todo tipo de cuestionamientos. Unos insisten en que esas medidas son incompatibles con la vida moderna, y otras alertan que provocaría gravosas pérdidas económicas. Por ejemplo es común escuchar que la minería es indispensable para la vida actual, proveyendo los metales que se encuentran en todo tipo de productos. Se da un paso más, y se afirma que cualquier alternativa postextractivista nos obligaría a regresar a la edad de piedra.

La respuesta ante esos cuestionamientos es que confunden “minería” con “extractivismo”. El postextractivismo no está en contra de la minería ni de otros usos de los recursos naturales, no postula una naturaleza intocada. Su objetivo está en una apropiación que sea indispensable y no dispendiosa, y por ello debe estar específicamente enfocada en asegurar la calidad de vida de las personas y terminar con la pobreza, y no en el mero consumismo. Es por esta razón que la definición de extractivismo es clave, y no cualquier uso de los recursos naturales, ni siquiera aquellas con impactos ambientales, cumplen esa condición. Pero además, los mayores sectores extractivos de Colombia no están enfocados en la calidad de vida de los colombianos sino en nutrir una demanda global, que esencialmente satisface las necesidades del consumismo del norte.

Lo que es presentado como un éxito exportador en verdad es una pérdida neta de patrimonio. En efecto, usando los nuevos indicadores físicos de la balanza comercial (exportaciones de materia medidas en toneladas contra las importaciones), se observa que Colombia registra un déficit desde 1990. Hacia 2011, el país tenía una pérdida neta de unos 100 millones de toneladas por año, lo que implica un gravoso comercio desigual: el país debe exportar 5 toneladas de materias primas para importar una tonelada de manufacturas u otros bienes con valor agregado (6).

Las medidas económicas y productivas para el postextractivismo se dividen en varios grupos. Unas buscan hacer visibles para la economía los costos de los extractivismos en las dimensiones sociales y ambientales, los que usualmente termina pagando toda la sociedad. Esto tiene varias consecuencias, tales como una corrección de los precios de los commodites que se exportan, que serán muchos más caros.

Se asume que ese aumento hará caer las exportaciones, con menores ingresos económicos. El postextractivismo responde que esto se compensa desde varios frentes. Por un lado, los commodities que se sigan exportando serán mucho más caros. Por otro lado, la reducción de la extracción también supone menores gastos (del Estado y la sociedad) en cubrir los costos de los impactos, como el daño a la salud o la pérdida de suelos. Además, es necesaria una reforma tributaria. En la actualidad, el estado captura una proporción muy baja de la renta minera y petrolera, las empresas gozan de muchos beneficios (como las deducciones por inversiones, por depreciación de activos, etc.), y son conocidos los casos de subfacturación para evadir varios tributos como se ha mostrado para el carbón (7). Esto hace que otro componente sea una reforma tributaria que apunte a impuestos justos y efectivos.

Otras medidas que operan en el mismo sentido atacan los subsidios que el Estado otorga a los extractivismos. Es que casi siempre se olvida que los extractivismos gozan de asistencias financieras directas, reducciones o devoluciones de impuestos, energía o agua barata, etc. La información que se acumula en varios países muestra que el Estado termina financiando a mineras y petroleras. Ante esto, el postextractivismo plantea desmontar esos subsidios, y utilizar buena parte de esos fondos en sostener una diversificación en otros sectores productivos.

En el caso de Colombia, como en otros países, existen enormes oportunidades para diversificaciones en la agricultura, pero enfocadas en prácticas orgánicas o ecológicas. Con ello se consume menos energía y agua, se producen alimentos más sanos, y a la vez requiere mano de obra adicional (lo que servirá para tomar a trabajadores que deban dejar emprendimientos extractivistas). Una reformulación de la agropecuaria de este tipo además permitiría romper con la creciente problemática colombiana de tener que hacer exportaciones extractivistas para poder importar alimentos, cumpliendo así otra meta del postextractivismo (asegurar la calidad de vida).

Estas medidas se deben complementar con otras, especialmente en el terreno de la integración regional y la globalización. No pueden ser descritas en detalle aquí, pero al menos queda asentado que son parte esencial de los postextractivismos.

Insistencia conservadora y el papel de las empresas

El postextractivismo en Colombia debe abordar al menos dos aspectos clave que le son propios: por un lado, están insertados en políticas conservadoras desde hace mucho tiempo, y por otro, han proliferado bajo la violencia armada, y ahora bajo el proceso de paz. Cualquier alternativa debe atender esas particularidades.

Comenzando por la primera de esas cuestiones, el gobierno de Alvaro Uribe sentó bases para extractivismos de inspiración neoliberal, mientras que las administraciones de Juan Manuel Santos, si bien introdujo algunos cambios instrumentales, representa a los llamados “extractivismos conservadores reajustados”. En estos pueden haber cambios, como incorporar ciertas formas de responsabilidad empresarial y un discurso verde, pero no se abandona el protagonismo del mercado.

Bajo políticas conservadoras y con extractivismos en manos de empresas privadas, es comprensible que muchos postularan que la mejor alternativa era recuperar el papel del Estado apostando, por ejemplo, a mineras o petroleras estatales. Se miraba empresas estatales como PDVSA de Venezuela o Petrobras de Brasil, todas ellas bajo gobiernos progresistas (las administraciones Chávez y Lula respectivamente).

Esa es una opción que permitiría lidiar con algunos problemas, como contener la subordinación del Estado a los intereses de las corporaciones transnacionales, o lograr que queden en el país las ganancias del extractivismo. Sin duda es una idea que sigue teniendo muchas adhesiones políticas.

Pero el problema es que bajo ese esquema no se detienen los extractivismos ni sus consecuencias. Esta es una de las advertencias claves de la reflexión sobre postextractivismo. Es que allí donde se ensayó un extractivismo progresista, con mayor presencia estatal, podría haber habido algunas ventajas económicas (lo que es discutible), pero se mantuvieron buena parte de los impactos locales ambientales, sociales y territoriales propios de los extractivismos. Las empresas estatales petroleras no tuvieron mejor desempeño ambiental y de todas maneras para operar se asociaron a corporaciones extranjeras. Desde el punto de vista de las comunidades locales, los impactos son los mismos, más allá de si el responsable es una compañía estatal, nacional o extranjera. La propia esencia del extractivismo, por el tipo de apropiación que hace de los recursos naturales, impone todas esas consecuencias.

Lo mismo ocurre con los efectos derrame, ya que las empresas estatales de todos modos deben vender los recursos naturales extraídos en el mercado global, lo que les obliga a competir bajo las reglas y dinámicas del capitalismo. Entonces, ellas también buscan medidas como las licencias ambientales express o recibir subsidios desde el gobierno.

El análisis comparado internacional muestra que ese extractivismo estatista repitió problemas análogos a los observados en Colombia. Por ejemplo, en Bolivia, la administración de Evo Morales ha rebajado las exigencias ambientales y sociales, y subsidia la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de áreas protegidas y territorios indígenas.

Los extractivismos se pueden instrumentalizar bajo dos estilos, unos más conservadores y otros más progresistas, y no se niegan esas diferencias, ni que el balance de costos y beneficios sea distinto. Pero lo que se subraya que todo ellos siguen siendo extractivismos, desencadenando impactos similares. Existe un núcleo central de ideas, conceptos y políticas que permanece incambiado, en elementos tales como la apropiación masiva de la naturaleza y la subordinación como exportadores de materias primas.

Es importante agregar aquí una nota de precaución. Es que el mal desempeño de los progresismos en varios terrenos no debe anular sus aciertos en otros, ni ser convertido en una excusa para regresar a un extractivismo todavía más conservador. Esas tensiones están presentes en Colombia donde ante la debacle del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, no falta quienes la aprovechan para criticar las intervenciones estatales y reclamar más libre mercado. Eso abre las puertas a reforzar todavía más los extractivismos conservadores.

Considerando todo esto, el horizonte de los postextractivismos no está en elegir entre distintos tipos de extractivismos, sino en ir más allá de esas ideas compartidas por todos ellos. Dicho de otro modo, es una alternativa a cualquier tipo de extractivismo, sea conservador o progresista.

Esto hace que los postextractivismos promuevan una regulación social tanto del mercado como del Estado. Esta posición no siempre es fácil de entender, especialmente en los países donde prevalecieron por décadas perspectivas conservadoras y neoliberales. Sin duda es importante recuperar las regulaciones de la sociedad sobre el mercado, colocándole límites, transparentando las reales transferencias de dinero, señalando las externalidades, etc. En esa tarea hay roles importantes para el Estado, e incluso para empresas estatales. Pero también hay que reconocer que los ensayos de empresas estatales al estilo progresista escapaban a la regulación social, abusaban de pagos a las comunidades locales para ganar sus favores, o bien se enfrentaban a ellas. Los postextractivismos también defenderán empresas estatales, pero bajo una estructura y dinámica distinta, y siempre bajo regulación ciudadana.

 

Alternativas bajo la violencia y la paz

El otro componente clave para el caso colombiano es su larga historia de guerra interna, con todas sus consecuencias en la vida política nacional, y el proceso de paz que ahora ofrece todo tipo de oportunidades.

Los extractivismos conservadores se implantaron bajo la guerra, y como esa era una problemática apremiante, comprensiblemente muchos sostenían que la prioridad era buscar la paz y se debía dejan para después temas el ambiente o el ordenamiento territorial. El proceso de paz ofrece las condiciones para adentrarse en toda esta problemática con más energía, libertad y pluralidad, y esto abre oportunidades para transiciones postextractivistas.

Si bien las consecuencias del conflicto armado no se han perdido, e inevitablemente afectarán los debates postextractivistas, es posible compartir algunas ideas. En primer lugar, debe apuntarse que la cuestión ambiental no ha sido plenamente incorporada en los planes de paz, como ha sido señalado por varios analistas. Los postextractivismos deben remontar esto ya que cualquier alternativa debe atender las cuestiones ecológicas.

En segundo lugar, el conflicto armado generó muchos daños ambientales pero a la vez impidió el avance de la apropiación de los recursos naturales en distintas áreas. Hoy existe un riesgo real, también señalado por varios analistas, que el acceso del Estado a territorios que antes estaban en manos de las FARC, desencadene un aumento de la presión extractiva. Hay muchas razones para esto, destacándose que el gobierno necesitará fondos para sostener la desmovilización y puede buscarlos en rubros como minería o petróleo. A su vez, las empresas ahora estarían dispuestas a ingresar en esos sitios en la medida que se consolide la paz. De la misma manera, no debería sorprender que grupos desmovilizados busquen en la minería aluvial u otros extractivismos una vía para sostenerse económicamente.

Es más, si se toman en cuenta las experiencias de otros países, no sería raro que alguna autoridad estatal comience a justificar los extractivismos como necesarios para la paz bajo la conocida excusa de sus supuestos réditos económicos. Entonces, los debates sobre postextractivismos deberán ser muy afinados para no quedar atrapados bajo etiquetas como las de impedir la pacificación.

Todo esto abre opciones para exploraciones, concesiones o emprendimientos mineros y petroleros, o por el avance agropecuario, sobre los páramos y otras zonas andinas, en la Amazonia, el Chocó y otras regoines. En muchas de esas zonas están ubicadas reservas forestales, áreas protegidas o son tierras en manos de comunidades indígenas. Se ha advertido que más del 90% de los municipios con prioridad en el posacuerdo, tienen alguna figura de protección o de regulación, y que en los municipios más afectados por el conflicto, en el 80% ya hay títulos mineros otorgados (8). Esto explica enormes riesgos sobre la biodiversidad y las comunidades locales (especialmente indígenas y campesinos), y mayores efectos derrames como la desterritorialización.

Pero más allá de esas cuestiones, hay otra todavía más compleja. Las herencias políticas y culturales del conflicto y la propia tónica de los gobiernos conservadores han hecho que varios sectores sociales aceptaran como natural un alto nivel de violencia y repetidos incumplimientos de los derechos humanos. El Estado ha ejercido controles militarizados, y persisten hostigamientos a líderes locales, y la cifra de asesinatos es escandalosa (26 homicidios de líderes defensores de la tierra en 2015; la tercer cifra más alta del mundo; 9).

Los extractivismos no sólo avanzan bajo estas condiciones de violencia, sino que las aprovechan para implantarse en contra de la resistencia local. Hay extractivismos como la megamineria a cielo abierto o el fracking, donde la violación de derechos no es una consecuencia sino una condición previa y necesaria para poder implantarlos.

Bajo condiciones de violencia se vuelve muy dificultoso, riesgoso, y hasta imposible plantear opciones alternativas. Este es un enorme escollo para las alternativas, ya que presentarlas y discutirlas necesita de un marco democrático y de la salvaguarda de los derechos de las personas que las postulan. Cualquier avance en una agenda postextractivista requiere desmontar esa naturalización de la violencia, y desde allí surgen sus medidas de emergencia que protejan a los grupos locales y sus líderes, y el apoyo a la democratización de las decisiones.

 

Las oportunidades para los postextractivismos

Frente a esas severas restricciones también hay muchas oportunidades. Comencemos por señalar que la movilización ciudadana frente a los extractivismos se ha potenciado en todo el país, y existe un creciente consenso sobre sus impactos negativos. Todo esto alimenta la necesidad de buscar alternativas.

Las iniciativas ciudadanas de promover consultas locales son otro aporte sustantivo. Ellas contribuyen a democratizar el debate y las decisiones, y a su vez ejemplifican una de las medidas propias del postextractivismo. El papel de la Corte Constitucional también debe ser valorado, demostrando las consecuencias positivas que tiene un ejercicio independiente y concreto de la justicia. Estos componentes pueden potenciar transiciones basadas en las justicias ambiental y ecológica.

A su vez, en el país hay innumerables iniciativas ambientales y sociales locales que han florecido incluso bajo el conflicto, y que en condiciones de paz no sólo representan ejemplos de alternativas posibles sino que se podrían ampliar y replicar (10).

Finalmente, asoman desde distintos sitios otros componentes propios de los postextractivismos incluso más radicales. Por ejemplo, la demanda de moratorias mineras o petroleras se ha debatido en países vecinos como Ecuador y Perú, pero parecería alejada al estado del debate actual en Colombia. Pero es interesante observar cómo diferentes analistas llegan casi a esa conclusión en el país. Por ejemplo en un reciente intercambio sobre las consultas ante la minería (11), M. Hofstetter (Uniandes) hace en parte una defensa de la minería (confundiendo extractivismo con minería) pero admite una moratoria en la minería de oro, una extracción innecesaria. Juan Camilo Cárdenas (también de la Uniandes) le replica, y lo interesante es que afirma que “m ientras no hagamos una contabilidad correcta” de todos los costos, “es mejor esperar”. Esos dos componentes, la clarificación de los costos y las moratorias en algunos tipos de emprendimientos, son medidas centrales en los postextractivismos.

También existen varias propuestas de marcos genéricos para incorporar el ambiente en el proceso de paz, las que brindan muchos insumos para los postextracivismos (12). Pero es necesario insistir en una de las particularidades en esta perspectiva, su insistencia en medidas concretas, entendibles y replicables. Por ello es necesario ofrecer algunas precisiones.

La primera es que muchos sin duda estarían de acuerdo con amplios llamados como cambiar la matriz exportadora, y de hecho el postextractivismo tiene el mismo reclamo. Pero en lo que insiste es en precisar con creciente detalle cómo puede lograrse esas metas, cómo serían sus políticas públicas, sus planes de acción, y sus instrumentos de gestión. Es que no es raro que los llamados genéricos por la justicia resulten simpáticos, pero ante esa falta de precisión buena parte de la opinión pública escoge no arriesgarse y recae una y otra vez en los extractivismos. Por esto los postextractivismos tienen que ofrecer medidas concretas, siempre que sea posible referidas a sus implicancias económicas o a ejemplos concretos, y tienen que ser entendibles por el público.

La segunda se enfoca en articular con precisión los instrumentos con estrategias y políticas. Es que en muchas ideas alternativas se ofrecen sobre todo instrumentos en forma aislada, sin evaluar si su aplicación no genera políticas implícitas que al poco tiempo serán una traba. Por ejemplo, es común presentar como alternativa a los extractivismos los planes de ordenamiento territorial, y sin duda son muy valiosos, pero no aseguran un tránsito postextractivista. Es que pueden haber consultas ciudadanas donde un ordenamiento territorial legitime, pongamos por caso, una minería intensa (y existe evidencia sobre esto en países vecinos). Por lo tanto, no basta con presentar al ordenamiento territorial, sino que éste debe derivarse de planes de acción que a su vez respondan a mandatos en políticas públicas como es la salvaguarda de los derechos de la naturaleza.

Otro ejemplo común es presentar como alternativa a los extractivismos instrumentos como pagos por servicios ambientales, cuantificar el capital natural y otras herramientas de la llamada economía verde. Por ejemplo, la propuesta de Naciones Unidas para incorporar el ambiente y el ordenamiento territorial en el proceso de paz tiene aciertos notables (como fortalecer la institucionalidad ambiental o revisar la participación estatal en las rentas mineras), pero termina reclamando “promover modelos de desarrollo local sostenible y crecimiento verde que también se basen en el uso sostenible del inmenso capital natural de la nación”. De manera muy similar, la reciente propuesta de desarrollo rural y paz, tiene varias ideas compartibles, pero al abordar las iniciativas económicas cae otra vez en asumir que pueden haber tecnologías “sostenibles” para los extractivismos y en los “mercados verdes”.

Ante este tipo de propuestas, el postextractivismo las analiza con detalle. Insiste en que instrumentos pagos por servicios ecosistémicos o ideas como capital natural no son neutros. Si se los aplica y se los usa, se genera una política pública que acepta la mercantilización de la naturaleza, y esto desemboca en que más temprano que tarde se volverá imposible cumplir con los mandatos de conservación, se recae en las clásicas tensiones entre economía y ecología, y persistirán los extractivismos.

Instrumentos como los pagos por servicios ecosistémicos pueden ser positivos en un inicio, pero no permiten dar otros pasos adicionales para salir de los extractivismos. Usar instrumentos propios de entendimientos políticos de una naturaleza como conjunto de bienes y servicios que pueden ser transados en los mercados es justamente la base de los extractivismos. Por ello, es un instrumento que en el mediano plazo violaría un mandato central del postextractivismo que es asegurar la protección de la Naturaleza.

Los postextractivismos hacen este ejercicio una y otra vez, evaluando si cada instrumento permite avanzar hacia alternativas más profundas y abarcadoras. A su vez, su racionalidad es inversa, ya que se parte de los mandatos y principios en las políticas y desde allí se derivan planes de acción con sus instrumentos. Siguiendo con el ejemplo, el postextractivismo tiene como uno de sus pilares la protección de la naturaleza (entendida como derechos propios en ésta), y ese es un mandato independiente de si alguien puede pagar o no por ello.

Como puede verse, los postextractivismos son un campo en pleno nacimiento, dando sus primeros pasos, aunque descansa sobre una rica diversidad de saberes y experiencias, desde las comunidades locales a las reflexiones académicas. No es un mero ejercicio intelectual, sino que es un esfuerzo necesario y urgente para lidiar con el avance de los extractivismos y todos sus impactos.

Referencias: (…)

Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Twitter: @EGudynas

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228855

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Hemos escuchado a menudo denunciar la falsedad de las promesas electorales pero pensemos en qué sentidos comunes interpelan para tener éxito. Cristina Fernández de Kirchner y Unidad Ciudadana interpelan a que se delegue en ellas la lucha contra el ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Examinemos:

El ajuste, causas y explicaciones

23 de junio de 2017

 

Hay un lugar común en el que coinciden las más diversas fuerzas políticas, desde la derecha hasta la izquierda, todos reconocen que el gobierno está aplicando un durísimo ajuste económico. Todos admiten que las medidas adoptadas perjudicaron a gran parte de la población, especialmente a los más humildes. Sin embargo, cada sector político sostiene una explicación diferente sobre las razones del ajuste. En este artículo nos proponemos examinar los argumentos del macrismo y el kirchnerismo, finalmente presentamos una explicación alternativa.

 

Por Jorge Saavedra (RPM).

El gobierno y la tesis del dolor necesario

El macrismo sostiene la tesis del “dolor necesario” (Letra P, 2/8/2016). El presidente reconoció que muchas de las decisiones que tomó “fueron duras, difíciles, dolieron y siguen doliendo” (La Capital, 10/7/2016). Sostiene que fueron necesarias por culpa de la pésima gestión anterior, que dejó el país al borde del abismo. El denominado “sinceramiento” de la economía era un paso doloroso pero necesario para ingresar en la senda del crecimiento. “Me duele tomar algunas decisiones, lo que generan, pero es el camino de la verdad” (La Nación, 7/4/2016). El consultor ecuatoriano Durán Barba, aceptó que Macri “ha tenido que tomar las medidas más duras” (Telam, 4/12/2016).

Según el gobierno, el crecimiento de la economía durante el kirchnerismo estuvo basado en una ficción, fue sustentado por el incremento artificial y desmedido del consumo. El empleo también fue sostenido de manera artificial, gracias al incremento innecesario de trabajadores estatales. Este modelo requería de la emisión monetaria permanente y el crecimiento ilimitado del gasto público, que generaban inflación y hacían inviable al “modelo kirchnerista” en el largo plazo, conduciéndolo inexorablemente a una catástrofe (son abundantes las comparaciones con Venezuela). En su lugar, el gobierno se propone recortar el gasto público y reducir la emisión monetaria. Dice que apuesta a seducir a los capitales extranjeros para que realicen inversiones genuinas que generen «empleo de calidad».

En definitiva, el gobierno afirma que es imprescindible “reorientar la economía hacia la inversión y las exportaciones” porque considera que “el modelo de crecimiento basado en el consumo interno está agotado” (Telam, 10/12/2016). Esta transición, entre un modelo basado en el consumo a otro sostenido en la inversión, sostienen, resulta inevitable y dolorosa. Pero sería la única forma de promover un crecimiento sostenible y crear empleo de calidad.

 

El kirchnerismo y la salida progresista de las crisis

Los defensores de la gestión anterior dicen que el gobierno de Macri está llevando adelante una política económica típicamente neoliberal. El kirchnerismo sostiene que la crisis fue generada por el mismo gobierno, porque alentó una distribución regresiva del ingreso y realizó una apertura indiscriminada de las importaciones. La pérdida del poder adquisitivo y el ingreso de productos extranjeros, perjudicaron a los trabajadores y a las pymes, destruyendo el mercado interno.

Para salir de la crisis, argumentan, hay que recomponer el poder de compra de los salarios y frenar el ingreso indiscriminado de productos importados, para insuflarle vida nuevamente al alicaído mercado interno, fuente de toda riqueza. Si aumentan los salarios, aumenta la demanda interna y por ende aumenta la producción nacional, entrando nuevamente la economía en un círculo virtuoso, circuito que el gobierno desarticuló, ocasionando el quiebre de empresas y comercios, generando hambre y desocupación. El gobierno destruye cualquier “brote verde que pudiera surgir por el lado del consumo y la producción nacional” (Página 12, 4/2/2017).

Entonces, para el kirchnerismo, la crisis es responsabilidad del gobierno de Macri y proponen una salida progresista, el aumento de salarios sería una de las claves para retornar al círculo virtuoso de la economía. La rebaja de las tarifas aliviaría la situación de las pymes y de la población en general. La recomposición del mercado interno, beneficiando a los más necesitados, sería la clave para salir de la crisis.

 

Una explicación desde la lógica del capital

Las crisis económicas se originan cuando los capitalistas dejan de invertir. Entonces, la economía se detiene. ¿Por qué los empresarios toman esa decisión? Porque las ganancias descienden por debajo del mínimo que consideran deseable. ¿Cómo se sale de la crisis? Incrementando nuevamente el margen de ganancias. En ese caso, los capitalistas encuentran apetecible volver a invertir, así vuelve a girar la rueda de la economía.

Entonces, los capitalistas sólo invierten cuando consideran que la tasa de rentabilidad es “razonable”, de lo contrario no lo hacen y se ingresa en un ciclo recesivo, donde disminuye la producción y se despide personal.

 

Desde hace 5 años, por diversos motivos, las ganancias capitalistas se fueron erosionando, en consecuencia, la inversión fue cayendo. ¿Cómo se recupera la rentabilidad? Reduciendo el costo de la mano de obra, es decir, bajando los salarios reales.

 

Más allá de cierta pirotecnia verbal, todas las fracciones de la burguesía coinciden en este diagnóstico. Este es el motivo, por el cual, las medidas económicas que proponían los principales candidatos burgueses eran muy similares, esto también explica el transfuguismo.

 

Al contrario de lo que piensa la progresía y sectores de la izquierda, no existen salidas progresistas a las crisis capitalistas. Es decir, la economía no puede volver a crecer aumentando los salarios o, como plantean algunos, estatizando los resortes fundamentales de la economía, o mejorando las condiciones de vida de las masas. En otras palabras, en el capitalismo, las crisis siempre las pagamos los trabajadores.

Para relanzar el ciclo de la acumulación capitalista, se deben generar las condiciones para recuperar la tasa de rentabilidad, sólo entonces, el capital vuelve a invertir y se reinicia el ciclo de crecimiento económico.

 

El ajuste que está llevando adelante el gobierno actual, responde a necesidades profundas del capital, no se debe a sus ideas neoliberales, ni a al origen gerencial de sus ministros, ni a su educación en escuelas privadas, ni por mera maldad. Las medidas gubernamentales tienen como objetivo recomponer la tasa de ganancias de los empresarios. Su contraparte inevitable es el deterioro de las condiciones de vida de las masas.

La quita de las retenciones, la devaluación del peso, el aumento de los servicios públicos, los estrictos topes salariales, las cláusulas de productividad, las buenas relaciones con las potencias imperialistas, el disciplinamiento del movimiento obrero, estos elementos tienen por objetivo incrementar las ganancias capitalistas y generar un clima confiable de negocios, para incentivar la inversión capitalista y reiniciar un nuevo ciclo de acumulación. Las denuncias de corrupción, verdaderas o falsas, apenas encubren estos objetivos de fondo.

La única solución definitiva en favor de los trabajadores consiste en terminar con el trabajo asalariado, expropiar a los empresarios y socializar los medios de producción. En caso contrario, el capital siempre encontrará la forma de recuperarse, disminuyendo el salario de los trabajadores, recomponiendo sus ganancias y reiniciado un nuevo ciclo de acumulación.

Sin embargo, los trabajadores no deben contemplar pasivamente el ataque a sus condiciones de vida, resulta imprescindible organizar la resistencia al ajuste, defendiendo los salarios, los puestos y las condiciones de trabajo, fortaleciendo la organización en los lugares de trabajo, practicando la democracia sindical, explicando pacientemente la necesidad de la lucha colectiva y la solidaridad de clase, frente al discurso gubernamental que promueve el individualismo y el sálvese quien pueda. Los períodos recesivos son momentos en que se pierden ingreso y conquistas. Pero si la clase obrera no resiste, las pérdidas serán mucho mayores y las posibilidades de mejorar la relación de fuerzas serán escasas.

 

Crisis económica y democracia capitalista

La crisis económica deja en evidencia una característica central del régimen capitalista. La decisión de invertir se encuentra en manos de privados, es decir, está reservada a una pequeña porción de la sociedad. El conjunto de la población está pendiente y sometida a las decisiones que adopte este sector diminuto, al cual se nos invita a complacerlo para que no se disguste, para que invierta y genere trabajo. Los empresarios son los únicos que resuelven si se produce, qué se produce y cómo se produce. Son ellos los que verdaderamente votan todos los días y no cada dos años, decidiendo la suerte de millones de seres humanos. Son sus pareceres los que determinan la vida de la inmensa mayoría de la población.

Ese gigantesco poder de decisión está vedado a las grandes mayorías populares, lo ejerce una pequeña minoría de la sociedad. Los socialistas proponemos que ese poder debe pasar a manos del pueblo trabajador, socializando los medios de producción, única manera de construir una sociedad verdaderamente democrática, terminando con la dictadura del capital.

 

Las elecciones que se avecinan, cualquiera sea su resultado, no torcerán la lógica implacable del capital, la crisis seguirá su curso, sin que pueda ser resuelta en favor de la clase obrera, dentro de los límites de este sistema.

 

Palabras finales

Tanto el macrismo como el kirchnerismo han generado cierto sentido común entre sus seguidores y franjas importantes de trabajadores. Por ese motivo, resulta fundamental analizar los sistemas de ideas que defienden estas corrientes políticas burguesas, porque sus explicaciones se han hecho carne en amplios sectores de la población. Las experiencias cotidianas de millones de personas son procesadas por el tamiz de estas interpretaciones de la realidad.

En definitiva, es fundamental comprender sus argumentaciones, analizarlas seriamente y desmontar sus supuestos, sembrando el terreno para una interpretación alternativa, una explicación socialista del mundo. La batalla ideológica es tan importante como la política y la sindical. En estos momentos, quizás como nunca antes en la historia, es imprescindible reconstruir el ideario socialista entre las más amplias masas de trabajadores, que dispute el sentido burgués del mundo. Explicar pacientemente la lógica del capital, es parte de esa inmensa tarea.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article14451

 

 

 

Ahondemos y comprobemos la anterior explicación de Jorge Saavedra donde sostiene: "no existen salidas progresistas a las crisis capitalistas. Es decir, la economía no puede volver a crecer aumentando los salarios o, como plantean algunos, estatizando los resortes fundamentales de la economía, o mejorando las condiciones de vida de las masas. En otras palabras, en el capitalismo, las crisis siempre las pagamos los trabajadores.

Para relanzar el ciclo de la acumulación capitalista, se deben generar las condiciones para recuperar la tasa de rentabilidad, sólo entonces, el capital vuelve a invertir y se reinicia el ciclo de crecimiento económico".

 

 

 

Portugal ¿respuesta progresista a la crisis?
1 de julio de 2017

Por Rolando Astarita

En una nota anterior (aquí) presenté los resultados económicos del gobierno de Syriza, y sostuve que su programa frente a las crisis no fue muy distinto de los programas que proponen los partidos habitualmente considerados neoliberales, o de la derecha ortodoxa. Esta apreciación se inscribe en la idea más general de que no existe salida “progresista” de las crisis capitalistas, en tanto subsistan las relaciones sociales capitalistas. Es que la crisis es el mecanismo mediante el cual no sólo se desvalorizan gigantescas sumas de capital –del capital productivo, mercantil y financiero-, sino también se desvaloriza la fuerza de trabajo, se recortan gastos sociales y empeoran las condiciones de vida de la población. Por esta vía se restaura la rentabilidad del capital, y se recuperan la inversión (o la acumulación) y el ingreso. Por eso, es que no hay crisis sin salida para el capitalismo. Y no hay forma de que los socialismos burgueses, o cualquier otra variante del posibilismo burgués, escapen a esta lógica que impone, de hecho, el capital.

 

Pensé que la experiencia de Syriza era muy ilustrativa. Sin embargo, algunos lectores del blog señalaron que lo hecho por el actual gobierno socialista de Antonio Costa, en Portugal, demostraría la posibilidad de una salida de la crisis mejorando las condiciones salariales y laborales de las masas trabajadoras. Recordemos que Costa asumió en noviembre de 2015 con la propuesta de “acabar con la austeridad para reactivar la economía”. En consecuencia, el nuevo gobierno restauró la semana laboral de 35 horas para los empleados públicos y les aumentó los salarios; paralizó privatizaciones en el transporte y recuperó el control de la línea aérea estatal;  elevó el salario mínimo y las pensiones; y adelantó incluso pagos al FMI. A su vez, en 2016 la economía de Portugal creció 1,6%; la tasa de desempleo hoy es del 10,3%; y el déficit fiscal se ubica en el 2,1%  del PBI (por debajo del 2,5%  que exigía la Unión Europea).

Dado que en 2014 el PBI bajaba más del 1%, y que la desocupación superaba el 16%, los defensores del PS piensan que aquí tenemos un caso palpable de cómo las políticas reformistas pueden eludir los ajustes y padecimientos asociados a las crisis capitalistas. Naturalmente, admiten que la deuda pública sigue siendo muy elevada (130% del PBI); que los bancos atraviesan graves dificultades por préstamos incobrables; y que la mejora en el déficit se debió casi exclusivamente a la reducción de gasto público. Pero lo esencial, apuntan, es que la economía salió de la recesión y se redujo el desempleo. Por eso no es de extrañar que Pedro Sánchez, ex secretario general del PSOE, ahora ponga como ejemplo a Antonio Costa de lo que hay que hacer en España (aunque dos años atrás su modelo a imitar era Syriza).

Los datos en perspectiva

Cuando se analiza una economía, es fundamental poner en perspectiva su evolución. En particular, es importante para saber si la subida del PS al gobierno de Portugal significó algún cambio sustancial en la dirección de la dinámica económica. Para ello, comenzamos con las tasas de variación del PBI entre 2007 y 2016 (los datos son tomados de Statistical Yearbook of Portugal, varios años).

Como puede observarse, la economía portuguesa cae violentamente a partir de 2007, experimenta un rebote en 2010, vuelve a caer hasta tocar fondo en 2012, y comienza a reducir su caída a partir de esa fecha. A mediados de 2013 pasa a tener un crecimiento positivo. O sea, la recuperación estaba en marcha antes de la asunción del PS. Algo similar se puede ver con la evolución de la tasa de desempleo:
 

Una crónica del ajuste 

Por otra parte, y a diferencia de lo que quieren hacer creer los defensores del socialismo burgués, la recuperación de la economía portuguesa en los últimos años ocurrió en paralelo a una profunda caída de las condiciones de vida de las masas trabajadoras. Y ese “ajuste” fue vehiculizado tanto por los partidos de derecha, como por el partido Socialista. Repasemos algunos hechos salientes:

En marzo de 2010, bajo la presión de la crisis y las exigencias de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI (la troika), el gobierno socialista de Sócrates hizo aprobar en el Parlamento un plan de austeridad que incluía, entre otras medidas, la reducción del gasto social y militar, la congelación de los sueldos de los funcionarios y la privatización de bienes públicos. En junio de ese año, y ante la inestabilidad financiera, se introdujo un segundo plan de austeridad, que dispuso el aumento del IVA y de los impuestos sobre las rentas de las personas físicas. Al año siguiente, en marzo, el Gobierno presentó un nuevo programa de austeridad, con bajas de las pensiones más altas, recortes en salud pública y limitación de beneficios fiscales. Este paquete fue rechazado por la oposición, tanto de derecha como de izquierda, y en marzo Sócrates renunció (aunque siguió en funciones hasta la elección de un nuevo gobierno).

Dada la imposibilidad de Portugal de afrontar la deuda, en mayo de 2011 la troika llegó a un acuerdo con el Gobierno para otorgar un préstamo por 78.000 millones de euros, a condición de que se impusiera un nuevo plan de ajuste, con congelación de salarios de trabajadores estatales y pensiones hasta 2013, recorte del gasto público por más de 900 millones de euros y reducción de las prestaciones por desempleo. En junio se realizaron las elecciones, ganando los conservadores. Asumió Pedro Passos Coelho, del partido Social Demócrata, de centro derecha, en coalición con el Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP). El nuevo gobierno aplicó más medidas de austeridad. Entre ellas, un impuesto del 50% que gravó la paga extra de Navidad de los trabajadores. También eliminó sus “acciones de oro” en las grandes empresas nacionales y aceleró las privatizaciones; recortó las indemnizaciones por despidos a 20 días; aumentó el IVA al gas y la electricidad; y congeló los sueldos de los funcionarios estatales hasta 2014. Asimismo se privatizó la electricidad (venta de la participación del Estado en la empresa EDP a la china Three Gorges).

Más importante aún, el gobierno de Passos Coelho hizo aprobar una reforma laboral por la cual disminuyeron las indemnizaciones por despido y se facilitó el despido por “inadaptación”, o “extinción del puesto de trabajo”; se redujo a la mitad la cantidad pagada por horas extraordinarias; y se recortó el subsidio de desempleo, que solo podía ser cobrado durante dos años y dos meses, contra tres años y un mes antes de la reforma. También se quitaron los tres días de vacaciones que algunas empresas daban a los empleados que no faltaban durante el año; se suprimieron cuatro días festivos; y se creó una bolsa de 150 horas extra a disposición de la empresa, que decide qué días se trabaja. Esta reforma se impuso, a pesar de la resistencia de los trabajadores y la huelga general convocada por la CGTP, el 24 de marzo de 2012.

Aun con estas medidas, en enero de 2013 el FMI todavía recomendaba a Portugal reducir las pensiones, despedir profesores y funcionarios y subir los precios de la salud pública. La Comisión Europea, por su parte, pedía que se redujeran las indemnizaciones a 12 días. En consecuencia, las medidas de austeridad se mantuvieron en 2013, a pesar de la contracción económica. Y cuando en abril el Tribunal Constitucional anuló algunas medidas de austeridad que había tomado el Gobierno, este congeló el gasto público, elevó a 66 la edad de jubilación y creó un nuevo impuesto para los pensionados. En protesta, la CGTP convocó, con el apoyo de la UGT (socialista), a un paro general que se realizó el 27 de junio. Lo cual no impidió que en julio el Parlamento aprobara el aumento del horario de trabajo para los estatales de 35 a 40 horas semanales.

Sobre esta base, a mediados de 2013 la economía comenzó una lenta recuperación, y el desempleo comenzó a bajar lentamente. La mejora se debió al aumento de las exportaciones y a una menor caída de la inversión. A su vez, empezó a bajar la tasa de interés que pagaba Portugal por tomar deuda. En mayo de 2014 el país salió oficialmente del rescate de la deuda, pero aún así el Gobierno se comprometió a seguir con las medidas de ajuste. En septiembre se privatizó la compañía estatal de aguas y residuos, EGF. También ese mes el Gobierno, la UGT y los empresarios acordaron subir el salario mínimo a 505 euros brutos al mes. En octubre se dispusieron, para el presupuesto 2014, nuevas bajas en los salarios de los estatales, de entre el 2,5% y 12%. Hubo huelgas en hospitales y escuelas. En junio de 2015 se privatizó la línea aérea TAP. En octubre el primer ministro Passos Coelho ganó las elecciones, pero no obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento. Esta circunstancia abrió la puerta a un pacto entre el Partido Socialista de António Costa, el Bloque de Izquierdas y el Partido Comunista, que dio lugar a la formación del nuevo gobierno.

 

Moderación socialista y elogios del FMI

Las medidas tomadas por Costa representan entonces un retroceso muy parcial con respecto a lo que avanzó el capital sobre las condiciones de vida y de trabajo. Nada que afecte la relación, en algún sentido profundo, con la troika. Después de todo, el gobierno socialista ha sobrecumplido las metas del déficit fiscal. Y cuando se agravaron los problemas de los bancos, no dudó en socorrerlos con ingentes cantidades de dinero (unos 4.000 millones de euros). Por otra parte, la reforma laboral, un punto crucial de las relaciones capital-trabajo, se ha mantenido. Por eso es significativo el diagnóstico del FMI (consulta Artículo IV, 19-20 de junio 2017) sobre la situación:

“El panorama de corto plazo de Portugal se ha fortalecido considerablemente, sustentado en una suba de la inversión y continuado crecimiento de las exportaciones, en tanto ha ganado fuerza la recuperación en el área del euro. Portugal también ha realizado considerables progresos en encarar riesgos de corto plazo. El fuerte resultado fiscal de 2016 le ha permitido salir del Procedimiento por Déficit Excesivo, en tanto que en 2017 el objetivo del déficit fiscal también parece que es alcanzable. También ha habido progresos en el último año en estabilizar el sistema bancario…”.

Podemos discrepar acerca de la fortaleza de la recuperación que describe el FMI, pero lo importante para lo que nos ocupa es que por ningún lado se advierte algún tipo de “heterodoxia” del PS que sea preocupante para los poderes establecidos. En definitiva, en Portugal hubo una recuperación desde lo más profundo de la crisis, que siguió las pautas de todas las recuperaciones capitalistas: significó increíbles sacrificios y el retroceso de las condiciones laborales y de vida de las masas trabajadoras.
Fuente: https://rolandoastarita.blog/2017/07/01/portugal-respuesta-progresista-a-la-crisis/#more-7591

 

 

 

Veamos consigna y medida gubernamental desde izquierdas electoralistas.

 

 

 

La lucha por las ocho horas de trabajo y la tradición socialista
4 de julio de 2017

Por Rolando Astarita

En los últimos tiempos algunos partidos de izquierda de Argentina han agitado con insistencia a favor de la reducción de la jornada de trabajo a seis horas por día, durante cinco días a la semana (o sea, 30 horas semanales). La demanda se defiende con dos argumentos centrales: por un lado, reducir la jornada de trabajo para disfrutar de más tiempo libre y reponer energías. En segundo término, para acabar con la desocupación (junto al aumento de salarios). Con la campaña electoral se ha intensificado esta agitación.

Con el fin de aportar elementos para el análisis y la discusión en la izquierda, en esta nota presento algunas ideas sobre el sentido que tuvo para el marxismo la lucha por la reducción de la jornada de trabajo.

Para empezar, debemos decir que históricamente el marxismo apoyó la demanda de reducción de la jornada de trabajo porque es clave para preservar la fuerza de trabajo. Como explica Marx en El Capital (cap. 8, t. 1), una vez adquirida la fuerza de trabajo, el capital busca utilizarla el máximo de tiempo posible, y el obrero intenta que no se agote prematuramente. Son dos derechos en conflicto, y entonces lo que decide hasta dónde se extiende la jornada laboral es la fuerza, la lucha de clases. Así, en sus orígenes el capital presiona por alargar la jornada de trabajo –la plusvalía debe entenderse como una prolongación de la jornada de trabajo más allá del punto en que el obrero repone el valor de su fuerza de trabajo-, y en una segunda etapa el trabajo pone límites y logra reducir los horarios de trabajo. Es una pelea del capital por aumentar la plusvalía absoluta; y de la clase obrera por reducirla. La plusvalía absoluta, recordémoslo, siempre está vinculada al desgaste físico de la fuerza de trabajo. En consecuencia, la reducción de la jornada de trabajo se ubicaba, en la óptica del marxismo, en el terreno de la lucha por la distribución. No cuestionaba el sistema social basado en el trabajo asalariado.

Por otra parte, los autores clásicos nunca consideraron que la reducción de la jornada de trabajo pudiera acabar con el desempleo. Marx y Engels nunca sugirieron semejante cosa. El programa del Partido Obrero de Francia, redactado por Marx, no decía palabra sobre reducir la jornada de trabajo para acabar con la desocupación. Concretamente pedía un día semanal de descanso, trabajo de ocho horas para los adultos, prohibición del trabajo a menores de 14 años. En ningún momento se sugiere siquiera que se pudiera acabar con el desempleo mediante estas reducciones. Tampoco los programas de la Segunda Internacional, inspirados por Engels, hablan de acabar con el desempleo reduciendo la jornada laboral. Ni Marx  propuso algo semejante a la Primera Internacional. La razón central es que el ejército de desocupados es alimentado, de forma casi permanente, por la utilización capitalista de la máquina (o de la automatización) para mantener a raya a los obreros. Y en tanto exista la propiedad privada del capital, esta presión sobre el trabajo se renueva una y otra vez. A ello se suman las crisis económicas periódicas, que multiplican súbitamente el número de desempleados (véase, por ejemplo, caps. 13 y 24, t. 1; cap. 15, t. 3. de El Capital). Agreguemos que la mecanización y las crisis periódicas no pueden eliminarse del sistema capitalista mediante la reducción de la jornada de trabajoMarx era consciente de estas cuestiones, y por esta razón no se le ocurrió sugerir que el desempleo pudiera eliminarse mediante el ingenioso procedimiento de reducir la jornada laboral.

No eran entendidas como una panacea

Lo explicado más arriba nos ubica en la perspectiva con que la Segunda Internacional, bajo inspiración de Engels, encaró la lucha por las ocho horas de trabajo, a fines del siglo XIX. Dos cuestiones nos parecen relevantes. La primera, es que el marxismo agitó la consigna de las ocho horas en un sentido distinto del que lo hacían los dirigentes sindicales reformistas (tradeunonistas). Estos buscaban limitar legalmente la jornada de trabajo a ocho horas, a fin de reclamar un pago extra por las horas que excedieran ese límite. Engels y los socialistas, en cambio, abogaban por una limitación efectiva de la jornada de trabajo a las ocho horas. El siguiente pasaje de una carta de Engels a Kautsky, con fecha del 20 de abril de 1892, sintetiza la diferencia:

“Las ocho horas propugnadas por la mayoría del Consejo de las tradeunions meramente implica el pago del salario ordinario por ocho horas, y que cualquier trabajo por encima de eso sea pagado como sobretiempo a una vez y media o dos veces la tasa ordinaria; por lo tanto, las ocho horas diarias demandadas por esta gente son muy diferentes de lo nuestro, lo que significa que en el curso del año, después del día de mayo, el conflicto va a estallar…”.

Y en carta a Laura Lafargue, del 11 de septiembre 1892, luego de señalar la rapidez con que se había popularizado la demanda, dice: “… los trabajadores ingleses están tan hondamente infectados con el espíritu parlamentario del compromiso que no pueden avanzar un paso sin al mismo tiempo retroceder 3/4 o 7/8 de paso hacia atrás. Por lo tanto, el súbito despertar del entusiasmo por las ocho horas (tres años atrás considerada una imposibilidad por la misma gente que ahora reclaman por ella con la voz más fuerte) ha casi tenido éxito en darle un carácter reaccionario a ese grito. Es la panacea universal, la única cosa en la que pensar” (énfasis agregado).

En este respecto, parece claro que las ocho horas de trabajo hoy rigen en el sentido en que lo pensaban los sindicalistas reformistas. Actualmente los sindicatos aceptan el sobretrabajo como normal, y los trabajadores, dados los bajos salarios que reciben por las ocho horas, incluso solicitan hacer horas extra. Más aún, en muchas empresas el reparto de las horas extra es utilizado por los capataces y direcciones de personal para dividir a los trabajadores, o castigar a los activistas.

Pero en segundo lugar, y más importante, Engels observa, críticamente, que los sindicalistas reformistas habían convertido la demanda de las ocho horas “en la panacea universal”. Por eso, y en oposición a los sindicalistas, los socialistas explicaban a los trabajadores que las ocho horas eran sólo una condición en la lucha por acabar la explotación.

Esta idea está magníficamente expresada por Clara Zetkin en el siguiente pasaje:

“Ciertamente, la demostración de mayo [se refiere al primero de mayo] fue decidida por el Congreso Internacional en París con el fin de mantener enérgicamente la reivindicación de la ocho horas diarias, y la legislación protectora del trabajo en general. Pero el carácter del Congreso y las discusiones que precedieron a la decisión indudablemente afirman que las reformas reclamadas no constituyen el objetivo final del movimiento obrero, sino solo medios para servir a esos objetivos. Son alimento en el camino de la clase obrera revolucionaria, en marcha a la conquista del poder político, y por medio de este, de la libertad económica y social: no son nada menos, pero tampoco nada más. Importantes como lo son –condiciones necesarias para el desarrollo poderoso del movimiento obrero- la clase trabajadora nunca venderá por un plato de lentejas de reformas su derecho primogénito a la revolución social. Las reformas mejoran la situación de la clase obrera, alivian el peso de las cadenas con que el trabajo está cargado por el capitalismo, pero no son suficientes para aplastar al capitalismo y emancipar a los trabajadores de su tiranía (“The Worker’s International Festival”, 1899,https://www.marxists.org/archive/zetkin/1899/05/festival.htm).

Textos de Rosa Luxemburgo también van en el mismo sentido. Lo fundamental es que los socialistas no ilusionaban a los trabajadores con falsas promesas. Como decimos hoy popularmente, “no vendían humo”. Es que si la reducción de la jornada de trabajo se presenta como una panacea –la “solución mágica” de los padecimientos de las masas explotadas y oprimidas- el mensaje pasa a tener un carácter apologético del capitalismo, y se convierte incluso en reaccionario. Por eso, en la tradición del socialismo revolucionario, la demanda de reducción de la jornada de trabajo era concebida solo como un paso adelante por generar condiciones para luchar por acabar con la explotación. La base del análisis de aquellos socialistas, por supuesto, era la teoría de la plusvalía y de la acumulación desarrollada en El Capital.

Fuente: https://rolandoastarita.blog

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Desaceleración económica

El “empleo urgente” del gobierno

no resolverá la precariedad laboral y el desempleo creciente

12 de mayo de 2017

La semana que transcurre se  asignaron 146 millones de dólares a un paquete de cinco programas para reducir el desempleo citadino y la pobreza rural, lo que significa  apenas el 2,4% del costo estimado de un publicitado megaproyecto hidroeléctrico. Este es el verdadero lugar que se otorga al empleo, pese a su centralidad para asegurar el bienestar de los trabajadores y sus familias. En el trasfondo, la  economía boliviana disminuyó su crecimiento en dos puntos porcentuales en el año 2015 y mostró cambios importantes como la caída de la incidencia de los sectores productivos en el PIB. Esto viene provocando un mayor desempleo y precariedad laboral que no se podrá resolver con “planes de empleo urgente”.

 

Por CEDLA

 

La dinámica del crecimiento económico latinoamericano al inicio de esta década siguió asociada a factores externos como el aumento de la demanda y los precios de los productos de exportación, la disponibilidad de liquidez o financiamiento y, a factores internos como la expansión del consumo privado sostenido por el aumento del gasto público, el aumento del empleo, los salarios y la expansión del crédito al sector privado.

Sin embargo, estos determinantes comenzaron a deteriorarse en los últimos años a causa de la desaceleración de la economía china y del bajo crecimiento del mundo desarrollado, provocando una importante caída de los precios de los bienes primarios y la creciente volatilidad en los mercados financieros[1].

En Bolivia, estas mismas causas llevaron a la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2013, cuando se alcanzó un crecimiento inédito del 6,8%. Desde entonces, los menores ingresos por la exportación de materias primas con escaso valor agregado —principalmente gas, minerales y derivados de soya— y el aumento de las importaciones baratas desde China y los países limítrofes, repercutieron en desequilibrios macroeconómicos (déficit fiscal, comercial y de la cuenta de capital), que amenazan con dejar atrás la continuidad del crecimiento experimentado durante los últimos 10 años.

 

La desaceleración y sus efectos en el empleo

La desaceleración económica llevó a la disminución en el crecimiento del PIB hacia 2015 (4,8%), y a un cambio trascendente en su composición. Por segundo año consecutivo se redujo la incidencia de los sectores productivos —hidrocarburos, minería, industria manufacturera y agropecuaria— en la variación del PIB (1,4%), mientras que los sectores de servicios —administración pública, financieros, empresariales, transporte, comunicaciones y servicios básicos— pasaron a liderar el crecimiento económico con un aporte del 2,5% al incremento anual. Esto revela el carácter discursivo de las políticas y planes gubernamentales referidos a los procesos de diversificación de la matriz productiva e industrialización en la última década.

Esta recomposición del crecimiento tiene efectos directos e indirectos sobre el empleo pues con una misma unidad porcentual del PIB en actividades productivas o de servicios pueden lograrse impactos muy diferentes en el mercado laboral. Por su naturaleza, los servicios tienen límites en la generación de nuevos empleos cuando mantienen una escasa relación con actividades de apoyo a la producción y se concentran en los servicios al consumidor final en los cuales la productividad crece lentamente o definitivamente no crece y la demanda laboral se estanca, como sucede en el país.

En cambio las actividades productivas, a pesar de su menor crecimiento en casi todos los rubros, tienen mayor potencial de generación de empleo —directo e indirecto— por su eslabonamiento con el resto de la economía para la provisión de materia prima y la circulación de bienes, incluso en contextos caracterizados por un débil tejido industrial. Al parecer, los factores que explicaban el crecimiento económico no provenían necesariamente de la demanda interna como se venía sosteniendo desde el discurso oficial, sino de la demanda y los precios internacionales de las materias primas. De otro modo, la desaceleración industrial reciente habría sido más atenuada.

Se estima que por cada décima de punto porcentual que no crece la región, se deja de generar unos 100 mil empleos[2]. En el país se han perdido varios puntos, no solo décimas en los últimos años y, esto afecta al mercado laboral. Los datos oficiales muestran que ya hubo una caída en la ocupación y un aumento en el desempleo, pero las evidencias superan las cifras día tras día y se manifiestan en las declaraciones públicas empresariales, en los conflictos laborales que surgen en diferentes sectores de actividad y en los testimonios sobre los despidos o la insuficiencia de los salarios frente al costo de vida que reflejan los medios de comunicación[3].

Todo esto ocurre en ausencia de políticas estatales para impulsar la diversificación y producción de bienes con mayor valor agregado, una situación que continuará en el corto y mediano plazos, porque los planes de inversión pública siguen priorizando sectores extractivos intensivos en capital hasta 2020 (hidrocarburos, energía, minerales), con megaproyectos de lenta maduración financiados con más deuda externa. Esto llevará a reproducir un modelo económico que ha dejado atrás el imperativo de generación de empleos y la mejora de su calidad. Como en otros escenarios de desaceleración económica, los resultados en términos de empleo están a la vista.

 

Un contexto difícil para los trabajadores: desempleo y precariedad laboral

La mejora de algunos indicadores laborales durante la década pasada está en franco retroceso en este nuevo contexto global que ha provocado la desaceleración del crecimiento económico; la tasa de ocupación disminuye rápidamente en las principales ciudades del país, mientras que la tasa de desempleo aumenta en forma lenta pero constante, como se muestra en el Gráfico.

Es posible afirmar, que la desocupación real es mucho mayor de lo que sugieren las estadísticas oficiales (4,7%) tanto por el llamado efecto desaliento que lleva a que muchos trabajadores desistan de buscar empleo por las dificultades que tienen para encontrar uno, como por el autoempleo en actividades ocasionales de bajos ingresos que no hacen más que encubrir la falta de alternativas de trabajo.

Mientras no se logra frenar la desaceleración económica con el gasto público, el desempleo y la informalidad siguen creciendo con las consecuencias sociales que esto tiene, en particular para las mujeres, los jóvenes y los profesionales en general. Una encuesta de demanda laboral realizada por el CEDLA en empresas con cinco y más ocupados de La Paz y El Alto, mostró que al optimismo expresado por los empleadores sobre la perspectiva de sus actividades, pronto le siguió la incertidumbre sobre el futuro: desde 2015, la mayoría ya no apostaba por un mejor desempeño empresarial y menos por nuevas inversiones para mantener, al menos, el tamaño de su personal, como ahora se puede comprobar.

La escasa incorporación de tecnología y/o modernización de los procesos de trabajo que caracterizan a gran parte de las empresas grandes, medianas y pequeñas, da lugar a una pérdida creciente de competitividad que afecta su dinamismo, con efectos negativos sobre el nivel de empleo, con pocas excepciones. Si con un crecimiento promedio superior al 5% y una importante incidencia de los sectores productivos no fue posible impulsar el aumento sostenido del empleo, con la actual desaceleración y recomposición del PIB centrado en los servicios, la posibilidad de generar más y mejores empleos se hace cada vez más lejana.

Las políticas dirigidas a la generación de empleo y la mejora de su calidad debieron comenzar en 2006, pero el gobierno incumplió uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que prometía potenciar los sectores productivos, mejorar la productividad y diversificar la producción con mayor valor agregado con vía para avanzar en esa perspectiva. Cuando no hay buena siembra hay poco que cosechar y las consecuencias recaen sobre las espaldas de los trabajadores.

 

La respuesta estatal: plan para generar “empleo urgente”

Considerando los problemas estructurales que afectan al mercado de trabajo, es cuando menos ilusorio tratar de disminuir la desocupación con programas de empleo temporal en obras públicas municipales, programas basados en subsidios empresariales o en la entrega de fondos semilla para nuevos emprendimientos —cuando otros se van cerrando por miles— como propone actualmente el gobierno. Esto ha sido ampliamente demostrado en la evaluación de programas similares en los últimos 30 años y ratifica la necesidad de encarar verdaderas políticas que promuevan empleos productivos y condiciones laborales adecuadas, más allá de planes públicos de bajo presupuesto que se caracterizan por generar puestos de trabajo de baja calidad.

En efecto, se asignaron 146 millones de dólares a un paquete de cinco programas, menos que al Fondo Indígena II (200 millones) y apenas el 2,4% del costo estimado de un megaproyecto hidroeléctrico que se pretende implementar. Este es el verdadero lugar que se otorga al empleo, pese a su centralidad para asegurar el bienestar de los trabajadores y sus familias.

[1]Balance preliminar de las economías de América Latina y El Caribe, CEPAL: Santiago de Chile, 2015
[2] Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe. Mejoras recientes y brechas persistentes en el empleo. OIT/CEPAL: Santiago de Chile,2016
[3] Alerta Laboral No.75, CEDLA: La Paz, mayo 2015; OBESS-www.cedla.org, 2016

Fuente: http://www.bolpress.com/2017/05/12/el-empleo-urgente-del-gobierno-no-resolvera-la-precariedad-laboral-y-el-desempleo-creciente

 

 

Pensemos que esa delegación de la lucha contra el ajuste en CFK o las luchas de las burocracias sindicales por paritarias van contra la toma de conciencia de los trabajadores que de ellos depende liberarse o salir de ese constante reclamo angustiante. Esta concepción equivocada se manifiesta también en qué consideramos cambios revolucionarios.

 

 

Chavismo o independencia de clase

19 de marzo de 2014

Por Rolando Astarita

Como lo ponen en evidencia los intercambios que he tenido en “Comentarios” a raíz de la nota sobre control bonapartista, mis diferencias con la izquierda chavista son profundas. Alguna gente se sintió ofendida porque planteé que, de hecho, estamos en “veredas opuestas”, ideológica y políticamente, pero no hay otra manera de decirlo. Es que hay dos visiones contrapuestas: una que hace eje en que el movimiento obrero mantenga una actitud autónoma y hostil hacia el conjunto de la clase dominante y el Estado. Y otra que pone el acento en la colaboración con el proyecto del socialismo siglo XXI, dirigido desde el Estado. En esta entrada amplío sobre qué significa un accionar independiente, autónomo, de clase.

 

Carácter irreconciliable del antagonismo

El fundamento último de una estrategia política autónoma de las fuerzas del trabajo es la conciencia de clase. En términos leninistas, conciencia de clase es conciencia del carácter irreconciliable del antagonismo entre el capital, de conjunto, y el trabajo. Es también conciencia de la naturaleza burguesa del Estado, de su rol en el sostenimiento de la relación de explotación, y de la imposibilidad de reformarlo “desde adentro”. Este carácter del Estado no se altera en los países dependientes (ver más abajo).

Por eso la independencia de clase exige una actitud hostil de los explotados hacia la clase dominante de conjunto. Es un criterio general que ordena las orientaciones tácticas y los programas de acción. De ahí el rol de la crítica. La critica hacia toda forma de explotación y sujeción de los trabajadores es la condición indispensable para avanzar en la autonomía de la clase trabajadora. La raíz última de esta crítica es la teoría de la plusvalía de Marx (esto es, la teoría de la explotación del trabajo por el capital). Por esta razón no puede haber política socialista y revolucionaria sin teoría, sin crítica, sin debates y elaboración colectiva.

Contradicción de clase en el país dependiente

Precisemos también que la autonomía de clase tiene como fundamento el reconocimiento de que en los países dependientes la relación social fundamental es capitalista. Esta afirmación se enfrenta al discurso “nacional marxista”, o “nacional y popular”, que sostiene que los trabajadores de los países dependientes deberían colaborar con las fracciones “nacionales” de la clase dominante, o de las instituciones estatales, para liberar al país o sostener la independencia nacional. Como he argumentado en otras notas, en prácticamente ningún país de América Latina está pendiente la liberación nacional. Y en particular en Venezuela, hoy no existe ninguna fracción de la clase dominante que tenga como proyecto convertirla en una colonia o semicolonia. Así como el ascenso del chavismo al poder no cambió el carácter dependiente del país, un eventual ascenso de la burguesía opositora no implicará algún cambio significativo del estatus de dependencia. Agrego: hoy no hay ninguna posibilidad de que EEUU lance una operación colonialista sobre Venezuela. No hay, por lo tanto, razón para que el movimiento obrero se plantee alguna forma de “unidad de acción antiimperialista”.

 

Golpes militares o fascistas e independencia de clase

A lo largo de la historia, la independencia de clase no fue impedimento para que los marxistas distinguieran entre diversas formas de regímenes políticos burgueses. Hay una diferencia apreciable entre ir a parar a un centro de detenciones clandestino, a ser detenido con derechos al habeas corpus y abogado defensor. Los socialistas defendemos una democracia burguesa frente a un golpe fascista, o una dictadura militar. Ningún marxista dejó de luchar contra Pinochet o Videla; y la izquierda de conjunto estuvo en contra del intento de golpe militar en Venezuela de 2002. Pero se trata siempre de defensas de la democracia burguesa ante ataques concretos, identificables.

Sin embargo, se plantea una situación muy distinta cuando el gobierno o alguna fracción de la clase dominante agitan el peligro del golpe, o del fascismo, con la única intención de impulsar a la conciliación con la burocracia y el Estado, o reforzar el control sobre las masas populares. Y todo indica que esto es lo que está sucediendo en Venezuela. A diferencia de 2002-3, hoy la línea mayoritaria de la oposición burguesa no es favorable al golpe, y el Ejército está alineado con el proyecto chavista. ¿Quiénes entonces va a dar ese golpe de Estado? Estudiantes haciendo barricadas y tirando bombas molotov no son sinónimo de golpe fascista o militar, por más que pidan el cambio de gobierno.

Tener claridad en este tema es vital para la actitud frente al Estado, y al conjunto de la clase dominante. Tal vez en este punto tiene sentido traer al recuerdo una vieja enseñanza de Lenin. También en Rusia el ala menchevique del partido socialista y los liberales agitaban el peligro de la extrema reacción (los centurianegras) para aconsejar la conciliación de clases. Respondía entonces el dirigente bolchevique que “el partido obrero debe rechazar con desprecio el acostumbrado método liberal de atemorizar al filisteo con el espectro del peligro centurionegrista” (diciembre de 1906). Y en otras notas destacaba que el “cuento del peligro centurionegrista” sólo sirve para proteger a los liberales del peligro de la izquierda, y embota la conciencia de las masas, pues no las impulsa a distinguir las verdaderas líneas de clase. Mutatis mutandi, la idea mantiene su vigencia. Agitando el peligro del fascismo, o del golpe de Estado, la dirección nacional burocrática chavista confunde y paraliza. Los análisis deben basarse en relaciones de las fuerzas sociales y políticas objetivas.

 

Tomar distancia de todas las variantes burguesas

Mucha gente sostiene que aun cuando Capriles no esté hoy por una salida fascista, los socialistas deben alinearse con el chavismo porque éste es progresivo frente al resto de la oposición burguesa. El criterio que defiendo es muy distinto: tratándose de variantes políticas propias de cualquier democracia burguesa, la clase obrera no gana nada sustancial apoyando a una u otra. O como decía el viejo dirigente socialista Wilhem Liebknecht, aun cuando pudiera haber alguna ventaja apoyando “el mal menor contra la reacción y el enemigo común”, el verdadero mal reside en oscurecer los antagonismos de clase, e inducir a la idea de que con falsos “amigos” los obreros pueden avanzar en organización y conciencia socialista.

Es con este criterio que hace un tiempo firmé un manifiesto internacional en apoyo de la candidatura obrera, en Venezuela, de Orlando Chirino, que se presentó como alternativa independiente frente a Chávez y Capriles. La idea central era: ni Chávez ni Capriles, sino una alternativa no subordinada a corriente burguesa alguna. Muchos trabajadores, desilusionados con el chavismo, votaron a Capriles; otros, temerosos de la oposición burguesa, siguieron alineados con Chávez, pero un pequeño grupo obrero, con un programa socialista, se presentó con su propuesta. Sin coincidir totalmente con ese programa (no soy trotskista), lo consideré altamente progresivo. Una pequeña voz que se levanta para decir que no hay que conciliar es fundamental.

¿Significa esto que los marxistas negamos la defensa de conquistas? En absoluto. La clase obrera puede defender conquistas sin embanderarse políticamente detrás de una corriente burguesa, o burocrática estatista. Para dar algunos ejemplos: los socialistas en Argentina defendieron la limitación legal de la jornada de trabajo de 8 horas, sin por ello apoyar políticamente al gobierno de Alvear (que por cierto, era bastante reaccionario); defendemos el pago del aguinaldo, sin adherir al peronismo; y consideramos progresivo el derecho al divorcio, sin por ello apoyar políticamente al gobierno de Alfonsín. De la misma manera, los socialistas en Venezuela pueden defender conquistas -por ejemplo, avances en el cuidado de la salud de los sectores más sumergidos- sin por ello adherir al chavismo. Así como también defender libertades democráticas -por caso, en los sindicatos- cuando son atacadas por el Gobierno, sin adherir a las fuerzas de la oposición burguesa que denuncian esos ataques. Todo esto se resume en una vieja táctica del marxismo, “golpear en unidad de acción por demandas concretas, mantener banderas separadas”. Incluso desde un punto de vista “práctico”, la autonomía de clase potencia la capacidad de defensa de libertades democráticas o reivindicaciones económicas de la clase obrera.

 

Actitud crítica frente al capitalismo de Estado

Uno de los pilares de la autonomía de clase es la postura ante el capitalismo de Estado. En varias notas de este blog me referí al tema, recordando la crítica de Marx y Engels a los socialistas estatistas alemanes. Con las adaptaciones del caso, la crítica se aplica al estatismo venezolano. Hay que llamar a las cosas por su nombre: las estatizaciones y la administración chavista de empresas no mejoraron un ápice la fuerza social ni política de la clase obrera. De hecho, el país se desindustrializó y la economía se primarizó. Los conflictos de Guayana, donde está ubicada la industria pesada, siderúrgica y aluminio, son expresión del desastre de la administración burocrática; desastre que fue denunciado repetidas veces por los trabajadores. Algo similar ocurre en el sector eléctrico. Incluso la producción de PDVSA (2,8 millones de barriles diarios) está estancada. ¿Qué tiene esto de progresivo para la clase obrera?

Por otra parte, los trabajadores no tienen participación real en la conducción de las empresas estatales. Las conducciones son jerárquicas y burocráticas, y la relación entre la burocracia “socialista” y los obreros es una relación de explotadores y explotados. El burócrata puesto a dirigente estatal no es un “compañero con contradicciones”, sino un enemigo de clase de los productores directos. En donde los conciliadores nacionalistas ven unidad esencial, nosotros vemos antagonismo de clase. Las diferencias en este punto no pueden ser más marcadas.

Hay que agregar que las estatizaciones han sido utilizadas por el chavismo para atacar al movimiento sindical en las empresas. Entre otras cosas, el Gobierno ha planteado que siendo las empresas “propiedad del pueblo”, no tienen sentido las huelgas, ni la acción sindical; y el control del Estado se ha utilizado para perseguir opositores, o discriminar a trabajadores que no adhieren al “socialismo siglo XXI”. Sólo gente que concibe el socialismo “a lo Corea del Norte” puede ver algo progresivo en todo esto.

El manejo estatal de la renta no crea poder obrero

La actitud crítica y hostil hacia el Estado se extiende al manejo de la renta petrolera. A lo largo de estos años Venezuela ha recibido una gigantesca renta petrolera, posibilitada por el aumento de los precios del petróleo. El chavismo ha utilizado una parte importante de esta renta para mejorar las condiciones de vida de amplias masas de la población. Como resultado, en 2011 los hogares por debajo de la línea de pobreza eran el 24,6% del total, contra el 33% en 2001; los hogares de extrema pobreza representaban el 11,4%, contra el 7%. A su vez, el índice Gini, que mide la desigualdad, bajó de 0,486 en 1998 a 0,398 en 2013. Se trata de avances importantes, pero también deben ser relativizados. Hoy la pobreza afecta a casi un cuarto de la población, y la situación está agravándose a raíz de las devaluaciones, la inflación y el desabastecimiento. La desigualdad disminuyó, pero sigue siendo mucho más elevada que la media de los países europeos, por caso, o aproximadamente igual a la que existe en Uruguay. Cuando se ponen las cosas en contexto -en casi toda América Latina mejoraron los índices de desarrollo humano en los 2000- se toma distancia crítica.

Pero además, y por sobre todas las cosas, el reparto de una parte de la renta por el Estado no crea poder obrero, ni es sinónimo de socialismo. En Venezuela la clase obrera no tiene ninguna incidencia en el manejo y destino de la renta. Cuando el Gobierno decide pagar religiosamente los intereses de los bonos de la deuda externa, y como contrapartida suspende los pagos de proveedores de insumos básicos (entre ellos, alimentos y remedios), la clase obrera no tiene arte ni parte en tales decisiones. Y la desindustrialización, el desquiciamiento de la economía, el desabastecimiento, las colas para conseguir lo indispensable y la especulación, no contribuyen en nada a mejorar la relación de fuerzas en favor de los explotados.

 La unidad del trabajo

Desde las filas de la corriente nacional y popular se sostiene que trabajadores de los sectores salud, educación o periodismo que se manifiestan y protestan son fascistas de las “clases medias” que “defienden sus privilegios”. Sin embargo, desde un análisis materialista, un asalariado de la salud, de la educación, del sector financiero, los medios de comunicación o el comercio, no pertenece a la “clase media”; por el contrario, es explotado y forma parte de la clase obrera. Este enfoque pone el acento en la base material, social, de la unidad obrera: la fuerza productiva del trabajo está conformada por todos los que están subsumidos bajo la relación capitalista y contribuyen, directa o indirectamente, a la generación de plusvalía. La perspectiva del socialismo se basa en esta gigantesca capacidad transformadora de la principal fuerza productiva. Por eso, cuando hablamos de independencia de clase, aludimos a la independencia de todas las fuerzas del trabajo. No es casual el empeño de los ideólogos del campo “nacional” por ocultar y disimular esta cuestión.

Es necesario, además, decir que no existe nada particularmente reaccionario en reclamos contra el desabastecimiento, la falta de insumos en los hospitales, el cierre de periódicos, o a favor de libertades sindicales, que han levantado esos sectores del trabajo. Alguno podrá objetar que las demandas de los docentes, periodistas o trabajadores de la salud son apoyadas por políticos de derecha. Pero eso no las convierte en fascistas y reaccionarias. Después de todo, la inmensa mayoría de las movilizaciones obreras y populares que ocurren en el mundo tienen direcciones burocráticas o burguesas, y a nadie se le ocurre repudiarlas por reaccionarias o fascistas. Exigir el freno de la represión, mejoras en los aprovisionamientos, o protestar contra el cierre de periódicos, en nada perjudica a la clase obrera. Por el contrario, debilita el control burocrático de la sociedad, y quita banderas a la derecha que los socialistas no tienen por qué ceder.

Ataques a la actividad sindical y poder militar

En los últimos años organismos defensores de derechos humanos, sindicatos independientes y partidos de izquierda han denunciado el ataque a las libertades sindicales en Venezuela (ver referencias). Entre otros hechos, se señala la apertura de juicios penales a líderes sindicales por ejercer el derecho a huelga; el dictado de cautelares que prohíben a los sindicalistas acercarse a los lugares de trabajo; las amenazas de despido a trabajadores si participan en asambleas; la prohibición de asambleas en horarios laborales; y los despidos injustificados de sindicalistas. También se denuncia que se somete a sindicalistas a investigaciones penales, se los procesa, y en algunos casos se los encarcela por convocar a manifestaciones; y que desde el Estado se fomenta el “paralelismo sindical”, esto es, la creación de sindicatos paralelos cuando no se domina a los existentes.

Además, sindicalistas y organismos defensores de derechos humanos señalan que el Gobierno tiene una amplia injerencia -establecida por ley- en la organización de elecciones gremiales, lo que ha merecido quejas ante la OIT. También que se ha recortado el derecho de huelga, ya que la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y el Decreto Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios castigan con prisión a quienes paralicen servicios públicos o impidan el traslado de bienes esenciales para la población. Esta normativa ha sido utilizada para perseguir sindicalistas y activistas. A esto se suman los asesinatos de sindicalistas. Sólo entre junio de 2008 y agosto de 2010 se contabilizaron 122 sindicalistas asesinados, pero el presidente Chávez declaró (1/08/10) que no había asesinato de sindicalistas . Y la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación no toman el problema. Todo esto, que ha sido silenciado por el “nacional marxismo”, parece encajar muy bien en la concepción burocrático bonapartista de “construcción socialista”.

Por otro lado, se asiste al aumento del poder e injerencia de las Fuerzas Armadas en el Estado. De los 23 Estados de Venezuela, 12 son gobernados por militares. Los militares también están en alcaldías, ministerios, viceministerios, en la Asamblea Nacional, en consulados y embajadas. Por la ley Orgánica de Seguridad de la Nación, de 2002, se les dio participación en el desarrollo nacional y mantenimiento del orden interno. Lo cual fue reafirmado por una nueva Ley Orgánica en 2005, que contempló también la reincorporación de militares retirados al servicio activo, por decisión presidencial. Los militares conducen las políticas de defensa y seguridad, tienen puestos de responsabilidad política, gran influencia en la dirección de la obra pública. Los ascensos en las Fuerzas Armadas son potestad del Presidente y de los militares. La clase obrera, como clase, por supuesto, no tiene ninguna participación en esta estructura. La izquierda nacional y el nacional marxismo miran para otro lado, en tanto siguen parloteando sobre “la construcción de poder popular”.

Naturalmente, la situación no cambió con la creación, en 2007, de la Milicia Nacional Bolivariana. Ésta constituye un quinto componente de las FFAA venezolanas (Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional), organizado desde el Estado, y cuyos integrantes son, mayoritariamente, afiliados al partido del Gobierno. La MNB no tiene ninguna autonomía práctica; depende del Presidente en todos los aspectos operacionales, a través del Comando Estratégico Operacional, y del Ministerio para la Defensa, en lo que hace a los aspectos organizativos. En cuanto a las Comunas, se trata de entidades locales donde, formalmente, la ciudadanía ejerce el poder popular y autogobierno comunal. Pero en los hechos son organizadas y supervisadas por el Estado, a través del Ministerio de las Comunas.

La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores

Lo desarrollado hasta aquí puede explicar la ausencia casi absoluta de una respuesta de clase, independiente, a la crisis y al desquicio de la economía. Respuesta que permitiría atraer a sectores medios, incluso a muchos estudiantes, que hoy están bajo la influencia de la derecha y no ven salida, como aliados de la clase obrera. Pero manifestaciones más o menos regimentadas de trabajadores estatales no son sinónimo de intervención autónoma de la clase obrera. Alguna vez Lenin escribió que “la fuerza de los combatientes sólo es real cuando es la fuerza de las masas obreras con conciencia de clase”. Sin embargo, no puede haber conciencia de clase cuando se llama a confiar en un “poder efectivo” que está en manos de la burocracia bonapartista militar, autoproclamada “socialista”. Son los resultados prácticos de la “construcción de poder popular desde adentro del movimiento popular, bajo conducción del comandante Chávez”.

 

Como he planteado en otra nota, todo esto fue un fraude ideológico, alimentado y celebrado por muchos intelectuales y militantes de izquierda de todo el mundo que alegremente saltaron al barco del “socialismo siglo XXI”. Algunos llegaron a anunciar que el chavismo había puesto de nuevo en la agenda de la clase obrera mundial la construcción del socialismo. Por supuesto, nada de esto sucedió. El socialismo, en tanto programa liberador, en tanto crítica radical de toda forma de opresión y explotación, sólo podrá reinstalarse en la agenda de la clase obrera mundial desde la autonomía y autodeterminación de los explotados. Jamás podrá regenerarse bajo la conducción de bonapartes “socialistas”, cultos a la personalidad, enriquecimiento del lumpen burgués, milicos en las cumbres del Estado y absurdas mezcolanzas de nacionalismos y socialismos burgueses. Es hora de volver a las concepciones fundantes del comunismo. Y en particular, a la idea rectora de la independencia de clase: la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos.

Referencias sobre situación de libertades sindicales:

http://www.conflictove.org.ve/criminalizacion-de-la-protesta/informe-sobre-el-derecho-a-la-libertad-sindical-en-venezuela-presentado-a-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos.html.

http://desinformemonos.org/2013/10/avanza-el-control-estatal-sobre-los-sindicatos-en-venezuela/).

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2014/03/19/chavismo-o-independencia-de-clase/

En consecuencia, es fundamental el despliegue del antagonismo popular desde una creciente mayoría de la diversidad abajo y hacia la izquierda. El sociólogo venezolano Emiliano Teran Mantovani nos pregunta:

 

"¿Cómo se desarrolla y se desarrollará el antagonismo de lo popular, el antagonismo de los pobres y de los excluidos, en tiempos de caos sistémico? ¿Qué formas toma o puede tomar?

Intervenir violentamente en la propia producción constitutiva de lo popular-comunitario busca transformar su potencia en máquinas fragmentadas de guerra, en campo fértil para la distopía; canalizar el descontento social hacia formas orgánicas de fascismo; formatear la comunidad para el combate a lo que está fuera de ella –las maras centroamericanas pueden ser interpretadas como comunidades/máquinas de guerra–; y así volver inviable la masividad de una revuelta emancipatoria.

 

No basta pues, sólo promover el antagonismo contrahegemónico, sino incluso disputarlo para intentar encauzarlo a un proyecto colectivo y emancipatorio de lo común-diverso-ecológico, en donde lo humano se funde con la realidad material de su geografía inmediata, de su ecosistema, y la reproducción y afirmación de la vida.

 

Esto implica privilegiar una política desde los territorios y por ende, alcanzar una meta que hasta ahora no se ha conseguido en el grueso de los proyectos y narrativas de la izquierda: descentrar el rol del Estado en las transformaciones sociales. No se trata de ignorar su presencia, operación y poder, ni tampoco, como han insistido algunos autores, reivindicar un “horizonte localista”, sino impulsar una estrategia multi-escalar en la cual la lucha territorial y la reproducción material de la vida son centrales y punto de partida de toda la lucha emancipatoria.

Cuando pensamos en las estrategias y narrativas en la escala global, la regional e incluso la nacional, ¿qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas, esas que pueden unir numerosas subjetividades y agrupaciones en torno a un proyecto común? ¿El socialismo? ¿El desarrollo? ¿La democracia?

Ante el desbordamiento de los contratos sociales y la configuración de la guerra como factor de organización social por excelencia, ¿debemos defender hasta el máximo los principios y marcos mínimos de los estados de derecho, de garantías mínimas sociales, los pilares del ideal de la democracia? ¿Qué queda como proyecto para la convergencia de luchas, más allá del parapeto de las estructuras institucionales de la modernidad? ¿Es posible resignificar los pilares fundamentales de la llamada democracia? ¿Una democracia radical y ecológica podría y debería ser un eje narrativo y programático que articule diversas iniciativas populares de lucha? ¿Podemos avanzar juntos sin un gran proyecto movilizador?"

 

La geopolítica del caos y el fin de ciclo en las entrañas de América Latina

13 de diciembre de 2015

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión

 “…si las medidas excepcionales son el fruto de los períodos de crisis política y, en tanto tales, están comprendidas en el terreno político y no en el terreno jurídico constitucional, ellas se encuentran en la paradójica situación de ser medidas jurídicas que no pueden ser comprendidas en el plano del derecho, y el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal”.

Giorgio Agamben

 

El Gran Tablero Mundial se recalienta. El conflicto social se está propagando por todo el entramado del sistema-mundo, producto no sólo de las extraordinarias desigualdades socio-económicas y la devastación de fuentes de vida y territorios, sino también por la terrible vulneración que se ha provocado sobre los tejidos sociales en estos más de 30 años de neoliberalismo global. Como síntoma y consecuencia de estos procesos, derechas y extremas derechas ganan cada vez más terreno en numerosas partes del planeta.

 

En América Latina, las entusiastas ilusiones emancipatorias que se propagaban durante el auge de los gobiernos progresistas están siendo desplazadas por un horizonte de resistencias, ahora básicamente desde la perspectiva de las organizaciones populares de base y movimientos sociales. Se trata de un horizonte más incierto, pero necesariamente más combativo.

 

Este panorama para Latinoamérica no debe ser simplemente interpretado como una potencial “vuelta al pasado”, como un regreso en la línea del tiempo a 1990. Importantes transformaciones han ocurrido en la región, suficientes como para afirmar que ya nada será igual por acá. Hay que mirar hacia adelante advirtiendo no sólo tendencias histórico-estructurales sino también identificando los rasgos del tiempo sui generis que vivimos.

La crisis civilizatoria parece prefigurar una geopolítica del caos, donde también opera una estrategia de lo contingente, de lo inestable, que por ser más versátil, flexible, abierta y descentralizada no deja de ser virulenta y profundamente reaccionaria –por ejemplo, la llamada “Doctrina Obama” estuvo marcada por estos rasgos [1] . En este marco, es fundamental resaltar dos elementos:

 

a.      algunos mecanismos tradicionales de intermediación en lo económico (como los estados de bienestar y políticas de asistencia social masiva) y en lo político (como los sistema de partidos e instituciones electorales, marcos jurídicos de derechos civiles) parecen estar en proceso de franco agotamiento histórico, sea porque su legitimidad social está muy socavada, porque no pueden sostenerse en el tiempo o bien porque representan un obstáculo ante la necesidad que tiene el capital de un ajuste radical. Por tanto, éste apunta a procesos masivos e intensivos de apropiación directa de la riqueza y el trabajo, sin intermediación ni negociación ni seducción, principalmente en el Sur Global, pero avanzando también en el Norte. En este sentido, la guerra deja de ser sólo acontecimiento histórico y se va constituyendo como ejercicio permanente de micro-política y como referente de los regímenes de poder y los estados de derecho;

 

b.      pero la apropiación directa no supone necesariamente una actuación imperial a modo de aplanadora, sino basada en estrategias diferenciadas que permitan sostener lo más posible los procesos de acumulación, los mercados y la circulación de capital. A esto podríamos llamarle una política del cinismo: la combinación de retazos de asistencia social, regionalizaciones del consumo, zonas de “paz” con estados de guerra territorial, estados de excepción selectivos, configuración de democracias sitiadas, regímenes de poder regional paraestatales, entre otros, que se van desarrollando dependiendo de factores de coyuntura y las diversas reacciones socio-políticas que provocan.

 

Desde el análisis geopolítico del discurso oficial progresista latinoamericano, se ha promovido la total centralidad de la contradicción Imperio vs Nación-periferia (básicamente EEUU vs los gobiernos progresistas), interrumpiendo un análisis de multi-escalas y dejando engavetadas las propias contradicciones domésticas Estado-Gobierno – territorios/población.

Al mismo tiempo, se ha impulsado una prevalencia del imperio-acontecimiento (por ejemplo, para el caso de Venezuela, una eventual intervención militar estadounidense) dejando de lado el imperio-proceso, el cual expresa los múltiples mecanismos de penetración y transformación desde adentro de las tramas sociales, de las fuerzas contrahegemónicas, de las facetas desafiantes de los regímenes políticos nacionales, con el fin de ir mermándolos y mutándolos para facilitar la acumulación de capital y la apropiación de recursos y trabajo. Esta forma de intervención puede lograr el desmantelamiento y desactivación progresiva de un proceso contrahegemónico de cambio, aunque en la superficie dicho régimen político busque mantener una fachada popular-emancipatoria. En este sentido, es vital resaltar la contradicción Imperio-territorios/población.

Este análisis integrado macro-micro-político, de múltiples escalas espaciales, esta fenomenología del imperialismo, es útil al menos por dos razones:

  • Primero, factores como el caos global y los altos niveles de incertidumbre, riesgo y volatilidad sistémica, en los cuales muchas de las macro-instituciones tradicionales son cada vez menos funcionales y se requiere de la acción directa; la lógica de penetración total del neoliberalismo a escala planetaria; la potencial desregulación o mutación de los Estados latinoamericanos ante esta nueva etapa; la vulnerabilidad de pueblos y comunidades ante esta situación; la disputa geopolítica por los recursos naturales; entre otros, resaltan la especial importancia del foco sobre la dinámica en los territorios. Una estrategia de apropiación directa supone analizar más de cerca lo que ocurre en los mismos, y en los tejidos sociales, donde se están desarrollando vitales disputa por la vida a escala global.

  • Segundo, dicho análisis podría contribuir a hacer visibles los diferentes actores involucrados en las intervenciones que el capital transnacional impulsa, y que son canalizadas en escalas globales, regionales, nacionales y locales. Permite destacar las operaciones de interfaz geográfico mediante las cuales opera el capital para finalmente llegar al tejido de la vida socio-ecológica. De esta forma, por ejemplo, es posible resaltar la relación orgánica, aunque no necesariamente explícita, que tiene el extractivismo con estas formas de operación imperial.

En las disputas geopolíticas y nacionales en estos nuevos tiempos para Latinoamérica, no sólo se ha abierto el escenario para la aparición de gobiernos favorables a uno u otro bloque global de poder, sino también la configuración de nuevas y complejas “gubernamentalidades” (Foucault) en los territorios y los tejidos de la vida. Controlar y administrar el caos, así como aprovechar y canalizar los cambios esenciales que se han producido en estos tejidos socio-territoriales, parece ser un objetivo central en estas disputas por el mando político. Conviene evaluar pues, el terreno espinoso donde se están desarrollando las luchas actuales y las que vendrán.

 

El terreno espinoso de las luchas por venir: reconfiguraciones en las entrañas de América Latina

El ciclo progresista latinoamericano que parece concluir, y que ha tenido impactos directos e indirectos en toda la región, puede ser también leído como una nueva ola modernizadora para la región, impulsada no sólo por el boom de los commodities que iniciara en la década pasada, sino también por ampliaciones y nuevos dispositivos en la distribución social de los excedentes captados en este proceso.

Plantear que América Latina ya no será igual supone reconocer que esta ola modernizadora ha generado importantes transformaciones en los entramados sociales; en los territorios urbanos, campesinos e indígenas; en sus estructuras políticas –lo que incluye a las formas de ejercicio del poder y las luchas populares–; en las expectativas y patrones culturales; y en los metabolismos sociales; lo cual tiene y tendrá notables efectos para toda la vida en la región.

Si bien varían en diversos grados y no operan de manera absoluta, en los diferentes países latinoamericanos es posible verificar algunas tendencias compartidas tales como:

· Crecimiento de los procesos de urbanización, modernización territorial y de la población dentro de las ciudades, con tendencias persistentes al incremento para los próximos años [2] . Caotización y vulnerabilidad de las ciudades –recuérdese por ejemplo, la crisis hídrica en São Paulo desde 2014 o las inundaciones en Buenos Aires en 2013. Expectativas de "modos de vida imperial" (U. Brand) en cada vez más gente, lo que se está uniendo contradictoriamente con la actual situación de caída de los precios de las commodities.

· Avances de la frontera extractiva en toda la región. Relanzamiento y expansión a gran escala en sectores del extractivismo que no han sido los tradicionales para cada país, como el caso de la minería en Venezuela o Ecuador, o el petróleo en Brasil. Avance de los extractivismos de alto riesgo por medio del impulso de la explotación de hidrocarburos no convencionales, tales como la perforación y fracking en el yacimiento de Vaca Muerta, Argentina; o los crudos pesados y extrapesados en Colombia y Venezuela [3] .

· Crecimiento en los metabolismos sociales (flujos de materiales, energía y agua), que aunque en términos relativos (tasas de crecimiento, flujos per cápita, etc.) podrían disminuir en relación a décadas pasadas, muestran notables tendencias al alza en términos absolutos [4] . Esto ocurre no sólo en las ciudades, donde una porción de las poblaciones han sido incorporadas al consumo de más energía, materiales y agua, sino también a raíz de la expansión del extractivismo en los territorios de la región.

· Sistemas sociales más complejos. Incorporación masiva de sectores de las clases pobres a las clases medias [5] . Estratificaciones sociales más heterogéneas e híbridas –por ejemplo, barrios populares en los cuáles conviven diferentes "clases" sociales. Nuevas subjetividades en los jóvenes que perfilan una actitud ante la política y juegan un importante rol en el desarrollo de este fin de ciclo.

· En algunos países se produjo el surgimiento de nuevas burguesías, en el seno de los procesos de acumulación de capital impulsados directa o indirectamente por las políticas de los gobiernos, como en el caso de los progresismos radicales de Venezuela y Bolivia –“Boliburguesía” y “Burguesía Aymara”, respectivamente.

· Financiarización de las clases populares y robustecimiento cualitativo de las economías informales. A pesar de que en varios países de la región creció el empleo formal en la última década –como en Argentina, Brasil y Chile–, debido a las características de los modelos primarizados de la región, el sector informal sigue siendo muy significativo –un promedio de 50% del total, siendo que en países como Paraguay, Colombia, México, Guatemala o Perú, se supera notablemente esta cifra [6] . El proceso de financiarización social le ha dado mayor organicidad a la economía informal y fortaleza en términos cualitativos, en la medida en la que vigorizó sus redes, potenciadas por el alto consumo. Podríamos decir que se socializó el sector terciario de la economía, potenciando una mayor autonomización del sector informal. A raíz del fin del boom de las commodities y una eventual agudización de la crisis económica en la región, es probable que se produzca una re-explosión de la economía informal. ¿Qué pasa cuando informalidad pasa a ser un determinante de toda la economía y de los tejidos sociales?

· En diversos grados, dependiendo de los territorios y países, las estructuras socio-económicas y culturales de los pueblos indígenas y campesinos han sido impactadas. Nuevas ruralidades y nuevas configuraciones en el mundo indígena se han venido desarrollando, con consecuencias respecto a la preservación de sus territorios, sus modos de vida, sus resistencias y sus patrones culturales.

· Surgimiento de nuevas derechas, que asumen nuevas narrativas, proyectos más híbridos y flexibles, con nuevos rostros, las cuales buscan capitalizar los numerosos cambios sociales, culturales y políticos de la región. La crisis de los progresismos ha re-abierto el camino a un potencial desprestigio de los ideales revolucionarios y socialistas en amplios sectores de la población, con mayor fuerza en Venezuela.

· Grupos de delincuencia social, urbanos y rurales, que han mutado a formas mucho más sofisticada de acción, con mayor capacidad de fuego y tecnológica, y con mayor conciencia de su poderío político, principalmente en los territorios que logran controlar.

· Afianzamiento de lo que hemos llamado un "neoliberalismo mutante" [7] , el cual se ha configurado como un modo heterodoxo, híbrido, estratégico y flexible de acumulación de capital que muta, se reacomoda permanentemente, y en el cual pueden coexistir, por ejemplo, mercantilización sin privatización o financiarización con intervención estatal, sin que esto implique el abandono de un eventual giro a la ortodoxia o el horizonte de despojo masivo que lo constituye.

· Penetración múltiple de las economías latinoamericanas por diversos actores geopolíticos, donde han tenido creciente presencia China y en menor medida los otros países de los BRICS. Destacan los nexos del gigante asiático con Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Argentina [8] . Relativo desplazamiento de la hegemonía de los EEUU. Brasil ha incrementado su influencia geopolítica, resaltando su papel en Suramérica. En general, el fin de ciclo está también marcado por una especie de guerra fría que se desarrolla a nivel mundial.

· Vivimos en un mundo aún más convulso que cuando empezó este período de perfil progresista.

Sobre la superficie accidentada, movible, irregular y volátil de esta geografía política de los muy diversos entramados sociales latinoamericanos se van conformando cadenas de regímenes de poder, diferenciados pero profundamente conectados con las disputas geopolíticas, los Estados de la región y los procesos de acumulación de capital a escala global. Conviene examinar las tendencias que configuran, desde arriba, un marco de excepcionalidad y militarización de todos los ámbitos de la vida; y desde abajo, una cooptación del antagonismo, especialmente de sus facetas autoritario-delincuenciales.

Gestionando el caos desde arriba: regímenes de excepción y militarización de la vida

Los tiempos por venir en América Latina parecen apuntar a tiempos conflictivos, de revueltas e intensas disputas territoriales por los recursos. Los Estados latinoamericanos no solo se van adaptando a las dinámicas de la crisis económica global a través de la creciente ejecución de reformas y ajustes macro-económicos (desde la Reforma Energética en México a las Zonas Económicas Especiales en Venezuela), sino también se ven compelidos a desarrollar o ampliar formas de cooperación con la lógica de guerra global imperante.

En este marco, y con miras en la administración y gestión de los escenarios de crisis y caos sistémico, se perfila una creciente política de militarización de todos los ámbitos de la vida y la expansión de estados de excepción diferenciados. Situaciones o contextos de contingencia vinculados a una “amenaza excepcional”, van siendo canalizados a través de estos mecanismos de control, sea por crisis económica (como el Estado de Excepción y Emergencia Económica decretado a nivel nacional en Venezuela desde mayo de 2016, para combatir la “guerra económica” y otros factores [9] ); lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (como el declarado por el gobierno peruano en septiembre 2016 en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco [10] ); fenómenos naturales (como la explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador [11] ); grandes eventos (como el estado de excepción declarado por el gobierno brasilero para los Juegos Olímpicos de agosto de 2016 [12] ); y evidentemente revueltas populares y manifestaciones sociales de diverso tipo.

Pero es fundamental destacar que el desarrollo de este proceso no solo se da por decretos; la promulgación de leyes antiterroristas y el endurecimiento de los códigos penales; el establecimiento de nuevas bases militares estadounidenses en la región (especialmente en Perú, Paraguay y Colombia); la modernización de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia; o incluso la búsqueda de consolidación del Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR; sino de cómo todos los aspectos y ámbitos de la vida social van siendo atravesados progresivamente por la lógica militar/policial de control, sitio, vigilancia y represión. De cómo el sistema de derechos y garantías sociales va quedando cada vez más suspendido para que vaya imponiéndose una régimen político de excepcionalidad permanente, que permite a las fuerzas de seguridad oficial tomar el control de los recursos, instituciones y territorios “vulnerados” por la “amenaza extraordinaria”.

Todo esto se va configurando independientemente de si la alianza geopolítica de los diferentes Estados latinoamericanos es con los Estados Unidos, con China, o con otros actores nacionales y corporativos.

Sin embargo, como ya hemos señalado, estos procesos evolucionan de maneras diferenciadas en los países y territorios latinoamericanos, al tiempo que no se trata necesariamente de regímenes aplanadora o de formas totalitarias homogeneizantes, sino que responden a estrategias variables, flexibles y regionalizadas.

Por un lado, hay que tomar en cuenta las estructuras políticas domésticas, la significación geopolítica de cada país y regiones, la importancia de sus recursos y la intensidad de las resistencias populares ante los diversos procesos de intervención del capital, para comprender cómo se asignan y se recurre a las diferentes modalidades e intensidades de operación sobre los territorios y población.

En México, la “Guerra contra el Narcotráfico” (2006+) y la Ley de Seguridad Nacional (2011) generan un marco de brutal excepcionalidad permanente y generalizada, con numerosas similitudes a la región centroamericana, en especial en El Salvador, Guatemala y Honduras.

En Suramérica, Colombia destaca como régimen constituido en buena medida por la excepcionalidad y por ser un área geopolítica de pivote (o bisagra), siendo que el escenario post-conflicto no supone necesariamente que se interrumpa el proceso de militarización imperante (con procesos actuales de intensa represión social y desaparición de activistas) y el crecimiento de la asistencia militar por parte de los EEUU [13] .

A su vez, en los países de gobiernos progresistas latinoamericanos se han producido intensas disputas socio-políticas atravesadas por actores rivales nacionales e internacionales, lo cual incrementa los niveles de conflictividad general, y por ende, los procesos de militarización y escenarios de excepcionalidad, siendo Venezuela el caso donde esto se desarrolla con más intensidad.

La Amazonía aparece como una zona clave en la evolución de estos procesos de conflicto. Del mismo, modo destacan formas de militarización urbana (ej. caso brasileño) y las complejas dinámicas fronterizas en toda la región (ej. la Triple Frontera o la frontera Colombo-venezolana).

Por último, aunque países como Chile, Uruguay o Costa Rica no se señalen como grandes áreas estratégicas, de riesgo o de insubordinación, pueden señalarse procesos de este tipo en menor escala o sectorizados, como ocurre con la creciente militarización y conflicto en la araucanía chilena.

Finalmente, es esencial insistir en que el costo político, económico y social, y las enormes dificultades que conllevan la ejecución y mantenimiento de un régimen total de excepcionalidad permanente a escala nacional, plantean la pertinencia para el status quo del impulso de políticas sectorizadas y de contingencia.

El fin de ciclo no tiene que ser pensado única y necesariamente como un tsunami arrasador. Una restauración conservadora en América Latina o una radicalización de la acumulación por desposesión parece ir ensamblándose progresivamente, mediante políticas que, aunque puedan llegar a ser violentas y de ampliación del despojo social, se configuran de maneras selectivas y diferenciadas.

Más allá de estos dispositivos desplegados desde arriba, es necesario también examinar cómo estos también pueden expandirse desde las propias tramas de la vida social, analizar cómo se van configurando desde abajo.

 

Gestionar el caos desde abajo: autoritarismos delincuenciales y el tejido social como campo de batalla

Pese al progresivo ensamblaje de todos estos dispositivos de control, los marcos de la legalidad y de los aparatos e instituciones formales están siendo cada vez más desbordados por las dinámicas sociales, culturales, metabólicas y territoriales que se desarrollan en las entrañas de la región, y que hemos descrito anteriormente.

El crecimiento de redes de narcotráfico, de amplios entramados de economías informales y comercio de contrabando, muchos de ellos de carácter transfronterizo, y la acelerada expansión de la minería ilegal, principalmente en la región amazónica, están constituidos por grupos socio-políticos que logran ejercer cada vez más poder sobre los territorios, configurar economías locales con cada vez mayor arraigo popular, generar crecientes daños ambientales, e impactar significativamente sobre los tejidos sociales y los procesos de producción cultural y de subjetividad.

El control territorial de los cárteles mexicanos en varias regiones del país; el avance político de las “maras” en Centroamérica (recordemos el paro de transporte convocado por Mara Salvatrucha y Barrio 18 en El Salvador, en julio de 2015 [14] ), las estructuras de poder de grupos armados irregulares y bandas criminales urbanas y rurales en Colombia, y la forma acelerada como han crecido estas en Venezuela; la expansión del tráfico de commodities en la Amazonía y otras zonas del sub-continente (especialmente en las nuevas fronteras de la extracción); son expresión de cómo estos grupos pueden incluso crear sus propios regímenes políticos, sus propias formas de excepcionalidad, los cuales podemos entenderlos como autoritarismos delincuenciales regionalizados.

En estos circuitos y territorializaciones, no hay área protegida, zonas de reserva, derechos humanos, regulaciones económicas y jurídicas que cuenten, no solo porque no se impone una institucionalidad formal que los haga respetar, sino porque al mismo tiempo se van institucionalizando desde abajo estos otros formatos de lo “paralelo”-ilegal-informal.

Es común endilgar la ocurrencia de estos fenómenos a una “ausencia de Estado”, y aunque en efecto esto puede revelar un abandono o desplazamiento de la institucionalidad estatal, conviene también analizar procesos de cooperación y articulación que se están produciendo entre los ámbitos de lo formar/legal y lo informal/ilegal.

El capital y el Estado pueden configurar una poderosa biopolítica que opera en un doble ámbito de acción: no sólo en la militarización de la vida y su lógica de control de espectro amplio, impulsada desde arriba, sino también buscando cooptar las pulsiones contrahegemónicas, desde abajo. Esto básicamente implica intentar canalizar el malestar popular, el desbordamiento social, las pulsiones de sublevación y de poder, poniendo especial atención en las poderosas estructuras delincuenciales, para favorecer formas de control territorial y apropiación local del trabajo, los recursos, los cuerpos y el territorio, al tiempo que se pueda dividir, fragmentar y vulnerar aún más el tejido social que podría conformar la alternativa contrahegemónica. De esta forma, el tejido social se convierte en campo de batalla.

La consigna mexicana a raíz de la tragedia de Ayotzinapa (2014) de “No fue el narco, fue el Estado”, que expresa un régimen de co-gobierno o entrecruzamiento de aparatos represivos formales y grupos delincuenciales; las variadas expresiones cooperativas entre sectores militares y los grupos que impulsan la expansión de la minería ilegal en la región amazónica; o bien el importante rol que van adquiriendo las instituciones policiales en el propio auge de la delincuencia urbana; por mencionar algunos ejemplos, revelan un patrón de poder que tiene un carácter multi-escalar, corporativo y reticular, en el cual las fronteras entre lo formal/legal y lo informal/ilegal se van haciendo cada vez más borrosas. Esto nos trae de nuevo a la recurrente pregunta sobre qué es el Estado, pensándolo ahora desde América Latina en el siglo XXI.

Tomando en cuenta el auge de los poderes territoriales delincuenciales y las ramificaciones y desbordamientos de los Estados más allá de los márgenes de lo formal/legal, nos preguntamos también si solo se trata de una tendencia coyuntural o bien estamos ante la configuración histórica de nuevas formas de estatalidad en la región. En el marco de la geopolítica latinoamericana, ¿estamos ante una tendencia regional estructurada y determinada por las intensas disputas inter-capitalistas mundiales? ¿Son los ejemplos africanos y asiáticos (como el Boko Haram o el ISIS), referentes de un patrón de apropiación radical en los territorios del Sur Global?

En la biopolítica de la disputa mundial, la batalla trascendental se está produciendo sobre los tejidos sociales y los territorios/ecosistemas. Es fundamental tomar en cuenta estas tendencias en los análisis de los tiempos por venir para la región. Se trata de una cuestión vital.

 

Lo común en el caos: pensarnos desde el conflicto, disputar el antagonismo, tejer comunidad

El caos sistémico es también la revelación de un sistema extraordinariamente agrietado, por donde siempre podrán colarse las pulsiones de la revuelta y la transformación para la emancipación. El agotamiento del “ciclo progresista” muy probablemente va a suponer la apertura de nuevos ciclos de luchas populares en América Latina, las cuales a su vez podrían promover el surgimiento y expansión de nuevas modalidades, narrativas y formatos de operación en las mismas. Pero un desenlace de la actual encrucijada regional, lo más favorable posible para un proyecto popular-ecológico-emancipatorio, pasa por reconocer los códigos de operación de estos agresivos regímenes de poder multi-escalares.

Decir que los propios tejidos socio-territoriales son un campo de intensa batalla, como nunca antes en la historia del capitalismo, supone reconocer que la fuerza destructiva del capital penetra en las redes de la vida –su fuerza ecocida– y en la propia constitución de lo popular-comunitario. ¿Cómo se desarrolla y se desarrollará el antagonismo de lo popular, el antagonismo de los pobres y de los excluidos, en tiempos de caos sistémico? ¿Qué formas toma o puede tomar?

Intervenir violentamente en la propia producción constitutiva de lo popular-comunitario busca transformar su potencia en máquinas fragmentadas de guerra, en campo fértil para la distopía; canalizar el descontento social hacia formas orgánicas de fascismo; formatear la comunidad para el combate a lo que está fuera de ella –las maras centroamericanas pueden ser interpretadas como comunidades/máquinas de guerra–; y así volver inviable la masividad de una revuelta emancipatoria.

No basta pues, sólo promover el antagonismo contrahegemónico, sino incluso disputarlo para intentar encauzarlo a un proyecto colectivo y emancipatorio de lo común-diverso-ecológico, en donde lo humano se funde con la realidad material de su geografía inmediata, de su ecosistema, y la reproducción y afirmación de la vida.

 

Esto implica privilegiar una política desde los territorios y por ende, alcanzar una meta que hasta ahora no se ha conseguido en el grueso de los proyectos y narrativas de la izquierda: descentrar el rol del Estado en las transformaciones sociales. No se trata de ignorar su presencia, operación y poder, ni tampoco, como han insistido algunos autores, reivindicar un “horizonte localista”, sino impulsar una estrategia multi-escalar en la cual la lucha territorial y la reproducción material de la vida son centrales y punto de partida de toda la lucha emancipatoria.

Cuando pensamos en las estrategias y narrativas en la escala global, la regional e incluso la nacional, ¿qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas, esas que pueden unir numerosas subjetividades y agrupaciones en torno a un proyecto común? ¿El socialismo? ¿El desarrollo? ¿La democracia?

Ante el desbordamiento de los contratos sociales y la configuración de la guerra como factor de organización social por excelencia, ¿debemos defender hasta el máximo los principios y marcos mínimos de los estados de derecho, de garantías mínimas sociales, los pilares del ideal de la democracia? ¿Qué queda como proyecto para la convergencia de luchas, más allá del parapeto de las estructuras institucionales de la modernidad? ¿Es posible resignificar los pilares fundamentales de la llamada democracia? ¿Una democracia radical y ecológica podría y debería ser un eje narrativo y programático que articule diversas iniciativas populares de lucha? ¿Podemos avanzar juntos sin un gran proyecto movilizador?

Tal vez una de las paradojas de los tiempos que vivimos reside en la forzosa combinación de una esperanza a la cual no podemos renunciar, con la franqueza y valentía de reconocer que el desborde del conflicto, su masividad, su multiplicidad, nos habita cada vez más. ¿Es el estallido social del Caracazo en 1989 en Venezuela sólo un acontecimiento histórico o la expresión de la configuración de un nuevo escenario político urbano, de la inviabilidad de las ciudades latinoamericanas, de la latencia de su desbordamiento?

Las intensas luchas de resistencia indígenas y campesinas en el Perú; las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán, México; las retenciones de militares por parte de pueblos indígenas en Colombia y Venezuela; los cortes de ruta y asambleas populares en comunidades como Famatina, Argentina; los bloqueos a excavadoras y múltiples métodos de acción directa para la resistencia, realizados en numerosas localidades latinoamericanas; ¿son conflictos convencionales o la respuesta ante un radical avance belicista hacia las nuevas fronteras de las commodities? Creemos que pensar las alternativas pasa también necesariamente por pensarnos desde el conflicto.

Tal vez convenga reivindicar el “principio de esperanza” no únicamente anclado en un horizonte ideal por conseguir, sino también orientado a una disposición que rodea y queda contenida en el hacer, en el devenir, sea cuando las aguas están calmas o bien cuando haya avisos de tormenta. Mientras tanto, tejer y tejer comunidad, en cada ámbito y escala de lucha, parece un objetivo vital en estos tiempos. Y no olvidar que el juego sigue abierto.

Caracas, diciembre de 2016

*Emiliano Teran Mantovani, sociólogo venezolano, master en economía ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador.

Fuentes consultadas

- AFP. OIT: empleo informal en América Latina alcanza el 50%. Diario Pyme. Sin fecha. Disponible en http://www.diariopyme.com/oit-empleo-informal-en-america-latina-alcanza-el-50/prontus_diariopyme/2016-06-21/144744.html

- Alba Ciudad. Conozca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica firmado por el Presidente Maduro este 13 de mayo. 14 de mayo de 2016. Disponible en http://albaciudad.org/2016/05/decreto-estado-excepcion-estado-emergencia-mayo-2016/

- BBC Mundo. El paro que demuestra el poder de las maras en El Salvador. 29 de julio de 2015. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150729_america_latina_el_salvador_maras_pandillas_paro_transporte_aw

- CEPAL. Ciudades sostenibles con igualdad en América Latina y el Caribe. HABITAT III, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Quito, 17 a 21 de octubre de 2016. Disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40658/1/S1601057_es.pdf

- Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán. El País. 17 de agosto de 2015. Disponible enhttp://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662969_985121.html

- EFE. Gobierno peruano declara estado de excepción en tres distritos por terrorismo. 11 de septiembre de 2016. Disponible enhttp://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/11/gobierno-peruano-declara-estado-de-excepcion-en-3-distritos-por-terrorismo

- Justo, Marcelo. ¿Cómo terminar con el trabajo informal en América Latina? BBC Mundo. 29 de mayo de 2014. Disponible enhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140527_economia_trabajo_informal_wbm

- Krieg, Andreas. Externalizing the burden of war: the Obama Doctrine and US foreign policy in the Middle East. International Affairs 92: 1 (2016) 97–113. Disponible en https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/ia/INTA92_1_05_Krieg.pdf

- Roa Avendaño, Tatiana. Scandizzo, Hernán. Qué entendemos por energía extrema. OPSur-Oilwatch Latinoamérica. septiembre 28, 2016. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2016/09/28/que-entendemos-por-energia-extrema/

- Telesur. Brasil declara estado de excepción para Olímpicos Río 2016. 17 de junio de 2016. Disponible en http://www.telesurtv.net/news/Brasil-declara-estado-de-excepcion-para-Olimpicos-Rio-2016-20160617-0043.html

- Teran Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013). Documentos de Trabajo Celarg, 2014, vol. 5, p. 1-27. Disponible en http://www.celarg.org.ve/Espanol/Imagenes/avances%20de%20investigacion/5.%20Documento%20N%C2%B05.%20Emiliano%20Teran%20(corregido).pdf

- Teran Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina. Rebelión. 6 de febrero de 2014. Disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180450 .

- The White House. FACT SHEET: Peace Colombia -- A New Era of Partnership between the United States and Colombia. 4 de febrero de 2016. Disponible en https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/04/fact-sheet-peace-colombia-new-era-partnership-between-united-states-and

- UNEP. Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America. 2013. Disponible en http://www.unep.org/dewa/portals/67/pdf/RecentTrendsLA.pdf

- United Nations. World Urbanization Prospects 2014. United Nations New York, 2014. Disponible en https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf

- United Nations. América Latina debe impulsar un modelo de crecimiento urbano que genere riqueza, sugiere el PNUD. 15 octubre 2016. Disponible en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2016/10/america-latina-debe-impulsar-un-modelo-de-crecimiento-urbano-que-genere-riqueza-sugiere-el-pnud/


 


[1] Sobre esta discusión, véase por ejemplo: Krieg, Andreas. Externalizing the burden of war: the Obama Doctrine and US foreign policy in the Middle East.

[2] Véase: United Nations. World Urbanization Prospects 2014; y CEPAL. Ciudades sostenibles con igualdad en América Latina y el Caribe.

[3] Roa Avendaño, Tatiana. Scandizzo, Hernán. Qué entendemos por energía extrema.

[4] UNEP. Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America.

[5] United Nations. América Latina debe impulsar un modelo de crecimiento urbano que genere riqueza, sugiere el PNUD.

[6] Justo, Marcelo. ¿Cómo terminar con el trabajo informal en América Latina? AFP. OIT: empleo informal en América Latina alcanza el 50%.

[7] Teran Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013).

[8] Teran Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina.

[9] Alba Ciudad. Conozca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica firmado por el Presidente Maduro este 13 de mayo.

[10] EFE. Gobierno peruano declara estado de excepción en tres distritos por terrorismo.

[11] Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán

[12] Telesur. Brasil declara estado de excepción para Olímpicos Río 2016.

[13] The White House. FACT SHEET: Peace Colombia -- A New Era of Partnership between the United States and Colombia.

[14] BBC Mundo. El paro que demuestra el poder de las maras en El Salvador

 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220341