Qué Economía

Septiembre 2017

Con unión a la ecología de los buenos vivires convivires.

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Podemos comprobar muchos conflictos territoriales en nuestro país y nuestra América. Cada uno se entabla entre el contubernio de una corporación imperialista con el Estado en sus distintas jurisdicciones y las comunidades locales a lo largo y ancho de Argentina. La resistencia de las últimas está articulada, en su mayor parte, por la Unión de Asambleas Ciudadanas. Sin embargo, los conflictos socioterritoriales deberían interpelar a una creciente mayoría de la diversidad de abajo y sin fronteras.

 

Analicemos significados de injusticia ambiental, de envenenamiento de las poblaciones y de destrucción de la cordillera o de la Amazonía con todas las gravísimas consecuencias sobre los subsistemas sostenedores de la vida planetaria.

Día Mundial contra la megaminería: la expansión del monstruo en la Argentina

22 de julio de 2017

 

Hoy se celebra el Día Mundial contra la Megaminería con el fin de visibilizar las luchas a nivel mundial ante el avance de este método de extracción de minerales que atenta no solo contra el ambiente y los ecosistemas, sino también contra los pueblos que habitan los territorios en donde se lleva a cabo.

 

Por Federico Caggiano para ANRed

América Latina ha sido una de las principales víctimas de las multinacionales que proceden con este sistema exctractivista, por su gran cantidad de recursos naturales, entre ellos los minerales. En este contexto se introduce el caso de la Argentina, que si bien tiene sus propias características, posee una dinámica similar a la de muchos países de la región con las megamineras extranjeras.

En los últimos trece años la minería en la Argentina ha tenido un crecimiento exponencial, pero debido principalmente a la legislación neoliberal prominera implantada en los 90 (que por cierto el kirchnerismo nunca tuvo intenciones de modificar sino que la exprimió al máximo), fueron las grandes multinacionales extranjeras las que sacaron mayor provecho de los recursos minerales nacionales, llevándose estos hacia sus respectivos países, y dejando poco y nada para explotar en la Argentina.

En los siguientes gráficos se observa cómo la explotación de recursos minerales del país se encuentra sujeta a la intervención y explotación de empresas extranjeras, con gran predominio por sobre las empresas nacionales.

 

Por otro lado, es necesario destacar el impacto ambiental que conlleva este crecimiento exponencial de la minería. A nivel mundial. Los minerales prácticamente ya se han agotado, entonces lo que hay que buscar son minerales considerados de baja ley, es decir, de poca proporción de mineral por tonelada de roca. Está muy disperso, y es por eso que para extraerlo es necesario volar montañas y cerros (proceso conocido comúnmente como megaminería o minería a cielo abierto), para luego pasarlos por una sopa química y hacer la separación del mineral de la roca. Para ello se necesita muchísima agua, en un contexto en el que este recurso es cada vez más preciado. De hecho, la provincia de San Juán, que alberga la Mina Veladero explotada por la megaminera canadiense Barrick Gold, es una de las tantas provincias del país que sufren considerablemente la escasez de agua.

En los siguientes gráficos, queda plasmado los altísimos niveles de agua que utilizan a diario dos de los proyectos mineros más importantes del país (Bajo La Alumbrera y Veladero), en comparación con lo que consumen algunos departamentos y ciudades cercanas a dichos proyectos, tomando como referencia un promedio de 300 litros de agua por habitante por día. En el caso de Jáchal e Iglesia, se utilizan como parámetro los departamentos enteros. En el caso de Catamarca Capital y Andalgalá se toman como referencia las ciudades.

En sus doscientos años de historia, Argentina se ha sabido adaptar a gusto y piacere a las teorías, acuerdos, consensos y a otras tantas reglas de juego económicas planteadas por las grandes potencias económicas del mundo, y con todos los condimentos que tuvieron estas relaciones comerciales internacionales, se puede hallar una constante que se mantuvo desde su independencia en 1816 hasta la actualidad: se consolidó como exportador de materias primas, abasteciendo las necesidades de aquellos países industrializados que lograron establecer así una relación de dependencia y dominación con nuestro país.

En los últimos trece años, de la mano de un gobierno considerado neodesarrollista, se habló de romper con esa relación de dominación estructural a la que la Argentina se encuentra sometida desde siempre, pero sin embargo, queda demostrado que efectivamente no fue así, y hasta se puede afirmar que nunca existió esa intencionalidad de los gobiernos de turno, ya que por lo bajo y por fuera del discurso oficial, fue notable cómo se consolidó aún más su condición de exportador de recursos naturales. En el caso de la minería, es observable cómo se respetó la legislación neoliberal prominera establecida en los 90, y cómo se permitió el avance y la llegada de tantísimas empresas multinacionales que, con la connivencia de los distintos poderes del Estado, llevaron y llevan a cabo un plan sistemático para extraer recursos naturales dejando graves perjuicios al medio ambiente, ignorando la voluntad de los pueblos originarios y persiguiéndolos, y a menudo contaminando los recursos utilizados diariamente por los pueblos aledaños a los proyectos mineros.

 

Con el actual Gobierno el panorama no es para nada esperanzador. En primer lugar, una de las medidas iniciales tomadas por el actual presidente Mauricio Macri fue quitarle las retenciones a las mineras, en diciembre de 2015, apenas asumido su cargo. En segundo lugar, en junio se firmó el Acuerdo Federal Minero, que reemplaza a uno anterior de 1993, y que tiene como principal objetivo “atraer inversiones”, lo cual implica un paso más de subordinación ante el poder de las grandes multinacionales. A esto se le suma el avance del Estado represor que castiga con palos ante cualquier brote de protesta social y reclamos.

 

Esquel: un caso exitoso.

Pero no todo es frustración en cuanto a los conflictos originados por el avance extractivista y megaminero en la región. La minera canadiense Meridian Gold se instaló en Esquel, ciudad perteneciente a la provincia de Chubut, en el 2002. La multinacional llegó con la intención de explotar el oro que había sido encontrado allí a partir de la exploración realizada por la minera El Desquite S.A.. Luego de un intenso proceso de lucha, el pueblo esquelense logró que se llamara a un plebiscito el 23 de marzo de 2003, para decidir por si o por no el comienzo del proyecto minero, en el cual ganó por el 81% de los votos el “no”.

De esta manera, es observable cómo se hizo efectiva la retirada de un gigante multinacional a partir de la lucha de un pueblo relativamente pequeño como es Esquel (actualmente tiene 32 mil habitantes), en lo que representó un ejemplo a seguir para otros tantos pueblos que resisten a la megaminería. Es así que a partir de este caso nace el movimiento No a la Mina, el cual se ha consolidado a lo largo de los años a nivel nacional, con el fin de compartir experiencias y estrategias para defender la soberanía de los distintos pueblos invadidos por multinacionales megamineras, y darle legitimidad a este reclamo que no recibe respuesta alguna de parte de los poderes del Estado.

(Leer : Mientras Andalgalá camine no habrá Mina )

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article14636

 

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20 años de transgénicos, agrotóxicos y devastación ambiental

20 razones para su 
prohibición definitiva

GRAIN | 05 Mayo 2017 | Biodiversidad 92 / 2017-2

GRAIN

La introducción de la soja transgénica en el Cono Sur marcó definitivamente los últimos 20 años de la agricultura iniciando una nueva era de industrialización en áreas rurales, uso de agroquímicos y utilización de semillas transgénicas que no tiene antecedentes en la historia de la agricultura en cuanto a la velocidad de su imposición y a los impactos que ha tenido.

Justo cuando se realiza la cosecha número 20 de la soja transgénica resistente al glifosato en todo el Cono Sur  (unas 175 millones de toneladas) compartimos en este cartel  20 argumentos para su erradicación definitiva.

 

1. Su aprobación en Argentina fue absolutamente ilegítima, siendo autorizada por un organismo (la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria-Conabia) conformado por las mismas corporaciones y su expansión en todo el Cono Sur fue intencionalmente ilegal sin que en ningún momento se haya generado un debate democrático sobre su autorización y cultivo.

2. Su imposición significó la creación de un desierto verde de más de 54 millones de hectáreas que en algún momento las mismas multinacionales bautizaron como La República Unida de la Soja.

3. Con la introducción de la soja transgénica el uso de glifosato (recientemente reclasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud) en la región creció a más de 550 millones de litros por año con dramáticas consecuencias sanitarias en todos los territorios.

4. Millones de campesinos fueron desplazados en toda la región y miles de pequeños productores debieron abandonar la producción de alimentos locales ante la imposibilidad de convivir con la soja transgénica.

5. Cientos de campesinos fueron criminalizados, perseguidos y asesinados en su lucha por la tierra como fruto de la expansión del modelo sojero en los intentos de resistir su avance.

6. Se destruyeron más de 8 millones de hectáreas de bosques nativos en todo el Cono Sur por el avance de la frontera agrícola.

7. Monsanto impulsó e impulsa en todos los países modificaciones a las leyes de semillas para poder controlar y monopolizar las semillas.

8. Las enfermedades y muertes a causa del incremento del uso de agrotóxicos se multiplicaron en todos los territorios despertando fuertes reacciones de los “pueblos fumigados”.

9. Los gobiernos que intentaron limitar el avance de la soja y los cultivos transgénicos se vieron agredidos, siendo Paraguay un caso paradigmático en ese sentido.

10. Los suelos se han visto esquilmados por esta agricultura extractivista produciendo una destrucción de los mismos y una pérdida de nutrientes sin precedentes. El agua “virtual” que se exporta con la soja suma miles de millones de litros cada año.

11. La tierra se ha concentrado en cada vez menos manos, siendo otra vez el caso de Paraguay ejemplar ya que un 0.4% de los propietarios acaparan el 56 % de la tierra.

12. La ganadería, antes practicada en rotación con la agricultura, se vio desplazada a otros territorios con ecosistemas mucho más frágiles (Amazonia, Chaco paraguayo, humedales, etcétera) con consecuencias gravísimas sobre los mismos. Al mismo tiempo creció en forma exponencial la producción de carne en feedlots con graves consecuencias sanitarias y ambientales.

13. Se consolidó una alianza entre los grupos corporativos que impulsaron este modelo y los medios masivos de comunicación concentrados que impide cualquier tipo de debate o difusión de los impactos del modelo.

14. Los cultivos resistentes a herbicidas han fracasado desde el punto de vista agronómico con el surgimiento de decenas de malezas resistentes al glifosato y el consecuente crecimiento de su uso y el de otros herbicidas.

15. La ciencia que sostiene el desarrollo de los cultivos transgénicos es profundamente cuestionada por su mecanicismo y simplificación de la complejidad de los sistemas genómicos.

16. La productividad de los cultivos de soja transgénica es inferior a los de los cultivos de soja convencionales tal como se verificó en todas las investigaciones que realizaron estudios comparativos.

17. La seguridad de la soja transgénica en la alimentación nunca ha sido demostrada y las dudas que se presentan ante estudios sesgados por los intereses corporativos aún persisten siendo cada día más difícil de sostener la falacia de la “equivalencia sustancial”.

18. La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial con graves impactos ambientales, sanitarios y en la salud a nivel global.

19. La soja transgénica fue impuesta para su consumo a centenares de millones de consumidores en todo el mundo sin su consentimiento a través de su utilización en la producción de alimentos ultraprocesados.

20. Toda la cadena de producción de soja transgénica tiene un enorme impacto en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y la agudización de la crisis climática.
 

Más información

1. Darío Aranda, “15 años de soja: La prueba del delito”, 24 de marzo, 2011,http://www.lavaca.org/notas/15-anos-de-soja-la-prueba-del-delito/

2. GRAIN, “La República Unida de la soja recargada”, 2 de junio, 2013,https://www.grain.org/es/article/entries/4739-la-republica-unida-de-la-soja-recargada
Este material será una infografía que sirva de herramienta para la discusión práctica con grupos, comunidades y organizaciones. Su versión completa con bibliografía y referencias, ver www.grain.org
Fuente: https://www.grain.org/article/entries/5706-20-anos-de-soja-transgenica-en-el-cono-sur

 

 

Pensemos otra de las consideradas por el capitalismo como externalidades pero  que arruinan la vida planetaria y la dignidad humana de pueblos e individuos como son las economías de enclave.

 

 

 

Del puestero a Benetton: el rol de la corporación en la trama de la desaparición de Santiago Maldonado

6 de septiembre de 2017

 

El juzgado federal de Esquel comunicó de forma oficial que la sangre del apuñalado por el puestero de Benetton no pertenece a Santiago Maldonado. Se cae así la principal hipótesis sostenida por el gobierno y el foco vuelve donde nunca tendría que haber dejado de estar: el lugar de los hechos. En esa trama, la corporación Benetton aparece en el centro.

La comisaría que montó el Estado para proteger sus intereses. El caso que se convierte en un antecedente para comprender la represión desatada en el Pu Lof de Cushamen. Las versiones e indicios que señalan que Benetton financia los operativos de las fuerzas de seguridad estatales. Más datos y testimonios que reconstruyen qué pasó el día que Santiago desapareció.

“Nosotros ya sabíamos que no era de Santiago. Esto era sólo para desviar el foco. Poco a poco se van cayendo todas estas hipótesis de mierda. Lo concreto es que Santiago está desaparecido. ¿Ahora que van a decir los medios?”, dice a lavaca Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, minutos después de que el Juzgado Federal de Esquel comunicara de forma oficial que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA confirmó que la sangre de la persona herida por un puestero de Benetton el 21 de julio en Epuyén no es la de Santiago Maldonado. Así se desmoronó la principal hipótesis del Gobierno nacional.

 

Lavaca había reconstruido en exclusiva cuatro testimonios que desmentían esa hipótesis: son tres personas que vieron a Santiago en dos eventos distintos el 27 y el 29 de julio en El Bolsón, y otra que contó que llevó al joven hasta la Pu Lof de Cushamen en la mañana del 31 de julio. El Gobierno mantuvo la versión del puestero hasta que la Justicia se expidiera. Y la Justicia se expidió.

El comunicado completo:

·         “El Juzgado Federal de Esquel comunica que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires informó -en el día de la fecha- que el perfil genético de la persona que habría sido herida el 21 de julio de este año durante el ataque sufrido por Evaristo Jones en cercanías de Epuyen en la provincia del Chubut no tiene coincidencia con el perfil genético de un hijo biológico de Enrique Aníbal Maldonado y Stella Maris Peloso. El estudio fue requerido en el marco del Expte. nº FCR 8233/2017 ´MALDONADO SANTIAGO ANDRÉS S/HABEAS CORPUS´.

·         Asimismo, se comunica que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas continúa realizando los análisis y cotejos solicitados respecto de todas las muestras biológicas encontradas en los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina involucrados en el procedimiento del 1 de agosto de este año, en las tres prendas que pertenecerían a Santiago Maldonado y en la vivienda en la que residió en la ciudad de El Bolsón de la provincia de Río Negro”.

 

La confirmación oficial devuelve la atención a la principal hipótesis denunciada desde el 1 de agosto por la familia, la comunidad mapuche, los organismos de derechos humanos y la Defensoría Federal de Esquel: Santiago es víctima de una desaparición forzada de persona.

Y en la trama de su desaparición no tiene un rol el puestero, pero sí Benetton.

Este mapa sobre las tierras que posee la corporación Benetton en Argentina fue realizado por el diario El País de España en un completo informe sobre la represión al pueblo mapuche en Argentina. Se puede leer aquí

 

El rol de Benetton

Sergio Nahuelquir es uno de los werken (voceros) de la Pu Lof. Se presenta así: “Mi nombre es Sergio Nahuelquir, soy tataranieto de Ñancuche Nahuelquir, uno de los primeros que llegó a Cushamen. Bisnieto de Gregorio Nahuelquir, nieto de Ludovico, uno de los últimos lonkos que existió en la zona. Hijo de Florentino y padre de Lautaro”. Su presentación no es al azar: su historia está vinculada a Cushamen: “Nací a la orilla del camino que va desde El Maitén a Cushamen, ahí pasa por el Río Pichico. En ese lugar nací yo, a dos kilómetros de la Redonda, a 5 km de la escuela 69, donde trabajo Trinidad Huala, la abuela de Facundo (Jones Huala, el lonko preso de forma ilegal desde el 27 de junio). Ellos vivieron allí cerca de mina de Indio. Casi la mayoría de los que estamos haciendo la recuperación somos de alguna u otra manera de Cushamen: nietos, hijos. No somos de ningún otro lado”.

Desde esa historia, habla de Benetton.

Dice: “La compañía siempre existió. Mi papá trabajaba ahí mientras era la compañía inglesa. Amansaba burros. En ese tiempo había mula y después, al tiempo, se fue para Santa Cruz a seguir amansando allá. Nos fuimos en el año 80 por una realidad: en Cushamen no era posible la vida. Nos teníamos que ir porque nos íbamos a morir de hambre. Y así fueron la mayoría de las historias, que tenían que salir de Cushamen. Y yo tenía que volver alguna vez. Sabemos que la compañía inglesa en ese entonces y ahora Benetton es un aparato opresor de todo lo que es la zona. Ha funcionado siempre así. La gente trabaja sumisamente en lo que es Leleque. Todo el empresariado que ha venido siempre han oprimido al pueblo. Te dan permiso para que saques leña, pero no más de lo necesario. Te dan permiso para usar caballos, pero solo uno. Y así el poder fue aumentando hasta la complicidad: ahora podemos ver el ejemplo claro del intendente del Maiten, al que queremos denunciar porque ha discriminado la Pu Lof, pero quien se vale de lo que es la compañía para pagar los salarios sociales complementarios. También para hacer sus gestiones políticas: al deber favores, debe poner todo el pueblo en contra de la recuperación porque, sino, no está cumpliendo con su trabajo. También sabemos que El Maitén tiene muchas donaciones: Benetton sostiene económicamente a El Maitén. Son relaciones carnales”.

Nahuelquir cuenta que esa relación se vio muy clara en enero cuando la Pu Lof sufrió tres violentas represiones en dos días por parte de Gendarmería, Infantería y policía provincial. “La Gendarmería se alojó en el gimnasio del Maitén que donó Benetton. La compañía también proveyó el catering y la comida: estuvieron allí cinco días. Fue un gran despliegue, como 200 efectivos alojándose allí. Todo eso lo paga Benetton”. En la descripción del operativo del 10 de enero, el Diario Jornada dice: “En el casco de la Estancia Leleque de la Compañía de Tierras del Sud Argentino había tranquilidad y cada una o dos horas arribaban autoridades policiales y de Gendarmería a coordinar algunas acciones”. Andrea Millañanco, integrante de la comunidad, cuenta que los allanamientos de enero fueron dirigidos por el propio administrador general de Benetton, Ronald McDonald: “Los caballos secuestrados fueron trasladados en un camión de la compañía”.

Nahuelquir: “Cada vez que se mueven todas esas fuerzas es evidente de dónde viene la parte económica. No hay que ser muy ciego para sacar conclusiones: diez días antes de la represión donde se llevaron a Santiago había habido una gran nevada. Se estuvo por todos lados buscando conseguir medios o helicópteros para subir a las montañas. No se consiguió, pero a los diez días fue la represión y aparecieron helicópteros, drones, de todo. ¿Para qué? Para cazar al mapuche. Allí es algo que sabemos: es la parte en la que Benetton hace su articulación con el Estado”.

 

Y la cuestión con los puesteros?

-Cuando se entró hace dos años atrás a la recuperación (marzo de 2015), empezaron los incendios de los puestos. ¿Casualidad que sólo sean de Benetton? ¿Con toda la seguridad que tienen? Sucede de forma impune en toda la zona protegido por el gobierno local y los intendentes. Hay declaraciones del Ejecutivo que dice que por qué no toma la gente las manos en el asunto y los lleva a la comisaría. El año pasado, en noviembre, decían: ´Corre peligro en la ruta 40 el turismo de toda la Comarca´. Y son ellos quienes hacen los sabotajes. Además, los propios trabajadores están en situación de precariedad: tienen el fogón, el caballo, el perro y la carne, que deben pagar: Benetton le cobra al puestero la comida del salario. Tampoco se pueden agremiar: ahora deben estar cobrando 6 mil pesos”.

 

La comisaría Benetton

Daniel Loncon, otro de los voceros, cuenta que la subcomisaría de Leleque tiene más móviles policiales que otras localidades cercanas como Epuyén, Maitén, El Hoyo. Nahuelquir: “Allí antes había una estación de servicio. Hoy es la comisaría de Benetton”. El werken no puede confirmar que dentro de la estancia opere una base informal de Gendarmería, pero afirma: “Lo que sí hay es una relación carnal con la subcomisaría. Inclusive no se sabe si la camioneta blanca que se llevó a Santiago no entró a la estancia. La Justicia nunca dispuso, por un lado, indagar a Gendarmería, y por otro, ordenar el seguimiento de los móviles. Tampoco allanó la subcomisaría”.

Loncon: “Lo que advertimos, puntualmente, es un corrimiento adrede por parte del Estado. Intencional. Había una ruta provincial que conectaba Cushamen con El Maitén pero, como se metía en sus campos, Benetton pidió que se corriera esa ruta: la Provincia tuvo que hacer dos puentes sobre el Río Chubut para que la ruta no pase por su campo. Son cuestiones y pretensiones que este privado tiene y la provincia obedece cabalmente sin chistar. Ese corrimiento estatal no es fortuito: tiene que ver con una intencionalidad para que ese privado ocupe el lugar, por una cuestión filantrópica, pero que compra voluntades. Hoy hay un pueblo como Cushamen que intenta despegarse del proceso de recuperación territorial cercano y es un frente interno que tenemos que resolver como comunidades. El Estado cómplice se corre de su rol para que el privado cumpla así un rol de protectorado. Hasta un fiscal le dijo al propio McDonald que la estancia de Benetton tenía más patrulleros que cualquier otro pueblo. Fue cuando el mayordomo le reclamó seguridad porque estaban incendiando puestos: le dijo que vaya a golpear la puerta a otros poderes porque ellos tienen destinados patrulleros que habían sido sacado de sus pueblos para cuidar sus intereses”.

El suceso que relata Loncón ocurrió en junio del 2016 y puede escucharse a través de un audio que reprodujo el sitio noticiasesquel.com.ar. El fiscal de El Hoyo, Oscar Oro, respondió al pedido de la multinacional de más seguridad: “En la Compañía Tierras del Sud había 20 policías y no sé si 3 o 5 móviles policiales. O sea que en un momento dado, un particular tenía más policías y más móviles que una comisaría. Pero además esos policías que fueron afectados a la Compañía Tierras del Sud fueron sacados de otras comisarías que se quedaban desprovisto de gente. Es como que el Estado sigue mirando para otro lado”.

 

A los tiros

Celedonio Díaz es músico y escritor de Esquel. Publicó algunos libros referidos a la historia local. Algunos de ellos son utilizados como material universitario y en escuelas públicas, como El desalojo de la tribu Nahuelpán. Díaz dice a lavaca: “La subcomisaría de Leleque surgió con la excusa del abigeato y coincidió con la decisión de pavimentar las rutas de ingreso a El Maitén, haciéndose la traza a pedir de la boca de Benetton, que la hizo pasar frente a la estancia ´La Burrada´, de su propiedad. Desde antes del 2005 y hasta el 2008, el camino de salida de El Maitén a El Bolsón y Bariloche era por la Aldea Buenos Aires Chico, donde vive y reclama derechos la Comunidad del longko Sepúlveda, tiroteado hace unos años por Héctor Guajardo, hermano del ex intendente de El Maitén”.

Guajardo es un estanciero conocido en la zona. Tiene un frigorífico y se dedica a la producción agropecuaria. Los conflictos venían de hace años. En marzo de 2006 se interpuso una demanda civil que denunciaba la construcción de un puesto en tierras de la comunidad Sepúlveda y la introducción de ganado. Hubo medidas cautelares, denuncias penales y un largo proceso judicial. En 2010, al lonko le avisaron que Guajardo había entrado a sus tierras. Ve los rastros de la camioneta, sale a buscarlo a caballo. El empresario lo atacó a balazos. Una fuente de esa causa dice a lavaca “Por poco no le produjo la muerte. Esa causa penal que empezó por tentativa de homicidio terminó con una probation por abuso de armas”.

 

Noceti y el testigo

Guajardo también aparece vinculado a los hechos del 1 de agosto. Una de las voceras de la Pu Lof, Soraña Maicoño, llegó a la comunidad con otras dos personas a las 9 de la mañana, luego que les informaran el hostigamiento de Gendarmería en el territorio. Su horario de llegada coincide con lo informado por Gendarmería en el expediente: el primer alférez Daniel Gómez dijo que a las 9 de la mañana observó un vehículo color gris que ingresa por un camino al margen de la ruta 40 “a la construcción que se encuentra a 400 metros”.

Sin ningún tipo de precisión sobre el motivo de la actuación, a la 10:30 establecen que personal apostado observó al auto salir y que se “ordena a un vehículo oficial realizar un seguimiento controlado”. A esa hora salieron de la Pu Lof para alejarse del territorio e informar a diferentes organizaciones cuál era la situación en la comunidad. No pudieron: “Apenas salimos con dos lamien del campo, una camioneta de Gendarmería nos siguió. A la altura de la estancia de Leleque, del casco de la entrada de Benetton, que es también a la altura de la subcomisaría, nos detiene Gendarmería. Allí ya había dos camionetas apostadas con conos bien grandes. Eran tres camionetas, contando la que nos seguía desde el Lof”.

Les revisaron el auto, les secuestraron volantes, mientras veían cómo camionetas de Gendarmería salían con urgencia en dirección a la Lof: “También podía ver cómo salían las camionetas blancas del casco de la estancia de Benetton. Hablaron con los gendarmes. Era como que estaban muy al tanto de lo que pasaba. Hacían consultas, se informaban”. Soraya cuenta que entre las 13 y las 13.15 ven llegar una camioneta blanca con luces azules, “tipo led”, en la parrilla del vehículo. “Baja un hombre, saco largo, alto, flaco, le da la mano a cada uno de los gendarmes. La lamien se le acerca, se presenta y le pregunta quién era, que por qué nos tenían demorados hacía más de dos horas, que nos quitaron los papeles del auto, los documentos, y entonces dice: ‘Yo soy el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y si yo quiero las puedo tener seis horas también’. Nos quedamos duras.”.

-¿Era Noceti?

-Era Noceti.

Soraya cuenta que Noceti volvió a pasar por el retén. Fue en el momento en que querían hacerles firmar un acta como si ellos hubieran salido de la estancia de Benetton en Leleque. Uno de los testigos de Gendarmería para labrar esa acta fue Héctor Guajardo.

 

Quién manda

Desde ese lugar –donde estuvo más de seis horas demorada- Soraya cuenta qué vio: “Al estar todo el día detenidas frente al casco de la estancia, se veían que entraban y salían camionetas de Benetton con sus capataces: paraban y hablaban con los gendarmes, se dirigían en dirección a la Pu Lof, volvían, bajaban a la subcomisaría. Como nosotras queríamos ir al baño, nos custodiaban hasta la subcomisaría. También podíamos observar cómo los capataces hablaban desde sus camionetas a los gendarmes. Veíamos a los peones que venían a caballo, porque habían andado del otro lado del alambre del territorio, y llegaban hasta la comisaría. Si bien los sueldos los paga el Estado, la subcomisaría es bancada por Benetton y es para Benetton. Más de una vez han baleado el territorio y entraron a cualquier hora de la madrugada. Eso se ha denunciado, pero nunca hubo ningún tipo de respuesta. Hay una connivencia que, más que una complicidad, marca una señal: quien manda ahí es Benetton”.

 

El antecedente

“Es notoria la capacidad de influencia de Benetton sobre funcionarios y sobre las fuerzas de seguridad”, dice a lavaca Gustavo Macayo, abogado del matrimonio de Rosa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, que en 2002 inició la recuperación de sus tierras ancestrales frente a la Estancia Leleque de la multinacional, a pocos kilómetros del actual Pu Lof. Macayo fue una de las decenas de personas de Esquel espiadas por servicios de inteligencia en el marco del intento de aplicación de la Ley Anterrorista a la comunidad de Cushamen en 2015. Es una de las voces especializadas que pueden graficar la mutación de esos territorios.

“Tomé la primera causa en 2002. Ellos ocuparon el predio con la idea de que era fiscal y no tenía propietario, porque ese lugar no forma parte de las estancias de Benetton. Qué pasa: en algún momento fue cercado por la multinacional. Lo mismo pasa hoy con la Lof en Cushamen: estaba abierto y era tierra fiscal. Las comunidades vecinas continuaban utilizándolo aun cuando lo habían cerrado, para pastoreo y sin hacer ocupación permanente ni construcciones. El conflicto tomó mucho estado público y pudimos llegar a juicio oral y público en 2004. Allí explotó con mucha fuerza el tema Benetton y las estancias de los ingleses de la Patagonia, que datan de 1896 y se originan en una donación de 10 estancias de 90 mil hectáreas cada una. Es decir: un feudo de 900 mil hectáreas. Eso lo hizo el presidente José Evaristo Uriburu”.

Atilio y Rosa sufrieron desalojos y causas penales. El conflicto motivó la participación del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Viajaron a Italia y se entrevistaron con el propio Benetton, que les prometió la donación de tierras, pero la familia la rechazó: sólo aceptarían la restitución de sus tierras. El Estado reconoció el territorio en el marco de la Ley N° 26.160 (Emergencia Territorial Indígena, se buscará una prórroga en el Senado en los próximos días). “Hoy están conformados como comunidad. La situación de ellos está judicializada, pero suspendido el trámite por la aplicación de la ley” explica Macayo.

Benetton nunca reconoció la derrota. “El poder ya venía ampliándose a partir del Museo Regional Leleque, que lo hizo con ayuda de antropólogos, historiadores y otras personas que se prestaron a armar una narrativa sobre el poblamiento de la Patagonia. Tiene todo tipo de material de archivo y es uno de los museos más grandes de la región, donde Benetton cuenta la historia de la Patagonia. Es muy grave: es una multinacional propietaria de la mayor cantidad de tierras en Argentina”.

La multinacional se fue asentando. Macayo: “Antes cuando sucedía un delito en algún paraje y llamabas a la comisaría de El Maitén, no te podían mandar a nadie porque no tenían móviles. Si tenían, estaban rotos. Y si estaban bien, no tenían nafta. Eso era permanente. Frente al Museo, allí mismo, había una estación de servicio. La empresa compra ese predio y ahí se transforma en una comisaría. A partir de allí en El Maitén y en Leleque hay una cantidad de vehículos policiales modernísimos. También hay una participación a través de obras en las diversas localidades, que lo posicionan como el vecino económicamente más importante de toda la Patagonia: no hay otra empresa que atraviese Neuquén, pase por Río Negro y llegue a Chubut”.

 

Fuerzas de seguridad y corporaciones

El abogado Gustavo Macayo agrega a lavaca: “Cuando estas empresas ven afectados sus intereses, sean o no legítimos, aparece la mano del Estado más cruel que nunca. Es una constante: pasa con Chevron en Neuquén, con Barrick en San Juan, con Monsanto en Córdoba. También aquí. Maitén y Leleque están militarizados hace años: es impresionante y desmesurado para el nivel de peligrosidad que puede tener el grupo de mapuches que están recuperando el predio. Habría que hacer una pericia muy detallada para determinar si es parte de la reserva Cushamen, de la ocupación original de la comunidad Vuelta del Río o si forma parte de alguna de las estancias. Hasta que no se haga, no podemos hablar ni de delito ni de propiedad privada. Para la comunidad, ese es un predio ocupado tradicionalmente por familias indígenas”.

Celedonio Díaz: “La otra entrada y salida era por Vuelta del Río, un tramo de 25 kilómetros de tierra que cruza por la comunidad del mismo nombre y por el casco de la estancia FitiRwin de Benetton. El edificio de la subcomisaría era propiedad de los hermano Sarquís, abogados ambos, y uno de ellos juez de Cámara de Esquel”.

Hector Sarquis, uno de los dos hermanos, fue abogado de José Vicente El Kazen, un empresario que denunció por usurpación a la familia de Mauricio Fermín en Vuelta del Río. Esa denuncia motivó un desalojo violento en marzo de 2003 –muy recordado en la zona- ordenado por el juez José Colabelli, quien en 2004 fue destituido por ese hecho: hoy retornó a los Tribunales de Esquel.

Sigue Díaz: “Los Sarquís explotaron durante muchos años el negocio de ramos generales de la estancia, en el edificio donde funciona ahora el Museo Leleque. Ellos heredaron ese comercio concesionado por los gringos a su padre. Después se hicieron ´dueños´ o compraron por otros medios un predio que lindaba y/o abarcaba parte del actual lof. Vendieron más tarde ese predio de pocas hectáreas a un joven que, luego, falleció. Entonces fue que los Sarquís construyeron el edificio donde funciona la subcomisaría: se instalaron en un cruce de caminos estratégico que llevaba a Cholila y a El Maitén, donde nos deteníamos los viajeros a cargar el combustible. El último encargado se llamó Juan Arbe y estuvo allí hasta que falleció. La recuperación de Rosa y Atilio fue el fusible que les disparó la idea de darle a Benetton una policía más cercana al lugar donde, se preveía, surgirían los conflictos de reclamos de devolución de tierras después de promulgada la ley 26.160”.

La Vaca  Leer

 

 

“Volvamos a insistir en el debate sobre el extractivismo y entender que no es un debate sobre la extracción. El modelo se basa en la extracción pero tiene todo un circuito de acumulación de capital que está también en la distribución, en la construcción de infraestructura, en el financiamiento... es toda una arquitectura. Es el modelo de acumulación de capital a nivel nacional, es un circuito que va desde la exploración extracción y pasa luego por la venta, la captación de un excedente y todos los mecanismos de distribución que reproducen el extractivismo, que legitiman el extractivismo."

 

 

 

Emiliano Terán Mantovani: “Con el Arco Minero del Orinoco estamos frente a un suicidio…”

6 de septiembre de 2017

 

Investigador y activista, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con una Maestría en Economía Ecológica de la Universidad de Barcelona, trabaja en circuitos de investigación militante, relacionados con círculos regionales en América Latina. Circuitos que tienen que ver con el debate y la lucha medio ambiental, e igualmente en el activismo que está relacionado con los movimientos ecologistas. Sobre todo con los ecologismos ligados a las luchas populares, por los territorios, por los bienes comunes, contra las desigualdades generadas por los impactos ambientales. En debate directamente relacionado con el cuestionamiento al modelo. Es parte de grupos como Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Red Oilwatch Latinoamérica y otras organizaciones que acompañan luchas de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, contra los impactos del extractivismo. Fue Mención del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es uno de los jóvenes intelectuales y activistas comprometidos con los procesos de transformación más destacado del país.

 

Cuál es tu principal preocupación por el avance de la ampliación de la frontera extractiva en el último tiempo en Venezuela.

Hay varias preocupaciones. Pero hay una fundamental: A lo largo de la historia venezolana hemos estado planteándonos salir del modelo, o empezar a salir del modelo, hemos atravesado momentos en que se llega a crisis profundas, momentos de bifurcación, en los que está planteado salir del modelo o continuar en él. Hoy estamos otra vez en uno de esos momentos. Hay que insistir en que éste no es un debate solamente de ecologistas sino que tiene que ver con el tema de la dependencia, que tiene que ver con la soberanía, porque es un modelo de altas concentraciones de poder de los sectores que capturan la renta.

 

Entonces una preocupación fundamental es que, en esta bifurcación, se están reformulando un conjunto de acuerdos que son o que suelen ser, acuerdos de largo plazo. Lo interesante para analizar es que son acuerdos de fuerzas muy negativas para el Estado Venezolano, es decir no son acuerdos de partes con potencialidades políticas iguales, sino que se estos acuerdos tienen que ver con concesiones, tienen que ver con desregulaciones, flexibilización creciente, formas de favorecimiento al desmontaje de la visión nacionalista energética que ha tenido en su momento el presidente Chávez. Y que estos acuerdos se van haciendo orgánicos, por ejemplo, la concreción de los acuerdos de PDVSA con el capital foráneo que ya no sólo aparecería como “accionista” sino como “prestatario”, citando a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA.

 

Qué significa esto, y ésta es la trampa de lo que yo llamo el neoliberalismo mutante: por más que en términos formales, yo estado o PDVSA sea accionista mayoritario y tu privado, transnacional, seas minoritario, si tu pones tu capital accionario y además me prestas para que yo coloqué el mío, esto termina enredándose en una forma en la que en realidad tú tienes el control. Todo aquel que tiene la gran parte de la inversión, controla. Piensa por ejemplo en la participación de Estados Unidos en el FMI, en el Banco Mundial, o lo que supone el mecanismo de endeudarte, en lo que respecta al control de la relación económica o política que se tiene con respecto a las decisiones sobre los modelos económicos, de negocios, políticos, etcétera.

 

Por eso sostengo que el modelo que se está configurando desde hace dos años en Venezuela y la respuesta que se ha tratado de plantear es la siguiente: intentar hacer un piso mínimo, el que permitiría un flujo de caja mínimo para el gobierno y que las retribuciones se hagan de ese piso hacia arriba. En síntesis el planteamiento es subir el extractivismo en todos los ámbitos para poder retribuir con ese excedente, con lo que sería ese nuevo aumento del extractivismo, a la ganancia y a la devolución de la inversión en esos casos.

Esto supone además, una expansión de todos estos elementos que hacen a la arquitectura del extractivismo en Venezuela. Y que abre a otra preocupación que calza en esta situación, es toda la reconfiguración social que está ocurriendo en los territorios.

Hay que pensar por ejemplo en lo que escribía Rodolfo Quintero, toda la transformación antropológica, económica, social, cultural que se daba en los campos petroleros. Lo que está ocurriendo en San Diego de Cabrutica o en la zona sur de Monagas, todos estos cambios sociales que tiene que ver con afectación de tierras cultivables, problemas de agua severos, la migración de formas de trabajo productivo al taladro, provocando un mayor abandono de la agricultura, una agricultura extremadamente precarizada como lo está en la actualidad. Entonces lo que tienes es dos tendencias opuestas en términos de la crisis.

 

Una tendencia de una enorme gravedad, con una población de muchas décadas asimilada a la economía rentista, a los sectores terciarios de distribución de la renta, y una necesidad histórica de producción interna que necesita una subjetividad que tenga alguna cultura del trabajo. Entonces tienes dos tendencias que están caminando en sentido contrario y que va a agravar la crisis. La otra consecuencia es el tema ambiental, yo entiendo que el tema ambiental tiene poca incidencia en el país, por la fragilidad de los movimientos ambientalistas. Pero además, sobre todo por la poca información que existe sobre el problema ambiental.

Por ejemplo, el tema ambiental del agua en Venezuela es gravísimo, ahí tenemos varias bombas de tiempo. Por ejemplo lo que está ocurriendo con los embalses de Pao Cachinche y Camatagüa que atienden a 10 millones de personas en el país, que está proveyendo agua con más escases, por la incapacidad de potabilización. Porque viene además contaminada por diversas razones, pero entre ellas el proyecto de trasvase de agua para evitar que el lago de Valencia siguiera creciendo, pero entonces estamos tomando agua con heces aquí en Caracas, en Valencia y Maracay es peor, y esto es una bomba de tiempo política. Te voy a dar un ejemplo: en el 2014 hubo una crisis del agua en Sao Paulo en la cual Dilma Rousseff termina declarando que esa crisis se convierte en un asunto de Seguridad Nacional, por qué lo declara, porque una ciudad de más de 12 millones de personas colapsando por la escasez de agua es claramente una crisis política. Lo mismo en los Estados Unidos declara problema de seguridad nacional el tema, por ejemplo, del cambio climático.

 

Esta tendencia es a que se agrave porque hay negligencia e incapacidad para atenderlo. Y el extractivismo produce una agudización, una profundización de estos patrones. La expansión del extractivismo para dar un ejemplo concreto, generaría una contaminación severa del Río Socuy, que alimenta embalses fundamentales para suministrar agua a la población de Maracaibo, del Tablazo, de San Francisco, donde hay también millones de personas, ahí tienes también problemas de seguridad. Yo lo veo desde el punto social y ambiental, pero si lo tomamos del punto de vista más político hay una cosa de seguridad nacional con esta crisis.

 

Y el Arco Minero del Orinoco ni se diga las consecuencias. Pero es bueno mencionarlas. El 4% del agua que consumimos está en la zona norte costera donde vive el 90% de la población. Es decir nosotros dependemos de las cuencas hidrológicas del sur del país. Cuencas hidrológicas que ya están sumamente contaminadas por varias razones. Entre ellas la contaminación que producen las industrias básicas, el tema petrolero, pero también por la minería ilegal, es decir una cosa dramática, esta expansión del cianuro en las aguas. El tema del Arco Minero sería llevar a una devastación el tema del agua. Hay datos científicos de lo que llaman la huella hídrica del oro, que te dice que para obtener una onza de oro necesitas mil litros de agua. Y en el proyecto del AMO, estamos hablando de 7000 toneladas de reservas de oro que se plantea sacar. Tal vez no las saquen completas, pero el dato sirve para tener una idea de los billones y billones de litros de agua comprometida, sólo hablando de la extracción de oro. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda en decir que estamos frente a un suicidio socio ecológico en puertas. Un muerta lenta. Y los que contrarían estos argumentos hablan justamente de un tema de seguridad y de soberanía. Pero que tengamos agua para vivir, es el verdadero tema de soberanía y seguridad.

 

Me parece que el debate del extractivismo ha sido poco comprendido porque no se entiende que toca todas las aristas de la vida. La arista cultural, la arista económica, la arista geopolítica y política, la arista ambiental y por supuesto la arista social.

Porque se supone que es en realidad la concepción del uso de la tierra y de la soberanía de los sujetos sobre esa tierra, nada más y nada menos. Entonces te diría que no sólo se trata de este nuevo avance de frontera, sino cómo se va a hacer el avance de frontera y el contexto histórico en el cual está este nuevo avance de frontera. Esto hay que detenerlo como sea.

Pero para eso hace falta politizar más el tema ecológico, que se entienda que es un tema que tiene ver con territorio, con vida. Y yo no diría sólo que crezca el reclamo de las organizaciones ambientalistas sino que hay que ecologizar también las luchas populares que tienen que ver con sindicatos. Por ejemplo los sindicatos que se han movilizado, aunque el reclamo no sea estrictamente ambientalista, sino por reclamos que hacen a la salud de los trabajadores, son los sindicatos del complejo petrolero industrial de Jose. Así sea por su seguridad laboral, pero por ahí hay algo que va haciendo el vínculo.

 

Vamos a cambiar de tema. Cómo ves la Constituyente…

Reconociendo de mí parte lo descabellado de la propuesta de la Constituyente y los claros visos autoritaristas que se han mostrado en el gobierno, mi punto es tratar de analizar el conjunto de actores sociales, la idea de este empate catastrófico en el que estaríamos, de una relación de fuerzas bastante similares. Al mismo tiempo la noción de la polarización gobierno oposición no explica la cantidad de actores que están en interacción en ese sentido. Creo que habría que entender, no sólo la Constituyente como una posibilidad, sino la aparición de múltiples posibilidades. Inclusive algunas inesperadas. Reconociendo un poder que quiere aprovechar la Constituyente para tales o cuales cosas negativas. Incluso sea porque el gobierno termina de derrotar a la oposición, o porque se genera un pacto, como la Constituyente ha quedado controlada por los mismos de siempre, es decir los constituyentistas elegidos, es potencialmente un peligro para hacer una reestructuración de corte neoliberal.

Pero insisto en que también hay que verla como un campo en disputa. Aunque el campo popular esté fragmentado, esté bastante afectado por la situación, por el nivel de confusión de lo político que se establece hoy en día. Habría que reconocer que la constituyente fue asumida por muchos activistas de la base popular chavista como una lucha. Y esto no se puede desconocer. Los pueblos tienen unos tiempos, es una paradoja, porque las necesidades de las transformaciones a veces son urgentes, pero los pueblos tienen sus tiempos.

 

El campo popular del chavismo que yo reconozco como el campo con mayores potencialidades, el que ha asumido las banderas más claramente transformadoras, revolucionarias en muchos sentidos, reivindicativas en muchos sentidos. Que son sujetos que generan críticas, que entienden los riesgos de otras alternativas, pero que también asumen el desafío del momento actual, y no lo digo intelectualmente, lo he visto en las discusiones. Ahí habría que pensar y entro directamente a la constituyente, como este desafío, denunciado hasta el cansancio sobre el autoritarismo y las reformas neoliberales que allí se busca, pero también comprender este proceso de disputa. Que no se puede dar un paso al costado frente a él, y ver cómo plantear las cosas que estamos criticando. Cómo las reformas del marco jurídico y de las probables transformaciones en la gobernabilidad tienen que ver con una reestructuración económica. Tenemos que posicionar ese tema, pero hacerlo desde ese tejido social y no desde afuera. Porque para mí lo contrario lleva a una soledad política que frena los avances.

 

Pero ¿en esa disputa también entran los capitales transnacionales?

Esa es una disputa de disputas. Estamos hablando de una disputa desde el campo popular. El campo popular no es homogéneo tampoco, y esas disputas se generan a lo interno, es decir vamos a debatir cuáles son las potencialidades políticas que van más allá del marco jurídico de este proceso, y cuáles son los peligros que están allí.

Pero ¿por qué? Porque al menos desde el año 2014, los que venimos siguiendo el campo económico estamos viendo procesos progresivos de flexibilización económica, desregulación, tasas preferenciales para las corporaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, zonas económicas especiales, reestructuración de la deuda con China. No es casual por ejemplo que la reestructuración de la deuda con China en 2014, sale en gaceta, y un tiempito después sale las zonas económicas especiales. Recordemos que el FMI prestaba a cambio de reestructuraciones. Entonces hay que preguntarse qué significa el consenso de Beijín en ese sentido.

Pero el capital internacional necesita garantizarse un marco jurídico para sus reestructuraciones, incluso el capital que no está y quiere venir. Y cómo el gobierno ha insistido, en su retórica, en su discurso, está planteando un marco de inversiones especiales para atraer al capital, para que venga a invertir en el país, y cómo eso está de la mano de una política y de unas políticas concretas que se formalizan en Gacetas, en Decretos y tal. Y cómo eso está totalmente conectado, al menos en su potencialidad, el peligro que tiene en un proceso constituyente, liquidar articulados o secciones de la Constitución que representan una barrera jurídica para una desregulación más amplia.

Una apropiación con la que el capital obtendría los recursos naturales o de los mercados venezolanos, y está necesitando derribar toda una normativa que existe. Y estas reformas están siendo solicitadas por el capital transnacional. Y en este punto no olvidemos el nivel de deuda que tiene Venezuela. Recientemente un informe de la CEPAL indica que Venezuela tiene una deuda de 130.000 millones de dólares, y el mismo informe señalaba que el país lo puede sustentar. Porque justamente el tema es ese, Venezuela tiene un nivel de recursos, de “riquezas materiales, precisamente lo que sugiere la CEPAL es que puede pagar y pagar bien pero, hay que agregar que se haría hipotecando el futuro del país.

Entonces: la deuda acompaña a las peticiones del capital foráneo y hay un peligro claro dentro del marco de la constituyente, de que esas reformas terminen tocando ya el centro de la tierra, el núcleo del proyecto de la revolución bolivariana que no es sólo conceptual sino que tenía que ver con un proyecto al menos anti neoliberal ya que no era anticapitalista. La pregunta es ¿a quién hay que convocar a detener ese proyecto?, para mí al chavismo popular.

Estamos frente a una encrucijada histórica de los últimos 100 años, si el chavismo popular aprueba esto, es una desvirtuación de su propio sentido de ser histórico. Este es un peligro y el otro es: qué es lo que va a hacer el chavismo popular. Esta es parte de la disputa. Porque aquí ya no hay soluciones fáciles. Desde mi punto de vista lo que va a haber es un largo periodo de conflicto, que probablemente sea un conflicto de alta intensidad. Porque probablemente ha terminado un ciclo de batallas pero vendrán otras próximamente.

E insistir, sobre todo, en el debate del extractivismo. Porque nosotros somos una economía que se basa en que el capital foráneo extrae, nos despoja de nuestros bienes comunes, que deja una gran devastación ambiental, que deja culturalmente una dependencia de la renta, que nos deja cada vez más lejos de una cultura productiva. Que aunque yo, personalmente, creo que la idea de sembrar el petróleo es inviable, al menos como se planteaba en este proyecto, también creo que eso no significa que no se pudiera usar los excedentes para otras inversiones.

Creo que el proyecto es otro. Que hay que elaborarlo, creo que hay que seguir trabajando en la crítica sobre el modelo rentista, capitalista venezolano. Entender que el capital traza las rutas de la próxima fase económica sobre el extractivismo. Es decir el capital foráneo no va a orientar a la economía venezolana hacia un modelo producción industrial. Va a aprovechar el potencial económico venezolano que es el extractivismo. Y eso significa que los males que hemos conocido históricamente se van a reproducir, pero en un contexto más caotizado y de colapso histórico del modelo.

 

Entonces el debate sobre el extractivismo no es una cuestión adicional para pensárselo con tiempo. Es un debate sobre el modelo, un debate presente. Tiene que ver con el contexto de la dependencia. Del colonialismo. Ese es también un debate sobre los progresismos. No es sólo responsabilidad del progresismo, pero la situación actual es también reconocer que hubo políticas que no se dieron. Y esto no se puede evadir eternamente. Porque para estos debates nunca fue el momento. Al menos esto es lo que siempre se ha dicho desde el poder.

Hay que hablarlo y hay que volver a insistir en el debate sobre el extractivismo y entender que no es un debate sobre la extracción. El modelo se basa en la extracción pero tiene todo un circuito de acumulación de capital que está también en la distribución, en la construcción de infraestructura, en el financiamiento, todo eso está ahí. Extractivismo es toda una arquitectura. Es el modelo de acumulación de capital a nivel nacional, es un circuito que va desde la exploración extracción y pasa luego por la venta, la captación de un excedente y todos los mecanismos de distribución que reproducen el extractivismo, que legitiman el extractivismo. Eso es lo que nos interesa analizar.

 

Como están los movimiento sociales y la reacción frente a este plan extractivista en América Latina.

Los movimientos empezaron a reaccionar ante una mayor politización del tema ambiental, una mayor politización del tema indígena, una valoración política de estos temas. Estos temas estuvieron durante mucho tiempo en un baúl, no eran considerados temas importantes. Y eso hay que decirlo autocríticamente como parte también de una tradición de una izquierda que no le interesó este tema por mucho tiempo. No eran sujeto de la revolución.

 

Y lo curioso fue que el sujeto de la revolución en Bolivia, por ejemplo, era el indígena, para darte un ejemplo. Luego los proyectos de los progresismos empiezan a prometer una transformación, empiezan a hablar del buen vivir, de los pueblos indígenas, del socialismo indoamericano, empiezan a hablar de los derechos de la naturaleza, empiezan a hablar de salir del modelo de la dependencia, elementos que tomó el gobierno de Chávez, que habló del buen vivir, lo que pasa es que terminó siendo una tarjeta de crédito. Chávez reivindica a los indígenas cuando coloca el capítulo octavo de la constitución, y reivindica la naturaleza con el capítulo séptimo, el de los derechos ambientales.

 

Estas demandas que eran previas, fueron tomadas por Chávez. Esto no es casual, esto viene de una corriente de lucha, por un cambio de cultura política de una nueva valoración, que no se quedó ahí. Pero los progresismos comenzaron nuevamente a relanzar el extractivismo, empezaron a profundizar este modelo, teniendo conflictos con las comunidades en todos los países, con marchas, movilizaciones y ocupaciones a veces violentas en muchos países. Aquí la lucha Yukpa fue bandera. Y aunque otras luchas no salieran tan públicas igual se dieron. Hay una lucha en la península de Paraguaná, gente afectada por Cáncer. Desde los años 90 por ejemplo, contra el puerto de aguas profundas que quieren poner en la península de Araya. Aquí los pueblos indígenas se han pronunciado contra la minería ilegal y algunos contra el Arco Minero del Orinoco, y hay luchas muy fuertes porque están defendiendo su territorio.

 

Estas fueron luchas en la región y que aquí tuvieron poca resonancia pero esto es lo hay que cambiar. El giro político que tenemos que dar es en la identificación de los nuevos sujetos revolucionarios, si quieres verlo así. Es un sujeto campesino también, también, no es únicamente campesino, es un conjunto, es la mujer, es el indígena, es un sujeto urbano, y no por un tema de proporción porque la proporción en Venezuela, por ejemplo, es muy desigual, el sujeto urbano es más del 90%. Es tomar los saberes ancestrales, el concepto de territorio. No hay diferencias sustanciales entre el proyecto de la comuna y el proyecto que tienen los pueblos indígenas, porque es comunal también.

Creo muy importante y necesario recuperar la dimensión del territorio. Es como que para nosotros el espacio geográfico fuera una abstracción, eso revela un desligue con la tierra, el territorio y los bienes comunes. ¿Qué significa esto? El problema del agua podemos decir que en un caso determinado fuera un proyecto a futuro, pero no es el caso nuestro. El problema del agua en Caracas es cada vez más dramático, en Valencia, en Maracay, en el Zulia, y en casi todo el país, en Lara, en la Región Guayana, en el Oriente por el tema petrolero. Es un problema político, social, cultural, eso es necesario incluirlo en las demandas sociales políticas. Y entender que hay una posibilidad en este momento justamente por la crisis, para una subjetividad más integral, precisamente se puede unir las demandas que tienen que ver con las reivindicaciones del trabajo y las que tienen que ver con la reproducción de la vida. Este sujeto tendría una potencialidad enorme.

Hace muy poco estamos tratando de retomar el debate por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que cuestionó recientemente Luis Brito García. El sugiere eliminar los derechos indígenas en la Constitución, pero ese debate no es sólo sobre los derechos indígenas, es un debate contra la concepción que se tiene sobre el territorio, sobre el extractivismo, sobre el poder, esta todo allí. Y buena parte de lo que llamo chavismo popular, verá entonces que ese no es su proyecto. Se preguntarán, 500 años esperando, postergando y ahora viene un intelectual del chavismo a cuestionar lo que habíamos avanzado.

Entrevistó Carlos Carcione. UPC de CER Latinoamericana para Aporrea.org

Aporrea

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Emiliano_Teran_Mantovani_Con_el_Arco_Minero_del_Orinoco_estamos_frente_a_un_suicidio

En consecuencia, abajo y a la izquierda sin fronteras, debemos generalizar la conciencia sobre que en nuestra América "somos una economía que se basa en que el capital foráneo extrae, nos despoja de nuestros bienes comunes, que deja una gran devastación ambiental, que deja culturalmente una dependencia de la renta, que nos deja cada vez más lejos de una cultura productiva". También nos deja enfermos, hambrientos, sedientos, desempleados, expulsados, criminalizados y encarcelados. Aún más, nos adjudican la violencia del sistema.

 

Sigamos con las reflexiones de Emiliano Terán Mantovani. Ahora referida a la importancia de las resistencias socioterritoriales: "Estas fueron luchas en la región y que aquí tuvieron poca resonancia pero esto es lo hay que cambiar. El giro político que tenemos que dar es en la identificación de los nuevos sujetos revolucionarios, si quieres verlo así. Es un sujeto campesino también, también, no es únicamente campesino, es un conjunto, es la mujer, es el indígena, es un sujeto urbano, y no por un tema de proporción porque la proporción en Venezuela, por ejemplo, es muy desigual, el sujeto urbano es más del 90%. Es tomar los saberes ancestrales, el concepto de territorio. No hay diferencias sustanciales entre el proyecto de la comuna y el proyecto que tienen los pueblos indígenas, porque es comunal también.Creo muy importante y necesario recuperar la dimensión del territorio".

 

Apreciemos porqué es fundamental generalizar el involucramiento en todas las disputas por arraigar territorios y comunalidades libres de:

 

Extractivismo, enclaves y destrucción ambiental

18 de agosto de 2014

Por Renán Vega Cantor (Revista CEPA)

 

 

En las últimas décadas se impuso un modelo primario exportador, similar al que conoció el país en la segunda mitad del siglo XIX, lo que ha venido acompañado de la desindustrialización, la penetración renovada del capital extranjero, principalmente de las multinacionales imperialistas, la expropiación de bienes comunes y la imposición del dogma de las ventajas comparativas, como criterio que justifica nuestra especialización en producir bienes primarios. Cada uno de estos aspectos ameritaría un análisis detallado, pero nos limitamos a mencionar los aspectos generales del capitalismo extractivista que se consolidó en el país, y que se constituye en un factor importante para explicar lo que acontece en Colombia en estos momentos.

Características

El extractivismo no se refiere solamente a la explotación de minerales o hidrocarburos, sino que incluye a diversas actividades económicas que se realizan en el país. El extractivismo se podría definir como el conjunto de actividades económicas –con sus correspondientes derivaciones militares, sociales, políticas, ideológicas y culturales– que posibilitan el flujo de materia, energía, biodiversidad y fuerza de trabajo desde un territorio determinado (en este caso Colombia) hacia los centros dominantes en el capitalismo mundial, donde se consumen a gran escala para garantizar la reproducción del capital. El extractivismo tiene características que lo identifican como modelo económico y social, con unos mecanismos particulares de funcionamiento político, como se describe brevemente a continuación. 

En el extractivismo retornan las economías de enclave –un concepto que se creía enterrado en la historia latinoamericano y que hace unas décadas sonaba como un anacronismo–, en la medida en que las inversiones extranjeras de “tipo productivo” que se implantan en el territorio nacional (en las ciudades y en el campo) operan con la mirada puesta no en el mercado interno sino en el mercado mundial. En los enclaves no se efectúan procesos de acumulación de capital en el plano local y/o nacional –con los encadenamientos productivos que eso generaría– sino que las actividades se desenvuelven en consonancia con los intereses del capital transnacional, cuyo funcionamiento está ligado a los grandes mercados de los países centrales. Como enclaves operan los agronegocios, la minería pero también las zonas turísticas, los parques naturales, y los espacios urbanos que están vinculados el capitalismo mundial. Como economía de enclave de tipo extractivista funciona la producción de flores en la sabana de Bogotá, que supone el traslado de agua al mercado mundial. Son enclaves las maquilas, las zonas francas, los puertos y también los eslabones de la “economía ilegal” (una noción cada día más difícil de usar por la hibridación con lo legal), ligados a la trata de personas– al tráfico de especies animales, al comercio mundial de estupefacientes, al blanqueo de divisas… 

Las relaciones laborales que se imponen en los enclaves borran los derechos de los trabajadores, puesto que anulan sus conquistas históricas e implantan la flexibilización y la precarización como norma dominante. Aparte de que generan poco empleo, y este es efímero, aumentan los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, con la finalidad de incrementar la tasa de ganancia de las inversiones efectuadas. Los parámetros laborales que se imponen en toda la economía replican lo que sucede en los enclaves, que viene a ser la generalización de los salarios chinos, no importa si se trata de actividades propiamente primarias, o del sector servicios, o de lo que queda de industria. Al mismo tiempo, se eliminan los sindicatos y se obstaculiza la lucha colectiva de los trabajadores, a la par con el incremento del trabajo informal, la terciarización laboral, y la eliminación de los derechos de los hombres y mujeres que viven de su trabajo. La degradación laboral se convierte en una de las cartas de presentación que ofrece el Estado y las clases dominantes locales para atraer inversiones extranjeras, quienes argumentan que en este país existe una fuerza de trabajo barata, capacitada y sumisa dispuesta a dejarse explotar por los inversores extranjeros que quieran invertir su capital en nuestro territorio. 


El Estado es el garante de la imposición de estas condiciones laborales, las que se usan como un gancho que atrae a los emprendedores extranjeros.
En lo esencial, el Estado es un peón al servicio del imperialismo y de sus empresas, y toda su política está destinada a presentarse como el “alumno más aventajado de la clase” a escala regional, es decir, el que está dispuesto a dar lo que sea sin contraprestación alguna e incluso pagándole a las multinacionales para que se llevan nuestras riquezas naturales. Al respecto, el estudio Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista afirma que entre el 2005 y el 2010 “las empresas mineras pagaron en promedio $878 mil millones anuales por concepto del impuesto a la renta”, pero en ese período “tuvieron deducciones, descuentos y exenciones que representaron un gasto tributario para el país de $1,78 billones. Es decir, por cada $100 efectivamente pagados por este concepto, las empresas mineras tuvieron descuentos que terminaron representando pérdidas para el Estado de más de $200. Esto significa que por cada peso que pagan esas empresas, el Estado les concede dos, que provienen de los dineros que los habitantes comunes y corrientes le cancelamos al Estado por concepto de impuestos. En síntesis, las ETN vienen a un territorio de Colombia, expulsan a las comunidades que allí habitan, destruyen los ecosistemas, contaminan las aguas, dejan luego de pocos años un tremendo cráter de miseria y destrucción, y aparte de todo les pagamos para que hagan todo eso. 

Los enclaves vienen acompañados de la militarización de los territorios, porque el Estado se compromete a proteger las inversiones extranjeras, con el pretexto de que esa es la condición que garantiza la permanencia de esas inversiones. Por esto observamos que en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de las fuerzas represivas del Estado para resguardar las zonas de extracción de minerales e hidrocarburos, y los lugares donde se siembran los cultivos de exportación. La militarización no solamente la efectúan las fuerzas legales, sino los grupos paraestatales que son un componente esencial del modelo extractivista, creadas, financiadas y auspiciadas tanto por el Estado como por empresarios locales y transnacionales, como lo demuestran los ejemplos del banano en Urabá, del carbón en la costa caribe, de la palma aceitera en el Choco y en la costa pacífica. Los enclaves no generan modernización ni innovación tecnológica propia, sino que allí se implantan, cuando se hace, la tecnología que es producida y controlada por las multinacionales. 

En concordancia la economía y el territorio colombianos se han convertido en una especie de basurero para la chatarra producida por las multinacionales, algo que se acentúa con los Tratados de Libre Comercio, que facilitan el ingreso de las tecnologías que ya se consideran obsoletas en esos lugares, como sucede, por ejemplo, con las armas, aviones y máquinas de guerra que el Estado colombiano le compra a Estados Unidos, la Unión Europea o a Rusia. Adicionalmente, nuestro territorio se convierte en el basurero de los residuos contaminantes que se exportan desde los centros imperialistas, lo cual se legitimó en términos legislativos en los últimos años con la Resolución 809 de mayo 10 de 2006, que autorizó el ingreso a Colombia de residuos tóxicos y peligrosos para la salud y el medio ambiente. Los Tratados de Libre Comercio rematan la arquitectura institucional en el plano interno del país, para consolidar la lógica extractivista, lo cual se fundamente con dispositivos jurídicos que protegen al capital transnacional. Estos tratados se sustentan en la teoría de las ventajas comparativas que revive el esquema de división internacional del trabajo del siglo XIX y que nos condenan irremediablemente a abandonar cualquier intento de construir una economía propia y autónoma y nos obligan a vivir prisioneros de la exportación de materias primas agrícolas y minerales.

En términos de la propaganda, adquieren fuerza el imaginario de enclave y la mentalidad extractivista (propio del colonialismo interno) que se basa en el prejuicio de pensar que el comercio internacional en sí mismo es la garantía de acceder al progreso, la modernización y la prosperidad. Ese mentalidad extractivista domina todas las actividades, como el deporte, la educación o la salud, por lo que no sorprende que los padres quieren que sus hijos sean exitosos futbolistas que conquistan el mercado europeo, o que el objetivo de los dueños de las universidades sea la competitividad, para lo cual preparan fuerza de trabajo barata y sumisa que le sirva al capitalismo transnacional en distintos frentes. Con el imaginario de enclave se impone la idea que el modelo exportador constituye la tabla de salvación del país, y quienes se oponen –trabajadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes- son considerados como enemigos del progreso y del bienestar que se supone genera el libre comercio. 

Consecuencias

El extractivismo tiene consecuencias nefastas en el ámbito social y ambiental. En el plano social destruye y desestructura a las comunidades locales, introduce nuevos hábitos y pautas de consumo, genera una mentalidad rentística y obliga a los habitantes de un territorio a subordinarse a los intereses de fracciones minoritarias de las clases dominantes que se articulan con el mercado internacional y se apropian de algunas migajas que les deja el libre comercio. El extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de los bienes comunes de tipo natural, que replican la eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza de recursos. Al mismo tiempo, se destruyen a las comunidades indígenas, y las que sobreviven son incorporadas brutalmente a la lógica extractivista, como acontece en Arauca, Boyacá, los Llanos Orientales, para mencionar algunos casos. 

La destrucción de los ecosistemas por el extractivismo forma parte de la historia de la actual Colombia desde la época de la dominación española. Ahora, el extractivismo contemporáneo acelera esa destrucción en la medida en que involucra a todas las actividades económicas y cubre la totalidad del territorio nacional. La puesta en marcha de megaproyectos mineros y agrícolas altera en forma inmediata y, en la mayor parte de los casos, de manera irreversible la riqueza natural de nuestros suelos y subsuelos. Los ejemplos abundan, como se comprueba con el impacto negativo de desviar ríos, como en el Quimbo (Huila), en Ituango (Antioquia), o en la Guajira (con el río Ranchería), para satisfacer el apetito de las empresas que extraen bienes naturales. 

Otro ejemplo de actualidad es lo que sucede en Paz de Ariporo (Casanare) –el segundo municipio más grande del país, con una extensión mayor que departamentos como Quindío. Risaralda, Atlántico y Sucre- en donde hace pocas semanas murieron miles de chigüiros, babillas, y otras especies de la fauna local, como resultado de la confluencia de diversas actividades depredadoras, entre ellas las de tipo extractivo. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) los acontecimientos trágicos de Casanare son un resultado de la combinación funesta de por lo menos “cinco pecados”: impacto destructivo en los páramos de alta montaña, donde nacen los ríos que surten al Casanare, por la introducción de cultivos y ganadería; una ganadería intensiva que compacta los suelos y obstruye la infiltración de aguas lluvias y escorrentía; una baja capacidad de retención de humedad debido a la textura arenosa de los suelos; una limitada capacidad productiva de los suelos; y, la utilización de aguas subterráneas por parte de las empresas petroleras, que agrava una situación local que ya se encuentra afectada por las modificaciones climáticas. 

En cuanto al impacto de las actividades petroleras, debe recordarse que en el Departamento de Casanare operan las compañías Geopark, Perenco, Pacific Stratus Energy, Parex, New Granada Energy, Cepcolsa, Petrominerales, Ecopetrol, Canacol, Interoli, Adventage. En toda la Orinoquía colombiana estas empresas extraen diariamente 720 mil barriles de petróleo y 15 millones de barriles de agua, un dato que en sí mismo indica la magnitud del hidrocidio en marcha. En este contexto destructivo, resulta tragicómica la declaración del viceministro de Energía Orlando Cabrales, quien aseguró al conocer la magnitud del ecocidio del Casanare que las empresas petroleras no eran responsables y, en un verdadero oxímoron, aseguró que “agua y petróleo no son antagonistas. Son el futuro y el gran desafío que tiene este país para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”. 

La mortandad de animales, y la escasez de agua que se empieza a percibir en el territorio mencionado es el resultado de un desequilibrio en el ciclo hídrico, por la destrucción de paramos y humedales, el aumento en la demanda y consumo de agua para la exploración y explotación de petróleo, junto con la ganadería que seca los suelos y la demanda de agua por cultivos como el arroz y la palma aceitera. Según el profesor Orlando Vargas de la Universidad Nacional, “la sequía se origina en el mal manejo del suelo, la destrucción de las zonas de recarga acuífera y la falta de planificación del territorio”. 

Dicha tragedia ambiental está ligada en forma directa al extractivismo y al libre comercio, un vínculo criminal del que se tienen nefastos antecedentes históricos a nivel mundial, tal y como aconteció en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se presentaron los holocaustos de la era victoriana, que en un determinado momento fueron considerados como una derivación inmediata de los cambios climáticos que produce el fenómeno meteorológico de El Niño. Pero estas alteraciones no se dan en el vacío sino en condiciones económicas y sociales específicas, que aumentan el impacto destructor en la medida en que la producción local, que permite la subsistencia de los pequeños productores, ya no se dedica a alimentarlos sino que se exporta al mercado mundial. O también que la utilización del agua para propiciar la exportación de productos al mercado mundial destruye las fuentes hídricas y los ecosistemas, con lo que se garantiza la muerte de plantas y animales nativos, como un resultado directo del imperialismo ecológico. En concreto, en el período mencionado se presentaron terribles hambrunas que dejaron, como mínimo, 32 millones de muertos en India, China, Brasil y otros lugares del mundo, como resultado de la vinculación directa, por la vía del libre comercio impuesto a sangre y fuego por Inglaterra, entre la producción local de alimentos y su destino al mercado mundial. Mientras que los campesinos morían de inanición, el trigo y otros cereales que habían producido con sus manos y en sus tierras llenaba las arcas de los exportadores mundiales de alimentos que iban con destino principal a Europa. 

Esta referencia histórica sirve para recordar que hoy las condiciones climáticas son peores que hace un siglo y por lo tanto sus efectos son más destructores, porque un trastorno climático en marcha afecta al mundo entero, pero que impacta de manera inmediata a ciertas regiones. Investigaciones recientes recalcan que las zonas tropicales (en donde se encuentra Colombia) son las primeras afectadas, básicamente por su estabilidad climática y por su biodiversidad. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el cambio climático señala que uno de los países más afectados es y va a ser Colombia, por la deforestación, la contaminación hídrica, la minería y la ganadería extensiva. Algunos hechos lo indican con preocupante contundencia. Por ejemplo, los glaciares están muriendo aceleradamente ante nuestros ojos y al ritmo actual los que quedan van a desaparecer en las próximas décadas: en los últimos 60 años el área de los glaciares se ha reducido en un 60% y de 19 glaciares que teníamos en nuestro territorio en 1900 hoy sólo existen 6. Así mismo, de los 34 paramos que posee el territorio de Colombia (donde se encuentra el 49% de todos los que existen en el mundo) 22 están en grave riesgo de destrucción, como resultado de la ganadería, las quemas, la explotación minera y la expansión de la frontera agrícola. 

Hoy las condiciones son más adversas que en la época victoriana –un momento en que hasta ahora estaba despegando la explotación del petróleo, rodaban los primeros automóviles en algunas ciudades de los Estados Unidos, en el mundo existían 1.650 millones de personas y la mayor parte de la gente vivía en el campo–, a la hora de considerar la retroalimentación entre el trastorno climático a escala global (que está en marcha en forma acelerada e irreversible) y los fenómenos locales (como el de Paz de Ariporo), que están relacionados con el funcionamiento del capitalismo extractivista. Además, lo acontecido en Paz de Ariporo indica a nivel micro y por anticipado cómo van a ser las guerras climáticas, en las cuales la sed insaciable de materia y energía del capitalismo destruye los hábitats locales al tiempo que exacerba la lucha por la supervivencia de los más pobres, que ya no tienen acceso ni siquiera al agua, y condena a la extinción a especies animales y vegetales, junto con la destrucción de la biodiversidad y de los ecosistemas. En este sentido, lo que sucede en Casanare es una terrible advertencia de lo que nos espera con el trastorno climático. 

Luchas

En diversos lugares del territorio colombiano se han presentado protestas, resistencias y rebeliones contra el extractivismo y sus variantes. Según un estudio realizado para el Atlas Global de Justicia Ambiental, en estos momentos en Colombia se presentan 72 conflictos socio-ambientales. En Tolima, Santander, Cauca, los Llanos Orientales y otros lugares de Colombia se han desplegado notables protestas y la gente se organiza de múltiples formas para enfrentar la “locomotora minera” y los proyectos extractivistas. Entre esas luchas se destacan las libradas por los habitantes de Cajamarca y San Turban contra la minería del oro, y también las de los trabajadores petroleros en Puerto Gaitán contra la Pacific Rubiales., aunque tienen sentidos diferentes. Mientras los trabajadores petroleros están interesados en mejorar las condiciones de trabajo, sin cuestionar la misma extracción de petróleo, y las organizaciones laborales, como la Unión Sindical Obrera (USO) propenden por la nacionalización de los hidrocarburos y su explotación por parte del Estado, las comunidades locales, campesinas e indígenas, buscan que no sean extraídos esos bienes comunes de las entrañas de la tierra. Esto último se expresa en la lucha de los pobladores de El Tolima, que saben lo que implica la apertura de una descomunal mina de oro. Por eso, llevan años denunciando ese crimen social y ambiental, como lo ratificaron en la consulta de Piedras, donde el 99% de los votantes dijeron no a la AngloGold Ashanti. 

La oposición al extractivismo en Colombia ha tenido un mayor calado en aquellas regiones en donde las comunidades locales sienten directamente afectadas sus condiciones de vida y de subsistencia y lo hacen, además, a partir de una defensa del territorio en donde entran en juego otras nociones de territorialidad, producidas por y para las mismas comunidades. Esto indica que, en contra de la propaganda de la globalización que nos anuncia el “fin de los territorios”, éstos adquieren una renovada fuerza para el capital y, por lo mismo, en esos lugares concretos es donde se ponen en juego las estrategias de lucha y de construcción de nuevas alternativas, desde abajo y desde el sur, como ha aflorado en los últimos años con los paros agrarios. 

Gran parte de los conflictos ambientales se ubican en zonas habitadas por comunidades indígenas y pueblos afrocolombianos, como acontece en la Costa Atlántica en donde grupos étnicos soportan y se enfrentan al impacto negativo de la explotación de carbón, la expansión de la Ruta del Sol, la construcción de represas (Ranchería y Puerto Brisa) y los proyectos turísticos en el Parque Nacional Tayrona. 

Aparte de los impactos económicos, sociales y ambientales del extractivismo en la vida cotidiana de las comunidades se despliegan un conjunto de antivalores (¿como cuáles?) que destruyen sus formas organizativas, sus tradiciones y sus relaciones ancestrales con sus territorios, tal y como lo demuestran los Awá, para quienes el petróleo es la sangre de la tierra y por lo tanto nunca debe ser extraído de las entrañas del suelo. Los conflictos socioambientales se constituyen en una respuesta de las comunidades al extractivismo, como se pone de presente con el hecho que hayan aumentado desde el momento en que se incrementó la concesión de títulos mineros durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. 

Notas:
Luis Jorge Garay (Director), Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista, Contraloría General de la República, Bogotá, 2013. 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/U/uso_de_toxicos_aun_en_entredicho/uso_de_toxicos_aun_en_entredicho.asp 
IGAC, Estos son los “cinco pecados” que podrían haber desencadenado la tragedia ambiental en El Casanare, en 
http://www.igac.gov.co/wps/wcm/connect/ 
Orlando Cabrales, “Agua o petróleo: un falso dilema”, 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13826183 
Citado en 
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/mala-planificacion- y-uso-del-suelo-atizan-sequia-en-los-llanos.html 
Mike Davis, Los holocaustos en la era victoriana tardía. El Niño, las hambrunas y la formación del Tercer Mundo, Universidad de Valencia, Valencia, 2006. 
Ver: “El alarmante informe sobre cambio climático”, Revista Semana, marzo 31 de 2014. 
IDEAM, Glaciares de Colombia: más que montañas con hielo, Bogotá, 2012; Greempace Colombia, Cambio climático: Futuro negro para los páramos, Bogotá, noviembre de 2009. 
Harald Welzer, Guerras climáticas. Por qué mataremos (y nos matarán) en el siglo XXI, Katz Editores, Buenos Aires, 2010. 
Colombia es el país con más conflictos ambientales de América Latina, 
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mapa/30830

(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; Capitalismo y Despojo, Ed. Pensamiento Crítico, Bogotá, 2013, entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008. Su último libro publicado es Colombia y el Imperialismo contemporáneo, escrito junto con Felipe Martín Novoa, Ed. Ocean Sur, 2014.

 

Artículo publicado en papel en la Revista CEPA No. 19, Bogotá 2014, que acaba de entrar en circulación. Rebelión lo ha difundido con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188553

 

 

Advirtamos porqué urge constituir otra sociedad y mundo posibles sobre la base de la percepción colectiva de objetivos y valores fundados en propiciar las condiciones cotidianas para la plenitud humana de los diversos de abajo.

 

"El texto siguiente forma parte de la intervención en las Jornadas «Otra economía está en marcha», de Economistas sin fronteras, y ha aparecido, en su versión completa como contribución al Dossier 26, Verano 2017 «Repensando nuestro modelo de sociedad y economía»".  

 

 

Fraternidad: la fuerza de las fragilidades

29 de julio de 2017

Por Alicia García Ruíz (CTXT)

Las prácticas del cuidado serán cada vez más relevantes, dada la vulnerabilidad potencial generalizada en todos nosotros y los formidables retos que plantean la demografía y la extensión de la desigualdad

Repensar el modelo de sociedad que responda a los desafíos actuales exige relanzar una idea básica de los movimientos emancipatorios de siglos pasados: la fraternidad. La fraternidad es tal vez la gran olvidada de la Revolución Francesa frente a los otros dos pilares que han concentrado el debate político del siglo XX y del actual: libertad e igualdad. Sin embargo, en un momento histórico como el que atravesamos es también el gran valor por reencontrar.

El retorno de la fraternidad, no obstante, debe venir acompañado por un contenido político específico, para no quedar reducido a un mero ornamento teórico de campañas electorales o un epíteto hermoso con el que despedir los correos electrónicos sindicales. Realidades humanas tales como el cuidado, los afectos, la reciprocidad, la vulnerabilidad, que pueblan la constelación de experiencias que han girado históricamente en torno a la fraternidad, deben ser incluidas de pleno derecho en la reflexión político-económica actual y tener por tanto una plasmación institucional.

 

En un contexto cada vez más áspero y descarnado como el del capitalismo en su actual fase de destrucción de la vida política, probablemente uno de los desafíos centrales y más urgentes será el de dar a tales experiencias una dimensión pública y reconocimiento político, en otras palabras, una encarnación. ¿Por qué? Porque el despliegue práctico de este ethos fraternal parece el único que puede garantizar la ciudadanía plena o activa en el marco de unas democracias cada vez más deterioradas y no limitarlas, como tan a menudo sucede, a un reconocimiento puramente abstracto y pasivo de derechos que día a día son vulnerados en las relaciones cotidianas económicas y laborales. Una sociedad fraternalista es una sociedad tejida de relacionalidad y respeto, una sociedad consciente de quiénes se quedan atrás, una sociedad que percibe el daño social y procura los medios efectivos para restañarlo.

 

En esta línea, en los últimos años, el concepto de «vulnerabilidad» ha adquirido una creciente relevancia en el debate ético y político. En muchos casos, aparece acompañado de un entramado conceptual formado por ideas tales como el cuidado, lo común o la interdependencia. Todas ellos pivotan en torno a la noción de relacionalidad. Es preciso rescatar esta idea de nuestra condición relacional de la órbita de la racionalidad sujeta a interés económico y reubicarla en una perspectiva más amplia. Ello no significa pasar por alto el importante impacto económico que tienen las actividades relacionadas con los cuidados, sino más bien reclamar la injusticia de que un conjunto de prácticas, los cuidados, que tienen un impacto económico muy significativo, sean invisibilizadas y menospreciadas en nombre de una falsa noción de sostenibilidad, como si no constituyeran actividades centrales para el sistema productivo. Estas prácticas de solidaridad fundamentales se consideran “no sostenibles” y por tanto la sociedad en su conjunto se desentiende de ellas. Pero, ¿qué significa “sostener” en realidad? ¿Quién sostiene a quién? Esa es la cuestión que hay que reformular.

 

EL ENFOQUE ESTÁNDAR DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y DEL REPARTO DE LA RIQUEZA SOCIAL CONTINÚA CONCIBIÉNDOSE SÓLO DESDE LAS SITUACIONES DE PLENITUD FÍSICA DE SUJETOS EN EDAD PRODUCTIVA

 

Todos somos “vulnerables” en nuestra dependencia mutua, que se manifiesta tanto intra como intergeneracionalmente. Ningún ser humano se basta a sí mismo. Todos sin excepción, y no sólo los afectados por algún tipo de dolencia incapacitante o infortunio, hemos sido y volveremos a ser dependientes, desde la infancia hasta la vejez. Sin embargo, el enfoque estándar de los derechos económicos y del reparto de la riqueza social continúa concibiéndose sólo desde las situaciones de plenitud física de sujetos en edad productiva. Esta perspectiva simplificadora actúa como un fotograma que congelase la moviola real de la vida humana.

 

La idea de “vulnerabilidad” no debe servir, sin embargo, como lamento sino como palanca de politización. En esta línea trabaja la reivindicación de las prácticas del cuidado, que surge históricamente como reacción contra el trasfondo neoliberal de los ochenta, con el thatcherismo y el reaganismo como laboratorios políticos, que se caracterizó por el triunfo de la inquietante figura del emprendedor y la absoluta desregulación de la dinámica mercantil. En la práctica esta corriente generó un devastador cambio de paradigma relacional: la glorificación de la ley del más fuerte y del más adaptado. Darwinismo versus fraternidad.

Hoy, a la luz de los efectos dañinos desencadenados por aquellas transformaciones, las reflexiones sobre el cuidado constituyen una potente herramienta para cuestionar aquellos presupuestos neoliberales, que no sólo continúan vigentes sino que de hecho constituyen las líneas rectoras del diseño institucional de la vida pública para las próximas décadas.

 

Las prácticas del cuidado, pues, serán cada vez más relevantes, dada la vulnerabilidad potencial generalizada en todos nosotros y los formidables retos que plantean la demografía y la extensión de la desigualdad. Sin embargo, la respuesta política más común frente a su papel crucial en las dinámicas profundas de la reproducción social ha sido el menosprecio, la falta de remuneración y la ausencia de organización social de estas actividades. Lo que viene podría ser aún peor: tradicionalmente confinadas al ámbito invisible de lo familiar, de su feminización y de su justificación en términos de afectividad o benevolencia, ahora serán además sometidas a un darwinismo social, al sálvese quien pueda y/o tenga medios para pagar el cuidado que precisan sus seres cercanos o él mismo.

Es preciso, pues, realizar una profunda revisión de diversos presupuestos ontológicos, morales y políticos que rigen nuestra vida en común. Nuestras sociedades todavía no disponen en gran medida de lenguajes y conceptos adecuados a esta forma de percibir nuestra vulnerabilidad, herramientas que nos permitan expresar un nuevo cuadro de inteligibilidad necesario para articular políticas efectivas de respuesta a este desafío, bajo premisas y modalidades de socialización diferentes a las que nos han conducido a la conflictiva e injusta situación actual. Hay que construir estas nociones y las prácticas políticas que las verifiquen.

 

Estamos forzados tanto a exigir como a proponer una reformulación de la cuestión del «vínculo social», que debe abordar hasta sus últimas consecuencias la realidad de los seres humanos como seres relacionales e interdependientes y, de manera muy específica, hacerlo desde la perspectiva de su corporalidad. No es casual que esta dimensión corporal, habitualmente relegada a la invisibilidad, hoy sea precisamente el escenario clave sobre el que se ejercen no sólo la más descarada expropiación de riqueza sino también las formas más extremas y gratuitas de violencia. Sólo a partir de estos replanteamientos radicales se podrá promover la articulación de políticas públicas de protección de personas sobre el horizonte de una igualdad compleja y real, respecto a la cual no sólo se formulen unos derechos en abstracto sino que se diseñen marcos normativos sensibles a las capacidades reales, cotidianas y materiales para ejercerlos.

Repitámoslo una vez más: los rasgos esenciales de nuestra relacionalidad y las obligaciones éticas vinculadas a los mismos no surgen de situaciones estadísticas medias sino que se manifiestan allí donde precisamente no existen parámetros posibles: en aquellas circunstancias donde estas condiciones o potencialidades faltan o fallan.

Tomemos un ejemplo paradigmático: el problema que plantean las grandes dependencias, en la medida en que no responden ni al ideal de autonomía ni al paradigma de la reciprocidad. Frente a esta situación humana en la que la vida de un ser está radicalmente en manos de otros, los supuestos de racionalidad y autonomía que presiden buena parte de nuestra tradición política simplemente muestran su insuficiencia de partida. Por tanto, no sólo el modelo contractualista que intenta dar cuenta de los motivos y modalidades de asociación humana, sino también el paradigma mismo del homo economicus autónomo e independiente quedan severamente puestos en cuestión desde esta perspectiva.

 

Todo lo anterior indica, en última instancia, la necesidad de una concepción diferente del ser humano. Nuestra complicación abarca no sólo el hecho de ser interdependientes sobre el horizonte de un beneficio cooperativo mutuo: hace estallar las fronteras de la economía clásica basada en el beneficio, para hacer entrar a la economía en un dominio ético, la lógica del don, a la que se asocian una idea de responsabilidad y de deuda incalculables. Su definición es ontológica, es decir, previa y heterogénea respecto a la magnitud, a cualquier posibilidad de cálculo. De ahí que una de las preguntas que debemos hacernos sea tan aparentemente insensata como necesaria en el actual estado de cosas: ¿cuánto vale una vida?

El principal replanteamiento que debemos hacernos hoy día es qué clase de sociedades son aquellas donde hemos llegado a un punto en el que las vidas tienen precio, e incluso, como sostiene Judith Butler, hay vidas que no valen nada. Cuando la vida tiene un precio lo más probable es que termine por no valer nada. Algunas vidas son ya tan vulnerables que ni siquiera su explotación y menos aún su desaparición importan. No sólo son vidas invivibles, también son vidas invisibles. Existen vidas que no son del todo –o nunca llegan a serlo-- reconocidas como tales, una situación ante la cual nadie responde, en el marco de una general desresponsabilización social e institucional frente al daño.

LA CONVERSIÓN DEL SER HUMANO EN RECURSO, EN CAPITAL HUMANO, CONSTITUYE EL ÚLTIMO PASO EN LA IMPLANTACIÓN DE UN TERRIBLE TIPO DE POLÍTICA SOBRE LA VIDA: LA BIOPOLÍTICA

 

Así pues, que el problema del valor de la vida se convierta en horizonte fundamental de una época es chocante y fuerza a preguntar antes que nada qué clase de realidad es aquella donde la vida ahora se encuentra cuestionada de un modo tan brutal. Si el respeto se caracterizaba kantianamente como la atribución al ser humano de una condición absoluta de fin y nunca de instrumento (léase, de “recursos humanos”), la racionalidad económica actual es la inversión más acabada de esta prohibición: organiza la captación de las capacidades de los seres humanos desde su nacimiento.

Todas las formas de relacionalidad humana resultan transformadas en relaciones económicas, abstraídas en la representación económica, absolutizadas como también lo ha sido la idea de individuo. La conversión del ser humano en recurso, en capital humano, constituye el último paso en la implantación de un terrible tipo de política sobre la vida: la biopolítica. En este escenario se ha hecho posible que el siglo XX sea testigo de la exposición creciente a formas de violencia inéditas y extremas.

Semejante grado de violencia sólo es posible en un mundo donde la percepción de nuestra relacionalidad constitutiva va camino de desaparecer fatalmente del horizonte de nuestra época. Horizonte que oscila entre el reino de una objetividad abstracta, que rige mecánicamente sin prestar atención a las vidas que aplasta en su curso, y el exceso de subjetividades que se autoconciben como señores absolutos sobre la vida y la muerte de otros, que ni siquiera son pensados como “otros” sino como objetos, cifras o recursos. Este extremo resulta ejemplificado por el comportamiento de aquel CEO farmacéutico que se jactaba en Instagram de la hazaña de haber incrementado un 5.000% el precio de un medicamento necesario a vida o muerte para un gran número de personas.

La “vida vulnerable” es una categoría que se extiende imparablemente por el mundo contemporáneo no sólo a través de los diversos grados de dependencia sino también por quienes no tienen ni siquiera “derecho a tener derechos” en un régimen de ciudadanía reducido a la juridificación de la condición ciudadana, como los inmigrantes indocumentados o detenidos en frontera sin que se respeten las garantías establecidas por el derecho internacional. La vulnerabilidad crece sin pausa dentro y fuera de las fronteras, interiores y exteriores, de nuestras sociedades.

En la coyuntura histórica actual, en la que se multiplican las situaciones de precariedad e incertidumbre en todos los niveles de la existencia humana, se hace más necesario que nunca replantearse que la participación de estas vidas en unos sistemas políticos donde la expresión de la capacidad política a veces se hace imposible, debido a la existencia de situaciones de dominación y/o exclusión que es urgente visibilizar.

Tal vez hoy día no es posible que los Estados ejerzan la capacidad que tuvieron en el pasado para hacer morir, pero sí les es perfectamente posible dejar morir, convirtiendo en invivibles e inviables ciertas vidas más vulnerables que otras. Como afirmó Hannah Arendt en su ensayo Nosotros, los refugiados: “La sociedad ha descubierto la discriminación como el gran arma social con el que se puede matar personas sin derramar una gota de sangre”.

Alicia García Ruiz, profesora de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro de Economistas sin Fronteras.

http://ctxt.es/es/20170726/Firmas/14239/fraternidad-sociedad-cuidados-capitalismo.htm

 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229673

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Necesitamos generalizar la lectura de Facing the Anthropocene porque “nos ofrece perspectivas sobre el Antropoceno como un nuevo nivel emergente de interacción naturaleza-sociedad producido por el cambio histórico -y cómo los nuevos imperativos ecológicos que genera se han convertido en la cuestión central a la que nos enfrentamos en el siglo XXI".  El artículo siguiente nos sitúa en ese libro con el objetivo de contribuir al reconocimiento sobre que: "la lógica de nuestro actual modo de producción -el capitalismo- se interpone en el camino para crear un mundo de desarrollo humano sostenible que trascienda el desastre en espiral que de otra manera espera a la humanidad. Para salvarnos debemos crear una lógica socioeconómica diferente que apunte a fines humano-ambientales diferentes: una revolución ecosocialista en la que las grandes masas de la humanidad participen." Analicemos:

 

La crisis del Antropoceno
6 de julio de 2017

 

Por John Bellamy Foster

Y es debido a que nos mantenemos en la oscuridad sobre la naturaleza de la sociedad humana -entendida como opuesta a la naturaleza en general- por lo que ahora nos enfrentamos (así me lo aseguran los científicos implicados) a la completa destructibilidad de este planeta que apenas se ha convertido en un lugar en el que vivir.
Bertolt Brecht [1]

El Antropoceno, visto como una nueva era geológica que ha desplazado al Holoceno de los últimos 10.000 a 12.000 años, representa lo que ha sido denominado “brecha antropogénica” en la historia del planeta [2]. Introducido formalmente en el debate científico y medioambiental contemporáneo por el climatólogo Paul Crutzen en 2000, defiende la idea de que los seres humanos se han convertido en la fuerza geológica emergente primaria que afecta al futuro del Sistema Tierra. Aunque a menudo se ha seguido su rastro hasta la Revolución Industrial de finales del siglo XVIII, el Antropoceno se ve probablemente con más claridad como algo surgido a finales de los años 1940 y principios de los 50.

Pruebas científicas recientes sugieren que el periodo desde aproximadamente 1950 en adelante muestra un gran pico, marcando la Gran Aceleración en el impacto humano sobre el medio ambiente, encontrándose la traza más importante de la brecha antropogénica en la lluvia de radionúclidos procedentes de ensayos de armas nucleares [3]

Planteado de esta forma, el Antropoceno puede ser visto como algo que coincide aproximadamente con el auge del movimiento ecologista moderno, que tuvo sus inicios en las protestas llevadas a cabo por científicos contra las pruebas nucleares terrestres tras la Segunda Guerra Mundial, y surgió como un movimiento más amplio tras la publicación de Primavera Silenciosa de Rachel Carson en 1962. Al libro de Carson le siguieron pronto en los 60 los primeros avisos por parte de científicos soviéticos y estadounidenses del calentamiento global acelerado e irreversible[4]. Es esta interrelación dialéctica entre la aceleración hacia el Antropoceno y la aceleración del imperativo radical ecologista en respuesta lo que constituye el tema central del nuevo y maravilloso libro de Ian Angus. Es su capacidad para ofrecernos perspectivas sobre el Antropoceno como un nuevo nivel emergente de interacción naturaleza-sociedad producido por el cambio histórico -y cómo los nuevos imperativos ecológicos que genera se han convertido en la cuestión central a la que nos enfrentamos en el siglo XXI- lo que hace que Facing the Anthropocene sea tan indispensable.

Hoy parece probable que el Antropoceno llegará a estar vinculado especialmente con la ciencia de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, como en el de todos los grandes puntos de inflexión en la historia, hubo signos de picos menores en etapas tempranas durante todo el periodo a partir de la Revolución Industrial. Esto refleja lo que el filósofo marxiano István Mészáros denomina “la dialéctica de continuidad y discontinuidad” que caracteriza todos los nuevos desarrollos emergentes en la historia [5] Aunque el concepto de Antropoceno sólo se ha desarrollado completamente con la noción científica moderna de sistema Tierra, y se ve cada vez más como algo que tiene su base física en la Gran Aceleración posterior a la Segunda Guerra Mundial, estuvo prefigurado por ideas anteriores, surgidas de pensadores que se centraron en los cambios dramáticos en la interrelación humanos-medio ambiente producidos por el auge del capitalismo, entre los que se incluye la Revolución Industrial, la colonización del mundo y la era de los combustibles fósiles.

“Naturaleza, la naturaleza que precedió a la historia humana”, tal como destacaron Karl Marx y Frederick Engels en una fecha tan temprana como en 1845, “ya no existe en ninguna parte (excepto quizá en unas pocas islas coralinas australianas de origen reciente).” [6] Puntos de vista similares fueron presentados por George Perkins Marsh en Hombre y naturaleza en 1864, dos años antes de que Ernst Haeckel acuñase el término ecología, y tres años antes de que Marx publicase el primer volumen de El Capital, con su advertencia sobre la brecha metabólica en la relación entre los seres humanos y la Tierra [7]

No fue hasta el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX, sin embargo, que surgió el concepto clave de biosfera, a partir del cual se desarrolló la idea moderna de sistema Tierra, con la publicación, principalmente, de La Biosfera del geoquímico soviético Vladimir I. Vernadsky en 1926. “De manera notable”, escribieron Lynn Margulis y Dorian Sagan en ¿Qué es la vida?, “Vernadsky desmanteló los rígidos límites entre organismos vivos y medio ambiente no vivo, describiendo la vida globalmente antes de que ningún satélite nos mostrase fotografías de la Tierra desde órbita” [8]

La aparición del libro de Vernadsky coincidió con la primera introducción del término Antropoceno (junto con Antropogeno) por parte de su colega, el geólogo soviético Aleksei Pavlov, quien lo utilizó para referirse a un nuevo periodo geológico en el que la humanidad era el principal causante del cambio geológico planetario. Como observó Vernadsky en 1945, “A partir de la idea del rol geológico del hombre, el geólogo A. P. Pavlov (1854-1929) en los últimos años de su vida solía hablar de la era antropogénica, en la que ahora vivimos… Destacó correctamente que el hombre, ante nuestros propios ojos, se está convirtiendo en una poderosa y siempre creciente fuerza geológica… En el siglo XX el hombre, por primera vez en la historia de la Tierra, ha conocido y abarcado toda la biosfera, completado el mapa geográfico del planeta Tierra y colonizado toda su superficie” [9]

Simultáneamente al trabajo de Vernadsky sobre la biosfera, el bioquímico soviético Alexander I. Oparin y el biólogo socialista británico J.B.S. Haldane desarrollaron de manera independiente en los años 20 la teoría del origen de la vida, conocida como la “teoría de la sopa primigenia”. Tal como lo resumen los biólogos de Harvard Richard Levins y Richard Lewontin, “La vida surgió originalmente de la materia inanimada [lo que como es bien sabido Haldane describió como una “sopa caliente diluida”], pero este origen hizo que su repetición fuese imposible, porque los organismos vivos consumen las complejas moléculas orgánicas necesarias para recrear la vida de novo. Además, la atmósfera reductora [falta de oxígeno libre] que existía antes del principio de la vida se ha convertido, por acción de los organismos vivos, en otra rica en oxígeno reactivo”. De esta forma, la teoría Oparin-Haldane explicó por primera vez cómo se pudo haber originado la vida a partir de materia inorgánica, y porqué el proceso no se podía repetir. De manera igualmente significativa, la vida, surgida de esta forma hace miles de millones de años, podría ser vista como la creadora de la biosfera dentro de un complejo proceso de coevolución [10]

Fue Rachel Carson, presentadora como es bien sabido del concepto de ecosistema al público estadounidense, en su charla de 1963 que supuso un hito, “Nuestro medio ambiente contaminado”, quien expresó de la forma más elocuente esta perspectiva ecológica integrada y la necesidad de tenerla en cuenta en todas nuestras acciones. “Desde el principio de los tiempos biológicos”, escribió, ha existido la interdependencia más íntima posible entre el medio ambiente físico y la vida que éste sostiene. Las condiciones de la Tierra joven produjeron la vida; la vida, inmediatamente después, modificó las condiciones de la Tierra, de manera que este único y extraordinario acto de generación espontánea no podía ser repetido. De una forma u otra, la acción y la interacción entre la vida y lo que le rodea ha estado en marcha desde entonces.

Este hecho histórico tiene, creo, un significado más que académico. Una vez lo aceptamos vemos porqué no podemos llevar a cabo con impunidad repetidos asaltos contra el medio ambiente como ahora hacemos. Un estudiante serio sobre la historia de la Tierra sabe que ni la vida ni el mundo físico que la mantiene existen en pequeños compartimentos aislados. Por el contrario, reconoce la extraordinaria unidad entre organismos y medio ambiente. Por esta razón sabe que las sustancias dañinas liberadas en el medio ambiente vuelven con el tiempo para crear problemas a la humanidad.

La rama de la ciencia que trata de estas interrelaciones es la ecología…. No podemos pensar solo en los organismos vivos, ni podemos pensar en el medio ambiente físico como una entidad separada. Los dos existen juntos, actuando uno sobre el otro para formar un complejo ecológico o ecosistema [11].

Sin embargo, a pesar de la visión ecológica integrada presentada por figuras como Carson, los conceptos de Vernadsky de biosfera y ciclos biogeoquímicos fueron minimizados durante mucho tiempo en Occidente debido al modo reduccionista que prevalecía en la ciencia occidental y el trasfondo soviético de estos conceptos. Los trabajos científicos soviéticos eran bien conocidos por los científicos en Occidente y fueron traducidos con frecuencia en los años de la Guerra Fría por editoriales científicas e incluso por el gobierno de los EEUU -aunque incomprensiblemente La Biosfera de Vernadsky no fue traducida al inglés hasta 1998-. Esto era una necesidad puesto que en algunos campos, como la climatología, los científicos soviéticos iban muy por delante de sus homólogos estadounidenses. Pero este amplio intercambio científico, que cruzaba las divisiones de la Guerra Fría, era raramente transmitido al público general, cuyo conocimiento de los logros soviéticos en estas áreas fue prácticamente inexistente. Ideológicamente, por tanto, el concepto de biosfera parecer haber caído durante mucho tiempo bajo una especie de prohibición.

No obstante, la biosfera ocupó el centro del escenario en 1970, con un número especial de Scientific American sobre el tema [12]. Aproximadamente por esa misma época, el biólogo socialista Barry Commoner advirtió en El círculo que se cierra de los enormes cambios en la relación de los humanos con el planeta, a partir de la era atómica y el auge de los desarrollos modernos en química sintética. Commoner recordaba los tempranos avisos de la alteración medioambiental del capitalismo de los ciclos de la vida representados por el debate de Marx sobre la brecha en el metabolismo del suelo [13]

En 1972, Evgeni K. Fedorov, uno de los principales climatólogos mundiales y miembro del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, así como el principal partidario soviético de los análisis de Commoner (escribió unas “Observaciones finales” a la edición rusa), declaró que el mundo debería desengancharse de los combustibles fósiles: “El ascenso de la temperatura de la Tierra es inevitable si no nos limitamos al uso, como fuentes de energía, de la radiación solar directa y las energías hidráulica, maremotriz y eólica, en lugar de obtener energía de los [combustibles] fósiles o las reacciones nucleares”[14] Para Fedorov, la teoría de Marx del “metabolismo entre la población y la naturaleza” constituía la base metodológica para un enfoque ecológico de la cuestión del sistema Tierra [15] Fue en los 60 y 70 cuando los climatólogos de la URSS y los EEUU hallaron por primera vez “pruebas”, en palabras de Clive Hamilton y Jacques Grinevald, de un “metabolismo mundial” [16]

El auge de los análisis del sistema Tierra en las décadas siguientes se vio también fuertemente impactado por las extraordinarias vistas desde fuera, aparecidas con las primeras misiones espaciales. Como escribió Howard Odum, una de las figuras principales en la formación de la ecología de sistemas, en Medio ambiente, poder y sociedad:

Podemos empezar una visión de sistema de la Tierra con la macroscópica del astronauta muy por encima de la Tierra. Desde un satélite en órbita, la zona viva de la Tierra parece ser muy simple. La delgada cáscara de agua y aire que cubre la Tierra -la biosfera- está limitada hacia el interior por sólidos densos y hacia el exterior por el casi vacío total del espacio exterior… Desde los cielos es fácil hablar de equilibrios gaseosos, presupuestos energéticos de millones de años y la magnífica simplicidad del metabolismo total de la delgada cáscara exterior de la Tierra. Con la excepción del flujo de energía, la geobiosfera en su mayor parte es un sistema cerrado del tipo en que los materiales se reciclan y reutilizan [17].

“El mecanismo de sobrecrecimiento” que amenaza este “metabolismo total”, seguía Odum, “es el capitalismo” [18] El concepto actual de Antropoceno refleja por tanto, por una parte, un reconocimiento reciente del rol en rápido aceleramiento de los impulsos antropogénicos en la alteración de los procesos biogeoquímicos y de los límites planetarios del sistema Tierra y, por otra, un serio aviso de que el mundo, bajo el “business as usual” [seguir como siempre], está siendo catapultado a una nueva fase ecológica -menos propicia para el mantenimiento de la diversidad biológica y una civilización humana estable-.

Unir estos dos aspectos del Antropoceno -vistos de forma diferente como el geológico y el histórico, el natural y el social, el clima y el capitalismo- en una visión única, integrada, es lo que constituye el logro principal de Facing the Anthropocene. Angus demuestra que el “capitalismo fósil”, si no es detenido, es un tren fuera de control que lleva al apartheid medioambiental global y a lo que el gran historiador marxista británico E.P. Thompson llamaba la amenazada etapa histórica del “exterminismo”, en la que las condiciones de existencia de centenares de millones, quizá miles de millones de personas, cambiarán drásticamente, y estarán en peligro las bases mismas de la vida tal como la conocemos. Además, todo esto tiene su origen en lo que Odum llamaba “capitalismo imperial”, que pone en peligro las vidas de las poblaciones más vulnerables del planeta en un sistema de desigualdad global forzada [19]

Los peligros son tales que sólo un enfoque nuevo, radical, de las ciencias sociales (y por tanto de la sociedad misma), nos dice Angus -uno que se tome en serio la advertencia de Carson de que si socavamos los procesos vivos de la Tierra esto “volverá en su momento” para acosarnos- puede daros las respuestas que necesitamos en la era del Antropoceno. Por lo que se refiere a la urgencia del cambio, “mañana es demasiado tarde” [20]

Pero la ciencia social dominante, la que sirve al orden social dominante y a sus capas dirigentes, hasta ahora ha servido para oscurecer estos temas, poniendo su peso en las medidas paliativas junto a soluciones mecanicistas como los mercados de carbono y la geoingeniería. Es como si la respuesta a la crisis del Antropoceno fuese estrechamente económica y tecnológica, compatible con la ulterior expansión de la hegemonía del capital sobre la Tierra y sus habitantes -a pesar de que el actual sistema de acumulación de capital se encuentra en la raíz de esta crisis. El resultado es empujar al mundo a un peligro aún mayor. Lo que hace falta, por tanto, es reconocer que es la lógica de nuestro actual modo de producción -el capitalismo- lo que se interpone en el camino para crear un mundo de desarrollo humano sostenible que trascienda el desastre en espiral que de otra manera espera a la humanidad. Para salvarnos debemos crear una lógica socioeconómica diferente que apunte a fines humano-ambientales diferentes: una revolución ecosocialista en la que las grandes masas de la humanidad participen.

¿Pero no hay riesgos en un cambio tan radical? ¿No nos esperan grandes luchas y sacrificios ante cualquier intento de derrocar el sistema dominante de producción y de uso de la energía en respuesta al calentamiento global? ¿Hay alguna seguridad de que seremos capaces de crear una sociedad de desarrollo humano sostenible como conciben ecosocialistas como Ian Angus? ¿No sería mejor equivocarse por el lado del negacionismo que por el del ‘catastrofismo’?¿No deberíamos dudar en pasar a la acción a este nivel hasta que no sepamos más?

Aquí puede ser útil citar el poema didáctico del gran dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht “La parábola de Buda de la casa en llamas”:

Buda, sentado todavía bajo el árbol del pan,
a los que no le habían preguntado les narró la siguiente parábola:
“No hace mucho vi una casa que ardía. Su techo
era ya pasto de las llamas. Al acercarme advertí
que aún había gente en su interior. Fui a la puerta y les grité
que el techo estaba ardiendo, incitándoles
a que salieran rápidamente. Pero aquella gente
no parecía tener prisa. Uno me preguntó,
mientras el fuego le chamuscaba las cejas,
qué tiempo hacía fuera, si llovía, si no hacía viento, si había
otra casa para ellos, y otras cosas parecidas. Sin responder,
volví a salir. Esta gente, pensé,
tiene que arder más para que dejen de hacer preguntas.
Verdaderamente, amigos,
a quien el suelo no le queme en los pies hasta el punto de desear gustosamente
cambiar su sitio con el de otra persona, en vez ded quedarse, a ese hombre
nada tengo que decirle.” le dijo Gautama al Buda. [21]

Es el capitalismo y el medio ambiente global alienado que éste ha producido lo que constituye hoy nuestra “casa en llamas”. Los ecologistas mayoritarios, ante este monstruoso dilema, han preferido generalmente hacer poco más que contemplarlo, observando y haciendo pequeños ajustes a lo que les rodea en el interior mientras las llamas lamen el tejado y toda la estructura amenaza con derrumbarse a su alrededor. El punto, en cambio, es cambiarlo, reconstruir la casa de la civilización con principios arquitectónicos diferentes, creando un metabolismo más sostenible entre la humanidad y la Tierra. El nombre del movimiento para conseguir esto, surgiendo de los movimientos socialistas y ecologistas radicales, es ecosocialismo, y Facing the Anthropocene es su manifiesto más actualizado y elocuente.

—-

Nota del autor: Este artículo es una adaptación de prólogo al libro de Ian Angus Facing the Anthropocene: Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth System (Monthly Review Press, 2016).

Notas:

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_crisis_del_Antropoceno

 

 

Nos resulta imprescindible generalizar la percepción (conciencia y posicionamiento) sobre que  el capitalismo progresa contra los pueblos de Nuestra América. Hagámoslo mediante la comprobación en el país que sufre ese sometimiento más perfeccionado. Constatemos:

 

 

 

Extractivismo, democracia y desarrollo en Colombia
7 de julio de 2017

 Las consultas populares como una herramienta de empoderamiento para las comunidades.

 

Por Camila Andrea Galindo , John Freddy Gómez

 

INTRODUCCIÓN

Colombia, como un país dependiente en el sistema imperante, está subordinado a ciertas dinámicas económicas y sociales, que ocasionan formas de sobreexplotación tanto humanas como de la naturaleza, en donde las comunidades se ven enfrentadas directamente con las consecuencias de un sistema totalmente depredador e inhumano, que ha sido profundizado y potencializado en la etapa neoliberal.

Debido a lo anterior, en los últimos meses hemos observado como diferentes municipios y regiones del país han transitado de la pasividad a un dinamismo extraordinario en la participación y decisión de qué hacer en el territorio. Las comunidades toman las riendas de sus vidas y sus relaciones espaciales con la naturaleza, conllevando a una apropiación y concientización de la fuerza propia de las comunidades organizadas, generando dinámicas de socialización, concientización, educación y empoderamiento popular.

LA DICTADURA DEL EXTRACTIVISMO EN COLOMBIA

“En efecto, a diferencia de lo que sucede en los países capitalistas centrales, donde la actividad económica está supeditada a la relación existente entre las tasas internas de plusvalía y de inversión, en los países dependientes el mecanismo económico básico deriva de la relación exportación-importación” (Marini, 1972)

Colombia como una economía dependiente a diferencia de los países metropolitanos, está determinado, en el sistema capitalista, a la relación exportación e importación, lo cual ocasiona una dictadura de las relaciones productivas dirigidas por las necesidades económicas metropolitanas. Estas dinámicas generan una sobredeterminación de las relaciones económicas externas sobre las relaciones económicas internas, propiciando una debilidad endémica de las economías dependientes debido a que los ingresos de estos se conciben en relación a los términos de intercambio internacional tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Esta dictadura de las economías metropolitanas sobre las economías dependientes genera entre otras: i) una determinación directa en la producción; ii) una sobreexplotación laboral y de la naturaleza; iii) una baja tasa de democratización; y, iv) una debilidad endémica de los países dependientes a los flujos y reflujos de la economía internacional. Estas dinámicas propias de los países dependientes son características de la acumulación capitalista y son re-afianzadas y profundizadas en la etapa neoliberal.

 

Colombia está inserta en estas relaciones odiosas y ha transitado, en su historia, por la dependencia a la exportación de ciertas mercancías de carácter primario, como lo fue la exportación de tabaco a principios del siglo XIX, y del café a mitad del siglo XX, hasta la actual dependencia al extractivismo de los recursos naturales, como hidrocarburos y minerales.

Esta dependencia primordial a los ingresos de la exportación de la producción extractivista se hace visible desde comienzos de la década de los 90 y se verá concluida a partir del periodo 2000-2004 en Colombia, |1| el inicio de la dependencia al extractivismo se compagina con el fin de la dependencia a la exportación del café a finales de la década de los 90, -como se evidencia en la siguiente grafica- dando paso a la nueva fuente de ingresos devenida de las exportaciones de la explotación de los recursos naturales y energéticos en el país, claramente jalonado y en relación directa a la nueva división internacional del trabajo inaugurada en la década de los años 70 y 80 debido entre otras causas a la tercera revolución científico técnica y a la dinámica de la financiarización de la economía.

Como refiere Ruy Mauro Marini en el siguiente extracto la nueva división internacional del trabajo ocasiona que “[…] uno de sus resultados visibles es el regreso de países (desde luego con métodos de gestión plenamente capitalistas, a diferencia de lo que sucedía antes) a la forma simple de división internacional del trabajo que primaba en el siglo XIX y que involucraba el trueque de bienes primarios por bienes manufacturados.” (Marini R. , 2008, pág. 260)

Ante estas dinámicas de opresión directa de las metrópolis a los países dependientes, se evidencia como existe una determinación inmediata en el desarrollo económico de los países dependientes por los países metropolitanos, donde los primeros deben producir y/o explotar las mercancías necesarias para mantener el mecanismo económico internacional.

 

El aumento de la explotación y/o producción de las materias primas y su posicionamiento como el referente primordial de las exportaciones de los países dependientes, tiene como principio la puesta en marcha del neoliberalismo en nuestros países en la década de los 80 y 90, y póstumamente el aumento exponencial de los precios de las materias primas a partir del año 2002 como se evidencia en la siguiente gráfica.

Este incremento de los precios de las materias primas generó el aumento demencial del extractivismo en los países dependientes en particular en los países de América Latina y, claramente, en Colombia. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, Colombia es el país con mayores conflictos ambientales con alrededor de 72 conflictos para el año 2014.

 

“En América Latina, el mayor número de casos de conflicto documentados por el atlas están en: Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30)” (Semana Sostenible, 2014)

 

Aunque se evidencia -en la gráfica 2- como en el año 2014 los precios de las materias primas oCommodities tienen un gran desplome en sus precios internacionales |4|, estas dinámicas de sobreexplotación de la naturaleza no cesaron, puesto que la tesis gubernamental en el país y en gran parte de América Latina ante la crisis devenida de la caída de los precios de las materias primas es recuperar lo perdido por los bajos precios con una mayor explotación de los recursos naturales y/o Commodities.

Esto conllevó a un incremento de los conflictos ambientales, debido a que las comunidades evidencian de manera latente la sobreexplotación de la naturaleza y sus consecuencias tanto físicas como culturales afectando de manera directa a sus vidas y sus relaciones de producción y reproducción de la vida material. Esta confrontación entre las comunidades y las instituciones gubernamentales se han visto reflejadas en la estigmatización y deslegitimación de las primeras por las segundas.

El aumento de los conflictos ambientales se observa en tanto que estos pasaron de 72 en el 2014, a rondar 115 en el 2016 según el Atlas Global de justicia Ambiental.

 

“Colombia, cierre del año 2016: 115 conflictos socio-ambientales* se mantienen activos, el 80% de ellos (92) impactan o se originan en las zonas rurales; cerca de 12,5 millones de colombianos han sido o pueden ser afectadas potencialmente por ellos; el área afectada o potencialmente afectada llega a las 12,4 millones de hectáreas (1,1% del territorio nacional)” (Colombia Plural, 2017)

 

CONSULTAS POPULARES Y EL EMPODERAMIENTO SOCIAL.

Tras la intensificación de la sobreexplotación de la naturaleza en los últimos años, hemos observado como las comunidades han generado una mayor cohesión entre sí, propiciando diferentes formas de resistencia a los ataques de las grandes multinacionales y trasnacionales, que se basan en la rentabilidad económica subordinando los derechos de las poblaciones y de la naturaleza.

Las comunidades han observado los desastres ambientales que causa la explotación de los recursos naturales, que se transforman en la cosmovisión de las comunidades desde un valor de cambio -Commodities- hacia un valor de uso -los bienes comunes-, donde las equivalencias y relaciones económicas de y sobre la naturaleza son desmitificadas y se replantea la relación que tiene la humanidad-natural con la naturaleza.

Las comunidades transformarán su pensamiento y accionar debido a la experiencia de los innumerables ecocidios alrededor del país, con lo cual propician varias formas de resistencia en contra de este perjuicio, como son las consultas populares para frenar los proyectos extractivos en sus territorios y la presión ejercida sobre los consejos municipales para que ratifiquen la negativa de este tipo de proyectos.

Estas dinámicas democráticas sólo pueden ser puestas en marcha bajo la concientización de las comunidades y un trabajo arduo por la educación y socialización de experiencias acumuladas y de estudios propios, que se basan en la horizontalidad y el respeto a la diferencia.

Esta puesta en marcha de la construcción de un nuevo devenir de la sociedad, donde estas posean el poder de transformación de sus entornos, se proyecta como un proceso de autogestión y auto-organización de las comunidades, que parten de la solidaridad y fraternidad de los individuos de la colectividad y del acompañamiento de diferentes resistencias que se aglutinan una junta a la otra cada vez en las conquistas democráticas que apuntalan a la construcción de un proceso emancipador y de la fundación de nuevas relaciones tanto productivas como reproductivas.

 

LAS CONSULTAS POPULARES: MÁS ALLÁ DE UNA HERRAMIENTA JURÍDICA EL PUNTO DE PARTIDA POR LA REIVINDICACIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, LA AUTONOMÍA TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Como se puede observar en la ilustración no. 2 hasta el momento se han realizado 5 consultas populares relacionadas con los temas de explotación en el sector minero-energético, y se preparan más de 40 iniciativas a lo largo de todo el país, lo cual ha sido llamado como el “boom” de las consultas populares. 

 

Estos instrumentos y su vinculatoriedad han recibido un apoyo desde la Corte Constitucional en sus últimas providencias la C-273 y la T-445, ambas de 2016, en donde la corporación ha reconocido la competencia de las autoridades territoriales y sus poblaciones a decidir sobre su territorio, en la primera en el examen de constitucionalidad que se hizo del nuevo código de minas en donde se vetaba esta competencia a estas autoridades, y en la segunda en la acción de tutela contra la providencia del Tribunal Administrativo de Quindío que declaraba improcedente la pregunta para dar paso a la Consulta Popular en Pijao. En esta última, la Corte expresó que:

 

“En el ámbito interno los componentes de la justicia social ambiental cuentan con respaldo constitucional expreso y quedan comprendidas dentro del mandato del Constituyente de asegurar la vigencia de un orden justo (art. 2 CP). Es más, no se debe olvidar que la Carta del 91 consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el artículo 13, fundamenta un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas públicas, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o marginados. Para garantizar la adecuada materialización de los derechos a la participación de las comunidades o poblaciones afectadas por un proyecto extractivo, algunos autores han manifestado la importancia de establecer bases organizativas que tengan la capacidad de generar incidencia en la decisión, ya que una participación meramente simbólica en la toma de una determinación no podría estar dotada de la legitimidad que propugna el estado social y democrático de derecho que estableció la Carta del 91 si los afectados no son escuchados y su punto de vista es tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión.” (Sentencia T-445, 2016)

 

En las providencias mencionadas se retoman las leyes – Ley 134 y 136 de 1994- que reglamentan la materia de las consultas populares y su viabilidad ante proyectos que puedan llegar a cambiar el uso del suelo. Adicionalmente, la Corte Constitucional recalca como por medio de estas herramientas no sólo se está en desarrollo del derecho de participación ciudadana sino que también se hace visible el desenvolvimiento de la autonomía territorial y del derecho a un ambiente sano.

Es así como por medio de estas sentencias se han brindado respuestas claras a los interrogantes que vienen desde el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente y sus ministros, quienes en respaldo a la inversión extranjera han puesto de manifiesto la decisión de promulgar una nueva ley que restringa el área de acción y los efectos de las consultas populares.

Es por esto que ante estas estrategias del gobierno nacional, se refuerza el argumento que las consultas populares son herramientas jurídicas -al igual que los acuerdos municipales- cuyo impacto depende del trabajo de educación y movilización social que las respalden; debido a que en preparación de estos espacios se abren posibilidades de discusión en los territorios sobre qué es lo que se entiende por desarrollo y por medio de qué estrategias se puede llegar a él.

Como Grupo de Investigación estaremos acompañando a las comunidades en sus procesos de discusión teniendo a las consultas que se avecinan como una ilusión y esperanza, pero a la vez a la incertidumbre de las estrategias jurídico-legales del Gobierno frente a las cuales será la movilización social quien haga respetar el clamor de las poblaciones que hacen un llamado de atención sobre la destrucción de nuestros territorios y bienes naturales comunes.

BIBLIOGRAFÍA(...)

Fuente: http://www.cadtm.org/Extractivismo-democracia-y

En consecuencia, abajo y a la izquierda, debemos ampliar el cuestionamiento al capitalismo que mira en exclusivo por la rentabilidad económica y lo hace  "subordinando los derechos de las poblaciones y de la naturaleza". Ya las comunidades locales "han observado los desastres ambientales que causa la explotación de los recursos naturales, entonces transforman su cosmovisión desde un valor de cambio -Commodities- hacia un valor de uso -los bienes comunes-, donde las equivalencias y relaciones económicas de y sobre la naturaleza son desmitificadas y se replantea la relación que tiene la humanidad-natural con la naturaleza.(...) Así se originan varias formas de resistencia en contra de este perjuicio, como son las consultas populares para frenar los proyectos extractivos en sus territorios y la presión ejercida sobre los consejos municipales para que ratifiquen la negativa de este tipo de proyectos.

 

Estas dinámicas democráticas sólo pueden ser puestas en marcha bajo la concientización de las comunidades y un trabajo arduo por la educación y socialización de experiencias acumuladas y de estudios propios, que se basan en la horizontalidad y el respeto a la diferencia".

 

Valoremos a la propuesta siguiente para efectivizar la generalización de la toma de conciencia:

 

Sujetizando el «objeto de estudio»,

o de la subversión epistemológica como emancipación*

 

Por Ana Esther Ceceña**

 

Hablar de emancipación hoy es un signo revelador de que la vida trasmina todos los obstáculos. Después del triunfo del supuesto fin de las utopías, que parecía irreversible, utopías desbordadas transgreden la realidad imaginaria atisbando por las calles, por las selvas, por los poros de las burocracias, por los suspiros atrapados en el pensamiento colonizado, domesticado y vencido, dando nuevo sentido a las relaciones humanas y a las palabras. Emancipación parecía, en pleno auge del neoliberalismo, un concepto en desuso que había quedado relegado al rincón de las nostalgias. No obstante, hoy reaparece cobrando nuevos sentidos y abriendo nuevas –y viejas– esperanzas, y, correlativamente, llamando a una sublevación del pensamiento.

La experiencia nos ha enseñado que las subversiones epistemológicas son siempre difíciles de hacer y de asir no sólo por las barreras con que las circunda el pensamiento conservador sino porque, como corresponde, antes de ser atrapadas en los conceptos huyen provocando nuevas subversiones. De cualquier manera, la construcción de nuevos conceptos y nuevos modos de mirar la vida es ineludible para permitirles salir de viejos encierros. No hay subversión posible si no abarca el pensamiento, si no inventa nuevos nombres y nuevas metodologías, si no transforma el sentido cósmico y el sentido común que, como es evidente, se construyen en la interacción colectiva, haciendo y rehaciendo socialidad. Siendo consecuente con esto, adelanto aquí algunas de mis re- flexiones, dudas y provocaciones para participar en ese infinito proceso del hacer-pensar colectivo.

 

Reconocimiento de la situación de opresión que motiva la búsqueda emancipatoria

Cuanto más la vida se pudra hoy, más estiércol habrá para el futuro Fernando Pessoa De entrada, es indispensable señalar que el debate en torno de los procesos de emancipación tiene como punto de partida el reconocimiento, aunque fuera sólo implícito, de una situación de opresión que debe ser desentrañada para hacer comprensible el carácter y la pertinencia de los movimientos y estrategias libertarias con respecto a su horizonte y a su realidad. Asimismo, esta inteligibilidad reclama una perspectiva de espectroscopio que descubra, no la relación dominante (la determinante en última instancia), sino el entramado de relaciones a través de las cuales se constituyó la situación de opresión y todas sus vertientes de salida. Por tanto, en mi apreciación, no puede proponerse ninguna interpretación de los procesos o experiencias de emancipación que no involucre simultáneamente su historicidad y su complejidad. En este sentido, los esfuerzos por encontrar los nudos de entrelazamiento entre las relaciones de clase, de discriminación cultural, cognitiva (que suele aparecer como científica) o civilizatoria (que suele aparecer como racial, o incluso religiosa y de género), apuntan hacia la aprehensión y reformulación teórica del universo concreto en el que se debaten las luchas emancipatorias, destacando las líneas centrales de sus elementos de complejidad, desde una perspectiva que remonta históricamente a su origen genealógico para encontrar las pistas de la institución de la diferencia como otredad inferiorizada o criminalizada, de lo femenino como medio de imposición de un mestizaje que es signo viviente de la derrota de los vencidos y de las condiciones de explota- 15 ción que a través de relaciones esclavistas, feudales y/o directamente salariales han marcado a los pueblos del mundo hasta nuestros días. Esto no impide que la discusión sobre el significado conceptual y fáctico de la emancipación, sus procesos y experiencias, en esta idea de construcción colectiva de conocimientos y saberes, pueda realizarse mediante una delimitación metodológica que, conciente de su incompletud, nos permita identificar sólo los elementos específicos del momento en el que situamos el análisis. Y el plano sobresaliente del momento que se abre con el neoliberalismo es la universalización de la guerra bajo todas sus formas: económica con la extensión de la economía de mercado y la financiarización del campo de definición de normas y políticas; cultural con la ampliación conceptual –y la criminalización– de lo no civilizado, de lo ingobernable, de los viejos y nuevos bárbaros; disciplinaria con la flexibilización del trabajo y el control del entretenimiento; y, por supuesto, militar. De hecho, un sistema de organización social como el capitalista, sustentado en la competencia y en la consecuente negación del otro, es un sistema en el que la guerra es un rasgo inmanente, y la contrainsurgencia, aunque sea subliminal, es el signo disciplinador permanente.

Es decir, las relaciones sociales en el capitalismo o bien tienden hacia la construcción de una democracia que a la larga elimine la propiedad privada y que por tanto niegue el propio capitalismo, o bien son controladas mediante mecanismos variados que inhiben o reprimen los excesos de libertad. Propiedad privada y democracia universal son dimensiones contrapuestas cuyos choques son mediatizados por una institucionalidad legitimada por el sistema de poderes. No obstante, los desbordes emancipatorios, más frecuentes y profundos mientras más se concentran el poder y la riqueza y más se distribuye la desposesión de bienes, tradiciones, historias y sentidos, representan la ruptura reiterada de contenedores físicos y epistemológicos y de sus correspondientes sistemas normativos. Es por eso, y por el amplísimo desarrollo de capacidades objetivas de disciplinamiento y control, que el capitalismo actual adopta la imagen de autómata global frente a los desarrapados y desposeídos del mundo. Y es también por esa obscena concentración de riqueza y poder que los desposeídos del mundo multiplican sus estrategias de escape y resistencia. Es decir, las condiciones actuales pueden ser percibidas como de guerra total contra la totalidad del mundo (SIM, 1994), pero simultáneamente como de insubordinación en vías de generalización, y es la inminencia de una ruptura o una rebeldía planetaria, de un desorden universal que ponga en riesgo el proceso de valorización capitalista y el sistema de dominación imperante, lo que lleva al sujeto hegemónico (Ceceña, 2002) a formular una estrategia universal de contrainsurgencia como nunca había existido.

 

La contrainsurgencia del siglo XXI

Desde la última década del siglo XX el Comando Conjunto de las fuerzas de seguridad estadounidenses, como figura representativa del sujeto hegemónico, echó a andar una iniciativa que se ha ido refinando sobre la marcha llamada dominación de espectro completo (Joint Chiefs of Staff, 1996, 2000). La pretensión consiste, ni más ni menos, en controlar cielos, mares, tierra y subsuelo en todos los lugares, abarcando en un panóptico total a todos los habitantes del planeta. El espectro es geográfico, espacial, social y cultural simultáneamente, y cuenta para ello con el trabajo combinado de la National Aeronautics Space Administration (NASA) y del Departamento de Defensa con sus laboratorios tecnológicos. El propósito de alcanzar una dominación de espectro completo va acompañado de una estrategia de guerra que combina cuatro dimensiones: prevención, disuasión, persecución y eliminación. Perseguir y eliminar brutalmente al disidente o al insurrecto para que a nadie más se le ocurra desafiar al poder; evitar que los nuevos contingentes de desposeídos, desestructurados o excluidos piensen en rebelarse, encaminándolos hacia válvulas de escape producidas por el propio poder o intimidándolos con la persecución y eliminación de los enemigos. Guerra preventiva parece ser la palabra de orden que caracteriza los nuevos modos de imponer la dominación. Sin embargo, la novedad de la guerra de fines del siglo XX no es su carácter preventivo. Cuando los europeos llegaron a América irrumpieron en todos los territorios con una estrategia similar: Ni la magnificencia del baile, ni los manjares ofrecidos, ni la señorial hospitalidad del gran caney, lograron torcer la primera idea del conquistador: hacer una gran matanza como escarmiento o como aviso. Ese fue el procedimiento usado por Cortés en Tlaxcala, por Alvarado en Tenochtitlan, y que se repitió en muchas partes: adelantar el castigo a la acción e infundir pavor desde el primer momento (Coll, 1976: 29). Conmoción y pavor han sido elementos constantes en las guerras de los últimos quinientos años, sobre todo cuando el enfrentamiento no ocurrió entre ejércitos regulares1 . Lo que cambia hoy es la concepción de prevención, que trasciende la necesidad de disponer las posiciones de batalla con antelación o de estar siempre preparado para un conflicto, para desplazarse hasta el punto de destruir toda posibilidad de amenaza. En esta nueva concepción lo que se busca es directamente evitar que el sujeto nazca, que se conforme. No es una guerra contra un enemigo específico, es contra todo signo, real o imaginario, de vida independiente. Todo lo no incondicional es sospechoso, y la guerra, en este momento, es principalmente contra los sospechosos –susceptibles de ser detenidos en cualquier momento–, no contra los enemigos reales. La guerra preventiva moderna es una guerra que se adelanta a la necesidad de la guerra, que antecede a la amenaza para disuadirla.

 

Es una guerra que fabrica al enemigo en prevención de un futuro conflictivo y que arrebata los derechos humanos y sociales a un colectivo universal de sospechosos. La sociedad misma se torna sospechosa de amenazar la seguridad y, en esa circunstancia, tiene que ser redimida. La sociedad es vaciada de todo impulso sujético o criminalizada en su ejercicio, y sustituida por un aparato que actúa y dicta políticas y normas en su nombre. El carácter de la dominación, de la guerra y de la impunidad, con este nuevo enfoque que va del peligro a la seguridad que se suele llamar nacional pero que es de la propiedad privada en general, se modifica sustancialmente. Siguiendo a Giorgio Agamben (2003) cuando analiza el caso de los talibanes encarcelados en Guantánamo, la calidad de detenido coloca al individuo en una situación de indefinición e indefensión, perdiendo, por lo menos temporalmente, absolutamente todos sus derechos y status de reconocimiento. Un acusado tiene derechos limitados pero sancionados socialmente; un detenido no tiene nada, es desprovisto de absolutamente todo, mientras se le asigna una identidad (culpable, procesado, reo, etc.) que lo ubique en el espectro social reconocido. Si los detenidos son mantenidos en esa franja de indeterminación mientras son juzgados –cuestión que puede durar toda la vida– el problema se extiende a la sociedad completa cuando consideramos el carácter de sospechoso que se otorga en este momento con la más amplia profusión. De hecho, todos somos sospechosos hasta demostrar lo contrario, y con esto la sociedad ha sido negada, se cierran los espacios de la política y se instaura el estado de excepción como estado permanente, como afirman Benjamin (1942) y Agamben (2003). Si la sociedad es sospechosa, se le debe impedir actuar. El sujeto de la historia no es más la sociedad, sino la camarilla de disciplinadores que pretende actuar en su representación. Una visión de este tipo podría ser tenida simplemente por una historia de locos sin consecuencias, si no fuera porque cuenta con sustentos reales y con la facultad de imponer condiciones generales de funcionamiento, fundamentadas en dos elementos adicionales: 1 La capacidad y medios de que hoy dispone el poder para alcanzar los niveles de dominio de espectro completo, o, más precisamente, para redefinir el espectro con la amplitud y profundidad que hemos descrito. 2 La concepción de esta guerra como asimétrica y legítima, entre una entidad sancionadora aparentemente reglamentada y con capacidad para imponer normas generales, y el resto de la sociedad, desprovisto de sus derechos, definido como lo indefinible, como lo imprevisible, como lo ajeno (alien), como lo diferente.

 

EL SOPORTE TECNOLÓGICO

El desarrollo tecnológico alcanzado hasta hoy puede tomar como signo los misiles usados en Palestina para asesinar a personas específicas desde posiciones lejanas. Abarca una amplia variedad de campos, indispensables para acercarse a los objetivos de infalibilidad, invulnerabilidad y dominio simultáneo de las dimensiones atómica y cósmica. Todas las áreas de conocimiento aportan sus energías, a veces inconscientemente2 , a la construcción de un gran conjunto que se pretende pueda ser controlador de la sociedad mundial; un sistema aglutinador de capacidades y movilidades producidas para llevar adelante esta guerra asimétrica, encabezado por un gran cerebro artificial que concentra toda la información sobre lo que ocurre en el mundo –y es capaz de manejarla en tiempo real–, al cual quedarían conectados todos los cuerpos de seguridad de Estados Unidos en cualquier parte del mundo: el Network Centric Warfare, anunciado en los documentos estratégicos del Comando Conjunto3 . El Departamento de Defensa se encuentra en medio de una transformación hacia lo que frecuentemente se llama ‘Red Centralizada de Guerra (Network Centric Warfare)’. En esencia, la Red Centralizada de Guerra traduce la superioridad en información en poder de combate (DARPA, 2003). El conocimiento y producción de materiales resistentes, ligeros, flexibles y lo suficientemente sofisticados como para que nadie más pueda disponer de ellos en un plazo que le otorgue una adecuada ventaja, así como de materiales o compuestos letales controlables; un manejo de las transmisiones en el espacio y conocimientos sobre la vida en los límites (ver las investigaciones sobre seres extremófi- los); experimentación con sistemas complejos de grupos vivientes, para prever o inducir su comportamiento; invisibilización de los mecanismos de vigilancia, investigación y control mediante su miniaturización (nano-robótica); producción de naves o tanques de guerra no tripulados; trabajo con sistemas de información instantáneos; emulación del funcionamiento cerebral –por lo menos de algunas funciones básicas– mediante sistemas de procesamiento informático (brain machine4), creando “sinergias entre biología, tecnología de la información y micro/nanotecnología” (DARPA, 2003): estos son algunos de los campos más cotizados del trabajo científico en la actualidad, y todos ellos contribuyen a cubrir las metas de la planeación estratégica diseñada por el Pentágono. Las áreas prioritarias en tierra en este momento “as a result of this constant strategic reassessment” (como resultado de este constante reposicionamiento estratégico) (DARPA, 2003) se relacionan con la creación de sistemas totalmente automáticos, con capacidad para responder a estímulos y corregirse sobre la marcha, entre los que se encuentran los vehículos de guerra no tripulados y los misiles programados; con la especialización y mayor confiabilidad de todo tipo de sensores; con el conocimiento y manejo del funcionamiento interno de organismos y estructuras y la búsqueda de combinación entre ambos (el mejor ejemplo es el biochip), con un fuerte trabajo, consecuentemente, en los campos de la nanotecnología y de la ingeniería genética; con la creación de sistemas capaces de procesar gigantescas cantidades de información y de hacerlo en tiempo real; y, por supuesto, con todo lo relativo al origen y evolución de la vida (DARPA, 2003; Ceceña, 2004).

 

Y para garantizar el abarcamiento del espacio y no dejar resquicios al potencial enemigo, la NASA contribuye al Homeland Security específicamente con desarrollos en cinco áreas: - seguridad aérea, incluyendo el reforzamiento de las naves, la gestión del espacio, el manejo de pasajeros y la integración de sensores; - sensores y detectores biológicos, químicos y radiológicos; - acopio, análisis e imaginería geoespacial, y capacidad para gestionar, integrar y analizar grandes cantidades de datos; - desarrollo de vehículos aéreos automatizados (robots) para usarse como plataformas de vigilancia, comunicaciones y de inteligencia o captación remota; y - acceso perfeccionado y continuo del espacio para adquirir ventajas de seguridad nacional (NASA, 2003). La tecnología es la manera capitalista de apropiarse del conocimiento y vitalidad no sólo de la especie humana sino de todos los seres (vegetales, animales u otros) que coexisten en su área de alcance5. La tecnología es la mediación que separa al trabajador del objeto de trabajo y que le arrebata el control de un proceso que se le superpone y lo domina; es a la vez resultado y herramienta de la competencia; medio de condicionamiento y/o apropiación de la ciencia y la subjetividad; base del control y enajenación de las comunicaciones e instrumento de dominio y superioridad cuidadosamente cultivado por los poderes militares6. Así lo ha entendido el Estado estadounidense, que concentra bajo el mando del Departamento de Defensa la mayor red de instituciones, empresas (a través de contratos y de la utilización compartida de los laboratorios de investigación y desarrollo) y científicos (mediante contratos o financiamiento de investigaciones) dedicados a la producción de ciencia en las fronteras del conocimiento y de tecnología de usos estratégicos. La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa (DARPA) es, con todo el conjunto que agrupa, el laboratorio más promisorio del mundo. Su misión es mantener la superioridad tecnológica del sistema militar de EE.UU. (DARPA, 2003), pero en realidad, por la forma en que trabaja y por la estrecha relación entre las empresas y los cuerpos de seguridad –o entre lo económico y lo militar–, produce una tecnología de uso dual que nutre también la guerra económica de las empresas estadounidenses en el planeta, al tiempo que garantiza el dominio militar completo que abre puertas a las inversiones pero que se justifica en sí mismo. El propósito es generar posibilidades tecnológicas diversas y suficientes para sustentar la fortaleza estadounidense en escenarios cambiantes y, en cierto sentido, impredecibles7.

 

La orientación general se aplica tanto a la competencia económica como a la supremacía militar y control de los territorios, con proyectos de largo plazo de múltiples opciones, y los mecanismos de trabajo vinculan al sector militar con empresas y universidades. La inteligencia y habilidad del país se condensan en proyectos compartidos, en los que cada uno desarrolla sus mejores capacidades e inventivas. La ciencia básica así generada, en la que el financiamiento a universidades y la creación de laboratorios son centrales, se convierte en productos tecnológicos a partir de contratos con el sector empresarial, y además de trabajar en las aplicaciones que requiere la práctica militar tiene regularmente aprobación para generar aplicaciones propias. En 2004 el presupuesto del Departamento de Defensa para Investigación y Desarrollo fue de 66.323 millones de dólares, un 13% más que en 2003. Del porcentaje aumentado, 6.300 millones (la mayor parte) fueron destinados a desarrollo de armamento (AAAS, 2005), que se lleva adelante mediante contratos con empresas privadas. Como punto de referencia es interesante comparar con la aportación del (NIH) National Institutes of Health que tiene a su cargo todas las investigaciones sobre cáncer, sida y enfermedades raras, entre las que se encuentran las relacionadas con la guerra bacteriológica, y que destina 28.045 millones a investigación y desarrollo, al tiempo que la NASA destina 10.958 millones de dólares (AAAS, 2005).

 

El Departamento de Defensa (DoD) proporciona más del 40 por ciento de todo el apoyo federal a la investigación en ingeniería y la mayoría del apoyo federal en algunos de los subcampos estratégicos de la ingeniería. El DoD proporciona también más de un tercio del apoyo federal total para investigación en ciencias de la computación y juega un papel prominente como financiador en disciplinas tales como matemáticas y oceanografía (AAAS, 2005). En 2002 el presupuesto para contratistas fue de 170.783 millones de dólares, de los cuales un 10% se destinó a la Lockheed Martin Corp. y otro 10% a la Compañía Boeing, que comprende a la antigua McDonnell Douglas. Esto podría hacernos suponer que los aviones son prioritarios, si no fuera porque el 73% de las ventas de Lockheed y el 33% de las de Boeing son de armamento (78 y 48% respectivamente en 2003). Diez empresas se llevaron el 39% del presupuesto para contratistas en 2002. Entre ellas se encuentran Raytheon Co.; Northrop Grumman Corp., General Dynamics Corp. y United Technologies Corp., además de las dos mencionadas arriba; pero en lugares privilegiados de la lista se observa a las que fueron seleccionadas para la reconstrucción de Irak (Bechtel Group Inc. y Halliburton Co., en los lugares 17 y 37 respectivamente) y que son simultáneamente las privatizadoras del agua (Bechtel Group Inc.); y las que entrenan ejércitos en otras partes del mundo como Dyncorp, hoy Veritas (lugar 32) (DoD, 2003). Estas empresas se dedican en una alta proporción a la fabricación de armamento trabajando en las fronteras de la innovación tecnológica en el sector, y su participación como contratistas del DoD se distribuye entre actividades dedicadas a la investigación y al desarrollo, generando al mismo tiempo nuevos conocimientos y nuevas aplicaciones. De esta manera, son estas empresas, junto con el DoD, las que fijan los estándares tecnológicos en la industria de armamentos y en algunas otras (relacionadas con comunicaciones o manejo del espacio por ejemplo). Las mismas diez empresas, más las otras mencionadas, se mantienen en 2004 como principales favorecidas por los contratos del Departamento de Defensa (DoD, 2005). El beneficio es recíproco, manteniendo el criterio de tecnología dual que puede aplicarse tanto a la industria civil como a la militar en una alta proporción, y así, lo alcanzado es mucho más que la suma de sus partes.

Muy reveladora de la concepción que se tiene de la importancia de lo tecnológico como condición material de la dominación es la forma en que se propicia la invención o la multiplicación del conocimiento induciendo la búsqueda epistemológica, y cómo se incorpora la diversidad lingüística y cultural como objeto de aprendizaje y prueba8 . La DARPA usa buena parte de sus recursos (40% en investigación básica y 60% en proyectos compartidos con diferentes empresas para aplicación tecnológica) para contratar científicos durante un plazo de cuatro años cada vez, en los que les monta un laboratorio sin restricciones y sin especificación sobre las investigaciones a realizar. Esto permite el mayor desarrollo de la creatividad y el uso óptimo de las capacidades de estos grandes cerebros.

 

La ocupación del mundo

El poderío tecnológico y la altísima concentración de riqueza, bajo una visión militarista como la que se ha desarrollado en los últimos veinticinco años por lo menos10, ha llevado a EE.UU. a tomar el planeta entero como ámbito de construcción de su seguridad nacional. Sus planes estratégicos para el siglo XXI son trazados globalmente, abarcando hasta las islas más remotas y las galaxias alcanzables. Garantizar su seguridad y salvaguardar sus intereses vitales supone controlar el mundo en su totalidad y, en esta disputa, el territorio sigue siendo el elemento esencial, como bien observa Brzezinski: la competencia basada en la territorialidad sigue dominando los asuntos mundiales, por más que actualmente sus formas tiendan a ser más civilizadas. En esa competencia, la situación geográfica sigue siendo el punto de partida para la definición de las prioridades externas de los Estados-naciones y el tamaño del territorio nacional sigue siendo también uno de los principales indicadores de estatus y poder (Brzezinski, 1998: 46). En este juego de fuerzas, EE.UU. ha hecho un nuevo balance geográfico estratégico y con esa orientación ha rediseñado sus políticas y su red de posiciones militares de manera que le permitan cubrir el conjunto y facilitar la coordinación del trabajo de control concentrado en el Network Centric Warfare, empezando por el reforzamiento de las regiones que son consideradas prioritarias tanto por su posición geográfica y por su disponibilidad de recursos esenciales (o por ser ruta de acceso a los mismos) como por requerir de una atención especial debido a la conflictividad activa que presentan, llamada en sus discursos ingobernabilidad. Actualmente se habla de 725 bases reconocidas, pero las posiciones son más. Algunas bases son secretas y muchos asentamientos son provisionales o desmontables, usados para las tareas de entrenamiento o supuesto apoyo social a las poblaciones locales. Este último es el caso de las operaciones de Nuevos Horizontes emprendidas por el Comando Sur del Ejército estadounidense, y las de entrenamiento que se realizan generalmente en colaboración con cuerpos de seguridad locales pero dirigidas por los estadounidenses. A las bases ya existentes, la mayoría colocadas a mediados del siglo XX, se han agregado muchas otras que cubren en conjunto casi la totalidad del planeta, pero analizándolas con cuidado pueden identificarse tres zonas de especial interés (…)

 

La guerra asimétrica

Todos estos adelantos tecnológicos –en el campo de las comunicaciones, de la industria de guerra, del origen de la vida u otros–, enfocados hacia la contrainsurgencia, permiten pensar en un intento por controlar ya no sólo las acciones sino las mentes de los individuos, entendidos como esos seres aislados de sus entornos o lazos comunitarios que el neoliberalismo ha ido produciendo por todos lados. La manera mejor y menos costosa de prevenirse contra la disidencia consiste en individualizar y aislar a los seres humanos, robarles el sentido y generalizar la sensación de impotencia. De esta forma, la dimensión más importante en la estrategia de guerra hoy es sin duda la prevención-disuasión, que lleva a dirigir la mayor parte de los esfuerzos hacia el trabajo de inteligencia bajo una concepción de amplia visión. Inteligencia como acumulación y procesamiento de información, como vigilancia directa o indirecta, pero, sobre todo, inteligencia como generadora de sentidos comunes enajenados. Como productora y generalizadora de la visión del mundo que nos sume en la impotencia, que hace del otro un enemigo, de la comunidad un lugar inseguro y de las relaciones sociales, relaciones de disputa. Esta visión es ampliamente difundida con las campañas para hacer de la seguridad el principal problema de la sociedad y para convertir a cada individuo en un delator. Siempre estará la instancia superior disciplinadora y emisora del discurso de verdad, ante la cual los individuos en su pequeñez acuden para saber cómo es su vida y para pedir protección.

 

La creación de la no-comunidad (Ceceña, 2004a), la negación de los sentidos históricos colectivos, tan vigorosamente impulsada por el neoliberalismo, se combina con la instauración de una nueva cultura social que internaliza la disuasión e inhibe paulatinamente cualquier posibilidad de emancipación: la cultura del miedo y la cultura de la delación, que suponen y propician la individualización extrema y la soledad total. Los productos son los individuos aislados y envilecidos por la competencia y la delación, pero a su vez son el blanco de esta guerra. No se trata más de una guerra contra las instituciones, porque esa se despliega muy exitosamente a través de la creación de organismos y normatividades internacionales. Esa es la guerra de la OMC, el FMI, el BM e incluso la ONU. Es una guerra que no aparece como tal pero que condena a los pueblos a la desaparición por desposesión paulatina pero implacable. Esta otra es contra el caos creativo y libertario, contra la ingobernabilidad, contra la indisciplina de esos pueblos desposeídos y avasallados en su materialidad y en su historia. Es una guerra por destruir sujetos, por despersonalizar. Lo otro, lo externo al sujeto dominante, puede ser controlado o destruido a través de su objetivación: o bien es incorporado como objeto funcional al que se le asignan tareas o roles, suplantado en su sujetidad, o bien es considerado como objeto de destrucción por ser superfluo o por ser rebelde, raro, anormal, inadaptado. La disuasión, categoría central para entender la política del sujeto hegemónico, lo lleva a crear y hacer uso de todos los medios para convencer, para persuadir al resto del mundo de que no hay otra opción (Thatcher dixit). Esto transita, fundamentalmente, a través de la creación de asimetrías, ya sean intimidatorias o legitimadoras. La asimetría, en realidad, es una característica inmanente de un mundo en el que las condiciones naturales y sociales variadas se introducen al mercado como elementos de competencia, y en el terreno militar o geopolítico ha sido considerada, profundizada y aprovechada desde siempre. Actualmente, sin embargo, esta asimetría fue incorporada al pensamiento estratégico norteamericano como herramienta conceptual que orienta diagnósticos, políticas y acciones20. La cobertura mediática otorgada a la guerra del Golfo Pérsico correspondió a la necesidad de mostrar al mundo las condiciones que supone enfrentarse a un poder que, usando todos los conocimientos generados por la ciencia, fue capaz de construirse una situación de invulnerabilidad (siempre relativa) y de que, entonces, más vale no desafiarlo. Evidentemente la brecha tecnológica y armamentista creada por el sujeto hegemónico tiene un sustento material indiscutible, en el que las prioridades se definen, actualmente, a partir del reconocimiento de las asimetrías. Es decir, no hay un reconocimiento de diferencias sino de desigualdades que permitan tomar ciertas ventajas. No obstante, como señala Steven Metz (2002), asesor en seguridad nacional y profesor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército de EE.UU., la imagen del poder se construye también psicológicamente. La creación de imágenes y mitos forma parte de la lucha estratégica y transita tanto por noticieros, telenovelas y otras expresiones de los medios de comunicación masivos como por las explicaciones del mundo que se transmiten en los libros de historia, en los discursos de los profesores de educación básica, en las universidades y en la propia ciencia. Sin desmerecer la importancia de las acciones bélicas y econó- mico-financieras –que es sin duda fundamental, no sólo para construir una situación de ventaja sino para crear imágenes de imposibilidad– el lugar decisivo para prevenir y/o disuadir cualquier intento por modificar las reglas del juego o por construir diques al dominio capitalista y apagar la rebeldía, la disidencia o la insurgencia es el cultural, donde radican la memoria histórica, las cosmovisiones, las epistemes y las utopías.

Es ahí, en la creación de sentidos, donde se arraiga el más profundo desafío. En las comunidades humanas, en mi visión, hay una construcción de sentidos comunes que emana de la experiencia, del intercambio con la naturaleza de la que en realidad forman parte, de la observación e interacción con el cosmos y de las diferentes prácticas de vida. Los sentidos comunes son así construidos como explicaciones colectivas de aceptación general, que se van diseñando en el rumiar de las experiencias y observaciones cotidianas, en el pensar y en el hacer de la vida. Así, fue hasta la llegada del capitalismo en que la ciencia y la técnica lograron ser desarrolladas a tales velocidades que se adelantaban a las percepciones de la gente, produciendo resultados antes de que el proceso tuviera término o suficiente madurez para ser incorporado colectivamente. La visión del sujeto (o sujetos) dominante, apoyada en nuevos instrumentos y herramientas de todo tipo y con la preocupación de la competencia, se empezó a producir unilateralmente, sin permitir un procesamiento colectivo que le diera sustancia. La solidez se fue supliendo con impacto; la socialización de las ideas encontró vías indirectas (televisión, por ejemplo) en las que los objetos empezaron a jugar roles cada vez mayores, eliminando la construcción intersubjetiva; las ideas se dejaron de rumiar, de compartir, y los sentidos comunes dejaron de ser una construcción de la comunidad (dejaron de ser comunes) para convertirse en nuevos productos, sólo que dirigidos a la conciencia. La velocidad de las imágenes de estos sentidos producidos, ajenos, impide la reflexión propia, el intercambio de interpretaciones de la realidad y la socialización. Está trabando la construcción de un sentido general de realidad porque, a cada paso, se van produciendo nuevas imágenes que se suceden infinitamente, sin tener rutas de conexión entre sí, que rompen, niegan, vacían o confunden las percepciones colectivas. Nuevamente hay una utilización estratégica de las asimetrías que otorgan al poseedor de medios masivos de comunicación la ventaja de difundir su sentido de la vida y su concepción del mundo como sentidos generales. Se trata aquí de un uso distinto de la asimetría estratégica que más que intimidar –que es tarea principalmente del poderío bélico o económico– se propone legitimar un modo de vida colocando a la tecnología como medio, soporte y justificación de la enajenación de sentidos.

 

La internalización de las imágenes de realidad producidas por el poder, en vez y en contra de las imágenes construidas colectivamente, genera seres de conciencia enajenada, seres vaciados de impulso sujético.

La guerra para imponer la dominación total –la dominación de espectro completo– se desarrolla sobre la base de esta asimetría. Perder el sentido histórico hace olvidar que el capitalismo tiene límites, que no siempre existió y que, si sus impulsos destructivos no acaban con el planeta, no tendrá vida eterna. Que el capitalismo es sólo un modo de organización social, el más contradictorio que se conoce, dentro de un universo de posibilidades. Que el individuo –que no la persona– es una creación perversa de este sistema basado en la competencia y el sometimiento/destrucción del otro. Que las relaciones humanas son intersubjetivas y no asimétricas. Las comunidades de sentido, ya sea producido o construido, son los lugares de definición de las posibilidades de dominación-emancipación. Es ahí donde se delimitan los horizontes.

Sentidos y prácticas de las emancipaciones

La aparición de nuevas hegemonías, o la deconstrucción de la hegemonía de un mundo organizado hegemónicamente como única opción, pasa por la emanación de sentidos comunes no alienados, epistemológicamente distintos al sentido dominante, provenientes de otros universos creativos. Sentidos comunes creados colectivamente –y permanentemente vueltos a crear–, madurados en el proceso de reconocimiento y reconstrucción de socialidades, en la resistencia y la lucha. La negación de sentidos comunes producidos a través del sistema de poderes sólo se constituye como ethos emancipatorio en el proceso de generación de nuevos sentidos y realidades, que es, simultáneamente, el proceso de creación de nuevas politicidades. Una nueva politicidad y nuevos sentidos de vida, nuevas socialidades que, a pesar de ser inventadas, surgen de la historia y del quehacer cotidiano, de las vivencias y visiones, de las historias heredadas, de las experimentadas y de las soñadas. Están hechas de tradiciones, de superación crítica de las historias vividas y de deseos. Los trabajos de E. P. Thompson muestran con gran elocuencia el conflicto entre los sentidos comunes del pueblo y las medidas o políticas adoptadas por la burguesía en ascenso en Inglaterra, que aparentemente van siendo asumidas por la sociedad hasta que llega un momento de saturación o de exceso en el que la multitud rompe la dinámica, haciendo valer sus convicciones morales (su economía moral), sus tradiciones y sus rechazos.

 

Es un sentido colectivo con raíces múltiples, construido a lo largo del tiempo, que lleva a la multitud a movilizarse sin necesidad de planear sus acciones más allá de lo inmediato porque responden a un sentir compartido, con consensos implícitos. La sobrevivencia en una sociedad fragmentadora y contrainsurgente, como la capitalista, requiere de la búsqueda de solidaridades familiares, vecinales y/o comunitarias, que permitan armar algunas corazas de protección ante la vulnerabilidad casi absoluta a la que son arrojados los sectores populares, los sectores de desposeídos de todo tipo. El cuidado de los hijos durante el horario de trabajo, la defensa o escape de la represión, de los usureros o mafiosos, el lavado de la ropa, el acopio de agua y todas esas tareas sin las que es imposible organizar la vida cotidiana en los barrios o localidades de los dominados –o de los oprimidos pero no vencidos, como dice Silvia Ribero–, son el terreno donde se crean o recrean las relaciones de socialidad de las que emanan las visiones y sentidos de un mundo diferente al de los poderosos, porque crece sobre otros sedimentos y mira desde otro lado. Con sus variantes, esto parece ser una realidad tanto en el ámbito urbano como en el rural: El trabajo colectivo, el pensamiento democrático, la sujeción al acuerdo de la mayoría, son más que una tradición en zona indígena, han sido la única posibilidad de sobrevivencia, de resistencia, de dignidad y de rebeldía (SIM, 1994: 62). Es decir, las costumbres colectivas de antaño son reproducidas no tanto por tradición y cultura sino por estrategia de sobrevivencia o, en todo caso, por ambas. No se trata de una acción planeada ni de nostalgias del pasado, sino de urgencias de un presente difícil que sólo así ofrece salidas a la degradación o extinción.

 

En este entorno de convivencia solidaria barrial o comunitaria, cuando ocurre, se construyen formas de trabajo compartido que garantizan el día a día, pero también se socializan problemas, rencores, visiones, creencias, esperanzas y dignidades, componentes todos del magma que contiene el sentido moral colectivo que el capitalismo –sobre todo en sus modalidades actuales– se ha empeñado en romper y confundir, como bien afirma la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida: Después de quince años de neoliberalismo, luego de que creíamos todos que el modelo nos había arrebatado los valores más importantes de los seres humanos, como son la solidaridad, la fraternidad, la confianza en uno mismo y en los demás; cuando creíamos que ya éramos incapaces de perder el miedo, de tener la capacidad de organizarnos y de unirnos; cuando nos han ido imponiendo con mayor fuerza la cultura a obedecer, a ser mandados; cuando ya no creíamos en la posibilidad de ser capaces de ofrecer nuestras vidas y morir por nuestros sueños y esperanzas, por ser escuchados, por hacer posible que nuestra palabra sea tomada en cuenta, nuestro humilde, sencillo y laborioso pueblo trabajador, compuesto por hombres y mujeres, niños y ancianos, demuestra al país [Bolivia] y al mundo que esto aún es posible (CDAV, 2000). El pueblo –la multitud de Thompson– se transforma en sujeto por el impulso de la indignación21 cuando se pretende arrebatarle el agua. Lo mismo ocurre cuando se quiere expulsar poblaciones de la selva, en la mayoría de los casos su último reducto, o cuando se dispone del territorio como si no fuera parte de una historia crecida en el tiempo que encierra todos los saberes.

 

El pueblo se subleva, de diferentes maneras, cuando es empujado más allá de su última frontera. Eso es lo que encontramos en las palabras y las prácticas de las fuerzas libertarias, de los movimientos de emancipación que se levantan en las tierras de América Latina y del mundo. Movimientos de emancipación, por cierto, que no pueden ser circunscriptos ni en lo social, ni en lo político porque se mueven en todos los ámbitos, planteando una transformación de la totalidad que implica nuevos procedimientos y contenidos. Y los pueblos en la fase neoliberal han sido efectivamente arrojados hasta las últimas fronteras. Geográficamente se les niega la territorialidad y política o culturalmente se les borra del imaginario social. La ambición de poder absoluto que busca perseguir sin descanso al dominado, humillarlo y aplastarlo de manera implacable e inhumana, que intenta arrebatarle toda dignidad, que es pilar de la ideología y sentido común del pensamiento militarista de los dominadores, se expresa elocuentemente en el comportamiento de las tropas estadounidenses en cualquier parte del mundo –comportamiento criticado incluso por algunos asesores del Pentágono porque contribuye a incrementar la inseguridad del ejército frente a las poblaciones ocupadas22. La estrategia de la guerra asimétrica que consiste en abarcarlo todo (espectro completo) para no dejar resquicio al enemigo (Joint Chiefs of Staff, 2000) lleva la pretensión de humillación hasta esos niveles en que desata la lucha por la recuperación de la dignidad.

 

Las sublevaciones populares que podemos observar por todos lados tienen como sello ese carácter recuperador/recreador de la dignidad y los sentidos, de las identidades; identidades nuevas, que aunque vienen cargadas de tradiciones e historias, se están inventando en la lucha. La mayoría de los movimientos en la actualidad encuentran su sentido en el territorio y desde ahí se sublevan. El territorio como espacio de inteligibilidad del complejo social en el que la historia se traza desde el inframundo hasta el cosmos y abarca todas las dimensiones del pensamiento, la sensibilidad y la acción. Lugar donde reside la historia que viene de lejos para ayudarnos a encontrar los caminos del horizonte. Desde ese lugar donde la tierra adquiere forma humana y toma cuerpo en los hombres y mujeres de maíz, los del color de la tierra, o en los hombres de mandioca, de trigo y arroz. Desde el territorio cultural, desde el territorio complejo (Ceceña, 2000 y 2004b) donde se generan las prácticas y las utopías, los sentidos de la vida y de la muerte, los tiempos y los universos de comprensión. Es ahí donde se construye la esperanza y también donde se rompen los sueños cuando no se logra mantener. Es el que alimentó a Tupac Amaru, a Cuauhtémoc, a Emiliano Zapata, a Zumbí, a Atahualpa y a tantos otros que forman parte de esa historia a la que no vamos a renunciar. Y es ese territorio el que nos hizo conocer la dignidad23 y nos impide renunciar a ella. Y ¿qué es un proceso emancipatorio si no la sublevación de la dignidad de los pueblos? La dignidad que reclama la libertad de pensamiento y acción, la revaloración del pasado y la capacidad de autodeterminarse sin ningún tipo de mediación. La libertad para nombrarse, para moverse y relacionarse, la libertad para ser. Eso es lo que hace que los procesos insurreccionales que mueven hoy los escenarios mundiales no puedan ser calificados de sociales o políticos como pretenden algunos estudiosos, porque implican la disolución de todas las fronteras: son movimientos contra todo tipo de cercos que, por lo mismo, están operando una reinvención de la política que incorpora todos los aspectos de la vida y las relaciones sociales como espacio de la intersubjetividad en plenitud. Hoy que la batalla por el territorio y la autodeterminación de los pueblos tiene que ser ganada también en el ámbito de la construcción de sentidos, donde el poder trabaja para imponer una visión de impotencia en los dominados, la lucha nos incluye a todos. No sirve producir un nuevo y sensato sentido común que se impone desde la academia, la ciencia o los círculos del poder, es preciso que el sentido común se construya colectivamente en un proceso en el que las intersubjetividades en sí mismas, en su territorio real y simbólico, sean el principal sentido común libertario.

Bibliografía: (..)

* En libro “Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado”/ coordinado por Ana Esther Ceceña -1aed.-Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 2006

 **Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Directora de la revista Chiapas. Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO Hegemonías y Emancipaciones.

 Fuente: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/cece/Ana%20Esther%20Cece%F1a.pdf

 

 

 

Apreciemos cómo subjetividades colectivas se singularizan y potencian sus capacidades emancipatorias por enraizarse en fraternizar.

 

 

Comprender el feminismo en la lucha campesina

7 de agosto de 2017

 

"El movimiento ha hecho grandes esfuerzos para comprender lo necesario del feminismo para avanzar en sus luchas. En la Declaración de Euskal Herria de 2017, quedó de manifiesto la voluntad explícita de construir un movimiento campesino feminista dentro de La Vía Campesina, y el compromiso de superar el patriarcado, considerado como obstáculo mayor para la transformación de la sociedad."

“Algo muy importante en cuanto mujeres de La Vía Campesina es identificarnos como tales y compartir nuestras luchas específicas” destacaron las ponientes al comenzar la V Asamblea de Mujeres que tuvo lugar en el País Vasco, el 17 y 18 de julio de 2017. Las mujeres campesinas matizaron los aspectos que las unen, entre ellos su cuidado de la tierra, las semillas y los ecosistemas, y sus luchas contra el patriarcado, el sistema sexista y la violencia. Aprovecharon la ocasión única de estar reunidas para afianzar su lectura de lo que significa luchar por la soberanía alimentaria con feminismo.

 

Espejismos de igualdad

El debate sobre el feminismo en La Vía Campesina empezó al fundarse dentro del movimiento en 1993. Según dijo una campesina líder de la organización chilena de mujeres ANAMURI durante la Asamblea de Mujeres, el debate ha ido evolucionando en torno a la igualdad de género y la lucha contra el prejuicio cultural y sexista. Y lo más importante, añadió, es que esta lucha está enraizada en valores de equidad, justicia social y solidaridad, valores fundamentales en las luchas políticas de las mujeres campesinas. “Estamos construyendo esperanza y generando energía de esa manera”, dijo.

 

Esa construcción de la esperanza por parte de las campesinas se está dando en todo el mundo. En la India, las viudas cuyos maridos se suicidaron y que, acto seguido, quedaron rezagadas, no sólo cargan con el dolor del luto sino también con cuantiosas deudas y trabajo adicional. Conscientes de ello, se están organizando como parte de KRRS, una organización miembro de La Vía Campesina. En Sri Lanka, las mujeres están ocupando una posición cada vez más destacada en la promoción de la agroecología y se las conoce como “las científicas del suelo” porque están convirtiendo tierras salinizadas en tierra fértil. Han creado su propia estructura como parte de MONLAR, una organización miembro de La Vía Campesina. En Estados Unidos y en Europa, la mayoría de los jóvenes que están volviendo al campo y desarrollando una forma de agricultura y de comercialización innovadoras son mujeres. Y en África Occidental, las mujeres son la fuerza motriz detrás de las nuevas escuelas de agroecología de La Vía Campesina.

 

A nivel mundial, la alianza firme entre La Vía Campesina y la Marcha Mundial de las Mujeres ha contribuido a la realización de los objetivos feministas. El movimiento también ha identificado un mecanismo para la participación de sus mujeres representantes en el Mecanismo de la Sociedad Civil del Comité Mundial para la Seguridad Alimentaria. A propósito de este último logro, una campesina española comentó que “los gobiernos no velan por que haya paridad de género, pero nosotras las mujeres debemos hacerlo, ¡para tomar el control de nuestras tierras y de nuestras vidas!”

 

Liderazgo de las mujeres en el movimiento

Un componente de la lucha por la igualdad tiene que ver con los procesos de toma de decisión en el seno de la propia Vía Campesina, procesos en los cuales las mujeres van ganando cada vez más terreno, tras años de duro trabajo. En los organismos políticos de la coordinación latinoamericana de La Vía Campesina, por ejemplo, hay ahora más mujeres líderes que hombres. Y sus miembros en África han creado una estructura de coordinación regional con el objetivo explícito de asegurar la presencia de las mujeres en los procesos de toma de decisión. En la Conferencia Internacional de La Vía Campesina en Bangalore, en el año 2000, se dio un paso importante al alcanzarse la paridad de género y hubo el mismo número de campesinas y de campesinos participantes. Desde entonces, a cada organización miembro se le requiere delegar a un número igual de hombres y de mujeres para que participen en las reuniones internacionales del movimiento.

Aunque muchos hombres reconocen la importancia de compartir las responsabilidades políticas con las mujeres, también están aquellos que no lo hacen. “Algunos hombres, e incluso algunos de nuestros camaradas, consideran cada paso que damos, cada derecho que logramos sostener, como una pérdida de sus privilegios”, señaló una poniente. Interpelando a la audiencia, preguntó: “Cómo vamos a luchar por una verdadera paridad y para que haya políticas internas que defiendan los derechos de las mujeres a en todos los niveles de nuestras organizaciones?”

Además está el desafío de llevar estas resoluciones a la práctica. Algunas mujeres fueron francas y expresaron que a veces se hacen grandes declaraciones de compromiso, pero que “la realidad es completamente diferente cuando volvemos a casa, a nuestras organizaciones y a nuestras vidas cotidianas.” La Declaración de Euskal Herria, adoptada el 22 de julio de 2017 en la Conferencia Internacional de La Vía Campesina, justo después de la Asamblea de Mujeres, reitera el compromiso del movimiento de instituir la paridad de género en todas las áreas, “especialmente, pero no solamente, en nuestro liderazgo”.

 

De la paridad de género al feminismo

Así que, mientras que la paridad de género crece en el seno de La Vía Campesina, en muchos casos existe más sobre papel que en la práctica, y esto por sí sólo no garantiza la participación igualitaria en la toma de decisiones. Las mujeres que se reunieron en el País Vasco enfatizaron que la paridad de género necesita ser acompañada de otros aspectos para que la igualdad se vuelva realidad, empezando por el establecimiento de grupos de mujeres dentro de las organizaciones miembro, todo ello acompañado de presupuestos adecuados y de una formación política desde una perspectiva feminista, tanto para los hombres como para las mujeres. De hecho, los campesinos y campesinas destacan que la lucha por el feminismo no es sólo de las mujeres sino también explícitamente de los hombres, a pesar de que haya llevado tiempo y esfuerzo para que todos lo entiendan y lo acepten.

 

Reconociendo toda esta complejidad, los y las participantes de la Asamblea de Mujeres reflejaron lo que significa el feminismo en el contexto de la lucha campesina, puesto que a menudo el feminismo se atribuye a las sociedades urbanas u occidentales. Las mujeres rurales del mundo entero sienten que están sosteniendo una lucha particular y, por tanto, tienen un rol particular para modificar esta visión reducida del feminismo. Reconocen que viven en comunidades, granjas y hogares en el campo que son compartidos con los hombres y que “nuestra versión del feminismo tiene que conectar con la idea de hacer el bien, crear espacios de seguridad en ese contexto”. Una joven líder campesina del MST de Brasil lo dejó claro: “Para nosotras, el feminismo significa cambiar a la vez las relaciones entre personas y medio ambiente, y entre hombres y mujeres. Nuestro trabajo como campesinas debe ser valorizado, mientras que el peso del trabajo doméstico no debe recaer exclusivamente sobre las mujeres. Hemos de construir nuevos valores y nuevas relaciones todos los días, en nuestra sociedad y en el seno de nuestras organizaciones.”

 

Profundizando este análisis, vemos que a lo largo de los años los y las miembros Latinoamericanos y Caribeños de La Vía Campesina han desarrollado colectivamente el concepto de “feminismo campesino y popular”, enraizado en un contexto histórico y una forma de luchar de las mujeres campesinas que son específicos de aquella parte del mundo. Explicaron que este concepto viene de la comprensión del feminismo como lucha contra el sistema capitalista: “Los hombres no son nuestro enemigo. Nuestros enemigos son el capitalismo, el patriarcado y el racismo, y nuestro feminismo campesino es esencial para luchar contra ellos.”

 

Una campesina europea observó que el concepto de feminismo va más allá de la idea de dividir a las personas entre mujeres y hombres: incluye la diversidad de los seres humanos, incluye a aquellos que no se identifican con esa construcción binaria de la identidad. Esta noción es una pieza central del feminismo que queremos construir”, dijo. “La diversidad sexual y de género debe ser incorporada a nuestro concepto de soberanía alimentaria.” El apoyo creciente del movimiento a los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales (LGBTI) queda de manifiesto en el compromiso, incluido en la Declaración de Euskal Herria de 2017, de aumentar la capacidad de “comprensión, aceptación y creación de entornos positivos para la diversidad de identidades de género en nuestras organizaciones y/o alianzas”.

 

La Declaración también llama a que se acabe con toda forma de violencia hacia la mujer, que sea física, psicológica o económica. Comprender el papel que juegan la violencia y el poder en las luchas de los movimientos que componen La Vía Campesina es fundamental, tal y como lo expresó una campesina de Canadá en la Asamblea de Mujeres: “En un sistema patriarcal, la noción de poder no existe por sí sola, sino que siempre se manifiesta como poder sobre [algo o alguien]. Las mujeres no queremos eso, le tenemos miedo a eso, y por buenas razones. Al contrario, cuando nosotras, como mujeres, hablamos de poder, entendemos poder con; es decir que no entendemos las luchas como formas de violencia sino como una manera de reconstruir el mapa juntas y juntos. Tenemos que avanzar hacia el poder con, y nuestra lucha tiene que estar orientada a conseguir vivir en un planeta que sea hermoso, justo y solidario. Se trata de un proyecto político colosal, pero factible.

 

Construir a partir de la solidaridad de las mujeres campesinas

El movimiento ha hecho grandes esfuerzos para comprender lo necesario del feminismo para avanzar en sus luchas. En la Declaración de Euskal Herria de 2017, quedó de manifiesto la voluntad explícita de construir un movimiento campesino feminista dentro de La Vía Campesina, y el compromiso de superar el patriarcado, considerado como obstáculo mayor para la transformación de la sociedad, para una agroecología campesina auténtica, y por la soberanía alimentaria. “Esto no sólo atañe a las mujeres, más bien es una tarea que nos atañe a todos y todas.”

 

Una campesina de Canadá quien también fue una de las fundadoras de La Vía Campesina, y también la primera mujer que integró el Comité de Coordinación Internacional del movimiento, compartió la siguiente reflexión: “Nunca imaginé que llegaría este día, que habría tantas de nosotras aquí. Jamás imaginé que las mujeres de La Vía Campesina pudieran emanar tanta solidaridad y belleza.”

 

Las mujeres destacaron la importancia de conectar las unas con las otras para poder construir el feminismo en la lucha campesina. Una mujer de la Coalición Nacional de Agricultura Familiar de Estados Unidos dijo: “En Norte América tenemos que luchar todos los días contra el racismo y el sexismo. Nos humillan por ser mujeres campesinas, pero seguimos en pie junto con vosotras y todas las mujeres del mundo entero que están aquí y que están aprendiendo cómo luchar juntas.” Siguió leyendo un texto emocionante extraído de la Declaración de Alabama citada a continuación.

 

Se reconoció que estas discusiones son, efectivamente, una oportunidad excelente para que todos y todas aprendan. Sin olvidar que estos debates actuales se están articulando a partir de una historia poderosa: “Estamos caminando sobre los hombros de mujeres gigantes que están trabajando sobre los hombros de otras mujeres gigantes.”

Equipo de comunicación de La Vía Campesina

La Declaración de Alabama de las mujeres campesinas de América del Norte

Nosotras somos las mujeres,
Somos las lideresas en el movimiento de LVC en Norte América,
Lideramos con corazón de mujer, con amor y respeto por toda forma de vida, preocupadas por nuestros hijos y su futuro.
Criamos la tierra y las comunidades,
Hacemos tesoro de los dones de la tierra y de nuestros antepasados que nos precedieron.
El alimento, su producción, su preparación y su defensa, nos une.
Somos las artesanas de la soberanía comunitaria y alimentaria, que hayamos estado aquí por generaciones o que estemos empezando nuestro recorrido – somos las que protegemos lo que es necesario para nosotras, nuestras familias y los campesinos y campesinas en el mundo.
Luchamos y seguimos en pie con aquellos y aquellas que creen que los pueblos que producen y consumen el alimento son los que saben y a quienes se puede confiar la protección de nuestra tierra y nuestro futuro.
Nos vestimos para cumplir con nuestros objetivos del día: con tierra en nuestras manos, las botas puestas, tinta que mancha nuestros dedos y luz en nuestra mirada.
Trabajamos hasta que el trabajo esté hecho y entonces dormimos, para estar listas para crecer y ser lideresas juntas otro día más.
No hay barreras entre nosotras, las campesinas de México, Canadá y Estados Unidos.

Vía Campesina

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Comprender_el_feminismo_en_la_lucha_campesina

 

Hallemos la existencia milenaria de caminos confraternales. "Dedicamos este número totalmente a las semillas: ese tramado de saberes, conversaciones y reciprocidades entre humanos y plantas y entre gente empeñada en mantener un horizonte de justicia y entendimiento mutuo. Por las amenazas que se tienden sobre las semillas (las corporaciones buscan privatizarlas para detentar su diversidad, y robar literalmente la posibilidad de transformación de la actividad campesina), como Alianza Biodiversidad celebramos en Coyoacán, México el seminario: “Semillas: ¿bien común o propiedad corporativa?”.

 

"Nos reunimos organizaciones, redes, comunidades y movimientos sociales, de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México. Desde cada lugar compartimos la defensa de nuestras semillas en manos de la gente, manteniendo viva la soberanía alimentaria, la independencia material y moral de las comunidades campesinas y originarias, y de la población en general".

 

 

Revista Biodiversidad, sustento y culturas N° 93

8 de agosto de 2017

 

Editorial

La foto nos muestra un grupo de personas que intercambian semillas, frutos, en una comunidad. Es Colombia, pero podría ser cualquier lugar de América Latina o del mundo.

Y el razonamiento salta de inmediato: intercambiar materiales vegetales, alimentos, semillas necesarias para producirlos, es sin duda uno de los más antiguos cuidados que se han ejercido desde por lo menos 12 mil años según las regiones. Guardar esas semillas, repartirlas, aceptar recibirlas, implica de inmediato los elementos que configuran una comunidad: ese empeño de ser con otros, porque se pone en el centro de la relación el cuidado general y detallado de la vida y su continuidad, y la responsabilidad que se ofrece y se acepta como parte de una reciprocidad, de una mutualidad y un cariño que la palabra “solidaridad” no alcanza siquiera a teñir.

 

Este número de Biodiversidad, sustento y culturas hemos querido dedicarlo a las semillas: ese tramado de saberes, conversaciones y reciprocidades entre humanos y plantas y entre gente empeñada en ser, en un horizonte de justicia y entendimiento mutuo.

Sabedores de todas las amenazas que se tienden sobre las semillas, pues las corporaciones tienen puesto el ojo en privatizarlas (para detentar su fuerza de diversidad, y para robar literalmente la posibilidad de transformación de la actividad campesina), como Alianza Biodiversidad celebramos en Coyoacán, México, un seminario al que llamamos “Semillas: ¿bien común o propiedad corporativa?” donde nos reunimos organizaciones, redes, comunidades y movimientos sociales, todas personas cercanas al cuidado de las semillas, procedentes de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México.

La idea fue compartir las experiencias que a lo largo y ancho de América Latina llevamos adelante los pueblos mediante el cuidado, la siembra, la multiplicación y el compartir las semillas. Corroboramos que ellas son parte indisoluble de nuestra culturas y nuestros sistemas de vida.

 

Constatamos que las amenazas a nuestra agricultura y nuestras semillas se han multiplicado adquiriendo formas cada vez más perversas y sofisticadas —que van del desarrollo de nuevas tecnologías promovidas por el capital a la imposición de instrumentos de libre comercio, inversión y comercio bilaterales o multilaterales.

 

Denunciamos dos amenazas a nuestros pueblos que se repiten con diferentes matices en todo el continente y que atentan de manera brutal contra la continuidad de nuestra existencia como pueblos y la posibilidad de seguir compartiendo y multiplicando nuestras semillas:

 

1. La ocupación de nuestros territorios por megaproyectos, monocultivos industriales, proyectos extractivistas y energéticos es una amenaza que destruye, contamina y expulsa a campesinas y campesinos, pueblos originarios y comunidades locales. Sólo teniendo control y autonomía sobre nuestras tierras, territorios y bienes naturales (agua, biodiversidad) los pueblos podremos seguir defendiendo las semillas y produciendo los alimentos de los que la humanidad depende para su subsistencia, como lo hemos hecho a lo largo de la historia hasta la actualidad.

 

2. La violencia, persecución, criminalización y asesinato de nuestros dirigentes ha adquirido en los últimos años dimensiones alarmantes que hacen urgente que la frenemos de manera inmediata poniendo por encima de cualquier interés económico o corporativo la defensa irrestricta de los derechos humanos y colectivos de los pueblos. Frenar la violencia atroz del agronegocio, las corporaciones mineras, las empresas forestales, las corporaciones energéticas y cualquier proyecto corporativo en nuestros territorios es hoy una exigencia de los pueblos que todos los gobiernos, organismos internacionales y regionales deben poner en primer lugar en sus agendas.

 

Quisimos que este número reflejara la conversación colectiva que sostuvimos durante esos días para que en el tejido resultante asomáramos nuestra experiencia común, las principales amenazas que enfrentan nuestros sistemas de semillas nativas y criollas y la deshabilitación que pretenden imponernos para despojarnos de las claves de la vida. Este saber es lo que nos impulsa también a reivindicar la declaración de Durban, Sudáfrica, resultante del diálogo sur-sur sobre leyes de semillas que entre otras cuestiones afirmaba en 2015:

 

Se está produciendo un asalto renovado y más fuerte sobre las semillas, el patrimonio de la biodiversidad agrícola y los saberes asociados a éstas. Los procesos de formulación de leyes y políticas están ya muy avanzados en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, y se están imponiendo en nuestros países del Sur a través de acuerdos comerciales y de inversión bilaterales y multilaterales. Se basan en sistemas jurídicos que otorgan derechos monopólicos bajo la falsa afirmación de que estas variedades han sido “descubiertas” y mejoradas. Pero estas variedades son el producto de toda una historia de mejoras y mantenimiento colectivos llevada a cabo por manos campesinas. Para hacer valer estos derechos exclusivos sobre las semillas, [las corporaciones] hacen pequeñas modificaciones que justifican la privatización de las semillas.

 

De igual modo, la reunión de la Alianza Biodiversidad en Yvapuruvú, Paraguay en octubre de 2013, arrojó una declaración que seguimos reivindicando:

 

Las semillas son obra y parte de la historia de los pueblos. Ellas fueron criadas mediante el trabajo, la creatividad, la experimentación y el cuidado colectivo. A su vez, ellas fueron criando a los pueblos, permitiendo sus formas específicas de alimentación, de cultivar, de compartir y de desarrollar sus visiones de mundo. Están, por lo tanto, íntimamente ligadas a normas comunitarias, responsabilidades, obligaciones y derechos. Las semillas nos imponen responsabilidades que son incluso anteriores a nuestro derecho a utilizarlas.

 

Las semillas son la base fundamental del sustento. Si hoy podemos nutrirnos de la agricultura en el mundo entero, gozar de los sabores y formas de alimentación, sustentarnos y sustentar a la humanidad, es porque los pueblos las han cuidado, llevado consigo y permitido su circulación. Esa base del sustento y de la existencia está hoy bajo ataque. El objetivo de este ataque es acabar con la agricultura campesina e indígena y especialmente con la producción independiente de alimentos, intentando cerrarle el futuro a la soberanía alimentaria, para convertirnos en una población sin territorio, que sólo puede ser mano de obra barata y dependiente. Es un ataque que se despliega de diversas formas y mediante mecanismos múltiples. Necesitamos enfrentar la agresión de manera integral.

Para documentar esa agresión integral y para generar reflexiones y propuestas, estamos comprometidos en la Alianza Biodiversidad y en nuestra revista.

Descargue la revista (PDF) a continuación:

Biodiversidad, sustento y culturas 93 (6,34 MB) Leer

 

 Alternativas postcapitalistas

 

“Necesitamos articular las diversas resistencias y propuestas contra el ajuste social, el extractivismo, el “libre” comercio, la impunidad corporativa, las megarepresas y los megaeventos, la criminalización de la protesta, la militarización, el avasallamiento de los pueblos originarios… vincular a todas y todos quienes pelean por la soberanía y la autodeterminación en defensa de nuestros derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. No hay tiempo que perder para avanzar en la misma, reconociendo que forma parte del igualmente impostergable desafío de construcción hacia un nuevo proyecto popular superador del colonialismo, del capitalismo, del imperialismo y del patriarcado y en armonía con la naturaleza”.

Argentina

Una deuda con los derechos de los pueblos

21 de julio de 2017

 

Conferencia FES, 3 de mayo 2017.

Por Beverly Keene

Algunos aspectos de la actualidad argentina están sujetos a diversas interpretaciones y merecen debates profundos, pero en materia de deuda pública no parecen caber dudas que vamos de mal en peor, y rápidamente. Mal, porque pese al promocionado “desendeudamiento” de los últimos años, venimos desde tiempos de la dictadura sin quebrar el ciclo de endeudamiento y hegemonía que sigue implicando su propio 2 x 1: cada dólar recibido en préstamo remite como mínimo 2 de ganancias, y otros más en calidad de poder de dominación |1|. Peor, porque mientras la economía se estanca con un profundo ajuste en curso y todos los indicadores de empleo, ingresos, bienestar social en franco retroceso, la deuda pública financiera ya dio un salto de 35 mil millones de dólares en 2016 y el presupuesto 2017 contempla un nuevo incremento de 38 mil millones de dólares |2|. A modo de comparación, durante las gestiones Kirchner, el promedio de aumento anual de la deuda pública era de aproximadamente 10 mil millones de dólares.

Esta tasa de aumento (13%) en un contexto de recesión refleja centralmente la firme decisión política de gobernar con un ritmo de endeudamiento imposible de pagar, realmente inédito -aun comparando con el período de la última dictadura. Esta política beneficia directamente no solo a los prestadores, que cobran suculentos intereses, sino también a los colocadores de la deuda, que cobran importantes comisiones. Así, se deja atado el modelo productivo y todo el diseño de política económica a sectores del gran capital cada vez más concentrado y extranjerizado (incluso cuando su origen sea local).

Hay que resaltar que la nueva deuda pública no significa más inversión social, sino todo lo contrario. Se endeuda para cubrir el déficit fiscal que, pese a las promesas electorales de Mauricio Macri, se ha incrementado, tanto por la rebaja de las retenciones mineras y agropecuarias y otros regalos fiscales, como por el hecho de que crece el peso de los pagos de intereses. Lo que no tan eufemísticamente se llama “servicio de la deuda”, desde hace varios años se ha convertido en uno de los rubros presupuestarios más grandes y que más crece. El presupuesto 2017 prevé que 20% del gasto total de la Administración Central, 1 de cada 5 pesos, se aplique no para satisfacer los derechos humanos de la población -salud, educación, agua, vivienda o generación de empleo- sino para servir la deuda. Este pago de intereses, 30 millones de pesos por hora, equivale a un hospital completo cada día, insume más que el gasto federal en educación y deportes, salud, interior, obras públicas y vivienda –todo junto |3|.

La experiencia argentina reciente nos ha mostrado que el costo de servir la deuda es altísimo: más alto incluso que los posibles costos de cuestionar esa servidumbre. Son los grandes prestamistas y sus organismos – sean estos el Citibank, Paul Singer, China, el FMI, el Banco Mundial o quiénes más- quienes avasallan con sus requerimientos toda pretensión de soberanía y democracia en aras de acrecentar la explotación, el saqueo y la destrucción ambiental |4|. Es importante insistir: la deuda no sirve a los fines del desarrollo nacional, sino que constituye, hoy como ayer, una herramienta privilegiada del capital transnacional para llevar adelante sus procesos de despojo.

No podemos olvidar que fue la dictadura militar-corporativa que impuso a sangre y fuego el ciclo de endeudamiento ilegítimo e ilegal que el gobierno Macri ahora profundiza, no casualmente a favor de muchas de las mismas empresas e intereses. Tampoco debe sorprender, entonces, la actualidad de una de las denuncias de ese período confirmadas por el Juez Ballestero en la Causa Olmos, cuando afirma “la existencia de un vínculo explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del presupuesto nacional desde el año 1976” |5|.

 

Esa estafa original ha atravesado diversos momentos: la década perdida de los ’80 (con el fallido intento del club de deudores), la entrega del patrimonio público en los ’90, la crisis de 2001 y la política de “pagador serial” de los gobiernos del kirchnerismo –incluyendo las concesiones al Club de París, al CIADI, o a Repsol, entre otras. Las formas del endeudamiento fueron cambiando, pero no su esencia de constituirse en poder de dominación –que vulnera democracia y soberanía- ni el hecho de que su costo siempre lo paga el pueblo con sus derechos. Así, mientras más se profundiza el sistema de endeudamiento perpetuo, más se incrementan las deudas con el pueblo: la deuda social, la deuda ecológica, la deuda democrática, la deuda con las mujeres, la deuda con los pueblos originarios, la deuda con la niñez. En fin, la dicotomía es entre una deuda ilegal e ilegítima, y las deudas que son legítimas, que tienen al pueblo por acreedor.

 

¿Qué hacer?

Ante este escenario, se plantea el gran desafío desde el campo popular de reconocernos como verdaderos acreedores, y dejar de pagar lo que no debemos. Podríamos incluso decir que, en esta era de la pos-verdad, todavía luchamos por desmitificar muchos conceptos de la pre-verdad. Seguimos escuchando, por ejemplo, a pesar de todas las pruebas en contra, que el país se endeuda para tener recursos para invertir, para desarrollarnos. O que existe margen para endeudarnos porque la relación deuda / PIB es baja, o que hay que aprovechar la posibilidad de endeudar el país en el exterior – pues los inversores estarían amigables con el gobierno de Macri, que hizo “los deberes” para “retornar” Argentina a la supervisión del FMI y al mundo del mercado, o al mercado mundial. Y desde luego, se insiste, las deudas no solo hay que pagarlas, sino que es necesario “honrarlas” y “servirlas”. El lenguaje no es neutro.

Al finalizar la dictadura, el futuro presidente Raúl Alfonsín hizo campaña sobre la promesa de no pagar la deuda ilegítima, y su primer ministro de economía intentó realizar una investigación en ese sentido, pero fue abandonada ante las demandas del FMI y demás prestamistas. Luego, en especial en los ’90, después de que la deuda sirvió de palanca y palo para la imposición de la agenda neoliberal como salida a la crisis, la mera mención de la deuda era un tabú. Al día de hoy continúa siendo difícil incorporar la problemática en la agenda popular y el debate político, incluso hemos sumado nuevos obstáculos a su tratamiento en los años recientes.

Cuando Néstor Kirchner planteaba que era bueno pagar la deuda –mediante su reestructuración en 2005, o más aún con el pago anticipado al FMI – se operó un golpe muy certero a la opinión progresista, que, aunque no lograba materializar el cómo, hasta ese entonces mantenía incólume el convencimiento que el no-pago era lo justo y necesario. Poco después, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sobrevino el relato del “desendeudamiento” y cundió la sensación que la deuda –salvo aquella ligada a los fondos buitre– había dejado de existir, cuando en realidad lo que había sucedido era una importante conversión de deuda pública externa en deuda pública interna, política revertida ahora por el gobierno Macri. Es decir, no significó una disminución ni del stock de deuda pública ni del costo de su servicio, sino todo lo contrario. Dado el cerrazón de los mercados internacionales de capitales y sobre la base del pleno reconocimiento de una deuda probadamente fraudulenta |6| y la reafirmación de condiciones gravosas -como la cesión de jurisdicción a tribunales extranjeros y la renuncia a la inmunidad soberana -, se trató, en fin, de un traspaso del grueso de la deuda ilegítima de manos de prestamistas extranjeros al pueblo argentino entero, mediante su conversión en deuda intra-Estado. El 60% del fondo de garantía del ANSES, por ejemplo, está ahora prestado al Tesoro Nacional, para que éste pagara el servicio de una deuda que la justicia argentina ya había dictaminado fraudulenta.

Por todo lo anterior, el primer paso en esta nueva fase pasa por reconocer que la política de endeudamiento permanente es un problema, y que no es nuevo, sino que viene de lejos y perpetúa ganancias y privilegios para los prestadores. No huelga reconocer además que la experiencia argentina, si bien tiene particularidades, es compartida con gran parte de América latina y el Caribe, así como otros países del Sur global donde el endeudamiento público, que sostiene el despojo neocolonial y la dependencia, define los modelos productivos bajo los ejes comunes de empobrecimiento, desigualdad y destrucción ambiental y cultural. Hay que enfatizarlo: la deuda no es un simple problema de liquidez o de solvencia, sino una herramienta de dominación que acentúa la extracción de nuestros bienes comunes y pone en riesgo la democracia, nuestros derechos humanos, la naturaleza; en fin, la vida de los pueblos en todas sus dimensiones.

Así también resulta necesario construir conciencia crítica de que el problema de la deuda se trata en realidad de un sistema de endeudamiento perpetuo, que la convierte en ilegítima, ilegal, odiosa e impagable. Desde la red de Jubileo Sur hemos planteado siempre esta ilegitimidad, fundamental a la hora de plantear la necesidad de romper con la lógica de este sistema, tan bien explicada en tan pocas palabras por ese gran escritor y compañero, Eduardo Galeano: “más pagamos, más debemos, menos tenemos”. Una deuda ilegítima es una deuda que no debemos, y que tenemos derecho a no pagar |7|.

 

¿Hay alternativas?

Tanto frente a la deuda existente, como ante la profundización del sistema de endeudamiento perpetuo, hay alternativas de corto, mediano y largo plazo. Impulsar la realización de auditorías integrales de las deudas es una estrategia que ha dado resultados importantes en contextos diversos, incluyendo Brasil en los años ’30, Ecuador y Grecia más recientemente. El caso ecuatoriano es particularmente significativo, pues entre 2007 y 2008 se realizó una Auditoría Integral del Crédito Público, que tuvo por efecto inmediato una fuerte devaluación de los bonos - los prestadores se saben dueños de títulos ilegales – y un posterior ahorro al tesoro nacional. Ecuador no tuvo por ello problemas para volver a emitir deuda o recibir inversiones, y fue de los países de mayor crecimiento en la región, contra lo que sugieren quienes critican las auditorías. En el caso argentino, la recuperación económica posterior al colapso de 2001 fue construida sobre la base de la suspensión de pagos de la mitad de la deuda pública, durante 3 años: una reacción tardía, incompleta y temporaria que, aun así, permitió frenar el drenaje de riqueza y bienes comunes y empezar a revertir el desastre provocado.

 

Teniendo la exhaustiva base probatoria que ya existe en Argentina, a partir de la Causa Olmos y otros juicios que duermen en distintos tribunales federales, es cuestión de actualizar y completar el proceso de identificar a cada paso la corrupción y las responsabilidades |8|. Es preciso trabajar para que el poder judicial asuma su obligación de juzgar y sancionar los crímenes cometidos, y el poder legislativo su responsabilidad de contralor. Mientras tanto, se debe suspender todo pago sobre una deuda cuya legitimidad y legalidad no han sido comprobadas. Es esencial quebrar la lógica del sistema de endeudamiento que requiere cada vez más deuda, para servir a la deuda vieja.

En el largo plazo, la construcción de soberanía financiera pasa por la consolidación de un régimen fiscal más justo y la aplicación de controles al movimiento de capitales. Al respecto, es vital desandar el andamiaje de normas nacionales e internacionales que el gran capital ha establecido en estos años para facilitar su operatoria sin trabas: desde el FMI al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), impulsores de la desregulación financiera y las leyes antiterroristas; los tratados de protección a las inversiones y de “libre” comercio –que solo liberan los movimientos de capitales y bienes, sin libertades para las personas-; los mecanismos para la resolución de conflictos (como el CIADI), que menoscaban la soberanía de los Estados y habilitan la acción de tribunales foráneos o árbitros privados vinculados a los intereses corporativos, entre otras. Es necesario que los Estados asuman la primacía de los derechos humanos por sobre las demandas del capital y que, entre todos, creemos la fuerza y mecanismos necesarios para asegurar su protección.

 

Una ventaja de estas luchas, como ocurrió con el ALCA hace poco más de una década, es que permiten construir alianzas amplias en toda la región, y más allá también. Ahí está nuestro gran desafío: para construir las alternativas que queremos, cobra vital importancia la lucha de los pueblos. Por eso la centralidad de impulsar una gran campaña popular hacia el financiamiento soberano, contra el sistema de endeudamiento perpetuo, tal como acordamos en la I Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación – Resistencias y Alternativas hacia el Buen Vivir, realizada aquí en Buenos Aires, hace dos años |9|. Para ello, es necesario articular las diversas resistencias y propuestas contra el ajuste social, el extractivismo, el “libre” comercio, la impunidad corporativa, las megarepresas y los megaeventos, la criminalización de la protesta, la militarización, el avasallamiento de los pueblos originarios… vincular a todas y todos quienes pelean por la soberanía y la autodeterminación en defensa de nuestros derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. No hay tiempo que perder para avanzar en la misma, reconociendo que forma parte del igualmente impostergable desafío de construcción hacia un nuevo proyecto popular superador del colonialismo, del capitalismo, del imperialismo y del patriarcado y en armonía con la naturaleza.

Notas: (…)

Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/...

 

 

Discutamos, entre una creciente mayoría, que los extractivismos "generan desde un lado una fuerte subordinación a la globalización, y desde el otro, una catarata de impactos negativos en la sociedad y el ambiente, que superan largamente cualquier beneficio económico" De ahí el imperativo de examinar:

 

 

 

Postextractivismos en Argentina

La nueva frontera de las alternativas al desarrollo
30 de junio de 2017

 

Por Eduardo Gudynas (Rebelión)

En Argentina es evidente el protagonismo de los llamados extractivismos, como la minería o los monocultivos, que se nutren de una apropiación intensa y voluminosa de recursos naturales para exportarlos a mercados globales. A pesar que mucho creen que esa problemática es ajena al país, la realidad es muy distinta. Es que Argentina es uno de esos casos particulares donde están presentes casi todos sus tipos: minero, petrolero, agrícola y pesquero.

Ese tipo de estrategias generan desde un lado una fuerte subordinación a la globalización, y desde el otro, una catarata de impactos negativos en la sociedad y el ambiente, que superan largamente cualquier beneficio económico (1).

Si bien desde hace décadas se ha cuestionado la primarización en las exportaciones o la subordinación a los mercados internacionales, ahora se cuenta con mejores marcos conceptuales para entender que esos y otros problemas se derivan de los extractivismos.

Ante esta situación es indispensable buscar alternativas para salir de esa dependencia. Esas exploraciones, englobadas bajo el término “postextractivismo”, despegaron inicialmente en varios países andinos. Allí no bastó ni denunciar los impactos ni las movilizaciones ciudadanas, y se volvió necesario presentar alternativas posibles y comprensibles que pudieran reemplazar esos proyectos extractivos.

Argentina está entrando a ese tipo de discusiones. Las críticas y resistencias no bastan, ya que inmediatamente surgen reclamos tales como que sin minería no habría desarrollo, o bien, sin la soja colapsaría la economía nacional. Pero además, el postextractivismo obliga a reflexiones políticas claves, tales como hasta qué punto es una alternativa pasar de una minería transnacionalizada a una estatal.

El presente artículo comparte algunas ideas preliminares sobre una transición postextractivista en Argentina. No se pretende abordar todas sus facetas, sino apenas señalar algunos abordajes posibles. A su vez, estas son ideas que se nutren de las discusiones en marcha en los países vecinos.

Extractivistas con impactos locales y efectos derrame

Argentina es un país donde los sectores extractivistas tienen una enorme relevancia, y esto debe ser reconocido. La canasta de productos exportados lo confirma: la proporción de materias primas, los “commodities”, es muy alta, estando en el orden del 70% del total de las ventas externas. Además está concentrada en un mismo tipo de productos (la soja y otros bienes agrícolas dan cuenta del 40% de las exportaciones).

La exportación de ese tipo de bienes es tan enorme que alimentó un superávit en la balanza de comercio exterior en los últimos años (aunque intercalando algunos déficits, por ejemplo en 2015 y en lo que va de 2017). Como sabemos, esa balanza comercial se mide en indicadores monetarios (son los millones de dólares en las exportaciones y las importaciones).

Pero esa es una mirada muy parcializada. Cuando se usan los nuevos indicadores físicos, o sea las toneladas de materia exportadas contra las toneladas importadas, el resultado es otro. Sorprende encontrar un déficit desde por lo menos 1990, con una pérdida neta que pasó del nivel de los 30 millones de toneladas a inicios de ese década, a los 90 millones de toneladas en 2012.

Aquí no hay ningún superávit, y por el contrario, Argentina posee uno de los mayores déficits comerciales físicos en América Latina: debe exportar unas tres toneladas de commodities por cada tonelada de importaciones. Ese déficit nunca dejó de agravarse, se multiplicó por tres desde 1990, y en 2003 alcanzó un pico de ocho a uno (según un reciente estudio del equipo en economía ecológica de la Universidad de Barcelona; 2).

Esta salida neta de recursos naturales, tales como minerales o soja, exhiben un volumen o intensidad tan alta que se generan todo tipo de impactos locales. Entre ellos están, por ejemplo, la contaminación de suelos y aguas en las explotaciones mineras y petroleras, la deforestación y el deterioro de los suelos por los monocultivos, o el drama de los pueblos fumigados en las regiones sojeras. En algunos casos, esos impactos se convierten en verdaderas “amputaciones ecológicas” como se registra en la megaminería a cielo abierto (Bajo de la Alumbrera en Catamarca es un caso evidente), y ante ello plantear medidas de mitigación se vuelve un eufemismo. La evidencia sobre estos impactos locales es enorme, y proviene tanto del testimonio de comunidades locales como de relevamientos de técnicos independientes.

Esta situación dispara muchos conflictos locales, allí donde los impactos son más agudos sobre el ambiente y la calidad de vida de las personas. A su vez, las empresas y el Estado hostigan, criminalizan y judicializan a esas resistencia ciudadana. Esos vecinos saben que los extractivismos no les han mejorado su calidad de vida ni les ofrecen una alternativa económica a largo plazo.

Como en otros países, también operan los llamados “efectos derrame”. Estas son modificaciones en las políticas públicas que se imponen para sostener o promover un emprendimiento extractivo, pero que tiene consecuencias que van mucho más allá de la escala local. Un ejemplo típico es reducir las exigencias ambientales para un proyecto, pero que más allá de ese caso el resultado es aceptar requerimientos más débiles para todos los demás proyectos y en todo el territorio nacional (o provincial). 

 

Alternativas a los extractivismos

A partir de este muy breve y esquemático resumen se pueden presentar a los postextractivismos como las exploraciones de alternativas para dejar de depender de los extractivismos, pero con la particularidad de ofrecer medidas concretas, efectivas y replicables bajo el mandato de asegurar la erradicación de la pobreza, la calidad de vida de las personas y la conservación de la naturaleza (3).

Un ejemplo permite dar un primer paso en este sendero. Un componente clave del postextractivismo es detener los emprendimientos que originan los impactos más graves, allí donde destruye la naturaleza o afecta la salud pública. No pueden seguir tolerándose actividades que no puedan ser reformuladas social y ambientalmente más allá de sus supuestos beneficios económicos, y deberán ser clausuradas.

De la misma manera se deben aplicar medidas para reducir la dependencia exportadora extractivista. En un primer paso inmediato, los commodities no deberían superar el 50% de las exportaciones totales y tampoco deberían estar concentradas en un solo tipo de productos. Para avanzar en ese sentido es necesario promover otros sectores que los reemplacen, que demanden empleo, provean beneficios económicos, y acaten los requerimientos sociales y ambientales.

Debe quedar en claro que los postextractivismos no buscan suplantar un tipo de extractivismo por otro; su partido no se juega entre variedades de extractivismos, sino en salir de ese tipo de desarrollo. Esto tampoco significa demandar algo así como una naturaleza intocada, ni siquiera es una posición anti-minera o anti-petrolera. En cambio, postula aprovechar los recursos naturales sin destruir esa base ecológica, o dicho de otro modo, sin destruir a la Naturaleza. Son los extractivismos los que están destruyendo el patrimonio natural del país.

Por lo tanto, los aprovechamientos deben acomodarse a los límites ecológicos y a los ritmos de regeneración y recuperación del ambiente. Las transiciones postextractivistas postulan como meta alcanzar una “apropiación indispensable” que use los recursos necesarios para la calidad de vida de las personas, enmarcadas en asegurar la conservación de la naturaleza.

Estas ideas ya muestran un componente importante en los postextractivismos como es la exigencia en cumplir las normas sociales y ambientales que actualmente existen en el país. Son múltiples extractivismos que sobreviven gracias a evaluaciones de impacto ambiental de dudosa calidad, incumplimientos en los controles, ausencia de sanciones, u ocultamiento de información a la ciudadanía. Por ejemplo, a pesar de contarse con una Ley de Bosques que debería protegerlos (aprobada en 2007), de todos modos se deforestaron más de dos millones de hectáreas entre 2007 y 2014 (incluyendo 600 mil has de bosques protegidos; 4).

Otra economía

La reducción de los extractivismos tiene varias implicancias económicas y es necesario ofrecer alternativas. Comenzando por el delicado tema del empleo, un examen riguroso de los datos muestra que los extractivismos demandan relativamente poca mano de obra, y esas personas pueden ser reubicadas en otros sectores.

Luego se debe pasa a enfrentar los mitos que presentan a los extractivismos como enormes generadores de riqueza. Eso sólo es posible porque no se contabilizan sus grandes costos económicos por impactos sociales y ambientales; por ejemplo, la contaminación del agua o la erosión de los suelos bajo la sojización tienen un costo que alguien en algún momento pagará, y que debería se descontado en las cuentas del sector agrícola, pero que es invisibilizado. Entonces, si bien una reducción de los extractivismos hace caer los dineros por exportación, esto se compensa con menores transferencias para lidiar con efectos sociales, sanitarios y ambientales.

De manera similar, los precios de los commodities no incorporan esos costos ambientales y sociales. Su valor está determinado por los mercados globales como en la bolsa de granos de Chicago o la de metales en Londres. Ese valor, pongamos por caso una tonelada de cobre, no incluye los costos de los residuos que quedan al pie de la mina, el agua o los relaves contaminados. Es por esto que los postextractivismos plantean una corrección de esos precios incorporando también esos otros costos. Como resultado el valor económico de los commodities será mucho más alto que el actual, terminará la transferencia social hacia esas empresas, y se fuerza el objetivo de reducir los extractivismos.

Otra vez aparecerán las contracríticas por los recursos económicos que se perderían. Ante ella se pueden sumar otras alternativas económicas. Unos tienen apuntan a una reforma tributaria que sea efectiva y justa. En especial se debe terminar con los mecanismos de evasión impositiva (como las ventas trianguladas entre subsidiarias o las alteraciones en los costos y beneficios que reportan las empresas).

Otros son el desmonte de los subsidios explícitos o implícitos que se otorgar a los extractivismos. Entre ellos están las subvenciones, estímulos o renuncias tributarias para sostener por ejemplo a mineras y petroleras, o ayudas como no cobrar el agua o brindar energía eléctrica barata.

Estas transferencias pueden ser enormes, como demuestra un detallado análisis para el sector petrolero argentino, que encontró que totalizaron más de 13 mil millones de pesos de 2009 a 2015 (5). Esto equivale aproximadamente a una vez y media al presupuesto en salarios de todas esas empresas (privadas y estatales). Emerge aquí la obvia alternativa de usar esos dineros en apoyar otros sectores productivos. Es más, un postextractivismo petrolero en Argentina permitiría pagar los salarios de todos esos trabajadores asignándolos a otros sectores, y aun así se ahorrarían fondos públicos.

Casos como estos se repiten en otros sectores y en todos los países, lo que muestra que no es que el Estado no tenga fondos, sino que usa buena parte de éstos para sostener financieramente a los extractivismos.

La reducción de los sectores extractivistas debe ir acompasada con una diversificación productiva. Esta es una meta que nuevamente está en el centro de muchas discusiones, y por ello es necesario precisarla desde el punto de vista postextractivista.

Es claro que Argentina tiene enormes potenciales para diversificar su producción agropecuaria rompiendo el cerco de la sojización. Pero esa diversificación debe apuntar a esquemas orgánicos y ecológicos, para así aminorar los impactos ambientales y las necesidades energéticas, y a la vez, absorbiendo mano de obra. Esto además permitiría asegurar una alimentación plena a toda la población, anulando uno de los componentes más dolorosos de la pobreza que es la desnutrición. Finalmente, esa reorganización agropecuaria permite pasar a eslabones siguientes en la industria de los alimentos.

En el sector industrial el país tiene ventajas si por ejemplo se la compara con las naciones andinas, al poseer infraestructura, tecnologías y saberes en ese campo. Pero la industria también necesita una reconfiguración social y ecológica, con más énfasis en productos necesarios y duraderos para acompasar una menor tasa de extracción de recursos naturales y consumo de energía. Este cambio impone organizar cadenas industriales donde participen también los países vecinos.

Por este tipo de condiciones la reflexión sobre postextractivismo otorga una enorme atención al marco externo. Ir más allá de los extractivismo pasa por una desvinculación selectiva de la globalización como modo necesario para recuperar autonomía frente al capital. Esto requiere de un nuevo tipo de articulaciones entre países, en unos casos potenciando instrumentos que se dejaron de lado en los últimos años (como la coordinación en la oferta, comercio y precio de las materias primas) e instalando otros de nuevo tipo (como las coordinaciones productivas entrelazadas con complementaridades ecológicas) (6).

Todas estas transformaciones productivas deben ir de la mano con abandonar el consumismo que derrocha en materia y energía. Es necesario promover un consumo más austero pero más efectivo en asegurar la calidad de vida, enfatizando el uso antes que la posesión, y que aproveche bienes más durables. Medidas postextractivistas como alargar el tiempo de obsolescencia de los electrodomésticos eran criticadas hasta hace poco, pero ahora son aceptadas como necesarias e incluso algunos países comienzan a aplicarlas.

 

Entramados conservadores y progresistas

Los extractivismos requieren sin duda muchos cambios en los escenarios y dinámicas políticas. Muchos de ellos avanzan violando los derechos humanos, y por ello un postextractivismo insiste en salvaguardarlos plenamente. También se mantienen gracias a la corrupción, usándola de variadas maneras, tales como acceder a contratos o evitar las sanciones (como evidencia la conexión argentina de los sobornos de Odebrecht para tener el contrato de la red de gasoductos; 7). El postextractivismo es entonces el mejor antídoto ante esa corrupción anulándola en su propio origen.

Pero una cuestión más compleja se debe a que los extractivismos proliferaron bajo distintas condiciones políticas y eso ofrece muchas lecciones para pensar las alternativas. Sin olvidar sus raíces históricas, en el pasado más reciente los extractivismos fueron promovidos por los gobiernos kirchneristas primero, y ahora por el macrismo. El avance la sojización fue alentado por Néstor Kirchner, y la apertura al fracking se redobló con Cristina F. de Kirchner; los dos, además, sostuvieron una minería bajo mínimos controles. Su implementación es parte de los llamados “extractivismos progresistas” que, entre otras cosas, tenía cierta participación estatal (con la creación de Enarsa o la reestatización de YPF).

Bajo el gobierno Macri se refuerzan los extractivismos pero se instrumentalizan de otra manera: el Estado retrocede dejando mayores espacios al mercado, a los inversores extranjeros y a las corporaciones transnacionales. Es un caso de “extractivismo conservador”. Entre sus componentes destacados están los apoyos a los monocultivos y al fracking en el sur. En la misma línea opera el reciente “Acuerdo Federal Minero” que es una medida típica de los extractivismos conservadores actuales porque acepta algunas medidas ambientales, casi siempre cosméticas (8). En el acuerdo se indica que se clausurará la minera que alcance tres faltas ambientales graves, una promesa que comprensiblemente es tomada con escepticismo (ya que esas faltas ocurrieron con Veladero y desde el ministro del ambiente Sergio Bergman al poder judicial nacional y provincial, no impusieron esa sanción; 9). El grueso del acuerdo promueve la megaminería y favorece a sus capitales, en línea con la meta gubernamental de alcanzar los US$ 25 mil millones de inversiones mineras, para lo cual deberá flexibilizar los requisitos ambientales (como ha ocurrido en Perú y Bolivia, por ejemplo) (10). La reciente emisión de deuda externa a cien años de plazo reforzará todavía más las presiones extractivistas para pagar esos bonos.

Por lo tanto, los extractivismos argentinos actuales son una mezcla progresista y conservadora, kirchnerista y macrista. Se confirma así una advertencia clave en recientes estudios que indican que más allá de la instrumentalización, sea progresista o conservadora, todos los extractivismos mantienen una misma esencia en sus ideas sobre el desarrollo como crecimiento económico basado en una apropiación masiva de la Naturaleza.

Esto tiene enorme importancia para las opciones postextractivistas. El horizonte de cambio no está en ir desde los extractivismos conservadores basados en el mercado (como los del macrismo) a unos extractivismos progresistas más estatales (imitando, pongamos por caso, aquellos de Ecuador o Bolivia). Toda la información comparativa internacional muestra que incluso bajo los extractivismos progresistas se repiten los impactos sociales y ambientales, que la obsesión con generar rentabilidad en las empresas estatales termina en las mismas manipulaciones sobre los trabajadores, las comunidades locales y el ambiente, llegando a la criminalización y persecución. Y por si fuera poco, también deberán subordinarse a los mercados globales para poder exportar esas materias primas. Todo esto apunta a que los postextractivismos deben brindar alternativas tanto a las posturas progresistas como conservadoras.

Hay quienes defienden los extractivismos progresistas sosteniendo que nada se puede hacer ya que los países del sur están atrapados dentro de la globalización (como piensa, por ejemplo, Álvaro García Linera en Bolivia y que en Argentina repite Atilio Boron). Bajo esa mirada ya no hay alternativas radicales, sólo queda la resignación al desarrollo dependiente con la esperanza de un Estado que reparta de mejor manera los dineros, o sea, aceptar alguna variedad de un capitalismo benévolo. En cambio, los postextractivismos sostienen que hay alternativas posibles, ya que nuestros países no están condenados a ser proveedores de materias primas.

 

Perspectivas de los postextractivismos

Los debates sobre alternativas postextractivistas están en marcha en varios países. Se nutren de muchas experiencias locales que ofrecen ejemplos notables, y ofrece marcos conceptuales para sumarlas y organizaras en propuestas de transformaciones sustanciales. Se brindan instrumentos concretos para políticas públicas precisas que permitan avanzar hacia esas alternativas.

La mayor barrera que enfrentan los postextractivismos no está ni en la escasez de antecedentes ni la ausencia de otros instrumentos o políticas, sino en lo que podría llamarse barreras “culturales”. Son los mitos y prejuicios ampliamente compartidos, y que anteceden a las ideologías partidarias convencionales, y que resultan en la fatalista aceptación de ser extractivistas. Las alternativas radicales se juegan ahora en esa otra frontera, y los postextractivismos son uno de sus principales frentes de exploración.

Referencias

1. Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en: www.extractivismo.com 2. Samaniego, P. y colaboradores, Commercial and biophysical déficit in South America, 1990-2013, en Ecological Economics, 2017.

3. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org 4. Desmontes S.A. Parte 3. El mapa del delito forestal en Argentina. Greenpeace, 2016.

5. López Crespo, F. y colaboradores. Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina. Ejes, Observatorio Petrolero del Sur y Taller Ecologista, 2016.

6. Una introducción a los aspectos internacionales de los postextractivismos en Gudynas, E. La dimensión continental y global de las transiciones hacia las alternativas al desarrollo, en “Transiciones y alternativas al extractivismo en la región andina”, A. Alayza y E. Gudynas, eds, RedGE y CEPES, Lima, 2012.

7. Odebrecht: revelan que De Vido acordó coimas por US$ 25 millones, H. Alconado Mon, La Nación, 18 junio 2017.

8. Macri y las provincias firman el postergado "Nuevo Acuerdo Federal Minero", Perfil, 13 junio 2017.

El acuerdo está disponible en https://www.minem.gob.ar/prensa/26445/el-presidente-macri-presento-el-acuerdo-federal-minero.html

9. Nuevo derrame de Barrick Gold en San Juan, La Izquierda Diario, 13 enero 2017, 10. El Gobierno apuesta a duplicar la inversión en minería, G. Sued, La Nación, 30 enero 2017. La Justicia habilitó a Barrick Gold a operar en Veladero. Infobae, 16 junio 2017.

Este artículo es parte de una serie sobre postextractivismo en América del Sur; la primera entrega abordó a Chile (publicada en Rebelión el 14 junio 2017 - http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227830)

Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. 

Twitter: @EGudynas

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=228541

 

 

 

Articulemos las luchas de las diversidades de abajo a lo largo y ancho del país-continente en torno a disputar territorios y territorialidades al capitalismo. 

 

 

Reforma agraria: un camino necesario para el proyecto de emancipación humana

27 de marzo de 2017

 

JANAINA STRUNZAK

La reforma agraria puede ser un asunto desconocido, o inadecuado en algunos países, o puede parecer que se trata de nada más que una reforma (en contraposición a la revolución). Cuando hablamos de reforma agraria popular estamos hablando de lucha de clases, de construcción de soberanías, de sueños de libertad.

De acuerdo con Jean Ziegler, vicepresidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el planeta tiene condiciones para alimentar a 12 mil millones de personas, y aunque la población mundial es de poco menos de 7.500 millones, cerca de 750 millones sufren hambre en el mundo. El hambre del siglo XXI no resulta de la falta de alimentos. Es un hambre fabricado por la especulación financiera, la concentración de riquezas, la conversión de cultivos alimentares en producción decommodities.

La expansión del agronegocio contribuye con el hambre porque su objetivo no es la producción agropecuaria en sí misma, sino la obtención de ganancias, aunque eso implique di reccionar la producción agrícola para el alimento de ganado o agrocombustibles, atendiendo a mercados exteriores sin tener en cuenta las necesidades de la población local.

En otras épocas y lugares, cuando la estructura de propiedad y los usos de la tierra no fueron capaces de garantizar la producción de alimentos y materias primas necesarias, muchos Gobiernos llevaron a cabo procesos de reforma agraria. Es probable que los que más han impactado en el mundo de hoy fueran ejecutados por la burguesía industrial y la de servicios/comercio, la reforma agraria burguesa.

Ejemplos de reforma burguesa fueron los procesos de reordenamiento agrario que sirvieron de palanca para el desarrollo capitalista, principalmente en países del norte político, como EEUU cuando en 1862 Abraham Lincoln promulgó la primera ley de reforma agraria, los Homestead Acts, que en su primer decreto permitía a cada ciudadana o ciudadano que trabajaba en el campo recibir hasta unos 160 acres de tierra. La reforma agraria fue fundamental para el desarrollo en los países que la ejecutaron, porque generó puestos de trabajo, alimentos, materias primas locales y mercado consumidor para las industrias.

La reforma agraria burguesa[1] básicamente distribuye la tierra y ofrece algunas condiciones de producción a las personas asentadas. Su objetivo no es cambiar el modo de producción capitalista, sino darle un empuje. Siervos y esclavas no son consumidoras, pero las campesinas sí. Es una reforma que moderniza las relaciones en el campo.

Esos procesos de reforma agraria significaron una disputa interna entre la burguesía agraria contra las industriales y financieras; por ello el desarrollo en el campo, con la constitución de un campesinado productor y consumidor, ha tenido mejor éxito en los países del norte político, que desarrollaron su industria y servicios a la vez que expandían su dominación hacia el sur político.

Actualmente, la apropiación de tierras por el agronegocio y su modo de organizar la producción es un impedimento moderno para la reforma agraria, incluso para una reforma agraria burguesa.

 

El agronegocio

Hoy día el agronegocio domina la escena rural. Con el avance de la tecnología biomecánica es posible producir en largas extensiones con pocas personas trabajando. El saber fue transferido a la tecnología y el trabajo humano en el campo se resume a operar las máquinas, mientras que las decisiones se basan en un número limitado de protocolos desarrollados en centros tecnológicos a miles de kilómetros de la producción agrícola.

El modelo productivo del agronegocio[2] genera ejércitos de personas desempleadas, retira saberes del campesinado, y artificializa los productos, sean materias primas o alimentos. Esta artificialización se deriva de la estandarización de la vida producida en ese modelo: para ser parte del mercado de commodities los productos deben de ser homogéneos y así poder recibir un valor monetario global; por ello la estandarización, a través de transgénicos, clonación, etc. Esta es la agricultura industrial que cada vez se aleja más de los procesos naturales.

Obviamente, ese proceso tiene relevantes impactos en las personas, sea por el desplazamiento forzoso y enfermedades en el campo, sea por hacinamiento y problemas de salud[3] en las ciudades o la degradación ambiental, entre otros problemas sociales. Así, el agronegocio produce con un elevado coste para la sociedad y disminuye la capacidad de consumo de las poblaciones desplazadas hacia las ciudades. Esto constituye un problema para la industria y el comercio, ya que la falta de consumo paraliza mercancías ya producidas y ralentiza la economía. Hasta este momento la solución ha sido una expansión del consumo en zonas como China e India y guerras no declaradas, bien contra de grupos terroristas, bien guerras internas como en Congo, o bien mediante la violencia social con índices de guerra civil, como es el caso de Brasil[4]; la guerra suele ser un buen negocio para quemar productos y reactivar la producción industrial.

Al estar la reforma agraria clásica históricamente ultrapasada, y al ser el agronegocio un modelo dañino para la sociedad, los movimientos sociales campesinos articulados en La Vía Campesina proponen una reforma agraria popular. No se trata sólo de la lucha por tierra, sino de construir un “nuevo sistema de organización social y económica de la producción agrícola. El enemigo ya no es sólo el latifundio, sino también el gran capital monopolista y sus aliados, de modo general”[5]. La reforma agraria deja de ser una reforma para el fortalecimiento del sistema capitalista, y se torna el primer paso que puede llevar a su superación.

 

La reforma agraria popular

Al campesinado del siglo XXI no le basta con estar integrado en el mercado capitalista como consumidor y suministrador de productos agropecuarios. La reforma agraria debe ser parte de la lucha contra el capital y el patriarcado, debe ser parte de un proyecto de oposición a un modelo de sociedad opresor y explotador.

La transformación social, o el socialismo, es objetivo de movimientos campesinos como el Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST); pero la reforma agraria popular por sí sola no lleva a ese cambio social, es parte del proceso de cambio, y la soberanía alimentaria es una importante conexión de la reforma agraria con otras categorías de la clase trabajadora.

La construcción de una reforma agraria en esos moldes exige la participación de toda la sociedad, puesto que implica distintas formas de relación campo-ciudad, con la ruptura de la dicotomía rural-urbano, y la construcción de nuevas formas de relación entre seres humanos y naturaleza.

Algunas de las bases de un proceso de reforma agraria popular indicadas por el MST[6] son:

1.     La tierra y todos los bienes de la naturaleza deben estar bajo control social y destinados al beneficio de todo el pueblo.

2.   El agua y los bosques autóctonos son bienes de la naturaleza que deben ser tratados como un derecho de todas las personas. No pueden tratarse como mercancías ni ser objeto de apropiación privada.

3.   Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, y no puede existir sobre ellas propiedad privada ni ningún tipo de control económico.

4. Toda producción será desarrollada con el control de las personas trabajadoras sobre el resultado de su trabajo. Las relaciones sociales de producción deben abolir la explotación, la opresión y la alienación.

5.  Debemos construir la manera en que se desarrolle la soberanía popular sobre la energía en cada comunidad y en todos los municipios. Desarrollar de manera cooperativa la producción de energía a nivel local, con diferentes fuentes de recursos renovables para atender las necesidades del pueblo.

6.   El conocimiento debe ser un proceso de concienciación, liberación y permanente elevación cultural de todos y todas las que viven en el campo.

7.  Todas las personas trabajadoras deben tener derechos sociales garantizados, incluso el derecho a una vida sin violencia para todas y todos, independiente de edad, orientación sexual, género, etnia, cultura, etc.

8.   El campo debe constituirse en un lugar de buen vivir. Donde las personas tengan derechos, oportunidades y condiciones de vida dignas.

 

Una reforma agraria con esas bases no es compatible con el modo de producción capitalista. No es posible hacer tal reforma agraria aislada de otros procesos sociales, y en coexistencia con la explotación y apropiación llevadas a cabo por las empresas transnacionales y el latifundio del agronegocio.

Una reforma agraria popular tendría impactos en toda la sociedad mediante la generación de puestos de trabajo, el aumento en la producción de alimentos saludables, el incremento en la apropiación y producción de conocimientos y un dinamismo en la economía de modo general, entre otros elementos.

En 1985 Jose Graziano da Silva[7] escribió que una reforma agraria no sólo solucionaría el problema del hambre, sino que sería la posibilidad de que miles de personas trabajadoras del campo se transformasen en ciudadanas. Además de esa estrecha conexión entre reforma agraria y democracia, Graziano da Silva asegura que la desigualdad en el acceso a la tierra es uno de los principales responsables de la pobreza estructural en el campo.

 

Luchar por la reforma agraria popular es hacer lucha de clase

La reforma agraria popular sólo puede ser posible si es acompañada de otras medidas de cambio en el modo capitalista de producción. La reforma agraria que el MST y La Vía Campesina traen al debate además de garantizar el acceso y control de las trabajadoras sobre la tierra, debe ser motor para la soberanía alimentaria para toda la población, siendo parte de la solución de problemas estructurales de toda la sociedad.

La reforma agraria popular es antagónica al agronegocio, es su opositora. No hay coexistencia entre agronegocio y un campesinado organizado, que aboga por la reforma agraria popular y la soberanía alimentaria.

El MST y La Vía Campesina lo tienen claro, las raíces de la reforma agraria popular brotan y crecen de un único lugar: el enfrentamiento de los sujetos trabajadores contra las fuerzas del capital. Es por esto debe ser parte de la lucha de clases y asumida por la clase trabajadora.

Aunque lleve el nombre de “reforma”, cuando tiene apellido “popular” su forma y contenido son opositores al capital, se trata de una de las piezas de un puzle revolucionario, donde se debe sumar la reforma urbana, la reforma de la previdencia, la reforma educacional, mirando la construcción de la libertad y de las soberanías de nuestros pueblos.

 

Janaina Strunzak es campesina y profesora de la ENFF/MST. Doctoranda de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), becaria Capes-Brasil. Miembro del GT Clacso “Investigación militante: teoría, práctica y método”, y del Grupo de Pesquisas “Modos de Producción y Antagonismos Sociales” de la Universidad de Brasilia (UnB).

 Artículo publicado en el nº72 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2017.

NOTAS: (...)

Fuente: http://www.revistapueblos.org/?p=21644

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos el desafío de unión en diversidad y sin fronteras en torno a convertir en realidad concreta a la «reforma agraria integral» como lucha emancipatoria con arraigo económico territorial para encaminar:

 

Aportes de la economía ecológica a la gestión ambiental

 

2 de mayo de 2016

"La economía ecológica menciona que tanto la economía de los recursos naturales y la economía ambiental no logran dar respuestas a la sustentabilidad en tanto constituyen una prolongación de los marcos teóricos e instrumentales de la economía convencional. Por ejemplo plantean que para solucionar los impactos negativos de la economía convencional a la sociedad y el ambiente lo que hay que hacer es incorporarlo a las leyes del mercado, en este caso, internalizar las externalidades. La economía ecológica dice que el problema es que hay valores en la vida que no son internalizables."

 

Por Rodrigo Arce Rojas

Ingeniero Forestal

rarcerojas@yahoo.es

 

Los defensores acérrimos de la pertinencia del sistema económico vigente aducen que la economía es el eje que mueve el mundo. Para ellos primero es la economía, segundo, es la economía y tercero es la economía. Bajo esta concepción lo ambiental y social deben tomarse en cuenta pero sólo si no afectan la economía. Incluso se ha inventado el término desarrollo sostenible para decir que se toma en cuenta lo económico, lo social y lo ambiental pero valgan verdades el peso específico que tienen los factores ambientales y sociales varía entre los actores porque éstos están supeditados a que no se afecte la economía.

 

Si aceptamos que es el Homo economicus el que domina el mundo, entonces habría que reconocer también que el sistema económico predominante no ha sido capaz de ofrecer un planeta sustentable. La afectación del sistema atmosférico global, la pérdida de los glaciares, la alteración de los recursos hídricos, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la desertificación, entre otros procesos globales, nos estarían indicando que el modelo civilizatorio ha fallado. Ello nos obliga a revisar los viejos paradigmas que han conducido los procesos políticos y económicos que predominan en el mundo.

 

La base de la economía neoclásica se sustenta en las siguientes premisas básicas: las personas se mueven con el propósito de maximizar sus beneficios, solamente interesa todo aquello que es producible, apropiable y vendible, y solo cuentan los actores que están en la transacción. Como tal el sistema económico se concibe como un sistema cerrado y con una mirada fundamentalmente cortoplacista de la ganancia inmediata.

 

Frente a esas posturas la «economía ecológica» apareció como la ciencia que estudia las interacciones entre los sistemas económicos y los ecosistemas en una perspectiva de gestión de la sustentabilidad (Van Hauwermeiren (1998). La economía ecológica parte de una crítica profunda a la economía convencional y da respuestas filosóficas, teóricas y metodológicas para construir una propuesta alternativa más amigable con la sociedad y el ambiente.

 

A diferencia de la economía convencional la «economía ecológica» reconoce que la economía es un sistema abierto y como tal abierto a las leyes de la termodinámica. Desde una perspectiva holística y sistémica la economía ecológica dice que no es posible abstraerse ni de la naturaleza ni de la sociedad por tanto incorporan en su reflexión y práctica conceptos que son esquivos en la economía convencional tales como la justicia ambiental, la equidad, la cultura, la igualdad y equidad de género y la participación de todos los actores involucrados en la definición de los límites económicos de los ecosistemas.

 

La «economía ecológica» no hace las explicaciones sólo desde una perspectiva ecológica o económica sino más bien desde un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar. En tal sentido está más acorde con lo que implican los retos del pensamiento complejo donde el enfoque sistémico es fundamental. De ahí que una preocupación central de la economía ecológica es el desarrollo de indicadores biofísicos de sustentabilidad para superar las limitadas mediciones del crecimiento económico. El reconocimiento de la incertidumbre en los sistemas y los diversos factores que están en juego convierten a la «economía ecológica» en una ciencia postnormal.

 

Los impactos de la actividad económica convencional al ambiente se manifiestan en el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación y la afectación a los servicios ecosistémicos. No es posible pues abstraer las actividades económicas de la naturaleza pues en realidad se sustenta en ella.

 

La «economía ecológica» menciona que tanto la economía de los recursos naturales y la economía ambiental no logran dar respuestas a la sustentabilidad en tanto constituyen una prolongación de los marcos teóricos e instrumentales de la economía convencional. Por ejemplo plantean que para solucionar los impactos negativos de la economía convencional a la sociedad y el ambiente lo que hay que hacer es incorporarlo a las leyes del mercado, en este caso, internalizar las externalidades. La «economía ecológica» dice que el problema es que hay valores en la vida que no son internalizables. Lo curioso es que la economía convencional también reconoce este hecho cuando dice: “la sonrisa de mi bebé no tiene precio, para todo lo demás existe una tarjeta de crédito”. La “sonrisa de mi bebé” puede ser reemplazada por el valor sagrado de la montaña, beber agua de la laguna con confianza, el paisaje cultural, la sabiduría que encierra un idioma local, entre otros.

 

Otro aspecto central a destacar en la «economía ecológica» es la participación de todos los involucrados en la toma de decisiones sobre los límites económicos de los ecosistemas en lo que se ha dado a llamar la comunidad extendida de pares que incluye a todos los que deben estar y no solo los tecnócratas o los sectores económicos involucrados. Con ello la «economía ecológica» se adelantó a los principios que se han ido desarrollando en la gobernanza ambiental.

 

Frente a los retos de la gestión de paisajes forestales sostenibles la «economía ecológica» da marcos filosóficos, teóricos y metodológicos que contribuyen a la reflexión y la acción para la gestión de la sustentabilidad. Por ello es irresponsable la propuesta de la candidata que pretende desandar el proceso de formalización de la minería informal. Como todo proceso es perfectible pero lo que no se puede hacer es avalar la destrucción de la Amazonía, de Áreas Naturales Protegidas, la explotación sexual de niñas, entre otros nefastos impactos en nombre del trabajo, del crecimiento económico o de la sed insaciable del poder político.

Bibliografía revisada:

Van Hauwermeiren, Saar (1998), Manual de economía ecológica. Quito: Instituto de ecología política. Pp. 97

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Aportes_de_la_economia_ecologica_a_la_gestion_ambiental

 

 

Comprobemos significados e implicancias del enfoque sobre el país-continente y mundo teniendo en cuenta el contemporáneo potencial científico pero desde políticas e ideologías convergentes en posibilitar los buenos vivires convivires abajo.

 

 

Los peligros del Arco Minero del Orinoco: un breve análisis desde la economía ecológica
9 de mayo de 2016

 

Como prácticamente todo en este país, lo del Arco Minero ha desatado una polémica. Sin embargo, a diferencia de prácticamente todas las demás, puede que en este caso se trate de una polémica productiva.

Y es que dando por descontado el uso maniqueo del cual tampoco escapa, lo cierto del caso es que a lo interno de los sectores más progresistas de la sociedad, el tema ha dado para un debate crucial sobre los modelos de desarrollo,  los costos de los mismos y sus alternativas posibles dentro del marco de la sostenibilidad social y natural.

 

Con la publicación del escrito de Emiliano Terán Los peligros del Arco Minero del Orinoco: un breve análisis desde la economía ecológica, abrimos en 15 y Último un espacio para este debate, el cual continuará en los próximos días con otras contribuciones. Esperemos les sea de utilidad en el espíritu de los trabajos que nos caracterizan acá, hechos no para decir qué pensar, sino para poner a pensar.

 

Por Emiliano  Terán Mantovani [1]

 

En numerosas ocasiones se ha invocado la “irreversibilidad” de la revolución. Pero si había algo más esencial y fundamental que invocar, era la sostenibilidad del proceso. Es decir, que los medios básicos para reproducir la vida cotidiana, el agua, la energía, los alimentos, entre otros, puedan estar en un mínimo equilibrio respecto a los seres humanos que habitamos el país, y con las generaciones venideras. Sin esto, la utopía revolucionaria sencillamente no subsiste.

La situación que vivimos en la actualidad no es sólo consecuencia de un conflicto político a escala nacional, con sus respectivas injerencias imperiales. Es también el reflejo de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, de su crisis histórica, de su reformulación en la Revolución Bolivariana, y del desborde de la notable vulnerabilidad alimenticia, hídrica y energética que este modelo produce.Como respuesta a esta crisis, el Gobierno nacional está promoviendo un megaproyecto de minería sin precedentes en el país, el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO).

En realidad esta propuesta es un salto al vacío, que no solo nos atornillaría al rentismo y al extractivismo, sino que nos enrumbaría a un terrible camino de insostenibilidad, deteriorando enormemente las condiciones para la reproducción de la vida cotidiana de millones de venezolanos.

Numerosos artículos han ya circulado mencionando las características y perjuicios que provocaría el AMO. En este artículo, les propondremos un breve análisis crítico desde la economía ecológica, para plantear una relectura de las diferentes valoraciones económicas que están en juego, resaltando no solo las nefastas consecuencias que este megaproyecto tendrá con la naturaleza y los pueblos indígenas del sur del Orinoco, sino también la afectación de la vida integral del país, incluyendo las enormes poblaciones urbanas venezolanas. Presentaremos a continuación algunos de estos aspectos, profundamente interrelacionados, los cuales consideramos de gran relevancia.

 

1.- Contabilidad ecológica en déficit: la vida se vuelve precaria

El lenguaje que ha prevalecido en la economía contemporánea ha sido expresado constantemente en dinero (con una orientación crematística). El valor que se impone es el monetario, las contabilidades de la “riqueza de las naciones” están monetarizadas –ej. PIB–, y hace que prevalezca un sistema económico metafísico que pretende explicarse a sí mismo a partir del dinero. De esta manera se invisibilizan otros valores esenciales para la vida (ecológicos, culturales, afectivos). Esto nos ha creado una ilusión de riqueza, o la esperanza de resolverlo todo con dinero, que ha sido muy perjudicial.

Pero la economía –la “administración de la casa”, según su etimología– es más que eso. Desde una visión integral de la vida, se trata no sólo de lo que se encuentra dentro del “mercado”, sino también, y en esencia, de la distribución de flujos de energía y materia, los cuales nos mantienen vivos. La economía es fundamentalmente un ámbito de la vida ecológica, un sistema abierto muy complejo.

 

La histórica promesa de “sembrar el petróleo” se ha centrado en la riqueza monetaria. En la actualidad, el Gobierno nacional ha justificado reiteradamente el enorme sacrificio para la población y la naturaleza que supondría el AMO, en nombre de obtener más divisas, ocultando con dinero el extraordinario empobrecimiento socioecológico que este conllevará.

 

Si valuáramos las 7.000 toneladas de oro que podría poseer Venezuela en sus reservas, tendríamos dos valores para contrastar: por un lado, unos 280.000 millones US$ en ganancia para el Estado, y por el otro, unos 3,1 a 7,4 billones de litros de agua que serían usados y potencialmente contaminados para extraer todo ese oro (entre 1 millón 240 mil a 2 millones 960 mil piscinas olímpicas, que puestas una seguida de la otra podrían darle casi 4 vueltas a la Tierra).

¿Vale toda esta agua, toda esta vida, 280.000 millones US$? Este monto es casi igual a los ingresos totales de PDVSA solo en 2012 y 2013, y actualmente lo que tenemos es un país endeudado y en severa crisis económica. ¿Qué podría hacer un multimillonario sin agua? Si acabáramos con la principal fuente de agua del país (la cuenca del Orinoco), ¿qué haríamos con ese dinero obtenido?

¿Si reformuláramos la contabilidad económica dándole valor a los bienes comunes para la vida? ¿Si reflejáramos que esta destrucción de vida es una destrucción de riqueza, es producción de pobreza? Si hiciéramos un ejercicio crematístico, planteando que cada litro de agua vale 1 US$, ¿sería este un proyecto económicamente viable?

Una cosa es el déficit fiscal –que en Venezuela sigue creciendo notablemente–, el cual podría resolverse con nuevos préstamos, la emisión de bonos y/o devaluaciones de la moneda. Otra cosa muy diferente es un déficit físico, y mucho más cuando se trata de “recursos” imprescindibles para la vida, recursos no renovables o que su capacidad de regeneración está siendo superada por los niveles de consumo. Estos déficits pueden producirse por degradación de los bienes comunes naturales en grandes cantidades, degradación de su productividad, o bien por la incapacidad o insuficiencia para su suministro.

Los déficits físicos (biodiversidad, agua, energía, etc.) suelen ser reflejo de un sistema insostenible. Resolverlos es mucho más complicado (no bastan préstamos o emisión de dinero). Las consecuencias suelen ser drásticas y plantean escenarios de colapso sistémico, lo cual es imperiosamente necesario evitar.

 

2.- El metabolismo social crece

El metabolismo entre la naturaleza y la sociedad, es decir, el régimen social específico que sintetiza los procesos de apropiación, procesamiento, circulación, consumo y desecho de los recursos, energías, materias, o los llamados “servicios ambientales”, ha crecido en Venezuela a la par de su desarrollo capitalista/rentista. Una de las consecuencias históricas de este desarrollo es la configuración de un sistema de consumo intensivo por la vía de la distribución (siempre desigual) de la renta petrolera.

 

Esto se expresa en la actualidad en diversos indicadores, como por ejemplo el hecho de que somos el segundo país de América Latina (sin contar el Caribe) que consume más electricidad per cápita, según la CAV y CEPAL; o el país que más CO2 per cápita emite en toda la región (exceptuando el Caribe), según el Banco Mundial.

El desarrollo de este metabolismo social nos ha llevado a la situación de “translimitación ecológica”. Según el “Informe Planeta Vivo” de la WWF, Venezuela tiene una de las dos huellas ecológicas más altas de Latinoamérica y es uno de los dos países de la región que han superado el límite de su capacidad eco-regenerativa, es decir, que consume más naturaleza de la que sus ecosistemas son capaces de regenerar, por lo que nos encontramos en situación de “déficit ecológico”. En este sentido, cabría reconocer por ejemplo que, además de otros factores, la crisis del Guri se debe también al aumento de la demanda de energía en Venezuela.

Conviene pues, evaluar tres elementos: el primero, la transformación del metabolismo social en el sur del Orinoco que va a provocar la depredadora megaminería del AMO –se estima que en general de 4 a 1 toneladas de materiales son removidos para obtener un gramo de oro, a lo que se suma la enorme cantidad de energía empleada y disipada–, lo cual a su vez va a impactar en todo el metabolismo social venezolano.

 

El segundo elemento tiene que ver con los patrones de consumo. Como ejemplo, es importante resaltar que cuando la inclusión social está representada en el consumo masivo de electrodomésticos y otros aparatos vinculados al american way of life, se produce una paradoja en términos de “bienestar” e insostenibilidad socioambiental. Las rentas mineras suelen orientarse, como forma de compensación social, y de domesticación de la población, a este tipo de consumos.

Los profundos daños del AMO tratarían de ser endulzados con este tipo de gasto, reproduciendo estos patrones metabólicos. Una política de ahorro energético para enfrentar la crisis de este sector entra en conflicto con este largo proceso de incorporación masiva al consumo, tomando además en cuenta la gran incidencia que tiene el sector residencial en el consumo eléctrico nacional (aproximadamente una tercera parte del total).

 

El tercer elemento tiene que ver con el marco socioeconómico de este creciente metabolismo: el extractivismo. Esto implica que toda la energía consumida no se dirigirá a un proceso productivo y de soberanía energética, sino al incremento de la disipación de la misma (entropía) y la dependencia ecológica.

 

3.- Afectación de la fertilidad de la tierra y de la productividad de los ecosistemas

Cuando Marx analizó en El Capital la renta de la tierra, hizo alusiones a la afectación de la productividad de la misma a raíz de los métodos depredadores de producción agrícola. De esta forma, se producía no solo un empobrecimiento del proletariado, sino también de la tierra. Este ha sido uno de los principales argumentos de John Bellamy Foster para sostener el argumento de la faceta ecológica de Marx (y las bases de un marxismo ecológico).

 

Nosotros planteamos aquí el análisis no sólo de la tierra, sino de los ecosistemas y sus ciclos. Las depredadoras consecuencias de la megaminería en el AMO, no solo afectarían la riqueza de la vida en términos cuantitativos –avance en el número de hectáreas devastadas, especies afectadas, cantidades de agua o partículas de aire contaminadas– sino también cualitativos.

 

Daños ambientales irreversibles podrían afectar la productividad ecológica y por ende comprometer aún más las condiciones generales de la vida. Por citar un ejemplo, el déficit energético ha sido analizado en Venezuela, en buena medida, a partir de las fallas en la capacidad instalada, o bien por el fenómeno del Niño. Aunque estos factores hacen parte del problema, también cabría reconocer que se ha venido produciendo un déficit (en términos de falta o escasez) en el caudal del río Caroní, producto, entre otras cosas, de procesos de deforestación en la zona. Se trata de una expresión del déficit ecológico que tiene su proyección en la economía, en la medida en la que este caudal tiene una importancia estratégica para la producción hidroeléctrica en el Guri, y por tanto para la vida en las ciudades y el sector industrial y comercial. Todo este fenómeno de merma de la productividad ecológica, si lo pensamos desde la sostenibilidad, pone en riesgo también los medios de vida de generaciones futuras.

 

4.- Déficit físico en el comercio internacional

Las economías extractivistas latinoamericanas como la venezolana, usualmente se caracterizan por exportar cantidades desproporcionadamente mayores de naturaleza (general pero no únicamente medida en toneladas) de las que se importan, sin que esto garantice ganancias comparables a las de los países centro del sistema global, o bien que nuestras economías puedan salir de la dependencia del extractivismo. Esto en cambio, se traduce en un balance ecológico negativo, que tiene repercusiones domésticas.

Más allá del déficit de la balanza comercial de Venezuela (para el tercer trimestre de 2015 según el BCV), la expansión del megaproyecto del AMO supondría una mayor cantidad de exportación neta de naturaleza. Si a esto se suma que los recursos podrían exportarse mucho más baratos que en años anteriores (dadas las bajas expectativas de repunte de los precios de las commodities), lo que afecta notablemente las importaciones a la baja, tendremos también un incremento del déficit ecológico nacional.

El relanzamiento del extractivismo por parte del Gobierno nacional se basa en una propuesta presente en varias de las declaraciones oficiales: “el impulso a las exportaciones” (no solo minería, sino gas y pesca). Esto en realidad indica que la economía nacional será relanzada con orientación al mercado global, marcado claramente por los patrones de acumulación neoliberal.

Toda esta “fuga de naturaleza” hacia el mercado internacional no sólo no resuelve los problemas de fondo, sino también canaliza un saqueo de recursos que compromete los medios de reproducción de la vida de numerosas venezolanas y venezolanos. En los períodos de baja, recesión o depresión, el capital buscará ajustar los procesos de acumulación en el AMO, para evitar afectar la tasa de ganancia. Este ajuste se cargará progresivamente sobre el país, sus ecosistemas, recursos y población.

5.- Después de la devastación ambiental, ¿quién se queda con la renta?

 

La expansión del extractivismo suele justificarse con la idea de que necesitamos más divisas, rehuyéndole normalmente al debate sobre la distribución de la riqueza y activos existentes y del manejo de los excedentes monetarios. Ahora que el país se encuentra muy mermado económicamente, y ante el terrible relanzamiento del AMO, cabría preguntarse doónde están los dineros públicos provenientes de la devastación ambiental de los últimos años (la importancia de una auditoría de todas las cuentas públicas).

 

No tiene sentido hablar de “expansión” y “crecimiento” sin analizar la distribución de la riqueza existente. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad instalada industrial y cuánto de ella se utiliza?, ¿a la luz de esta crisis, qué hacer con el 40% de las tierras nacionales que han sido declaradas improductivas?, ¿qué otros tipos de uso de la tierra podría dársele a los territorios del AMO, sin que esto tenga que conllevar a la devastación ambiental y la insostenibilidad social? Muchos más ejemplos como estos podrían darse. Queda claro que hay varias alternativas a ser estudiadas antes que entregar nuestros territorios a la voracidad del capital foráneo.

 

Por último, con un poco de suspicacia surge la pregunta: ¿qué se hará con la renta minera obtenida? La ampliación de la cuenta corriente tiene entre sus principales asignaciones el pago de la deuda y la compra de productos importados. Y si hubiese algún excedente, ¿quién lo va a manejar?, ¿para qué será usado?, ¿qué poder de decisión tiene la gente común sobre esa administración? Los patrones capitalistas de apropiación de la riqueza plantean serias amenazas de empobrecimiento a la población.

 

6.- Buen Vivir y debates sobre el consumo

Queda para otro espacio y ocasión planteamientos más definidos sobre alternativas a este terrible proyecto minero. Sin embargo, es importante recalcar, ante los desafíos de un déficit ecológico, la importancia de nuevos paradigmas sociales, nuevas escalas de valoración, nuevos patrones culturales que interpelen nuestras concepciones sobre la riqueza y sobre la pobreza, tomando en cuenta que esta última está vinculada, en primera instancia, a la indisponibilidad e incapacidad social para el acceso a los bienes comunes para la vida.

 

Al menos tres interrogantes se nos plantean al respecto: ¿hasta qué medida es posible un cambio radical de la política de “los de arriba” que revierta este tránsito hacia la acentuación de la inviabilidad del modelo?, ¿qué grupos sociales y políticos deben impulsar una transformación cultural como la mencionada?, y, ¿qué estrategias deben ser propuestas para transformar patrones culturales tan vinculados históricamente al american way of life sin sufrir amplio rechazo social por algunas medidas “impopulares”?

 

Por último, creemos importante que en los debates sobre bienestar social, o Buen Vivir, no sólo se reivindique un ideal abstracto deseable, sino también referentes que se adecuen a la crisis ambiental global. En este sentido, parece que un verdadero objetivo revolucionario es incrementar nuestra resiliencia, es decir, nuestra capacidad de soportar y recuperarnos ante perturbaciones significativas de los entornos y ecosistemas en los cuales habitamos. Nuevos tiempos suponen nuevos desafíos y, por tanto, nuevas maneras de pensarnos y organizarnos.

 

[1] Emiliano Terán Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 y hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.

Fuente: http://www.15yultimo.com/2016/05/09/los-peligros-del-arco-minero-del-orinoco-emiliano-teran-mantovani/

 

 

Comparemos el proyecto explicado anteriormente con el que se propone el gobierno de Nicolás Maduro.

 

 

 

Constituyente, nueva política económica y chavismo popular

24 de agosto de 2017

Por Emiliano Teran Mantovani (Aporrea)

Bienvenidos al desierto de lo real

 La llamada "opinión pública" pone gran parte de su atención en los eventos electorales y la consecución de cargos oficiales, en las declaraciones de los principales líderes de los partidos políticos, en las disputas de las matrices mediáticas dominantes nacional o internacionalmente o en el accionar polarizado de los representantes de las instituciones estatales. Por esto no son de extrañar las continuas omisiones y debilidades que tenemos sobre el conocimiento de las dimensiones de la extraordinaria crisis económica que vive el país; la inconsciencia que existe en relación a las reestructuraciones económicas que, por goteo, se vienen desarrollando al menos desde 2014; y como consecuencia de ello, el muy débil nivel de interpelación popular a los gobernantes en cuanto al programa económico y las medidas reivindicativas que se puedan orientar a un modelo que responda a los más desfavorecidos.

Los ruidos y el estremecimiento producido por la intensa disputa política que vivimos no nos dejan escuchar el rumor del prolongado sismo económico que está removiendo las placas tectónicas del viejo capitalismo rentístico petrolero, y que representa el fundamento material de esta crisis. Por eso, esta forma de política sorda no es más que una política en el desierto. En el desenlace de dicha crisis no bastará saber quién gobernará, sino también cómo lo hará y sobre todo bajo qué marco de negocios. O para decirlo más coloquialmente, ¿cómo se repartirá la torta?, ¿Y a quiénes se les cargarán los costos de la crisis?

Más allá de la retórica polarizada, el cuchicheo heroico y las voluntades de poder, el curso de la definición histórica en la que nos encontramos, está también determinada por la racionalidad del capital, por el mantenimiento o incremento de la tasa media de ganancia; por la búsqueda de facilidades para el acceso a los llamados "recursos naturales" del país; por la imperiosa necesidad de aumento de la captación de las rentas y excedentes económicos por parte de las élites económicas y estatales; por las demandas de mayor seguridad jurídica para los emprendimientos económicos o por las garantías de viabilidad de los negocios a corto, mediano y largo plazo.

Aunque se les dé poco espacio y menor consideración, estas dinámicas y racionalidades están atravesando el proceso conflictivo que vivimos en la actualidad y los tiempos que vendrán. ¿Dónde queda la población en este cuento? ¿Dónde quedan nuestros territorios, nuestros ecosistemas?

 El "salvavidas" de la deuda pública

Seguramente amerita más de un par de líneas detallar los rasgos de la larga crisis del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017), que nos ha traído a este punto de bifurcación histórica del modelo. Pero no está entre los objetivos del artículo. Por los momentos, bastará mencionar que estamos ante la confluencia de factores exógenos con factores internos; de componentes históricos con variables coyunturales; de elementos sociales, culturales, políticos, geopolíticos y ecológicos que entran en crisis de la mano del ámbito económico. La volatilidad y los hundimientos cíclicos del factor dinamizador de la economía venezolana -la renta petrolera, determinada en muy buena medida por los precios internacionales del crudo-, convergen con los propios límites internos del modelo de acumulación, como lo han sido los topes e incapacidades estructurales para “sembrar el petróleo”; las consecuencias históricas de lo que hemos llamado los tres impactos del Efecto Venezuela (el primero en la década del 20, el segundo a partir el boom petrolero de 1973 y el tercero a raíz del boom de las commodities desde 2004, promovido por el “efecto China”), con el progresivo socavamiento de las expresiones productivas y las tendencias a la intensificación de la primarización de la economía; o el declive geológico/económico de las fuentes de crudo convencional, más rentables que los petróleos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Todos estos factores se fusionan con el recrudecimiento del conflicto político y social que se vive actualmente en el país -y que empeora extraordinariamente todos los males del modelo rentista petrolero-, la crisis económica global (2008+), el aumento de las tensiones y violencia geopolítica, las transformaciones que se están produciendo en el patrón energético mundial, la metástasis de la corrupción en Venezuela y el colapso de las instituciones formales.

Pero aquí está el detalle sobre el cual queremos hacer hincapié: ante la insuficiencia y vacíos que va dejando el gran factor exógeno dinamizador de la economía nacional, como ocurre por el nuevo hundimiento de los precios del petróleo desde 2014, se multiplica el ‘salvavidas’ de la deuda pública, lo cual está acompañado de la caída sostenida de las reservas internacionales (25,9% en 2015 y 32,8% en 2016), llevándolas a su monto más bajo en 21 años (10.004 millones US$, primer semestre de 2017).

Según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017 de la Cepal, la deuda externa bruta de Venezuela alcanzaba los 132 mil millones US$ en 2016[1]. En un informe de mayo de 2017 de la exministra para la Economía Popular, Oly Millán, y Paulino Nuñez, pertenecientes a la Plataforma por la Auditoria Publica y Ciudadana -la cual cuenta además con el apoyo internacional del CADTM (Comité para la Abolición de las Deudas Ilegitimas)-, se expone que la deuda pública total (tipificada como interna y externa) para el cierre de 2016 es de 137.287 millones US$, la cual sumada a la deuda financiera de Pdvsa asciende aproximadamente a unos181.038 millones de US$[2].

 

A esto hay que añadirle unos tres datos. Primero, la división porcentual de esta deuda sería, nominalmente, 69.4% interna (acreedores residentes) y 30.6% externa (acreedores no residentes). Sin embargo, desde hace ya varios años se ha denunciado que la deuda pública interna es perfectamente ‘extranjerizable’ debido a que, bajo la modalidad de la “doble denominación”, los tenedores de bonos venezolanos, que los compran en bolívares, pueden exigir su reembolso en moneda extranjera [3]. Se trata de una dolarización de facto de la deuda interna en bolívares.

Un segundo dato habla de las proporciones de la deuda, existiendo estimaciones que señalan desde un 20% hasta un 80% del PIB. El tercer dato es muy significativo, pues tiene que ver con el alto costo de la deuda pública venezolana, determinada fundamentalmente por la calificación de los títulos de valor o bonos de deuda de la República, considerados entre los más riesgosos de todo el mundo. Estas valuaciones de agencias como Standard and Poor's o Moody’s Investors Service indudablemente tienen un fuerte cariz geopolítico en la medida en la que representan ataques contra la economía venezolana, lo que genera terribles presiones financieras que hacen que deba destinarse cada vez más recursos del presupuesto ordinario sólo para el mantenimiento de la deuda.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Crédito Público, la República tiene pautado cancelar por concepto de servicio de la deuda 20.677,50 millones US$ para este año, 18.883,60 millones US$ para 2018 y 18.415,30 millones US$ en 2019, lo que totaliza casi 58.000 millones US$ en 3 años.

Independientemente de los debates sobre la capacidad de pago de Venezuela, o las controversias sobre cuáles son las cifras más fidedignas, el problema no es sólo la deuda, sino todo lo que ella conlleva en términos de sumisión internacional y re-estructuración económica en el país. De ahí que David Harvey haya caracterizado la “trampa de la deuda” como el fino arte de la redistribución deliberada de la riqueza desde los países pobres hacia los ricos. Lo que llamó en su momento el Nuevo Imperialismo.

Los caminos de la reestructuración económica y la acumulación por desposesión

La deuda puede ser considerada como un ‘remedio’ posterior al daño, pero en realidad es también cabeza de playa para iniciar e impulsar un proceso de reestructuración económica. A raíz de los efectos de la crisis global en el país (desde 2009), pero fundamentalmente a partir del período decaotización de la economía nacional (2013-actualidad), en Venezuela se ha venido avanzando en una serie de reformas económicas que, más que ser sólo una serie de políticas dispersas e inconexas, han venido configurando un nuevo marco de negocios.

El actual presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, ha llamado a este marco de negocios el “régimen especial de inversiones”, tomando como referencia el esquema de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) para ser aplicado en el resto de las alianzas y acuerdos económicos por negociar y establecer. Este régimen especial ha sido fundamentalmente elaborado como solución a los problemas internos de liquidez y como arreglo favorable a los inversores foráneos, a través de una serie de políticas de flexibilización económica y de ampliación de las fronteras de la extracción. A modo ilustrativo, plantearemos algunos ejemplos de estas políticas descritas:

- Préstamos emitidos por corporaciones trasnacionales (básicamente chinas o rusas), que son accionistas en empresas mixtas en la FPO, dirigidos a su contraparte venezolana, a cambio de la importación de mercancías y servicios provenientes de los países sedes de estas compañías foráneas.

- Aparecen figuras de participación mayoritariamente privada, en casos particulares contemplados para actividades petroquímicas, como lo explicita la reforma de la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquimicas (Decreto N° 2.171, 30/12/2015).

- Garantía a los préstamos foráneos recibidos por la República, a través del pago directo con petróleo, como ocurre con las líneas de crédito otorgadas por China a Venezuela.

- El 10 de octubre de 2014 el Gobierno venezolano acuerda una reestructuración de su deuda con China -el “Cuarto Protocolo de Enmienda” sobre el fondo de financiamiento conjunto chino-venezolano- el cual aliviana la carga en términos del número de barriles de petróleo enviados al día o de los plazos de pago. Prácticamente un mes después de negociar esta re-estructuración (13/11/2014), el gobierno decreta la creación de las Zonas Económicas Especiales, que implican una liberalización radical de territorios para un ‘desarrollo’ acelerado de los mismos. Las ZEE son un formato tomado del modelo chino, a partir de las reformas liberalizadoras de Deng Xiaoping en ese país. El capital principalmente involucrado en los territorios declarados como ZEE -como la FPO o el Arco Minero del Orinoco- es el chino.

- Tasas de cambio preferencial para las petroleras en las empresas mixtas en la FPO, de manera tal de bajar notablemente sus costos de producción y hacer que sus proyectos sean más atractivos.

- Invitación a las empresas no sólo a participar en los emprendimientos como accionistas, sino ahora también como financistas de los mismos, cubriendo en realidad la parte que antes ponía Pdvsa (lo que de facto les otorga un mucho mayor grado de influencia política y económica sobre la explotación).

- Estímulos a la inversión en proyectos extractivos a partir de la propuesta de pagar directamente con el commodity explotado, una parte del financiamiento adquirido por la parte venezolana, como fuese propuesto por el Presidente de Pdvsa Eulogio Del Pino para levantar la ‘producción’ de Carbozulia, ofreciendo el carbón de ‘alta calidad’ como retribución.

- Construcción de respaldos cuantificados de pago a partir de la certificación de reservas de ‘recursos naturales’, como la planteada a partir del Proyecto Magna Reserva Minera, el cual tiene un alcance nacional.

- Liquidación de bonos de Pdvsa o bonos soberanos con descuentos que pueden alcanzar hasta el 70% de su valor, con el fin de obtener divisas rápidamente, como ocurrió con la venta de estos títulos de la petrolera nacional que hiciera el Banco Central de Venezuela a Goldman Sachs en mayo de 2017, otorgando un 69% de descuento en los mismos.

Si estamos en efecto, ante una nueva política económica de escala nacional, la misma representa en realidad un proceso de reestructuración económica por goteo. De esta forma, mientras por un lado se habla de los riesgos de un impago de la deuda por parte de Venezuela, por el otro se evidencian tendencias a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la República por parte del Gobierno nacional, canalizando y formalizando mecanismos de hipotecamiento, usufructo y apropiación de nuestros bienes comunes, territorios y fuerzas de trabajo en favor de las coaliciones foráneas/domésticas del capital.

La nueva agenda económica para los próximos años está siendo delineada también a partir de peticiones puntuales y expectativas del capital foráneo (chino, ruso, estadounidense, canadiense, etc.), que ejerce poder directa o indirectamente sobre Venezuela en buena medida a partir de la deuda pública (externa y extranjerizada). Estamos ante un nuevo escenario histórico de acumulación por desposesión en el país.

La Asamblea Nacional Constituyente y el dilema histórico del chavismo popular

Este es el marco político-económico en el que surge y se instala formalmente la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). A nuestro juicio, el proceso político que se abre –más allá de las cuestiones jurídicas y normativas que conlleva– es un campo en disputa, un acontecimiento generador de nuevos escenarios, muchos de ellos inciertos. Así lo ha asumido parte del movimiento popular, por las razones que fuesen. Sin embargo, no es posible ni sensato obviar o ignorar el potencial reordenamiento autoritario de la sociedad (‘pacificación’) ni la formalización de esta Nueva Política Económica que se viene ensamblando desde hace ya algunos años en Venezuela, lo cual sería uno de los probables resultados del accionar de la ANC.

 

De esta forma, si tomamos en cuenta la actual correlación de fuerzas y el desarrollo de esta re-estructuración económica por goteo, los marcos de esta “Refundación de la Nación” –como la ha llamado el Presidente Nicolás Maduro– serían también hechura del capital transnacional y gobiernos foráneos, con miras además a la configuración de un modelo de gobernabilidad que garantice la viabilidad de los cambios económicos en curso. El objetivo sería derribar los obstáculos más claros al capital o cercenar formas de contraloría política y la división de poderes, hacer prevalecer sobre todo los intereses de ‘Seguridad Nacional’ y la razón de Estado, y generar marcos para la securitización y ‘pacificación’ de la sociedad.

 

El anuncio de la extensión del funcionamiento de la ‘plenipotenciaria’ ANC por dos años, revela que el proceso podría seguir siendo dosificado (descartando en primera instancia las terapias de shock), extendido pero sectorizado, híbrido y mixto, en el cual se continuaría avanzando en políticas de desregulación y flexibilización, financiarización, corporativización e incluso con algunos mecanismos subyacentes hacia la privatización (como ocurre cuando en las empresas mixtas el 100% del capital accionario lo ponen los inversionistas extranjeros), las cuales podrían venir acompañadas por la formalización y/o mantenimiento de ciertas políticas de distribución social de las rentas, de reivindicación de leyes favorables a la sexo-género diversidad, decretos de parques nacionales, de inclusión cultural o diversas propuestas jurídicas cosméticas que, en el fondo no afecten en nada el curso de la re-estructuración económica y la acumulación por desposesión. A esta forma híbrida de acumulación de capital es a la que hemos llamado ‘neoliberalismo mutante’.

Evidentemente todo este proceso navegará también en las aguas turbulentas de los vaivenes del conflicto político interno –siendo que las condiciones materiales que lo producen siguen estando ahí–, de la crisis económica mundial y de las muy agresivas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero a nuestro juicio, de concretarse este esquema de negocios-gobernabilidad, se terminarían de minar los pilares fundamentales que dieron sentido al proceso político que hemos llamado “Revolución Bolivariana”: nacionalismo energético, democracia popular radical, economía antineoliberal en favor de los más desfavorecidos y soberanía nacional.

Ante esta situación, parece que el principal actor que podría confrontar y detener estas tendencias tan regresivas es el propio chavismo popular, toda esta subjetividad política de base que se fue constituyendo a sí misma no sólo a partir de las luchas históricas del movimiento popular venezolano, sino también de un conjunto de experiencias de calle, de gestión social territorial, de deliberación, de reflexión ideológica, de fogueo en el ‘campo de batalla’, y que ha sido dotada de sentido precisamente por estos pilares fundamentales que hemos mencionado, los cuales van desvirtuándose cada vez más. Así que, emergen preguntas vitales, dilemas e interrogantes que se van haciendo cada vez más intensos e ineludibles: ¿cuál es y será el rol de este chavismo popular, contrahegemónico, ante esta bifurcación histórica en la que nos encontramos? ¿Cuál será su peso y su voluntad durante el proceso político inaugurado por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál será su apuesta ante la potencial aprobación de una nueva carta magna? ¿Qué implicaciones tendría su rechazo o su aprobación? No son preguntas que caen en saco roto, sobre todo ante lo que podría ser la última carta del Gobierno nacional.

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Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=230623