Qué Economía

Octubre 2017

Con imposición de los intereses de oligopolios globalizados vs. Con agroecología hacia buenos vivires-convivires abajo.

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Examinemos cómo el sistema-mundo capitalista imperialista avanza en el despojo totalitario a los pueblos de los bienes comunes de Nuestra América:

 

La geopolítica de Washington y las Zonas Económicas Especiales

 

16 de septiembre de 2017

 

Por Carlos Fazio (Alainet)

Desde finales de los años 80, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos (EU) ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar de EU en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus recursos geoestratégicos e infraestructura crítica instalada, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).

Desde entonces asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista que remite a la acumulación originaria descrita por Marx en el capítulo 24 de El Capital (basada en el saqueo, la depredación, el fraude y la violencia), y que David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo, lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de tierras bajo propiedad ejidal, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.

Del nuevo “arreglo espacial” se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como el actual, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio. En ese marco, la irrupción de nuevas formas de acumulación legales, que muchas veces derivan de actividades ilegales, ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros.

Lázaro Cárdenas: un ejemplo

Un caso paradigmático era el de Los Caballeros Templarios, que según la versión oficial difundida, controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, que por razones de soberanía y seguridad nacional estaban −o deberían estar− bajo control constitucional de la Marina de Guerra y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política).

Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre EU, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después de Long Beach, en Los Ángeles, California.

Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, Lázaro Cárdenas se conecta a través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional. En sus muelles se descargan materias primas y manufacturas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial. Y a través de una red ferroviaria controlada por la empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM), se enlaza a través de dos ramales (cuyos destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de EU y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.

El puerto de Lázaro Cárdenas fue rediseñado como una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Felipe Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 del presidente Enrique Peña Nieto, donde anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE). Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial.

Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

 

Enclaves productivos de exportación

Promovidos por el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las ZEE serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras.

Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo.

En junio de 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico (o Cinturón Transoceánico), que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y, por otro, un gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural. Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, fueron proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.

Con respecto a Chiapas, la ZEE contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas. También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del BID y del Departamento de Estado de EU a través del Buró de Recursos Energéticos.

Las ZEE incluyen estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, ricos en biodiversidad, recursos forestales y que albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital. Más del 50 por ciento de los terrenos necesarios para las ZEE son una mezcla de propiedades estatal, municipal y privada, lo que emergerá como una nueva fuente de conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales . Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.

El 8 de julio de 2016, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, fue nombrado titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE). El funcionario cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).

Según la gaceta parlamentaria del 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011. El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y centros logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión; distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes, pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.

En el caso mexicano el proyecto pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”. Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.

Carlos Fazio, escritor, académico de la UNAM y la UACM. Periodista de investigación, colaborador del diario La Jornada de México y el semanario Brecha de Montevideo.

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento de ALAI No. 527: Los territorios de la guerra (Coedición con OLAG).

https://www.alainet.org/es/articulo/188046

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=231603

 

 

Constatemos que hay en Venezuela una similar reterritorialización a favor de optimizar los negocios capitalistas e imperialistas.

 

 

El presidente Maduro crea zonas económicas especiales

2 de diciembre de 2014

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro hizo este martes varios anuncios que ayudarán a construir un modelo de sistema exportador con el apoyo del Estado.

 

El presidente venezolano Nicolás Maduro llamó este martes en la sexta sesión de la mesa de trabajo permanente para la exportación a defender el empleo y construir definitivamente un modelo de sistema exportador para lograr un desarrollo económico de alto nivel con el apoyo del Estado.

 

En este orden el dignatario anunció la creación de una Jefatura Nacional de Exportación que estará a cargo de la ministra de Comercio Isabel Delgado para trabajar con los cuatro actores económicos más importantes del país: el Banco de Comercio Exterior (Bancoex) que participará con un capital ampliado, que pasó de 135 millones de dólares a 300 millones de dólares, Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), el ministerio del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo y el Ministerio del Poder Popular para Industrias Básicas y Minería.

Vea: “A 12 años del sabotaje petrolero en Venezuela”

Se trata de una jefatura centralizada que trabajará desde el Palacio de Miraflores y que antes del 14 de diciembre previo a la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) la jefatura entregará una propuesta de articulación entre el ALBA, Petrocaribe y el Mercado Común del Sur (Mercosur); en el marco del 20 aniversario del encuentro entre el presidente Chávez y Fidel Castro en la Habana.

Otro de los anuncios importantes que ofreció al pueblo venezolano es la conformación de una comisión presidencial para el recorte del 20 por ciento en gastos sutuarios en el sector público  “que no afecte a las misiones sociales”.

 

Combate al contrabando de extracción:

El presidente Maduro anunció que soldados venezolanos interceptaron en la frontera con Colombia 30 hombres armados que pretendían desviar contrabando de extracción al país vecino.

Entre tanto informó la creación de dos zonas especiales; Paraguaná y San Antonio del Táchira-Ureña en la que entre los empresarios nacionales e internacionales podrán producir y ofertar productos que combatan al tráfico ilegal.

Maduro recordó que el Gobierno del presidente Chávez logró reducir el desempleo por lo que ahora en el Gobierno de Maduro logró llevar a 1.8 los empleos por hogar con ingreso “defendido ante los embates de la situación económica por encima de 13 mil bolívares mesuales”. La mayor reducción del desempleo en 40 años

Lea: “El turismo en Venezuela aumentará el PIB en un 9%”

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/Presidente-Maduro-crea-zonas-economicas-especiales-20141202-0038.html

 

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Maduro crea zonas de maquila "socialista y bolivariana" para las transnacionales
25 de septiembre de 2014

Laclase.info

Mediante la creación de zonas económicas especiales en Puerto Cabello y la costa del estado Anzoátegui,
el gobierno bolivariano impulsará el desarrollo de enclaves para el capital chino y transnacional. Mediante la sobreexplotación de la mano de obra local y contando con incentivos como exenciones de impuestos, se espera que estos capitales puedan obtener jugosas ganancias, inicialmente las empresas capitalistas beneficiarias de este régimen especial serán consorcios chinos especializados en la fabricación de maquinaria pesada e insumos para la construcción. El propio presidente Maduro admitió que la estrategia gubernamental apunta a establecer alianzas con capitales transnacionales de diverso origen, una política diametralmente opuesta a los discursos oficiales en los que se habla de una supuesta intención de construir el socialismo en Venezuela.

“Quiero que sepan los empresarios chinos que vamos a instalar una zona económica especial en dos lugares del país para instalar allí todas estas inversiones en condiciones especiales que atraigan la inversión directa de las empresas chinas en primer lugar y estará abierta a todos los que quieran venir a invertir”, dijo Maduro, al firmar los convenios con las empresas chinas en el Palacio de Miraflores, según reseñó el diario privado pro gubernamental Últimas Noticias (verhttp://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/gobierno-creara-zona-economica-especial-para-fabri.aspx). La inversión prevista por parte de los empresarios chinos de Sany Heavy Industry, Citi Construction y JAC Motors es de 2 mil millones de dólares. Gran parte de estos recursos los financiará el Estado venezolano mediante convenios para importación de bienes producidos por esas mismas empresas.

[Nota de El Libertario: A quien no se haya enterado qué son las empresas maquiladoras y cuáles son las condiciones que exige cualquier transnacional capitalista para establecerse en una zona como la que anuncia el gobierno, le invitamos a investigar un poquito sobre lo que pasa en área similares en la frontera norte de México, el sur de China, Viet-Nam, Filipinas, Pakistán, Haití y etcétera -por no hablar del paraiso para la sobreexplotación que está montando la "revolución cubana" en Mariel-. Cómo seguramente los que aún se comen el cuento que vende el chavomadurismo dirán que esta es una interpretación tendenciosa y malintencionada de una decisión oficial, les invitamos a ver el video con "el mesmo" Maduro haciendo el anuncio desde el Palacio de Miraflores, accesible enhttps://www.youtube.com/watch?v=ugaN87J-Fy0.]


[Nota original publicada en http://web.laclase.info/content/gobierno-aprueba-zonas-economicas-especiales-al-servicio-de-capitales-extranjeros/.]

Fuente: http://periodicoellibertario.blogspot.com.ar/2014/09/maduro-crea-zonas-de-maquila-socialista.html

 

 

Reflexionemos sobre cómo el gobierno de Nicolás Maduro se consagra a promover y legalizar la acumulación gran capitalista sin importarle el avasallamiento de derechos humanos.

 

 

¿Qué pasará con el Arco Minero y las Zonas Económicas Especiales en la Constituyente?

26 de julio de 2017

 

Escribe: Andrea Pacheco (Marea Socialista)

Venezuela se encuentra en un conteo regresivo que la acerca a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente que solicitó el presidente Maduro el 1ero de mayo. Este ha sido un hecho polémico que ha trastocado la cotidianidad venezolana y cuyo desenlace está ligado al carácter del futuro inmediato del país.

 De los múltiples escenarios que se abren con la instalación de una ANC en las condiciones presentadas [1] uno de los planteados por diferentes ambientalistas y activistas contra la instalación del Arco Minero del Orinoco, es la posibilidad que de que este proyecto sea ¨constitucionalizado¨.

¨Desde mi punto de vista es un peligro enorme. Lo mismo puede ocurrir con las Zonas Económicas Especiales. La constitución de 1999 tiene contradicciones y elementos a mejorar y cambiar, pero sin duda hoy significa un enorme obstáculo para los intereses entreguistas¨ Comenta Emma Salazar, profesora universitaria y ambientalista.

El motor minero es un proyecto central en esta nueva etapa de la política económica del gobierno. Este motor es uno de los 15 que forma parte de la Agenda Económica Bolivariana lanzada por el Ejecutivo Nacional para ¨reimpulsar el aparato productivo en el país y derrotar el modelo rentista petrolero¨ [2].

 

La implementación de estos motores ha tenido diversos ¨esquemas de desarrollo¨ que se interpretan como ¨modalidades de inversión¨ en la que el estado desarrolla su oferta de territorio y recursos. Uno de los esquemas preponderantes en esta nueva etapa han sido las Zonas Económicas Especiales, las cuales fueron anunciadas por el Presidente Maduro el 6 de mayo del 2014, y promulgadas en Gaceta Oficial Nro. 40.554 (de fecha 3 de diciembre de ese mismo año) y han estado en el centro de la interrogante sobre cómo desarrollar el aparato productivo.

Aunque en varios discursos se habló de ¨replantear nuevas zonas económicas especiales¨ llegando a proponer hasta 7 ¨regiones económicas especiales¨ [3] hoy en día sólo se encuentran en promulgadas sólo 3 ZEE: Paraguaná, Faja Petrolífera del Orinoco y Fronteriza Ureña-San Antonio.

 

Conceptos y Antecedentes

Países con Taiwán y la India fueron pioneros en esta medida, con la creación de las ZEE de Kaohsiung y Kandla, en el año 1965. Sin embargo, fue China, ya entrado los años 80, que inicia una fuerte apertura económica, canalizada en parte a través de esta modalidad.

 

Las características de las ZEE es que ofrecen incentivos a los inversionistas extranjeros, expectativas de rendimientos económicos altos, cesión de derechos sobre terrenos y concesiones para explotar recursos del país ¨huésped¨, mercados de procesamiento de productos para exportar, exenciones fiscales, condiciones infraestructurales, facilidades administrativas, mano de obra barata, expectativas de crecimientos económico para el desarrollo de los mercados internos [4]

Economistas y especialistas el tema identifican dos políticas macro que enmarcaron la iniciativa de la ZEE en China y que conceptualmente pueden definir al proceso de la ANC con respecto a los planes y proyectos económicos en desarrollo en Venezuela: estos conceptos son la Reforma Económica Neo Institucional y la Apertura Externa.

 

Parece, como bien señala el economista y asesor mexicano Carlos Brown Solá que: ¨La experiencia teórica e histórica de las ZEE apunta claramente a que estas son implementadas principalmente dentro de procesos de liberalización de la economía¨ [5]

 

¿Un Decreto que vulnera Derechos Humanos?

El proyecto del Arco Minero es el Decreto Ley Nro. 2248 y se realiza con basamento a la Ley de Regionalización Integral para el desarrollo socio productivo, la cual es el marco legal para la implementación de las Zonas Económicas Especiales, es decir, el territorio del proyecto minero estará bajo las determinaciones de las ZEE. [6]

¨Este decreto contempla todo un marco de violación de la Constitución y las Leyes Orgánicas de la República Bolivariana de Venezuela, así como de tratados internacionales a los que está adherido el país. El proyecto se empezó a ejecutar sin desarrollar los correspondientes estudios de impacto ambiental y socio-cultural, y progresivamente se han firmado concesiones en zonas determinadas del Arco Minero sin llevar a cabo el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas de la zona, y sin respeto al derecho a la demarcación de tierras indígenas contemplado en la Carta Magna¨ Afirma en su último comunicado la Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco. [7]

Según señalan especialistas y activistas ambientales entre los artículos ¨violentados¨ por este proyecto estarían los siguientes:

 

 En el ámbito de los derechos indígenas:

Art.119.- “… Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley.”

Art. 120.- “El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas…”

Provea establece en el Informe de la Situación del Derecho a la Consulta en el año 2016 que ¨entre la evolución del reconocimiento de los derechos de los indígenas se encuentran los derechos a la consulta, la participación y el consentimientos libre e informado¨ [8]. Numerosas organizaciones y comunidades indígenas han luchado por el derecho a la consulta previa como mecanismo para garantizar plenamente el derecho a la tierra y al territorio.

 

 En el ámbito de los derechos ambientales:

Art. 127.- “Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado… Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.”

Art.128.- “El estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable que incluya la información, consulta y participación ciudadana…”

Art.129.- ” Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impactos ambiental y sociocultural…”

En el 159avo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realiza hasta el 7 de diciembre de 2016 en Ciudad de Panamá. En la realizada sobre los derechos humanos en el contexto Arco Minero del Orinoco, el Estado venezolano reconoció que no ha realizado aún el estudio de impacto ambiental que ordena la Constitución, informa la página www.derechos.org [9]

 

Y las previsiones en el ámbito de la soberanía

Artículo 301: El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas. No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional¨

Los antecedentes y experiencias nacionales e internacionales de las Zonas Económicas Especiales están enmarcadas en una política de Apertura Económica, así como la flexibilización de los marcos legales en los más diversos ámbitos económicos y sociales. Marcos regulatorios de la actividad contaminante, leyes laborales, tasas impositivas e incluso mandatos constitucionales pueden ser flexibilizados en la ZEE.

 

Bolívar y la minería ilegal

Las particularidades del territorio del sur de Bolívar, el cual es la zona de impacto inmediato del proyecto mega- minero Arco Minero del Orinoco, son manipuladas en función de la reproducción de un régimen de acumulación mafioso, subyacente en la lógica de la minería a pequeña escala o minería ilegal.

De hecho, el proyecto del Arco Minero ha podido generar expectativas en sectores de la población de estos territorios por las complejas realidades del ¨pranato minero¨

¨Ese es otro gran peligro. Los anuncios de que los candidatos mineros de la ANC promoverán la constitucionalización de la minería a pequeña escala y las brigadas minerías, tomando en cuenta que en muchas ocasiones esas son experiencias que ¨barnizan¨ a las mafias minerías. Hay que mirar con mucho cuidado lo que podía significar la constituyente en el marco de estas realidades¨ Plantea Cesar Romero, ingeniero metalúrgico e investigador.

 

Asamblea Nacional Constituyente y el Proyecto Económico de la nueva etapa

Según el presidente Maduro, no sólo serían constitucionalizadas las minerías y las brigadas mineras, de hecho, con la Constituyente podría constitucionalizarse el Arco Minero¨ Asumir la Agenda Económica Bolivariana, los 15 motores, como la guía para las nuevas bases productivas de Venezuela, se constitucionalicen como la guía, la referencia de lo que Venezuela debe asumir de aquí a 20 años, 30 años. 15 motores que vamos a convertir en el nuevo plan de un nuevo proyecto sostenido, constitucionalizado, del desarrollo de un país” afirmó el mandatario nacional en una reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva realizada el pasado 20 de julio. En esa misma reunión se anunció la firma de acuerdos con empresas chinas y norteamericanas por el orden de 580 de millones de dólares para ¨el desarrollo general del Arco Minero del Orinoco¨ [10]

 

Estas nuevas realidades económicas representan un enorme reto para el movimiento ambiental y ciudadano que se ha planteado el rechazo de este proyecto minero. Profundizar en los alcances y perspectivas de los mismos, así como su tratamiento en el marco de una convocatoria de ANC duramente cuestionada por inconstitucional, es un tema central para la opinión pública nacional e internacional.

Referencias:

1.       Estas son las bases comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente leídas por el Presidente Maduro: http://albaciudad.org/2017/05/maduro-bases-comiciales-asamblea-nacional-constituyente/

2.       Así fueron reestructurados los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana: http://www.radiomundial.com.ve/article/as%C3%AD-fueron-reestructurados-los-15-motores-de-la-agenda-econ%C3%B3mica-bolivariana

3.       Nuevas Zonas Económicas Especiales: http://www.correodelorinoco.gob.ve/zonas-economicas-especiales-india-opinion/

4.       J, González y M. Salvador (2009) J Shenzhen, Zona Económica Especial: Bisagra de la Apertura Económica y el Desarrollo Regional Chino, Problemas del Desarrollo Revista Latinoamericana de Economía, Volumen 40, número 156, enero-marzo 2009.  (101-124)

5.       Carlos Brown Solá (2015) Zonas Económicas Especiales ¿Política Industrial o Medida Coyuntural? [Documento en Línea] Disponible: http://www.paradigmas.mx/zonas-economicas-especiales-politica-industrial-o-medida-coyuntural/ [Consulta 2016, enero 12]

6.       Decreto 2248: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=2f65f31f-78ff-4881-979e-6fe17fdfe9f0&groupId=10136

7.       Convocan Asamblea Pública por el Día Mundial contra la Megaminería para este sábado 22 de julio https://www.aporrea.org/actualidad/n311648.html

8.       Informe Situación del Derechos a la Consulta en Venezuela. Año 2016: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Informe-Consulta-Previa.pdf

9.       Estado reconoce en CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para Arco Minero: https://www.derechos.org.ve/actualidad/estado-reconoce-en-cidh-que-no-ha-realizado-estudio-de-impacto-ambiental-para-arco-minero

10.   Presidente Maduro: La prosperidad y el desarrollo son los destinos de Venezuela: http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-y-china-firman-acuerdo-400-millones-d%C3%B3lares-para-actividades-mineras

Fuente: https://mst.org.ar/2017/07/26/que-pasara-arco-minero-zonas-economicas-especiales-en-constituyente/

En consecuencia, abajo y a la izquierda, nos urge generalizar la toma de conciencia sobre las «zonas económicas especiales» porque implican reorganización geoeconómica de cada país y del mundo para perfeccionar el aprovechamiento mercantil de la naturaleza o de la biosfera. Ya en el año 2000 el capitalismo e imperialismo proyectó la desterritorialización de Sudamérica para agigantar la transferencias de recursos naturales desde nuestros países hasta las potencias. Es imprescindible dimensionar la devastación que ha puesto en práctica. A la destrucción originada en las extracciones a gran escala se suma la de eliminar las “barreras” (Cordillera, Amazonía,...) al transporte terrestre, aéreo y fluvial; a los oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica. Examinemos:

 

América del Sur - IIRSA: la integración a la medida de los mercados

13 de junio de 2006

 

Por Raúl Zibechi, IRC-Americas

 

El proyecto Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que se viene implementando en silencio, es el más ambicioso y abarcativo plan para integrar a la región al comercio internacional. Si se llevara a cabo completamente, conseguiría conectar las zonas donde se encuentran los recursos naturales (gas, agua, petróleo, biodiversidad) con las grandes ciudades y, a ambos, con los principales mercados del mundo.

 

El 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2000, durante la reunión de presidentes sudamericanos realizada en Brasilia a instancias del presidente Fernando Henrique Cardoso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó la propuesta “Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica”. Fue, de hecho, el lanzamiento de la IIRSA, un ambicioso plan para la ejecución de proyectos físicos y cambios en las legislaciones, normas y reglamentos nacionales para facilitar el comercio regional y global.

 

El proyecto IIRSA es un proceso multisectorial que pretende desarrollar e integrar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones en diez años. Se trata de organizar el espacio geográfico en base al desarrollo de una infraestructura física de transporte terrestre, aéreo y fluvial; de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica, entre los más destacados. Esas obras se materializarán en doce ejes de integración y desarrollo, corredores que concentrarán las inversiones para incrementar el comercio y crear cadenas productivas conectadas con los mercados mundiales.

Para poder llevar adelante este megaproyecto es necesario remover las “barreras” físicas, normativas y sociales, lo que supone realizar grandes obras, armonizar las legislaciones nacionales de los doce países implicados en la IIRSA y ocupar los espacios físicos claves que suelen tener baja densidad de población pero guardan las principales reservas de materias primas y biodiversidad.

 

Un proyecto ambicioso

 

Un aspecto clave de la IIRSA, como lo señala el estudio del BID “Nuevo impulso a la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur”, presentado en diciembre de 2000, consiste en considerar que el principal problema para posibilitar la integración física, y por lo tanto para mejorar el flujo de mercaderías, son las “formidables barreras naturales tales como la Cordillera de los Andes, la selva Amazónica y la cuenca del Orinoco” [1]. Esa misma concepción es sustentada por el ex presidente del BNDS, Carlos Lessa, quien señalo: “La cordillera de los Andes es ciertamente una belleza, pero es un terrible problema de ingeniería” [2]. Esa lógica de la naturaleza como “barrera” o como “recurso”, está presente en todos los aspectos del plan.

 

En el Seminario Subregional organizado por el Comité de Coordinación Técnica de la IIRSA, en septiembre de 2003 en Lima, se definieron tres objetivos:

  • Apoyar la integración de mercados para mejorar el comercio intra-regional.
  • Apoyar la consolidación de cadenas productivas para alcanzar competitividad en los grandes mercados mundiales.
  • Reducir el “costo sudamericano” a través de la creación de una plataforma logística vertebrada e inserta en la economía global.

Según los principales estudios disponibles, uno de los objetivos de esta integración es poder volcar los recursos naturales de los países sudamericanos para los mercados norteamericanos y europeos.

Pero estos objetivos se observan de modo transparente en los mapas en los que aparecen los ejes de integración y desarrollo que siempre abarcan varios países [3]. Los diez ejes definidos (dos están en estudio) son:

-Eje Andino (Venezuela-Colombia-Ecuador-Perú-Bolivia)

-Eje del Amazonas (Colombia-Ecuador-Perú-Brasil)

-Eje Interoceánico Central (Perú-Chile-Bolivia-Paraguay-Brasil)

-Eje Interoceánico Capricornio (Antofagasta / Chile – Jujuy / Argentina – Asunción / Paraguay – Porto Alegre / Brasil)

-Eje del Escudo Guayanés (Venezuela-Brasil-Surinam-Guyana)

-Eje Mercosur-Chile (Brasil-Uruguay-Argentina-Chile)

-Eje del Sur (Talcahuano-Concepción / Chile - Neuquén-Bahía Blanca / Argentina)

-Eje Amazónico del Sur (Perú-Brasil-Bolivia)

-Ejes Marítimos del Atlántico y Pacífico (todos los países)

Además están en estudio la Hidrovía Paraná-Paraguay y un megaproyecto para unir las cuencas del Orinoco, el Amazonas y el Plata, a través de la interconexión de 17 ríos, lo que permitiría el transporte fluvial entre el Caribe y el Río de la Plata.

Cada uno de los ejes incluye variadas obras. A modo de ejemplo, veamos lo que sucede con el eje Amazonas que une el Pacífico y el Atlántico e incluye tres grandes ecosistemas (costa, sierra andina y selva): deberá unir el Amazonas y sus afluentes con los puertos de Tumaco (Colombia), Esmeraldas (Ecuador) y Paita (Perú). Ello supone mejorar las carreteras existentes y construir otras. Por otro lado, ya que se trata de un eje que se asienta en una densa red de transporte fluvial, debe asegurarse la navegabilidad de los ríos a través del dragado y linealización de algunos tramos, a la vez que se mejorarán los puertos fluviales. Estas obras y el importante tránsito generarán impactos sobre el ecosistema amazónico.

En las zonas que atraviesa el eje hay un gran potencial hidroeléctrico y grandes reservas de petróleo en explotación, además de cultivos de soya y actividades de extracción de madera, pesca y piscicultura. El eje estará interconectado con otros tres (Andino, Interoceánico Central y Escudo Guyanés) y conseguirá abaratar el transporte de los países del Pacífico hacia Europa y de Brasil hacia Japón, estimulando el comercio. En plena Amazonia brasileña está contemplada la construcción de dos gasoductos de Coarí a Manaos y de Urucu a Porto Velho, con un costo de 750 millones de dólares, lo que permitirá poner el gas en condiciones de ser exportado desde puntos clave de los ejes Amazónico y Perú-Brasil-Bolivia. El primero incluye el importante puerto de Manaos, y el segundo a Porto Velho (Brasil) que quedaría unido con los puertos peruanos del Pacífico para poder sacar la producción cerealera de la zona -donde más están creciendo los cultivos de soya, maíz y trigo-, además del gas de Camisea (Perú).

La mayor parte de los ejes están interconectados. De los diez ejes, cuatro involucran la región amazónica y cinco unen los océanos Pacífico y Atlántico. De esta manera, todas las riquezas naturales del continente quedan a disposición de los mercados.

Por otro lado, se definieron siete procesos sectoriales de integración, para identificar los obstáculos de tipo normativo e institucional que encuentra el proyecto. Los siete procesos son: mercados energéticos regionales, sistemas operativos de transporte aéreo, de transporte marítimo y de transporte multimodal, promoción de las tecnologías de información y telecomunicaciones, facilitación de los pasos de frontera y modalidades de financiamiento.

Las inversiones totales serían de unos 37 mil millones de dólares. El conjunto del proyecto IIRSA será financiado por el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), además de los importantes aportes del brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (ver recuadros).

En realidad, una parte de estos proyectos ya están en marcha aunque no se menciona que forman parte de la IIRSA. Según el Informe Anual de la CAF de 2002, fueron identificados en ese momento cerca de 300 proyectos de integración física en América del Sur, de los cuales 140 podían ser ejecutados inmediatamente y 60 de ellos relacionados a la IIRSA ya estaban en marcha: 40 de transporte, 10 de energía y 10 de telecomunicaciones [4].

Territorios y mercados

Vencer las barreras físicas, legales y sociales para poder implementar la IIRSA, supone cambios profundos en la geografía, la legislación de los estados y las relaciones sociales. Se considera al continente sudamericano como la suma de cinco “islas” que deben ser unidas: la plataforma del Caribe, la cornisa andina, la plataforma atlántica, el enclave amazónico central y el enclave amazónico sur. Los ejes de integración y desarrollo atraviesan esas “islas” y rompen su unidad, lo que en el lenguaje tecnocrático se denomina como “barreras” naturales.

Desde el punto de vista geográfico, ello supone grandes obras de infraestructura para “corregir” las trabas que impone la naturaleza para hacer más fluido el transporte y el comercio y, de esa manera, reducir los costos. El eje Perú-Brasil-Bolivia, por ejemplo, busca sacar rápidamente la producción agrícola brasileña –en el enclave amazónico del Sur- por puertos del Pacífico, evitando el desplazamiento hacia el Norte por la cuenca del Amazonas. En este caso, a las obras en ríos se suman carreteras eficientes que atraviesen la cordillera andina. El recorrido natural se modifica –mediante grandes inversiones- para acelerarlo y así llegar velozmente a los mercados mundiales.

Como señala Andrés Barreda, “desde los años 80, el tráfico comercial del Pacífico desplaza al del Atlántico; de los 90 para acá, el tráfico portuario del Pacífico supera al del Atlántico; y en el año 2000, en Estados Unidos el tráfico portuario del Pacífico ya doblaba al del Atlántico. Por tanto, hay un problema en el momento en que la economía mundo se reinventa del Atlántico al Pacífico” [5]. Eso ha hecho que el canal de Panamá pierda su importancia y en su lugar aparecen estos corredores para conectar ambos océanos. En Sudamérica el “cuello estratégico”, según Barreda, es Bolivia, por donde pasan cinco de los doce corredores.

Por otro lado, y siguiendo al mismo autor, la región sudamericana es una de las pocas del planeta que combina los cuatro recursos naturales estratégicos: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Esta profunda modificación de la geografía no persigue la integración del continente sino su vinculación con los mercados globales. Puede decirse que se trata de una integración “hacia afuera”, exógena, en vez de propiciar una integración “hacia adentro”.

Los ejes o corredores deben tener, además, ciertas características. “Para la conexión en tiempo real el Internet es básico. Para la conexión justo a tiempo, la intermodalidad es básica” [6]. Por lo tanto, los corredores deben combinar una moderna plataforma de telecomunicaciones con la infraestructura necesaria para el transporte intermodal.

La intermodalidad se asienta en la “revolución de los contenedores”: el sistema es el mismo para el transporte terrestre, aéreo y fluvial y una mercancía debe poder pasar de uno a otro con fluidez, lo que impone carreteras y camiones, aeropuertos y aviones, ríos y barcos capaces de cargar grandes contenedores que ahora sustituyen el viejo concepto de almacén o depósito en el que se guardaban las mercancías. Esto se vincula al nacimiento de las “fábricas globales” que funcionan bajo la premisa just in time: se crea así una suerte de “autómata global” ya que las grandes empresas se han deslocalizado y abarcan todo el planeta en forma de red. Pero este autómata global, “integrado industrial y productivamente, mantiene ahora nuevas relaciones jerárquicas centro-periferia, pero de carácter industrial”, como lo muestra la industria maquiladora [7]. El IIRSA es precisamente el eslabón sudamericano que integra al continente en este proceso, pero de forma subordinada.

Desde el punto de vista de superar las barreras normativas de los estados, la IIRSA profundiza la estrategia neoliberal de desregulación y debilitamiento de los estados nacionales. Adecuar las legislaciones nacionales a las necesidades del comercio mundial supone homogeneizar las normas. De esa manera cada región y cada país pierde sus rasgos diferenciadores y los estados pierden autonomía frente a las multinacionales y los estados del primer mundo.

Por último, deben ser superadas las llamadas “barreras sociales”. Un solo ejemplo, entre decenas que se podrían traer, es suficiente para ilustrar de qué se trata: el gasoducto Coari-Manaos, con 420 kilómetros, atraviesa el río Amazonas y una de las zonas mejor preservadas de la selva. Las dos empresas más interesadas en el proyecto son la brasileña Petrobras y la estadounidense El Paso (líder mundial en el área del gas y una de las mayores del mundo en el sector energético). En 1998 Petrobras construyó la primera parte del gasoducto, con 280 kilómetros, uniendo las reservas de Urucu con la ciudad de Coari. La obra trajo grandes impactos socio-ambientales a la región: “disminuyó la pesca, afectando a las poblaciones ribereñas que dependen de los peces para sobrevivir; afectó las zonas de extracción de castaña de Pará, fundamental para la sobrevivencia de las comunidades; la población de Coari creció considerablemente, pues la ciudad alberga a los trabajadores que llegan de diferentes lugares, hubo un crecimiento fuerte de la prostitución, de la violencia y de los casos de malaria” [8]. Sólo el gasoducto Urucu-Porto Velho afectará a 13 pueblos indígenas y a cinco municipios donde el 90% de la población son indios.

En suma, el beneficio que obtiene un puñado de multinacionales supone perjuicios sociales y ambientales irreversibles, y el debilitamiento de estados de la periferia que se verán impotentes para contener estos problemas.

Dos casos: Brasil y Bolivia

Este proyecto de integración afecta de modo diferente a cada país y a cada región del continente pero, a grandes rasgos, pueden definirse “ganadores” y “perdedores” en función de los beneficios o daños resultantes de la implementación de la IIRSA. Uno de los problemas del proyecto es, precisamente, que ahondará las diferencias entre países, regiones y sectores sociales ricos y pobres, ya que todos se integrarán en el mercado mundial de forma desigual, en función de las “ventajas comparativas” que hoy presentan. Para ejemplificar estas diferencias tomaremos en cuenta dos países: el más pobre del continente, Bolivia, y uno de los países más industrializados del mundo, Brasil.

En Bolivia sólo es pobre la mayoría indígena. Cuenta con importantes reservas de hidrocarburos, las segundas del continente luego de las de Venezuela. Tiene además una posición geográfica clave, ya que por su territorio rico en biodiversidad –que va del altiplano andino a la selva amazónica- deben pasar cinco ejes de integración y desarrollo que unen el Pacífico y el Atlántico. Por eso la banca internacional definió en el plan El Cambio para Todos que Bolivia debía convertirse en “país tránsito del subcontinente y centro distribuidor de gas y otros energéticos” [9]. Como país de tránsito, los corredores de exportación de bienes y servicios formarán parte de importantes proyectos binacionales de generación y distribución de energía hidroeléctrica y termoeléctrica.

Según los planes definidos en la IIRSA, Bolivia se verá abocado a la construcción de una nueva Red Fundamental de Carreteras, que dejan zonas enteras del país aisladas pero conectan las reservas de hidrocarburos con los mercados mundiales. El Eje Interoceánico Central –que une el puerto brasileño de Santos con los chilenos de Arica e Iquique- atraviesa Bolivia por la zona central y es imprescindible para países como Brasil y Chile, que son los más interesados en impulsar el comercio bi-oceánico. El Eje Perú-Brasil-Bolivia permite unir el estado brasileño de Rondonia con el Pacífico, para sacar la gigantesca producción de soya de ese estado “aprovechando una de las pocas regiones del continente en el que el cruce de los Andes presenta menores dificultades” [10]. De este modo el país es objeto de grandes inversiones que fraccionan su territorio con cinco corredores.

Brasil está en la situación opuesta. Este tipo de integración exógena le permitiría “avanzar en su anhelo de lograr una posición dominante en América Latina, resultado de la estrategia desarrollada desde los 80 de alcanzar el liderazgo regional a través de la incorporación a su zona de influencia de los países de su entorno geográfico más próximo: Argentina, Uruguay, Paraguay, luego Bolivia y Chile, posteriormente los demás países de la Comunidad Andina y luego toda Sudamérica, con el fin de fortalecer su economía frente al ALCA” [11].

Brasil está en condiciones muy similares a los países del primer mundo a la hora de sacar provecho de la IIRSA. En los hechos, Brasil tiene una relación con los demás países sudamericanos –con la parcial excepción de Argentina- similar a la que tienen los países del centro con los de la periferia. En primer lugar, Brasil es el más interesado en la región en poder sacar su producción industrial y del agrobusiness por el Pacífico. En segundo lugar, son brasileñas algunas de las empresas que construyen parte de la infraestructura, como la Constructora Norberto Odebrecht, que tiene inversiones en casi todos los países de la región, o como la petrolera Petrobrás [12]. En tercer lugar, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es uno de los principales financiadores de la IIRSA.

El Complejo Rio Madera, que es uno de los núcleos del Eje Perú-Brasil-Bolivia, es quizá el mejor ejemplo. Carlos Lessa, ex presidente del BNDES, sostuvo que con ese proyecto “Brasil promueve su propia versión de la conquista del oeste en una zona selvática vecina a Perú y Bolivia, con su megaproyecto que ilustra los sueños de integración de América Latina, en cuyas fronteras está todo por hacer” [13]. El proyecto Complejo Rió Madera incluye dos hidroeléctricas en Brasil; esclusas para hacer navegable el río, lo que supone la eliminación de una zona de cachelas que “interrumpen” la navegación; una hidroeléctrica en el río Beni (Bolivia) y puertos para la hidrovía de los ríos Madera-Guaporé-Beni-Madre de Dios (Brasil-Bolivia-Perú). El proyecto permite “la generación de energía en cantidades significativas y a bajo costo y para la consolidación del Polo de Desarrollo del agrobusiness en la región oeste de Brasil y la Amazonía boliviana”, lo que permite la reducción de los costos de transporte de granos y otros commodities [14].

El proyecto tendrá un enorme impacto ambiental, y beneficiará sólo a Brasil. “Las empresas brasileñas se constituirán en el único comprador de toda la energía producida, imponiendo condiciones de compra, contratos y precios”. El proyecto demanda una inversión de 6 mil millones de dólares, beneficiará a las brasileñas Odebrecht, Furnas Centrais Eléctricas y al grupo Tedesco Maggi (el mayor exportador de soya de Brasil), que ha invertido cien millones de dólares en la navegabilidad del río Madera, “donde posee la flota más importante de barcazas y remolcadores, con una capacidad de transporte fluvial de 210 mil toneladas por mes” [15].

Observado en perspectiva, proyectos como el Complejo Río Madera forman parte de la geopolítica brasileña de expansión hacia el oeste y de ocupación de territorios “vacíos”, de control de recursos estratégicos como los hidrocarburos bolivianos, y confirma la impresión de que “los gobernantes brasileños parecen haber llegado a la conclusión de que el aumento de la competitividad brasileña en el mercado internacional depende, en gran medida, de la integración de Sudamérica” [16]. Sólo habría que agregar que se trata de una integración doblemente subordinada: a Brasil, por parte de los países sudamericanos, y del conjunto de la región al mercado y el empresariado mundiales.

La IIRSA en el mundo

La IIRSA aparece estrechamente vinculada al ALCA, al punto que puede decirse que son dos caras de una misma moneda. “El ALCA determina lo jurídico administrativo en forma más concreta y la IIRSA la infraestructura” [17]. Y ambos aparecen ligados a un proyecto más vasto del que forma parte también el Plan Puebla-Panamá.

Sin embargo, la IIRSA tiene una particularidad: es un tipo de integración nacida en el Sur, gestionada en gran medida por las elites del Sur, pero que beneficia a los sectores mejor insertos en el mercado internacional. El énfasis en las obras de infraestructura aparece vinculado a la necesidad de los mercados mundiales de conseguir un flujo sostenido y en aumento constante de las exportaciones de materias primas y recursos naturales. Y hacerlo de modo “competitivo”, o sea reduciendo los costos. Es evidente que este tipo de desarrollo generará más pobreza y mayores desigualdades, aumentará la concentración de la riqueza a escala local y global y tendrá profundos impactos ambientales. Entre otras consecuencias negativas, la deuda externa de los países de la región seguirá creciendo y la sobreexplotación de los recursos puede llevar a que en algunas décadas los países que cuentan con petróleo o gas como su principal riqueza, acaben por agotarla sin haber obtenido ninguna ventaja.

Por último, y éste es uno de los aspectos más preocupantes de la IIRSA, la forma como se está implementando es muy grave, ya que los proyectos se están llevando adelante en silencio. Así como en todo el continente hay un amplio debate sobre el ALCA y los TLC, los proyectos vinculados a la IIRSA se vienen realizando sin participación de las sociedades civiles ni de los movimientos sociales, sin información por parte de los gobiernos. Este estilo induce a pensar que se busca evitar el debate. En paralelo, se están construyendo los proyectos en partes para más tarde enlazarlos, lo que impide la vigilancia y control de las poblaciones afectadas y facilita que se burlen las leyes ambientales. Formalmente, la IIRSA nació en el año 2000, pero buena parte de los proyectos vienen de los años 90. El aspecto más perturbador es si la creación de esta enorme red de infraestructura no conseguirá, finalmente, imponer los mismos objetivos del ALCA pero sin ese nombre, sin debate, de modo vertical por parte de los mercados y las elites. Si esto fuera así, tal vez en unas décadas se haya consumado, de forma invisible, un gigantesco proyecto que remodela todo el continente y afecta a todos sus habitantes. Porque las elites saben, como lo muestra la experiencia reciente, que un debate abierto de sus planes, los condena al fracaso.

Referencias

Marcel Achkar & Ana Dominguez,“IRSA: Otro paso hacia la des-soberanía de los pueblos sudamericanos”, Programa Uruguay Sustentable-Redes Amigos de la Tierra, Montevideo, 2005.

Barreda, Andrés “Geopolítica, recursos estratégicos y multinacionales”, 20 de diciembre de 2005, en www.alainet.org.

Guilherme Carvalho, “La integración sudamericana y Brasil,” Action Aid, Rio de Janeiro, 2006.

Fobomade, “Las venas del ALCA. IIRSA. Bolivia, un país de tránsito y de extracción de recursos,” La Paz, July, 2003, at www.fobomade.org.bo.

Fobomade, “El rol de Bolivia en la integración sudamericana,” atwww.fobomade.org.bo.

Gabriel Herbas Camacho and Silvia Molina, “IIRSA y la integración regional,” in OSALNo. 17, Buenos Aires, Clacso, May-August 2005.

Patricia Molina, “Bolivia-Brasil: Relaciones energéticas, integración y medio ambiente,” at www.fobomade.org.bo.

Elisangela Soldatelli, “IIRSA. E esta a integraçao que nós queremos?”, Amigos da Terra, Porto Alegre, diciembre de 2003.

El Projecto BICECA: Construyendo Incidencia Civil Informada Para la Conservación de la Amazonía Andina, en línea en www.biceca.org/es/Index.aspx.

Siglas

§  Banco Nacional de Desarrollo Económicoy Social (BNDES): www.bndes.gov.br

§  Comunidad Andina de Naciones: www.comunidadandina.org

§  Corporación Andina de Fomento (CAF): www.caf.com

§   Fobomade (Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo):www.fobomade.org.bo

§   FONPLATA: www.fonplata.org

§   IIRSA: www.iirsa.org

Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Es colaborador mensual con el IRC Programa de las Américas (www.americaspolicy.org).

http://www.ircamericas.org/esp/3314

Fuente: http://www.alterinfos.org/spip.php?article1334

 

 

Pensemos la perversidad  de publicitar llevar a cabo  modelos nacional-populares y la construcción de la Patria Grande ocultando que son ecocidios-genocidios y  resultan servir, en exclusivo, a la acumulación de riquezas y poder de las transnacionales con socios menores en los grandes grupos transnacionalizados y la lumpen burguesía que es la llamada clase política.

 

 

ASALTO PLANIFICADO

El plan para explotar Latinoamérica
9 de junio de 2011 

 

Es un plan dividido en planes regionales, pero su objetivo final es la explotación sin límite de los recursos de Latinoamérica. Energía, agroindustria, minería... todos los grandes sectores se beneficiarán de él, pero las poblaciones verán amenazados sus territorios, sus Derechos Humanos, su ambiente y su futuro…

 

Por Pilar Chato

 

El IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramericana); el Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá y vinculado a Colombia desde 2006) que incluye el Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC); el brasileño Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), y tratados comerciales como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFT en ingles)… Una amalgama de siglas grandilocuentes para representar grandes objetivos –e intereses- con cifras de inversión mareantes -sólo el IIRSA prevé montos que superan los 96.000 millones de dólares; 235.000 millones el PAC-; y una larga lista de casi incontables y variadísimos proyectos de infraestructuras, energía o telecomunicaciones.

 

Son planes –que dan forma a una sola estrategia- firmados por Estados con el apoyo y el impulso de organismos multilaterales que se presentan como la palanca imprescindible del desarrollo de América Latina, pero las voces de alerta advierten de que están diseñados para 'servir' a los grandes megaproyectos en marcha en todo el centro y sur del continente, en manos todos de multinacionales y que amenazan la sustentabilidad de ecosistemas y culturas. Esas voces de alerta advierten que se trata de la financiación semipública de un inmenso ‘canal de salida’ (de carácter eminentemente privado) de los recursos de Latinoamérica de los que se aprovecha el primer mundo y las potencias asiáticas, que todo es para que la explotación sea más eficiente, menos costosa y más competitiva (es decir, mano de obra barata e infraestructuras casi regaladas).

Las voces de alerta hablan de aumento de la deuda externa, de crecimiento económico, sí, pero sin desarrollo para la región, de desintegración, de explotación, de pérdida de soberanía, de aumento de la inseguridad social y de pérdida de recursos naturales.

 

La mayor parte de los proyectos de infraestructuras contemplados en estos grandes tratados tiene relación con megaproyectos energéticos, privados, o la creciente industria agroalimentaria y forestal (monocultivos de soja y palma aceitera, madera, explotaciones ganaderas…). No hay que olvidar que el actual ‘boom’ económico de Latinoamérica se basa en la exportación de materia prima o productos no manufacturados. Las infraestructuras contempladas en el IRSA, por ejemplo, conectarán las zonas donde están los principales recursos con los principales puertos de exportación.

Todas estas iniciativas y tratados, mirados en conjunto, parecerían un solo plan para explotar Latinoamérica. (...)

 

 

Proyecto Mesoamérica (Plan Puebla-Panamá-Colombia)

Desde sus inicios, el PPP ha sido fuertemente cuestionado por diversas Ongs regionales e internacionales, por considerar que el objetivo de dicho plan es servir a los intereses de las grandes transnacionales y a crear un ambiente propicio mediante reducción de aranceles, vías de comunicación favorables e infraestructura especializada, además de aprovechar la mano de obra barata y perjudicar el legado cultural de cada región. Se maneja que el objetivo es el control de los recursos naturales de la región, controlar el mercado y garantizar el suministro energético a los Estados Unidos.

El Plan, en teoría, propone llevar a cabo ocho diferentes iniciativas, que son la de integración vial, de facilitación del intercambio comercial, de interconexión energética, de integración de los servicios de telecomunicaciones, de desarrollo ‘sustentable’, de promoción del turismo, de desarrollo humano, y de prevención y mitigación de desastres naturales.

En la web oficial no existen cifras globales de inversiones. Sólo números concretos en algunos proyectos. La propaganda oficial asegura que las iniciativas de desarrollo humano y desarrollo sustentable son las prioritarias del PPP. Pero las cifras desmienten estas afirmaciones (www.tropicoverde.org): Por ejemplo, los proyectos que se han planteado para la iniciativa de desarrollo humano van a recibir una inversión cercana a los US$ 42 millones, lo que supone cerca de 80 veces menos que lo que se va a invertir en la integración vial. En lo que respecta a la iniciativa de desarrollo sostenible, la inversión prevista es algo menor a los US$ 59 millones, lo que también queda muy lejos de las inversiones en infraestructura y facilitación del comercio. El costo estimado en junio del 2002 para desplegar las iniciativas de desarrollo sustentable, promoción del turismo, desarrollo humano, y prevención y mitigación de desastres naturales no llega al 3% del presupuesto total del Plan Puebla-Panamá.

Los gestores de la iniciativa le han cambiado el nombre para tratar de desvincular sus proyectos de la mala fama aparejada al Plan Puebla-Panamá-Colombia, pero el contenido es milimétricamente igual.

 

Algunos proyectos concretos

 

  1. El Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC): 1.800 Km de línea de transmisión y 15 subestaciones de la red SIEPAC; 103 Km de las interconexiones del Sistema México-Guatemala y 614 Km de la conexión PanamáColombia. Estas redes, según la propaganda, permitirán crear las condiciones para desarrollar un mercado eléctrico mesoamericano. En estos proyectos se han invertido cerca de $451  millones de dólares. De momento, lo que han traído es un alto grado de conflictividad social y desplazamiento forzado de población mientras el precio de la ebergía eléctrica sigue en las nubes.
  2. Autopista Mesoamericana de la Información (AMI) implica la construcción –con la participación de inversión privada- de infraestructura de telecomunicaciones de banda ancha (fibra óptica) que interconecte a los países mesoamericanos. El tendido sobre la línea SIEPAC llevará un cable OPGW con 36 fibras ópticas, ello permitirá una plataforma básica (DWDM) para la convergencia de las  diferentes señales de información.
  3. Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM).Una de las más importantes, por el monto de la inversión que requiere. La RICAM es el programa emblemático en materia de transporte, compuesta por 13.132 Kms de carreteras. Incluye la aceleración del Corredor Pacífico (2009-2015) con la ruta más corta entre México y Panamá: 3.160 Km. cruzando 6 fronteras y 7 países. Transportaría el 95% de los bienes comerciados en la región 
  4. Petróleo, Gas y Plan Puebla-Panamá. En el documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “Conectividad de la Propuesta Regional de Transformación y Modernización de Centroamérica y del Plan Puebla-Panamá” (30 de abril de 2001) se hace mención de los estudios denominados “Terminales Regionales para la Importación y Almacenamiento de Combustibles” y “Suministro de Gas Natural al Istmo Centroamericano”. En ellos se insiste en la pretensión de “hacer más eficiente la adquisición externa de hidrocarburos” y construir “dos gasoductos, uno desde México y otro desde Colombia, con una longitud de 1.117 y 1.310 Km e inversiones estimadas de 593 y 830 millones de dólares (...)”. 

 

Según señala Gustavo Castro Soto, “El gasoducto tiene más efectos locales y cuenta con sinergias con el Sistema de Integración Eléctrica para América Central (SIEPAC)”. Segundo, pone en relieve nuevamente el objetivo estratégico del ALCA: “Permite la eventual interconexión desde Venezuela hasta Estados Unidos: Gasoducto entre Yucatán y Guatemala, con extensión al resto de Centroamérica; Gasoducto submarino de Colombia a Panamá, con extensión a otros países del norte; Gasoducto entre Venezuela y Colombia (para proveer a Panamá)”. Estos proyectos debieran poner en alerta a las poblaciones indígenas y campesinas ya que los gasoductos cruzarán por sus casas, milpas, cafetales y bosques. 

 

IIRSA. Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Suramericana

En el marco de IIRSA, los gobiernos han conformado una cartera consensuada de 524 proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, que se encuentran agrupados en 47 grupos de proyectos y que representan una inversión estimada de US$ 96.119,2 millones a junio de 2010.

Los organismo multilateras que los impulsa son el Banco Interamaricano de Desarrollo (BID), la CAF (Corporación Andina de Fomento) y FONPLATA (Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata).

Adicionalmente, los gobiernos seleccionaron un conjunto acotado de proyectos de alto impacto al cual están dando una atención especial para su financiamiento y ejecución en el corto plazo (Agenda de Implementación Consensuada 2005 -2010). Esta Agenda está constituida por 31 proyectos con una inversión estimada de US$ 14.023 millones.

 

Resumen de Proyectos en Ejecución correspondientes a la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010…

La  llamada Agenda de Implementación Consensuada (AIC) incluye los ejes que requieren inversiones claves y estratégicas, en los denominados proyectos “ancla” por ser los que impriman un primer paso para vincular luego con otros proyectos. Casi todos estos son proyectos de inversión en carreteras. Para la construcción de estas carreteras se recurre a licitaciones mediante endeudamiento externo y concesiones. Es en este nivel que las instituciones financieras empiezan a operar otorgando créditos a las constructoras o directamente a los gobiernos.

 

Tratado de Libre Comercio (NAFTA)

Firmado el 1 de enero de 1994 entre Canada EE UU y México. A diferencia de tratados o convenios similares (como el de la Unión Europea) no determina organismos centrales de coordinación política o social.

Después de ocho años de haberlo firmado, Mexico tiene una pobreza nunca antes vista: la mitad de la población vive en la pobreza y el 20% en la indigencia. Bajaron los salarios y aumentó la carestía. Fueron destruidos decenas de miles de puestos de trabajo, El trabajo informal abarca el 50% del empleo actual. Creció fuertemente la deuda externa y la dependencia de la economía mexicana respecto de los EE.UU. En el Estado de Guerrero se desmontaron el 40% de las selvas. Ha aumentado dolorosamente el trabajo infantil en terribles condiciones de desprotección e insalubridad.

 

ALCA

Es un acuerdo impulsado en 1994 por EEUU en el que se involucra a 34 países y que se negoció sin transparencia. Pretende asegurar la libre circulación de las mercaderías y el capital desde Alaska a Tierra del Fuego. Busca asimismo lograr el control de las economías de los países de todo el continente.

Estados Unidos necesita el ALCA para solucionar sus problemas económicos y satisfacer su ambición de dominar, a cualquier precio al resto de América Latina y el Caribe, para asegurarse un mercado sin limitaciones como podrían serlo las medidas de protección de la industria y la producción nacional por parte del resto de los países. 
El ALCA propicia la libre circulación de mercaderías, sin aranceles, ni otras trabas aduaneras, pero no asegura la libre circulación de personas, por ejemplo de trabajadores que quieran o necesiten ir a trabajar a otros países. Por el contrario EEUU está interesado en restringir las migraciones de trabajadores. También Washington impone unas condiciones en el tema de propiedad intelectual y patentes claramente lesivas para el sur.

Por eso, desde la Cumbre de las Américas en Mar de Plata (2005) se da por muerto el Acuerdo, bombardeado además por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, uno de sus detractores más directos y que, en contraposición, creó el ALBA-TCP: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos

 

Fuente: http://otramerica.com/temas/el-plan-para-explotar-latinoamerica/307

 

 

 

Comprendamos que la IIRSA aumentó la deuda externa pública, además de devastar y envenenar. También el

investigador del instituto Ibase, Gerardo Cerdas señaló: “se decantaron por las grandes obras de infraestructura en detrimento de infraestructuras sociales de mayor necesidad y urgencia para la población, evidenciando el carácter centrípeto de estas obras enfocadas hacia el comercio internacional de commodities, que hoy en día es la principal relación sudamericana con el mercado global”.

 

 

 

Interconexión sin integración: 15 años de IIRSA

25 de septiembre de 2015

Por Raúl Zibechi
www.cipamericas.org

 

Han pasado 15 años desde la creación de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y se impone un balance desde la perspectiva de su aporte a la integración.

Una ciudad de Quito arrasada por los efectos del cambio climático, cobijó el Seminario Internacional 15 Años de IIRSA, “Miradas críticas sobre la integración sudamericana”. El día que comenzaba el encuentro, martes 15 de setiembre, gigantescas nubes envolvían la ciudad que sufría 22 incendios forestales, tres de ellos en la ciudad y el resto en el sector rural colindante. La sequía causa estragos y hasta 18 barrios de la ciudad sufren racionamiento de agua [1].

El seminario fue convocado por la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, integrada por distintas organizaciones de varios países [2], que se propuso hacer un balance a la mitad del trayecto de un proyecto que fue pensado para su implementación en 30 años.

 

En estos 15 años el proyecto inicial sufrió algunas transformaciones. Por un lado, pasó a integrarse en la UNASUR en el consejo denominado COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento); por otro, el proyecto avanzó sustancialmente y se expandió de forma vertiginosa, lo que hace necesario un nuevo acercamiento al tema [3].(...)

 

El investigador del instituto Ibase, Gerardo Cerdas, señaló que las obras de la IIRSA “se decantaron por las grandes obras de infraestructura en detrimento de infraestructuras sociales de mayor impacto para la población, evidenciando el carácter centrípeto de estas obras enfocadas hacia el comercio internacional de commodities, que hoy en día es la principal relación sudamericana con el mercado global”.

 

Recordó que ninguna institución de la región y ningún gobierno realizó actos conmemorativos de la creación de la IIRSA para debatir con los pueblos los avances y dificultades del proyecto. Resaltó la necesidad de “encontrar mecanismos de financiamiento autónomos, soberanos y no comerciales para pensar otro tipo de desarrollo y recuperar el debate sobre la nueva arquitectura financiera de la región”.

En su opinión se trata de una necesidad urgente ante la acelerada penetración de capitales chinos que “ponen nuevos desafíos a la autonomía sudamericana” ante su dependencia histórica de capitales externos.

El académico brasileño Fabio Barbosa dos Santos, destacó que según los números sobre las obras concluidas, en ejecución y proyectadas, la IIRSA va muy bien. Pero, en contraste, la integración no avanza. “Cuando la IIRSA se incorporó al COSIPLAN hubo un cambio al ponerse como objetivos la integración física de los países, las economías de escala y las cadenas productivas”.

Pero la construcción de infraestructura regional forma parte del “proceso de internacionalización de las multinacionales brasileñas, básicamente las grandes constructoras, apoyadas en los préstamos del BNDES que crecieron un 3.000%”.

Cree necesario desmitificar al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, ya que desde el gobierno “neutralizó la ALBA, reproduce el patrón hegemónico en el mundo, no contradice a los Estados Unidos y promueve un desarrollo regional basado en sus empresas”.

 

Destacó que la IIRSA no promueve la integración regional ya que alimenta a quienes se le oponen, porque la exportación de commodities nunca puede ser la base de la integración sino la complementariedad productiva. Concluyó advirtiendo que “no debemos confundir interconexión con integración”, que los 15 años de IIRSA “corresponden al período en que el Buen Vivir despunta como horizonte civilizatorio alternativo, pero ambos son irreconciliables porque la IIRSA tiene un carácter antipopular que es necesario denunciar y enfrentar”.

Finalmente, se debatió sobre el gran problema que enfrenta un proyecto como la IIRSA: las grandes inversiones en obras de infraestructura, sin definiciones estratégicas, pueden desembocar en “hacer obras por hacerlas”, beneficiando sólo a las grandes empresas y al principal Estado de la región, pero no a los países pequeños ni a los pueblos. La región no debe dejarse arrastrar por los mercados y el capital financiero, ya que corre el riesgo de convertirse apenas en una “periferia de lujo”, como señala el economista José Luis Fiori.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américascipamericas/org/es

Notas:(...)

http://www.cipamericas.org/es/archives/16490

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203700

 

 Crisis civilizatoria

 

Recordemos cuando se constituyó el espacio Carta Abierta,  Nicolás Casullo definió que las resistencias de las asambleas de vecinos autoconvocados contra la megaminería a cielo abierto debían cesar para priorizar el enfrentamiento entre la derecha y el gobierno K. Lo cierto que esta visión dicotómica de la realidad argentina encubre (como el bipartidismo lo hizo en los períodos anteriores de la democracia restringida) al creciente poder y enriquecimiento de las corporaciones imperialistas a causa de elites locales que se contentan con ser socias menores.

 

Todavía hoy persiste, tanto en el progresismo como en las izquierdas, un desconocimiento de la centralidad del modelo extractivo en la reestructuración socioeconómica que consolida la recolonización de Nuestra América. Tampoco dan relevancia a los ecocidios-genocidios que esas expropiaciones sistémicas perpetran. Para aclarar, propongo que leamos sobre el elogiado modelo de la soja transgénica:

 

Porqué los cultivos transgénicos son una amenaza a

los campesinos, la soberanía alimentaria, la salud y la biodiversidad en el planeta

Por: Ana María Primavesi, et al. (ALAI)

 

Casi veinte años de cultivos transgénicos ¿Qué nos han dado? Al contrario de lo que prometían las empresas, la realidad de los cultivos transgénicos, basada en las estadísticas oficiales de Estados Unidos -el mayor productor de cultivos transgénicos a nivel global- muestran que éstos han tenido menor productividad por hectárea que las semillas que ya estaban en el mercado, pero han significado un aumento exponencial en el uso de agrotóxicos. (Benbrook, 2012; Gurian-Sherman, 2009).

Esto se tradujo además en fuertes impactos negativos tanto en salud pública(1) como en el medio ambiente en todos los países donde se han cultivado a gran escala. Los cultivos transgénicos han sido un instrumento clave para facilitar la mayor concentración corporativa de la historia de la alimentación y la agricultura.


Seis empresas transnacionales controlan el total de los transgénicos sembrados comercialmente en el mundo. Las mismas seis son los mayores fabricantes globales de agroquímicos, lo cual explica que el 85% de los transgénicos sean cultivos manipulados para resistir grandes dosis de herbicidas y plaguicidas, ya que este es el rubro que les deja mayores ganancias. (ETC Group, 2013b).

¿Han servido para aliviar el hambre en el mundo? No. Además, producto del avance de la industrialización de la cadena alimentaria a manos de las corporaciones de agronegocios, desde 1996, año en que se comienzan a sembrar transgénicos, aumentó la cantidad de personas malnutridas y obesas, fenómeno que ahora es sinónimo de pobreza, no de riqueza. (FAO, 2012; OMS, 2012).


La siembra de transgénicos aceleró el desplazamiento de productores chicos y medianos, empobreciéndolos, al tiempo que sustituyeron gran parte de la mano de obra por maquinaria, aumentando el desempleo rural. Por ejemplo en Argentina, los transgénicos y sus llamados “pools de siembra” llevaron a una verdadera “reforma agraria al revés”, eliminado una gran parte de los establecimientos agrícolas pequeños y medianos. Según los censos de 1988 y 2002 en esos años desaparecieron 87 000 establecimientos, de los cuales 75 293 eran menores de 200 hectáreas, proceso que continúa con la misma tendencia. (Teubal, 2006).
La secuela es que en la actualidad, el 80% de la superficie cultivada está arrendada por 4 000 fondos de inversión: no se trata de un modelo para alimentar, es una plataforma agrícola para especular.

Han agravado los problemas para las bases de supervivencia del planeta. En el mismo período en que se comenzaron a sembrar cultivos transgénicos, se agudizó seriamente la crisis climática y se agravaron ocho de los nueve problemas ambientales más graves del planeta definidos por el Stockholm Resilience Center como los “límites planetarios” que no podemos transgredir si queremos que La Tierra sobreviva. Siete de ellos: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, la contaminación y agotamiento del agua dulce, la erosión de suelos, la excesiva cantidad de fósforo y nitrógeno vertidos a mares y suelos y la contaminación química, están directamente relacionados con el sistema industrial corporativo de producción de alimentos, en el cual los transgénicos son su paradigma central. (Rockström, 2009; ETC Group, 2013a, GRAIN, 2011).

¿Necesitamos cultivos transgénicos? Una gran diversidad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala son los que actualmente alimentan al 70 % de la población mundial: 30-50 % de esa cifra lo aportan parcelas agrícolas pequeñas, las huertas urbanas entre el 15 y el 20 %, la pesca artesanal un 5-10 % y la caza y recolección silvestre un 10-15 %. (ETC Group, 2013a). Es una producción de alimentos más saludable, en su gran mayoría libre de agrotóxicos y transgénicos. Los alimentos del sistema alimentario agroindustrial, por el contrario, sólo llegan al 30 % de la población, pero usan el 75-80 % de la tierra arable y el 70 % del agua y combustibles de uso agrícola. (GRAIN, 2014). De la cosecha a los hogares, el 50 % de los alimentos de la cadena industrial van a parar a la basura.

Para alimentar al mundo no se necesitan cultivos uniformes, de alta tecnología y alto riesgo, en sistemas industriales. Se necesita una diversidad de semillas, en manos de millones de campesinos y productores pequeños y medianos. El avance de las corporaciones de agronegocios, con transgénicos y agrotóxicos, amenaza gravemente esta opción, que es la que ya alimenta a los más pobres y a la mayoría de la humanidad.

1. Tecnología llena de incertidumbres e inexacta


Al contrario de lo que afirma la industria biotecnológica, la tecnología de los transgénicos es una técnica inexacta, sobre la cual no se tiene control de sus consecuencias. Es bastante sencillo aislar distintas secuencias de ADN de diferentes organismos y pegarlos para formar un transgene. Sin embargo, es imposible hasta ahora introducir esta secuencia intacta en un determinado locus del genoma. Tampoco es posible controlar cuantas copias intactas o partes de la secuencia modificada serán integradas en el genoma del organismo huésped. Y aún más difícil es evitar cualquier interacción de estas secuencias con los demás genes del huésped. Es imposible controlar la expresión génica de los transgenes insertados, o la dispersión o ruptura de los transgenes en nuevos lugares del genoma.

Por todo ello, es imposible predecir cual será el impacto de los transgenes en los genomas u organismos modificados genéticamente y en los ambientes en donde estos se liberan. En estos organismos modificados artificialmente se han roto restricciones de la vida, límites que ni siquiera están bien comprendidos en la ciencia. Darán pie a formas inéditas de interacción y evolución biológica con consecuencias e incertidumbres para la biodiversidad que tampoco podemos enumerar. (Filipecki y Malepszy, 2006). El liberar organismos transgénicos al ambiente implica un experimento global que impacta la dinámica natural de la vida y de la humanidad entera, unilateralmente decidido por un puñado de corporaciones y algunos gobiernos.

En contraste con la evidencia científica que sustenta lo anterior, los sectores que defienden la modificación genética de organismos asumen como cierto que los organismos genéticamente modificados (OGM) tendrán los mismos comportamientos a los observados en laboratorio una vez liberados en la naturaleza, es decir que son equivalentes a los organismos no genéticamente modificados.

Afirman que los OGM “son naturales” y que “son nuevas variedades” asumiendo que la técnica experimental empleada es precisa, segura y predecible y que es equivalente al mejoramiento convencional que se hace en la agricultura.

Esto es un grave error y muestra un “desconocimiento” por parte del campo biotecnológico de las teorías y conocimientos de la biología contemporánea. En la concepción que los que generan OGM no se consideran las restricciones naturales a la recombinación genética, el rol del tiempo en la génesis de la diversidad y la valoración de los mecanismos naturales que la sostienen a través de la evolución orgánica. Tanto el proceso evolutivo como las variedades de las especies se sustentan en la reproducción sexual, la recombinación de material genético, y mecanismos biológicos y ambientales que restringen y regulan la dinámica del genoma dentro de cada generación y a través de ellas durante la evolución. La biotecnología de ADN recombinante, en cambio, ha roto restricciones importantes a la recombinación evolutiva del material genético, sin que aún entendamos la naturaleza o el papel de muchas de estas restricciones que se han establecido por la propia evolución orgánica.

Es crucial comprender que en cualquier modificación del genoma mediante ingeniería, desaparecen, en aras del procedimiento tecnológico, el tiempo biológico necesario para estabilizar las variedades y el proceso evolutivo y la historia de la especie —que no se alteran en el mejoramiento por métodos convencionales. Esto sucede porque se apela a la instantaneidad de la manipulación del genoma con el objeto de obtener “nuevas variedades”.

Insistir en que los procedimientos de adaptación tradicional de cultivos y mejoramiento de especies alimentarias pueden ser equiparados con las técnicas de modificación genética de organismos por diseño planteadas por la industria, es una idea reduccionista, obsoleta y poco seria, dado el nivel de conocimiento que tenemos actualmente.

Proclamar que el mejoramiento realizado por los seres humanos durante 10 000 años en la agricultura y la modificación por diseño de laboratorio son lo mismo, es ignorar la cultura agrícola humana, desarrollada por millones de campesinas y campesinos en miles de situaciones biogeográficas y climáticas diferentes, que ha respetado los mecanismos naturales durante todo ese tiempo, seleccionando nuevas variedades de poblaciones originadas por entrecruzamiento hasta encontrar y estabilizar el fenotipo adecuado. Estos procesos de adaptación y adecuación de las características de los cultivos realizados por comunidades agrarias a lo largo de años también ponen a prueba, de manera permanente, sus impactos en la salud humana y en los ambientes en donde se generan las nuevas variedades.


Pero más importante es que este mejoramiento no es consecuencia del simple cambio de la secuencia del ADN, o de la incorporación o pérdida de genes, sino la consolidación de un ajuste del funcionamiento del genoma como un todo (noción de genoma fluido) que respeta las restricciones del mismo frente a la recombinación, que por lo tanto, hace a la variedad resultante útil y predecible (por eso se convierte en una nueva variedad). Este ajuste puede involucrar genes asociados al nuevo fenotipo, pero acompañados por muchos ajustes de carácter epigenético (factores no genéticos o procesos químicos del desarrollo de los organismos) y que en su mayoría desconocemos. Entonces, una nueva variedad representa una mejora integral del fenotipo para una condición determinada donde seguramente todo el genoma fue afectado, dada su fluidez, con un ajuste fisiológico en concordancia con el tiempo de la naturaleza y el respeto por la historia de cada especie.

Estos nuevos conocimientos sobre genética no se toman en cuenta en el análisis, proyección y evaluación de riesgos de los OGM que se desarrollan y liberan, ya que para el marco conceptual que sustenta los transgénicos un gen o un conjunto de genes introducidos en un embrión vegetal o animal en un laboratorio, son elementos de análisis suficientes. No se respetan, por definición, las condiciones naturales de los procesos biológicos naturales de regulación y “ajuste fino” epigenético que conducen a la construcción de los fenotipos en la naturaleza, como sucede en el mejoramiento tradicional y en la evolución natural de los organismos.

En realidad la tecnología de organismos genéticamente modificados viola los procesos biológicos usando los procedimientos rudimentarios, peligrosos y de consecuencias inciertas que supone la mezcla de material genético de distintas especies. La transgénesis no solo altera la estructura del genoma modificado, sino que lo hace inestable en el tiempo, produce disrupciones o activaciones no deseadas de genes del huésped y afecta directa o indirectamente el estado funcional de todo el genoma y las redes regulatorias que mantienen el equilibrio dinámico del mismo, como lo demuestra la variación de la respuesta fenotípica de un mismo genotipo, frente a los cambios ambientales. (Álvarez-Buylla 2009, 2013).

El concepto clásico del gen entendido como unidad fundamental de un genoma rígido, concebido como un “mecano”, como una máquina predecible a partir de las secuencias de los genes y la suposición de que sus productos pueden ser aislados, recombinados y manipulados sin consecuencias, es expresión de un reduccionismo científico obsoleto, que ha sido ampliamente rebatido y cuya falsedad ha quedado demostrada. Este nivel epistemológico ha sido abundantemente criticado por pensadores como Richard Lewontin(2) y otros, y sustentado por diversos artículos científicos sobre la importancia de las interacciones entre los genes, la importancia de los mecanismos de regulación de su expresión a nivel epigenético, que constatan cambios dinámicos de los efectos de los propios genes de un organismo y también de los genomas en sus respuestas al medio ambiente e incluso a la alimentación.

La insistencia en términos epistemológicos de considerar a los OGM como variedades “naturales” en lugar de asumirlos como cuerpos extraños o artefactos industriales, que instalados por la mano humana en la naturaleza alteran el curso de la evolución, más que una posición científica es una postura arrogante e omnipotente, que no toma en cuenta el propio conocimiento científico más actualizado. Esta aparente ignorancia en la mayoría de los casos está animada por conflictos de interés, ya que existen relaciones de financiación directa o indirecta de quienes sostienen esas posturas con transnacionales de los agronegocios que lucran con los transgénicos. En otros casos, los científicos pro-transgénicos defienden su carrera, anclada en paradigmas ya superados y su prestigio, que depende de los mismos intereses agroindustriales, así como su posibilidad de hacer negocios a partir de licenciar sus patentes a las grandes empresas.


La complejidad no es una posición teórica, sino una configuración integral de la naturaleza. En el proceso de conocerla, desarmar lo natural en pedazos fragmentados “para su comprensión”, es cada vez más insuficiente.

Lo que pretende la industria de la transgénesis evitando el debate sobre la lógica que la sostiene, es hacer un cierre virtuoso de una tecnología que nació en los laboratorios para comprender limitadamente procesos a nivel molecular, expandiéndola en la naturaleza sin criterios creíbles ni predecibles.

El proceso de generación de organismos, repetimos, es inasible. Podemos estudiarlo, pero debemos tener en cuenta los límites que la fisiología del genoma fluido viene mostrando. Alterar un organismo con un pedazo de ADN propio o ajeno impactará en toda su fisiología y usar el medio ambiente natural —o la alimentación humana— como laboratorio, es un experimento inaceptable.

Hay varios estudios de este tipo de alteraciones impredecibles. Uno muy ilustrativo da cuenta de la alteración en el perfil de proteínas de una variedad de maíz transgénico (MON810) que expresa 32 proteínas diferentes, comparado con la expresión proteica del maíz convencional. (Agapito-Tenfen et al, 2013).

Los OGM, hoy en el ojo de la tormenta, ponen en primer plano esa extraña y cada vez más evidente relación del pensamiento científico reduccionista con la ideología que sustenta la hegemonía neoliberal. La necesidad de instalar desde la ciencia un relato legitimador que desmienta cualquier impacto de los OGM en la naturaleza o la salud, que sostenga la simplificación de que existe equivalencia entre alimentos no modificados y los OGM, que los defina sencillamente como nuevas variedades, es el equivalente a los silencios sobre la complejidad del genoma y las consecuencias de interferir en ello.

En el concepto de “fluidez del genoma”, los genes pierden su definición ontológica y pasan a ser parte de una complejidad relacional que desafía la linealidad jerárquica de la genética clásica, para reemplazarla por una red funcional compleja. Allí están como ejemplos de complejidad, entre otros, los cambios controlados durante el desarrollo de ADN (amplificación o reducción) en células embrionarias normales bajo la regulación del medio celular, la herencia epigenética transgeneracional, o la red de procesos regulatorios moduladores (citoplasmático y/o nuclear) de los productos de la transcripción, que sostienen la variabilidad de los fenotipos. Son ejemplos de la fluidez del genoma donde los genes aparecen subordinados a las señales celulares para esculpir cada fenotipo. (Fox Keller, 2013).

En síntesis, la agricultura industrial y su introducción de cultivos transgénicos no sólo llenaron de agrotóxicos el ambiente y transformaron la producción alimentaria global en una mercancía para los intereses de las transnacionales, sino que además crearon el artilugio de una ciencia que legitimara los procedimientos usados para la modificación genómica, ignorando sus incertidumbres y riesgos.

Este colonialismo genético ignora adrede el conocimiento genético actual para poder justificar la manipulación genómica, desafiando la integridad de los ecosistemas y colocando en riesgo a los seres humanos. La transgénesis como procedimiento industrial volcado en la naturaleza tiene poco de científico y mucho de rudimentario.

Las tecnologías “de punta” para generar OGM no sólo colisionan con el conocimiento campesino y saberes ancestrales, sino con las miradas científicas más actuales sobre la complejidad biológica. Esta fragilidad conceptual interpela el soporte científico de la transgénesis y la desplaza del terreno de la ciencia al de la especulación lucrativa.


2. Los cultivos transgénicos, más que una tecnología agrícola, son un instrumento corporativo de control de la agricultura

Nunca en la historia de la agricultura y la alimentación ha habido una concentración tan grande de las semillas, llave de toda la red alimentaria, en tan pocas corporaciones. Las seis mayores fabricantes de agroquímicos a nivel mundial controlan el 76% del mercado global de agrotóxicos. Las mismas seis están entre las mayores corporaciones de semillas a nivel global, controlando el 60% de ese mercado. Y éstas seis controlan el 100% del mercado global de semillas transgénicas. (ETC Group, 2013a y 2013b).

En tanto que prácticamente las mismas empresas controlan el desarrollo de los transgénicos y el comercio de agrotóxicos y de las semillas, transgénicas y no transgénicas, dan prioridad a la promoción de los transgénicos por dos razones:

a) al ser resistentes a ciertos herbicidas, aseguran las ventas de semillas y de insumos;

b) por ser un producto de ingeniería, las semillas son patentadas, por lo que para los agricultores, guardar una parte de la propia cosecha para la próxima estación de siembra se convierte en ilegal, asegurándole a las empresas nuevas ventas cada estación e incluso ganancias extras al llevar a juicio a los agricultores cuyas parcelas se “contaminen” de transgenes patentados. Se han realizado cientos de juicios por esta razón contra agricultores en Estados Unidos y ese es el camino que sigue para todos los países que los adopten. (Center for Food Safety, 2013).

Para asegurarse de controlar totalmente a los agricultores, las corporaciones de agronegocios desarrollaron también una tecnología que actúa como una “patente biológica”: las Tecnologías de Restricción del Uso Genético (GURT por sus siglas en inglés), popularmente conocidas como tecnologías “Terminator”. Con este método se desarrollan semillas suicidas: se pueden plantar, dan grano, pero se vuelven estériles una vez cosechadas, obligando a los agricultores a comprar semillas nuevas para cada siembra. Esta tecnología fue condenada internacionalmente por inmoral y hay una moratoria en Naciones Unidas contra ella, pero por presión de las empresas, podría legalizarse en Brasil en los próximos meses. (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 2000; ETC Group, 2014).

Por todo esto, permitir los transgénicos en un país es entregar la soberanía, la decisión sobre un aspecto vital de la supervivencia, como es la alimentación, a unas pocas transnacionales. Atenta contra los derechos de los agricultores a resembrar su propia semilla, reconocimiento consignado incluso en la FAO, por el legado de 10 000 años de agricultura con que han contribuido las y los campesinos para el sustento de toda la humanidad.

3. La realidad: producen menos

Existen varios estudios académicos sobre productividad de los cultivos transgénicos (de las universidades de Kansas, Nebraska y Wisconsin, entre otras), que muestran que los cultivos transgénicos, en promedio, producen menos por hectárea que los cultivos híbridos.

El estudio sobre productividad de los transgénicos más amplio y detallado hasta el momento es el coordinado por el Dr. Doug Gurian-Sherman, de la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos, titulado “Failure to Yield”, donde se analizan 20 años de experimentación y 13 años de comercialización de maíz y soya transgénica en Estados Unidos, basado en cifras oficiales de ese país. (Gurian-Sherman, 2009).

Muestra que los cultivos transgénicos jugaron un rol marginal en el aumento de la producción agrícola en Estados Unidos y en cambio los híbridos convencionales o los cultivos orgánicos contribuyeron significativamente al aumento de los rendimientos agrícolas en las cifras totales del país.

En el caso de la soja, los transgénicos disminuyeron la producción por hectárea en términos netos (dato que se repite en todas partes) mientras que en maíz tolerante a herbicidas no hubo ni disminución ni aumento, y en maíz insecticida (con la toxina Bt) hubo un ligero aumento del 0.2-0.3% anual, lo cual acumulado resulta en un 3-4% en los 13 años analizados. Este aumento se registró en zonas de ataques muy frecuentes de la plaga para la cual están manipulados, plaga que prácticamente no existe en los países del Sur.

El dato más significativo es que el aumento total de productividad por hectárea de maíz en esos años, en todo Estados Unidos, fue de 13 %, o sea que 75-80% del aumento se debió a variedades y enfoques de producción no transgénicos. Resumiendo: si no se hubieran sembrado transgénicos en Estados Unidos, el total de producción de maíz hubiera sido mayor.

4. Usan mucho más agrotóxicos, cada vez más peligrosos.

Los cultivos transgénicos han significado un aumento sin precedentes del uso de agrotóxicos (herbicidas y plaguicidas cada vez más tóxicos). Esto se traduce en gravísimos problemas ambientales y de salud pública. En los tres países que son los principales productores de cultivos transgénicos (Estados Unidos, Brasil y Argentina) que en conjunto producen casi el 80% de la cosecha global, existen ya claras y preocupantes evidencias de ello.

Un informe científico publicado en 2012 (Benbrook) analiza el uso de agrotóxicos en Estados Unidos en soya, maíz y algodón transgénico de 1996 a 2011 y demuestra que las variedades transgénicas aumentaron el uso de agrotóxicos en más de 183 millones de kilogramos en esos dieciséis años. Estados Unidos es el mayor y más antiguo productor de transgénicos, por lo que los datos del desempeño de los transgénicos en ese país son significativos a nivel global. El informe especifica que si bien los cultivos con la toxina Bt podrían haber reducido el uso de plaguicidas en 56 millones de kg, los cultivos tolerantes a herbicidas provocaron un incremento de 239 millones de kg en el uso de esos agrotóxicos, lo que explica el promedio general de aumento de 183 millones de kilos de agrotóxicos en 16 años.

El estudio muestra que la reducción en el uso de herbicidas con los cultivos Bt —que ha sido usada por la industria biotecnológica para argumentar difusamente que los transgénicos disminuyen el uso de agrotóxicos—, se ha ido minimizando cada año, ya que debido a la resistencia generada en las pestes, se necesita usar cada vez más cantidad de plaguicidas. Por otra parte, la industria está sacando del mercado las semillas que solamente contienen el gen Bt. Las nuevas generaciones de semillas transgénicas son una combinación de toxina Bt y genes de tolerancia a uno o más herbicidas, primando así el uso pesado de éstos agrotóxicos. En el caso del maíz Bt, la magnitud del aumento de herbicidas cada vez más tóxicos “anula cualquier modesta reducción puntual en los agrotóxicos que haya ocurrido en los 16 años analizados.” (Benbrook, 2012).

Por otro lado, debido al uso tan intensivo de herbicidas existen decenas de malezas resistentes a los agrotóxicos lo que ha motivado que las empresas manipulen genéticamente los cultivos para hacerlos tolerantes a herbicidas cada vez más fuertes, como el 2-4,D (uno de los componentes del Agente Naranja usado como arma biológica en la guerra de Vietnam); el glufosinato de amonio, el dicamba y otros. Esta nueva generación de herbicidas es mucho más tóxica y tiene mayor potencial carcinogénico. Agricultores en Estados Unidos han manifestado expresamente su oposición porque al fumigar secan los cultivos de predios vecinos. Charles Benbrook sostiene que si se aprueban cultivos resistentes al 2-4,D, el uso de este potente agrotóxico se incrementará en un 50%. (Union for Concerned Scientist, 2013).

En Brasil, a partir de la siembra de transgénicos en 2003, el consumo de tóxicos agrícolas aumentó más de 200% y sigue aumentando aproximadamente 15% al año. Brasil se transformó en el mayor consumidor de agrotóxicos del globo desde 2008, usando más de 850 millones de litros anuales, equivalente al 20% de la producción mundial de éstos. El índice de consumo de agrotóxicos promedio en Brasil es de 5.2 kg de ingrediente activo por hectárea, lo cual, junto a Argentina, está entre los promedios más altos del mundo. (Menten, 2008).

En estudios realizados en Mato Grosso, el estado de Brasil que concentra el mayor volumen de producción agrícola industrial y también de soja transgénica, se han comprobado serios daños ambientales y a la salud por esta causa, no solamente en áreas rurales sino también urbanas. En 2006, en el municipio de Lucas do Rio Verde, MT, ocurrió una lluvia tóxica sobre la zona urbana a causa de la fumigación del área con paraquat que realizaban los hacendados para secar la soja para su cosecha. El viento diseminó la nube tóxica secando millares de plantas ornamentales y jardines, 180 canteros de plantas medicinales y todas las hortalizas en 65 chacras alrededor de la ciudad, que cuenta con 37 mil habitantes. (Pignati, Dores, Moreira. et al.: 2013). Posteriormente, estudios realizados entre 2007 y 2010 en el mismo municipio encontraron contaminación por varios agrotóxicos en 83% de los pozos de agua potable (ciudad y escuelas), en 56% de las muestras de agua en patios escolares y en 25% de las muestras de aire tomadas durante 2 años. También se encontraron porcentajes altos de residuos de uno o más agrotóxicos en leche materna, orina y sangre humana. (Pignati, Dores, Moreira et al.: 2013).

En Argentina existen 23 millones de hectáreas de transgénicos sobre 33 millones de ha cultivadas, lo cual se tradujo en un aumento exponencial del uso de agrotóxicos, particularmente glifosato. Se usan 250 millones de litros por año de glifosato sobre un total de 600 millones de litros totales de agroquímicos, en una superficie ocupada por 11 millones de habitantes, lo cual en promedio significa 6 litros de glifosato y 10 litros de agroquímicos por habitante. En 2012 se aprobaron nuevas versiones de semillas de soja y maíz que llevan varias modificaciones genéticas “apiladas”, es decir combinan la expresión de la toxina insecticida Bt con la resistencia a los herbicidas glifosato y glufosinato (éste último induce, por competición con la glutamina, malformaciones en animales de laboratorio). Esto habilitará a los productores en un futuro cercano a fumigar esos cultivos con ambos químicos al mismo tiempo, lo que incrementará el nivel de contaminación y el riesgo para la salud ambiental y humana.

5. Implican altos riesgos a la agrobiodiversidad y al ambiente

Supermalezas. Está documentada la existencia de al menos 24 malezas o hierbas invasoras resistentes a glifosato y otros agrotóxicos, resultado directo del aumento masivo del uso de venenos que conllevan los transgénicos. En un estudio publicado en diciembre 2013, la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos señala que existen malezas resistentes en 50% de las fincas agrícolas, y en estados sureños, donde el problema es mayor, se encuentran una o más malezas resistentes al glifosato en 92% de los establecimientos. (Union of Concerned Scientists, 2013). Situaciones similares se repiten en Argentina, Brasil e India, donde las malezas invasoras resistentes son un problema cada vez mayor, tanto en cantidad de especies como en dispersión geográfica.

Contaminación de semillas nativas y criollas. La erosión y alteración potencialmente irreversible de la biodiversidad natural y agrícola es un problema global serio, que se acentúa aceleradamente con los cultivos transgénicos. (Alvarez Buylla, Piñeyro Nelson, 2009). La biodiversidad y el conocimiento local y campesino son las claves para la variedad y diversidad de adaptaciones al cambio climático. Con la contaminación transgénica, esta diversidad está amenazada, tanto por las consecuencias en las plantas, como por dejar a los campesinos con semillas dañadas, con secuencias recombinantes (transgenes) patentadas o sin acceso a sus semillas.

Es importante enfatizar que los transgénicos no son “una opción más”, como podría decirse de los híbridos. Una vez que los cultivos transgénicos están en campo, es inevitable la contaminación de otros cultivos no transgénicos y la acumulación de las secuencias recombinantes en los genomas de las variedades, sean éstas híbridas, nativas o criollas; sea por polinización a través de vientos e insectos o por trasiego, transportes y almacenaje de granos y semillas.

Además de afectar la biodiversidad, la contaminación transgénica es motivo de juicios legales por “uso indebido” de los genes patentados promovidos por las corporaciones de agronegocios. Aunque la siembra comercial de cultivos transgénicos sólo está permitida en 27 países y el 98% de su siembra está en sólo 10 países, se han encontrado 396 casos de contaminación transgénica de cultivos en más de 50 naciones. (GeneWatch 2013).

La contaminación de semillas criollas encarna un nuevo riesgo para éstas: los transgénicos contienen genes de especies que nunca se cruzarían naturalmente con los cultivos. Existen estudios científicos (Kato, 2004) que indican que la acumulación de transgenes puede tener efectos dañinos graves, incluyendo que las variedades nativas o criollas se deformen o se vuelvan estériles al producirse un rechazo del material genético desconocido en la especie.

Esto deriva en graves impactos económicos, sociales y culturales sobre las campesinas, campesinos e indígenas que son quienes han creado todas las semillas de que hoy disponemos y son quienes las siguen conservando. Particularmente preocupante es la contaminación transgénica en los centros de origen y diversidad de los cultivos, tales como el maíz en Mesoamérica y el arroz en Asia.

En México, centro de origen del maíz, se trata de la contaminación transgénica del reservorio genético y de biodiversidad de uno de los tres granos más importantes de la alimentación para todo el planeta, por lo que las consecuencias no son solamente locales sino globales. Igual sucedería con la liberación de arroz transgénico en Asia. (ETC Group, 2012).

En México se encontró contaminación transgénica del maíz desde antes de que se autorizara su siembra experimental. Ante la inminencia de liberación comercial, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, UCSS-México, elaboró un informe sobre los múltiples riesgos a la biodiversidad, la alimentación, la salud y la soberanía alimentaria, que la liberación de maíz transgénico conlleva. Con base en este informe la UCSS entregó un llamado al presidente de ese país a no permitir la liberación comercial del cultivo. El informe y el llamado fueron apoyados por más de 3 000 científicos en México y el mundo. (UCCS 2012). En 2013, la UCCS y varias universidades del país publicaron un extenso compendio de los problemas relacionados con la liberación de maíz transgénico en México, con la participación de 50 especialistas científicos en el tema. (Álvarez-Buylla y Piñeyro-Nelson, 2013).

Además de una gran parte de los científicos, la vasta mayoría de la población en México, incluyendo sus 60 pueblos indígenas, las organizaciones de campesinos y agricultura familiar, de consumidores, sindicatos, intelectuales, artistas y muchos otros movimientos y organizaciones sociales, culturales y educativas se oponen a la liberación de transgénicos en su centro de origen, posición que comparten también los organismos técnicos del Estado Mexicano corresponsables de las políticas sobre biodiversidad.

Contaminación de agua y suelo. El uso masivo de agrotóxicos, así como los coadyuvantes y surfactantes que se le agregan han producido una contaminación acelerada y profunda de aguas y suelos incluso mucho más allá del lugar de siembra. El problema de la contaminación con agroquímicos ya existía debido al modelo de agricultura industrial pero con los transgénicos, por ser manipulados para resistir agrotóxicos y por ello multiplicar los volúmenes usados, el problema ha adquirido proporciones devastadoras que también se reflejan en impactos muy fuertes sobre la salud.

En Mato Grosso, Municipio de Lucas de Rio Verde, se encontraron residuos de varios tipos de agrotóxicos en 83% de los pozos de agua potable y en dos lagunas, así como en la sangre de sapos de estos lugares. La malformación congénita de esos animales es cuatro veces mayor que las muestras tomadas en una laguna de control. Además, se encontró presencia de agrotóxicos en el 100% de la muestras de la leche de madres que amamantaban en ese momento. También se encontraron residuos de agrotóxicos (glifosato, piretroides y organoclorados) en la orina y sangre del 88% de los profesores analizados en escuelas de ese municipio. (Pignati, Dores, Moreira et al., 2013).


6. Riesgos a la salud

El discurso de las empresas es afirmar que “no se han encontrado evidencias de que los transgénicos tengan daños a la salud”. Abusan de una lógica invertida, porque para comercializarlos, se debe demostrar que los alimentos son sanos, no que aún no se ha encontrado evidencia de daños. En el caso de los transgénicos es imposible demostrar que sean productos inocuos. Por ello, para evitar demandas, las corporaciones se refieren con esa lógica invertida a los impactos en la salud humana y cada vez que hay un estudio científico que muestra daños potenciales, lo atacan ferozmente. El impacto más evidente y posiblemente el más obvio de los transgénicos sobre la salud está relacionado al aumento sin precedentes del uso de agrotóxicos. Los venenos que requieren los cultivos transgénicos se acumulan a las cantidades de agroquímicos que ya existían por la agricultura industrial, pero incrementando los volúmenes, concentración de principios activos y residuos en alimentos, en forma exponencial.


Al contrario de lo que afirma la industria, existen crecientes evidencias de afectaciones negativas para la salud. La Academia de Medicina Ambiental de Estados Unidos hizo pública su posición sobre los transgénicos en 2009, exhortando a las autoridades, “por la salud y la seguridad de los consumidores” a establecer urgentemente una “moratoria a los alimentos derivados de cultivos genéticamente modificados y la instauración inmediata de pruebas independientes y de largo plazo sobre su seguridad”. (American Academy of Environmental Medicine, 2009).

Una importante conclusión en la que basan su toma de posición es que, a partir de decenas de artículos científicos analizados, “hay más que una relación casual entre alimentos transgénicos y efectos adversos para la salud”. Explican que según los criterios de Bradford Hill, ampliamente reconocidos académicamente para evaluar estudios epidemiológicos y de laboratorio sobre agentes que puedan suponer riesgos para la salud humana, “existe causalidad en la fuerza de asociación, la consistencia, la especificidad, el gradiente y la plausibilidad biológica” entre el consumo de alimentos transgénicos y los efectos adversos a la salud.

Entre los efectos negativos, comprobados a partir de diversos estudios en animales, mencionan “riesgos serios”, como infertilidad, desregulación inmune, envejecimiento acelerado, desregulación de genes asociados con síntesis de colesterol y regulación de insulina, cambios en el hígado, riñones, bazo y sistema gastrointestinal. Citan entre otros, un estudio del 2008 con ratones alimentados con maíz transgénico Bt de Monsanto, que vincula el consumo de maíz transgénico con infertilidad y disminución de peso, además de mostrar la alteración de la expresión de 400 genes. (American Academy of Environmental Medicine, 2009).

Coincide con otra revisión independiente de artículos científicos realizada por los investigadoresArtemis Dona y IoannisS. Arvanitoyannis de las Universidades de Atenas y Tesalia, Grecia, que muestran que los cultivos transgénicos aparecen asociados a efectos tóxicos, hepáticos, pancreáticos, renales, reproductivos y a alteraciones hematológicas e inmunológicas, así como a posibles efectos carcinogénicos (2009).

Efectos sobre la salud de transgénicos con la toxina Bt

El uso de la toxina Bt en los transgénicos es muy diferente del uso de la bacteria en totalidad que se realiza para control de plagas en diversos sistemas agroproductivos, ya que en los organismos genéticamente modificados la toxina Bt está presente durante todo el ciclo de la planta e incluso permanece en el suelo hasta 240 días después de la cosecha. (Saxena, Flores, y Stotzky: 2002) Fuerza a una exposición a la toxina en dosis y tiempos nunca antes vistos. Existen estudios y casos documentados de alergias a la toxina Bt en humanos, y hay pruebas de alimentación con maíz transgénico Bt a ratas y cerdos que demuestran la inflamación de estómago e intestino así como daño a tejidos, sangre, hígado y riñones (Schubert, 2013).


Impactos a la salud de transgénicos resistentes a agrotóxicos:

El 85% de los transgénicos son manipulados para hacerlos resistentes a uno o mas herbicidas, separados o en combinación con genes insecticidas. Esto ha causado un aumento sin precedentes del uso y concentración de agrotóxicos, lo cual ha multiplicado por cientos de veces el nivel de residuos en los alimentos. Una prueba de ello es que para autorizar la soja transgénica, varios gobiernos debieron cambiar sus normas para permitir hasta 200 veces más cantidad de residuos de glifosato en los alimentos. (Bøhn y Cuhra, 2014).

La contaminación de fuentes de agua con agrotóxicos y los residuos en alimentos ya eran un problema para la salud en zonas de producción rural intensiva, que ahora se tornó dramático con el aumento en el uso de herbicidas debido al cultivo de transgénicos, además de expandirse a zonas urbanas.

En 2013 grupos de voluntarios urbanos de Mar del Plata, Argentina, mostraron contaminación positiva de uno o más agroquímicos cuando se hicieron pruebas en la sangre. En Europa, donde el consumo de soja transgénica es alto a través de alimentos procesados y animales alimentados con pienso transgénico, se encontraron trazas de glifosato en la orina del 45% de ciudadanos muestreados en 18 ciudades en 2013. (Friends of the Earth Europe, 2013).

Malformaciones y cáncer por glifosato en cultivos transgénicos

Experimentos científicos con animales y estudios publicados en revistas arbitradas, muestran que el glifosato, el herbicida más usado con los cultivos transgénicos, tiene efectos teratogénicos, o sea, es capaz de producir deformaciones congénitas. (Carrasco, Paganelli, Gnazzo et al 2010; Antoniou, Brack, Carrasco et al, 2010; Benachour y Séralini, 2009).

En 2009 un experimento sencillo en modelos animales (aves y anfibios) en Argentina, mostró que diluciones de RoundUp (la fórmula comercial del glifosato más difundida) o la introducción en el embrión de un equivalente a 1/200 000 de glifosato presente en las formulaciones comerciales, producía efectos sobre la expresión de genes durante el desarrollo embrionario, capaces de inducir malformaciones durante períodos tempranos del mismo. (Carrasco, Paganelli, Gnazzo, et al 2010).

Sabemos que el glifosato inhibe la producción de aminoácidos aromáticos en las plantas y éstas mueren. En animales, el glifosato inhibe enzimas del grupo de las citocromo P450 (CYP) que tienen un rol crucial en el funcionamiento de los mecanismos de desintoxicación de sustancias xenobióticas (sintéticas), actuando sobre los residuos de toxinas incorporadas al organismo. En este contexto, el glifosato inhibiría formas de P450 asociadas a la degradación y distribución del ácido retinoico en el embrión, provocando un aumento del mismo en el embrión en desarrollo, y por consiguiente el efecto teratogénico: el incremento del ácido retinoico es capaz de alterar el desarrollo normal de los tejidos cuando se altera su síntesis o su degradación en el embrión.

Las malformaciones inducidas experimentalmente son la evidencia más cercana con lo que se observa en campo y deberían motivar por parte de las autoridades sanitarias correspondientes la aplicación estricta del principio precautorio, para resguardar la salud humana y animal, algo que sin embargo han evitado sistemáticamente. En el Chaco, Argentina, se ha reportado un incremento de malformaciones del 400%. (Carrasco, 2010). En Santa Fe se ha observado la duplicación de malformaciones, abortos y bajo peso en los últimos 10 años, un porcentaje similar al comprobado en áreas de Mato Grosso, Brasil.

Otra enfermedad crónica relacionada al glifosato es el cáncer. La relación mas fuerte entre glifosato y cáncer surge del hecho que el glifosato es capaz de bloquear el sistema enzimático de reparación de ADN en las células, lo cual induce la acumulación de daños en el material genético. Esto puede detectarse con pruebas de alta sensibilidad que detectan el grado de daño. Los tests de genotoxicidad en animales muestran que en las poblaciones de individuos expuestos, los valores aumentan varias veces respecto a los controles de individuos no expuestos. (López, Aiassa, Benítez-Leite, et al.,2012).

Estas evidencias de daño del genoma por la exposición a agrotóxicos, en particular al glifosato, son una alerta a posibles efectos crónicos y la puerta de entrada a la enfermedad oncológica. Tanto en Brasil como en Argentina se ha reportado un incremento muy significativo de malformaciones congénitas y cáncer en los estados o provincias con mayor producción de transgénicos.

Localidades de la provincia de Santa Fe, Argentina, muestran un incremento de cáncer que duplica la media nacional normal de 206 casos por cada 100 mil habitantes. En Chaco, Argentina, varias localidades en zonas agrícolas muestran un incremento de 30 a 40% de malformaciones y cáncer comparadas con localidades dedicadas a la ganadería. (Informe presentado al Ministerio de Salud).

Más recientemente Samsel y Teneff (2013b) mostraron la relación entre el incremento del uso del glifosato y numerosas enfermedades metabólicas como consecuencia de la inhibición de las P450 y los desbalances de los procesos fisiológicos de desintoxicación que estas enzimas llevan cabo. Esto muestra que la interferencia con las enzimas CYP por parte del glifosato actúa sinérgicamente con la disrupción de la biosíntesis de aminoácidos aromáticos por la flora intestinal junto al impedimento en transporte sulfato sérico. Como consecuencia, estos procesos influyen en un variado grupo de enfermedades: gastrointestinales además de obesidad, diabetes, enfermedades cardiacas, depresión, autismo y cáncer entre otros padecimientos.

En su última publicación ambos investigadores asocian el incremento de la enfermedad celiaca asociada al uso del glifosato, estableciendo que se debe a la inhibición de enzimas CYP que produce el aumento de ácido retinoico, uno de los responsables de la intolerancia al gluten. Esto refuerza el mecanismo de acción propuesto para la inducción de malformaciones. (Samsel y Seneff, 2013a).

Las decisiones políticas que promueven un modelo de producción que combina la siembra directa de semilla genéticamente modificada con todo su paquete tecnológico que incluye alto uso de herbicidas, significan la aprobación de un gran experimento a cielo abierto, de enorme impacto para la salud humana, para favorecer los intereses económicos de las empresas transnacionales de agronegocios.

Censura y persecución a quienes demuestran impactos preocupantes de los transgénicos en la salud humana

Un caso reciente de censura que ha tenido mucha publicidad se refiere a los estudios del Dr. Gilles-Eric Séralini, en el CRIIGEN, en la Universidad de Caen, Francia. Séralini realizó los estudios de alimentación de ratas de laboratorio con maíz transgénico, cultivado sin agrotóxicos, más extensos hasta el momento, ya que cubrieron todo el ciclo de vida de las ratas, lo que podría compararse con el consumo durante muchos años en humanos. Sus resultados incluyeron que un 60-70 % de las ratas alimentadas con un maíz transgénico de Monsanto desarrollaron tumores, contra 20-30 % en el grupo de control, además de problemas hepato-renales y muerte prematura.

El estudio es tan relevante que la industria biotecnológica comenzó inmediatamente una campaña de desprestigio a través de científicos afines, quienes argumentaron, entre otras cuestiones, que el estudio fue hecho con insuficiente cantidad de ratas y que las ratas usadas en el experimento tenían tendencia a desarrollar tumores. Sin embargo, Séralini usó las mismas ratas y mayor cantidad que las que usó Monsanto en las pruebas que presentó a la Unión Europea para aprobar ese mismo tipo de maíz transgénico, solo que Monsanto hizo el experimento por únicamente tres meses, siendo que los efectos negativos se comenzaron a mostrar a partir del cuarto mes. La presión de la industria consiguió incluso que la revista científica donde se publicó el estudio se retractara, aunque el editor admitió que el artículo de Séralini es serio y “no peca de incorrecto” pero afirma que sus resultados “no son concluyentes”, algo que es parte del proceso de discusión científica y atañe a gran cantidad de artículos científicos. Séralini y sus estudios recibieron el apoyo de centenares de científicos en el mundo. (Bardocz, Clark, Ewen, S. et al, 2012) y el artículo original fue publicado posteriormente, por otra revista científica.

El estudio y el caso de Séralini es grave porque muestra que el consumo de alimentos derivados de transgénicos puede tener efectos negativos muy serios y que se deberían realizar muchos más estudios, más extensos, antes de ponerlos en los mercados. La posición de la industria de los transgénicos y los científicos que los apoyan es que ante la duda de inocuidad, de cualquier forma deben ponerse en circulación, colocando a los consumidores en el papel de ratas de laboratorio, pese a que existen abundantes alternativas para producir los mismos cultivos, incluso industrialmente, sin transgénicos. (3) (Séralini, 2012)

7. ¿Hay ventajas con los cultivos transgénicos?

La realidad, no las promesas de la industria biotecnológica, es que después de casi 20 años en el mercado, más del 99 % de los transgénicos plantados en el mundo siguen siendo únicamente cuatro cultivos (soja, maíz, canola y algodón); todos son commodities, o sea mercancías industriales para exportación, todos son manejados por grandes empresas, desde la semilla a la comercialización; todos son para forrajes de animales en confinamiento, agrocombustibles u otros usos industriales.

El 98% de los cultivos transgénicos está sembrado en solamente 10 países. 169 países no permiten su siembra comercial.Los transgénicos que se cultivan actualmente tienen sólo 2 caracteres genéticamente diseñados: resistencia a uno o varios agrotóxicos (85 %) insecticida autoproducido con cepas de la toxina Bt. (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, 2013)

Cualquier otro tipo de transgénicos tienen más bien un papel propagandístico, no se han consolidado en la realidad. Por ejemplo, los cultivos resistentes a la sequía o los cultivos con manipulaciones genéticas para mejorar su calidad nutricional, como el llamado “arroz dorado”, que aportaría vitamina A, no están en el mercado, principalmente porque no funcionan.

En ambos casos, esta falla de funcionamiento está relacionada con lo que describimos en el punto 1 sobre lo rudimentario que es la tecnología de los transgénicos. Tanto en el caso de la resistencia a la sequía como en los de producción de sustancias vitamínicas, se trata de características multifactoriales, que no dependen de un solo gen, ni del genoma mismo. Debido a la complejidad involucrada y las limitaciones de la visión reduccionista de quienes promueven los OGM, estos proyectos han fracasado y seguirán fracasando. Pero tristemente ello no significa que no los pondrán en los mercados, si sus promotores llegan a tener la oportunidad, pese a sus riesgos y a los pobres y nocivos resultados obtenidos.

La característica de resistencia a sequía que encontramos en cultivos no transgénicos es producto de una adaptación ambiental y local de largo plazo hecha por campesinos, lo cual se puede favorecer sin transgénicos ni grandes costos de investigación. Por ser producto de una multiplicidad de factores, tratar de reducirlo a una manipulación genética es una hazaña costosa, insegura, y que en el mejor de los casos solo serviría para algunas zonas, no para la gran diversidad de áreas y situaciones bio-geo-climáticas donde trabajan los campesinos pobres y la mayoría de agricultores de pequeña escala.

Los proyectos de investigación de las transnacionales con algunos centros internacionales de investigación parten, justamente, de la apropiación del conocimiento campesino, ya que las empresas usan y patentan genes de plantas que han sido domesticadas y adaptadas por campesinos. Convierten esos cultivos que estaban adaptados, accesibles y de uso colectivo, en el producto de procesos tecnológicos muy costosos, pese a lo cual sus resultados son extraordinariamente escasos y de eventual aplicación insegura y muy estrecha. (Union of Concerned Scientists, 2012).

Si lo que se necesita es afirmar la capacidad de los cultivos de adaptación a la sequía, esto en cualquier caso no se puede hacer centralmente para todo el planeta, sino que se debe favorecer los procesos diversificados campesinos y la colaboración con centros nacionales de investigación pública, sin introducir los riesgos que significan los transgénicos.

El mito del arroz dorado

El caso de los cultivos con supuestos beneficios nutricionales agregados por transgenia, como el del “arroz dorado” o arroz con pro-vitamina A, adolece del mismo tipo de fallas. Se trata de una investigación costosa, financiada con inversiones público-privadas, con múltiples problemas. Implica todos los riesgos de los transgénicos que ya mencionamos, y suma otros por el tipo de manipulación que se hace, diferente de las que ya existen en el mercado.

El primer tipo de arroz con beta-caroteno (GR1) que se anunció en el año 2000, desarrollado por Ingo Potrykus y Peter Beyer del Instituto Suizo de Tecnología, fue un accidente. Los investigadores buscaban otro resultado con ingeniería genética en arroz, pero “para su sorpresa” según ellos mismos declararon, se produjo un precursor de beta-caroteno. Esto ya de por sí debería haber sido una llamada de atención a esos investigadores de que su trabajo no tenía en cuenta muchas variables de la complejidad del proceso. Por el contrario, lo dieron a conocer como si fuera un gran éxito, pese a que para obtener la mínima cantidad diaria de vitamina A que necesita un niño, debía comer varios kilogramos de ese arroz diariamente. Posteriormente, estos investigadores licenciaron la investigación a la multinacional Syngenta, que a su vez en 2004 donó la licencia a la plataforma Golden Rice Humanitarian Board, a la cual se integró la Fundación Syngenta; sin embargo la empresa retuvo los derechos comerciales. En el año 2005, Syngenta anunció un nuevo evento transgénico del llamado arroz dorado (Paine, Shipton, Chaggar, S. et al., 2005) que tendría mayor contenido de pro-vitamina A (GR2). Sin embargo, tampoco en este caso está demostrado que la pro-vitamina sea estable en ese arroz, ya que una vez cosechado y en el proceso normal de almacenaje, se oxida fácilmente, disminuyendo al 10% el contenido de pro-vitamina A declarado.

Después de 20 años y muchos millones dólares invertidos en esta investigación, según el Instituto Internacional de Investigación en Arroz, el “arroz dorado” está aún lejos de su comercialización. Esto se debe a las dificultades que implica tratar de crear una ruta bioquímica totalmente nueva a través de ingeniería genética (IRRI, 2013). En efecto, el arroz dorado no es una operación de transgenia como las que ya existen, sino que se trata de manipular un paso metabólico, lo cual implica complejidades, incertidumbres y riesgos adicionales a los que ya se conocen sobre los otros transgénicos. No hay seguridad de que los constructos genéticos sean estables o que el paso metabólico sintético no actúe de forma diferente de cuando crece en la planta, o que afecte otras rutas metabólicas con consecuencias impredecibles para las plantas, el ambiente y los que lo consuman. De hecho estos ejemplos ya han sucedido en experimentos de laboratorio. (Greenpeace, 2013). Ademas, podría aumentar o disminuir el contenido de beta-caroteno y promover otros precursores simultáneamente, con consecuencias que pueden ser graves para la salud humana. Existen evidencias científicas de que el proceso desde beta-caroteno a vitamina A también puede generar componentes dañinos a la salud humana si ocurre en altas cantidades (Schubert, 2008). Este tipo de componentes secundarios pueden bloquear señalamientos celulares importantes para los organismos (Eroglu, Hruszkewycz, Dela Sena et al., 2012). Los resultados metabólicos de este tipo de ingeniería genética están escasamente comprendidos. Como si fuera poco, la forma cómo este tipo de beta-caroteno del arroz dorado sería procesado en el cuerpo humano y qué componentes secundarios podría producir, a diferencia de lo que sucede con el beta-caroteno natural, son completamente desconocidos.

En suma, además de los problemas ya demostrados con los transgénicos de uso común (el cultivo insecticida Bt y los cultivos resistentes al glifosato), existen serios problemas potenciales a la salud relacionados con el control de los niveles de ácido retinoico y otros retinoides del proceso. El beta-caroteno se transforma en retinal en presencia de la enzima oxigenasa, pero se reduce a retinol, más conocido como vitamina A. Sin embargo, el retinal también se oxida, formando ácido retinoico, que en altas cantidades se convierte en un potente teratógeno. (Hansen, 2014).

El arroz es componente esencial de la dieta cotidiana de Asia y de una gran parte de la humanidad, por lo que estos riesgos son graves e innecesarios. Además sería un arroz que se pretende introducir justamente en su centro de origen. Si así se hiciera, inevitablemente ocurriría contaminación transgénica del arroz campesino, lo cual tendría impactos tanto sobre las semillas nativas, como en los derechos de los agricultores y en la salud de los campesinos que lo consumieran. Pese a que el arroz no tiene polinización abierta, hay muchas vías de contaminación en almacenaje, trasiego y transporte. Estudios en China ya han encontrado contaminación transgénica del arroz silvestre y parientes. (Canadian Biotechnology Action Network, 2014)

El proyecto del arroz dorado transgénico ha consumido más de 100 millones de dólares de instituciones y “filantropía”, entre otros de la Fundación Bill y Melinda Gates y varias instituciones nacionales e internacionales de ayuda al desarrollo, dinero con el cual se podría haber atendido de forma sustentable y sin alta tecnología, la deficiencia de vitamina A en muchos de los países donde existe.

Por ejemplo, la vitamina A existe en diferentes hierbas que acompañan los cultivos, que son de consumo común entre campesinos que cultivan arroz. Si el arroz se produce en plantaciones uniformes industriales y con agroquímicos, ese tipo de hierbas que contienen muchos más nutrientes que solamente una vitamina, desaparecen. Es decir, la supuesta “solución” crea nuevos problemas. Es lo mismo con el caso del maíz transgénico cultivado en el área Mesoamericana. Además, se puede obtener la dosis de vitamina A necesaria diversificando cultivos y con diferentes frutas y vegetales cuya siembra esté adecuada a cada lugar, situación que puede ser resuelta por campesinos sin caer en la dependencia, sea del mercado o de programas públicos que cambian según los cambios de políticas gubernamentales. Sin embargo, inducir la dependencia quizá sea una intención de las transnacionales con este proyecto, ya que su finalidad como empresas no es la caridad.

El amaranto, la espinaca, la col y muchos otros vegetales comunes en la cocina asiática tienen, como mínimo, más de cinco veces el contenido de beta-caroteno que tendría el arroz dorado en una porción normal de alimento. (Shiva, 2014).

¿Los transgénicos públicos son mejores?

La Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), institución brasileña de investigación agrícola, manipuló genéticamente un frijol común para hacerlo resistente al mosaico dorado, una enfermedad que puede ser plaga de esta especie. Este evento, llamado Embrapa 5.1, se presenta como un caso emblemático, porque aunque está patentado, es producto de la investigación pública y hasta ahora no se ha licenciado a transnacionales. Sin embargo, su aprobación por parte de la comisión de bioseguridad de ese país (CNTBio) fue poco “pública”, ya que partes significativas de la investigación y de la información sobre el constructo transgénico se marcaron como “confidenciales”, de tal modo que ni otros científicos independientes, ni algunos revisores de bioseguridad tuvieron acceso a toda la información. (Agapito y Nodari, 2011).

Este frijol transgénico también se encuadra en las incertidumbres e impactos potenciales que describimos sobre la ingeniería genética en el punto 1. Pero igual que el “arroz dorado”, agrega nuevos factores de riesgo, ya que se desarrolló con una tecnología que no ha sido utilizada para difusión a gran escala en ningún país del mundo.

La tecnología usada en el frijol 5.1, llamada pequeño ARN de interferencia - siRNA- produce una reacción directa al virus patógeno. La planta produce una molécula que va al silenciar o interferir con la producción de una molécula en el virus patógeno evitaría que se replique en las células de las plantas. Pero esta molécula de siRNA puede también afectar la expresión de otros genes en diversos organismos ya que su mecanismo de acción aún no está bien comprendido.

Hay evidencia científica que señala posibles riesgos asociados con este tipo de tecnología. En 2006 se publicó una revisión de artículos sobre el uso de esta tecnología en plantas transgénicas, en la revista científica Genes and Development. Se describe que los agentes de RNA son capaces de moverse entre los tejidos de las plantas y por tanto su acción no sólo afecta a la célula en la que se producen, sino que puede detonar otras reacciones. (Vaucheret, 2006).

Hay pruebas de que estas moléculas pueden afectar a otras moléculas no objetivo, con resultados inesperados y potencialmente negativos. (Agapito y Nodari, 2011). Estudios posteriores, incluyendo los de dos investigadores de la agencia oficial de Estados Unidos EPA (Agencia de Protección Ambiental) confirman estas proposiciones. (Lundgren y Duan, 2013).

Nuevamente, el frijol es un componente básico de la alimentación en Brasil. Los agricultores de pequeña escala son responsables de más de dos terceras partes de lo que se produce. En lugar de ofrecer una alta tecnología, que coloca nuevos riesgos al ambiente y a la salud, y de la cual ni siquiera está comprobada su efectividad, se debería apoyar a los campesinos y agricultores familiares a reforzar sus estrategias propias, agroecológicas y adecuadas a una diversidad de situaciones, para enfrentar la plaga del mosaico dorado y otros problemas.

8. ¿Quién gana y quién pierde con los transgénicos?

No hay duda de que los que más se benefician con los cultivos transgénicos son las seis transnacionales que controlan el 100% de las semillas transgénicas a nivel global: Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow Agrosciences, Bayer y Basf. Son las seis mayores corporaciones de producción de químicos y juntas controlan el 76% del mercado mundial de agrotóxicos y el 60% del mercado mundial de todo tipo de semillas. Además, dominan el 75% de toda la investigación privada sobre cultivos.

Nunca antes en la historia de la alimentación había ocurrido tal grado de concentración corporativa en un sector esencial para la sobrevivencia. Esta configuración también explica que los transgénicos signifiquen un enorme aumento del uso de agrotóxicos, ya que es lo que les reporta mayores ganancias: el mercado de venta de agrotóxicos es mucho mayor que el de venta de semillas.

La industria biotecnológica afirma que los transgénicos son los cultivos “más analizados” de la historia. Es falso, porque en los países donde se han autorizado, se basan en los estudios y conclusiones de las propias empresas. En Europa, donde se requieren estudios adicionales, prácticamente no se cultivan transgénicos y varios países europeos han optado incluso por prohibir su siembra.

La realidad es que los cultivos transgénicos están llenos de incertidumbres y riesgos a la salud y al ambiente y no aportan ninguna ventaja frente a los cultivos que ya existían. La semilla es mucho más cara, rinden menos en promedio, usan mucho más agrotóxicos y al estar patentados, la contaminación transgénica es un delito para las víctimas. Adicionalmente, según datos de los analistas de la industria, la investigación y desarrollo de una semilla transgénica cuesta en promedio 136 millones de dólares, mientras que el desarrollo de una semilla híbrida cuesta un millón de dólares. (Phillips McDougall, 2011).

La única razón para comercializar transgénicos es que las empresas obtienen mayores ganancias aunque sean un producto más deficiente que los híbridos que ya existían. Un producto que en la diversidad de terrenos y variaciones climáticas y geográficas de la gran mayoría de agricultores de pequeña escala en el mundo, ni siquiera funciona.

Frente a estos datos, la pregunta que muchos se hacen es ¿cómo consiguió esto la industria? Ha sido un proceso de varias aristas. Por un lado, en las últimas tres décadas, grandes empresas transnacionales han ido comprando las empresas nacionales y regionales de semillas y agronegocios para obtener el control del mercado. Paralelamente convencieron a los gobiernos de que la ingeniería genética era un gran progreso para la agricultura y alimentación, pero que por sus costos y riesgos, sólo tenían capacidad de desarrollarla y evaluarla dentro de la propia industria, por lo que había que apoyarlos, en desmedro de los análisis de riesgo independientes y de otras alternativas de investigación agronómica pública. La investigación agrícola pública ha sido desmantelada progresivamente. Y para apoyar a la industria “a alimentar al mundo”, los gobiernos han ido adoptando leyes nacionales e internacionales de propiedad intelectual, de semillas y de bioseguridad que garantizan el bienestar de los cárteles oligopólicos. (ETC Group, 2008).

Si los productores de Estados Unidos y Canadá siguen plantando transgénicos, es porque no pueden elegir otra opción: las mismas corporaciones de agronegocios controlan todo el mercado de semillas y solo multiplican las que quieren vender, por lo que a la hora de sembrar, sólo encuentran oferta de semillas transgénicas. Una situación similar se repite en los mercados industriales de Brasil, India y Argentina (esos 5 países cubren el 90% del mercado mundial de transgénicos) con agregados de situaciones particulares, como el bajo pago de regalías porque los agricultores multiplican su propia semilla -contra la voluntad de las empresas; u otros recursos que no tienen que ver con “ventajas” de los transgénicos, sino con el poder económico de mercadeo y control de las transnacionales sobre los gobiernos.

Los que perdemos con los transgénicos somos la mayoría de los pueblos del planeta, desde los campesinos y agricultores pequeños, a los consumidores de las ciudades, pasando por los investigadores públicos y todos los que tenemos que sufrir la contaminación química de alimentos, agua y suelos.

En todo el mundo, las encuestas confirman que la gran mayoría de los consumidores no quiere comer transgénicos. Las corporaciones lo saben, por eso se oponen al etiquetado de sus productos, gastando decenas de millones de dólares para impedirlo. Si los transgénicos no conllevaran perjuicios, como ellos afirman, no deberían tener problema en que se etiquetaran.

La vasta mayoría de los campesinos y agricultores familiares se oponen a los transgénicos porque representan una amenaza más a su precaria situación económica, desplazando sus mercados, contaminando las semillas, tierra y agua.

Como describimos en la introducción de este documento, son los pequeños proveedores de alimentos (campesinos, pescadores artesanales, huertas urbanas, etcétera) los que alimentan a más del 70% de la población mundial. La industria de los transgénicos los desplaza y amenaza sus semillas y sus formas de producción por muchas vías, y con ello aumenta el hambre y la desnutrición mucho más que lo que cualquier semilla tecnológica “milagrosa” podría jamás atender.

Existen muchas alternativas de sistemas agrícolas, diversas y más acordes con la naturaleza, que no crean dependencia con las transnacionales, que fortalecen la soberanía y las diferentes formas de desarrollo local, que favorecen a los pobres del campo y de la ciudad, que aumentan las oportunidades de trabajo, los mercados y agroindustrias locales, sin riesgos para la salud y el ambiente, y mucho más económicas y éticas.

* Por encomienda de la Vía Campesina, este documento fue entregado al Papa Francisco, el 30 de abril de 2014, por Ana María Primavesi, Andrés E. Carrasco, Elena Álvarez-Buylla, Pat Mooney, Paulo Kageyama, Rubens Nodari, Vandana Shiva y Vanderley Pignati

Notas:
1) Impactos evidenciados claramente en el caso de las poblaciones directamente afectadas por el aumento del uso agrotóxicos en zonas de cultivos transgénicos. Adicionalmente, existen numerosos estudios que sugieren otros impactos en la salud humana, extrapolados de resultados de experimentos con animales de laboratorio.
2) Muy especialmente en su obra No está en los genes, (2009), Lewontin ha denunciado las carencias teóricas del reduccionismo genético.
3) Todos los artículos, respuestas y controversia de este caso se pueden leer en www.gmoseralini.org

Bibliografía y referencias: (…) Fuente: http://www.argenpress.info/2014/08/porque-los-cultivos-transgenicos-son.html

En consecuencia, abajo y a la izquierda, nos urge multiplicar espacios en común de deliberación sobre cómo las diversidades de abajo estamos sosteniendo la acumulación de riquezas y poder de oligopolios imperialistas y locales. Estamos intensificando nuestra opresión, nuestro envenenamiento y la destrucción de las condiciones de vida tanto del presente como del futuro. Es establecer el debate sobre:

 

El dominio mundial de Monsanto/Bayer

6 de octubre de 2017

 

El mega-imperio conformado por Monsanto y Bayer es en la actualidad uno de los negocios más sólidos pero al mismo tiempo altamente peligroso y dañino en el mundo.

 

"Las guerras futuras serán por los recursos”. Esta frase que es compartida por millones de personas en el mundo y rechazada por “apocalíptica” por unos cuantos gobiernos poderosos, es cada vez más una realidad. En efecto, los tentáculos de grandes multinacionales se han posado sobre las reservas de agua, la compra de vastas extensiones de tierra y, sobre todo, en numerosas y costosas investigaciones dirigidas a la producción acelerada de alimentos, so pretexto de cubrir la demanda de la población mundial que, según estimaciones, podría ascender a 9 billones en 2050. (ver aquí)

Al respecto el mega-imperio conformado por Monsanto y Bayer es en la actualidad uno de los negocios más sólidos pero al mismo tiempo altamente peligroso y dañino en el mundo. Veamos por qué.

 

El grupo alemán que compró a la multinacional norteamericana en 66.000 millones de dólares en septiembre de 2016, espera convertirse en el monopolio de productos agrícolas más grande del mundo. Según su vicepresidente global comercial, en los próximos cuatro años el grupo gastará más de 16 mil millones de dólares en “innovación y desarrollo”. (ver aquí)

Esto desde luego es un eufemismo bajo el cual se ocultan las verdaderas intenciones del poderoso grupo económico: convertirse en el único dueño de la producción alimentaria, criminalizando las formas alternativas como modelos “poco rentables”. A través de esta alianza, el gigante alimentario pretende consolidar un entramado legal-económico-policial que atenta contra la soberanía alimentaria y el derecho de los pueblos de definir su política agraria.

No debe perderse de vista que el arma química utilizada en la Guerra de Vietnam conocida como “Agente Naranja” fue producida por Monsanto. Por su acción, más de 400 mil personas murieron y 500 mil niños nacieron con malformaciones. (ver aquí).

 

Además, diversas investigaciones realizadas por prestigiosas universidades de Estados Unidos han evidenciado que el aspartame (edulcorante no calórico) y la sacarina elaborados por Monsanto causan distintos tipos de cáncer. De igual manera, la hormona del crecimiento bovino desarrollada en los laboratorios de esa multinacional, está relacionada con cáncer de mama, colon y próstata, razón por la cual ha sido prohibida en países como Canadá, Australia, Japón, Israel y Argentina. Los herbicidas, los cultivos modificados genéticamente y las Semillas “Terminator” (que han vuelto extensos terrenos estériles) son otros de los inventos de Monsanto que han sido catastróficos para gran parte de la población mundial que es coaccionada a comprar sus productos envenenados.

 

De acuerdo a estudios científicos los agroquímicos de glifosato desarrollados por Monsanto pueden ser los causantes de más de 25 enfermedades. Además de los diversos tipos de cáncer antes mencionados, la acción de los químicos ha causado Alzheimer, autismo, malformaciones genéticas, enfermedad crónica de riñón, colitis, hipotiroidismo, enfermedad hepática, entre otras. (ver aquí)

 

No obstante los riesgos a la salud que han sido respaldados por estudios de diversa índole (por ejemplo, Toxicology, 2009), la multinacional estadounidense ha salido bien parada por las grandes cantidades de dinero que gastan en publicidad engañosa y abogados. A pesar de las denuncias e incluso de condenas en contra de Monsanto, todavía su poderío representa una amenaza para la diversidad y autonomía alimentaria.

 

Si bien las inversiones de la compañía estadounidense se centran hoy en día en productos alimentarios, en su más de 110 años de historia, han sido los responsables de graves problemas ambientales y de salud pública. Por ejemplo, la producción de poliestireno, uno de los elementos químicos más contaminantes del planeta, se sigue produciendo a pesar de las críticas. El grupo Monsanto está relacionado además con las investigaciones que desataron la purificación del plutonio para la producción de la bomba atómica. A partir de los años cincuenta comenzaron las investigaciones relacionadas con la producción y distribución alimentaria. Uno de los inventos catastróficos de la multinacional fueron los fertilizantes a partir de petróleo, cuyos agentes mataron los microorganismos benéficos del suelo, volviendo la tierra infértil. (ver aquí)

 

De este modo, queda comprobado que las acciones de la compañía norteamericana han sido perjudiciales para la población mundial. Lo más preocupante es que el emporio económico ha recibido el respaldo de la Casa Blanca.

 

De hecho, el presidente Donald Trump, inició conversaciones con Bayer/Monsanto para la creación de condiciones favorables para la inversión en Estados Unidos. (ver aquí)

 

Con una cifra que supera los 8000 millones de dólares el monopolio alimenticio espera asegurar su presencia hegemónica en el país del norte luego de algunos reveces financieros producto de las múltiples demandas en su contra. Lo preocupante de esta circunstancia es que la administración Trump se ha declarado abiertamente en oposición a quienes consideran el cambio climático un problema grave. Esto sin duda es terreno abonado para las multinacionales cuyo interés es la productividad por encima de los daños que se puedan causar al medio ambiente. El magnate-presidente es un representante de esa visión del mundo en la que lo más importante es el dinero.

 

Sin ningún tipo de traba legal, el grupo Bayer/Monsanto seguirá envenenando el mundo a pesar de las advertencias de grupos ambientalistas. El modus operandi de este monopolio es la producción de semillas que sólo pueden germinar con ciertos productos químicos. Si los campesinos intentan guardar semillas para su posterior siembra, con el fin de mejorar las especies, esta acción está enmarcada dentro de los delitos de propiedad intelectual. Así pues, los campesinos son obligados a botar parte de sus cosechas pues algunas legislaciones les imponen incluso penas privativas de la libertad. Este tipo de entramados jurídicos han blindado al gigante norteamericano que ahora se verá mucho más fortalecido con la inversión del grupo Bayer. Según algunas estimaciones el 90% de maíz distribuido en Estados Unidos es transgénico y propiedad de Monsanto.

 

Una de las consecuencias más visibles de las acciones de estas multinacionales es el endeudamiento de los campesinos con la compra de todos los productos. De acuerdo con las profundas investigaciones de Vandana Shiva, activista y filósofa de origen indio, los campesinos de su país para solventar las deudas que imponen estos grupos poderosos, han tenido que vender sus riñones, o incluso se han suicidado. La autora denomina este fenómeno como la economía de la muerte en la que a causa de las relaciones monopolísticas de la tierra y los acuerdos logrados con políticos corruptos, millones de campesinos han perdido sus tierras y otros tantos se han visto inmersos en una lógica depredadora. Este hecho parece confirmar la tendencia de la economía por formar monopolios muy al estilo del imperialismo que todo lo consume y todo lo convierte en negocio, incluso lo más vital de la vida: el agua y los alimentos.

 

Algunas voces se han alzado en contra de Monsanto y Bayer por lo que se espera reunir los testimonios suficientes para demostrar sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos y ambientales. El Tribunal Internacional Monsanto es una iniciativa de la sociedad civil de numerosos países que pretenden hacer responsable a este grupo de los daños causados durante más de un siglo. El Tribunal llevó el caso ante la Corte Penal Internacional, cuyo pronunciamiento se espera en la primavera de 2017. http://es.monsantotribunal.org/

 

Este fallo constituye un momento histórico sin precedentes en el que se espera que las multinacionales paguen por las atrocidades cometidas.

 

Uno de los testimonios recogidos fue un estudio realizado en Argentina, específicamente en la provincia de Santa Fe que arrojó como resultado la tendencia de los habitantes a padecer diversos tipos de cáncer. El profesor Damián Verzeñassi, líder del proyecto ha sido perseguido por la divulgación de sus conclusiones que parecen sumarse a otra serie de estudios similares. (ver aquí)

 

Los poderes oscuros de Monsanto y Bayer han acallado las voces disidentes pues su único propósito es tener en pocos años el control total sobre la producción alimentaria mundial. Todo parece apuntar que la principal ambición de la megacorporación es ese pues las fuertes inversiones en “investigación” se acompañan de la compra de enormes extensiones de tierra para la siembra de monocultivos.

 

Pobreza, desolación, muerte y desigualdad, ese parece ser el legado de Monsanto en más de un siglo de historia. La fusión con otra compañía que se ha encargado de producir enfermedades irreversibles, es una muestra de las ambiciones económicas de un reducido grupo de personas. El respaldo que recibirá este emporio de manos del presidente Trump, deja entrever un futuro nada alentador toda vez que el alimento se transformará definitivamente en un negocio. Los campesinos que sabiamente repiten “billetes no se pueden comer” están cada vez más acorralados por un sistema cuya principal motivación es llevarlos al borde de la desesperación. ¿Será acaso que Bayer y Monsanto quieren reducir la población mundial y ese es más bien su objetivo para 2050?

Febrero de 2017

La opinión

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_dominio_mundial_de_Monsanto_Bayer

 

 

Hallamos en el propósito de detener al extractivismo que la población urbana predomina mucho sobre la rural a consecuencia fundamentalmente del neoliberalismo y del neodesarrollismo. Esto nos plantea hacer centro, en primer lugar, sobre la salud como resultado de la contaminación ambiental (alimentos, agua, suelo, aire, fármacos e insumos higiénicos).  Pero también es analizar las sequías e inundaciones reforzadas por el acaparamiento de tierras para mega emprendimientos comerciales, turísticos e inmobiliarios y es comprender la flexibilización e informalidad laboral. En fin, agreguemos que sufrimos una agravación de la sociedad vigilada y del Estado policial.

 

 

Las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela
10 de marzo de 2016

 

Por Emiliano Terán Mantovani

“El capitalismo está definido por el movimiento de frontera […] La apropiación de la tierra y el trabajo de frontera ha sido la condición indispensable para las grandes olas de acumulación de capital, desde la era de los Holandeses en el siglo XVII hasta el ascenso del neoliberalismo en los años 70 y 80 del siglo XX […] Las fronteras [son] la vía decisiva para que otros, fuera del circuito del capital, [paguen] la factura de la acumulación interminable de capital”.

Jason Moore

La Faja [del Orinoco] es territorio virgen, no hay resistencias”

Ricardo Menéndez, Ministro de Planificación, 2015

“Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.

Berta Cáceres

 

La significativa reorganización geoeconómica del territorio venezolano que se está impulsando actualmente alrededor del extractivismo no es cualquier cosa. Si hay algo que ha unido a todos los grandes proyectos político-partidistas en disputa en el país –Plan de la Patria, Programa de la MUD, “Petróleo en La Mejor Venezuela” de Leopoldo López– es su horizonte hacia un extractivismo repotenciado (y en numerosos sentidos salvaje). Sólo que ahora en este contexto de capitalismo del desastre y de crisis histórica, se han creado las condiciones para evitar cualquier resistencia por parte de políticas nacionalistas: ahora la pelota parece estar del lado del capital transnacional.

Así pues, el capital reorganiza coaliciones con las élites políticas nacionales, redefine las funciones históricas de Venezuela en la división internacional del trabajo y la naturaleza, y acelera la expansión tanto en extensión como en intensidad, a las nuevas fronteras de las commodities, a la apropiación las últimas zonas “vírgenes” del país, para abrir paso a un nuevo proceso de acumulación originaria. Esto no es cualquier cosa porque no se trata sólo de la conformación de un nuevo pacto político, o la asunción de nuevas estructuras de poder, sino de cómo se va a moldear el territorio nacional, como se va a desarrollar el capitalismo-en-la-naturaleza (J. Moore), orientado a las funciones del mercado mundial, tal y como ocurrió en las primeras décadas de la Venezuela petrolera. Estamos ante una oleada sin precedentes de mercantilización de la naturaleza en el país. (…)

(…)Modalidades del extractivismo en las nuevas fronteras de las commodities

Las nuevas fronteras de las commodities no sólo suponen un avance cuantitativo de la mercantilización y apropiación de la naturaleza y la vida (más hectáreas ocupadas, más cuotas extractivas, más sectores de la actividad extractiva). En estos tiempos en los que se hace cada vez más borrosa la distinción entre “progresismo” y neoliberalismo en América Latina, es importante evaluar también qué modalidades y operaciones le dan forma a estos proyectos y formas de gestión y gobernanza de los “recursos naturales” y los territorios. Mencionaremos 4 modalidades:

  • Pagar con commodities: apropiación directa del “recurso”

Este formato ya se ha venido desarrollando desde hace unos años con los préstamos por petróleo que ha venido adquiriendo el gobierno venezolano con China. El “modelo exitoso de la Faja del Orinoco” (E. Del Pino) parece que se aplicará en los demás convenios extractivos. Por ejemplo, en enero de este año el Ministro Del Pino ofrecía estímulos a inversores para levantar la extracción de carbón de Carbozulia, proponiendo pagar con carbón de alta calidad parte del financiamiento adquirido con éstos.

  • Las Fajas y las Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional: extractivismo como desterritorialización salvaje

En noviembre de 2014 se hizo oficial la "Ley de Regionalización Integral" (LRI), que plantea las figuras de las “Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional” (ZEDN) y las “Zonas económicas especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED). En ellas se plantean políticas tales como: estímulos fiscales y aduanales, incentivos económicos a las empresas para el desarrollo de las zonas; liberación de restricciones arancelarias, suspensión de impuestos a empresas; definición de una autoridad (coordinador) de la ZEDN; definición de un régimen especial y extraordinario de contrataciones, acorde a los objetivos de la ZEDN que se cree; posibilidad de una administración especial de los ingresos generados en las zonas; autorizaciones para la movilización de mercancías y facilidades de despacho, simplificación de trámites y obtención de permisos de forma sencilla; y orientación de las ZEE a la exportación y comercio internacional (aunque no únicamente).

El reordenamiento geográfico de este formato extractivista propone una territorialización que no se centra únicamente en el enclave extractivo, planteando en cambio todo un eje integral desarrollista, una nueva forma del capitalismo-en-la-naturaleza: las fajas (faja minera, faja petrolífera, faja pesquera). Junto a Paraguaná, el eje Morón-Puerto Cabello, y en el eje Ureña-San Antonio, estos enclaves de las nuevas fronteras de las commodities han sido decretados oficialmente como ZEDN, para potenciar la acumulación originaria que allí se proyecta.

Aunque la LRI no hace referencia específica a ningún parámetro ambiental, preocupa que esta liberalización territorial sea un cheque en blanco para la devastación de la naturaleza, y haga prácticamente imposible detener estos procesos destructivos de la vida, si acaso pudiendo apenas remediarlos posteriormente.

  • La naturaleza como reserva monetaria: hipotecar la vida

La expansión del extractivismo de oro en Venezuela tiene relación no sólo con el negocio en sí, sino también con las posibilidades de reforzar directamente las reservas internacionales del país. Adicionalmente, tras una reforma de la Ley del Banco Central realizada por el presidente Maduro en diciembre de 2014, el diamante y demás piedras o metales preciosos forman parte de las reservas internacionales.

Así que, incluso lo que no se ha extraído entra a la valoración del casino del mercado mundial –de ahí el afán por la certificación de las reservas mineras–. La Vida ecológica pasa a ser reserva monetaria, forma de cumplimiento de pago de deuda, y garantía de la hipoteca. Con esta neoliberalización de la naturaleza, esta entra de lleno en los términos del ajuste y la reestructuración económica. De ahí que la relación de la minera canadiense Gold Reserve Inc. con el gobierno nacional pasara, de ser expropiada en 2009, seguido de un arbitraje del CIADI por este caso que falló contra Venezuela por 760 millones US$ en 2014, a firmar en febrero de este año (2016) un acuerdo con dicho gobierno para operar en la mayor mina de oro del país –el CEO de Gold Reserve ha dicho también que aspira contar con la conformación de una ZEE–, al tiempo que Venezuela se comprometió a pagar el monto del arbitraje en 60 días. Hemos pasado del extractivismo por desarrollismo al extractivismo por endeudamiento. En esencia, la trampa de la deuda se cobra con taladros, excavadoras y cianuro.

  • Gobernanza sobre los “recursos naturales”: la amenaza de una oligarquía autoritaria

Una expansión territorial de este tipo supone necesariamente un tipo gobernanza sobre los llamados “recursos naturales” y el territorio que se amolde a ella. Una coalición corporativa aparece como la garante del “desarrollo” y la seguridad nacional. Conviene pues preguntarse, cuál será el papel tanto del sector militar, como el de las compañías transnacionales en estos procesos.

Respecto al primero, además de evaluar su rol histórico en la composición del Petro-estado venezolano y su papel en el devenir de la Revolución Bolivariana, el decreto del 10/02/2016 de la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG - Gaceta Oficial N° 40.845) parece indicar las formas de este nuevo rol: no sólo apunta a una completa “securitización” de los recursos naturales del país –ya se contemplan despliegues de las Fuerzas Armadas y labores de inteligencia logística en las ZEDN–, sino también a una gestión directa del sector militar en el proceso extractivo, siendo que la Camimpeg estará facultada para realizar una larguísima lista de operaciones que lo abarca prácticamente todo (art. 3): “todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna”. La sociedad mercantil tendrá una duración de al menos 50 años y otorga atribuciones directas al Ministro de la Defensa.

Esto se combina con un mucho mayor nivel de incidencia territorial por parte de las compañías transnacionales por medio de las flexibilizaciones y liberalizaciones de las ZEDN y los acuerdos económicos realizados con el gobierno nacional, en el marco de un Decreto de Emergencia Económica (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.214) y la declaración de estado de excepción en varios municipios de estados fronterizos desde fines del año pasado. En comparación con la forma de la alianza política en los primeros años de la Revolución Bolivariana (Petro-Estado y base popular organizada), donde se plantearon Comunas, NUDES o demarcación de tierras indígenas, la crisis y la nueva correlación de fuerzas podrían apuntar a una modalidad de autoridad y gobernanza oligárquica sobre el territorio y los recursos naturales.

Consecuencias

Los cambios en curso, en el marco de la reproducción del extractivismo, un modelo de acumulación capitalista que genera profundas desigualdades sociales, devastación ambiental y dependencia sistémica, tendrían consecuencias que podrían ser muy significativas. Mencionaremos algunas de ellas:

a) Renta extractiva, déficit ecológico y pobreza estructural: uno de los argumentos principales es que esta colonización salvaje de las nuevas fronteras se hace para obtener más divisas, “impactar positivamente en el PIB” y garantizar la continuidad de las políticas sociales. Lo que en realidad terminará ocurriendo es la liquidación masiva de riqueza de la vida natural, de los medios de reproducción de la vida social, para transformarlos en dinero el cual serviría para el consumo de productos importados en las ciudades o para pagar la deuda externa.

Hay por tanto una riqueza que emerge (renta extractiva) sobre la destrucción de otra (vida natural) –esta imagen promocional del gobierno nacional representa muy bien esta disputa de valoraciones–. Un ejemplo de esto está en la altísima huella de agua y materiales que supone la minería de oro a cielo abierto (que será aplicada en el proyecto Brisas-Las Cristinas). Si partimos de la estimación del Ministro Del Pino, de las 7.000 toneladas de las reservas potenciales de oro en el Arco Minero se obtendrían unos 200.000 millones US$ (esto dependería de los flujos y condiciones del mercado mundial y de las pautas de los convenios). Pero al mismo tiempo, obtener esta suma de dinero supondría, por ejemplo, una pérdida abismal de riqueza de agua (la que sería utilizada específicamente para el proyecto) de entre 3,1 a 7,4 billones de litros de agua –basado en estimaciones en diversas investigaciones de minería de oro a cielo abierto en Colombia–.

Desde un criterio de sostenibilidad, el cotejo MMM US$/billones lts de agua es absurdo en semejantes cantidades, sencillamente porque la gente no puede ni comer ni beber dinero. Además, la transformación de la naturaleza en dinero hace que dicha riqueza circule bajo las lógicas del capital mundial (flujos financieros), favoreciendo a las clases propietarias y los países del Norte Global. Las consecuencias de esto son un aumento del déficit ecológico y el potenciamiento de las bases estructurales de la pobreza.

b) Patrón primarizado, dependencia y crecimiento del metabolismo social: aunque se esté anunciando que ahora sí vamos a salir del modelo rentista, este reordenamiento del territorio supone un fortalecimiento del patrón primarizado, produciéndose un conflicto entre usos del suelo, a favor del extractivismo. Como ejemplo, podríamos preguntarnos ¿qué va a pasar con la agricultura en estados como Guárico, Anzoátegui y Monagas, donde se va desarrollando la Faja del Orinoco?; ¿qué va a pasar con la pesca en Sucre si se sigue impulsando megaproyectos gasíferos y de infraestructuras en sus costas?

Adicionalmente, la expansión de los impactos ambientales va mermando la disponibilidad de bienes comunes naturales para la vida, al tiempo que podría crecer el metabolismo social producto de la modernización y urbanización de nuevas zonas. Por ejemplo, la gravísima crisis eléctrica en Venezuela –el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, ha advertido de un colapso eléctrico en abril, si no se toman medidas urgentes– es también producto del enorme sesgo urbano nacional (casi 90% de la población) y la incapacidad doméstica para sostener el crecimiento del metabolismo social del país. Un mayor déficit ecológico acentúa la insostenibilidad económica del capitalismo rentístico venezolano.

c) Una devastación ambiental de grandes proporciones: la vida en Venezuela es posible gracias a sus fuentes de agua, al papel que cumplen sus sistemas ecológicos no urbanos, inclusive posibilitando la existencia de las grandes ciudades del país, que dependen de la importación de naturaleza para sobrevivir. La enorme devastación ambiental que conlleva la expansión de estos megaproyectos extractivos tendría un impacto en la vida integral del país. Recordemos, por ejemplo, que la zona FPO/Arco Minero se desarrollaría en el medio de la cuenca hidrográfica más importante del país. Son conocidos los crecientes problemas de contaminación y acceso al agua de la región norte de Venezuela –la más poblada del país–, que se ven agravados por fenómenos de intensas sequías (2010, o la actual). A su vez, podríamos asistir a una mayor depredación de zonas de reserva como la Reserva Forestal del Imataca, Parques Nacionales como Canaima o el Aguaro-Guariquito, o el Delta del Orinoco. Antes que una reivindicación paisajista, se trata de un llamado a la preservación de las posibilidades de vida armoniosa en el país.

d) Extraordinaria amenaza para la subsistencia de los pueblos indígenas del país: los pueblos indígenas se encuentran ubicados, fundamentalmente, en las nuevas fronteras de las commodities. Los varios yukpa asesinados en los últimos años, la contaminación por mercurio de la mayor parte de los pueblos Yekwana y Sanema en la cuenca del río Caura, o los desplazamientos por contaminación y las infecciones de VIH en el pueblo Warao, son ejemplos de efectos directos o indirectos que las actividades extractivas dejan en sus territorios, y que se verían extraordinariamente potenciados por esta expansión extractivista, que se realiza sin ninguna consulta previa a estos. Una alerta debe propagarse para evitar que este proceso colonizador arrase con lo que queda de nuestros pobladores originarios.

Alternativas al tren del extractivismo: ¿se pueden ‘ambientalizar’ las luchas en un país tan urbano como Venezuela?

Existen alternativas a esta nueva oleada de acumulación por desposesión, que estarían vinculadas, por ejemplo, al impulso de la agricultura en diversas escalas; la recuperación de pozos petroleros convencionales no explotados, en vez de insistir en la FPO y la megaminería depredadora (moratorias), lo que serviría para financiar una recuperación y la transición hacia otro modelo, como lo ha propuesto el analista petrolero Carlos Mendoza Pottellá; usos diferentes de estas reservas naturales, como el turismo sustentable; o bien una nueva arquitectura de distribución de las rentas que tenga un sentido de justicia social (abolir impuestos a los más necesitados y pechar, por ejemplo, a la banca nacional) de transición ecológica (estímulos a actividades productivas comunitarias sostenibles y desincentivos a actividades que generen devastaciones ambientales), y de estrategia geopolítica (¿existe deuda odiosa en Venezuela?).

Pero no se puede dejar de reconocer que la correlación de fuerzas ha cambiado negativamente respecto a años atrás y el estado de corrupción que reina en las élites políticas, gobernantes, partidos políticos y grandes sectores económicos del país es enorme, lo que achica notablemente el margen de maniobra para una política de izquierda.

Esto supone que una alternativa ante esta ola de mercantilización de la naturaleza y depredación de la vida debe ser construida necesariamente desde abajo. Diversos conflictos eco-territoriales están en desarrollo en el país, generalmente vinculados a pueblos indígenas, que defienden sus territorios y sus modos de vida ante el avance desarrollista. Pero la población de las ciudades suele estar bastante desvinculada de estos conflictos, o apática ante los procesos de degradación ambiental en otros territorios lejanos al lugar donde habita.

La paradoja para un país tan urbanizado como Venezuela es que, para detener el tren del extractivismo, o al menos frenar lo más posible su desenfreno, es necesario el crecimiento de un movimiento de justicia ambiental en las ciudades. ¿Podría la crisis del capitalismo rentístico, el aumento de las dificultades para acceder al agua en las ciudades, la creciente insostenibilidad de las mismas, abrir una etapa para una mayor “ambientalización” del movimiento popular? Creemos que sí.

Esto en ningún sentido es una tarea fácil. La histórica “cultura del petróleo” (Rodolfo Quintero) que en buena medida ha configurado nuestros imaginarios, cuerpos y prácticas, se ha proyectado como un ideal urbano, anti-agrícola y colonial con la naturaleza. Si hay algo que podría ser culturalmente revolucionario en Venezuela es promover la agricultura urbana y la ambientalización de las luchas populares. No porque esto vaya a resolver todos los problemas del país, sino que puede constituir la base orgánica de una transformación profunda y necesaria, que tenga como una de sus premisas la defensa de los medios de reproducción de la vida.

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo e investigador
Fuentes consultadas: (…)
Notas: (…) Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Las_nuevas_fronteras_de_las_commodities_en_Venezuela

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Recordemos que el kirchnerismo encubrió la ocupación y devastación de los territorios mediante el elogio al crecimiento económico a tasas chinas. No sólo indujo la creencia mayoritaria en que estábamos en un presente promisorio y participábamos de una gesta patriótica. Sino también, ante las graves consecuencias del modelo extractivo, instaló una visión fragmentada de los problemas ocultando las causas profundas de los mismos y cuando los asumió fue de manera sensacionalista y asociándolos a "fenómenos naturales". De ahí el imperativo abajo y a la izquierda de cambiar radicalmente el posicionamiento de una creciente mayoría respecto a las comunidades campesinas e indígenas.

 

Pueblos Originarios: la lucha por la tierra

Escrito por  Fabián Chiaramello

 

El corrimiento de la frontera agropecuaria, la concentración de tierras y la sojización son algunas de las principales causas de la expulsión de campesinos, pequeños productores e indígenas a lo largo y ancho del país. El agronegocio es el principal enemigo de quienes trabajan y viven en la tierra de otro modo.

Durante la etapa kirchnerista, este proceso que tuvo sus comienzos en los '70, continuó con el menemismo y se siguió profundizando en el nuevo siglo, se fue consolidando y fue arrasando con ese 'otro' campo. También fue creciendo la resistencia y la organización, principalmente en las zonas donde el extractivismo no respeta el mínimo derecho de los pobladores.

 

Para entender la situación de los Pueblos Originarios es necesario revisar varios puntos.

Tierras en disputa

La Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación presentó en abril de 2013 el informe “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”. El trabajo dispara que existen al menos 9.293.234 hectáreas en disputa que son pretendidas por sectores privados o por el propio Estado.

El estudio registró un total de 857 casos que afectan a 63.843 familias. Del total de conflictos relevados, el 32% (278) afecta a indígenas. En la mitad de los casos se registran hechos de violencia para obligar a las familias a abandonar las tierras. Además, de la totalidad de casos sólo el 39,6%o fue relevado hasta entonces como dispone la Ley 26.160 (aprobada en 2006, que frena los desalojos judiciales y ordena el relevamiento de los dominios de esas tierras). Entre las razones que originan los conflictos territoriales que afectan a pueblos indígenas se menciona en primer término el pedido de reconocimiento de territorio indígena (19,3%), le sigue en importancia títulos incompletos o inexistencias de títulos (12,1%), e invasión y usurpación de tierras (10,3%) y despojo (9,4%).

En cuanto al tiempo de vigencia de los conflictos relevados, se observa que el 33,5% tienen 20 años o más de antigüedad (por lo que están amparados por la usucapión o el derecho veinteañal, que permite reclamar al Estado el reconocimiento de sus derechos posesorios), el 43,1% entre 1 y 9 años y el 20,9% entre 10 y 19 años. “Esto podría atribuirse al impacto sobre la estructura agraria y los agricultores familiares de los cambios en el uso productivo de la tierra y la expansión de la frontera agropecuaria”, dispara el informe.

La región que cuenta con mayor conflictividad dentro del trabajo realizado en este primer informe oficial es el Noroeste, que concentra el 28,2% de los casos. Sigue la Patagonia (21,1%), NEA (19,8%), Centro (19,1%) y Cuyo (11,7%). Las provincias con mayor cantidad de hectáreas en disputa son Salta (1.673.308), San Juan (1.236.709), Mendoza (1.225.805) y Jujuy (1.225.805).

Sin embargo, es Misiones la provincia con el mayor número de familias afectadas: 20.249. Es seguida por Salta (14.908), Neuquén (3.976) y Santiago del Estero con 3.528 casos.

Aunque cuenta con grandes limitaciones, sobre todo dado que el relevamiento de conflictos fue realizado en sólo tres meses de 2011, es una muestra representativa de la situación pero que no la abarca en su totalidad.

A modo de síntesis, el trabajo identifica al menos tres problemáticas, no excluyentes entre sí, que pueden complementarse según la particularidad de cada caso:

1) Inseguridad en la tenencia de la tierras: desalojos de familias rurales y éxodo de población rural;

2) Vulnerabilidad: dificultad o imposibilidad de acceso a la tierra y al agua;

3) Situaciones de falta de titulación dominial (posesión).

Además, afirma que “los problemas de tierra se han intensificado con el gran crecimiento que registra la megaminería, el desarrollo del turismo y los procesos de patrimonialización”. También destaca la aparición de “nuevos propietarios” con títulos inciertos, “entregas indiscriminadas de tierras fiscales, cercamientos, desalojo de poseedores ancestrales de campos de cultivo y sus viviendas, destrucción de los canales de riego y pircas milenarias, ausencia de respeto a la propiedad de otros, tala de árboles centenarios, riesgo de contaminación y apropiación de acuíferos subterráneos, incumplimiento de la Ley de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”.

Desalojos, leyes y relevamientos

A finales de 2006 el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 26.160. Ésta declara la emergencia en materia de “posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”. Además, durante los primeros tres años de vigencia de la ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) debía realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras.

El relevamiento nunca se concretó y, a partir de eso, en noviembre de 2009 se prorrogaron los términos por otros cuatro años mediante la Ley Nº 26.554. En septiembre de 2013 se volvió a repetir la situación y a través de la Ley N° 26.894 se extendió el plazo hasta el 23 de noviembre de 2017.

Durante todo el transcurso de aprobada la ley a la actualidad, los desalojos, amenazas y violencia contra Pueblos Originarios no ha cesado. En algunos casos, como en la provincia de Formosa, se han incrementado los niveles de violencia.

Según la última investigación presentada en julio de 2013 por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), que realiza un seguimiento de la problemática, sólo se finalizaron los censos catastrales del 12,5% de las comunidades y se utilizó el 76% del presupuesto. Sobre un total de 1578 comunidades, sólo se finalizaron los relevamientos en 197 y las provincias con mayores conflictos territoriales tienen un nivel de ejecución escaso y hasta nulo, como en Neuquén y Formosa.

El trabajo titulado “Nueva advertencia sobre la inejecución de la Ley 26.160” advierte el mal uso y desvío de los fondos, la desinformación por parte de funcionarios públicos, la falta de ejecución de los relevamientos y la continuidad de atropellos a los derechos de los indígenas.

En las provincias con mayor presencia de comunidades originarias y de mayor conflictividad territorial, el trabajo da cuenta de la falta de cumplimiento. En Neuquén y Formosa, en las que existen al menos 61 y 182 comunidades, respectivamente, para ese entonces y a casi siete años de aprobada la ley, la ejecución había sido nula. En la provincia de Chaco, que tiene registradas 101 comunidades, se relevaron sólo dos. En Misiones fueron relevadas 18 de 103, en Río Negro 50 de 124, en Santiago del Estero 12 de 52, en Chubut 14 de 108 y en Jujuy 30 de 295.

Recién para diciembre de 2013 comenzó el relevamiento en la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. El caso es quizás uno de los más mediatizados de los últimos tiempos, sin embargo eso no impidió que se repita la misma situación que en conflictos más invisibilizados. La comunidad denuncia una serie de irregularidades y rechaza el relevamiento del INAI. El rechazo está bien fundado: 17 familias, incluyendo la de Félix Díaz, quedaron fuera del territorio comunitario reconocido. Además de la falta de consulta y participación de la comunidad, entre otras irregularidades. En un comunicado afirman que la comunidad “quedó sumamente decepcionada y enojada por la forma de proceder y por los resultados del relevamiento territorial”.

“La contracara de esta prolongada demora en consolidar la titularidad de los territorios indígenas se encuentra en el elevado número de desalojos, represiones policiales, desconocimiento de los derechos comunitarios y muertos cuyos nombres apenas han recogido los medios de comunicación, y los gobiernos nacional y provinciales han olvidado”, dispara el informe de Endepa.

En 2010 varias organizaciones campesinas presentaron un proyecto de ley (que después del asesinato del campesino de Santiago del Estero, miembro del Mocase-VC, Cristian Ferreyra, lleva su nombre). El nuevo proyecto ordena frenar los desalojos por cinco años, realizar relevamientos los tres primeros y declarar la función social de la tierra. Sin embargo y a pesar de haber contado con apoyo del oficialismo en un primer momento, que se comprometió a aprobarla antes de que finalice el 2012, esto nunca ocurrió. Como tampoco el respeto de la Ley Nº 26.160 y de ninguna de sus prórrogas.

Según el relevamiento de las organizaciones que redactaron el proyecto en ese entonces, 300 mil familias fueron expulsadas de sus territorios ancestrales y destinadas a vivir en los barrios más pobres de las grandes ciudades.

Los territorios son el principal campo de batalla donde se encuentran distintos modelos de producción y donde chocan los intereses. Los desalojos, las represiones, la violencia, la expulsión, crecen paralelamente con el corrimiento de la frontera agropecuaria y la profundización del extractivismo.


Profundización del modelo (sojero)

La primavera de 2011 fue testigo del anuncio de una de las políticas más ambiciosas y a su vez más clara del gobierno nacional: el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA 2020).

La presidente Cristina Fernández de Kirchner presentó en Tecnópolis, rodeada de funcionarios y empresarios del agronegocio, el Plan: un programa detallado desarrollado por el gobierno nacional, las provincias, empresas y académicos que se fija como objetivo, entre otros puntos, aumentar un 60% la producción granaria: pasar de las 100 millones de toneladas, de cuya totalidad la mitad es soja, a 160 millones para 2020. También planifica un avance en la superficie sembrada: pasar de las más de 33 millones de hectáreas actuales a los 42 millones.

En 1991 se sembraron cinco millones de hectáreas con soja en el país. Para el año 1996, cuando se aprobó el ingreso de la semilla transgénica, la superficie sembrada era de seis millones. En el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, era de 11 millones. El año 2012 cerró con un nuevo récord que fue presentado como un logro: 19,8 millones de hectáreas fueron sembradas con soja, lo que equivale al 56% de la tierra cultivada en todo el país. Con el PEA, para el año 2020 la superficie de tierra cultivada con soja podría superar los 25 millones de hectáreas.

Según el informe “Producción de soja en las Américas: actualización sobre el uso de tierras y pesticidas”, elaborado durante meses de trabajo en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, en 2010, más del 50% de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores del país. Esto demuestra el grado de concentración de la producción, que va de la mano con la sojización, y también la desventaja competitiva en la que se encuentran quienes realizan agricultura en pequeña escala frente a la empresa del agronegocio que cuenta con un combo de maquinarias, transgénicos, agroquímicos, y toda la tecnología y los medios de producción a su alcance.

Lo que no dijo la presidente cuando presentó con orgullo las metas que “impulsarán al país como potencia alimentaria” es quiénes son los que pierden. Los Pueblos Originarios y campesinos son los perdedores implícitos en el plan. Para alcanzar semejantes cifras es necesario avanzar aún más sobre territorios indígenas o campesinos, lo que se traduce en más desalojos y expulsiones, más violencia, deforestación, y mayores usos de tecnologías como transgénicos y agrotóxicos. Y por otro lado en mayor concentración de la tierra, mayores ganancias para los empresarios del agronegocio, para las multinacionales, para las exportadoras de granos y una cada vez más profunda reprimarización de la cadena productiva.

De su propia voz

En el año 2010, en el marco del Bicentenario, se dio un hecho histórico que recordó a aquel Malón de la Paz de 1946, pero que esta vez reunió a indígenas de todas partes del país. Los Pueblos Originarios llegaron hasta la Plaza de Mayo y luego, algunos representantes fueron recibidos por la Presidente. La principal demanda de los pueblos fue el territorio y el respeto de sus derechos.

El periodista Darío Aranda, autor de Argentina Originaria, en una crónica completa dio a conocer el diálogo entre la Presidente y las autoridades indígenas. A partir de los audios de la reunión de la mandataria con 15 autoridades indígenas pudo reconstruir el diálogo en el que puede leerse claramente cuál es la posición de Cristina Fernández frente a los reclamos y las incertidumbres presentadas por los referentes.

La reunión, como describe Aranda, comenzó con agradecimientos mutuos y clima ameno, “pero pronto pasó a las respuestas insatisfactorias, chicanas, reproches y se transformó, para las comunidades, en decepción”. La Presidente aclaró que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades, les pidió ser “inteligentes” (varias veces) para “aceptar los avances de la modernidad” y finalizó con una triste comparación entre momentos históricos diferentes para negar u omitir una realidad: el genocidio, el abandono y el silencio histórico del Estado argentino con los Pueblos Originarios.

La crónica y los audios de la reunión son más que claros y hasta chocantes. La prioridad del modelo extractivo sobre los derechos de los indígenas, la falta de anuncio o respuesta concreta respecto a los pedidos de la marcha, y el llamado constante a ser “realistas” e “inteligentes”, son algunas de las conclusiones más directas que pueden sacarse.

Pasaron cuatro años de aquella histórica marcha y los reclamos llevados por las comunidades siguen aún vigentes, algunas de las problemáticas se profundizaron, y la Presidente cumplió con su palabra de darle prioridad al extractivismo.

 

Incompatibilidad

El extractivismo es la actividad que se basa en la explotación de los recursos naturales. El agronegocio (con la soja como pilar), la megaminería, las explotaciones hidrocarburíferas (sumadas las no convencionales, y el fracking como nuevo recurso tecnológico) y el monocultivo de árboles son las principales actividades extractivas en el país. El rumbo del gobierno, que ya lleva más de una década, se dirige a seguir profundizando esta política.

Comunidades indígenas en diferentes puntos del país sufren las consecuencias. Los que son desalojados por el corrimiento de la frontera agropecuaria, los que sufren las terribles consecuencias de la megaminería, los que ven sus territorios tomados por petroleras, los que sufren represiones por resistir o reclamar, los que son judicializados, los que son asesinados, los que sufren violencia constante por parte de empresarios y sicarios, los que sufren los efectos de los agrotóxicos, los que sufren el hambre y el abandono. Junto con esto, va creciendo la cantidad de familias expulsadas de sus territorios y obligadas a pasar a engrosar las villas en las grandes ciudades.

Mientras tanto el extractivismo se cobró una docena de vidas sólo en los últimos cinco años. Los asesinatos (y algunas “muertes dudosas”) se dieron siempre en comunidades con algún grado de conflictividad y/o resistencia. Javier Chocobar en Tucumán (2009), Sandra Juárez en Santiago del Estero (2012), Roberto López y Mario López en Formosa (2010), Mártires López en Chaco (2011), Cristian Ferreyra en Santiago del Estero (2011), Miguel Galván  en Santiago del Estero (2012), Celestina Jara y la beba de diez meses Lila Coyipé en Formosa (2012), Imer Flores en Chaco (2013), Juan Daniel Díaz Asijak en Formosa (2013), Florentín Díaz del Chaco (2013).

Toda esa sangre regada en la tierra tiene como correlato común el silencio de la Presidente que jamás se pronunció frente a estos asesinatos. Tampoco de la grave situación de tantas comunidades que viven en extrema pobreza sin recursos básicos como el agua, alimentación y vivienda digna.

El Estado pone todas sus fichas en las actividades extractivas, en la explotación de los recursos naturales, principalmente de manos de empresas transnacionales. Es ahí cuando choca con la vida y con los derechos de las comunidades originarias. Cuando Cristina Fernández de Kirchner pedía que sean “inteligentes” en aquel acto de subestimación, lo que estaba pidiendo es que dejen avanzar a las industrias extractivas y que aprovechen las situaciones (los que pueden, si es que hay algo).

Durante todos estos años eso no sucedió. Si bien un gran sector es cercano al gobierno y otros apoyan ciegamente proyecto “nacional y popular”, es un hecho que el movimiento indígena ha encontrado cada vez más espacios para la organización y la lucha. Así también como ha ido creciendo la resistencia en varias comunidades.

Jorge Nahuel, werken de la Confederación Mapuche de Neuquén y miembro del Consejo Plurinacional Indígena, en una entrevista en la edición de SURsuelo de enero de 2013 concluyó: “El modelo no es compatible con la vida de los pueblos originarios, por el contrario, ese modelo de depredación y destrucción confronta directamente con lo que los indígenas vienen promoviendo: una vida basada en el respeto y la armonía con el entorno natural que siempre nos rodeó y que queremos preservar”.

Fuente: http://brujulacomunicacion.com/index.php/cooperativa/periodico-sursuelo/item/801-pueblos-originarios-la-lucha-por-la-tierra

 

 

Instalemos espacios en común de deconstrucción sobre el progreso capitalista arrasando, por ejemplo, los bosques nativos y los ríos. También dialoguemos sobre por qué apreciar la labor e ideología indígena desde siglos haciéndose.

 

 

Ecuador: las mujeres waorani y su trabajo para proteger el bosque amazónico

24 de julio de 2017

La producción de cacao se ha convertido en una forma de obtener ingresos de manera sostenible y cuidar los recursos del bosque.

 

Por Valeria Sorgato

· La waorani es una de las nacionalidades que mejor conserva sus bosques, según datos de la Fundación EcoCiencia. En 15 años deforestaron 33 km2 de un total de 13 551 km2.

· El proyecto Chocolate para la Conservación es un ejemplo de cómo los indígenas cuidan los bosques amazónicos. Ocho comunidades y 400 familias son las beneficiadas.

Al norte de la Amazonía ecuatoriana, en la Reserva de la Biósfera Yasuní, 300 mujeres de la nacionalidad indígena waorani trabajan para conservar una de las áreas con mayor riqueza biológica del planeta. Ellas habitan en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana, y conforman la Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE).

Mencayn Patricia Nenquihui, de 40 años, es la presidenta de la asociación. Mongabay Latam la acompañó en su trayecto hacia una comunidad de cinco familias llamada Tepapare, en la provincia de Napo, a la que llegó para supervisar la producción y la venta de cacao en la comunidad. El punto de partida fue la ciudad de Tena, a tres horas y media de Quito. El viaje duró cuatro horas: dos en auto y otras dos navegando por el río.

pequeña comunidad a orillas del río se dedica al cultivo de cacao como una alternativa para su sustento. Sobre la tierra se levantan casas hechas de madera y con techos tejidos de fibra de palma amazónica. A pocos kilómetros de la comunidad está la chacra de Guime, una de las mujeres que vive en Tepapare y que forma parte de la AMWAE. Entre plantas de banano, palmeras de achotillo y papaya crecen los árboles de cacao.

Las chacras de las mujeres waorani son un ejemplo de cómo cuidan la selva. Según Lourdes Barragán, antropóloga del Centro de Planificación y Estudios Sociales, los indígenas crean nuevos bosques dentro de sus parcelas. “Mientras preparan los terrenos, asocian los cultivos con otras plantas como las frutales, las medicinales y las que sirven para elaborar artesanías. De cierta manera lo que hacen es reproducir lo que es la selva pero en un nivel micro, que es la chacra”, explica. Además cuenta que las mujeres recogen semillas de la parte más alta del bosque, donde nunca ha habido intervención humana, para experimentar cuáles se adaptan mejor a diferentes situaciones. “De cierta forma son creadoras de la biodiversidad”, añade.

La cosmovisión y las tradiciones ancestrales siguen liderando la vida de los waorani. “Un punto a destacar es la relación de respeto de los pueblos indígenas hacia la naturaleza. Ellos se consideran parte del bosque, de los animales, de las plantas. No hay una separación entre la naturaleza y la cultura”, explica Barragán.

 

Cambio de hábito

El proyecto Chocolate para la Conservación de la AMWAE es un ejemplo de cómo los indígenas conservan y cuidan la Amazonía. Este emprendimiento nació por la necesidad de proteger a los animales del bosque que eran cazados de forma indiscriminada, cuenta Elizabeth Riofrío, asistente de la dirección ejecutiva EcoCiencia y la encargada del proyecto Chocolate para la Conservación desde la fundación.

Los cazadores waorani tenían en la carne de monte una fuente de ingreso. La vendían en el mercado de Pompeya, localizado en la ribera norte del río Napo, a cinco kilómetros del Parque Nacional Yasuní.

Del 2005 al 2007 se comercializaron 11 717 kg de carne silvestre y pescado por año en el mercado de Pompeya, según un estudio realizado por la Wildlife Conservation Society (WCS). Se menciona que el mercado se abastecía con carne silvestre que provenía de las comunidades kichwa que viven a lo largo del río Napo y de comunidades waorani que viven cerca de la carretera. Los intermediarios compraban la carne y la revendían en diversas ciudades, entre ellas Coca (provincia de Orellana), Tena (provincia de Napo), Sacha (provincia de Orellana) y Lago Agrio (provincia de Sucumbios).

La carne de pecarí de labio blanco (Tayasu pecari), de pecarí de collar (Pecari tajacu) y un roedor grande de la región, comúnmente llamado guanta (Cuniculus paca), eran algunas de las más comercializadas.

“Las petroleras empezaron a entrar a nuestro territorio y mal enseñaron a los indígenas a obtener dinero a cambio de algo”, dice Mencayn. La introducción del valor monetario en las comunidades creó necesidades y vicios en los indígenas que eran desconocidos por sus ancestros. La cacería de subsistencia fue reemplazada por la cacería comercial. “Sacaban carne de monte para vender gran parte, y muy poca para la familia. No llevaban alimento, no compraban jabón ni arroz para las familias, sino que consumían trago”, añade.

En la época del abuelo de Mencayn, los animales se encontraban a una hora de sus hogares. Ella afirma que ahora deben caminar un día entero, arriesgándose a regresar a casa con las manos vacías.

Si desaparece la fauna, los bosques se degradan. Galo Zapata, director científico de WCS, explica que los primates, las aves y otros animales como el pecarí o la guanta son excelentes dispersores de semillas. “Si la población de estos animales disminuye es cuestión de dos a tres décadas para que el bosque cambie y se convierta en un paisaje homogéneo. Las semillas y plántulas de árboles de dosel se reducen en un 80 %”, explica. Es así que la selva se convierte en lo que llaman los científicos “bosques vacíos”, ‘zonas muertas’, donde aves, monos, jaguares y otros mamíferos desaparecen.

En el año 2004 las mujeres se reunieron con los hombres para proponer alternativas y frenar la cacería. “Lo primero que ellos nos preguntaron es si nosotras íbamos a darles dinero. Nosotras dijimos que no vamos a dar dinero, sino que juntos vamos a trabajar para conservar y cuidar la naturaleza”, cuenta Mencayn Patricia Nenquihui.

Ya ha pasado más de una década desde que las mujeres waorani dieron el paso hacia una economía sostenible. Ahora producen alrededor de 600 tabletas de Chocolate Wao al mes. Son más de ocho las comunidades y 400 familias, algunas de ellas que no forman parte de la asociación, las beneficiadas. Por cada libra de cacao que cosechan, la AMWAE les paga USD 1,25. Después de secarlas en las comunidades, las pepas de cacao son procesadas en la planta del chocolate Bios —ubicada en Quito— para crear las tabletas. Estas son distribuidas en supermercados y tiendas a escala nacional.

“A través de esta iniciativa se protegen los bosques y su biodiversidad al reducir la presión sobre estos recursos”, dice Riofrío. Ella explica que las plantaciones de cacao se siembran en zonas previamente deforestadas en el territorio waorani, evitando, de esta manera, la expansión de la frontera agrícola.

 

Cuidando el bosque

Los pueblos nativos son un componente importante para la conservación de los bosques amazónicos, pues dentro de sus territorios la deforestación es menor que en zonas fuera de los mismos y de las Áreas Naturales Protegidas. Así lo indica el Informe y Análisis de deforestación 2000-2015 de la Región Amazónica Ecuatoriana, ejecutado en el 2017 por la Fundación EcoCiencia en el marco de RAISG (Red Amazónica de Información Sociambiental Georeferenciada).

El informe revela que hasta el 2015 se deforestaron 7385 km2 en las zonas que se encuentran fuera de territorios indígenas y Áreas Naturales Protegidas en la Amazonía ecuatoriana, lo que corresponde al 35,4 % del área original boscosa de estas zonas (20 880 km2). En la tierra ocupada por indígenas se deforestaron 4081 km2 de bosque, es decir un 6,67 % del total de esa subcategoría, mientras que en las áreas naturales protegidas se deforestaron 1125 km2, un 3,78 % de estas áreas. “Hay que considerar que existen km2 que se repiten en el cálculo de deforestación porque son zonas que se sobreponen entre territorios indígenas y Áreas Nacionales Protegidas“, explica la directora científica de EcoCiencia, Carmen Josse.

José Aragón, coordinador de la Unidad de Geografía de EcoCiencia, indica que la minería, las hidroeléctricas, la construcción de carreteras, la tala y el petróleo son las principales amenazas para el bosque amazónico.

Según el Mapa Amazonía 2016 – Áreas Protegidas y Territorios Indígenas, actualizado por RAISG, Ecuador tuvo una superficie boscosa amazónica original de 96 073 km2. Hasta el 2000 se habían deforestado 9020 km2. Del 2000 al 2005 la tasa de deforestación fue de 1054 km2, del 2005 al 2010 fue de 1090 km2 y en el último quinquenio (2010-2015) la tasa fue de 957 km2.

Aragón, quien participó en la publicación de RAISG, indica que en una investigación preliminar se ha observado que en las zonas donde las áreas naturales protegidas se sobreponen con los territorios indígenas, la deforestación es mínima, incluso menor a la que existe en las reservas protegidas por el Gobierno. En Ecuador el 16,7 % del bosque amazónico pertenece a estas áreas sobrepuestas, según el Mapa de Territorios Indígenas de la RAISG.

Datos de la Cartografía Histórica de Áreas Naturales Protegidas y Territorios Indígenas en la Amazonía publicado por RAISG en este año muestran que los waorani, son la nacionalidad que más territorio ocupa dentro de las Áreas Nacionales Protegidas, con una extensión de 7580 km2.

Al proteger los árboles, los pueblos nativos contribuyen también en la lucha contra el cambio climático. “Entendiendo que el área que ocupan los territorios indígenas en la Amazonía es el 56 % y el conjunto de bosques que hay en la Amazonía ecuatoriana más o menos captan el 100 % de las emisiones del país, podríamos concluir que los territorios indígenas permiten la captación de la mitad o algo más del CO2 que emite Ecuador”, dice Carmen Josse en base a resultados de un estudio publicado por la Universidad de Leeds (Inglaterra), en febrero de este año.

“Los waorani van alternando las áreas donde se asientan para dejar que se regenere el territorio que se utilizó”, explica Aragón. En la actualidad muchos waorani se han adaptado al sedentarismo. Este es el caso de la familia de Mencay. Ellos utilizan áreas que ya han sido previamente deforestadas para sus chacras. “Ahora vivimos en comunidades. Ya no nos movemos. Antes se iban y se regeneraba el terreno. Ahora solo utilizan una parte, si siguen tumbando los árboles entonces ya no van a existir los bosques primarios”, manifiesta Mencay.

La densidad poblacional también incide en la baja tasa de deforestación en territorios indígenas. “Cuando hay demanda desde afuera por los recursos naturales en la Amazonía, entonces aumenta la presión, pero si existe más trabajo afuera se reduce la población porque migran a las ciudades y se ejerce menos presión en los recursos del bosque”, añade Aragón.

La waorani es una de las nacionalidades que mantiene más conservados sus bosques, según el informe emitido por la Fundación EcoCiencia sobre la deforestación entre el 2000 y 2015 en la Región Amazónica del Ecuador. En 15 años deforestaron 33 km2 de un total de 13 551 km2.

“Mi abuela me enseñó a hacer artesanías, me dijo cuáles son las plantas que tengo que sembrar, en qué tiempo tengo que cosechar, qué frutos se pueden comer y qué plantas pueden curar”, recuerda Mencayn mientras teje las hojas de chambira coloreadas de pigmentos naturales para crear un plato. “Yo tengo la idea de que debo cuidar lo que mi abuelo en 100 años cuidó y no destruyó”, cuenta junto al fuego de la cocina de Guime.

Cuando se le pregunta de qué tiene miedo, habla sobre males que aparecen como consecuencia de la contaminación. “Cuando hay derrames y el río se contamina aparecen enfermedades que antes no conocíamos”.

Mencayn dice que las mujeres son las que más luchan por proteger la selva. Es el instinto materno que las llama a la hora de buscar alternativas sostenibles, porque quieren que sus hijos y nietos sean testigos de lo bondadosa que puede ser la naturaleza.

Mongabay

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Ecuador_las_mujeres_waorani_y_su_trabajo_para_proteger_el_bosque_amazonico

 

 

Reparemos en la importancia de la unión real y efectiva de los pueblos originarios con los campesinos.

 

 

Así funciona el banco de semillas autóctonas de Chile

24 de julio de 2017

 

"Hasta el momento cerca de 150 mujeres han aportado con la reproducción de semillas, con lo que se ha logrado un stock de 250 especies". “Esto rescata el patrimonio agrícola de nuestro país desde su fuente. Estas guardadoras, quienes hacen un oficio ancestral, son fundamentales para mantener la biodiversidad no solo de nuestro país, sino de todo el mundo”, afirma Pedro Solar.

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) quiere rescatar el patrimonio agrícola del país. Tienen especies como el durazno betarraga y el poroto bombero

En el sector Paredones de Auquinco, en la comuna de Chépica, en la región de O’Higgins, se encuentra un revolucionario proyecto comandado por un grupo de mujeres pertenecientes a la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri).

En noviembre del 2015 se levantó en ese lugar un Instituto de Agroecología que busca mantener el patrimonio alimentario del país mediante la preservación y la multiplicación de semillas de origen autóctono, con técnicas traspasadas de generación en generación. “Tenemos un laboratorio y una bodega donde guardamos las semillas en sacos, a temperatura ambiente. Nuestra idea es conservar las prácticas tradicionales de los campesinos y reconocer el valor de esta cultura. Todas las técnicas que usamos son aprendidas en las visitas que hacemos a predios que están de Arica a Coyhaique. Son técnicas de bajo costo”, explica a La Hora Rosa Flores, ingeniero agrónomo y coordinadora alterna de la iniciativa.

En este centro se realizan eventos periódicos y capacitaciones, donde en siete meses se pueden aprender los métodos de conservación y agroecología.

Hasta el momento cerca de 150 mujeres han aportado con la reproducción de semillas, con lo que se ha logrado un stock de 250 especies. “Uno de los frutales que hemos rescatado es el durazno betarraga, tanto peludo como pelados. Tienen un color oscuro, son sabrosos y quedan muy bien en mermeladas. Por lo general poseen un buen crecimiento en zonas de la región del Biobío como El Carmen y San Nicolás. También tenemos el mastuerzo, que sirve como condimento y el poroto bombero que en grano parece un casco de bombero. La gente suele usar esta especie en verde”, señala Flores.

Las campesinas que han donado semillas tienen la preferencia para recurrir al banco. Lo mismo pasa con las cerca de 10 mil socias que posee Anamuri. “Durante los años los campos han perdido diversidad y muchas especies comunes ya no se ven. Gracias a esto le podemos devolver a la tierra lo que le fue arrebatado”.

El plan cuenta con apoyo gubernamental a través de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), dependiente del Ministerio de Agricultura, cuyo aporte es de $60 millones.

“Esto rescata el patrimonio agrícola de nuestro país desde su fuente. Estas guardadoras, quienes hacen un oficio ancestral, son fundamentales para mantener la biodiversidad no sólo de nuestro país, sino de todo el mundo”, afirma Pedro Solar, jefe de comunicaciones de FIA.

La Hora.cl

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Asi_funciona_el_banco_de_semillas_autoctonas_de_Chile

 

 

 

Nos convocan a internacionalizar nuestras luchas encaminadas a la emancipación del capitalismo e imperialismos.

 

 

La Vía Campesina llama a intensificar la lucha contra el agronegocio,

unidxs por la soberanía alimentaria

24 de julio de 2017

 

“Tras días de debate fructuosos, cerramos esta VII Conferencia de La Vía Campesina y marchamos en la ciudad para pedir el compromiso de la sociedad civil para luchar con nosotros por el derecho a la alimentación, a la tierra, al agua y a las semillas”, afirmó Unai Aranguren.

 

“Alimentamos a los pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo”

La Vía Campesina, un movimiento internacional de campesinos que representa a más de 170 organizaciones y movimientos en aproximadamente 72 países del mundo, ha concluido su séptima Conferencia Internacional el sábado 22 de julio, en Derio, en el País Vasco. El evento fue clausurado con una poderosa declaración que llama a intensificar la resistencia contra el agronegocio transnacional, los acaparamientos de tierras a gran escala, la criminalización de las luchas populares, y la creciente xenofobia, racismo y patriarcado.

Tras cuatro días de discusiones y reflexiones colectivas sobre la soberanía alimentaria, la agroecología campesina, las redes de formación autónomas, la construcción de alianzas, los derechos de los migrantes, el comercio, la justicia climática y la criminalización de los movimientos sociales, la conferencia culminó con la Declaración de Euskal Herria cuyo lema es “Alimentamos a los pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo” (ver aquí).

La declaración señaló con preocupación la expansión del capital financiero acompañado del monopolio desenfrenado de los recursos naturales y la promoción sin precedentes de peligrosas tecnologías favorecidas por las mega fusiones corporativas cuyo afán es el de dominar el sistema alimentario a toda costa, violando flagrantemente los derechos humanos y destruyendo el medioambiente para su lucro.

La Declaración, que establece el rumbo estratégico para construir un movimiento que cambie el mundo a través del feminismo y la soberanía alimentaria, también destacó la necesidad urgente de construir alianzas más amplias a nivel local, regional e internacional, y la necesidad de unirse en contra de la nueva combinación de capitalismo y populismo de derechas.

Para construir la soberanía alimentaria de los pueblos del mundo, fueron planteadas la agroecología campesina y la reforma agraria popular que contempla el refuerzo y el desarrollo de los mercados locales a la par que se construyen y se forjan nexos entre el campo y la ciudad. Con este objetivo, la VII Conferencia Internacional resaltó la importancia no sólo de continuar, sino también de expandir la formación política, ideológica, organizacional y técnica basada en los conceptos propios de los movimientos, para darle forma a sus identidades e ideas socialmente transformadoras.

Existe un fundamento para cambiar el mundo: la solidaridad entre los pueblos. En el día de cierre de la conferencia, los delegados de La Vía Campesina definieron de manera colectiva el funcionamiento interno (las normas y procesos, entre otros) para encauzar la solidaridad. Según Unai Aranguren, miembro europeo del Comité de coordinación internacional de La Vía Campesina, hay dos palabras que definen a La Vía Campesina: “solidaridad y esperanza”.

En una demostración de solidaridad, cerca de 1600 personas marcharon a través de las calles de Bilbao el domingo, en el marco de una acción publica organizada por EHNE Bizkaia que llegó hasta la Plaza Nueva de la ciudad donde los delegados de La Vía Campesina dieron discursos, difundieron declaraciones de apoyo y celebraron la música y la danza locales. “Tras días de debate fructuosos, cerramos esta VII Conferencia de La Vía Campesina y marchamos en la ciudad para pedir el compromiso de la sociedad civil para luchar con nosotros por el derecho a la alimentación, a la tierra, al agua y a las semillas”, afirmó Unai Aranguren.

Dos informes clave fueron presentados en Derio. Por un lado, “Campesinos luchan por la justicia: casos de violaciones de los derechos humanos de los campesinos” que se centra en las continuas instancias de ataque y asalto a los movimientos campesinos; y por otro lado, “La reforma agraria y la defensa de la vida, la tierra y los territorios” que pone el punto de mira en la manera en que las luchas por la reforma agraria han transformado el movimiento histórico por la reforma agraria y cómo han ido surgiendo nuevas estrategias para hacerle frente al rostro cambiante del agronegocio corporativo en el medio rural.

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

La Vía Campesina Leer

 

 

Constatemos otra vez que los gobiernos progresistas estuvieron y están para promover el desarrollo del sistema opresor de nuestros pueblos.

 

 

 

Ecuador: Tercera demanda de inconstitucionalidad en contra de Ley de Semillas

24 de julio de 2017

La Ley de Semillas, en vigencia desde hace poco menos de un mes y medio, acumula una tercera demanda de inconstitucionalidad por parte de organizaciones que ven como un “peligro” que abra la puerta al ingreso de productos transgénicos.

De la misma forma que una asociación de campesinos de la Costa y representantes de Acción Ecológica acudieron a la Corte Constitucional, el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez, concurrió el jueves 13 de julio de 2017, al organismo con el mismo propósito.

Según Pérez, el artículo 56 de esa norma “no solamente afecta a la economía campesina indígena, sino a todos los ecuatorianos. No queremos vivir con cáncer, no queremos padecer de enfermedades raras”, adujo.

El dirigente indígena, además, solicitó a la Corte que declare como inconstitucional al Decreto Ejecutivo 739, suscrito por el expresidente, Rafael Correa, el 12 de agosto del año pasado, por considerar que restringe la libertad de asociación en el país.

Indicó que ese cuerpo legal permitió al anterior Gobierno cerrar a la organización no gubernamental ecologista Pachamama, y a la Unión Nacional de Educadores. Y se pretendió hacer lo mismo con Acción Ecológica.

La Hora.ec

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Ecuador_Tercera_demanda_de_inconstitucionalidad_en_contra_de_Ley_de_Semillas

En consecuencia, abajo y a la izquierda, multipliquemos los espacios en común para el involucramiento de una creciente mayoría en las luchas contra las distintas modalidades extractivistas y en la construcción de alternativas postcapitalistas.

 

Argentina: Comunicado de la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos

5 de octubre de 2017

 

"Repudiamos una vez más el accionar de la justicia en detrimento de la decisión soberana del pueblo. Seguimos plantándonos por la vida, impulsando el Proyecto Río Cuarto Agroecológico con el que venimos trabajando también desde el 2013. Defenderemos en las calles, nuestro lugar de resistencia, las victorias logradas y seguiremos esparciendo semillas libres, soberanas, alimenticias y nativas."

 

1° de octubre, 2017

Hace unos días, el 27 de septiembre más precisamente, trascendió la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso legal que presentó el municipio de Río Cuarto por medio del cual se hubiera impedido que Monsanto le haga juicio por prohibirle, a través de un decreto del Intendente, instalar una estación experimental de semillas dentro de su ejido en el año 2013.

 

Desde el año 2012 cuando tuvimos noticias de la pretensión de Monsanto de instalarse en nuestra ciudad comenzamos una serie de acciones administrativas y directas para visibilizar y rechazar a esta nefasta empresa en nuestra ciudad.

 

Así, el 30 de noviembre de 2012 recibimos el apoyo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A través de Resolución 322/12, el Consejo Superior se expedía en contra de la instalación de Monsanto en Río Cuarto y también en la localidad de Malvinas Argentinas. Recordemos que esta institución ya se había expedido también a través de una Resolución del Superior en rechazo de los fondos mineros de La Alumbrera.

La primera irregularidad en la que incurrió Monsanto fue que comenzó la construcción de la planta y la presentación de las notas en el municipio a través de la empresa local de venta de semillas y agrotóxicos llamada Focseed. Fueron numerosas las reuniones que mantuvimos con funcionarios del gobierno en las que nos negaban que Monsanto fuera a instalarse en la ciudad, ya sea por verdadero desconocimiento o por encubrimiento, hasta que logramos desenmascarar esta triangulación.

Seguimos caminando durante todo el año 2013 entre audiencias y reuniones en el municipio, en EDECOM (ente de control del municipio), con la UNRC (principalmente con la participación del Observatorio de Conflictos Socioambientales y el Centro Agroecológico), con la Defensoría del Pueblo; organizamos charlas, ciclos de cine, intervenciones en espacios públicos, marchas, concentraciones, festivales y hasta un escrache en la misma Sociedad Rural en el puesto de Monsanto (que se presentaba por primera vez como tal en un stand).

 

Hubieron claras sospechas de persecución hacia nuestra organización con intentos de intervención telefónica, hackeos a la cuenta del facebook que finalmente perdimos en aquel tiempo, entre otras. Sin embargo, nada nos detuvo, nos mantuvimos fuertes y sabiendo que son acciones intimidatorias.

 

A cada nota sin respuesta, le seguía una acción directa. Así, por ejemplo, en el Centro Cívico, sede de la gobernación provincial, hicimos la concentración del día mundial en contra de Monsanto en el año 2013 y otro día “celebramos”, en una especie de parodia, el casamiento de Monsanto con De La Sota, disfrazadxs, cantando la marcha nupcial y tirando soja (orgánica) en lugar de arroz.

En el marco de una propuesta provincial, cortamos la RN8 (entre las rutas emblemáticas del transporte de cereales) en octubre. Estuvimos en el bloqueo de Malvinas siempre en contacto con lxs compañerxs, en una misma lucha hermana. Cuando el lobby de Monsanto invitó a los medios de comunicación a que recorran la planta nos presentamos y logramos presionar aprovechando la presencia de las cámaras para poder ingresar. Desbaratamos esa manipulación mediática. Nos mostraron hasta los baños, pero encontramos 2 pruebas gravísimas: granos de maíz y huellas de tractor en un depósito, siendo que la planta no tenía el permiso y las habilitaciones para funcionar; y en la parte externa un depósito de agrotóxicos que no figuraba en los planos de sus informes presentados al municipio y que presentaba serios errores de instalación. Los medios terminaron haciéndonos la nota a nosotrxs y trascendió en las noticias locales lo que Monsanto omitía.

En conjunto con el Observatorio de Conflictos Socioambientales conseguimos el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El mismo Observatorio hizo un análisis que le dio negativo señalando graves falencias técnicas. La más importante: el EIA se presentó cuando la construcción de la planta estaba concluida. El biólogo Raúl Montenegro fue aun más contundente: esto es un mamarracho”. El informe del EDECOM también desaprobó el EIA.

 

La planta iba a darle empleo permanente a sólo 20 personas, con lo cual tampoco era éste un argumento fuerte que favorecería a la multinacional. Y otro hecho importante para nuestra lucha fue que en Malvinas Argentinas ya había comenzado el acampe y bloqueo a la planta. Daniel Arzani, intendente de aquella ciudad, estaba realmente complicado.

 

Para el 28 de noviembre de 2013, desde la Asamblea teníamos ya organizado el festival “EL NO A MONSANTO ES AHORA” en la plaza del palacio municipal. Y así el Intendente Juan Jure prohíbe por decreto la instalación de Monsanto, para “garantizar la paz social” fue su principal argumento, aunque lo que el poder hegémonico visibilizó fue la desaprobación del EIA, a raíz de esto muchos sectores de la sociedad tomaron por cierto que el Intendente de Río Cuarto realmente velaba por el derecho a la salud ambiental de los ciudadanos.

 

Monsanto, en mayo de 2014, judicializa el decreto con una “demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción”. Pero elige mal la figura, alega discriminación frente a otras empresas que se instalaron en la zona. La justicia corrige a Monsanto, le indica cuál es la figura legal con la que debe iniciar la demanda, y le da un plazo de 30 días hábiles para cambiar la nominación de la misma. Esta resolución, alega la defensa del municipio, es un caso inédito en la historia de la justicia cordobesa, no hay precedentes de algo similar ni para personas físicas ni para personas jurídicas; la justicia siempre se basa en fallos precedentes, y en este caso se aparta de este proceder otorgando esta posibilidad. Frente a semejantes irregularidades, la defensa del gobierno local vuelve a hacer planteos en la justicia, esta vez en el Tribunal Superior de Justicia, ya que al haber quejas por lo resuelto en la Cámara de Apelaciones, pasa a una instancia mayor. Y así llegamos al fallo de septiembre del corriente año que le permite a Monsanto reconducir el proceso y presentar una nueva demanda en los tribunales locales.

 

Ante semejante situación, como Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos, repudiamos una vez más el accionar de la justicia en detrimento de la decisión soberana del pueblo. Seguimos plantándonos por la vida, impulsando el Proyecto Río Cuarto Agroecológico con el que venimos trabajando también desde el 2013. Defenderemos en las calles, nuestro lugar de resistencia, las victorias logradas y seguiremos esparciendo semillas libres, soberanas, alimenticias y nativas.

 

ASAMBLEA RÍO CUARTO sin agrotóxicos

 

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_Comunicado_de_la_Asamblea_Rio_Cuarto_sin_Agrotoxicos

 

 

 

Analicemos dentro de los múltiples espacios en común a la reestructuración integral del llamado "campo" en binomio indisoluble con "las ciudades" para garantizar posibilidades de buenos vivires convivires abajo.

 

 

Agroecología, transformación social y productiva

3 de octubre de 2017

Un paradigma sustentado en la construcción colectiva de saberes, el cuidado de la madre tierra, la organización comunitaria y las cadenas cortas de comercialización, que busca mejorar la calidad de vida de productores y consumidores.

La agroecología, es una forma de producción que busca conservar el suelo y la biodiversidad, procurando la salud de los agricultores y consumidores, y generando ingresos que aseguren la sustentabilidad económica del sistema para la familia productora. En ese marco, desde la Estación Experimental Valle Inferior del INTA, junto al IDEVI y al Programa ProHuerta, se inició un trabajo de acompañamiento a los horticultores del Valle. La propuesta va más allá de lo productivo, y hace foco en la calidad de vida de las personas, el trabajo digno de los productores, el precio justo, el acceso a alimentos sanos, la organización comunitaria –tanto en zonas rurales como urbanas– y la generación de conocimientos entre productores y técnicos. Esta construcción de nuevos saberes requiere del intercambio a partir de la valorización de la cultura, la experiencia y los conocimientos locales.

Hoy, la alimentación sana está instalada en la agenda pública a partir de la preocupación de productores e instituciones públicas, así como también de los consumidores, conscientes de la calidad de los alimentos que quieren para sus familias. Sin embargo, son muchas las limitantes para los productores que asumen este desafío. Una de las principales barreras es la tenencia de la tierra. Según Axel Telleria Marloth, técnico del IDEVI, “del total de 180 productores hortícolas que abastecen a Viedma y a varias localidades vecinas, el 95% no es propietario de la tierra sobre la que produce”. Esta situación condiciona a los productores, que destinan gran porcentaje de sus ingresos al pago de alquileres, muchos bajo la forma de contratos informales de duración no mayor a un año. A esto se suma que el 80% de las familias no vive donde produce.

Por otra parte, existe alta dependencia en los sistemas productivos del uso intensivo de agroquímicos como fertilizantes, insecticidas y fungicidas. La situación se relaciona con la necesidad de ajustar la producción a la demanda de intermediarios y consumidores que prefieren un alimento perfecto desde el punto de vista estético, aunque haya sido tratado con agroquímicos en la etapa productiva.

La agroecología involucra no sólo a los agricultores, sino también a los técnicos y a los consumidores, en la transformación del paradigma basado en un sistema productivo socioeconómicamente insustentable y altamente contaminante, y en el cual acopiadores, intermediarios y revendedores se apropian de la mayor parte de los ingresos.

Para superar estos obstáculos se requiere no sólo la capacitación de los consumidores, y la transformación productiva, sino el rol activo del Estado en el desarrollo de políticas públicas dirigidas a facilitar el acceso a la propiedad tierra y el apoyo a la producción y comercialización de alimentos sanos.

“La agroecología busca romper con el paradigma contaminante del sistema agroalimentario dominante”. Ingeniero Nicolás Seba, EEA Valle Inferior, INTA
Dato 95% de los agricultores no es propietario de la tierra en la que produce, en la zona de Viedma.

Río Negro

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Agroecologia_transformacion_social_y_productiva

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Está demostrado que desde una chacra hasta un campo grande,

se puede producir en forma agroecológica y rentable”

4 de octubre de 2017

 

Conversamos con Gabriel Arisnabarreta, ingeniero Agrónomo, docente y productor agroecológico, integrante del grupo ECOS de Saladillo. Debatir el agronegocio implica ir mucho más allá de nombrar trasnacionales, decir “fuera!”, y (lamentablemente) contar muertxs. La tragedia cotidiana que se repite en tantos territorios hunde sus raíces transgénicas en formas de ver(nos en) el mundo que impactan mucho más allá de las áreas rurales.

 

Entrevista de Huerquén

 

La quimera de creer que el agronegocio es “sustentable” y “sostenible en el tiempo” no puede disociarse de la “fé tecno-científica” y el pensamiento único que irradia desde los centros de poder mundial hacia nuestras sociedades; a veces de forma brutal, pero otras de modos sutiles que, como susurros, activan sentidos añejos y potentes de pensar(nos). El “Progreso” que ofrece el agronegocio ha sabido instalarse casi como un sentido común: lo que queda afuera es “locura”, “atraso”, “ambientalismo infantil”, o en forma creciente “terrorismo”. Como algunxs han señalado con claridad, no se trata sólo de una forma de producir commodities: quienes lo sostienen, traen también un proyecto de sociedad.

¿Y nosotrxs? En los años que lleva esta lucha, cuántas veces nos plantearon “¿y ustedes qué proponen?” …y quizá, atados al mástil de denunciar el saqueo y defender la vida, trastabillamos, todavía insegurxs sobre qué proponer(nos) “a nivel macro”. Del fondo de nuestras historias colectivas empezaron a hacerse visibles los proyectos alternativos y las experiencias concretas: Soberanía Alimentaria, Buen Vivir, Agroecología…


El 8vo. Encuentro de Pueblos Fumigados en San Andrés de Giles cobijó el 1ro de Agroecología: comisión superpoblada, donde la diversidad de aristas que afloraron desbordó el debate. En la marcha de cierre se palpaba la alegría del salto: poder decir bien fuerte “hay alternativa: AGROECOLOGÍA!”. En medio de todo nos hicimos un tiempito para charlar con Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo, docente y productor agroecológico; integrante de ECOS de Saladillo.

Descargue la entrevista completa a continuación:

Está demostrado que desde una chacra hasta un campo grande, se puede producir en forma agroecológica y rentable. Entrevista a Gabriel Arisnabarreta (1,02 MB) Leer

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¡La agroecología, un modo de vivir, luchar, y resistir contra el capitalismo!

5 de octubre de 2017

 

Lineamientos de trabajo del Seminario Continental de Formación en Agroecología, Escuela Florestan Fernandes: La Agroecología es base de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria. La Agroecología todavía sigue abierta en debate y disputa, desde nuestros movimiento, es la garantía, cuidado y protección de nuestra Madre Tierra, por eso es transversal en todos los espacios de la tierra, subsuelo, territorio, agua y espacio.

3 de octubre de 2017

Lineamientos de trabajo del Seminario Continental de Formación en Agroecología, Escuela Florestan Fernandes
27 al 30 de septiembre del 2017, Sao Paulo, Brasil.

La cosmovisión y la epistemología de nuestros pueblos nos dice que las prácticas agroecológicas son el centro de la producción ancestral, ya que es la convivencia con los seres vivos.

No somos dueños de la tierra; pertenecemos a ella, somos equilibrio y equidad, solidaridad, integralidad, diversidad, defensa del territorio, buen vivir, dialogo de saberes, el que se expresa a través del método de campesino a campesino.

No queremos el desarrollo sostenible, queremos la vida sostenible, porque la agroecología nos devuelve la identidad en este rol las mujeres jugaron un papel histórico en la evolución de la agricultura campesina e indígena.

La apuesta de la formación en agroecología, descansa en los centros de formación IALAS, a través de la ruta de los aprendizajes existentes en nuestro continente desde la CLOC -V.C.

La agroecología es un espacio multidimensional de procesos sociales, de compartir, de cultura, de arte que solo podemos encontrar en el territorio.

Todo proceso de apoyo a la agroecología debe ser liderada por las organizaciones de familias campesinas, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y agricultores familiares, hombres y mujeres, con la mayor participación de las y los jóvenes.

La agroecología y las semillas campesinas tienen que ir juntos, son mutuamente dependientes, porque no hay agroecología con transgénicos, no hay agroecología con los agro tóxicos, con el agro negocio de la Transnacionales, etc.

El pensamiento de Marx y Engels (división campo-ciudad) y la cosmovisión son semejantes en varios términos de agroecología, la unión entre cultura y dialogo de saberes.

Nuestra propuesta agroecológica, recrea el Agro ecosistema y la Biodiversidad animal y vegetal, la vida en el suelo, las culturas milenarias indígenas, con sus diferentes formas de producción y en armonía con la Madre Tierra.

Líneas de acción:

  • Declaramos constituida en este encuentro la Articulación del proceso de formación en agroecología para América Latina y El Caribe. Vinculada a los colectivos de formación y agroecología.
  • Nuestra principal tarea es la Formación de militantes, campesinos y pueblos originarios, ademas técnicos pedagogos campesinos.
  • Realizar intercambios de materiales e ideas, para obtener la mayor integración de las escuelas y los procesos de formación en agroecología y semillas campesinas para las escuelas y para los demás procesos.
  • Preparar materiales de estudio sobre todos los temas principales de CLOC – Vía Campesina y nuestra agroecología y semillas campesinas.
  • Crear unA plataforma web para socializar estos materiales y para ofrecer cursos en línea para la formación continua de nuestros educadores y educadoras.
  • Socializar las propuestas pedagógicas y metodológicas entre todas las escuelas, actualizar el mapeo de las escuelas, por tipo y su especialidad.
  • Realizar, compartir y divulgar sistematizaciones de las distintas escuelas, para retroalimentar y que sirvan como insumo para nuevas escuelas. compartiendo las experiencias de nuestro movimiento y otras redes internacionales.
  • Reivindicar la cosmovisión, la cultura ancestral, el respeto de nuestros territorios para visibilizar la Agroecología campesina, en nuestras organizaciones, transformando saberes y cultura ancestral.
  • Ratificamos la campaña semillas: Patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, incluyendo los árboles nativos, animales criollos y Polinizadores.
  • Desde nuestras organizaciones de la CLOC – Vía Campesina, consideramos que el Feminismo Campesino y Popular, debe ser incluido, en las nuevas relaciones sociales de poder.
  • Promover campañas para la tierra y el territorio, la soberanía alimentaria y hacer de nuestras prácticas agroecológicas la principal herramienta para enfriar el planeta. Conservando la biodiversidad y reduciendo el impacto ambiental.
  • Fortalecer desde nuestras organizaciones, la Metodología de Campesino a campesina, en todas las prácticas agroecológicas, con una vocación al servicio de la comunidad, el territorio que reivindique la sociedad socialista para la clase trabajadora del campo.
  • Luchar por que la Agroecología y la Reforma Agraria Popular, sean las bases de la construcción de la Soberanía Alimentaria y por el ideal de una vida llena de historia y creatividad, que nos lleve a lograr los cambios sociales hacia una forma de vida armónica con la naturaleza, independiente del mercado global y destinada a establecer relaciones horizontales de poder y por la emancipación humana.

¡Internacionalicemos las luchas, internacionalicemos la esperanza!

CLOC-VC

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_agroecologia_un_modo_de_vivir_luchar_y_resistir_contra_el_capitalismo