Qué Economía

Diciembre 2017

Con construcción de territorios según avanza la soberanía alimentaria vs. enclaves e IIRSA.

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Reflexionemos para situarnos en un desafío central de la humanidad sobre:

El llamado de Brasilia

28 de noviembre de 2017

Miembros de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) y de su capítulo de América del Norte (SOCLA-NA) se reunieron en Brasilia el Lunes 11 de Septiembre de 2017 antes del VI Congreso Latinoamericano de Agroecología.

Este encuentro también reunió a científicos e investigadores de otras organizaciones como la ‘Asociación Brasileña de Agroecología' (ABA), 'IFOAM - Organics International', 'Food First’, 'Agricultura Familiar e Agroecología' (ASPTA), ‘La Red de Agroecología Cuba-Estados Unidos’ (CUSAN) y de Universidades de Canadá, Estados Unidos, Holanda, Suecia y España quienes endorsaron la presente Declaración. Miembros de la ‘Vía Campesina’ y ‘Agroecología Europa’ contribuyeron a las discusiones que condujeron al texto final.

Contexto:

La Revolución Verde, símbolo de la industrialización agrícola, no sólo falló en garantizar una producción de alimentos segura y abundante para todas las personas, sino que también puso a los sistemas agrícolas y alimentarios actuales en un camino insostenible de múltiples crisis, incluida la contaminación ambiental, la degradación del suelo y la sobreexplotación de los recursos hídricos, la pérdida extrema de biodiversidad, servicios ecosistémicos debilitados, la erosión de los medios de vida rurales y la expropiación y la pérdida de campesinos, pueblos indígenas y agricultores familiares.

Estos impactos también afectan a los ecosistemas terrestres y acuáticos circundantes a través de contaminación acuática y atmosférica.

Además, la agricultura industrial contribuye con alrededor del 25-30% de las emisiones de GEI, alterando aún más los patrones climáticos y comprometiendo la capacidad del mundo para producir alimentos en el futuro.

La industria agroalimentaria fomenta el hambre al rebajar los precios que reciben los agricultores y destruye la viabilidad económica de los sistemas alimentarios locales.

Las actividades económicas extractivistas como la minería comercial, el fracking y otras, así como los conflictos armados, exacerban los problemas en el campo. Además, este sistema ofrece cada vez más alimentos procesados de baja calidad nutricional, altos en sal, azúcar y grasas, con énfasis en cantidades excesivas de carne y productos lácteos, todos los cuales contribuyen a las epidemias de enfermedades relacionadas con la dieta y la obesidad que afectan actualmente a billones de personas. A la luz del cambio climático, la concentración corporativa y financiera y el aumento de los costos de energía, podemos esperar una continuación de la volatilidad de los precios de los alimentos, la desnutrición y el hambre.

Esta situación se ve agravada por el hecho de que para 2030, el 60% de la población urbana mundial vivirá en ciudades, mientras que más del 56% de los pobres del mundo y el 20% de las personas desnutridas se concentran en las ciudades. Hoy, para una mega ciudad con 10 millones de personas o más, se deben importar más de 6.000 toneladas de alimentos cada día, viajando un promedio de 1,000 kilómetros.

Los monocultivos promovidos por la agricultura industrial se han expandido dramáticamente en todo el mundo; sólo un puñado de especies de cultivos y variedades dominan los 1.500 millones de hectáreas de tierras agrícolas del planeta. La drástica reducción de la diversidad de plantas y animales ha puesto a la producción mundial de alimentos en gran riesgo, debido a la extrema vulnerabilidad a las plagas, enfermedades y la variabilidad climática asociada con la uniformidad genética. El sistema alimentario industrial globalizado no es sostenible ni equitativo, no solo no satisface las necesidades alimentarias de los pobres, sino que también ha perdido la confianza de los consumidores del norte.

A pesar de estos desarrollos, los campeones de la Revolución Verde invocan un temor neo-maltusiano de sobrepoblación para justificar la intensificación agrícola y la industrialización al afirmar que "Alimentar a nueve mil millones de personas en 2050 requerirá un aumento del 70% en la producción mundial de alimentos". Esta posición ignora el hecho de que ya producimos suficiente comida para 10 mil millones de personas, sin embargo, más de una de cada siete sufre hambre.

No menos del 50% de los alimentos del mundo es proporcionado por productores de pequeña escala en menos del 25% de la tierra cultivable. La mayoría de los alimentos que se consumen hoy en día en el mundo se deriva de 5,000 especies de cultivos domesticados y 1,9 millones de variedades de plantas locales cultivadas por campesinos sin agroquímicos o semillas genéticamente modificadas. Este contexto crea un "impulso" para el desarrollo y la ampliación de la agroecología tal como la practican los agricultores campesinos y familiares.

Hay un número creciente de estudios e informes que sugieren que una transición a una agricultura agroecológica no sólo proporcionaría a las familias rurales beneficios sociales, económicos y ambientales significativos, sino que alimentaría al mundo de manera equitativa y sostenible.

- Para descargar el artículo completo (PDF) haga clic en el enlace a continuación:

El llamado de Brasilia (337,30 kB)

Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_llamado_de_Brasilia

 

 

Indaguemos argumentos sobre porqué la lucha por la reforma agraria integral para la soberanía alimentaria debe ser de carácter anticapitalista.

 

 

Soberanía alimentaria: un diálogo crítico

2 de agosto de 2017

Apuntes sobre su recorrido intelectual en los estudios agrarios críticos, la construcción de conocimiento campesino y la incorporación de perspectiva de género a la propuesta política de la soberanía alimentaria.

La recopilación de trabajos que aquí se presenta aborda cuestiones relacionadas con las políticas alimentarias. Es decir, con cuestiones relacionadas con quién obtiene qué alimentos, cómo, qué cantidad, con qué propósito y qué implicaciones conlleva. Concretamente, es una recopilación que tiene que ver con el concepto de un proyecto político basado en la soberanía alimentaria, por lo tanto, la mayor parte de estos trabajos también tienen que ver con aspectos y cuestiones vinculadas a los movimientos agrícolas, alimentarios, medioambientales y sociales que construyen y hacen avanzar la soberanía alimentaria. Todas las autoras y autores que participan en esta recopilación defienden la justicia social y tienen un compromiso profundo con las personas empobrecidas y las personas que sufren varias formas de opresión. Todas las personas que escriben en estos trabajos están comprometidas con la idea de una alternativa o alternativas a lo que tenemos ahora mismo.

Descargue el documento (PDF) a continuación:

Soberanía alimentaria. Un diálogo crítico (3,39 MB)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Recomendamos/Soberania_alimentaria_un_dialogo_critico

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Argentina - Trelew: Jornada de Soberanía Alimentaria y Energética

20 de agosto de 2017

Las y los invitamos el días 24 de agosto a la Jornada de "Soberanía Alimentaria y Energética" que se desarrollará en la Universidad Nacional de la Patagonia San Bosco - Trelew.

Hablar de Soberanía Alimentaria es hablar también de soberanía política, energética y territorial. Es por eso que en esta oportunidad nos convocamos a compartir y pensarnos desde estos tres pilares fundamentales a desarrollar por cualquier pueblo que pretenda ser soberano.

La semilla como punto sustancial a partir del cual se desarrolla la vida y la libertad.

Nuestra alimentación como base cultural, de crecimiento, de desarrollo y salud de los pueblos.

La energía como recurso estratégico que hace posible el desenvolvimiento de todo el accionar de una sociedad.

Para acompañar esta jornada contaremos con los aportes y participaciones de:

- "Semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad" Carlos Alberto Vicente (GRAIN, Biodiversidad de América Latina y el Caribe).

- "Sistemas de alimentación en pugna" Marcos Ezequiel Filardi (Abogado en derechos humanos y soberanía alimentaria, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA).

- "Energía nuclear, una historia de engaños, ocultamientos y abandono" por Silvana Buján (Bios Argentina- RENACE)

¡Las y los esperamos!

Cátedra Abierta de Estudios Urbanos y Territoriales

Radio Sudaca

Instituto de investigación histórica y social

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Recordemos el año 2008 de enfrentamiento del gobierno CFK con la Mesa de Enlace para tener presente su falsedad encubridora de poner el país, junto a la Sociedad Rural, en subordinación a: "La ola de la globalización económica de la última década que ha llevado a los diferentes gobiernos de los países en vías en desarrollo a aplicar un modelo Capitalista y Neoliberal como la única opción política para 'mejorar sus economías'. La visión dogmática de considerar a las leyes del mercado como el único instrumento de reactivación económica, le ha significado a éstos países altos costos sociales y ambientales, cuyo resultado ha sido un mayor incremento de la brecha social y la consolidación de pequeños grupos económicos".  El Plan Estratégico Agroalimentario 2010 -2020 y su promoción de Monsanto prueban el nefasto compromiso de Cristina F. de Kirchner con el sistema global de los agronegocios.

 

 

Globalización, soberanía alimentaria y agroecología
31 de octubre de 2008

 

Por Alexander Galindo Murcia

 

 

Podemos decir ahora, los mayores beneficiados de la globalización han sido las grandes empresas transnacionales, que apoyándose en los acuerdos de la OMC y el GATT han logrado penetrar y controlar con mucha facilidad las economías de los países en vías de desarrollo. Nuestros gobiernos ávidos de inversiones y "captación de divisas" facilitaron política y normativamente para que la nueva colonización económica se implemente sin límites.

 

Podemos citar una serie de ejemplos de sus impactos negativos en todos los rubros de la actividad productiva; lo que ha logrado el modelo es destruir la base productiva de las naciones y el control absoluto del mercado. Los grandes perdedores de esta "ola de la globalización económica" son sectores productivos nacionales que empujados a la competitividad del mercado, sin gozar ningún tipo de protección terminaron fuera del mercado, generando desempleo y altos niveles de inseguridad social.

Las repercusiones de mayor impacto se han producido en el sector rural, la política alimentaría de los países basada principalmente en la importación de alimentos subsidiados ha tenido efectos directos no sólo en la seguridad alimentaría, si no también en nuestra propia soberanía alimentaría. Las secuelas del neoliberalismo a este nivel han sido desastrosas, agudizando la pobreza rural y acelerando la migración del campo a las ciudades de grandes grupos humanos sin esperanzas. En este escenario el sector más vulnerable son las mujeres, por que tienen que enfrentar el desafío permanente de resolver su sobre vivencia.

En la agricultura, el modelo esta sustentado en los principios y prácticas de la "revolución verde" y biotecnologia el cual causa un "crecimiento económico desigual" dentro de los productores. Bajo estas condiciones existe un " modelo de agricultura capitalista" que se beneficia de los recursos de inversión, tecnología, crédito, entre otras y otra la "agricultura campesina" que históricamente ha sido abandonada y desplazado hacia tierras marginales, sin acceso a los bienes y servicios productivos que les permita su desarrollo y competitividad.

 

Hoy en día con el apogeo de la globalización, la OMC considera que " la alimentación debe ser considerada como una mercancía", con esta visión evidentemente la seguridad alimentaría deja de ser prioritaria, en consecuencia será difícil que los países pobres puedan librarse del hambre y la miseria. Además se realizan acuerdos donde se consideran: mejorar el acceso al mercado por la vía de las importaciones, reducir el apoyo doméstico para la agricultura y reducir las subvenciones para la agricultura de exportación. Estos cambios realmente sólo favorecerán a los países desarrollados del Norte y a las grandes transnacionales.

 

Estos acuerdos también afectaran directamente la base productiva de más del 70% de pequeños productores en América Latina, que a pesar de ser los mayores proveedores de alimentos para la población, serán desplazados del mercado por la dificultad de competir con los alimentos importados (subsidiados).

Muchos países han logrado mejorar su productividad, pero no han logrado mejorar sus ganancias, con los precios que genera la liberalización del mercado, ni siquiera han podido recuperar sus inversiones. La causa principal de esta situación es la cada vez mayor importación de alimentos como la soya, trigo, maíz, entre otros, que vienen sustituyendo con mucha facilidad a los alimentos nacionales. Pero, el problema no termina a este nivel, los acuerdos imponen el modelo, que homogeniza los sistemas de producción, la especialización es planteada como una orientación para competir, se deja de lado la diversificación productiva que es la base para la seguridad alimentaría.

 

 

Todo ello, tiene repercusiones a la seguridad y soberanía alimentaría, el cual debe ser compatible con la equidad social, cultural y de género en la producción, el acceso y la distribución de alimentos apropiados. Este enfoque implica una dimensión cultural, educativa y productiva, que debe estar en función de rescatar la identidad, las prácticas y métodos de la agricultura campesina. Lamentablemente estas premisas de la «soberanía alimentaría», no son implementadas ni comprendidas por los gobiernos; se acepta las directivas de las instituciones multilaterales para implementar el modelo, que les impone el ajuste estructural de la economía y la liberalización.

Esta situación empuja a los gobiernos a desarrollar programas de ayuda alimentaría, a través de comedores populares, que muchas veces es utilizado políticamente por los gobernantes de turno para mantenerse en el poder, en este sentido la pobreza empuja al asistencialismo, la manipulación y no genera procesos creativos para mejorar la base productiva.

 

La defensa de la «soberanía alimentaría» pasa por evitar la importación masiva de los alimentos, aprovechar los alimentos nacionales y estimular la diversificación productiva y alimentaría de la población. Para ello se requiere estabilidad productiva y autonomía de los grupos locales, también se requiere confiabilidad en la calidad de los alimentos, conservación de los recursos naturales y la preservación de los ecosistemas. Es importante incorporar la dentro de esta causa las iniciativas de las personas y las organizaciones a ejercer sus derechos sociales para lograr su propia seguridad y soberanía alimentaría. Por ello La Unión Nacional Agroalimentaria de Colombia UNAC y la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura UITA, consideran necesario realizar seminarios, Foros, Encuentros, para generar espacios de debate, reflexión y el desarrollo de propuestas para enfrentar los efectos de la globalización en los países en vías de desarrollo y en especial Colombia.

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ACTA reproduce a continuación el documento colectivo:

 

No nos patenten la vida.

Campaña contra la privatización de

las semillas en Argentina.

 6 de septiembre de 2014

“Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento.

En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo – que incide sobre la producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.

Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales.

A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero – paradigma del extractivismo agrario – continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.

Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro- minero – exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.

A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias socio- ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina.

Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado – a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas.

En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias.

 

El anteproyecto para reformar la Ley de Semillas

El gobierno nacional y las corporaciones agro – biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual.

En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas.

Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra.

Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecúen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.

Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.

Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio público.

En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.

La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar

Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma.

El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.

La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.

 

Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado.

Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean las problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.

A modo de conclusión

De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países.

En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa – dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático – prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado.

Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.

Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:

- No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.

- No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.

- No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.

- Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.

- Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos.

- Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.

- Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.

Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse el proyecto para la reforma de la Ley de Semillas que detallamos en el presente documento”.

Organizaciones y espacios: Acción Reverdeciente; Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA; Cultivarte; Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria; Argentina (Agrupación Visión Sostenible); CTA; Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Mishkila Alimentos; Red Tacurú; Sopita Ropita; Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la Soberanía Alimentaria; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social, UNER; Centro de Educación Agroecológico ASHPA de Guernica; Proyecto Sur Provincia de Buenos Aires en Corriente Nacional Emancipación Sur; La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya en Corriente Nacional Emancipación Sur; Sobre Rieles UnLa; Los Pies en La Tierra; Oro del Inca Cooperativa; Reforestala “Proyecto Compartir”; Bandera Negra UNQ); Colectivo desde el Pie; SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia); Red Ecosocialista (MST+Independientes); La Revolución de la Cuchara Argentina; Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta iniciativa del EZLN); Colectivo Orgánico; Comisión Ecológica de Ituzaingó, Buenos Aires; Agrupación ecologista “Nueva Ecología de la Tierra” (N.E.T.), Santa Fé; Junta Abya Yala por los Pueblos Libres (JAPL); Revista Theomai; Chaucha y Palitos Huerta Barrial, Salta; Portal Confraternizar Hoy; Organización para la Liberación Argentina (OLA); “La Peñaloza” Organización Campesina; Instituto Taki Ongoy; Corriente del Pueblo; “La Rabia” Radio/TV Escuela; Partido Pirata.

Individuales: Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas; Mirta Baravalle; Félix Diaz; Miguel Teubal; Norma Giarracca; Jorge E. Rulli; Jorge Falcone; Miguel Bonasso; Alejandro Bodart; Vilma Ripoll; Lucila Díaz Rönner; Patricia Langlais; Maristella Svampa; Enrique Viale; Soledad Barruti; Laura Isod; Marcelo Viñas; Miguel Mirra; Susana Moreira; Eduardo González; Elena Picasso; Marcelo Giraud; Carlos Del Frade; Mario Cafiero; Ana Isabel Rivas; Bibiana Apolonia del Brutto; Andrés Dimitriu; Ulises de la Orden; Silvia Cloquell; Guido Galafassi; Luis Barone; Ana Valtriani; Tomás Palmisano; Luis Mattini; Jorge Cardelli; Carlos María Pagano; Graciela Ferrario; Miguel Mazzeo; Guillermo Folguera; Víctor Bruno Montesco; Luis Daniel Hocsman; Mariano Rosa; Juan Wahren; Carlos Abel Suárez; Matías Giletta; Marcelo Manzatto; Julián Llamosas; Elena Kahn; Guillermo Cieza; Victoria Díaz Abal; Sofía Bascuñan; Laura Didowicz; Judith de Babot; Claudia Carbone; Noelia García; Cintia Cuneo; Pablo Vommaro; Fernando Del Gener; Agostina Falduti; Sofía Kempski; Caito González; Nicolás del Aguila; Jorgelina Alioto; Dolores Jiménez; Mario Pablo Gallino; Pamela Orellana; Pablo Delgado; Gladis Melo; Cristina Delgado; Emanuel Marcos Abínzano; Patricio Ramos; Patricia Azcoitia; Nicolás Games; Ignacio López Lemus; Virginia Azcoitia; Pablo Aranda; Estela Knez; Analía Bernardo; José Rubio; Verónica María Martín; Zuríe Amado; Carmen Orellana; Mauricio Nicolao; Pablo Urrutia; Fernando Rovelli; Milena Amaya; Lucio Florio; Nora López Rita; Oscar Vicente Silva; Daniela Miranda; Fabián O. Barrionuevo; Mario Brasca; Julia Esvant; Pablo Gómez; Roberto Ochandio; Ignacio Mayorga; Elena González; Alicia Gianfelici; Jorge Malla; Elena Cedrón; Eva Montesco; Verónica Torres; Franco Hernández; Lilah Ríos; Gabriel Beber; Maria Belen Coussirat; Cecilia Fantini Giorgetto; Guillermo Eugenio Acosta; Silvia Cerpa; Antonio Merched Mitre; Luis Fabrizi; Juan Spinetto.

Internacionales: Gustavo Esteva (Universidad de la Tierra, Oaxaca, México); Raúl Prada Alcoreza (Grupo Comuna, Bolivia); Miguel Benasayag (Francia); Jairo Restrepo (La Mierda de Vaca, Colombia); Francisco “Paco” Puche (España); Elena Kahn (Guerreros Verdes, México); Carlos Walter Porto-Gonçalves (Universidade Federal Fluminense, Brasil); Rodrigo Meiners Mandujano (Desarrollo Rural-Xochimilco, México); Fabián Cevallos Vivar (Ecuador); Rodrigo Lampasona (Iniciativa Exige Vivir Sano, Chile); Alicia Jardel (Bélgica); Conciencia Colectiva (Quintana Roo, México); LEMTO (Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e de Territorialidades, Universidade Federal Fluminense, Brasil).

ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 16 DE AGOSTO DE 2015

 

Fuente: http://www.agenciacta.org/spip.php?article13283

En consecuencia, no por oposición rotunda al gobierno de Mauricio Macri o de la alianza Cambiemos, debemos continuar y reforzar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner, el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria. Es fundamental destapar su criminalidad de lesa humanidad y su colaboración con los imperialismos implícitos en la globalización y las transnacionales.

 

Tampoco se trata que por el imperativo de unión en diversidad no tengamos en cuenta la claudicación de dirigentes campesinos. Es fundamental recuperar la Vía Campesina porque: "La identidad campesina permitió forjar un movimiento de esta magnitud, sustentada en su apego a la tierra y en una cultura de cuidados, convive desde siempre, pero sobre todo «en estos tiempos de ignominia como ahora / a escala planetaria y cuando la crueldad / se extiende por doquier fría y robotizada» (en versos de José Agustín Goytisolo), convive con el exilio, una realidad demasiado común para las gentes del campo." Reflexionemos sobre:

 

Actualidad de los movimientos campesinos

Revista Soberanía Alimentaria n° 29.

Verano 2017

Editorial

Bienvenidas a un país de acogida

 

La voz era firme, bien podíamos pensar que salía directamente de su corazón. O tal vez era una voz colectiva, la de la suma de las más de 800 presencias, que en el salón atendían a las primeras palabras de Unai Aranguren, de EHNE Bizkaia: «En un contexto general de cierre de fronteras y de pérdida de derechos sociales y civiles, bienvenidas al País Vasco, un país de acogida. Nuestro primer mensaje de solidaridad para todas aquellas personas, refugiadas, inmigrantes, sean campesinas o no, que han tenido que salir de sus países y que están viviendo situaciones dramáticas». La emotividad acumulada durante las actuaciones previas a su intervención: la txalaparta, el aurresku, la coral vasca…, como una descarga eléctrica compartida y retroalimentada, pareció recorrer todos esos cuerpos.

 

Allí, en la apertura de la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina, se sabía muy bien qué significa el fenómeno migratorio, qué significa pedir asilo, buscar refugio, salir y luchar para salvar la vida. La identidad campesina que permitió forjar un movimiento de esta magnitud, sustentada en su apego a la tierra y en una cultura de cuidados, convive desde siempre, pero sobre todo «en estos tiempos de ignominia como ahora / a escala planetaria y cuando la crueldad / se extiende por doquier fría y robotizada» (en versos de José Agustín Goytisolo), convive con el exilio, una realidad demasiado común para las gentes del campo.

 

Como dijo Unai, «ante esta barbarie, los campesinos y campesinas tenemos que ser actores activos en la acogida, porque si hay una palabra que define bien a La Vía Campesina, es la solidaridad». Esta solidaridad estuvo presente en los cuatro días que duró este evento en el que cada cuatro años se comparten aprendizajes para trabajar los retos políticos inmediatos.

En este número hemos querido dedicar la sección «Amasando la Realidad» a este importante encuentro en el que estuvimos presentes, para recoger y difundir, especialmente, dos de los temas que con más fuerza se erigieron en ejes estratégicos para el movimiento campesino: feminismo campesino popular y derechos campesinos. Los acompañamos de la propia declaración final de la Conferencia y de dos artículos para ampliar el conocimiento de realidades campesinas europeas, a veces tan lejanas, incluso cuando se comparten luchas y territorios: Portugal y Rumanía.

Añadimos en las otras secciones temáticas que encuadran la necesidad de esta construcción común desde el cuidado de la tierra: la insostenibilidad de nuevos cultivos, cegados por el mito de la productividad; la apropiación del mercado ecológico por las multinacionales; y las consecuencias sociales del monocultivo de palma, un ingrediente clave en la alimentación industrial.

 

Visitamos la finca de Cerro Libertad, en Jaén, ocupada por el Sindicato de Obreros/as del Campo, para preguntarnos qué pasa en su día a día; el barrio madrileño de Lavapiés, que desde hace diez años trabaja en red por la soberanía alimentaria; y el pueblo de Potries, en la comarca valenciana de La Safor, que nos recuerda la importancia del vínculo emocional con la tierra.

 

Goytisolo cierra su verso: «Aún queda buena gente en este mundo / que escucha una canción o lee un poema». El poema de esta conferencia se escuchaba, se leía y se cantaba en ese constante reconocimiento a otra de las tristes centralidades del movimiento campesino: la criminalización y acoso de quienes lo hacen posible.

«Berta Vive, la lucha sigue».

Leer

 

 

Tomemos conciencia -y generalicémosla- sobre el carácter reaccionario del kirchnerismo de no revisar más de una dekada, de no haber cuestionado a Scioli y bloquear todo debate por fijarse en la mentira de tener proyecto nacional popular. Mientras persista su brega por un capitalismo serio inexistente en el mundo, nuestro antagonismo con esos dirigentes e intelectuales es irreconciliable por nuestra voluntad anticapitalista que se está abriendo caminos como el siguiente: 

 

 

Ecofeminismo & Lucha Indígena

La tierra es la madre y es la que

tiene capacidad de dar vida

18 de noviembre de 2017

 

Por Paola González Velosa  

www.ecologistasenaccion.org

 

 Leonor Zalabata, líder indígena colombiana del pueblo Arhuaco, habla en esta entrevista sobre los pueblos indígenas y la lucha ecofeminista.

Cuando se cumplen 10 años de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, hablamos con Leonor Zalabata, líder indígena colombiana del pueblo Arhuaco [1].

Zalabata, reconocida por su trabajo por los derechos de los pueblos indígenas, cuenta con 35 años de experiencia; ha participado en la Comisión de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, en la Red de Mujeres por la Biodiversidad y el grupo de trabajo de los pueblos indígenas de Naciones Unidas en Ginebra. En 2007 el Primer Ministro de Suecia le entregó el Premio Internacional de los Derechos Humanos Anna Lindhs.

Leonor Zabalata hace una reflexión sobre la búsqueda de una sociedad intercultural y justa que reconozca los derechos de todos los seres vivos como principio de vida. Una sociedad similar a esa democracia de la tierra [2] de la que habla también la líder india Vandana Shiva en la que se ve el mundo en sus interrelaciones y a través de la cual podemos cooperar para ser creadores de paz, sostenibilidad y justicia. Los pueblos indígenas poseen un sistema de pensamiento estrechamente ligado a la tierra, principio que los diferencia de la sociedad occidental mayoritaria. 

 

En la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, habitan los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, representativos por su resistencia histórica. Fundamentan su cosmovisión en la existencia de la “Ley de Origen” mediante la cual se relacionan y reconocen el valor primordial que tiene la naturaleza para la vida. A través de los usos y costumbres orientados por dicha ley, estos pueblos han pervivido por mucho tiempo ante distintas adversidades. Una de ellas, el conflicto armado en Colombia en el que se han vulnerado sus derechos, desde los diferentes escenarios de violencia hasta por los procesos de explotación de la tierra [3]. En este escenario, el territorio-naturaleza y las mujeres indígenas han sido víctimas. 

 

Estas últimas desde su posición de indígenas, pobres y mujeres vinculadas a situaciones de explotación económica y opresión cultural que se ven agravadas por su condición de género [4]. Desde las miradas ecofeministas, las mujeres y la naturaleza sufren violencias paralelas al ser explotadas por el sistema patriarcal capitalista que las considera inferiores y apropiables. Esta misma relación la vemos reflejada en el vínculo de los pueblos indígenas con sus territorios, quienes, afectados por el mismo sistema desarrollista, luchan por la conservación de la naturaleza como medio de vida y equilibrio universal.

 

Un elemento diferenciador de los pueblos indígenas es lo que ustedes reconocen como Ley de Origen. ¿Cómo se explica esta ley? 

Las tradiciones de los pueblos indígenas han estado siempre arraigadas a la tierra, de ahí que la conservación de la naturaleza sea un tema de vida diaria. La Ley de Origen es un enfoque de vida, mediante él se establece una relación recíproca con la naturaleza, en esta medida todo tiene vida porque influye en los demás seres. Una ley donde todos los elementos de la naturaleza tienen sus padres y madres. Estos, según nuestra tradición existían antes de materializarse y hacerse tangible lo que hoy tenemos. Por tanto, la ley conduce nuestros usos y costumbres, recoge unos principios para relacionarnos y proyectarnos y se constituye como base para mantenernos dentro de la actualidad en reconocimiento de derechos sociales, políticos y económicos.

 

¿Cómo han pervivido haciendo uso de esta ley y por qué cree que los demás nos hemos distanciado esa visión?

 La solución de muchas cuestiones la encontramos dentro de la ley de origen con componentes que ahora son nuevos. En los últimos siglos nos hemos relacionado sin desaparecer, avanzado a la luz de las tradiciones indígenas y esto nos da la capacidad de ser modernos. Relacionarnos de igual a igual, porque somos diferentes y la igualdad está en esto, en que todos valoremos la diferencia. Considero esta ley como elemento que nos permite respetar y relacionarnos con los otros. Así, la cuestión es que los indígenas no estamos ni por encima ni por debajo de la naturaleza, nosotros somos un ser creado para conservarla. Pero ahora ya no nos dejan convivir con ella, somos un obstáculo para el desarrollo y lo peor es que la sociedad mayoritaria no avanza, su vida es el carro, la beca y la tarjeta de crédito. Esto nos ha ocasionado graves impactos, por ello la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas se mantiene. Si no, no seguiríamos aquí.

 

¿Por qué dice que las mujeres simbolizan a la madre tierra, y los hombres a los árboles, y la mujer es el sostén físico y cultural de los pueblos indígenas? 

No hay tema de desigualdad sino de reconocimiento a una misión que cumplen tanto los árboles como la tierra misma, las mujeres al igual que los hombres. En nuestras tradiciones la tierra es la madre y es la que tiene la capacidad de producir la vida de todo lo que hay en ella pero esta no es posible si no hay una protección. ¿Qué haríamos si la tierra no tuviera vegetación? La madre nos da la vida pero los árboles permiten que se den otras cosas importantes, como el oxígeno. Para los pueblos indígenas no es gratuito existir hoy. Ha habido una resistencia de la gente que hace diariamente cultura. Una mujer indígena tradicional es la que realmente sostiene esa manera de ser y de pensar de los que viven en el territorio. Hay muchas actividades donde ellas son el pilar y aparte de criar los hijos hacen también otras labores, de artes, agrícolas, sociales incluso; en reuniones organizativas y de autogobierno y desde niñas porque se instruyen para ello. Las mujeres están ligadas a lo que no se abandona nunca, por ejemplo el tejido, permanentemente por dónde va caminando va tejiendo es parte de su vida. Pero es necesario que haya mujeres que nos dediquemos a ser líderes para incluir esa visión y sentir de la mujer indígena dentro de nuestros procesos y espacios políticos.

 

Desde su vida como colectividad ¿En que se basan los conceptos de identidad y territorio? 

El pueblo Arhuaco ha sido pionero para avanzar en los sistemas de salud y educación. Asimismo hemos logrado que se retiren las misiones y que no haya proselitismo religioso en nuestros territorios. Hacemos esto porque estamos convencidos de que las tradiciones y prácticas han hecho posible que tengamos una identidad que se mantiene cuando ha sido transmitida y comprendida por nuestras generaciones. Hoy contamos con profesionales en muchas áreas que profundizan en el conocimiento de afuera y regresan otra vez con más fuerza a su cultura. Ya no dependemos exclusivamente de personas no indígenas y aunque nuestra identidad evoluciona, la relación con la espiritualidad y la naturaleza es el fuerte que nos permite relacionarnos como colectividad. Cada uno de los órganos que tenemos los humanos descansa en un punto de la tierra, no podemos mantener las fuerzas que necesitamos si perdemos el territorio o parte de él [5]. En un encuentro internacional, el escritor Eduardo Galeano me pidió que mencionara cuatro cosas fundamentales para la permanencia de los pueblos indígenas Estas son: el espíritu, el pensamiento desarrollado en nuestra filosofía, la forma de dirigir políticas y el territorio. Estas líneas están supremamente relacionadas y dependen entre sí, haciéndonos permanecer individuales en una identidad colectiva.

 

 ¿Por qué construir una sociedad ecológicamente sostenible, socialmente justa y políticamente participativa? ¿En qué grado pueden influir las mujeres? 

La justicia no solamente se basa en unos derechos para los humanos, las plantas por ejemplo tienen sus derechos, entonces una sociedad justa es la que puede entender los derechos que tienen todos los demás. Es necesario comprender esa sencillez de los demás seres que nos rodean. Es un tema universal, tampoco podemos atribuir el desastre que tenemos de la naturaleza solamente a los hombres o creer que las mujeres solas podemos construir otro mundo. Lo que sí es necesario, como decía Gabriel García Márquez, es que las mujeres tomen las riendas, es vital probarlo pero al final el cambio depende de construir raíces. Hay que avanzar sin perder incluso los propios valores y formas para construir sociedades justas en donde la naturaleza sea un tema central en la vida de la gente. Los pueblos indígenas en el mundo somos como los pájaros: cambiamos de plumaje pero no de canto, de ahí que las culturas sean el pilar para la transformación de la humanidad y conservación de la naturaleza.

 

Notas 

[1] Originariamente conocido como el Pueblo Ika, el término Arhuaco fue acuñado por los españoles para diferenciar el dominio con otras zonas de la región. El mismo se generalizó entre los indígenas que sobrevivieron a la conquista. ONIC, Pueblos Indígenas Colombianos.

[2] Shiva, V. Cambio del paradigma: la reconstrucción de una seguridad real en un tiempo de inseguridad. La democracia de la tierra.

[3] La Corte Constitucional de Colombia advirtió a través del Auto 004 de 2009 que al menos 35 grupos indígenas estaban en peligro de extinción a causa del conflicto armado y el desplazamiento.

[4] Hernández, T. y Murguialday, C. 1991. Mujeres Indígenas de Ayer y Hoy, Talasa, p. 90.

[5] En la misma entrevista, Leonor menciona la importancia de la biodiversidad ya que cada ser es fundamental para el equilibrio con la naturaleza. Más información: Mujeres Indígenas. Anuario Hojas de Warmi. 2012. Nº 17.

https://www.ecologistasenaccion.org/article35191.html 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=234223

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Criterios para articular economías solidarias,

feministas y ecológicas

30 de octubre de 2017

 

Por Luís González Reyes (Viento Sur)

El capitalismo tiene un único fin: la reproducción ampliada del capital, por lo que es necesario bloquear esa reproducción. A ello contribuyen distintas medidas. Una es prohibir la existencia de beneficios, que los excedentes reviertan en la mejora del tejido socioambiental. Esta es una de las características de las cooperativas sin ánimo de lucro. A esto se puede añadir limitar el tamaño posible de las empresas para que no puedan convertirse en capitalistas. Eso es mucho más que una ley antimonopolios, es poner en marcha medidas como las que hicieron que en la China yuan y ming no se desarrollase el capitalismo: fijación de precios, confiscación periódica de riqueza, etc. Pero si el beneficio no queda en la unidad de producción el ahorro es pequeño, por lo que hay que poner en marcha mecanismos que permitan hacer inversiones. Estos deberían ser necesariamente colectivos. Aquí son importantes herramientas como el micromecenazgo o la banca pública.

Una segunda característica del capitalismo es que la sociedad es “de mercado”, es decir, que la población necesita recurrir al mercado para poder sobrevivir, no tiene autonomía económica. Esto implica que el grueso de la población necesita dinero para adquirir esas mercancías, por lo que vende una parte sustancial o mayoritaria de su actividad económica. Así, habría que pasar de sociedades “de mercado” a sociedades “con mercado”, donde este sea solo un complemento.

Para esta transición es imprescindible la creación de autonomía. Esta se consigue en la medida que los proyectos tienen sostenibilidad ambiental (cierran los ciclos de la materia pudiendo reducir sus necesidades de aportes externos, usan energías y materiales renovables locales, etc.); están menos especializados o, dicho de otra forma, tienen una actividad económica más variada y por lo tanto son más autosuficientes; cuentan con una “huerta básica”, que les permite tener un aporte de alimento autónomo; se basan en la frugalidad; o tejen redes de apoyo mutuo con otras unidades de producción. Desde esta perspectiva, la lucha no estaría tanto en estatalizar sectores estratégicos (lo que no está de más, pues puede limitar la reproducción del capital), sino en crear autonomía.

En una economía “con mercado” no se produce para la venta, sino para el uso. Solo se venden los excedentes. Únicamente así, el mercado podría ser un mecanismo de cooperación. Un ejemplo serían las huertas rurales en las que las/os paisanas/os llevan a la plaza del pueblo lo que les sobra. Además, el mercado debería estar regulado por normativas estrictas que respondan a las necesidades básicas (y sentidas) de la población. La gestión de los comunales tradicionales provee de muchos ejemplos, uno es el Tribunal de las Aguas de Valencia.

Una tercera propiedad del capitalismo es que una sociedad de mercado necesita irremediablemente dinero para funcionar, por lo que habría que pasar del dinero capitalista a las monedas sociales y la desmonetización. Para ello, es importante que no sean funcionales a la reproducción del capital. Una forma es consiguiendo que no sirvan como reserva de valor. Esto se puede conseguir haciendo que se oxiden (pierdan valor con el tiempo), que puedan ser “creadas” por la población (como el cacao, la moneda maya) o que sean un dinero-mercancía basado en materiales relativamente abundantes (como las conchas de caurí, que se usaron desde el Índico hasta el Pacífico). Además de ser malas reservas de valor, también es importante que tengan límites en su creación. Unos límites que deberían referirse a los planetarios. La propuesta del grupo MaPriMi de anclar las monedas a una cesta de minerales va en ese sentido. Los sistemas LETS también ponen límites a la creación de dinero. Otra línea de trabajo sería que los intercambios, o mejor aún la reciprocidad, fuese en especie más que en dinero, que es como funciona habitualmente la economía familiar.

Una cuarta base del capitalismo es que el fundamento de las clases sociales es quién gestiona los medios de producción frente a quién tiene que vender su fuerza de trabajo para conseguir el dinero que le permita acceder al mercado. La clave no está en si el proletariado consigue buenos o malos salarios o si la empresa es más o menos democrática (cosas que son importantes en la economía solidaria, pero que no están en la base del funcionamiento del capitalismo), sino en que está proletarizado, en que ha perdido su autonomía. Trascender esta organización social requiere sacar del mercado cada vez más actividades, des-salarizar a la población. De este modo, la idea no es “valorar” los empleos que están fuera del mercado (como muchos de los cuidados), sino meterlos dentro de unidades productivas poscapitalistas. Para ello, es preciso unir producción y reproducción en una misma “empresa”. Un modelo podría ser la familia medieval, otro la integración de los cuidados dentro del funcionamiento de las cooperativas.

Obviamente, también habrá que atender a la propiedad de los medios que permiten la producción pero, sobre todo, a quién los gestiona. Un ejemplo de cómo la clave está más en la gestión que en la propiedad (sin negar su importancia) son los huertos comunitarios en terrenos municipales o privados.

En quinto lugar, en nuestro sistema socioeconómico la competencia obliga a un aumento de la productividad sostenido, lo que solo se consigue con un incremento de la maquinización. Una consecuencia de esto es que en los sectores más importantes del capitalismo el grado de automatización es muy alto y las posibilidades de hacer la inversión para entrar en ellos solo están al alcance de grandes capitalistas. Por ello, son imprescindibles expropiaciones y reapropiaciones de estos sectores productivos. También es importante que las unidades de producción tengan un tamaño medio (¿unos pocos cientos de personas?), lo que también es clave para conseguir autonomía. Un ejemplo de cómo intentar llevar a cabo esto podría ser la Cooperativa Integral Catalana. Y, por supuesto es fundamental una destecnologización de la economía, algo que sucederá conforme avancen las restricciones materiales y energéticas.

Una última idea es que el capitalismo es un sistema automático sin control profundo por ningún poder político ni empresarial: todo el mundo tiene que orientar obligatoriamente sus estrategias a aumentar la competitividad. Para que la economía sea realmente democrática, nuevamente la autonomía es un paso imprescindible. También ayudará integrar productoras/es y consumidoras/es en la toma de decisiones. El BAH! ha mostrado un camino de cómo hacerlo.

Reflexiones sobre cómo hacer el tránsito

La construcción de una sociedad así se puede parecer bastante a la de un gueto en el que las unidades productivas poscapitalistas se relacionarían entre sí creando un ecosistema autosuficiente. Pero articular solo “hacia dentro” sería una mala decisión desde la perspectiva estratégica, ya que en los tiempos actuales de colapso civilizatorio necesitamos parar la degradación socioambiental para que la supervivencia de estos guetos sea posible. Además, el capitalismo tiene gran potencia y está en una situación desesperada por la crisis estructural que atraviesa. Esto le llevará a intentar fagocitar estas iniciativas para llevarse su fuerza de trabajo y recursos.

Más que guetos, la idea podría ser crear espacios híbridos. Por ejemplo, huertos urbanos productivos abiertos al vecindario o comedores escolares ecológicos en colegios de barrios empobrecidos. No serían unidades productivas con límites definidos, sino más bien unidades productivas que se interpenetran, de forma que una persona pueda estar a la vez en varias de ellas. Solo la presencia en varias daría una cierta autonomía, ya que en la transición estarían bastante especializadas. El mercado social de Madrid sería un ejemplo de esto, no exento de una fuerte dosis de gueto. La economía que gira alrededor de la Bristol Pound sería otro caso más abierto, pero con iniciativas que en muchos casos no están trascendiendo al capitalismo.

Las instituciones también cumplirían un papel en todo esto, pero no como actrices del cambio, sino como facilitadoras, catalizadoras, pues los cambios personales y sociales sólo se van a dar si las personas son protagonistas de estos, si participan directamente en entornos que les gratifiquen otros valores que no sean los competitivos.

Luis González Reyes es miembro de Ecologistas en Acción y de varias experiencias de la economía solidaria, feminista y ecológica

https://vientosur.info/spip.php?article13143

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=233411

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Recordemos al espacio Carta Abierta que se constituyó para modelar la subordinación incondicional de la gran mayoría al gobierno CFK y reforzar el relato épico del matrimonio Kirchner de enfrentar a la oligarquía terrateniente y a los productores de soja. Cuando lo cierto es que: Gustavo Grobocopatel (el rey de la soja) fue uno de los ganadores de la dékada; en 2010 CFK presenta el Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2020 cuyo objetivo principal es expandir aún más al monocultivo de soja transgénica o sea afianzar el sometimiento neocolonial del país;  y en simultáneo al golpe de estado en Paraguay a favor de Monsanto, CFK anuncia con orgullo que esa corporación estadounidense aumentará su presencia en Argentina. Veamos porqué caracterizar al kirchnerismo como reaccionario. Comparemos a Carta Abierta con:

 

Creando redes por una América Latina libre de transgénicos

3 de noviembre de 2017

 

Por Elizabeth Bravo1, María Isabel Cárcamo2 y María Isabel Manzur3

Resumen

Este trabajo hace un recorrido por el nacimiento, evolución y logros de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT); una red de espacio de coordinación regional de apoyo a organizaciones que enfrentan la expansión de los cultivos transgénicos. La RALLT aborda la problemática de los cultivos transgénicos desde diversas perspectivas, incluyendo los impactos en la salud que estos generan, la pérdida en la biodiversidad, la dependencia que crea la aplicación de derechos de propiedad intelectual en las semillas. En este artículo se hace un recuento histórico político de cómo y por qué nace la RALLT. También se analiza cómo se ha construido su identidad como una red latinoamericana, en la que es necesario establecer diálogos entre sus miembros y con otros actores, cómo se desarrollan y construyen los espacios de solidaridad, y se hace un recuento de los grandes temas en los que ha trabajado a lo largo de los años e identifica los nuevos pendientes.

 Introducción

Aunque las redes internacionales de apoyo a la sociedad surgen en el siglo XIX, en apoyo al fin de la esclavitud en Estados Unidos y posteriormente, al movimiento sufragista inglés, estas se gestan, proliferan y crecen en complejidad y profesionalismo a inicios de 1960 (Keck y Sikkin 1998). De manera particular, en América Latina las redes ecologistas que trabajan en áreas temáticas especializadas en apoyo a organizaciones nacionales y locales en sus demandas específicas, se fortalecen a partir de Río 92. Keck y Sikkink (1998, 12) plantean que las redes internacionales generalmente tienen la capacidad de mover información oportuna, de manera eficaz y con alta credibilidad, con el fin de tener un impacto mediático deseado. Keck y Sikkinik (1998) hablan además de su capacidad de invocar símbolos, acciones o relatos que dan sentido a una situación o reivindicación, para una audiencia que frecuentemente está lejos, y que en ciertas situaciones son actores poderosos que tienen la capacidad de actuar y/o influenciar sobre una política o principios. Actualmente, aunque existe mucha información sobre casi cualquier tema, las redes facilitan procesos de mediación pedagógica e interpretación sobre temáticas complejas, cuya información puede presentarse de manera muy críptica, sesgada o equivocada.

En temas complejos, como son los organismos transgénicos o las nuevas tecnologías, esos procesos de mediación son fundamentales. Pero las redes actúan como fuentes alternativas de información, sobre todo frente a las versiones oficiales o generadas por la industria (Keck y Sikkin 1998, 7). Sin reemplazar a las organizaciones nacionales, las redes además ponen en contacto a organizaciones locales y nacionales con otros actores sociales trabajando en la misma problemática. Abren canales con tomadores de decisiones pertenecientes al sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y otras organizaciones internacionales, para conseguir que sus voces sean escuchadas.

Scherer-Warren (2005) propone un debate sobre “redes sociales” para entender las acciones colectivas contemporáneas. Para Scherer-Warren la “red de movimientos sociales”, conecta individuos y actores sociales de manera compleja, simbólica y estratégica, cuya identidad se construye con diálogos, intercambios y negociaciones; poseen una identidad política/ ideológica, social o cultural; definen campos de conflictos y resistencia para construir el proyecto del movimiento. Scherer-Warren (2005) propone que para entender las redes es necesario buscar la historicidad de su formación, el diálogo entre actores, y de cómo se enfrenta a los códigos de los opresores. Propone como dimensiones de las redes de movimientos, la solidaridad y la construcción de la identidad.

En este artículo analizamos la evolución de una red latinoamericana que nació con la expansión de los cultivos transgénicos en la región: la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT), a la luz de lo propuesto por Scherer-Warren (2005).

El contexto histórico en el que nace la RALLT

En 1996 empiezan oficialmente a comercializarse cultivos transgénicos en tres países: Estados Unidos, Canadá y Argentina, especialmente la soya transgénica resistente a glifosato (soya RR) de Monsanto. Estos cultivos tuvieron un crecimiento exponencial. Si bien en Estados Unidos y Canadá hubo importantes campañas en contra de la siembra comercial de transgénicos, la historia fue diferente en Argentina. En plena época del neoliberalismo, con Carlos Menem como presidente, la soya transgénica se expandía en el país de manera silenciosa. Organizaciones dedicadas a la producción agroecológica no se percataron del peligro de esta nueva tecnología. Introducida hacia 1979, la soya fue creciendo paulatinamente. En la temporada 1996/1997, las 50.000 hectáreas (ha) de soya RR representaban apenas el 0,7% de la superficie dedicada a este cultivo. Para 1997/1998, había ya 1.756.000 ha (25% del total). Un año después, ya representaba el 80% (5.600.000 ha); y en 1999/2000, la superficie con soya RR era de 6.800.000 ha (85% del total sembrado en el país) (Vara 2004).

Las organizaciones sociales empezaron a tomar conciencia de lo que sucedía cuando se creó en el seno de las negociaciones de lo que más tarde sería el Protocolo de Cartagena, un grupo de lobby llamado el “Grupo de Miami” en 1999. Este grupo estaba conformado por Estados Unidos, Australia, Canadá, y los países suramericanos Argentina, Uruguay y Chile. ¿Qué estaba pasando en esos países que rechazaban la adopción de un convenio internacional que regule la comercialización de transgénicos? Fue en ese contexto que tuvo lugar la primera reunión de organizaciones sociales sobre cultivos transgénicos celebrada en la ciudad de Quito en enero de 1999.

La declaración refleja el estado del debate del tema en ese momento: Que se declare una moratoria a la liberación y el comercio de organismos transgénicos y sus productos derivados, hasta que exista una completa evidencia de su seguridad y de la ausencia de riesgos, y que nuestras sociedades hayan tenido la oportunidad de conocer y debatir de manera informada sobre estas tecnologías, sus riesgos e impactos sobre el modelo agrícola que se quiere implementar en cada país (RALLT 1999). La declaración concluye haciendo una invitación a las organizaciones y movimientos sociales de campesinos, indígenas, consumidores, de derechos humanos, ecologistas, de salud y otras, que comulguen con estos principios, a aunar esfuerzos para la recuperación de la capacidad de sustento de nuestras sociedades, de la defensa de la soberanía alimentaria y de los modelos agrícolas y productivos que la apoyen (RALLT 1999). De esa manera se creó la RALLT.

El diálogo entre actores y la cohesión de la red

A lo largo de su historia, la RALLT ha construido una red informal de organizaciones indígenas, campesinas, ecologistas y de derechos humanos de América Latina, que trabajan en torno al avance de los cultivos transgénicos en la región, constituyéndose en un referente en el tema. La mayoría de sujetos y organizaciones miembros de la RALLT provienen de redes preexistentes a nivel local y regional. Para Scherer-Warren (2005, 90), en el funcionamiento de las redes confluyen la academia (con argumentos científicos), las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) (en la interacción pensar - actuar) y los militantes (llevan a cabo acciones de presión y participación), aun cuando estos bordes no sean muy claros y hay imbricaciones importantes entre ellos.

En la RALLT, la complejidad de la problemática de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados, otro nombre con el que se conoce a los transgénicos) demanda la concurrencia de varios tipos de saberes y de procesos de mediación pedagógica para hacer inteligible a todos los actores las diversas dimensiones en torno a esta problemática. Esto lo hace a través de sus publicaciones, su boletín semanal y talleres virtuales y presenciales.

El diálogo de saberes y la mediación pedagógica han sido ejes transversales en todo el accionar de la RALLT. Scherer-Warren (2005, 83) dice que las redes de movimientos crean nuevas territorialidades que van más allá del espacio físico, que se construyen en el proceso de acción. Si bien la cohesión de la red se sostiene a través de la comunicación virtual de manera cotidiana, la asamblea general es el espacio de construcción de identidad y donde se establecen sus prioridades. Estas tienen lugar cada dos o tres años en algún país de la región, donde se tratan temas específicos (como la ayuda alimentaria, las zonas libres de transgénicos, los impactos del glifosato), así como la problemática de cada país. Otra forma de comunicación son los intercambios de experiencias y giras de verificación que se han hecho, por ejemplo, a las zonas sojeras de Paraguay y Argentina, a Panamá; pero también para conocer experiencias positivas en México y Ecuador (RALLT y Alianza Biodiversidad 2013, 3-24).

Enfrentando a los códigos del opresor

Desde su declaración fundacional se expresa la indignación por la agresiva invasión de OGM en América Latina, la zona de mayor diversidad agrícola del planeta.  En la asamblea RALLT del 2001, se trató de explicar por qué la soya RR se expande de maLa RALLT trabajó desde sus inicios para superar la tendencia de ver esta problemática como una cuestión puramente científica, que explique el movimiento de genes en una planta y sus consecuencias. Es esa la perspectiva que la industria biotecnológica propone. Aunque la RALLT ha propiciado que sus miembros manejen los mejores argumentos científicos disponibles, no se limita a eso, sino que ha incluido en su debate y en sus acciones un cuestionamiento al modelo productivo, con una perspectiva de salud asociada al paquete tecnológico y el incremento en el uso de plaguicidas y sus efectos; el comercio mundial de commodities; la propiedad intelectual, la biodiversidad, los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos sociales y culturales, lo que hace de la RALLT una red que dialoga con diferentes actores y redes, y da un paso más pues plantea cómo la ciencia y la tecnología tras los OGM están al servicio de las corporaciones.

En la asamblea RALLT del 2001, se trató de explicar por qué la soya RR se expande de manera tan agresiva en la región: el uso de semillas resistentes a un herbicida facilita la erradicación química de las malezas, eliminando mano de obra y bajando por lo tanto los costos de producción.  Este modelo además permite sembrar grandes extensiones de forma mecanizada, lo que favorece la concentración de la tierra. Fue entonces posible identificar quiénes son los grandes perdedores de este modelo: las poblaciones que viven cerca de las plantaciones que están expuestas a las fumigaciones aéreas y terrestres con los agrotóxicos que forman parte del paquete de la agricultura transgénica, y los campesinos desplazados por el avance del monocultivo.

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Para profundizar el tema, en 2006 tuvo lugar el Foro Social de Resistencia a los Agronegocios a nivel de Suramérica, convocado por organizaciones campesinas, sindicatos, vecinos afectados y organizaciones ecologistas (Foro Social contra los Agronegocios 2006). El seminario fue complementado con un soya tour organizado por la RALLT en la zona sojera argentina, donde campesinos de zonas potencialmente afectadas pudieron ver la devastación dejada por el modelo transgénico, la transformación del paisaje (puertos fluviales, centros de acopio, centros de almacenamiento de agrotóxicos, carreteras llenas de camiones transportando mercancía hacia y desde los puertos, etc.), dejando en evidencia los vastos territorios controlados por el agronegocio. Este análisis significó una ruptura con otros discursos manejados en ese entonces sobre transgénicos, centrado en los impactos de los “constructos” genéticos y en la regulación de las evaluaciones de riesgo. La problemática de los transgénicos quedaba por tanto en mano de biólogos moleculares. Otra diferencia con esos debates era el énfasis puesto en la “seguridad” de los alimentos transgénicos, y no en su producción ni en los impactos del desplazamiento de campesinos por el avance del modelo o de la población que vive en las zonas de influencia de las plantaciones.

Coordinación con otras redes e incidencia internacional

Uno de los objetivos de las redes internacionales es actuar de manera coordinada para realizar incidencia en políticas públicas nacionales e internacionales (Keck y Sikkink 1998, 12). En este sentido, la RALLT ha realizado acciones de incidencia fuera de América Latina. A continuación, facilitamos algunos ejemplos. Comenzamos por la ayuda alimentaria con transgénicos. Estados Unidos ha utilizado la ayuda alimentaria para intervenir políticamente en varios países del mundo, para colocar sus excedentes agrícolas, y abrir nuevos mercados. En este proceso, el Programa Mundial de Alimentos ha jugado un papel muy importante (Salgado 2006). Dado el rechazo internacional a los cultivos transgénicos, miembros de la RALLT de la región andina se preguntaron si estas donaciones contenían transgénicos, iniciando un proceso de monitoreo en el que encontraron que toda la soya recibida de Estados Unidos era transgénica. Pruebas similares se hicieron en países centroamericanos, y posteriormente en África. Los resultados fueron sorprendentes, pues se encontró que la ayuda alimentaria que llegaba a algunos países, contenía transgénicos prohibidos en Estados Unidos y Europa para el consumo humano.

En agosto de 2001, la RALLT llamó a una conferencia internacional para tratar la problemática de manera amplia, en la que participaron delegados de América Latina, como también de África, Asia, Europa del Este y la Unión Europea de distintas redes. Un resultado de esa reunión fue una declaración dirigida al Programa Mundial de Alimentos, la FAO y los gobiernos que reciben ayuda alimentaria. En ella se rechazaba la ayuda alimentaria sistemática, porque socava la soberanía alimentaria y no obedece a las necesidades y realidades locales, y pidió que debía ser entregada sólo en casos de emergencia y con el control y aceptación de los Estados, rechazando la ayuda alimentaria con transgénicos (RALLT 2002).

El impacto de la declaración fue muy positivo porque ayudó a construir políticas públicas en algunos países de la región. La RALLT actuó como catalizadora de este proceso, pues a partir de las acciones iniciadas, otras organizaciones adoptaron el tema, por ejemplo en África, Amigos de la Tierra Internacional, que enfocó su trabajo en la ayuda alimentaria (Bassey 2008). Este fue un esfuerzo en el que actúo la acción coordinada de distintos actores en términos geográficos y de intereses. Otro de los ejemplos reside en los derechos de propiedad intelectual, ya que su aplicación a las semillas es una de las preocupaciones de la RALLT. Si las empresas han ejercido tanta presión a nivel de gobiernos y en escenarios internacionales para imponer los transgénicos, es porque ganan millones de dólares por el cobro de regalías de sus patentes.

A mediados de la década del 2000, Monsanto quiso empezar a cobrar regalías por licenciar sus semillas de soya transgénica, así como un impuesto tecnológico por cada tonelada exportada. Sólo en Argentina, Monsanto había cobrado 75 millones de dólares en regalías por la incorporación de “sus” genes en las semillas. Pero dado que muchos agricultores habían guardado semillas, la empresa sentía que había perdido unos 400 millones de dólares por lo que dejó de cobrar (Bravo 2002), iniciando una fuerte presión a los gobiernos para que endurezcan sus normativas nacionales, problema que perdura hasta nuestros días. El tema fue tratado por organizaciones del Cono Sur, de manera coordinada con varios actores (abogados litigantes, agrónomos, sindicatos agrarios, ambientalistas, organizaciones campesinas), incluyendo miembros de la RALLT.

Las nuevas leyes para endurecer las normas de propiedad intelectual y privatizar las semillas, han sido una constante no sólo en la región, sino también en África y Asia, por lo que crear espacios conjuntos de coordinación era una necesidad. En diciembre de 2016 se celebró un Diálogo Sur–Sur sobre las nuevas leyes de semillas en Sudáfrica, estableciéndose paralelismos y coincidencias entre los procesos vivido en estas regiones. La declaración dice:

No podemos mirar pasivamente este despojo y la destrucción legalizada. Nos vemos obligados a resistir. Declaramos nuestro compromiso de trabajar en alianza con los pueblos indígenas y movimientos de campesinos y campesinas, y con otras organizaciones e individuos de la sociedad civil con ideas afines, para luchar contra la propagación de este sistema agresivo de dominación sobre la base de la autonomía, la auto-organización colectiva, la cooperación, la solidaridad y el respeto mutuo (Declaración del Diálogo Sur–Sur sobre semillas 2016).

Una preocupación recurrente fue la presión que ejercen las empresas para que los gobiernos se adhieran al Convenio Internacional “Unión de Protección de Obtentores Vegetales” (UPOV), un acuerdo internacional de propiedad intelectual sobre las semillas. Una acción conjunta liderada por la RALLT fue la elaboración de una carta dirigida a UPOV, explicando los efectos de la propiedad intelectual en las economías campesinas. Lo más importante del diálogo es que se fortaleció la capacidad de movilización de las organizaciones quienes, además de tener argumentos adicionales para sus campañas, cuentan con el apoyo de una red de organizaciones que enfrentan las mismas problemáticas. Otro ejemplo reside en el glifosato y sus efectos en la salud, pues uno de los principales efectos de la expansión de la soya transgénica con resistencia a glifosato son los graves efectos en la salud de la población que viven en la zona de influencia de los cultivos, asociados con las fumigaciones con ese herbicida.

La RALLT se planteó que ésta es una problemática que debe ser tratada desde una perspectiva de derechos, y que debía ser conocida por los Relatores Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas En un primer comunicado (dirigido al Relator Especial sobre productos tóxicos) se puso en evidencia esta situación, tomando como estudio el caso del Barrio Cordobés de Ituzaingó Anexo. Había mucha información sobre ese caso, debido a un juicio interpuesto por un Grupo de Madres del barrio, por el elevado número de casos documentados de cáncer y enfermedades autoinmunes. Luego se enviaron otros informes a los relatores de la Salud y la Alimentación, donde no sólo se ponía énfasis en el glifosato sino que se les alertaba de la posibilidad de que se aprueben nuevos transgénicos con resistencia a herbicidas aún más peligrosos como el 2,4 D (uno de los ingredientes del Agente Naranja, defoliante usado en la guerra de Vietnam). Los comunicados se hicieron en coordinación con otras redes regionales como el Centro Africano de Biodiversidad, la Red del Tercer Mundo, GRAIN, y la Red de Acción de Plaguicidas (PAN).

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Posteriormente, en una publicación conjunta con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, la RALLT (2016) recopiló los estudios hechos en distintas universidades y centros de investigación de la región, sobre los efectos del glifosato en la salud humana y la biodiversidad. Su objetivo fue reforzar -con estudios específicos de América Latina- las conclusiones a las que llegó la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC 2015), de que el glifosato es probablemente cancerígeno para humanos.

Las dimensiones de la red: la solidaridad

La solidaridad es otro de los elementos identificados por Scherer-Warren (2005, 87) como una de las dimensiones de las redes de movimientos. Esta se vuelve explícita en momentos transitorios cuando surgen casos de movilización colectiva por problemas que la red propone o impulsa. A lo largo de toda su vida, la RALLT ha impulsado campañas de solidaridad virtual en temas relacionados con la aprobación de nuevas normativas favorables a los transgénicos; ha apoyado en la lectura de documentos legales y técnicos y ha respondido a peticiones puntuales de sus miembros. Pero también ha apoyado campañas más activas. Una campaña importante fue la desplegada por el movimiento de auto-convocado de Malvinas Argentinas – Provincia de Córdoba (incluyendo la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida), donde la empresa Monsanto pretendía abrir la más grande planta de acondicionamiento de semillas de maíz en el mundo, desde donde intentaba exportar semillas transgénicas de maíz para toda la región. Luego de varios meses de resistencia, la comunidad logró frenar el emprendimiento de Monsanto (Smink 2014). La RALLT entendió que la resistencia de la Asamblea de las Malvinas Argentinas se enmarca en una lucha más global en contra de la expansión de los transgénicos y apoyó este proceso a través de difundir información en sus redes, y además facilitó la visita de militantes de otros países para que compartan sus experiencias de resistencia.

Construcción de la identidad: maíz nuestro patrimonio

Scherer-Warren (2005, 78) señala la necesidad de crear símbolos que formen parte de la identidad de los miembros de la red. En el caso de la RALLT, esa identidad se ha construido en torno al maíz. Este es un cultivo que tiene una importancia fundamental en la vida de las poblaciones tanto rurales como urbanas de América Latina, pues forma parte de casi todos los sistemas productivos tradicionales del agro latinoamericano, del calendario agrofestivo de los pueblos y en los rituales relacionados con el nacimiento, el matrimonio y la muerte de las personas. A pesar de ello, es el cultivo más manipulado genéticamente. A nivel mundial, en los 20 años que tienen los cultivos transgénicos, se han hecho entre 40.000 y 50.000 pruebas de campo, el 96% de estas pruebas de campo se han hecho mayoritariamente con maíz, seguido por soya, canola y algodón. Se han aprobado 218 eventos de maíz (en 29 países), en comparación con 34 de soya, 58 de algodón, 38 de canola y 45 de papa (ISAAA 2017). Se ha aprobado el maíz transgénico en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile (solo para la producción de semillas), Colombia, Panamá y Honduras. En México hay pruebas experimentales, y los grupos de poder presionan para que se legalice la siembra industrial en casi dos millones y medio de hectáreas. Para aplacar la oposición popular en ese país se dice que las plantaciones estarán en lugares que “no son centro de origen” del maíz.

La campaña de la RALLT “Maíz Nuestro Patrimonio” (2011), usó la frase de Miguel Ángel Asturias “Sembrado para comer es sagrado sustento del hombre que fue hecho de maíz. Sembrado para negocio es el hambre del hombre que fue hecho de maíz”. La motivación de la campaña fue el agresivo proceso de aprobación de nuevos eventos de maíz transgénico en varios países de la región (Paraguay, Panamá, Honduras, Uruguay, Argentina y Brasil). La campaña estuvo dirigido a la Relatora de Derechos Culturales y a la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), con el fin de señalar la importancia patrimonial que tiene el maíz para la mayoría de pueblos rurales de América Latina, y el peligro que significa la expansión del maíz híbrido y transgénico para su uso como alimento animal y para la elaboración de agrocombustibles.

A través de dos publicaciones relacionadas con el maíz, un estudio sobre el estado de la conservación, erosión genética y contaminación transgénica en varios países de América Latina (Manzur 2011) y una recopilación de expresiones culturales relacionados con el maíz y el peligro que enfrenta el maíz nativo y criollo en la región (Bravo et al. 2011), la RALLT logró posicionar el tema. Con la expansión del maíz transgénico, tanto para la siembra como de importaciones para consumo doméstico, una preocupación en la región fue la contaminación transgénica del maíz, aun en países donde este cultivo transgénico no estaba aprobado. A partir del reporte hecho por Chapela y Quist (2001) que encontraron contaminación en el maíz nativo mexicano, se inició un proceso de monitoreo del maíz en otros países. En algunos casos el trabajo fue hecho por organizaciones sociales, como en México (CECCAM 2003) donde se confirmó una vasta contaminación en distintas zonas del país. En otros fue un esfuerzo conjunto de las organizaciones y el sector académico, encontrándose resultados positivos en Uruguay y Chile (Galeano 2010; Manzur 2011) y negativos en Ecuador (Bravo y León 2013).

Construcción de la identidad: zonas y territorios libres de transgénicos

Otro aspecto que ha construido la identidad de la RALLT son los territorios libres de transgénicos. Uno de los países más exitosos ha sido Costa Rica, donde se produce semillas de algodón transgénico para la exportación en una zona muy localizada del país. Bajo el lema “Pura Vida sin Transgénicos”, el 84% de municipios costarricenses (74 de 81) se declaró libres de transgénicos (Pacheco y Agüero 2014). En el proceso han tenido que enfrentar a la industria y los estamentos estatales que defienden la inserción empresarial en el agro (Pacheco y García 2014, 120-125). Otro enfoque ha sido la defensa de las autonomías de los territorios indígenas, que incluye mantenerse libres de transgénicos. La Red en Defensa del Maíz (RDM) de México, integrada principalmente por comunidades indígenas y campesinas, y organizaciones de la sociedad civil, que luchan en contra de la siembra de maíz transgénico como parte de la lucha por la autonomía y la soberanía alimentaria. En Colombia (donde se siembra maíz transgénico en varias zonas) hay cerca de 10 resguardos indígenas libres de transgénicos. Varias organizaciones campesinas e indígenas están recuperando sus semillas nativas y criollas, con un enfoque agroecológico (Campaña Semillas de Identidad 2012). En Perú hay una moratoria a los transgénicos de 10 años desde 2011.

Un logro a destacarse es el reconocimiento del Ecuador como país libre de cultivos y semillas transgénicas en su Constitución de 2008. Este fue el resultado de un largo trabajo llevado a cabo por organizaciones indígenas y campesinas, combinadas con cabildeo directo en espacios del poder político, donde la RALLT ha dado un apoyo constante.

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En países con cultivos transgénicos de larga data, la lucha se ha centrado en limitar su expansión o sus efectos. En Argentina, por ejemplo, los objetivos de muchos colectivos de vecinos y otras organizaciones, es reducir la zona de influencia de las fumigaciones con glifosato (el principal herbicida asociado a la soya transgénica), de tal manera que no haya afectación a la población. En Bolivia se pretende impedir la aprobación del maíz transgénico por la importancia cultural de este cultivo para los pueblos indígenas y campesinos del país (RALLT 2010). Dos importantes decisiones se han tomado en el Parlamento Andino en relación con este tema. En 2006, la Decisión N°1157 declara a la Región Andina libre de papa transgénica “por su importancia cultural y social entre las poblaciones andinas, desde su domesticación hace unos diez mil años” (Parlamento Andino 2006). En la Decisión se solicita a los gobiernos suspender todas las actividades relacionadas con papa transgénica y destinar fondos para la recuperación de las papas nativas. Esta Decisión fue el resultado de una petición hecho por la RALLT y otras organizaciones, al Parlamento Andino, y sirvió de base para que en 2007 el Instituto Internacional de la Papa suspenda el desarrollo de un tipo de papa transgénica en Perú, por presión de la sociedad civil organizada (ECODES 2007). Posteriormente, el Parlamento Andino declaró a toda la región libre de cultivos y semillas transgénicas, haciendo un llamado a los países miembros a crear el marco normativo para alcanzar este objetivo (Parlamento Andino 2016). En todos estos procesos, han intervenido miembros de la RALLT, y la RALLT ha brindado apoyo a través de diversos mecanismos (RALLT 2010).

Conclusiones

Nuevos desafíos se vislumbran en el horizonte, como la aprobación de nuevos eventos transgénicos resistentes a herbicidas más peligrosos como una respuesta al surgimiento de super-malezas, resistentes al glifosato, o la legalización de nuevos cultivos transgénicos de consumo humano directo como la manzana o el fréjol. El rápido desarrollo de nuevas tecnologías moleculares (como el CRISPS-Cas9) que tiene el potencial de adoptarse rápidamente es otra de las grandes amenazas que pesan sobre la región. A esto se suma la nueva ola de megafusiones de empresas biotecnológicas, como la anunciada compra de Monsanto por parte de Bayer, o la fusión entre DuPont y Dow Agrochemicals, que son quienes van a lucrar de todos los avances, y también de los fracasos de los transgénicos en América Latina.

La propuesta de alternativas en este escenario es fundamental, aunque no es una tarea fácil, sobre todo en el escenario de cambio climático. Los transgénicos están fracasando y la respuesta oficial y de la industria es hacer más investigación en el campo de la biología molecular para desarrollar nuevos y más peligrosos transgénicos. La Red ha planteado como solución a la agroecología, y el apoyo a los sistemas de producción campesina con la utilización de semillas tradicionales, donde la conservación de estas semillas plantea un desafío muy importante.

Las redes son articulaciones políticas entre actores y organizaciones en espacios definidos por la conflictividad, y en este caso específico, el origen de la RALLT se dio por la rápida expansión de los cultivos transgénicos en América Latina, tema por el cual, la RALLT construyó su discurso, direccionó sus acciones y creó su identidad. Sin reemplazar a los movimientos, ha apoyado a aquellos que han confluido de manera permanente o transitoria en la problemática de los OGM. Ha tenido algunos logros, pequeños pero significativos, aunque la problemática que aborda es sumamente compleja. Scherrer-Warren (2005, 80) señala que las redes se construyen en varias temporalidades. El pasado, que tiene que ver con la tradición, la indignación; el presente: la protesta, la solidaridad, y el futuro que son las utopías.

La RALLT parte de una realidad: el gran poder de las empresas por imponer los cultivos transgénicos en la región, de cambiar las legislaciones nacionales y de incidir en políticas públicas para favorecer a sus intereses. A partir de esta realidad, ha proyectado sus acciones, su presente, que son las distintas formas de resistencia que ha adoptado: apoyo a causas legales, legislativa, intercambios de experiencias y de luchas, la lucha cognitiva en torno a los peligros de los OGM y el cabildeo nacional regional e internacional a nivel de Naciones Unidas y de los relatores de Derechos Humanos. Su utopía: la de colaborar en la construcción de la soberanía alimentaria con base agroecológica. Este es un tema que sigue pendiente, y cada vez hay una mayor participación desde el mundo de las organizaciones no gubernamentales, de las poblaciones afectadas y de la academia por resistir desde sus espacios, a la expansión y los efectos que está generando el modelo de los cultivos transgénicos.

Fecha de recepción: 6 de marzo de 2017 Fecha de aceptación: 11 de mayo de 2017 DOI: http://dx.doi.org/10.17141/letrasverdes.22.2017.2676

1Ecuador. Bióloga. Docente e investigadora de la Universidad Politécnica Salesiana, Grupo de Ecología Política (Quito – Ecuador). Miembro de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT). Correo: elizabethbravovelasquez@yahoo.com

2 Uruguay. Docente. Coordinadora de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas en América Latina RAPAL – Uruguay. Miembro de la RALLT. Correo: coord@rapaluruguay.org

3 Chile. Bióloga y docente universitaria. Miembro de la Fundación Sociedades Sustentables de Chile. Miembro de la RALLT. Correo: mimanzur@chilesustentable.net

Bibliografía: (...) Leer

En consecuencia, la «soberanía alimentaria» depende de un entretejer vidas, trabajos, relaciones sociales e internacionales. La protagonizan:

 

Las y los que sostienen la vida

1 de diciembre de 2017

"Las redes campesinas son vitales para la sobrevivencia de la mayoría de las personas del planeta y son además los que cuidan el agua, el suelo, los bosques y la biodiversidad además de seguir produciendo una enorme diversidad agrícola y de animales de cría."

Uno de los mayores mitos del sistema dominante es que para alimentar a la mayoría de la población, necesitamos agricultura industrial, con altos niveles de tecnificación, maquinarias, agroquímicos, semillas “mejoradas” y monocultivos. Y que para que la comida llegue a todas partes, necesitamos además sistemas industriales de almacenaje, distribución, transporte, empaquetamiento, venta a gran escala.

Obvian decir que todo eso ya existe, y que aunque se producen a nivel global muchos más alimentos de los necesarios para alimentar a toda la población mundial ahora y en el 2050, hay 800 millones de personas que sufren hambre y otros 3,000 millones que sufren desnutrición y/o obesidad. La cadena industrial de producción y venta de alimentos genera muchos más problemas de los que dice resolver, pero es un gran negocio para las trasnacionales que la dominan. Lucran con la venta de comida –de la cual 75 por ciento es de mala o dudosa calidad nutricional– y además no pagan los daños que ocasionan: por cada peso que pagamos directamente en productos de la alimentación industrial, la sociedad (es decir nosotros en colectivo) paga otros dos pesos para remediar daños a la salud y al medio ambiente.

 

Todo esto no es de larga data: aunque la agricultura tiene más de 10,000 años, la degradación comenzó hace unos 50-60 años y es en los últimos 30 años cuando se concentró y aceleró la invasión de la comida industrial, al tiempo que las trasnacionales se apoderaban de los principales eslabones de la cadena, desde las semillas a los supermercados. En los anteriores 10,000 años, la agricultura, una creación de mujeres indígenas, fue una fuente de alimentación sana que en la gran mayoría de los casos trabajaba a la par de la naturaleza.

No obstante, pese a la invasión de comida industrial y los daños que provoca, siguen siendo las redes campesinas las que alimentan a la mayoría de la población mundial: las y los campesinos e indígenas, pescadores artesanales, las huertas urbanas y agricultura de traspatio. Con menos de 25 por ciento de la tierra y agua en promedio global, llegan a más del 70 por ciento de la población mundial. También a los que sufren hambre y desnutrición, porque lo poco que éstos llegan a comer no lo pueden pagar y solamente las redes campesinas están dispuestas a compartir alimentos. Pero las redes campesinas son pobres y no tienen suficiente tierra y recursos.

Las redes campesinas son vitales para la sobrevivencia de la mayoría de las personas del planeta y son además los que cuidan el agua, el suelo, los bosques y la biodiversidad además de seguir produciendo una enorme diversidad agrícola y de animales de cría.

Nada de lo que hoy se planta para alimentarnos era igual en el origen: todas las semillas que se cultivan, fueron un proceso de creación colectiva, a partir de plantas silvestres, del diálogo de ida y vuelta entre las campesinas con la tierra, con las semillas y su entorno, con la comunidad. Cuidar el suelo y el agua se hizo parte del mismo proceso, porque no se envenena o destruye la base de lo que nos alimenta. Todas las semillas que la industria reclama haber producido, están basadas en las semillas campesinas, sin las cuales, nada de lo que venden existiría. Por tanto todas las patentes que reclama la industria agrícola son en realidad un robo de bienes comunes, del patrimonio alimentario que crearon campesinas e indígenas, para bien de toda la humanidad, no para privatizarlo.

 

Otro mito relacionado al de que necesitamos agricultura industrial para alimentarnos, es que es la industria la que es capaz de innovar , y que por el largo proceso de investigación y desarrollo de una semilla, necesitan patentarla para recuperar la inversión. La verdad es que quienes realmente innovan y crean nuevas variedades continuamente, adaptadas a cientos de climas y miles de situaciones geográficas, ecosistémicas y culturales, son las y los campesinos. En los grandes bancos de semillas , existen actualmente más de dos millones de variedades de cultivos campesinos, de más de 7,000 especies. La red campesina maneja además entre 50,000 y 60,000 especies silvestres. Por su parte, la cadena industrial ha registrado bajo propiedad intelectual unas 100,000 variedades de plantas en total. De éstas 56 por ciento no son comida, son ornamentales para la industria de floristería. Del resto, solo han trabajado con 137 especies, pero el 86 por ciento de lo que producen se enfoca en apenas 16 cultivos.

 

Hay muchos más ejemplos que revelan la falsedad de los mitos que quieren hacernos creer que necesitamos la cadena agroindustrial, algunos de los cuales intentamos develar en el informe ¿Quién nos alimentará? (Grupo ETC, Noviembre 2017).Aún más importante es comprender que los pueblos indígenas y campesinos, en campo y ciudad, sí son fundamentales para el futuro de todos.

 

Qué además de seguir con la tarea colectiva de alimentar a la mayoría de las personas, están en general en situaciones de acoso y ataque para desplazarlos de sus territorios, tomar su tierra, explotar su agua o envenenarla con diversos megaproyectos. Por eso cada acto de resistencia tiene un significado mucho más que local y requiere nuestra atención y solidaridad, pero además, está directamente ligado a la vida de todas y todos.

* * *Los datos mencionados en este artículo son parte del informe  ¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial? (Grupo ETC, Nov. 2017) que se propone contestar 24 preguntas relacionadas a quién produce la comida, quién la basura, quién controla el agua, quién cuida la biodiversidad, quién protege los derechos humanos y otras. Se puede descargar en http://www.etcgroup.org/es/node/5941

Desinformémonos

Leer

 

 

Constatamos cómo la «soberanía alimentaria» arraiga en las diversidades del abajo sin fronteras que se organizan y unen para impedir los ecocidios-etnocidios-genocidios del avance capitalista y aún más nos aclaran como la:

 

 

Resolución de Pueblos Indígenas

sobre la IIRSA

23 de enero de 2008

A las comunidades y pueblos indígenas del Abya Yala
A los movimientos solidarios del mundo
A Lula da Silva, Presidente del Brasil
A Luciano Coutinho, Presidente del Banco BNDES del Brasil
A los Presidentes del BID, CAF, Fonplata, Banco Mundial
Al Secretario General de la ONU

¡ Desarrollo para la Vida, no para las mercancías y la muerte !

Las autoridades originarias, organizaciones indígenas, mallkus, lideres y dirigentes de las Primeras Naciones Aymara, Quechua, Poqra, Mapuche, Kichwa, Pemón, Miskitu, Wayuu, Guaraní, Ayoreo, Chiquitano y otros, como parte de los más de 400 sociedades y culturas existentes con formas de “buen vivir” previas a la idea del “rollo del desarrollo” del IIRSA, asistentes al Taller internacional convocado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) sobre “Pueblos Indígenas e IIRSA”, reunidos durante los días 18 y 19 de enero del 2008 en la ciudad de La Paz-Bolivia, contando con la participación solidaria de la COICA, MST y organizaciones indígenas de Venezuela, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Honduras; hemos adoptado la siguiente Resolución.

 

INFORMAR que el IIRSA o Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que nace el 2000, es un proyecto común de 12 estados sudamericanos, implementado mediante las autoridades responsables de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones. El mega proyecto IIRSA está respaldado principalmente por tres instituciones financieras : BID, CAF, y el FONPLATA. También esta respaldado por el co-financiamiento de cada Estado sudamericano, tal como BNDES y por otras instancias como la Unión Europea. El IIRSA consta de diez ejes de supuesta “integración y desarrollo” que abarcan 507 proyectos de infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones, con una inversión de más de 68,910 millones de dólares y que se vincula con el Plan Puebla Panamá.

El IIRSA incluye proyectos de integración de productos y de mercados, reforzando el rol subordinado de nuestros países de proveedores de materia prima para las grandes industrias transnacionales.

Las naciones y pueblos indígenas venimos sufriendo los impactos socio-ambientales y la violación de nuestros derechos humanos como efecto de la implementación de estos proyectos.

Los hechos demuestran que IIRSA está provocando una acelerada destrucción de la Amazonía, del ecosistema del Pantanal, de los Andes y del Chaco, dañando territorios de los pueblos indígenas, comunidades costeras y ribereñas, desplazando miles de personas, con pérdida de biodiversidad, de medios de vida, agravando la pobreza y arriesgando la pervivencia de las futuras generaciones.

REITERAR que somos hijos de la Pachamama, no sus dueños menos sus dominadores, vendedores y destructores, por lo cual nuestra vida depende totalmente de ella y por ello desde milenios atrás construímos nuestras propias formas del mal llamado “desarrollo”, es decir nuestro Sumaq Kawsay/ Sumaq Qamaña, que debe ser respetado. Nuestro Buen Vivir como alternativa legitima de bienestar en equilibrio con la naturaleza y espiritualidad, esta muy lejos, del IIRSA que nos quiere convertir en territorios “de tránsito” de mercancías, de huecos mineros y ríos muertos de petróleo. Si queremos carreteras e hidrovías, pero no a ese costo, no para ver pasar camiones o barcos de las transnacionales, sino para que ayuden a nuestra propia producción comunitaria. Que se priorice la lucha contra el analfabetismo y desnutrición en nuestros pueblos y nuestras alternativas productivas comunitarias, y no más deuda externa para el falso desarrollo del asfalto, cemento y fierros.

DENUNCIAR que los gobernantes de sudamérica, borran con el codo lo que hacen con la mano. Los mismos que aprobaron (excepción como siempre de Colombia) la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas (13.09.2007) la violan todos los días, aplicando los proyectos del IIRSA afectando nuestras vidas, culturas, sueños. Todos son además miembros del BID que empuja el IIRSA y como Banco no rinde cuentas a nadie.

 

SOLICITAR la intervención del Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que un Relator Especial efectúe una investigación inmediata de este gigantesco impacto de etnocidio y ecocidio en Sudamérica con el IIRSA, que además agravará la ya grave crisis climática global. Los hermanos del Foro ONU para Cuestiones Indígenas, que ayuden en esta incidencia en todo el sistema de Naciones Unidas.

 

ORGANIZAR denuncias jurídicas nacionales e internacionales, que en defensa de nuestros derechos constitucionales y de tratados como el Convenio 169 – OIT y la Declaración ONU de derechos indígenas ( Ley Nº 1257 y Ley No.3760 respectivamente en Bolivia) establezcan Actos Pre Cautelatorios que suspendan los proyectos IIRSA donde hay agresiones previsibles sociales y ambientales. Ello incluye el apoyo a la demanda en curso del Pueblo Wichi de Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra la minería vinculada al IIRSA que pretende destruir sus fuentes de vida.

 

SOLICITAR entrevistas con los Presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fonplata, Banco Europeo de Inversiones, Corporación Andina de Fomento, para analizar porqué financian y sostienen proyectos como los del IIRSA si ni siquiera nos conocen bien, nunca nos consultaron y ni siquiera escuchan nuestros reclamos.

 

ALERTAR nuestra preocupación sobre la actuación del gobierno brasileño, del Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES) y las empresas transnacionales brasileñas (Odebrecht, Vale, Petrobrás, Andrade Gutierrez, Queiroz Galváo y otros) quienes han contribuido fuertemente para la implementación del IIRSA y sus daños ambientales y a los pueblos indígenas y comunidades locales en todo Sudamérica; y

 

DEMANDAR una reunión con el Presidente del Brasil y el Presidente del BNDES, para que escuchen a nuestros pueblos, y una ocasión puede ser durante la Cumbre UE-CAN en mayo del 2008 en Lima.

 

LLAMAMOS a los presidentes progresistas del continente a honrar su compromiso de adhesión a la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, sumándose a la posición del Presidente Evo Morales de “revisar el IIRSA para tomar en cuenta las preocupaciones de la gente…”. Solicitamos al Presidente Hugo Chávez, en el caso del conflicto del Estado Zulia, Municipio Mara del Socuy, con los pueblos indígenas Wayuu, Bari y Yutpa, que derogue las concesiones mineras de carbón, y revise los proyectos IIRSA asociados a esta minería, para evitar la destrucción de la sierra de Perijá, el perjuicio a las poblaciones indígenas que habitan la región y la indeseable contribución al calentamiento global.

 

SOLICITAMOS a nuestro hermano Evo Morales en el caso de la Carrretera Bioceánica Santa cruz – Puerto Suárez, que afecta el territorio y los derechos del pueblo indígena Chiquitano, reorientar el proyecto para incluir acciones de desarrollo con identidad, de justa compensación por los impactos sociales y ambientales y asegurar que las comunidades sean efectivamente beneficiadas por la integración. Así mismo revisar, en consulta con los pueblos indígenas, la Carretera Bioceánica y los corredores de integración que atraviesan el territorio boliviano, para garantizar beneficios concretos a las comunidades afectadas. En el proyecto brasilero de represas en la cuenca del Río Madera, que afectará a Brasil, Bolivia y Perú, el gobierno de Bolivia tome las medidas necesarias para proteger los derechos de los pueblos indígenas bolivianos y de los demás países, cautelando que no sean afectados por el desastre social y ecológico que podrían provocar las inundaciones de estas represas de ser ejecutadas.

LLAMAR a las comunidades de los pueblos y organizaciones indígenas de Sudamérica afectados por el IIRSA a declararnos en ALERTA y MOVILIZACION permanente para exigir la máxima información sobre los impactos de estos proyectos y nuestro derecho de consentimiento o de rechazo, que sea previo, libre, informado, en lengua propia, de buena fe, en nuestras localidades y a través de nuestras organizaciones representativas.

REFORZAR la alianza que hemos construido entre las coordinadoras de los pueblos indígenas andinos (CAOI), amazónicos (COICA) y de Centroamérica (CICA) para afrontar la avalancha del IIRSA y lograr su reorientación y reconstitución profunda desde las propuestas de nuestros pueblos y comunidades. LLAMAR a los hermanos que resisten a este modelo desarrollista neoliberal impulsado desde el Brasil, a ampliar nuestra alianza, y en especial al Movimiento Sin Tierra (MST), Movimiento Contra las Represas (MAB) y Red de Monitoreo de bancos (Rede Brasil sobre IFMs ).

 

ANUNCIAR la construcción de una campaña por la reorientación del IIRSA que culmine con un encuentro mundial de todas las fuerzas solidarias que luchan en el Abya Yala y también en Europa, durante el Foro Social Mundial a efectuarse en Belém do Para (Enero 2009) y acelerar nuestras coordinaciones para efectuar el lanzamiento durante la Cumbre Social de los Pueblos en Mayo 2008 en Lima, Perú.

La Paz, 19 de Enero del 2008

CAOI - Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

Organizaciones Indígenas Andinas y de Abya Yala

CONACAMI – Confederación Nacional de Comunidades del Perú
ECUARUNARI – Confederación de los Pueblos Kichwa del Ecuador
ONIC-Organización Nacional Indígena de Colombia
ONPIA- Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina
COICA – Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
CCP – Confederación Campesina del Perú
CNA – Confederación Nacional Agraria (Perú)
ANAMEBI – Asociación Nacional de Maestros en Educación Bilingüe (Perú)
CONIVE – Consejo Nacional Indígena de Venezuela
MAIKIRALASALII (No se vende) – Organización Wayuu de Sucuy (Zulia, Venezuela)
Consejo Indígena de Nicaragua
Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras-CONPAH
CNACHA – Consejo de Naciones Aborígenes Charrúa
Coordinadora Indígena del Bajo Chaco – Paraguay
Coordinadora Regional de Comunidades Afectadas por la Minería del Cusco

Organizaciones Indígenas del Qollasuyo / Bolivia

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo - CONAMAQ

Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia-CSUTCB

Federación Nacional Mujeres Indígenas Originarias Bartolina Sisa

Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia

OICH- Organización Indígena Chiquitana
Central Indígenas de Comunidades del Turubó
Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré
Federación de Juntas Vecinales – El Alto
Asamblea del Pueblo Guaraní
Movimiento Boliviano por la Soberanía e Integración de los Pueblos

 

 

 

Demos relevancia a la lucha contra la Organización Mundial de Comercio para poder efectivizar la «soberanía alimentaria».

 

 

 

Fuera el Libre Comercio de nuestras vidas:

Por una agricultura y una alimentación

 en manos de los pueblos

30 de noviembre de 2017

 

Del 8 al 15 de diciembre se realizará en Buenos Aires la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. En paralelo, organizaciones sociales, de mujeres, campesinas, sindicales y de Derechos Humanos se darán cita en la Semana de Acción Global contra la OMC.

 

Se realizarán actividades públicas, movilizaciones, asambleas y tendrá lugar la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC-Construyendo Soberanía”, un espacio de debate y fortalecimiento de las resistencias y alternativas que se están construyendo, y de análisis del impacto que la OMC y los TLC tienen sobre nuestras vidas.

 

Es la primera vez que la OMC se reúne en un país de América Latina, y esta decisión no es casual; se enmarca en la política neoliberal de los nuevos gobiernos de la región. Tampoco es casual que el país elegido sea Argentina y que esta reunión vaya hilvanada a la realización de la Cumbre del G20 en noviembre del 2018, también en Buenos Aires.

 

Las discusiones sobre comercio internacional pueden parecer cuestiones lejanas a nuestra vida cotidiana, pero lo cierto es que afectan profundamente muchos aspectos fundamentales como el trabajo, el acceso a la salud, a la educación, al conocimiento, los servicios y el derecho a la alimentación. Por eso es tan importante entender qué es la OMC, qué se discute en esta reunión Ministerial y cómo afecta a nuestra vida y a nuestros derechos.

 

Qué es la OMC:

 

Desregular-privatizar-liberalizar, la defensa de los intereses corporativos y de los países «desarrollados». La Organización Mundial del Comercio (OMC) pretende ser la “única organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países” pero ha avanzado en aspectos que van mucho más allá del comercio. La OMC nace en 1995 y tiene su origen en el Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT, por sus siglas en inglés) Su creación ocurrió en los mismos años en que comenzaban a negociarse y firmarse tratados de libre comercio como el TLCAN y el fracasado ALCA.

El GATT funcionó hasta 1994 estableciendo las reglas del comercio internacional de manufacturas, excluyendo productos agrícolas y servicios; trató casi exclusivamente sobre aranceles, y su principal objetivo fue cumplido con éxito: ir bajando progresivamente las tarifas y las barreras al comercio a nivel mundial, fortaleciendo así el predominio de los sectores y países más poderosos.

 

El GATT fue reemplazado por la OMC cuando sectores corporativos del agronegocio, la industria farmacéutica y cinematográfica, entre otros, presionaron para incorporar nuevos temas a la agenda de negociación: agricultura, derechos de propiedad intelectual, servicios e inversiones fueron incorporados a las discusiones de este nuevo organismo, dejando en claro desde su origen qué intereses defiende.

 

La máxima autoridad del organismo, que cuenta en la actualidad con 164 países miembros, es la Conferencia Ministerial que se reúne cada dos años y avanza sobre las negociaciones en torno a las reglas y disposiciones de la organización. Esta es la reunión que se realizará en diciembre de este año en Buenos Aires. *

 

Veamos en palabras de la propia OMC cuáles son sus definiciones básicas (ver aquí):

 

* La OMC es la organización internacional que tiene por objetivo principal la apertura del comercio en beneficio de todos.

* Los alimentos son más baratos si se reduce la protección.

* Lo mismo se plantea para vestimenta, automóviles y servicios

* En general, el proteccionismo no es acertado por los daños que causa, tanto a nivel nacional como internacional.

* Después de la guerra, la comunidad mundial de países comerciantes negoció normas comerciales, de las que ahora se encarga la OMC. Esas normas también imponen a los miembros la obligación de someter sus diferencias a la OMC.

Estos mecanismos de apertura comercial, eliminación del proteccionismo y resolución de conflictos en el ámbito de la OMC, implican la pérdida de la soberanía y la autonomía de los países para tomar sus propias definiciones políticas en cuanto a la producción nacional y el comercio, y han sido uno de los ejes de consolidación del poder de las corporaciones de la mano de los países más poderosos.

OMC, agricultura y derecho a la alimentación:

Por qué queremos a la OMC fuera de la agricultura. Los alimentos y la agricultura son ejes fundamentales de nuestra vida. La agricultura no sólo es nuestro sustento, sino nuestra cultura y nuestra forma de relacionarnos con la Madre Naturaleza. La lógica del libre comercio es contraria a todo esto, pues mercantiliza la vida y convierte el alimento en una mercancía más. Este principio del libre comercio está representado y fomentado por la Organización Mundial del Comercio.

Por este motivo, La Vía Campesina ha estado al frente de la lucha contra la OMC desde su creación en 1995. Jamás ha cesado de pedir: “la OMC fuera de la agricultura”.

La conversión de los alimentos y la agricultura en mercancías por parte de las corporaciones, los gobiernos y las instancias internacionales de definición de reglas y mecanismos comerciales, bajo el paradigma del libre comercio, ha provocado la muerte de muchos campesinos y campesinas: se ha aniquilado el modo de subsistencia de los agricultores al inundar los mercados con productos agrícolas baratos, muy por debajo de sus costos de producción y se ha socavado el derecho a una alimentación sana y soberana para la poblaciones mundiales.

Las reglas establecidas en el Acuerdo de Agricultura de la OMC privilegian la producción agrícola a gran escala e industrializada, lo cual fortalece las fábricas procesadoras de alimentos, los mercados de biodiesel y la cría de animales en feedlots por sobre la agricultura campesina y la soberanía alimentaria. Además, privilegian a las empresas estadounidenses y europeas, ya que les permiten seguir subsidiando su agricultura (corporativa). Cuando el Acuerdo de Agricultura entró en vigor brindaba la posibilidad de una salida paulatina de los subsidios, pero al mismo tiempo prohibía la aplicación de nuevos subsidios. No hace falta mencionar que la mayoría de los países periféricos no tenían los fondos para subsidiar a sus agricultores en los años noventa o habían abandonado los subsidios por recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI); mientras que los países europeos y EUA continuaban subsidiando. Esto significa que hoy en día, EUA tiene permitido subsidiar a sus empresas agrícolas con más de 19 mil millones de dólares por año y la Unión Europea usar 72 mil 200 millones de dólares para apoyar a su agricultura mientras que el resto del mundo debe desmantelar sus subsidios y ayudas internas. Éste es el doble estándar que hay en la OMC.

El libre comercio, en pos de la disminución de costos, promueve la idea de la producción de alimentos y materiales donde más barato resulte hacerlo. Esto se traduce en monocultivos de productos determinados en algunos países y el procesamiento en otros, con lo que se eliminan la producción local de alimentos y los sistemas alimentarios locales, al no poder competir con la escala de producción de las grandes empresas. Este modelo resulta en la degradación y contaminación de los suelos debido al uso de agrotóxicos y la no rotación de cultivos. Genera una importante pérdida de biodiversidad y pone en peligro la soberanía alimentaria de los pueblos: es decir, el derecho a decidir y elegir libremente qué y cómo queremos comer y producir nuestros alimentos.

La Vía Campesina piensa que la única solución a todo esto es luchar por la soberanía alimentaria. Todos los pueblos deberían tener derecho a alimentos culturalmente adecuados, nutritivos y sanos, y sus sistemas alimentarios y agrícolas no deberían estar determinados por los caprichos del libre mercado.

Debemos exigir el fin de la OMC y luchar por una economía basada en la justicia, con la soberanía alimentaria como núcleo central.

Cómo se opone la OMC a los pilares de la soberanía alimentaria:

1. La OMC entiende la agricultura como una fuente de materias primas para alimentar la producción industrial de bienes procesados, combustibles, plásticos y otros materiales, no para alimentar a los pueblos. Según la OMC, los alimentos están sujetos a la especulación financiera porque se consideran una mercancía, no un derecho.

2. La OMC es la mayor amenaza en la historia para el sustento de los productores de alimentos y los trabajadores a pequeña escala. La OMC da prioridad a las necesidades de las empresas multinacionales, del capital financiero y de los mercados globales por encima de las necesidades de las personas. El Acuerdo sobre Agricultura (AAg) ha obligado a numerosos países en vías de desarrollo a congelar o eliminar las inversiones en su agricultura local y, al mismo tiempo, ha permitido que los países más ricos continúen inundando los mercados con alimentos baratos subvencionados.

3. La OMC fortalece a las corporaciones del agronegocio que con sus sistema industriales pueden supuestamente “producir más barato” sin tener en cuenta los enormes costos socioambientales existentes ni los dramáticos impactos en la producción local de alimentos y los sistemas alimentarios locales.

4. La OMC elimina la autonomía local y los derechos de los pueblos sobre sus territorios. Fuerza la privatización de todos los recursos naturales (semillas, agua, tierras...). La OMC no se creó por personas y para las personas, sino por corporaciones para las corporaciones.

5. Para la OMC, el conocimiento también es una mercancía. Los conocimientos tradicionales, nutridos por la experiencia de comunidades en todo el mundo, están quedando sujetos a la privatización y la expropiación. Por ejemplo, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) impide que los campesinos y campesinas puedan guardar sus propias semillas, y que puedan alimentarse y alimentar a sus comunidades.

6. La OMC apoya un sistema industrial de producción, consumo y comercio que prioriza los beneficios económicos por encima del medio ambiente, y que considera a la naturaleza un adversario al que se puede controlar y vencer, en lugar de verla como una aliada con quien construir un mundo mejor para las generaciones futuras.

7. La OMC ha creado desde sus inicios un Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. El Acuerdo se refiere a la “aplicación de reglamentaciones en materia de inocuidad de los alimentos y control sanitario de los animales y los vegetales”. Estas reglamentaciones son una vez más un mecanismo que favorece una “armonización” que impone topes y que finalmente alinea todas las legislaciones nacionales —sobre todo las más eficaces— de acuerdo al denominador común más bajo, ubicando así al principio de precaución fuera de la ley. De esta manera, muchas normas nacionales pueden ser fácilmente calificadas como “obstáculos al comercio”.

La agenda para diciembre en Buenos Aires:

La Semana de Acción Global se iniciará el día jueves 7 de Diciembre con la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo. Luego le seguirán encuentros de redes nacionales, regionales e internacionales los días 8 y 9 de diciembre. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en que se efectúa la asunción de los nuevos legisladores y se cumplen dos años del gobierno de Mauricio Macri, se planea la realización de una gran actividad callejera con intervenciones artísticas y culturales, en el marco del comienzo oficial de la Reunión Ministerial de la OMC.

Entre el 11 y el 13 de diciembre tendrá lugar la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC-Construyendo Soberanía”, que funcionará con espacios asamblearios, paneles de debate por ejes temáticos, talleres y actividades auto-gestionadas. Se planifica también una movilización, posiblemente para el día 12 de diciembre.

Las actividades de la Cumbre confluirán en una Asamblea de las Alternativas el día 13 de diciembre, culminando en un gran acto, la lectura de la declaración final de la Cumbre y un llamado a continuar construyendo la resistencia de los pueblos, a denunciar la reunión en 2018 del G20 en Argentina, enmarcado en una profundización brutal del modelo de acumulación capitalista en toda la región.

Referencias:

1. La Vía Campesina llama a la “Semana de Acción Global contra la OMC y los ALC” en el marco XI Conferencia Ministerial en Argentina (ver aquí)

2. Derechos Sociales vs. Libre Comercio (ver aquí)

3. La OMC impulsa en el último momento un paquete de medidas perjudiciales del que los países desarrollados y las multinacionales son los claros vencedores (ver aquí)

4. En el camino hacia la 11º conferencia ministerial en Argentina: estado de situación en la OMC (ver aquí)

Notas:

* Existe también un Consejo General con representantes de todos los países miembros, que trabajan bajo el mandato de la Ministerial y se reúnen varias veces al año en la sede de la OMC, en la ciudad de Ginebra (Suiza).

Revista Biodiversidad 94

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Argentina - Libre Comercio y Agricultura:

vienen por las semillas

7 de diciembre de 2017

 

Los Mercosur Leaks liberan los documentos acordados en secreto por los gobiernos del Mercosur y la Unión Europea exponiendo como se negocia con nuestra soberanía y nuestras semillas.

El Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con el Mercosur que el gobierno argentino junto con el de Brasil pretenden firmar en los próximos quince días implica, entre otras muchas concesiones, la imposición de la norma UPOV 91 como base para la regulación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre las semillas. Esto significa la obligatoria aprobación de la Ley Monsanto que desde hace cuatro años se está tratando de imponer y que en esta última etapa está siendo impulsada por el gobierno de Cambiemos y por su Ministro de Agroindustria.

En los documentos divulgados en el día de ayer por Greenpeace Holanda, los Mercosur Leaks (https://trade-leaks.org/mercosur-leaks/) exponen 171 páginas de las negociaciones secretas que los gobiernos del Mercosur llevaron adelante con la UE.

En el documento sobre Derechos de Propiedad Intelectual de 53 páginas se aborda entre otros temas la aplicación de Derechos de Propiedad Intelectual sobre la semillas planteando que “Cada Parte protegerá los derechos sobre obtenciones vegetales, de conformidad con el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales adoptado en París el 2 de diciembre de 1961, revisado por última vez en Ginebra el 19 de marzo de 1991 (ACTA UPOV 1991)”.

Esto significa la entrega completa de nuestra soberanía para poder decidir que tipo de regulación queremos para nuestras semillas y la obligación de tener una Ley de Semillas que prohíba guardar semillas para volver a sembrar, criminalice las semillas criollas y facilite la apropiación de las mismas por las corporaciones.

En momentos en que comienza la Cumbre Ministerial de la OMC, que fue el primer espacio multilateral que impuso la exigencia de la aplicación de derechos de propiedad intelectual sobre las semillas creemos que es cada vez más evidente como el Libre Comercio significa la absoluta apropiación de nuestros bienes comunes por los poderes corporativos. Parafraseando a nuestro querido Javier Rodríguez Pardo nos animamos a decir “Vienen por las semillas, vienen por todo”

En el marco de la Cumbre de los Pueblos contra la OMC repetimos:

¡Fuera Libre Comercio de nuestra agricultura!

¡No a la ley Monsanto de Semillas!

Multisectorial NO a la Ley Monsanto de Semillas

GRAIN, Acción por la Biodiversidad, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Tierra para Vivir en COB La Brecha, Greenpeace Argentina, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Colectivo Tinta Verde, Patria Grande, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Huerquen, comunicación en colectivo, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Amigos de la Tierra Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena MNCI - Via Campesina, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social Regional Bs As Oeste, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA - Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, Colectivo Documental Semillas, Red Semillas de Libertad, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP, Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación civil BePe, Maela, Acampa - Asociación de campesinos del Abaucán.

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 Alternativas postcapitalistas

 

Valoremos la otra política posible que crean diversidades de abajo cuando rompe con la obediencia debida al capitalismo que éste impone e inculca como habitus de nuestra vida 'normal' en sociedad. Miryam K de Sorba va más allá de su profesión al luchar y enfocar:

 

La alimentación en cuestión. Reflexiones de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina/Nutrición de la UBA

27 de octubre de 2017

 

Por Licenciada Miryam K de Sorban*

 

En el último tiempo, el tema de la problemática alimentaria del país y del mundo ha sido puesto en cuestión desde distintas miradas respondiendo a distintos intereses políticos y económicos.

 

Se suma en estos días, la realización en Buenos Aires del 21° Congreso Internacional de Nutrición (IUNS),auspiciado , financiado, y comprometido por las grandes empresas productoras de alimentos altamente industrializados, responsables de la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles que preocupa a las organizaciones, que, como la OMS y la OPS elevan su voz de alerta a los organismos públicos, a los gobiernos, a las sociedades científicas, y a la sociedad en su conjunto, exigiendo del ESTADO QUE GARANTICE SU DERECHOS.

La Coalición Latinoamericana de Alimentación Saludable (CLAS) se ha pronunciado al respecto presentando su “fuerte objeción al patrocinio de la industria de alimentos y bebidas “a dicho evento ,afirmando además que “mediante la fabricación y comercialización de productos que ponen en peligro la salud, que ahora se centran en los países de ingresos bajos y medianos, estas grandes corporaciones contribuyen a la destrucción de sistemas alimentarios tradicionales y las prácticas culinarias, socavando la soberanía alimentaria y creando múltiples problemas de salud “

Congresos y reuniones científicas que al defender los principios de la economía liberal de la máxima ganancia, con la presencia de actores que tienen verdaderos conflictos de interes, defienden los negocios pero no la salud, no la vida en su plenitud.

Al sumarnos a esta Declaración nos corresponde hacer un breve repaso sobre la situación actual en nuestro país referido a la situación alimentaria, que cuestionamos enérgicamente.

Es así que aparecieron controvertidas notas sobre el precio de los alimentos, por ejemplo, que en las circunstancias inflacionarias actuales violan incuestionablemente el Derecho Humano a la Alimentación al no garantizar el acceso físico y económico a alimentos saludables a todxs, como se enuncia en el principio que figura en nuestra Carta Magna, y en todos los compromisos internacionales que nuestro país ha firmado.

Pareciera que el señalar como causante del mismo a una economía concentrada y transnacionalizada, cuyo actor clave es la industria alimentaria sujeta a la especulación financiera, no merece la atención de los expertos en el área de la nutrición y salud, ni de los “opinólogos”, que no reparan en que: Sin políticas públicas que regulen a los formadores de precios, esta situación será difícil de revertir.

La muerte de Rocío, la niña que muriera “asesinada” por una mandarina envenenada con Furadán, veneno prohibido en el país, destinada a matar a los pájaros que “amenazaban” a los arándanos de exportación, constituye un verdadero ecocidio, dado que contaminamos el suelo, matamos a los pájaros y asesinamos a una niña, pero protegimos el cultivo de exportación. Este hecho no mereció más que un comentario periodístico de pasada y por pocos días en todos los medios de difusión. Garantizar la inocuidad de los alimentos como deber del ESTADO Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, lamentablemente no parecer ser uno de los ejes a tener en cuenta.

La importación de alimentos frescos que se producen en nuestra región, destruyendo las economías regionales y la agricultura familiar pasa desapercibido y es fomentado desde el propio Estado que debería ser su garante, creando una razón de dependencia en un país productor de alimentos y violando los principios de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria.

El control de la seguridad y la inocuidad de los alimentos de consumo habitual que registraron los informes del SENASA del año 2013, y se hicieron públicos por presión de los movimientos sociales, muestran su alto grado de contaminación química, pero no especifican si esos alimentos han sido decomisados o liberados al mercado, violando así los principios básicos que los determinan para garantía de la salud y la vida. Pensar en que sucedió desde el año 2013 , al 2017 que desconocemos, no significa violar el derecho a la información?

Por decreto además, se habilita la irradiación de los alimentos de consumo habitual, comenzando ya con las meriendas reforzadas de los escolares de los sectores vulnerables, sándwiches de pan común, para que tengan mayor “duración” en una ciudad de Entre Ríos, cuando tienen el pan fresco en la esquina de la escuela y puede ser adquirido a diario. (Alimentos tratados con radiación. Clarín.com/Sociedad- 13/10/2017 citas del diario)

Si agregamos la continuidad de las fumigaciones, los proyectos de ley de semillas llamadas “de Monsanto”, la continuidad del uso de venenos ya señalados como cancerígenos por el IARC,(Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer dependiente de la OMS) la permanencia del monocultivo como modelo productivo de preferencia, la estigmatización de los pequeños productores que son oriundos de la Patria Grande y garantizan nuestra mesa, al modificar leyes que estimulan este tipo de producción vigentes desde el 2003, las consecuencias de las catástrofes climáticas que sufren provincias enteras de resultas de la misma situación, se configura un cuadro de situación de gravedad.

A las alianzas y fusiones monopólicas de quienes anteponen sus beneficios económicos, se corresponde un llamado de alerta de todxs los que bregamos por la Salud y por la Vida, para articular nuestro accionar en pos de asegurar para todxs el Derecho a la Soberanía Alimentaria, y recordar y tener presente una de las resoluciones más importantes del Tribunal de La Haya de octubre de 2016 donde se afirma la primacía de la legislación internacional de derechos humanos y ambientales por sobre la legislación internacional de comercio e inversión que socavan la capacidad de las naciones para mantener políticas, leyes y prácticas que protejan esos derechos.

En la 34° sesión de Naciones Unidas Hilal Elver Relatora del Derecho a la Alimentación señalaba: “ se ha aumentado la producción, pero a costa de la salud humana y del medio ambiente…señala como responsables al lobby empresario.. y además que se sale y se supera esta situación saliendo de la Agricultura Industrial…”

A todas estas reflexiones que nos dan un somero estado de situación le contestamos con las palabras de la Ciencia Digna de “nuestro” Andrés Carrasco:

Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria”.

 

*Coordinadora de Calisa Nutrición

miryamgorban@yahoo.com.ar

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Nos desafía la otra política, desde las diversidades de abajo, a destapar al sistema político y al Estado que 'democráticamente' hicieron posible a las transnacionales apropiarse de la economía y el territorio de Argentina. Pero también viabilizaron el empobrecimiento y la devastación del país.

"Resulta indispensable comprender el origen y la magnitud de esta problemática, para poder así tomar las medidas necesarias en pos de recuperar la soberanía económica, y estar en condiciones de llevar a cabo políticas públicas que apunten al pleno desarrollo de nuestros pueblos".

 

 

Ciclos, Año XXIII, Vol.XXII, N° 42/43, 2014

El capital extranjero en Argentina

 

Por Agustín Crivelli (IDEHE8I-UBA)

 

Introducíón.

 

La extranjerización es una característica estructural de la economía argentina desde la última dictadura militar (1976-1983) hasta el presente. Este proceso fue posible gracias a la vigencia, desde esa dictadura, de un marco jurídico extremadamente favorable a los capitales extranjeros. Las ínversiones externas, lejos de cumplir un rol central para el desarrollo,'impulsaron una fuerte exportación de ahorro real al resto del mundo en forma de utilidades y dividendos, contribuyendo a profundizar la histórica restricción de divisas para el desarrollo.

 

La década de 1990 se caracterizó por un crecimiento sin precedentes de los flujos de inversión extranjera directa (IED) recibida porlos países de América Latina, en el marco del proceso de apertura económica' y privatización que llevaron a cabo la mayoría de los países de la región. Fomentado por la matriz ideológica neoliberal proliferaron en América Latina los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs), junto con la prórroga de jurisdicción a favor' de tribunales internacionales, donde para las disputas se prevé un sistema de solución de diferencias en el que las empresas pueden demandar directamente a los Estados. . A más de quince años de la firma de estos acuerdos el balance dista de ser positivo. Al escaso (o nulo) efecto de estos instrumentos sobre los flujos de IED se debe sumar la avalancha de demandas ante instancias de arbitraje internacional que desembocan en multimillonarias indemnizaciones que se tornaron intolerables, y limitaciones que actúan como un corsé para la instrumentación soberana de las políticas públicas nacionales.

 

Resulta indispensable comprender el origen y la magnitud de esta problemática, para poder así tomar las medidas necesarias en pos de recuperar la soberanía económica, y estar en condiciones de llevar a cabo políticas públicas que apunten al pleno desarrollo de nuestros pueblos.

 

A ese objetivo procura contribuir este trabajo. El artículo se compone de tres apartados. El primero analiza los antecedentes y la evolución del régimen internacional de protección de inversiones, en lo referido a los intentos por establecer un marco multilateral y el funcionamiento del esquema bilateral vigente. El apartado 'siguiente se focaliza en los mecanismos de resolución de disputas, revisa la evolución histórica de diferentes mecanismos y en particular el funcionamiento del CIADI'. El tercer apartado analiza la inversión extranjera en la Argentina, repasa la extranjerización de la economía argentina, la evolución histórica y la actualidad del marco jurídico en el que se desenvuelve y el proceso de suscripción de TBIs de la Argentina. Asimismo se examinan las demandas iniciadas por inversores extranjeros contra el Estado argentino ante tribunales internacionales. Para finalizar se exponen las principales conclusiones y algunas propuestas de acción que apuntan a revertir el estado actual de la regulación de los capitales extranjeros en Argentina.

 

Régimen internacional de protección de inversiones

Es posible encontrar los antecedentes históricos de los TBIs en los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación (TACN) de fines del siglo XIX. Posteriormente, en las décadas de 1920 y 1930, las relaciones comerciales internacionales continuaron expandiéndose y los TACN se convirtieron en los principales instrumentos jurídicos de protección de inversores extranjeros'. A finales de los años 1930 estos acuerdos incorporaron el derecho del inversor a recibir una compensación pronta, adecuada y efectiva en caso de ser expropiado, de acuerdo con la denominada "cláusula Hull". No obstante, estos tratados establecían que en caso de controversia por la presunta violación de estos acuerdos, el conflicto debía derivarse a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el contexto de un arbitraje entre Estados.

 

Algunas décadas más tarde, más precisamente el 25 de noviembre de 1959, la República Federal de Alemania y la República Islámica de Pakistán firmarían el primer TBI. Alemania fue gradualmente seguida por otros países europeos, y en la década de 1970 la firma de estos acuerdos se convirtió en una política deliberada de los países exportadores de capital, suscribiendo decena de ellos principalmente con países de África y Asia. En los años de 1980, con el auge del liberalismo político y económico, y ante la necesidad de fortalecer sus economías y la insuficiencia de divisas, los países en desarrollo iniciaron una excepcional cesión sobre parte de los derechos conquistados, con la finalidad de atraer capitales. En un primer término la firma de los TBI se expandió a los países de Europa del Centro y del Este y los del Sudeste Asiático, y en los años noventa, bajo el pretexto de la búsqueda de un "clima para la ínversíón'", en pos de garantizar la "seguridad jurídica" de los inversores extranjeros, los países latinoamericanos, que históricamente se habían negado a firmarlos en virtud de la Doctrina Calvo y de los reiterados abusos de los países exportadores de capital en sus relaciones económicas internacionales, se añadieron a la larga lista de países firmantes de Tratados de Inversión.

 

Durante los años noventa se constató un crecimiento sin precedentes de los flujos de IED, superando incluso a los montos asociados al comercio. Este comportamiento respondió a una nueva lógica del capital: una parte del proceso productivo es realizado por las filiales, integrándose en una estrategia centralizada en la cual los diferentes eslabones de este proceso resultan en el ensamblado de un producto final, elaborado a escala mundial. El acelerado crecimiento de los flujos de IED llevó a que los gobiernos incorporen esa variable en sus políticas económicas, generando una puja para atraer inversiones internacionales como fuente de financiamiento. Ese proceso, en un contexto de fuerte impulso de los postulados ideológicos del neoliberalismo, se tradujo en la implementación de políticas de liberalización de los regímenes de inversión y liberalización financiera. Como resultado de ello durante los años 90' se constató un fuerte incremento en el número de TBI celebrados. Desde la firma del primer TBI en 1959,su cantidad creció sostenidamente, cerrando el siglo XX con un total de 1.857acuerdos celebrados (actualmente existen más de 2.700). El crecimiento dramático se constató durante la década de 1990, cuando el total de acuerdos firmados se quintuplicó.

 

Pero no sólo el número de TBIs firmados creció, sino también la cantidad de países involucrados, que pasaron de 2 a fines de los años cincuenta, a 48 a fines de los sesenta, 69 al término de los años setenta, 102 a fines de los ochenta, alcanzando un total de 173 países a fines de los años noventa, incluyendo a naciones de todas las regiones del mundo. Los países latinoamericanos no comenzaron a firmar TBIs hasta fines de los años de 1980, pero el cambio de estrategia de desarrollo durante los años 1990 llevó a un rápido crecimiento en el número de instrumentos firmados. Al finalizar la década de 1990 la región tenía 300 TBIs firmados, de los cuales el 93 por ciento se suscribieron durante los años de 1990.Junto con los 82 TBIs firmados por los países del Caribe (quienes comenzaron a firmar estos acuerdos con anterioridad), América Latina y el Caribe alcanzaron el total de 366 TBIs firmados," de los cuáles 205 fueron con países desarrollados, particularmente de Europa Occidental (179). El resto de los acuerdos fueron suscriptos con países en desarrollo: 61 entre países de la región, 46 con países asiáticos, 16·con países africanos, y 38 con países de Europa Central y del Este. La proliferación de los TBIs respondió a los sucesivos fracasos de los intentos de los capitales concentrados, a través de los Estados de los países desarrollados, por imponer un esquema multilateral de protección de las inversiones extranjeras, similar al existente en el caso de los intercambios comerciales.

 

El más popular de losintentos por establecer un marco multilateral de protección fue el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), a mediados de la década de 1990. Las negociaciones en su mayor parte transcurrieron en secreto, sin conocimiento de los parlamentos, los ministros (excepto los de Economía) ni los medios de comunicación. El secreto se debía a que los por entonces 29 miembros de la OCDE, entre los que figuran los países más ricos del planeta, pretendían ponerse de acuerdo antes de dar la voz de orden a los países en vías de desarrollo. Se suponía que entonces los países en desarrollo recibirían la propuesta de un acuerdo cerrado y ya firmado por los países más poderosos y no tendrían más opciones que adherir. La iniciativa fue impulsada por los Estados Unidos", que venía de alcanzar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) en su región, donde había conseguido imponer su modelo de acuerdo y proyectaba incluir en el AMI el mismo modelo perfeccionado". A diferencia de los demás tratados multilaterales, el AMI preveía que todos los sectores y actividades que no estuvieran expresamente excluidos en el texto del tratado, quedarían incorporados al mismo.

 

En otras palabras, todos los sectores estarían por definición incluidos en el tratado, y únicamente la introducción de una excepción específica podría permitir a una parte contratante suspender la aplicación del acuerdo para un sector en particular que deseara proteger'. El borrador del acuerdo se encontraba finalizado en un 90 por ciento, cuando en abril de 1997 una ofensiva llevada a cabo por movimientos norteamericanos de ciudadanos contra el procedimiento del fast-track" se apropió de una copia del documento y lo hizo público. Fue así que el Congreso de Estados Unidos cayó en la cuenta del tipo de negociaciones que se venían desarrollando desde hacía tres años, hasta el momento negadas por el Departamento de Estado y el Tesoro, que debieron aceptar que dicho documento fuera puesto a disposición del público en Internet. En otros países europeos también hubo situaciones similares con funcionarios directamente involucrados que también negaban conocer las negociaciones para establecer el AMI.

 

La publicación en Internet del proyecto del AMIll permitió que Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de todo el mundo realizaran su propio análisis del tratado, desatando movilizaciones sociales en Europa y Norteamérica, que finalmente terminaron con las pretensiones de aprobar este acuerdo multilateral de protección a las inversiones extranjeras. Si bien 'el AMI no pudo ser aprobado, las disposiciones en él contenidas están presentes en los TBIs. En realidad la inmensa mayoría de los TBIs pueden considerarse como adaptaciones de un TBI prototipo elaborado por un conjunto reducido de países desarrollados(Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos). Se trata de acuerdos que procuran profundizar la liberalización en materia de inversiones, a partir de la inclusión de cláusulas tendientes a eliminar cualquier tipo de restricciones que afecten la entrada o permanencia de inversores externos. A grandes rasgos estos acuerdos se encuentran estructurados alrededor de dos pilares centrales: la protección de las inversiones extranjeras, y la consagración de un sistema de arbitraje para resolver controversías."

 

Mecanismos de resolución de disputas

 

Tradicionalmente las disputas que involucran a ciudadanos extranjeros con inversiones en el país fueron consideradas un problema de Estado a Estado. En el caso de los conflictos derivados de los TACN, en el caso de suscitarse una controversia por la presunta violación de estos acuerdos, el conflicto se derivaba a una Corte Internacional de Justicia: (CIJ) en el contexto de un arbitraje entre Estados. Con posterioridad surgiría la doctrina Calvo en América Latina, como respuesta al expansionismo imperialista de las potencias europeas, rechazando el uso de la "protección diplomática" de sus nacionales y otrasformas de intervención armada".

 

Luego fue reforzada por la doctrina Drago, a comienzos del siglo XX, rechazando el uso de la fuerza o la ocupación como forma de cobrar deudas de un Estado, extendida posteriormente también a las obligaciones contractuales. La doctrina Calvo daría luego lugar a la cláusula Calvo, utilizada en convenios de concesión con extranjeros y que establece la jurisdicción de los tribunales locales para resolver .los posibles conflictos, vedando el recurso al arbitraje internacional." Bajo el principio de soberanía nacional y jurisdicción territorial, la doctrina Calvo postula que los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales. Se encuentra recogida en varias Constituciones de países latinoamericanos y pese a la decidida oposición de Estados Unidos, quedó consagrada en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 1948,y fue reafirmada por la üEA en 1975 mediante una declaración.".

La doctrina Calvo también fue apoyada por numerosos países de otras regiones del mundo, particularmente en ex colonias, inspirando también la Resolución de la Asamblea General de la ONU del 17 de diciembre de 1973 que proclama la soberanía permanente de los Estados sobre los recursos naturales, y un año más tarde en la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

 

El sostenimiento de la doctrina Calvo se había convertido para los países en desarrollo (especialmente entre los latinoamericanos), en algo inamovible, por lo que la soberanía en materia de disputa jurídica estaba fuera de discusión. En este sentido, y a pesar de coexistir diferentes actitudes con respecto al tratamiento de la inversión extranjera, la mayoría de los países de la región sostuvo una postura contraria a la extraterritorialidad de los extranjeros, amparándose en la doctrina Calvo. Esta situación se modificó cuando en los años 90', en el marco del auge de las ideas neoliberales, muchos países de la región suscribieron el Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (CIADI) y firmaron numerosos TBIs, aceptando la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales extranjeros, colocando a empresas extranjeras y Estados nacionales en pie de igualdad. Los TBIs establecen que, en caso de disputa, los inversores externos cuentan con una diversidad de instancias jurídicas externas donde pueden acudir. El CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) es el ámbito principal, aunque no es el único. Existen otros tribunales internacionales como los establecidos por las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (CCE), y los tribunales arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en París. Todos estos tribunales se rigen por sus propias reglas, que originariamente no estaban establecidas para resolver disputas entre empresas y Estados nacionales, sino para disputas comerciales entre empresas. Algo similar ocurre con las reglas establecidas en 1976 por la CNUDMI, que son utilizadas en procedimientos de arbitraje ad hoc celebrados en cualquier lugar acordado entre la partes, ya que la CNUDMI simplemente proporciona reglas que otros tribunales luego se encargan de administrar. Así, mientras las leyes de cualquier país democrático son aprobadas por su poder legislativo, las reglas de arbitraje no resultan de algún procedimiento legislativo; sino que provienen de una estrategia impulsada desde hace décadas por asociaciones empresariales y de abogados que buscan privatizar la justicia. Además, otro de los aspectos relevantes, es la inexistencia de la posibilidad de apelación ante un órgano superior, lo que adquiere mayor trascendencia cuando una de las partes implicadas es un estado, dado que se traduce en una evidente rnerma de su soberanía.

 

Por otro lado, a diferencia de los tribunales de justicia, en los tribunales de arbitraje, normalmente llamados paneles, los árbitros son designados para cada ocasión". De allí que, en los hechos, la inmensa mayoría de los árbitros proceden de importantes despachos de abogados especializados en arbitraje internacional, y resulta habitual que una misma persona actúe algunas veces como asesor de empresas multinacionales y otras como árbitro en litigios que involucran a esas mismas empresas. De este modo el arbitraje internacional es claramente un sistema concebido para proporcionar justicia privada al servicio de las empresas transnacionales. Además de no existir jueces propiamente dichos, no existe vista oral, ni apelación, ni jurisprudencia, ni acumulación de causas similares. El procedimiento arbitral permite muchas menos pruebas que la jurisdicción ordinaria, y los paneles deciden sobre su propia competencia y jurisdicción, llegando incluso a producirse dos laudos contrarios y sin posible casación para un mismo caso." La opacidad es otra de las características centrales de estos procesos de arbitraje. De hecho, sólo en el caso del CIADI existe un registro público de demandas junto a una ínformacíón muy limitada sobre su contenido, mientras que en las demás instancias arbitrales la existencia de una demanda y su resolución sólo se conoce si una de las partes implicadas decide hacerla pública, dado que las audiencias no son públicas y el laudo se notifica únicamente a las partes involucradas." Los TBI se presentan como un escudo protector contra los posibles abusos de los estados receptores de las inversiones, aunque en realidad terminan siendo un mecanismo mediante el cual las empresas transnacionales extorsionan a los Estados". Un resultado posible es que los Estados ante el temor de enfrentarse a indemnizaciones millonarias, debido a reclamos de "expropiación indírecta'', decidan limitar las regulaciones favorables al interés público, viéndose limitada la soberanía nacional para dictar políticas públicas."

 

Los capitales extranjeros en Argentina

Los datos de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE), difundida por el INDEC en diciembre de 201226, muestran que el proceso de extranjerización de las 500 empresas más grandes de Argentina se mantiene. El 64,4% de esas empresas siguen siendo extranjeras, generan el 79,8% del valor bruto de la producción, el 80,4% del valor agregado, y representan el 86,9% de las utilidades del panel.

 

Uno de los mayores limitantes para una economía en la cual el capital transnacional predomina en el control de la cúpula empresarial, es la carga de la remisión de utilidades al exterior sobre los déficits del Balance de Pagos. El capital extranjero invertido en nuestro país implica año a año la salida de divisas por el giro al exterior de parte de sus ganancias. Es así que el fuerte crecimiento económico de los últimos años generó un incremento de magnitud en la remisión de utilidades y dividendos, que pesan cada vez más sobre el balance cambiario. Según datos del Banco Central, entre 2003,y 2011 cerca de 22.000millones de dólares fueron remitidos al exterior por las empresas extranjeras. En el año 2012, las regulaciones cambiarias dispuestas por el gobierno nacional prácticamente paralizaron el egreso de divisas.

 

En octubre de 2011 el 'Banco Central de la República Argentina (BCRA) creó el "Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias", a través del cual se comenzaron a efectuar las solicitudes de compra de moneda extranjera supervisadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

 

Posteriormente, en marzo de 2012 el BCRA restringió el retiro de dinero desde el exterior con tarjetas de débito locales a aquellas personas con cuentas bancarias en moneda extranjera en bancos argentinos. Finalmente, en julio de 2012 se suspendió la venta de de moneda extranjera con fines de atesoramiento". De este modo, como resultado de las regulaciones cambiarias, las operaciones en el Mercado único y Libre de Cambios (MULC) se redujeron notablemente, y la fuga de capitales pasó de 25mil millones de dólares en 2011 a 600 millones durante 2012. La apertura de la economía a los flujos de capitales exteriores descapitalizó a la economía argentina y profundizó la histórica restricción de divisas al desarrollo. A pesar de esto la ortodoxia económica sigue sosteniendo que un país como el nuestro requiere de la radicación de inversiones extranjeras para desarrollarse. Pero la experiencia de 2003-2014 es clara, con un producto bruto interno que se duplicó sin financiamiento externo y en base al ahorro interno. La desnacionalización de la propiedad del aparato productivo argentino fue posibilitada por sucesivos gobiernos (principalmente la dictadura militar de 1976-83 y los dos mandatos presidenciales de Carlos Menem, 1989-1999) a través de políticas económicas que mediante innumerables medidas han ido construyendo un marco jurídico-institucional favorable al capital foráneo, en desmedro del capital nacional.

 

El gobierno de la última dictadura militar, bajo la conducción económica de Martínez de Hoz, reemplazó la Ley de Radicaciones Extranjeras (Ley 20.557) por el Decreto Ley 21.382 del año 1977. Esta norma (aún vigente) restringe al mínimo las áreas vedadas a las inversiones extranjeras; prohíbe un tratamiento preferencial al capital nacional en relación a los capitales extranjeros; permite transferir utilidades, dividendos e, incluso el capital, en cualquier momento y casi sin restricciones; abre el acceso al crédito interno; y consagra una ficticia independencia jurídica entre la casa matriz y su sucursal en nuestro país. La Ley 20.557 de 1973 establecía que las inversiones debían instrumentarse mediante contratos de radicación, sujetos a la aprobación, según los casos, del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. La norma establecía requisitos relacionados con el desarrollo de zonas geográficas específicas, la mejor utilización de los recursos naturales y humanos, la mejora de las condiciones de vida de la población, y ponía límites a la contaminación ambiental." La repatriación del capital no podía efectuarse antes de transcurridos cinco años desde la aprobación del contrato de radicación, ni podía realizarse por montos superiores al 20 por ciento anual, también se fijaron porcentajes máximos para la remisión de utilidades. La norma de 1973 procuraba asegurar la viabilidad económica de largo plazo de las inversiones extranjeras, estableciendo que toda inversión extranjera debía generar el monto de divisas" necesarias para financiar la remisión de utilidades y amortizaciones del capital: "Que los bienes o servicios a producir posibiliten una sustitución de importaciones o sean objeto de exportaciones a través de un compromiso expreso, debiendo dejar un beneficio neto para el país en cuanto al balance de divisas de la radicación, computándose para su cálculo de probables egresos o repatriación de capital, utilidades, amortizaciones, intereses, regalías, importaciones -incluso las indirectas a través de los insumos- y otros egresos"." La Ley de Radicaciones Extranjeras de 1973 también contenía una serie de restricciones referidas a niveles y razones para la remisión de utilidades al exterior, áreas que por cuestiones estratégicas no eran admisibles para el ingreso de capitales externos (de seguridad nacional, alimentaria, recursos naturales, entre otras), impedimentos para fondearse en el mercado de crédito local para evitar la absorción del capital nacional por el extranjero, y el fomento del desarrollo tecnológico en el país, a través de la obligación de contratar técnicos locales.

 

Como resultado de la eliminación de las regulaciones de la Ley 20.577,junto con otras medidas, el gobierno militar desarticuló el proceso de sustitución de importaciones. Una vez 'recuperada la democracia, los constantes desequilibrios  macroeconómícos durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1984-1989), la carga de la deuda externa, y la persistencia de una tasa inflacionaria de tres dígitos, generaban un clima de incertidumbre acerca de la marcha de la economía muy poco atractivo para las inversiones extranjeras. Pero en el contexto de las ideas reinantes del Consenso de Washington, la administración del presidente Menem redefinió el papel del Estado en relación a la actividad económica, impulsando fuertemente la actividad privada en diferentes ámbitos antes regulados por el Estado". En este marco en 1993, a través del Decreto 1853/93, el Poder Ejecutivo aprobó el texto reordenado del Decreto Ley 21.382.

 

Esta nueva norma no sólo ratificó el decreto de la dictadura, sino que la hizo aún más liberal. En su artículo 2° el nuevo decreto incluye que los inversores extranjeros podrán efectuar inversiones en el país sin necesidad de aprobación previa, y en su artículo 5° establece que el derecho de los inversores de repatriar su inversión y enviar al exterior las utilidades líquidas y realizadas podrá ser ejercido en cualquier momento. Se fijó una amplia libertad para el movimiento de capitales, sin limitaciones para la remisión de dividendos (a los que se exceptuó del pago de impuestos), ni para acceder a programas de financiamiento público o privado. Los inversores extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que las leyes otorgan a los inversores nacionales; pueden transferir al exterior las ganancias y repatriar su inversión; y hacer uso del crédito interno con los mismos derechos y en las mismas condiciones que las empresas locales de capital nacional. Las mayores concesiones otorgadas por la legislación nacional al capital extranjero no fueron consideradas suficientes para brindarla "seguridad jurídica" que asegurara el necesario ingreso de divisas para sostener el plan de convertibilidad. Fue así que se resolvió comprometer internacionalmente al país mediante la firma de numerosos acuerdos bilaterales de inversión y la adhesión al convenio del CIADI, prorrogando la jurisdicción en favor de tribunales extranjeros.

 

De acuerdo a las reformas introducidas en la década de 1990, el Estado debía transformarse en un facilitador de los negocios del sector privado, regulando ocasionalmente las "fallas del mercado" y ocupando el lugar de éste en laprestación de actividades no rentables. Al mismo tiempo se apoyaba la internacionalización de las economías de la región, que debían abrir sus fronteras al capital, procurando ser atractivas para la inversión extranjera." En un contexto internacional de fuerte movilización del capital financiero y productivo en búsqueda de altas rentabilidades e integración productiva de sus unidades de negocios a nivel mundial, la firma de TBIs fue el eje central de la -política exterior argentina en materia de inversiones durante la década de 1990. La cantidad de acuerdos suscriptos se incrementó al ritmo del crecimiento de la inversión extranjera. La firma de los TBIs era justificada a partir de la necesidad 'de alentar las inversiones extranjeras, para protegerlas frente a los riesgos derivados de la privación de justicia por parte de los Estados nacionales, a partir de la inestabilidad política e institucional de los países en desarrollo." Así, a comienzos de la década del noventa, al mismo tiempo que abría sus mercados a las inversiones extranjeras, Argentina iniciaba un rápido proceso de firma y ratificación de TBIs. El primer paso fue dado en el año 1991, mediante la firma del convenio del CIADI.A partir de entonces el gobierno firmó múltiples instrumentos internacionales, alcanzando un total de 58 TBIs, que a partir de 1992 fueron sucesivamente ratificados por el Congreso Nacional. En los primeros cuatro años de su ratificación, entraron en vigencia casi el 60 por ciento del total de acuerdos firmados.

 

Es importante notar que en el primer año de la ratificación de los tratados, casi su totalidad estaba relacionada con países de la OCDE. Estos acuerdos fueron ratificados entre 1992 y 1995, años que coinciden con el traspaso a manos privadas de las empresas estatales más grandes (gas, electricidad, petróleo y provisión de agua potable y saneamiento). En este proceso, la presencia de las empresas extranjeras fue muy importante. Es sumamente probable que la presión para la firma de TBIs se debiera en gran parte a las propias insuficiencias legales del proceso privatízador". En un contexto donde algunas privatizaciones autorizaron la indexación de tarifas, mecanismo prohibido por la ley de convertibilidad, podría pensarse que la firma de los tratados constituyó un reaseguro jurídico para inversiones sumamente lucrativas que ya tenían incluido el riesgo país en sus estimaciones de rentabílídad." Entre los países involucrados se destacan España, Italia, Francia, EEUU, Gran Bretaña y Alemania, es decir, los más importantes inversores externos en la Argentina. Se evidencia así una correlación positiva entre la presencia inversora .de los países más desarrollados y la búsqueda de garantías para la inserción de sus empresas en el mercado local.

 

En este sentido la firma indiscriminada de TBIs encuentra coherencia con la oleada de inversiones extranjeras en la Argentina vinculadas a la privatización de activos del Estado, y desde mediados de la década de 1990 con el proceso de adquisiciones de firmas de capital local por empresas extranjeras. Si bien muchos países de la región vivieron un proceso de similares características, en ningún caso se verificó la cantidad y velocidad de acuerdos firmados por el gobierno argentino. Mientras que en el Mercosur el promedio de tratados firmados por país es de 31, en la Comunidad Andina es de 20. Por otro lado es posible observar importantes diferencias entre posiciones extremas caracterizadas por la experiencia argentina (con casi 60 tratados firmados, de los cuales más del 90% fueron ratificados) y las de Colombia y Brasil, con un número muchísimo menor de tratados celebrados y ratificados. En el caso de Brasil incluso ninguno de los TBls firmados fue posteriormente ratificado por el congreso brasileño, como resultado de la resistencia de diversos grupos político-sociales (partidos, sindicatos, organizaciones empresarias) frente al intento de externalizar la jurisdicción legal y resignar este aspecto de la soberanía del estado nacional."

 

 Argentína es el país con más denuncias en el CIADI

 Según la base de datos de este ámbito" son 18 las causas contra el Estado argentino que ya han concluido, mientras que actualmente subsisten otras 16 causas pendientes en ese centro del Banco Mundial. Si bien en muchas causas el monto de la demanda es desconocido, se estima que el total de las demandas contra el Estado argentino oscila los 20.000 millones de dólares. En casi todos los casos las demandas contra el Estado argentino están relacionadas con las medidas que adoptó el gobierno para hacer frente a la crisis que estalló a finales de 2001. La Ley 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiaria, adoptada en 2002 y prorrogada hasta la actualidad, es el blanco preferido de casi todas las demandas en tribunales internacionales. Esta norma incluye un capítulo dedicado a los contratos públicos que deja sin efecto las cláusulas de ajuste de tarifas en dólares, las basadas en el índice de precios estadounidense y en cualquier otro mecanismo indexatorio; pesifica las tarifas, y autoriza al gobierno a renegociar los contratos. El eje central de la estrategia legal de defensa del gobierno argentino consiste en invocar el "estado de necesidad”. En las demandas presentadas por empresas concesionarias de servicios públicos y privatizaciones los alegatos hacen referencia a la pesificación de las tarifas. En nueve de ellos las demandas refieren al congelamiento de las tarifas, siete casos tienen como una de las causas la imposición de retenciones a la exportación (empresas hidrocarburíferas y gasíferas); en cinco demandas aparece como uno de los motivos la suspensión del ajuste de las tarifas según el índice de precios de los Estados Unidos; mientras que en dos de los casos se alega la rescisión total del contrato de concesión de servicio público. La defensa del gobierno argentino sostiene que la situación de emergencia económica producto de la crisis socioeconómica desatada a fines del año 2001 se ajusta plenamente a la cláusula de "estado de necesidad", razón por la cual el Estado argentino no puede ser imputado de ninguna responsabilidad por las medidas adoptadas para afrontar la crisis. Sin embargo los laudos contrarios a nuestro país dejan en claro que la interpretación de los árbitros del CIADIrechaza la argumentación de la Argentina. La Procuración del Tesoro de Argentina sostiene que, según su interpretación del Convenio del CIADI, el inversor externo debe pedir la ejecución del laudo del CIADI ante el tribunal competente", razón por la cual hasta octubre de 2013 el Estado argentino no había abonado ninguna indemnización". Pero la dilación del pago no evita que a medida que concluyen los arbitrajes se acumulen condenas, y, además, a la hora de pagar, al monto de las indemnizaciones se agregan los costos procesales y de defensa.

 

Las demandas ante tribunales internacionales no son más que un eslabón de una larga cadena de dispositivos destinados a presionar al Estado argentino para mejorar las condiciones para los negocios de las grandes corporaciones trasnacionales que operan en nuestro país. Prueba de ello son los resultados de las gestiones del gobierno argentino con los de España y Francia, mediante las que se ha conseguido que empresas de esos países retiren al menos diez demandas del CIADI, a cambio de mejores condiciones en las renegocíacíones de contratos de concesión de servicios públicos privatizados.

 

Conclusiones

A más de quince años de la firma de los primeros TBIs y de la adhesión al CIADI, es posible realizar una evaluación pública de los resultados económicos y jurídicos de estos acuerdos. El principal argumento esgrimido por los defensores de estos instrumentos jurídicos es el efecto positivo en la captación de inversiones. Sin embargo la evidencia empírica no apoya esta tesis, ya que las economías que reciben más inversiones (Estados Unidos", China y Brasil) no suscribieron tratados con prórroga de jurisdicción. Incluso la Constitución de Brasil lo prohíbe expresamente y esto no ha impedido que Brasil sea el país de la región que capta las mayores inversiones. En el mismo sentido apuntan diversos trabajos que analizan las vinculaciones las ventajas de tipo jurídico y las inversiones. Un estudio econométrico realizado por la UNCTAD47 para determinar el efecto de los TBIs sobre los flujos de inversión no encontró ninguna relación causal, mostrando que ellos sólo presentan una débil influencia, mientras que Hallward-Driemeier analiza los flujos de IED provenientes de los países desarrollados, descartando que una mayor protección pueda convertirse en un inductor válido para atraer inversión adicional. Al mismo resultado arriba Sullivan" al analizar lainftuencia de los TBIs al momento de definir las IED estadounidenses. Es decir que la vinculación entre la firma de TBIs y el incremento de los flujos de IED es un mito falso. Sin embargo el efecto de los TBIs sobre las posibilidades de desarrollo de la economía argentina dista de ser nulo. La vigencia de este marco institucional reduce de manera significativa el margen de maniobra del Estado argentino para implementar políticas activas de regulación y desarrollo de la actividad económica. Con la legislación vigente el Estado no está en condiciones de exigir que la cúpula empresarial cumpla con metas de reinversión de utilidades, de creación de puestos de trabajo, de compra a proveedores locales o de generación de un saldo positivo de divisas.

 

Por otro lado, tal como la han señalado diversos especialistas, la adhesión de Argentina al convenio del CIADIno sólo es nula'", sino que la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales del CIADI resulta inconstitucional. Al respecto el ex Procurador del Tesoro de la Nación Horacio Rosatti, sostiene: "Si en virtud de l~ aplicación de un tratado internacional pudiera evitarse el control de constitucionalidad local, queda consagrada la posibilidad de modificarla Constitución Nacional por medio de leyes, violentándose el procedimiento de reforma constitucional previsto en el arte 30 y, a la vez, quedaría subvertida la pirámide jurídica nacional desde el momento en que el tratado supra-legal pero infra-constitucional prevalecería sobre la Constitución, violentándose el orden jerárquico establecido en el Constitución Nacional (... ) No es aceptable que Argentina pueda ceder de modo anticipado (a través de una ley que aprueba un TBI) y definitivamente (por medio de otra ley que aprueba un mecanismo de arbitraje internacional como el CIADI) su potestad de efectuar el control judicial de constitucionalidad en sus tribunales de los tratados de comercio ni de los conflictos que suscite su aplicación".

 

"La recuperación de la doctrina Calvo permitiría que las actividades de las empresas multinacionales se encuentren bajo el control democrático en base a la primacía absoluta de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo del conjunto de la población frente al beneficio empresarial. La reversión del entramado jurídico resultante de negociaciones internacionales que no se corresponden con un modelo de desarrollo productivo autónomo aparece como uno de los pasos necesarios para pensar en revertir el alto grado de extranjerización de la economía argentina. Para esto también resulta necesario modificar el marco normativo interno que regula al capital extranjero, de manera que sea coherente con el modelo de desarrollo. Las lógica de las normas vigentes (Decreto Ley 21.382/1976y Decreto 1853/1993) atenta contra la producción nacional y se manifiesta en el nivel excesivo de apertura hacia el capital extranjero, la imposibilidad de planificar la radicación del capital y la ausencia de restricciones a la remisión de utilidades y a la repatriación del capital invertido.

 

Existen ejemplos concretos en este sentido, tal como es el caso de los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Estos países han tomado las medidas necesarias para desentramar el marco jurídico contrario a sus intereses nacionales, mediante el abandono de los tribunales del CIADI, y la denuncia y/o renegociación de los TBIs firmados en décadas pasadas. Brasil, como se mencionó, no ha cedido su soberanía en materia de regulación de los capitales extranjeros. De existir la decisión política para avanzar en tal sentido, la Argentina deberá buscar la estrategia más adecuada para minimizar los costos que posiblemente existan al desmantelar este perjudicial entramado jurídico vigente. La acción conjunta de los países de la región puede resultar menos gravosa y más eficaz que las acciones individuales que se puedan tomar en este sentido. .

 

Bibliografía: (..)

Fuente: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/ciclos/ciclos_v22_n42-43_08.pdf

 

En consecuencia, la «reforma agraria integral» como organización económica territorial para satisfacer necesidades e intereses de la diversidad de abajo debe ser obra de los pueblos en lucha por su autodeterminación y la Madre Tierra. Estos objetivos plantean que su proceso de construcción se caracteriza prioritariamente por ser anticapitalista con contenidos y sentidos provenientes de la diversidad de identidades de los de abajo. Se trata de una confrontación con todos los responsables tanto de la dictadura genocida como de la democracia que posibilitaron la actualidad de maximización de la acumulación oligopólica de riquezas y poder. Sobre todo implica unidad de voluntad de erradicación de estos últimos: las transnacionales y los grandes grupos económicos transnacionalizados.

 

La «reforma agraria integral» como territorios de paz provendrá de pueblos y sus diversidades sociales afirmando la dignidad humana.

 

Declaración del Foro de Soberanía Alimentaria:

Territorios de Paz para la Vida Digna –

Cumbre de los Pueblos frente a la OMC

14 de diciembre de 2017

 

Por la construcción de "Territorios de paz para la soberanía alimentaria y la política y la vida digna. Fuera OMC, fuera librecomercio de nuestra tierras, de nuestra agricultura, de nuestros platos y de nuestro planeta"

Las y los participantes del Foro de Soberanía Alimentaria realizado en la ciudad de Buenos Aires los días 12 y 13 de diciembre del año 2017 queremos expresar nuestros acuerdos para la construcción de Territorios de Paz para los pueblos; las y los campesinas y campesinos del mundo y todos los pueblos que luchamos por permanecer en nuestros territorios ancestrales y por seguir alimentando a la humanidad como lo hemos hecho los últimos diez mil años; al mismo tiempo que posibilitar una vida digna en las ciudades con alimentos sanos producidos localmente.

Los más de 300 participantes de este Foro de Soberanía Alimentaria, campesinas y campesinos, pueblos originarios, pescadores y productores de alimentos, provenientes de más de 30 países de 4 continentes denunciamos en primer lugar la violencia del Libre Comercio que en esta Cumbre Ministerial se ha expresado con claridad en la censura que el Gobierno Argentino ejerce, con la aceptación y connivencia de la OMC, impidiendo la participación de los muchos representantes de organizaciones sociales que querían llegar a la Argentina a expresar sus opiniones y posiciones sobre esta Cumbre. Así se demuestra que la “libertad” que proclaman desde esa Cumbre Ministerial es la libertad para imponer las voces de los poderosos mientras el 99 % de la humanidad queda fuera de ese espacio cerrado, secreto y amurallado en el que pretenden tomar las decisiones que afectarán a todos los pueblos del mundo, decisiones signadas por la violencia.

Y es Violencia la que se ejerce todos los días a través de los manejos del agronegocio y los intereses corporativos en nuestros territorios donde se nos expulsa, persigue, criminaliza y asesina, mientras incrementan en forma desmesurada sus ganancias y defienden sus intereses

Violencia es la que el 3 de marzo del 2016 asesinó a Berta Cáceres en Honduras y que hoy impide que el pueblo hondureño ejerza su derecho a elegir quién lo gobernará.

Violencia es la que en los 3 últimos meses se cobró la vida de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel en la Patagonia argentina; jóvenes que fueron asesinados por solidarizarse con la lucha por el derecho a la tierra del pueblo Mapuche.

Violencia que en todo el mundo tiene acorralados a campesinas y campesinos y pueblos originarios en apenas un cuarto de la tierra disponible mientras nosotras y nosotros seguimos siendo quienes proveemos la mayor parte de los alimentos para toda la humanidad.

Violencia es la que ejerce el agronegocio destruyendo las tres cuartas partes de la totalidad de las semillas agrícolas que nuestros ancestros nos han legado mientras busca apropiarse del resto a través de las Leyes de Semillas y las patentes.

Violencia con que las corporaciones buscan convertir a nuestros alimentos en mercancías produciendo la mayor crisis alimentaria que haya sufrido la humanidad con más de la mitad de la población malnutrida o malcomida sufriendo de hambrunas, múltiples carencias y enfermedades crónicas por sobrepeso y obesidad; sufrimiento que es mayor en los más vulnerables.

Violencia con la que se están imponiendo nuevas y cada vez más peligrosas tecnologías sin debate, consulta ni participación de los pueblos. Tecnologías como los transgénicos, los nuevos desarrollos biotecnológicos, la geoingeniería o las nuevas técnicas de edición genética que amenazan todos los sistemas de vida a nivel global.

Violencia con que se imponen falsas soluciones para las diversas crisis, climática, energética, alimentaria, que solo buscan continuar con la apropiación y acaparamiento de nuestros bienes comunes.

Violencia con que el capitalismo está destruyendo a la Madre Tierra, nuestra Pachamama, destruyendo el clima, nuestros bosques, nuestros suelos, nuestras plantas, nuestros animales, nuestros bienes comunes; contaminando nuestros ríos y mares y convirtiendo al planeta en un desierto en el que la misma posibilidad de vida futura se ve amenazada.

Violencia que se expresa en el sistema patriarcal y racista que mata y se expresa cotidianamente en todos los niveles de nuestras vidas.

Nosotras y nosotros decimos una vez más ¡BASTA de Violencia! Y seguiremos construyendo otro mundo posible, cuidando a nuestra Madre Tierra y alimentando a los pueblos del mundo a través de:

- Nuestro compromiso a seguir impulsando la Soberanía Alimentaria como plataforma, principio y base política de nuestro accionar para garantizar un mundo sin hambre y una tierra con campesinas y campesinos cuidándola, nutriéndola de manera consciente y amorosa.

- Nuestro compromiso a defender nuestros territorios como Territorios de Paz donde la tierra, el agua y la diversidad sean parte integral de una vida plena en armonía con todos los seres vivientes.

- Nuestro compromiso a seguir defendiendo esos territorios contra la violencia del capital, la mercantilización de la vida y la destrucción que provocan los megaproyectos en nombre del supuesto “progreso”.

- Nuestro compromiso a mantener vivos los conocimientos y saberes que nuestros ancestros nos legaron y que representan hoy en manos de las comunidades la principal esperanza para enfrentar la crisis a la que este capitalismo demencial nos está llevando.

- Nuestro compromiso a luchar contra el “Libre Comercio” en todos los ámbitos donde se quiera imponer, ya sea en la OMC, como a través de los Tratados de Libre Comercio bilaterales o multilaterales o en los espacios multilaterales como el FMI o el Banco Mundial; denunciando sus mentiras y mostrando el verdadero rostro de este saqueo planificado al que pretenden someternos.

-Nuestro compromiso a seguir produciendo alimentos sanos, libres y soberanos a través de la producción agroecológica campesina diversa y rica como lo son cada uno de nuestros pueblos.

- Nuestro compromiso a seguir trabajando en lo local fortaleciendo huertas comunitarias, rescate de saberes alimentarios locales y el uso de plantas medicinales y todas aquellas experiencias que desde la organización local y comunitaria fortalecen y son la base nuestro accionar colectivo.

- Nuestro compromiso para que todos los pueblos tengan el derecho a una alimentación digna, saludable y nutritiva y mucho más cuando la misma forme parte de cualquier tipo de ayuda alimentaria.

- Nuestro compromiso a seguir multiplicando, compartiendo y defendiendo nuestras semillas criollas y nativas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad, libres de transgénicos, agrotóxicos y derechos de propiedad intelectual.

- Nuestro compromiso a multiplicar nuestros principios, nuestra experiencia y nuestros saberes a través de todos los espacios educativos que venimos construyendo desde nuestros movimientos llamando a todas y todos aquellos que se sientan comprometidos desde sus propios ámbitos de acción a sumarse a esta cruzada por formación agroecológica campesina.

- Nuestro compromiso a avanzar en el fortalecimientos y la construcción de medios de comunicación para la libertad que logren superar el cerco mediático que los medios hegemónicos han creado y que ha logrado poner a buena parte de la humanidad en un estado de hipnosis colectiva.

- Nuestro compromiso a continuar construyendo con investigadoras e investigadores del todo el mundo otro modelo de ciencia basado en los nuevos paradigmas que asoman de la mano de la Ciencia Digna, la construcción colectiva y el diálogo de saberes y una visión integral y no fragmentada del mundo. Esta ciencia digna debe sostenerse en un sistema educativo que en todos sus niveles sea coherente con ese sentido de dignidad y debe tener a la Soberanía Alimentaria como eje central.

- Nuestro compromiso a luchar contra la violencia del neoliberalismo que una vez más busca imponerse como pensamiento único y fin de la historia. Sabemos que nuestra diversidad, nuestra historia y nuestras luchas anuncian el comienzo de un tiempo mejor.

- Nuestro compromiso a seguir honrando a quienes nos han precedido en este camino sembrando esperanzas, ideas y sueños de un mundo mejor continuando la construcción de un mundo solidario, libre y unido en la diversidad en el que la vida valga más que las leyes del mercado, la propiedad privada y la acumulación de capital.

- Nuestro compromiso en transformar nuestras relaciones dejando de lado y combatiendo todas las formas de dominación y opresión contra las mujeres, pueblos originarios, jóvenes y todos los que en esta sociedad son marginados y perseguidos.

- Nuestro compromiso a avanzar en la construcción de alianzas con todos los sectores sociales que han confluido en esta Cumbre de los Pueblos para decir bien fuerte:

- Somos una sola fuerza hermanada con los trabajadores urbanos, consumidores, desocupados, movimientos feministas, movimientos por la diversidad sexual, ecologistas, organizaciones de jóvenes, académicos y todas y todos los que llegamos aquí comprometidos en la construcción de otra sociedad.

Nos reconocemos en los principios anticapitalistas, antipatriarcales, internacionalistas y anticolonialistas y asumimos el compromiso con los mismos como desafío para nuestra vida cotidiana, al interior de nuestras organizaciones y en la búsqueda de construcción de una nueva sociedad que hemos asumido que es posible y necesaria.

Nos solidarizamos con todos los pueblos del mundo en resistencia y nos inspiramos en el ejemplo del valiente campesinado colombiano que hoy asume el desafío de la construcción de territorios de paz en un país que ha atravesado por décadas de violencia, nos declaramos comprometidos a hacer de todos nuestros territorios.

TERRITORIOS DE PAZ PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y POLÍTICA Y LA VIDA DIGNA

FUERA OMC, FUERA LIBRE COMERCIO DE NUESTRAS TIERRAS,

DE NUESTRA AGRICULTURA, DE NUESTROS PLATOS Y DE NUESTRO PLANETA

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Consideremos, por último, la Nueva publicación de La Vía Campesina, lanzada en el marco del Día Mundial de la Soberanía Alimentaria contra las Transnacionales, con el objetivo de fortalecer la convergencia de las luchas que expresa:

 

Las luchas, las estrategias de lucha y los conceptos han tenido muchos cambios en La Vía Campesina como resultado del contexto actual por un lado, pero también como resultado de los procesos colectivos, de una construcción desde las bases en los territorios con alta diversidad histórica, cultural, política y económica. En este sentido, queda claro que la reforma agraria integral y popular es entendida como un proceso para la construcción de la Soberanía Alimentaria y la dignidad de los pueblos.

Partiendo de este marco conceptual en el que la reforma agraria se plantea como defensa y recuperación del territorio para la Soberanía Alimentaria así como un proceso de los pueblos. (…)

 

Conclusiones

El intercambio de experiencias, el diálogo de saberes, el análisis colectivo y los estudios al respecto han dejado cada vez más clara la verdadera extensión de la profundización del capital en el campo y en la ciudad, como parte de un paradigma del crecimiento continuo. Las consecuencias del creciente apoderamiento de una alianza de actores sobre el sistema agrario y alimentario muestran que existe una profunda contradicción entre los intereses del capital y la posibilidad de una alimentación sana y nutritiva, la reproducción de la humanidad, los derechos humanos y el cuidado de la Madre Tierra. No son experiencias aisladas sino una consecuencia directa de marcos políticos y estructurales globales, presentadas en esta publicación. ¿Cómo conseguimos el cambio que deseamos en un mundo con tan fuertes asimetrías de poder? ¡Visionamos, defendemos y construimos una fuerte alianza entre los pueblos organizaciones, movimientos y personas, del campo y de la ciudad, que sean capaces de lograr esta correlación de fuerzas necesaria! Estamos construyendo territorios populares en los lugares donde se producen alimentos sanos en armonía con la naturaleza usando la agroecología y las prácticas y conocimientos populares y ancestrales con los que alimentamos al mundo, y donde las tierras, las aguas y las semillas son bienes de la humanidad en función de la alimentación de las sociedades y la protección de la naturaleza, con una economía social y solidaria que pone la vida digna de los pueblos por encima de los intereses de unos pocos. Donde existen relaciones sociales sin opresión patriarcal, racista y de clases, donde se combaten la pobreza, la miseria y de la migración forzada y donde existe una democratización de las decisiones políticas. ¡La alimentación sana y nutritiva es una lucha de todas y todos en el campo y en la sociedad, para luchar contra el sistema hegemónico que pone el control de la alimentación de los pueblos en manos de corporaciones transnacionales! La lucha por un sistema agrario y alimentario en manos de los pueblos, ¿no es al final una lucha contra el mismo paradigma de permanente crecimiento que está generando una desigualdad cada vez más extrema y la destrucción de la naturaleza? ¿No es acaso este paradigma el que genera trabajo precario y en el que se descartan los derechos laborales en nombre de la “competencia global”? ¿El que está encareciendo la vivienda en las ciudades, que expulsan a las personas con menos recursos a las afueras de las ciudades? ¿El que impulsa cada vez más sistemas de transporte que nos dejan sin aire limpio para respirar y que destruyen el clima? ¿Que refuerza un consumo incansable que ha generado sociedades de derroche en los países del norte, y el que su vez es un motor fuerte para el avance de la extracción de los recursos primarios en los países del Sur? ¿Que refuerza la privatización de los sistemas sociales y su entrega a los manos de los bancos y los seguros, que han generado esta exorbitante concentración de capital, motor para los acaparamientos? ¿El que fomenta la creciente privatización de los espacios públicos y de los servicios de las necesidades básicas, como el agua potable, la gestión de residuos, la educación y la salud? Entendemos que aunque los mecanismos son diferentes en cada territorio, ya sea en las ciudades o en el campo, estos son parte del mismo paradigma que ha avanzado hacia todos los rincones del planeta y que pretende someter todos los aspectos de la vida bajo las reglas del mercado en el interés de unos pocos. Es por esto que la bandera de la reforma agraria integral y popular en el marco de la soberanía alimentaria no es sólo una lucha de las organizaciones campesinas sino una lucha para todos los pueblos. ¡Visionamos una Convergencia de nuestras luchas en el campo y en las ciudades para construir sociedades del buen vivir para todos los pueblos en armonía con la naturaleza!

Descargue el documento a continuación:

Las Luchas de La Vía Campesina por la Reforma Agraria, la defensa de la vida, la tierra y los territorios (2,90 MB)

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