Qué Economía

Diciembre 2018


Con soberanías territorial, alimentaria, energética e hídrica.

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Discutamos sobre si nuestra lucha emancipatoria debe proponerse nacionalizaciones como primer paso. Al respecto el economista de izquierda Claudio Katz sostiene:

"La derecha macrista no logró supremacía electoral sólo por los errores políticos, culturales o de comunicación de su adversario. El kirchnerismo falló en el plano económico por mantener los privilegios de los grupos dominantes y eludir las transformaciones requeridas para erradicar el subdesarrollo y la desigualdad.

En el nuevo escenario, el logro de esas metas exige nacionalizar los bancos y el comercio exterior a partir de una ruptura con el FMI. Esas decisiones son indispensables para recuperar la soberanía monetaria y financiera. Los agudos problemas actuales no se resuelven con vagas exhortaciones a reforzar la regulación estatal. Esos controles pueden incluso multiplicar las adversidades, si apuntalan los intereses de los grupos dominantes. El capitalismo financiarizado y agro-exportador es una tormentosa realidad que no se supera con ilusiones en el capitalismo inclusivo". Leer

En la misma línea que Katz y partidos de izquierda:

 

A 66 años de la revolución boliviana, Evo Morales reivindicó la nacionalización de las minas, fruto de la organización y unidad de sus trabajadores

 

Resumen Latinoamericano*, 31 de octubre de 2018

La Paz, 31 oct (PL/ABI) El presidente boliviano Evo Morales celebró hoy los 66 años de la nacionalización de las minas en Bolivia y resaltó la fuerza y unidad de los obreros que posibilitó la ocurrencia de ese hecho histórico. En un acto realizado en la estatal Empresa Metalúrgica Vinto, en el departamento de Oruro, el mandatario agradeció a la Central Obrera Boliviana y a la Federación de Mineros por convocar a este multitudinario encuentro en conmemoración de esta fecha, evocada como revolución de 1952.

Morales recordó que el gobierno de ese entonces, de Víctor Paz Estenssoro, no implementó de forma decidida esa política por temor a Estados Unidos (EEUU), y que los mineros lo “obligaron” a nacionalizar las tres grandes empresas Patiño, Hoschild y Aramayo.

“Después de la llamada revolución de 1952, Víctor Paz Estenssoro, su partido, no quería nacionalizar las minas. Habían sido los dirigentes de aquellos tiempos movilizados y organizados, y obligaron a Víctor Paz Estenssoro a que nacionalice las minas”, indicó.

El mandatario afirmó que Paz Estenssoro no quería nacionalizar las minas en ese entonces porque “tenía miedo a EEUU, no quería tener problemas con una potencia; sin embargo, ahí se ha visto la fuerza y la unidad de los mineros para obligar a nacionalizar las minas”.

El 31 de octubre de 1952 Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas en el campo de María Barzola en Catavi, Potosí. Posteriormente pasaron al Estado las minas Bolsa Negra, Kami, San José, Colquiri, Morococala, Huanuni, Alantata, Catavi, Antequera, Colquechaca, Colavi, Unificada del Cerro Rico de Potosí, Pulacayo, Matilde, Chorolque, Ánimas, Chocaya, Oploca, Venus, Pampa Grande y Viloco.

Según la cuarta edición del texto ‘Historia de Bolivia de los orígenes al 2010’, escrito por Herbert Klein, en ese entonces al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a la cabeza de Paz Estensoro, “le preocupaba las posibles reacciones del gobierno de EEUU”, porque “no deseaba chocar con un aliado potencialmente peligroso”.

Los mineros en ese entonces, según ese texto, plantearon un programa revolucionario en el que demandaban la nacionalización sin compensación de las minas, la liquidación del Ejército y su reemplazo por las milicias, y la reforma agraria con la abolición del sistema latifundista y todas las formas de servidumbre campesina.

Para Morales, es muy importante reflexionar y entender esos datos históricos en el país para identificar a los “enemigos internos y externos” de Bolivia en la actualidad y en un contexto semejante.

Asimismo, destacó la unidad y la lucha de los mineros y de los movimientos sociales de ese entonces, porque acertaron -dijo- en la implementación de una política en beneficio de la patria.

“Podemos seguir revisando, tantas historias de nacionalizaciones. Nuestra Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia hizo mucha historia, pero también hay que repasar la historia, nuestra historia, a veces por errores de los pueblos nos equivocamos”, remarcó.

 

66 años después

En el 2007 la Empresa Metalúrgica Vinto fue revertida al Estado por el Gobierno de Evo Morales en el marco de su política de recuperación de los recursos naturales, para beneficio de todos los bolivianos.

Esta entidad estatal y estratégica, funde y refina concentrados de estaño para ofrecer al mercado nacional e internacional lingotes de este producto con la marca registrada ENAF.

Durante el acto los ejecutivos de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, y de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, ratificaron el compromiso de los obreros con el proceso de cambio que se lleva a cabo en el país y el apoyo al presidente boliviano y su reelección en los comicios del 2019.

Por su parte, Morales aseveró que ‘hay sólo dos caminos: somos del imperio o del pueblo; algunos hablan de otra vía, somos de los pobres o de los ricos, a esta nueva generación le preguntamos: somos los privatizadores o los nacionalizadores’, apuntó.

Añadió que hay que identificar a los enemigos externos e internos; ahora para los capitalistas los movimientos sociales somos terroristas y los migrantes que escapan de sus países por la extrema pobreza producto de la privatización y las medidas neoliberales, son tildados de criminales por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tenemos que tener clarísimo el panorama político, ideológico y programático en Bolivia, no nos dejemos confundir, pues los candidatos de la oposición vienen del neoliberalismo, sentenció Morales.

 

* Fuentes: PRENSA LATINA/ ABI

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/10/31/a-66-anos-de-la-revolucion-boliviana-evo-morales-reivindico-nacionalizacion-de-las-minas-fruto-de-la-organizacion-y-unidad-de-sus-trabajadores/

 

Pero revisemos el período 2006-2010 de la política económica del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera:

Socialismo comunitario y FMI

15 de octubre de 2010

 

Por Rolando Astarita

 (…)El informe del FMI

El FMI señala que Bolivia se vio beneficiada en los últimos años por una fuerte mejora de los términos de intercambio. La acumulación de reservas externas, y los superávit fiscales, posibilitaron que pasara de ser un país deudor a acreedor neto. Aunque en 2009 la economía tuvo una desaceleración, provocada por la caída de los precios de sus exportaciones y de los envíos de divisas de emigrantes, logró un crecimiento positivo del 3,25%. El informe observa que una correcta política moderadamente contracíclica por parte del gobierno contribuyó a sostener la demanda durante la recesión. Es que el gobierno utilizó los excedentes de 2005-2008 para generar amortiguadores macroeconómicos. En los años de boom, solo hubo un moderado incremento del gasto público; de manera que Bolivia tuvo recursos para hacer frente a la recesión de 2009.

A su vez los funcionarios del Fondo respaldan las políticas de supervisión financiera del gobierno.  Aprueban que las autoridades hayan aumentado los requerimientos de márgenes de reservas sobre los depósitos en dólares, a fin de generar un colchón de liquidez en divisas externas más elevado por parte de los bancos. En este marco recomiendan que se introduzcan más regulaciones para mitigar los riesgos de mercado y de crédito que puedan provenir de la dolarización; la adopción de un esquema de seguros de depósitos; y que se adopte una legislación que rija los procesos de quiebras de empresas y reestructuración.

Los funcionarios del FMI plantean también que la política monetaria, de baja tasa de interés, fue apropiada, aunque recomiendan ir elevando la tasa en 2010. Las autoridades bolivianas respondieron, consigna el informe, que endurecerían la política monetaria de acuerdo a cómo evolucione la inflación y la balanza de pagos. El FMI también considera que el fortalecimiento de los fundamentos económicos y las medidas para inducir a una bolivianización voluntaria de los activos financieros han llevado a una caída considerable de la dolarización, lo que disminuye los riesgos de default de la deuda.

Por otra parte el FMI saluda que las autoridades estén considerando reformas para disminuir, en el mediano plazo, la dependencia de Bolivia de los ingresos de hidrocarburos. Estas reformas incluyen impuestos directos más altos, y el rebalanceo de gastos fiscales. Los expertos del Fondo recomiendan algo más de flexibilidad en la política cambiaria.

También elogia al gobierno por expandir la red de seguridad social y mejorar la infraestructura. Señala que en 2007 el 60% de la población vivía en la pobreza, y el 38% en la extrema pobreza. La extrema pobreza era particularmente alta entre la población indígena, alcanzando al 61% de la misma. El coeficiente Gini, que mide la desigualdad, se ubicaba en 0,6 que es de los más altos en América Latina. El gobierno, dice el informe, ha distribuido rentas naturales a través de programas que benefician a los sectores más pobres de la población; además, mejoró el acceso de esos sectores a servicios básicos, como agua y sanitarios, y a la red de transporte, especialmente carreteras. Según datos del gobierno, la pobreza extrema se redujo 4,8 puntos porcentuales en 2008; la deserción escolar bajó 5,2 puntos, al 2,8%; y disminuyó la tasa de analfabetismo.

El FMI sostiene que una pieza maestra en los cambios que experimentó Bolivia ha sido la nueva constitución, que asigna un mayor rol al Estado en el desarrollo económico. Observa por otra parte que las autoridades bolivianas procuran la expansión de la producción en recursos naturales y su industrialización, lo que demandará grandes inversiones. Dice que la intención del gobierno es permitir la participación privada en el capital y la dirección de las empresas públicas. También establecer acuerdos de producción o servicios con el sector privado, para conseguir una capacidad de apalancamiento más alta y facilitar la adopción de técnicas modernas de administración y tecnología. El informe del FMI observa que YPFB tiene un plan de inversión para exploración y explotación; para transporte y almacenaje; para aumentar la capacidad de refinación; para conectar 900.000 hogares de la red nacional de gas; y la construcción de una planta de fertilizantes y de plantas separadoras de gas. El plan 2010-2015 contempla inversiones por US$ 11.300 millones, de los cuales US$ 7500 corresponderán a la empresa estatal. También hay planes para la explotación de litio, mineral del que Bolivia tiene la mitad de las reservas mundiales, y es muy requerido hoy por las baterías. En este sector las autoridades bolivianas estiman una inversión potencial de US$ 800 millones y afirman que varias empresas extranjeras demostraron interés.

El FMI recomienda despejar incertidumbres en el marco legal para alentar la inversión privada, en particular en el sector de hidrocarburos, y adoptar una estrategia para mejorar el clima de los negocios. También políticas para establecer procedimientos modernos para hacer frente a quiebras y reestructuraciones de empresas. Las autoridades responden que están trabajando en una legislación para establecer un fondo garantizado para empresas medianas de negocios y de seguros para actividades agrícolas.

En cuanto al plano fiscal, las autoridades están trabajando en una reforma para hacer al sistema más progresista, con asistencia técnica del Fondo. El FMI alienta la reforma fiscal para generar relaciones estables con los departamentos, regiones, municipalidades y autonomías indígenas, y para que los recursos provenientes de los hidrocarburos se distribuyan según las necesidades, y no según la posesión de riqueza natural de las regiones o departamentos. Todo esto sin descuidar la necesidad de que la administración central vuelva a ganar fortaleza en sus finanzas.

El Fondo también destaca que Bolivia ha disminuido su deuda externa, y se han alejado los peligros de default. Desde 2004 a 2008 la relación deuda externa/PBI de Bolivia cayó casi 50 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 38%.

El FMI no objeta las empresas estatales en sí mismas, pero aconseja que sean sometidas a auditorías anuales independientes y que se eliminen las funciones fiscales o cuasi fiscales de esas empresas. Además sostiene que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas debería desarrollar la experticia en las operaciones financieras de las empresas públicas, en especial de YPFB. Las autoridades bolivianas a su vez informan que están trabajando en reformas legales a fin de aumentar la eficiencia de las corporaciones estatales y proveer las herramientas para que haya un management efectivo, incluyendo la política salarial.

Un programa y una política capitalista

En primer lugar quisiera destacar que el hecho de que el gobierno de Evo Morales haya aceptado la revisión anual que establece el artículo IV de los acuerdos del FMI, no implica que sea un “lacayo” del imperialismo, o algo por el estilo. Aclaro este asunto porque en Argentina se ha sostenido que aceptar esta revisión implica una especie de “entrega” de la soberanía, o aceptar una sujeción semicolonial. En realidad, se trata de una discusión entre el FMI y un gobierno capitalista, políticamente independiente, aunque al frente de un país económicamente dependiente.

En segundo término, es claro que el informe es muy elogioso hacia el gobierno de Bolivia y su política. Existen matices, algunas observaciones aquí o allá, pero nada que se salga de los carriles normales de una discusión entre capitalistas que examinan la economía de cualquier país, y están satisfechos, en líneas generales, con su evolución.

En tercer lugar, de los datos que se presentan en el informe, y de las posturas del propio gobierno, se desprende que en Bolivia se está desarrollando un programa y una política capitalista. Dicho en otros términos, no cabe pensar que el FMI haya tomado una política “en esencia revolucionaria y socialista” por una política capitalista. Como expliqué en otra nota en este blog, la naturaleza profunda de un programa o de una estrategia se evidencia en las políticas que aplica el gobierno y el Estado. Las políticas que elogia el FMI son la manifestación concreta de una orientación que no es precisamente “socialista”.

En cuarto lugar, es importante observar que el fortalecimiento del capitalismo no excluye una cierta dosis de redistribución del ingreso. Un régimen capitalista puede hacerse más sólido si fomenta estratos medios –pequeña burguesía, personal intermedio de empresas–, así como si genera algunos amortiguadores de las diferencias sociales más grandes. Hay muchas experiencias al respecto. Por ejemplo, el reparto de tierras en muchos países dio lugar a una masa de campesinos propietarios más bien reaccionaria, que fueron sostén de gobiernos claramente capitalistas. Algo similar ocurre con el alivio de la miseria extrema. Los planes sociales como los que hoy aplican Brasil o Argentina (ejemplo plan asignación por hijo) son defendidos por el Banco Mundial y revistas no precisamente de izquierda, como The Economist. Incluso estos planes pueden ser beneficiosos para los intereses del capital, en tanto inciden en la reproducción de la futura fuerza de trabajo. Naturalmente, reconocer que existen estas políticas no es razón para disminuir la crítica del marxismo frente al sistema capitalista. El cuestionamiento central al modo de producción capitalista es que se trata de un sistema de explotación. Alguna vez Marx señaló que la esclavitud no debería cuestionarse por el hecho de que los esclavos no estuvieran bien alimentados, sino por la realidad misma de la explotación. El mismo criterio se aplica a los esclavos asalariados modernos.

En quinto término, es interesante observar que el FMI acepta una cierta dosis de intervención estatal, e incluso el aumento de la participación de las empresas estatales en la economía. Sólo recomienda que las empresas estatales sean regidas según los criterios capitalistas. Las autoridades responden que están comprometidas a ello, y que alientan la asociación con el capital privado. Nada de esto es contrario a lo que sucede en cualquier otro país capitalista. Se puede discutir una cuestión de grados, nada cualitativo. Agreguemos aquí que el gobierno de

Evo Morales no avanzó en estatizaciones, como había prometido. A comienzos de 2007 anunció que sería el año de la “nacionalización de la minería”, pero quedó en ese anuncio. Es significativo que el ministro de Minería, José Pimentel, haya declarado, en 2010, que la minera Sumimoto ganó por la explotación en San Cristóbal US$ 1000 millones en 2009, y pagó US$ 35 millones; además, no tributa por el agua que utiliza. En agosto de este año hubo un paro cívico de más de dos semanas en Potosí (que votó en un 80% por Evo), en protesta por esta explotación. Pero el gobierno no modificó su postura. Evo Morales considera que las empresas deben ser socias del Estado para avanzar en la explotación de los recursos. La participación de la inversión privada en el total de la inversión en Bolivia es muy baja. Por eso el impulso estatal puede ser necesario para la acumulación en las primeras etapas, como alguna vez destacó Marx.

Es interesante destacar también (figura en el informe del FMI) que los flujos de inversiones extranjeras desde 2006 han sido considerablemente más altos durante el gobierno de Evo Morales que en los años anteriores a 2006. Estos inversores internacionales parecen comprender la naturaleza del “socialismo comunitario” mejor que algunos izquierdistas latinoamericanos.

¿Socialismo comunitario o capitalismo indígena?

Con lo afirmado hasta aquí no estamos diciendo que en Bolivia no se hayan producido cambios en los últimos años, y en particular desde 2006. Pero estos cambios tienen que ver con un progreso democrático, no con un giro al socialismo. Es que a partir de 1990 las poblaciones indígenas de Bolivia, tradicionalmente postergadas, han estado en ascenso. Aquel año miles de indígenas marcharon hacia la sede del gobierno pidiendo tierras, reconocimiento y participación en los asuntos de gobierno. Desde entonces los indígenas están recuperando el ejercicio de su organización, y elevando su participación en la administración y dirección del Estado. La asunción de Evo Morales, la aprobación de la nueva Constitución y la proclama del “Estado plurinacional” son puntos salientes y resultados de este proceso.

En 2006 por primera vez llegó a la presidencia un indígena. El Estado plurinacional hoy está abriendo las puertas para que los indígenas puedan ser legisladores, o funcionarios estatales. El establecimiento de una justicia con base en las comunidades indígenas y sus tradiciones también es una manifestación de este ascenso. Los indígenas constituyen el 62% de la población total de Bolivia. Sistemáticamente fueron objeto de discriminación, tanto en el sector público como privado, y viven en una pobreza generalizada. Además, las operaciones extractivas de las empresas generaron, y generan, grandes impactos sobre la salud y educación en las comunidades, sobre los sistemas de producción, y provocan la degradación del medio ambiente. De ahí las rebeliones indígenas contra la depredación de los recursos naturales por parte de las grandes compañías. El gobierno de Evo tiene como un eje de sus políticas redistribuir una parte de la renta generada por la explotación de los hidrocarburos y minerales, para mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados, y favorecer su desarrollo en el mediano plazo. Lo cual explica el odio de las fracciones del capital boliviano antes favorecidas, que hacen lo imposible por no perder las palancas de mando y control de la renta.

Pero de aquí no debería deducirse que se esté ante el parto de una sociedad socialista. Unos puntos de mejora en los ingresos son importantes, pero no son socialismo. Como tampoco lo es la incorporación de indígenas al gobierno. De la misma manera que en Sudáfrica el gobierno de Mandela no fue sinónimo de socialismo, sino la expresión del ascenso de un capitalismo con raíces en la población negra, en Bolivia hoy se están echando los cimientos para un capitalismo indígena. Y el FMI y el capital mundializado no ven mayores inconvenientes en ello. Para los capitalistas lo importante es hacer negocios, y obtener plusvalía. El color de piel, la orientación sexual o las creencias religiosas de sus socios, sean del país que sean, no tienen relevancia.

 

Parece una obviedad, pero vale la pena recordarlo: cuando el gobierno de Evo Morales discute el precio del gas con Argentina, o las regalías que debe pagar alguna empresa petrolera, no está atacando la propiedad privada, sino discutiendo la parte que le corresponde (o piensa que le corresponde) al Estado boliviano. Es lo que hace cualquier gobierno políticamente independiente.

 

Evo Morales negocia y utiliza una parte de lo que obtiene en mejorar las condiciones de vida de los indígenas. A su vez intenta mejorar condiciones mínimas –infraestructura sanitaria, educación, etc.,– necesarias para la reproducción del capital. Con esto no cuestiona al capitalismo. Ni tampoco la inserción de Bolivia en el mercado mundial. La reivindicación de comunidades indígenas y sectores de la izquierda boliviana, de desarrollar la economía en base a los recursos propios de Bolivia (el tradicional programa del nacionalismo latinoamericano), no está en la agenda del gobierno. Evo Morales y su equipo buscan mejorar las condiciones en que el capitalismo boliviano se inserta en la globalización; por ejemplo, proveyendo recursos energéticos a Brasil y Argentina, y preparando la explotación y exportación de litio.

 

Desarrollo contradictorio con las aspiraciones indígenas

Aunque el desarrollo capitalista indígena es compatible con los intereses más generales del capital, entra en contradicción con la aspiración de los pueblos indígenas a controlar y tener la última palabra sobre el uso de los recursos naturales. También con las disposiciones legales existentes en el país. Es que la nueva Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU a la que Bolivia se adscribió, establecen que los pueblos indígenas deben ser consultados previamente para la explotación de los recursos naturales. Pero esto no está sucediendo. Por eso la Comisión de Reconstitución e Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) presentó en septiembre una demanda contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar permanentemente los derechos de los indígenas.

Los representantes indígenas y campesinos denuncian que la consulta previa para la explotación de recursos naturales no se aplica, y que muchas veces no conocen nada antes de que se inicie la licitación. Sostienen que muchas exploraciones en busca de hidrocarburos tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente, y afectan a sus comunidades, incluso dividiéndolas. Reclaman tener capacidad de decisión sobre el uso de los recursos naturales y sobre su medio ambiente. También piden que el dinero de las regalías petroleras y recursos del Estado les llegue directamente a las organizaciones indígenas, y por lo tanto a sus gobiernos autónomos. En otros casos cuestionan que las grandes empresas (como en el caso ya citado de la explotación en San Cristóbal, Potosí) continúen con sus actividades, llevándose además la mayor parte de las utilidades. No se trata de infiltrados de la derecha; son dirigentes y organizaciones que han apoyado a Morales. Muchos empiezan a decir que las “reformas estructurales” prometidas o establecidas legalmente por el gobierno y la Constitución no se cumplen, o son simbólicas.

Sin embargo el conflicto no se puede resolver porque esas reivindicaciones de los dirigentes indígenas chocan con las necesidades y la lógica de la acumulación del capital. Por supuesto, el gobierno podrá tomar algunas medidas de salvaguarda del medio ambiente; o elevar en algunos puntos los impuestos que deben pagar las compañías. Pero no habrá mucho más que eso. Los pueblos indígenas –y también Evo Morales en alguna tribuna internacional– dicen que los bosques, minerías y cursos de agua no deben ponerse en venta para el lucro del capital. Sin embargo, en tanto se mantengan las relaciones mercantiles y capitalistas, será inevitable que los recursos naturales sean puestos bajo la explotación del capital. Hace falta algo más que discursos para interrumpir estas leyes.

Esta contradicción entre el curso capitalista del gobierno y las aspiraciones populares puede estar en la base de crecientes tensiones. Por ejemplo, el Congreso de la Fejuve de El Alto, que reunió 2400 delegados, recientemente votó retomar la lucha por la confiscación de terratenientes y la expulsión de las multinacionales, entregar tierras a los campesinos y lograr la industrialización con los recursos propios. Es todo un símbolo. Fejuve organiza a las juntas vecinales de El Alto, donde vive más de un millón de personas, y encabezó la rebelión contra el presidente Sánchez Lozada, en 2003, exigiendo la nacionalización de las transnacionales de hidrocarburos. En su Congreso convocó a luchar por “sepultar al sistema capitalista y neoliberal”. Una demanda imposible de encajar en el clima de acuerdos entre el FMI y el gobierno de Evo Morales.

En el mismo sentido, aparecen tensiones derivadas de la expansión del cultivo de coca y de las exigencias de frenarlo. Este año hubo conflictos en la región subtropical de Yungas, área cocalera tradicional de Bolivia. Los sindicatos de la región en marzo movilizaron unos 3000 campesinos exigiendo la destitución de ministros de Gobierno y Desarrollo Rural, y cambios en la política nacional del gobierno con respecto al cultivo de la coca. El Gobierno está tratando de limitar el cultivo de coca, que a fines de 2009 alcanzaba las 30.000 hectáreas en toda Bolivia, el doble de lo admitido por las disposiciones legales. Los organismos internacionales y los gobiernos de los Estados más poderosos, en primer lugar el de EE.UU., están interesados en que se limiten estos cultivos.

Conflicto capital – trabajo

Por lo explicado hasta aquí, el conflicto entre el capital y el trabajo está lejos de eliminarse, o siquiera atenuarse. Máxime en un país con bajo nivel de tecnología, y donde la súper explotación del trabajo juega un papel importante para la acumulación de capital en todos los niveles. La tensión entre el capital y el trabajo sigue presente. Los maestros y obreros fabriles han reclamado en 2010 un aumento del 12,5%, que no les fue concedido. La Federación Campesina Tupac Katari de La Paz denuncia (septiembre de 2010) que miles de campesinos siguen semi esclavizados, con contratos precarios o sin contratos, y trabajan 12 horas por días, con salarios miserables, y toma distancia del gobierno.

Más en general, la explotación de los recursos naturales puede ir de la mano con una acumulación de capita lbasada en la explotación intensiva de la mano de obra. Así, la industria textil está en expansión desde 1990, y la mayor concentración está en La Paz; en esta ciudad se calcula que hay unas 400 empresas, que van desde las micro hasta las grandes. En muchas de estas empresas se súper explota a los trabajadores. Buena parte de los trabajadores del cuero, de servicios y otras ramas también están precarizados, y viven en condiciones miserables. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en 2008 solamente el 17,1% de los trabajadores tenía un empleo completamente en blanco; el 24% tenía un trabajo precario moderado; y el 58% un trabajo precario extremo. CEPAL sostiene que, junto a Ecuador, Bolivia tiene los salarios más bajos de Sudamérica; en 2009 eran 3,5 veces inferiores a los de Argentina.

En este marco, las patronales no dejan de discutir negocios, con el apoyo del gobierno. Así, por ejemplo, la Federación de Empresarios de La Paz apoya el proyecto de capitales  brasileños de instalar una planta separadora de líquidos en Bolivia (permitiría la producción de etanol). Esta inversión, considera la Federación, podría consolidar la industria textil. Las negociaciones con los capitalistas brasileños incluyen proyectos de importación de textiles; en ellas participa el gobierno de Bolivia. Las autoridades impulsan la capacitación de empresarios textiles, y micro emprendedores, en la ciudad de El Alto, que están apoyados por el Centro de Estudios para América Latina.

Esto significa la perspectiva de más plusvalía. Se trata de trabajo humano no pagado, apropiado por el capital; no de plusvalía “comunitaria”. ¿Por qué no iba a estar conforme el FMI con estas evoluciones?


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Socialismo comunitario y FMI

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2010/10/15/socialismo-comunitario-y-fmi/#more-498

 

 Preguntémonos si abrimos caminos emancipatorios rompiendo con el FMI y nacionalizando tanto bancos como comercio exterior. Además, ¿quiénes harían ese enfrentamiento? Recordemos la misa en Luján y a Axel Kicilof anticipando que, en un futuro gobierno, rediscutiría con el FMI al acuerdo de Macri.

 

Busquemos respuestas en orientaciones de Rolando Astarita cuando, respectivamente, finaliza sus artículos “Concentración del capital y globalización” (01-09-2017) y “Mundialización del capital en perspectivas” (26-08-2017) manifestando: 

 

Una conclusión que se desprende de estas cifras es que es absurdo pretender oponer a esta concentración del capital un programa de vuelta a la pequeña empresa, como acostumbra el socialismo pequeño burgués (en paralelo con sus programas estatistas nacionalistas). Estamos ante gigantescas concentraciones de capital que, como hemos visto, superan incluso -por volúmenes en el giro de negocios, por poder económico- a muchos Estados (y los Estados capitalistas, por su parte, contribuyen a la concentración globalizada del capital). La verdadera contradicción está planteada entonces entre la concentración de la propiedad en un polo, y la subsunción de miles de millones de personas como asalariadas bajo el mando del capital, en el otro. En su folleto Del socialismo utópico al socialismo científico, Engels lo explica. La idea central es: los productos son creados socialmente, pero son sometidos a una forma de apropiación que presupone la apropiación privada. Esto es, los medios de producción son creaciones sociales, y la producción es social (intervienen millones de personas), pero cada capitalista es dueño de su producto y como tal acude con él al mercado.

Pues bien, en esta contradicción entre producción social y apropiación capitalista se encierra, en germen, todo el conflicto de  los tiempos actuales. Y se manifiesta en el antagonismo entre la clase obrera y la burguesía. Este es el fundamento último del programa socialista. Leer

 

 Para concluir, enfaticemos lo que ya hemos planteado en otras notas y escritos: el impulso a la extensión planetaria del mercado -y con él, de la relación capitalista- es inherente a la naturaleza del capital. “La tendencia a crear el mercado mundial está dada directamente en la idea misma del capital. Todo límite se le presenta como una barrera a salvar. Por de pronto, [el capital] someterá todo momento de la producción misma al intercambio y abolirá la producción de valores de uso directos, que no entran en el intercambio; es decir, pondrá la producción basada sobre el capital en lugar de los modos de producción anteriores, más primitivos desde el punto de vista del capital. El comercio ya no aparece aquí como función que posibilita a las producciones autónomas el intercambio de su excedente, sino como supuesto y momento esencialmente universales de la producción misma” (Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la Economía Política (Grundrisse) 1857-1858, t. 1, p. 360). Este proceso que Marx entreveía en el siglo XIX, hoy se despliega en toda su magnitud. 

Cada vez más la producción se subsume al mando del capital y se agudiza la contradicción entre el capital y la clase obrera global. La internacionalización de las economías trae aparejada una creciente presión sobre la clase obrera de todos los continentes y regiones. El chantaje de la huelga de inversiones -“si los trabajadores no aceptan bajos salarios y tales o cuales condiciones laborales, no invertimos”- se intensifica y adquiere dimensiones planetarias. Es necesario oponer un programa obrero e internacionalista a esta dictadura globalizada del capital. Leer

 

 

Escuchemos a quienes resisten a los extractivismos sin las fronteras de los de arriba: “Como dijimos anteriormente, estas medidas deben acompañarse del fortalecimiento de la capacidad decisional del pueblo trabajador en todos sus niveles, única garantía para que se pueda impulsar una política de expropiación de las empresas energéticas y de transición productiva que cambie radicalmente el metabolismo socioambiental basado en el extractivismo y la matriz primario-exportadora, en la apropiación de renta”.

 

 

 

 Crisis socioambiental en Puchuncaví y Quintero:

¡otro ejemplo de que no podemos

seguir viviendo así!

29 de septiembre de 2018

 

Por Alejandro Carrasco y Diego Lacazette

La Savia

 

Después de dos semanas desde el inicio de la grave crisis socioambiental, se corre el riesgo de que la coyuntura pase, como tantas otras, a la larga lista de desastres socioambientales en el olvido. El Intendente de la Quinta Región levantó la alerta amarilla para las comunas de Quintero y Puchuncaví; Sebastián Piñera, después de montar un espectáculo lleno de balbuceos y propuestas parche, se fue en medio de incidentes; las autoridades de gobierno y las distintas empresas, lejos de escuchar a las comunidades, se han embarcado en disputas internas por las responsabilidades; la prensa por su parte, poco a poco, comienza a abandonar un territorio que expresa una de las contradicciones mas salvajes del capitalismo: la búsqueda del progreso y el desarrollo necesita precarizar ecosistemas y comunidades completas. Son parte del costo del éxito. Pero no pasaran pocos meses antes de que, en otro lugar y de la misma u otra forma, vuelva a estallar un conflicto ambiental que manifieste el carácter destructivo del sistema económico-social, y por ende la necesidad de pensar un futuro completamente distinto.

Lo ocurrido en Quintero y Puchuncaví estas semanas, se suma a los casos del Huasco, Chiloé, Caimanes, Petorca, y a una larga lista de casos que no podemos concebir como hechos aislados. Las empresas necesitan contaminar, saquear, destruir y precarizar la vida para poder acumular cada vez más y más capital. Es su lógica, y es un problema estructural. Sin embargo, no se puede cambiar de un día para otro. Son muchas las barreras y privilegios que las empresas poseen, por ende, es necesario proponer pasos urgentes para comenzar a revertir dicho escenario desfavorable.

En primera instancia, se hace urgente una reestructuración de los servicios públicos de evaluación y fiscalización ambiental (SEIA, SMA, SISS). El 28 junio el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el proyecto de ley para la modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Estas modificaciones, lejos de regular las consecuencias, apuntan a satisfacer y maximizar las inversiones y las ganancias del empresariado, acelerando el proceso de aprobación de proyectos, y atentando contra la soberanía de las comunidades y localidades afectadas sin importar los impactos sociales y ambientales. Es el perfeccionamiento de la maquinaria institucional de aprobación de proyectos transformándola en un simple “Check list”. A Esto se suma la SMA, a quien le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental. Una reestructuración debería encaminarse a proporcionar mayor rigurosidad en las fases iniciales de aprobación de proyectos (especialmente en lo que se refiere a la DEA y a las líneas de base).

No obstante, cualquier cambio a la institucionalidad ambiental, debe irrestrictamente implementar medidas que promocionen el desarrollo de soberanía y democracia por parte de las comunidades. Como afectados directos, deben ser parte vinculante de cualquier decisión que se tome sobre sus territorios. En este sentido, es urgente:

i) la participación y control democrático de las comunidades afectadas por la intervención extractivista en los procesos de toma de decisión y en las resoluciones de los servicios de evaluación y fiscalización ambiental del Estado; ii) garantizar la voz de los no propietarios, la interlocución tiene que dejar de estar limitada a los propietarios de tierras, derechos de aguas y medios de producción; iii) exclusión total de estos entes públicos de aquellas personas (naturales o jurídicas) con conflictos de interés, y; iv) carácter vinculante de las sanciones para aquellas empresas que incumplan la normativa ambiental.

Si en su momento la institucionalidad sirvió para promocionar y atraer inversión privada hacia los sectores estratégicos, una política que ponga en la palestra la reconfiguración de los servicios de evaluación y fiscalización ambiental estaría encaminada a destrabar o “desincentivar” la participación de actores privados con afán de lucro y destrucción. Es solo un paso, ya que la tarea de largo aliento es la transformación de la matriz productiva y energética que moldea y exprime a los distintos territorios y comunidades. Sin duda hay que avanzar hacia una política de expropiación a las grandes empresas energéticas, actualmente en proceso de centralización, en tanto que ningún interés público justifica su actividad desregulada y orientada por el lucro.

Estas medidas, como dijimos anteriormente, deben acompañarse del fortalecimiento de la capacidad decisional del pueblo trabajador en todos sus niveles, única garantía para que se pueda impulsar una política de expropiación de las empresas energéticas y de transición productiva que cambie radicalmente el metabolismo socioambiental basado en el extractivismo y la matriz primario-exportadora, en la apropiación de renta. El problema es estructural, necesitamos otra forma de producir. No obstante, se hace urgente avanzar en medidas que destraben estas lógicas destructivas del gran empresariado y doten a las comunidades de herramientas de defensa, o a esta altura más bien de subsistencia.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247070

En consecuencia, abajo y a la izquierda,  precisamos superar la agenda pública de la falsa "grieta" e instalar la de las luchas socioterritoriales y la de los derechos tanto humanos como de la naturaleza.

 

En memoria de Alejandro Castro

Ecosocialismo, para vivir y vencer

6 de noviembre de 2018

Por Eduardo Giesen A. (Rebelión)

 

Estos meses hemos sufrido viendo los impactos agudos de la contaminación en Quintero y Puchuncaví, y luego hemos llorado enterándonos de la muerte sin aclarar del joven dirigente local Alejandro Castro, que todas las señales indican fue asesinado.

Nos hemos indignado junto a los habitantes de esta zona de sacrificio, que parecen haber decidido no aceptar más esta condición y terminar con los tiempos de las compensaciones a cambio de la depredación ambiental y la muerte lenta.

Pero, ¿hemos entendido realmente las causas de éste y otros desastres ambientales que afectan por cientos todo nuestro territorio nacional?

 

¿Tenemos claridad sobre cómo enfrentar y resolver estos conflictos y, aun más, desde nuestra responsabilidad política como fuerzas emergentes de izquierda, qué propuestas y proyectos políticos sistémicos y de largo plazo podemos enarbolar para -no sólo evitarlos- sino asegurar un camino de sustentabilidad y respeto a las comunidades y su soberanía territorial?

 

El del valle de Puchuncaví es, sin duda, uno de los conflictos ambientales más antiguos de Chile, que se remonta a fines de los años 60, producto de la operación de la fundición y la termoeléctrica Ventanas, en ese tiempo ambas estatales (ENAMI y ENDESA, respectivamente), y sus impactos sobre la actividad agrícola de la zona, la salud y calidad de vida de sus comunidades.

 

Entonces, no tenemos necesariamente que mirar restrospectivamente a la URSS y a los fenecidos “socialismos reales”, para descubrir que el desarrollismo productivista es, en cualquiera de sus versiones, depredador e insustentable.

 

Sí podemos afirmar que el capitalismo siempre será depredador, en tanto exige un crecimiento económico y material permanentes para sustentar una acumulación y ganancias también crecientes, y ha encontrado en la mercantilización de la naturaleza y el extractivismo global la fórmula más fácil y dinámica para lograrlo de manera extendida.

 

Las zonas de sacrificio son -y han sido siempre- consustanciales al capitalismo, ya sea con una perspectiva nacional (como la nuestra) o internacional (América Latina y sus “venas abiertas”).

 

Pero el socialismo tiene en sus raíces la búsqueda del bienestar humano y la satisfacción de las necesidades sociales, suponiendo un sistema productivo guiado por estos objetivos y el predominio del valor de uso, en contraposición al valor de cambio capitalista.

Hoy sabemos que, producto de las pugnas por el liderazgo internacional entre potencias -expresado en poderío económico y comercial- y por la capacidad de crear artificialmente “necesidades” humanas materialmente insustentables, el campo político y cultural del socialismo ha sido vastamente invadido y carcomido por las lógicas mercantil-extractivistas del capitalismo.

 

En momentos en que, como Frente Amplio, nos construimos como una opción real de gobierno en Chile, urge que las fuerzas que convergemos para recrear la izquierda revolucionaria seamos capaces de desprendernos de las lacras capitalistas del crecimiento económico, la mercantilización y el extractivismo, y ofrecer una alternativa real y radical, para un pueblo que necesita salir del encandilamiento material y -su complemento perfecto- el vacío existencial del neoliberalismo.

Nuestra respuesta y nuestro proyecto sigue siendo socialista, pero hoy ha de ser explícitamente ECOSOCIALISTA: con actores revolucionarios dotados de una ampliada conciencia de clase trabajadora y una conciencia ecológica que trascienda las fronteras de la especie humana hacia el resto de los seres vivos y hacia las futuras generaciones; con una organización social y política profundamente democrática, donde el Estado, trabajadores/as y comunidades puedan articular sinérgicamente una economía -producción e intercambio- orientada a satisfacer las necesidades de una vida plena, sin excesos, en armonía con la naturaleza.

No podremos devolverle la vida a Alejandro Castro ni a tantas/os luchadores caídos persiguiendo la justicia social y ambiental, pero sí podemos honrar su memoria construyendo un futuro ecosocialista, digno, lleno de vida, para Quintero y Puchuncaví, para todos los pueblos y territorios.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=248596

 

 

 

Generalicemos la desnaturalización del orden vigente y la toma de conciencia sobre que:  En el sur asistimos al fin de las democracias y de la soberanía de los estados-nación, y a la neutralización de la política institucional como espacio donde se construyen sujetos colectivos y se promueven los cambios de larga duración. Pero el protagonismo popular es también una de las razones del desborde de la represión y de la violencia estatal y paraestatal”.

 

 

 

 Neoliberalismo progresista latinoamericano

29 de septiembre de 2018

 

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

La feminista  estadunidense Nancy Fraser viene alertando sobre los problemas derivados del neoliberalismo progresista, que identifica con los gobiernos de Bill Clinton, Tony Blair, el socialismo francés y sus sucesores como Barack Obama (goo.gl/4GGTbX). En su opinión, combina políticas económicas regresivas, liberalizantes, con políticas de reconocimiento aparentemente progresistas. Se trata del multiculturalismo, el ambientalismo, los derechos de las mujeres y LGBTQ.

El reconocimiento de estos derechos y colectivos sociales es, para Fraser, enteramente compatible con el neoliberalismo financiero, ya que bloquea el igualitarismo. El abordaje de las discriminaciones consiste en “asegurar que unos pocos individuos ‘talentosos’ de grupos ‘subrepresentados’ puedan ascender al tope de la jerarquía corporativa y alcanzar posiciones y remuneraciones paritarias con los hombres heterosexuales blancos de su propia clase”.

 

Mientras una minoría consigue insertarse en el capitalismo financiero, el resto continúa prisionero del capital, con lo que el sistema adquiere mayores niveles de legitimación, amplía su base de apoyo y consigue aislar a los críticos a los que, de paso, les endilga los motes de masas atrasadas e incultas. Así, el feminismo liberal, el anti-racismo liberal y el capitalismo verde son las únicas opciones críticas que el sistema legitima, calificando toda otra resistencia o rebelión como populismo.

 

Creo que el análisis de Fraser es adecuado y enteramente compartible para el norte del mundo, aunque creo que debe ser matizado para las regiones del sur y en particular para América Latina. Aunque sus argumentos pueden ser tomados como punto de partida, las diferencias con nuestro continente son notables.

 

La primera es que el progresismo (neoliberal, porque ese es modelo imperante) accede a los gobiernos como consecuencia de las luchas de los pueblos originarios, afros, sectores populares y trabajadores que resistieron la primera oleada neoliberal privatizadora y protagonizaron levantamientos, insurrecciones y amplias resistencias del más diverso tipo.

Esta es la principal diferencia con los procesos del norte. Las nuevas construcciones de poder, arriba y abajo, se bifurcan: en el sur asistimos al fin de las democracias y de la soberanía de los estados-nación, y a la neutralización de la política institucional como espacio donde se construyen sujetos colectivos y se promueven los cambios de larga duración. Pero el protagonismo popular es también una de las razones del desborde de la represión y de la violencia estatal y paraestatal.

 

La segunda es que ese conjunto de resistencias han abierto fisuras en la dominación, donde los de abajo estamos construyendo mundos otros por fuera del Estado y del mercado. Postulo que esos espacios son los principales obstáculos para la total implementación del neoliberalismo, tanto conservador como progresista, con sus mega-emprendimientos mineros, monocultivos y grandes obras de infraestructura.

 

Espacios como las 400 fábricas recuperadas en Argentina, los 100 bachilleratos populares y una red de medios antisistémicos donde se informa 15 por ciento de la población. Sumemos: 5 mil asentamientos de reforma agraria en Brasil, con 25 millones de hectáreas, habitados por 2 millones de sin tierra; 12 mil acueductos comunitarios en Colombia; decenas de miles de emprendimientos colectivos y comunitarios en toda la región; áreas enterasliberadas de mercados y estados en varios países, cuya referencia mayor son las juntas de buen gobierno zapatistas.

 

La tercera es que en América Latina los poderes que se reconfiguran arriba, son el resultado de una amalgama o alianza entre grandes empresas, narcotráfico y sectores del aparato estatal. Sobre esa base se van creando desde narcoestados hasta diversas formas de dominación (desde “guerras contra el narco” hasta feminicidios) que a menudo cuentan con la bendición de las iglesias evangélicas y pentecostales.

El análisis y la descripción de estos nuevos poderes de arriba es necesario para comprender dónde estamos y hacia dónde vamos, mientras adjetivos como fascista o ultraderechista, aun siendo justos, no contribuyen a esclarecer la realidad. Cuánto más avanzan los movimientos antisistémicos, más brutal es la reconfiguración del poder de arriba, siendo México una referencia ineludible.

 

La cuarta es la conversión de las democracias en un sistema excluyente, que crea enemigos internos para aislar a sectores enteros de la población que perturban la lógica del capital financiero. Mientras en el norte se bautiza como populismo toda transgresión de las reglas, en el sur se emplea cada vez más una legislación antiterrorista, implementada tanto por gobiernos conservadores como progresistas, entre los que cabe destacar casos tan diferentes como los de Daniel Ortega y Dilma Rousseff.

Ante la nueva estructura del poder de arriba, los márgenes de maniobra institucionales serán cada vez menores.

http://www.jornada.com.mx/2018/09/28/opinion/022a2pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247142

 

 

"Estamos ante una situación en la que afrontamos la avanzada de una nueva derecha, de una derecha envalentonada, masificada y radicalizada, con las matrices de una vieja izquierda (me refiero a las opciones político-electorales); una izquierda desconcertada y desorientada, que ha perdido la capacidad para ofrecer un horizonte de futuro. Ante ese vacío, es clave la construcción en marcha de las re-existencias desde abajo".

 

 

 

De la resaca del neoextractivismo y los extravíos del progresismo, a los acechos del neofascismo.

Reflexiones sobre la actual coyuntura política latinoamericana.

 

28 de octubre de 2018

 

Presentamos una nueva entrega del dossier “Alternativas populares en debate” donde luchadores sociales e intelectuales críticos comparten su mirada, el análisis y su pronóstico para el ciclo de luchas necesario para una transformación profunda de la sociedad. Compartimos aquí las opiniones de: 

 

Horacio Machado Aráoz*

1) ¿Ve una posibilidad de eventual “vuelta” de gobiernos progresistas en Latinoamérica? ¿Qué implicancias o viabilidad tienen estos “modelos” hoy? ¿Se agotó el denominado ciclo progresista?

Independientemente de que no cabría descartar un eventual “regreso” electoral de alguna expresión del progresismo en algunos países (a corto plazo, Argentina o Brasil) e inclusive, más allá de la continuidad de ciertos gobiernos (algunos emblemáticos como el de Evo Morales en Bolivia, otros problemáticos como el de Maduro en Venezuela, y otros tenues o difusos como el del Frente Amplio en Uruguay), considero que el ciclo de los gobiernos progresistas en la región está definitivamente agotado; agotado y fracasado, al menos si hablamos de ellos en términos de sus posibilidades de generar o alentar condiciones de transformación de la dominación capitalista. En esos términos, estamos hablando de experiencias políticas absolutamente fallidas y caducas.

Reafirmando nuestra consideración de que tales gobiernos significaron la continuidad (y hasta la profundización) del neoliberalismo por otros medios, ese eventual regreso estaría más bien enmarcado en las condiciones de inaceptabilidad social y resistencia política a los gobiernos de ultra derecha que se perfilan en la región, pero muy improbablemente constituyan de por sí una bisagra hacia verdaderas alternativas de cambio.

Por lo demás, no hay condiciones macroeconómicas (ni internas ni externas) para intentar cierta re-edición del programa de “crecimiento con inclusión social” que caracterizó a dicho ciclo. Se trata de un programa que dio muestras de resultar estructuralmente perjudicial e inviable. La pretensión de ‘escapar’ de los males estructurales del capitalismo periférico-dependiente a partir de la profundización y aceleración de la matriz primario-exportadora -con el único matiz heterodoxo de una ‘gestión keynesiana’ de la renta extractivista-, se evidencia hoy a todas luces como un absurdo total; precisamente porque esa matriz extractivista es la marca de origen, el ADN constituyente y constitutivo de nuestra dependencia; la más profunda y pesada herencia colonial. Más allá de la retórica propagandística, lejos de procesos de industrialización y recuperación de bases materiales para un desarrollo autónomo, durante el ciclo de los gobiernos progresistas asistimos a la intensificación de una dinámica de re-primarización, extranjerización y ultra-concentración de nuestras economías, lo que nos sumergió en escalones más profundos de integración subordinada y dependiente de la acumulación global. Pretender ignorar los límites y los condicionamientos histórico-estructurales que el capitalismo implica e impone en las economías periférico-dependientes, me parece una ceguera difícil de entender, sobre todo en el siglo XXI, tras tanta inteligencia crítica acumulada por las luchas y las investigaciones sobre la naturaleza y dinámica de nuestras sociedades[1].

 

Ahora bien, más allá de los impedimentos económicos estructurales, hay que decir que el ciclo progresista está políticamente perimido (al menos, así debiéramos entenderlo). Me parece un total desvarío imaginar un proyecto pretendidamente transformador basado en la expansión del consumo/ismo; confundir socialización y democratización con la ampliación del mercado de consumidores. No se pueden seguir ignorando los efectos que el “crecimiento” tienen sobre la(s) subjetividad(es) y la conciencia colectiva. No se puede desconocer que el crecimiento -incluso, concediendo que haya sido impulsado por la expansión del consumo popular- significa, inexorablemente, la expansión de las relaciones y el imaginario capitalistas, la ampliación de las fronteras de la mercantilización; en definitiva, la profundización de la sujeción y subordinación de la reproducción social de la vida a los imperativos del capital.

 

Si algo debiéramos aprender del “ciclo progresista” es que ningún proyecto de cambio o de transformación social puede basarse en aspirar a un “capitalismo con rostro humano”, a construir un “capitalismo nacional serio”, basado en la progresiva redistribución igualitaria del ingreso, y suponer que eso permitiría expandir indefinidamente el número de ‘incluidos’ (incluidos en el sistema)… Eso, a nuestro entender, es revivir la vieja fantasía desarrollista que sigue operando como núcleo duro de nuestra condición colonial, como la más difícil y desafiante barrera epistémica y política a superar, para realmente imaginar/proyectar los cambios emancipatorios que precisamos. Justamente, me parece que la frontera política entre un reformismo inconducente y estéril y las alternativas emancipatorias se sitúa entre la línea que separa las políticas de “inclusión”, de las políticas de transición radical hacia otros paradigmas civilizatorios.

 

Necesitamos volver a pensar en términos de revolución y a aspirar a cambios revolucionarios. Pero eso implica también necesariamente revisar y reconceptualizar la idea de revolución. Ésta no puede ya ser pensada como un proceso que se hace desde arriba, y que precisa primero “la toma del poder del Estado”. Necesitamos imaginar el cambio revolucionario, como una profunda migración civilizatoria, que nos permita deconstruir y abandonar el patrón de poder colonial-patriarcal-capitalista en el que, no ya sólo como pueblo o región, sino como especie, estamos sumidos. Un cambio que implica salir-nos de las matrices antropocéntricas, productivistas, urbanocéntricas, de la modernidad/colonialidad hegemónica, a la que una vieja izquierda (y por cierto, el progresismo) sigue apegada.

 

2) ¿Qué caracterización hace del avance de gobiernos de derechas en los países de Nuestramérica? ¿Se puede hablar de una crisis de esos proyectos en la región y/o del macrismo en la Argentina?

Lamentablemente creo que estamos frente a algo más grave que a un ciclo de gobiernos de ultra-derecha en la región. Las amenazas que afrontamos en este tiempo no se reducen apenas al arribo de personajes nefastos al gobierno (los Macri, los Duque, eventualmente Bolsonaro etc.) y a la aplicación de políticas abiertamente clasistas-racistas-patriarcales. Más que una reacción conservadora desde los gobiernos, estamos ante a un fuerte proceso de fascistización social; una oleada de fascismo social que se extiende no sólo en la región sino también en el mundo (por lo menos, es muy evidente en los países del Norte Global). Como expresión sintomática de la agudización de la crisis civilizatoria en la que estamos inmersos, producto de casi cinco décadas de neoliberalismo, nuestras sociedades están siendo atravesadas por un fuerte proceso de des-humanización y donde las brechas de (in)humanidad entre grupos de clase, de género, étnicos, religiosos se hacen cada vez más marcadas y violentas.

 

Podríamos decir que el fascismo social tiene que ver con una situación en la que las élites pueden producir una situación de amnesia colectiva sobre los medios (de violencia estructural) que las llevaron a acumular sus privilegios; cuando esos privilegios se ven como ‘mérito propio’, y no como la contracara del despojo de vastas mayorías. Entonces, cuando se invisibilizan los crímenes históricos en base a los cuales se edificaron esos privilegios, además de la impunidad, esos crímenes se naturalizan, se sedimentan en las instituciones, los imaginarios y los cuerpos. Entonces, cuando eso pasa, las injusticias históricas dejan de ser vistas como tales, y pasan a (re)presentarse como posiciones ‘legítimamente ganadas’ por el “esfuerzo” o por el “mérito” propio. La difusión de la ideología meritocrática -por lo menos desde Malthus- alienta una concepción de la sociedad basada en la guerra competitiva de todos contra todos, el darwinismo social; en fin, un imaginario donde lxs despojadxs del mundo, ‘lxs débiles’, lxs incompetentes, resultan un lastre social. Ese imaginario es lo que llamamos propiamente fascismo social: eso legitima y habilita las políticas de “tolerancia cero”, es decir, las políticas despiadadas y de crueldad absoluta contra los pobres, lxs desempleadxs, las mujeres, lxs migrantes, los pueblos originarios, las sexualidades disidentes, en fin, contra toda aquella identidad social que no se avenga a los requerimientos de ‘normalidad’ del sistema.

 

Ahora bien, por otro lado, no se puede desconocer que este momento está políticamente relacionado con la fase anterior, con los extravíos del ciclo progresista. Sintética y provocativamente podríamos enunciarlo así “siembra (neo)extractivismo y cosecharás (neo)fascismo”, en el sentido que la avanzada extractivista que protagonizaron los gobiernos progresistas -y en base a la cual se financió la expansión desigual del consumo- implicó no sólo la intensificación de la violencia y las políticas de despojo sobre los territorios, sino también el abandono (unilateral) de la lucha de clases. Los gobiernos progresistas asumieron la vía de la conciliación de clases, creyeron posible y/o necesario la articulación con una “burguesía nacional” y alentaron “el ascenso de las clases medias” supuestamente como vía para “sacar a los sectores populares de la pobreza”.

 

La posterior caída de las cotizaciones de las commodities no sólo desnudó la insostenibilidad económica de esas políticas, sino también el carácter quimérico, ilusorio, de la promesa desarrollista. Las clases medias, las más propensas a aspirar los privilegios de las élites, están a la vanguardia de esta ola neofascista; sus frustraciones se expresan en términos de odio clasista, xenofobia, violencia machista, etc. A ello, hay que agregar la fuerte avanzada del discurso reaccionario de ciertos credos sobre amplias capas de sectores populares, y el estado de desmovilización y/o fragmentación de los movimientos sociales y las organizaciones políticas más combativas. Todo esto configura un cuadro general muy complejo, en el que, por cierto, no cabría descartar posibles crisis de gobernabilidad de los gobiernos de ultraderecha vigentes (más bien, es un horizonte con altas probabilidades). En todo caso, ante el escenario dado, las salidas o alternativas que se pueden llegar a abrir, resultan absolutamente imprevisibles, y no necesariamente positivas.

 

3) ¿Qué actores sociales y diferentes proyectos políticos aparecen como alternativas al macrismo?

Bueno, acá es necesario diferenciar las alternativas en el terreno electoral, de las que cabría señalar en el campo de los proyectos políticos que se vienen gestando en el campo popular y en la sociedad en su conjunto. En el plano electoral, lamentablemente no veo opciones esperanzadoras. Veo más bien un panorama sombrío que se halla signado por la sobrevivencia fantasmática[2] del ciclo progresista: como “fantasma populista” que tracciona el voto a la derecha[3], y como “fantasía desarrollista” que sigue ilusionando a ciertos sectores populares con un nostálgico retorno a las políticas expansivas, neokeynesianas, como las aplicadas durante el ciclo 2002-2013, en la fase del boom de las commodities.

En esa polarización, el espectro de alternativas ideológico-políticas se estrecha hacia el centro y hacia la derecha, presentándose el progresismo como “de izquierda”, lo cual nos deja entrampados entre una propuesta que promete y aspira a un “Estado social” gestionando mercado en expansión y una “sociedad de consumo de masas” frente a lo que se ve como la configuración de un Estado penal sosteniendo a sangre y fuego la brecha de (in)humanidad entre apropiadores y despojados.

En estos tiempos, de neoliberalismo recargado, el debate electoral está viciado por lo que entendemos como una errónea conceptualización del mismo que lo concibe apenas como un tipo de políticas económicas y de gestión gubernamental centrado en la dualidad Estado vs. Mercado, políticas keynesianas vs. políticas de ajuste, etc. Mientras, en tanto fase histórico-estructural de la acumulación capitalista global, el neoliberalismo avanza independientemente de los ciclos recesivos o expansivos, en su voraz híper-mercantilización de la vida y de las relaciones sociales. En ese marco, lo “más promisorio” que electoralmente pudiera pasar es que se lograra articular una expresión lo más amplia posible de una izquierda popular y anti-capitalista pasible de captar y canalizar el creciente estado de asfixia económica y frustración política de los sectores populares. Pero eso, por ahora, es una expresión de deseo más que una probabilidad fáctica.

Ahora bien, más allá de lo electoral, no se puede desconocer la potencia crítica y transformadora de ciertos movimientos sociales y populares emergentes en el escenario reciente. Me refiero en particular, a la irrupción de la gran oleada feminista que desde el Movimiento Ni Una Menos, hasta las movilizaciones por la legalización del aborto, están poniendo en cuestión un pilar clave del sistema, como el régimen patriarcal. Junto a los feminismos, las diferentes expresiones del ecologismo popular, las organizaciones de trabajadorxs desocupadxs y de la economía social, las entidades campesinas y de pueblos originarios, constituyen las insoslayables bases sociales de cualquier alternativa popular al macrismo, pero también a las versiones probables del progresismo. Más allá de que se logre fraguar (o no) un frente electoral alternativo, en todo caso hay un proceso de acumulación de experiencias de resistencia que oficiará como un contrapoder condicionará el margen de maniobra de éste o futuros gobiernos.

 

4) ¿Con qué ejes políticos y con quienes debería articularse el movimiento popular para enfrentar a la derecha y poner en pie una alternativa anticapitalista? ¿Podría mencionar medidas y/o propuestas concretas?

Me parece que la potencia política de los sectores populares organizados está en última instancia proporcionalmente relacionada con su autonomía y su creatividad. Desde ese lugar, creo que hay una diversidad de movimientos sociales y populares que han venido construyendo una agenda política realmente valiosa en términos de su radicalidad transformativa. Creo que estos movimientos -a diferencia de las opciones partidarias tanto progresistas como de la izquierda clásica- vienen haciendo aportes sustantivos en la prefiguración de un horizonte postcapitalista, postcolonial y postpatriarcal. En ese sentido hay todo un nuevo lenguaje que se ha venido construyendo y un nuevo imaginario en gestación que parte precisamente de la profunda convicción de la crisis terminal y el fracaso rotundo del modelo civilizatorio de “Occidente”; de la necesidad de trascender el horizonte antropocéntrico, productivista, individualista, desarrollista, urbano-industrialista que desde el sistema se nos presenta como el único horizonte deseable de “bienestar” y de “progreso”.

 

Si algo tienen en común los feminismos comunitarios latinoamericanos, con las perspectivas del ecologismo popular, las cosmovisiones originarias y campesinas y el ethos de la economía popular, es su convergencia en un horizonte post-desarrollista; el abandono de la idea acrítica de una economía en permanente expansión y de crecimiento infinito, y la revalorización de las economías del cuidado, de la reproducción de la vida, de valorización de las relaciones vitales y de las capacidades humanas; las ideas de sustentabilidad y de cultivo de la sociobiodiversidad y el valor clave del trabajo libre y de la producción social en manos de trabajadorxs libremente asociadxs.

Todo ese imaginario va a contrapelo de las ideas progresistas (y aún de las izquierdas ortodoxas) que tienen como horizonte la “redistribución de la riqueza”; acá estamos ante una gramática que presupone un cambio radical en el sentido social de la riqueza.

Las ideas de Buen Vivir, de Derechos de la Naturaleza, de Plurinacionalidad, de Justicia Integral (étnica, genérica, generacional) son algunos de los postulados que tienen un sentido orientativo fundamental en esa transición civilizatoria. Y eso no queda así en un nivel metafísico, pues se ha ido encarnando/ territorializando en prácticas concretas que tienen que ver con la producción autogestiva, la defensa de los territorios, la consolidación y ampliación de la agroecología y de desarrollo de las tecnologías sustentables, la estructuración de economías locales y de movimientos en pos de la soberanía alimentaria, la democracia energética y la justicia hídrica y climática. Esos principios, valores ético-políticos que desde las prácticas de re-existencia de nuestros pueblos se han ido gestando, nos parecen los criterios más valiosos que tenemos como orientación hacia un caminar que procura realmente trascender el actual régimen de dominación capitalista-colonial-patriarcal. Esos, a mi modesto entender, deberían ser los ejes fundamentales a no perder de vista en todo proceso de articulación política y construcción colectiva. 

 

5) ¿Qué rol juega la institucionalidad democrática actual en la construcción de alternativas populares?

Es claro que esa institucionalidad, la del constitucionalismo republicano y representativo ha sido diseñado ab initio para restringir las concepciones más radicales de la democracia, para enmarañar y/o limitar en todo caso el ejercicio de la soberanía popular. A esas limitaciones de origen, se han ido sumando un conjunto de factores y problemas harto conocidos[4] que en términos agregados dan como ‘resultado’ no sólo la configuración de modos de gobierno que distan muchísimo de responder a la “voluntad de las mayorías”, sino que más aún están en la raíz de la profunda crisis de legitimidad del sistema y en la ‘despolitización’ de amplios sectores.

 

Con ello, es claro que esta institucionalidad política constituye un pesado lastre que funciona más como obstáculo que como facilitador de las alternativas populares, emancipatorias, y que avanzar en esa dirección requerirá inexorablemente cambios radicales en las instituciones y en lo que se entienda como sistema de gobierno (cambios que, por cierto, incluyen una transformación sustancial de la forma Estado).

Sin embargo, no podemos desconocer que estamos en un momento muy complicado, en el que las propias limitaciones de la democracia liberal están siendo amenazadas y degradadas. Como en otros momentos de la historia, queda claro que el capitalismo impone un techo taxativo a las aspiraciones de la soberanía popular, pero ni siquiera es capaz de garantizar un piso mínimo de la formalidad democrática: en tiempos de crisis, hasta esa definición minimalista, procedimental, de la democracia se ve amenazada y puede ser suprimida. Este escenario nos pone a la defensiva, en la necesidad de resistir los intentos en curso de perforar más aún el piso de derechos y garantías, aún siendo conscientes de lo extremadamente insuficiente de ese piso. Nos pone -a mi modesto entender- en la necesidad de no descuidar el campo de batallas de lo electoral y del sistema de representación y o pero, al mismo tiempo, no perder de vista que el propio campo de acumulación política pasa por esos otros espacios de construcción de autonomías, imaginarios, territorios/cuerpos practicantes de regímenes otros de relaciones, modos de vida radicalmente alternativas.

Esto último es lo que me parece central. Pues, estamos ante una situación en la que afrontamos la avanzada de una nueva derecha, de una derecha envalentonada, masificada y radicalizada, con las matrices de una vieja izquierda (me refiero a las opciones político-electorales); una izquierda desconcertada y desorientada, que ha perdido la capacidad para ofrecer un horizonte de futuro. Ante ese vacío, es clave la construcción en marcha de las re-existencias desde abajo.

*Horacio Machado Aráoz

Investigador de CONICET. Coordinador del Equipo de Ecología Política del Sur (CIT-Catamarca Conicet– UNCA). Director del Doctorado en Ciencias Humanas, Fac. de Humanidades (UNCA).

[1] Me refiero al hecho elemental de que las teorías sociales latinoamericanas -desde el estructuralismo cepalino a la teoría de la dependencia, abarcando incluso versiones de las teorías de la modernización y por supuesto, las perspectivas descoloniales- han hecho una profunda crítica de los regímenes primario-exportadores como la base de todos nuestros problemas estructurales. En los autores clásicos, según los casos, superar ese modelo era visto como una condición ineludible para superar nuestro “subdesarrollo”, “dependencia” o “condición colonial”. Cabe resaltar también lo de “problemas estructurales”, pues como queda claro en los análisis de autores tan disímiles como Raúl Prebisch, Gino Germani, Cardoso y Faletto, o Florestán Fernandes, Theotonio Dos Santos, Marini, González Casanova, etc., los modelos primario-exportadores no sólo implican limitaciones macroeconómicas, sino que también están en la base del carácter oligárquico de los regímenes políticos, las estructuras de clases tan desiguales y los fenómenos del autoritarismo, el racismo y el colonialismo interno.

[2] Apelo a estas categorías propuestas por Adrián Scribano para dar cuenta de las políticas de regulación de las emociones por las cuales el capital produce condiciones estructurales de soportabilidad social (de la expropiación/opresión) y de coagulación de la acción. Al respecto véase: Scribano, A. (2008) “Fantasmas y fantasías sociales: notas para un homenaje a T.W. Adorno desde Argentina”, Intersticios, Revista de Sociológica de Pensamiento Crítico,http://www.intersticios.es/article/view/2791. También: Scribano, A. (Comp.) (2013) “Teoría social, cuerpos y emociones”, Estudios Sociológicos Editora: http://estudiosociologicos.org/portal/teoria-social-cuerpos-y-emociones/.

[3] Acá hago referencia al uso y abuso hecho por el establishment mediático y gubernamental de los escándalos de corrupción que tiñen las administraciones progresistas, así como también a la debacle de la economía venezonala, y la deriva personalista e incluso autoritaria que se vislumbra en ciertos países (el gobierno de Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua). Más allá de las operaciones propagandísticas y de manipulación (des)informativa que la derecha ha hecho y hace de estos casos, no se puede desconocer estos problemas ni minimizar la defraudación política que han significado. De hecho, en buena medida, la ola conservadora y reaccionaria que sostiene a los actuales gobiernos de derecha en buena medida se apoya en el rechazo social, electoral a los referentes del progresismo (el sentimiento anti-petista en Brasil, anti-kirchnerista en Argentina, etc.).

[4] Tales como el propio funcionamiento del sistema de partidos; la constitución de una clase política profesional, la burocratización de las fuerzas partidarias; el tema del financiamiento de la política y el rol de las grandes corporaciones en ese aspecto; el papel de los medios masivos y el de las nuevas tecnologías de información que han incrementado enormemente su capacidad de incidencia, manipulación y formación no solo de sentidos sino también de estados de ánimo y emociones colectivas; etc.

Fuente: http://contrahegemoniaweb.com.ar/de-la-resaca-del-neoextractivismo-y-los-extravios-del-progresismo-a-los-acechos-del-neofascismo-reflexio

 

 Crisis civilizatoria

 

Contrastemos discursos con la realidad concretada por los gobiernos progresistas. Nos hablan bonito al atender a nuestra comprensión de la realidad inmediata y a nuestros deseos e ideales. Sin embargo, privilegiaron los intereses burgueses de lucro sobre los de los trabajadores y los campesinos e indígenas. De ahí la unión subordinada al imperialismo de China. 

 

Tengamos presente que la globalización demanda la integración regional para la participación periférica en el sistema pero también nos exige mirar hacia la internacionalización del enfrentamiento con el capitalismo, a quienes bregamos por los pueblos adueñados de sus buenos vivires convivires. Existen, entonces, opuestas e irreconciliables construcciones del compartir entre pueblos y sectores.

Cuba. XVI Cumbre ALBA-TCP: La necesidad de una estrategia de desarrollo común como prioridad.

Por Laura V. Mor / Resumen Latinoamericano Cuba. Fotos: Yaimi Ravelo.

La Habana, 14 de diciembre de 2018.- Una noche como hoy hace 14 años se fundaba la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) de la mano de dos grandes líderes: Fidel y Chávez.

Doce son los países que desde el año 2004 se han ido incorporando a este esfuerzo por unir capacidades y fortalezas para producir transformaciones estructurales que les permitan un desarrollo integral por la vía de un modelo integrador de pensamiento económico, que, según palabras del Presidente Nicolás Maduro puede llevar a la región “hacia un estadio superior de diversificación, de producción de las propias fuentes de riqueza que necesitan nuestros pueblos”.

En defensa de América Latina y el Caribe como Zona de Paz” giró la temática de la Cumbre, expresado enérgicamente en la declaración final conjunta; que aboga por un nuevo orden internacional en el que sea efectiva la igualdad soberana y el respeto a la libre determinación de los pueblos. ALBA-TCP repudió el intervencionismo y las acciones coercitivas unilaterales que “son contrarias al derecho internacional, amenazan la paz y restringen el disfrute de los Derechos Humanos de los pueblos de los Estados contra los que se aplican”.

Ejemplo de ello es el accionar injerencista del gobierno de Estados Unidos que utiliza a la Organización de Estados Americanos contra el orden constitucional de Venezuela y Nicaragua, también denunciado en el texto.

Solo la unidad de nuestros pueblos dotará a nuestras Naciones para hacer frente a la injerencia política y económica”, expresó el Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien leyó el documento final, que cuenta con un compromiso marcado a la cooperación regional, donde se reconoce a CELAC como mecanismo de concertación política regional.

Los países del ALBA denuncian también la vigencia del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos en 1962 y su extraterritorialidad, apoyando la resolución votada en Naciones Unidas que reclama la necesidad de poner fin a esta política genocida e ilegal; al tiempo que lamentaron las modificaciones al Programa Mais Medicos para Brasil, rechazando enérgicamente los cuestionamientos a la dignidad, la profesionalidad y altruismo de los cooperantes cubanos por parte del Presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro.

Otro reclamo que se refleja en la declaración es la de la necesidad de salida al mar de Bolivia, instando a los países en conflicto a reiniciar el diálogo para resolver el histórico “enclaustramiento marítimo de Bolivia”. Se reitera la solidaridad con el expresidente brasileño Lula Da Silva, líder emblemático de Nuestramérica, al que los representantes de los países del ALBA consideran como un “preso político”.

Por otro lado, se hace énfasis en la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático y los desastres naturales y se reafirma el compromiso en preservar las instituciones surgidas con el ALBA-TCP de concertación y cooperación económica.

La necesidad del dialogo constante entre fuerzas políticas progresistas y organizaciones sociales, donde ALBA-TCP sea el puente que lo posibilite se expresa en esta declaración, que ratifica aquello que dijera Fidel en la 12º Cumbre de Países No Alineados: “Sólo nosotros y sólo unidos podemos rechazar el injusto orden mundial q se propone imponer a nuestros pueblos”

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Maduro, mandatario del país fundador de la Alianza, quien reconoció que “son muchos los retos” que han identificado, siendo el desarrollo económico de la región aquel reto principal para el cual deben concentrarse todas las fuerzas de este “consenso activo” que se continúa logrando.

Maduro denunció a Estados Unidos por la sistemática persecución financiera contra Venezuela y Nicaragua, por las amenazas de guerra comercial contra otros países, incluidos aquellos poderosos como es el caso de la República Popular China, dando cuenta como los intentos de desestabilización contra gobiernos progresistas tienen su base económica.

Maduro, que recordó que las tareas fundamentales desde la fundación de la Alianza fueron las destinadas al campo de lo social, dada la necesidad urgente ante décadas de neoliberalismo, afirmó que hoy esa tarea fundamental es lograr una “estrategia común de desarrollo (…) ante las condiciones adversas donde se impone el neoliberalismo saqueador en la región”, en donde el Petro sea la moneda de cambio común, pues como afirmó “es mentira que cada quien por su lado va a lograr el desarrollo económico”, disputando con aquello que muchos pensadores intentan relatar como verdad.

14 años después les podemos decir a los pueblos de América Latina: aquí está el ALBA, como referencia, de pie, dispuesta a vencer”, exclamó el presidente bolivariano ante los aplausos de un auditorio repleto.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/12/15/cuba-xiv-cumbre-alba-tcp-la-necesidad-de-una-estrategia-de-desarrollo-comun-como-prioridad/

 

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Tensión neoliberal y territorialización del poder:

Un diálogo crítico con Álvaro García Linera.

9 de septiembre de 2018

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

Presenciamos en la actualidad a escala planetaria, una agudización sin precedentes de las históricas contradicciones sociales y ecológicas del desarrollo capitalista mundial: peligros de una escalada bélica internacional, en sus diferentes modalidades [1]; dramáticas tensiones migratorias [2]; crecientes desajustes en el orden de los ciclos climáticos [3]; ralentización del gran salvador de la economía mundial desde 2008, China, y tendencia a la deflación global [4]; desbordamiento progresivo de las precarias “democracias” contemporáneas y conexión cada vez más fuerte entre la política formal y bandas criminales, narcotráfico, grupos extremistas, entre otros –con mayor énfasis en periferias o el Sur Global– [5]; desgarramiento de los tejidos sociales y reconfiguraciones de los límites del pacto social; entre otras.

Cuando el pastel de la riqueza se hace cada vez más pequeño y los apetitos crecen, las ilusiones de progreso se van vaciando, la acumulación capitalista se vuelve aún más salvaje. El neoliberalismo ―como modo de acumulación propio del capitalismo globalizado― se potencia, se reacomoda, busca ocupar espacios y ámbitos que se resisten a su lógica, y así expandir aún más el despojo y la mercantilización de todo. No importa en qué parte del mundo usted se encuentre, no importa si el gobierno de su país es considerado o no “progresista”, estatensión neoliberal está presente, en diversos grados y formas, en cada proceso de acumulación formal o informal de capital en la actualidad.

Pregunta de orden estratégico: ¿quiénes, en este momento en América Latina, son las fuerzas antagónicas capaces de detener el avance de la acumulación por desposesión? ¿Qué actores o sectores sociales y políticos pueden aún encarnar hoy una alternativa, no solo a este neoliberalismo mutante  [6]  que ha coexistido versátilmente entre nosotros, sino al propio orden capitalista?

Años atrás, parecía evidente que esta alternativa, entendida como “posneoliberal” [7], estaba centrada principalmente en los gobiernos progresistas de la región, y en los líderes que los han guiado. Ya estos gobiernos no serían fundamentalmente dominación, sino representación no sólo de los intereses populares, sino también de la construcción de la vía hacia modelos que podrían estar en un futuro, más allá del capitalismo y la dependencia. A estas alturas, sostener esta idea es más que problemático.

Desde varios meses atrás, venimos presenciando una aceleración de la deriva regresiva en la región, incluyendo claro está a todos los llamados gobiernos progresistas. Cuando baja la marea de las rentas obtenidas por loscommodities –un nuevo tiempo de vacas flacas–, todo parece más árido, más tosco, se ve con más claridad la topografía excluyente e insostenible de los modelos extractivistas.

Sumadas a las políticas más conservadoras de la región, que tienen a los gobiernos de México, Colombia y Chile entre sus principales exponentes, resaltan las más claras definiciones a favor del ajuste ortodoxo y flexibilización (Agenda Brasil) en las políticas económicas del gobierno de Dilma Rousseff; en Argentina, se han impulsado reformas como la de la ley de hidrocarburos (oct. 2014), que propone una flexibilización favorable a las compañías petroleras transnacionales –con una de las regalías más bajas de la región [8]– para facilitar la extracción de no convencionales; y el nuevo Código Civil y Comercial (ago. 2015), en el cual se produce la pérdida del acceso público a todos los ríos del país –siendo para Viale y Svampa “la mayor privatización de tierras de la historia de nuestro país (…) en manos de la especulación inmobiliaria [9]; sin dejar de tomar en cuenta la proyección aún más a la derecha en los horizontes de la política oficial argentina, dadas las candidaturas favoritas para las próximas elecciones presidenciales a fines de octubre de este año.

En Ecuador, además de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (dic. 2014, aún no en vigor), resalta desde 2014 la más agresiva política de endeudamiento de todo el gobierno de Correa –casi 10.000 millones US$, de los 18.000 millones que se han adquirido desde el inicio de su mandato [10]–; el desconocimiento y la omisión de obligación de pago de casi 3.000 millones US$ con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) –afectando el futuro de las jubilaciones [11]–; o la apertura a la participación privada en la prestación de gestiones públicas, a partir del proyecto de Alianzas Público-privadas (APP) [12]; en el marco general de una creciente conflictividad política interna.

En Uruguay, sobresale el ingreso en febrero de 2015 (de muy bajo perfil) del Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA) –que el Frente Amplio ha repudiado recientemente [13]–, un acuerdo impulsado por los EEUU y la UE, que supone un TLC con varios países, donde se propone la privatización de prácticamente todos los servicios públicos [14].

En Bolivia, se ha abierto el camino a transnacionales para nuevas exploraciones petroleras en áreas protegidas (Decreto 2366, mayo de 2015) [15], en el marco de progresivas flexibilizaciones en los términos de negocios con las mismas, donde destaca el reciente anuncio del gobierno boliviano (ago. 2015) de "incentivos a la exploración" para las petroleras, que implica un enorme subsidio de US$ 3.556 millones para elevar sus ingresos en 64% en los próximos diez años [16]; también destaca el avance de proyectos de legislación para una agresiva ampliación de la frontera agroindustrial –apuntando al "modelo cruceño de desarrollo", Agenda Patriótica 2025 [17]–. Todo esto, se desarrolla en un momento político en el cual, el gobierno de Evo Morales ha declarado “irregulares” a 38 ONG, entre ellas al CEDIB [18].

Y en Venezuela, ante la crisis del modelo rentista petrolero, y en el marco de una progresiva transformación en las políticas del gobierno nacional, destacan, por un lado, el decreto 1425 de "Ley de Regionalización Integral" (nov. 2014), que plantea la figura de las “Zonas económicas especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED) y así “afianzar el desarrollo y enfrentar la pobreza estructural” [19] –la Faja Petrolífera del Orinoco fue declarada como una de las ZEE del país [20] y sería una "vitrina de la Venezuela que se quiere construir" [21]–; y por otro lado, el impulso de la “Operación para la Liberación del Pueblo” (OLP), que implica intervenciones de choquedirectas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para "combatir el hampa" –al estilo de las operaciones en las favelas brasileñas–, lo cual tiene, y tendrá, bajo este enfoque, serias implicaciones sociales y políticas [22]. Se tratan en ambos casos, y es fundamental decirlo, de territorializaciones de ajuste.

Pensar estratégicamente: preguntas para un tiempo de mutaciones

La recurrente idea del ataque exterior, encarnada por el imperialismo estadounidense, en articulación con las derechas tradicionales de los respectivos países, a pesar de tener asidero, pues representa actores importantes que ejercen presión en el avance de esta deriva regresiva en la región, ha servido a algunos para querer explicarlo todo con ella. Pero como lo ha propuesto recientemente el propio François Houtart, “La teoría del complot tiene el peligro de velar las causas profundas del proceso [23]. Nos preguntamos: para convertir la dirección de un Estado en un gobierno de derecha, ¿hace falta cambiar los actuales gobernantes, o también se puede ir configurando su mutación desde adentro (sin “cambio de gobierno”)?

¿Es única y obligatoriamente el ajuste, el horizonte próximo de todos los gobiernos de la región? ¿Podrían los gobiernos progresistas tomar una serie de medidas que en teoría habían combatido en sus inicios?

Si el consumo se ha convertido en el principal factor de consenso político nacional –primordialmente en las ciudades–, lo cual permite amortiguar el impacto de ciertas políticas de ajuste, ¿hasta cuándo y con qué alcance se podría mantener esta modalidad?

También: los trabajadores y trabajadoras de la región, campesinos y pueblos indígenas, ¿prefieren el consenso de Beijing al consenso de Washington? Y de nuevo: ¿quiénes detienen las “restauraciones conservadoras”, o bien las reformulaciones neoconservadoras? En cada vez más ámbitos, los pueblos van contando sólo consigo mismos para defender sus reivindicaciones y territorios.

Ante este cambio de época en marcha en América Latina, e incluso ante la reciente y dramática capitulación de Syriza en Grecia, o la vacilante propuesta de Podemos en España, parece conveniente y profundamente estratégico, preguntarnos qué hemos aprendido como pueblos de estos procesos; insistir en un debate vital en torno a la forma Estado, y nuestra relación con ésta. ¿Pueden los desencantos recientes potenciar no sólo rabias coyunturales, sino nuevas disposiciones y cosmovisiones sobre la producción de lo político?

También parece conveniente insistir en que, ante la agudización de las contradicciones sistémicas mencionadas al principio, y de las manifestaciones de la crisis civilizatoria, podríamos estar ante escenarios en los cuales se estén configurando radicales modificaciones de las estructuras de poder tal y como las conocemos, de las formas de la soberanía, de las modalidades de control territorial –¿apuntamos hacia nuevas feudalizaciones del poder? [24]–. Si esto fuese así, los debates sobre el Estado se complejizan aún más, toman nuevos matices, aparecen nuevos elementos.

Fenomenología del Estado y territorialización del poder: un diálogo crítico con Álvaro García Linera

Como hemos propuesto, la discusión sobre el Estado, y la idea de la autonomía desde abajo ante el mismo, es profundamente estratégica ante los tiempos actuales. Podemos afirmar que existe en la región toda una línea teórico-política que insiste en la centralidad del Estado como alternativa de transformación social, en la cual el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (AGL), aparece como uno de sus principales exponentes. La relevante propuesta de AGL intenta reactivar una nueva fe sobre lo estatal.

Para AGL, el debate «Autonomía o Estado» es un falso debate [25]. Nosotros en cambio, planteamos que la fusión(sic) que propone el autor, de integración de las luchas desde abajo con el Estado, es inconveniente; que una lucha popular de múltiples escalas, no supone necesariamente la integración de sus objetivos, formas y acciones con los de la máquina-Estado, que son claramente diferentes. En este sentido, mantener esta diferenciación es estratégico en la agenda política de las luchas desde abajo, sin que en ningún sentido se lleve adelante una política de aislamiento o una propuesta maniquea. Se trata de pensar, antes que en un «Estado Integral», en un horizonte de territorialización del poder.

a) El Estado omnipresente y la subsunción de lo común en lo público en AGL

A partir de lo que AGL llama el principio de incompletitud histórica –propuesto desde el Teorema de Gödel–, el autor propone que la tradición de la dominación [26] del Estado no es ahistórica, que tiene grietas, y que la gente tiene la posibilidad de trascenderla. Siendo esto cierto, la necesaria pregunta subsiguiente es: ¿cuáles son los límites de esta posibilidad de transformar al Estado?

Y también: aunque es importante definir al Estado como un “campo de lucha”, como una construcción política en permanente movimiento, o una estructura de relaciones maleables, no es la contradicción en sí, el elemento que lo define. Algo debe darle forma, sentido. Y su especificidad histórica, su sentido de existencia es ser una maquinaria de dominación y conducción política, tomando el propio concepto de AGL [27].

Esta modalidad monopólica, centralizadora y abstractalizante de poder, esta forma política de hacer que es el Estado, en AGL es al mismo tiempo materia e idea, es también creencia colectiva [28], lo que permite evidenciar, de manera muy útil, la forma fenomenológica del Estado. Sin embargo, hay una especie de omnipresencia e irresistibilidad que otorga el autor al Estado-idea colectiva: si éste es, por tanto, “las estructuras mentales, los esquemas simbólicos, los sistemas de interpretación del mundo que hacen que cada individuo sea uno con capacidad de operar y desenvolverse en ese mundo”; si las luchas populares, los saberes colectivos, los esquemas de organización del mundo, y las propias identidades sociales no están al margen del Estado, sino que éste los contiene; si éste es “la subalternidad misma en estado institucional y simbólico (…) es la comunidad social, los logros comunes, los bienes colectivos conquistados, aunque bajo una forma fetichizada”; si la “sociedad real (…) ha construido la estatalidad con sus logros y sus desdichas [29], parece pues, que el afuera del Estado es un desierto.

Estado no es igual a sociedad. No toda producción molecular de lo político es Estado, o tributa a su constitución, aunque coexista o se articule con él, aunque sufra su dominación. Seguramente la constitución popular de lo político está profundamente permeada por el Estado, pero éste no la configura de manera completa. Las exterioridades del Estado son múltiples, en el espacio, en las creencias, en los cuerpos, aunque puedan ser momentáneas y contingentes.

La rebelión no solo proviene desde la propia experiencia de estatalidad [30] de los sujetos, sino al mismo tiempo de procesos productivos propios y territorializados que están también más allá del Estado. AGL parece incluir todas las contradicciones socio-políticas en el seno estatal.

Es necesario entonces otro tipo de fenomenología del Estado. Una que reconozca las diversas y múltiples formas de producción de lo político que se encuentra en las afueras de éste, las otras formas de hacer que se distinguen de él; que dé cuenta cómo sus objetivos, formas y acciones difieren de la forma de la estatalidad. La clave del cercamiento fenomenológico que propone AGL, y que al mismo tiempo traba el desbordamiento popular de las fronteras estatales, está en la subsunción que hace el autor de lo común en lo público. Dice AGL:

El Estado sólo puede producirse en la historia contemporánea si produce (como fruto de las luchas y de las relaciones sociales) bienes comunes, recursos pertenecientes a toda la sociedad, como la legalidad, la educación, la protección, la historia cívica, los aportes económicos para el cuidado de los demás, etc.; pero este común únicamente puede realizarse si al mismo tiempo de producirse, también se inicia el proceso de su monopolización, su concentración y su administración por unos pocos que, al realizar esa monopolización, consagran la existencia misma de los bienes comunes  [31].

En realidad el Estado sólo produce bienes públicos, no bienes comunes. El ámbito de lo público ha aparecido tradicionalmente en el imaginario político moderno/occidental como el ámbito por excelencia donde se manifiesta y organiza lo popular. Sin embargo, la forma de lo público se reproduce a través de la representación política trascendental del Estado, lo que supone una gestión monopólica y corporativa del poder territorial. Los bienes comunes, como materialidad de la vida, al ser un don de la misma otorgada a todos, preexiste a la apropiación y monopolización que ejerce el Estado, a diferencia de lo planteado por AGL –“los bienes comunes son creados (…) pero solo existen si son a la vez monopolizados”, dice el autor [32]. Las múltiples formas de lo común se basan en otra valoración de la Vida (si se quiere, de la naturaleza), en otras formas de gestionar los territorios (ecosistemas), en la acción colectiva dirigida a reproducir la vida inmediata –aunque puedan ser frágiles, discontinuas, inestables–, que en cambio son constitutivas de la dinámica social [33].

La distinción no es arbitraria ni insignificante. Es en el modo de gestión de los territorios, de la reproducción de la vida, en la forma de su horizonte vital, donde se produce este importante deslinde. No hacemos referencia a una comunalidad inmaculada, a un tipo de pureza, o de formas ideales libres de contradicciones. No hablamos de sujetos impecablemente cooperantes, sino pueblos rurales, semi-rurales y urbanos que apelan persistentemente a gestiones colectivas para posibilitar, en primera instancia, el curso de su vida.

Lo que es también importante recalcar, es como la representatividad estatal –siempre fluctuante, y en diversos grados dominante y represiva– impide, en el corto o en el largo plazo, la gestión directa de lo común. Los bienes públicos (como la educación, la vivienda, la salud, etc.) son usufructuados socialmente por la vía de una intermediación, y en numerosas ocasiones, se viven sólo como idea, suspendidos en la promesa de un futuro desarrollo, o una futura mejor gestión. Nuevas posibilidades y horizontes de lo político en la región, pasan por recuperar la centralidad de esta dimensión territorial inmanente de lo común. Producir con el trabajo colectivo y la riqueza inmediata, desde abajo, el experimento político que en algún momento del ciclo progresista quedó abortado.

b) Extractivismo y la entelequia del «Estado Integral»

Como ya es sabido, AGL plantea que el extractivismo es una fase temporal para generar condiciones para alcanzar una "futura fase social" [34], y en numerosas ocasiones ha propuesto que los críticos del extractivismo le hacen el juego al imperialismo, como lo ha expresado sobre ONGs como CEDIB (Bolivia) en su reciente carta Sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Bolivia y su financiamiento. Ya en otros espacios hemos intentado replicar esta idea de que para salir del extractivismo hace falta más extractivismo , y hemos señalado el peligroso camino de la satanización de la crítica.

Pero esta prometida fase temporal del extractivismo se sostiene sobre la idea –que suele ser recurrente– de que, ahora sí, hemos alcanzado un escalafón histórico de las luchas políticas, lo cual se traducirá en una alianza progresiva entre el Estado y el pueblo, que construirá el camino para deshacer al extractivismo. Esta alianza es lo que AGL ha llamado el «Estado Integral» [35].

Para AGL, a partir de la experiencia boliviana, en este Estado Integral se produce “la presencia directa de representantes de los sectores sociales movilizados en distintos niveles del aparato estatal”, y añade también “la presencia directa de las organizaciones sociales en la definición de las principales políticas públicas [36]. El Estado en AGL es una trama cotidiana en la cual gobernantes y gobernados, con distintos niveles de influencia, intervienen en torno a la definición de lo colectivo [37]. De ahí que el autor afirme que “Socialismo es entonces un largo proceso de transición en el que estado revolucionario y Movimientos Sociales se fusionan para que día a día se democraticen nuevas decisiones; para que día a día más actividades económicas entren a la lógica comunitaria en vez de la lógica del lucro [38].

Conviene insistir en lo siguiente: el extractivismo es una modalidad de acumulación capitalista que centraliza tanto el poder como la soberanía sobre el territorio; esto es, estructura un tipo de soberanía (nacional-estatal) que mercantiliza y monopoliza la decisión sobre los llamados “recursos naturales”. Esta racionalidad, esta forma política de hacer particular, esta modalidad de dominación transnacionalizada y corporativa, que se superpone y evita que la gente realice una gestión directa de los bienes comunes, está dotada de sentido por los procesos de acumulación de capital a escala global, por la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza.

La entelequia del «Estado integral» intenta fusionar modos de hacer, de producir de lo político, que se contraponen. Por medio de la coacción y la “manufactura de consensos” (de diversas maneras), éste evita o pone límites a la ocupación, recuperación y reapropiación de lo común (sea en espacios urbanos, tierras agrícolas, áreas de reserva natural, etc), en nombre de la protección de la propiedad privada, de la “soberanía nacional” y del mantenimiento del orden y la estabilidad. El Estado pues, no reconoce otra soberanía que no sea la nacional-estatal –no es casual que, por ejemplo, casi ninguna de las consultas previas en América Latina respecto a proyectos extractivos o desarrollistas sea reconocida por los poderes constituidos [39]–. Adicionalmente, en contextos de aguda crisis como las actuales, el Estado tiende a profundizar mecanismos políticos de acumulación por desposesión como medidas de ajuste, por lo que su conflicto con lo común se intensifica.

Pero sobre todo, es importante insistir en cómo, en las esferas más altas del Estado, donde se concentran las decisiones sobre los bienes comunes para la vida ―los llamados “recursos naturales”―, sobre las Fuerzas Armadas nacionales, las grandes finanzas, se evidencia con más claridad y crudeza la estructura jerarquizada, la modalidad corporativa transnacionalizada que posee la gestión de lo público (extracción de naturaleza, infraestructuras urbanas, adquisición de tecnología militar, financiamiento externo, etc.), lo radicalmente excluyente que es respecto a lo común, y lo complejo de delegar estas gestiones a unos cuantos representantes y voceros de movimientos sociales, para replicar los modelos de concentración de poder y manejo centralizado de la riqueza colectiva. Bajo este modelo, estos ámbitos son prácticamente intocables para las bases populares, por lo cual reformas progresistas sobre igualdad de género, aborto, derecho a la ciudad, figuras de participación política formal, entre otras, se convierten en reformas cosméticas sino se produce un proceso social de re-apropiación territorial.

c) Alternativas, correlación de fuerzas y territorialización del poder: la centralidad de las luchas desde abajo

Aunque se puedan producir las condiciones ―que siempre serán temporales― para llevar adelante una gestión política articulada de las formas de lo público, entre el Estado y una masa crítica popular contrahegemónica organizada ―siempre en diferentes grados―; aunque se resalte la importancia de trastocar y transfigurar la forma Estado “desde adentro” de la maquinaria; lo que consideramos fundamental es quitarle centralidad política a la idea de que hay que, en primera instancia, ocupar el Estado.

En la medida en la que un movimiento político desde abajo, efervescente, numeroso, potente, otorga centralidad en su lucha a la toma de la esfera estatal, se introduce en un campo asimétrico en el que puede, paradójicamente, ocupar al Estado, mientras que el Estado, lo ocupa a él. Si el Estado es también una relación social (dominante), entonces en sus formas se producen tipos de subjetividades, corporalidades, territorialidades, redes moleculares de poder, las cuales son finalmente funcionales a la reproducción del capital. Se genera pues, algo que pudiésemos llamar una dominación productiva, a partir de sus estructuras de relacionamiento y sus formas de racionalidad.

El reconocimiento del Estado como máquina de dominación, no supone un desentendimiento o abandono del mismo, del campo de lo público, cuando se trata de pensar horizontes anti y post extractivistas, rentistas y capitalistas. No solo porque el Estado no va a desaparecer de la noche a la mañana, sino también porque su función en la escala del sistema interestatal mundial y la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, puede variar políticamente, es relativamente maleable, dependiendo de diversas luchas domésticas. Es decir, no solo se configura un duopolio cooperativo entre Estado y Mercado, sino que se pueden desarrollar diferentes niveles de contradicción entre ellos, que podrían ser más o menos favorables a procesos de luchas locales, lo cual puede ser aún más vital y relevante en los débiles Estados-nación periféricos. Se trata de la contradicción planteada por David Harvey entre la lógica del capital y la lógica territorial [40] .

Pero lo fundamental, con miras a abrir o mantener las posibilidades de reproducción de una política popular de lo común –resistencia y constitución–, es el estado de la correlación de fuerzas en un espacio-tiempo específico, la síntesis que se produce en el completo campo de la política (que puede ser en un país, pero no únicamente), y que está determinada por las fuerzas y probabilidades de cumplir sus objetivos, por parte de los actores que disputan en dicho campo –para lo que nos compete, las subjetividades contrahegemónicas–. A esto lo podemos llamar la composición política.

Esta composición política pues, está fundamentalmente determinada por las luchas desde abajo. Todo proceso contrahegemónico de horizonte social emancipatorio, se mueve y produce a partir de la lucha popular ―es su factor constituyente y originario―, la cual puede generar una recomposición que mejore las condiciones de disputa, la gestión común de la vida y las posibilidades de transformación social. Esto aplica en particular para el Estado, que posee “internamente” su propia composición política que lo define, y que puede ser reformulada para que ejerza un rol más favorable al proceso reproductivo de lo común.

Es la lucha popular territorial el punto de partida, llevada adelante para reproducir la vida, sin que esto implique, de ninguna manera, el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas municipales, biorregionales, nacionales, continentales o incluso globales. Se trata de la configuración y el ejercicio de otras soberanías, de posibilidades para la autonomía material de pobladores y pobladoras, de producción de narrativas propias, que en primera instancia no admitan límites exteriores y anteriores a su propio despliegue y decisión –como lo ha propuesto Raquel Gutiérrez Aguilar [41]–, y que no detienen su movimiento territorial para esperar una supuesta “resolución histórica” de la contradicción Estado/movimientos sociales, orientada a la conformación de un imaginado «Estado integral».

La territorialización del poder se alimenta de esos otros códigos y formas de hacer contrahegemónicos, de las cotidianas deserciones que producen los pueblos desde abajo, presentes en movilizaciones de diversos tipos, como la de los pueblos indígenas bolivianos o las expresiones cooperativas del chavismo popular urbano. Lo importante es pues, mantener el deslinde vital entre lo público y lo común, entre lo que se instituye y lo constituyente.

Si las luchas masivas tienden inevitablemente a declinar, a agotarse, después de una ola ascendente y efervescente, y con ello, la composición política se hace más adversa a la producción y reapropiación de lo común, y el Estado se hace más reaccionario y conservador, la única alternativa ante esto es procurar el florecimiento territorial de lo común, de la comunalidad –vista como estabilización de lo común–, que permita que los procesos de lucha social, la configuración de alternativas y transformaciones, se hagan más orgánicas.

Si el Estado es también una creencia colectiva, es fundamental construir nuevos sentidos comunes, nuevas creencias sociales que busquen desplazar a la conciencia colectiva de su inevitabilidad, al fetiche del Estado, a su capacidad de abstractalizar el poder, a su esencia trascendente, para en cambio territorializar la posibilidad emancipatoria.

Notas: (...)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=203070 

En consecuencia, como Emiliano Teran Mantovani aclara:"No hablamos de sujetos impecablemente cooperantes, sino pueblos rurales, semi-rurales y urbanos que apelan persistentemente a gestiones colectivas para posibilitar, en primera instancia, el curso de su vida".Esas formas constituyentes de una sociedad confraternal se programan y practican en la: 

Soberanía alimentaria

 

Gonzalo Fernández Ortiz De Zárate

 

La soberanía alimentaria es, como dice Vía Campesina, «el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los MERCADOS y de las empresas» y «nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual».

«La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica». Y «garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, está en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones».

El concepto de soberanía alimentaria fue acuñado por primera vez por La Vía Campesina (LVC) en 1996, con motivo de la celebración del Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria. Se trataba de un evento paralelo a la oficial Cumbre Mundial de la Alimentación, organizada en Roma por la Organización de las NACIONES UNIDAS para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Desde entonces, el concepto de soberanía alimentaria se ha ido enriqueciendo con nuevas dimensiones y variables a través de los contenidos de las sucesivas declaraciones de las conferencias internacionales de LVC (Tlaxcala, 1996; Bangalore, 2000; Sao Paulo, 2004; Maputo, 2008), o en los foros que esta ha co-organizado. Precisamente la Declaración de Nyéléni, resultado del Foro Internacional por la Soberanía Alimentaria celebrado en Mali en 2007 y co-organizado por la LVC, ofrece la definición más depurada, que es la que encabeza este texto.

 

Un concepto nacido de los movimientos sociales

A partir de esta definición del concepto, cuatro son las características que destacamos como elementos consustanciales al mismo. En primer lugar, se trata de un concepto nacido desde los movimientos sociales, y no de los espacios académicos o de los foros internacionales organizados por las NACIONES UNIDAS. Esta constatación confiere al término una identidad específica: por un lado, la soberanía alimentaria no ha sido aceptada dentro de la literatura especializada en temas de hambre, de alimentación, de modelos productivos o de desarrollo, donde la hegemonía teórica se encuentra en la “seguridad alimentaria”, enfoque del que difiere, como después se expondrá. Pese a este rechazo, la soberanía alimentaria ha ido ganando terreno en el ámbito social, en la universidad y en la cooperación internacional, e incluso, en la actualidad, parece que la propia FAO reconoce el concepto y se aviene a iniciar un proceso de debate sobre el mismo, tal y como se aprobó en la 32ª conferencia regional de la FAO en América Latina y el Caribe. Por otro lado, al nacer desde las reflexiones y acciones de un movimiento social, la soberanía alimentaria tiene la riqueza de pretender no solo alcanzar un estatus teórico, sino que tiene una vocación práctica original, integrando el binomio reflexión-acción en una agenda alternativa frente al modelo hegemónico actual en el agro.

En segundo término, la soberanía alimentaria pone el acento en la capacidad de los pueblos para decidir sobre su sistema alimentario, así como en su facultad para desarrollar las políticas que democráticamente estimen oportunas para establecer qué y cómo se produce, qué y cómo se distribuye, qué y cómo se consume.

 

En tercer lugar, la soberanía alimentaria propone un modelo de desarrollo socioeconómico alternativo al modelo agroindustrial que se podría explicar a través de su interacción con otros dos conceptos complementarios: agroecología y economías campesinas. Así, suma a la exigencia de contar con la capacidad para decidir sobre el sistema alimentario de cada pueblo, la propuesta de un modelo basado en la agroecología que, en palabras de Stephen Gliessman, se define como «la ciencia que aplica conceptos y principios ecológicos en el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables». De esta manera, defiende sistemas alimentarios que sean culturalmente adecuados; que sean ecológicos y de producción extensiva, en función del mantenimiento y del control público y social de los bienes naturales —tierra, biodiversidad, agua, semillas—; que sean energéticamente eficientes; que garanticen un ingreso económico justo para las y los productores; que se desarrollen en condiciones óptimas de reproducción social; que se basen en un sistema de distribución que garantice dichos criterios ecológicos, sociales, económicos; y que se sostengan sobre el derecho humano básico a la alimentación sana y segura del conjunto de la población. En este sentido, la agroecología va directamente unida a las economías campesinas, ya que se considera que únicamente las pequeñas explotaciones, así como los sistemas locales de producción, distribución y consumo vinculadas a ellas, son capaces de garantizar los parámetros en los cuales se define la agroecología.

 

En cuarto lugar, como ya hemos señalado, se define como propuesta política alternativa al modelo de agricultura industrial, a la vez que se diferencia del concepto de “seguridad alimentaria”. Respecto a esta última, la soberanía alimentaria entiende que plantea un análisis parcial, al centrase únicamente en la disponibilidad y acceso a alimentos por parte de la población, pero que no incide en los modelos alimentarios, clave fundamental para la sostenibilidad. Así, por ejemplo, desde el análisis de la seguridad alimentaria, un país receptor masivo de ayuda alimentaria exterior, si esta es estable en el tiempo, puede contar con una valoración positiva; en cambio, desde la soberanía alimentaria, se debería analizar si esos alimentos que se envían desde el exterior, aún garantizando unas kilocalorías determinadas al día, no están impidiendo el fortalecimiento de las economías locales, el desarrollo de la biodiversidad del lugar, la generación de ingresos para los y las productoras, etc. La soberanía alimentaria, en definitiva, incorpora la necesidad de garantizar la sostenibilidad ecológica, económica y social local, no sólo el acceso a los alimentos.

La soberanía alimentaria frente al modelo agroindustrial

La comparación de la soberanía alimentaria con el modelo agroindustrial muestra que ambos modelos son antagónicos. La agroindustria es el producto de la traslación a la agricultura de las medidas neoliberales nacidas del CONSENSO DE WASHINGTON y se basa en la conformación de grandes cadenas globales de producción y distribución, controladas por EMPRESAS TRANSNACIONALES; en la producción intensiva en sistema de monocultivo en grandes extensiones; en la intensificación de la productividad a corto plazo a través de tecnologías diversas derivadas de la “revolución verde”, incluyendo los Organismos Genéticamente Modificados (OGM, o transgénicos); en la propiedad intelectual; en la creación de un mercado financiero específico (commodities) en los que se deciden los precios internacionales de muchos productos básicos alimentarios.

De esta manera, los y las defensoras de la soberanía alimentaria señalan a este modelo como el causante de convertir a la alimentación en un negocio, en una mercancía más, frente a la consideración que hacen de la alimentación como un derecho humano. En este sentido, a su entender, prima la búsqueda de ganancia respecto a los criterios ecológicos —PRIVATIZACIÓN y mal uso de bienes naturales; participación de la agricultura en el cambio climático a través de los agrotóxicos; uso masivo de plaguicidas y pesticidas; pérdida de biodiversidad por monocultivos, etc.— y sociales —acaparamiento de tierras para el monocultivo; control del precio en cadenas de distribución y especulativas, no en los y las productores; ruptura de lógicas económicas locales; desplazamiento de comunidades, etc.—. El resultado de este modelo sería, en su opinión, un aumento extremo de la vulnerabilidad ecológica, climática, alimentaria, social y económica.

 

En este sentido, la soberanía alimentaria, al oponerse al modelo agroindustrial basado en grandes cadenas productivas, distribuidoras y financieras, se opone también a las EMPRESAS TRANSNACIONALES, que son los sujetos que controlan las mismas. Es más, la SA propugna un modelo socioeconómico sin este tipo de empresas, principales valedoras, a su entender, del modelo agroindustrial, así como responsables de sus implicaciones más gravosas. Así, acusa a las grandes multinacionales que manejan la distribución mundial —como Wal-Mart y Carrefour, entre otras— de controlar la producción vía establecimiento de precios También acusa a las compañías que controlan los mercados de semillas y fertilizantes —Dupont, Syngenta, Monsanto, etc.— de obligar a los y las campesinas a comprar sus paquetes de productos. Esto puede tener serias consecuencias a largo plazo: descenso de la productividad, dependencia del crédito, reducción de la biodiversidad, impacto ecológico y sanitario. Por último, también acusan a las transnacionales que comercian con alimentos y productos básicos —Nestlé, Cargill, etc.— de impedir el desarrollo de las economías locales, promoviendo la hegemonía de la alimentación globalizada frente a la diversidad y adecuación cultural que defiende la soberanía alimentaria.

Fuente: http://omal.info/spip.php?article4856

 

 

Partamos de enfocar cómo el capitalismo  bloquea la soberanía energética y cuáles son las gravísimas consecuencias:

"Si analizamos la direccionalidad de la política energética y el papel de la energía en la historia contemporánea, es fácilmente constatable que la política energética se ha supeditado a un modelo de acumulación de beneficios y al control de los recursos estratégicos por un pequeño número de empresas y países

Consecuencias de nuestro modelo energético son la mayor parte de los conflictos armados del los siglos XX y XXI, los mayores atropellos ambientales y por supuesto, el cambio climático, la mayor amenaza de la civilización que conocemos. El actual modelo energético sucio, centralizado, expoliador, peligroso y autoritario, es clave para comprender la concentración del poder económico y político.

 

Frente a este modelo energético acaparador y asesino, planteamos un nuevo modelo energético basado en el bien común, un modelo ético, renovable y distribuido, donde la energía se produce en el lugar donde se va a utilizar, o lo más cerca posible, y donde la propiedad de las tecnologías que permiten aprovechar las energías renovables del lugar, es gestionada y/o propiedad de los habitantes de ese lugar. Entendemos que la soberanía energética de las comunidades y los pueblos, hoy por hoy, está siendo supeditada a los intereses de una élite empresarial, que utiliza el cuerpo del estado para su propio interés y lucro, y esto, en el actual contexto histórico es un suicidio colectivo.

 

La democratización del modelo energético es una cuestión de supervivencia".

 

 

 

 

Soberanía energética y democratización de la energía

 

En la actual encrucijada histórica, en la que la humanidad debe dar un giro de 180 grados a su modelo socioeconómico y emprender la transición a un modelo sostenible en un tiempo récord, los principales obstáculos que encontramos para la transición energética a un modelo eficiente y renovable son la ausencia de democracia energética y la usurpación de la soberanía energética a favor de los intereses de unos pocos. No hay escala para describir la magnitud del reto que enfrentamos. Sabemos que tenemos reducir drásticamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, si queremos evitar los efectos más desastrosos del cambio climático. Tenemos que hacer una transición energética a marchas forzadas. El problema no es tanto saber qué hacer, sino cómo hacerlo, tras 30 años de compromisos incumplidos, a sabiendas de que los grandes poderes económicos y su capacidad de influencia sobre los gobiernos y las organizaciones supranacionales (UE) tienen sus propios planes para las próximas décadas.

 

La soberanía energética reside en la capacidad de una comunidad de decidir y legislar sobre cómo se quiere gestionar la energía que necesita para la reproducción de su vida social, desde la producción de la energía, a su utilización, pasando por la distribución y la financiación. Pero sobre todo, entendemos que la soberanía energética es la capacidad de una comunidad de decidir sobre cuáles son las prioridades de la política energética que le afectan de forma directa. Soberanía significa poder, y en lo que se refiere a la energía, poder decidir cuál es el destino de los fondos públicos, cuáles los derechos que se quieren proteger, cuáles objetivos de las políticas energéticas, cuáles los impactos sociales y ambientales que se quieren asumir y cuáles los mecanismos para proteger a los miembros de esa comunidad y el medio que habitan y del que dependen.

 

Un modelo energético soberano es aquel en el que las personas pueden aprovechar las energías renovables disponibles en ese lugar y utilizar tecnologías que generen tejido económico local. La soberanía energética, por tanto, habla de las prioridades de una comunidad de personas y entiende la energía como un bien común antes que como un bien económico. Y en este sentido está todo por hacer. Siendo como es la energía un bien esencial para disfrutar de una vida digna, reivindicar la soberanía energética es reivindicar la capacidad de asegurar el acceso a la energía para desplazarse, realizarse y vivir dignamente.

Si analizamos la direccionalidad de la política energética y el papel de la energía en la historia contemporánea, es fácilmente constatable que la política energética se ha supeditado a un modelo de acumulación de beneficios y al control de los recursos estratégicos por un pequeño número de empresas y países

Consecuencias de nuestro modelo energético son la mayor parte de los conflictos armados del los siglos XX y XXI, los mayores atropellos ambientales y por supuesto, el cambio climático, la mayor amenaza de la civilización que conocemos. El actual modelo energético sucio, centralizado, expoliador, peligroso y autoritario, es clave para comprender la concentración del poder económico y político.

 

Frente a este modelo energético acaparador y asesino, planteamos un nuevo modelo energético basado en el bien común, un modelo ético, renovable y distribuido, donde la energía se produce en el lugar donde se va a utilizar, o lo más cerca posible, y donde la propiedad de las tecnologías que permiten aprovechar las energías renovables del lugar, es gestionada y/o propiedad de los habitantes de ese lugar. Entendemos que la soberanía energética de las comunidades y los pueblos, hoy por hoy, está siendo supeditada a los intereses de una élite empresarial, que utiliza el cuerpo del estado para su propio interés y lucro, y esto, en el actual contexto histórico es un suicidio colectivo.

La democratización del modelo energético es una cuestión de supervivencia.

 

La democratización del modelo energético es una cuestión de supervivencia. El actual modelo energético responde a un enfoque centralista en el que el titular de la soberanía energética es el Gobierno central, el cual establece, tanto las estrategias de la política energética, como el marco normativo y es quien diseña las infraestructuras energéticas de un supuesto ‘interés general’. Es el Gobierno el responsable de aplicar las directivas europeas en materia de energía y por tanto de colaborar en la construcción de la Unión Energética. La Unión Energética pretende asegurar la ‘seguridad energética’ de la unión y para ello ha diseñado una extensa y costosa red de infraestructuras de gas y electricidad, en la que España se convierte en paso obligado del gas africano.

 

Esta unión le va como anillo al dedo a la estrategia energética española, que desde el primer gobierno de Felipe González, al de Mariano Rajoy, ha apostado por el desarrollo de la industria gasística en el país (a pesar de que en España no haya gas) y por la producción eléctrica como negocio. En este sentido, al igual que en España no se nos ha preguntado nunca qué modelo energético queremos, Bruselas no nos ha preguntado qué unión energética nos gustaría y ni tampoco qué opinan los habitantes de los pueblos por los que van a pasar las grandes infraestructuras energéticas, o si nos gustaría que esas inversiones millonarias se utilizaran con otros fines. Este proyecto, del que la mayor parte de la población española es completamente ajena, marca la agenda energética del país, con independencia de que los intereses de las empresas que se van a beneficiar (gasistas, eléctricas, constructoras, banca,…) no coincidan en ningún caso con los de la mayor parte de la población. Al tiempo que apoya la expansión del negocio gasista en el continente, la UE pretende avanzar en la reducción de emisiones de GEI y simultáneamente, a través de la Comisión Europea, negocia en secreto con Estados Unidos el TTIP, el Tratado de Libre Comercio e Inversiones.

 

 Este tratado que pretende incrementar el comercio entre ambos continentes, armonizar la regulación que afecta al comercio y crear un tribunal especial para que las multinacionales puedan defender sus intereses frente a las administraciones públicas. Es decir, que el plan es aumentar el comercio trasatlántico reduciendo las emisiones, lo cual es a todas luces imposible. Como advierte Joseph E. Stiglitz no se puede disociar el comercio del cambio climático y negociar cada cosa por su lado. Las soluciones al cambio climático pasan necesariamente por dejar el 80% de los combustibles fósiles bajo tierra y eliminar las subvenciones a estos combustibles. Y pasa sobre todo, por canalizar la inversión pública y privada hacia la transición energética. Por tanto, el incremento del comercio internacional que pretende el TTIP es incompatible con la lucha contra el cambio climático. El TTIP puede alejar todavía más la soberanía energética de las comunidades y pueblos al establecer un marco legal de protección de los derechos de las multinacionales, por encima de los de las personas y de las instituciones democráticamente elegidas. En este impase, vemos cómo la política energética regional y local choca, con un marco normativo nacional establecido por el Gobierno, condicionado por una política energética europea igual de sorda a los intereses de la ciudadanía.

 

En el caso de España, encontramos que el sector energético se ha ‘autorregulado’ durante décadas, gracias a la connivencia del poder político y el económico. La primera consecuencia de esta autorregulación ha sido el blindaje de los derechos de las grandes empresas energéticas y el ninguneo de los intereses del resto de la población. En este marco, a nivel local, las administraciones más cercanas a la ciudadanía, los Ayuntamientos, tienen sustanciales dificultades para impulsar la transición energética. La primera es la deuda heredada de las legislaturas del ‘desarrollismo’, que impiden o limitan su capacidad inversora. La segunda es un marco jurídico perverso, que desincentiva la instalación de renovables y encarece sus costes. La tercera es la inseguridad jurídica y la incertidumbre creada en la última legislatura. La cuarta, es la propia inercia de una administración poco acostumbrada a la corresponsabilidad en materia energética. Esta situación, que no debe justificar la inacción de los Ayuntamientos, evidencia que uno de los principales problemas que tenemos es la propia centralización de la competencia energética, que permite que hoy por hoy, la legislación aprobada por Gobierno bloquee la implantación de renovables en todo el país. Falla el Gobierno, por no proteger los derechos e intereses de la población, pero falla especialmente la manera de hacer la política energética.

 

El enfoque ‘top down’ impuesto supone que la dirección y contenido de la política energética sea determinada por un reducido número de personas, que en calidad de expertos determinan lo que conviene al ‘interés general’. Es evidente que necesitamos apropiarnos de los mecanismos de toma de decisiones e invertir la direccionalidad de la política energética. Es decir, escribir la política energética de abajo a arriba.

La transición a un modelo energético distribuido y renovable abre la posibilidad a la descentralización del poder político y la desconcentración del poder económico, a un modelo social más democrático y cercano a las necesidades de la ciudadanía. Pero la materialización del nuevo modelo energético en su versión más democrática no tiene por qué producirse y menos de manera automática si no es una demanda social.

 

Soberanía energética para la defensa del territorio

El distanciamiento entre los intereses generales y los intereses defendidos por el Gobierno español ha sido especialmente visible en la última legislatura, a través de la imposición de políticas que contaban con el rechazo expreso de una parte destacada de la población de los territorios afectados, así como de sus instituciones regionales. Es conveniente recordar algunos episodios y aprender de ellos. Las prospecciones que realizó Repsol en Canarias entre noviembre de 2014 y enero de 2015 fueron precedidas de las mayores movilizaciones de la democracia en las islas. Los cabildos insulares y numerosos ayuntamientos emprendieron una batalla legal para evitarlas, sin éxito.

El estudio del impacto ambiental del proyecto de Repsol contaba con más de 1000 alegaciones, que no habían sido respondidas, y la constatación de la Universidad de Gran Canaria, de que este estudio disminuía un millón de veces el riesgo de las prospecciones. Un millón de veces más riesgo del que ponía en el informe y éste salió adelante. El Gobierno, no sólo no atendió las reivindicaciones de la ciudadanía, ni a los de las administraciones locales, sino que prohibió la realización de un referéndum, y finalmente, en defensa del supuesto ‘interés general’, el ex Ministro de Industria, José Manuel Soria, impuso su voluntad a la de la población del territorio. En el caso del Proyecto Castor, el almacén de gas construido frente a las costas de Castellón, que recibió financiación de los ‘proyect bonds’ de la Unión Europea, siendo uno de los primeros grandes proyectos de ‘interés general’ para la seguridad energética comunitaria, fueron desoídas las advertencias científicas del peligro de inducción sísmica de la inyección de gas encima de una falla. La inyección de gas en subsuelo produjo cientos de terremotos en el pueblo de Vinaroz.

Ante la paralización del proyecto, el Gobierno aprobó una indemnización express de 1.350 millones de euros a la empresa constructora, propiedad de Florentino Pérez, el cual disponía de un contrato perverso firmado por el Gobierno anterior en el que se le aseguraba el cobro aún si se cometían negligencias. Por esta infraestructura ruinosa pagaremos en la factura del gas, durante los próximos 30 años unos 4.000 millones de euros. Sospecha el juez de instrucción que lleva el caso, que el estudio de impacto ambiental fue manipulado, reduciendo nuevamente los riesgos. Si bien es cierto que se ha imputado a 20 personas en la investigación, entre ellas a un alto cargo del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía Miguel Arias Cañete por prevaricación medioambiental, es evidente que los mecanismos legales no han funcionado para proteger a la comunidad (…)

 

Conclusiones del taller temático: • Creación de un grupo de trabajo con los asistentes al taller, vía correo electrónico, en principio. • Es necesario introducir el discurso de la democracia energética y la soberanía cuando se habla de transición energética, porque el discurso dominante es eminentemente tecnológico y económico y obvia las relaciones de poder y la mirada social de la energía. • La energía es ante todo un bien común y un derecho de la ciudadanía. • Hay una gran distancia entre nuestras reivindicaciones y la gente de la calle. Es muy importante generar el conocimiento energético accesible y local, del entorno y éste se puede facilitar desde los nodos. • Los talleres de recibo son muy útiles para acercarnos a un público inicialmente desinteresado por el cambio de modelo energético. • Las excursiones OLYGOTOXIC, visitas a los alrededores de centrales que afectan a las distintas localidades son útiles para dar conocer a la gente realmente los impactos de la energía. Aunque acuden los ya convencidos, tienen repercusión mediática. • Proponemos generar una base de datos en Google Docs con las experiencias que se estén haciendo en cada nodo. • Acuerdo entre varios participantes que el trabajo sobre las redes de distribución puede ser relevante para la soberanía/democracia energética. • Alba compartirá la documentación de la Mesa de Transición Energética respecto al estudio de cómo se consume la energía para que pueda ser replicado. • Procuraremos hacer una vez al mes una reunión audiovisual.

Fuente: http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/8614/6462/6249/2._SOBERANIA_ENERGETICA-DEMOCRATIZACIN.pdf

 

 

Recordemos lo llevado a cabo por el gobierno progresista de Cristina Fernández para comprobar cómo privilegió los intereses de Estados Unidos y las petroleras privadas tanto transnacionales como locales.

 

 

Soberanía Energética: por el camino equivocado

25 de mayo de 2013

 

Síntesis El gobierno proclamó la recuperación de la soberanía energética estatizando parte de la YPF vaciada y se hizo cargo de los gastos para reactivar el sector, sin embargo sigue cediendo mayor renta y derechos a las petroleras privadas que dominan el mercado. Los recursos no convencionales no son todavía un negocio para las petroleras privadas. No invierten pero se reservan derechos sobre los recursos estratégicos y presionan. El resultado es una economía más costosa y pérdida de soberanía. La propuesta es repetir lo hecho por Mosconi, tomar el control de la industria para poder decidir según las necesidades de nuestro país y nuestro pueblo. 

 

En su 5º Aniversario el M.R.P expresa lo siguiente La propaganda de los intereses petroleros a través de la política y de los medios más poderosos presenta a la sociedad un panorama que no tiene ninguna correlación con los resultados reales  y las perspectivas del sector. La realidad es que la producción de gas y petróleo sigue cayendo. La importación de combustibles y los precios que pagamos los ciudadanos y la industria siguen subiendo. Hace un año el gobierno proclamó la recuperación de la soberanía energética estatizando a la YPF vaciada y se hizo cargo de los gastos para reactivar el sector sin embargo sigue cediendo mayor renta y derechos a las petroleras privadas1 que dominan el mercado. Se creó la posibilidad de empezar a recuperar el poder de decisión, sin embargo los hechos muestran que vamos por el camino equivocado. Se está reprivatizando el sector. Se vuelve a repetir la misma política que provocó el vaciamiento petrolero, delegar la responsabilidad de recuperar la soberanía energética  a las grandes petroleras privadas responsables del agotamiento de las reservas por falta de exploración. Como resultado, economía más costosa, industria menos competitiva y empobrecimiento de la población. Ahí radica buena parte de la inflación y la amenaza de una desocupación creciente. 

 

Se está consolidando la debilidad estratégica en la provisión de energía. Las empresas privadas tienen intereses naturales opuestos al interés público, obtener renta no ayudarnos, y por otro lado están alentadas por políticas de estado de los países de origen para conseguir “seguridad energética” 2 para las economías propias, que compiten con la nuestra. La actual YPF posee solo un tercio de la industria petrolera y cada acuerdo que hace de cesión de áreas, cada contrato que se renueva con las grandes petroleras, es una profundización de la pérdida de control de la industria o sea de soberanía. Haber recuperado a YPF para el estado solo está sirviendo para que la sociedad vuelva a hacer el gasto de exploración para recobrar las reservas saqueadas. YPF es la única que está invirtiendo en serio y las petroleras privadas se siguen llevando el grueso de la renta. La pérdida del autoabastecimiento muestra la debilidad estratégica en el tema energético.

 

Tras 20 años de vaciamiento de la industria petrolera la provisión de energía se convirtió en el problema más crítico para la economía nacional.El gasto en importar energía supera  a toda la recaudación que se obtiene de la retención a la exportación de cereales. El rubro de mayor ingreso para el estado. Todo es más caro, desde el hogar hasta la industria, que es menos viable. La gente y el país se empobrecen. También es bueno recordar en que quedaron todas las promesas de bonanza y trabajo de renegociaciones y beneficios otorgados a las empresas por la provincia y la nación. El gobierno prioriza la explotación de los recursos no convencionales  a pesar de su elevado riesgo económico, ambiental y energético3, tecnología impulsada por las empresas de servicio (únicas beneficiadas hasta el momento) que imponen un muy alto precio al sector. Son demasiados los riesgos que se corren para la explotación de esta clase de recursos gastando miles de millones de dólares y años de tiempo sobre la base de una tecnología aun no confiable ni siquiera como fuente energética. La realidad muestra que los recursos no convencionales todavía no son un negocio para las petroleras4. Sin embargo igual las grandes petroleras toman posición de las áreas con el mismo objetivo de  “seguridad energética”, se reservan derechos sobre los recursos (ponen “la pata encima” de las áreas) y presionan al gobierno por mejores condiciones. Mientras tanto nos siguen vendiendo combustibles a muy alto costo. Una encrucijada sin solución para el interés público.  No existe la posibilidad práctica real de que las petroleras privadas hagan inversiones en las condiciones económicas actuales. Tampoco existe la posibilidad de controlarlas en estas prácticas de alto riesgo, según los antecedentes de su actuación con los recursos convencionales. Importar más de 12 mil millones de dólares en energía es una situación límite para el estado y la economía nacional. Para solucionar esta situación los problemas más críticos no son técnicos, tecnológicos ni siquiera financieros5, como quieren hacernos creer, el problema es político e implica soberanía. 

La solución es tomar el control total de la industria petrolera, obtener su renta, abaratar los costos, explotar racionalmente nuestros viejos yacimientos y recuperar el nivel de exploración de los recursos convencionales que tenía YPF hasta la privatización. O sea repetir lo que sabemos hacer, lo que hizo con éxito Mosconi  hace 90 años, en condición aún peor a la actual. Con esa base podremos discutir la explotación de los recursos no convencionales y decidir si  explotarlos genera más beneficios que daños a nuestra sociedad. 

 

Debemos además impulsar la cooperación y asociación con países de la región en la complementación energética, Bolivia, Brasil, Perú, etc., que poseen importantes recursos energéticos. Es indispensable el cambio de matriz energética  nacional que hoy tiene un 90 % de dependencia en los hidrocarburos.

 

Debemos hacer una actividad sustentable y para las necesidades de nuestro país y nuestro pueblo. Desechando de plano la idea de sacar hidrocarburos para exportar. El “debate del petróleo” no es solo sobre un recurso natural, sino sobre la propiedad y usufructo de los recursos energéticos del país o, como decía Mosconi, de “la fuente del progreso moral y material de los argentinos”. Es hora de volver al RUMBO SOBERANO EN LA POLÍTICA ENERGÉTICA ARGENTINA. COMPLETAR LO COMENZADO Y VOLVER A UNA YPF COMO LA DE MOSCONI. Es la única solución hoy como lo fue entonces para lograr y sostener no solamente el autoabastecimiento, sino la SOBERANÍA ENERGÉTICA NACIONAL PLENA. 

Movimiento para la Recuperación de nuestro Petróleo

y demás recursos energéticos

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2013/05/25/soberania-energetica-por-el-camino-equivocado/

        

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El modelo y la falta de Soberanía Energética
27 de octubre de 2014

 

Sobre la ley de hidrocarburos propuesta por el gobierno

Por Laura García Vázquez  

A la hora de escribir esta nota todavía no ha sido aprobada, y esperemos que no lo sea el próximo miércoles 29 de octubre, la nueva Ley de Hidrocarburos. En realidad no es una nueva ley sino la modificación de la actual.  Mi intención es que lo aquí dicho constituya un aporte para el trabajo que los argentinos tendremos que darnos con el objetivo de recuperar nuestra Soberanía Energética, algo estratégico y fundamental para cualquier país. 

Es llamativo el silencio que rodea esta modificación, es injusto y antidemocrático el proceso de decisiones tomadas y es por eso que necesitamos identificar a los diputados responsables de su aprobación en el caso que así sea. También debemos identificar al sistema político que permite estos pasos y que es necesario cambiar hacia el futuro,  dadas las malas consecuencias que origina. Por todo esto, quiero detenerme en algunas características de este paso en el proceso de entrega, dependencia y contaminación que, insisto, debe ser revertido. 

 

Modelo de Desarrollo 

El proyecto manifiesta una doble debilidad, la primera ligada a la dependencia neocolonial que toma a Estados Unidos como modelo y ejemplo por haber logrado su autoabastecimiento explotando los “no convencionales” utilizando fracking o fractura hidráulica. Esta visión hace que se plantee como una “inmejorable oportunidad de desarrollo” una política impuesta desde afuera. Esto anula la posibilidad de podernos plantear una verdadera y democrática discusión sobre qué modelo de desarrollo queremos en el fin de la era de los hidrocarburos, y también, esta forma de accionar consolida aún más una matriz energética regresiva, poco diversificada y poco estratégica, basada casi con exclusividad en los combustibles fósiles con el perjuicio que trae y seguirá trayendo en vistas a garantizarle a la población el derecho a la energía, que es un bien social y un derecho humano. Vale la pena aclarar que una matriz no puede cambiarse de un momento para otro, por lo tanto en el supuesto caso de que el pueblo logre tener en el futuro un gobierno que sí responda a los intereses nacionales y populares con respecto a la energía éste se vería en serias dificultades por el daño que se ha producido en la materia en nuestro país en los sucesivos gobiernos desde la década de los 90. 

 

Acuerdo antidemocrático 

El proyecto de modificación fue concebido en un acuerdo entre las provincias que componen la Organización Federal de estados productores de hidrocarburos, dejando de lado, no solamente las poblaciones sino todo el resto de las provincias que nos veremos involucradas en el futuro cercano  por estas decisiones. Cuanto más privada y más extranjera sea la empresa, más beneficios… Queremos señalar acá que no estamos hablando de cualquier bien, estamos hablando de un bien estratégico, que por lo tanto debe ser cuidado con responsabilidad para los intereses nacionales y populares, es decir, de todos los argentinos. Bajo esta premisa es totalmente inaceptable e inentendible la falta de defensa de lo público. El primer punto que nos llama la atención es parte de los fundamentos del Acuerdo en el que se basa el proyecto y sostiene promover: “mecanismos promocionales para grandes inversiones  de empresas nacionales e internacionales” El segundo es el propuesto como ARTÍCULO 91 bis: “Las provincias y el Estado Nacional , cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán a futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica.” Para ser totalmente claros, señalamos un ejemplo:  Panamerican  Energy puede establecer más áreas reservadas, cosa que no puede hacer YPF  a pesar de ser una Sociedad Anónima.

 

Sólo regalías y las más bajas de Latinoamérica 

Este proyecto deja muy claro que no puede cobrarse ningún tipo de impuesto ni provincial ni municipal por fuera de las exiguas regalías. Estas regalías que deben pagar las empresas no solamente se establecen en un 12%, menos de la mitad de lo que cobra Colombia, país caracterizado por ser “amigable” con las empresas, sino que en el mismo proyecto sostiene que pueden bajarse al 5%, y ahí no queda la cuestión, sino que vuelve a establecer, siempre en el marco de la ambigüedad general, que pueden reducirse un 50% más, es decir, quedar en el 2,5% para el caso de la explotación off shore. No es posible entender que haya representantes argentinos que levanten la mano aprobando este proyecto sino es bajo el signo la dependencia.  

 

Propuestas  

YPF debe ser 100% nacional,  estatal y pública. Entendiendo como público un concepto superador de lo estatal que permita la democratización y el control por parte de todos. Debemos sumar  la recuperación del 100% de los hidrocarburos para garantizar el derecho a la energía de TODOS LOS ARGENTINOS. También le decimos NO al FRACKING EN LA ARGENTINA por todos los peligros y problemas que esta técnica implica como está demostrado en el documental de Luis Rojas NI AQUÍ NI ALLÍ NI EN NINGÚN LUGAR. Debemos ir urgentemente hacia una matriz diversificada que incorpore fuertemente las energías limpias y renovables y un uso democrático de las mismas.  Es sumamente necesario realizar una Auditoría de reservas convencionales de hidrocarburos y racionalizar el uso de los mismos así como promover y realizar una fuerte integración energética con América Latina. Todas estas medidas tan simples y razonables no pueden tomarse debido a que la representatividad política en nuestro país no responde a los intereses del pueblo y del futuro, y he aquí nuestro principal problema. La inmensa mayoría de los representantes del gobierno y la oposición tienen ante la dependencia la inexplicable actitud de resignación o indiferencia en lugar de pelear fuertemente por nuestros bienes comunes invitando a la población a compartir esta lucha.  Nos queda construir una alternativa política enfrentando la cultura de la dominación, no importando cuánto nos llevará esta tarea.

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2014/10/27/el-modelo-y-la-falta-de-soberania-energetica/

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Nos urge contraponer poder de los pueblos de nuestro país y del Abya Yala a la ofensiva del capitalismo local e internacionalizado. Ya hay construcciones en ese sentido por territorios y cuerpos en disputa pero son ninguneadas e invisibilizadas por las izquierdas mediáticas y el kirchnerismo. De ahí la importancia del debate sobre:

 

Peculiaridades de Argentina

17  de diciembre de 2018

 

Por Claudio Katz

Rebelión

 

Ponencia en el Encuentro: “La Argentina hoy: la coyuntura actual en perspectiva histórica”, UESAC, Universidad Nacional de Quilmes, 26-9-2018.

Argentina es un gran enigma para los intérpretes del desarrollo. Un país favorecido por extraordinarias riquezas naturales y con una población relativamente calificada afronta agudas crisis periódicas. Esas convulsiones conviven con enormes movimientos de protesta en escenarios políticos convulsivos. ¿Cuáles son las causas del declive económico-social? ¿Cómo operan las fuerzas que acentúan y atemperan ese retroceso? ¿Qué problemas afrontan las explicaciones más corrientes?

Traumáticos desequilibrios

El país se encuentra nuevamente al borde del colapso. Los cierres de empresas profundizan la recesión, las escalofriantes tasas de interés sofocan la actividad productiva y los salarios soportan la peor caída de las últimas décadas. La inflación retomó los picos del pasado y sobrevuela el fantasma de otro default de la deuda.

El primer programa neoliberal que intentó el gobierno naufragó y el socorro brindado por el FMI se extinguió en 90 días. El segundo auxilio del Fondo incluye su manejo directo de la economía. Ha introducido una brutal restricción de gastos y una inédita aspiración de la circulación monetaria.

Ese ajuste conduce a un prolongado estancamiento o a incontrolables estallidos. Ya existen paralelos con escenarios de canje compulsivo de bonos y desbordes inflacionarios (1989) o de aguda depresión (2001).

Esta recurrencia de grandes convulsiones ilustra un retroceso de largo plazo con pocas semejanzas internacionales. En muy pocos países se verifican oscilaciones tan abruptas del nivel de actividad. El PBI argentino registró contracciones y expansiones superiores al promedio internacional en 12 oportunidades durante los últimos 35 años. Esas oscilaciones obstruyeron la acumulación, retrajeron las inversiones y elevaron los costos de financiación.

También es singular la dimensión alcanzada por la fuga de capitales. Un porcentual equivalente al 50 o 70% del producto bruto está localizado en el exterior. Los grupos dominantes guarecen en los paraísos fiscales significativas porciones de las ganancias que generan en el circuito local.

La magnitud de la inflación es otro dato peculiar. Superaba la media internacional en los años de generalizada remarcación internacional de precios y persiste en el actual contexto de estabilidad (o deflación). En contados países se verifican las tasas de dos dígitos anuales que imperan en Argentina.

Esa depreciación de la moneda ha empujado al ahorro en divisas y a la comercialización de muchos bienes en moneda extranjera. Por la misma razón, el volumen físico de dólares en circulación supera ampliamente el promedio en la región.

 

Condicionamientos objetivos

Argentina albergó una industrialización temprana, con cierto desenvolvimiento del mercado interno e importantes conquistas sociales. Pero ese distanciamiento inicial de las adversidades latinoamericanas se desvaneció en forma vertiginosa en las últimas décadas.

La economía del Cono Sur quedó muy afectada por los parámetros de rentabilidad de la globalización neoliberal. Esas referencias han forzado una reestructuración muy regresiva, en los países periféricos que alcanzaron mayor desenvolvimiento previo. La inadecuación del capitalismo argentino al modelo global genera esa agobiante sucesión de ajustes. La remodelación comenzó en los 80 y nadie avizora su finalización.

El mismo desacople afecta a otras economías medianas de América Latina. Todas sufren los efectos del viraje inversor hacia Oriente. Basta observar el contraste con el Sudeste Asiático para notar la envergadura de esa mutación. Dos zonas que compartían el mismo status económico relegado han seguido trayectorias opuestas.

Este cambio impacta sobre Brasil, que padece el estancamiento de la productividad, los déficits externos y la obsolescencia de la infraestructura. También las maquilas mexicanas han perdido gravitación frente a los competidores asiáticos.

Pero las adversidades de Argentina son mayores. La economía que inauguró el modelo sustitutivo de importaciones, no ha logrado superar las consecuencias de esa antelación. Quedó más descolocada que sus pares frente al nuevo patrón productivo de las empresas transnacionales.

Argentina no tiene las compensaciones que conserva México por su cercanía con el mercado estadounidense. Tampoco cuenta con el tamaño de Brasil para ampliar la escala de producción. La balanza comercial desfavorable con el socio limítrofe ilustra esa adversidad.

Las periódicas reactivaciones de la industria argentina nunca lograron contener el declive. Ha persistido la alta concentración en pocos sectores, el predominio extranjero y la baja integración de componentes locales. En el trienio de Macri se ha consumó un verdadero “industricidio”. Se han perdido 107.000 puestos de trabajo, la producción se ubica un 14% por debajo del 2011 y el nivel de empleo se equipara con el 2008.

Algunos analistas contraponen estas dificultades con la estabilidad de Chile, Perú o Colombia, presentando una visión edulcorada de esas retrasadas economías. Quiénes tradicionalmente emulaban a Estados Unidos, España o Italia, ahora se resignan a seguir los modelos situados en un escalón inferior.

Pero eluden explicar por qué razón Argentina continúa atrayendo inmigrantes de esas naciones e ignoran la invalidez de su comparación. Las nuevas economías referentes evitan la demolición fabril de Argentina por su simple carencia de parques industriales significativos.

Nuestro país ha perdido también el privilegiado lugar internacional de sus exportaciones de carne y trigo. Se amplió el número competidores de ambos productos y la soja no cumple la misma función multiplicadora de otras actividades. Al contrario, acentúa la quiebra de la agricultura integral y complementa la escasa creación de puestos de trabajo, que generan la minería a cielo abierto o la extracción de petróleo con shale.

En las últimas décadas se acentuó la incapacidad de distintos gobiernos para canalizar la renta del agro (la minería o los combustibles) hacia el desarrollo productivo. Esa impotencia refuerza el contraste con Australia, que se especializó en la exportación de materias primas, expandiendo al mismo tiempo ciertos servicios e industrias intensivas.

La imitación de ese sendero se encuentra actualmente más obstruida. Australia no afronta la complementariedad y rivalidad agrícola de Argentina con Estados Unidos y su proximidad del Sudeste Asiático le ha permitido una reconversión, que no está al alcance de Sudamérica.

 

Turbulencias políticas

El retroceso económico es la principal causa de la inestabilidad general. La ausencia de crecimiento sostenido y la recurrencia de las crisis corroen desde hace varias décadas a los presidentes de distinto signo.

Los gobiernos militares de los años 60 fueron más volátiles que sus equivalentes sudamericanos y ninguna otra dictadura colapsó por una incursión militar semejante a Malvinas. Tampoco ha sido tan corriente en otros países, la renuncia anticipada de los mandatarios o la asunción de cinco presidentes en una semana.

El uso de la coerción para contrarrestar esa vulnerabilidad está seriamente limitado. El desprestigio que sucedió a los crímenes de la dictadura, la aventura militar contra los británicos y los levantamientos de los carapintadasanularon el viejo protagonismo del ejército. No ejerce el poder explícito que exhibe en Colombia, México o Brasil, ni el rol subyacente que juega en Chile o Perú.

Ese desplazamiento priva a la clase capitalista de un importante instrumento de dominación. El rol activo de las fuerzas armadas en el sostenimiento de los sistemas políticos no es un resabio del siglo XX. Constituye una urgente necesidad de los regímenes autoritarios de América Latina.

La restauración de esa influencia ha sido una frustrada prioridad de Macri. Forjó un Ministerio de Seguridad con asesoramiento israelí para adiestrar represores e intentó derogar la ley, que impide la intervención de los gendarmes en la represión interna.

La inestabilidad política deriva, además, de la erosión de los partidos tradicionales. La UCR quedó muy deteriorada por sus dos fracasos gubernamentales. El desplome de De la Rúa fue más impactante que la forzada salida de Alfonsín, pero ambos desenlaces quebraron la antigua primacía del radicalismo en la clase media. Ese agrupamiento subsiste actualmente como una formación subordinada al PRO.

También el peronismo perdió una parte de su viejo sostén popular. Ha logrado una supervivencia que no consiguieron sus pares de la región (PRI de México, APRA de Perú, Varguismo de Brasil, MNR de Bolivia), pero quedó muy erosionado como columna vertebral del movimiento obrero. La aguda fragmentación entre trabajadores formales e informales corroe la uniformidad social que sustentaba al justicialismo. Ese deterioro se verifica en el plano ideológico. Frente a una identidad muy debilitada, sólo una minoría canta la marcha con la espontaneidad del pasado.

La década kirchnerista consagró la fractura actual entre los sectores derechizados del peronismo (que sostienen la gestión de Macri) y el espectro progresista (que lidera Cristina). Habrá que ver si convergen nuevamente en una opción de gobierno. En cualquier variante se ha debilitado su viejo rol de reserva frente a los vacíos de poder. El peronismo acompaña la crisis general de gobernabilidad.

 

Empobrecimiento y resistencia

Un tercio de la población argentina está sumida en la pobreza o en la informalidad laboral. Por esta razón el asistencialismo se ha transformado en un renglón perdurable de las cuentas públicas. Los planes de auxilio surgidos de la lucha popular se han convertido en un gasto indispensable para la reproducción del tejido social. Lo que inicialmente irrumpió como una respuesta provisoria a la emergencia se ha transformado en un dato estructural.

La fotografía de esa pauperización se asemeja a cualquier retrato de América Latina. Pero la degradación argentina ha sido más fulminante y contemporánea. A diferencia de la región, el porcentaje de los desamparados no superaba el 5% de la población en los años 70. La vertiginosa expansión posterior no tiene parangón y afecta poblaciones ya urbanizadas y escolarizadas. No repite, por ejemplo, la masiva expulsión de campesinos mexicanos de sus tierras.

Pero esa impactante regresión social no ha debilitado en Argentina la continuidad de la lucha popular. En muy pocos países se verifica esa perdurable escala de protestas. Especialmente el sindicalismo mantiene un inusual protagonismo en comparación a otros países.

Desde el fin de la dictadura se realizaron más de 40 huelgas generales con altísimo acatamiento. Bajo la gestión de Macri se concretaron tres paros con el mismo grado de cumplimiento. La sindicalización se ubica en el tope de los promedios internacionales, luego de la gran recuperación de afiliados registrada durante la década pasada.

Este peso de la organización sindical se verifica en los momentos de mayor conflicto. La hostilidad de los medios de comunicación no ha disuadido el acompañamiento (explícito o pasivo) de los sectores no agremiados. El gobierno sólo mantiene el ajuste por la complicidad de la burocracia sindical. Su incapacidad para doblegar la lucha popular ha erosionado el sostén que recibe de la clase capitalista.

Los movimientos sociales aportan un segundo frente de gran respuesta por abajo. Los piquetes del 2001 han desembocado en organizaciones que reúnen multitudes. Esas convocatorias aseguran la continuidad de los planes, que Macri y Vidal no se atreven a cortar. Repiten con las organizaciones sociales las mismas negociaciones de sus antecesores.

Las movilizaciones se extienden también a la juventud, que congregó un inédito número de manifestantes en la batalla por el aborto. Toda la política argentina se dirime en las calles y se procesa posteriormente en las instituciones. La remodelación económica regresiva que exigen los capitalistas choca con la gran barrera de la resistencia social.

Esa vitalidad de la lucha siempre asemejó a la Argentina con Francia y en la coyuntura actual emparenta a Macri con Macron. Dos presidentes al servicio explicito de los acaudalados afrontan el mismo repudio de los empobrecidos.

Ambivalencias e idearios

La clase media siempre osciló entre dos conductas frente a las tensiones del país. En ciertos momentos sostuvo a las fuerzas gorilas y dictatoriales y en otras circunstancias apoyó a los líderes democráticos y radicalizados. Esta misma fluctuación se verifica en muchos países, pero en Argentina incluye ingredientes más conflictivos.

Macri canalizó el descontento de las franjas medias que golpeaban las cacerolas contra Cristina, denigrando a los precarizados y naturalizando la conveniencia de un gobierno de millonarios. Esa adhesión ha quedado corroída el desastre económico de Cambiemos pero no se ha disuelto. Es una incógnita cómo incidirá en el país la oleada ultraderechista que llegó a Sudamérica de la mano de Bolsonaro. Hasta el momento prevalecen las diferencias que separan a la Argentina de Brasil1.

El núcleo duro de la derecha se encuentra muy afincado en grupos adinerados y generaciones veteranas. Su prédica es influyente, pero no ha calado en el grueso de la población. Los sectores medios habitualmente conservadores glorifican el mercado hasta que el ajuste los afecta. También avalan la coerción estatal, pero no la represión en gran escala.

A su vez, los segmentos progresistas del mismo universo participan limitadamente en las protestas. Exhiben un gran temor a los efectos devastadores de la crisis. El trauma legado por el 2001 contiene sus reacciones.

La derecha siempre ha disputado preeminencia en la clase media, en conflicto con la gran tradición de derechos humanos y educación pública. El primer cimiento incluye vasos comunicantes con las Madres, las Abuelas y los Familiares de desaparecidos. Esa sintonía cobra visibilidad en las masivas conmemoraciones del 24 de marzo.

La conciencia democrática se realimenta con la recuperación de los nietos y las batallas por la identidad o la memoria. Por eso naufragaron los intentos oficiales de indultar a los genocidas. El “dos por uno” suscitó un contundente rechazo y el crimen de Maldonado desató una conmoción.

Estas convicciones democráticas se asientan en el perdurable legado de la educación pública. La escolarización masiva en establecimientos laicos forjó un ideario de convivencia y progreso que persiste hasta la actualidad.

El neoliberalismo intenta destruir la enseñanza estatal para naturalizar la segmentación social. Con asfixia de recursos, deterioro de los colegios y hostilidad hacia los docentes propicia el modelo chileno de privatización escolar.

Pero no ha podido generalizar las creencias elitistas, ni anular la vitalidad del pensamiento crítico en las universidades. Los sectores medios -que en los 90 acompañaron la resistencia de las Carpas Blancas- continúan comprometidos con la defensa de sus tradiciones educativas.

Falacias neoliberales

Las tensiones de Argentina obedecen a desequilibrios específicos del capitalismo, en escenarios de gran resistencia popular. La derecha desconoce ambos determinantes y sitúa el origen de todos los problemas en el descontrol del gasto público. Estima que ese desborde agiganta la incidencia del estado, en desmedro del sector privado.

Pero esas erogaciones no superan el promedio mundial o regional. La economía argentina no es más estatista que sus pares y los momentos de gran déficit fiscal siempre obedecen a alguna necesidad de las clases dominantes. Los recursos del Tesoro se destinan a empresas afectadas por convulsiones cambiarias o a bancos corroídos por temblores financieros.

Con esos auxilios el estado ha intentado contrarrestar la conducta improductiva de una burguesía que invierte poco, fuga capital y remarca precios. Los problemas del sector público se originan en el sostén otorgado a los dueños del país.

En lugar de registrar ese favoritismo los liberales culpan a la población. Sin ofrecer ninguna evidencia, estiman que la sociedad se acostumbró al financiamiento estatal del consumismo. Omiten que el poder de compra ha caído en sintonía con el deterioro de la alimentación, la salud y la educación. El sobre-consumo está restringido a la clase alta y nunca se extiende a los empobrecidos.

El gasto público refuerza esa desigualdad mediante subsidios y un sistema impositivo regresivo. No es cierto, que la esforzada actividad privada sostiene al parasitario sector público. Los grandes capitalistas incrementan su beneficio manejando ambas esferas.

Los liberales (y sus ahijados “neo”) suelen despotricar indiscriminadamente contra los argentinos que “viven por encima de sus posibilidades”, agotando las viejas riquezas de la nación. Pero olvidan que Argentina no se convirtió en un desierto, ni perdió sus extraordinarias ventajas naturales. Sólo afronta una mayor depredación de esos activos. La renta transferida al exterior no genera empleos y acentúa la desinversión.

El liberalismo ha gobernado en incontables oportunidades y siempre agravó los desequilibrios que promete erradicar. Pero invariablemente culpa al resto de la sociedad de su fracaso. Macri repite esa conducta acumulando un récord de fallidos que achaca a otros. Atribuye la regresión económica del último trienio a la herencia de siete décadas. Con ese artificio disimula el impacto de su programa de endeudamiento, apertura comercial y flexibilización laboral.

Al subrayar la responsabilidad de sus adversarios, los liberales omiten su preeminencia en las administraciones cívico-militares, menemistas y aliancistas de las últimas décadas. Especialmente los voceros de Cambiemos ocultan que Macri no inventó el capitalismo de amigos, la agresión al sindicalismo y el deslumbramiento por el capital extranjero. Repite lo hecho por quiénes propiciaron las mismas cirugías económicas y los mismos atropellos sociales, sin lograr el restablecimiento de la tasa de acumulación.

El PRO repite los viejos pretextos y busca en las adversidades internacionales las causas de los desajustes que autogenera. Pero no explica por qué razón ningún otro país afronta un desgarro semejante. Como ya ocurrió con Martínez de Hoz, la convertibilidad y Cavallo-De la Rúa, el financiamiento aventurero de la reconversión neoliberal desemboca en un desplome de la economía.

Es particularmente asombrosa la semejanza con los años 90. Apreciación del tipo de cambio, desmantelamiento de la producción nacional, apertura comercial indiscriminada, despilfarro de dólares en turismo, desregulación laboral y aceitadas bicicletas financieras, para solventar con deuda la fuga de capital.

Macri sólo aporta un descaro mayor en la implementación de las mismas políticas. Esa desfachatez es congruente con su pertenencia a la elite capitalista. Prescinde de las viejas mediaciones y ensaya un formato de neoliberalismo crudo, con los mismos resultados del pasado.

 

Demonización del populismo

La derecha atribuye la inestabilidad política a la demagogia de los funcionarios. Considera que esa irresponsabilidad potencia la indisciplina endémica de los argentinos. Estima que la vieja “viveza criolla” ha desembocado en una falta de respeto a las instituciones. Sostiene que esa “cultura de la desmesura” socava la ética del esfuerzo requerido para forjar un “país normal”.

Esa mirada imagina un estereotipo de argentino culpable de todas las desventuras nacionales. ¿Pero a qué grupo social pertenece ese descarriado? ¿Comparte la holgazanería de los financistas? ¿Derrocha las rentas del agro-negocio? ¿Perpetra las estafas de la “Patria Contratista”? Los derechistas evitan asociar al impugnado personaje con los dueños de país. Concentran en el pueblo su identificación de la argentinidad con la vagancia.

La variante macrista del mismo relato incorpora los clichés de la nueva derecha. Repite el sermón del diario La Nación con poses de inconformismo y recicla la ideología gorila con retórica new age.

La principal desgracia del país es invariablemente situada en el populismo. Pero se olvida que Argentina perdió la exclusividad de esa enfermedad. Actualmente esa denostada condición tiene más peso en los admirados paraísos de Estados Unidos y Europa. Los liberales nunca definen el significado exacto del populismo y simplemente lo descalifican por su eventual sostén de alguna mejora de los trabajadores.

Las críticas más corrientes son descargadas sobre los políticos que utilizan engañosas promesas para ganar elecciones. Pero esas mentiras suelen alcanzar también a los líderes del propio palo. Macri llegó a la presidencia anunciando una lluvia de inversiones y generó la peor bicicleta financiera de la historia. ¿Ese fraude no ilustra una típica perversidad del populismo? Con su habitual doble vara los derechistas eximen al presidente.

También cuestionan el “desapego a la ley” de los argentinos exceptuando a los poderosos. Consideran normal la entrega por moneditas de empresas del estado o la legalización de la evasión por medio de blanqueos. Pero exigen duras penalidades contra las demandas de los empobrecidos.

Con la misma óptica sesgada presentan a la corrupción como un vicio de gobernantes anteriores. Olvidan que todas las administraciones del planeta se exculpan con el mismo argumento. La “pesada herencia” no es un invento del PRO.

Pero en manos de Cambiemos el estandarte multiuso de la corrupción es una braza caliente. Muy pocos personajes del gobierno pueden justificar sus incalculables fortunas. Los miembros del gabinete exhiben sorprendentes incrementos de patrimonio, valuaciones truchas de propiedades e inversiones millonarias en el exterior. Al tope del listado de irregularidades se ubica el propio Macri, que apuntala desde la presidencia los turbios negocios de su grupo familiar. Un individuo enriquecido a costa de erario público emite desde la Casa Rosada mensajes de transparencia.

 

Odio de clase

Los liberales consideran que Argentina decayó por su divorcio de Occidente. Imaginan al país como un ahijado de Europa casualmente localizado en la geografía latinoamericana. Suponen que el virus del populismo lo alejó de una trayectoria semejante a Estados Unidos o Canadá.

Pero olvidan que las naciones endiosadas también atravesaron por etapas de intervencionismo estatal, protección aduanera, liderazgo personalista y escaso apego a la pulcritud republicana. Tampoco evalúan qué tipo de inserción plasmó cada país en la división internacional del trabajo. Ignoran por completo el significado de la dependencia.

Los conservadores sitúan el origen de la decadencia nacional en el abandono del diseño propiciado por la generación del 80. Entienden que ese proyecto quedó a medio camino, cuando los pilares de la civilización liberal fueron erosionados por la barbarie local.

Pero olvidan que el añorado universo de la oligarquía fue construido sobre las sufridas espaldas de campesinos, arrendatarios y asalariados. Los latifundistas solventaron su derroche en la expropiación de ese esfuerzo. Sus admiradores tampoco registran cómo el rentismo improductivo sentó las bases del estancamiento posterior.

La idealización de los terratenientes impide registrar sus perdurables huellas en las clases dominantes posteriores. Esa continuidad se verifica en un empresariado reacio a la inversión y habituado a las ganancias rápidas.

Los neoliberales igualmente ponderan la enorme potencialidad de los argentinos para generar prósperos emprendedores. Nunca explican por qué razón esas cualidades permanecen bajo la superficie. Pero, además, subdividen la encarnación de esos rasgos en grupos sociales muy diferenciados.

No extienden las virtudes que perciben en las clases altas a los empobrecidos. La elogiada creatividad de los capitalistas se transforma en perniciosa avivada, cuando se corporiza en empleados públicos. La astucia del banquero se convierte en mezquino provecho entre los trabajadores y la conveniente picardía del adinerado se torna mala praxis en manos del cuentapropista.

Esa hostilidad hacia los pauperizados alcanza su pico en la evaluación de los planes sociales. Los neoliberales estiman que sus receptores “no quieren trabajar” porque “viven del erario público”. Denuncian a “las mujeres que se embarazan para cobrar la asignación por hijo” y a los hombres que “rehúyen el empleo”, para mantener los beneficios asistenciales.

Utilizan esas calumnias para cerrar los ojos ante la miseria de los mendigos, que sobreviven hurgando la basura. En lugar de promover la solidaridad con los desamparados, culpan a las víctimas de sus desventuras. No quieren registrar que nadie elige la marginalidad. Los empobrecidos simplemente no consiguen trabajo por la retracción del mercado laboral que impone la coyuntura recesiva y la desindustrialización estructural.

 

¿Inutilidad de las protestas?

Los neoliberales se irritan con las protestas que visibilizan la degradación social. Claman especialmente contra la ocupación del espacio público por los manifestantes. Pero nunca juzgan todas las movilizaciones con el mismo parámetro. Enaltecían la participación ciudadana, cuando las rutas eran cortadas por los agro-sojeros o las calles quedaban bajo control de los caceroleros anti-K.

Habitualmente reivindican sus propias marchas como ejemplos de civilidad que no molestan a ningún transeúnte. Por el contrario, las acciones populares son presentadas como desordenes promovidos por los punteros que financia el estado. Los participantes de esos actos son retratados como ignorantes arriados de un lugar a otro, a cambio de un choripán, para proferir gritos de ocasión. Esa contraposición entre ciudadanos civilizados y hordas manipuladas ya es un clásico de la literatura conservadora.

Pero la diabolización de los piquetes se ha transformado también en una obsesión del periodismo cortesano. Estima que la libertad de circulación debe primar sobre el derecho a reclamar por la supervivencia. Frecuentemente convoca a “buscar otro método” de protesta sin aportar sugerencias sobre esa alternativa.

Otra variante más elaborada del mismo discurso señala que “la década precedente de derechos” debe ser mejorada con un nuevo “decenio de obligaciones”. Pero divorcia esos complementos abstractos de la vida ciudadana del agravamiento de la miseria. Los planteos más agresivos retratan a los manifestantes como “extorsionadores” de la población, sugiriendo que conforman un grupo demográfico distinto. Con esa descalificación ocultan que los únicos chantajistas son los artífices del ajuste.

Es evidente que los piquetes se han generalizado como forma de lucha ante la falta de trabajo. La expulsión del circuito laboral empuja a los excluidos a cortar el tránsito para hacer valer sus peticiones. Obviamente generan molestias a los que no participan de su acción. Pero esos inconvenientes afloran en cualquier lucha y no son mayores que los afrontados cotidianamente por el grueso de la población.

Los derechistas presentan los piquetes como un deporte de militantes. Complementan esa tontería con el llamado a concertar negociaciones antes de cada protesta. Este descubrimiento ignora que las marchas siempre están precedidas por frustradas tratativas. Lo más frecuente es la total desaprensión hacia los sufrimientos de los desposeídos. Si no hay un clamor en las calles, los altos funcionarios ni siquiera escuchan las demandas. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación. Sólo visibilizan los reclamos transformados en exigencias colectivas.

Pero lo más importante es el resultado de esas luchas. La movilización es el único antídoto efectivo a la regresión social. Lejos de constituir una “respuesta inútil”, introduce un límite al desmoronamiento de los ingresos populares. No todo “sigue igual” al otro día. Las protestas tienen resultados inmediatos y posteriores. Los planes sociales subsisten por la resistencia y el recorte de los salarios habría sido mucho mayor sin lucha. La acción es lo único que atemoriza a los poderosos.

La movilización callejera impide, además, la amnesia de tradiciones populares que ambiciona la derecha para consolidarse. La persistencia de ese legado explica los significativos niveles de militancia y politización que imperan en el país. Esa participación popular obstruye la estabilización de gobiernos tecnocráticos, acota la prepotencia imperial estadounidense y limita la penetración de la ideología neoliberal.

¿Libre elección del modelo capitalista?

Muchas inconsistencias de la visión liberal han sido esclarecidas por sus críticos desarrollistas. La mirada económica heterodoxa, la tradición ideológica nacionalista y las posturas políticas progresistas han refutado numerosos mitos de sus adversarios, con frecuentes burlas a las zonceras de esa concepción.

Han descripto especialmente cómo los liberales repetidamente restauraron el modelo agro-exportador o el patrón de valorización financiera, en desmedro del desenvolvimiento industrial. Subrayan que Argentina necesita la intervención del estado para apuntalar su crecimiento, con protección aduanera, fomento fabril y jerarquización del mercado interno.

Esa visión resalta correctamente la tensión histórica entre dos modelos, pero soslayando su cimiento común en el capitalismo dependiente. Esa configuración determina la fragilidad de los distintos esquemas y su variable primacía en función del contexto externo.

El modelo agro-exportador despuntó en la primera mitad del siglo XX, cuando la industrialización del centro requería los insumos provistos por la Pampa. La sustitución de importaciones despegó en el marco keynesiano de entre-guerra (y posguerra), que favorecía cierto desenvolvimiento de las economías intermedias. La valorización financiera irrumpió en el escenario contemporáneo de la globalización y ha precipitado la regresión latinoamericana al extractivismo exportador.

Si se analiza el predominio de estos modelos con estrechas anteojeras locales, resulta imposible explicar la cambiante supremacía de cada uno. La pugna entre liberales y desarrollistas siempre estuvo condicionada por el status periférico del país.

Los desarrollistas (y sus discípulos “neo”) relativizan esa sujeción, sugiriendo que cada país elige libremente el tipo de capitalismo vigente en sus fronteras. Pero es muy ingenuo suponer que Argentina decidió vaciar su estructura fabril, en contraposición a la preferencia coreana por un curso industrial.

No tiene sentido postular que ellos optaron por la apertura selectiva, la incorporaron de bienes de capital y nosotros por la regresión al monocultivo de la soja. El capitalismo global no funciona con esa simple convalidación de trayectorias nacionales. La preeminencia de esas decisiones induciría a todos los países a repetir el sendero de Suiza y a evitar el rumbo de Haití.

Los neoliberales olvidan que el capitalismo no ofrece oportunidades de desarrollo a todos sus integrantes. Opera en un marco internacional estratificado, con márgenes de autonomía muy acotados y variables, en las distintas regiones que circunvalan a las metrópolis. El sistema se rige por principios de cruda competencia y otorga premios muy selectivos a los ganadores que sofocan adversarios.

Argentina padece con mayor dureza las consecuencias de ese sistema y la generalizada adversidad económica actual de América Latina. Para colmo, su vieja burguesía nacional ha sido reemplazada por una burguesía local con negocios más diversificados e internacionalizados.

Algunos neo-desarrollistas reconocen estas transformaciones, pero suponen que el fomento estatal del consumo igualmente empujará a los empresarios a retomar la inversión. Omiten que esa receta no es viable cuando los capitalistas privilegian otro curso. En ese caso, resulta imposible sustituirlos con la intervención estatal manteniendo el sistema actual. El capitalismo sin sus protagonistas es un contrasentido.

 

La experiencia kirchnerista

Lo ocurrido durante la década pasada, confirma las limitaciones de un simple proyecto antiliberal para revertir el declive económico-social del país. El kirchnerismo intentó retomar un rumbo neo-desarrollista, con menores ambiciones de reindustrialización, mayores contemplaciones hacia el agro-negocio y creciente timidez frente a los financistas.

A diferencia de otras experiencias, contó con un periodo prolongado para ensayar su modelo. Ciertamente heredó el descomunal desplome del 2001, pero usufructuó del extraordinario repunte de las ganancias, que sucedió a la desvalorización interna de capitales. También aprovechó el viento de cola externo generado por el superciclo de las materias primas.

Pero en el lugar de remover los cimientos del subdesarrollo confió en socios capitalistas, que utilizaron los subsidios para fugar capital sin aportar inversiones. El resultado fue la preservación del perfil económico extractivo, la estructura industrial dependiente y el sistema financiero adverso a la inversión.

El kirchnerismo atenúo inicialmente los desequilibrios de la economía, pero se quedó sin cartuchos cuando el contexto internacional se tornó adverso. En ese momento el incentivo al consumo dejó de funcionar y resurgió el déficit fiscal con alta inflación. Intentó un tardío e ineficaz control de cambios, eludió la reforma impositiva progresiva y retomó el endeudamiento externo.

La evaluación crítica de esa gestión es actualmente soslayada por sus artífices. Se limitan a contraponer la “década ganada” con el desastre del macrismo. Ese contraste salta a la vista y resulta especialmente visible en la evolución de los salarios, el endeudamiento o las tarifas. Pero no resuelve las falencias del decenio anterior.

La omisión del balance conduce a suponer que bastará con repetir lo hecho para retomar el crecimiento. En las terribles condiciones actuales de endeudamiento y recesión esa expectativa es infundada.

La derecha macrista no logró supremacía electoral sólo por los errores políticos, culturales o de comunicación de su adversario. El kirchnerismo falló en el plano económico por mantener los privilegios de los grupos dominantes y eludir las transformaciones requeridas para erradicar el subdesarrollo y la desigualdad.

En el nuevo escenario, el logro de esas metas exige nacionalizar los bancos y el comercio exterior a partir de una ruptura con el FMI. Esas decisiones son indispensables para recuperar la soberanía monetaria y financiera. Los agudos problemas actuales no se resuelven con vagas exhortaciones a reforzar la regulación estatal. Esos controles pueden incluso multiplicar las adversidades, si apuntalan los intereses de los grupos dominantes. El capitalismo financiarizado y agro-exportador es una tormentosa realidad que no se supera con ilusiones en el capitalismo inclusivo.

Encrucijadas pendientes

Algunos ensayistas han buscado la explicación de las conmociones que afectan al país en el ADN de los argentinos. Pero es más sencillo registrar que esas crisis expresan la traumática inadaptación del capitalismo local a los nuevos parámetros globales. También es más clarificador notar cómo las reacciones populares limitan los efectos de esos desajustes y permiten tantear senderos de reconstrucción del país.

Dos fuerzas en conflicto definen el devenir de Argentina. El estancamiento económico potencia la inestabilidad política, acentúa la fractura social y empuja a la resignación. Las protestas confrontan con esa pasividad y abren rumbos para la recomposición de la vida nacional.

Las crisis frecuentemente erosionan las expectativas en encontrar algún remedio al deterioro argentino. Las luchas populares recrean, en cambio, las esperanzas en el hallazgo de esa solución. En esa tensión, la desazón y el entusiasmo se suceden al compás de la gran disyuntiva: tolerar la regresión o forjar otro horizonte desde la resistencia. El futuro se construye en esa cotidiana batalla.

Nota:

1 Hemos analizado ese contrapunto en Katz Claudio. Interrogantes de la era Bolsonaro 17-11-2018, www.lahaine.org/katz

Claudio Katz es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página web es: www.lahaine.org/katz

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=250287

 

 

Leemos que Claudio Katz sostiene:

"Las protestas confrontan con esa pasividad y abren rumbos para la recomposición de la vida nacional.

Las crisis frecuentemente erosionan las expectativas en encontrar algún remedio al deterioro argentino. Las luchas populares recrean, en cambio, las esperanzas en el hallazgo de esa solución. En esa tensión, la desazón y el entusiasmo se suceden al compás de la gran disyuntiva: tolerar la regresión o forjar otro horizonte desde la resistencia. El futuro se construye en esa cotidiana batalla".

 Parte de enfocar al gobierno de Mauricio Macri como restauración del neoliberalismo e implantación del poder directo de transnacionales, gran burguesía local y oligarquía terrateniente. Desconoce que la deKada ganada implicó maximización de la concentración y transnacionalización económico territorial de Argentina mediante la gran expansión de los extractivismos. Coincide con el análisis siguiente desconocedor o encubridor de cómo la democracia desde 1983 hasta hoy -sin interrupción- llevó a cabo la profundización de:

 

 

 

La miseria planificada

17  de diciembre de 2018

 

Por José Pablo Feinmann

Página/12

Releer hoy la Carta de Walsh a la Junta Militar estremece. La simetría con el gobierno actual es alarmante. Según una conocida consigna, Macri es la dictadura. No está tan errada como pretenden los oficialistas. Walsh divide en dos partes su texto. La primera se refiere a la represión. La segunda a la economía. En esta segunda parte dice que los horrores son aún mayores que los de la represión, que está a su servicio. “Dictada por el Fondo Monetario Internacional (escribe) según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales (…) al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete”. Los horrores de la Junta no son los que han hecho sufrir más al pueblo ni las peores violaciones a los derechos humanos. Es en la política económica donde está la explicación de los crímenes y “una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

El presupuesto 2019 que envió el macrismo al Congreso y que fue aceptado con apoyo de la oposición puede ser conceptualizado como el presupuesto de la miseria planificada. Se han cumplido tres años de este infausto gobierno y el panorama económico es devastador. Hay más de 13 millones de pobres. Entre ellos, los niños y los abuelos. Hay comedores escolares, comunitarios, donde los niños pueden alimentarse y paliar su situación extrema. Pero no alcanzan para todos. Ya hay algunos que mueren. En cuanto a los jubilados la crueldad es premeditada. ¿Qué hicieron los viejos para castigarlos así? “Con los viejos, no”, piden algunos voluntariosos actores en mensajes televisivos. La inflación superó tan largamente la suma que recibe un jubilado que no extrañaría que fueran los viejos los que no tendrán otra salida que elegir la calle para dormir en los zaguanes y comer de los tachos de basura. “Los umbrales han vuelto a ser para los novios”, decía Discépolo enumerando las bondades del primer peronismo. Ya el estómago no se queja de hambre –decía– sino que canta “el chamamé de la buena digestión”. Se dirá –a izquierda y derecha– lo que se quiera de los populismos, menos que no dan de comer. El peronismo es dar trabajo. La izquierda es tomar la fábrica. La cuestión –siempre delicada– es decidir en qué coyuntura se recurre a uno o a otra.

Hoy, en medio de la miseria planificada, el populismo es la opción que se debe elegir. De aquí que haya salido una solicitada con la firma de los más destacados intelectuales y artistas del país apoyando la candidatura (todavía demorada) de CFK.

Con la economía deteriorada, con la decisión de no cambiar el rumbo del plan de miseria, es comprensible que el gobierno haya cambiado el eje de su campaña electoral, que es indetenible. Su obsesión (y la del establishment) es que no vuelva el populismo. Para eso ha virado el eje a la seguridad. Siguiendo los pasos de Bolsonaro, la ministra de seguridad quiere imponer la doctrina Chocobar. A la sra. Bullrich le fascinan las armas y las fuerzas del llamado orden, que es el que ella defiende y el que está en el gobierno. Mano justa se le llama al gatillo fácil. La policía puede hacer fuego según se le ocurra. Y si es por detrás, por detrás será. Este gobierno festeja cuando hay un nuevo pibe preso (recordar a Bullrich, Esteban) y a Macri tendiéndole su diestra al mismísimo Chocobar. Con esto buscaron y buscarán votos. Como son malvados conocen mejor que los demás el alma oscura y también malvada de los pueblos. Saben que el ciudadano común quiere mano dura con la delincuencia. Suponen (y bien) que si les ofrecen eso en campaña electoral votarán por ellos. Bolsonaro ganó porque prometió hacer fuego y porque odia al progresismo y a los homosexuales. Igual, muchos homosexuales lo votan. Porque se sienten más amenazados por la delincuencia que por el antiguo y vehemente capitán del Ejército.

Aquí, entre nosotros, Bullrich ha subido su imagen. Las encuestas le dan bien. Hasta se la señala para acompañar a Macri en la fórmula de 2019. Si el Ríver-Boca salió mal y tuvo (para vergüenza del país pero para lucro de los negocios omniabarcantes de Macri) que jugarse en el bello Santiago Bernabéu de Madrid, el G20 salió bien y el presidente-anfitrión ya se sueña entre los grandes del mundo. Ergo, la seguridad será su bandera. Si organizó un G-20, ¿cómo no va a eliminar la delincuencia? Sin embargo, este gobierno es ampliamente culpable de la delincuencia. En un país con hambre hay inseguridad. “Si no ayuda Dios, que ayude Satán”, dice un tango de Celedonio Flores sobre un pobre que rompe la vidriera de una panadería para robar un pan. ¿Hace otra cosa Jean Valjean en “Los miserables” de Victor Hugo? Hambriento, roba un pedazo de pan. El tema, como vemos, viene de lejos. Hobbes, en Leviatán, dice que no debe penarse al que roba por hambre. Bullrich no opina igual. Su modelo es Bolsonaro. Y sabe (como su jefe, Macri) que, en lugar de la economía, la seguridad será el eje de la campaña electoral. Y la tan cacareada lucha contra la corrupción. Que se le ha ido de las manos al gobierno y ha salpicado a su propia familia. Es que los jueces –cuando se embarcan en estas campañas punitivas– no tienen límites, la celebridad los marea y ya no distinguen entre propios y ajenos porque sólo juegan para su brillo personal.

http://www.pagina12.com.ar/162462-la-miseria-planificada

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=250286

 

 

Necesitamos destapar al poder económico, estatal y mediático de las transnacionales en contubernio con las elites locales en ese proceso tanto de empobrecimiento como de ecocidios-genocidios desde los setenta y destacar al Partido justicialista como gestor del terrorismo paraestatal y estatal en los setenta que las Fuerzas Armadas convirtieron en genocidio planificado. En Chile se le atribuya a los militares el tutelaje y se convoca al:

 

 

 

Reconocimiento general de la democracia tutelada

17  de diciembre de 2018

 

 

Por Felipe Portales (Rebelión)

 

 

Hasta hace poco la democracia tutelada que se estableció mediante la Constitución del 80 no había sido nunca reconocida por el liderazgo político chileno. Esto pese a lo evidente de tales características durante la década de los 90. Sus manifestaciones más escandalosas fueron los denominados ejercicios de enlace de 1990; el boinazo de 1993 y el punta-peucazo de 1995. Y las más humillantes fueron las repetidas defensas de los gobiernos de Aylwin y de Frei Ruiz-Tagle (expresadas fundamentalmente por sus ministros Correa y Pérez Yoma) a Pinochet frente a sus sucesivos bochornos en el exterior en sus viajes de vacaciones o a comprar armas, que hacía cuando le daban ganas. Esto, por cierto, tuvo su manifestación más penosa cuando el liderazgo concertacionista defendió a Pinochet frente al mundo, luego de su detención en Londres. Y lo hizo tan efectivamente que logró su liberación; y posteriormente, con presiones públicas y privadas al Poder Judicial efectuadas por el gobierno de Lagos, logró su total impunidad.

 

Es cierto que la propia detención de Pinochet en Londres provocó una disminución del poder fáctico de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Ello, unido a las ansias de reivindicación histórica del muy desprestigiado Poder Judicial, abrió la puerta para que se comenzara a hacer justicia respecto de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. También pudo expresarse en que las manifestaciones más evidentes de la autonomía de las FF.AA., plasmadas en la propia Constitución, fuesen morigeradas por la Refor-
ma Constitucional de 2005.

 

Sin embargo, como lo ha señalado el diputado de RD, Jorge Brito, todavía el conjunto de la legislación vigente respecto de las FF. AA. y Carabineros -partiendo por su Ley Orgánica- es la que nos impuso la dictadura de Pinochet. Y que todos los esfuerzos realizados en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados (de la que forma parte) para suprimir los privilegios de que disfrutan dichas instituciones han resultado infructuosos. Privilegios que se basan en disposiciones excepcionales para sus presupuestos anuales; para la compra de sus ar-
mamentos y equipos; y en el carácter de sus gastos reservados; además por cierto de sus ámbitos privilegiados respecto de sus sistemas de justicia y previsión.Lo mismo han señalado desde hace mucho tiempo en diversos libros, artículos especializados, seminarios e intervenciones en medios de comunicación los mayores expertos chilenos en el tema: los académicos Augusto Varas, Claudio Fuentes y Felipe Agüero.

Lo notable es que en el último tiempo, numerosos líderes de la derecha o de la Concertación -coaliciones que siempre habían negado la existencia de una democracia tutelada derivada de la Constitución del 80- han comenzado a reconocer sin ningún tapujo la virtual autonomía de las Fuerzas Armadas y Carabineros; autonomía evidentemente incompatible con la existencia de un auténtico Estado de Derecho, en que las instituciones armadas tienen que estar completamente subordinadas a las autoridades políticas elegidas por el pueblo.


En este sentido han resaltado varias entrevistas concedidas por líderes políticos al Canal de cable CNN-Chile. Así, el senador independiente de derecha y miembro de la Comisión de Defensa del Senado, Carlos Bianchi, le reconoció explícitamente al periodista Tomás Mosciatti que el Gobierno actual no controla a las Fuerzas Armadas. Asimismo, el exsubsecretario general de Gobierno de Lagos, Jorge Navarrete (entonces DC y hoy independiente), le expresó a la periodista Mónica Rincón que el último gobierno que en Chile había controlado efectivamente a Carabineros fue el de Pinochet…

 

Pero sin duda que el reconocimiento más significativo lo hizo ¡el propio exministro del Interior de Lagos durante más de cinco años, José Miguel Insulza!; el mismo quien previamente como canciller de Frei había desempeñado un rol crucial en la liberación de Pinochet de Londres (evitando así su inminente extradición y segura condena en España); y que luego como ministro de Lagos, a través de varias entrevistas en medios de comunicación, presionó pública y exitosamente a los tribunales de Justicia para lograr la impunidad de Pinochet. Así, el ahora senador socialista Insulza le señaló también a Mónica Rincón que las Fuerzas Armadas “se mandaban solas” desde 1990…
 

Y por si faltaba algo al esclarecimiento público de la autonomía que conservan las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno, tenemos las expresiones del comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, dirigidas a cerca de 900 oficiales en el recinto de la Escuela Militar, donde señaló la disposición institucional a defender el sistema previsional que los favorece, “con dientes y muelas”. En ningún país normal un comandante en jefe del Ejército hubiese permanecido luego de expresiones públicas de esa naturaleza y frente a ese auditorio.


Evidentemente que aquellos notables reconocimientos de la elite política han sido muy alentados por la enorme decadencia institucional que han sufrido las Fuerzas Armadas por sus numerosos escándalos de corrupción y por la represión ilegal de Carabineros a los mapuches que ha culminado en el asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Todo esto ha generado una profunda crisis en las bases de la democracia tutelada que los veinte años de gobiernos de la Concertación habían consolidado exitosamente hasta hace pocos años. Esperemos que esto se traduzca en que el liderazgo político chileno “se vea obligado” a efectuar los cambios que conduzcan a una subordinación efectiva de las Fuerzas Armadas y Carabineros a las autoridades civiles y al establecimiento de una auténtica democracia y de la real vigencia del Estado de Derecho en nuestro país.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=250258

 

 

Debemos tener presente que los gobiernos K conciliaron con el poder fáctico. Es decir mantuvieron las leyes de la dictadura que son fundamentales al funcionamiento capitalista local, continuaron la profundización de la centralidad del falso e incesante desendeudamiento, hicieron a la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, también Milani y Berni encabezaron la represión e inteligencia de la criminalización de la protesta social, etc. E instalaron:

 

 

 

La guerra alimentaria

 

17  de diciembre de 2018

 

Por Gustavo Duch

CTXT

El control de las materias primas genera múltiples batallas con millones de víctimas, más que ningún otro conflicto haya provocado. Y no solo mata el hambre

Dicen que si a las cosas no les ponemos nombres no existen. Así que cuanto antes bauticemos a la actual escalada militar que se ha convertido ya en una tercera guerra mundial, mejor. Antes la reconoceremos y antes podremos, tal vez, detenerla. Propongo llamarla la Guerra Alimentaria.

Para decidir que hablamos de una guerra, según la Wikipedia, debemos focalizar “un conflicto que enfrenta violentamente a dos grupos humanos masivos, y que comporta como resultado la muerte, individual o colectiva, mediante el uso de armas de toda índole”. Pues bien, los dos grupos humanos masivos en conflicto están bien definidos. Generalizando, en un bando los países ricos del norte o países industrializados, en el otro los países del sur donde el sector primario sigue siendo el predominante (aunque ciertamente hay sures en los nortes, y nortes en los sures). Que la muerte es el resultado de este conflicto es algo obvio. Hablamos de millones de víctimas, cifras como nunca antes otra guerra ha provocado. Y aunque el conflicto que genera múltiples batallas es por el control de los alimentos, no solo de hambre mueren las víctimas. Las muertes de esta guerra alimentaria tienen muchas formas de presentarse. Tantas como armas de toda índole se están usando.

Entre las armas más conocidas tenemos el expolio, que si en tiempos de colonización eran invasiones a mano armada, en tiempos de neocolonizaciones son algo más sutiles y avanzan disfrazadas de inversiones agrícolas para favorecer el desarrollo del país. Muy similar, el acaparamiento de bienes comunes es otra fórmula de despojo consistente en el control de la tierra, el agua o las semillas. Los paramilitares en Colombia usurpando tierras en favor de los grandes terratenientes de la palma africana es uno de los muchos ejemplos que podríamos citar. Estas dos armas, junto con el libre comercio que nunca favorece a las pequeñas agriculturas de los países del Sur, conforman una tríada ampliamente identificada y denunciada que acaba con la soberanía alimentaria de miles de territorios y que es responsable del hambre, la muerte o el éxodo.

Conviene ahora añadir tres armas en los arsenales de este nuestro primer mundo inquieto e innovador. La primera de ellas, las bombas y los misiles directamente disparados sobre objetivos agrícolas. Como explica el informeEstrategias de la Coalición en la Guerra del Yemen, escrito por Martha Mundy, y presentado el pasado mes de octubre, 22 millones de personas, el 75% de la población yemení, sufren de hambre, y de ellas, más de 8 millones precisan de ayuda urgente y constante. Claramente, desde mediados del 2015, explica el informe, los objetivos militares de esta Guerra Alimentaria ponen la atención en las zonas rurales y en los sistemas de producción y distribución alimentaria. En las mejores zonas agrícolas, los bombardeos han reducido a la mitad las hectáreas de tierras aptas para el cultivo y han provocado que entre el 20 y el 61% de la producción de fruta y verdura y ganadería haya desaparecido. Las capturas de pesca han caído alrededor de un 50% porque los ataques aéreos han asesinado a casi 150 pescadores. Y entre tanta destrucción alimentaria, también se mantiene bloqueado el puerto de Hodeida por donde entraba el 80% de los alimentos importados del país. Ejemplos como el del Yemen los podemos encontrar idénticos en el caso de Palestina.

La segunda de ellas la tenemos muy visible. Frente al éxodo provocado en este conflicto mundial consistente en dominar el acceso a los alimentos, Europa y EEUU están ofreciendo la misma respuesta. Vallas, muros y un amplio despliegue militar para frenar cualquier posibilidad de llegada de personas migrantes a nuestros territorios. Solo en el Mediterráneo se cuentan en miles las personas fallecidas frente a este escudo de protección. Mueren con las manos buscando manos.

La tercera de estas armas está en fase de desarrollo. Bajo el argumento de “garantizar alimentos al país ante situaciones de sequía, plagas, inundaciones o bioterrorismo”, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, está desarrollando el llamado Project Insect Allies . Como explican en su página web, la tecnología que pretenden desarrollar consiste en la introducción de un virus, a partir de un insecto, en los cultivos agrícolas deseados, consiguiendo modificar rápidamente el ADN de estas plantas. Es decir, si imaginamos que un campo de trigo está siendo afectado por una tremenda sequía, se dispondrá de un ejército de insectos modificados genéticamente que sobrevolando dichos campos podráinyectarles o administrarles un virus, también genéticamente modificado, que conseguirá cambiar el ADN del cultivo de trigo para darle, en este caso, mayor capacidad de resistencia frente a la sequía en el mismo momento que la necesita. Como recientemente ha recogido la revista Science , este misma tecnología que se presenta como protectora de los cultivos puede perfectamente ser usada como arma biológica para acabar con los cultivos de tu enemigo, haciendo caer sobre ellos un ejército de estos insectos mutantes equipado con un virus con capacidad infecciosa o esterilizante. Con las nuevas técnicas de edición genética CRISPR, no hablamos de ciencia ficción.

¿Y llegaremos a este extremo? Seguro que sí, la relación de amor entre las grandes multinacionales agrícolas y los aparatos militares ya tienen muchos años de cosechar resultados, como Bayer o Monsanto demostraron en la II Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, respectivamente. Estas tecnologías no parecen acertadas y a mi entender, lo que urge es reconocer que el mundo del norte se equivocó en su carrera loca y capitalista de industrialización y que debe volver a poner en práctica aquello por lo que está militarmente batallando: producir sus propios alimentos.

Más agricultura local es una retirada a tiempo, por el bien del planeta.

Gustavo Duch es escritor y veterinario. Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas y autor de libros como Mucha gente pequeña y Lo que hay que tragar.

https://ctxt.es/es/20181212/Firmas/23379/guerra-alimentaria-yemen-bioterrorismo-gustavo-duch.htm

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=250263

 

 

Reconozcamos los poderes emancipatorios  que desde décadas se vienen construyendo en contraposición al bloque dominante  e iluminan proyectos de buenos vivires convivires abajo.

 

 

La primer cumbre latinoamericana del agua

para los pueblos, Catamarca

 

Durante los días 15, 16 y 17 de septiembre, en la provincia de Catamarca, concurrieron más de 600 personas de decenas de organizaciones ambientalistas, poniendo de manifiesto que el derecho humano al agua es inalienable


- 23/09/2018 -

Por Cristina Barraza

En el encuentro internacional que se realizó  en Catamarca,  confluyeron más de 600 personas, de decenas de organizaciones ambientalistas, siendo un  eje destacado del evento el tratamiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos (que ningún gobernante decida por si  proyectos contaminantes), y remarcándose, en todo momento, el principio de  que el acceso al agua es un derecho humano inalienable que merece ser defendido.

La cumbre fue  organizada de manera auto gestionada  e independiente por la organización PU.CA.R.A. (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), con el acompañamiento de ProEco, grupo ecologista de Tucumán  e integrante de la Red Nacional de Acción ecologista (RENACE).

Las actividades, que se llevaron a cabo en el predio de la Universidad Nacional de Catamarca, incluyeron  desde charlas, hasta exposiciones y  stands a cargo de las diferentes organizaciones participantes. No falto el arte como parte imprescindible, y  el muralismo tuvo el lugar protagónico, junto a la música y las  proyecciones de varias  películas y documentales.

Entre las figuras destacas que concurrieron al encuentro  estuvieron  Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ), Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Carlos Pagano (Investigador – UBA), Bárbara Jerez (Universidad de Valparaíso, Chile), entre otros. Otra cuestión significativa del encuentro fue el hecho de ser latinoamericano. Vinieron representantes de otros países de América Latina que están pasando o ya pasaron por los mismos problemas. Además estuvieron representantes de las naciones Diaguita, Mapuche, Aymara, Quechua y otros pueblos originarios,  que tuvieron su lugar en la Cumbre,  y pudieron exponer su cosmovisión sobre el agua y la tierra. 

La cumbre se propuso  como objetivos principales el afianzamiento de las relaciones solidarias entre los pueblos afectados por las actividades extractivas y el  aunar  criterios para la acción que lleve a  exigir  a los Estados el reconocimiento y respeto del agua como derecho humano, a  impulsar la soberanía alimentaria y a crear una red latinoamericana de defensa del agua para los pueblos. 

El día sábado 15 de septiembre se realizaron  siete mesas que abordaron  diferentes temas como la megaminería, los agronegocios, la energía hidráulica, el saneamiento ambiental, la expansión de la frontera urbana, la cuestión de los humedales y la energía nuclear. En paralelo, hubo  talleres en relación a otros aspectos como  la legislación, el agua y la salud o la comunicación comunitaria.

El encuentro  fue transmitido en vivo por la radio comunitaria FM Estación Sur y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).

El último día de la Cumbre se decidió crear un “Movimiento Latinoamericano Plurinacional de los Pueblos por el Agua”. Los participantes marcharon  a la plaza, se leyó una declaración y se consensuó que la próxima Cumbre se realizará en Jáchal  (San Juan) por la lucha que vienen llevando en Veladero. Programa (…)

Fuente: http://culturademontania.org.ar/Noticias/primera-cumbre-latinoamericana-del-agua-catamarca.html

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Cuando los investigadores se preguntan para quién trabajan y para qué sirve

La ciencia y su existencia

12 de noviembre de 2018

 

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina organizó un encuentro en el que se debatirá a quién sirve, si al capital y las empresas, o a la sociedad. La Uccsnal exigió la prohibición del glifosato..

 

Por Darío Aranda

Página12

Ciencia para transgénicos o para campesinos. Investigaciones para explotar litio o trabajar junto a comunidades kollas. Académicos para extraer petróleo o para un modelo no contaminante. ¿Ciencia para quién y para qué? Son algunos de los planteos y preguntas que se debatirán hoy y mañana en el “Encuentro por la Ciencia Digna”, en Rosario, donde confluirán académicos que rechazan el modelo científico vinculado a las empresas. En septiembre pasado, el mismo grupo de investigadores exigió la prohibición total del herbicida glifosato.

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsnal) se conformó en junio de 2015, en homenaje a Andrés Carrasco (científico que en 2009 confirmó los efectos letales del glifosato) y retoma el legado de otros académicos, como Oscar Varsavsky.

La Uccsnal se propone como espacio de encuentro, reflexión e intervención para fortalecer una ciencia al servicio de los pueblos. En ese marco, hoy y mañana martes, durante todo el día, será el “Encuentro por la Ciencia Digna”, en el edificio Anexo de la Universidad Nacional de Rosario (Corrientes 2001).

“Vivimos un tiempo en el que los ahogos presupuestarios y las políticas oficiales empujan a los vínculos con las corporaciones para poder trabajar en investigación. Hay quienes no aceptamos ese rol de empleados del poder de turno y definimos, contra viento y marea, construir conocimiento científico para los pueblos, entendiendo que la salud de los seres humanos depende de la salud de la madre tierra”, explicó Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, coorganizador del encuentro junto a la Red de Salud y Ambiente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) y la Fundación Rosa Luxemburgo. 

Participarán decenas de científicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Argentina. Alicia Massarini, investigadora del Conicet y de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia de la UBA, explicó que el encuentro busca reunir a académicos que trabajan en una ciencia alternativa y también dar cuenta de los impactos de la ciencia hegemónica, impulsada por empresas y gobiernos. “Interpelamos la idea dominante que presenta a la ciencia como una actividad neutral, objetiva, estrictamente racional, como un espacio para verdades comprobadas, posicionada erróneamente en un lugar de autoridad. Esa tecnociencia no mide los impactos y daños de sus intervenciones y tiene la impunidad de presentarse como motor de progreso, de modernidad, de bienestar. Cuando en realidad sólo está al servicio del mercado”, afirmó Massarini.

En septiembre pasado, la Unión de Científicos emitió un documento donde exigió la prohibición total del glifosato. “En países como Argentina, Brasil y Paraguay tenemos registros de tasas elevadísimas de cáncer, linfomas, leucemias, enfermedades autoinmunes, malformaciones genéticas y otras enfermedades en habitantes de comunidades rodeadas por campos de soja transgénica, donde se realizan aplicaciones intensivas de glifosato”, recordaron los académicos.

“Por si no fuera suficiente, hay evidencia científica de que el glifosato persiste en los suelos agrícolas, alcanza los cuerpos de agua, también se dispersa a través de la lluvia, y sus residuos permanecen en los cultivos, llegando así a los alimentos que consumen personas aún a grandes distancias de los campos de cultivo”, afirmaron desde la Unión de Científicos.

La Unión de Ciencia cuestiona el ideario de que la ciencia pareciera tener la verdad y es la que salda las controversias. Aclaran que el conocimiento científico es un saber más, ni mejor ni peor que otros conocimientos (campesinos, indígenas, sociales). Hablan de una “ecología de saberes”, donde confluyen y se complementan de forma horizontal distintos conocimientos.

 

Leonardo Melgarejo, de Brasil, cuestiona también que los medios de comunicación reproducen sin problematizar a la ciencia empresaria y que, incluso, no respeta los derechos humanos al justificar que se usen agrotóxicos con consecuencias en la salud de la población. “Necesitamos una ciencia, de medios de comunicación y de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales pautados por la ética y atentos a lo que está ocurriendo en la llamada ‘ciencia instrumental’, la ciencia hegemónica está mayoritariamente al servicio del capital financiero y actúa en el sentido opuesto de los intereses de la población”, cuestionó el científico brasileño.

Massarini destacó que América Latina experimenta una nueva “etapa de saqueo” en la cual la ciencia juega un papel central en la investigación y justificación de actividades “que afectan la salud de madre tierra y nuestra salud, que son lo mismo”. Cuestionó el rol de científicos al servicio de la minería a cielo abierto, el fracking, la pesca intensiva, el monocultivo forestal, transgénicos y agrotóxicos, entre otros. “Son modelos que hacen estragos en nuestros pueblos”, cuestionó.

Desde 2011, cada dos años el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario organiza una semana de jornadas referidas a ciencia, universidad, extractivismo y movimientos sociales. Este encuentro (de lunes y martes) es la antesala del nuevo congreso, en junio de 2019, donde se reforzará en vínculo entre la academia y las organizaciones sociales, en defensa del territorio.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/154858-la-ciencia-y-su-existencia

En consecuencia, no se trata de cambiar el gobierno de ultraderecha sino el sistema. Como Juan Hernández Zubizarreta señala: "vivimos una ofensiva mercantilizadora a escala global, en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se exacerban. Se instaura así un modelo donde las grandes empresas amplían exponencialmente su poder". En esta situación límite para todos nosotros, los diversos de abajo, "es urgente y estratégico que posicionemos una reconfiguración del presente-futuro necesitado desde abajo, desde los pueblos, comunidades y movimientos sociales". La protesta social o el reclamo por justicia social, con independencia de su masividad y de su unidad amplia de acción, resulta ineficaz y si consigue derrotar a Macri-Pro será sucedido por el Partido Justicialista que ya demostró especializarse en negocios lícitos e ilícitos con el poder fáctico.

 

Por el contrario, afirmarnos en nuestros derechos humanos plantea ante todo el cuestionamiento a la creencia en la presión sobre el gobierno para conseguir reivindicaciones y en el otorgamiento de derechos humanos gracias a un gobierno, por ejemplo, el de CFK.

 

 

Los derechos humanos “desde abajo”:

un espacio en disputa

 15 de diciembre de 2018

 

Por Juan Hernández Zubizarreta

El Salto

 

 

Hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos y se conmemora el 70 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal.

El contexto global mantiene ciertas continuidades desde entonces, pero también notables cambios, nuevos sujetos, nuevas dinámicas que marcan nuestra realidad vigente.

Estas pasan por una agudización en la mercantilización de la vida, la desregulación, la expropiación y la necropolítica, cuestiones que impactan en los núcleos centrales de los derechos. Por tanto, no parecen buenos tiempos para una reflexión en profundidad sobre el marco internacional de los derechos humanos. No obstante, es urgente y estratégico que posicionemos una reconfiguración de este desde abajo, desde los pueblos, comunidades y movimientos sociales.

Los derechos humanos en un momento crítico 

 

El telón de fondo, el contexto del debate actual sobre los derechos es que vivimos una ofensiva mercantilizadora a escala global, en la que las dinámicas capitalistas, patriarcales, coloniales, autoritarias e insostenibles se exacerban. Se instaura así un modelo donde las grandes empresas amplían exponencialmente su poder.

Estas ponen en cuestión la propia democracia liberal-representativa, y aspiran a un gobierno corporativo de facto, vía privatización y/o cooptación de las instituciones democráticas. El resultado es una progresiva destrucción de la soberanía popular y la captura de países y territorios como si formasen parte de la organización interna de las grandes corporaciones.

En este marco, las personas se están convirtiendo en una mercancía más, y por tanto, susceptibles de ser desechadas, lo que implica situar la mercantilización de la vida en el vértice de la jerarquía de las normas jurídicas. Se agudiza de este modo la asimetría normativa que protege los derechos de las corporaciones transnacionales y el capital financiero, que cuentan con reglas de obligado cumplimiento y con tribunales privados que aplican las mismas con una eficacia absoluta. Mientras tanto, los derechos humanos se mueven entre la fragilidad de las normas internacionales, las recomendaciones de los comités encargados de su aplicación, y la impunidad de los gobiernos ante el incumplimiento de los textos de derechos humanos. Esta asimetría pone en evidencia la fractura de sus sistemas de garantía y demuestra cómo evolucionan hacia territorios de la retórica jurídica.

Por otro lado, la mercantilización viene acompañada de una gran acumulación de riqueza en muy pocas manos, frente a un gran acopio de pobreza en muchas otras. La desigualdad que el modelo genera, se maquilla con la idea de estabilidad, que aparece vinculada a la seguridad que necesitan los recursos mundiales para llegar a los países ricos y con garantizar la movilidad de los flujos financieros, pero no con la protección y seguridad de los derechos humanos.

Así, en la región fronteriza con México, los empresarios y propietarios estadounidenses exigen la libre circulación de mercancías para evitar supuestas pérdidas millonarias, mientras que el presidente Trump autoriza disparar contra los migrantes que crucen ilegalmente la frontera. Es decir, se garantiza la libre circulación de personas consumidoras y se criminaliza el desplazamiento de personas que huyen de la miseria y la violencia.

En definitiva, los derechos humanos se van vaciando como categoría sustantiva al perder espacio normativo frente a la mercantilización de la vida.

En otro orden de ideas, el patriarcado también marca su propia impronta sobre los derechos humanos, y, como apunta Amaia Pérez Orozco, “la vida se resuelve mediante los trabajos que no existen, realizados en los ámbitos que no son económicos y por los sujetos que no son sujetos políticos”. Es decir, el trabajo comunitario no valorado, el implementado en el interior de los hogares o los cuidados de las personas que los Estados no atienden, son algunos ejemplos de cómo se ignoran los elementos imprescindibles para el mantenimiento de la vida cotidiana. Por eso, los derechos humanos no pueden quedar hipotecados por una permanente invisibilidad de los procesos que sostienen la vida.

Por último, la relación entre los derechos y el colonialismo ha sido siempre una relación muy conflictiva. Por un lado, el discurso oficial sobre los derechos humanos ha venido acompañado de un supuesto universalismo, y por otro, se ha vinculado a la acción estatal, al mercado y al modelo de desarrollo capitalista. Todo ello, además, impuesto en muchas ocasiones desde relaciones de poder sustancialmente violentas, racistas y jerárquicas. Por eso, considerar los derechos humanos como formas de liberación y de resistencia contra la explotación de los pueblos y comunidades de los países del Sur pasa por resignificar los contenidos e instrumentos que los regulan.

Derechos humanos: desregulación, expropiación y necropolítica 

 

El punto de partida, tal y como afirma Gonzalo Fernández, es que “el capitalismo atraviesa un momento especialmente crítico, en el que a las escasas expectativas de reproducción de un enorme excedente financiero se le une la incuestionable merma física en la que opera el sistema”. Por tanto, el capital y las empresas transnacionales se lanzan a la destrucción de toda barrera que impida la mercantilización a escala global y, en este sentido, si las élites quieren mantener y aumentar sus beneficios codiciosos, las prácticas contra las personas, las comunidades y la naturaleza se extreman.

Es en este contexto donde se generan modificaciones sustanciales en la propia categoría jurídica de los derechos humanos, que sufren una triple reconfiguración. En primer lugar, se desregulan en función de la explotación generalizada de las personas y de los procesos de privatización. Segundo, se expropian en base a la acumulación por desposesión en un contexto colonial. No podemos olvidar que la disputa por la escasez de materiales y fuentes de energía es uno de los conflictos más graves en la crisis actual de acumulación y de crecimiento económico. Por último, se destruyen en función de un colonialismo/racismo extremo vinculado a la necropolítica de los seres humanos.

La desregulación de los derechos sociales, laborales y colectivos se impone como categoría jurídica inmutable. El trabajo informal; el trabajo infantil y esclavo; la persona trabajadora pobre; la limitación de la acción sindical y colectiva de trabajadores y trabajadoras; la división sexual del trabajo; y el trabajo reproductivo realizado gratuitamente por las mujeres —que, ahora en gran medida y de manera muy precaria, ejecutan las mujeres migrantes—, son el espejo sobre el que se refleja parte de la realidad de los derechos humanos.

Pero además de la desregulación intrínseca al neoliberalismo, también vemos como comunidades y personas son expulsadas de sus casas y de sus tierras para generar beneficios en la agroindustria, en la minería, en las petroleras, en las eléctricas, en el turismo, en las finanzas, en las constructoras, en la industria de la seguridad y la guerra, etc. Por ejemplo, la adquisición de tierras a gran escala por parte de las corporaciones transnacionales destruye las economías locales y redefine vastas extensiones de tierra como lugares para la extracción y el negocio, lo que provoca espacios desnacionalizados que expulsan a sus habitantes. A su vez, los desahucios en las ciudades europeas, por ejemplo, dejan sin hogar a quienes no pueden afrontar la codicia de los especuladores inmobiliarios.

Por otro lado, el cambio climático y la devastación de los ecosistemas empujan a miles de comunidades a abandonar sus tierras y a embarcarse en travesías del horror, lo que va consolidando una gradual “destrucción en masa” de los derechos humanos de efectos imprevisibles en el marco de una crisis sistémica global.

Finalmente la necropolítica completa el cuadro de desregulación y expulsión, apostando explícitamente por dejar morir a la gente. Como afirma Achille Mbembe “los dirigentes de facto ejercen su autoridad mediante el uso de la violencia y se arrogan el derecho decidir sobre la vida de los gobernados”. La violencia se revela como un fin en sí misma y se utiliza para discernir quién tiene importancia y quién no, quién es fácilmente sustituible y quién no.

Resulta muy evidente por tanto que las instituciones globales y la mayoría de los Estados no sólo están eliminando y suspendiendo derechos. También están reconfigurando quiénes son sujetos de estos, quiénes quedan fuera de la categoría de seres humanos, lo que provoca una sensación de descomposición generalizada del sistema internacional de los derechos humanos y la formalización “de facto” de sistemas racistas que establecen un orden jerárquico entre grupos étnico o raciales.

En suma, los seres humanos que no puedan consumir o producir estorban, y se convierten en desechos humanos, tal y como afirma Bauman. Además, se asesina a líderes y lideresas de los movimientos ecologistas, feministas, LGTBI, campesinos, afrodescendientes e indígenas, por encabezar respuestas en defensa de la tierra y en contra de los grandes proyectos hidroeléctricos —300 activistas asesinadas en 2017—, a la vez que se criminaliza a las defensoras de los derechos humanos y a las personas disidentes con el modelo político y económico.

En definitiva, hablar en serio de los derechos humanos conlleva ajustar los discursos vacíos a contextos donde los derechos se subordinan a los intereses del capital. En realidad, en el imaginario del discurso oficial se siguen vinculando los derechos humanos con la propiedad privada, la libertad y la seguridad de su único titular, el hombre blanco, propietario y judeocristiano. Se obvia, de este modo, la realidad concreta que vivimos las grandes mayorías sociales que habitamos el planeta.

Reconfigurar los derechos humanos “desde abajo” 

 

Afrontar los desafíos descritos en las líneas anteriores requiere construir espacios globales donde disputar la hegemonía a las clases dominantes, donde rediseñar el sistema internacional de tutela de los derechos humanos.

Muchos de los imperativos universales de los derechos humanos conectan con la emancipación y la resistencia de los pueblos, pero otros colisionan con otras categorías de derechos y de maneras de entender las relaciones humanas.

Los derechos contrahegemónicos requieren por tanto de una nueva reinterpretación que responda a las propuestas de los movimientos sociales y comunidades en resistencia. Así, la dignidad de los seres humanos debe quedar fuera de visiones coloniales, patriarcales y capitalistas, asumiendo las agendas propuestas por las organizaciones populares.

Estas miradas basculan entre los derechos individuales y los colectivos, entre los derechos de la naturaleza y los derechos de las personas y comunidades, entre los valores inmanentes y transcendentes de los pueblos, y entre los nuevos “pueblos transnacionales” de migrantes y la ciudadanía nacional. También sitúan en el centro de las relaciones humanas, la sostenibilidad de la vida, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia machista.

El feminismo, el ecologismo, el movimiento a favor de los derechos humanos y la diversidad sexual, el sindicalismo, las comunidades indígenas y afrodescendientes, el movimiento campesino, anticolonial, antirracista etc., tienen que establecer diálogos y convertirse en los protagonistas de una nueva conceptualización de los derechos humanos, que permita reapropiarse de los mismos mediante categorías alejadas de las lógicas estatales y del mercado, siempre vinculadas al realismo en las relaciones internacionales y a los intereses de los poderosos.

Los pueblos, las comunidades y los movimientos sociales buscan ser sujetos, no meros objetos de derecho. Buscan su espacio constituyente y normativo en el devenir de la humanidad. La categoría de los Estados no puede ser por tanto el principio y el fin del Derecho Internacional, por lo que el protagonismo y el reconocimiento de los movimientos sociales y pueblos en resistencia deben ocupar el lugar que les corresponde, reconstruyendo formas de acción colectiva al margen de la visión tradicional del Estado y en pos de nuevas relaciones basadas en soberanías entendidas como nuevos vínculos entre personas, pueblos y comunidades.

Hablar en serio de los derechos humanos implica radicalizar la democracia, defender la soberanía de los pueblos, construir proyectos colectivos y reconfigurar nuevos espacios de contrapoder en el ámbito local, nacional y global. 

Fuente original: https://www.elsaltodiario.com/derechos-humanos/desde-abajo-espacio-disputa

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=250228

 

 

Aprendamos cómo las resistencias plurinacionales de siglos y socioambientales de décadas explican que:  "el «buen vivir» pretende introducir una filosofía de vida diferente en la visión de sociedad. Esto hace posible una ética del desarrollo que subordina los objetivos económicos a criterios ecológicos, a la dignidad humana y a la justicia social. El desarrollo como Buen Vivir busca articular la economía, el medio ambiente, la sociedad y la cultura en nuevas formas, llamando a las economías sociales y solidarias mixtas; introduce temas de justicia social e intergeneracional en los espacios de los principios del desarrollo; reconoce las diferencias culturales y de género, posicionando la interculturalidad como principio rector; y permite los nuevos énfasis político-económicos, tales como la soberanía alimentaria, el control de los recursos naturales y un derecho humano al agua".

 

Nos esclarecen que: "La autonomía es, pues, un proceso tanto cultural como político. Se trata de formas autónomas de existencia y organización política autónoma y de toma de decisiones. Como dicen los zapatistas, el objetivo de la autonomía no es tanto tomar el poder y cambiar el mundo sino crear uno nuevo.

La autonomía puede ser descrita en términos de democracia radical, autodeterminación cultural y autogobierno. Lo que surge de esta interpretación es una cuestión fundamental, la de “ser capaz de estabilizar en el tiempo un modo de regulación fuera de, contra y más allá del orden social impuesto por la producción capitalista y el Estado liberal” (Gutiérrez, 2008: 46).

Esta propuesta implica tres puntos básicos: la descentralización y el desplazamiento constante de la economía capitalista con la consiguiente expansión de diversas formas de economía, incluyendo las formas comunitarias y no capitalistas; la descentralización de la democracia representativa y el establecimiento en su lugar de formas de democracia directa, autónoma y comunales; y el establecimiento de mecanismos de pluralismo epistémico y cultural (interculturalidad), entre ontologías y mundos culturales diferentes".

 

 

Más allá del desarrollo: postdesarrollo y

transiciones hacia el pluriverso1

Revista de Antropología Social 2012, 21 23-62

 

Arturo Escobar

University of North Carolina at Chapel Hill (Estados Unidos) aescobar@email.unc.edu Recibido: 28 de julio 2011 Aceptado: 10 de noviembre 2011

Resumen

El presente texto constituye el Prefacio a la segunda edición (2011) del ya clásico La invención del tercer mundo: Construcción y deconstrucción del desarrollo (1996). Después de resumir tanto los cambios más importantes ocurridos en el mundo durante los quince años desde la publicación del libro, como los debates y avances en los estudios críticos del desarrollo, se argumenta que ha llegado la hora de reanudar con ahínco el debate sobre el postdesarrollo y las alternativas al desarrollo, como muchos movimientos sociales están de hecho haciéndolo. En un contexto marcado por crisis ecológicas y sociales cada vez más acentuadas, surgen de forma cada vez mas ineludible los discursos sobre la transición a una sociedad otra o a otro modelo civilizatorio. Esta transición podría conducirnos más allá del Universo de la modernidad —la idea de Un Mundo único bajo la hegemonía de ciertas concepciones de la racionalidad, el individuo, la ciencia, el mercado y la economía— hacia un verdadero pluriverso de mundos socio-naturales. Las transiciones anuncian que la globalización no es la última etapa de la modernidad capitalista, sino también el comienzo de mundos nuevos.

 

Introducción

Han pasado más de quince años desde que este libro fue publicado por primera vez. Mis esperanzas e intenciones para escribirlo no han cambiado; por el contrario, se han fortalecido desde su publicación. El análisis crítico del desarrollo es tan oportuno y relevante hoy como lo era entonces. En muchas partes del mundo, el ‘desarrollo’ sigue siendo una importante fuerza social y cultural a la cual enfrentar. Significativas batallas políticas se libran en su nombre, y la vida de muchos y los medios de subsistencia de las personas todavía están en juego en estas batallas. Y decenas de profesionales, aunque quizá en menor número en 2010 en comparación con 1995, en particular en Estados Unidos, ganan su vida en el mundo del desarrollo y activamente debaten el tema en salas de juntas y reuniones del personal de los proyectos de desarrollo en los países donantes y receptores. Por último, pero no menos importante, de nuevo con un entusiasmo un tanto disminuido en los Estados Unidos, son todavía abundantes los académicos —antropólogos, entre ellos— que escriben tesis doctorales y presentan ponencias sobre tal o cual aspecto del desarrollo.

Sobre todo, el ímpetu político que me movió a escribir sobre ‘la invención de desarrollo’ y a imaginar una ‘era postdesarrollo’ a finales de los ochenta y principios de los noventa todavía está muy presente: el hecho es que, como yo lo veo, el ‘desarrollo’ sigue desempeñando un papel importante en las estrategias de dominación cultural y social, incluso si los académicos podrían tener hoy una visión más matizada de cómo estas estrategias operan, incluso de cómo la gente se apropia del desarrollo para sus propios fines. (…)

 

 

(…)5. América Latina: ¿hacia un pluriverso?19

Algunos movimientos y debates intelectuales de América Latina intuyen medidas posibles para alejarse del ‘modelo civilizatorio’ de la modernización y el desarrollo globalizado. Reunión tras reunión de pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y campesinos, la crisis del modelo civilizatorio occidental es invocada como la causa más importante de la actual crisis global de energía/clima y pobreza. Un cambio hacia un nuevo paradigma cultural y económico es reconocido tanto como necesario y como activamente en construcción20. Si bien el énfasis en una transición a nivel de todo el modelo de la sociedad es más fuerte entre algunos movimientos indígenas, también se encuentra, por ejemplo, en redes agroecológicas para las cuales solo un cambio hacia los sistemas agroecológicos de producción de alimentos localizados nos puede sacar de la crisis climática y alimentaria. Las propuestas agroecológicas resuenan con Shiva, y se les hacen eco parcialmente en la red global Vía Campesina, centrada en la soberanía alimentaria sobre la agricultura de base campesina. El significado de la transición y el postdesarrollo se puede vislumbrar con claridad en los debates más recientes sobre la defi nición del desarrollo y los derechos de la naturaleza que tienen lugar en países como Ecuador y Bolivia; y en una nueva ola de movimientos y luchas en estos países y en otras partes del continente que pueden ser interpretadas en términos de dos procesos interrelacionados, a saber, la activación de las ontologías relacionales y una redefinición de la autonomía política.

 

Si bien estas tendencias son contradictorias y debatidas profundamente, apuntan hacia la importancia del postdesarrollo y hacen tangible la noción de órdenes sociales postliberales. Las constituciones de Ecuador y Bolivia, sancionadas en 2008, han ganado una bien merecida atención internacional debido a sus tratamientos pioneros del desarrollo y, en el caso ecuatoriano, de los derechos de la naturaleza. Cabe destacar que estas constituciones son el resultado de complejas luchas sociales, culturales y políticas que se agudizaron en la década pasada.

 

Las constituciones introdujeron una nueva noción de desarrollo centrada en el concepto de sumak kawsay (en quechua), suma qamaña (en aymara) o buen vivir (en español). Como Alberto Acosta, uno de los arquitectos más destacados de la constitución ecuatoriana, plantea el sumak kawsay supone una ruptura conceptual con las concepciones de desarrollo de las últimas seis décadas. Más que una declaración constitucional, “el Buen Vivir constituye una oportunidad para construir colectivamente un nuevo régimen de desarrollo” (2009: 6). Aunque un número de fuentes se citan como la base de esta concepción —incluyendo análisis críticos del desarrollo y del postdesarrollo, así como perspectivas feministas, ecologistas, y enfoques de desarrollo humano— la mayor proporción del crédito la tienen las organizaciones indígenas.

 Para Catherine Walsh (2009: 5), “la visión integral y la condición básica del Buen Vivir que han sido la base de las cosmovisiones, filosofías de vida y las prácticas de los pueblos del Abya Yala y los descendientes de la diáspora africana desde hace siglos, son ahora re-aprehendidos como guías para la refundación del Estado y la sociedad boliviana y ecuatoriana”. En efecto, se puede decir que el sumak kawsay y suma qamaña nacen “de la periferia social de la periferia global”, como lo ha planteado el crítico del desarrollo español José María Tortosa (citado en Acosta, 2010). Para el sociólogo peruano Aníbal Quijano (2010), el Buen Vivir constituye un nuevo horizonte de sentido histórico, surgido de la larga historia de resistencia indígena contra el sistema mundo moderno/colonial eurocéntrico.

 

Muy sucintamente, y siguiendo a Acosta y a Gudynas21, el Buen Vivir (BV) surgió de varias décadas de luchas indígenas, las cuales se articularon con agendas múltiples de cambios sociales de los campesinos, afrodescendientes, ambientalistas, estudiantes, mujeres y jóvenes. Cristalizado en 99 artículos de la Constitución (de un total de 444), el BV “se presenta como una oportunidad para la construcción colectiva de una nueva forma de vida” (Acosta, 2010: 7). Antes que una intervención aislada, el BV debe considerarse en el contexto de toda una gama de innovaciones constitucionales pioneras, incluyendo el replanteamiento del Estado en términos de plurinacionalidad, de la sociedad en términos de interculturalidad, una noción amplia e integral de los derechos (incluidos los derechos a la naturaleza, abajo), y un modelo de desarrollo reformado, cuyo objetivo es precisamente la realización del BV. Todas estas innovaciones, además, deben ser consideradas como multiculturales, multi-epistémicas, y en términos de procesos de construcción política profundamente negociados y a menudo contradictorios.

 

Es claro, sin embargo, que el BV constituye un desafío a nociones de desarrollo de larga data. Las ontologías o ‘cosmovisiones’ indígenas no implican una noción lineal del desarrollo, ni un estado de ‘subdesarrollo’ que hay que superar, ni están basadas en la ‘escasez’ o la primacía de los bienes materiales. Haciendo eco de estos principios, el BV pretende introducir una filosofía de vida diferente en la visión de sociedad. Esto hace posible una ética del desarrollo que subordina los objetivos económicos a criterios ecológicos, a la dignidad humana y a la justicia social. El desarrollo como Buen Vivir busca articular la economía, el medio ambiente, la sociedad y la cultura en nuevas formas, llamando a las economías sociales y solidarias mixtas; introduce temas de justicia social e intergeneracional en los espacios de los principios del desarrollo; reconoce las diferencias culturales y de género, posicionando la interculturalidad como principio rector; y permite los nuevos énfasis político-económicos, tales como la soberanía alimentaria, el control de los recursos naturales y un derecho humano al agua.

 

Sería un error, sin embargo, considerar el BV como un proyecto cultural-político puramente andino, un punto que Acosta (2010) afi rma rotundamente. Como ya se mencionó, el BV también está infl uenciado por las corrientes críticas del pensamiento occidental, y su objetivo es influir en los debates globales. Dicho esto, existe un amplio reconocimiento de que los conocimientos indígenas y afro han sido sometidos a procesos de marginación de larga data, o lo que en algunas de las perspectivas actuales de América Latina se conoce como ‘colonialidad’. El BV, de esta manera, busca revertir la colonialidad del poder, del conocimiento y del ser que han caracterizado al sistema mundo moderno/colonial desde la conquista (Quijano, 2010). En algunos debates en los países andinos, esto se conoce como ‘descolonización epistémica’.

 

Muchos de los argumentos acerca del BV también se pueden hacer con respecto a otra idea principal de la Constitución, la de los derechos de la naturaleza; de hecho, los dos aspectos están estrechamente relacionados entre sí. Para el ecologista social uruguayo Eduardo Gudynas (2009a, 2009b), los derechos de la naturaleza o la Pachamama, reconocidos en la nueva Constitución del Ecuador, representan un ‘giro biocentrico’ sin precedentes, lejos del antropocentrismo de la modernidad. Para Gudynas, este movimiento resuena tanto con las cosmovisiones de los grupos étnicos como con los principios de la ecología. Dotar a la naturaleza de los derechos significa pasar de una concepción de la naturaleza como objeto para ser explotado a una en la que la naturaleza es vista como sujeto; de hecho, en esta concepción la idea de los derechos de la naturaleza está íntimamente relacionada con el derecho a existir de los seres humanos.

Este aspecto de la Constitución busca contrarrestar un supuesto ontológico central del sistema capitalista moderno/colonial, que está en la base de la destrucción sistemática de la existencia biofísica, es decir, la separación entre los seres humanos y no humanos. También implica una noción ecológica expandida del yo que, a diferencia de la noción liberal, considera al yo profundamente interconectado con todos los otros seres vivos y, en última instancia, con el planeta como un todo. Para Gudynas, esto equivale a una especie de ‘meta-ciudadanía ecológica’, una forma plural de la ciudadanía que involucra dimensiones culturales y ecológicas, y que requiere tanto de la justicia ambiental como de la justicia ecoló- gica para la protección de las personas y la naturaleza, respectivamente22. De este modo, el giro biocéntrico en la Constitución representa un ejemplo concreto de la transformación civilizacional imaginada por los discursos de la transición discutidos anteriormente. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza está estrechamente relacionado con el último aspecto de las transformaciones de América Latina que quiero discutir, aunque sea muy brevemente; esto es la noción y la práctica de la relacionalidad23. Hay una convergencia interesante entre ciertas narrativas filosóficas, biológicas y de los pueblos indígenas en la afirmación de que la vida implica la creación de la forma (la diferencia, la morfogénesis) a partir de la dinámica de la materia y la energía24.

 

En estas concepciones, el mundo es un pluriverso, en incesante movimiento, una red siempre cambiante de interrelaciones entre seres humanos y no humanos. Es importante señalar, sin embargo, que el pluriverso da lugar a coherencias y cristaliza en prácticas y estructuras a través de procesos que tienen mucho que ver con los significados y el poder; de esta manera esto se puede ver en términos de una multiplicidad de mundos.

 

Con la ontología moderna, como ya se ha sugerido, ciertas construcciones y prácticas han llegado a ser prominentes. Estos supuestos incluyen la primacía ontológica de los seres humanos sobre los no-humanos (la separación de la naturaleza y la cultura) y de algunos seres humanos sobre otros (la brecha colonial entre el Occidente/ moderno y el resto/ no moderno); la separación del individuo autónomo de la comunidad; la creencia en el conocimiento objetivo, la razón y la ciencia como los únicos modos de conocimiento válido; y la construcción cultural de la ‘economía’ como un reino independiente de la vida social, con el ‘mercado’ como una entidad auto-regulada. Los mundos y saberes construidos sobre la base de estos compromisos ontológicos devinieron en ‘un universo’. Este universo ha adquirido cierta coherencia en formas socio-naturales como el capitalismo, el Estado, el individuo, la agricultura industrial, proyectos de macro-desarrollo, y así sucesivamente25. Es precisamente este conjunto de supuestos que las discusiones sobre el BV y los derechos de la naturaleza perturban. A pesar de que no se puede discutir este punto aquí en detalle, perturbar las construcciones modernas apunta a la existencia de órdenes sociales no-liberales o post-liberales26; estos son mundos que van más allá de las nociones liberales fundacionales del individuo, la propiedad privada y la democracia representativa.

 

Dicho en términos antropológicos y filosóficos, estos mundos no-liberales están basados-en-lugar y pueden ser caracterizados como instancias de cosmovisiones u ontologías relacionales. Ontologías relacionales son aquellas que evitan la división entre naturaleza y cultura, entre individuo y comunidad, y entre nosotros y ellos que son fundamentales para la ontología moderna. Esto quiere decir que algunas de las luchas en Ecuador y en Bolivia (y en otras partes del continente, incluyendo las luchas por la autonomía en Chiapas y Oaxaca, así como las luchas indígenas y afro y otras luchas campesinas en Colombia, Perú, Guatemala, y otros países) pueden leerse como luchas ontológicas; tienen el potencial de desnaturalizar los dualismos hegemónicos en los que se funda el orden liberal (Blaser, 2010; de la Cadena 2010; Escobar 2010a ; Povinelli 2001). La tendencia universal y homolingüe de la modernidad dicta que se debe tratar de dominar esos mundos diferentes, es decir, borrar el pluriverso.

El visibilizar el pluriverso centrándose en los conflictos ontológicos —es decir, los conflictos que surgen del encuentro desigual entre dos mundos, como en tantos conflictos relacionados con la explotación de los recursos hoy en día— se puede decir que constituye un campo de estudio al que se refiere Blaser (2010) como ontología política27.

 

La aparición de las ontologías relacionales desafía el fundamento epistémico de la política moderna. Que la identificación de la naturaleza con la Pachamama, y el hecho de que está dotada de ‘derechos’ va más allá de un ambientalismo políticamente correcto, dado que la Pachamama no puede encajar fácilmente en la estructura filosófica de la constitución moderna, en la cual la naturaleza es vista como un objeto inerte para que los seres humanos se la apropien. Su inclusión en la Constitución contribuye así a romper el espacio político y epistémico moderno ya que ocurre por fuera de dicho espacio (de la Cadena, 2010). Algo similar puede decirse de la noción del Buen Vivir. Ambos conceptos se basan en supuestos ontológicos en los que todos los seres existen siempre en relación, y no como ‘objetos’ o individuos. Lo que está en juego en muchas movilizaciones político-culturales en América Latina en la actualidad, de esta manera, es la activación política de las ontologías relacionales; estas movilizaciones se refieren así a una manera diferente de imaginar la vida, a un otro modo de existencia (Quijano, 2010).

 

Apuntan hacia el pluriverso; en la conocida fórmula de los zapatistas, el pluriverso puede ser descrito como “un mundo donde quepan muchos mundos”. Tal vez de manera más abstracta, el pluriverso indica las luchas por lograr ‘mundos y conocimientos de otro modo’ —es decir, mundos y saberes construidos sobre la base de los diferentes compromisos ontológicos, confi guraciones epistémicas y prácticas del ser, saber y hacer—. Las nociones de prácticas no-liberales y no-capitalistas están siendo activamente desarrolladas en América Latina, particularmente en relación con las formas urbanas y rurales de la movilización popular en Oaxaca, Chiapas, Ecuador, Bolivia y el suroccidente de Colombia28. No se trata simplemente de nociones teóricas, sino el resultado de los enraizados análisis políticos, particularmente en términos del desarrollo de las formas de autonomía que incluyen formas no estatales de poder derivadas de las prácticas comunitales culturales, económicas y políticas (Esteva, 1997, 2005, 2006; Patzi, 2004; Mamani, 2005, 2006; Zibechi, 2006; Gutiérrez, 2008). En algunos casos, como en las comunidades zapatistas de Chiapas o las comunidades indígenas de Oaxaca, las formas autónomas de gobierno comunal contemporáneas se consideran enraizadas en varios siglos de resistencia indígena.

 

En otros casos, como las comunidades aymaras urbanas de El Alto, Bolivia, lo que ocurre es una creativa re-constitución de la lógica comunitaria sobre la base de nuevas formas de territorialidad. Sin embargo, la mayoría de los casos de organización autónoma implican ciertas prácticas clave, tales como las asambleas comunales, la rotación de las obligaciones y formas de poder horizontal y disperso. En las formas comunales, el poder no funciona sobre la base de la representación liberal, sino que se funda en formas alternativas de organización social. La autonomía es, pues, un proceso tanto cultural como político. Se trata de formas autónomas de existencia y organización política autónoma y de toma de decisiones. Como dicen los zapatistas, el objetivo de la autonomía no es tanto tomar el poder y cambiar el mundo sino crear uno nuevo.

 

La autonomía puede ser descrita en términos de democracia radical, autodeterminación cultural y autogobierno. Lo que surge de esta interpretación es una cuestión fundamental, la de “ser capaz de estabilizar en el tiempo un modo de regulación fuera de, contra y más allá del orden social impuesto por la producción capitalista y el Estado liberal” (Gutiérrez, 2008: 46).

Esta propuesta implica tres puntos básicos: la descentralización y el desplazamiento constante de la economía capitalista con la consiguiente expansión de diversas formas de economía, incluyendo las formas comunitarias y no capitalistas; la descentralización de la democracia representativa y el establecimiento en su lugar de formas de democracia directa, autónoma y comunales; y el establecimiento de mecanismos de pluralismo epistémico y cultural (interculturalidad), entre ontologías y mundos culturales diferentes.

 

Desde una perspectiva postestructuralista, es posible hablar de la aparición de formas post-liberales y postcapitalistas de organización social. Es importante dejar en claro una vez más lo que signifi ca ‘post’. El postdesarrollo señaló la posibilidad de visualizar una época donde el desarrollo dejaba de ser un principio central de organización de la vida social; más aún, visualizaba tal desplazamiento como ocurriendo en el presente. Lo mismo es cierto para el postliberalismo, como un espacio/tiempo en construcción, cuando la vida social ya no está completamente determinada por las construcciones de la economía, el individuo, la racionalidad instrumental, la propiedad privada, y así sucesivamente.

 

‘Postcapitalista’ significa igualmente ver la economía como formada por una diversidad de prácticas capitalistas, capitalistas alternativas y no capitalistas (Gibson-Graham, 2006). El post, de manera sucinta, signifi ca un descentramiento del capitalismo en la defi nición de la economía, del liberalismo en la definición de la sociedad y de las formas estatales de poder como la matriz defi nidora de organización social. Esto no quiere decir que las formas del capitalismo, el liberalismo y el Estado dejarán de existir, sino que su centralidad discursiva y social se han desplazado en alguna medida, por lo que el rango de las actuales experiencias sociales que son consideradas como alternativas válidas y creíbles a lo que existe se amplía de manera signifi cativa (Santos, 2007).

 

Como enfatizan los proponentes del BV y de los derechos de la naturaleza, estas nociones deben considerarse como procesos en construcción en lugar de conceptos acabados. Esto es aun más valido al considerar que la mayor parte de las políticas de los gobiernos progresistas en la actualidad minan las propias condiciones para su realización. A pesar de su ruptura con muchos de los principales postulados del modelo económico neoliberal, la mayoría de estos gobiernos mantienen estrategias de desarrollo basadas en la exportación de recursos naturales, tales como materias primas agrícolas y minerales, incluyendo petróleo y gas, pero también nuevas rúbricas como la soja en Argentina y Brasil. La principal diferencia en estas políticas de gobierno reside en que los ingresos se apropian de manera diferente, con especial énfasis en la reducción de la pobreza a través de políticas redistributivas. Pero la orientación neo-extractivista del modelo plantea un enorme desafío y es la principal fuente de tensión entre Estados y sectores de la sociedad civil (Gudynas, 2010a). Este modelo afecta enormemente las posibilidades de la aplicación de los derechos a la naturaleza, en tanto el neo-extractivismo de los gobiernos progresistas no sólo toleran sino que coexiste fácilmente con la destrucción del ambiente (Gudynas, 2010b).

 

También está claro, sin embargo, que los conceptos de derechos de la naturaleza y Buen Vivir han logrado colocar la cuestión del desarrollo nuevamente en la agenda con particular agudeza. Esto implica, a su vez, la apertura de la cuestión de la transición a una sociedad post-extractivista. En Ecuador y Bolivia en particular, el post-estractivismo y el post-desarrollo reúnen en un debate crucial e intenso al Estado, las ONG, los movimientos sociales y los intelectuales. Existe la sensación de un impasse creado por la tensa convivencia de las políticas progresistas pero aún economicistas y desarrollistas a nivel del Estado, por un lado, y la capacidad de los movimientos para cuestionar tales políticas desde abajo por otro lado —un tipo de ‘mezcla promiscua’ de la hegemonía capitalista y los contrapoderes del movimiento, de exigencias radicales para el cambio y la reconstitución de la dominación— (Colectivo Situaciones, 2009).

Cómo opera esta dinámica en cada país no puede ser decidido de antemano y será de importancia más allá de la región dada la intensificación del extractivismo en el mundo por el capitalismo colonial global —una recolonización global cada vez más cínica y destructiva, como lo sugieren las lecturas críticas de la película Avatar—. Para volver una última vez a la pregunta con la que se inició este capítulo, ¿sigue siendo útil la noción de postdesarrollo para transmitir tanto el decentramiento del desarrollo y la reorientación de la práctica?

Es cierto que el ‘postdesarrollo’ ha llegado a tener muy diversos, y a menudo dispares, signifi cados. Esta es la razón por la que traté de caracterizarlo de nuevo con cuidado al principio de estas notas. También es importante reconocer la existencia de otras aéreas de investigación y de la vida social que podrían ser considerados relacionadas con, o como avanzando hacia, el postdesarrollo29. Al mismo tiempo, es posible identificar las áreas en las cuales el análisis del postdesarrollo continúa siendo de utilidad directa, incluyendo las siguientes: el surgimiento de nuevos espacios, como el Buen Vivir, para reconceptualizar la realidad social y, por lo tanto, para descentrar el desarrollo; los cambios en las condiciones de la producción del conocimiento sobre el desarrollo (‘economía política de la verdad’ del desarrollo), resultando en una pluralización de los conocimientos, incluidos los de los activistas de los movimientos sociales; y un cuestionamiento renovado de principios fundamentales de la modernidad eurocéntrica —desde el progreso lineal y el valor económico estándar hasta el individuo liberal y la naturaleza como inerte— fortaleciendo así los enfoques no antropocéntricos y no economicistas.

 

El postdesarrollo sigue siendo útil en la articulación de las críticas de las tendencias existentes (por ejemplo, el neo-extractivismo), para descentrar los debates y orientar la investigación hacia posibilidades no-economicistas, y para mantener vivo el imaginario del más allá del desarrollo y de las alternativas al desarrollo (por ejemplo, el post-extractivismo y las transiciones culturales y ecológicas). Por supuesto, es el caso de que muchos de estos aspectos críticos relativos a la globalización, la naturaleza y la economía han surgido en respuesta a otros procesos sociales, intelectuales y políticos, y no necesariamente en relación con el desarrollo per se.

 

En este sentido, sería más apropiado sugerir que el postdesarrollo sigue siendo un concepto apto para volver a impulsar, y contribuir a articular, muchas de las preguntas cruciales del presente. Más que un desarrollo alternativo, el Buen Vivir constituye una alternativa al desarrollo, y en esa medida se puede ver como un avance en “el camino hacia el postdesarrollo” (Acosta, 2010). En el mejor de los casos, se puede decir que el despliegue de conceptos y de las luchas en torno al Buen Vivir y los derechos de la naturaleza, surgiendo bajo la influencia toque de la autonomía, constituyen una teoría y práctica post-dualista: es decir, una práctica del inter-ser.

Como tales, son elementos clave en los diseños para el pluriverso. Implican formas relacionales de ser, hacer y conocer. De esta manera, las tendencias revisadas en esta sección se sitúan de lleno dentro de los discursos de la transición. Esto permite una cierta radicalización de la discusión del postdesarrollo. Esta es una discusión en la que todas las voces críticas pueden contribuir, ya sea en el Sur o el Norte global.

6. Conclusión. (...)

 

1 Traducción a cargo de Eduardo Restrepo del Prólogo de la reedición del libro Encountering Development (Princeton University Press, 1995, 2011). En 1996 fue publicado por Editorial Norma, Bogotá, como La invención del Tercer Mundo: Construcción y Deconstrucción del desarrollo.

 

Fuente: https://core.ac.uk/download/pdf/38821953.pdf