Qué Economía

Julio 2018

Con objetivos lucrativos de corto plazo pisoteando la Amazonía y sus pueblos originarios.

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda sin fronteras, dejar de confiar nuestro destino común en líderes y aprender que nuestra autodeterminación como pueblos exige atender los sentidos y contenidos de las luchas indígenas. Porque hoy disputamos territorios con el capitalismo. Nos reclama dejar de priorizar el avance de las fuerzas productivas para centrarnos en nuevas relaciones sociales, entre nosotros y con la Naturaleza. Veamos el conflicto por el Tipnis no se reduce a la voluntad de permanecer en un lugar geográfico. En efecto:

"El TIPNIS es el resultado de la construcción y la dinámica de acumulación de conocimientos, vivencias colectivas e individuales, prácticas de producción y manejo de los recursos abundantes y escasos y de la regulación de las relaciones sociales a través de normas internas que se resumen en las estrategias territoriales ahora visibles.

En consecuencia, con lo que se dan de bruces los funcionarios del gobierno, no son simplemente comunidades resistiendo un evento electoral, que fácilmente podría resolverse con la distribución de espejuelos, computadoras y motores, como esperaban concretar los planificadores de la consulta en las comunidades de Santa Clara y San Pablo. Con lo que se encontraron las brigadas gubernamentales fue un territorio con identidad, cuyos actores, los pueblos que lo habitan, están decididos a defender su historia, su pasado, su presente y también su futuro.

Por esto, resulta extraordinariamente torpe el decomiso de las radios a dos comunidades del TIPNIS que rechazaron la consulta tardía".

TIPNIS: ¿destruyendo los vínculos comunicativos del territorio?
4 de septiembre de 2012

 

Por Patricia Molina

El territorio es al espacio lo que la conciencia de clase es a la clase, algo que se integra como parte de si mismo, es decir, que estamos dispuestos a defender. (Brunet, Ferras et al, citado por Mazurek en Espacio y Territorio)

El choque de bruces que se está dando el gobierno del presidente Morales en el TIPNIS, por su insistencia en llevar adelante una consulta post proyecto carretero, desinformada y sin consensos con las organizaciones indígenas como estableció el Tribunal Constitucional, lleva a pensar que cuando eliminaron el Viceministerio de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación, los administradores gubernamentales también borraron de su léxico y de sus políticas, el concepto de Territorio.

Hubert Mazurek, investigador del IRD y docente de la Maestría de Geografía Humana de la UMSA, concibe el territorio como construcción social con base en los actores y retoma la definición de Maryvoone Le Berre: “El territorio se define como la porción de la superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales" (Mazurek, 2006. Espacio y Territorio, UPIEB-IRD).

Bajo estos conceptos, El TIPNIS es realmente un territorio producto de la actividad de los pueblos yurakarés, chimanes y mojeños que lo habitan. Ellos tienen una historia de persecución, que data de más de un siglo atrás, cuando escapaban de las reducciones y posteriormente del enganche cauchero, cuando huyen de los comerciantes, de los jatateros o colonos, en la actualidad. Esos pueblos indígenas se apropiaron del territorio, construyendo una identidad asociada al manejo de un espacio con características naturales muy particulares. La presencia de la Cordillera y los ecosistemas que crea en su abrupta caída, la altísima pluviosidad, -la mayor del país-, la vinculación territorial relacionada con la navegabilidad de los ríos, todo ello sumado a las presiones externas, fueron intensificando los intercambios y relaciones sociales e interétnicas, dentro y fuera del territorio. El TIPNIS es el resultado de la construcción y la dinámica de acumulación de conocimientos, vivencias colectivas e individuales, prácticas de producción y manejo de los recursos abundantes y escasos y de la regulación de las relaciones sociales a través de normas internas que se resumen en las estrategias territoriales ahora visibles.

En consecuencia, con lo que se dan de bruces los funcionarios del gobierno, no son simplemente comunidades resistiendo un evento electoral, que fácilmente podría resolverse con la distribución de espejuelos, computadoras y motores, como esperaban concretar los planificadores de la consulta en las comunidades de Santa Clara y San Pablo. Con lo que se encontraron las brigadas gubernamentales fue un territorio con identidad, cuyos actores, los pueblos que lo habitan, están decididos a defender su historia, su pasado, su presente y también su futuro.

Por esto, resulta extraordinariamente torpe el decomiso de las radios a dos comunidades del TIPNIS que rechazaron la consulta tardía: Nueva Esperanza y Pampita, hecho denunciado por el expresidente de la Subcentral TIPNIS, Adolfo Moye. El decomiso ocurrió justo cuando el mundo se aprestaba a celebrar el Día Mundial de los Pueblos Indígenas, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994 y que en el 2012 se concentró en el tema: «Medios de comunicación indígenas: empoderando las Voces Indígenas».

 

Mientras a nivel mundial se desplegaban esfuerzos para destacar la importancia de los medios de comunicación indígenas en el combate de los estereotipos, la proyección de su identidad, la comunicación con el mundo exterior y su capacidad para influir en la agenda política y social, y el Relator Especial de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, enfatizaba su importancia para el mantenimiento de las lenguas indígenas, así como para el ejercicio y defensa de sus derechos, y porque “pueden reducir la marginación y la mala interpretación de sus propias voces”, en Bolivia el gobierno desmantelaba las radios de dos comunidades del TIPNIS con el propósito de evitar que sus voces se amplifiquen.

 

Los pueblos indígenas están utilizando cada vez más los medios de comunicación y las redes sociales para dar a conocer y defender los derechos que están amenazados principalmente por actividades relacionadas con industrias extractivas y megaproyectos que tienen lugar en los territorios indígenas. Para ello precisan de los instrumentos de comunicación: radios de comunicación, acceso a telefonía e internet para informarse e informar, para apoyarse mutuamente, para movilizar información externa e interna, apoyar la producción, la organización, la acción social, en fin, fortalecer los vínculos comunicativos del territorio.

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, señaló que dejar sin radios a las comunidades de Nueva Esperanza y La Pampita del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es coartar el derecho a la información que tienen los pobladores del lugar. “Es contrario al derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía, también contrario a la posibilidad de ejercitar su libre albedrio sobre la base de una opinión bien informada” (Erbol).

El caso llegó a su extremo con el comunicado del SERNAP, la institución nacional encargada de velar por la protección de las áreas protegidas en el que asegura que las radios son de su propiedad absoluta y que ninguna comunidad puede reclamarlos. Como si las radios y los campamentos de guardaparques no estuvieran alojados en un territorio titulado, en comunidades que los acogen, les prestan apoyo en su trabajo, les dan techo, alimento y sobre todo, han sido, desde que existe el SERNAP, la punta de lanza de la defensa territorial frente a las amenazas a la conservación de las áreas protegidas.

Tendrían que informarse los ministros, viceministros y todo el gabinete, que en los territorios indígenas, la gestión del área protegida es de coadministración, por tanto no hay propiedad institucional exclusiva. Los recursos pertenecen a la Coadministración SERNAP/organización indígena.

¿Quitarles las radios a las comunidades indígenas? ¿Sinsentido, exabrupto, extremo de desconsideración, abuso de poder? Remembranzas del pasado cuando el autoritarismo pretendía que a base de represión e incautando los medios de comunicación –entonces en manos de los sindicatos mineros– se podían acallar las voces que exigían la vigencia de derechos y reclamaban por la democracia. La historia ha demostrado que esos propósitos han sido derrotados.

FOBOMADE Leer

 

Observemos que el gobierno progresista de Evo Morales-Álvaro García Linera se esmera en imponer el desarrollo del capitalismo local del mundializado sin importar la consiguiente devastación y desaparición forzada de pueblos originarios.

 

 

Bolivia: Levantan intangibilidad del Tipnis

para construir una carretera.

14 de agosto de 2017

El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, retiró la protección especial al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y busca la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos.

 

Por Roger Tunque

Cabe señalar que el territorio indígena fue declarado intangible, mediante la Ley 180, por el mismo mandatario el 24 de octubre de 2011, luego de una protesta de tres meses.

La nueva norma, denominada Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Tipnis, que reemplazará a la Ley 180, fue aprobada el 3 de agosto por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y su objetivo es levantar la intangibilidad del territorio indígena.

El artículo 9 del proyecto de ley, en relación a la articulación e integración señala que “la apertura de caminos vecinales, carreteras, sistemas de navegación fluvial o aérea y otras, se diseñarán de manera participativa con los pueblos indígenas debiendo cumplir la normativa ambiental vigente”.

Sin embargo, durante una entrevista que ofreció el mandatario boliviano al diario El Deber, señaló que la vía se hará con o sin él, ya que considera que un “proyecto de integración”.

Por su parte, el monseñor Sergio Gualberti, de la Catedral de Santa Cruz, afirmó durante su homilía que se trata de una “ley impuesta con prepotencia y sin diálogo” y que el impulso del desarrollo en el Parque, parecería más un “pretexto que una respuesta a las necesidades”.

Asimismo, Gualberti señaló que el verdadero desarrollo no puede darse a costa de conflictos sociales, por lo que llamó a proponer con urgencia planteamientos desde el ámbito ecológico, social y ético.

“Queda la esperanza de que los senadores actúen a consciencia y sin presiones, escuchando el clamor de la tierra y de los verdaderos indígenas del Tipnis, promoviendo una cultura amplia y participativa de la ciudadanía”, puntualizó.

 

Territorio indígena

El Tipnis, es un área protegida, creado como Parque Nacional el 22 de noviembre de 1965 mediante el Decreto 7401 y declarado Territorio Indígena el 24 de setiembre de 1990, como consecuencia de las luchas de reivindicación de los pueblos indígenas de la región.

Además se ubica entre los departamentos de Cochabamba y Beni, y forma parte del Corredor Biológico de Conservación Madidi-Amboró.

Asimismo, el área pertenece, legal e históricamente a los pueblos mojeño, yurakaré y tsimán, agrupados en 64 comunidades. Sin embargo, la amenaza por parte de los colonos ha generado conflictos por el uso de la tierra.

Servindi  Leer

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En 2018 sigue la defensa del TIPNIS en Bolivia

2 de enero de 2018

Actualmente las organizaciones indígenas y sociales de Bolivia opuestas a que se construya una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional TIPNIS, piden una moratoria a su construcción, a la construcción de puentes y a la exploración de hidrocarburos en el Tipnis y sus cercanías.

FIRMAR LA PETICIÓN

El gobierno boliviano está reviviendo el controvertido plan de construir una carretera que dividiría en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional conocido como TIPNIS. Esta selva constituye un patrimonio a defender para Bolivia y el mundo. Firma la petición pidiendo al presidente boliviano que respete el TIPNIS.

 

Cada año desaparecen en Bolivia importantes superficies de bosques. Con el avance de la palma aceitera y cultivos industriales de soja y maíz y los pastos para ganado, la deforestación continúa a ritmo preocupante.

Con más de un millón de hectáreas, el Territorio Indígena y Parque Nacional TIPNIS alberga una importante biodiversidad y cumple una función ambiental hídrica y forestal fundamental a nivel local y de toda la cuenca amazónica. Está habitado por pueblos indígenas yuracaré, moxeño trinitario y tsimane.

El proyecto de la carretera por el TIPNIS ya había sido descartado en 2014 por las numerosas críticas que recibió desde dentro y fuera del país. El TIPNIS contaba desde entonces con una ley específica que la declaraba zona intangible (Ley 180). El gobierno la derogó este mes de agosto, motivando muchas protestas.

En su lugar, promulga ahora una nueva Ley 969 que elimina la intangibilidad y permite la construcción de una carretera en el área.

 

Decididos a defender el TIPNIS:

“La defensa del TIPNIS es un problema de todos. Ya no solamente de quienes viven en el TIPNIS. Es un problema nacional como también internacional”, dice en declaraciones Ademar Mole Presidente de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPEM B) quien añade “acudiremos a todas las instancias legales para poder hacer la defensa del parque Isiboro Sécure” (ver aquí).

Organizaciones indígenas del TIPNIS, bolivianas y amazónicas piden “defender la integridad de los territorios indígenas, áreas protegidas, bosques y aguas amenazados” de manera firme desde 2012 .

Por favor, pide al presidente Evo Morales que respete el TIPNIS y a la Organización Internacional de Trabajo OIT que analice el proceso de consulta previa para que se pueda garantizar la aplicación del Convenio 169 sobre consulta previa. Firma la petición.

FIRMAR LA PETICIÓN

Salva la Selva Leer

 

 

Pensemos el Kirchnerismo nos posibilitó descubrir a izquierdas políticas e intelectuales en su conciliación con el capitalismo. Evo Morales, Álvaro García Linera y el MAS como José Mujica o Daniel Ortega han preferido los negocios de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales aprovechando su poder político. No sólo vuelven la espalda al imperativo de cambios estructurales sino que profundizan el subdesarrollo e impiden la autodeterminación de los pueblos.

 

 

El TIPNIS y la tozuda obsesión contra la naturaleza

y los derechos indígenas.
2 de agosto de 2017

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

Parece como si existiese una misteriosa fuerza que muy a pesar de los signos en contrario, se empeñara tercamente en impulsar su (propia) destrucción.

Desde el mes de agosto del año 2011 cuando se inicia la VIII Marcha de pueblos indígenas en contra de la construcción de una carretera por el corazón del territorio indígena y parque nacional, el caso del TIPNIS se ha convertido en un hito referencial de profundas implicaciones en diversos ámbitos.

Refutando lo que se espera para un gobierno autodefinido como “revolucionario”, los acontecimientos sucedidos delatan un momento de quiebre para su imagen e identidad política. Marcan el uso de la fuerza y la violencia represiva como respuesta a las legítimas y justas demandas indígenas en defensa de sus derechos conculcados; la clara defección y traición a sus propios postulados relacionados con el Estado plurinacional, a la protección de los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas; así como su indisimulada voluntad por imponer un modelo extractivista y desarrollista, cuya mayor expresión autoritaria se ha patentizado en la frase presidencial del “quieran o no quieran” que pronunció como anuncio y amenaza.

Es decir, que a la luz de los enormes costos políticos que contrajo, pero sobre todo por la gravedad de las medidas que el gobierno decidió adoptar para imponer la carretera; el TIPNIS marca mucho más que el terco empeño por hacer prevalecer intereses de inversión internacional comprometida o, como se ha dicho, hacer realidad un antiguo anhelo de vinculación carretera (aun a costa de partir por la mitad un área protegida).

De lo que se trata a fin de cuentas, es más bien imponer (así sea a la fuerza), un modelo económico desarrollista y extractivista, nada menos que partiendo el corazón (literal y simbólicamente), en el centro del país y de los propios pueblos indígenas del Estado Plurinacional. Y como si eso no fuese suficiente, el TIPNIS y las comunidades indígenas no sólo se verían amenazados por todas las consecuencias y efectos negativos (para la naturaleza, la biodiversidad, la cultura, e inclusive la acumulación de desperdicios y la enorme contaminación) que contrae la construcción y apertura de carreteras, sino por la expansión de la producción de coca.

 

Debe mencionarse que (no pudiendo entenderse como un hecho casual), la superficie “legal” de cultivo ha sido recientemente ampliada en la nueva ley de la coca (impugnada como anticonstitucional), y cuyos principales productores “excedentarios” y principales proponentes de una ley que busca anular la ley 180 de protección del TIPNIS, son nada menos que colindantes con el territorio indígena y parque nacional.

 

Los nuevos factores de atropellamiento e imposición 
 

Desde el 2011 han pasado prácticamente 6 años, y a pesar de haberse promulgado la ley 180 de protección del TIPNIS, donde se prohíbe expresamente la construcción de la carretera, se establece la intangibilidad y la prohibición de asentamientos humanos ilegales y ocupaciones de hecho ajenos a los titulares del territorio; sin embargo, no han cesado los intentos por deshacer aquello que aprobaron y promulgaron con propia mano.

Reafirmando aquella terca e intimidante expresión del presidente Evo Morales en sentido de que la carretera por medio del TIPNIS se construiría “quieran o no quieran”, y que desde entonces se ha convertido en una de las peores amenazas para la vida de las comunidades indígenas que lo habitan, así como para la conservación de las culturas, la naturaleza y la biodiversidad que encierra dicho territorio amazónico; en recientes días el país se ha visto ingratamente sorprendido ante el nuevo intento por revivir dicho proyecto que fue repudiado y rechazado por el pueblo boliviano en reiteradas ocasiones.

 

Amparados y fortalecidos por nuevas y recientes declaraciones presidenciales que reiteraron su voluntad de llevar adelante tan nefasto proyecto, pero sobre todo por la aprobación de la nueva ley de la coca que autoriza y permite ampliar más la extensión de la superficie destinada a dicho cultivo en el Chapare (cosa que exacerbará la presión para que dichos cultivos se realicen precisamente dentro del TIPNIS, en vista de la inocultable como antigua pretensión de los colonizadores que se encuentran asentados en el mismo lugar); es que en esta ocasión se ha puesto en marcha un nuevo intento para efectivizar semejante despropósito.

El proyecto de ley que ha sido puesto en consideración de la Asamblea Legislativa, no solo ha sido impulsada interesadamente por asambleístas del oficialismo y colonos asentados en el Polígono 7 (cuyas comunidades expresamente decidieron apartarse del territorio indígena y constituirse como entidades individuales ajenas durante el proceso de saneamiento de tierras), por lo que no tienen ninguna legitimidad ni representatividad legal sobre el TIPNIS; sino que actúan a espaldas del país, van en contra de los innumerables pronunciamientos de la sociedad civil, e inclusive desconocen las resoluciones y determinaciones expresas de sus autoridades originarias y sus organizaciones legítimamente representativas. Las mismas rechazan completamente el tratamiento y aprobación de ese proyecto de ley eufemísticamente denominado como ”protección y desarrollo integral del TIPNIS” .

 

Las irregularidades no se limitan únicamente a ello. También se pretende legitimar y hacer prevalecer como legalmente válidos y favorables los resultados distorsionados de la consulta, el procedimiento seguido y el propio protocolo de consulta a los pueblos indígenas. Debe destacarse que el proceso de consulta, su aplicación amañada y claramente distorsionada, ya han sido denunciados en los informes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), así como de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el año 2013. Es más, su total invalidez también han sido corroborados como resultado del análisis de los propios informes oficiales del gobierno, que se han plasmado en el Informe Final del proceso de consulta efectuado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2012) y el Informe de Observación y Acompañamiento de la consulta realizado por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del mismo año 2012.

La impugnación y rechazo de los resultados de la consulta que pretenden ser mostrados como favorables, se explican porque el proceso seguido claramente incumple los estándares internacionales y legales mínimos de consulta. Es decir, que no ha sido libre, previa, informada, de buena fe y con procedimientos propios de los pueblos indígenas. Ello se corrobora con el protocolo amañado que fue utilizado y que con seguridad pretende convertirse en un precedente que avale otros procesos de consulta a los pueblos indígenas en el país.

Por otra parte, también es imposible dejar de impugnar y rechazar el intento que, bajo el argumento de “protección y desarrollo del TIPNIS”, pretende imponer una visión y un enfoque ajeno y totalmente contrapuesto a la forma de vida y el tipo de relacionamiento que las comunidades indígenas del TIPNIS tienen con la naturaleza y su entorno, porque claramente se pretende asimilarla, supeditarla y hacerla funcional al modelo depredador de carácter extractivista y desarrollista que impulsa el gobierno, y cuyo enfoque es respaldado y busca ser generalizado en el TIPNIS por los productores de coca del Chapare.

Tal es el despropósito, que el proyecto de ley tiene un indisimulado carácter colonial, paternalista e impositivo. Por ejemplo y yendo totalmente en contra de su misma exposición de motivos donde se cita al Art. 307 de la Constitución Política [i] / para fundamentar la necesidad de la ley, no se les ocurre mejor idea que bajo el nombre de “desarrollo integral y sustentable”, se busque imponer un modelo extractivista (con “aprovechamiento y participación de privados” o “acuerdos y distribución de ganancias”, por ejemplo), que es totalmente ajeno a los principios, prácticas y cosmovisión de los pueblos indígenas. Para reforzar el indisimulado intento colonial y de sometimiento, también se incluye una disposición transitoria única en la que “se establece un plazo de 180 días para la elaboración del plan de protección del TIPNIS, el plan integral de transporte del TIPNIS y la agenda del desarrollo para el Vivir Bien de los pueblos indígenas del TIPNIS de acuerdo a los resultados de la consulta. En tanto se aprueben estos documentos, serán aplicables los instrumentos de planificación y manejo del TIPNIS, siempre que no contradigan lo establecido en la presente ley y los acuerdos resultado de la consulta”. Es decir, que no solo se desconoce y anula los propios instrumentos de planificación y desarrollo que las comunidades indígenas han elaborado y utilizan bajo su propia cosmovisión y cultura, sino que buscan imponer 3 instrumentos ajenos a la propia normativa vigente.

 

No es menos llamativo el contenido del Art. 11 del proyecto de ley referido a la “transferencia y conocimiento y tecnología”, donde se señala textualmente: “el aprovechamiento de los recursos naturales renovables deberá permitir la transmisión de conocimientos y transferencia de tecnología de los privados a favor de los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS como requisito indispensable para la suscripción de acuerdos y asociaciones”, en una muy clara actitud colonial de supremacía y dominación “de los privados” (como si los pueblos indígenas no tuviesen ninguna otra capacidad que no sea la de recibir y asimilar “conocimiento y tecnología” que viene de fuera).

 

En fin, observando integralmente la problemática, el TIPNIS constituye otro caso emblemático (junto al Bala-Chepete, Tariquía, Rositas, Takovo Mora, Energía atómica, etc.), de la obsesiva intención por llevar adelante un modelo extractivista y desarrollista, frente al expreso rechazo y resistencia del conjunto de la sociedad civil, las comunidades indígenas y los movimientos populares, que luchamos por construir una relación armoniosa y no depredatoria con la naturaleza, los recursos naturales y el entorno socioambiental en el que convivimos todos.

 

Ya no se trata de un caso aislado de defensa de algún área protegida, un derecho humano, o contra algún proyecto extractivista en particular; sino de la convicción y lucha por evitar la destrucción, la explotación salvaje y los daños irreversibles que se producen contra la naturaleza y las condiciones materiales que permiten la vida de todos. Es decir, se encuentra en juego el futuro del país por la terca intención gubernamental de imponer y hacer prevalecer su modelo, muy a pesar de los evidentes y graves daños que el pueblo ha tenido que soportar y continúa sufriendo.

 

Esta tozuda obsesión contra la naturaleza, los derechos humanos y de los pueblos indígenas,  está poniendo en juego la destrucción misma de las bases materiales de la vida y la naturaleza en nuestro país. En vista de la gravedad y consecuencias que ello implica, es hora de que el gobierno se dé cuenta de la magnitud de las decisiones de este tipo y dé marcha atrás. 
Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229800

 

 

Recuperemos los valores y principios revolucionarios de cuantos lucharon por hacer posible que los pueblos se emancipasen. La sensibilidad a que el Che convocaba hoy nos debe suscitar posicionarnos junto a los Mapuche y a quienes defienden el Tipnis. "Se trata de una de las reservas hídricas más importantes del país. En el Tipnis existen alrededor de 402 especies de flora y 714 especies de animales. Toda esa biodiversidad está en riesgo". Rupturas de equilibrios ecológicos que repercuten tanto en la Argentina como en muchos otros países e incluso sobre el planeta.

 

La lógica del capital es de corto plazo y criminal. Sustituye construcciones históricas de siglos por cultivo de coca, agrocombustibles y extracción petrolera dejando gravísimas e irreversibles consecuencias.

 

 

Siete bloques de exploración petrolera rodean al Tipnis

28 de agosto de 2017

Enid López Camacho

 

 

El Tipnis no se salva del extractivismo. Siete bloques cedidos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) para exploración petrolera rodean el área protegida, según una investigación que realizó el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

De las siete áreas, el bloque Sécure (dividido en dos) atraviesa completamente el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), mientras que el bloque denominado Río Hondo afecta uno de sus extremos. El parque posee una superficie de 1.225.347 hectáreas, de las que 427.778 aproximadamente están comprometidas para la exploración hidrocarburífera. 

El resto de los bloques Santa Catalina z19, Santa Catalina z20, San Ignacio y Litoral están en torno al área protegida.

“El tema concreto del Tipnis es que hay muchos intereses que la carretera permitiría que se viabilicen de alguna forma, el ingreso de madereros, de colonizadores, de operadores petroleros. Hay muchos intereses en el territorio”, afirmó el investigador del Cedib, Jorge Campanini.

Sobre el tema, el vicepresidente del Estado, Álvaro García, indicó que en la lista de proyectos priorizados para la exploración petrolera aún no figura el Tipnis, pero que “algún rato tendremos que entrar a las áreas protegidas”.

Por su parte el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, indicó que en los próximos meses se “subastará” las áreas cedidas a YPFB.

“Con el anuncio que hizo el ministro, estas áreas son licitables; es más, serían licitadas (…) cualquier actividad intensiva, extractiva como vendría a ser un proyecto petrolero (…) se espera un fuerte impacto social y ambiental”, afirmó Campanini. 

Por su parte, Sarela Paz indicó: “Todas estas comunidades para acercarse al tramo carretero tendrían que arribar el río, lo que quiere decir doble tiempo y doble gasto en gasolina. Ninguna de estas comunidades en su sano juicio va a tomar esta carretera porque si tendría que salir con un enfermo, (...) si yo vivo por el río Ichoa, para llegar a la carretera necesito tres días”, afirmó.

Según la ficha técnica del Tipnis, se registraron 402 especies de flora y se estima la existencia de 3.000 especies de plantas superiores.

 

Potencial hídrico

Según el investigador de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Roger Carvajal, la zona más húmeda del país es el Tipnis, donde se generan alrededor de 6 mil milímetros cúbicos de agua por año.

"Si esta parte se elimina (el Tipnis) y no hay quien haga el lecho para que suba (el agua) y no hay quien bombee a la altura, debemos esperar  que en la medida que pasa el tiempo y pase la deforestación también bajen los caudales de agua”, dijo.

Añadió que la biodiversidad más grande del país se distribuye entre el Tipnis y el Madidi, dos áreas protegidas importantes para el país. “Esa riqueza en conocimiento del manejo de la biodiversidad por parte de los indígenas está en peligro, porque se están prefiriendo otras riquezas que en este caso es madera, petróleo, coca”, afirmó.

 

EL RASTRO QUE DEJÓ REPSOL

El bloque de exploración petrolera denominado Sécure estaba en manos de la empresa brasileña Repsol en 1997. La firma realizó trabajos previos de sísmica en dos oportunidades, pero se vio obligada a retirarse debido a la resistencia de las comunidades indígenas.

Según relata el investigador Marc Galvadá en su libro “La Recolonización. Repsol en América Latina: Invasión y Resistencia”, la amenaza de la empresa Repsol se materializó con la apertura de 1.000 kilómetros de líneas sísmicas y “algunas irregularidades de la compañía”.

Relata que en una investigación de campo verificó que, en 1998, la empresa ingresó de nuevo al territorio deforestando los márgenes del río Isiboro para que puedan aterrizar helicópteros y entregando “cuatro becas escolares a la Subcentral Tipnis en Moxos, como única compensación”.

Afirma que en marzo de 1998, los indígenas se organizaron por turnos y bloquearon el acceso a 200 trabajadores de Repsol que tenían un campamento instalado en Isinuta. En un informe del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente citado en la investigación, señala que existe un incumplimiento de convenios, tráfico de animales e infracciones a la normativa ambiental durante la construcción y posterior abandono de 260 kilómetros de líneas sísmicas. 

En 2012, dirigentes de entidades cívicas exigen que el entonces presidente de YPFB, revele por cuánto se firmó el contrato con la empresa brasileña.

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Base legal: Fue creado como Parque Nacional mediante Decreto Supremo (DS) 7401 del 22 de noviembre de 1965 y declarado Territorio Indígena a través del DS 22610 del 24 de septiembre de1990, como producto de las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas de la región.

Categoría de manejo: Parque Nacional y Territorio Indígena.

Extensión: Tiene una superficie aproximada de 1.236.296 hectáreas (12.363 kilómetros cuadrados).

Ubicación: Está ubicado entre los Departamentos del Beni (Provincia Moxos) y de Cochabamba (Provincia Chapare). Los municipios involucrados son San Ignacio de Moxos y Loreto en el Beni, y Villa Tunari y Morochata en Cochabamba.

Cómo llegar al área: Por la carretera Cochabamba–Santa Cruz se ingresa desde Villa Tunari por una ruta secundaria hacia el Norte. Desde Trinidad, pasando por San Ignacio de Moxos y San Lorenzo, se llega hasta la comunidad de Santo Domingo sobre el río
Sécure. También se puede ingresar por vía fluvial desde Trinidad por el río Mamoré y luego el Isiboro. Para ingresar por vía aérea, existen pistas establecidas en Asunta, Oromomo, Puerto San Lorenzo, Centro de Gestión y Santísima Trinidad.

La gestión del parque se realiza bajo la modalidad de administración compartida, mediante convenio del 24 de julio de 1997 con la Subcentral indígena del Tipnis.

 

En el Tipnis existen 402 especies de flora, según su ficha técnica.

 

3.000 especies de plantas superiores se encuentran en el área protegida.

 

1,2 millones de hectáreas es la superficie total del área protegida  que  forma parte de Cochabamba y Beni.

Fuente: http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170828/siete-bloques-exploracion-petrolera-rodean-al-tipnis

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Indígenas: Camino por el Tipnis ayuda a petroleras



Indígenas de tierras bajas denunciaron que el Gobierno alienta el proyecto carretero por el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), para facilitar el ingreso de empresas petroleras que provocarían daños irreversibles a la biodiversidad. Hoy, en una reunión que se efectuará en esta área protegida, decidirán las medidas que asumirán para evitar la flexibilización de las normas de protección ambiental

Esta versión fue respaldada por la socióloga ecologista Sarela Paz, quien en una entrevista con Erbol dijo que la necesidad de la apertura de la vía por el Tipnis no simplemente responde a la expansión de los cultivos de la hoja de coca, sino fundamentalmente a una explotación de los recursos petrolíferos. La ejecución de ambas actividades requiere de carreteras.

“Los caminos permiten acceder a las zonas a las cuadrillas que van haciendo sísmica y explotación. Las transnacionales petroleras consideran que la inversión en infraestructura es un tema de los Estados (…). El camino estratégico (servirá) para acceder a la zona subandina del Tipnis y el territorio indígena Tsimane, (la localidad paceña de) Covendo y Alto Sécure, porque hay una franja de bosque que no está intervenida”, afirmó.

El presidente de la Sub Central del Sécure, Emilio Noza, lamentó la decisión del Gobierno de efectuar la explotación de los recursos hidrocarburíferos en los parques y ratificó que el proyecto de la carretera por el parque favorecerá a las petroleras. 

“Lo que apunta la construcción de la carretera, es justamente por el número 19, la parte alta del Sécure, que estaría pasando a la vez por encima del pozo petrolero (proyectado). Entonces, la construcción de la carretera (por el Tipnis) favorecería para la explotación de petróleo, que tienen mucho interés”, argumentó.

En tanto, Aurelio Ambrosi, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), dice que la decisión del Gobierno de explorar gas en áreas protegidas viola la Carta Magna promulgada el 2009. 

“Manifestamos que una vez más el Gobierno está violando la Constitución y el carácter de la plurinacionalidad (con la decisión anunciada). Estamos analizando con varias autoridades y hacemos conocer nuestra protesta oficialmente, pero esperamos la V Cumbre. Ahí seguramente vamos a hacer la denuncia internacional”, sostuvo.

De acuerdo a información gubernamental y estudios realizados, el eje subandino de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia tiene energía fósil, en especial nuestro país y Perú son estratégicos para la transnacional brasilera Petrobras, porque el resto ya definió las exploraciones y las empresas que realizarán el trabajo, explicó la socióloga Sarela Paz y agregó que están dentro de los planes de exploración los parques Madidi, Pilón Lajas y Tipnis, habitados por pueblos indígenas. 

Alistan pronunciamiento sobre proyectos de YPFB La presidenta de la Central de los Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (Cpembe), Bertha Bejarano, informó que hasta el martes tendrán listo un pronunciamiento oficial de los pueblos que viven en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) sobre el anuncio efectuado por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, respecto a la flexibilización de las normas para garantizar la exploración petrolera. Garantizó que los pueblos indígenas asentados en esta área protegida rechazarán esta posibilidad, pues el ingreso de petroleras a su territorio prácticamente acabaría con sus usos y costumbres.

Por otro lado, el presidente de la Sud Central del Sécure, Emilio Noza, señaló que podrían producirse hasta cuatro nuevas consultas sólo para la construcción de la carretera por el Tipnis, porque la “consulta post” realizada por el Gobierno, anteriormente, no fue de buena fe, sino “prebendal”. 

La socióloga Sarela Paz también expuso que el Gobierno debe efectuar una consulta previa verdadera y de buena fe en el Tipnis para proyectos de construcción de carretera y explotación de gas. 


http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20130527/indigenas-camino-por-el-tipnis-ayuda-a-petroleras_214520_461407.html

Fuente: http://www.energiabolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=675:indigenas-camino-por-el-tipnis-ayuda-a-petroleras&catid=54&Itemid=172

 

En consecuencia, como la antropóloga Sarela Paz nos explica:"Es claro que el modelo indígena basado en una economía étnica amazónica y amalgamado a un uso y aprovechamiento sostenible de los recursos expresado en los planes de manejo que impulsaron los indígenas y miembros del SERNAP, entra en coalición con las propuestas de desarrollo del gobierno de Evo Morales. Éste se vuelve cada vez más dependiente en sus ingresos fiscales de los rubros primario exportadores en minería e hidrocarburos y, a la vez, vuelve más dependiente de dichos ingresos los programas sociales que viene llevando a cabo[19]. La segunda gestión del presidente Evo Morales marca claramente el desplazamiento en la política económica, las iniciativas extractivas primario exportadoras se han vuelto razones de Estado, nadie las puede discutir y menos interrumpir en su desenvolvimiento. Los indígenas del TIPNIS al oponerse que la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos pase por el área núcleo del territorio y parta en dos el área protegida, básicamente se han opuesto a los planes de política extractivista que tiene el gobierno y a los planes de creación de infraestructura que reducen costos y tiempo a los modelos extractivos primario exportadores. En ese contexto, los modelos de desarrollo comunitario de los indígenas del TIPNIS se han convertido en propuestas que son perseguidas políticamente. Se han suspendido los proyectos de ecoturismo, forestales y de aprovechamiento de cuero de saurios a título de que el TIPNIS es intangible; sin embargo, las iniciativas de los productores de hoja de coca dentro del TIPNIS no han sido tocadas".

 

La marcha indígena del TIPNIS en Bolivia y

su relación con los modelos extractivos de América del Sur

30 de marzo de 2012

 

Por Sarela Paz, antropóloga

 

Iniciando la década del 2000, en Cochabamba, la tercera ciudad de Bolivia, se desencadenó una movilización espontánea realizada por los habitantes de la ciudad y sus regiones aledañas, movilización producida ante el intento del gobierno de Sánchez de Lozada de concesionar a una transnacional  las aguas de la cordillera que abastecen al valle interandino que cobija la mencionada ciudad . Dicho episodio conocido como la Guerra del Agua, abrió un ciclo de movilizaciones populares en Bolivia orientadas claramente a pensar cómo es posible desmantelar el armazón institucional neoliberal que logró la capitalización y transnacionalización de varios recursos naturales estratégicos en Bolivia (petróleo/gas/minería). 

La década del 2000, saturada de contradicciones y luchas internas en política boliviana, logró episodios de gran alance que permitieron discutir al ciudadano boliviano el futuro de recursos naturales estratégicos como gas y petróleo, agua y recursos mineralógicos. Movilizaciones y desobediencia civil marcaron el debate. Industrialización, desarrollo productivo que atienda necesidades de la población, salidas económicas más allá del capitalismo, nos hicieron pensar a los bolivianos en la posibilidad de un horizonte distinto al que habíamos ocupado secularmente en términos de la economía global. Además, el advenimiento de un presidente indígena en diciembre del 2005, inédito en la historia nacional, nos invitó a considerar seriamente las posibilidades de un cambio profundo y estructural en la sociedad boliviana.

 

Una década después se produjo la marcha indígena del TIPNIS, en los meses de agosto, septiembre y octubre del 2011. Dicha marcha mostró los caminos y senderos transitados en relación a los posibles sueños y horizontes de cambio que nos habíamos propuesto los bolivianos en la primera mitad del siglo XXI. La primera contradicción/constatación que nos mostro la mencionada marcha fue los intereses disímiles entre los pueblos indígenas respecto a cómo entender el desarrollo, la segunda contradicción/constatación que develó la marcha fue que el horizonte económico de modelo extractivo primario exportador no sólo que no había cambiado sino que se había ahondado durante la década en que los bolivianos esperábamos avanzar hacia la industrialización de los hidrocarburos, para convertirnos en algo más que un país que ofrece materias primas en el mercado global. La tercera contradicción/constatación que mostro la marcha indígena es que la dimensión política de Estado Plurinacional presenta enormes contradicciones con un modelo extractivo primario exportador, modelo que requiere para sus operaciones productivas fundamentos y bases de un Estado centralista y mono nacionalista. ¿La forma política del Estado Plurinacional puede operar bajo un modelo extractivo en la economía? ¿Es posible que los intereses del modelo extractivo primario exportador puedan coincidir con los intereses de los pueblos indígenas?.

 

El presente artículo se propone analizar el conflicto acaecido con la marcha indígena del TIPNIS en el 2011, reflexionando acerca de cómo dicha movilización muestra las paradojas que inscriben al Estado Plurinacional de Bolivia, Estado que se plantea funcionar con principios económicos y políticos plurales que quedan limitados por el horizonte de un modelo económico extractivista que hegemoniza las políticas de Estado. Ciertamente, el desafío es poder explicar la relación entre la movilización indígena del TIPNIS y la dimensión del modelo extractivista en Bolivia, lo cual supone describir las características del conflicto, los actores que están inmersos, la relación entre los actores, sus intereses, y los intereses que se ponen en juego cuando el Estado busca expandir un modelo extractivista primario exportador. En la indagación de las mencionadas variables es importante reparar en los proyectos de desarrollo que empujaron las comunidades indígenas del TIPNIS, observando cómo ellos son una salida distinta a la propuesta extractiva que domina las razones de Estado. Con dichas ideas, trazaré algunas conclusiones explicativas de lo que está aconteciendo en relación a las distintas visiones de desarrollo que nos proponen los pueblos indígenas en Bolivia y el rol que está jugando el Estado en relación a esas visiones.

 

Algunos antecedentes sobre el TIPNIS.-

El TIPNIS es un Parque Nacional y Territorio Indígena; esto es, un territorio que por razones de la historia posee una doble condición: ser área protegida y a la vez ser territorio indígena. Como área protegida opera desde el año 1965, mediante el Decreto Ley # 07401 que fue promulgado por el gobierno de René Barrientos Ortuño. Muchos se preguntaran cómo es que fue decretado un Parque Nacional en aquellos años cuando la política pública de la época se caracterizaba por un nacional populismo producto de la revolución agraria de 1952 y la ocupación –colonización– de tierras amazónicas en Bolivia. En realidad, los entretelones de la historia nos muestran a dos personas ligadas a los pueblos indígenas que habitaban en el TIPNIS, un explorador habitante del antiguo Pueblo de Todo Santos (río Chapare) Hans Hoffman y un misionero jesuita llamado padre Erik, ambos mantenían vínculos culturales y religiosos con las comunidades indígenas de la zona y coincidieron en la necesidad de que el Estado delimite un lugar de refugio para las comunidades indígenas amazónicas, puesto que la colonización proyectada en los años 50 y 60 en la zona del Chapare, implicaba la ocupación de territorio de los pueblos indígenas amazónicos.

 

¿Por qué el Estado boliviano ocupaba tierras de los pueblos amazónicos?. En la lectura constitucional profundamente nacionalista de la época, las tierras de las tribus selvícolas en realidad formaban parte de lo que se consideraba tierra fiscal; es decir, tierra de dominio y propiedad del Estado. Así, éste podía decidir acerca de su destino. Uno de los grandes proyectos estatales implementados después de la revolución de 1952 fue justamente la marcha hacia el oriente boliviano (Soruco 2008), la ocupación de tierras en los llanos amazónicos y chaqueños de Bolivia que buscaba consolidar una agroindustria exportadora en la región de Santa Cruz (caña, algodón, girasol, soya) y, a su vez, implementar planes y programas de colonización a la región de los yungas por parte de sectores campesinos andinos ya que éstos iban a verse expuestos rápidamente a un proceso de parcelación y empobrecimiento de su economía campesina (Laserna 1987). El contingente de campesinos colonizadores a los yungas bolivianos estuvo conformado por quechuas y aymaras que buscaron expandir sus iniciativas agrarias en tierras bajas y el Chapare se convirtió en uno de los lugares de destino. Proyectos camineros como el 1 y 4 programados en la primera mitad de la década del 60 que comunicaban Villa Tunari con Puerto Villarroel y apoyados por USAID, nos muestran ya un programa de penetración caminera al TIPNIS (Ver mapa Ministerio de Economía Nacional 1966)[2]. Esta es una razón fundamental para que las personas arriba mencionadas hayan gestionado la creación del Parque Nacional como un territorio destinado al refugio de las tribus selvícolas.

 

El TIPNIS como territorio indígena ha sido creado en 1990 mediante Decreto Supremo # 22619 en la gestión del presidente Jaime Paz Zamora. La aceptación de dicho territorio tiene que ver con la primera marcha indígena de tierras bajas en agosto septiembre de 1990. Las comunidades indígenas del TIPNIS, junto con comunidades indígenas de Bosque de Chimanes y comunidades indígenas del pueblo siriono, desarrollaron su demanda de reconocimiento al territorio indígena mediante el mecanismo de la marcha. Fruto de la movilización de los años 90 y la aceptación de la figura jurídica de territorio indígena, el Estado boliviano acepta suscribir el Convenio 169 de la OIT que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales, desarrollando una reforma constitucional donde se introduce la figura de territorio indígena bajo el nombre de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), figura de propiedad colectiva sobre la tierra que es reconocida a favor de los pueblos indígenas en la Ley INRA promulgada en 1996. A partir de entonces el TIPNIS es un territorio indígena legalmente constituido (reconocido por el Estado) en beneficio de tres pueblos indígenas amazónicos: los yuracares y chimanes que son pueblos que habitan la selva alta y desarrollan una economía étnica amazónica basada en una relación compleja entre caza, pesca, recolección y agricultura y el pueblo mojeño trinitario que tiene como centro territorial las regiones de bosques y sabanas inundables y que también forma parte de la economía étnica amazónica.

 

El epicentro del conflicto del TIPNIS y la marcha indígena del 2011 surge por un hecho relativo a los derechos territoriales que los pueblos yuracarés, chimanes y moxeño trinitarios tienen; esto es, el derecho propietario de su territorio que les faculta a ser consultados cuando una medida del Estado les afecte. El gobierno boliviano de Evo Morales decidió hacer una carretera que atraviese el territorio indígena del TIPNIS y que comunique dos centros urbanos intermedios como son Villa Tunari y San Ignacio de Moxos[3]. El proyecto carretero fue aprobado por el gobierno de Evo Morales en el año 2007 sin una negociación o Consulta Previa con los pueblos del territorio en cuestión. A partir de ello se desencadenó un conjunto de hechos que deterioraron profundamente la relación del Poder Ejecutivo con la dirigencia indígena amazónica y fue en el mes de abril del 2011 que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el crédito que otorgaba BNDES[4] para la construcción de la carretera, lo que devenía en el ingreso de la maquinaria de obras a la región inicial del Parque (poblado de Isinuta). En ese contexto los dirigentes indígenas del TIPNIS convocaron a un encuentro territorial, que constituye la máxima instancia de decisión interna, en la comunidad de San Pablo del Isiboro y sacaron un voto resolutivo que dice claramente que los pueblos indígenas del TIPNIS no se oponen a la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos sino que se oponen a que dicha carretera pase por el centro del territorio y lo parta en dos.

 

Considerando los elementos expuestos, uno podría creer que se trata expresamente de un conflicto entre el gobierno y las comunidades indígenas del TIPNIS. No obstante, acercándonos a las lógicas productivas del territorio lo que encontramos, en primera instancia, son dos lógicas productivas que nos muestran dos modelos de desarrollo vinculados a actores sociales diferentes y dinámicas económicas de distinta escala y, en segunda instancia, las iniciativas de un Estado que nos propone la construcción de un camino como parte de una propuesta de desarrollo interdepartamental pero sin hablarnos claramente de los vínculos que hay entre sectores que componen las articulaciones de poder dentro del gobierno de Evo Morales y los modelos de desarrollo que se desenvuelven en el TIPNIS, menos aún de cómo la carretera en cuestión forma parte los planes de explotación petrolera que tiene el gobierno boliviano y los planes de desarrollo de infraestructura que están liderizados por el Brasil a través del plan Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA).

 

Lógicas de desarrollo y pueblos indígenas.

-¿Cuáles son las dos lógicas productivas y de desarrollo que se han puesto en juego en el conflicto del TIPNIS y que forman parte de los actores que viven dentro de él? Retomando el Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica que se realizó entre marzo y julio del 2011 por encargo del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas-perteneciente al Vice ministerio de biodiversidad)[5], en el TIPNIS es posible identificar dos lógicas o modelos de desarrollo que expresan visiones indígenas distintas y se vinculan de manera diferente con las propuestas de desarrollo que impulsa el gobierno boliviano de Evo Morales.

  • Por un lado, una lógica económica que tiene sus bases materiales en la economía étnica amazónica de las comunidades indígenas yuracares, chimanes y moxeño trinitarias y que se desenvuelve en base a un eje: el uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque de forma colectiva. Ciertamente, la economía étnica de las comunidades indígenas opera bajo una esfera de economía de subsistencia donde se amalgama otra esfera de economía comunitaria que tiene que ver con el aprovechamiento sostenible de los bienes del bosque con fines de vinculación comercial.

  • Por otro lado, una lógica económica que tiene bases materiales en la economía de producción de hoja de coca que es impulsada por los colonizadores andinos, quechuas y aymaras, quienes migraron a la región como fruto del programa de ocupación a tierras bajas del Estado nacional populista pos 52 y que se desenvuelve en base al eje de: uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque en forma individual. Este modelo económico prioriza en el contexto bosque un bien mayor: la tierra. Bosque convertible en tierra cultivable para la hoja de coca. Su producción tiene un destino exclusivamente comercial, la venta de hoja de coca.

Detallemos lo que significa el modelo de desarrollo que se desenvuelve en el seno de las comunidades indígenas amazónicas. La economía étnica que forma la base productiva y reproductiva de las comunidades indígenas yuracares, chimanes y moxejo trinitarias tiene bases en actividades tradicionales de caza, pesca, recolección y agricultura. Los tres pueblos indígenas realizan las cuatro actividades con sus matices. Por ejemplo, las familias indígenas yuracares y chimanes desarrollan agricultura en la selva alta y se caracterizan por sostener una agricultura de carácter agroforestal; en cambio, los mojeño trinitarios han desarrollado más destrezas agrícolas en la región de los bosques inundables, sin manejar demasiadas parcelas agroforestales pero incorporando las regiones de sabana a su sistema productivo. La economía étnica que caracteriza a estas comunidades muestra un acoplamiento muy estrecho a los ritmos biovegetativos de los tres ecosistemas existentes en el TIPNIS[6]. Dicho acoplamiento es optimizado por las familias indígenas bajo un sistema de aprovechamiento de recursos caracterizado por la concentración y dispersión poblacional; esto es, comunidades que concentran familias indígenas donde se desarrolla centralmente agricultura y actividades menores de cacería, recolección, pesca y dispersión poblacional de las familias indígenas en un área de influencia grande comunal e intercomunal para centrarse en actividades de cacería, recolección y pesca.

 

La economía étnica de la zona responde centralmente a las necesidades de reproducción de las familias indígenas, es un modelo económico que tiene como eje el garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos, por eso muchos la reconocen como una economía de subsistencia. La gran condición para su existencia es que el bosque y sus bienes no sean parcelados ni individualizados. Las bases materiales de su reproducción como sistema económico están en que las áreas comunales e intercomunales a las que acceden las familias indígenas, son de propiedad colectiva, por tanto, su gestión es una gestión compartida entre las distintas comunidades. En el caso de la actividad agrícola, los sistemas agroforestales son de beneficio familiar y se traspasan de una generación a otra en base a lazos consanguíneos. Las familias indígenas respetan el trabajo incorporado en los sistemas agroforestales y por eso el acceso es familiar y consanguíneo.

En cambio el resto de las actividades, la cacería, recolección y pesca, se desenvuelven en los bosques comunales e intercomunales del territorio. De ahí el carácter de su propiedad colectiva. Así, el modelo económico que se desenvuelve entre las comunidades indígenas ubica a los bienes del bosque en un sentido de articulación integral. La valoración combinada de los bienes del bosque nos hace ver que la selva alta es tan importante como las parcelas agrícolas, los árboles son tan importantes como la tierra; lo propio, los animales que habitan en el bosque son tan importantes como los frutos de la agricultura o los recursos acuáticos. En ese sentido, la economía étnica antes que responder a las necesidades del mercado responde a las necesidades de las familias indígenas.

Amalgamando con la economía étnica de las familias indígenas, existe una esfera económica que funciona en base a modelos productivos comunitarios y que tiene como fin usar y aprovechar los recursos naturales renovables con destino comercial. Es posible afirmar que estos proyectos de desarrollo comunitario han sido madurados en un dialogo y contrapunteo con los criterios de conservación que se ponen en juego en el TIPNIS como área protegida. El 2001, como parte de una acción concertada entre las organizaciones indígenas y el SERNAP, se inicia la re categorización del Parque Nacional, formulándose nuevas formas de gestionar el área protegida. Desde entonces el TIPNIS está re categorizado en tres zonas: 1º zona núcleo de extrema protección y conservación de la biodiversidad, susceptible de usarse para fines de investigación e ingresos fortuitos de caza y recolección por parte de las familias indígenas, 2º una zona de uso tradicional que permite el desenvolvimiento de la economía étnica y 3º una zona de uso sostenible de recursos que permite proyectar los planes de desarrollo comunitario en base a planes de manejo a) forestal, b) de cuero de saurios, c) turismo ecológico y d)agroforestal con chocolate nativo. La zona de uso sostenible de recursos se ubica en los bosques de galería que acompañan los ríos Sécure, Isiboro e Ichoa y básicamente estamos hablando de las áreas donde se asientan las comunidades. [7]

 

Los planes de desarrollo comunitario que se desenvuelven en la zona 3º están traduciendo una visión que proyecta a las comunidades hacia relaciones mercantiles regionales y globales. En el caso forestal y de saurios los circuitos son regionales, en el caso de turismo ecológico y chocolate nativo los circuitos son nacionales y globales. Lo que interesa resaltar en esta dimensión de desarrollo comunitario e intercomunitario es que el acceso, uso y gestión de los bienes del bosque no han roto con la propiedad colectiva tan presente en la economía étnica, es decir, no han roto con el eje fundamental que caracteriza la relación de las poblaciones indígenas con el bosque. El segundo elemento que interesa resaltar en los planes de desarrollo comunitario es que la dimensión integral de los bienes del bosque forma parte de lo que se está entendiendo como aprovechamiento sostenible de recursos. Usar y aprovechar diversificadamente los bienes del bosque, potenciando sus características y acompañando el beneficio que dan a las comunidades indígenas con planes de manejo para los recursos en cuestión, forma parte de la necesidad de un desarrollo comunitario que no quiere distanciarse del valor global del bosque. En ese sentido, la re categorización del TIPNIS lleva un implícito: se requiere proteger la biodiversidad del área y las iniciativas de desarrollo no pueden ir en contraste a los objetivos planteados en el área protegida. El plan propuesto en el 2001 categóricamente menciona que no puede haber exploración y sísmica petrolera en la zona núcleo o zona 1º (Plan Estratégico de Gestión, Trinidad, SERNAP, 2001).[8]

 

Ciertamente, los elementos anotados son los que interesa analizar a la luz de la política estatal que busca construir la carretera por el TIPNIS. La lógica de los modelos de desarrollo comunitario buscan precautelar por el bien mayor que es el bosque y su conservación. No obstante, aunque son modelos que vinculan a las familias indígenas con circuitos mercantiles, el esquema productivo basado en la gestión colectiva de los recursos permite a las comunidades indígenas desarrollar un control político sobre el territorio. Justamente, es el control político sobre el territorio lo que en opinión de las comunidades se vería ampliamente afectado con la construcción de la carretera. Ésta atravesaría la zona núcleo poniendo en riesgo el potencial de biodiversidad que alberga, o como dicen las comunidades indígenas “poniendo en riesgo la zona de producción de vida para el territorio; en el corazón del TIPNIS se produce la lluvia, se reproducen los animalitos y nuestros mejores árboles están ahí”. La carretera atravesaría la zona núcleo, la partiría en dos y, peor aún, siendo una zona que no tiene asentamientos indígenas ya que éstos se encuentran ubicados en la zona de uso sostenible de recursos, quedaría desprovista de control y protección territorial que estuvo vigente hasta el presente gracias a su difícil accesibilidad.

 

¿Por qué la carretera propuesta por el gobierno de Evo Morales supone un debilitamiento del control político del territorio? Porque ella trae la colonización, trae al productor andino quechua y aymara, trae la producción de hoja de coca, trae la individualización y parcelación de los bienes del bosque. La experiencia que tienen las comunidades indígenas del TIPNIS en la zona sur (polígono 7) es justamente un debilitamiento constante y sistemático del control político territorial que tuvieron como indígenas y que se revierte a favor del productor de hoja de coca que migro a la zona. Mucho más ahora que, en palabras de los indígenas, tienen un presidente. El riesgo mayor es justamente que la carretera producirá la colonización y ocupación de la zona núcleo del TIPNIS (Pie de Monte), arrinconará a los poblados indígenas y la estructura de economía étnica que integra y articula los planes de desarrollo comunitario que precautelan el bosque como un bien mayor, quedarán en una condición de extrema vulnerabilidad. Como lo registró Sarela Paz en la investigación que desarrollo en el TIPNIS en 1989-1990 “Nosotros los yuracares y trinitarios somos hombres que vivimos en los ríos, hacemos nuestras comunidades cerca a las orillas. En cambio los quechuas siempre están donde hay camino: donde se acaba el camino, ahí se acaban los collas” (Santísima Trinidad-Comunidad moxeño trinitaria. Impresiones de don Silverio Muiba, 1991).

 

Pasemos a detallar el modelo de desarrollo que se desenvuelve en el seno de los poblados quechuas y aymaras que se encuentran asentados en la región sur del TIPNIS, en el polígono 7, como lo designó el INRA[9]. La presencia del actor social colonizador en territorios amazónicos tiene fuente de explicación en la política pública nacional populista pos 1952, como ya hemos explicado anteladamente[10]. Sectores quechuas y aymaras que se desenvolvieron como campesinos en el marco de un Estado nacional populista, migraron a la región de los yungas tropicales con el fin de ampliar y diversificar su economía.

La iniciativa de los colonizadores andinos de ocupar tierras en los yungas tropicales consolidó su participación en el desarrollo del mercado interno en Bolivia a través de productos como frutas, arroz, café, chocolate y por supuesto, el producto privilegiado de los yungas: la hoja de coca. ¿Qué es la característica específica de los colonizadores quechuas y aymaras del TIPNIS respecto de otras zonas de yungas en Bolivia? O respecto de las zonas del Chapare?. El factor fundamental a entender en la dinámica de la colonización de los productores de hoja de coca del TIPNIS es que sus procesos migratorios vienen de los años 1982-1985 y 1986-1989, procesos migratorios que sostienen una estrecha relación con las políticas de ajuste estructural y de desplazamiento del Estado nacionalista hacia un Estado con contenido mucho más neoliberal. Empobrecimiento extremo de la economía campesina en ciertas regiones de los Andes (Norte de Potosí) y relocalización de mineros, producen migraciones masivas a la región sur del TIPNIS. Pero, a diferencia de sus otros pares colonizadores de los yungas de La Paz, Ixiamas o Ivirgarzama en el propio Chapare, en el TIPNIS el sujeto migrante centra su actividad agrícola en la producción de hoja de coca. Los estudios desarrollados por Carlos Hoffman en el polígono 7 nos muestran que el 95% del ingreso de las familias proviene de la hoja de coca (1994). Estamos entonces ante una región mono productora de hoja de coca y que tempranamente fue identificada como Zona Roja por sus vínculos con el narcotráfico.

El modelo de desarrollo impulsado por los productores de hoja de coca de la zona sur del TIPNIS supone una dinámica muy fuerte de apertura de la frontera agrícola que implica deforestación, áreas de bosque tropical que son rápidamente convertibles a parcelas de producción de hoja de coca. En aproximadamente 25 años de avance de la colonización dentro del TIPNIS, el Pie de Monte que se ubica entre el alto Isiboro y el alto Ichoa ha sido ocupado y transformado en áreas agrícolas y centros poblados muy dinámicos que se caracterizan por tener los servicios básicos (agua, luz, sistema de alcantarillado), colegios con bachillerato, antenas repetidoras, terminal de buses y un mundo social conectado a dinámicas globales. Poblados como Aroma, Icoya, Minera A, Villa San Gabriel se han convertido en áreas que tienen un formato más urbano que rural.

El centro de la transformación y de la diferencia como modelo de desarrollo debe identificarse en la característica productiva de las familias de colonizadores andinos y las motivaciones de su migración. José Blanes y Gonzalo Flores (1984) puntualizan en sus investigaciones sobre el Chapare que el campesino andino, quechua o aymara, busca en las nacientes colonias que va ocupar, un desplazamiento económico y social. De campesino se proyecta a desplazarse hacia productor agrícola; ello implica monetarizar, mercantilizar su economía, diversificarla de tal forma que su producción tenga como destino el mercado regional de las ciudades bolivianas, además de una circulación ampliada de la mano de obra campesina. En ese sentido, el uso, acceso y aprovechamiento de los bienes del bosque se desenvuelve en forma individual y se prioriza un bien específico, la tierra. Por eso es que cuando el INRA entró a sanear la propiedad de la tierra dentro el TIPNIS, en la región de los productores de hoja de coca otorgó títulos individuales a solicitud de la decisión que habían tomado las centrales sindicales de productores de hoja de coca que se encuentran dentro del área, demarcando, además, los límites de la línea roja que se constituyen en la frontera a no ser rebasada por la colonización, la frontera entre la colonización y la TCO.

 

Las dos variables de comportamiento económico: característica de la tenencia de los bienes del bosque y destino de la producción agrícola, hacen que en la zona sur del TIPNIS el modelo de desarrollo impulsado por los colonizadores-productores de hoja de coca, sea muy diferente del modelo que compromete a las comunidades indígenas y su formato de economía étnica. Vista en esa dimensión las diferentes dinámicas, es claro que el proyecto de carretera para el modelo de desarrollo que impulsan los productores de hoja de coca, se convierte en un proyecto altamente funcional para sus despegues económicos. La carretera potenciaría las dinámicas mercantiles que manejan las familias cocaleras, pero además la carretera supone también articular, vertebrar todo el eje de Pie de Monte que se encuentra seguidamente a la cordillera oriental de los Andes. Yungas tropicales de los Andes orientales bolivianos que están siendo ocupados por los colonizadores en sus distintas regiones[11] y que de abrirse la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, consolidaría una proyección de control político sobre el territorio por parte de los colonizadores andinos; colonizadores quechuas y aymaras que a diferencia de un pasado donde portaban el registro de control vertical de nichos ecológicos como estrategia andina territorial, hoy día han vinculado la estrategia de ocupar distintos pisos ecológicos como una estrategia de manejar distintos nichos económicos, distintos circuitos mercantiles. El resultado económico es por supuesto sustancialmente distinto a lo que acontecía con el control vertical de nichos ecológicos por parte de los ayllus andinos.

 

Podría y debería pensarse que los productores de hoja de coca han encontrado en la colonización al Chapare una respuesta, una salida a la pobreza estructural de la economía campesina en los Andes que el Estado boliviano no supo dar. Esto es muy cierto y debe sopesarse a la hora del análisis. No obstante lo mencionado, los resultados de una dinámica económica iniciada hace más de 30 años en Bolivia tiene distintos finales que también deben evaluarse. Los productores de hoja de coca del TIPNIS ya no pueden ser leídos como hace 30 años porque las transformaciones económicas de las que forman parte han cambiado su lugar de desventaja en la estructura social boliviana. Son campesinos productores que forman parte de un enclave económico global, la economía del narcotráfico. El haberse convertido en monoproductores de la hoja de coca en los años 80, los ha puesto en un circuito económico de comercialización que está más allá de las fronteras nacionales. Ya en los primeros años de la década del 90 la zona colonizada del TIPNIS fue declarada por la fuerza de lucha contra el narcotráfico como Zona Roja debido a que su monoproducto tenía un destino de comercialización ligado a las rutas del

narcotráfico.

 

La situación de enclave económico que responde a los ritmos de mercado global, a corredores de comercialización de estupefacientes, no ha cambiado con los años. En el mes de noviembre del 2011 la fuerza de lucha contra el narcotráfico ha encontrado una megafabrica de producción de cocaína en el río Isiboro –localidad de Santa Rosa– que establece vínculos comerciales de la zona con los carteles colombianos. La comercialización de hoja de coca que es derivada a circuitos de consumo no tradicional –acullico y uso medicinal–, significa una presión sobre nuevas áreas agrícolas, avance de la frontera agrícola en desmedro del bosque. En la cadena de eslabonamiento de los enclaves económicos del narcotráfico, los productores de hoja de coca son abastecedores de la materia prima, el meganegocio no está en sus manos pero al formar parte de su dinámica económica se convierten en actores locales que presionan y luchan por obtener tierra para parcelas agrícolas. En los primeros años de la década del 90, los productores de hoja de coca del TIPNIS manejaban entre 10 y 20 hectáreas de hoja de coca. El centro de acopio de hoja de coca de Isinuta era el más importante de todo el Chapare. Hoy día manejan una cantidad mucho menor y se ha establecido una estructura de control social por parte del sindicato cocalero que regula el acelerado crecimiento de las parcelas agrícolas en la región.

 

La estructura de control social es una respuesta política de los sindicatos cocaleros a un contexto nacional. Las centrales sindicales de productores de hoja de coca del TIPNIS forman parte de las bases de origen del presidente Evo Morales. El control social tiene que ver con un mensaje a la sociedad boliviana: es el intento de desprender al gobierno de Evo Morales del significante que le persigue como gobierno cocalero. Aún así, los procesos de avasallamiento y de crecimiento de la frontera agrícola para producir hoja de coca siguen siendo parte de la dinámica sur del TIPNIS. En 2009 surgió un nuevo conflicto en la frontera de la línea roja, familias de productores de hoja de coca no sindicalizadas, rebasaron los mojones fronterizos del polígono 7 a la altura del río Lojojouta e ingresaron a la TCO para habilitar nuevas parcelas de hoja de coca. Hoy día si visitamos la zona, al frente de la comunidad indígena de Mercedes del Lojojouta, encontraremos un letrero que dice “Coca o Muerte”. Además, el crecimiento de la dinámica agrícola de la hoja de coca ha alcanzado a las comunidades indígenas que se encuentran en la frontera, conviviendo con la colonización. Aproximadamente 10 comunidades indígenas se encuentran dentro del polígono 7 y otras 9 comunidades indígenas reciben la influencia de la economía de hoja de coca, ya sea porque producen hoja de coca o porque cosechan hoja de coca para los colonizadores, siendo un total de 19 comunidades indígenas que han quedado influenciadas por la producción de hoja de coca. En total son 64 comunidades indígenas en el TIPNIS. Las familias indígenas que han empezado a desplazarse a la producción de hoja de coca, se encuentran sindicalizadas, son miembros de los sindicatos cocaleros[12]. Esas comunidades hoy día marchan para que se abrogue la Ley de Protección al TIPNIS (180) y se construya la carretera.

 

El desarrollo visto desde la gestión de gobierno de Evo Morales.-

¿Cómo se vinculan los modelos de desarrollo que se han puesto en juego dentro del TIPNIS con la política de desarrollo que impulsa el gobierno de Evo Morales? Si bien el gobierno de Evo Morales se desenvolvió en el contexto de la agenda de octubre[13] marcada por los movimientos sociales, lo cual implicaba, además de una convocatoria a la Asamblea Constituyente, el desarrollo de un modelo económico que suponga la industrialización de los hidrocarburos; en los hechos el desencadenamiento del modelo económico que terminó empujando el gobierno boliviano fue más bien de profundizar la tendencia secular y hegemónica del Estado; esto es, incentivar y apostar por salidas económicas que se basan en un modelo extractivista primario exportador. Tal condición en la esfera de la economía tiene varias implicancias. No es que se nieguen otras formas de desarrollo, de hecho el plan de gobierno presentado el 2006 asume una visión plural en cuanto a las formas económicas que el Estado debe apoyar, sin embargo, priorizar como fuente central de producción de riqueza la explotación de los recursos naturales y comercializarlos en su condición de materia prima, implica centralizar la política de Estado alrededor de las iniciativas extractivas. Éstas se vuelven prioritarias y, en muchos casos, razones de Estado. Ciertamente, una estructuración de la política económica en los términos mencionados supone la subordinación de otros modelos de desarrollo, los cuales pueden desenvolverse y hasta recibir incentivo de la política pública, siempre y cuando no afecten los planes centrales de la política económica extractiva. El conflicto del TIPNIS expresa exactamente un hecho de tal naturaleza: poblaciones indígenas que no están de acuerdo con los planes centrales de la política económica extractiva.

 

Dialogando con el debate de modelos económicos extractivos desarrollado en los últimos años en América del Sur, hoy como en un pasado, las bases y criterios de definición del modelo extractivo no se han modificado demasiado. Se trata de una forma de desarrollo económico que basa la producción de riqueza en la apropiación de la naturaleza, bajo un formato productivo escasamente diversificado, recursos naturales que no son procesados o lo son limitadamente y que de su venta depende la inserción del país productor de materias primas al mercado internacional. La similitud con el pasado nos muestra, sin embargo, algunos elementos nuevos que es necesario destacarlos. El más importante es que en el nuevo contexto el Estado juega un rol más protagónico, de intervención y definición de unas reglas de juego que permite una mejor redistribución de la riqueza. Como detallan los trabajos de Gudynas (2009) y Acosta (2011), la redistribución de la riqueza producida por las iniciativas extractivas en los gobiernos progresistas como Bolivia y Ecuador, se desenvuelve mediante programas sociales de atención a poblaciones vulnerables, en muchos casos de gran pobreza y que se convierten en el mayor dispositivo de legitimación de los modelos económicos extractivos y de los gobiernos que los impulsan.

 

Los datos elocuentes de la CEPAL para el 2009 sobre exportación de bienes primarios en las economías extractivas sudamericanas, muestran la tendencia en países como Bolivia. En Sudamérica, sin ser la mejor situación, Colombia y Brasil muestran una tendencia de menor dependencia de las exportaciones de bienes primarios, en cambio, Venezuela, Bolivia y Ecuador muestran una casi total dependencia de la exportación de bienes primarios respecto de las exportaciones totales de estos países. La exportación de bienes primarios como hidrocarburos y minerales en Venezuela alcanzan al 92.7% de las exportaciones que se dan en dicho país. En el caso de Bolivia la cifra asciende a 91.9% y en el caso de Ecuador el porcentaje es de 91.3% (Gudynas, 2009 con base a los datos de la CEPAL). Según el estudio de Christian Ferreyra, en Bolivia entre el 2004 y el 2007 se ha desarrollado un incremento sostenido de la minería pero entre el 2007 y el 2009 podemos detectar un gran salto en las exportaciones mineras de 1222984 millones de bolivianos a 2100161 millones de bolivianos. El mismo estudio nos muestra que en el caso del gas la producción entre los años 2000 y 2005 pasó de 8.8 MMmcd. a 33.3 MMmcd. y entre el 2006 y el 2008 la producción de gas natural aumentó a 38.7 MMmcd (2011: 11-12)[14].

 

Podríamos alegar que el crecimiento en las exportaciones de materia prima demuestra no sólo la profundización del modelo extractivo y la ineludible importancia del extractivismo minero e hidrocarburífero en la estructura económica boliviana, sino también las nuevas oportunidades del Estado boliviano para obtener mayores ganancias y lograr inversiones en posibles procesos de industrialización, como plantearon los movimientos sociales en la agenda de octubre. No obstante ello, la tendencia muestra que no hay esfuerzos concretos que caminen en un nuevo tipo de desarrollo, la dependencia del gasto público que proviene de la renta hidrocarburífera se ha ahondado en los últimos años, así como, se han generado condiciones más favorables para la intervención de la Inversión Extranjera Directa en el sector extractivo (Fundación Milenio, 2010). También la base y fundamento de la nacionalización en hidrocarburos muestra sus límites. Si con el Decreto de Nacionalización de mayo del 2006 se aplicó al criterio de renta petrolera que alcanzaba a 50%, un 32% más aplicable a los megacampos de producción de gas, para con ello crear un fondo de capital que permita el desarrollo de la industria petrolera nacional, el 2007, al protocolizar los nuevos contratos con las empresas petroleras, se quitó este 32% volviendo a la situación inicial de antes de la nacionalización (Fernández 2011: 131).

 

Las políticas del gobierno de Evo Morales muestran mayor interés por abrir nuevas áreas de exploración y explotación hidrocarburífera (gas y petróleo) antes que generar políticas que permitan el desarrollo de una industria energética en Bolivia. Seguramente, de manera similar razonan las transnacionales petroleras que operan en Bolivia. Desde la aprobación de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 en mayo del 2005[15], el gobierno de Evo Morales ha ampliado el número de áreas de interés hidrocarburífero destinadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Lo que interesa resaltar en dicha política no es, por supuesto, que YPFB tenga más áreas de aprovechamiento hidrocarburífero, sino que dichas áreas tradicionales y no tradicionales han empezado a implicar a las áreas protegidas y territorios indígenas; además que dichas áreas que empiezan a ser destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, están siendo concesionadas a YPFB pero bajo la figura de sociedad mixta con empresas transnacionales. Por tanto, no son áreas de operación exclusiva de la empresa petrolera boliviana.

 

Basándose en el artículo 34 de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 aprobada el año 2005, el gobierno de Evo Morales mediante Decreto Supremo Nº 29130 de mayo del 2007, propone reservar 21 áreas tradicionales y no tradicionales de interés hidrocarburífero a favor de YPFB y, en el mismo año, mediante Decreto Supremo Nº 29226 promulgado en el mes de agosto, el gobierno de Morales modifica las áreas de interés hidrocarburíferas a favor de YPFB en un número de 33 Bloques que son susceptibles de ser aprovechados bajo la figura de sociedad mixta. Tres años después, en octubre del 2010, el gobierno de Evo Morales promulga el Decreto Supremo Nº 676 donde no sólo se amplían las áreas de interés hidrocarburíferas a favor de YPFB en un número de 56 sino que se propone de manera directa permitir excepcionalmente actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, postulando en el parágrafo II del art. 2 del mencionado Decreto que las áreas reservadas a favor de YPFB, si se encuentran en áreas protegidas, se deberá garantizar el cumplimiento de emplear adecuadas tecnologías que permitan mitigar los daños socioambientales y culturales. En el Decreto Supremo Nº 29130 de mayo 2007 encontramos el Bloque Sécure 19 y 20 como área no tradicional de interés hidrocarburífero reservado para YPFB.

 

En razón de lo mencionado, el gobierno de Evo Morales tiene una política de desarrollo económico que prioriza los modelos extractivos energéticos, convirtiéndolos en política de Estado, en el eje económico de la política pública. Para el caso concreto del TIPNIS el gobierno de Evo Morales ha otorgado dos concesiones petroleras para exploración y explotación, desconociendo la normativa ambiental que hay en áreas protegidas y violando la decisión construida por miembros del SERNAP y las organizaciones indígenas el año 2001 cuando se re categoriza el TIPNIS y se menciona que no podrá haber actividad petrolera en el territorio indígena y área protegida (Plan Estratégico de Gestión, Trinidad, SERNAP, 2001). Dos concesiones han sido otorgadas: la primera mediante la Ley Nº 3672 de abril del 2007 que aprueba el Contrato de Operaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con PETROBRAS BOLIVIA S. A. y la TOTAL E&P BOLIVIE en el área de Río Hondo (bloque Ichoa) y la segunda mediante Ley Nº 3911 de abril del 2008 con su adendum en julio del mismo año que aprueba el contrato de exploración y explotación entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y YPFB PETROANDINA S.A.M. (Evaluación Ambiental Estratégica-SERNAP 2011)[16]. Roberto Fernández (2011) nos hace ver en su estudio sobre los hidrocarburos en Bolivia que la gestión de gobierno de Evo Morales se está acercando a la máxima de “exportar o morir” y por ello está urgido de abrir nuevos bloques a la explotación hidrocarburífera. Es claro que el tramo carretero Villa Tunari San Ignacio de Moxos brindará condiciones para las operaciones petroleras de ambas concesiones. En la comprensión del negocio de hidrocarburos que manejan las transnacionales, las carreteras son ítems de inversión del Estado.

Construir infraestructura para que los modelos extractivo exportadores operen con costos relativamente razonables, forma parte de la lógica de gobiernos y Estados ampliamente comprometidos con los modelos primario exportadores. Y cuando se piensa en los modelos extractivos, no sólo debemos referirnos a los que extraen materias primas sino también forman parte de ello, según la propuesta de Gudynas (2009), los modelos agroexportadores que funcionan en base al mono cultivo y la expoliación extrema de la tierra. Proyectando el razonamiento a una dinámica más regional, los circuitos comerciales que garantizan la circulación de bienes primarios entre los que se suman los producidos por la agroindustria, deben ser consolidados en función al mercado global. Los retos no son menores, la década que iniciamos supone una relación muy dinámica de los productos que ofrece América del Sur hacia los mercados de la China. La creciente demanda de productos mineralógicos que tiene dicho país, hace que América del Sur se convierta en un lugar de presiones estratégicas y que el plan de iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) cobre más sentido en función a la comunicación interoceánica que producirá.

 

Según Mónica Bruckmann desde 1990 la China se ha convertido en un país que produce y demanda gran cantidad de minerales. En la última década la China se ha convertido en el principal productor de un número importante de minerales, aún así, no logra cubrir su demanda interna, registrando cifras muy altas de importación en cobre, hierro y otros minerales. La información organizada por la investigación de Bruckmann nos muestra que en la China el horizonte intensivo de consumo de mineral para consolidar su industria ligera, se proyecta 20 años más y que desde el 2000 la manufactura pesada de dicho país crece sistemáticamente. El primer destino de las exportaciones mineras de Chile y Brasil va hacia la China, el segundo destino de las exportaciones mineras de Perú y Argentina va hacia la China y el primer producto de exportación de Bolivia hacia la China es estaño (2011). En ese contexto, ¿cuál será el destino de productos agroindustriales que se están desenvolviendo en América del Sur?. El circuito comercial a consolidarse muestra desplazamientos de materia prima como mineral y agroproductos como la soya hacia los mercados de la China y el Asia[17]. En otro sentido, la industria manufacturada de estas regiones observa con buenos ojos conquistar plenamente el mercado de Sudamérica. Este es el contexto donde la comunicación interoceánica potenciada por el plan de iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), alza vuelo y despliega sus raíces en función de procesos productivos basados en modelos extractivos.

 

El reto fundamental de la comunicación interoceánica es justamente atravesar la cordillera de los Andes y para países como Brasil que se ubican plenamente en el Atlántico, resulta hasta estratégico la consolidación de infraestructura caminera que atraviese los Andes. Atravesar los Andes desde el Atlántico, es para un país como el Brasil, atravesar los Andes desde la Amazonía, para lo cual las regiones de selva alta o las regiones de selvas tropicales tienen una doble importancia: 1º geográficamente se rompen fronteras naturales poco asequibles hace 30 años, 2º son regiones que contienen energía fósil. Atravesar con caminos la región de los yungas orientales implica no sólo comunicación interoceánica sino también la posibilidad de obtener energía fósil de la formación Subandina. Este es un proyecto apetecido por Petrobras y, en el horizonte inmediato, países como Perú y Bolivia, adquieren su importancia específica puesto que ambos poseen dos patas en el modelo extractivo primario exportador, minería e hidrocarburos, siendo el rubro petróleo el que puede adquirir un mayor desarrollo en la faja Subandina de estos países, a diferencia de Ecuador que posee iniciativas petroleras ampliamente desarrolladas en la faja Subandina.

 

La carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos y su importancia estratégica en la región debe entenderse en el contexto arriba mencionado, forma parte de la iniciativa de romper con las fronteras naturales de la selva alta que nos dan acceso a los Andes y luego al Pacífico, pero también forma parte de la faja Subandina donde podemos obtener energía fósil. No por nada las concesiones petroleras a Petroandina y Petrobras. Para el Brasil y sus proyectos energéticos hasta el 2020 donde corre el riesgo de tener un déficit de energía, nuevos campos de exploración petrolera resultan atractivos, mucho más si éstos poseen la infraestructura necesaria para operaciones de exploración y explotación. La comunicación interoceánica sirve también para el creciente desarrollo de la agroindustria que se está desencadenando en estados como Acre, Rondonia o Mato Grosso do Norte, estados frontera con Bolivia y Perú que ven en la vinculación caminera que atraviesa los yungas orientales una oportunidad para bajar costos de operación llegando hacia el Pacífico con sus productos. Ciertamente, en el escenario de los modelos extractivos primario exportadores, no todos los países estamos en las mismas condiciones. Aunque como lo demuestran los estudios de Gudynas (2009), Acosta (2011), Svampa (2009), Verdum (2010), América del Sur está consolidando su condición secular de seguir siendo abastecedora de materias primas al mercado global, internamente hay países como Bolivia que tienen una pequeña estructura industrial respecto de países como Brasil que combinan su estructura primario exportadora con una considerable estructura industrial que favorece a un posicionamiento geopolítico en el flujo de relaciones de modelos extractivos primario exportadores[18]. La condición geopolítica del Brasil permite entender porque BNDES que es un consorcio público/privado que actúa en infraestructura y extracción, es la entidad que otorga el crédito para la carretera y OAS una empresa brasilera que se adjudica la construcción.

 

 

Volviendo a nuestra pregunta inicial ¿cómo se vinculan los modelos de desarrollo que se han puesto en juego dentro del TIPNIS con la política de desarrollo del gobierno de Evo Morales y la dinámica económica regional que plantea varios retos geopolíticos en cuanto al desarrollo económico para América del Sur? Es claro que el modelo indígena basado en una economía étnica amazónica y amalgamado a un uso y aprovechamiento sostenible de los recursos expresado en los planes de manejo que impulsaron los indígenas y miembros del SERNAP, entra en coalición con las propuestas de desarrollo del gobierno de Evo Morales. Éste se vuelve cada vez más dependiente en sus ingresos fiscales de los rubros primario exportadores en minería e hidrocarburos y, a la vez, vuelve más dependiente de dichos ingresos los programas sociales que viene llevando a cabo[19]. La segunda gestión del presidente Evo Morales marca claramente el desplazamiento en la política económica, las iniciativas extractivas primario exportadoras se han vuelto razones de Estado, nadie las puede discutir y menos interrumpir en su desenvolvimiento. Los indígenas del TIPNIS al oponerse que la carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos pase por el área núcleo del territorio y parta en dos el área protegida, básicamente se han opuesto a los planes de política extractivista que tiene el gobierno y a los planes de creación de infraestructura que reducen costos y tiempo a los modelos extractivos primario exportadores. En ese contexto, los modelos de desarrollo comunitario de los indígenas del TIPNIS se han convertido en propuestas que son perseguidas políticamente. Se han suspendido los proyectos de ecoturismo, forestales y de aprovechamiento de cuero de saurios a título de que el TIPNIS es intangible; sin embargo, las iniciativas de los productores de hoja de coca dentro del TIPNIS no han sido tocadas.

 

Con sustancial diferencia, el modelo de desarrollo de los productores de hoja de coca engrana con las dinámicas extractivas primario exportadoras. De hecho como enclave productor de materia prima para el negocio regional de cocaína, reproduce una buena parte de las características que tiene el negocio de la agroindustria que ha sido tipificado como parte de los modelos extractivos. Primero, es monoproductor del bien a exportarse (hoja de coca-pasta base), segundo, usa intensivamente la tierra en desmedro del bosque, causando daños irreversibles para la composición biovegetativa de la zona sur del TIPNIS, tercero, produce el bien agrícola (hoja de coca) en función exclusiva a las necesidades del mercado global. La única gran diferencia con los modelos extractivos agroindustriales es que la mono producción no está en manos de empresarios que controlan la tierra y el proceso productivo sino más bien en manos de campesinos que buscan optimizar la producción de hoja de coca abriendo cada año nuevas fronteras agrícolas. Para ello, un tramo carretero resulta estratégico en la ampliación de nuevas fronteras agrícolas y, por el comportamiento de los poblados de colonos en la zona, la saturación de las áreas agrícolas con cultivo de hoja de coca está empezando a pronunciarse. En ese contexto, el avasallamiento a nuevas áreas agrícolas sobre el bosque de la TCO del TIPNIS se muestra como una estrategia útil y necesaria para la dinámica de producción y comercialización de la materia prima de la cocaína. Un esquema productivo de tal naturaleza puede convivir con relativa sintonía con la exploración y explotación petrolera.

 

Lanzando algunas conclusiones.-

Las situaciones de contradicción/constatación que nos muestra el conflicto del TIPNIS nos debe llevar a analizar algunos elementos críticos que está viviendo el proceso boliviano. El primer elemento a considerarse es que los pueblos indígenas en Bolivia no necesariamente comparten la misma visión de desarrollo, la misma comprensión acerca de lo que significa “vivir bien” y, además, no necesariamente los indígenas se distancian social y económicamente de un modelo extractivo primario exportador. El caso del TIPNIS en Bolivia muestra con mucha claridad que los pueblos indígenas portan miradas de desarrollo que son producto de sus procesos histórico estructurales y no así, como lecturas primordialistas lo quieren ver, producto de comprensiones esenciales en el ser indígena. Los pueblos amazónicos en Bolivia han vivido procesos económicos muy distintos de los pueblos quechuas y aymaras, y si bien ambos comparten la experiencia estructural de haber sido colonizados y subalternizados en la dinámica del Estado colonial republicano, lo cierto es que las distintas iniciativas de desarrollo que están empujando dentro del TIPNIS obedece a sus distintos nexos con los circuitos de capital global. Básicamente, la proyección de la política étnica en Bolivia ha encontrado su límite en la proyección de la política económica estructural. Para entender la problemática, por tanto, necesitamos integrar en el análisis las dos variables.

En ese contexto, el Estado vuelve a una condición inicial en el análisis estructural; esto es, no es una institución que está por encima de las clases y los sectores sociales, más bien expresa las luchas internas de las clases y los sectores sociales. En el conflicto del TIPNIS el Estado, mediado por el gobierno de Evo Morales, expresa un posicionamiento que refleja la composición de poder dentro de las nuevas lógicas del Estado boliviano. No es casualidad que los productores de hoja de coca hayan logrado un presidente, es más bien una estrategia de poder construida a lo largo de varios años y que refleja los cambios sociales y económicos que se han venido gestando hace más de 30 años en el conglomerado quechua y aymara que colonizó el TIPNIS. Los sujetos andinos colonizadores de los años 1960, 1970, 1980, hoy en día se ubican en un espacio distinto en la estructura social boliviana. En otras palabras, detrás del conflicto del TIPNIS hay procesos orgánicos de recomposición de clases en Bolivia y los modelos extractivos primario exportadores que se desenvuelven con características seculares en su matriz económica, están intentando reacomodarse en la sísmica social que se viene produciendo en Bolivia.

Esa sísmica social en Bolivia nos muestra que, entre los programas estatales orientados por modelos extractivistas primario exportadores y sectores sociales no tradicionales de la estructura económica boliviana, pueden desarrollarse complicidades que permiten el despegue de ambos, necesarios para el desarrollo del capital, y muy necesarios en sociedades donde la estructura social y económica estuvo profundamente anclada en élites y oligarquías que portan visiones pasadas de la economía y la sociedad. Es muy probable que situaciones similares se estén desarrollando en un país como Brasil donde sectores convencionales de fazendeiros en estados como Rondonia o Acre, se convierten en una traba al flujo de circuitos sociales y económicos que permiten una circulación más ampliada del capital. Visto desde otra perspectiva, los modelos extractivos primario exportadores se están desarrollando, en países como Bolivia, en un contexto de procesos de movimiento y democratización de la estructura social boliviana que terminará cambiando la composición de clases sociales y su relación con el movimiento de capital global. En ese sentido, las características del extractivismo y/o el neo extractivismo de América del Sur tienen que analizarse más allá de la política de redistribución de riquezas que caracteriza a los gobiernos progresistas, porque pueden estar produciendo una estructuración social distinta a la conocida y manejada por la matriz inicial.

El desafío más grande que nos ha puesto el conflicto del TIPNIS en Bolivia es, sin embargo, el referido a la posibilidad de que la forma política del Estado Plurinacional pueda albergar modos y procedimientos del modelo extractivo primario exportador, sin caer en una agotadora contradicción que la puede destinar a su propio destierro. El modus operandis de las iniciativas extractivas requiere no sólo de un Estado fuerte sino de un Estado mono nacionalista, o por lo menos, así han operado dichas iniciativas por varios siglos. La condición de plurinacionalidad puede convertirse en su talón de Aquiles puesto que implica discutir decisiones que desde el mono nacionalismo son tratadas como: “asuntos de bien común”, “asuntos de Estado”.

Fuente: http://www.bolpress.com/?Cod=2012033005

 

 

En la confrontación con el extractivismo reparemos cómo "a lo largo de los procesos que constituyen este circuito de acumulación, se van construyendo justificaciones que puedan legitimar cada fase de este modo de explotación capitalista sobre las subjetividades y la naturaleza". Esto nos exige "atender a estas fases para intentar evidenciar cuáles son estas omisiones, desactivaciones y mitificaciones contenidas en el discurso extractivista.

 

 

Desnudar al extractivismo:

repensar el origen y destino de la riqueza.

14 de noviembre de 2014

 Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 “La tierra y las mujeres no somos territorios de conquista”. “Nosotras somos ricas, tenemos lo que quieras del territorio: cazamos y pescamos, y hay toda clase de hortalizas. ¿Qué pobres vamos a ser? No tener naturaleza es ser pobre”

Testimonios recogidos en “La vida en el centro y el crudo bajo tierra: El Yasuní en clave feminista [1]

La defensa de la política extractivista se desenvuelve en un discurso que mezcla una serie de desafíos realmente existentes, con todo un juego retórico plagado de omisiones, desactivaciones simbólicas de campos de poder y valor, y mitificaciones históricas ―en la cuales el “desarrollo” es pilar fundamental―, que en su conjunto ofrecen una conclusión profundamente conservadora, pero que en ningún modo es cierta: no hay alternativas más allá del extractivismo.

El circuito de acumulación en los capitalismos extractivos se desarrolla como un proceso metabólico, que intenta capturar, dominar, destruir y/o cooptar todas las formas territoriales de reproducción de la vida para subsumirlas al patrón macro-energético hegemónico. En este sentido, a lo largo de los procesos que constituyen este circuito de acumulación, se van construyendo justificaciones que puedan legitimar cada fase de este modo de explotación capitalista sobre las subjetividades y la naturaleza. Es necesario atender a estas fases para intentar evidenciar cuáles son estas omisiones, desactivaciones y mitificaciones contenidas en el discurso extractivista.

En Teoría económica del capitalismo rentístico de Asdrúbal Baptista, uno de los clásicos de la literatura petrolera venezolana, el autor destaca que la especificidad del capitalismo rentístico radica en el hecho de que su estructura abarca desde el inicio un doble ámbito espacial, un doble ámbito territorial [2] . En esta dualidad geográfica, el origen de la renta petrolera es de escala internacional ―determinada por la lógica de la División Internacional del Trabajo―, y el destino de ésta, estaría enmarcado en una escala nacional, teniendo entonces al Estado como la interfaz de estos dos procesos.

La propuesta de Baptista nos sirve como referente para analizar en estos dos ámbitos, los diferentes argumentos y epistemes que se proponen para justificar la expansión del extractivismo: un primer momento, la captación de una renta internacional de la tierra - RIT (origen); y un segundo momento, la distribución de la misma (destino). Sin embargo, es necesario hacer previamente un par de salvedades al respecto:

a) La separación que propone Baptista sobre una escala “internacional” y una escala “nacional” es insuficiente para comprender las diversas dinámicas transterritoriales que constituyen el proceso capitalista de acumulación en el extractivismo. El elemento sobre el que se enfoca Baptista, el origen de la RIT, otorga centralidad a los flujos de esta forma de valor monetaria, haciendo pasar a un segundo plano el hecho de que el origen de la riqueza es territorial. Esto nos lleva a que, antes que atender únicamente a la captación de la RIT, nos enfoquemos primordialmente en el proceso capitalista de extracción que se realiza en el territorio, en la desterritorialización colonial que genera el capital, en la reconfiguración y reordenamiento político que se produce en dicho espacio geográfico a raíz de este proceso extractivo.

b) En este mismo sentido, respecto al proceso de distribución de la RIT, el carácter “nacional” de la misma se ha desdibujado muchísimo en la globalización neoliberal, generándose en numerosas ocasiones procesos de regionalización del capital que trascienden las fronteras de los Estados-nación, y mecanismos “informales” que desbordan los canales tradicionales de estos procesos, como el caso de la economía extractiva de frontera en Venezuela (contrabando) [3] . Esto, por supuesto, sin contar con los mecanismos globales de redistribución del excedente (regulares y fraudulentos) hacia los núcleos hegemónicos de la economía-mundo capitalista.

Primer momento: el proceso capitalista de extracción y el origen de la RIT

En nombre del “desarrollo”, el “progreso”, el fin de la dependencia y la lucha para salir de la pobreza, los diversos discursos extractivistas nos proponen que debemos sacar más y más de la naturaleza, ampliar cada vez más los proyectos extractivos en número e intensidades, para así obtener mayores dividendos monetarios y posteriormente alcanzar tales grandes objetivos.

Por citar algunos ejemplos, en México el presidente Enrique Peña Nieto afirmaba que la promulgación de los reglamentos de la Reforma Energética de fines de 2013 marca el inicio de una nueva era de desarrollo y crecimiento económico en el país [4] ; en el marco de la extraordinaria expansión del extractivismo sojero en Argentina, la presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, inauguraba a fines de abril la planta de procesamiento de soja más grande del mundo, alegando que se trata del desarrollo de "una industria de punta para agregar valor a la materia prima (…) y podamos seguir agregando valor al producto del sector agropecuario" [5] ; y en Perú, Ollanta Humala ha defendido el Proyecto minero Conga (Cajamarca), pues “la población necesita ver que los proyectos económicos que se desarrollan en sus territorios los benefician directa y concretamente”, incluyendo la supuesta posibilidad de garantizar  más agua y de mejor calidad  [6] ; argumentos éstos muy similares a los planteados por los gobiernos “progresistas” de Rafael Correa respecto al petróleo en el Yasuní [7] , o Evo Morales en relación al TIPNIS [8] .

En todos estos casos, el consenso extractivista está determinado por un fetiche constitutivo de la racionalidad desarrollista, basado en una idea obsesiva de que el supremo objetivo social es “crear valor”, o bien captarlo como renta, reproducirlo y expandirlo. En realidad esto significa que lo que el mercado mundial capitalista considera como útil, válido y valioso, debe reproducirse de manera acumulativa, exponencial e indefinida, siendo que esta dinámica crecentista y reproductiva del capital fluye fundamentalmente en la forma dinero. Esta concepción particular del valor se sostiene sobre varios pilares:

Ø Su sentido se reproduce desde una pretensión de universalidad, de objetividad (en la medida en la que aspira a ser equivalencia absoluta de una serie de “materialidades”) y de un perfil profundamente economicista, por lo cual hablamos de un patrón colonial del valor, que coloniza a otros valores existentes, que invisibiliza, subsume o marginaliza toda una red de procesos de interacción e intercambio metabólicos de escala molecular, de sentidos simbólicos y afectivos, que en este caso deben ceñirse a este patrón hegemónico para tener validez.

Ø Desde esta perspectiva, la naturaleza en sí no representa ni reproduce valor. Por esto, la existencia de un territorio no intervenido por la modernización capitalista, tal y como está, obstaculizaría la reproducción de capital, es improductivo, parasitario, incivilizado; es « espacio vacío » – vacío de valor – . Esto tiene dos implicaciones políticas importantes: una, es que si la producción del valor se centra en el trabajo, la tierra (naturaleza) está por tanto condenada a ser objeto de renta (rentístico); la otra implicación es que la creciente devastación ambiental producto del desarrollo capitalista, no es contabilizada en ninguna medida como pérdida valor – más bien este proceso destructivo es la base material para este tipo de “creación de valor” – .

Ø Los procesos permanentes de « acumulación originaria », que se han desplegado y continúan haciéndolo por múltiples territorios en todo el planeta, encarrilan, someten, o destruyen también un enorme y muy diverso mosaico de cosmovisiones y culturas ancestrales o endógenas, y sus diferentes metabolismos y universos de valor, a favor de la estructura universalizante de este patrón colonial de poder.

De esta forma, ante este discurso extractivista que propone que debemos captar más valor (como renta, a partir de la expansión de los proyectos extractivos), y crearlo sostenidamente (sustitución de importaciones, « sembrar el petróleo » para el caso venezolano, o la « industrialización de la naturaleza » como lo proponen los teóricos de la UNASUR), es necesario preguntarse: ¿cuál es el saldo socioambiental final que deja este proceso, que va desde la desterritorialización que produce el proyecto extractivo, hasta la transformación de la naturaleza en mercancía, y luego en renta?

Si se hacen emerger las omisiones y desactivaciones simbólicas de otros campos de valor, ocultos por estos discursos desarrollistas y extractivistas, reformulando las cuentas que nos ofrecen como “evidencia” de su verdad, toma más claridad lo profundamente pernicioso que es intensificar este modelo de desarrollo capitalista.

En este sentido, planteamos que hay un valor ontológico en la naturaleza, no sólo en la medida en la que se considere, desde una visión antropocéntrica, a la misma como un activo (bienes comunes accesibles a todos los humanos) que debe ser contabilizado como pérdida cuando se destruye ― como lo propusiera el experimento chino del «PIB verde», abortado rápidamente en 2006 [9] ―, sino también en el propio sentido de ser de la vida y la reproducción misma de sus ciclos. Este valor ontológico de la propia vida (el bios), constituye todos los procesos de reproducción socio-metabólicos y sus formaciones de valor. De ahí que propongamos el concepto de « valor-vida » .

Si lleváramos pues, el «valor-vida» al metalenguaje económico, y consideramos los bienes comunes naturales como un activo, el balance ecológico después de cada proceso extractivo capitalista, e incluso, desde una perspectiva transterritorial, después del “desarrollo” y la modernización territoriales (como las expansiones urbanas o modernizaciones agrícolas), sería sumamente negativo en términos de “pérdidas y ganancias”, siendo importante también resaltar que la reconfiguración metabólica de los territorios por parte del capital implica una síntesis indivisible entre la devastación ambiental que deja, y la desigualdad social que produce, en beneficio primordialmente de sus administradores [10] .

Si asumiéramos esta nueva eco-contabilidad, sería sumamente problemático hablar de un proceso puro de creación de riqueza. Es verdaderamente absurdo convertir el «valor-vida» en un commodity, afectando masivamente fuentes de agua potable, para luego vanagloriarnos de una alta captación de RIT y de un gran crecimiento del PIB, que nos permitirá poder comprar muchas unidades de agua embotellada. Lo que tenemos como saldo final de estos ciclos extractivos es un notable incremento de la pobreza del «valor-vida»; una expansión de la cantidad de sujetos dependientes desvinculados de su relación directa con los bienes comunes, pero que ahora vivirán en ciudades y se tomarán tazas de café que requieren en todo su proceso de producción usar hasta unos 140 litros de agua para cada taza [11] ; y un ciclo de acumulación de dinero-renta para comprar productos importados, que tarde o temprano va a entrar en una fase contractiva.

De esta forma, más que asumir que este es un proceso de “creación de riqueza”, la transfiguración de la naturaleza en dinero conlleva en cambio a una alienación de la riqueza. De ahí que esta transformación material, metabólico/territorial, y de las sociabilidades que produce el extractivismo, arroje los nefastos resultados ya conocidos, que se intentan atenuar con la incumplible promesa de un futuro “desarrollo” para todos. El discurso pro-extractivista omite toda esta reconfiguración metabólica sobre la base de una política monetaristocéntrica.

Los cuestionamientos aquí planteados, hacen parte de una disputa político-cultural, y tienen varias implicaciones programáticas en los términos de construir alternativas a los capitalismos extractivos rentísticos y el “desarrollo”:

Ø En todas las escalas espaciales sobre las que se debe operar para impulsar transiciones post-extractivistas y post-capitalistas, es fundamental una política no monetaristocéntrica, o no centrada principalmente en la forma dinero. Hablamos entonces de ampliar la reproducción de la riqueza por apropiación social de procesos [12] , que persiga vencer la intermediación que se instituye en el proceso de alienación de la riqueza anteriormente descrito, y que se puede proyectar tanto a las políticas públicas, como a las estrategias de los movimientos sociales y organizaciones populares, en pro de construir tejido autogestionario.

Ø En este sentido, la reivindicación y defensa del «valor-vida» nos lleva a las peticiones y exigencias de moratorias de numerosos proyectos extractivos y desarrollistas en toda América Latina ― el Yasuní en Ecuador es tal vez el más emblemático en la región ― , que no responden a las necesidades de la población, sino primordialmente del mercado capitalista mundial y las élites nacionales que se enriquecen de éstas. En el caso de Venezuela, el llamado «Arco Minero de Guayana» es un proyecto de este tipo ― siendo que la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia y el antropólogo Esteban Emilio Mosonyi han solicitado su moratoria ― , al igual que los planes de expansión de la explotación carbonífera en la Sierra de Perijá (Estado Zulia), e inclusive zonas ecológicamente más sensibles en la Faja Petrolífera del Orinoco, que la Red de Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch, con Francisco Mieres entre sus integrantes, propusiera en 2004 que no se explotaran [13] .

Ø El impulso de un proceso de reproducción de la riqueza por apropiación social de procesos supone entonces la expansión del sector común, respecto a los sectores público y privado, lo que debe ir imperiosamente de la mano del reconocimiento de formas de autogobierno territorial y la mixtificación de las formas de propiedad, en pro y defensa de la reproducción de esos valores-vida existentes, que van más allá de la hegemonía de la riqueza monetarizada.

Ø La promoción de nuevos eco-indicadores para la transición en varias escalas, que logren descentralizar los procesos de reproducción del valor, y que al mismo tiempo puedan servir para modificar radicalmente la lógica colonial que constituye las relaciones socio-metabólicas reinantes en el sistema capitalista.

Ø Si el origen de la riqueza está en el territorio, y si reconocemos que un proceso de transformación profunda no va a ser impulsado por el Estado ― y en cambio éste podría tratar de frenarlo ― , surge la pregunta: ¿deben los movimientos sociales disputarse principalmente la renta con los administradores del capitalismo rentístico, o en cambio dirigir su mirada fundamentalmente hacia los territorios y los bienes comunes? La globalización de la lógica popular del occupy, practicada tanto por los movimientos urbanos en todo el mundo (indignados, OWS), como por pueblos campesinos (MST-Brasil) e indígenas (recordemos al cacique Sabino Romero y los yukpa ocupando haciendas en la Sierra de Perijá en Venezuela) evidencian disputas territoriales en el campo del «valor-vida», donde se origina la mercantilización de la naturaleza, la RIT y donde se ejerce directamente el poder neocolonial.

Segundo momento: el destino de la RIT y el proceso capitalista de su distribución

El discurso defensor del extractivismo nos propone que, ante los flagelos de la pobreza, de la dependencia y el llamado “subdesarrollo” debemos profundizar este modelo, sin atender al hecho de que, antes que expandir los proyectos extractivos y ampliar la renta captada, es necesario revisar cómo se distribuye la misma. Y no sólo se hace referencia a tener balances positivos y cuentas saneadas, o bien distribuir la renta de manera más equitativa, sino también a reconocer que los diversos mecanismos de distribución de la RIT generan territorialidades, espacialidad, institucionalidades, procesos metabólicos determinados, relaciones de poder y formas de producción de subjetividad e interacción social, acordes a los requerimientos biopolíticos de este modelo de acumulación de capital.

Esto por supuesto implica que, dependiendo de los sentidos y lógicas que atraviesan estos procesos de distribución, podrían disputarse y reconfigurarse nuevas producciones de la política y la territorialidad, que apunten claramente hacia formas de transición post-extractivistas. Surgen entonces varias preguntas: ¿qué formas de producción están estimulando y desestimulan estos mecanismos existentes en nuestros países? ¿Qué estilos de vida promueven? ¿Qué formas de valor prevalecen? ¿Qué tipo de ordenamiento territorial dispone, qué tipo de patrones energéticos? ¿Beneficia a una descentralización o a una concentración del poder? ¿Impulsa una mercantilización de la naturaleza, o bien abre caminos a la gestión popular de los bienes comunes? ¿Qué horizontes emancipatorios se podrían trazar desde otras lógicas distributivas?

A modo ilustrativo, existen algunos ejemplos que se podrían revisar: los investigadores Pablo Iturralde y Eduardo Pichilingue del Centro de Derecho Económico y Social (CDES), muestran que si se aumentara la carga tributaria 1,5% más de lo actualmente registrado, sobre las ventas de los 110 grupos económicos más poderosos en Ecuador, se obtendrían alrededor de 20 mil millones de dólares en un período similar a la de la explotación petrolera de 25 años en el Yasuní-ITT [14] , lo cual da aún más sentido a la moratoria exigida para ese territorio, ahora con un argumento que se propone desde el campo de la redistribución de la renta. Otro ejemplo es el del precio de la gasolina en Venezuela, la más barata del mundo, que no sólo le genera pérdidas al Estado venezolano, sino que promueve estilos de vida y patrones de consumo que para el caso del país caribeño son notablemente intensivos respecto al resto de países de la región (¿a quiénes beneficia ese subsidio en el país?), y que desestimula otras posibles alternativas [15] .

Aunque el discurso y la política oficial, y en general la retórica de los partidos políticos insiste en que no hay alternativas al extractivismo, nada más falso que esto. Numerosas experiencias populares que muestran que sí es posible la vida sin extractivismo, junto con la urgencia tanto de la crisis ambiental global, como de la propia crisis del sistema capitalista, y sus consecuencias para una América Latina que se encuentra en una encrucijada, ponen de manifiesto el doble ámbito de esta disputa política-cultural para los movimientos sociales: el territorio y la institucionalidad.

Caracas, noviembre de 2014

*Emiliano Teran Mantovani es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELARG

Fuentes consultadas

- BAPTISTA, Asdrúbal. Teoría económica del capitalismo rentístico. Banco Central de Venezuela. Caracas, Venezuela. 2010.

- COLOMINE, Feijoo. Lo que no dijo Últimas Noticias sobre el contrabando que azota las fronteras venezolanas. Aporrea. 25/08/2014. Disponible en: http://www.aporrea.org/contraloria/a193849.html . Consultado: [27/08/2014].

- DECLARACIÓN del encuentro de mujeres frente al extractivismo y al cambio climático. Quito, 14 de octubre de 2014. Disponible en: http://territorioyfeminismos.org/2014/10/15/encuentro-de-mujeres-frente-al-extractivismo-y-al-cambio-climatico/ . Consultado: [15/10/2014].

- EFE. Peña Nieto: reglamentos de reforma energética abren paso a era de crecimiento. 3 de Noviembre de 2014. Disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/economia/pena-nieto-reglamentos-de-reforma-energetica-abren-paso-a-era-de-crecimiento/20141103/nota/2491067.aspx . Consultado: [9/11/2014].

- EL TELÉGRAFO. Correa se compromete con waoranis a extracción responsable del Yasuní . 17 SEP 2013. Disponible en: http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/correa-se-compromete-con-waoranis-a-extraccion-responsable-del-yasuni.html . Consultado: [9/11/2014].

- HERNÁNDEZ, Rafael A. La economía se desangra por la frontera . Últimas Noticias. 21/09/2014. Disponible en:http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/infografia--la-economia-se-desangra-por-la-fronter.aspx . Consultado: [24/09/2014].

- HUMALA Tasso, Ollanta. Pronunciamiento del Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, sobre el proyecto minero Conga . Presidencia de la República del Perú. Sin fecha. Disponible en:http://www.presidencia.gob.pe/pronunciamiento-del-presidente-de-la-republica-ollanta-humala-tasso-sobre-el-proyecto-minero-conga . Consultado: [9/11/2014].

- LA HORA. Presentan alternativas a la explotación del Yasuní-ITT. 19 de Septiembre de 2013. Disponible en:http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101565476/-1/Presentan_alternativas_a_la_explotaci%C3%B3n_del_Yasun%C3%AD-ITT.html#.VGFGXnDZU0R . Consultado: [9/11/2014].

- PÁGINA Siete. Evo promete mayor desarrollo en TIPNIS . D omingo, 27 de abril de 2014. Disponible en:http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/4/27/promete-mayor-desarrollo-tipnis-20006.html . Consultado: [9/11/2014].

- RED Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch. El conflicto petrolero venezolano y sus implicaciones ambientales. Ecoportal. 15/01/04. Disponible en:http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Energias/El_conflicto_petrolero_venezolano_y_sus_implicaciones_ambientales. Consultado: [9/11/2014].

- TELAM. Cristina inauguró la planta de procesamiento de soja más grande del mundo .  21.04.2014. Disponible en:http://www.telam.com.ar/notas/201404/60230-cristina-inauguro-la-planta-de-procesamiento-de-soja-mas-grande-del-mundo.html . Consultado: [09/11/2014].

- TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos. Rebelión. 09-09-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189388 . Consultado: [09/09/2014].

- TERAN Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013) . Rebelión. 21/10/2013. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/175965.pdf . Consultado: [21/10/2013].

- TERAN Mantovani, Emiliano. Del debate del precio de la gasolina a los primeros pasos de una transición post-rentista. ALAI, América Latina en Movimiento. 19 de diciembre de 2013. Disponible en:http://alainet.org/active/69954 . Consultado: [19/12/2013].

- WATER Footprint Network. Product Water Footprints. 2014. Disponible en:http://www.waterfootprint.org/index.php?page=files/CoffeeTea . Consultado: [09/09/2014].

- WIKIPEDIA. PIB verde. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_verde . Consul tado: [09/11/2014].


[1] Tomado de: Declaración del encuentro de mujeres frente al extractivismo y al cambio climático. Quito, 14 de octubre de 2014.

[2] BAPTISTA, Asdrúbal. Teoría económica del capitalismo rentístico. p.20

[3] Este tipo de flujos extractivos, en muy buena medida de carácter delincuencial, evidencian las complejas dinámicas de los sistemas extractivistas, sobre todo en el marco de un conflicto de disputa geopolítica territorial y por los llamados “recursos naturales”. La incidencia negativa que ha tenido este fenómeno en la estructura del capitalismo rentístico venezolano ha sido de tal magnitud, que intensifica la sed de divisas y productos importados propia del modelo, presionando aún más a un redimensionamiento del sistema, por lo que sin duda creemos que este fenómeno hace parte también de los análisis sobre extractivismo. Son también, operaciones de extracción. Sobre los fenómenos de economía extractiva en la frontera colombo-venezolana, véase: HERNÁNDEZ, Rafael A. La economía se desangra por la frontera . COLOMINE, Feijoo. Lo que no dijo Últimas Noticias sobre el contrabando que azota las fronteras venezolanas.

[4] Cfr. EFE. Peña Nieto: reglamentos de reforma energética abren paso a era de crecimiento.

[5] Cfr. TELAM. Cristina inauguró la planta de procesamiento de soja más grande del mundo.

[6] HUMALA Tasso, Ollanta. Pronunciamiento del Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, sobre el proyecto minero Conga.

[7] Cfr. EL TELÉGRAFO. Correa se compromete con waoranis a extracción responsable del Yasuní.

[8] Cfr. PÁGINA Siete. Evo promete mayor desarrollo en TIPNIS.

[9] Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_verde

[10] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos.

[11] Cfr. WATER Footprint Network. Product Water Footprints. El país referencia para esta medida es Holanda. La medida es buena referencia para los territorios estructurados en torno a los «modos de vida imperial», que pueden estar también en las grandes ciudad de los países del Sur Global.

[12] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013).

[13] Cfr. RED Alerta Petrolera Orinoco Oilwatch. El conflicto petrolero venezolano y sus implicaciones ambientales.

[14] Cfr. LA HORA. Presentan alternativas a la explotación del Yasuní-ITT.

[15] Sobre esto, véase: TERAN Mantovani, Emiliano. Del debate del precio de la gasolina a los primeros pasos de una transición post-rentista.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191979

 

 Crisis civilizatoria

 

Recordemos las loas al crecimiento a tasas chinas durante los primeros años de gobiernos K. Sin embargo, se dio  por expansión del sistema de soja transgénica o sea la multiplicación de ecocidios-genocidios. Indaguemos sobre qué gestiona Evo Morales, el único exitoso de los gobiernos progresistas en la actualidad.

 

Modelo económico social comunitario productivo:

el “milagro” boliviano.

28 de junio de 2018
Publicado por Resumen Latinoamericano*

Por Viviana Díaz Frías* *

La Paz (PL) Bolivia despunta como el país de mayor crecimiento económico en Sudamérica durante los últimos cinco años, al aumentar el índice de su Producto Interno Bruto (PIB) alrededor del cinco por ciento anualmente.

La comunidad internacional reconoce este avance, puesto que, antes del 2006 y el inicio del proceso de cambio, el país andino amazónico ocupaba los últimos puestos de desarrollo en la región.

La clave del ‘milagro boliviano’ se encuentra en las distintas políticas económicas implementadas como parte del nuevo modelo adoptado luego de la llegada de Evo Morales a la presidencia: el social comunitario productivo.

Origen de dicho modelo

De acuerdo con la revista Economía Plural, publicación del Ministerio boliviano de Economía y Finanzas Públicas, el modelo social comunitario productivo se gesta en un escenario de auge del modelo neoliberal.

Por el año 1999, cuando Bolivia vivía el momento cúspide del neoliberalismo con las inversiones de la capitalización, algunos exmilitantes del Partido Socialista-1 (PS-1) comenzaron a pensar en el post neoliberalismo.

El grupo -que pasó a denominarse Duende- estaba conformado por docentes como Luis Alberto Arce Catacora, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y exministro de Economía de la administración de Evo Morales.

Los diseñadores del nuevo modelo consideraban que Francis Fukuyama, con el libro El Fin de la Historia, estaba equivocado, pues el capitalismo no era la única y última instancia: había algo más adelante, explica el texto.

Por ese tiempo, Álvaro García Linera, ahora vicepresidente del Estado, realizaba sus propias investigaciones sociales y formó el grupo Comuna, integrado, entre otros, por Raúl Prada, Luis Tapia y Oscar Vega.

En una reunión del grupo Duende con García Linera coincidieron en varias posiciones y se percataron de que perseguían el mismo objetivo, pero planteando diferentes instrumentos y herramientas.

Comuna observaba el proceso sociológico-político con mucha profundidad y Duende trabajaba sobre el tránsito hacia el socialismo desde la construcción de un nuevo modelo económico.

Una vez fusionados ambos pensamientos e iniciada la campaña electoral para las elecciones de 2005, Arce Catacora trabajó en el Plan Económico de gobierno junto a Carlos Villegas, también profesor de la UMSA.

Los trabajos de investigación de Arce y Villegas se constituyeron en el embrión de lo que después pasó a ser el Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo cuando se redactó el programa de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2005.

¿Cómo funciona?

El modelo económico social comunitario productivo identifica dos pilares: el sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de ingresos y empleo, afirmó el economista boliviano Luis Alberto Arce.

Como parte del mismo, se identifican cuatro sectores estratégicos en Bolivia para generar excedentes económicos: hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales.

Son los viejos y tradicionales sectores de los que ha vivido el modelo primario exportador. No puede cambiarse el país de la noche a la mañana, tiene que haber una estrategia, plasmada en este modelo, para salir del circuito negativo, expresó.

Por otro lado, entre los sectores generadores de ingreso y empleo figuran la industria manufacturera, el turismo, la vivienda y el desarrollo agropecuario.

De acuerdo con el nuevo modelo, para desarrollar a Bolivia, generar esa transformación productiva y modificar el modelo primario exportador, se requiere llevar los excedentes de minería, hidrocarburos, energía eléctrica y recursos naturales hacia los sectores que generan empleos para los bolivianos. En este modelo -amplió Arce- el Estado funciona como ente redistribuidor, con la capacidad de transferir los recursos de los sectores excedentarios a los generadores de empleo e ingreso.

En otras palabras, lo que se busca es liberar a la nación de la dependencia de la exportación de materias primas para abandonar el modelo primario exportador y construir una Bolivia industrializada y productiva, apuntó.

El investigador también reconoció que, si bien por un tiempo Bolivia seguirá siendo un país primario exportador, esta vez se debe tener claridad sobre el objetivo y el camino a tomar, que es el de la industrialización de la economía.

A su juicio, este es un modelo económico que se basa en el éxito de la administración estatal de los recursos naturales y está diseñado para la economía boliviana. Su triunfo depende de la forma en que se administren los recursos naturales.

En definitiva, su principal mérito es que se trata de un modelo económico para Bolivia hecho por bolivianos, concluyó.

PRENSA LATINA
**Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/06/28/modelo-economico-social-comunitario-productivo-el-milagro-boliviano/

 

 

Examinemos que el objetivo de intensificar el modelo extractivo exportador refuerza el capitalismo dependiente en cuanto acepta la División Internacional del Trabajo y atiende las necesidades e intereses de capitales y estados imperialistas: 

 

 

Presidente Vladimir Putín asegura que su país puede duplicar la producción de gas en Bolivia

Rusia y Bolivia sellan

asociación estratégica, hablan de litio, gas y

del tren bioceánico central.

13 de junio de 2018

(ABI- PATRIA NUEVA).- El presidente Evo Morales informó que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, expresó su interés en la industrialización del litio boliviano y en el proyecto del tren bioceánico central, en una reunión bilateral que sostuvieron ambos mandatarios en Moscú.

El mandatario boliviano se encuentra en Rusia en una visita oficial para ratificar, gestionar y suscribir acuerdos bilaterales con su par ruso en beneficio de ambas naciones.

“Aprovecho este medio para informar, (Putin) tiene mucho interés en el tema litio”, dijo en contacto con radio Panamericana.

Morales dijo que el presidente ruso  tiene interés también en conocer el proyecto de Tren Bioceánico Central, que unirá el puerto de Santos (Brasil) con el puerto de Ilo (Perú)
“Nos ha pedido información técnica y tiene mucho interés, iniciará otro trabajo el Ministerio de Obras Públicas para entregar el proyecto que tenemos, estamos empezando el proyecto a diseño final”, sustentó.

 

GAZPROM PODRÍA DUPLICAR PRODUCCIÓN DE GAS EN BOLIVIA

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras una reunión con su homólogo boliviano, Evo Morales, que el gigante energético ruso Gazprom podría duplicar la extracción de gas en ese país andino amazónico.

Morales  inició el miércoles una gira de Estado en Rusia cuyo punto principal de la agenda bilateral era una reunión con el presidente Vladimir Putin en la que tenía previsto abordar una amplia agenda bilateral que implica la captación de inversiones por al menos 1.000 millones de dólares para el área hidrocarburífera de Bolivia.

El presidente ruso recordó que el nivel de extracción de Gazprom en Bolivia alcanza a 2.500 millones de metros cúbicos de gas.

“Gazprom está trabajando en dos yacimientos, la extracción es de 2.500 millones de metros cúbicos de gas, y ahora se está resolviendo la cuestión de una ampliación de esta extracción, que podría duplicarse”, subrayó Putin, citado por el diario digital RT.

Putin recordó también que la corporación estatal Rosatom edificará un centro de investigación nuclear en Bolivia, en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz.

En la declaración conjunta firmada al término de la reunión, ambos líderes han criticado la “aplicación extraterritorial ilegal de legislaciones nacionales y el uso de medidas coactivas, incluidas las sanciones económicas”, siempre según RT.

 

SEIS MEMORÁNDUMS DE ENTENDIMIENTO Y CONVENIOS

Con la firma de seis memorándums de entendimiento y convenios, Bolivia y Rusia elevarán su relación bilateral “a una asociación estratégica”, informó el Canciller Fernando Huanacuni, quien destacó que esto significa “una convergencia en las ideas, en los principios ideológicos dentro del marco de la multilateralidad”.

Huanacuni destacó las particularidades de la reunión Evo – Putin, que ocurre en un momento en el que Rusia recibe a varios jefes de Estado, que serán recibidos apenas en un promedio de 15 minutos cada uno de ellos, mientras que Morales se reunirá por casi una hora con el líder ruso.

Detalló los memorándums de entendimiento y los convenios que se firmarán, y dijo que tanto la cita con el Presidente Vladimir Putin, como la firma de acuerdos, se trabajó por más de un año.

Los memorándums de acuerdo son los siguientes:

Firma de un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Recursos Naturales y Ecología de la Federación de Rusia con el Ministerio de Minería y Metalurgia del Estado Plurinacional de Bolivia en el ámbito de la geología.

Firma de un contrato de servicios para el área Vitiacua, ese contrato se encuentra en negociación con Gazprom, que operaría en el área de inversión por más de 1 millón 224 mil dólares, para lograr una producción máxima de 12 millones de metros cúbicos día. Estamos hablando de cifras muy importantes para Bolivia en la producción y exportación.

Memorándum de entendimiento entre Exiar y el Ministerio de Hidrocarburos para suministro de vehículos a gas natural.

Firma del acuerdo de cooperación entre Akron, Gazprom y YPFB para proyectos comunes en exploración, producción de gas, desarrollo y transporte de hidrocarburos.

Firma de un memorándum de entendimiento entre Akron y YPFB para la provisión de gas natural de Bolivia a dos plantas productoras de urea en Brasil, por un volumen de hasta 4 mil millones hasta el año 2022. Por lo tanto esta asociación estratégica entre Akron y YPFB va a permitir proyectar también.

“Vuelvo a reiterar, Bolivia tiene una capacidad productiva porque ha sido bendecida en recursos naturales, la experiencia de Rusia nos permite proyectarnos, la tecnología de Rusia nos permite proyectar en un mundo ahora dinámico no sólo en lo ideológico, político, sino en lo comercial”, dijo el Canciller boliviano.

Fuente: https://www.bolpress.com/2018/06/13/rusia-y-bolivia-sellan-asociacion-estrategica-hablan-de-litio-gas-y-del-tren-bioceanico-central/

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El Presidente y el equipo jurídico revisarán en La Haya avances de la contramemoria sobre los manantiales del Silala

Gas Natural: Evo Morales consigue $us 1220 millones de inversión

de la gigante rusa Gazprom

 15 junio, 2018

La empresa rusa Gazprom realizará tareas de exploración de gas natural en el área Vitiacua, en el departamento de Chuquisaca, que demandará $us 1.220 millones de inversión, además abrió la posibilidad de rehabilitar antiguos campos petroleros.

“Firmamos con Gazprom, en presencia de altas autoridades de Rusia en representación del Pdte. Vladímir Putin, acuerdo para la inversión de $us 1.220 MM en exploración del campo Vitiacua, Chuquisaca. Hay posibilidad de más inversiones en rehabilitación de otros campos”, escribió ayer el Jefe de Estado en su cuenta de Twitter @evoespueblo.

Morales, que se encuentra de visita en Moscú, destacó el tamaño de la petrolera rusa en el mundo, tomando en cuenta que con normalidad llega a producir 1.200 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas, volumen que en invierno puede llegar a 1.500 MMmcd, cuando Bolivia sólo genera 60 MMmcd.

El Ministerio de Hidrocarburos indicó que el área Vitiacua tiene un potencial de 4,2 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) de gas y se prevé que la producción máxima alcance a 12 MMmcd.

El Jefe de Estado sostuvo, en una entrevista con la red Patria Nueva, que también existe la posibilidad de conformar una empresa mixta entre YPFB y Gazprom para la comercialización del gas boliviano, tomando en cuenta que la compañía rusa es distribuidora internacional.

“Tener como socio (a Gazprom) para el tema de comercialización es mercado garantizado para nuestro gas, es la otra ventaja que tenemos”, apuntó.

Añadió que lo más importante de su viaje a Rusia era el acuerdo con Gazprom.

 

VEHÍCULOS A GNV

El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, firmó un convenio con Gazprom, a través de la empresa Exiar, para la gestión de créditos directos al transporte público de Bolivia que permitan la provisión de hasta 20 mil vehículos rusos a gas natural vehicular (GNV).

“El crédito daría Exiar directo a los transportistas y así puedan adquirir vehículos nuevos con instalaciones de GNV o GNL (gas natural licuado) de fábrica”, aseveró la autoridad que acompaña al Jefe de Estado, según un comunicado de la cartera de Hidrocarburos.

 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Morales manifestó que también se rubricó un convenio con el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, de Rusia, para el estudio de aguas subterráneas en Bolivia.

 

LITIO Y TREN BIOCEÁNICO

El presidente Morales informó  que dos empresas rusas expresaron su interés en explotar el litio boliviano, para desarrollar su tecnología, e incorporarse al “ambicioso” proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico Central.

Morales se refirió al tema, tras llegar a La Haya, Países Bajos, después de cumplir una agenda oficial de dos días en Moscú, Rusia, y consolidar “importantes” acuerdos y memorándums de entendimiento en varias áreas con ese país.

“Nos hemos reunido con una empresa que tiene interés en el tema del litio, (dieron) una profunda explicación de cómo podemos aprovechar el litio y la nueva tecnología de Rusia”, dijo en entrevista con la Red Patria Nueva.

El presidente indígena explicó que esa empresa plasmará su interés con datos técnicos que presentará en una reunión que se programará en Rusia con los ministerios de Minería, Economía y Planificación del Desarrollo, además de responsables técnicos del litio boliviano.

“(En el Ejecutivo) no somos expertos; sin embargo, se prepara una reunión”, dijo el jefe de Estado.

En cuanto al proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico Central dijo que otra empresa rusa expresó su intención de formar parte de ese “ambicioso” plan, que pretende unir el puerto de Santos (Brasil) con el puerto de Ilo (Perú), pasando por Bolivia, y constituirse en el canal de Panamá del siglo XXI.

Sin precisar el nombre de la empresa, informó que instruyó al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, que presente la información técnica o financiera de ese proyecto, que también es de interés de Alemania, Suiza, España e Inglaterra.

“Podemos hacer una reunión conjunta entre Alemania, Suiza, Perú, Brasil, ojalá los otros países que tengan interés puedan incorporarse. La última semana manifestó su interés España Inglaterra y ahora Rusia”, indicó.

Más tarde, en su cuenta Twitter, el jefe de Estado boliviano puntualizó que otra empresa rusa también expresó su intención de ensamblar vehículos a gas en Bolivia.

“Bolivia está interesada en la adquisición de autos a gas de Rusia. En este viaje, recibimos una propuesta de una empresa rusa para el ensamblaje de autos en nuestro país. Las próximas semanas haremos una evaluación económica de las posibilidades”, escribió en esa red social.

 

MANANTIALES DEL SILALA

El presidente Evo Morales confirmó que el sábado, mañana, se reunirá con el equipo jurídico nacional e internacional en La Haya, Países Bajos, para revisar los avances de la elaboración de la contramemoria de Bolivia sobre la propiedad de las aguas del manantial Silala, que debe ser presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“Decirles que para mañana está programada la reunión con el equipo jurídico internacional para evaluar primero los alegatos orales sobre el tema del mar y segundo escuchar avances de la contramemoria que va preparando el equipo jurídico internacional y nacional”, dijo en contacto con la Red Patria Nueva.

El jefe de Estado confirmó ese encuentro tras llegar esta jornada a La Haya, después de cumplir una agenda oficial en Rusia y suscribir acuerdos bilaterales.

Chile demandó a Bolivia en 2016 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) porque considera que las aguas del Silala, situadas en la región andina de Potosí (suroeste), provienen de un río internacional y no de un manantial como afirma La Paz.

El demandante presentó su memoria en julio del año pasado y Bolivia prepara su contramemoria, la cual debe argumentar ante la CIJ, hasta el 3 de septiembre.

La Paz afirma que el Silala es una reserva hídrica de aguas subterráneas canalizadas artificialmente hacia territorio chileno debido a un acuerdo firmado en 1908, que ya expiró.

Ambos países mantienen en La Haya otra demanda, la marítima por un acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico.

Fuente: https://www.bolpress.com/2018/06/15/gas-natural-evo-morales-consigue-us-1200-millones-de-inversion-de-la-gigante-rusa-gazprom/

 

Señalemos que lo peor de maximizar los extractivismos y su imprescindible IIRSA consiste en la destrucción extensiva de las condiciones de vida y trabajo.

 

 

Bolivia: El corazón fracturado de la tierra

19 de abril de 2018

 

Fracking y la expansión de la frontera petrolera

 

Acorde a las políticas de exponencial aumento de la frontera petrolera en el país, el pasado jueves 12 de abril, el gobierno boliviano ha firmado un convenio con la empresa canadiense Cancambria, para la exploración de gas esquisto o pizarra en el yacimiento Miraflores, el cual, explica el investigador del CEDIB, Jorge Campanini, está situado en Macharetí en el Chaco Boliviano.

El fracking es una tecnología extrema para la obtención de energía extrema, es decir, no  solo es que ha llegado a usar miles de millones de litros de agua y químicos peligrosos que afectan el bienestar de humanos y no humanos, sino que es una de las formas de sobre explotación y transformación de territorios en zonas de brutal expoliación. Por medio de ella, el mundo capitalista, y multimillonarias empresas transnacionales en particular, sostienen un modelo energético basado en el consumo de combustibles fósiles, contaminantes y responsables del cambio climático.

 

La explotación de gas shale o gas esquisto, necesita no sólo métodos de extracción altamente contaminantes, como el fracking, o “fractura hidráulica”, sino su ingreso a zonas como los polos norte y sur del planeta, aguas profundas (offshore), así como a áreas protegidas, poblados enteros, territorios indígenas o zonas de producción campesina: “entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales”.

Mientras se suceden declaraciones del Ministro de Hidrocarburos, sobre que Bolivia poseía una cantidad astronómica de gas shale o esquisto, la cual sobrepasaría la cantidad de reservas del yacimiento argentino de Vaca Muerta y la respuesta del ministro argentino Juan José Aranguren, ambos pensando en la competencia por el mercado brasileño; las poblaciones afectadas en el vecino país por el mega emprendimiento de Vaca Muerta en Neuquén, viven la conversión de sus hogares en zonas altamente industrializadas, perforadas, invadidas por el constante paso de camiones de alto tonelaje, y contaminadas por los químicos  que usa el fracking.

 

Bolivia: hacia los extremos del extractivismo energético

El actual gobierno boliviano, como ningún otro en el país, avanzó en la posibilidad de exploración de no convencionales. El 2013, el gobierno nacional, -a través del entonces gerente de la Vicepresidencia de Control, Administración y Fiscalización de YPFB, Luis Alberto Sánchez, ahora ministro de Hidrocarburos-, había anunciado que iniciarían los estudios sobre la existencia de gas esquisto en la formación Los Monos, que se halla en la cuenca geológica del Chaco, que comparten Paraguay, Argentina y Bolivia. Ese mismo año, el gobierno firmó convenios con Argentina sobre la exploración de potencialidad de gas esquisto y capacitación técnica en esta área. Así mismo la empresa nacional YPFB había presentado ese 2013 un estudio sobre las primeras consideraciones para iniciar exploraciones de gas shale en el chaco boliviano.  Si bien el ex ministro Juan Ramón Quintana había afirmado el 2015 que el fracking no se aplicaría en el país, el 2013, YPFB Chaco, subsidiaria de YPFB, con la empresa norteamericana Halliburton, realizó una “minifractura” en el pozo Ingre X-2, en el departamento de Chuquisaca, lo cual, según datos había permitido que se descubran reservas de “tight oil”, arenas compactas, que, sin embargo, no resultaron ser económicamente rentables. Esta mini-fractura, anota el investigador Marco Octavio Ribera, se realizó sin consulta previa con las poblaciones del lugar.

Estas pruebas iniciales sobre exploración de no convencionales, forman parte de un avance exponencial de la frontera petrolera en Bolivia estos últimos años. Jorge Campanini, en su exposición del pasado 8 de marzo de este año en la ciudad de La Paz, explicó  que las políticas en cuestión de hidrocarburos han implicado la aprobación de leyes y reglamentos que no solo permiten la apertura de áreas protegidas a actividades hidrocaburíferas de empresas como Shell, Petrobras o Repsol en asociación con la empresa estatal YPFB, sino que modifican, flexibilizándolos, marcos ambientales para dichas actividades. Los planes de exploración hidrocarburífera avanzan sin pausa, el periódico el Deber señala que el gobierno boliviano ha concretado 20 nuevos contratos, en los últimos años, para actividades hidrocarburíferas, ocho de ellos en Tarija, de los cuales dos están en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

La expansión de la frontera petrolera hacia el corazón de la Amazonía en la Cuenca del Madre de Dios, es otra de las claves para referirnos al carácter de la agudización del régimen extractivista en Bolivia, un proceso de ocupación de territorios indígenas para su transformación en zonas de extracción de materia primas, y la amenaza de genocidio contra un pueblo no contactado. El ingreso de las exploraciones de hidrocarburos a la amazonía y ahora la exploración de no convencionales, son pasos rumbo a un “hiperextractivismo” que recurre a técnicas extremas.

 

La caída de los precios del gas, explica Campanini, frenó el lobby a favor del fracking, sin embargo éste es nuevamente retomado ahora. Un estudio de una consultora mostraba reservas de no convencionales en el pozo Pando X1. (Mapa 1)  El Agencia Internacional de Energía que realizó un estudio en varias zonas, (Mapa 2), afirmaba que hay 48 TCF de no convencionales en la cuenca del Chaco, de las cuales eran recuperables 37 TCFs, situando a Bolivia en el quinto país de América Latina con mayores reservas de gas shale. Esto se hallaría en la estructura geológica de Los Monos, que sería la que tendría las cualidades para contar con potencial de no convencionales. El estudio que realizó YPFB por su parte, concluye que la zona con menor riesgo de exploración de no convencionales vendría a ser la zona del trópico, el área de la llanura del “Boomerang”, de acuerdo a datos brindados por Campanini. También se habló del parque Aguaragüe, pero que al ser un una estribación serrana no es apta para la explotación por fracking que por lo general se hace en llanos.

Las declaraciones del Ministro Sánchez en marzo de 2018, hacían referencia a que Bolivia estaría en condiciones de anunciar un yacimiento de gas shale más grande que el de Vaca Muerta en Argentina: “Creo en las próximas semanas vamos hacer un anuncio importante, que Bolivia tiene una Vaca Muerta más grande”, afirmando que Bolivia no podía estar al margen de estudios sobre no convencionales y desestimando las previsiones sobre afectaciones socioambientales. Esos mismos días el presidente de la estatal YPFB también había adelantado que se suscribiría un memorándum de entendimiento con la empresa canadiense Cancambria Energy Corporation, el cual debió concretarse el 6 de marzo, pero finalmente se consolidó el 12 de abril.

 

La empresa Cancambria, que firmó un convenio de intenciones con YPFB y YPFB Chaco, y trabaja en exploración de hidrocarburos no convencionales en varios países del mundo, informó ese día que el área Miraflores, situada en Macharetí (departamento de Chuquisaca), tendría un potencial de 100 TCFs de gas no convencional. Zona donde existen territorios indígenas titulados, explica Campanini.

“Nuestro objetivo es evaluar recursos no convencionales a gran escala en el área de Miraflores,  basados en nuestros estudios, actualmente creemos que los recursos in situ, en el área de Miraflores, podrían exceder los 100 trillones de pies cúbicos (TCF´s) y más aún en la realidad del Chaco. declaraba el CEO de la empresa, Cristopher Cornellius, quién informó que se planea perforar varios pozos en los siguientes 25 años, actividad que necesitará una inversión de varios millones de dólares. Cornellius auguró además, que con la exploración de muchos pozos se generarían posibilidades de empleos, actividades que solo podrían ser realizadas con el apoyo de las“comunidades locales”.

 

Aquella ocasión, el ministro Sánchez había hecho mención a un programa de estudios de gas no convencional en Bolivia: “El presidente Morales en los próximos meses lanzará un programa de estudio de gas no convencional en Bolivia y eso es cambio de paradigma, agregó al anunciar que pedirá a Cornelius impartir un curso sobre si hay daño ambiental con esta tecnología“.

Este 18 de abril, ante la ola de críticas frente a la firma del convenio con Cancambria, el ministro Sánchez afirmó que se tratan de estudios que aún no tienen estudios de impactos ambientales ni económicos, y que esperarían estos para ver la viabilidad del Fracking, afirmación parecida a la que hizo respecto a la exploración de hidrocarburos en la Reserva Tariquía, la cual de todas maneras se está llevando adelante: “Qué estamos haciendo?, el presidente (Evo) Morales va anunciar un estudio mucho mayor de los recursos no convencionales, dicen que son cuatro cifras” anunció, aseverando nuevamente que elfracking no tiene impactos ambientales: “El Instituto de Argentino de Petróleo y Gas dice que la explotación de gas no convencional no tiene afectaciones ambientales”.

 

 “Vaca Muerta” y otros cadáveres

No obstante,  decenas de informes científicos alrededor del mundo, y denuncias de lxs directamente afectadxs,  señalan que la fractura hidráulica tiene consecuencias sociales y ambientales altamente destructivas.

Hernán Scandizzo, miembro del Observatorio Petrolero del Sur, OPSUR, en Argentina, periodista e investigador especializado en el tema fracking, conversó con nosotrxs, mostrándonos el panorama de lo que sucedió en Argentina y lo que implica la fractura hidráulica para los pueblos campesinos e indígenas, evidenciando que el cruce de declaraciones entre ambos ministros resulta un sinsentido, al observar que la población ya sea de un lado u otro de la frontera, pagará el alto costo provocado por la fractura hidráulica.

El kircherismo, dice Scandizzo,  propagandizó el fracking en el yacimiento de Vaca Muerta, -Neuquén, el norte de la Patagonia-, como la gran promesa de desarrollo, un yacimiento de clase mundial, que pondría a Argentina como una de las estrellas en términos de exportación de gas shale. Años después, Argentina, luego de Estados Unidos, Canadá y China, es el cuarto país que ha logrado exportar comercialmente gas esquisto. Sin embargo, para las comunidades mapuche y pueblos pequeños como Añelo, el más cercano a Vaca Muerta, implica la reedición de lo que en Argentina se conoce como “La conquista del Desierto”, el avance colonialista del siglo XIX en la Patagonia, arrasando comunidades indígenas, exterminándolas y convirtiéndolas en zonas para el comercio mundial y haciendas.

De hecho, este nuevo avance extremo del capitalismo implicó que la primera gran mega obra que trajo consigo el fracking hasta Añelo fuese nada más y nada menos que un Casino, relata Scandizzo, con una infraestructura que no tenía ni la municipalidad, así como se generaron escenarios para la llegada del narcotráfico, la trata y explotación sexual de mujeres, pero además el que los antiguos productores frutícolas hayan abandonado sus tierras y su autonomía de subsistencia, para convertirse en cocineros o trabajadores de maestranza en los campamentos petroleros.

“Se da toda un transformación de una economía productiva a una economía más rentista […] La actividad petrolera de no convencionales, no es una necesidad pensando en un horizonte de soberanía energética, señala Scandizzo.

 

La promesa de desarrollo por la explotación de gas esquisto en Vaca Muerta, así como en otros lugares del planeta, no alcanza a cubrir la inconmensurabilidad de los costos sociales y ambientales que produce  el fracking. Esa es la situación de Vaca Muerta y otras zonas cadáveres, donde se implementa esta técnica.

 

Fracking: la fractura irreversible

El fracking causa daños irreversibles porque es una técnica de explotación intensiva de la tierra, que la estalla en el subsuelo y devasta en la superficie, como afirma Scandizzo.

Una descripción amplia, detallada y sobrecogedora en castellano, sobre lo que implica elFracking, puede encontrarse en el artículo de Eduardo D`Elia y Roberto Ochandío, del libro “20 mitos sobre el Fracking”. Queda muy claro que como método experimental de extracción de gas esquisto, las fases de perforación así como las de extracción, representa hacer estallar rocas antiquísimas y profundas por la presión descomunal de agua y químicos, con cargas transportadas por un cañon de punzamiento.

Hablar solo del uso del agua, como ejemplo, significa referirse a cantidades inconcebibles y aterradoras. El fracking, en este sentido, ha tenido efectos devastadores en Estados Unidos, porque precisamente necesita penetrar la tierra a grandes profundidades, (a más de 2,500 metros por lo general), utilizando una cantidad de agua calculada de 9 a 29 millones de litros por pozo, aunque, según la investigadora Claudia Campero, un solo pozo en Michigan llegó a consumir hasta 80 millones de litros de agua. Si cada plataforma tiene un promedio de 6 pozos, entonces se usa de 54.000 a 174.000 millones de litros de agua en una sola fractura.  Los datos sobre el número de pozos de frackingen EE.UU, varía según reportes, unos mencionan que de 2005 a 2013 habrían existido 80 mil pozos aprobados y en ejecución en 17 estados, mientras que otros datos hacen mención que existirían 300 mil pozos hasta el 2016. Como sea, hablar solo de cientos y miles de pozos nos da una dimensión aproximada del agua que se ha usado y contaminado todo este tiempo.

En efecto, el agua que se emplea debe ser mezclada con más de 500 químicos y arena sílice. Si bien los tóxicos representan el 1.2% de la mezcla, esto significa, escribe Campero,  que se utilizarán 300 mil litros de químicos por pozo, sustancias que han sido declaradas secreto industrial.

El proceso completo del fracking, nos obliga a pensar ¿en el país, de dónde se sacarían esas cantidades inmensas de agua para la perforación de pozos en pleno chaco boliviano, donde ésta ha sido contaminada ya por pasivos ambientales? ¿cuáles vertientes, serán las  víctimas inermes de la extracción extrema?

El fracking, no garantiza que las perforaciones, ni todo el proceso de extracción, no tengan filtraciones, lo cual ya ha pasado de manera desastrosa en los yacimientos de norteamérica. De hecho, de acuerdo a John Saxe en su artículo “La explotación de fósiles no convencionales en Estados Unidos: una lección para América Latina“,  la misma industria petrolera, reconoció que por lo menos el 25% de los pozos tienen fugas a los dos años y el 40% a los 8 años.

Un compendio de hallazgos científicos bastante detallado y completo, sobre los efectos dañinos del fracking, señala entre otros 7 elementos como el riesgo de sismos, que el agua que sale junto al gas esquisto a la superficie es agua no reutilizable porque se convierte básicamente en un cóctel de químicos, entre ellos el benceno, y sustancias  mutagénicas. Así mismo, las aguas residuales son un problema para la mega industria delfracking, por que no se sabe qué hacer con ellas. Estudios en Estados Unidos, continúa Saxe, probaron que existían por lo menos 8 químicos usados por la industria del fracking, que eran cancerígenos. El agua que se queda al fondo de los pozos, contamina con sustancias no biodegradables los acuíferos de agua dulce.

Si se suma a esto, el hecho de que el 90% del gas pizarra o lutita es metano, estamos hablando de un contaminante 21 veces más poderoso que el dióxido de Carbono, una nefasta contribución al cambio climático. Mencionemos que también expulsa dióxido de azufre al aire, así como libera hidrocarburos aromáticos polisaturados, metales pesados y elementos radiactivos, por lo cual, anotan D`Elia y Ochandío, se dice que son condiciones extremas de contaminación.

Algo muy importante que señala Scandizzo sobre Vaca Muerta, es que la mega industria del fracking, no viene sola, necesariamente requiere más infraestructura y el desarrollo de otras industrias igual de nocivas para su funcionamiento. La extracción de arena sílice, causante de la silicosis, es un elemento fundamental para la fractura hidráulica, así como se amplía el Polo Petroquímico, los tendidos ferroviarios, la construcción de acueductos, y la construcción de corredores bioceánicos que también son parte de la IIRSA.

El fracking fractura la tierra en su corazón, los ductos de perforación horizontal  atraviesan poblados enteros, escuelas, hogares, zonas que eran de producción agrícola; es como si “los lugares donde se habita, educa y tiene salud fueran invadidos por una industria pesada, contaminante y muy ruidosa”, puntualiza John Saxe, sobre lo que sucedió en Estados Unidos. Pero la fractura hidráulica al ser una forma de ocupación, también modifica el espacio de su superficie, arrasa paisajes y hogares de productores campesinos, se remueve la tierra, para nivelarla, donde se harán los pozos. Esto significa que esa tierra quedará inservible para la agricultura, su reconversión para un uso agrario es muy costosa, y ninguna empresa y estado están dispuestos a gastar en este tipo de actividades de intento de reparación de esta forma de daño.

 

 Scandizzo dice: es complejo volver de la explotación de no convencionales, por la fuerte transformación social y del territorio, de una sociedad que tenía una cultura de la producción, se está pasando a una sociedad cada vez más rentista […] las tierras de cultivo, lo que se hace es sacar toda la capa fértil de tierra, se lo rellena con piedra caliza, se lo nivela bien, se lo asienta y luego se perfora el pozo, es decir que por más que no haya ningún tipo de problema durante la perforación del pozo y durante la etapa de producción, supongamos que no hay ningún tipo de incidente ambiental de contaminación en esa locación, cuando termina la explotación petrolera, son tierras infértiles. Y eso si se lo quiere reconvertir, si se lo quiere hacer productivo nuevamente, tiene que haber un desembolso, una inversión para volver productiva la tierra, y esa inversión quién la va a hacer ¿las empresas, el estado, los particulares?

 

El brutal despojo capitalista de la tierra y su transformación en propiedad de empresas privadas que realizan explotación hiperextractivista, requiere que camiones de alto tonelaje realicen por pozo por lo menos cuatro mil viajes, de acuerdo a Campero, y la construcción de ductos para el transporte de gas que son contaminantes, el abrupto crecimiento de poblados petroleros donde se carece de servicios básicos e infraestructura necesaria, generando diferencias enormes entre pobladores que ganan mucho por la actividad petrolera y los que no logran hacerlo.

La técnica al servicio de estos intereses, ha significado que por cada plataforma de extracción que ocupa de 1 a 1,5 hectáreas de superficie para todos los pasos de explotación, pueda perforarse de uno a 24 pozos. Ahora bien, imaginemos el escenario, cuando se sabe que por cada yacimiento existen varias plataformas.

 
Negocio, militarización, represión y resistencia

El fracking en Latinoamérica es un gran negocio para petroleras como Chevron Texaco,  Halliburton, TOTAL o Panamerican Energy, nos explica Scandizzo. Ha favorecido a poderosos empresarios -políticos y a regímenes de estados que se sostienen gracias a la renta petrolera. Empresas que pueden invertir en los costos también extremos de la fracturación hidráulica, y que avanzan en países donde la extracción febril de materias primas está de la mano con leyes ambientales laxas y frágiles, que les permiten a las empresas, solo como ejemplo, verter los desechos tóxicos de la fractura hidráulica al mar, contando en muchos casos con el aval y la protección estatal.

Afirma Campanini que en la cuenca del Chaco boliviano ya operan empresas como Petrobras, Repsol, Total – Gazprom, British Gas y Pluspetrol; además de empresas menos grandes como Petroandina SAM, Eastern Petroleum en acuerdos con YPFB, todas ellas apoyadas por leyes e incentivos petroleros. Y ahora se suma la empresa que realiza la exploración de hidrocarburos no convencionales.

¿Y qué de las poblaciones que en el Chaco boliviano viven todos los días consumiendo agua contaminada por las actividades petroleras y de hidrocarburos convencionales, como en Caigua? ¿Ante todo este panorama la respuesta estatal es ver viable las posibilidades de una técnica que traería más contaminación y uso masivo de agua,  un bien escaso?

En el núcleo del capitalismo, surgen voces diversas de rechazo al fracking. Alrededor del mundo se han articulado luchas frente a las amenazas y altos costos que éste representa, denunciando en tribunales y luchas callejeras, las afectaciones socioambientales pero también los mecanismos de represión con los que se impone este nuevo extractivismo extremo. Varios gobiernos nacionales y subnacionales han declarado moratorias a los proyectos de explotación por fracking, así como los han prohibido. Bolivia tiene como referencia necesaria la resistencia de las comunidades campesinas de Tariquía, sostenida principalmente por mujeres, las cuales si bien tejen una lucha frente a la exploración hidrocarburífera de convencionales realizada por las técnicas de sismica 2d y 3d, es fundamental porque son la red que puede seguir tejiendo sentidos disidentes al extractivismo, ampliando la lucha al rechazo al fracking.

El modelo del extractivismo extremo requiere formas de expropiación y despojo extremos, la continua vulneración de derechos, así como varios niveles de represión,  como los que se instauran en México o Estados Unidos.

Hernan Scandizzo señala claramente que en Argentina, la resistencia de comunidades mapuche, las diversas movilizaciones de poblados y municipios que se declararon zonas libres de fracking, enfrentan las políticas represivas, donde el macrismo creó recientemente un comando unificado que representa una fuerza de seguridad militarizada, la que ocupará también Neuquén con 400 efectivos, y la cual deberán considerar también los movimientos que se oponen al fracking.

En este sentido, las luchas anti fracking, comparten elementos de las experiencias del movimiento anti petrolero en Bolivia, donde la tónica estatal es una estrategia de división interna de las comunidades en resistencia mediante el ofrecimiento de proyectos de “desarrollo”, destrucción de organizaciones representativas con la creación de estructuras paralelas afines al gobierno, así como el amedrentamiento y represión policial.

El alcance, hasta ahora inédito en el país, de los daños ambientales y sociales de la fractura hidráulica, así como las preguntas sobre las posibilidades económicas de Bolivia como exportador – ¿a qué mercado?-, de gas esquisto en un panorama  donde la cabeza mundial de extracción de gas shale es Estados Unidos, conlleva a pensar en la formación de un todavía incipiente movimiento antifracking, donde se investigue y profundice sobre los inmensos peligros a los cuales nos lleva la política energética del estado boliviano, que ha visto como “estudiable” y viable fracturar el corazón de la tierra.

Chaski Clandestino

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2018/04/19/el-corazon-fracturado-de-la-tierra/

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Jueces internacionales emiten primera declaración sobre fracking

22 de junio de 2018

Por Maura Stephens, The Lansing Star


Montour Falls, NY - Apenas unas semanas después de la conclusión de los procedimientos del 14 y 18 de mayo de la sesión internacional del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre los Derechos Humanos, Fracking y Cambio Climático, los 10 jueces internacionales en el panel gobernante emitieron un enunciado preliminar enérgico. 

En él, los jueces afirman que la evidencia presentada durante la sesión por docenas de grupos e individuos de 4 continentes demuestra que el fracking y las industrias relacionadas contravienen los derechos de las personas y de otras especies y ecosistemas, y no accidentalmente. 

Los testimonios, dijeron los jueces, "subrayan que las violaciones de los derechos [humanos] generalmente se planifican e implementan intencionalmente, y también se ocultan cuando es posible y se niegan cuando se exponen".

Además, señalan, los gobiernos apoyan estas prácticas al no proporcionar regulaciones aplicables o recursos judiciales apropiados para las comunidades afectadas,"proporcionando así a las empresas una excusa para operar dentro de un régimen de impunidad".

La condena más acrítica de los jueces vino en el resumen:"La evidencia demuestra claramente que los procesos de fracking contribuyen sustancialmente al daño antropogénico, incluido el cambio climático y el calentamiento global, e implican violaciones masivas de una gama de derechos humanos sustantivos y procesales y los derechos Por lo tanto, la industria no ha cumplido [l] sus obligaciones legales y morales. La evidencia también muestra que los gobiernos, en general, han fallado en su responsabilidad de regular la industria... para proteger a las personas, las comunidades y la naturaleza y en actuar con prontitud y eficacia ante los peligros del cambio climático que representa el fracking".

La Coalición para Proteger a Nueva York, que cubre más de 20 Condados del Nivel Central y del Sur, estuvo entre los que testificaron. Al leer la declaración preliminar, la representante Maura Stephens dijo: "La gente de nuestra región tuvo el honor de ser escuchados en este respetado foro internacional. Esperamos que los jueces, al sopesar nuestra evidencia y los que conviven con nuestro planeta, lleguen a la inevitable conclusión que la industria de los combustibles fósiles causa un daño atroz a los derechos de los humanos y otras especies en la Tierra. Confiamos en que sus opiniones eruditas influirán en alterar radicalmente las políticas de las naciones, aunque EEUU ahora está dominado por las fuerzas corporativas que parecen decididos a condenarnos a la extinción".

La Opinión Consultiva final de los jueces, que llevará meses completar, responderá a 4 preguntas planteadas al Tribunal y evaluará y formulará recomendaciones sobre cómo evolucionar los sistemas jurídicos locales, nacionales e internacionales existentes para garantizar que los derechos de los las personas y la naturaleza están garantizadas; fortalecer el papel de las comunidades locales y los pueblos indígenas para reforzar los derechos inviolables, incluido el de la libre determinación; y unir a los diversos actores que trabajan hacia estos derechos en todo el mundo. 

Los jueces elogiaron deliberadamente al grupo directivo y los organizadores de esta sesión, cuyos esfuerzos extraordinarios hicieron posible con recursos limitados convocar a un grupo dispar de personas de muchos países para presentar pruebas y testimonios ante el panel mundial.

 


UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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Constatemos cómo el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linares convergió, con todos los otros gobiernos de Sudamérica, en promover la ocupación económico territorial del sistema global de agronegocios. También Ecuador pisotea los derechos de la Naturaleza y de los pueblos pese a incluirlos en su Constitución.

 

 

Evo y los empresarios pactan una "alianza productiva" para alimentar al pueblo

El giro agroindustrial del “proceso de cambio”
 

10 de febrero de 2011

SENA-Fobomade *

 El gobierno boliviano y el empresariado agroindustrial consolidaron una “alianza productiva” y comenzaron a diseñar un plan estratégico conjunto para garantizar el abastecimiento de alimentos en el mercado interno, y al mismo tiempo aumentar las exportaciones agrícolas, en un intento de aprovechar la crisis alimentaria global como una “oportunidad” de negocio.

Al cumplir su primer año de gestión como Presidente del Estado Plurinacional el 22 de enero de 2010, Evo Morales propuso articular una alianza con todos los productores del país con el objetivo de tomar medidas frente a las inundaciones, sequías y otros efectos del cambio climático, y delinear una estrategia que garantice la seguridad alimentaria nacional.

“Hay culpables (las naciones ricas), cómplices y víctimas de la crisis alimentaria”, comentó el Presidente Morales, pero afirmó que su gobierno no esperará a que los países industrializados cambien sus políticas de desarrollo sino que fomentará la producción local de alimentos.

La nueva Constitución Política del Estado establece que los medianos y pequeños productores son el sostén de la seguridad y soberanía alimentaria del país, pero Morales prefirió pactar la alianza productiva con el empresariado agroindustrial.

El Presidente se reunió primero con los agroindustriales de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo y Servicios de Santa Cruz (Cainco), y con ellos comenzó a organizar la alianza productiva el 19 de enero en Palacio Quemado, relegando a los pequeños cultivadores indígenas y campesinos a un segundo plano.

Morales escuchó las sugerencias de productores de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y de la Confederación Nacional de Ayllus y Marqas del Qullasuyu (Conamaq), pero poco tiempo después conformó con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) el primer “Consejo Consultivo” público-privado encargado de “fortalecer” las políticas de desarrollo económico y resolver los problemas alimentarios.

“Se ha creado un consejo que va a empezar a resolver los problemas del día a día, como el de la planificación, para evitar problemas como la escasez de azúcar y otro tipo de problemas que eventualmente se podrían presentar… Estamos construyendo soluciones, estamos generando temas de inversión para que podamos generar más empleo”, informó el presidente de la CEPB Daniel Sánchez luego de reunirse con el Presidente, junto a una veintena de empresarios.

El dirigente del gremio patronal aseguró que los empresarios de la Cainco, de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) “están también con el Presidente tratando de solucionar los problemas” que afectan a la población boliviana. Según los empresarios, Morales está muy preocupado por la crisis alimentaria y por el cada vez mayor peso de las importaciones agrícolas.

Las importaciones agroindustriales se incrementaron durante los últimos años hasta alcanzar las 871.328 toneladas en 2007, cifra que casi se compara con el nivel más alto de los tiempos neoliberales de Hugo Banzer Suárez (2000), cuando se importaron 893.218 toneladas. Es tal la carencia de alimentos que el gobierno se vio obligado a comprar 90 mil toneladas de carne al régimen golpista hondureño, y comenzó a importar azúcar de Brasil y Colombia.

Morales se declaró satisfecho por la “sinceridad y confianza” expresadas por los empresarios y anticipó que los objetivos prioritarios de la alianza productiva son asegurar respaldo financiero y revisar la legislación agraria, especialmente los alcances de la Función Económica Social (FES) de la tierra. De esta forma, el Presidente dejó en manos de los sectores privados la seguridad alimentaria del país y dio un giro a la política agraria de su gobierno.

Uno de los objetivos de la Revolución Agropecuaria y Forestal impulsada por el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente desde 2007 era construir un patrón de desarrollo agrario con base en la “soberanía alimentaria” y asentada en sistemas de producción agrícola comunitario, asociativo e individual, para que Bolivia deje de depender de las importaciones y más bien fortalezca “el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y originaria con base comunitaria”.

El Artículo 406 de la Constitución indica que “El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables”. Añade que “El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva”.

La flamante ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ana Teresa Morales reconoció que los pequeños productores fueron los menos favorecidos por el Estado. “El equilibrio en los eslabones es básico para desarrollar las cadenas productivas, porque no puede ser que se impulse solamente los eslabones grandes y los pequeños sigan sometidos a los mayores índices de pobreza; no puede haber crecimiento productivo sin equidad, ese es un principio de nuestro Gobierno”, comentó y prometió diseñar una estrategia de “salvataje” de la economía popular, optimizando los incentivos estatales en el aparato productivo de alimentos, fundamentalmente del pequeño productor urbano y/o rural.

Pero, ¿quiénes controlan la producción alimentaria en el país? Un reciente informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla-“Soberanía Alimentaria en Bolivia entre el discurso y la realidad”, noviembre 2010) revela que en la gestión 2008/2009 la producción capitalista en Bolivia incrementó la concentración de superficie cultivada para llegar a 82,5% y los volúmenes de producción hasta 82,3%. Este incremento, si bien obedece a una modificación en los hábitos alimenticios de los bolivianos, refleja una cada vez menor importancia de la producción campesina.

A fines del siglo XX, las pequeñas unidades agrícolas aportaban el 80% en la provisión de alimentos. Los campesinos sostenían el 50% de la producción no industrial de trigo, arroz y maíz, pero estos niveles fueron disminuyendo en el gobierno indígena de Evo Morales. Con estos datos se infiere que la convocatoria a conformar una alianza estratégica no se dirige a los pequeños cultivadores, sino a los grandes productores capitalistas, más propiamente al poderoso sector agroindustrial de Santa Cruz que concentra la producción agrícola, y que controla, junto a la burguesía de Beni, más del 80% de la producción de carne bovina.

 

La propuesta del agronegocio

Los empresarios afirman que la escasez y la especulación es la factura que paga el Presidente por haber confrontado al sector productivo y a los inversionistas privados. El presidente de Anapo Demetrio Pérez recordó que en este último tiempo no hubo comunicación con su gremio, “no sabemos las razones del porqué; según nos dijeron, tenían otra agenda u otra prioridad”.

El vicepresidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) Cristian Satori criticó la falta de apoyo del gobierno, alertó que los productores nacionales están desincentivados por la inseguridad jurídica, y dijo que a consecuencia de los fenómenos naturales la oferta de carne se verá reducida, sin descartar un incremento de precios en los próximos meses. El consumo interno de carne es de aproximadamente 180 mil toneladas y la oferta para 2011 será de 170 mil toneladas.

En un Foro celebrado en 2008 en La Paz, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) advirtió sobre las serias consecuencias de una crisis alimentaria a nivel mundial que afectaría a Bolivia, y aconsejó al gobierno que no tome decisiones “reactivas” y “cortoplacistas” (prohibiciones de exportación, establecimiento de cupos, licencias previas y control de precios internos), sino medidas inteligentes y “proactivas” que no solo garanticen el abastecimiento interno, sino que generen saldos exportables.

El IBCE, un “tanque de ideas” que defiende los intereses de la burguesía agroindustrial, señala que desde 2007 el gobierno aprobó más de 13 decretos supremos para restringir las exportaciones de carne de pollo, aceite de soya y girasol, maíz, trigo y otros productos.

El representante de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) en Bolivia Gonzalo Flores comentó que las restricciones a las exportaciones, el control de precios y la intromisión del Estado en la producción de aceite “generaron un efecto boomerang” que desincentivó la producción de alimentos en el país.

“Los productores de maíz, de arroz y otros granos fueron desincentivados porque plantaban con una expectativa de rentabilidad, sabían que podían exportar una parte de lo que producían, pero al no poder exportar hacen un uso alternativo de su dinero y lo colocan en otros rubros, principalmente construcción de bienes inmuebles”, declaró Flores al diario La Razón.

El IBCE identificó tres condiciones clave para fomentar la producción de alimentos en el país: a) Seguridad jurídica para la tierra y las inversiones en el agro; b) Eliminar las fijaciones de precios y las restricciones a la exportación; c) Mecanización, riego y uso de la biotecnología para enfrentar de mejor forma el cambio climático y aumentar la productividad.

Los agricultores empresariales dicen que limitaron sus inversiones debido a la inseguridad jurídica que existe en el país, como por ejemplo el cumplimiento de la FES para las tierras productivas, condicionalidad establecida por la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). “La FES está aprobada por dos años, pero un financiamiento se produce para entre ocho y diez años”, argumentaron.

Los industriales están presionando para que se modifique la legislación agraria. El Presidente de Anapo pidió al gobierno que “flexibilice” la normativa de reversión de tierras por causal de desmontes ilegales, y permita la expansión de la frontera agrícola. “Algunos productores desmontaron áreas para sembrar más pero han sido declarados ilegales; nosotros pedimos flexibilizar las normas para, de alguna manera, regularizar ese desmonte y no recortar la producción”. Pérez aclaró que no se trata de “deforestar”, sino de aprovechar racionalmente el suelo para cultivar alimentos.

Según el dirigente empresarial, antes de aplicar la letra muerta de la ley que manda revertir propiedades y concesiones forestales cambiadas a usos agrícolas sin consentimiento legal, primero se debería realizar un estudio técnico y científico, y distinguir zonas con alto potencial para el cultivo de alimentos.

En Bolivia hay 15 millones de hectáreas aptas para cultivos agrícolas, pero se cultivan menos de 3 millones; deberíamos aprovechar la nueva realidad mundial y dedicarnos a producir más alimentos (oleaginosas, cereales, carnes) no solo para garantizar su propio abastecimiento, sino para generar saldos exportables y con ello crear empleos, ingresos y soberanía alimentaria, plantean los empresarios.

“El mundo tiene hambre y Bolivia puede ayudar al mundo a producir más alimentos, generando para sí soberanía alimentaria y más empleos”, fue la principal conclusión del Foro Crisis Alimentaria Mundial: Oportunidades y Desafíos, organizado por el IBCE en 2008, donde se abrió la posibilidad de convertir la “amenaza” de la crisis alimentaria en una “oportunidad” para Bolivia.

El IBCE advirtió que no se podrá resolver la crisis alimentaria sin el uso de biotecnología para mejorar rendimientos, combatir plagas y enfrentar los impactos del cambio climático. Aseguró que para Bolivia es insuficiente el concepto de “seguridad alimentaria”, el cual puede ser una trampa porque puede alentar las donaciones e importaciones, como ocurrió con el trigo y la harina de trigo que convirtieron a Bolivia en un país dependiente del abastecimiento externo.

 

Evo cumple con los agroindustriales

El incremento del precio de los carburantes fue el anticipo de lo que en realidad quiso decir el Presidente hace cinco años cuando afirmó que “gobernar es hacer buenos negocios”. Con el fallido gasolinazo de Navidad, Evo “cambió” el rumbo del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, y ahora pacta con el agronegocio y desvía el proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria.

“Mandar obedeciendo al pueblo” es la consigna central de las gigantografías oficialistas que proliferan en todas las ciudades capitales del país; mientras el Ejecutivo mima a los empresarios y apuntala en silencio a la agroindustria exportadora. La ministra Morales resaltó que “si alguien merece un reconocimiento importante y serio es el empresariado que logra el propósito de exportar”. Y como muestra de su reconocimiento otorgó el Premio Bolivia Exportadora 2010 a más de 50 exportadores que generan valor agregado, empleos e ingresos para la economía nacional.

El gobierno reconoció a los empresarios que exportaron aparatos para silvicultura y procesamiento de carnes, aspersores y goteros para sistemas de riego, quinua orgánica roja, manjar blanco o dulce de leche, granos aplastados y copos de avena, estevia procesada y vinagres para mesa. Entre las empresas y emprendimientos reconocidos figuran la Empresa Metalúrgica Vinto, Exportadores Bolivianos SRL, Compañía de Productos de Camélidos. (Coproca), Asociación de Productores de Quinua (Apquisa), Creaciones Paola, Boliviana de Aviación (BOA), Albergue Ecoturístico Comunitario Pampalarama, entre otros. También destacan la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA) e Insumos Bolivia, ambas pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

“Las políticas públicas de nuestro gobierno aunque no hayan sido ideales, se han esforzado seriamente en el proceso de promover las exportaciones. Si en ese afán no hemos sido perfectos aquí estamos para servirles y para perfeccionar cualquier mecanismo de política pública, porque el exportador debe ser un actor privilegiado en nuestra economía”, proclamó Morales luego de destacar el esfuerzo quijotesco de los exportadores.

La ministra Morales presentó además una “Guía para la Exportación” que facilita el desarrollo de actividades productivo-exportadoras proporcionado conceptos, normas y regímenes en la materia, requisitos y procedimientos de exportación, condiciones y preferencias en cuanto a desgravación arancelaria en los mercados externos y otra información necesaria.

La vieja consigna neoliberal de “exportar o morir” empieza a sonar fuerte en Palacio de Gobierno. Hace exactamente un año Evo prohibía la exportación de alimentos básicos; hoy su gobierno acelera la construcción de caminos, puentes y corredores biocéanicos contemplados por la IIRSA con el fin de fomentar las exportaciones agroindustriales y petroleras.

El gobernante indígena tiene un nuevo lema: “Tenemos que buscar los caminos más adecuados para superar la crisis alimentaria que abate al mundo, y que puede convertirse en una oportunidad para Bolivia y otras naciones poseedoras de recursos naturales para que se conviertan en abastecedoras de alimentos”.

 

El gobierno coincide plenamente con los empresarios que piden ampliar la frontera agrícola para “garantizar alimentos para el pueblo”. “Hay que producir más de lo que se produce ahora, en este momento la capacidad productora del sector privado solamente satisface los lujos temporales de la población y no sirve para la acumulación y el almacenamiento de alimentos”, dijo el ministro de Economía Luis Arce

 

Para incentivar la producción agrícola, el Estado comprará arroz, maíz y trigo pagando 10% más que el precio de mercado y garantizará el seguro agrícola para todos los sectores productivos, incluidos los grandes empresarios del agronegocio.

El gobierno parece dispuesto, inclusive, a autorizar el cultivo de transgénicos resistentes a plagas, enfermedades y anomalías climáticas. “El hecho de que el gobierno haya expresado su disposición a considerar y analizar el tema de la biotecnología para su aplicación al proceso productivo es un avance importante”, destacó el presidente de la Cainco Eduardo Paz.

La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en 2007 señalaba claramente en su Artículo 408 que “se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos”, pero la Carta Magna aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente Evo Morales en 2009 abre la posibilidad de que en el país se pueda recurrir a los transgénicos. El Artículo 409 señala: “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por Ley”.

 

En síntesis, el nuevo plan gubernamental ya no es garantizar la soberanía alimentaria sino la “seguridad” alimentaria; promocionar las exportaciones y los transgénicos; y sobre todo asegurar líneas de crédito diferenciado del Estado y de la banca privada. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) abrió la posibilidad de otorgar hasta 4 mil millones de dólares en créditos de fomento a varios proyectos productivos estatales y privados, entre ellos los enclaves agroexportadores.

 

El Vicepresidente García Linera se reunió esta semana con dirigentes de la CEPB en La Paz, y prometió un retorno “rápido y seguro” y una alta rentabilidad a los empresarios que inviertan en agricultura, hidrocarburos, minería, electricidad y carreteras.

 

García Linera reveló que el Estado tiene previsto invertir 5.000 millones de dólares hasta 2013, y “esto tiene que ser aprovechado como una gran oportunidad para el sector privado mediado, pequeño, grande”. Propuso a la CEPB conformar un “ensamblaje virtuoso entre Estado e inversión privada boliviana para transformar industriosamente nuestra economía”, y subrayó que la Constitución garantiza una convivencia armónica entre el Estado y el capital privado nacional y extranjero.

El giro pro empresarial del “gobierno del cambio” ha sido criticado por antiguos colaboradores de Evo, entre ellos el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, quien acusó al régimen de otorgar millonarios beneficios a las transnacionales petroleras.

“Lo grave es no haber salido del capitalismo dependiente, de un Estado periférico subordinado, de una economía extractivista destinada a satisfacer la demanda del mercado internacional; estamos lejos, muy lejos, de ingresar a un modelo productivo y producente de un modelo alternativo; estamos lejos de una articulación integrada de la economía plural, que se encamine a la economía social y comunitaria…”, observó el ex viceministro de Planificación e ideólogo del proceso de cambio Raúl Prada.

El ex vocero presidencial Alex Contreras dijo que el Presidente gobierna obedeciendo a los agroindustriales, a las transnacionales y a los contrabandistas que lucran con los alimentos básicos. “Gobernar obedeciendo al pueblo es un simple eslogan que nadie ya cree porque el gobierno perdió credibilidad”, lamentó.

Para muchos economistas está claro que en el país continúan imperando el neoliberalismo y los privilegios de los grandes empresarios que vivieron su mayor auge en el período “neoliberal” iniciado en 1985, cuando el presidente Víctor Paz Estenssoro dijo con voz cansada “Bolivia se nos muere”.

En una entrevista con la red Erbol, el jefe de Investigaciones del CEDLA Enrique Ormachea comentó que “si el gobierno no cambia la política neoliberal, los empresarios van a hacer lo que quieren (y) van a querer ajustar sus precios al mercado internacional; no hay capitalistas que quieran ganar menos; no producen por patriotismo, sino para ganar plata…”.

* Boletín N. 89 del Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Fobomade.

 Fuente: http://www.bolpress.com/?Cod=2011021004

 

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Recibimos y con gusto publicamos este texto elaborado por el Bloque Oscar Alfaro – Movimiento Guevarista, de Tarija, que analiza los objetivos políticos y económicos de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, esbozando además un programa para reorientarla a favor del “verdadero sujeto responsable de la soberanía y seguridad alimentaria que constituyen las comunidades indígenas- originarias campesinas de Bolivia”.

A este análisis, que compartimos, añadimos sólo la convicción que para conseguir este fin sea necesario anteponer a cualquier reivindicación agraria la total liquidación del latifundio, su reapropiación por las comunidades para que éstas sean la base de empresas agropecuarias públicas productoras de alimentos y una política de incentivos a la asociación entre pequeños productores campesinos. Sin ello será imposible impedir que el latifundio y la agroindustria vayan determinando precios, vaciando el campo, amenazando el medioambiente y la soberanía alimentaria y convirtiéndose como ahora en sujeto referente de las políticas agropecuarias.  

La cumbre agropecuaria sembrando Bolivia convocada por el gobierno abre las puertas a la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz para desaparecer al pequeño productor familiar campesino  y poner en riesgo la seguridad alimentaria del país, con sus demandas ya conocidas como: la ampliación de la frontera agropecuaria, la eliminación de la FES(función económica social de la tierra) para apropiarse de tierras fiscales y de territorios indígenas o profundizar la negociación de tierras, la incorporación de biotecnología en otros productos(transgénicos), y primar la exportación de productos.

Desde la reforma agraria del 1953 se inicia la marcha al Oriente, con el cual tanto allegados al Gobierno de entonces como extranjeros se favorecen de tierras, créditos, y apoyo estatal para desarrollar el sector agropecuario desplazando a indígenas de tierras bajas, en la década de los 80 con la crisis minera, se fortalece a los sectores de producción agroexportadores entre ellos los soyeros.

Ante la marcha de tierra y territorio;  en 1996 surge la ley INRA para proceder al saneamiento y la redistribución de tierras y respeto del derecho propietario demanda de campesinos e indígenas, pero nuevamente esta medida sirve solamente para legalizar grandes y medianas propiedades en manos de una oligarquía legalizando únicamente las TCO que siempre estuvieron en manos de las comunidades y no revirtiendo las tierras de privados para su redistribución por lo que el problema de fondo continua.

La Ley del Fondo de Reactivación Económica (FERE, 2000) reduce impuestos a la empresa agropecuaria a 0,25 %, haciendo que estos sectores se enriquezcan sin contribuir al Estado.

En la década de las 90 épocas de las privatizaciones en nuestro país se consolida y fortalece este sector otorgándole créditos a partir de la banca privada y apoyo en crisis directamente por el Estado, como la apertura a los mercados de la comunidad Andina de Naciones, aranceles preferenciales etc.

La nueva CPE del Estado Plurinacional, legaliza el derecho propietario de las grandes haciendas sin límite de tamaño que existían hasta febrero de 2009  y con la ley de reconducción comunitaria no modifica el patrón agroexportador vigente y se continúa fortaleciendo las políticas agropecuarias para favorecer a este sector burgués fuerte económica, política y elitista que no apoya al Estado a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria ni de soberanía alimentaria, tampoco efectúa aportes al Estado, ni es generador de empleo dado a que el sector soyero por ejemplo genera apenas el 5% de empleo de todo el sector agropecuario, por el uso de maquinaria y semilla transgénica que reduce al mínimo la utilización de mano de obra, mas ante el riesgo de uso de glifosato producto altamente toxico que junto a los transgénicos no tiene procedentes en la afección a la salud de la especie humana así como a la madre tierra; en consecuencia son un sector explotador y extractivo de los recursos naturales y de la mano de obra.

Esta práctica aprovecha los relativos bajos precios de la tierra en el país, los controles ambientales absolutamente laxos y una estructura agraria regional que permite la gran propiedad ociosa (en muchos casos, de tierras obtenidas gratuitamente del Estado) y su aprovechamiento especulativo, convirtiéndose en atractivo para empresarios, brasileños y argentinos estén actualmente produciendo el 50% de la producción de soya permitiendo fuga de capitales y poniendo en riesgo la soberanía del país. 

Los agroindustriales efectúan la explotación irracional de los recursos naturales (deforestación), la apropiación de tierras fiscales e indígenas originaria campesinas, destrucción del medio ambiente, la privatización y concentración de la tierra, la dependencia económica de las grandes empresas, el monopolio que exprime a productores campesinos familiares, incrementando la brecha entre ricos y pobres u obligando al campesino a migrar a la ciudad.

En tanto que nuestras importaciones crecen marcando en el 2014 récord en importación de alimentos por 812 mil toneladas compradas de países vecinos por un total de 688 millones de dólares, y la migración campo ciudad que según el censo 2012 vuelca la población a las áreas urbanas en un 67.3 urbanos y reduciendo a 32,7 la población rural,  acercándonos cada vez más a una crisis alimentaria.

Siendo esta la verdadera problemática del sector y por ende de la dependencia y fragilidad económica del país en el tema productivo si no es la deficiente  producción para autoabastecimiento o consumo interno; pero en lugar de cubrir el mercado interno pensamos no en calmar el hambre del pueblo, sino en exportar para favorecer intereses financieros de empresas transnacionales, se ha posibilitado la introducción de transgénicos a diestra y siniestra, no existe un control del manejo de agroquímicos nocivos para la salud no sólo de los productores sino de toda la población consumidora, como de la madre tierra, propiciando el ingreso de productos de otros países en detrimento de los nuestros.

Desde siempre y en todos los gobiernos se ha favorecido al sector agro empresarial del oriente, postergando a los verdaderos proveedores de la canasta familiar como son los productores campesinos, las leyes y todos los mecanismos antes y hoy se orientan para favorecer a este sector, ahora a nombre de seguridad alimentaria pretenden favorecerse nuevamente con políticas gubernamentales, acaso la soya es un producto de primera necesidad en la canasta familiar; las familias pobres prescinden del consumo de carne pero nunca prescinden del consumo del maíz, papa, haba entre algunos, esos productos que llenan la olla de los pobres; pero las medidas nunca están orientadas para favorecer a estos otros productores, solo se los considera para bajar los precios, haciendo que los mismos incidan para la migración campo ciudad.

La cumbre convocada para favorecer al sector empresarial no debe constituirse en un evento de socialización de medidas de políticas públicas a los cuales el campesino refrendara con su asistencia, sino más bien el espacio donde el Gobierno Plurinacional elegido por el pueblo apoye efectivamente al verdadero sujeto responsable de la soberanía y seguridad alimentaria que constituyen las comunidades indígenas- originarias campesinas de Bolivia.

Por lo cual las propuestas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población ante la crisis de caída de los precios del petróleo es favorecer al sector del campesinado por primera vez en la historia de Bolivia en cambiar si, las leyes como lo expresó el Vice Presidente para:

·         Posibilitar el acceso a tierra a los pequeños productores agrícolas campesinos, la eliminación de corrupción en el INRA que posibilita que latifundistas se apropien legalmente de la tierra, a la  verdadera reforma agraria.

·         Garantizar la tierra y territorio indígena y posibilitar mecanismos de sostenibilidad   

·         Acceso al agua, a semillas naturales a créditos a pequeños productores

·         El derecho a definir las políticas públicas agrícolas y agroalimentarias.

·         Precios justos en los mercados agrícolas acordes a los costos de producción

·         Regulación para la producción agroindustrial considerando los derechos de la madre tierra

·         Rechazo a la introducción de biotecnología y transgénicos porque atenta con las semillas y producción local que garantiza la vida de las personas y evita la dependencia económica

·         La implementación de la producción ecológica, como vía para eliminar la dependencia tecnológica y garantizar la vida de productores y consumidores.

·         La protección del mercado interno de las importaciones agrícolas y alimentarias que atentan la producción local.

·         Prioridad a la producción interna diversa para mercado interno frente a la exportación

·         Autorice a los países/uniones a protegerse contra las importaciones a precios demasiado bajos.

·         Gestión y manejo de cuencas y suelos

·         Recuperación del germoplasma nativo de especies existentes en el territorio nacional, establecimiento de banco de germoplasma nativo y la patente del Estado de las semillas  y productos locales

·         Producción de peces en ríos y estanques  de agua por seguridad alimentaria

·         profundización de educación ambiental e implementación de legislación de control del medio ambiente sobre todo en áreas urbanas

·         Monitoreo y evaluación ambiental a todas las empresas productoras y comercializadoras

·         Control riguroso de agroquímicos que se comercializan en el mercado y asistencia técnica en manipulación a productores.

·         Control en fronteras para ingresos de productos de contrabando y fuga de semillas y germoplasma local

·         Generar políticas de incentivos para el campesino productor mediante estudios y orientaciones de mercado por cosechas.

·         Control de toxicidad a los productos y asistencia técnica a los productores para producción sana y prohibición  a la venta libre de productos nocivos a la salud humana y la madre tierra

·         Apoyo a la producción integral de productos estratégicos ancestrales (quinua, maíz, coime, maní, etc.)  para reconstituir las matrices agroalimentarias comunitarias campesinas e indígenas (como la recuperación y certificación de semillas criollas de alimentos nutritivos y valorando los conocimientos locales y prácticas ancestrales) garantizando mercados locales (desayunos escolares)

·         Regulación y control a la circulación de productos importados nocivos a la madre tierra, bolsas plásticas, pesticidas, etc. para evitar la contaminación de suelos, agua y preservar la calidad de vida de los habitantes  y de la madre tierra.

Fuente: http://www.luchadeclases.org.bo/nacional/movimiento-campesino-e-indigena/874-la-cumbre-agropecuaria-sembrando-bolivia.html

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Ecuador - Encuentro Agrario:

"Los campesinos que alimentamos al pueblo ecuatoriano

seguimos relegados":

Severino Sharupi, CONAIE

22  de enero de 2016

 

El día martes 19 de enero, tuvo lugar el Primer Encuentro Agrario rumbo a la Cumbre Agraria Nacional. Más de un centenar de compañeros y compañeras de diferentes organizaciones sociales, campesinas e indígenas se reunieron en la Universidad Andina, en la ciudad de Quito. Los objetivos del encuentro consistieron en: analizar el texto aprobado de Ley de Tierras, alimentar el debate agrario, construir alternativas y estrategias en defensa de la Soberanía Alimentaria y coordinar acciones hacia la convocatoria de la Cumbre Agraria.

 

Gracias a las organizaciones convocantes: Conaie, Ecuarunari, Tierra y Vida, Feunassc, Ocaru, Fian, Colectivo Nacional de Dirección, Comisión Nacional de Agroecología, Fecaol, Foro Hídrico, Astac y Pueblo kitu Kara, se encendió el debate ante la necesidad urgente de una discusión en torno a cómo la Ley de Tierras expresa el modelo de dominación en el agro.

El encuentro estuvo marcado por tres exposiciones magistrales y una gran plenaria de propuestas; elementos que permitieron al final de la jornada definir estrategias y resoluciones para alcanzar los objetivos planteados. 

“Agricultura Familiar Campesina e Indígena”, es el título de la exposición con la que François Houtart (Investigador en el IAEN) abordó, desde un enfoque sociológico, el problema agrario en el mundo actual. Su discurso 
identifica cuáles son los efectos de la introducción del capitalismo en el campo cuyos impactos inciden en la pérdida de la Soberanía Alimentaria, la desaparición del campesinado y destrucción de la sociedad rural; elementos que le permiten hacer una lectura crítica sobre el proyecto de Ley de Tierras.

En un análisis del contexto de la recién aprobaba Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, Houtart insiste en que: “La Agricultura Industrial es negativa mientras que la Agricultura Familiar Campesina es positiva y que la Ley prevé la coexistencia de los dos modelos". Entre sus conclusiones, destaca la necesidad de solicitar un censo agrario, proponer comisiones de estudios sobre daños ambientales en los monocultivos y
una propuesta de reforma agraria que construya el conjunto de la sociedad rural.

Esteban Daza, investigador del Observatorio del Cambio Rural, presentó lo que ha denominado l
os mitos sobre el proyecto de Ley de Tierras, entre los que destaca tanto la lógica de redistribución de tierras como la institucionalidad que se crea para apoyar lo que el Estado entiende como política social.

Daza 
muestra cómo la redistribución de tierras no es otra cosa que la continuidad del mercado de la tierra administrado por el Estado, pues en varios articulados de la ley se evidencia que el precio de la tierra, tanto para la compra como para la venta, se fundamenta en el avalúo comercial de la zona.

Bajo el título, “Los sistemas comunitarios en el proyecto de Ley de Tierras”, Floresmilo Simbaña (Dirigente de la CONAIE), hace alusión a que: 
“en la Ley de Tierras se confunden dos regímenes jurídicos totalmente distintos: tierra y territorio; y no se hace referencia a los sistemas comunitarios como diferentes formas del régimen de propiedad.”

Después de una ronda de preguntas y varias exposiciones desde el público presente, se organizaron las actividades para la jornada de la tarde que consistía en llegar a una serie de acuerdos entre los participantes. 

Finalizado el almuerzo, las diferentes organizaciones volvieron a reunirse en el Paraninfo de la Universidad para consensuar las siguientes resoluciones sobre el Encuentro Agrario:

Firman:

CONAIE
ECUARUNARI
TIERRA Y VIDA
FEUNASSC
COLECTIVO NACIONAL DE DIRECCION
COMISIÓN NACIONAL DE AGROECOLOGÍA
FECAOL
FORO HÍDRICO
ASTAC
PUEBLO KITU KARA

Boletín elaborado por: Nataly Torres (FIAN) e Isa Salcedo (OCARU).

OCARU

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Ecuador_-_Encuentro_Agrario_Los_campesinos_que_alimentamos_al_pueblo_ecuatoriano_seguimos_relegados_Severino_Sharupi_CONAIE

 

 

Averigüemos cómo, en confrontación con el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linares, hay una articulación muy amplia abajo por erradicar al sistema global de agronegocios e ir cambiando radicalmente sentidos comunes (como el consumismo) y construir el involucramiento mayoritario en concretar la soberanía alimentaria.

 

 

 

Bolivia: Transgénicos, agrocombustibles y

estrategias en la Cumbre Agropecuaria
4 de mayo de 2015

La satisfacción con la que los dirigentes transmitieron que no se había acordado la apertura transgénica, es también un logro del movimiento que se fue articulando a nivel nacional.

Por Patricia Molina

Es necesario felicitar a las organizaciones campesinas y a los productores ecológicos por el esfuerzo desplegado en la Cumbre. La información compartida desde allá fue clave para comprender el rumbo diseñado por los organizadores y revertir el balance negativo de fuerzas debido tanto al número de participantes mayoritarios del agronegocio como a la debilidad inicial de las organizaciones campesinas. La satisfacción con la que los dirigentes transmitieron que no se había acordado la apertura transgénica, es también un logro del movimiento que se fue articulando a nivel nacional alimentado por la información difundida a través de los medios, aspecto en que destaca la presencia del CONAMAQ; el trabajo de los artistas y voluntarios en las pancartas, volantes, disfraces y diseños movilizadores; el involucramiento de grupos universitarios, plataformas y otros colectivos. Y desde ya, se complementa con el trabajo sostenido para lograr el reconocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios en los artículos 75 y 76 de la Constitución Política el 2009 y posteriormente la promulgación de la Ley de Derechos de los Consumidores y Usuarios su Reglamento el 2014. Merced a estos nuevos derechos, la demanda de participación de los consumidores fue no sólo ampliamente respaldada sino asumida por analistas, comunicadores y el pueblo en general.

De aquí en adelante se viene un trabajo que precisa ser muy preciso, valga la redundancia. Como pudimos ver en la Cumbre, en la defensa de los nuevos derechos de los consumidores, se corre el riesgo de hacer de portavoz de los argumentos de los promotores de transgénicos quienes pretenden por ejemplo, que innovación es igual a transgénico. Entre estos argumentos, se encuentran las aseveraciones de la existencia de maíz transgénico ilegal, que no son sustentadas por ninguna de las detecciones de campo realizadas hasta ahora y que pretenden atribuir a quienes se oponen a los transgénicos. (APIA y el agronegocio en la estrategia del Hecho Consumado: aquí).

De la misma manera, el argumento de que el 99% de la soya es transgénica, es del agronegocio. En los Estados Unidos la soya transgénica alcanza al 90%. Revisando el sitio web de Fundacruz, se puede observar que para la Exposoya ofertaron semilla convencional algo que también produce el CIAT: “Fundacruz puso a disposición de los agricultores 21 variedades de soya de las cuales 12 son convencionales y 9 resistentes a glifosato” (www.fundacruz.org.bo). ¿Para qué lo harían si el 99% de la soya cultivada fuese realmente transgénica?)

El Decreto 181 (Normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios) de la Ley SAFCO establece en su artículo 80: Contratación de alimentos para desayuno escolar y programas de nutrición:

I. “Para la contratación de alimentos destinados al desayuno escolar y programas de nutrición, independientemente del monto de la contratación, se deberá prever que los productos sean elaborados con materias primas de producción nacional, prohibiéndose la compra de alimentos de origen genéticamente modificado (transgénicos).”

Además señala:

II. “Según lo establecido en la Ley N° 2687, de 13 de mayo de 2004, que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 25963, de 21 de octubre de 2000, se deberá incorporar en el desayuno escolar, cereales producidos en el país como: soya, maíz, amaranto, cañahua, quinua, tarwi y otros.

III. En el marco de la política de la Soberanía Alimentaría, la MAE deberá promover la amplia participación de los productores locales, incentivando la producción de los alimentos según regiones productivas mediante la adjudicación por ítems o lotes.”

Lo cual se adecúa a la Constitución Política del Estado Plurinacional, que en el artículo 256 prohíbe los transgénicos por principio. Posteriormente la Ley Marco de la Madre Tierra lo ratifica y va más allá, al establecer la elaboración de un Plan de recuperación hacia la soya convencional.

Los gobiernos municipales tienen la obligación de exigir la certificación de soya convencional en productos que utilicen este insumo en el Desayuno Escolar. Así, el Gobierno Municipal de La Paz exige un análisis laboratorial de transgénicos de la soya ofertada, (no el análisis cualitativo de detección) y corresponde a la instancia de control la verificación de los productos.

Nuevamente se ha planteado la coexistencia de soya de acuerdo a la magnitud de los productores, -algo fuera de lugar-, pero que debe ser puntualmente analizado a la luz de la contaminación del maíz en México. Asimismo, es necesario analizar los efectos del bajo precio internacional de la soya; demandar acciones como resultado del estudio de la OMS-IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud) que apunten a la verificación de los niveles de residuos de pesticidas en la soya transgénica, demandar a la CAINCO y ANAPO información específica de los transgénicos que pretenden tratar y las razones puntuales. (¿soya resistente al 2,4-D, maíz, algodón y caña de azúcar resistentes a los herbicidas glifosato, glufosinato, 2,4-D y Dicamba?). Ya quedaron fuera de lugar argumentos inconsistentes como el aumento de rendimiento, para lo cual no fueron diseñados ni la soya, ni el maíz ni la caña transgénica, menos el algodón, pero hay que escuchar su nuevo libreto.

Un tema que no pasó desapercibido en la Cumbre, por haber sido colocado en varias mesas y que está en la raíz de las demandas corporativas de seguridad jurídica, libre exportación y transgénicos, es el de los agrocombustibles. El tratamiento de este tema debe ser abordado con premura y profundidad por las organizaciones o aparecerá pronto alguna norma que obligue a incorporar etanol a la gasolina, convirtiéndola en gashol, con el rótulo de “ecológico”, aumentando el precio del combustible y desviando productos alimenticios al lucrativo negocio de los agrocombustibles, opuesto a la soberanía alimentaria.

Las organizaciones de la Alianza para el Consumo Responsable y Solidario ACRyS investigamos y promovemos la reflexión crítica sobre la instalación cultural del consumo como sentido de vida. El consumo vertiginoso y las necesidades creadas son la forma en que se resuelven las crisis económicas de producción. La propaganda, el discurso ideológico de la modernidad y las estrategias de marketing son los instrumentos con los que se destruyen las motivaciones trascendentales y el sentido de lo comunitario.

FOBOMADE

Leer

En consecuencia, tengamos en cuenta que "el 'gobierno progresista' no sólo no previó lo que se venía, sino que se convirtió en un factor de del desenlace dramático de la escasez del agua. La administración pública del agua contribuyó al desenlace de la crisis, no sólo por la cuestionable administración, sino porque desató otros factores que repercutieron en la crisis".

 

La intermitente guerra del agua
Prólogo a ¿”La pachamama otra clase está”?

de José Luis Saavedra

6 de junio de 2018

Por Raúl Prada Alcoreza

 

Hay que tratar de entender cómo funciona el poder, esa máquina abstracta de las dominaciones polimorfas; cómo funciona en sus despliegues singulares; cómo combina de manera barroca distintas figuras el ejercicio de la política. Cómo, por ejemplo, se combina un discurso de convocatoria popular, la práctica de una forma gubernamental clientelar, el ejercicio desfachatado de políticas, que continúan los mismos caminos que los gobiernos derrocados, sobre todo en lo que respecta al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; acompañado por una administración irresponsable de los recursos del Estado, además de venir asistido todo esto por la apropiación privada de riqueza, canalizando la misma mediante la participación personal en el “negocio”; es decir, la ejecución del proyecto público convertido en “negocio”, tanto por los jerarcas y funcionarios de alto rango, como por las empresas involucradas, que se benefician con concesiones y contratos displicentes.

 

Podemos también sugerir otro perfil de combinaciones barrocas; por ejemplo, el discurso liberal o neoliberal, según el caso, el ejercicio de la malla institucional de acuerdo a las reglas del mercado, la política económica del libre mercado, la libre empresa y la competencia, la apertura al capital trasnacional en condiciones de altos incentivos y restricciones para la tributación estatal; acompañando estas práctica “pragmáticas” con beneficios privados, encubiertos por transacciones empresariales, aunque también, como en el otro caso, con transferencias a cuentas personales. Ambas composiciones discursivas, de prácticas discursivas y de prácticas de poder son barrocas; la diferencia radica en el formato, en el perfil y en el contenido de la composición. No solamente en la ideología particular de legitimación. Se trata de expresiones políticas, que, aunque de diferente composición y combinación, son similares en cuanto a pertenencia al círculo vicioso del poder.

 

Ahora, en este ensayo, volveremos a ocuparnos de la primera composición de poder; no sólo porque se trata de la referencia connotada de la forma de gubernamentalidad clientelar del “gobierno progresista”, sino porque manifiesta de manera más elocuente el ejercicio mismo del poder, en las formas dramáticas más desbocadas.

 

Un estilo del barroco político populista

En una composición barroca como la populista habría que preguntarse no sólo cómo funciona una combinación tan heteróclita, sino qué es lo que prepondera en la composición, dependiendo de la coyuntura o quizás de lo que pone en práctica esta forma de gubernamentalidad clientelar. ¿El discurso de convocatoria en momentos de ofensiva, aunque también en momentos de premura, de crisis, de merma agobiante de la convocatoria? ¿El ejercicio de los circuitos prebéndales y clientelares cuando se requiere preservar bajo control a una masa crítica de adherentes? ¿Las formas paralelas de poder, que empujan al enriquecimiento privado a costa del Estado y a nombre del “proceso de cambio”? ¿Las ceremonialidades del poder orbitando alrededor del núcleo solar del mito, encarnado narrativamente en el caudillo? Quizás se haga hincapié en alguna de estas tendencias, dependiendo de las exigencias de la coyuntura, sin que las otras dejen de entrelazarse y reforzarse, reforzando, en su momento, a la tendencia de emergencia. Pero, a lo que apuntamos es a cómo funcionan los componentes en semejante combinación, aunque dependa el perfil configurado de la coyuntura. Por ejemplo, el discurso de la convocatoria no sólo sirve para lograr mantenerla, sin para legitimar el mismo ejercicio del poder. Hasta aquí, lo consabido. Pero, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el discurso de convocatoria con las prácticas de apropiación privada de los recursos y riquezas del Estado, de la manera como se acostumbra, monetizando estas apropiaciones? Se podría acudir a la deducción inmediata de que se legitima o, mejor dicho, encubren los actos mismos de corrupción y corrosión institucional; sin embargo, si fuese así, queda pendiente qué sentido entonces adquiere el discurso en esta articulación perversa entre discurso y práctica paralela.

 

El análisis político toma al discurso político por sus enunciados, por lo que dice; sin embargo, cuando se usa el discurso de esta manera, conectado con las prácticas paralelas, el enunciado mismo se evapora, el sentido pretendido del discurso se pierde; queda como un hueco abierto. ¿Con qué se llena este hueco? Lo que se dice transmite no exactamente lo que se dice, sino lo que se hace, aunque aparezca no en su evidencia, sino en su máscara discursiva. Lo que se dice parece decir, mas bien, puedo decir lo que quiera, lo que significa: puedo hacer lo que quiera. Entonces, al hacer lo que quiera, puedo decir lo que quiera; lo que importa es lo que hago cuando lo digo, diga lo que diga. Lo que hago aparece como lo digo; lo que digo es el hecho incontestable del poder, del ejercicio del poder.

 

El político en el poder actúa y habla; parece que no se puede separar su acción de su evocación. No en el sentido de que cuando habla es para encubrir o si se quiere, para decirlo de manera pedestre, para “mentir”, sino en el sentido que el habla, en este caso, transmite otro sentido, el del acto que habla y dice: puedo hacer lo que quiero diciendo lo que quiera. En este caso, el habla esta implicado y condicionado por el acto mismo, forma parte del acto, como una percusión del mismo. El que habla, en estas condiciones, transmite un mensaje, no propiamente político, tampoco ideológico, sino el mensaje del poder, del ejercicio del poder, si se quiere, la verdad descarnada del poder: el poder hace lo que quiere.

El discurso de convocatoria forma parte de la conducta misma del político. El significado del discurso político no se encuentra en el enunciado o la enunciación, sino en la acción que dice: lo hago y digo cualquier enunciación, lo que muestra que puedo hacer lo que quiero diga lo que diga. Al decirlo duplico el acto en el espacio de la enunciación.
Esta parece ser la clave para descifrar la función del discurso de convocatoria en las prácticas políticas clientelares. El concepto de corrupción, aplicado en el análisis político, supone una disyunción entre discurso y práctica política; es decir, en pocas palabras, se hace algo distinto a lo que se dice; no se cumple con la Ley, con el compromiso político, con la institucionalidad establecida. Sin embargo, en la compleja composición de la práctica política parece que no se separan discurso y práctica, que conforman un nudo de entrelazamientos insoslayable. Entonces el discurso adquiere no solo otra tonalidad en el campo político, sino incluso otras significaciones prácticas. En la práctica política no se separan discurso no solo de práctica discursiva sino de práctica política; no se separa, en el ejercicio de poder, la dominación de facto no se separa de la dominación ejercida a través de un uso singular del lenguaje. No se usa, en este caso el lenguaje, para, exactamente, “mentir”, sino, mas bien, para reforzar el acto en el discurso político.

Es por eso que cuando un vicepresidente “revolucionario” controla o se compra la empresa de barcazas que transportan la exportación de soya por el río Paraguay, no le parece contradictorio ni heteróclito ser el propietario efectivo o el accionista mayor y a la vez decir que esta en marcha el “proceso de cambio” del “socialismo comunitario”. Es más, fustigar a la “clase media” por “conservadora” y “colonial”. Pues el discurso emitido no dice exactamente lo que expresa la enunciación, sino dice otra cosa, dice que yo hago lo que quiero y digo lo que quiero porque soy “revolucionario”. Ser “revolucionario”, entonces, adquiere otra significación, pierde el significado heredado de la narrativa romántica y de la narrativa insurgente; en el acto-discurso, en el discurso convertido en parte del acto, adquiere el significado de soy el cambio de élite, soy la nueva élite “revolucionaria”, pues he venido montado en el caballo de la revolución, de la insurrección popular. Entonces la insurrección popular, que antecede al “gobierno popular”, es motivo suficiente para ungirlo de “revolucionario” y ungir de “revolucionarios” a sus gobernantes. Ciertamente el sentido de cambio se estrecha a la connotación circunscrita de cambio de élite, pero esta reducida connotación basta para mantener la palabra, que ha perdido la fuerza de la metáfora romántica, que sirve no tanto para legitimar lo que se hace, sino para duplicar lo que se hace, el acto descarnado de poder.

 

Se puede comenzar a entender también por qué se deriva en una administración displicente y hasta bochornosamente irresponsable. En estas condiciones descritas, ¿qué se administra? Ciertamente los bienes y recursos del Estado; pero, ¿cuál es el sentido de pertenencia que se asume? La Constitución dice que es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales, que el Estado es un mero administrador. Pero, como la nueva élite es ungida de “revolucionaria”, la posesión efectiva la tienen los administradores, quienes pueden tomar las acciones de emergencia que son necesarias en un periodo álgido como el del “comunismo de guerra”, cuando se le entrega todo el poder concentrado al “comité central”. Obviamente esta comparación es insostenible, pues el “comunismo de guerra” correspondió a la guerra civil que enfrentaron los bolcheviques, ante una invasión imperialista a la Patria Socialista, apoyando al ejército de los “rusos blancos”, resabios zaristas. Empero, en el imaginario de la nueva élite cualquier analogía, por más lejana y de atisbo tenga, basta para ungir a la concentración inconsulta de poder del gobierno popular y de su estructura palaciega de cierto halo histórico de la primera revolución proletaria triunfante. Sin embargo, lo que no hay que olvidar es que si bien se dice en la enunciación del lenguaje que hacemos lo mismo que hacen los bolcheviques en un momento de emergencia para defender la Patria Socialista y salvar la revolución, efectivamente se dice: estamos en el poder y hacemos lo que queremos, pues el poder sirve para eso.

 

Lo que se administra son las posesiones de la nueva élite, posesiones estatales, que asumen como si fuesen propiedad privada de la casta gobernante. Esta administración es importante, no sólo por lo que se refiere al enriquecimiento privado, sino por los recursos necesarios para reproducir las extensas redes clientelares. Lo que importa es esto, la reproducción de la masa clientelar, incluso, mejor, invertir en su expansión. Lo demás no importa tanto; las tareas encomendadas por el Estado, la administración pública, la administración de las empresas públicas, en el sentido recomendado, buscando la eficiencia y eficacia, el ahorro y los mejores beneficios y de calidad para el Estado.

 

Estas tareas encomendadas por la Constitución son colaterales. Lo importante es hacer funcionar el aparataje clientelar; se pueden construir elefantes blancos, no importa; lo que se busca es la circulación monetaria de los flujos que financian la reproducción de la máquina clientelar. Como se dice popularmente, para muestra basta un botón. Sin recurrir a ejemplos conocidos de corrupción y corrosión institucional, los más connotados por los medios de comunicación, incluso sin recurrir a lo que estos medios no ven, la magnitud del control trasnacional a través de la incorporación de gobernantes y jerarcas de la administración pública a sus planillas, además de la incidencia del lado oscuro del poder, vamos a referirnos a un ejemplo, mas bien, anecdótico, que ilustra elocuentemente lo que ocurre. En una economía extractivista administrada por un Estado rentista las fichas ambientales son cruciales para habilitar precisamente la explotación de los recursos naturales. Que cuando la empresa contratada para hacer el diagnóstico de impacto ambiental pide la información técnica y los mapas por donde pasarán los senderos de exploración, después los caminos, las instalaciones de la maquinaria extractivista, se le entrega, en vez de una documentación técnica, basada en los propios estudios de la empresa estatal, en este caso YPFB, un informe hecho desde el Google Earths, estamos ante el hecho insólito; dato escabroso de a donde ha llegado la desidia y la negligencia. Esto no quiere decir que probablemente no solo no cuentan con esos estudios, esa información técnica, sino sobre todo que no les importa lo que pase en cuanto a impacto ambiental; por eso, tampoco es importante entregar estudios geológicos y geográficos que se requieren. Se trata meramente de trámites administrativos, como cuando se llenan formularios; todo para cumplir. De lo que se trata es de hacer marchar el proyecto a como de lugar. Este ejemplo anecdótico muestra patentemente el carácter de esta administración pública. No está precisamente para velar por los intereses ya no solo del Estado sino del mismo pueblo, que es el propietario de los recursos naturales, sino que está para hacer que la máquina clientelar funcione.

 

Estamos, entonces, ante una administración pública cuya tarea es hacer que funcione la máquina clientelar; su tarea es garantizar que esto ocurra. Mientras esto pasa, entonces, la administración de la maquina clientelar cumple; es eficiente en este sentido. Aunque nos sorprenda lo que pasa, no hay, en consecuencia, de qué sorprenderse; estamos ante discursos políticos que dicen otra cosa diferente a la enunciación, estamos ante un aparato administrativo público que no administra lo público sino las posesiones de la nueva élite política y económica. Quizás sea esta la razón por la que la administración pública clientelar funcione como lo hace; desde la perspectiva normativa e institucional, de una manera catastrófica; pero, desde la perspectiva de la gubernamentalidad clientelar funciona como corresponde. Ahora, en lo que sigue, no vamos a dar otros ejemplos anecdóticos, ni mostrar otros botones; lo que haremos es concentrarnos en la problemática del agua, la crisis anticipada del agua. Recurriremos al libro de José Luis Saavedra ¿”La pachamama otra clase está”?, donde se describe la reciente crisis del agua, sus causales, sus impactos, sobre todo lo que hace evidente, la cuestionable administración estatal, además de sus complicidades innegables con las expresas trasnacionales extractivistas, que derrochan el agua y la contaminan, contaminando cuencas y territorios aledaños y lejanos.

 

Interrupción de los ciclos del agua

Los ciclos del agua forman parte de los ciclos vitales, cualquier interrupción redunda en los otros ciclos entrelazados. Por eso los ciclos del agua como los otros ciclos son vitales. Cuando se interrumpen por efectos sociales, como por ejemplo cuando se talan los bosques, es cuando se interrumpe el ciclo, es decir, cuando se corta el circuito de la evo-transpiración. Entones asistimos de pleno a la crisis del agua. Esto es lo que se siente cuando el agua escasea en las ciudades, cuando se siente las sequía en zonas geográficas identificadas. Empero, cuando esto se ahonda por el efecto de una administración lamentable, que no tienen en cuenta el ciclo mismo del agua, los efectos adquieren la dimensión de la escasez demoledora del agua. Las ciudades son las primeras en sentirlo. La crisis del agua en la ciudad de La Paz y en otras ciudades de Bolivia develan las grandes falencias del “gobierno progresista”.

El “gobierno progresista” no sólo no previó lo que se venía, sino que se convirtió en un factor de del desenlace dramático de la escasez del agua. La administración pública del agua contribuyó al desenlace de la crisis, no sólo por la cuestionable administración, sino porque desató otros factores que repercutieron en la crisis.

 

Crisis del agua

Tenemos que hablar de los ciclos del agua, pues nos encontramos ante procesos de reproducción del agua, a través de la evaporación y transpiración; el ciclo del agua forma parte de los ciclos vitales articulados e integrados ecológicos. Cuando se interrumpe el proceso del ciclo del agua se afecta a su reproducción, esta interrupción, por cierto es parcial, pues si sería una interrupción absoluta ya no habría tal reproducción ni el ciclo del agua. Las interrupciones parciales del ciclo del agua afectan notoriamente a su reproducción y como el ciclo del agua está entrelazado a los demás ciclos vitales, las interrupciones parciales en el ciclo del agua afectan a los demás ciclos ecológicos. Lo mismo ocurre con las interrupciones parciales en los demás ciclos, que derivan no solo en la incidencia particular de la reproducción del ciclo sino en la reproducción de los demás ciclos vitales. Por ejemplo, la tala de bosques incide preponderantemente no solamente en el ciclo biológico de los bosques, sino en el ciclo del agua, en el ciclo del aire, en el ciclo de los suelos. De esta manera, se afecta notoriamente al sistema de vida planetario.

 

El sistema-mundo capitalista, en la medida que se ha venido expandiendo, consolidando y desarrollando, ha incidido notoriamente en la acumulación de interrupciones parciales de los ciclos vitales; en lo que respecta al ciclo del agua, ha venido afectando notoriamente los procesos de reproducción. No hablamos solamente del incremento del consumo del agua, sino de los efectos de la contaminación y depredación en la reproducción del ciclo del agua. El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente ha afectado preponderantemente en los modos de la reproducción del ciclo del agua, en la evaporación y transpiración. Se estima que las sociedades humanas ya enfrentan lo que se denomina la escasez del agua dulce; se estima que esta situación se ha de venir agravado a tal punto que los estados van a enfrentar la guerra del agua.

 

¿”La pachamama otra clase está”? comienza con la crisis del agua en la ciudad de La Paz. El gobierno atribuye la disminución dramática del agua de la represa de Hampaturi al “cambio climático” y oculta, al decirlo, su desastrosa administración; tanto de la empresa encargada como de los ministerios que tienen que ver con la administración del bien liquido. El libro se propone demostrar las causales económicas, sociopolíticas y ambientales de la crisis del agua, además de las falencias y errores administrativos, sobre todo cuando la escasez del líquido elemento se muestra en su más grave ausencia. Al final se propone plantear algunas soluciones perentorias.

Entre las causales económicas se encuentra el modelo extractivista como núcleo de una estrategia depredadora y destructiva; entre las causales sociopolíticas se encuentra en el centro de la devastación el Estado rentista; entre las causales ambientales se hallan los efectos de la crisis ecológica, efectos alarmantes como el deshielo de las cumbres de la cordillera, así como la extensión intermitente de la sequía, acompañada paradójicamente por inundaciones paulatinas, convirtiendo a unas zonas en anunciados desiertos y a otras en zonas de inundación. Nos detendremos a analizar el factor del modelo extractivista de la economía dependiente y el carácter rentista del Estado-nación subalterno.

Modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente

La conquista y la colonia del quinto continente, lo que se llama por los propios, los nativos y mestizos asumidos por las territorialidades del continente, que asumen la defensa de la vida, Abya Yala, ha instaurado un modelo económico, por así decirlo, que es el substrato de la economía-mundo capitalista y, por lo tanto, del sistema-mundo capitalista; este es el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Sabemos que al hablar de modelo lo hacemos metafóricamente, pues, en efecto, no ha sido, si se quiere, de manera deductiva lo que ha ocurrido, sino, mas bien, de manera inductiva. Las oleadas de conquista y de colonización, que datan desde el siglo XVI, han venido conformando este denominado modelo, en principio, en forma de enclaves, sobre todo en las playas, haciendo como cabeceras de playa; después, en la medida que se adentraban al interior del continente, los puertos de desembarque se conectaban con la expansión de la colonización. Se puede decir que es con la conquista de Tenochtitlán cuando se conquista propiamente toda una región, incluida la metrópoli administrativa, además del sistema de comunicaciones y redes y circuitos socio-demográficos-culturales de la civilización de Mesoamérica. La conquista efectuada se consolida con el primer virreinato ibérico, el Virreinato de Nueva España.

 

Los siguientes virreinatos y capitanías casi repiten los mismos procedimientos de conquista; terminan implantando en el continente un modelo administrativo colonial, que corresponde a algo parecido a estados absolutistas extraterritoriales, desde la perspectiva del la Corona española. Son estas administraciones políticas y militares las que se convierten, incluso para Europa, en los referentes de la arquitectura estatal. La colonización, una vez consolidada la colonia, continúa en la propia y Europa; se instauran administraciones estatales de lo que va a venir a ser el Estado moderno; se implanta a sangre y fuego la lengua nacional; se institucionaliza el mito de la nación. Nacen los Estado-nación, quizás primero, como afirma Benedic Anderson, en el continente conquistado, concretamente en Norte América, con la independencia de las trece provincias sublevadas y ganadoras de la guerra anticolonial con el imperio británico. La revolución francesa va a ser otro hito en la construcción del Estado-nación, del Estado moderno. Así como Tzvetan Todorov dice que el mundo es mundo desde la conquista de América, se puede decir que el sistema-mundo moderno emerge desde la conquista de Tenochtitlán. Después de la independencia de los estados de la unión, de la conformación de la primera república moderna, y después de la revolución francesa, los Estado-nación emergen, ya sea de guerras de independencia, como en América, o como efectos irradiantes de la revolución; más tarde, en el siglo XX, como consecuencia de las guerras de liberación nacional. Entonces, el modelo de Estado moderno se generaliza, incluso se mundializa. Este modelo político mundializado se complementa con el modelo económico, también mundializado; se trata de la economía-mundo capitalista, cuyo substrato es el modelo extractivista, pues se basa en la explotación expansiva de los recursos naturales. El sistema-mundo capitalista se desarrolla sobre la base de la expansiva e intensiva explotación de los recursos naturales, convertidos en materias primas para la industria. El susodicho desarrollo lo hace, es decir, se desenvuelve, crece y se transforma, sobre la base de esta explotación de los recursos naturales, que también adquieren la envergadura mundial, en forma de una división del trabajo mundial. El sistema-mundo capitalista crece y se consolida poniendo en operación la geopolítica del sistema-mundo, que separa centros de periferias, centros de acumulación y concentración de capital de periferias de des-acumulación y transferencia de recursos naturales. En consecuencia, tenemos un sistema-mundo compuesto por un modelo económico y un modelo político; la economía-mundo tiene como substrato al modelo extractivista y la política-mundo tiene como referente al Estado-nación. Tendríamos que hablar, entonces, de un sistema-mundo moderno económico y político; la composición económica y política y sus combinaciones inherentes se complementan y se refuerzan. Por eso, es insulso sugerir, peor hacerlo, operar desde el Estado para liberar a la sociedad del capitalismo; el Estado es la otra cara de la medalla del sistema-mundo, la otra cara es el capital.

 

El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente corresponde a la inmensa periferia del sistema-mundo capitalista; en tanto que el modelo industrial, que no deja de ser colonial, puesto que la colonialidad es mundial, corresponde a los centros del sistema-mundo. Centros y periferias interactúan, se complementan, hasta pueden variar, no solo en lo que respecta a la potencias emergentes, sino porque la geopolítica del sistema-mundo capitalista es móvil. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que sin la expansión e intensificación, incluso, ahora, la tecnificación, extractivista, la economía-mundo y la política-mundo no funcionarían. La crítica de la economía política de Marx, por cierto, como dijimos en otros ensayos, restringida, circunscrita al campo económico, supone como núcleo del modo de producción capitalista la esfera productiva, es decir, el espacio de la industrialización; en esta apreciación hay una sobrevaloración de la producción, olvidando que no hay producción sin la incorporación de materias primas; en consecuencia, no es sostenible colocar el núcleo del modo de producción en los procesos de producción; no habría procesos de producción sin procesos extractivistas. No queremos decir que el núcleo del modo de producción capitalista se encuentra en el modelo extractivista; no se trata de esto, sino de comprender la articulación imprescindible de los procesos extractivistas y los procesos de producción. Ambos conforman, si se quiere, un núcleo complejo, un núcleo extractivista-productivo. La denominada valorización abstracta, tesis marxista-ricardiana, no se da en el proceso de producción, en la absorción de tiempos socialmente necesarios no pagados, sino comienza en la extracción de recursos naturales, prácticamente de manera gratuita, salvo la renta a los Estado-nación-subalternos, sin retribuir a la naturaleza lo que se le quita; es decir, destruyéndola; transfiriendo costos ecológicos irreparables, que no tiene en cuenta la contabilidad capitalista. En esto, quizás tenían razón los fisiócratas, cuando señalaban que el plus-producto y el plus-valor, de donde viene la ganancia, deriva de la naturaleza.

 

Sin periferias no hay centros, sin modelo extractivista no hay modelo industrial, sin modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente no hay modelo colonial industrial. Entonces, la valorización abstracta acaece desde el saqueo de la naturaleza hasta la explotación de la fuerza de trabajo, además de la expoliación de los consumidores, a través del mercado, por precios de inflación y la expansión de la deuda impagable, a través del sistema financiero. La valorización abstracta es el evento constante en el sistema-mundo moderno de este núcleo y motor compuesto extractivista-productivo-financiero.

 

La paradoja de la economía-mundo, sistema de la valorización abstracta y de la contabilidad capitalista, no valoriza los recursos naturales, no valoriza la destrucción que deja a su paso. Para la contabilidad capitalista los recursos naturales no valen, salvo cuando se convierten en materias primas y conllevan un costo, el costo de la renta y de la inversión en la explotación. El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, substrato de la economía mundo, no valoriza los recursos naturales que transfiere a los centros del sistema-mundo capitalista, salvo en lo que respecta a las estadísticas de la renta que recibe. Por lo tanto estamos ante un sistema-mundo que no valoriza la vida, sino la muerte.

 

Se comprende pues que este sistema-mundo de la civilización moderna haya desencadenado la crisis ecológica; se entiende que al orden mundial, el imperio, no le inquiete la crisis ecológica desatada, salvo en lo que respecta a las tibias propuestas de bajar los niveles de contaminación y amortiguamiento de las extensas huellas ecológicas; se entiende que a los Estado-nación subalternos no les importe la destrucción ecológica desatada en sus países, salvo en lo que respecta a la pronunciación demagógica. En este sentido, también se entiende el funcionamiento de sus instituciones que amparan esta destrucción, ya sea con uno u otro discurso, uno u otro procedimiento político y económico. La clave para entender la negligencia del “gobierno progresista” de Bolivia respecto a la crisis del agua se encuentra en este substrato de la dependencia, de la colonialidad y de la subalternidad.

 

La guerra del agua

La guerra del agua parece intermitente, recomienza después de un lapso, como descansando. En la llamada guerra del agua en Cochabamba, desatada en los primeros meses de 2000, que comenzó, un año antes en Tiquipaya, se rebelaron, primero, las organizaciones recolectoras del agua, encargadas de distribuir el agua según “usos y costumbres”. El intento gubernamental de privatización del agua comenzó ya en 1999. Los recolectores del agua y los agricultores se unieron en defensa de los “usos y costumbres” del bien común del agua, frente a los primeros pasos que se daban estatalmente para su privatización. La guerra del agua de Cochabamba convulsionó a todo el departamento, principalmente a la ciudad capital; las Ongs denunciaron los intentos de privatizar el agua, comenzando con las fuentes del Tunari. Desde este momento de denuncia la información se extendió y se difundió; se coaligaron organizaciones sociales y colegios de profesionales, así como otras asociaciones de la urbe valluna. La población comenzó a reunirse y debatir el tema, después a movilizarse. Conocido el proyecto de ley entregado por el gobierno de entonces al Congreso, que proyectaba conceder el agua, en sus variadas formas, a una subsidiaria de la empresa trasnacional Bechtel, denominada Aguas del Tunari, la movilización y su extensión fueron indetenibles. La Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida, que aglutinó a un conglomerado de organizaciones sociales, juntas de vecinos, asociaciones profesionales, Ongs, bajo la convocatoria de la Federación Sindical de Fabriles, se convirtió en el referente de la movilización y en la organización coordinada de la misma. Ante el proyecto neoliberal de privatizar el agua, la Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida propuso un proyecto autogestionario del bien común.
Cuatro años más tarde estalló otra guerra del agua, esta vez en la ciudad de El Alto. La escasez del líquido elemento y su deficiente y limitado suministro ocasionó la protesta y la movilización popular. La Junta de Vecinos de la Ciudad de El Alto buscaba no solamente subsanar estas falencias y deficiencias, sino también evitar cualquier forma de privatización.

El problema de la crisis del agua se ha venido manifestando en distintas situaciones; variadas y contrastantes, sequías en unas zonas e inundaciones en otras. Se puede decir que las sequías aparecen en una amplia geografía que abarca tanto el Altiplano como el Chaco, sin dejar escapar, en ocasiones, a uno que otro valle. Las inundaciones aparecen intermitentemente en la región amazónica, sin descartar, en ocasiones, inundaciones en otros lugares. Esto no quiere decir que en unos lugares sobra el agua y en otros escasea; el agua dulce es un bien común, que ante el avasallante consumo compulsivo, ya es escaso. Esto no quiere decir que es escaso en términos absolutos, pues el agua forma parte de la reproducción del ciclo del agua; pero es escaso, en términos relativos, teniendo en cuenta las condiciones de posibilidad ecológicas del ciclo del agua. Cuando el consumo compulsivo se incrementa, cuando la explotación extractivista lo derrocha, cuando se contamina el agua, además de contaminar los suelos y el aire, depredándolos, se interrumpe parcialmente el ciclo de la reproducción del agua.

 

El año 2017 estalló nuevamente la guerra del agua, esta vez en el epicentro de la geografía política, en la sede de gobierno, en la ciudad de La Paz, con irradiaciones a la ciudad del Alto y otras ciudades, como Potosí, incluso Sucre, la capital; también a otras zonas de pronunciada sequía. Se hizo patente la descuidada y negligente, además de ineficiente, administración estatal del agua. La principal represa que alimenta de agua a la ciudad de La Paz bajó sus niveles de manera dramática. Los personeros de la empresa estatal del agua y los ministerios encargados con su administración atribuyeron esta calamitosa disminución de los niveles de reserva de agua de la represa al “cambio climático”. En contraste, varias organizaciones sociales, desde campesinas hasta juntas de vecinos señalaron al gobierno como el responsable de la catastrófica disminución de la reserva de agua de la represa; no solo por no haber sabido prever, sino por haber entregado el agua, mediante desvíos de ríos, a empresas trasnacionales mineras. Varios especialistas en el tema, al hacer el diagnóstico del problema, describen las falencias de una administración estatal del agua improvisada. El dramatismo de la escasez del agua se hizo sentir en la penuria de los barrios por conseguir el líquido elemento. El dramatismo alcanzó niveles de tragedia, con la desaparición del lago Uru-Uru y con la amenaza de desaparición del lago Popó, con todos los efectos sociales y ecológicos que estas desapariciones conllevan.

Por otra parte, organizaciones ambientalistas informaron, apoyadas en investigaciones, que la descomunal tala de bosques, la ampliación de la frontera agrícola y de la frontera extractivista, provocan modificaciones críticas en los patrones de los ciclos ecológicos, trayendo a colación perturbaciones en el ciclo del agua. Estas organizaciones se oponen a la construcción de las mega-represas del Bala y del Chapete, que proyecta el “gobierno progresista”. Se estima que estas mega-represas van a causar inundaciones irreparables, conllevando la desaparición de de parte de la biodiversidad zonal, afectando dramáticamente a pueblos indígenas, los que se van a ver obligados a migrar, con las consecuencias irreparables de su desaparición. El efecto catastrófico de la represa del Bala tendrá como consecuencia la desaparición del Parque y Área Protegida Madidi, además de la desaparición de las comunidades indígenas que lo habitan.


Como se puede ver, la problemática de la crisis del agua es compleja e integral, además de ser un tema crucial para la sobrevivencia de las sociedades humanas y de las sociedades orgánicas. La actitud del “gobierno progresista” ante semejante cuestión muestra su patético desconocimiento y su irremediable irresponsabilidad. Minimiza la cuestión crucial convirtiendo la problemática en un enunciado abstracto, “cambio climático”, que al parecer no afecta gravemente, sino que se lo señala como exterior y mundial, salvo ahora, cuando se tiene que encubrir la pésima administración pública. Se aminora la problemática a la caricatura que tiene del “cambio climático”, reducido de antemano por los organismos internacionales al llamado “calentamiento global”, deduciendo de aquí que de lo que se trata es de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. La demagogia discursiva hace shows en los foros internacionales y en las Cumbres de Naciones Unidas, en tanto que, efectivamente, persiste en la intensificación y extensión del modelo extractivista. Insiste en llevar adelante la construcción de las mega-represas, deja ampliar constantemente la frontera agrícola y la frontera extractivista, además de avalar la tala de bosques, que proporcionalmente ha alcanzado en Bolivia a dimensiones apocalípticas.

 

En lo que respecta a la crisis del agua en la ciudad de La Paz se llegó al extremo brutal de seleccionar barrios que merecían un reparto de agua más voluminoso y más continuo que otros; queriendo encubrir esta brutalidad con balbuceos ideológicos: ni una gota de agua para los q’aras. Este balbuceo ideológico, que es, mas bien, una grosera incomprensión de la cuestión política, de la lucha social y anticolonial, no puede encubrir el patético desconocimiento del problema y la pésima administración del líquido elemento; además de mostrar que estos personajes ocupan cargos administrativos sin merecerlo ni tener una peregrina idea de lo que se trata sobre el asunto que administran.

 

La ciudad de La Paz es una ciudad abigarrada, además de entrelazada, como lo fue desde sus nacimientos; ciudad india y ciudad mestiza. En todas sus zonas se nota esta composición abigarrada, claro que con variadas tonalidades; por ejemplo, la zona sur se conforma por una composición colateral y atravesada de barrios residenciales y barrios populares, que cohabitan, además de estar recorridos por los circuitos que realizan noventa y cinco comunidades campesinas de sus alrededores. Al decidir hacer pagar caro a la zona sur se afectó a todo este conglomerado socio-demográfico y socio-territorial abigarrado. Por otra parte, tampoco los barrios escogidos como merecedores de una mejor atención se salvaron de la dramática situación. Además, la dramática escasez del agua se hizo sentir gravemente en la ciudad de El Alto. El gerente de la empresa estatal del agua de esta ciudad fue el primero en caer. Las movilizaciones sociales no se dejaron esperar; estallaron, primero, puntualmente, después se expandieron a los barrios y a las zonas, llegando a cubrir a la ciudad misma. El gobierno se vio en figurillas, sin poder recurrir a la letanía de sus argumentos machacados. Desbordado por la movilización social demandante y por el problema desbocado, incapaz de atenderlo, cedió; pero, lo hizo de la forma como acostumbra, buscó chivos expiatorios. Cayeron ministros y sus entornos de los ministerios y oficinas encargados de la administración del agua; cayó la administración de la empresa estatal del agua de La Paz. Cayó el padrino de los ministros en desgracia, el hasta entonces permanente Canciller, David Choquehuanca. Se incorporaron a la dirección administrativa de la empresa estatal del agua a conocidos técnicos, que supieron, por lo menos, mejorar las condiciones de la distribución del líquido elemento y mejorar el acopio del agua. La llegada de las lluvias los salvó. Sin embargo, se entiende, que la crisis del agua está lejos de haberse resuelto; tampoco la guerra intermitente del agua ha concluido; se ha dado un descanso.

 

De la administración del agua

Se puede decir que hay diferentes formas y tipos de administración del agua; la más conocida es la que experimentamos en las sociedades modernas, la que cobra por los servicios, convirtiendo al agua potable, es decir, a la tratada, después de acumularla en represas y distribuirla por cañerías, en mercancía. Esta administración se circunscribe a la captación del agua y su manejo administrativo en la distribución. Para esta forma de administración, el agua es, en el mejor de los casos, un recurso natural, convertido en un servicio básico, sobre todo en lo que respecta a las urbes. Claro que también entra el servicio a la industria, así como a la minería. En lo que respecta a la agricultura, la mayor parte de la misma se mueve a los ritmos de los ciclos de las lluvias y de los flujos de los ríos, esperando sus llegadas o atendiendo al volumen de sus flujos; también, en algunos casos se usan pozos. Solo una parte de la agricultura usa canalizaciones más sofisticadas y regadíos más técnicos; pero, este uso no es de agua potable. De todas maneras, se trata de agua dulce, requerida por las dinámicas de los ciclos vitales ecológicos.

 

Entonces estamos ante usos que convierten al agua en objeto o de servicios o de insumos para la explotación extractiva y la industria, para la explotación minera, para el consumo industrial y para la agricultura. Para que el agua se convierta en objeto es menester separarla, por lo menos institucionalmente, incluso técnicamente; esto es, efectuar la economía política de los recursos naturales, que separa el agua, en condiciones de servicio, del agua como flujo ecológico; valorizando el agua como servicio y desvalorizando el agua como flujo ecológico. El agua convertida en objeto es adecuada para su conversión en mercancía; no solo en cuanto servicio, sino en sus formas transformadas en la industria de refrescos, gaseosas y bebidas. Entonces, el agua como mercancía es decodificada como valor abstracto, como precio que no solo circula en el mercado, en el comercio, sino también aparece numéricamente en las estadísticas económicas, en tanto servicios, así como en sus usos industriales. También puede aparecer cifrada en las estadísticas referidas al consumo de la población. Sin embargo, a pesar de esta circunscripción, esta economía política del agua, que supone la separación institucional y técnica del agua. El agua no es objeto, por más que se haya institucionalizado como tal y se la maneje de esta manera, por más que así lo conciba el imaginario moderno. El agua, efectivamente, forma parte de los ciclos vitales ecológicos.

 

Otra concepción y forma de administración del agua es la que la considera como un bien, que la concibe como flujo, desde sus fuentes hasta sus desembocaduras; esto ocurría en las sociedades antiguas, que la conciben en los ciclos y flujos de redes hídricas y estaciones de lluvia. Estas sociedades conformaron lo que Karl August Wittfogel denominó modos de producción hidráulicos. La concepción del agua en estas sociedades no sólo es más amplia que la dada en las sociedades modernas, sino que concibe al agua como flujo y no como stock; esta última es la figura asumida en el imaginario de las sociedades modernas. En consecuencia, la administración del agua en cuanto flujos hídricos y canalizados de modo hidráulico, tiene una perspectiva de largo plazo, a diferencia de los cortos y medianos plazos de las administraciones del líquido elemento en las sociedades modernas; además de ser más eficientes en el uso del agua. Hablamos de sociedades que ocasionaron la llamada revolución verde, con el nacimiento de la agricultura, su consolidación y extensión. Hablamos de sociedades humanas que domesticaron el genoma de las plantas y animales, produjeron prácticamente casi todo lo que nos alimentamos hoy. Las sociedades modernas han tecnificado estos logros, los han industrializado y extendido peligrosamente, ampliando desbordantemente la frontera agrícola.

 

Vamos a configurar una tercera forma de administración y concepción del agua; la llamaremos ecológica. Esta forma de administración del agua concibe el ciclo del agua como parte interrelacionada, imbricada y entrelazada de los ciclos vitales del planeta. En este caso, el agua no se separa de las otras composiciones vitales de los ciclos ecológicos. El agua no sólo forma parte de los flujos, es concebido como flujo, sino como fenómeno vital de procesos complejos y dinámicos, en mutación y en metamorfosis, en el entramado de los ciclos vitales, que funcionan como tejidos materiales en constante movimiento. En este caso, propiamente hablando, no hay pues exactamente una administración del agua, sino, mas bien, una participación en las dinámicas integradas de los ciclos vitales ecológicos. Mejor dicho, se trata de reinserciones de las sociedades humanas a los ciclos vitales del Oikos. Esta participación en la dinámica de los ciclos vitales sugiere una administración integral de los usos de los bienes; es la propuesta ecológica ante la crisis ecológica desatada por el sistema-mundo capitalista. Se trata de un proyecto ecológico en defensa de la vida, de la armonización en la sincronización de los ciclos vitales y los seres. Esto equivale considerar a las sociedades humanas, particularmente a sus asentamientos, como parte de los nichos ecológicos.

 

De la composición y la argumentación del libro

 

El libro ¿”la pachamama otra clase está”? comienza con una crítica de las justificaciones del gobierno respecto a la crisis del agua; empieza desmontando el argumento gubernamental de que la crisis del agua, la disminución dramática de la reserva de la represa, se deba al “cambio climático”. Se hace una descripción detallada del comportamiento negligente y descuidado de las empresas encargadas de la administración del agua y de los ministerios que tienen a su cargo esa responsabilidad. Por otra parte se reúne información de diagnósticos y análisis de especialistas sobre el tema, quienes advierten de la vulnerable situación, aludiendo a las causales y condicionantes de la crisis del agua y de la crisis ambiental. No quepa duda que se trata, en primer lugar del modelo económico extractivista y depredador.

 

Una de las fuentes primarias del autor es la referida a la hemeroteca, sobre todo de noticias, entrevistas y reportajes que se dieron en el lapso que antecede a la crisis y en el lapso mismo del desenvolvimiento de la crisis. Otra fuente de información corresponde a las publicaciones especializadas sobre el tema, sobre todo las que se refieren a los contextos de la crisis particular del agua en Bolivia. En lo que respecta a la situación crítica del país, las investigaciones, desde hace dos décadas, han venido señalando los niveles alarmantes de la misma; por ejemplo, en lo que respecta al deshielo de los glaciales, que son las fuentes de los ríos de la cuenca andina y de la cuenca amazónica. Por otra parte se han señalado pertinentemente lo que ocasiona la desforestación como impacto desequilibrante el equilibrio climático. Se suman a estas causales las contaminaciones y depredaciones provocadas por la explotación minera, afectando notoriamente a las cuencas y a los territorios. Al respecto, el autor hace puntualizaciones insoslayables:

 

El crecimiento económico experimentado por Bolivia, bajo el Gobierno del presidente Evo, ha tenido una compleja serie de efectos realmente perversos sobre los recursos hídricos de y en el país. Además del duro impacto en el medio ambiente por la creciente expansión de los proyectos mineros y energéticos, aumentó el consumo interno en los núcleos urbanos y no hubo, ni hay políticas de concienciación ciudadana sobre el ahorro o al menos el uso razonado y razonable del agua.

 

El sector de la minería usa (abusa) mucha, muchísima agua, requiere alrededor de 70.000 metros cúbicos de agua fresca por día para la explotación de los minerales, de esa cantidad las cooperativas mineras consumen 40.000 metros cúbicos, lo que significa el 57% del total. Entre las empresas privadas que usan gran cantidad del líquido elemento se encuentran San Cristóbal, San Vicente, Bolívar, Porco y Manquiri. Ojo que sólo la compañía minera San Cristóbal consume más de 47.652 metros cúbicos día (mcd) de agua. En cambio, las cooperativas auríferas trabajan en el borde de los ríos con dragas. Esto ocasiona que aparte de usar ingentes cantidades de agua, también contaminan crudamente los afluentes por el uso irracional del mercurio[1]. Recordemos que, en el país, operan alrededor de 1.700 cooperativas, de las cuales 1.200 se dedican a la extracción del oro, principalmente en el norte de La Paz.

 

La actividad minera, según los estudios realizados por el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), consume similar o mayor cantidad de agua que el conjunto de los habitantes de la ciudad de Oruro[2] en un día, cifra que llega aproximadamente a 30 millones de litros del líquido elemento. Aquí hay que reiterar como el mayor ejemplo a la Empresa Minera San Cristóbal[3] (de capitales japoneses, como Sumitomo) en Potosí que, en un día, utiliza una cantidad superior de agua a lo que en la ciudad de Oruro se consume (también) en un día; sin duda alguna, una cifra alarmante. A ello hay que sumar la actividad minera de varias empresas como Huanuni y otras en menor magnitud, además de las diversas cooperativas mineras asentadas en la región.

 

Haciendo una contrastación de estos datos y referencias, las operaciones de San Cristóbal superan el consumo de agua de toda una ciudad en un solo día, o en el caso de Huanuni y Kori Kollo en el departamento de Oruro, que añadidos suman el empleo de algo más de 50 millones de litros de agua por día, mucho más que la ciudad capital, afectando directa y negativamente al abastecimiento y consumo de la población y disminuyendo notablemente los niveles de los ríos y cursos de agua naturales. Según Limberth Sánchez, coordinador general del CEPA, “Las empresas mineras San Cristóbal, Huanuni y otras utilizan millones de litros de agua, y estos no recirculan el agua, no tratan el agua. Por tanto, es un factor que hace que -cada año- el agua sea (más) escasa, por eso es que debemos emprender políticas de recuperación y tratamiento del agua” (La Patria, 25 noviembre 2016).
San Cristóbal, subsidiaria de la Sumitomo Corporation de Japón, utiliza una cantidad de agua superior a los 43 millones de litros por día, teniendo como fuente principal, el Campo de Pozos de la Cuenca Jaukihua. La Empresa Minera Huanuni (EMH) utiliza algo más de 28 millones de litros por día, sus fuentes son el río de Venta y Media, Pata Huanuni e interior mina. Con respecto a la operación Kori Kollo son 22 millones de litros utilizados por día y sus fuentes principales son aguas subterráneas y el río Desaguadero. Estos son los mayores ejemplos de empresas que diariamente emplean ingentes cantidades del recurso hídrico potable. A ello se suman otras empresas en menor escala, pero que también dependen del agua para sus operaciones.
La actividad minera y más todavía en las áreas protegidas puede tener pues consecuencias trágicamente irreparables. En especial, es preocupante la explotación de los ríos en busca de oro. Como también advierte Patricia Molina, “Una buena parte de la producción del oro en el país proviene de la explotación aluvial y en las vetas cercanas a los ríos en la Amazonia. Precisamente las cabeceras de las grandes cuencas amazónicas son zonas de explotación aurífera que arrojan mercurio en los ríos adyacentes”[4] (Página Siete, 12 diciembre 2016). La investigadora sostiene que al trabajar con mercurio en la cuenca amazónica se contamina no sólo el suelo y el agua[5], sino también los peces de cuya pesca viven muchos pueblos y comunidades indígenas adyacentes de y en la zona[6].

 

En relación con los severos impactos de la minería, también hay que tener en cuenta que la actividad minera en las áreas protegidas genera gran deforestación, ya sea por el talado salvaje de los árboles, la quema de extensas parcelas de bosque o la contaminación de los suelos por el derrame de los combustibles o las aguas ácidas resultantes de los procesos mineros[7], cuando no de las pozas de maceración. No olvidemos además que la recuperación del bosque, luego de que (al menos eventualmente) las operaciones mineras se puedan retirar, es mucho más lenta que la relacionada con otras actividades. Actualmente, en Bolivia existen 22 áreas protegidas[8], de las cuales 20 se encuentran en serio riesgo[9] por la explotación petrolera, minera y la construcción de las hidroeléctricas y termoeléctricas.

 

Asimismo hay que hacer énfasis en la grave irresponsabilidad de los desechos mineralógicos, que llegan a ser depositados en los lugares que tienen conexión directa con los ríos y lagos, convirtiéndose en otro problema y afectando directamente a las comunidades donde la mayoría dedica su actividad a la producción de alimentos y crianza de ganado. De acuerdo con el coordinador del CEPA, “Algunas empresas tienen su planta de tratamiento; pero, Huanuni, Poopó, las cooperativas mineras no lo (las) tienen; por ende, el agua baja con todos sus contaminantes hacia los ríos y quiénes son los afectados, los municipios y las comunidades” (La Patria, 25 noviembre 2016).
La escasez de agua, causada por la peor sequía de Bolivia en los últimos 25 años[10], se ha visto asimismo exacerbada por el crecimiento desmandado de la población en las ciudades, la deficiente y defectuosa infraestructura y el impacto profundo de las grandes plantaciones agrícolas: monocultivos y los proyectos mineros. Los proyectos agrícolas a gran escala, como la soya y las plantaciones de caña de azúcar, que comenzaron a fines de los años noventa, han reducido drástica y dramáticamente los bosques de Bolivia y han consumido y consumen mucha agua. La sequía ha expuesto igualmente el brutal impacto de los proyectos mineros al desviar el suministro de agua y contaminar crudamente los lagos y varias otras fuentes de agua dulce. El caso más catastrófico es el de una compañía minera china operando en el pleno glaciar del Illimani[11] achachila. De aquí que el Comité de Defensa del Illimani denunciara que varias empresas chinas se encuentran realizando diversas tareas de exploración en las faldas del nevado sagrado.

 

En relación con la presencia de las empresas mineras chinas en las cercanías del nevado Illimani[12], hay que decir que efectivamente existen no una sino varias entidades mineras chinas en esta región[13], que están perjudicando arduamente los cursos de agua dulce hacia la ciudad de La Paz. El pasado 25 de septiembre, alrededor de 86 comunidades, colindantes con las faldas del Illimani, se declararon en emergencia al denunciar la presencia de las empresas chinas[14], que estarían en busca de la explotación de minerales en faldas del nevado. Los pobladores de más de 60 comunidades de Palca también denunciaron que varios trabajos mineros en el Illimani y el Mururata ponían en riesgo los glaciares. Aseguraron que las aguas y la tierra estaban siendo gravemente contaminadas y que los nevados desaparecían no sólo por el cambio climático sino también por la bestial explotación minera.

 

Así, una de las más importantes preocupaciones sociales y que ha causado mucha susceptibilidad en la población paceña es pues la explotación minera en el Illimani y el Mururata. De acuerdo con la autoridad del sector, la inspección realizada en el nevado del Illimani dio cuenta que actualmente existen más de 40 titulares de áreas mineras en el lugar[15]. Según Navarro, en un radio de siete kilómetros aledaño al nevado del Illimani se hizo la valoración y se estableció que hay al menos 40 titulares de derechos mineros. Peor todavía, el Centro de Documentación e Información (CEDIB) denunció que Comabol es acreedora de al menos cinco concesiones en el Illimani y tiene más de 92 cuadrículas.

 

La conclusión del autor es clara:

Podemos ver así que la crisis hídrica no se debe, no de manera fundamental, a los efectos naturales del cambio climático, que corresponden a los ciclos (originarios) de vida de la Madre Tierra, sino y esencialmente a la propia acción humana de carácter extractivista y depredador, tal y como es la actividad minera. Hay pues una procedencia radicalmente atropo-génica, que es la que ha provocado la pavorosa crisis hídrica. A partir de este contexto veamos ahora las causalidades específicas de la crisis del agua en la ciudad de La Paz[16].

Estamos ante una exposición crítica cuya argumentación pone en evidencia las causales de la crisis del agua. No hay donde perderse, es el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Desde esta base referencial indiscutible se pasa al análisis de las manifestaciones sociales del la crisis del agua, sin antes dejar de abordar la descripción de las dramáticas disminuciones de las reservas de agua en las represas. Lo que se devela es la ineptitud e incompetencia gerencial y administrativa del agua. Se entrega por cuoteo la dirección de las empresas a la dirigencia llunk’u. No hay competencia sino zalamería. La consecuencia es desastrosa; no se administra sino se despilfarra, al contrario de administrar, se afecta desordenadamente a los usos del los flujos del agua. Con lo que se puede decir que esta administración improvisada es también causal inductora de la crisis del agua.

El análisis de la situación catastrófica de la escasez del agua pasa, después de la descripción y la identificación de la estructura del problema, la crisis del agua, a la evaluación del entramado de la guerra del agua, en la singularidad como se desata en 2016. Si bien se pueden señalar varias causas, que se articulan y se refuerzan, repercutiendo en los niveles de la crisis, lo cierto es que la causa de la mala administración del agua es el hilo que teje la trama del drama social, ciudadano y de los pueblos, en lo que respecta a la dramática escasez del agua; llegando a dar lugar a los desenlaces; la movilización social y ciudadana; la caída del gabinete de la administración de los recursos naturales y del agua; el desvelamiento de la ignominiosa ignorancia gubernamental sobre el tema, la constatación de su complicidad y concomitancia con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

 

Conclusiones

1. La crisis del agua desata la guerra intermitente del agua. La crisis del agua forma parte de la crisis ecológica; crisis, que si bien puede ser interpretada, en la perspectiva de los ciclos largos ecológicos, como recurrente, aunque singular, de acuerdo al contexto ecológico donde se manifiesta y desenvuelve, la particularidad de la crisis del agua contemporánea es apresurada por el modelo colonial extractivista del sistema-mundo capitalista.

2. La crisis del agua en Bolivia adquiere un perfil propio debido a la incidencia del “gobierno progresista”, que se ocupa más por la continua campaña electoral que por la propia administración pública.

3. La recurrencia de la guerra intermitente del agua demuestra que la problemática del agua, lejos de avanzar en hacia sus soluciones, se aleja, agudizándose cada vez más el problema. La guerra intermitente del agua evidencia que tanto los gobiernos neoliberales como las gestiones del “gobierno progresista” comparten el paradigma desarrollista y el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; ambos perfiles políticos conciben a los recursos naturales como objetos, es más, como mercancías. Con esta actitud compartida, a pesar de la diferencia discursiva e ideológica, atentan contra la vida de los ecosistemas y las sociedades.

4. La crisis del agua, que forma parte de la crisis ecológica, exige responsabilidad, no sólo en la administración publica y las formas de gubernamentalidad, que están lejos de tenerla, sino, sobre todo en los pueblos y sociedades, quienes se encuentran exigidos y convocados a la defensa de la vida, por lo tanto, a la defensa del agua. Esta defensa integral y ecológica de la vida exige como condición de posibilidad histórica-social-cultural la madurez social, es decir, el uso crítico de la razón; lo que significa asumir la democracia en pleno sentido de la palabra, esto es, autogobernarse, generar autogestiones, construir consensos de transición.

 

[1] Cfr. “Experto alerta sobre el uso de mercurio en la minería aurífera” (Página Siete, 30 septiembre 2014) y, sobre todo, “Un lago y 16 ríos son envenenados por la minería en siete departamentos” (La Razón, 8 septiembre 2014).
[2]Los habitantes de la ciudad de Oruro consumen alrededor de 30 millones de litros de agua por día, considerando que el total es distribuido en todos los distritos y llegando a una población de 264.943 ciudadanos según datos del reciente censo.
[3] San Cristóbal es uno de los yacimientos con reservas de zinc, plomo y plata más grandes del mundo y opera con 1.461 trabajadores.
[4] Cfr. “La contaminación con mercurio en la Amazonía” (Fobomade, 10 abril 2013) y “La bonanza del oro y la contaminación de los ríos amazónicos” (Fobomade, 4 octubre 2012).
[5] El metal líquido del mercurio es altamente tóxico y deletéreo y no se degrada, permanece en los lechos de los ríos, en los peces, en los árboles, o se evapora y viaja grandes distancias hasta asentarse en otro lado, multiplicando los daños. Cfr. “Bolivia: Más de 130 toneladas de mercurio son emitidas por año (Mongabay, 12 diciembre 2016)
[6] Cfr. “Indígenas de Amazonia sufren contaminación por mercurio” (Página Siete, 14 junio 2016).

[7] Deforestación y cambio climático son señaladas como las principales razones para que se dé esta situación en el país. Cfr. “Factores que agravan la falta de agua en Bolivia” (El Día, 13 noviembre 2016).
[8] Bolivia tiene 22 áreas protegidas como parques naturales, territorios indígenas, áreas de manejo integrado, reservas de biosfera y reservas naturales. Estos son Madidi, Manuripi, Apolobamba, Pilón Lajas, Noel Kempff, Cotapata, Isiboro Sécure, Tunari, Carrasco, Amboró, San Matías, Toro Toro, El Palmar, Iñao, Aguarague, EBB, Kaa Iya, Otuquis, Sama, Tariquia, Eduardo Abaroa y el parque Sajama.
[9] Cfr. “Los riesgos de la contaminación petrolera en las áreas protegidas” (Fobomade, 14 junio 2013); “Parque Nacional Tariquía en riesgo por explotación petrolera” (Los Tiempos, 14 junio 1015); “Alertan que 20 de las 22 áreas protegidas de Bolivia están en riesgo” (El Potosí, 14 octubre 2015) y “En el Madidi y el área Pilón Lajas existen 41 operaciones mineras” (Página Siete, 12 diciembre 2016).
[10] Para Bolivia el 2016 fue el más seco en 25 años. El problema es que este año es sólo una muestra de lo que se nos viene. El 2018 está diagnosticada una sequía peor y no son contextos puntuales. Aunque hay quienes prevén que la crisis puede ser más mucho pronto. Cfr. “Vaticinan duro escenario de sequía en el país a partir de agosto de 2017” (Correo del Sur, 11 diciembre 2016).
[11] Cfr. “Informes técnicos indican que capitales chinos tienen concesiones sobre 3.200 hectáreas en el Illimani” (Página Siete, 26 noviembre 2016).
[12] Cfr. “Chinos explotan minería en nevados Illimani y Mururata” (El Diario, 18 noviembre 2016) y “Múltiples concesiones mineras a empresa china” (El Diario, 15 diciembre 2016).
[13] Cfr. “Empresarios chinos cuentan con autorización oficial para explotar” (El Diario, 15 diciembre 2016) y “Confirman que chinos tiene concesiones mineras en el Illimani” (Bolivia Prensa, 19 diciembre 2016).
[14] Cfr. “Comunarios en emergencia por explotación minera en el Illimani” (Correo del Sur, 17 noviembre 2016).
[15] Para un análisis un poco más amplio de la inversiones chinas y las consecuencias geopolíticas de las mismas en Bolivia es recomendable leer “China, el peligro sub-imperialista” (Página Siete, 26 noviembre 2016).
[16] Leer de José Luis Saavedra La pachamama otra clase
está. Ob. Cit.

Fuente: https://www.bolpress.com/2018/06/06/la-intermitente-guerra-del-agua/

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Veamos que la contradicción básica de los trabajadores y los pueblos con los gobiernos progresistas es su ejercicio de la lógica del Capital.

Periplos del desarrollismo
Hablemos de los temas por su nombre

26 de abril 2018

 

Raúl Prada Alcoreza

  

(...)Espectros de la externalización en el Salar de Uyuni

En Colonialismo extractivista y dependencia con el litio, escribimos:

El “gobierno progresista” de Bolivia ha entregado las reservas naturales del litio y otros recursos, que contiene el inmenso Salar de Uyuni, a la vorágine capitalista de las empresas trasnacionales extractivistas; contraviniendo la Constitución[1]. Sin que sepan los y las bolivianas, propietarios natos, declarados por la Constitución. Con maniobras sinuosas, movimientos sigilosos y secretos ha ofertado las riquezas del salar, principalmente el litio, a través de mediadores; a quienes les ha otorgado carta blanca, para que pongan en el mercado de inversiones, esta riqueza natural del pueblo boliviano. El “gobierno progresista” ha comprometido, en esta artimaña a espaldas del pueblo, al alto mando de las fuerzas armadas; que ingresó como parte de la estructura subrepticia en estas componendas y de este saqueo del cotizado recurso del litio. A esto llama “transparencia” el gobierno populista, a esto llama “defensa de la soberanía” y, lo más calamitoso, a esto llama “cumplir con el mandato constitucional”. Este tipo de acciones están tipificadas por la Constitución como traición a la patria.

 

Definimos este comportamiento gubernamental como de la mentalidad colonizada; la misma que fue descrita de la siguiente manera:

El discurso desarrollista, emitido a propósito del litio, responde a una mentalidad colonial. Por ejemplo, se habla figurativamente, como si se tratara del “petróleo blanco”. Se sugiere, entonces, repetir la historia del “oro negro” con el “oro blanco”, que sería el litio. Es decir, preservar el rol asignado a las periferias por la geopolítica del sistema-mundo extractivista. En el delirio imaginario de la colonialidad se sugiere la proyección de Bolivia como una Dubái de 2050. Esta mentalidad colonizada no tiene otra imagen del futuro sino ésta de la economía rentista; beneficiada con los precios altos del petróleo, en un país que cuenta con cuantiosas reservas de la energía fósil. Se espera que lo mismo ocurra con Bolivia en lo que respecta al litio.

 

·         La mentalidad colonizada concibe a la naturaleza como objeto de dominio, de explotación, sobre todo, de extracción.

·         Otra característica corresponde al ideal de Estado rentista combinado o sustentado con la economía extractivista, beneficiada por la demanda de materias primas, en condiciones de precios altos del mercado de minerales.

·         Una tercera característica es que considera que la etapa extractivista de la economía es necesaria; se la concibe como si fuese una etapa anterior a la industrialización, que vendría a ser propiamente el “desarrollo”. Está lejos de comprender que el extractivismo no es ninguna etapa, menos pre-condición de la industrialización, sino parte de la división del trabajo y del mercado internacional en la geopolítica del sistema-mundo capitalista [2].

·         La cuarta característica, quizás la más pronunciada de la mentalidad colonial, es que se figura el “desarrollo” como el camino andado por los llamados “países desarrollados”; es decir, se trata de imitarlos.

·         Una quinta característica es la de juzgar a todo lo que se opone al “desarrollo” como obstáculo del mismo y que detiene el “progreso”. Por eso, consideran que la represión a los pueblos indígenas, que defienden sus territorios, está justificada; también les parece justificada la descalificación y estigmatización de las luchas ambientalistas y ecologistas. Incluso llegan a considerar las concesiones a las empresas trasnacionales, por más que estas sean onerosas y nada tengan que ver con algo que se parezca a la soberanía, como explicables en el camino al “desarrollo”.

 

La mentalidad colonizada es como la consciencia desdichada de la subalternización. Corresponde al sujeto social desgarrado, que resuelve su escisión dramática en los términos y el perfil de una psicología acomplejada, que enmascara con delirios de grandeza y entonando elocuentemente su apego desesperado a las imágenes de vitrina del “desarrollo”. Esta psicología acomplejada puede expresarse en distintas formas discursivas; por ejemplo, nacionalistas, liberales, neoliberales o populistas. La forma discursiva puede parecer distinta; sin embargo, el sentido latente no deja de ser el mismo; la sumisión a los centros del sistema-mundo capitalista[3].

 

Hay como tres o cuatro situaciones reconocibles en lo que respecta a las relaciones institucionales con el Salar de Uyuni, concretamente, en lo que respecta al litio, uno de los metales que se encuentra en las composiciones minerales del Salar de Uyuni. La primera situación describible es la historia del laboratorio piloto de la UMSA en el Salar con objeto de investigaciones químicas y evaluación de proyecciones industriales. Otra situación, de otras características, más bien relativas a las resistencias sociales, se da cuando las poblaciones potosinas se oponen al proyecto de concesión a una trasnacional por parte de los gobiernos de la coalición neoliberal. La tercera situación corresponde a la implementación de una planta para comenzar fases previas para la industrialización del litio por parte del “gobierno progresista”. Y, por último, añadiendo virtualmente una cuarta situación, a la que no podría calificarse como tal, pues no es describible como situación, es decir de acuerdo a la composición de sus disposiciones descriptibles; éstas están como ausentes. Introducimos esta cuarta situación pues queremos señalar la situación incierta en la que se encuentra el Salar de Uyuni, considerado como la reserva más grande del mundo de litio. Sin embargo, antes de ingresar a las situaciones, es conveniente contextuarlas históricamente, hablando de la historia económica del litio en el mundo y en Bolivia. Para esto recurriremos a un avance del proyecto de investigación “Minería metalífera en Argentina y Bolivia: modalidades de radicación y proyectos políticos nacionales. El caso del litio”, de Federico Nacif, publicado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini[4]. El autor citado escribe:

 

Introducción: el ABC del litio sudamericano
Con la segunda guerra mundial, la industria bélica norteamericana dio impulso al desarrollo de un tipo particular de industria química, que desde los años 20 dirigía investigaciones sobre los usos y aplicaciones del metal más liviano de la tabla periódica: el litio. Utilizado en la propulsión de cohetes, se sumó luego a la carrera espacial de la Guerra Fría en forma de aleaciones para aplicaciones aeroespaciales. En 1953, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos (AEC, en inglés) requirió grandes cantidades de hidróxido de litio para la producción de armas termonucleares, convirtiéndose en el principal cliente de los dos grandes productores norteamericanos: Lithium Company of América (actual FMC) y Foote Minerals (actual Chemetall). Con la caída de los contratos en 1960, las empresas debieron reorientar su producción hacia las industrias básicas, como cerámica, lubricación, reducción de aluminio y productos farmacéuticos. A partir de la década del 70, el desarrollo de las nuevas tecnologías en telecomunicaciones y energías renovables, encontró en el litio un potencial nuevo valor de uso: la elaboración de carbonato de litio como principal insumo para el desarrollo de baterías eléctricas, desechables y recargables.

La obtención del litio, por otra parte, proviene fundamentalmente de dos tipos de fuentes: de minerales como el espodumeno, que requiere previamente un trabajo de minería (trituración, molienda, lixiviación); y de las costras de sal de los salares donde yace la salmuera, cuya extracción implica menores costos de producción. Los salares de mayor dimensión se encuentran en los países andinos de América del Sur, Argentina, Bolivia y Chile, en cuyas salmueras se concentran más de dos tercios de las reservas mundiales de litio. Sin embargo, la forma en que cada uno de estos países responde a la creciente demanda mundial del litio, no sólo se diferencia por los diversos grados de desarrollo socio-económico y científico-tecnológico, sino también por la particular conformación de los bloques sociales hegemónicos y la relación de fuerzas en que dicho bloque se sustenta. Desde mediados de los años 70, la fragmentación a escala mundial de los procesos productivos y la acelerada industrialización del sudeste asiático impulsada por la migración de los capitales centrales hacia la periferia, conformaron una nueva división internacional del trabajo. Crecientemente competitiva, articula el comercio mundial en tres grandes bloques –Estados Unidos, Europa y el Este de Asia–, relegando a los países excluidos al tradicional papel de proveedores de materias primas.

 

Con las reformas neoliberales impulsadas entre mediados de los años 70 y la década del 90, las burguesías periféricas de América Latina se asociaron a las redes globales del capital transnacional, impulsando un proceso de desindustrialización, consolidando una economía cada vez más dependiente de las inversiones extranjeras directas y profundizando la inserción primaria de la región al mercado mundial. De esta forma, las clases sociales dominantes son incapaces de orientar por sí mismas el desarrollo de las fuerzas productivas, y ninguna de sus fracciones está materialmente interesada en reeditar pasados proyectos políticos nacionalistas, de regulación estatal y creación de empresas públicas. Son los sectores populares y sus múltiples organizaciones, los únicos interesados en un verdadero proceso de desarrollo socio-económico autónomo, soberano y ambientalmente controlado.

 

Chile fue el primer país en establecer acuerdos con la industria química norteamericana para la exploración, investigación y producción de carbonato de litio. En 1975 el gobierno de Pinochet firmó un contrato con la Foote Minerals of America (actual Chemetall) para formar la Sociedad Chilena del Litio, dejando en manos de la empresa norteamericana el 55% de las acciones. En 1979 se declaró al litio “mineral de interés nuclear”, reservando para el Estado la propiedad exclusiva de los yacimientos evaporíticos. Sin embargo, se le otorgó a la Foote Minerals un 10% del salar de Atacama, donde en 1984 comenzó la producción de carbonato de litio, considerada la operación de más bajo costo de producción. Por otro lado, en 1986 se conforma la empresa Minsal Ltda, consorcio formado por la transnacional Amax (63,7%), la local Molyment (11,25%) y el Estado (25%), “para explorar, explotar y comercializar potasio, boro, litio y cualquier otro producto o subproducto proveniente de las salmueras del Salar de Atacama.” En 1993 Amax y Molymet fueron reemplazadas por SQM (Soquimich, empresa pública privatizada en 1987) ampliándose todos los contratos firmados hasta el año 2030. De esta forma, Chile se convirtió, con la segunda reserva mundial (calculada por el USGS en 3 millones de t) en el principal exportador mundial de litio (40 mil t de carbonato de litio por año). Finalmente, la industria química transnacional logró derribar la última traba legal que impedía expandir el sistema concesional sobre el resto del salar de Atacama, y el 12 de junio de 2012 el gobierno chileno inició un proceso de licitación para los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), a cambio de un royalty mensual equivalente al 7% de las ventas netas de la empresa contratista.

 

En Argentina, por otra parte, la historia de las concesiones logradas por las grandes transnacionales de la química básica no tuvo –hasta ahora- dimensión nacional. En 1987 la provincia de Catamarca licitó su Salar del Hombre Muerto (considerado parte de la tercera reserva de litio a nivel mundial), y comenzó las negociaciones con la Lithium Corporation of America (Lithco, actualmente FMC), quien a principios de 1991 consiguió firmar un contrato de exploración y cuantificación de reservas con el gobierno provincial. Sin embargo, es recién en el año 1993 que la empresa decide radicarse definitivamente en la Argentina. Por un lado, porque en ese año se frustra su estrategia principal de desembarcar en el Salar de Uyuni de Bolivia (el contrato impedía establecer otras operaciones similares en América del Sur). Por otro lado, porque en mayo se sanciona la Ley de Inversiones Mineras (N° 24.196) que garantiza amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales. Reanudadas las negociaciones, logra obtener la concesión del salar para comenzar los trabajos de exploración en 1995. En 1998 la empresa Minera del Altiplano SA, subsidiaria de FMC Lithium, comienza la producción comercial de litio, convirtiéndose en uno de los principales exportadores a nivel mundial (cuarto, según la USGS). En la actualidad, Catamarca, Salta y Jujuy concentran más de 10 proyectos en instalación para desarrollar distintos componentes de litio, potasio y boro, siendo el principal destino de las inversiones en exploración de reservas de litio para exportación, en muchos casos directamente vinculadas a las principales automotrices mundiales desarrolladoras de vehículos eléctricos, como Toyota, Mitsubishi y la francesa Bolloré.

 

Finalmente, el caso de Bolivia. Dueña de la principal reserva mundial ubicada en el Salar de Uyuni, departamento de Potosí, y la primera en iniciar las investigaciones sobre sus recursos evaporíticos, es a su vez el país donde todos los intentos de las transnacionales por acceder a las salmueras del salar fueron, hasta ahora, frustrados. Sin embargo, desde 2008 avanza con un plan de industrialización soberana de los recursos evaporíticos 100% estatal, que contempla a mediano plazo la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio, y a largo plazo la producción de baterías de ion-litio. Se trata entonces, de establecer los hechos del largo proceso histórico que llevó a Bolivia a ser el único país del Cono Sur en intentar una explotación soberana de los recursos evaporíticos en salmueras, y disponerlos para los análisis sobre las condiciones histórico sociales del desarrollo autónomo de las fuerzas productivas en América Latina, desarrollo que permanentemente se anuncia, se promete, se cuestiona y se demanda.
1971-1982 – Primeras investigaciones sobre el Salar de Uyuni: dictadura militar, universidad, Francia y Estados Unidos.

En agosto de 1971, un nuevo golpe militar dirigido por el coronel Hugo Banzer, impulsa el despliegue de la peor cara del proceso iniciado con la Revolución Nacional de 1952. Sobre la base de sus grandes reformas (nacionalización de la gran minería, creación de la Corporación Minera Boliviana -COMIBOL, y una profunda reforma agraria); con el antecedente de anteriores gobiernos militares que desde 1964 experimentaron proyectos políticos muy diversos; en el contexto de una guerra fría en la que el nacionalismo boliviano fue precursor en gestionar las alianzas con los Estados Unidos, y que desde los años 60 se expresaba en el avance de gobiernos militares burocrático-autoritarios en América del Sur; y –finalmente– en base a complejas alianzas de clase que sumaba al pacto militar-campesino de Barrientos a las crecientes empresas mineras privadas y a la naciente oligarquía agraria de Santa Cruz; Hugo Banzer Suárez se propuso instaurar un “gobierno populista militar de derecha”, inaugurando así uno de los períodos más represivos de la historia de Bolivia.

En ese contexto, en 1973 el Departamento de Geociencias de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de Bolivia, planteó a la Office de la Recherche Scientifique Technique Outre Mer (ORSTOM) de Francia la realización de investigaciones geológicas conjuntas sobre los recursos minerales de los salares del altiplano sur de Bolivia, especialmente sobre el Salar de Uyuni, ubicado en el Departamento de Potosí. Producto de esta convocatoria, se firmó en abril de 1974 el convenio de cooperación UMSA-ORSTOM para el estudio de la geología del Cuaternario del Altiplano, la caracterización de los Lagos Actuales (Titicaca y Poopó) y de las Cuencas Evaporíticas (salares).
En el mes de julio de ese mismo año, el gobierno de Banzer dispuso mediante el Decreto Supremo 11614 la implementación del Proyecto de Prospección Minera en la Cordillera, a cargo del Servicio Geológico Boliviano (SGB). El proyecto fue cofinanciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el SGB, con el objetivo explícito de delimitar y cuantificar “las zonas de interés económico”; entre ellas, las áreas de Nor y Sud Lípez, del Departamento de Potosí. Si bien el Salar de Uyuni se encuentra en la vecina provincia Daniel Campos, el DS 11614 implicó un importante antecedente al declarar la Reserva Fiscal sobre las zonas prospectadas (art. 1), y disponer que los yacimientos minerales evaluados debían pasar a propiedad de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) “para su explotación y beneficio” (art. 3).
El 12 de diciembre de 1975, la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), creó la empresa Química Básica Boliviana Sociedad Anónima Mixta -QUIMBABOL SAM, junto a la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), el Comité de Desarrollo y Obras Públicas de Potosí y las Cooperativas agrupadas en la Central Regional de Cooperativas Industriales del Sud (CRECIS), con el objeto de aprovechar e industrializar los minerales no metálicos del Sud-Oeste boliviano. El 3 de febrero de 1976 se dispuso la creación del Complejo Industrial de la Química Básica bajo la dirección de QUIMBABOL, consistente en plantas de refinación de sal, azufre, bórax, trona, sulfatos y fábricas de carbonato de sodio y cloro-hidróxido de sodio. Según los Considerandos del DS 13361, el complejo creado generaría un polo de desarrollo en una zona que necesita la “atención del Gobierno para explotar sus recursos, elevar el nivel de vida de sus pobladores y su integración a la actividad económica y social del país”.

En 1976, y en forma paralela a los avances del proyecto UMSA-ORSTOM, el gobierno boliviano suscribió un convenio con la Administración Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos (en inglés, NASA) para la implementación del programa ERTS (Investigaciones de la Tierra Vía Satélite). Entre sus principales objetivos se propuso la determinación de los distintos recursos con potencial valor económico concentrados en las salmueras del Salar de Uyuni, vinculando al Servicio Geológico de Estados Unidos (en inglés, US-GS) y al Servicio Geológico de Bolivia. Los resultados del estudio se dieron a conocer en junio de 1976, mostrando indicios de concentraciones de valiosos elementos, entre ellos, litio.

Ese mismo año, la Unidad de Investigaciones UMSA-ORSTOM, luego del período de organización e instalación de la infraestructura necesaria (1974-1975), comenzó la ejecución de los programas diseñados. Entre ellos, el programa de Geología de Evaporitas realizado por el Instituto de Geodinámica y Limnología (IGL) de la UMSA junto a investigadores franceses de la ORSTOM sobre el extenso Salar de Uyuni, con el objetivo de precisar, entre otras cosas, la concentración natural de los elementos detectados por el informe USGS-SGB. Para fines de 1976, se había reconocido al Salar de Uyuni en toda su extensión a través de perfiles y se habían obtenido cerca de un millar de muestras por perforaciones que permitieron conocer la existencia de litio en “concentraciones máximas de 4000 ppm.”

Para esos años, el auge de Banzer en el gobierno comenzaba a declinar, y en medio de huelgas y protestas obreras y estudiantiles decidió cerrar las universidades. No obstante, las investigaciones sobre los recursos del Salar de Uyuni continuaron con informes y resultados parciales en medio de reiteradas crisis políticas de los gobiernos militares e intentos fallidos de salidas democráticas. Finalmente, en 1981, lejos del contexto crecientemente represivo de la dictadura del Gral. Luis García Mesa, la ORSTOM publicó en París los resultados finales de la investigación bajo el título “Los salares del Altiplano Boliviano. Métodos de estudio y estimación económica”, a cargo de Oscar Ballivián y François Risacher. El estudio establecía un primer cálculo de los valores de reserva en litio, potasio y boro en la salmuera de la zona de Río Grande, y los resultados posicionaron a Bolivia como propietaria del mayor yacimiento de litio del mundo (5.500.000 t). Sin embargo, el país ingresaba a un nuevo y prolongado período democrático, en medio de una profunda y estructural depresión económica. 1982-1993 – Democracia, universidad y neoliberalismo: Consejo Industrial, reserva fiscal, diseño de planta piloto e intento fallido de licitación internacional.

En septiembre de 1982, la renuncia forzada de la junta militar presidida por García Mesa, llevó al rehabilitado Congreso a designar como presidente de la nación al líder del MNR de Izquierda Hernán Siles Zuazo, que con su alianza Unidad Democrática y Popular (UDP) había ganado las elecciones de 1980 sin poder asumir el cargo.
En 1983, el nuevo gobierno democrático firma un convenio de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Junta de Acuerdo de Cartagena, con miras a emprender un “Estudio básico de prospección minera de salares bolivianos”. El resultado de este convenio fue la entrega de un informe sobre los requerimientos técnico-económicos para la ejecución de un estudio de factibilidad sobre la explotación industrial del salar de Uyuni (Propuesta, 1990: 94). En marzo de 1984, presionado por la crisis de la deuda externa y basándose en los “estudios técnicos y económicos que demuestran las grandes posibilidades de explotación económicamente rentable de las cuencas evaporíticas en el sudoeste del país”, el gobierno dispuso la creación de una Comisión Interinstitucional para la elaboración de los términos de referencia de la licitación pública del salar de Uyuni, “dirigida a gobiernos, a empresas nacionales y extranjeras” (RS 198979 del 28/03/1984). Poco después, se buscó impulsar el demorado Complejo Industrial de Química Básica (creado en 1976 a cargo de QUIMBABOL) declarándolo “de interés y prioridad nacional” en el mismo Decreto Supremo que prorrogó 60 días el funcionamiento de la Comisión para la licitación pública.

Paralelamente, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) del Departamento de Potosí, comienza sus investigaciones sobre los recursos naturales de la cuenca evaporítica, dirigidos por investigadores de la Universidad Técnica “Academia de Minas de Freiberg”, Alemania, que desde los años 60 desarrollaban trabajos sobre el origen, contenido y estructura de sales y salmueras del Salar de Uyuni.

El 15 febrero de 1985, la Ley 719 crea el CIRESU, Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, empresa pública autorizada para actuar “en materia de licitaciones, asociaciones y suscripciones de contratos, en las fases de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos del Gran Salar de Uyuni” (art. 1), “gestionar financiamiento requerido y convocar a licitación pública internacional, […] precautelando una participación mayoritaria, en favor de la contraparte nacional” (art. 3). En el Directorio de la empresa tienen representación el Ministerio de Minería y la Corporación Regional de Desarrollo de Potosí (presidente y vicepresidente), otros ministerios gubernamentales, las Fuerzas Armadas, la Corporación de Desarrollo de Oruro, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y diversos comités cívicos provinciales, la Central Obrero Departamental de Potosí y la Universidad Tomás Frias (art. 1). EL 8 de noviembre el gobierno autorizó al CIRESU a lanzar los términos de referencia de una convocatoria internacional.

Sin embargo, el gobierno de Siles Suazo (UDP) acaba con una paradigmática crisis hiperinflacionaria, dando lugar al inicio del primer período de reformas neoliberales impulsadas por el viejo líder de la Revolución Nacional de 1952, Víctor Paz Estenssoro. No obstante, tras la sanción del principal decreto de apertura y desregulación económica (DS 21060 de 1985), el 16 de mayo de 1986 el Salar de Uyuni es declarado Reserva Fiscal (DS 21260), dotando al país de una institucionalidad que le permitía diseñar, por medio del CIRESU, una estrategia de explotación de los nuevos recursos descubiertos. Sin embargo, pronto se demostró que la institucionalidad ganada era sólo hipotética (Pozzo, 2010: 7), y si bien el 11 de diciembre de 1987 se aprobaron en Uyuni los términos de referencia de la licitación internacional, a los pocos meses (28 de julio de 1988), el entonces ministro de minería Jaime Villalobos ofreció a la Lithco (actual FMC) una invitación directa para la explotación del Salar de Uyuni. Cabe mencionar que el 29 de octubre de 1987 se habían dado a conocer los resultados de las últimas investigaciones sobre el Salar de Uyuni en un seminario organizado por el Instituto de Geodinámica y Limnología (IGL) de la UMSA, mostrando reservas de litio, boro y potasio que casi duplican los cálculos de 1981. Después de un largo período de negociaciones, el 6 de agosto de 1989, día de asunción de Jaime Paz Zamora del MIR como presidente de la nación, se establece el primer borrador del contrato, y se firma el 17 de noviembre. A partir de allí y hasta el 26 de enero de 1990 se llevan a cabo una serie de seminarios de análisis del contrato en las ciudades potosinas de Uyuni y Llica.

El contrato directo con la principal empresa productora de litio a nivel mundial, le otorgaba derechos de exploración y explotación sobre toda el área de reserva fiscal por 40 años, permitiéndole la exportación directa de los concentrados en salmueras. Por ello, el 29 de enero de 1990 el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), la Central Obrera Departamental y la Universidad Autónoma Tomás Frías (todos miembros del CIRESU), solicitaron la postergación de la firma del contrato. La respuesta gubernamental no se hizo esperar: el 12 de se propuso definiciones por parte de la Brigada Parlamentaria, el 25 de febrero el ministro de minería Walter Soriano manifestó que la ley debía cumplirse sin discusión y el 1 de marzo se fijó la fecha tentativa para la firma del contrato. Sin embargo, el 12 de marzo COMCIPO inicia una campaña denunciando la no convocatoria a licitación pública. El 3 de abril la Brigada Parlamentaria responde a los cuestionamientos dando a conocer una serie de observaciones realizadas al contrato sobre la participación del Estado en la renta pública, que tras dos semanas de negociaciones con la empresa se aprobaron en un 95%. El 16 de abril el Consejo Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN) aprueba los términos del contrato, y el 17, el Ministerio de Minería lo envía al Congreso Nacional para su aprobación. El 29 de abril de 1990, en medio de grandes movilizaciones y huelgas de hambre convocadas por COMCIPO, el Cabildo Abierto en Uyuni aprueba el contrato. Sin embargo, frente al aumento de las movilizaciones y presiones cívico-políticas, el 4 de mayo Jaime Paz Zamora desiste del contrato, instruyendo la convocatoria pública internacional.

A partir de ese momento, el CIRESU y las diversas organizaciones sociales involucradas, publican sus propuestas de explotación del salar y de estrategias de desarrollo departamental, y las distintas universidades nacionales (UMSA, UATF, UTO) organizan foros de debate públicos, y un proyecto de diseño final de Planta Piloto de Carbonato de Litio para su funcionamiento a partir de las salmueras del Salar de Uyuni. Sin embargo, el 20 de agosto de 1991, a pedido del gobierno de Paz Zamora, la universidad potosina UATF que participó del rechazo al contrato directo con la Lithco, entrega la redacción de los términos de referencia base para la licitación internacional del salar de Uyuni. El 18 de septiembre de 1991 se aprueban los términos del contrato en grande y el 12 de noviembre la agencia Crow Agents encargada del proceso de licitación internacional entrega el pliego de especificaciones. Esta vez, conforme a la Ley 719 de 1985, se contempla para el diseño de la licitación internacional la revisión y sugerencias del CIRESU, que finalmente aprueba en detalle los términos de referencia elaborados y el 17 de enero se lanza la licitación pública. “De once empresas inicialmente interesadas, sólo tres formalizaron sus propuestas: FMC Corporation (LITHCO), SOQUIMICH (Chile) y COPLA Ltda. (Bolivia). Crown Agents efectuó la calificación y, un mes más tarde, recomendó la adjudicación en favor de la FMC.” (Orellana Rocha, 1995: 21). El 14 de febrero de 1992 se firma el contrato en pleno Salar de Uyuni, cuya única diferencia con el contrato directo anulado era (además del procedimiento y la colaboración de sectores de la universidad potosina y del directorio del CIRESU) el nivel de participación del estado boliviano que ahora se aumentaba levemente. Sin embargo, y sorpresivamente, días después de firmado el contrato, el parlamento decidió realizar unas reformas incrementando el IVA del 10 al 13%. La FMC (ex Lithco) anunció inmediatamente su repudió a las modificaciones, aduciendo que el contrato firmado garantizaba la estabilidad fiscal frente a cualquier modificación tributaria. Finalmente, tras casi un año de inciertas negociaciones, y a tres meses de haber asumido por primera vez el dirigente del MNR y empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, el 5 de Noviembre de 1993 la FMC–ex Lithco decide renunciar al contrato firmado con Bolivia y migrar sus proyectos de extracción de litio al Salar del Hombre Muerto en Catamarca, Argentina. Varios factores incidieron en la decisión final de la empresa. Por un lado, los avances de las negociaciones paralelas con la provincia argentina de Catamarca (que en 1991 se habían concretado en un contrato de exploración, cuantificación de reservas y caracterización de las posibilidades de explotación del Salar del Hombre Muerto por 10 años) le garantizaban el acceso a un importante salar, sin exigirle la participación de ninguna empresa pública ni imponerle la existencia de un consejo industrial o instituto universitario de control y fiscalización. Por otro lado, en mayo de 1993, el lobby minero logra la sanción de uno de los regímenes de inversión más favorables de la región: la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 fomenta la inversión de grandes capitales privados por medio de facilidades arancelarias, desgravación impositiva, la capitalización de reservas mineras, estabilidad fiscal durante 30 años y regalías mineras provinciales que no pueden superar el 3%. Por último, pero tal vez el factor decisivo, las dificultades generadas por un debate excesivamente público y sectores sociales excesivamente preocupados en los detalles del contrato, en una etapa del desarrollo de la incipiente rama productiva que llevó a la empresa a privilegiar el acceso exclusivo a las salmueras del importante Salar del Hombre Muerto para iniciar las investigaciones necesarias, por sobre el acceso momentáneo y relativamente fiscalizado a la reserva de litio más grande del mundo.

1993-2006 – Auge y crisis del modelo neoliberal: reducción de la reserva fiscal, expansión de las concesiones privadas y movilizaciones por la recuperación del salar. El fracaso del contrato con la norteamericana FMC-ex Lithco fue leído por los diversos sectores dominantes de Bolivia a lo largo del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), como expresión del atraso cultural que históricamente caracterizó a la nación desde los tiempos de la colonia, y como la pérdida de una oportunidad histórica para el anhelado desarrollo económico de Bolivia que, a partir del ingreso de inversiones extranjeras y la consiguiente transferencia de tecnología de punta, habría podido insertarse en un mercado mundial por el que debían competir con los países vecinos. En paralelo al plan de capitalización (Ley 1544 de 1994) destinado a la privatización parcial de las grandes empresas públicas (YPFB, teléfonos, ferrocarriles y la aerolínea nacional LAB), fueron avanzando sobre el salar compañías mineras de diverso tamaño, origen y trayectoria, algunas con el objetivo de extraer minerales no metalíferos en sales, y otras impulsadas por los posibles negocios inmobiliarios que la posesión a futuro pudiera generar. En marzo de 1997, último año del primer mandato del empresario minero Sánchez de Lozada, se promulga el nuevo Código de Minería de Bolivia (Ley 1777), que modernizaba el sistema concesional y simplificaba el esquema tributario, al mismo tiempo que equiparaba las concesiones mineras a la categoría de bien inmueble (es decir, propiedad privada) e impedía a la COMIBOL que realizara directamente actividades productivas. El nuevo Código, sin embargo, no mencionaba al litio entre los minerales a concesionar, y nada decía sobre la reserva fiscal del salar de Uyuni. Tal vez por ello, el mismo mes de su sanción, senadores del departamento de Potosí pretendieron elevar a rango de ley el viejo Decreto 21260 de 1986 que declaraba la reserva fiscal sobre un amplio perímetro alrededor del Salar de Uyuni. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, se modificó el contenido de la ley estableciendo, de manera confusa, que la reserva fiscal que buscaba elevarse a rango de ley sólo correspondía a la “costra salina”. En los hechos esto significaba una drástica reducción del perímetro original y abría la puerta para legalizar las posesiones privadas sobre el salar, fomentando a su vez el avance de las concesiones mineras reglamentadas por el nuevo Código Minero de 1997 (Ley 1777). La ley de reducción de la reserva fiscal sobre el Salar de Uyuni fue aprobada durante el gobierno democrático del ex dictador Hugo Banzer Suarez (ADN) el 8 de abril de 1998 (Ley 1854), liberando los ricos yacimientos de ulexita, y produciendo una rápida expansión de las concesiones privadas, fundamentalmente para el “engorde”, es decir, a la espera de inversionistas que quisieran arrendarlas a cambio de elevadas sumas (Pozzo, 2010, 8). Así mismo, la reducción de la reserva permitió que ese mismo año la norteamericana Apex Silver Mines Limited (ASML) y la japonesa Sumitomo Corp. accedieran a la concesión de la mina San Cristóbal, el más grande yacimiento de plata, zinc y plomo de Bolivia y uno de los depósitos superficiales de plata más grande del mundo (Ribera, 2010), ubicado en el municipio de Colcha K, provincia Nor Lípez, en el departamento de Potosí, a unos 100 km de la ciudad de Uyuni. Posteriormente, las empresas interesadas en la explotación minera exigieron corregir la confusa redacción de la ley, logrando en abril de 2002 que el breve gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga sancionara el Decreto 26574, precisando el término “costra salina” en base a un mapa del SERGEOMIN y el SETMIN. Dicha norma tuvo como efecto inmediato la obtención por parte de la empresa Non Metallic Minerals SA de numerosas concesiones mineras en la costra salina del Salar.

Sin embargo, el ingreso de Bolivia al nuevo siglo se dio en medio de un proceso de profundas transformaciones sociales que derivó en la irrupción de los campesinos e indígenas en la escena política nacional. De esta forma, la crisis del modo de acumulación financiero que estalló en varios países de América Latina a principios de siglo XXI, se caracterizó en Bolivia por la emergencia de una nueva fuerza política de origen rural, que recuperando históricas demandas nacionalistas logró forjarse como una nueva izquierda antiimperialista, sobre la base de organizaciones sindicales campesinas y movimientos sociales indígenas y a partir de un discurso cuestionador del modelo económico neoliberal vigente desde 1985. El punto de inflexión se dio en octubre de 2003 con la llamada “guerra del gas”, a poco más de un año del segundo mandato del empresario minero Sánchez de Lozada (MNR), que debió renunciar en medio de una sublevación popular liderada por la ciudad de El Alto en rechazo del proyecto de exportación de gas natural a México y Estados Unidos por puerto chileno. Los efectos de la sublevación de El Alto, cristalizada políticamente en la llamada “Agenda de Octubre” que planteó la necesidad de descolonizar el estado boliviano a partir de la nacionalización de los hidrocarburos y el llamado a una asamblea nacional constituyente, se expandieron por todo el territorio nacional. En Potosí, el departamento más pobre de Bolivia, castigado desde la época colonial con las grandes explotaciones mineras y durante la era neoliberal con la privatización y cierre de los ferrocarriles, impulsó a las diversas organizaciones sociales a movilizarse contra la reducción de la reserva fiscal y los avances de las concesiones privadas sobre el Salar de Uyuni (Pozzo, 2010, 8). Finalmente, el 9 de diciembre de 2003, el vicepresidente Carlos Mesa (en calidad de presidente tras la renuncia de Sanchez de Lozada) debió promulgar la Ley 2564 que restituyó el perímetro inicial del DS 21260 de 1986 derogando las leyes anteriores. Reglamentada por DS 27326 en enero de 2004, la nueva norma determinó las entidades estatales para las auditorías públicas y estableció los alcances para los trabajos de revisión y control. En los hechos, la Ley 2564 de 2003 significó la recuperación de toda la zona loteada, con excepción de la mina San Cristóbal, que desde 2007 llevó a la japonesa Sumitomo a dirigir la principal explotación minera metalífera a cielo abierto de Bolivia. No obstante, el 23 de junio de 2004, por medio del DS 27589, se revocaron las once concesiones sobre el salar que estaban a nombre de la empresa Non Metallic Minerals SA.
2006-2012 – El bloque campesino indígena en el poder: plan de industrialización 100% estatal, planta piloto y comité científico, presiones transnacionales y proyectos paralelos.

En enero de 2006, en primera vuelta con el 54% de los votos, asume el gobierno el dirigente campesino-cocalero y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales Ayma. Durante el año 2007, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (FRUTCAS), asesorada por el físico belga Guillaume Roelants, eleva al nuevo gobierno del MAS una propuesta de industrialización estatal de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. El plan diseñado, consistente fundamentalmente en la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio a cargo de una empresa de propiedad 100% estatal, fue asumido por el nuevo gobierno como política de Estado, sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2006 y la propiedad pública de la totalidad del yacimiento ratificada en mayo de 2007 mediante la declaración de la reserva fiscal sobre todo el territorio nacional (DS 29117). A un mes de recuperar las facultades productivas de la COMIBOL (Ley 3720), el 1° de abril de 2008, el presidente Evo Morales promulgó el DS 29496 declarando prioridad nacional el Plan de Industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, “en el marco de una política soberana de aprovechamiento y explotación racional”, y anunció el pronto lanzamiento del proyecto piloto en la zona de Río Grande con un presupuesto de 17 millones de dólares financiado con recursos propios de la COMIBOL. El 3 de abril, la COMIBOL crea la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE) de Bolivia (Resolución 3801/2008), y a mediados de mayo de 2008 se inauguró la construcción del proyecto piloto en Llipi Llipi, anunciando la producción de 40 toneladas métricas/mes de carbonato de litio, 80 toneladas métricas/mes de sulfato de potasio y 70 toneladas métricas/mes de cloruro de potasio, en el transcurso de 18 meses.

En marzo de 2008, buscando recuperar su liderazgo en los procesos técnicos y administrativos para la explotación de los recursos del Salar de Uyuni, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí suscribe, junto a la Universidad Técnica “Academia de Minas de Freiberg” de Alemania, el “Programa de Trabajo para el Proyecto Salar de Uyuni UATF-UT de Freiberg”. En septiembre de ese mismo año, la COMIBOL firma un convenio con el aún existente Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) creado en 1985, en el que acuerdan realizar trabajos conjuntos en temas de investigación, capacitación, convenios interinstitucionales y compartir sus oficinas. Aunque en los hechos el nuevo marco normativo (reserva fiscal y plan de industrialización 100% estatal) deja sin vigencia las atribuciones “en materia de licitaciones, asociaciones y suscripciones de contratos en las fases de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos del Gran Salar de Uyuni”, con las que el CIRESU fue creado (DS 719 de 1985, art. 1), las instituciones regionales que forman parte de su directorio –fundamentalmente el Comité Cívico Potosinista y la UATF– buscarán, conforme avanza el desarrollo y las dificultades del proyecto estatal, proponerse como generadores de proyectos alternativos.

Por otra parte, la iniciativa del Estado boliviano para la explotación de los recursos evaporíticos incitó a las transnacionales de la química básica y a sus Estados de origen a reactivar las presiones por ingresar al Salar de Uyuni. Esta vez, los intereses no sólo provinieron de los países industrializados, sino también de la periferia en vías de industrialización: entre los principales interesados en la reserva de litio y potasio del Uyuni se encuentran las transnacionales japonesas Mitsubishi y Sumitomo (concesionaria de Mina San Cristóbal), la fábrica francesa de vehículos eléctricos Bolloré, la empresa estatal surcoreana Kores, y hasta los gobiernos de Brasil e Irán. Sin embargo, frente a las múltiples ofertas por parte de las empresas para participar del proyecto piloto en calidad de socios, el 12 de noviembre de 2008 la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), que agrupa a las comunidades de las 5 provincias del Altiplano Sud (Nor Lipez, Sud Lipez, Quijarro, Daniel Campos y Valdivieso), expresó públicamente mediante voto resolutivo:

“La FRUTCAS, FSUMCAS y sus centrales provinciales RESUELVEN:
1.- Ratificar nuestro total apoyo a la iniciativa del Presidente Evo Morales de realizar un proyecto piloto para la explotación del litio, proyecto 100 % estatal, a cargo de la COMIBOL. Consideramos que este proyecto es de nosotros, por lo que somos los guardianes y fiscalizadores del buen desarrollo de este proyecto estratégico, para la región, el departamento y el país.
2.- Como FRUTCAS, junto a la FSUMCAS “BS” y las Centrales Provinciales, siempre hemos defendido y defendemos una explotación racional de los recursos estratégicos de la región, desarrollando una industria química y minera a nivel nacional, a fin de industrializar el Salar en beneficio del país y su población, con pleno control estatal para garantizar la soberanía nacional.
3.- En este marco, rechazamos cualquier tentativa de grupos de intereses privados y otros que pretenden impulsar la división o parcelamiento del Gran Salar de Uyuni, que es propiedad del Estado y custodiado por el conjunto de las comunidades del Altiplano Sur. Denunciamos que grupos de la antigua rosca minera está actuando en este sentido en la región, intentando dividir las comunidades y provincias al respecto. El Salar es de quienes habitamos en su contorno, un solo y es por eso que defendemos su unidad y anunciamos que las comunidades se movilizarán en su defensa.
4.- Frente a las múltiples ofertas de varias empresas extranjeras de ser socios del proyecto piloto de industrialización del litio, nos pronunciamos a favor de la creación de un Comité de apoyo técnico por parte de estas empresas, pero el proyecto debe seguir 100 % estatal y a cargo de la COMIBOL.
¡No a la privatización de la explotación del Salar!, ¡No a la licitación Internacional!, ¡No a las transnacionales! ¡Pronta aprobación de la Ley de EPSICRESB!”

El 7 de febrero de 2009 entra en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE), presentada al Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007, modificada por el Congreso Nacional y aprobada por voto popular a través del Referéndum del 25 de enero de 2009. La nueva Carta Magna establece, en función del Estado Plurinacional de Bolivia, un nuevo régimen político sobre los recursos naturales, al declararlos “de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país” (art. 348, inc. II), de propiedad y dominio “directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”, y depositar en el Estado “su administración en función del interés colectivo” (art. 349, inc. I), la potestad sobre todas las reservas fiscales (art. 350) y el “control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos” (art. 351, inc. I). En cuanto a los recursos evaporíticos existentes en las salmueras, declara específicamente su carácter estratégico (art. 369, inc. II), y deja sin efecto, en el plazo de un año, todas “las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.” (Octava Disposición Transitoria, inc. II).

El mismo día de promulgación de la nueva CPE, se sanciona el Decreto Supremo de Organización del Órgano Ejecutivo, que, entre otras disposiciones, otorga al Ministerio de Minería y Metalurgia la competencia de proponer planes, programas y proyectos de producción, financiamiento e innovación tecnológica para la cadena de recursos evaporíticos (DS 29.894, art. 77). Es en función de las nuevas potestades, que el 31 de julio de 2009 se crea el Comité Científico de Investigación para la Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia (CCII-REB), formalizando, por un lado, la integración de los científicos bolivianos que desde un comienzo dirigieron las investigaciones para el desarrollo de la planta piloto, y habilitando, por otro, la colaboración de los expertos de universidades, institutos de investigación y empresas, nacionales e internacionales, interesados en el desarrollo tecnológico del litio, pero bajo las premisas de un intercambio de conocimientos que no cuestione la propiedad pública del proyecto (Resolución Ministerial 089 del 31/07/2009 y Reglamento Interno).

 

A mediados de 2009, el gobierno nacional comienza una política de “acuerdos amistosos y cartas de intenciones” (Hollender; Schultz, 2010: 29), como respuesta a las crecientes presiones de gobiernos y empresas extranjeras por acceder a los yacimientos de litio y potasio del Salar de Uyuni, a partir de la firma de memorándums de entendimiento en función de lo dispuesto por los fundamentos del CCII-REB. En agosto de 2009 la Dirección de Recursos Evaporíticos de COMIBOL firma dos memorándums de entendimiento: uno con el gobierno de Corea del Sur y otro con el Brasil para el “intercambio de información técnica y científica” y el desarrollo de un programa piloto de producción de carbonato de litio. Sin embargo, a los pocos meses, funcionarios de la empresa minera estatal surcoreana KORES expusieron sus verdaderas intenciones: “El papel principal de Kores es conseguir una mina de litio, un lugar donde se pueda explotar litio en Bolivia”, dijo el director del Instituto de Investigación Tecnológica de Kores, Sun Kong Bong, y agregó que su país demandará 200 mil toneladas del metal en 2015, frente a las 17.000 actuales que son compradas a Chile y Estados Unidos (Opinión, 2009). En noviembre el gobierno firma dos nuevos memorándums de entendimiento: uno con el gobierno de Irán, para “capacitación y especialización científico tecnológica”, y otro con la empresa japonesa JOGMEC de “investigación para la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni”.

 

Estos tres primeros memorándums firmados durante 2009 se enmarcan dentro de la primera y segunda fase (producción piloto e industrial de carbonato de litio y cloruro de potasio), y básicamente se refieren al fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo de programas de industrialización de los recursos evaporíticos, capacitación y especialización científica y tecnológica de profesionales bolivianos, con la consiguiente integración al Comité Científico de Investigación de los Recursos Evaporíticos de Bolivia (CCII-REB) (Hidrocarburos Bolivia, 2011). Paralelamente, del 24 al 26 de octubre de 2009 el gobierno desarrolló un seminario internacional del litio que contó con la participación de 40 expertos de 10 países (entre ellos, Corea del Sur, Japón, China, Rusia, Francia, Brasil, Argentina, Chile y Canadá), y se debatió sobre las nuevas tecnologías para explotar el litio y sus usos. Por otra parte, si bien los plazos previstos para la producción piloto no pudieron ser cumplidos, la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE) aprovechó el evento para hacer entrega al presidente Morales del primer kilogramo de carbonato de litio producido en base al llamado proceso “boliviano”.

Sin embargo, a medida que el proyecto de industrialización 100% estatal da sus primeros pasos impulsado por la DNRE de la COMIBOL, con la colaboración del CCII-REB, y con las comunidades campesinas nucleadas en la FRUTCAS como base social; emergen demandas de tipo regionalistas que, representadas por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí -protagonistas de los primeros intentos de industrialización de los años 80 e integrantes del viejo CIRESU)-, permiten en la actual etapa el surgimiento de proyectos paralelos, menos preocupados por la propiedad exclusiva en manos del Estado Plurinacional que por los ingresos departamentales que el proyecto podría generar y, en función de dichos ingresos, los tiempos que el mercado mundial impone al desarrollo tecnológico. El conflicto latente entre ambos proyectos de industrialización del litio y el potasio del Salar de Uyuni, cuyo punto central radica en el ejercicio de la propiedad del salar y en la dirección de las fases 1 y 2 de producción de los compuestos básicos, se expresó en el intento fallido de creación de una nueva empresa productiva. El 10 de marzo de 2010, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 444, que creaba la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE), encargada de la exploración, explotación, comercialización e industrialización del litio. La norma declaraba al litio como recurso “estratégico” para el desarrollo del país y al Estado como único administrador y operador de la totalidad de la cadena productiva y comercial, quedando prohibida la venta de salmueras en forma concentrada. Con un capital inicial de 7,28 millones de dólares, EBRE sería la encargada exclusiva de operar y administrar todas las actividades relacionadas con el litio en el Salar de Uyuni, estando además prohibida la adjudicación o subcontratación de otras empresas para la comercialización de sus productos. Inmediatamente luego de su sanción, el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) expresó su rechazo y llamó a una huelga general hasta lograr la derogación del decreto que –alegaban- expresaba “intereses mezquinos de personas e instituciones de la capital con una corta visión de centralismo departamental”, al ubicar la administración de la empresa en La Paz en lugar de la ciudad de Potosí. Una vez derogada la norma, formarían una comisión junto a la Universidad Tomás Frías, la brigada parlamentaria potosina y la Central Obrera Regional (COR), para la elaboración de un proyecto de ley “que defina como prioridad la demanda potosina de explotar sus recursos naturales en beneficio propio” (La Razón, 2010). Por su parte, la FRUTCAS se declaró “en estado de emergencia en rechazo a la posición del Comité Cívico de Potosí (COMCIPO)”, y si bien exigían que la sede central de la empresa se radicara en la ciudad de Uyuni, consideraban que la derogación del decreto 0444 provocaría graves retrasos en el proyecto global de industrialización. A los diez días de su sanción, la norma que creaba la empresa pública EBRE fue derogada por DS 454 de 2010.

Sin embargo, a los pocos meses, la política estatal muestra su voluntad de avanzar en el proyecto. El 29 de junio de 2010, por resolución de Directorio de COMIBOL 4366/2010, se eleva a Gerencia la anterior Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (ahora GNRE), y se anuncia en la prensa que en octubre o noviembre de ese año la planta piloto iniciaría la producción de las primeras sales de potasio. El 26 de agosto de ese mismo año, se firma un nuevo memorándum de entendimiento entre la COMIBOL y la empresa minera estatal de Corea del Sur, Korea Resources Corporation (KORES), con el objetivo de avanzar en la investigación y desarrollo de procesos para la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. En octubre de 2010, si bien no se cumplieron los plazos previstos de producción piloto, el gobierno lanza la “Estrategia de industrialización de los recursos evaporíticos de Bolivia”, en que por primera vez se definen con exactitud los detalles del plan y los grados de avance según infraestructura y financiamiento: obras civiles en Uyuni, construcción de las piscinas para el tratamiento de la salmuera, geología y exploración para determinar la permeabilidad, el sistema de bombeo de salmueras y la estratificación de la costra salina, el desarrollo de los laboratorios y las estaciones meteorológicas, el proceso desarrollado para la obtención de carbonato de litio, el equipamiento adquirido disponible, la disposición de talleres a partir de la reactivación de la Maestranza de Pulacayo de la COMIBOL, las actividades desarrolladas en el salar de Coipasa, inversión total comprometida hasta el 2014 para las distintas fases, e ingresos anuales estimados a partir de 2017, incluyendo por primera vez una fase 3 de producción de baterías (GNRE, 2010).

En la primera fase de esta estrategia el proyecto piloto produciría 40 toneladas métricas/mes de carbonato de litio y 1.000 toneladas métricas/mes de cloruro de potasio (14 veces más de cloruro de potasio que la proyectada en 2008). En cuanto a las inversiones, además de los 17 millones de dólares desembolsados por la COMIBOL para la Fase 1 de planta piloto, el 28 de noviembre de 2010 la Asamblea Plurinacional aprobó un crédito en condiciones concesionales del Banco Central de Bolivia por un total de Bs 836.400.000, equivalentes a más de 120 millones de dólares, “con el objeto exclusivo de invertir en la producción e industrialización del litio […], en el marco del Plan Nacional de Desarrollo” (Ley Financial N° 062/2010, art. 13).

Paralelamente, en septiembre de 2010, el proyecto paralelo al de la GNRE de la COMIBOL, se consolida con la inauguración en la UATF de Potosí de la planta experimental Technikum para la obtención de carbonato de litio de alta pureza a partir del tratamiento exclusivo de salmueras del Salar de Uyuni. Según el Energy Press de Bolivia, el proyecto desarrollado junto a la alemana UT de Freiberg, “es un prototipo de Planta Piloto, semi-industrial o industrial, cuyos parámetros de tratamiento y resultados de producción constituyen la base técnica – científica para ejecutar proyectos de inversión, para la construcción de plantas piloto o plantas industriales, sin correr ningún tipo de riesgo técnico, económico – financiero, infraestructural o de seguridad industrial”. Según los directores del proyecto, se ha logrado obtener carbonato de litio de aproximadamente un 90 % de pureza, y productos adicionales de valor comercial como ácido bórico, cloruro de potasio y cloruro de sodio. Además, aseguran que es ambientalmente sustentable y no perjudica la integridad física del Salar de Uyuni garantizando la compatibilidad con el turismo. Sin embargo, basada en un sistema de evaporación de la salmuera a partir de la construcción de conos, se sitúa en el plano experimental en laboratorios sin lograr posicionarse como alternativa para la producción de carbonato de litio en escala industrial.

En abril de 2011, la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) ratificó el inicio de la producción piloto de carbonato de litio y semi-industrial de cloruro de potasio para fines de ese mismo año. En julio de ese mismo año, el gobierno boliviano inició la segunda tanda de memorándums de entendimiento con empresas y gobiernos, con la finalidad de llevar adelante investigaciones para el desarrollo de la cadena industrial relacionada a la producción de baterías de ión litio y sus componentes, es decir, relacionada a la fase 3 (Hidrocarburos Bolivia, 2011). En ese contexto, se firma el tercer memorándum de entendimiento con la empresa surcoreana Korea Resources Corporation (KORES) para conformar eventuales asociaciones con COMIBOL en la producción de materiales de cátodo, electrolitos y la instalación de plantas de acumuladores y baterías de litio en Bolivia. En el marco de la firma del memorándum, el congresista surcoreano Lee Sang-deuk declaró: “De ahora en adelante, Corea (del Sur) va a ofrecer toda la cooperación que necesite Bolivia para desarrollar la industrialización de su litio y, especialmente, para la producción conjunta de baterías. Vamos a transferir nuestra tecnología al Gobierno boliviano para que su tecnología de producción de litio se independice”.

El 1° de agosto se firmó otro memorándum de entendimiento con la empresa estatal china Citic Guan Group para “intercambiar información técnica, científica y sobre oportunidades de inversiones y desarrollo entre las partes”. Finalmente, el 23 de diciembre de 2011 la Asamblea Plurinacional aprobó el segundo crédito de Bs 5.332.050.000 (más de 765 millones de dólares) a favor de la COMIBOL en condiciones concesionales del Banco Central de Bolivia, “con el objeto de que su Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos invierta en la producción e industrialización de carbonato de litio, cloruro de potasio, y otros productos de la cadena evaporítica, ya sea como inversión directa o aporte de capital a través de una asociación con empresas que aporten tecnología, para la fabricación de materiales de cátodo, electrolitos y baterías de ion-litio (Ley Financial N° 211 de 2011, art. 33). Sin embargo, ese mismo mes el gerente de Recursos Evaporíticos, Alberto Echazú, declaró que no se lograrían los plazos previstos para la planta piloto debido a “conflictos sociales, factores climáticos como la inundación en la región de las obras, además del desembolso retrasado de recursos económicos”. Los nuevos plazos para la conclusión de las plantas piloto fueron calculados para fines de enero de 2012, la de cloruro de potasio, y un mes y medio después, la de litio.

Si bien para marzo de 2012, la planta piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio siguió sin comenzar la producción de los volúmenes anunciados, esto no impidió que se avance paralelamente en los acuerdos correspondientes a la fase 3 de producción de cátodos y baterías, única que contempla la asociación con empresas extranjeras para la transferencia tecnológica. En este sentido, el 27 de marzo de 2012 el gobierno boliviano firmó un principio de acuerdo (head of agreement) con la empresa surcoreana KORES-Posco, esta vez para “Determinar los términos básicos para la cooperación y la participación entre COMIBOL y KORES-POSCO, para el establecimiento de una empresa conjunta de capital mixto para impulsar la producción de materiales catódicos”. (Villena Canedo, 2012). El Memorándum firmado, contempla la construcción de una planta piloto en el Salar de Uyuni bajo la modalidad Joint Venture para producir cátodos de ion de litio, con una inversión de 1,5 millones de dólares prevista para finales de 2013. Según el acuerdo, la COMIBOL suministrará a la sociedad materias primas y construirá la planta piloto, Posco aportará con ingeniería y construcción de la línea piloto, actividades en investigación y desarrollo tecnológico, y KORES estará a cargo de la obtención de precursores y el respaldo económico para el suministro de materias primas. Tanto el Estado boliviano a través de COMIBOL, como Corea del Sur a través de KORES-Posco, invertirán inicialmente 750.000 dólares cada uno. Si bien el acuerdo firmado con la empresa surcoreana se enmarca en los principios de la propiedad pública tanto del salar como de los procesos de elaboración de los compuestos básicos, está claro que la principal motivación de KORES es la posibilidad futura de acceder a la mayor reserva de litio del mundo.

Según el propio Alberto Echazú de la GNRE, “Hay una segunda propuesta (de Corea del Sur) para hacer cátodos con la tecnología coreana, partiendo de nuestra salmuera, pero la dificultad es que ellos quieren arrancar desde abajo (desde la explotación) y ésa no es nuestra política, pero vemos que hay que abrir la mente y las posibilidades son muchas”). Por último, también en el marco de la fase 3 de industrialización del litio, en abril de 2012 se suma la posibilidad de desarrollar una planta piloto de baterías recargables, esta vez bajo la modalidad de “compra llave en mano” a la empresa china Linyi Gelon New Battery Materials Co, en 2,7 millones de dólares. En las declaraciones a la prensa por el anuncio de la compra, el gerente nacional Alberto Echazú explicó la diferencia: “Estamos comprando la planta, aquí no hay convenios, nos tienen que enseñar a hacer análisis de caracterización de compuestos, de materiales, luego la síntesis de los materiales y su calidad para que tengamos personal capacitado”.

 

Conclusiones

A cuatro años de la inauguración del proyecto piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio (mayo de 2008), el gerente de Recursos Evaporíticos de la COMIBOL, Alberto Echazú, anunció en entrevista radial los nuevos plazos propuestos para el inicio de la producción: agosto de 2012 para el cloruro de potasio y octubre del mismo año para el carbonato de litio. A cuarenta años del comienzo de las investigaciones sobre los recursos minerales de los salares del altiplano sur, y tras múltiples intentos de ceder los yacimientos de litio y potasio a la industria química transnacional a cambio de la promesa del derrame económico, el bloque social campesino-indígena en el poder logró por primera vez avances materiales concretos, llevando a Bolivia a ser el único país del Cono Sur en prohibir las concesiones sobre sus reservas y fundar una empresa pública que busque su industrialización, en base a un proceso autónomo y soberano, en función de las propias necesidades sociales.

 

Sin embargo, un primer análisis de los hechos históricos que definieron (y definen) la forma de dicho proceso, vuelve cada vez más difícil explicar (y justificar) el incumplimiento de los plazos anunciados por los problemas climáticos o aquéllos intrínsecos a todo proceso de desarrollo tecnológico. A esta altura de los acontecimientos, pueden visualizarse tres presiones o fuerzas que (combinadas) conspiran contra la realización de los desafíos propuestos. En primer lugar, las grandes empresas transnacionales de la química básica y sus Estados de origen que, en función de las propias necesidades de reproducción ampliada, presionan sistemáticamente para acelerar la elaboración de los compuestos básicos exportables, presentándose como la mejor alternativa de desarrollo ante cada inconveniente que (inevitablemente) afronta el emprendimiento estatal.

 

Por otro lado, la emergencia de reclamos regionalistas que, legitimados por las urgentes e históricas necesidades sociales del departamento más pobre de Bolivia, presionan para acelerar la producción de commodities (carbonato de litio y cloruro de potasio) en función de las futuras regalías que generaría su exportación. En este sentido, los Comités Cívicos Departamentales como el de Potosí, organizaciones civiles de carácter regional que se organizaron en la década del 70 en oposición a la dictadura militar, levantan las demandas de las regiones históricamente marginadas, y desde el comienzo del actual período democrático exigen la “descentralización político-administrativa del país; entendiéndose ésta como sinónimo inequívoco de un mayor control sobre los recursos generados por las regiones, mayormente provenientes de la explotación de sus recursos naturales” (Arze y Lea Plaza, 1996). Sin embargo, no puede ignorarse que estas demandas también han sido analizadas por las empresas transnacionales, que bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) desarrollaron múltiples mecanismos de manipulación para acceder a los bienes naturales, atendiendo los reclamos inmediatos de las comunidades locales. Otra de las formas en que se expresan los reclamos regionalistas, consiste en la emergencia de proyectos tecnológicos alternativos a partir de acuerdos entre universidades regionales y organismos científicos de países expresamente interesados en la provisión de carbonato de litio, acuerdos que por otra parte se dan sobre la inexistencia de un sistema nacional integrado de ciencia y tecnología.

Finalmente, aunque no menos importante, las dificultades que la burocracia administrativa y política imponen en una suerte de auto-boicot sobre todo proyecto productivo estatal. En este sentido, la descolonización del Estado (permanentemente declamada por los más diversos sectores sociales y políticos de Bolivia, y especialmente urgente en el caso de las empresas públicas productivas) requiere, en el corto y mediano plazo, de nuevas formas de agencias estatales que, sin caer en esquemas corporativos, puedan instituir mecanismos de control social y evitar que, bajo el disfraz de las “cuestiones administrativas” involuntarias, se tomen decisiones no ratificadas por compromisos políticos públicos. En el largo plazo, estas nuevas agencias estatales requerirán a su vez de una política específica que apunte a reemplazar los actuales mecanismos administrativos, tributarios de un Estado dependiente, a partir de la formación de nuevos funcionarios públicos. En los hechos, esto se traduce en la necesidad de una activa política universitaria y de ciencia y técnica, que recupere e integre a nivel nacional los avances existentes, involucrando a los sectores medios-urbanos en las tareas pendientes del proceso de cambio.

El proceso de aprendizaje que la planta piloto estatal del Salar de Uyuni supone, no sólo incumbe a los problemas técnicos de la química básica.

 

Situaciones

Situación 1

Fuente: https://www.bolpress.com/2018/04/26/periplos-del-desarrollismo/

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“El eco-capitalismo en torno al litio esconde la devastación de siempre”: Bárbara Jerez, investigadora y docente.

12 de julio de 2018

 

“Las comunidades no se van a salvar con el litio”, enfatiza la investigadora chilena Bárbara Jerez. Sus palabras resuenan en la Universidad Nacional de Catamarca, en una jornada sobre minería y ciencia. En esta provincia avanzan más de una decena de proyectos en torno a este mineral, promocionado por gobiernos y empresas como la nueva “salvación” económica.

Por Leonardo Rossi para La Tinta

 

La investigadora chilena Bárbara Jerez da cuenta de los impactos socio-territoriales de esta minería, que el gobierno argentino sigue a paso firme.

Jerez conoce a fondo los impactos de la actividad en su país, y además ha profundizado sus estudios en Salta, por lo que ha recorrido buena parte de la denominada ‘Arabia Saudita del litio’, como se ha intentado publicitar al triángulo que componen Chile, Bolivia y Argentina en la eco-región de salares y poblaciones que habitan esa zona. Esta doctora en Estudios Latinoamericanos y docente de la Universidad Tecnológica de Santiago afirma queparte de lo que se esconde detrás de las tecnologías sustentables en torno a las baterías de litio implica “un eco-capitalismo que para muchos territorios significa la misma devastación de siempre”.

¿Qué experiencia puede contar en torno a las ‘promesas’ del litio en Chile?

Primero hay que decir que es un mineral al que se lo etiqueta como la solución a las emisiones de carbono, y desde el territorio una empieza a ver un montón de otras cosas, desigualdades, daños ecológicos y sociales. Puedo hablar de San Pedro de Atacama que es un municipio donde se encuentra un salar con una de las explotaciones de salmuera más grande del mundo. Y ahí observamos que por ejemplo el tema empleo, una promesa de la minería, es casi nulo. La mayoría de la gente vive del turismo que genera diez veces más puestos, del comercio o del Estado. Los trabajadores más calificados vienen de afuera de la zona y en términos de ingreso los propios entes oficiales (Cochilco) advierten que el mercado del litio es uno por ciento del mercado del cobre. Es decir, los ingresos son bajos.

¿Qué impactos ecológicos implica?

—El modelo del litio impacta directamente en las aguas, algo compartido con el resto de la minería. El litio se explota a través de la succión de grandes cantidades de salmuera, el agua que está bajo los salares. En Atacama se estima en 180 millones de litros diarios, a lo que hay que sumar 20 millones de litros de agua dulce, según declaran las empresas, Albermarle y SQM. Y se infiere que es más de lo que declaran. Ese proceso seca ecosistemas, hay flora y fauna como los flamencos directamente afectados, daña las lagunas, merman los pozos de agua dulce. Hay ríos pequeños de la zona que se están agotando y la gente del lugar tiene que ir cada vez más lejos para abastecerse. Y esta descripción queda reconocida cuando desde la Dirección General de Aguas dicen que los derechos para extracción están excedidos en un 20 por ciento de la capacidad actual de reservas. Hay dos ríos, Vilama y San Pedro, declarados como agotados ya en esa cuenca. Es decir que la misma autoridad reconoce que hay un desastre, y este modelo lo va agravando.

¿Cómo repercuten estos procesos de enclave en las comunidades?

—En Antofagasta y Atacama la minería viene destruyendo los territorios desde hace ochenta años. Las comunidades quechuas, aymaras, atacameñas resisten y sobreviven. Mientras que la gente que va a trabajar a la minería tiene muy mala calidad de vida: son zonas con altos índices de alcoholismo, adicciones, ya que están atadas a los mercados internacionales y cuando baja el precio del mineral todo ese entramado se tensiona. Se construye toda una idea de un triángulo del litio que hay que explotar, pero allí ya existían comunidades agrícolas y ganaderas, que cada vez quedan más arrinconadas por la disputa del agua, sumado a la gente nueva que va con una expectativa laboral. Entonces la gente busca subsistir, van ganando lugar las pensiones estatales, y se pierde autonomía.

En Argentina tanto el presidente como el ministro de Ambiente han puesto a Chile como ejemplo de minería responsable ¿qué le sugieren esas expresiones?

—Creo que se construye una quimera en torno a la minería en Chile. Ese tipo de declaraciones son expresiones muy maliciosas, que muestran datos de excedente económico pero no se muestra el costo territorial que significa eso. A esos beneficios no se le adiciona la crisis hídrica que está provocando ese modelo: un tercio de Chile está sin agua. Y el norte del país es la zona de mayor crisis hídrica y donde es más cara el agua, una región donde el noventa por ciento del agua se la llevan las mineras. Asimismo hay una problemática grave en cuanto a la salud: la minería enferma a la gente, las áreas cercanas a las faenas mineras son zonas con altos índices de cáncer, de problemas respiratorios, producto de la polución y la contaminación de agua. Cuando se habla de Chile como modelo no se cuenta el lado oscuro que significan las cifras macroeconómicas.

Hay una fuerte campaña para instalar la secuencia: litio-energía renovable-ambiente sano ¿cómo deconstruye ese discurso?

—Lo que hay que ver es qué ambiente y para quién. El litio que se vende es carbonato, una sal que se exporta a China, Japón, Alemania, Estados Unidos para productos tecnológicos. En apariencia se busca una solución a la crisis ambiental mediante, por ejemplo, los autos eléctricos que necesitan litio para las baterías. Pero cuando empezamos a ver esos autos nos damos con que necesitan cuatro veces más cobre que otros, y que se necesitan otros minerales como cobalto, que también generan múltiples impactos. Y así podemos seguir. Entonces, si es genuino el deseo de cuidar el ambiente, hay que pensar la ecología tomando la totalidad de la cadena productiva, no sólo el consumidor final que efectivamente generará menos emisiones de carbono. Pero qué hay de la zona de donde se sacan estos minerales, bueno ahí tenemos la misma destrucción territorial de siempre. Este eco-capitalismo es absolutamente discriminatorio: construye territorios de primera y de segunda, con sus respectivas comunidades de primera y de segunda. Leer

 

 

Observemos porqué, como los otros gobiernos progresistas, confronta con los movimientos sociales que le dieron origen.

 

 

 

Bolivia: La resistencia a las mega represas sigue creciendo
22 de marzo de 2017

 

"Pablo Solón sostiene que alrededor de 4 000 habitantes de las comunidades indígenas amazónicas (incluyendo Tsimanes, Tacanas, Mosetenes y Uchupiamonas), que han dependido del río Beni y del bosque circundante para subsistir por generaciones, serán desplazados directa o indirectamente".

“En noviembre pasado, representantes de 17 comunidades indígenas realizaron una vigilia en la zona de El Chepete y El Bala, en la región amazónica de Bolivia, donde el presidente Evo Morales planea construir sendas presas; al día de hoy su lucha continua.”

Los manifestantes bloquearon el acceso al sitio a Geodata, la firma italiana contratada por el gobierno para estudiar la viabilidad de las represas. Doce días más tarde, los ingenieros de la empresa retiraron su equipo, anunciando que: "si no hay consenso con la comunidad, no existen condiciones adecuadas para trabajar".

El episodio representa una pequeña pero importante victoria para los grupos indígenas, activistas ambientales y organizaciones de la sociedad civil, que han resistido la construcción de las represas durante varios años.

También plantea al menos un desafío simbólico, al objetivo declarado del presidente Evo Morales, de convertir a Bolivia en la primera potencia energética de América del Sur, principalmente a través de la producción y exportación de hidroelectricidad.

Argumentos del gobierno:

Las dos represas se ubicarían al norte de la capital, La Paz, en el río Beni, que divide los departamentos de La Paz y Beni. Con una capacidad combinada de generar 3700 mw (megavatios) de electricidad, Chepete / El Bala sería la mayor fuente hidroeléctrica de Bolivia y uno de los proyectos más significativos de la región.

Dado que Bolivia ya tiene la capacidad de producir la electricidad que necesita para uso doméstico, la energía generada por las nuevas represas se utilizará casi exclusivamente para la exportación, principalmente a Brasil y Argentina.

Aunque no se ha encargado ningún estudio formal de impacto ambiental, los críticos dicen que el proyecto tendrá consecuencias sociales y ambientales devastadoras. Con la disminución de las reservas de gas y la caída de los precios de los hidrocarburos, el gobierno argumenta que Bolivia debe cambiar su matriz energética, no sólo para generar fuentes de energía más limpias, sino para desarrollar productos de exportación alternativos, con los que asegurar su futuro económico.

En contra:

Pablo Solón, ex embajador en la ONU, negociador del Cambio Climático para el gobierno de Morales y principal oponente al proyecto, dice que las presas inundarán un área mayor que la ciudad de La Paz, creando el segundo lago más grande de Bolivia, después del Titicaca. Solón sostiene que alrededor de 4 000 habitantes de las comunidades indígenas amazónicas (incluyendo Tsimanes, Tacanas, Mosetenes y Uchupiamonas), que han dependido del río Beni y del bosque circundante para subsistir por generaciones, serán desplazados directa o indirectamente.

Además, la zona afectada incluye porciones de los Parques Nacionales Pilón Largas y Madidi, donde viven miles de especies raras de plantas y animales y una de las regiones con mayor índice de biodiversidad del mundo.

Según Solón, la deforestación causada por las presas liberará enormes cantidades de gases de efecto invernadero y metano tóxicos, acelerando los desequilibrios ambientales y los impactos negativos del cambio climático no sólo en Bolivia, sino en toda la región.

Servindi

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Bolivia_La_resistencia_a_las_mega_represas_sigue_creciendo

 

En consecuencia,las luchas de abajo y sus concepciones favorables a ir creando buenos vivires convivires se expresan ante todo en torno al bien común que es el agua asociada a la vida.

Ecuador: La Gran Marcha por la Vida y el Agua

exige la extinción de concesiones mineras

23 de marzo de 2018

 

"Históricamente el modelo extractivo ha demostrado que profundiza la pobreza, desconoce los procesos comunitarios y sus formas de producción y de vida, sostiene una clase política dominante, promueve el enriquecimiento ilícito y corrupción en la región, además de la acumulación y acaparamiento de la tierra por parte de las empresas".

 

En conmemoración del Día internacional del agua marchamos hasta el centro de la ciudad de Quito para exigir la extinción de concesiones mineras que ponen en serio riesgo el agua y la biodiversidad del país, además del hogar de miles de familias.

 

Habitantes del noroccidente de Pichincha: delegados de más de 100 recintos y comunidades, mancomunidades de parroquias rurales, cabeceras parroquiales de San Miguel de los Bancos y de Quito, junto a delegados de las luchas anti-extractivistas a nivel nacional: pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, territoriales y ambientales nos hemos convocado para esta acción ciudadana.

 

Ecuador está entre los 17 países más biodiversos del mundo, privilegiado por su abundancia de ecosistemas indispensables para sostener la vida y actividades productivas alternativas. Este país posee al menos cinco áreas importantes de especiación: Chocó, Tumbes, Andes, Amazonía y valles internos de las cordilleras; bosques protectores como Cerro Golondrinas, Los Cedros, Cebu, Mindo Nambillo, Maquipucuna, Toachi Pilatón, Molleturo Mollepungo, Kutuku y Shaimi, entre varios otros; todos amenazados por concesiones mineras que atraviesan al país, como puede observarse en el catastro minero que es de acceso público a través de la página web de la ARCOM.

 

A pesar de que se revirtieron 2.000 concesiones mineras en trámite, tenemos razones para pensar que la política minera actual no se aleja de la instaurada en el anterior gobierno, ya que dos millones de hectáreas, casi el 15% del suelo ecuatoriano, todavía se encuentran concesionadas, en su mayoría a empresas transnacionales que promueven el acaparamiento a través de sus filiales. Además, la ministra de minas, Rebeca Illescas promocionó la gran capacidad de explotación de minerales en Ecuador, en el PDAC 2018 International Convention, Trade Show & Investors Exchange y se habló del éxito en la aplicación de la consulta previa, cuando la falta de ésta, ha sido el principal cuestionamiento desde las organizaciones, comunidades y territorios.

 

Históricamente el modelo extractivo ha demostrado que profundiza la pobreza, desconoce los procesos comunitarios y sus formas de producción y de vida, sostiene una clase política dominante, promueve el enriquecimiento ilícito y corrupción en la región, además de la acumulación y acaparamiento de la tierra por parte de las empresas. El pueblo ecuatoriano es consciente de la devastación que provoca la minería por eso expresó su voluntad en la Consulta Popular del 4 de febrero para extinguir la minería de áreas protegidas comunitarias, cantonales, parroquiales y privadas. Por estas razones también nos solidarizamos y sumamos al pedido de la Mujeres Amazónicas quienes exigen el alto a la explotación petrolera y minera.

Nos mantendremos vigilantes del proceso de auditoría a los proyectos estratégicos: Llurimagua, Cascabel, Panantza-San Carlos, Mirador, Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco; y continuaremos en movilización hasta constatar la reversión de las concesiones o al menos obtener una moratoria minera.

 

POR AMOR A LA VIDA, AL AGUA, A LOS BOSQUES, A LA BIODIVERSIDAD, POR NUESTRA SEGURIDAD ALIMENTARIA, POR NUESTRO DERECHO A LA RESISTENCIA Y NUESTRA AUTODETERMINACIÓN. ECUADOR MEGADIVERSO NO MEGA MINERO.

Agencia Ecologista Leer

 

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Comunicado público

13° Marcha por el Agua y la Vida:

“Entre morir o emigrar de cordillera a mar elegimos dignamente seguir luchando”

Las comunidades de todo el valle hemos tomado conciencia de que la contaminación y destrucción de cualquier punto del territorio afecta de igual manera a toda la cuenca.Las agresiones de las grandes empresas, no deben ser consideradas conflictos aislados. Cada agresión debe ser enfrentada en conjunto por toda la comunidad. Avanzar en la unidad territorial es un imperativo para impedir la destrucción definitiva de nuestro valle.

Casos como el de Coronel, Quintero, Caimanes, Chiloé, Freirina, Huasco y Huasco Alto entre muchos más, comprueban que la aniquilación de los territorios es ya una realidad, y no una amenaza futura que podamos seguir postergando. Todos estos lugares son verdaderas Zonas de Sacrificio donde se ha privilegiado el interés privado por sobre la VIDA y subsistencia de las Comunidades.

El modelo económico impuesto en los últimos 40 años en nuestro valle lo está devastando. Hemos sido víctimas y testigos de los daños irreparables que han causado proyectos como Agrosuper, Pascua Lama, Guacolda y CAP. No menor es el daño causado por Omar Campillay y el uso indiscriminado del monocultivo de la Uva de exportación, y la amenaza de los proyectos CerroBlanco y Nueva Unión.

El impacto de estas empresas en un Valle  saturado con todos los contaminantes, más que nunca, es CONTRA LA VIDA MISMA de todos los seres que habitamos este territorio. La contaminación por metales pesados en nuestros glaciares y Agua, en el aire, en el mar y en la tierra ya no es un riesgo SINO UNA DRAMÁTICA REALIDAD.

Hace algunas semanas denunciamos nuevamente la grave contaminación que sigue causando PASCUALAMA.

Lo decimos con toda claridad, ante Chile y ante el mundo: este proyecto es una bomba de tiempo que amenaza con un desastre medioambiental de dimensiones no conocidas en la historia.

Los habitantes del Valle del Huasco estamos en estos momentos en grave riesgo de contaminación, ya que Barrick, no es capaz de contener las aguas contaminadas de sus letales instalaciones, lo cual es un peligro inminente.

Una vez más, las autoridades, las instituciones y el Estado, de manera criminal, dan la espalda y abandonan a las comunidades para defender el lucro y la avaricia desmedida de privados en vez de la calidad de vida de los ciudadanos. Al Estado no les importan las comunidades, no les importa que la naciente de sus aguas sean destruidas y que las aguas de mejor calidad sean interceptadas por mineras y la agroindustria,  dejando sin el vital elementos a las poblaciones. Tampoco le importan los que mueren de cáncer, ni los niños de nuestro Valle que ya tienen metales pesados en su sangre ni que las aguas de primera calidad sean interceptadas. Sin Agua las comunidades no existen, y el éxodo no podrá ser frenado con la falsa solución de las desalinizadoras que el Estado nos arroja a la cara como único medida posible en vez de frenar el uso indiscriminado de las mejores aguas. De esta manera nos están dejando dos opciones: O MORIR O EMIGRAR. Y ante estas dos posibilidades, y porque no tenemos dudas de que el Agua es nuestro mayor tesoro: una y otra vez les decimos, ¡que elegimos dignamente luchar!

Sabemos que no es un camino fácil. El Estado y sus gobiernos cada vez más ilegítimos y poco representativos, utilizan la prisión política y la criminalización  como estrategia represiva que es avalada por el empresariado y sus medios de comunicación. Encarcelan a luchadores sociales, comuneros mapuches, anarquistas, dirigentes y voceros del movimiento social levantando montajes y falsas acusaciones. Por estos lados, ya hemos sufrido represión, persecuciones y montajes, sin embargo, como lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos hoy con más fuerza: Abandonados por el Estado y por una clase política corrupta capturada por el poder económico que gobierna y legisla para proteger sus intereses y privilegios en vez del bien común y los derechos básicos de las personas, a las Comunidades no nos queda otro camino que defender nuestro territorio y nuestra Vida. Porque finalmente de eso se trata: Vida o Muerte.

A diferencia del Estado, en el Valle del Huasco votamos por la Vida y exigimos el derecho de ejercer nuestra soberanía y decisión en el territorio que vivimos y que nos dejaron nuestros abuelos.

Por un sistema que permita la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, por el buen vivir, por una economía local, por una organización autónoma, por una soberanía de nuestros alimentos, por el respeto entre hermanos, por la preservación de nuestro territorio para nuestros hijos. Por todo ello es que decimos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro valor que ENTRE MORIR O EMIGRAR, DE CORDILLERA A MAR, ELEGIMOS DIGNAMENTE LUCHAR!

 

Contactos:

Yahir Rojas +56996536150

Soledad Fuentealba +56963994101

Juan Peñaloza  +56942030319

Constanza San Juan +56962413008

enviado por Asamblea Guasco Alto Comunicaciones <guascoaltocomunicaciones@gmail.com>

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Convocan a la primera cumbre latinoamericana

del agua para los pueblos

22 de marzo de 2018

La cumbre se hará en septiembre en Catamarca y se convoca a todos los movimientos sociales y ambientalistas de Latinoamérica para promover acciones y políticas para proteger el agua de la industria extractivista.

 

Ante la amenaza de la industria minera y petrolera que avanza sobre distintas regiones en el país, promovida por el gobierno nacional, Pucara (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Determinación) se reunió el pasado 10 de marzo en San Fernando del Valle de Catamarca para debatir las acciones a seguir para proteger los recursos naturales y el medio ambiente, no sólo de nuestro país, sino de toda la región.

En el encuentro se debatieron diferentes propuestas y se llegó a la conclusión de que es “una necesidad vital” preservar el agua como bien común. Esto se materializará en el 1° Cumbre Latinoamericana del Agua para los Pueblos. La fecha está prevista para el 15 al 17 de septiembre, en la capital catamarqueña. Las distintas organizaciones que participaron de este encuentro emitieron un comunicado convocando a todas los movimientos sociales y ambientalistas.

“En respuesta al avasallamiento contra los derechos de los pueblos y la naturaleza, en manos del extractivismo, nos urge convocar a todas las comunidades latinoamericanas para:

• Aunar criterios y acciones de lucha y resistencia.
• Afianzar las relaciones de solidaridad entre las comunidades afectadas.
• Exigir a los Estados el respeto del AGUA como derecho humano.
• Impulsar La soberanía Alimentaria de los pueblos a través de ferias de Economía Social.
• Reconocer al Arte como medio de pronunciamiento, creación y recreación en defensa del AGUA y La VIDA.

• Crear una Red Latinoamericana de Defensa del AGUA.

Invitamos entonces a participar a comunidades originarias y afrodescendientes, Asambleas socioambientales, Movimientos campesinos, Organizaciones sociales y de DDHH, feriantes, artesanos, artistas, trabajadores, estudiantes, investigadores, etc, a encontrarnos el 15,16 y 17 de Septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca para hacer juntos la 1° Cumbre latinoamericana del AGUA para los pueblos.

Tal es así que este próximo 1° de mayo al mediodía nos reuniremos en el Espacio cultural “Estación de sueños” para informar adhesiones, posibles participantes, sumar criterios e ideas. Estamos todos invitados!

Para más información: Pucara Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación

Fuente: http://www.elfederal.com.ar/convocan-a-la-primera-cumbre-latinoamericana-del-agua-para-los-pueblos/

 

Valoremos las luchas de los pueblos originarios que nos están iluminando porqué hermanarnos con ellos siguiendo el ejemplo de Santiago Maldonado.

 

 

Declaración del Foro de los Pueblos Indígenas ante la VIII Cumbre de las Américas: En defensa del territorio y la libre determinación de los pueblos o naciones.

23 de abril de 2018

 

El martes 10 de abril, se realizó el Foro de los Pueblos Indígenas organizado por elPacto de Unidad, en el marco de la Cumbre de las Américas. Fue el primer acto oficial de la Cumbre y trajo el debate y análisis desde las diferentes organizaciones, líderes y liderezas que concluyó en la aprobación de la Declaración del Foro de Pueblos Indígenas frente a los jefes de Estado. El Pacto de Unidad está conformado por organizaciones que integran el proceso del Foro Social Panamazónico, que adhiere y asume como suya esta Declaración, que dejamos a continuación en su texto íntegro, agradeciendo su más amplia difusión

DECLARACIÓN DEL FORO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ANTE LA VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS REALIZADA EN LIMA: EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS O NACIONES

Nosotros y nosotras como representantes de los pueblos, Naciones y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en el marco y ejercicio del derecho a la libre determinación y en defensa de nuestra Madre Tierra, damos a conocer nuestras conclusiones y planteamientos como resultado del Foro de los Pueblos Indígenas, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrado en Lima del 10 de Abril de 2018.

 

CONSIDERANDO:

Que en nuestro continente somos aproximadamente 826 pueblos indígenas que preexistimos a los Estados y vivimos en armonía con la Madre Tierra, desde nuestros ancestros.

Que desde la invasión Europea se nos ha impuesto un modelo económico de extracción de recursos por lo que hemos sido sistemáticamente expoliados y despojados de nuestros territorio.

Que los Estados republicanos nacieron excluyendo a los pueblos originarios, con una política de asimilación cultural, con prácticas racistas, genocidas, patriarcales y monoculturales; de colonización de nuestras mentes.

Que actualmente nos encontramos frente a un modelo de desarrollo depredador y destructor donde las corporaciones buscan acumular riquezas para unos pocos, vulnerando nuestros derechos y destruyendo la Madre Tierra, a través de la imposición de mega proyectos extractivos como: la minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, forestales, monocultivos y de infraestructura en nombre del desarrollo, que se ejecutan sin la consulta ni el consentimiento libre, previo e informado.

Que, a lo largo de la historia, los pueblos hemos resistido y luchado por el respeto de nuestra libre determinación, autonomía, y autogobierno; y por acabar con todas las formas de colonialismo y subordinación.

 

Que las mujeres indígenas cumplimos un rol decisivo en la protección y transmisión de nuestras identidades culturales, prácticas y saberes ancestrales, conservación de la biodiversidad, defensa del territorio y seguridad alimentaria.

 

Que, gracias a nuestras luchas, hemos logrado avances en el derecho Constitucional e Internacional como la Resolución 1514 (XV) de la Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT de 1989, la Declaración de Viena de 2003, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la doctrina y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de obligatorio cumplimiento para los Estados.

Que, los Estados han institucionalizado políticas y prácticas corruptas que se evidencian en la producción normativa, la gestión y administración pública, y el sistema de justicia, favoreciendo a las corporaciones transnacionales y vulnerando nuestros derechos como pueblos.

Que, a pesar de las obligaciones vinculantes del Estado en materia de derechos indígenas, persiste la criminalización del ejercicio de nuestra autoridad, funciones jurisdiccionales y defensa de derechos colectivos, a través del asesinato, desaparición física, represión penal, amenazas, acoso, estigmatización y otras formas de persecución arbitraria.

Que, los acuerdos de las siete cumbres de las Américas no han implementado acciones concretas para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los Estados miembros.

 

DEMANDAMOS a los Jefes de Estado y Gobiernos de las Américas lo siguiente:
1. Que los Estados den cumplimiento efectivo a sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indigenas, adoptadas en ejercicio de su soberania, incluyendo tratados, medidas cautelares, sentencias y otros mandatos internacionales; derogando las normas nacionales que se oponen a tales obligaciones.

2. Que los Estados respeten y garanticen nuestros derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno; formas de vida, modelos de desarrollo, planes de vida y buen vivir.

3. Que los Estados reconozcan la personalidad jurídica de pueblos, naciones o nacionalidades indígenas, y sus formas propias de organización.

4. Que el Estado garantice la participación institucional de los pueblos dentro de la estructura del Estado, a todo nivel y con poder de decisión.

5. Que los Estados aseguren nuestro derecho a la propiedad del territorio ancestral integral, incluyendo los recursos naturales necesarios para nuestra subsistencia como el agua, bosques, tierras eriazas, etc.

 

6. Que los Estados adopten normas y políticas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, que incluya la prohibición de patentes de nuestras semillas y productos nativos; la priorización del consumo interno sobre la exportación, y el veto al uso de organismos transgénicos.

 

7. Que cesen las políticas de parcelación y titulación individual de los territorios colectivos; de fragmentación y despojo de territorios a través de políticas de conservación y establecimiento de áreas protegidas.

8. Que los Estados deroguen las normas que facilitan la pérdida de la propiedad territorial indígena a través de figuras jurídicas como: la “cesión en uso de los bosques”, la posibilidad de venta de tierras; la expropiación y servidumbre forzosa; la cesión de propiedad para la construcción de infraestructura.

9. Que los Estados cesen las políticas de colonización, invasión de los territorios indígenas, y de toda forma de violencia que afecta de manera particular a las mujeres indígenas.

10. Que los Estados implementen los procesos de participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar normas, políticas, programas y medidas susceptible de afectar a los pueblos indígenas, como concesiones, autorizaciones, contratos u otros.

 

11. Que los Estados garanticen medidas efectivas para la participación plena de las mujeres y jovenes indígenas en la toma de decisiones de políticas públicas susceptibles de afectarles.

12. Que los Estados implementen políticas públicas de salud y educación bilingüe intercultural, incorporando en ellas la historia, cosmovisión, filosofía y saberes ancestrales como parte del proceso de descolonización y buen vivir.

13. Que los Estados respeten los saberes y prácticas ancestrales de medicina, formas de transmisión de conocimiento, expresiones culturales y artísticas, y que garanticen los medios para su desarrollo autónomo.

14. Que los Estados promuevan el derecho a los medios de comunicación indígena, redes comunitarias y el uso y acceso de las tecnologías de comunicación en nuestros propios idiomas.

15. Que los Estados adopten normas y políticas para eliminar toda forma de discriminación y el racismo institucionalizado.

16. Que los Estados investiguen de oficio y sancionen a los funcionarios y servidores públicos involucrados en hechos de corrupción, estableciendo la imprescriptibilidad de este delito y que los corruptos no vuelvan a ejercer función pública.

17. Que los Estados investiguen y sancionen ejemplarmente a las empresas -y sus titulares- involucradas en hechos de corrupción, anulando los contratos obtenidos por medios ilegales y que no se vuelvan a beneficiar de contratos o recursos públicos.

18. Que cese la criminalización y estigmatización de autoridades y miembros de pueblos indígenas por ejercer su autoridad, funciones jurisdiccionales y proteger sus territorios y demás derechos; derogando las normas de criminalización, archivando los procesos judiciales y disponiendo la libertad de las personas detenidas.

19. Que los Estados respeten y garanticen el pluralismo jurídico igualitario, es decir que respeten las decisiones de la justicia indígena como cosa juzgada y, que con participación de los pueblos, se establezcan mecanismos de coordinación con la justicia ordinaria.

20. Que los Estados promuevan la capacitación de los jueces, fiscales y policías para que conozcan, respeten valoren los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas.

 

Para que se fortalezca la paz de todos los pueblos indígenas de nuestra Abya Yala, rechazamos todos los actos de violencia y persecución arbitraria, militarización y estados de emergencia que vienen sufriendo nuestros pueblos de América Latina. Y en particular, queremos manifestar nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas: – De los pueblos originarios del distrito de Chalhuahuacho (Apurimac) y Chulmivilcas (Cusco), actualmente con presencia policial y military; y bajo estado de emergencia, por lo que demandamos su levantamiento. – De los pueblos Mapuche, Awajun, Achuar, Kichwa, por la persecución arbitraria que vienen sufriendo en defensa de sus derechos. – Los pueblos indígenas de Venezuela, que se ven afectados por la crisis humanitaria, fundamentalmente por razones de salud y alimentación. – De los pueblos originarios de Cajamarca, en particular de Valle Laguna Azul, quienes están condenados a 10 años de pena privativa de libertad por presunto delito de extorsión debido al ejercicio de funciones jurisdiccionales.

Dado en la ciudad de Lima el 10 de abril de 2018.

Agradecemos el envío de Luis Hallazi de IBC e Ismael Vega de CAAAP.-

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Ante el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Defensa de la vida y la naturaleza

vs empresas transnacionales
9 de agosto de 2016

Por Jesús González Pazos (Rebelión)

 

Nos situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas que, según Naciones Unidas, se celebra el 9 de agosto y, al mismo tiempo, todavía recordamos el asesinato el pasado día 3 de marzo, en Honduras, de la activista lenca Berta Cáceres. Pero, si bien su muerte y la de otros líderes/as ha dado pie a un incipiente interés internacional por lo que está ocurriendo con las personas defensoras de la naturaleza, tenemos que reconocer que ésta es todavía una guerra de baja intensidad que se mantiene en gran medida oculta. Y esto dado que, cada vez más, está dirigida en todo el mundo desde los intereses económicos de las empresas transnacionales. Es por ello, y a pesar del cierto eco internacional del asesinato de la dirigente indígena, que no se ha conseguido aún visibilizar otro dato que sobresale en esta dura estadística, como es el hecho de que quienes proporcionalmente más muertes y represión están sufriendo y, por tanto, quienes protagonizan por encima de otros sectores la defensa de la naturaleza, son los pueblos indígenas.

En cierta forma, seguimos pensando que la lucha por la defensa del medio ambiente, por la tierra, es sólo patrimonio de occidente, de algunas de sus instituciones y de sus organizaciones medioambientalistas. Pero no es así y los dramáticos datos lo atestiguan: de los más de 1000 asesinatos cometidos entre los años 2002 y 2014 contra quienes defienden el medio ambiente, el 40% fueron personas indígenas. Y todo pese a que estos pueblos son un escaso 5% de la población total del planeta. Pero lo anterior sólo sobre informes conocidos y contrastados, ya que los estudios dicen que hay un alto número de asesinatos de los que nunca se llegan a tener noticias.

Para entender mejor esta situación es necesario comprender la concepción que estos pueblos tienen sobre sus tierras y territorios. Ellos defienden que “nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos; nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos y humedales, con sus lugares sagrados donde viven los dioses protectores, con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas es un ente vivo que nos da la vida, nos provee agua y aire; nos cuida, nos da alimentos y salud; nos da conocimientos y energía; nos da generaciones y una historia, un presente y un futuro; nos da identidad y cultura; nos da autonomía y libertad. Entonces, junto con el territorio está la vida y junto a la vida está la dignidad; junto al territorio está nuestra autodeterminación como pueblos.” Esto es lo que determina con absoluta claridad que hoy sean los pueblos indígenas quienes sostienen la mayor carga en la defensa de la naturaleza, especialmente al entender que esa visión y defensa choca frontalmente con la idea y utilidad que a estos espacios otorgan hoy gobiernos y transnacionales. Así, la mayoría de los homicidios de defensores y defensoras están directamente vinculados con las denuncias y protestas contra megaproyectos de desarrollo y contra extractivas mineras, forestales o hidroeléctricas.

El sistema capitalista, en su fase actual neoliberal, ha entregado con total impunidad la naturaleza a las transnacionales extractivas. No ya sólo por el hecho de que toda la normativa nacional e internacional hoy se establece para proteger las inversiones y negocios de éstas, sino también por el hecho de que esa legislación y/o impunidad supone en la mayoría de los casos la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos. De esta forma, se puede afirmar abiertamente que la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, se ha convertido en el nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Y esa lucha, aunque invisibilizados sistemáticamente, son los pueblos indígenas quienes la protagonizan.

Las empresas transnacionales tienen cada día un mayor poder económico y éste lo convierten en poder político. O dicho de otra forma, con ese enorme poder económico pueden someter al político para que éste defina nuevas normas, o adapte las existentes. El objetivo siempre es el mismo: obtener condiciones ventajosas para sus negocios y para el aumento consiguiente de sus beneficios. Pero, si bien ésta es una constante del sistema neoliberal en todos los órdenes y sectores económicos, es especialmente grave cuando entra en el juego la naturaleza. Los impactos más agresivos contra ésta, en su gran mayoría, son radicalmente ignorados o disimulados tras grandilocuentes declaraciones internacionales y pequeñas concesiones/donaciones sociales a las poblaciones más directamente afectadas por la contaminación y degradación causada.

Para el caso específico de los pueblos indígenas, recordemos, aquellos que más agresiones incluido número de asesinatos sufren, las empresas transnacionales, dicho de forma políticamente correcta, irrespetan los estándares internacionales de protección a los derechos humanos que les atañen más directamente. Dicho de otra forma más clara, se está desarrollando un contexto de violaciones sistemáticas de derechos, especialmente sobre los territorios o el obligatorio de consulta a estos pueblos ante cualquier gran proyecto de desarrollo a ejecutar en sus tierras. Estas empresas hoy se benefician impunemente de los favorables sistemas jurídicos y legislativos hasta, prácticamente, convertirlas en entidades intocables. A partir de ahí, su abanico de actuaciones van desde la presión a los poderes políticos para la definición de doctrinas y normas en beneficio de sus intereses empresariales, la corrupción y sobornos para esto mismo, o el control y uso de cuerpos policiales y paramilitares para la represión de la protesta.

Así, además de las muertes individuales, los ejemplos dramáticos de afectación negativa por parte de las transnacionales, principalmente las extractivas pero también forestales y otras, sobre diferentes pueblos indígenas recorren el planeta. Y en este doloroso ranking América Latina sigue siendo considerada como la región del mundo más peligrosa para quienes ejercen la defensa de la naturaleza; países como Brasil, Colombia, Honduras o México encabezan esta lista y el 99% de las violaciones colectivas o de los asesinatos quedan impunes. En la misma línea hoy en día, y no es cosa del pasado colonial como pudiera pensarse, siguen produciéndose casos de pueblos desaparecidos o en práctico proceso de extinción como consecuencia de los impactos de las actuaciones de empresas transnacionales. Se aducirá que son “daños colaterales” en aras del progreso, pero lo cierto y denunciable es que son fehacientes violaciones de los derechos humanos. No puede admitirse que esos derechos y la dignidad de las personas se sigan poniendo en la misma balanza que los intereses económicos y siempre salgan dramáticamente perdiendo.

Hasta las propias Naciones Unidas han reconocido y denunciado en diferentes momentos y documentos esta situación. En este sentido, Relatores Especiales de este organismo internacional han señalado que las actividades de las industrias extractivas son fuente de numerosos conflictos. Igualmente, reafirman que este tipo de acciones de empresas trasnacionales en territorios indígenas violan constantemente diferentes derechos y han llamado a los gobiernos a cumplir con su responsabilidad de protección de éstos frente a los intereses económicos de las empresas. Evidentemente, unos y otros hacen continuos oídos sordos a este tipo de llamamientos.

Berta Cáceres, indígena, feminista y defensora de los derechos humanos y medioambientales, había recibido en 2015 el premio Goldman, considerado como el Nobel del medio ambiente. En este año 2016, Máxima Acuña, indígena quechua (Perú) recibió el mismo premio por su lucha contra el megaproyecto minero en Conga, de la transnacional estadounidense Newmont Mining Corporation.

“Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando por los compañeros que murieron en Celendín y Bambamarca y por todos los que estamos en lucha en Cajamarca”, afirmó Máxima al recoger el galardón, pese a haber sufrido sistemáticamente la violencia de funcionarios locales que actúan en connivencia con la empresa minera y con las autoridades peruanas.

Como señalábamos al inicio, nos situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas y éstos, más allá de grandes declaraciones, siguen planteando al sistema dominante y a los gobiernos del mundo la disyuntiva entre los intereses de las empresas transnacionales o la defensa de la vida y la naturaleza.

Jesús González Pazos. Miembro de Mugarik Gabe

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215369

 

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