Qué Economía

Octubre 2018


Con contrarreforma agraria por alianza de pools de siembra con transnacionales del agronegocio- Council…

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Frente a la ofensiva frontal del G-20, FMI y del gobierno de los CEO de Macri nos urge involucrar a una creciente mayoría de los diversos de abajo en el cambio radical del modo de hacer política ya que rige el embaucamiento de nosotros por la casta política cuya óptima expresión fue Cristina Fernández. Recordemos que ella, pese a su mostrarse (y ser avalada por izquierdas como) posicionada contra la impunidad de la dictadura genocida, concilió con el poder real que se estableció mediante ese terrorismo de estado al que financió y planificó. La construcción K de consenso fue para la gobernabilidad de la incesante acumulación oligopólica de poder y riquezas. Antes de ejercer la presidencia:

 

 

CRISTINA KIRCHNER, CON EL COUNCIL OF AMERICAS EN BUENOS AIRES

De campaña con los empresarios
8 de agosto de 2007

La primera dama cerró el foro argentino-norteamericano. Expresó que Argentina “es el mejor país para invertir”.

Por Diego Schurman

No, no, no, yo voy a saludar a los empresarios –dijo para que la escucharan Cristina Fernández de Kirchner, desairando a la seguridad que la invitaba a retirarse por detrás del estrado.

Al cerrar su disertación, en un foro de contactos político-económico norteamericano, la primera dama ofreció un indisimulable gesto de acercamiento a los Estados Unidos y a un emporio de hombres de negocios. Semejante señal, inhabitual en el kirchnerismo, ocurrió apenas un día después de la sonriente foto que la candidata se tomó junto al presidente venezolano, Hugo Chávez.

Los organizadores de la conferencia, el Consejo de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio, le habían otorgado a la senadora el discurso de clausura. El décimo piso del exquisito Hotel Alvear se colmó de influyentes CEO de empresas y bancos al módico precio de 125 pesos la entrada.

Cuando expiraba la reunión, Cristina dio un salto hacia adelante ante la mirada atónita de los anfitriones Susan Segal y Carlos de la Vega. Eso sí: el público no se componía de partidarios K –no al menos los habituales–, sino de inversionistas a los que el presidente rara vez le prodiga afecto frente a la prensa.

–¿Cómo te va Julio? –saludó cariñosamente a Werthein, del grupo Telecom, en un atolladero de trajes italianos que la rodearon apenas concluyó su alocución. Excepcionalmente, la senadora mencionaba el apellido de los que se apostaron en el besamanos.

De un tranco largo se puso a tiro para tenderle la diestra al embajador norteamericano Earl Anthony Wayne. “Qué tal embajador”, fue diplomática con el diplomático.

–Hoooola Cristiaaaano –se mostró decididamente efusiva con Ratazzi, de Fiat, quien le susurró algo al oído y sonrieron.

Fue más distante, aunque respetuosa, con Eduardo Elztein, presidente de IRSA, con quien intercambió palabras sin estrecharse las manos.

–Muuuuy bueno el discurso –le endulzó dos pasos más adelante, Alberto Alvarez Gaiani. Al crepúsculo, el embelesado ex titular de la UIA negaba a quien quisiera oírlo que Néstor Kirchner fuera inflexible con el sector patronal.

Cristina le agradeció y al desviar la mirada se cruzó con la de Armando Cavalieri, titular del gremio mercantil y siempre ducho en esto de buscar el calor del poder.

Increíblemente, muchos semblantes impertérritos se transformaron en un santiamén en el fiel retrato del cholulaje. Hubo quien le pidió a la senadora que pose para una foto, y a una mujer, elegante por cierto, no se le ocurrió mejor carta de presentación que gritarle, con cierta devoción: “¡Nos vimos en Madrid, en el Ritz, en el Riiiitz!”.

La escena resultaba impensada a la luz de la sobriedad que tiñó el salón durante los 45 minutos del discurso de Cristina. En el marco de la conferencia “Innovación para consolidar el crecimiento”, la senadora consideró que la Argentina ofrece inmejorables “oportunidades de negocios”. Lo argumentó con datos estadísticos y ejemplos vivenciales, que fueron parte de su esgrima verbal en el lanzamiento de su candidatura, en el Teatro Argentino de La Plata.

Desde un atril, en tono pausado, y sin levantar el dedo, la senadora hizo parangones entre los indicadores sociales de los ’90 y los actuales. Y reivindicó, una vez más, lo que dio en llamar el “modelo de matriz diversificada de acumulación” que permitió la reindustrialización, frente al “modelo de transferencia” que primó en el menemismo.

¿Ejemplos? No fue original: reiteró la experiencia en Las Parejas, aquella localidad santafesina de desocupación cero que en el alba del gobierno kirchnerista registraba 30 por ciento de desempleo. La razón, dijo, fue el “crecimiento exponencial” del país y en ese caso particular el de la industria metalmecánica.

Sin abandonar el tic de retirarse la cabellera hacia atrás con sus dedos pulgares, consideró central la inversión educativa en el “círculo virtuoso” que lleva al crecimiento. Y autoelogió la política oficial en la materia. “Gracias a la Ley de Financiamiento Educativo en el bicentenario se alcanzará el 6 por ciento del PBI”, reafirmó. Paso seguido, cuestionó, sin dar nombres, a quienes buscan capitalizar políticamente una supuesta crisis energética. “En California, que es la octava economía del mundo en términos individuales hay cortes de luz”, graficó para minimizar el tema.

A un costado de Cristina, una pantalla gigante. Al otro, Segal, la CEO del Consejo de las Américas, fundado en Nueva York por el filántropo David Rockefeller. De fondo, la comunión de las banderas argentina y norteamericana.

–Queremos que el modelo no sea de un espacio político o sector, queremos un acuerdo social tripartito, queremos un modelo sustentable socialmente –atizó sobre la ya conocida propuesta oficial, ante una audiencia que tenía en sus primeras filas a Jorge Brito (Banco Macro), Guillermo Francos y Ernesto Gutiérrez (Aeropuertos Argentina 2000), Alfredo Coto (Coto), la ministra de Producción bonaerense, Débora Giorgi; el mencionado posible ministro de Economía de Cristina, Mario Blejer, y el secretario de Turismo, Enrique Meyer, entre otros. El cierre fue a puro aplauso. Cristina agradeció con sus manos y algún que otro mohín. Fue entonces que enfiló hacia los empresarios.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-89371-2007-08-08.html

 

Aclaremos, además, que el modelo K promovió la burguesía que es local de las imperialistas y a Grobocopatel clave en la transnacionalización económica territorial de Argentina y de América del Sur e involucrado en la globalización financiera.

 

 

Periódico Sursuelo

Grobocopatel: el rey de la dékada
junio de 2013

Por  Germán Mangione

Una mirada popular y soberana sobre la producción y el campo argentino. Un abordaje de las problemáticas agrarias desde la perspectiva de los intereses de los pequeños y medianos productores, los trabajadores rurales, los pueblos originarios y los pueblos del interior. 

Su presidente y cara visible se autodefine como un “sin tierra”, habla de una revolución agraria encabezada por los pooles de siembra y “el conocimiento”, y defiende la sojización asegurando que trae más beneficios que prejuicios. Una mirada sobre el Grupo Los Grobo, uno de los grupos empresarios que más creció en el campo durante el kirchnerismo y que comparte su visión del granero de China.

Los Grobo inició sus actividades a mediados de los ‘80, en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, principalmente en la producción de granos. En ese momento la estructura operativa consistía de 3.500 hectáreas de campo, una pequeña oficina, un camión y cuatro empleados.

A partir de los años ‘90, la empresa modificó su estrategia y comenzó a establecer redes con productores y proveedores permitiéndole crecer en escala. A fines de esa década, de la mano de Gustavo Grobocopatel, la empresa se plegó a “la revolución técnica” operada en el agro, con la hipertecnificación de la producción. Como forma de esquivar las crisis que por finales de los ‘90 golpeaba a la Argentina, el grupo diversificó sus inversiones ingresando a varios países de la región. Comenzó a participar en Uruguay en sociedad con ADP, en Paraguay como Tierra Roja, en el negocio de harinas de trigo adquiriendo Molinos Cánepa, y en Brasil, en sociedad con PCP, adquiriendo y conformando diversas empresas, como por ejemplo CEAGRO.

El Grupo Los Grobo se autodefine en la actualidad como una empresa de producción y procesamiento de granos pero, fundamentalmente, es un grupo de prestación de servicios. Se orienta hacia la oferta de servicios de producción, acondicionamiento de mercaderías, logística, comercialización de granos y agroinsumos, servicios y asesoramiento financiero, información, manejo del riesgo, asesoramiento técnico y asesoramiento en gestión.

En el ‘94 Los Grobo sembraron 70 mil hectáreas y tenían 5.000 propias. Hoy su director se autodefine (casi cínicamente) como “un sin tierra”. Al igual que varios de los actores que en la actualidad dominan los agronegocios en nuestro país y nuestra región, el grupo empresario de Carlos Casares, vio la posibilidad de generar ganancias en el agro sin invertir ni correr los riesgos que implica la propiedad de la tierra.

En entrevista con el portal plazademayo.com, Gustavo aseguraba: “Se puede hacer producción sin capital porque te lo prestan. Se puede hacer producción sin trabajo porque lo tercerizás. Sin tierra, sin capital, sin trabajo. Podés hacer producción sin nada. Sin nada, no: lo único que necesitás es el conocimiento. Si vos tenés conocimiento, podés hacer un business plan y te prestan la plata. Si vos tenés conocimiento, podés convencer a este dueño de la tierra de que te la alquile. Si vos tenés conocimiento, podés desarrollar tus proveedores, que te hacen el trabajo por vos”.

Los Grobo explota hoy unas 280 mil hectáreas, asegura que no posee tierras propias, pero sí individualmente sus socios. No como grupo empresario. Centralmente explota campos ajenos en arriendo, aporta productos y servicios: semillas y fertilizantes.

La facturación anual de Los Grobo es de 900 millones de dólares en total. Entre el 40 y el 45% es en la Argentina, un 40% en Brasil y cerca de un 15% en Uruguay. Paraguay en menor medida. Actualmente estudian su ingreso a Colombia.

 

Una “déKada” ganada

En las últimas semanas, algunas declaraciones y movimientos financieros del Grupo despertaron en la prensa especializada las más variadas hipótesis sobre el futuro de las inversiones de Los Grobo en la Argentina. Luego de las declaraciones de su gerente el último 23 de mayo en el Primer Encuentro de Agronegocios Argentino-Brasileño, organizado por la Embajada de Brasil, la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña y el Grupo Brasil, en las que Grobocopatel criticara la política agraria local al asegurar que “en la Argentina estamos secos por pagar 80% de impuestos”, se encendieron varias luces de alarma.

Sin embargo, y a pesar de las especulaciones, desde el Grupo y desde el gobierno argentino aseguran que no habrá desinversión en el país. Y en estos días se anunció también la compra de la firma Agrofina con un plan por 400 millones de pesos para desarrollar agroquímicos en el país. Y es que más allá de los chisporroteos mediáticos, las declaraciones altisonantes o la antigua retórica anti soja del gobierno nacional (hoy prolijamente silenciada) y las posiciones encontradas durante la crisis agraria del 2008, varios son los puntos de convergencia entre la política y los objetivos de ambos.

El crecimiento del grupo en la última década es una clara muestra de que en Argentina se puede hablar mal de la soja pero generarle espacio para fabulosas ganancias a quien la siembra, y también se puede ser un empresario que critica al gobierno que le permitió generar esas fabulosas ganancias.

 

La empresa de Los Grobo se configuró como el estandarte de la “nueva ruralidad”, una ruralidad vinculada a los avances científicos y a la hipertecnificación de la producción que fue creciendo en facturación e influencia a partir de la segunda mitad de la década del ‘90, pero que dio un salto en la última década con la expansión del boom sojero. Las más de 60 mil hectáreas cultivadas en el país en la última campaña, una capacidad de acopio de más de 1.600.000 toneladas y una facturación que rondó los 600 millones de dólares sólo en Argentina, hacen pensar que la sociedad gobierno-agronegocios tiene cuerda para rato.

La facturación del grupo pasó de 96,7 millones de dólares en 2003 a 1305,3 en 2012. Si bien esa es la facturación total de todas sus inversiones desperdigadas por el Mercosur, Argentina sigue representando como en el comienzo del negocio el mayor porcentaje de ganancias.

 

También durante estos años el grupo ha sabido aprovechar los “incentivos” gubernamentales. El caso más significativo es el creado por el gobierno destinado a otorgar compensaciones a operadores que vendan productos derivados de trigo, maíz, girasol y soja en el mercado interno, de forma de abastecer la demanda y el consumo del mismo. A través de la División Molinos, se comercializa harina tipo 000 para consumo masivo conforme la política de precios impulsada por la Secretaria de Comercio Interior y accediendo al derecho de compensaciones por el trigo molido para producción de harina.

 

El conocimiento como commodity

“La verdad es que con el Ministerio de Ciencia y Tecnología he tenido una excelente relación, con muy buenos resultados”, aseguró en entrevistas a la prensa Gustavo Grobocopatel. Y es que este es otro de los puntos de unión de intereses entre el gobierno y Los Grobo. En cada reportaje brindado por el ingeniero agrónomo devenido en empresario se encarga de remarcar que a diferencia de lo que ocurría con la producción años atrás, hoy el principal agregado de valor es el conocimiento.

En ese marco, llegó a afirmar que los pooles de siembra y los productores sojeros están protagonizando una “revolución agraria” sólo comparable con la Revolución Industrial inglesa. Esta sociedad estado-agroempresarios tiene su expresión concreta en instituciones como el INDEAR, centro de investigación tecnológica ubicado en Rosario que une a científicos del CONICET y a la Universidad Nacional del Litoral con empresarios del agro en la búsqueda de mejoras biotecnológicas que permitan aumentar los rindes y, por supuesto, las ganancias.

En esta visión, el Estado aporta el conocimiento y la preparación de los científicos y los empresarios el capital para la investigación. Y los resultados también se reparten, como en el descubrimiento del HB4, la construcción genética que permitió crear semillas resistentes a la sequía. Allí se generaron regalías para el CONICET y la UNL y la concesión del uso y la explotación del descubrimiento por 20 años a Bioceres, la empresa de investigación liderada por Grobocopatel.

Sin embrago, muchos científicos cuestionan ese modelo de asociación. Y es que tras estas sociedades lo que se oculta es el debate de dos ideas contrapuestas. Por un lado, el relato exitista y de progreso que pregonó la presidenta en la apertura de la asamblea legislativa del año pasado centrada en la idea de la exportación de conocimiento, una especie de commodity intelectual que, como en el caso de los naturales, parece orientarse en torno a las necesidades de las grandes potencias compradoras, dejando para nuestro país a lo sumo regalías o ingresos por su exportación.

“Son científicos argentinos que lo han patentado -patente argentina (aplausos)- asociados con una empresa argentina que acaba de firmar un joint venture con una empresa de origen estadounidense para la explotación a nivel mundial de este descubrimiento que puede reportarle al CONICET en términos anuales, considerando únicamente el mercado interno, algo así como 95 millones de dólares de regalías a partir de su explotación que se desarrollará en los años 2014 y 2015”, anunciaba Cristina. Una visión que comparten los socios privados del INDEAR, como afirmaba la cabeza visible del grupo económico Los Grobo: “Argentina exportará conocimientos y participará de una mega construcción colectiva donde la ciencia y los agronegocios ofrecen nuevas soluciones a los problemas de la humanidad”.

 

Por otro lado, se encuentra la visión que manifiesta otras preocupaciones ante este panorama. Consultado por SURsuelo, el doctor Damián Verzeñassi, subsecretario Académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, comentó en esa dirección:

“Veo con preocupación que la articulación público-privada no se está dando con el objetivo de beneficiar a la comunidad, sino con el objetivo de beneficiar a determinados grupos económicos. Independientemente de que hay excepciones, hay que dejarlo en claro porque este tipo de avances como el que se está dando ahora tiene que ver con una necesidad del sector productivo de poder mejorar rindes en situaciones ambientales adversas y no está pensado para reconocer o devolver la producción agrícola a la cultura del agro que implica nuevamente los campesinos en los campos, los trabajadores rurales trabajando dignamente en sus lugares y, principalmente, recuperar la soberanía alimentaria a partir de una cultura que sea propia”.

 

Todos los caminos conducen a Beijing

Finalmente, hay una visión que termina uniendo al “rey de la soja” con la región y principalmente con la Argentina, o mejor dicho con el modelo de país que hoy lleva adelante la Argentina. En cada declaración o análisis, de los muchos que gusta hacer en conferencias o notas periodísticas Gustavo Grobocopatel, siempre se encarga de remarcar el rol que él cree que debe tener América Latina en el concierto mundial de naciones y que podría resumirse en su frase: “Este modelo sólo corre peligro si se mueren 500 millones de chinos”. Y es que la alianza, que él denomina natural, con el gigante asiático es el punto más álgido donde sus intereses convergen con los del modelo económico de Argentina, pero también del resto de los países del Mercosur. La idea del granero del mundo parece haberse achicado hasta la de ser el granero de China. Y, paralelamente, el receptor de sus manufacturas. Casi una reedición de la relación con la Gran Bretaña compradora de carnes y vendedora de manufacturas de principios del siglo pasado. Si bien, al igual que la presidenta, una y otra vez el líder de Los Grobos repite la necesidad de generar cadenas de valor que despeguen a nuestros países del fenómeno de la primarización de las economías en donde sólo se exportan commodities, los números parecen correr en otro sentido.

El comercio total entre China y América Latina aumentó de 2011 a 2012 un 8%, llegando a 255,496 millones de dólares. Las exportaciones chinas, principalmente manufacturas, a América Latina crecieron 11% a 131,042 millones de dólares, mientras las exportaciones latinoamericanas, granos o sus derivados, hacia China aumentaron 5% a 124,454 millones de dólares. Cuando la presidenta Cristina Fernández anunció el lanzamiento del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 que pretende entre otros objetivos llevar la cosecha de granos de 157 millones de toneladas frente a los 100 millones actuales, seguramente Gustavo se frotó las manos, pensando en los negocios por venir. Consultado sobre el tema declaró: “Estamos todos con una expectativa positiva, porque por primera vez un presidente habla sobre esta visión. Ninguno lo había hecho antes. Menem nunca mencionó la palabra ‘soja’. Entonces, a lo mejor es una nueva etapa que lo que hace es facilitar que este proceso ocurra”.

Y, en ese sentido, parece marchar la política argentina. Recientemente en su visita a Beijing, el titular de la cámara de diputados Julián Domínguez explicaba que “desde el 2003, con Néstor Kirchner y luego con la presidente Cristina de Kirchner, Argentina ha preparado toda la infraestructura para darle al intercambio bilateral la profundidad y la dinámica que amerita un socio tan importante como China”. Y aseguraba que “Argentina aspira a producir 160 millones de toneladas de cereales y oleaginosas en 2020, y a profundizar el estándar de protocolo que nos permita una rápida autorización de los mismos para entender los eventos genéticos y biotecnológicos en ambas naciones”.

 

“Hay un gobierno que está alineado y la oposición en general también está alineada”, llegó a declarar Grobocopatel, consultado sobre el anuncio del Plan Agroalimentario y su intensión de intensificar la producción granaria, principalmente sojera en la Argentina de los próximos años. Y no parecía estar muy errado. No sólo el kirchnerismo peregrina a Beijing, como quien peregrina a la nueva meca de la economía global en busca de nuevos negocios y del estrechamiento de la relación comercial.

El primer ministro chino Li Keqiang recibió al presidente de la Cámara de Diputados y a una delegación de legisladores del Frente para la Victoria (FPV), la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO), Frente Amplio Progresista (FAP) y el Frente Peronista, a la que aseguró que la Argentina tiene “un enorme potencial en materia agropecuaria y alimentaria”.

Es entendible que el Plan Estratégico Agroalimentario le resulte al empresario Grobocopatel un anuncio “positivo”. El líder de los Grobo parece entender que la política agraria va mas allá de “las discusiones para la tribuna”, y que en esta idea de la soja como producto estrella vinculada al mercado chino pocas diferencias hay entre los que dirigen la política desde el oficialismo o desde la oposición. Grobocopatel parece tener asegurada otra década ganada, esté sentado quien esté sentado en el sillón de Rivadavia los próximos 10 años.

Fuente: http://www.brujulacomunicacion.com/index.php/cooperativa/periodico-sursuelo/item/794-grobocopatel-el-rey-de-la-dekada

 

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Grobocopatel reafirma su expansión en Brasil

y recorta la siembra en la Argentina.

23 de octubre de 2012

 

El “rey de la soja” dijo que el área que cosecha en el país vecino crece a un ritmo de dos dígitos por año. Además, destacó el ambiente de negocios en Uruguay.

Por El Cronista Comercial

 

Nuestra producción en Brasil va a superar levemente a la de Argentina, y es natural que esa tendencia permanezca de aquí en adelante”, indicó el empresario Gustavo Grobocopatel en el Coloquio de Idea celebrado recientemente en la ciudad de Mar del Plata, según reprodujo el diario brasileño Valor.
Con operaciones también en Uruguay y Paraguay, el volumen comercializado por la empresa ascendió para la campaña cerrada en 2012 a 2,6 millones de toneladas, especialmente de soja. De ese total, 600.000 toneladas son de producción propia.
El grupo regional con sede en la Argentina no sólo se expandió geográficamente, sino que además integró servicios a la producción propia de granos.
Actualmente, cerca del 60% de los ingresos de la compañía provienen de su sector de servicios y el resto corresponde a producción y procesamiento de granos. “En la Argentina estamos reduciendo el área sembrada en 60.000 hectáreas y en Brasil crecemos a un ritmo de dos dígitos por año”, agregó el apodado “rey de la soja”.
Al inicio del año, el holding Ceagro, controlado por el grupo en Brasil, vendió el 20% de su capital al grupo japonés Mitsubishi. Con esa inyección de recursos, la empresa compró la agropecuaria Synagro en una región al oeste de Bahía.
Según Grobocopatel, el grupo, que siembra soja en Mato Grosso y en un área conocida como “Mapito”, sigue buscando dónde expandirse en el país vecino ya que en la Argentina “el espacio para áreas nuevas es muy pequeño” según consideró.
La facturación del grupo durante el ciclo 2011/12, cerrado en junio, giró en torno a los u$s 450 millones.
El grupo Los Grobo siembra unas 280.000 hectáreas en los cuatro países del Mercosur, mientras en la Argentina sembró cerca de 80.000 hectáreas en el ciclo finalizado a mediados de año, en la campaña 2012/13 que comienza, podría sembrar unas 90.000 hectáreas en Brasil.
Además de Brasil, Uruguay se presenta como un destino propicio para ampliar inversiones. “Uruguay es un país con excelentes tierras y un buen ambiente de negocios. Tiene bastante espacio para la conversión de tierras a la producción de granos aunque las escalas son bastante reducidas”, explicó Grobocopatel.
El empresario se mostró optimista de cara a la cosecha de 2013, que estará marcada por la recuperación de la producción en la Argentina y por un crecimiento de la producción brasileña en una coyuntura en que la sequía redujo la producción en los Estados Unidos.
“Hay 30% de probabilidades de que el precio de la tonelada en Chicago fluctúe por encima de los u$s 600 por tonelada y 10% de probabilidades de que lo haga por debajo de los u$s 500”, pronosticó Grobocopatel y agregó, “el mercado se mostrará volátil, pero fluctuará más en un sentido alcista que bajista”.

 

Fuente: http://www.cra.org.ar/nota/5701-grobocopatel-reafirma-su-expansion-en-brasil-y-recorta-la-siembra-en-la-argentina/

En consecuencia, el Kirchnerismo consolidó la colonialidad del poder, del saber y del ser  pero tapó esa política de estado valiéndose de relatos y épicas escenificados mediante Tecnópolis e indujo el refuerzo de esa creencia popular en estar ante un proceso de independencia con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, además de la expatriación de científicos. La prueba del embaucamiento es la continuidad de Lino Barañao en el gobierno de Mauricio Macri.

 

También destaquemos el uso K del conflicto por la resolución 125 con la Mesa de Enlace para encubrir a la política de estado que, desde la instauración neoliberal gracias al terrerorismo paraestatal (ejemplo Triple A) y estatal, facilita al del poder real la ocupación económica territorial del país mediante el sistema de la soja. Analicemos:

 

La “sintonía fina” del modelo sojero

Cristina Kirchner, Rockefeller, Monsanto y

la nueva oligarquía agroindustrial

15 de enero de 2013

 

Por Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza

Grupo de Reflexión Rural (GRR)

 

Después de un primer semestre convulsionado por las oscilaciones de los mercados globales, y aún cuando restan aproximadamente cinco meses para la cosecha de soja transgénica en nuestro país, surgen algunos datos de relevancia en torno a las proyecciones en el corto plazo de la balanza comercial que, si bien permanecerá superavitaria, arrojará considerables disminuciones de aprovisionamiento de divisas por exportación (se estima que ingresarán U$D 4000 millones menos). La crisis del capital internacional, sumado al notable impacto del descenso de la demanda europea y asiática en el mercado de futuros, hace que la cotización de la oleaginosa genéticamente modificada en la Bolsa de Chicago esté muy por debajo de las expectativas proyectadas a principios del año pasado.

En este contexto, la Argentina tomó a lo largo de 2012 una serie de determinaciones en materia de agronegocios cuyas implicancias consideramos alarmantes. La consolidación de un modelo de desarrollo extractivo, agro-minero-exportador, productor de materias primas, destinadas a satisfacer la demanda de los mercados globales, parece ser el objetivo final de todos los planes estratégicos diseñados por el Estado Nacional.

Para comprobarlo, sólo basta con consignar algunos de los objetivos principales del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) [1]: incrementar la superficie sembrada con granos en un 27%, (es decir, aumentar la superficie actual de 33 millones de has. a 42 millones de has.), elevar la producción de soja GM en un 20% (aumentar la superficie actual de casi 20 millones de has. a más de 22 ó 23 millones de has.) y elevar la producción de maíz GM en un 56% (aumentar la superficie actual de 3,7 millones de has. a 5,7 millones de has.), entre otros objetivos.

Como dato adicional, es importante destacar el PEA2 se sustenta ideológicamente en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, cuyos mayores promotores a nivel global son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio [2]. Es un dato relevante en términos del análisis del discurso, puesto que la dirigencia oficialista de nuestro país se caracteriza por el uso de una retórica nacional-popular, enérgicamente antineoliberal, crítica del llamado “Consenso de Washington”, condenatoria de las ideologías del libre mercado y de la dependencia de los organismos multilaterales de crédito. No obstante esos discursos, los responsables supranacionales del diseño macroeconómico de los aciagos años del menemismo parecen seguir presentes en las decisiones estratégicas de la alianza actual entre el estado nacional, las corporaciones transnacionales y la nueva oligarquía local.

La discusión en torno a estas cuestiones fundamentales están ausentes del debate político-mediático. Parecería que la llamada realpolitik y el marketing político impusieron estilos de confrontación en los que no prevalecen las formas; ya poco importa si se emplean retóricas de izquierda o de derecha, excepto por aquéllos casos en los que la polarización se presta al uso pragmático de los grupos de poder. Los principales partidos políticos y los grandes medios de comunicación de la Argentina parten del acuerdo tácito de no discutir el modelo de desarrollo en vigencia, especialmente en lo que concierne al modelo sojero. Sencillamente porque casi todos están de acuerdo con él.

En este artículo enunciamos una serie de acontecimientos en materia de agronegocios cuya importancia para el modelo de desarrollo impulsado por el Estado Nacional y las corporaciones son decisivos para los años venideros, y que seguramente configurarán nuevos y extraordinarios escenarios de luchas y resistencias sociales.

Bioceres, Gustavo Grobocopatel y la soja resistente a la sequía: la ciencia empresarial como política de estado

En febrero del año pasado, durante una videoconferencia organizada en la Casa Rosada, en simultáneo con Tecnópolis, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba junto al actual Ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, el descubrimiento de un gen cuya implementación permitiría incrementar la producción de soja, maíz y trigo en contextos de sequía. El anuncio fue realizado junto a las autoridades de la empresa Bioceres S.A. y la Dra. Raquel Lía Chan, directora del proyecto nacido a la luz de un convenio público-privado firmado en 2004 entre dicha empresa, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral [3] [4].

Bioceres es una empresa cuyos accionistas son a su vez destacados miembros de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y cuyo director titular es nada más y nada menos que el llamado “Rey de la Soja”, Gustavo Grobocopatel.

Durante dicho encuentro, Cristina Fernández de Kirchner consideró que “si se adapta esta tecnología en todo el mundo, con tan sólo los cultivos de soja se obtendrían unos 2500 millones de dólares en concepto de regalías por campaña” y que “se trata de uno de los descubrimientos más importantes en términos de mejorar la calidad de las semillas, la producción y lo que va a significar en materia de regalías para el Conicet, para la Universidad del Litoral, para la empresa asociada; además del crecimiento en la producción agrícola del país” [5].

Por su parte el ministro Lino Barañao, expresó que “este caso permite demostrar que hemos instalado en la Argentina algo que es la norma de los países desarrollados: se invierte en investigación, se protege adecuadamente la propiedad intelectual y luego se comercializa a través de canales adecuados para que ese rédito se efectivice. También me parece importante destacar que la seguridad alimentaria, es decir, la seguridad de provisión de alimentos, es tal vez el mayor desafío que tendrá la humanidad en las próximas décadas”.  

Con un financiamiento de $3.750.352 aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en 2008 (según consta en la resolución Nº 034/2008 del Programa Áreas Estratégicas) [6] , dicho proyecto “logró el aislamiento y la caracterización de un gen de girasol (el ya patentado gen HAHB-4) cuya función estaba relacionada con la respuesta natural de la planta a condiciones de estrés abiótico, tales como sequía y salinidad. Según concluyeron, el incremento de la productividad de esta nueva tecnología oscilará entre el 10% y el 100% dependiendo del tipo de cultivo, la calidad del mismo y el lugar donde se produzca así como también de los factores climáticos”. Todo parece indicar que, además de permitir sortear eventualidades climáticas, el objetivo último de la introducción de estas nuevas tecnologías apunta a extender el cultivo de soja GM hacia áreas de estrés hídrico como la región cuyana, lugar donde hoy sus poblaciones ya padecen el terrible flagelo de la megaminería.

Cabe destacar que el patentamiento de dicho descubrimiento es de propiedad conjunta del Estado Nacional, a través de la titularidad del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Sin embargo -y en absoluta consonancia con la antigua tradición liberal estado bobo/ empresas prebendarias- se otorgó a la empresa Bioceres S.A. su licencia para uso y explotación durante veinte años.

En tal sentido, Bioceres S.A. anunció el nacimiento de Verdeca, una joint-venture conformada junto la empresa estadounidense Arcadia Biosciences, para el desarrollo y la comercialización internacional de eventos transgénicos utilizados para la obtención de semillas GM. En su página web ya se pueden apreciar los anuncios de su nueva soja resistente a la sequía, lanzamiento estimado entre los años 2015 y 2017 [7] . En teoría, las empresas participantes del acuerdo invertirán durante los próximos cuatro años U$D 20.000.000 para el desarrollo de la tecnología y su introducción en nuestro país y los mercados globales.

Monsanto, el Consejo de las Américas y el poder global: la nueva soja Intacta RR2 PRO, la propiedad intelectual y la nueva fase del agronegocio

El 14 de junio del año pasado 2012, pocas horas después de su aclamada intervención por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ante el Comité de Descolonización de la ONU, Cristina Fernández de Kirchner participó de una reunión en el Consejo de las Américas junto a diversos representantes de las corporaciones transnacionales más poderosas del mundo [8]. Entre ellos, por supuesto, se encontraban los directivos de Monsanto Company.

Durante el encuentro, la presidenta anunció algunas de las medidas que favorecen a su filial en Argentina y que hoy mantienen en estado de alerta a muchos movimientos sociales de todo el país: la inversión de casi 2000 millones de pesos para la construcción de dos “centros de investigación y desarrollo” en la localidad de Islas Malvinas (Córdoba) y en Tucumán; el lanzamiento comercial de la nueva soja “Intacta RR2 Pro” [9] -que agrega mayor resistencia al glifosato y repelencia a lepidóteros-; la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas al maíz transgénico para incrementar su productividad; el futuro “respeto por las patentes” sobre las modificaciones genéticas de Monsanto -que posiblemente se traduzca en un nuevo esquema legal sobre las semillas con el fin de asegurar su tributación por parte de los productores-; la importancia de las inversiones de dicha empresa en el marco de los objetivos del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA2) y la posibilidad de extender la frontera agropecuaria hacia la Patagonia.  

Tampoco ahorró elogios para el trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus casi 900 científicos repatriados. Y repitió una vez más la cantinela favorita de las corporaciones globales de la agroindustria: “la producción de alimentos con métodos tradicionales es insuficiente para alimentar a la humanidad, por lo que se hace fundamental la intervención de la ciencia y la tecnología”. En suma, Cristina Fernández de Kicrhner considera que lo fundamental radica en el negocio de las corporaciones transnacionales de la agrobiotecnología en aras de consolidar el dominio global de la especulación alimentaria.

Un dato clave respecto de esta reunión: estuvo organizada por una amiga íntima de la presidenta: Susan Segal, CEO del Consejo de las Américas, territorio del magnate del petróleo y las finanzas David Rockefeller (accionista de Monsanto junto a George Soros y Bill Gates, entre otros) y del tristemente célebre John Negroponte, aquel oscuro diplomático quien en su momento fuera un aliado fundamental del genocida Henry Kissinger para la ejecución de la Operación Cóndor en América Latina [10].

Susan Segal también es consultora de JP Morgan Partners y fue directora de América Latina para Chase Capital Partners. Pero los lazos con el poder económico de la Argentina se estrechan: según consta en su currículum [11], también fue Directora Titular y Miembro del Comité de Auditoría de CRESUD, una de las empresas del imperio de Eduardo Elsztain, durante los años 2004 y 2006.

Eduardo Elsztain, uno de los empresarios con mayor llegada a los centros del poder financiero global, es dueño de numerosos shoppings, edificios, y hoteles en la Ciudad de Buenos Aires y en gran parte del país. Controla el Banco Hipotecario desde los años ’90, es propietario de IRSA (la mayor corporación inmobiliaria del país) y de CRESUD, empresa del rubro agroindustrial mediante la cual controla casi un millón de hectáreas en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, destinadas principalmente a la producción de transgénicos. Este empresario, además de ser uno de las personas más influyentes de la Casa Rosada, es también uno de los selectos miembros del Comité Asesor Internacional de la Presidencia del Consejo de las Américas , espacio que comparte junto a otros empresarios de la Argentina como su ex socio Marcelo Mindlin (Pampa Energía, Edenor y Transener), Alejandro Bulgheroni (Bridas), Woods Staton (Arcos Dorados, operador de Mc Donald’s para América Latina) y Amalita Amoedo, nieta y heredera de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat [12]. Conforme estos datos, resulta a todas luces comprensible el hecho de que el ex presidente Néstor Kirchner registrara una asistencia casi perfecta a la sede del Council of Americas cada vez que viajó a Nueva York.

Lo curioso es que al día siguiente de aquella reunión en el Council of Americas, en Paraguay tuvo lugar un hecho que desataría un vendaval político: la masacre de Curugauty [13], en la que fallecieron 11 campesinos y 6 policías. Como se conoció después, este hecho fue aprovechado por la oposición del por entonces ya debilitado presidente Fernando Lugo, quienes no trepidaron en iniciarle un juicio político para destituirlo, algo que lograron transcurridos unos pocos días. Detrás de la trama conspirativa estuvo nada más y nada menos que Monsanto, quienes junto a los sectores del poder local más reaccionario, tales como la Unión de Gremios de Producción (UGP) y el Grupo Zucolillo -socios locales de Cargill y dueños del diario ABC-, iniciaron una intensa campaña de lobby pro transgénicos, tras verse impedidos por los organismos sanitarios del Estado para imponer nuevas semillas de algodón genéticamente modificado. Lamentablemente, ni siquiera este golpe mediático-institucional logró hacer mella en la sensibilidad política de Cristina Fernández de Kirchner, quien a su regreso de Nueva York, se solidarizó con Fernando Lugo y junto a sus pares de la UNASUR repudió el “golpe de Estado” en el Paraguay luego de haber estado reunida con la corporación transnacional que lo propiciara.

Sin dudas estas nuevas tecnologías de “segunda generación” anunciadas por Cristina Fernández de Kirchner y por la empresa Monsanto a mediados de 2012, suponen la apertura de una nueva fase del agronegocio en la Argentina. Algunas fuentes señalan que dichos anuncios fueron producto de una larga serie de negociaciones entre el gobierno argentino y Monsanto, operaciones en las que el lobby empresarial se expresó a través de la Embajada de los Estados Unidos e inclusive mediante la intervención de altos miembros del gabinete del presidente Barack Obama [14].

A modo de conclusión

El brutal proceso de sojización inaugurado en la Argentina a mediados de la década del ’90, evidencia una de las continuidades más palmarias de los llamados modelos de desarrollo: tanto el neoliberalismo como el actual neodesarrollismo de base extractiva, comparten los mismos presupuestos en términos de acumulación del capital, basada en el despojo de los bienes comunes. Estas intersecciones políticas, puestas de relieve, demuestran que, visto desde las lógicas de la modernidad, no necesariamente existe un antagonismo irreconciliable entre neoliberalismo y progresismo.

Desde la aprobación ejecutada por el menemismo en 1996 de la soja RR (Round Up Ready) de Monsanto hasta la aprobación de la soja “Intacta RR2 Pro” ejecutada por el kirchnerismo, transcurrieron casi dieciséis años en los que la superficie sembrada con soja resistente a los herbicidas creció prácticamente en un 5000%, pasando de 370 mil hectáreas en 1996 a los 20 millones de hectáreas en la actualidad , lo que representa prácticamente dos tercios de la superficie cultivada total de la Argentina. A esto debe agregarse el colosal abuso de la tecnología química: durante el 2012 se utilizaron más de 300 millones de litros agrotóxicos.

El tutelaje estatal del excedente es fundamental para comprender el fetiche por el crecimiento compartido por el neoliberalismo y el progresismo: el uso de la agrobiotecnología se justifica por la constante búsqueda del incremento de la productividad, puesto que a una mayor producción le sigue una mayor recaudación. Así, las previsiones económicas indican que en la temporada 2012/13 se logrará obtener una cosecha de soja GM que oscilará entre los 55 y 60 millones de toneladas. De esa manera, el Estado Nacional obtendría una recaudación de 12 mil millones de dólares en concepto de retenciones (casi el 10% de la recaudación total).

La Argentina, largamente gobernada por una dirigencia que mixtura progresismo setentista y neoliberalismo reciclado, consolida de esta forma su estatus de “Republiqueta Sojera”, metáfora que alude a una de las facetas más perversas del modelo extractivo y neocolonial en vigencia: la agricultura biotecnológica, productora de granos transgénicos y de agrocombustibles para los mercados globales, hegemonizada por el capital concentrado transnacional y sus socios locales, aliados a los fanáticos, tanto públicos como privados, de la ciencia y de la tecnología. Una agricultura desnaturalizada y deshumanizada; una agricultura sin agricultores, profundamente violenta con el suelo y con los ecosistemas; una agricultura que considera meros insumos a las semillas y a la biodiversidad.

Los terribles impactos de las fumigaciones, el desmonte, las enfermedades, la falta de alimentos sanos, las inundaciones y sequías, la pérdida de los suelos y sus riquezas, el desplazamiento de las poblaciones y su consiguiente hacinamiento en las periferias urbanas asistencializadas, no forman parte de las preocupaciones gubernamentales, son justificadas por “razones de estado” y configuran la contracara del jactancioso “modelo de crecimiento económico con inclusión social” machacado por el poder comunicacional del kirchnerismo.

Los procesos político-económicos que se profundizan en torno al modelo de los agronegocios, sumado a la creciente subordinación de las políticas de estado hacia los objetivos económicos de las corporaciones transnacionales y las necesidades de los mercados globales, se distancian de manera abrupta de las retóricas épicas que, ilegítimamente, pretenden activar el imaginario social de la tradición nacional y popular. Una mirada congruente con las complejidades propias de la historia reciente de la Argentina , observaría con facilidad la tensión que existe entre la base material y el universo simbólico-ideológico del actual proceso político, tensión que, sin dudas, el progresismo oficial ha sabido capitalizar en términos proselitistas: apropiarse de retóricas que apelan a la memoria de las resistencias de nuestros pueblos para resignificarlas y reconvertirlas en herramientas de dominación simbólica al servicio del capitalismo global.

La resignación y la capitulación de ciertos sectores progresistas y/o de izquierdas (intelectuales, funcionarios, sindicalistas, etc.), cuando no el posibilismo y la creencia en la gradualidad, dieron lugar a una legitimación del actual proceso de recolonización cuya contribución al confuso maremágnum conceptual de nuestra época resulta crucial. Es por ello que en ciertos “relatos” progresistas y hasta de izquierdas, se encuentran disparatadas interpretaciones históricas en procura de justificar nuestro triste rol neocolonial de apéndice agro-minero-exportador impuesto por la globalización.

Tenemos que salir de la encerrona racional, urbana e industrial periférica que nos propone la globalización . Necesitamos desactivar a sus portavoces liberales y progresistas. La fe ciega en el progreso y el desarrollo material infinitos, nos impide pensar la posibilidad de mundos-otros, e indefectiblemente nos conduce a un suicidio colectivo.

Es por ello que necesitamos recrear un pensamiento nuevo con ligazón a las sabidurías ancestrales, orientado hacia nuevos horizontes decoloniales, ecológicos y libertarios. Un pensamiento que nos permita cuestionar las lógicas de la modernidad de manera radical, convencidos de que el cuestionamiento de sus presupuestos es el mejor modo de aportar a las luchas contra el capitalismo y el colonialismo.

Luchamos por retomar el derrotero americano del arraigo y recuperar la dimensión sagrada del territorio, el alimento y la vida en comunidad. En suma: asumir el destino cósmico que nos une a la Madre Tierra.  

"Se trata de descubrir un nuevo horizonte humano, menos colonial, más auténtico y más americano. ¿Para qué? Pues para que desde aquí recién pensemos la necesidad o falta de necesidad de las revoluciones, o quizás un mundo auténtico donde una revolución podría ser inútil por estar ya todos nosotros desde siempre en ella, pero en toda su profundidad, con toda nuestra plenitud americana" (Rodolfo Kusch) [15].

Referencias:

[1] Datos extraídos del documento “Argentina Líder Agroalimentario. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010- 2020”, disponible en la web oficial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación: http://64.76.123.202/site/areas/PEA2/24-Argentina%20Lider%20Agroalimentario/index.php

[2] Un abordaje crítico de los “Objetivos del Milenio” (ODM) con el que coincidimos es el que expresó Eric Toussaint durante su ponencia del 20/09/2010 ante las Naciones Unidas: http://cadtm.org/Ponencia-de-Eric-Toussaint-ante

[3] Ver en página oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología:http://www.mincyt.gov.ar/noticias/noticias_detalles.php?id_noticia=856

[4] Ver en página oficial de Bioceres S.A.: http://www.bioceres.com.ar/es/content/cristina-fern%C3%A1ndez-celebr%C3%B3-acuerdo-entre-bioceres-y-arcadia-bioscencies-para-comercializar

[5] Ver Página 12, sección “Economía”, correspondiente a la edición del 29/02/2012:http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-188569-2012-02-29.html

[6] El documento oficial se encuentra en la web de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica:http://www.agencia.gov.ar/IMG/pdf/PAE_financiados_web.pdf

[7] Los próximos lanzamientos comerciales de esta joint-venture pueden verse enhttp://www.verdeca.com/technologies

[8] Un parte de prensa oficial del Ministerio de Industria señala en dicha reunión participaron representantes de : “The Aes Corporation, Bank of America Merrill Lynch, Barrick Gold Corporation, Bridas, Brightstar, CA Technologies, Cargill, Chevron, Citi, Conoco Philips, Corporación América, Credit Suisse, Directv, Dow Chemical, Eton Park, Exxon Mobil y Fintech. También hubo representantes de Ford, Fox, GE Latin America, General Motors, HSBC, IBM, Integra Investment, Intel, J.P.Morgan, JBS Friboi, Johnson & Johnson, Kroll, LAIG, Lazard Asset Management, Mattos Filho, Microsoft, Monsanto y NEC. Completan la nómina de participantes NYSE Euronext, Pfizer, Pluspetrol, Procter & Gamble, Riverwood Capital y Wal-Mart”. La información oficial se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Industria: http://www.industria.gob.ar/encuentro-de-la-presidenta-en-nueva-york-con-empresarios-confirma-planes-de-inversiones-en-la-argentina/ y en http://www.industria.gob.ar/giorgi-en-el-consejo-de-las-americas/

[9] El documento oficial de la resolución oficial por la que se otorga licencia comercial a la nueva soja de Monsanto, está disponible en la página oficial del Ministerio de Agricultura:http://64.76.123.202/site/agregado_de_valor/biotecnologia/55-OGM_COMERCIALES/_archivos/RES_446_2012.pdf

[10] En relación a los vínculos existentes entre el poder económico de David Rockefeller y el gobierno argentino, el periodista y ex diputado nacional Miguel Bonasso ha publicado recientemente un artículo denominado “El discreto encanto de Rockefeller”, en donde se devela la trama de negocios detrás de la “nacionalización” de YPF: http://bonasso-elmal.blogspot.com.ar/2012/12/el-discreto-encanto-de-rockefeller.html

[11] Su perfil laboral se encuentra disponible enhttp://investing.businessweek.com/research/stocks/private/person.asp?personId=78079&privcapId=5390419&previousCapId=23829859&previousTitle=Lignum%20Forest%20Products%20LLP

[12] Información disponible en la web oficial del Consejo de las Américas: http://www.as-coa.org/about/chairmans-international-advisory-council

[13] Un informe detallado sobre la masacre de Curugaty fue elaborado por Javiera Rulli y Reto Sonderegger (GRR):http://www.pararelmundo.com/noticias/semana-tragica-paraguay/

[14] O’Donnell, Santiago (2011). “Argenleaks: Los cables de Wikileaks sobre la Argentina , de la A a la Z ”. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, Argentina.

[15] Kusch, Rodolfo (1975) “La negación en el pensamiento popular”. Ed. Cimarrón, Buenos Aires, Argentina.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=162247

 

 

 

Involucrémonos en el desafío formulado por Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza:   "necesitamos recrear un pensamiento nuevo con ligazón a las sabidurías ancestrales, orientado hacia nuevos horizontes decoloniales, ecológicos y libertarios. Un pensamiento que nos permita cuestionar las lógicas de la modernidad de manera radical, convencidos de que el cuestionamiento de sus presupuestos es el mejor modo de aportar a las luchas contra el capitalismo y el colonialismo". Tengamos en cuenta a la siguiente nota.

 

 

Raúl Zibechi/Aníbal Quijano: Descolonización

3 de septiembre de 2018

enred_sinfronteras@riseup.net

Raúl Zibechi:”Estamos caminando hacia Estados cada vez más autoritarios”

Diario Uno, 03.09.2018.

Para Zibechi, no es posible reformar las sociedades latinoamericanas desde las élites o guiados por pensamientos eurocéntricos, el reto es aprender y construir desde los movimientos y sectores populares.

Compartimos entrevista realizada a Raúl Zibechi:

– ¿Qué críticas tienes a los gobiernos progresistas que ha tenido América Latina?

La década y media de progresismo que hemos tenido en América Latina no ha producido cambios estructurales. Mejoró la situación de los más pobres a través de transferencias monetarias y de políticas focalizadas contra la pobreza en la línea del Banco Mundial, pero no consiguieron ni se propusieron tocar la riqueza, hacer una reforma urbana para que la ciudad tenga un acceso más igualitario, no hicieron reformas agrarias, ni impositivas, no tocaron los grandes privilegios. Al no hacerlo cuando la coyuntura económica favorecía, han caído los precios de las commodities y las materias primas, y volvemos a una situación de ajuste, de reducción del gasto y, por lo tanto, de limitación de esas políticas. La única forma que hay para empezar a combatir las desigualdades reales es afectar a la riqueza y no hay la menor intención de hacerlo porque sería desatar un conflicto social que los progresismos están lejos de desear.

Tampoco están preparados…

No están preparados política ni anímicamente porque lo que han querido es instalarse en el gobierno, en los altos cargos, y desde allí gestionar el Estado sin transformarlo.

– ¿Cuál ha sido el lugar de los movimientos sociales en estos últimos años y cómo cambiar el Estado y el mundo desde abajo?
El Estado, primero que nada, es una herencia colonial que se ve reforzado por un modelo extractivo que no hace más que generar profundización de los rasgos autoritarios y coloniales del Estado, con nuevos actores como el narcotráfico y la corrupción que se incrustan en el viejo Estado colonial. Entonces, lejos de una democratización estamos caminando hacia Estados cada vez más autoritarios. En el Perú, la corrupción y la podredumbre del aparato estatal no dependen de tal o cual presidente. Puede que haya alguno que pueda empeorar o mejorar las cosas, pero el núcleo, que es un Estado corrupto, colonial, opresivo, no cambia en función de quién sea el gobernante.

La única forma de cambiar el mundo es desde la sociedad. ¿Cómo cambian el mundo los movimientos? Puedo dar dos ejemplos, uno muy claro son las mujeres. Hace treinta años, las pocas mujeres que se atrevían a hablar en voz alta eran miradas como algo extraño. Hoy son un actor fundamental en el mundo, y ya nadie puede dudar que los movimientos de mujeres están cambiando el mundo. El otro actor que ha hecho más o menos el mismo proceso en el mismo tiempo son los pueblos indígenas, tanto los andinos como los amazónicos. Se revaloriza su cultura, su identidad, y los empezamos a ver de otra manera. Son dos ejemplos muy claros de cómo se cambia el mundo desde la sociedad.

– Estamos en un nuevo contexto después de quince años de progresismo, ¿cómo ve el escenario político en donde el conservadurismo y el extractivismo están empoderados?

Veo un escenario muy complejo por muchas razones. Una, en el mundo aparece un debilitamiento de los Estados Unidos con figuras como Trump, que revela la crisis y la falta de norte del país, con una emergencia fuerte de Asia y de China como actor fundamental, que ya se venía hablando hace una década, pero hoy es más claro. Tenemos potencias como la Unión Europea que no aciertan a cómo ubicarse en este mapa con un conflicto serio con Rusia, y en América Latina hubo un periodo en el cual una gran parte de las élites políticas, incluso económicas, aspiraron a tener cierta autonomía de los Estados Unidos, no obstante, pasaron a no saber realmente dónde se posicionan, porque, aunque algunos miran con cercanía a Estados Unidos, qué sería de nuestros países si no exportaran a China, a donde va el grueso de nuestra producción.

Lo que tienen muy claro las élites es que los pueblos son un peligro, entonces se han vuelto más conservadoras, intolerantes y autoritarias. Lo que todos tienen claro, pentecostales, empresarios, narcos y aparato estatal, es que a los sectores populares hay que mantenerlos esclavizados como en la vieja hacienda, a raya, fuertemente controlados. Estamos llegando a un nuevo tipo de Estado profundamente autoritario, se puede votar, pero democracia, eso no existe.

Movimientos sociales y para potenciar acción social

– ¿Cuál es el punto de encuentro entre la obra de Aníbal Quijano y “Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías”?

Aníbal Quijano ha conseguido formular algunas ideas muy importantes para comprender los movimientos sociales y para potenciar la acción social, ideas sobre la heterogeneidad de nuestros pueblos, de nuestras historias respecto al eurocentrismo, y eso nos lleva a pensar con cabeza propia, sin trasladar ideas del marxismo, el anarquismo, la social democracia o del conservadurismo, ideas europeas, sino a tenerlas en cuenta porque algunas son interesantes, pero en base a nuestras realidades construir lo nuevo. Para poner un ejemplo concreto: la idea del socialismo europeo es que su fuerza motriz era la clase obrera asalariada, pero Aníbal dice “en América Latina no hay solo salario, hay cinco formas de relación laboral”. Una de ellas, la reciprocidad, es fundamental en el mundo andino, el amazónico, e incluso en las ciudades y periferias urbanas, sin reciprocidad no existiría Villa El Salvador.

 

*Raúl Zibechi, periodista, pensador y activista militante uruguayo vino al Perú para homenajear al reconocido pensador peruano Aníbal Quijano y para presentar su libro “Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías”.

http://diariouno.pe/columna/estamos-caminando-hacia-estados-cada-vez-mas-autoritarios/

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2018/09/03/raul-zibechi-anibal-quijano-descolonizacion/

 

 Crisis civilizatoria

 

Frente al progresismo comprobemos cómo gestiona la contrarreforma agraria conque el sistema capitalista mundializado se desarrolla:

 

Uruguay

A la sombra del latifundio

23 de noviembre de 2016

Por Marcelo Marchese (Rebelión)

 

En una reunión de veteranos el cantor empuñó la guitarra para entonar A desalambrar. El auditorio lo siguió a destiempo, desafinando y con emoción forzada. La escena era patética; cuanto más abandonaba este grupo sus sueños de juventud, más se aferraba a un símbolo del pasado. No los culpemos, el hombre suele enterrar sus sueños bajo los escombros que arroja, día a día, la experiencia. Ahora bien, y este es el quid del presente artículo, lo triste es que llamemos experiencia a la suma de nuestros fracasos.

Antes de abordar las causas de este fracaso nacional, y en suma, antes de analizar qué ha impedido erradicar el cáncer del latifundio, debemos señalar un hecho singularmente irónico. Aquellos veteranos desconocían que, precisamente, el partido que habían votado con entusiasmo o bajo la consigna lo otro es peor, hoy lleva a cabo un proceso de desalambramiento de los campos comenzado con la apertura democrática.

Expliquemos esto con mayor detalle. En los tiempos de Latorre, en la década del 70 del siglo XIX, se alambraba para controlar el ganado, para impedir que un toro de raza regara su semen por otros lares y para apropiarse de tierras ajenas. Si el medianero no podía pagar el alambramiento forzoso, forzosamente perdía su campo. Como no hubo necesidad de llevar a cabo una mensura, los latifundistas echaron mano a una masa indeterminada de tierra, incluyendo caminos fiscales. Para aproximar al lector a la entidad de este pillaje, hacia 1836, dos tercios de las tierras laborables del país eran terrenos fiscales. La ley del más fuerte determinó que los latifundistas arrojaron a cuarenta mil personas a los caminos, el 10% de la población rural. La génesis del latifundio en nuestro país, desde la colonia, está asociada al robo y a innumerables maniobras que rara vez incluyeron el desembolso de dinero, o al menos, eso dicen TODOS y cada uno de los textos que estudian su origen y no hay uno que diga lo contrario, pues a los guardianes del latifundio no les conviene siquiera mentar la infancia de la criatura. Prefieren, y hacen bien, correr un denso velo sobre el pasado ante los ojos de la República.

Cien años después, a partir de las exoneraciones impositivas y demás estímulos a la forestación que desembocaron, misteriosamente, en la instalación de tres pasteras (pues estas gentes planifican las cosas) llegamos a que los monocultivos de eucaliptus y pinos ocupan un millón y fracción de las 16 millones de hectáreas laborables de nuestro país. Por su cuenta, la soja, la planta sagrada de Mujica, alcanza una superficie similar. Ocurre que estos cultivos no siempre precisan de alambrado (1) pues molestan a las grandes cosechadoras, por lo que, sin mentar a Viglietti, y a la sordina, se viene desalambrando a piacere.

Desde la colonia hasta ahora habrá variado esto o lo otro, pero hay algo que se mantiene intacto: el latifundio que no para de crecer. Como normalmente aquello que se extiende lo hace a costa de otra cosa, año a año pierden sus campos mil cien productores rurales, cuyos terrenos caen en las bocas abisales del latifundio. En 1963 un 19% de la población vivía en el campo; en 1985 un 13%; para el 2004 bajamos al 8% y en el 2011 descendimos al 5%. Habida cuenta que no hay un pujante sector industrial que absorba esta mano de obra, con toda evidencia queda medrando en actividades no directamente productivas, en tanto en el medio rural se deteriora el tejido económico y social.

La situación es un poco más funesta si pensamos que un porcentaje considerable de esas tierras está en manos de extranjeros. Digamos, un 25% (según fuente interna de una de las mayores empresas agrícolas que operan en Uruguay, el porcentaje es de un 40%). No podemos saber este porcentaje con precisión, cada vez que opera en la compra una sociedad anónima o un testaferro ¿Pero un gobierno, sea de izquierda o derecha, no se preocupa por la pérdida de soberanía que significa entregar el 25% o quién sabe cuánto del territorio a quién sabe quién? Se preocupa, sí señor. Hizo una ley que impide que las sociedades anónimas compren tierras. La ley fue redactada. El problema es que aguarda, en un cajón, y entre las polillas, a ser sancionada ¿Cómo es eso? Eso mismo le pregunto al lector, pero sigamos, que hay mucha cáscara para rascar sobre la llaga del latifundio.

Si alguien duda de la magnitud de la entrega, que atienda a este dato aportado por el Instituto Nacional de Colonización: durante el 2010, el 83% de las hectáreas compradas en el país quedaron en manos de extranjeros. En el 2011, y considérese que estas cifras ya quedaron atrás, ocho empresas forestales poseían 720.000 hectáreas: Montes del Plata 250.000 y UPM 200.000. Es de suponer que en un radio de 200 kilómetros de la tercera pastera, UPM haya comprado ahora considerables territorios. Montes del Plata y UPM controlaban el 50% de la superficie forestada y esta característica se extendía al resto de los principales rubros agrícolas. Mas, si la concentración de la tierra en manos de extranjeros es escandalosa ¿qué decir de la industrialización de los productos agrarios y su exportación? En el 2011 el 87% del procesamiento del arroz estaba en manos de brasileros. Los 10 frigoríficos más grandes concentraban el 70% de la faena y al menos 8 de ellos eran propiedad de extranjeros. En la madera, los extranjeros concentran la virtual totalidad de los dos procesos. En la soja, de la que sólo industrializamos un 5% (contra un 52 y un 71% que industrializan Brasil y Argentina) cinco empresas extranjeras concentran el 77% de las exportaciones.

¿Cuáles son los problemas derivados de la extranjerización de la tierra, la producción industrial y la exportación de los productos agrícolas?

El primero de todos es la fuga de capitales. La renta resultante no necesariamente se reinvierte en el país, por lo cual podemos asistir a un crecimiento de "nuestras" exportaciones, pero ese crecimiento no significa desarrollo (dejemos de lado el problemita de las exoneraciones impositivas). Habría desarrollo si ese crecimiento generara un encadenamiento productivo, si ese crecimiento fuera dinamizador de nuestra economía. En síntesis, se produce aquello que es rentable para otros y no necesariamente lo que nos beneficia. La ganancia de esa producción vuela y además el productor extranjero no se preocupa por la erosión del suelo a largo plazo (menos aún si arrienda, algo común en la soja). Los países que han dado un salto desde una economía agrícola a una economía industrializada, han reinvertido su renta agropecuaria. Esos países no cargan la tara del latifundio, que en los países atrasados, como en Latinoamerica, es resultado, por un lado, del proceso de colonización de las potencias ibéricas, y por el otro, de la propia dinámica de la relación entre los países imperiales y los países dependientes, relación que fortalece al latifundista y le permite acrecentar su poder político. Los países imperiales nos venden productos industrializados, inclusive nos venden la soja procesada, y nosotros les vendemos bienes primarios, que constituyen el 75% de nuestras exportaciones.

Pero al problema de la extranjerización de la tierra y su producción y exportación de bienes, agreguemos los propios problemas emanados del latifundio a secas. "La propiedad [de la tierra], en realidad, no debe ser de nadie; o más bien dicho, debe ser de todos, y la entidad que representa a todos es la sociedad".  Acaso el lector se sorprenda si le digo que esta frase no fue lanzada al mundo por Vladimiro Lenin en la Rusia revolucionaria, sino por el Pepe Batlle en el país del latifundio. Basta comparar esta consigna de un colorado de principios del siglo XX con el actual discurso de la izquierda del siglo XXI, para medir el retroceso ideológico en nuestro país. La idea de la tierra como un bien público (así como el aire y el sol) la debemos tomar en un doble sentido. Primero, por lo que significa ante la inaguantable división de la riqueza, y segundo, en el sentido de considerar la tierra como un bien dinamizador de nuestra economía y de nuestra vida política. Un inteligente reparto de este recurso vital permitiría reinvertir la renta agropecuaria, alentaría la producción industrial reincorporando rubros abandonados y agregando nuevos, atenuaría la inflación galopante, poblaría el campo y restablecería su tejido social, crearía más y mejores puestos de trabajo, permitiría cultivos más orgánicos y menos dañinos para el agua y la tierra y la gente, aumentaría un mercado interno necesario para el desarrollo inicial de cualquier actividad industrial, brindaría más ingresos al Estado, volcaría a la Universidad a la necesaria tarea de aliarse con los productores rurales para mayor beneficio del país y al convertirse todo esto en una tarea nacional, activaría la dinámica republicana, y aquí llegamos a lo que apuntábamos en el principio del artículo: las causas de la derrota de aquella generación que luchó, con riesgo de su vida, por la reforma agraria.

Aunque el FA haya erradicado de su discurso la imprescindible reforma agraria, hay algo todavía más grave: el tema no está a la orden del día; a la orden del día está esperar que todo este proceso de extranjerización de nuestras riquezas y ruina de nuestra soberanía en todos los sentidos, redunde en desarrollo, supongamos que para el día en que le crezcan pelos a los huevos. Los gobiernos responden, también, al orden de ideas que impera en una sociedad. El problema es el orden de ideas que impera en la nuestra; el problema es que no advertimos las consecuencias funestas del latifundio. Sin generar una masa crítica no saldremos nunca del pozo, y viviremos al vaivén del precio de las commodities. Poco importa quién acceda al gobierno; la clave está en la creación, primero, de esa masa crítica, tarea que superó a aquellos militantes por varios motivos, sea por una dictadura atroz, sea por la incapacidad de analizar con cabeza propia la realidad. Cuando uno no puede analizar los hechos, los hechos te sepultan como escombros que arrojan los días a modo de experiencia.

Ya todos sabemos que en cuanto a ineficiencia y corrupción, nada separa al actual partido de gobierno de los anteriores (sin mentar el futuro gran papelón de la regasificadora, que superará a todos los demás). Ya todos sabemos que en cuanto a pensar un nuevo modelo educativo, nada separa al actual partido de gobierno de los anteriores. Lo mismo sucede con el problema de la seguridad y con la clave de las claves, emprender un modelo de desarrollo viable. Si el funcionario, o quien fuere, no está armado con un arsenal teórico independiente, se convierte en administrador de las teorías pensadas por otros. Si no elaboramos un modelo nacional, el modelo será impuesto desde afuera por las trasnacionales, que marcan el compás mientras se adueñan de nuestras riquezas. Si no transformamos estos escombros diarios en material de pensamiento de nuevas realidades, seguiremos vegetando a la sombra del latifundio. 

Nota:

(1) ¿Quién va a entrar a robar ganado o a cazar una mulita allí donde, entre los eucaliptus y pinos, sólo habitan cotorras y serpientes?

Fuente: http://rebelion.org/noticia.php?id=219519

 

Recordemos para esclarecernos sobre cómo lo principal es unir nuestras luchas:

La papelera Botnia pasó a llamarse UPM

4 de enero de 2010

La Asamblea Ciudadana Ambiental de nuestra ciudad, advirtió que el cambio de nombre de Botnia a UPM es una estrategia corporativa para disimular la mala imagen que se generó a nivel internacional. La multinacional, concentra sus ventas al mercado Chino y Europeo, en la cual trabajan sobre el concepto de responsabilidad social empresarial, donde el cuidado del medioambiente es uno de los principales aspectos exigidos entre los compradores para cerrar acuerdos comerciales. Con el conflicto generado por Botnia, al instalarse en la margen este del Río Uruguay, sin licencia social de los gualeguaychuenses, las constantes movilizaciones populares sobre el Puente Internacional San Martín y los episodios de contaminación que acontecieron en los tres años de funcionamiento de la planta, hicieron que el desempeño de Botnia tuviera repercusiones mediáticas internacionales que deterioraran la imagen internacional de la pastera. La Asamblea está repartiendo folletos alertando del cambio de nombre de la planta de Botnia a UPM. De acuerdo a la información proporcionada por la ONG ambiental la celulosa habría sido comprada por UPM, que es una firma finlandesa que también adquirió miles de hectáreas de bosques en Uruguay por 2.400 millones de dólares. La maniobra del grupo Orión, que regentea varias pasteras en Finlandia y la de Fray Bentos, fue la de fingir cambiar las acciones, “pero en realidad siguen siendo los mismos inversores, de modo que es un cambio ficticio, para evitar que Finlandia sea acusada de tener capitales en la empresa”, indica el comunicado de la Asamblea.

Fuente: https://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/67880/la-papelera-botnia-paso-a-llamarse-upm

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Gualeguaychú: la marcha anual contra

UPM-Botnia, bajo una intensa lluvia.

30 de abril de 2018

 
Ambientalistas y vecinos de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú realizaron, bajo una intensa lluvia, la tradicional marcha anual contra la pastera UPM-ex Botnia, y en rechazó a la instalación de una nueva planta de este tipo sobre la vera del río Uruguay.

 

Convocada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, la movilización comenzó a las 13 y se desarrolló hasta las 16:30 en el puente General San Martín donde los manifestantes volvieron a repetir el "abrazo al río Uruguay" que caracteriza a esta manifestación en defensa de esa cuenca y en rechazo a su contaminación. 

A raíz de las intensas lluvias que se registraban en esa zona al momento de la marcha, los asambleístas, vecinos y alumnos del colegio Bertora, se manifestaron en autos y a ellos se sumó un grupo de ciclistas que llegaron desde el paraje Arroyo Verde. 

Bajo el lema "¡Sin contaminación! ¡Por gurises sanos y felices!" la caravana recorrió el trayecto que va desde el ingreso al puente San Martín hasta el paso fronterizo con Uruguay, donde, frente a las autoridades de Aduana, dieron la vuelta y retomaron el trayecto hacia el óvalo nuevamente.

Antes de comenzar la marcha, el padre Roberto Cretta -en representación del obispado de Gualeguaychú- realizó la tradicional oración ecuménica. 

"Nos preguntamos qué le pasó al rabino Sergio Bergman, que hasta que fue nombrado funcionario (Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable) siempre nos acompañó, es más, su oración era la que más esperábamos porque reflejaba el sentimiento de los vecinos de Guleguaychú", dijo a Télam Cristina Limba, una de las asambleístas de Gualeguaychú.

En esta 14° edición de la marcha, el reclamo también apuntó contra la decisión del gobierno uruguayo de multar con 500 unidades reajustables (unos 533.500 pesos uruguayos o más de 382 mil pesos argentinos) a la planta de celulosa por verter sustancias contaminantes en una cantidad que supera lo permitido, según indicaron los manifestantes. 

La partera de capitales findanleses UPM está ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos, sobre el Río Uruguay, frontera natural entre Argentina y Uruguay. 

"Con esta sanción, el gobierno Uruguayo está reconociendo que la pastera contamina, la pregunta es qué espera nuestro Gobierno. El único que nos está acompañando es el intendente Martín Piaggio y todas las fuerzas políticas del Concejo Deliberante de la ciudad, pero el gobernador Gustavo Bordet no está peleando a nuestro lado por una causa que debería sentir suya", agregó Limba a Télam. 

En la manifestación, también hubo críticas hacia el gobernador Bordet por haber derogado, en enero pasado, una ley provincial que había sido sancionada en marzo del 2007, en medio del conflicto con Uruguay por la instalación de la pastera -conocida como "Ley de la Madera"- que prohibía "la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes". 

El año pasado, un informe elaborado por el Comité Científico de la Comisión Administradora del Río Uruguay CARU -organimo binacional integrado por Argentina y Uruguay- aseguró que el río Gualeguaychú está excedido en "aluminio, hierro, amonio y berilio" sobre la costa de la ciudad y de acuerdo a la "totalidad o en la casi totalidad de los monitoreos realizados" en esa cuenca.

Si bien la CARU indicó que "no aparecen incumplimientos a las normas en la pastera UPM-Ex Botnia", sí remarcó que "en la desembocadura del río Gualeguaychú hay claras infracciones a las normas ambientales", lo que obligó a las empresas del Parque Industrial a asumir el compromiso de revertirlo.

En 2010, la Corte Internacional de La Haya, que intervino en el conflicto por la pastera, advirtió un aumento de la contaminación en el Río Uruguay, pero aclaró que no se pudo determinar su origen.

La Asamblea realizó su primera movilización en 2005 y luego de esa marcha resolvió el corte del tránsito en la ruta 136, en el puente internacional General San Martín, que une Puerto Unzué (Gauleguaychú) con Fray Bentos, que se levantó en 2010, luego de tres años y medio de mantener bloqueado el paso a la altura de Arroyo Verde que, por ley, luego fue declarado paraje histórico.

En tanto, la marcha que se realizó hoy se enmarca en la celebración del "Día de la Participación Ciudadana", establecido para el 30 de abril en la provincia, desde el 2007, "en conmemoración y reconocimiento de la gesta popular en defensa de los derechos del pueblo entrerriano sobre su medio ambiente, desarrollada en la ciudad de Gualeguaychú, bajo la emblemática consigna 'No a las papeleras'".

Fuente: http://www.diariojornada.com.ar/211154/sociedad/gualeguay_la_marcha_contra_la_pastera_se_hizo_bajo_la_lluvia

 

 

Sigamos pensando junto a Marcelo Marchese y comprendiendo porqué involucrarnos resignificando la etiqueta de "ambientalistas" conque los poderes establecidos pretenden aislarnos por estigmatización.

 

 

 

Uruguay

El monstruoso contrato ROU-UPM
12 de septiembre de 2018

 

Por Marcelo Marchese (Rebelión)

 

1- El contrato nos obliga a hacer una inversión de tres mil millones de dólares para beneficio de UPM, sin tener asegurado que luego UPM se instale, pues el “contrato” así lo habilita. En rigor, este contrato, no es otra cosa que una trampa para que luego UPM nos imponga peores condiciones, pues si Uruguay no cumpliera en tiempo y forma, UPM no dejará de instalarse, sino que nos impondrá nuevas condiciones.

Si por milagro, cumpliéramos en tiempo y forma, igualmente UPM impondrá peores condiciones, pues luego de haber invertido tres mil millones de dólares o más (¡con absoluta certeza, muchísimo más!) estaríamos atados de pies y manos ante una nueva negociación. Bastaría con que UPM dijera “Bajó el precio de la celulosa” o “nos conviene instalarnos en otro país”, para que cunda el pánico entre nuestros gobernantes, viajen a Finlandia para postrarse de rodillas otra vez, y vuelvan con muy malas nuevas.

2- Este contrato es desastroso porque invertiremos para llevar a cabo este proyecto, mucho más de lo que invertirá UPM, recibiendo un 0% de las acciones, es decir, no obtendremos ninguna ganancia, habiendo invertido más que nuestro “socio”. Para colmo, no sólo no obtendremos ganancias, sino que regalaremos agua y nutrientes, recibiendo a cambio tierra estragada para siempre y agua contaminada.

3- Cuando se lleva a cabo una inversión extranjera en un país, el país debería cobrar impuestos a la inversión extranjera que, en este caso, obtendrá 800 millones de dólares anuales de ganancia, pero resulta que UPM no pagará un sólo peso de impuestos. Sólo considerando el IRAE e IRPF que hubiera aportado esta segunda planta de UPM, los impuestos que ellos ahorran y nosotros regalamos, en 30 años, alcanzarían la cifra de 8000 millones de dólares. Tres veces más de lo que, supuestamente, ellos invertirían. Por otra parte, los 4000 millones de dólares que dijeron que invertirían, fueron mentira, y también son mentira los 2500 millones que dicen ahora que invertirán, cosa demostrada por la inversión que acaban de llevar a cabo en Finlandia para una planta similar, la cual les llevó 1250 millones de dólares.

4- Nos comprometemos a construir las vías de un ferrocarril para uso exclusivo de UPM, que irá desde su planta en el Río Negro hasta el puerto de Montevideo. Perderemos a lo largo de 18 años por esas vías, un mínimo de 2300 millones de dólares, y serán diseñadas por los técnicos que designe UPM, a los cuales pagaremos el sueldo. Ningún otro productor podrá usar el ferrocarril operado por UPM. Para llevar a cabo esas vías, deberemos expropiar 663 padrones, dejando a sus propietarios con sus campos partidos al medio, es decir, con sus aguadas de un lado de la vía y sin tener acceso a ellas. Estos 14 trenes diarios a una velocidad de 100 kilómetros por hora, partirían pueblos e incluso sería necesario construir un doble muro, complicando la vida de toda esa gente incluso al ingresar a Montevideo. Como si esto fuera poco, si cinco de todos esos trenes que viajarán por mes, se demoraran más de quince minutos, UPM no pagará el canon correspondiente por el uso de las vías.

5- Nos comprometemos a reforzar puentes que ya estamos reforzando a beneficio de UPM, pues esos puentes tienen que soportar sus camiones trizorras, que portan un tonelaje prohibido al resto de los camiones del país. Además, nos comprometemos a arreglar carreteras e incluso a darle a UPM un camino para uso exclusivo.

6- Nos comprometemos, durante 20 años, a comprar a precio excesivamente elevado, todo el resto de la energía eléctrica que genere UPM. Actualmente Uruguay tiene sobrante de energía eléctrica y cuando consigue mercados, exporta. La tendencia mundial es a la baja del precio de la energía eléctrica. Es difícil calcular exactamente la pérdida que deberá ser soportada por el bolsillo del contribuyente, pues no sabemos cuánto bajará esta energía en el futuro, pero con certeza serán varios miles de millones de dólares.

7- Nos comprometemos a asignarle a UPM una zona franca en el puerto, lo cual significa un enclave libre de impuestos, para lo cual habrá que desplazar a otra empresa, pagando los correspondientes daños y perjuicios y nos comprometemos a profundizar el dragado del puerto, con los costos correspondientes.

8- Nos comprometemos a pagar de nuestro bolsillo el viaducto en Montevideo, para que pueda pasar por debajo el tren de UPM.

9- Nos comprometemos a subir un metro la cota del embalse del Rincón del Bonete, lo cual significa que el agua se desplazará por la superficie de tal manera, que perderemos 10.000 hectáreas y además, le diremos adiós a las playas de San Gregorio de Polanco y a los ingresos que genere su turismo.

10- Mientras prohibimos a los productores rurales bombear agua del Río Negro para su ganado y cosechas, y mientras le cobramos la correspondiente tarifa de OSE a cada vecino, le regalaremos un mínimo (¡más!) de 125 millones de litros de agua por día a UPM, lo mismo que consume una población de casi un millón de habitantes y UPM devolverá a un ya contaminado Río Negro, un mínimo (¡más!) de 106 millones de litros de efluentes por día, que son cualquier cosa menos agua, en caso contrario, los reutilizaría. Para tener una idea de la contaminación que generaría, si mencionamos un sólo factor, el fósforo, principal responsable del proceso de eutrofización, y si atendemos a los propios informes de UPM, devolverá 213 kilogramos de fósforo al día, elevando el porcentaje de fósforo del río, de 130 mcg por litro, a 195, cuando el máximo admitido por la DINAMA es de 25.

11- Nos comprometemos a dar celeridad a los trámites de permisos ambientales que necesita UPM para su propaganda en Europa. Dar celeridad significa no analizar los daños ambientales, en particular, desde que el gobierno y la oposición son los principales impulsores nacionales del proyecto ROU UPM.

12- Los acuerdos laborales que imponga UPM, se convertirán en leyes para todos los trabajadores del país, lo cual quiere decir que UPM se convertirá en legislador del Uruguay. A su vez, en el caso que tengamos un problema cualquiera con UPM, el problema no se resolverá en los tribunales de la República, sino en el CIADI, bajo dominio del Banco Mundial, es decir, de UPM.

13- Los programas de estudio de las escuelas técnico profesionales de los departamentos cercanos a la planta de UPM, serán intervenidos por UPM, lo cual quiere decir que no la República, sino UPM, determinará la formación de nuestros estudiantes.

14- Durante la fase de construcción de la planta, UPM podrá perforar el terreno para extraer agua de nuestros acuíferos.

15- Le daremos a UPM, además de la zona franca del puerto, una gigantesca zona franca donde instalará su planta de celulosa y su planta elaboradora de productos químicos, pues UPM trabaja con insumos producidos por UPM. También se provee, en amplísimo porcentaje, de su propia madera, ya que es propietaria de 200.000 hectáreas y es la segunda latifundista del país, inmediatamente después de Montes del Plata. El canon pagado por esa zona franca, ni siquiera alcanzará para costear el “control” que nuestra República debe hacer de la contaminación producida por UPM. Las inversiones forestales de UPM, también serán comprendidas en la zona franca.

16- El contrato le permite a UPM crear una compleja ingeniería jurídica integrada por diversas empresas propiedad de UPM, con el exclusivo objetivo de “arreglar” su contabilidad.

17- El contrato amplía 30 años más, la zona franca de la planta de UPM en Fray Bentos, que viene operando desde hace diez años.

18- El contrato aumentará nuestra deuda externa, es decir, debemos agregar a los costos por vías de ferrocarril y todo lo demás, los intereses que emanen de los préstamos que pediremos.

19- El contrato viola de forma flagrante la Constitución de la República, primero que nada, por haber sido negociado de forma confidencial y luego, por haber sido firmado por funcionarios que no tienen potestades para ello. El contrato ruinoso viola la Constitución todo un largo camino hasta llegar a la violación de las autonomías departamentales y a la violación inaudita que significa regalarle a la trasnacional, la potestad de dictar nuestras leyes y nuestros programas de estudio.

Estas son algunas de las monstruosidades del contrato aceptado por nuestro sistema político, sin embargo, si estas condiciones se moderaran, igualmente los efectos de una tercera planta de celulosa serían nefastos, pues a la postre, sólo se trata para la trasnacional, de llevarse gratuitamente agua, recursos de la tierra y sudor, camuflados en forma de pasta de celulosa. Una tercera planta de celulosa extendería aún más el monocultivo de eucalipto, con los elocuentes daños a nuestra agua, a nuestra biodiversidad, a nuestra tierra empobrecida para siempre y a nuestra cultura rural, pues el monocultivo de eucalipto y el latifundio asociado a él, desplaza gente del campo, generando taperas, cierre de escuelas, hospitales, comisarías y sociedades civiles. El monocultivo de eucalipto eleva el precio de la tierra, agregando problemas a los innumerables problemas que, como espada de Damocles, se ciernen sobre los pequeños y medianos productores rurales.

Habida cuenta de la comprobada corrupción de los gobernantes de los países vecinos, y habida cuenta de los sonados casos de corrupción en nuestra República, es dable imaginar que en todo tipo de negociaciones y emprendimientos llevados a cabo en secreto o de forma poco cristalina, los cuales mueven miles de millones de dólares, pueda haber una fuga lesiva para nuestros intereses.

Si en función de los 300 puestos directos que generará la tercera planta, invertiremos más de tres mil millones de dólares, eso significa que cada puesto nos saldrá un mínimo de diez millones de dólares ¿Qué otras cosas más benéficas podríamos hacer y cuántos puestos generaríamos, con cada uno de esos diez millones de dólares?

La acelerada concentración de recursos que llevan a cabo las trasnacionales, arruina las culturas nativas, incluyendo en este concepto de cultura, todas las creaciones de los países, desde las Repúblicas, hasta los conocimientos y técnicas de sus trabajadores. La erosión de esas culturas, desbroza el terreno para futuras invasiones de las trasnacionales, pues la capacidad de resistencia de una nación, deviene de su capacidad de sostener sus tradiciones, las únicas que harán posible pensar el futuro. La cultura es la resistencia y esperanza de una nación.

Ahora, yendo a nuestros hechos, el contrato demencial tiene sin embargo medio punto a favor, hasta la decisión final de inversión a cargo de UPM, Uruguay puede desistir de él sin pagar ninguna multa, alcanza con un simple aviso por carta a la trasnacional. Por ese motivo, estamos elevando una Petición al Poder Ejecutivo, para que desista de este contrato despreciable.

Pedimos a todos aquellos que estén de acuerdo con el espíritu que alienta estas palabras, que las hagan suyas y las propalen por todos los medios imaginables, para el bien de los habitantes actuales y futuros de nuestra República.

Fuente: http://rebelion.org/noticia.php?id=246409

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Uruguay

El pueblo oriental ha decidido plantear pelea al

Acuerdo entre Gobierno y UPM

22 de agosto de 2018

Por Marcelo Marchese (Rebelión)

Una ola viene creciendo en todo el país: la campaña de peticiones para que el gobierno desista del acuerdo monstruoso con UPM. El 24 de Agosto, de 11 a 13 horas en la Torre Ejecutiva, presentaremos la primera tanda de peticiones firmadas y haremos el primer conteo de fuerzas.

En las charlas que un conjunto de ciudadanos venimos dando en toda la República y en los artículos, entrevistas y videos que hemos generado y que se pueden ver en el grupo de facebook UPM2 NO, se dan una variedad de motivos para impedir que se lleve a cabo este “contrato” llevado a cabo de espaldas al país para perjuicio del país. Lo curioso es que con uno sólo de esos motivos alcanza para desistir de un “contrato” que nuestros gobernantes han firmado a nuestro nombre.

Veamos algunos ejemplos. Ningún productor rural bajo ninguna circunstancia y ni siquiera en un año de sequía, puede bombear agua del Río Negro para dar de beber a su ganado o regar sus cultivos. Esa agua la administra la UTE para la producción de energía. Bien, mientras nuestra gente debe dedicarse a ver cómo muere su ganado o se achicharran sus cultivos, a la trasnacional se le entregarán gratuitamente, 125 millones de litros de agua por día, agua que en gran parte devolverá “enriquecida” a un río ya contaminado.

Tenemos un superávit de energía eléctrica, sea producida por molinos de viento o represas. Tal superávit lleva a detener en ocasiones las aspas de los molinos o las turbinas de las represas, pues la energía eléctrica no se puede acumular y debe ponerse en línea. Tenemos suficiente energía como para exportarla, de hecho, según la ministra, desde hace años le exportamos a la Argentina un 10% de la energía eléctrica que producimos. Sin embargo, le aseguramos a UPM que le compraremos el 100% de la energía que produzca y le sobre, y además, se la compraremos por al menos 20 años a un precio bastante elevado y prefijado. Imagine el lector que, inversamente, la UTE le asegure, a un precio bastante disminuido, su factura por al menos 20 años. Parece en verdad una cosa aberrante, pero sigamos.

Cada vez que se pide más dinero para una educación pública que viene en picada, o para el sistema de salud lamentable o para aliviar a los productores nacionales, el dinero no existe pues ese gasto aumentaría nuestro déficit fiscal, pero a la hora de “invertir” en el proyecto UPM, como por arte de magia aparecen más de dos mil millones de dólares que nos exigirá la instalación de una nueva planta de celulosa, la que generará a la trasnacional un promedio de 800 millones de dólares anuales de ganancia sin aportar un centavo en impuestos.

“Invertiremos” lo mismo que ellos invertirán, o mucho más, pero a nuestros gobernantes no se les ocurrió, cuando fueron a pedir audiencia a Finlandia, exigir un 50% de las acciones.

Sin embargo, esta nueva planta no nos conviene ni aunque tuviéramos el 50% de las acciones que nadie exigió cuando se presentó por dos veces de rodillas. Para dar un dato ilustrativo, en Paysandú, en tierras compradas para forestar, se encontraban incluidos 85 cascos de estancia que, para no complicar la existencia, es decir, la producción de eucaliptos, fueron demolidos. No se elimina sólo una construcción social, como eran esos cascos de estancia, sino que al mismo tiempo se eliminan las pruebas del desastre que genera en nuestra economía y nuestra cultura, el modelo que se viene imponiendo desde hace decenios con el concurso de todo el sistema político.

Tendríamos cientos de argumentos parecidos a estos, que refieren a los planes de estudio de nuestra enseñanza que escribirá no el CODICEN, sino UPM, las leyes laborales que no discutirá el Parlamento, sino que decretará UPM, o el estrago en nuestra tierra, nuestra agua, nuestra economía, nuestra cultura y nuestra salud. Le proponemos al lector que saque sus propias conclusiones leyendo el contrato ROU UPM, un contrato que es la mayor entrega de soberanía en toda la historia del país y cuya firma por parte de nuestros gobernantes, lleva a que le asalten unas sospechas a la gente.

La gente no puede afirmar nada sin pruebas en la mano, pero tiene el derecho de preguntarse en voz alta, pues la inteligencia tiende a buscar respuestas, si habida cuenta del encarcelamiento de Lula y demás, y habida cuenta de los cuadernos K, y habida cuenta de los sonados casos de corrupción en nuestro país, si habida cuenta de todo eso, no sería plausible al menos considerar, a modo meramente imaginativo, que tal vez fuera posible que acaso existiera, algún motivo ruin detrás de la firma de este contrato despreciable.

El 25 de agosto nuestros gobernantes se llenarán la boca con la palabra “Independencia”, mientras la mitad de nuestra tierra se encuentra en manos de trasnacionales que se han apoderado de la mayoría de los frigoríficos, acaparan la exportación de soja, la elaboración de bebidas, las grandes superficies comerciales, el procesamiento del arroz y la madera y conquistan cada día nuevos espacios en la banca en perjuicio del Banco República.

El 25 de agosto nuestros gobernantes se llenarán la boca con la palabra “Independencia”, mientras la deserción estudiantil aumenta, el nivel de la enseñanza pública desciende, los delincuentes dominan barrios enteros, se elabora un nuevo Código de Proceso Penal traído del extranjero y nuestra gente sigue siendo expulsada del campo como resultado de una política económica antinacional.

El 25 de agosto nuestros gobernantes se llenarán la boca con la palabra “Independencia”, mientras se firman acuerdos secretos con las trasnacionales, se las exonera de impuestos, se pacta una paz sindical a su medida, se transforman nuestros planes de estudio, nos sometemos a tribunales internacionales dominados por ellas y lanzamos decretos que impiden que los investigadores de nuestra Universidad, informen a la población sobre los daños que se generan a nuestra economía y nuestra salud.

Desde hace demasiado tiempo se viene prostituyendo la palabra “Independencia”, como para que los ciudadanos seamos cómplices de un uso propagandístico, con el deliberado objetivo de encubrir una operación que lleva a cabo precisamente lo contrario de lo que se proclama.

Por eso, el 24 de agosto, llueva o truene, un conjunto de ciudadanos presentaremos en la Torre Ejecutiva la primera tanda de peticiones para desistir de este contrato funesto, y esperamos que esta tanda de peticiones sólo sea una muestra de lo que se avecina.

El 24 de Agosto, fecha que de ahora en más será llamada Víspera de la Independencia, le diremos a los señores del gobierno, y le diremos también a nuestros ríos, a nuestros montes, a nuestras cuchillas y a toda esa pradera que se derrama hasta Montevideo, que el pueblo oriental ha decidido plantearle pelea a UPM.
Fuente: http://rebelion.org/noticia.php?id=24558

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Evitemos un nuevo desembarco que agudizaría el desastre

12 de octubre de 2018

Por Marcelo Marchese (Rebelión)

El triunfo de Bolsonaro debe ser estudiado con atención y, cosa evidente, conviene aquí despojarse de los harapos de un dogmatismo que se incrusta como lepra sobre nuestra piel. Nada valen las excusas para explicar el triunfo por la campaña de los grandes medios. Los grandes medios, alcanza con recordar el caso Trump, no definen una elección, las que sí definen son otras variables, como las crisis endémicas que viven nuestros países y las tareas que llevan a cabo los partidos de gobierno. 

 

Entre las falacias que se repiten sin demasiado esfuerzo neuronal, se encuentra una tan extendida como ridícula que informa que una década de gobierno desgasta a cualquier partido. Evidentemente, si ese partido aplica el mismo plan de siempre, en suma, si se convierte en un vector de un modelo macabro, es seguro que la gente, desesperada, buscará por otro lado, aunque su elección no sea otra cosa que salir del fuego para caer en las brasas. Ahora, si un partido aplica un mínimo de originalidad, si piensa al menos un plan y lo lleva a cabo para reactivar nuestras economías y nuestras culturas, tiene hartas posibilidades de aumentar su caudal social.

 

Una cosa es conquistar voluntades con la palabra y otra muy distinta, mucho más eficiente, es conquistar voluntades mediante los hechos, todo lo tergiversables que se quiera, pero bastante más contundentes que cualquier discursito.

 

¿Qué hizo el PT durante esos años en que dispuso de considerables dosis de poder como para auspiciar una profundización de la consciencia y organización social de los brasileros? Agudizó la primarización de la economía, permitió el avance del capital trasnacional sobre las riquezas del Brasil y generó, justo cuando grandes segmentos de la población de todo el continente miran de reojo a todo el sistema político, enormes dudas acerca de las ventajas de la democracia republicana y el Estado de derecho.

 

Ante la ruina de la derecha tradicional hace una década, el progresismo vino a cumplir el rol que ya no podía cumplir aquella derecha y además, pudo hacerlo con poca, muy poca resistencia social. Los resultados de este penoso modelo están a la vista: total desprestigio y preparación del terreno para que la otra derecha asuma el gobierno.

 

De nada sirve decir que Lula fue injustamente apresado y demás pamplinas. De nada sirve, a lo ñandú, meter la cabeza en un agujero. La verdad hay que mirarla de frente pese a quien pese y sin cobardías intelectuales. Ha llegado el momento en que debemos desconfiar de los discursos e instituciones que atendíamos a causa de un prestigio originado en el pasado, para comenzar a oír una voz interior que grita desesperada que algo no está cuadrando.

 

Queremos creer que el modelo adoptado por el gobierno, un modelo que se impone desde afuera, es el único modelo posible: apostar a la inversión del capital trasnacional para industrializar nuestros países. Pruebas al canto, ese modelo se ha mostrado ineficiente: industrializar, no se ha industrializado nada o se ha industrializado en rubros contraproducentes y nuestras economías han acentuado su primarización y lo que es peor, las grandes trasnacionales son ahora más dueñas de nuestras riquezas que el día previo al acceso al poder de los progresismos.
Esos son los hechos, los porfiados hechos, los hechos que hay que estudiar si no se quiere construir la casa sobre el pantano, el pantano donde medran los Bolsonaros.

 

Sin embargo, toda acción tiene su reacción, aunque sea tardía, aunque no sea proporcional, aunque tenga su propio tiempo y dinámica. A fines del año pasado dieron nacimiento movimientos ciudadanos que fueron resultado de la atonía del sistema político, demasiado preocupado en discutir la mejor manera de hacer mandados, demasiado preocupado en discutir cómo repartirse los cargos para llevar a cabo esos mandados.

 

Aparecieron primero los cincuentones y luego los autoconvocados, el movimiento contra la Ley de Riego, el movimiento en defensa de la Rambla Sur y el movimiento en contra del monstruoso contrato ROU UPM.

 

Los cincuentones triunfaron, los de la Rambla Sur lograron una primera victoria que ha venido al pelo para demostrar que la lucha paga, que la fortuna ayuda a los audaces, que los ciudadanos tenemos un poder que debemos explotar.

 

Quedan sólo veinte días para alcanzar la cantidad de firmas necesarias para impedir que se privatice nuestra agua. Si no se imprime un último esfuerzo, después no vale quejarse con el manido "No se puede hacer nada. Está todo el pescado vendido". Vienen por nuestra agua, nada menos, y harán un desastre.

 

Pero amén del último esfuerzo contra la Ley de Riego, este jueves el movimiento contra UPM2 se juega su segunda parada pública, presentando en la Torre Ejecutiva una nueva tanda de peticiones. En tres meses este movimiento viene tejiendo lentamente, a partir de las Peticiones, una red que alcanza a toda la República, ha generado multitud de artículos y videos, ha realizado innumerables charlas, le ha dado una razón para luchar a mucha gente que no sabía por dónde ni con quién encauzar sus fuerzas y ha generado una página de facebook que ya supera los 10000 integrantes, llamada "Movimiento ciudadano UPM2 NO", donde se genera un constante debate y se lanzan y publicitan las diversas actividades. 

 

El lector, por supuesto, puede seguir esperando que crezcan peras de los olmos o que los cangrejos den a luz corvinas. Si se trata de esperar milagros, se puede esperar cualquier cosa de cualquier cosa, pero lo más prudente es observar los brutales hechos y trabajar a partir de allí. El capital trasnacional se adueñó de la mitad de nuestro suelo y este proceso se aceleró en los últimos años y lo que es peor, este acaparar de ellos y esta pérdida nuestra, se agravará con la crisis que ineluctablemente se avecina.

 

Alcanza con imaginar que UPM, que ya cuenta con 200000 hectáreas, con los 800 millones anuales de ganancia que le reportará su segunda pastera, comprará más tierra, desplazará más gente de nuestro campo, profundizará aún más nuestra deteriorada cultura de trabajo rural y generará destrozos en todas las áreas imaginables, para concluir que si los cangrejos no dan a luz corvinas y que si las peras no crecen de los olmos, no tenemos más remedio que buscar las peras y las corvinas por otro lado.

 

Sí, muchos de los lectores no se animan todavía a dar el salto. Creen que esta campaña contra UPM es auspiciada por la más rancia derecha, pues habría encontrado un cachón (¡Y qué cachón!) para defenestrar al Frente Amplio. El lector también puede pensar que las denuncias de corrupción contra funcionarios que deberían servir al pueblo, también son usadas por la más rancia derecha para defenestrar al Frente Amplio. Pensar, se puede pensar lo que se quiera, pero la pregunta es si nos haremos los otarios cuando se le entregan nuestros principales rubros al capital trasnacional; si nos dedicaremos a papar moscas cuando algunos atrevidos se meten plata ajena en el bolsillo, no sea cosa de "desprestigiar a la herramienta que tanto esfuerzo costó construir", o en su defecto, si comenzaremos a confiar en nosotros mismos y a confiar en lo que sabemos: el proceso de la conquista iniciado hace 500 años no ha concluido; todo lo contrario, se ha agudizado y estamos sólo al principio de un nuevo tsunami que caerá sobre las riquezas y cultura de nuestro continente.

 

El movimiento para impedir que se lleve a cabo el contrato más indigno firmado en toda la Historia de nuestro país, ha entrado en una nueva y auspiciosa fase. A los artículos de Hoenir Sarthou, Daniel Panario, Ofelia Gutiérrez y tantos otros, ahora se le suman artículos y videos de ciudadanos desconocidos en la previa. Uno de ellos, llamado Miguel Arguello Cuello, asombrado por la difusión que tuvo su artículo colgado en la página de UPM2 NO, contó que hacía años que venía escribiendo, pero que sólo ahora empezaban a leerlo. Miguel nos da una información fidedigna de cómo sube la línea roja del termómetro. 

 

Ayer, muy pocos lo leían, hoy, sus artículos se comparten por centenares ¡Qué victoria para Miguel y sobre todo para nuestro movimiento! Al parecer, ha encontrado a sus iguales, que no es poca cosa. Sus propias fuerzas ayer desperdigadas, se suman a una vasta obra colectiva y lo que es más importante, agrega una voz singular, la voz del hombre que vive el proceso destructor del monocultivo de eucalipto en sangre propia y por eso habla con un tono, desde una posición y con unas palabras que jamás conseguiría el más lúcido de los publicistas.

 

No se crea que desestimamos la obra de los eruditos y publicitas, todo lo contrario e incluso, en gran parte lo que nuestros nuevos amigos escriben, aúna y propulsa lo que han leído en los eruditos. Ningún erudito ni ningún artista ni nadie, dice algo exclusivamente suyo. Lo que hacen unos y otros es reunir el saber social, concentrarlo y devolverlo renovado y con un tono singular, al lugar de dónde se origina.

 

Mientras esto ocurre, negros nubarrones se ciernen sobre Latinoamérica y de nada sirve pensar que la culpa es de los otros. Miremos hacia adentro, pensemos cuál será nuestra responsabilidad al ceder tanto poder ciudadano, al ceder tanta confianza en vez de pensar por nosotros mismos. Aún estamos a tiempo, acaso siempre se esté a tiempo de tomar un camino nuevo. Mientras haya vida, habrá esperanza. De eso precisamente estamos hablando. Ha surgido una esperanza, una pequeña llama. O dejamos que fuerzas dudosas la apaguen, o auspiciamos al viento que encienda la pradera.

 

Luego no servirá lamentarse. Se están gestando lenta y laboriosamente, y ya los enjuiciamientos callejeros deberían ponernos en alerta, las condiciones para entrar a un proceso particularmente oscuro. Lo que se viene, si no miramos con coraje los hechos, es algo que la palabra "fascismo" no alcanzará a describir, pues hablamos de una mucho más eficiente y macabra forma de dominación.

 

Si no hallamos una estrategia para enfrentar ese nuevo modelo, muchas conquistas sociales serán arrojadas al basurero de la historia. La burguesía, para usar una palabra demodé pero sumamente eficiente para describir la realidad, en su conquista del poder en los siglos XVIII y XIX, hubo de defender la libertad de expresión y las democracias republicanas. Son conquistas más o menos acrisoladas, pero conquistas al fin y al cabo. Ahora bien, nada asegura el futuro de las democracias republicanas ni de la libertad de expresión y menos aún, cuando pasan a ser contraproducentes para quienes pretenden apoderarse de todo.

 

No se trata de avanzar. Ante el tsunami, se trata de resistir y mantener lo que tanto esfuerzo costó construir, pero a su vez, se trata de llevar a cabo lo nuevo, que significa reivindicar algo viejo y olvidado. 

 

Asistimos a otro movimiento de tijeras: por un lado, se larva un nuevo y tenebroso modelo en las sombras, por el cual el mercado impondrá su dictadura en todos los terrenos. Por el otro, se gestan las condiciones para dar nacimiento a movimientos que exploren la sabiduría y en particular, el poder de los ciudadanos sin los cuales, ningún proyecto político puede llevar a cabo ninguna tarea noble ni duradera. Cada día que pase, la contradicción se mostrará de manera más evidente. 

 

Normalmente, cuando se apela al lector, se lo trata de amable, de amigo lector, se le acaricia el lomo y no está mal, pues el escritor confía en la inteligencia del lector y por eso escribe, pero a fuer de sinceros, debemos decir algo más. Es muy fácil ver la espiga en el ojo ajeno, pero guay con no ver el tronco en el ojo propio. Los dados se han echado a rodar y no sabemos aún el resultado del juego. Si hay chances de vencer para los hombres de buena voluntad, esas chances radican en pensar la realidad con cabeza propia, al tiempo que cada uno busque a sus iguales. 

 

Esperamos al lector el jueves 11 a las 11 en la Torre Ejecutiva. No es fácil movilizarse. Toda la cultura de la derrota que se pretende imponer como una losa sobre nosotros, nos divide y atomiza, pero eso le da mayor belleza al desafío.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247653

En consecuencia, abajo y a la izquierda, es crucial generalizar el imperativo de erradicar

la contrarreforma agraria del sistema capitalista mundializado. Es involucrarnos en un proceso internacional como la:

 

Lucha contra hegemónica de La Vía Campesina

4 de octubre de 2018

 

Por Oscar Soto (Rebelión)

 

El trabajo del movimiento campesino internacional por el derecho a la Tierra, el agua, las semillas y la soberanía alimentaria junto con la lucha por la reforma agraria popular, encarna en las organizaciones de La Vía Campesina uno de los símbolos de resistencia y lucha contrahegemónica más firme por parte de los movimientos sociales a escala global.

A la globalización de la miseria y la desigualdad, La Vía Campesina opone la internacionalización de la lucha y la esperanza.

Neoliberalismo y cuestión rural

El recorrido histórico que transita el sistema económico a nivel general desde los años setenta en adelante, conocido con el nombre de “globalización”, se ha caracterizado -entre otras cosas- por el desmembramiento que se produjo de los Estados de Bienestar en el centro y los proyectos de desarrollo nacional en las periferias, frente al constante avance de la desregulación financiera global. En ese descalabro de las relaciones capitalistas entre el norte y el sur, las promesas políticas de la posguerra viraron a oficialismo económico, al tiempo que se ofrecían como la salida al colapso mundial. La mentada “revolución verde” fue un ejemplo latente de esto.

Lo ocurrido en el Sur a partir del lineamiento neoliberal de la economía capitalista, ha operado con fuerza en los territorios históricamente colonizados. A partir de que se profundiza la separación entre los y las productoras ancestrales que trabajan la tierra -fundamentalmente las mujeres- y su espacio vital de acción y recreación rural, América Latina se convirtió en un emblema de este nuevo paradigma. La consiguiente mercantilización de las relaciones sociales en este periodo, desde indígenas primero a trabajadores rurales luego, acelera la “articulación de todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, en torno del capital y del mercado mundial”i. De alguna manera, en un mundo en el cual el 92,3 % del total de la producción agrícola pertenece a unidades campesinas-indígenas, siendo que éstos solo ocupan el 24,7 % del total de tierras, Latinoamérica da cuenta de lo que efectivamente es un despojo explícito: 80% de las unidades agrícolas son campesinas e indígenas en la región, siendo solo un 19% el índice de ocupación real de esas tierrasii.

La fragmentación de las relaciones agrarias, sumada al imperativo exportador y los intereses de la “deuda”, articularon la hegemonía estadounidense y el deterioro del sur global desde fines de siglo XX a esta parte. Países latinoamericanos, africanos, asiáticos han sido testigos, por un lado, de cómo el capitalismo ha subordinado a los territorios rurales, en tanto por otra parte han visto multiplicarse las resistencias.

La respuesta del campesinado y de los pueblos indígenas

La reciente aprobación de la Declaración de los Derechos Campesinos y Otras Personas que viven y trabajan en las Zonas Rurales, aprobada con 33 votos a favor, 11 abstenciones y 3 votos en contra por parte de las Naciones Unidasiii, se inscribe en la larga memoria de la resistencia campesina e indígena a nivel internacional. Dicho en palabras de Diego Monton -militante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra/MNCI-, integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y representante por América Latina en el Grupo de Trabajo Intergubernamental para la Declaración de Derechos Campesinos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: “Las organizaciones Campesinas, estructuraron la resistencia desde los territorios locales, y articularon luchas nacionales. Y la conformación de La Vía Campesina en 1994, permitió construir el carácter internacional de la resistencia, pero también de las propuestas… Las propuestas de Vía Campesina, se sintetizan en la Reforma Agraria integral, y la Agroecología para lograr la Soberanía Alimentariaiv

La omnipresencia del mandato del capital en los órdenes social, político, económico y cultural latinoamericano, dada su capacidad, suele ser inferida con cierta naturalidad; así como lo es la noción de que campesinos e indígenas han sido desbordados por el urbanismo y las grandes metrópolis. Sin embargo, a la modernidad hegemónica le han precedido y le subsisten formas de vida campesina, agraria, indígena y comunitaria que, pese al dictamen de la sociedad capitalista, resulta una obstinación recurrente en la actualidad. Tal como denuncia la Declaración de La Vía Campesina:

“Millones de campesinas y campesinos han sido forzados a abandonar sus tierras de cultivo debido a usurpaciones de tierra propiciadas por políticas nacionales o por fuerzas militares. Se quita la tierra al campesinado para el desarrollo de industrias, minas o grandes proyectos de infraestructuras, centros turísticos, zonas económicas especiales, supermercados, plantaciones para cultivos comerciales…. El resultado es que la tierra se concentra cada vez más en unas pocas manosv

Campesinos, clases y sujetos políticos

El campesinado no sólo se rebela a la normativa liberal dominante que lo apunta como obsoleto o en desuso, sino que asume la tarea política de luchar contra el capitalismo y la sociedad colonial, siendo la reivindicación de sus derechos una forma de lucha social y una propuesta de irse constituyendo en el conflicto territorial.

El carácter político de los procesos de subjetivación y resistencia campesino-indígena, asentados en la plenitud de relaciones de dominación vigentes, permiten visualizar la potencialidad de los movimientos sociales del mundo rural en medio de tanta injusticia social cotidiana. En parte, la vitalidad del movimiento campesino y la disputa por los derechos de pequeños productores, pastores, crianceros, puesteros, pescadores, pueblos sin tierras, campesindios, reponen lo que Edward Thompson esbozaba en Tradición, revuelta y consciencia de clase: “Las clases acaecen al vivir los hombres y las mujeres sus relaciones de producción y al experimentar sus situaciones determinantes, dentro «del conjunto de relaciones sociales», con una cultura y unas expectativas heredadas, y al modelar estas experiencias en formas culturales. De modo que, al final, ningún modelo puede proporcionarnos lo que debe ser la «verdadera» formación de clase en una determinada «etapa» del proceso…”vi. Thompson entiende por clase la noción de un fenómeno histórico que unifica una serie de sucesos dispares y aparentemente desconectados en lo que se refiere tanto a la materia prima de la experiencia, como a la conciencia. Así como la clase estuvo presente en su formación -en la digresión del historiador inglés- bien cabe al campesinado y la lucha de La Vía Campesina, la sugerencia de su conformación política como acción ampliada de re-constitución de un tipo subjetividad clasista e identitaria, ligada al reclamo anticolonial y anticapitalista histórico.

La problemática rural y los derechos campesinos avanzan dando un paso fundamental a partir de esta Declaración, en tanto la vieja lucha entre clases y sectores que acumulan riqueza y recursos naturales, frente a los oprimidos y excluidos de la tierra, escribe un capítulo más en el largo proceso de lucha social. La Vía Campesina internacional al final y al cabo, asume que es lo que hace para cambiar lo que somos, en medio de la noche neoliberal que afecta a todas las regiones rurales en la actualidad.

Notas:

i Quijano, A. (2000) “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” en Lander, E (comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. CLACSO, Buenos Aires, Argentina. Recuperado en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf (p. 122)

ii Korol, C. (2016) “Somos tierra, semilla, rebeldía: mujeres, tierra y territorios en América Latina” Buenos Aires: GRAIN.

iii https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-el-consejo-de-derechos-humanos-de-las-naciones-unidas-aprueba-la-resolucion-relativa-a-la-declaracion-sobre-los-derechos-de-las-y-los-campesinxs-en-ginebra/

iv http://www.infonews.com/nota/318682/onu-cada-vez-mas-cerca-de-la-adopcion

v https://viacampesina.net/downloads/PDF/SP-3.pdf

vi Thompson, E. (1979) “Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial” Barcelona: Editorial Crítica.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247334

 

 

Frente a la condena a desaparición forzada, dice Oscar Soto:"El campesinado no sólo se rebela a la normativa liberal dominante que lo apunta como obsoleto o en desuso, sino que asume la tarea política de luchar contra el capitalismo y la sociedad colonial, siendo la reivindicación de sus derechos una forma de lucha social y una propuesta de irse constituyendo en el conflicto territorial".

 

Descubramos sobre todo caminos abiertos por los pueblos originarios del Abya Yala para crear otras sociedades y mundos posibles. Alberto Acosta señala: "Al integrar la cosmovisión indígena del sumak kawsay, o buen vivir, las propuestas de plurinacionalidad e interculturalidad, pero sobre todo los Derechos de la Naturaleza en la Constitución de la República del Ecuador en 2008, se marcó un hito histórico para el país y el constitucionalismo mundial".

 

 

 

Buen Vivir, Plurinacionalidad y Derechos de la Naturaleza

en el debate constituyente.

4 de octubre de 2018

Por Alberto Acosta (Rebelión)

 

“El ejercicio de la autoridad, responsable con quienes le designan, respetuosa del mandato encomendado, ennoblece. Lo contrario, el ejercicio del poder por el poder, embrutece. Ese riesgo no me lo correré, prefiero seguir siendo fiel a mis principios, aun cuando mi renuncia pudiera no ser adecuadamente comprendida.

Alberto Acosta, en su renuncia la Presidencia de la Asamblea Constituyente Junio 24, 2008

 

Este texto lo dedico a todos/as quienes me acompañaron activamente en esta minga democrática,

en especial a mis asesoras/es, así como a la maravillosa gente de Montecristi.

 

 

Al integrar la cosmovisión indígena del sumak kawsay, o buen vivir, las propuestas de plurinacionalidad e interculturalidad, pero sobre todo los Derechos de la Naturaleza en la Constitución de la República del Ecuador en 2008, se marcó un hito histórico para el país y el constitucionalismo mundial. La génesis y alcances de este proceso merecen al menos una primera y comprometida lectura al cumplirse 10 años de que la mayoría del pueblo -por primera vez luego de un proceso constituyente- aprobara la Constitución de Montecristi aquel domingo 28 de septiembre de 2008 [2] .

A pesar de su contundente aprobación, la vigencia de la Constitución no es nada satisfactoria. Falta mucho para que sus principios fundamentales se enraícen en la sociedad y emerjan nuevas instituciones sociales, económicas y políticas prefiguradas en la Constitución. La sociedad, por diversas razones, aún no se empodera de lo que realmente representa esta carta magna: un proyecto de vida en común. Los gobernantes en estos últimos diez años –sobre todo Rafael Correa- han irrespetado sistemáticamente la Constitución que juraron defender: los que debían ser sus principales defensores terminaron siendo los violadores más contumaces. Pero incluso ante esa cruda realidad, muchos elementos raizales de la Constitución han sido y son motivo de discusión dentro y aún más fuera del país, como son los ya mencionados principios de plurinacionalidad, Buen Vivir y Derechos de la Naturaleza, temas que merecen nuestra reflexión permanente.

 

1. La Constitución: un proyecto de vida en común

 

“Una constitución no es solo una norma jurídica sino un proceso social,

un sistema de derechos imbuido en la conciencia de los ciudadanos,

la constitución es una cultura”.

Agustín Grijalva [3]

Toda Constitución refleja un momento histórico, cristaliza procesos sociales acumulados y plasma una determinada forma de entender la vida; no es el mero resultado de un ejercicio jurídico de avanzada (como lo ven algunos entendidos en materia constitucional).

Tampoco resulta del esfuerzo de un individuo inspirado o de varios iluminados. Una Constitución, más allá de su indudable trascendencia jurídica, es siempre un proyecto político; en el caso de la Constitución de Montecristi se trata de un proyecto político de vida en común, con elementos que auguran un cambio civilizatorio.

Es más, esta Constitución es un proyecto elaborado y puesto en vigencia con el concurso activo de la sociedad misma, rompiendo con la larga y conflictiva vida constitucional del Ecuador. La participación ciudadana dentro y fuera de Montecristi fue una de sus más notables características. Esta Constitución de 2008 intentó reconocer las demandas y expectativas acumuladas, sintonizarse con los problemas globales y volverse un medio que ayude a impulsar cambios estructurales. Su contenido intentó recoger múltiples alternativas y propuestas de transformaciones de fondo, planteadas al calor de décadas de resistencias y de luchas sociales que tanto dolor le costaron al pueblo ecuatoriano.

El debate fue una verdadera minga democrática inédita en la compleja historia constitucional del Ecuador (que tiene en su haber veintiún constituciones desde 1830 y un número elevado de asambleas constituyentes). Más que la labor de los asambleístas, fue crucial el concurso de muchas organizaciones sociales que apoyaron y propiciaron en un debate democrático y plural alentado desde Montecristi, enfrentando posiciones conservadoras y retardatorias hasta desde el propio Rafael Correa y su gobierno.

De tales luchas, resistencias, debates y propuestas surgieron “alternativas de desarrollo” y luego -más avanzado el proceso- “alternativas al desarrollo” como el Buen Vivir o sumak kawsay. Desde el incorporar temas trascendentales como los Derechos de la Naturaleza, hasta el poner en entredicho al caduco Estado nación declarándolo plurinacional e intercultural, los debates constituyentes dejaron enseñanzas diversas.

La Constitución, con sus 444 artículos rompió, además, la visión clásica que prioriza unos derechos sobre otros al reconocer a los derechos como interdependientes y de igual jerarquía (Art. 11, numeral 6). Esta Constitución clasifica a los derechos de forma distinta a la tradicional y colonizadora inspiración europea (con generaciones de derechos que priorizan los derechos de libertad, de propiedad y los derechos políticos propios de una democracia representativa). Ahora todos los derechos tienen igual jerarquía, pero siempre aceptando la necesidad de proteger a grupos de atención prioritaria, comunidades, pueblos y nacionalidades, incluyendo a la Naturaleza. A su vez, todos estos derechos tienen un correlato en una sección dedicada a las responsabilidades.

Seguidamente la Constitución indica dos regímenes con igual jerarquía: el “del Buen Vivir” y el “de desarrollo”, aflorando la tensión de dos conceptos enfrentados en su esencia. Es más, la Constitución plantea hasta confusiones y contradicciones al decir que:

“el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del Buen Vivir, del sumak kawsay” (artículo 275).

 

En la Constitución, el “régimen de desarrollo” exige una planificación participativa y que debe expresarse en las áreas del trabajo, tanto como de soberanías alimentaria, económica y energética. En paralelo, el “régimen del Buen Vivir” recoge cuestiones de inclusión y equidad (educación, salud, vivienda, cultura, etc.), biodiversidad y recursos naturales. Paradójicamente, en el caso ecuatoriano la conquista del Buen Vivir se vincula con varios derechos que, para cristalizarse, exigen superar conceptual y estructuralmente las “estrategias de desarrollo”. Otra tensión notable es la Naturaleza vista en dos dimensiones: o como sujeto de derechos , con seres que no pueden ser apropiados y cuyo manejo es un derecho de los pueblos indígenas (dimensión “dogmática” según algunos); o como mera proveedora de recursos naturales y cuya propiedad corresponde al Estado.

A pesar de estas tensiones, en la Constitución quedaron impregnados principios y directrices del Buen Vivir como resultado de una disputa del sentido histórico para superar al “desarrollo”. Es más, desde varios planteamientos constitucionales se podría ver al Buen Vivir como una opción post-desarrollista por construirse.

 

Cabe aclarar que el Buen Vivir no es una novelería de Montecristi ni de sus participantes. El Buen Vivir emerge de una larga búsqueda de alternativas de vida fraguadas en el calor de las luchas populares - en particular indígenas (Acosta 2018e) - mucho antes de que Rafael Correa acceda al poder político; una búsqueda que recoge prácticas y formas de vida de muchos pueblos y nacionalidades del Ecuador. Dichas conquistas constitucionales, que intentaron sintetizar los anhelos populares, obviamente son difíciles o imposibles de aceptar (e incluso de entender) para los constitucionalistas tradicionales y para los conservadores de todo cuño.

 

Quienes ven amenazados sus privilegios con la Constitución de Montecristi o se asumen como únicos portadores de la verdad acotada a la Modernidad, no descansan en combatirla. Así, en estos años han convergido diversas posiciones conservadoras desde múltiples ideologías -de liberales a socialistas- opuestas a las esencias de la Constitución como, por ejemplo, la plurinacionalidad o los Derechos de la Naturaleza.

 

Sintetizando, la Constitución solo establece bases para desarrollar leyes, políticas y acciones a construirse desde las experiencias de cada persona y grupo implicado. Es la sociedad quien escribe la Constitución, no al revés; hecho que no minimiza el potencial transformador de una Constitución, siempre que se la aplique de manera adecuada.

Esta cuestión aún posee enormes y continuadas deudas: la Constitución es la meta al reflejar los objetivos de las luchas de resistencia y de construcción de nuevas visiones de vida, pero es apenas un punto de partida cuando se trata de cristalizar la sociedad prefigurada en el texto constituyente. Una Constitución transformadora, como la de Montecristi, no es un instrumento para mantener el status quo. Es, en suma, una meta y un inicio para construir, en democracia, una sociedad democrática.

 

2. La compleja construcción de un Estado plurinacional

“El paso del Estado-nación al Estado plurinacional, comunitario y autonómico es todo un desafío. Se trata de dejar la modernidad, la historia de la soberanía en la modernidad, la historia del Estado en la modernidad, la historia de la relación entre Estado y sociedad, una historia que define la separación entre gobernantes y gobernados… Dejamos atrás una historia de la colonización y dominaciones polimorfas… dejamos atrás entonces la ilusión que provocaron los Estados nación subalternos…”.

-Raúl Prada Alcoreza (2010)

La crisis de representación política que afectaba a las instituciones democráticas –en parte resultado de la profunda crisis social del tornasiglo- implicó también una crisis del derecho constitucional. La soberanía popular estaba sometida a varios apetitos privados. Y, de hecho, incluso luego de aprobarse la Constitución en 2008, ese sometimiento continuó de la mano de viejos y nuevos grupos de poder burgués que tuvieron como principal artífice a Rafael Correa, erigido como el caudillo del siglo XXI, irrespetando los elementos más democratizadores de la propia Constitución.

Incluso la soberanía nacional, que tanto retumbaba en los discursos de Correa, en la práctica se deterioró gravemente. En el neoliberalismo se consideró a la soberanía nacional como una antigualla, un concepto en disolución e inútil; visión que terminó golpeando también a la soberanía popular. Estas limitaciones crearon conflictos en el sistema de legitimación, y volvieron al derecho constitucional una letra muerta; realidad lacerante del “correísmo” (y también del “morenismo”), pues el régimen de Correa -que despertó tantos sueños y expectativas- ahondó la dependencia externa del país y sus extractivismos –petrolero, minero y agrario- entregando enormes concesiones a capitales transnacionales, endeudó al país sobre todo con China, hipotecó gran parte de las políticas nacionales al firmar un TLC con la Unión Europea… entre otras acciones que, a la postre, limitaron la soberanía e hicieron que -con Correael país regrese al neoliberalismo : fue, quién lo duda, una década desperdiciada (Acosta y Cajas-Guijarro 2018) .

Así, el “correísmo” traicionó la tarea encomendada desde Montecristi -pueblo del general Eloy Alfaro, líder de la única revolución de la historia ecuatoriana en el cambio del siglo XIX al siglo XX-: en el corto plazo superar al neoliberalismo (y su Constitución de 1998) y a largo plazo la transformación estructural y la construcción del Buen Vivir.

Mientras que la Constitución de Montecristi buscó terminar con las normas neoliberales (emanadas desde el Consenso de Washington, intereses privados e incluso desde el FMI, la OMC o el Banco Mundial), en los hechos el “correísmo” se volvió funcional a viejos y nuevos intereses transnacionales -particularmente chinos-. Correa llevó al país a una suerte de neoliberalismo transgénico (Acosta – Cajas Guijarro 2016) : un neoliberalismo donde el propio Estado fortalecido y disciplinador de la sociedad, sirvió para poder modernizar autoritariamente al capitalismo, al tiempo que transnacionalizaba la economía.

 

Pero más allá de la felonía “correísta, la Constitución de Montecristi intentó combatir la desvalorización del derecho constitucional de la época neoliberal, recuperar la soberanía popular y plantear una visión de la soberanía en plural (Acosta – Martínez, editores 2012) . Clara muestra es la declaración de un “Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Tan amplia definición buscaba un pacto de convivencia de múltiples entradas. En particular la “plurinacionalidad” lleva a repensar el Estado (Boaventura de Souza Santos 2010) como la unidad de múltiples pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubios, cholos y muchas otras comunidades nacionales: un salto cualitativo respecto al monoculturalismo eurocéntrico del Estado-nación, funcional a la visión de una sociedad homogénea útil para el neoliberalismo y, sobre todo, para el capitalismo.

La plurinacionalidad exige reformular las relaciones de poder entre Estado y ciudadanas/os -en tanto individuos siempre viviendo en comunidad- para que sean éstos los auténticos poseedores de soberanía. Esto demanda, de entrada, consolidar los Derechos Humanos (individuales y colectivos), enriquecidos con los Derechos de la Naturaleza para construir el Buen Vivir.

 

El Preámbulo de la Constitución de 2008 es claro al respecto, cuando propugna:

una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la Naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.

Al plantearse un nuevo Estado debe incorporarse al Buen Vivir y a los Derechos de la Naturaleza como pilares para consolidar y ampliar los derechos colectivos o comunitarios. Esto no se opone a la participación ciudadana. Al contrario, se plantea una democracia abierta no solo a una ciudadanía individual/liberal.

Desde la lógica de los derechos colectivos se abre espacio a ciudadanías colectivas, comunitarias, interculturales. Por igual, los Derechos de la Naturaleza necesitan -y originan- otra definición de ciudadanía, individual, colectiva, pero también ecológica. Por igual acoge una justicia ecológica que supera a la justicia tradicional: “meta-ciudadanías ecológicas” en palabras de Eduardo Gudynas (2009) Tal visión de ciudadanías es siempre plural, pues depende de las historias sociales, territoriales y de los ambientes. Para alcanzarlas hay que consolidar y ampliar el pluralismo jurídico, así como una gestión pública plurinacional e intercultural, que asegure una mayor y efectiva participación ciudadana y comunitaria.

 

Para superar la colonialidad del poder-saber-ser se necesita una descolonización profunda con prácticas interculturales permanentes en toda dimensión vital en colectividad siguiendo a Catherine Walsh (2009). Todos estos son temas de discusión del neoconstitucionalismo transformador y descolonizador (ver el valioso aporte de Ramiro Ávila Santamaría, 2011). Esto exige crear esquemas horizontales que redistribuyan riqueza y poder creando equidades en plural, pues a más de superar al capital urge dejar atrás otras taras como aquellas nacidas del concepto de “raza” y del racismo como el configurador más crudo de estas sociedades. Asimismo, es crucial entender que el capitalismo es patriarcal, otra tara atávica de tantas civilizaciones que debe superarse.

 

Así, la propia discusión sobre la plurinacionalidad es un resarcimiento histórico para pueblos y nacionalidades. A su vez, es una oportunidad para que nuestras sociedades aprendan de “el otro” en un importante ejercicio de alteridad, asumiendo una convivencia democrática y equitativa, en donde la armonía rija las relaciones humanas y con la Naturaleza. Es decir, la interculturalidad como fundamento de la plurinacionalidad. Tal propuesta se sintetiza, además, en el reconocimiento diario de las diversidades. Se trata de una vida en común e inclusiva, sin cabida a la exclusión ni la inclusión subordinada como ejecutan/ron los progresismos-caudillescos de Ecuador y Bolivia (Luis Tapia 2011), que aceptaron la plurinacionalidad en sus constituciones, pero no en sus prácticas.

En suma, este neoconstitucionalismo transformador, fundamental para crear otro Estado, es eminentemente emancipatorio. Es un punto de partida para construir alternativas al “desarrollo” y superar las aberraciones antropocéntricas que arriesgan gravemente la existencia de su propio centro: la Humanidad.

La tarea es aprender, desaprender y reaprender a la vez (Nina Pacari, 2010). Algo complejo que exigirá siempre más democracia, nunca menos. La consolidación constitucional, en consecuencia, depende de profundizar la democracia en sociedades pluriculturales, que incluyan a las poblaciones históricamente marginadas.

Concluyamos aceptando que el desafío es complejo, mas no imposible. Para enfrentarlo se requiere claridad sobre los “horizontes del Estado plurinacional”. Horizontes sintetizados por Raúl Prada Alcoreza (2010) al señalar que:

“El paso del Estado-nación al Estado plurinacional, comunitario y autonómico es todo un desafío. Se trata de dejar la modernidad, la historia de la soberanía en la modernidad, la historia del Estado en la modernidad, la historia de una relación entre Estado y sociedad, una historia que define la separación entre gobernantes y gobernados, entre sociedad política y sociedad civil, en un contexto matricial donde se demarcó la relación entre dominantes y dominados, a partir de mecanismos de dominación y diagramas de poder que atraviesan los cuerpos y los territorios, incidiendo en las conductas y comportamientos, en la administración de la tierra y los territorios, en la explotación de la fuerza de trabajo. Dejamos atrás una historia de colonización y dominaciones polimorfas desplegadas en el mundo, donde la geopolítica de la economía-mundo y del sistema-mundo capitalista divide el planeta entre centro y periferia, racializando la explotación de la fuerza de trabajo y controlando las reservas y recursos naturales, estableciendo una división del trabajo planetaria, convirtiendo a los países periféricos en exportadores de materias primas y reservas de mano de obra barata, transfiriéndoles más tarde, a algunos de estos países que ingresan tardíamente a la revolución industrial, tecnología obsoleta, desplazando la industria pesada, considerada de alta y masiva inversión de capital, pero con bajos rendimientos a mediano y largo plazo, prefiriendo optar por eso por la circulación y la inversión del capital financiero, que rinde grandes beneficios a corto plazo. Dejamos atrás entonces la ilusión que provocaron los Estado-nación subalternos, una vez concluidas las guerras de independencia y las luchas de liberación nacional, la ilusión de nuestra independencia e igualdad en el concierto de las naciones, en el marco jerárquico de las Naciones Unidas.”  

 

En consecuencia, urge construir sobre la marcha una nueva historia“una nueva democracia pensada y sentida desde los aportes culturales de los pueblos originarios. Una democracia incluyente, armónica y respetuosa de lo diverso” (Nina Pacari, 2010). Todo esto como parte de propuestas de transformaciones profundas, civilizatorias, que enfaticen simultáneamente pluralidad y radicalidad. Una tarea que requerirá de sucesivas aproximaciones que enfrenten todas aquellas maquinarias de muerte que amenazan a la Humanidad y al planeta. Un esfuerzo que libere las fuerzas sociales hoy atrapadas en diversas institucionalidades del poder estatal, potenciando sus capacidades de autosuficiencia, autogestión y autogobierno. Todo esto demanda inteligencia en la crítica, profundidad en las alternativas y, sobre todo, la acción de las fuerzas políticas que lideren y viabilicen estos procesos emancipatorios.

 

De lo anterior surgen varias interrogantes: ¿Servirán estas reflexiones para configurar Estados que ya no sean herramientas de dominación (si es que eso es posible)? ¿Es viable descolonizar, despatriarcalizar, emancipar, sin el instrumento estatal? ¿Será posible configurar Estados profundamente democráticos que impulsen transiciones civilizatorias? ¿Podrían transformarse los Estados subalternos y dependientes del poder del capital transnacional en actores que superen el círculo vicioso que alimenta a dicho poder? ¿Serán viables estas transformaciones dada la condición dominante del capitalismo mundial? ¿Son posibles otras organizaciones internacionales que no reproduzcan -desde lo global- las estructuras de dominación? ¿Serán estas reflexiones válidas para la Humanidad o será mejor empezar a despedirnos del Estado?

 

El no comprender ni asumir las verdaderas raíces de Latinoamérica ha llevado a crear Estados (casi) fallidos o naciones en ciernes permanente. La propia inviabilidad histórica de estos Estados nacionales se explica en gran parte por no incorporar a pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, aún queda la duda de si la incorporación y no marginación de esos grupos basta para crear otra estructura estatal que nos lleve a la gran transformación civilizatoria post-capitalista urgente para que la Humanidad tenga algún futuro (algo complejo si vemos que, en una sociedad dividida en clases, el Estado apunta a la clase que logra hacerse de su manejo). Es más, quizás la propuesta de Estado plurinacional sirva más como herramienta para descolonizar, antes que como un aporte concreto de cómo debería ser el nuevo Estado, si es que tiene sentido insistir en buscarlo.

Algo sin duda es claro: para que las grandes transformaciones no se queden en los discursos urge descolonizar y despatriarcalizar (tareas cruciales para superar la explotación del ser humano y de la Naturaleza por parte del capital); urge rebasar los Estados-Nación capitalistas, coloniales, oligárquicos... De todas formas, nada cuesta pensar en que quizá la mayor utopía a la que podría aspirar la Humanidad es la vigencia del Buen Vivir y de todas aquellas formas de vida en armonía en un mundo sin Estados .

 

En Nuestra América, el Estado es matizado por una ambigüedad fundacional en la construcción de “la nación”. Tal matiz, sustentado en la colonialidad del poder, resultó excluyente y limitante para el avance cultural, productivo y social en general. Más aún, al decir de Raúl Prada, en el mundo subalterno los Estado-nación son funcionales al sistema-mundo pues dependen de la lógica de acumulación capitalista global. A pesar de eso, los debates sobre el Estado muchas veces se limitaron a coyunturas importantes, pero menores en esencia. Así, sin agotar los temas tratados, recordemos que en ocasiones la discusión giró sobre el Estado unitario o federal o sobre el tamaño del Estado [4] , pero muy pocas veces se profundizó sobre la esencia misma de la ideología estatal y sus distintas pretensiones paradigmáticas. Y estas discusiones a la postre, una y otra vez, se diluyeron en la compulsión de “conservar el poder por el poder”.

 

3. Otro mundo posible desde el Buen Vivir

“El Buen Vivir, un concepto en construcción, tiene, todavía, un largo camino que recorrer como concepto y como guía de un gobierno que tiene como precepto constitucional garantizar el Sumak Kawsay. No es fácil, en efecto, encontrar una buena definición del mismo ni parece disponible el conjunto de indicadores que podría permitir saber si el gobierno está en la dirección correcta marcada por la Constitución o se aleja en la dirección opuesta. (…) sea en términos de desarrollo alternativo que es la más benévola interpretación del SENPLADES, de alternativa al desarrollo que es lo que afirman los indígenas y algunos intelectuales (…) o simple retórica que es lo que acaba diciendo el presidente Correa y que es quien tiene y controla el poder. Parece que la respuesta sigue abierta.”

-José María Tortosa (2012)

 

En la Asamblea Constituyente de Montecristi, un debate medular fue el cuestionamiento al “régimen de desarrollo” imperante. La discusión se enriqueció con propuestas diversas y plurales desde dentro e incluso fuera del país.

En especial se rescató la visión de los marginados de la historia por más de 500 años, al plantearse al Buen Vivir osumak kausay (en kichwa) como oportunidad para construir otra sociedad de convivencia ciudadana en diversidad -multiplicidad cultural- y en armonía con la Naturaleza. Con tal declaración, una Constitución ecuatoriana “por primera vez toma un concepto de tradiciones indígenas como base para el ordenamiento y legitimación de la vida política” (Cortez 2009) . Al asumir el Buen Vivir desde la cosmovisión indígena, como “el sentido de un objetivo general hacia el cual se orienta la vida económica, política, social y cultural” se pretendía desmontar “el poder colonial” (Cortez 2009). O eso se creía al aprobarse la Constitución.

 

Incorporar en la Constitución al Buen Vivir anticipó una severa y profunda crítica al “desarrollo”, entelequia creada para embobar a gran parte de la Humanidad a la que ni siquiera le es posible alcanzarla. El Buen Vivir justamente desnuda los errores de las “teorías del desarrollo” (Unceta 2014) . Incluso, desde éste podemos preguntar: ¿hasta cuándo el fantasma del “desarrollo” (Acosta 2018c) -guiado por un mandato imperialista- seguirá atormentando y robando una vida en armonía?, ¿se podrá crear un ordenamiento social donde realmente rijan los Derechos Humanos (en sus múltiples dimensiones sociales: políticos, culturales, económicos, ambientales…) y los Derechos de la Naturaleza? La respuesta a estas preguntas es crucial para el Ecuador y la Humanidad.

La propuesta -en construcción- del Buen Vivir, que atraviesa transversalmente a toda la Constitución, motivó varias interpretaciones en la Asamblea Constituyente y en la sociedad, primando el desconocimiento y el temor en ciertos sectores. Algunos asambleístas, secundados por alguna prensa interesada en el fracaso de la Constituyente -y acostumbrados a verdades indiscutibles- clamaban concreciones definitivas. Para otros, que entendían al Buen Vivir “ingenuamente” como una despreocupada y pasiva dolce vita, les resultaba inaceptable. No faltaron quienes, temerosos de perder privilegios, no dudaron en anticipar que el Buen Vivir implicaba retornar a las cavernas. Incluso algunos que apoyaron con su voto este principio fundacional de la Constitución, al parecer no tenían clara la trascendencia de esa decisión… Y unos cuantos, opuestos desde una izquierda autista, se aferraron a tradicionales -pero huecos- conceptos de cambio, carentes de trascendencia al no haberse cristalizado en la práctica de las luchas sociales.

Para entender al Buen Vivir -muy diferente del “bienestar occidental”- se debe recuperar la cosmovisión indígena, cuestión que intentó cristalizarse tanto en la Constitución de Ecuador como en la de Bolivia. Tal recuperación, de plano, no significa dejar de aprovechar, por ejemplo, muchos y valiosos avances tecnológicos que podrían combinarse con el Buen Vivir. Combinación posible con un diálogo permanente, constructivo y respetuoso entre saberes y conocimientos ancestrales y lo más emancipador del pensamiento universal, siempre desde la descolonización y despatriarcalización permanentes.

Además, urge reconocer -desde la realidad y complejidad social ecuatoriana- la necesidad de aceptar instituciones que sirvan “de transición” o que podrían ser el pivote para pensar estructuras diferentes a las actuales estructuras capitalistas. Eso sí, sin copiar simplonamente experiencias foráneas, pues algo crucial para satisfacer las demandas sociales es reconocer y apropiarse del ámbito cultural propio de cada sociedad.

Dicho esto, entendamos que en el mundo indígena no existía el concepto de “desarrollo”. Eso se ve al confrontar tal concepto occidental con el Buen Vivir, recuperando experiencias concretas de comunidades indígenas. En la cosmovisión indígena no existe un proceso lineal que delimite un estado anterior o posterior. No hay ni la visión de un “subdesarrollo” a superarse, ni la de un “desarrollo” a alcanzarse (corolario de la visión de “progreso” típica del mundo occidental). Para los pueblos indígenas tampoco existe la “pobreza”, vista como carencia de bienes materiales o la “riqueza” vista como su abundancia.

 

Para la cosmovisión indígena la mejora social está en permanente construcción y reproducción. De ella depende la vida misma, pero desde el holismo, donde diversos elementos condicionan las acciones humanas que propician el Buen Vivir, y en donde los bienes materiales no son los determinantes. Hay otros valores en juego: conocimiento, reconocimiento social y cultural, códigos de conductas éticas -e incluso espirituales- en la relación con la sociedad y la Naturaleza, valores humanos, visión de futuro… El Buen Vivir aparece como una categoría en la “filosofía” de vida indígena ancestral, pero que ha perdido terreno por el implacable avance de la modernidad occidental. Sin embargo, su aporte invita a asumir otros “saberes” y otras prácticas, sin llegar a una equivocada idealización de la vida indígena.

 

Pero la visión andina no es la única fuente que impulsa al Buen Vivir. Este tipo de propuestas -similares en muchos aspectos- están presentes en otras partes del mundo, con varios nombres y características. Se trata de valores, experiencias y prácticas de diferentes períodos y regiones de la Madre Tierra. Cabría destacar el ubuntu (sentido comunitario: una persona es solo a través de las demás personas y demás seres vivos) en África o el eco-swaraj(democracia ecológica radical) en la India (Kothari, Demaria, Acosta 2015) . Las repercusiones internacionales de estos debates sobre el Buen Vivir (Ecuador) o Vivir Bien (Bolivia), emparentadas con muchas otras visiones similares (no necesariamente iguales) en el mundo, son cada vez mayores: propuestas transformadoras, reflexiones políticas, estudios académicos e iniciativas se expanden cual efecto de círculos concéntricos de una piedra lanzada en un lago. [5]

Incluso desde la propia cultura occidental hay cada vez más voces que podrían sintonizar con el debate planteado desde las visiones de la “indigenidad” y viceversa. En el mundo se comprende, paulatinamente, cuán inviable es elcapitalist way of life. Así, el Buen Vivir no solo tiene un anclaje histórico en la visión indígena, sino que puede y debe nutrirse de muchos otros principios filosóficos (marxistas, ecologistas, feministas, decrecentistas, postextractivistas, cooperativistas, humanistas...).

 

El Buen Vivir –pensémoslo siempre en plural: Buenos Convivires, para no reeditar al “desarrollo” en tanto perverso mandato global único- asoma, además, como plataforma para discutir respuestas urgentes frente a los devastadores efectos de los cambios climáticos (Acosta, Viale 2017) . Hay cada vez más conciencia sobre la necesidad imperiosa de transformaciones profundas que permitan a la Humanidad escapar con vida de los graves riesgos ecológicos y sociales en ciernes, y que la misma Humanidad ha creado durante su desvarío capitalista. Apenas un ejemplo es el crecimiento material sin fin que podría culminar en un suicidio colectivo.

Incluso a escala global, la (¡equivocada!) concepción del crecimiento basado en inagotables recursos naturales y en un supuesto mercado capaz de absorberlo todo, no conduce al “desarrollo”. Lo que se observa -como señala José María Tortosa (2011), un notable sociólogo europeo-, es un “maldesarrollo” generalizado , existente inclusive en el supuesto mundo “desarrollado”. Tortosa va más allá, afirmando que:

“El funcionamiento del sistema mundial contemporáneo es “maldesarrollador” porque es un sistema basado en la eficiencia que trata de maximizar los resultados, reducir costes y conseguir la acumulación incesante de capital. Ésa es la regla de juego que para nada es atemperada por la “mano invisible” de los sentimientos morales de que hablaba Adam Smith, es decir, por el sentido de la responsabilidad. Si “todo vale”, el problema son las mismas reglas del juego dictadas y cambiadas coyunturalmente desde arriba para satisfacer aquellos intereses que pueden ser cambiantes. En otras palabras, el sistema mundial está maldesarrollado por su propia lógica y es a esa lógica a donde hay que dirigir la atención” (Tortosa 2011).

 

Eso no es todo. A más de que la mayoría de la población mundial está lejos de obtener el bienestar material, se están afectando su seguridad, libertad y hasta su identidad. Ese “maldesarrollo” generado desde arriba (sea por gobiernos, transnacionales, o élites nacionales o mundiales), tan propio del capitalismo, genera complejidades múltiples inexplicables desde versiones monocausales. Por ello también se debe cuestionar la propia división del mundo entre “desarrollo” y “subdesarrollo”.

 

Tampoco se puede caer en la trampa del “desarrollo sustentable” o “capitalismo verde” pues estos solo son otras herramientas para la revalorización del capital (el mercantilismo ambiental, vigente desde hace décadas, no ha mejorado la situación; solo la ha maquillado y mercantilizado). Y tampoco podemos tener una confianza desmedida en la ciencia y la técnica. En definitiva, está en cuestión el mandato tradicional del “progreso” material acumulativo e indefinido. Y para superarlo hay que dar paso al pluriverso , un mundo en donde quepan todos los mundos, asegurando para todos los seres humanos (y no humanos) la justicia social y ecológica (Acosta 2018b) .

 

En suma, es inaceptable un estilo de vida fácil para un grupo reducido de gente, mientras que la mayoría sufre para sostener a los privilegiados, y hasta opresores. Esta es la realidad del régimen de “desarrollo” actual, un régimen que siempre fue capitalista.

El capitalismo muestra una gran capacidad productiva. Ha generado progresos tecnológicos sustanciales y sin precedentes. Ha reducido la pobreza en varios países. Pero también crea procesos sociales desiguales entre países y dentro de ellos. Sí, se crea riqueza, pero también demasiadas personas no participan de ésta. La riqueza, como aseguraba el mismísimo Adam Smith en 1776, solo se explica por una masiva pobreza:

“Cuando hay grandes propiedades hay grandes desigualdades. Por cada hombre muy rico debe haber al menos quinientos pobres, y la opulencia de unos pocos supone la indigencia de muchos ” .

 

La construcción del Buen Vivir conduce o debería conducir, por cierto, a una distribución profunda de esas cosas acumuladas en muy pocas manos. Hay quienes no participan ni de lo mínimo necesario para una vida digna. En oposición al mal vivir imperante, el Buen Vivir busca una convivencia sin miseria ni discriminación, asegurando siempre un mínimo de cosas necesarias, pero sin que éstas sean la meta. Esto exige construir nuevos patrones de consumo que satisfagan necesidades fundamentales que son siempre iguales en todo tiempo y lugar (axiológicas y existenciales, como plantean los chilenos Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn 1986) .

 

El Buen Vivir, entonces, rebasa a la satisfacción de necesidades y acceso a servicios y bienes materiales. Es más, para el Buen Vivir la acumulación material permanente no tiene ni sentido ni futuro; hasta impide alcanzar una vida en armonía a los seres humanos entre sí y con la Pachamama: la Madre Tierra.

 

La tarea es clara, pero en extremo compleja. En vez de mantener el divorcio Naturaleza-Humanidad, se debe propiciar su reencuentro, algo así como atar el nudo gordiano roto por una concepción de vida depredadora e intolerable (pero en extremo atractiva gracias al mundo de los fetiches, piezas clave en la construcción de hegemonía).

 

Desde esa lectura, el Buen Vivir plantea una transformación civilizatoria al ser -al menos- biocéntrica, ya no más antropocéntrica (aunque es mejor verla como una trama de relaciones armoniosas vacías de todo centro); comunitaria, pero sin rechazar al individuo; plural y diversa, no unidimensional, ni monocultural.

Tal transformación civilizatoria implica necesariamente desmercantilizar la Naturaleza: el agua, en tanto Derecho Humano fundamental (Acosta y Martínez editores 2012) , por ejemplo, no puede privatizarse, como manda la Constitución de Montecristi (mandato que tampoco cumplió Correa). Los objetivos económicos deben subordinarse a las leyes de los sistemas naturales y siempre respetando la dignidad humana; tarea en donde el crecimiento económico quizá puede ser un medio, pero no un fin.

Lo que interesa, más allá de las contradicciones y problemas en su cristalización en Ecuador, es que muchos de estos derechos se sembraron en el planeta, basta ver lo que sucede con los Derechos de la Naturaleza...

 

4. Los Derechos de la Naturaleza: del Ecuador al mundo

 “La idea de considerar a la Naturaleza como un sujeto revestido de derechos ha dejado de ser una rareza. Se cumplen en 2018 diez años del primer paso en esa dirección, que ocurrió con el reconocimiento constitucional otorgado en Ecuador. Allí se utilizó una fórmula novedosa no sólo por entenderla como un sujeto, sino por ser intercultural, asociando las ideas de Naturaleza con la de Pachamama.

Aquella formulación generó tanto críticas como escepticismos, y su aplicación padece debilidades, pero sirvió como ejemplo. Y es así que en la última década no han dejado de sumarse otros ensayos, tanto en América Latina, como en otros continentes.”

-Eduardo Gudynas (2018) 

 

Una primera lectura, realizada desde la aplicación real de los Derechos de la Naturaleza en la vida jurídica cotidiana, podría ser muy desalentadora. Sin embargo, hay cabida para el optimismo. Más aún si notamos que la vigencia constitucional es reciente y que está rompiendo con visiones conservadoras, al tiempo que estos derechos proponen salidas civilizatorias. Solo pensemos: cuánto tiempo ha tomado hasta que se acepten los Derechos Humanos, cuyo cumplimiento en muchas partes es más que deficitario.

Los Derechos de la Naturaleza (Acosta y Martínez editores 2011) , cuya aceptación en la Asamblea y fuera de ella no fue fácil [6] , paulatinamente han permeado cada vez más en los procesos sociales, en las agendas de muchos movimientos, en algunos análisis desde la academia. En general han provocado sensibilidad social.

 

A nivel del Ecuador, el colectivo Yasunidos (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial Ecuador 2015)evidenció cuán importante es para la sociedad la Naturaleza en su propuesta de una consulta popular para dejar el crudo del Yasuní ITT en el subsuelo (Acosta 2014) , luego de que esta iniciativa fallará en manos del gobierno correísta. De hecho, para muchas organizaciones de la sociedad civil los Derechos de la Naturaleza representan un cambio de visión importante, son una herramienta de trabajo, además de un hecho simbólico básico para la transformación.

Esto no sorprende pues ciertos movimientos sociales, sobre todo indígenas y campesinos, desde mucho antes de la expedición constitucional de estos derechos, han defendido la Naturaleza en las luchas por los territorios o en contra de las diferentes formas de despojo. Sus luchas por los territorios, en contextos de presión por nuevos proyectos extractivos (petroleros, mineros, agronegocios, forestales, etc.) alcanzan su máxima expresión. Actualmente los Derechos de la Naturaleza son clave, no sólo por la defensa de los territorios, sino porque destacan el papel de los/as defensores/as que están siendo criminalizados por sus luchas. Hablar de los Derechos de la Naturaleza es hablar al mismo tiempo de los derechos de sus defensores y sus defensoras, es decir, de los Derechos Humanos.

El aprendizaje y desarrollo de mecanismos de exigibilidad de los Derechos de la Naturaleza (Martínez, Acosta 2017)se observa también en las denuncias legales presentadas por los movimientos sociales. En muchos casos se exige respeto y se desarrollan argumentos sobre las relaciones de interdependencia y las amenazas a los ecosistemas, la destrucción de la biodiversidad y la ruptura de los ciclos de la Naturaleza sobre todo en los casos de varios megaproyectos, así como la falta de garantías para la restauración de los ecosistemas.

 

En el ámbito de la justicia ecuatoriana, el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza no resolvió el conflicto entre la naturaleza-objeto y la naturaleza-sujeto. Eso no es novedad. Una Constitución no cambia la realidad, pero sí abre el camino hacia cambios indispensables siempre que la sociedad se empodere de ella.

A pesar del avance constitucional, los conceptos de recursos naturales, bienes naturales o servicios ambientales, utilizados en diferentes leyes, mantienen el sello naturaleza-objeto. Basta ver los cuerpos legales expedidos luego de la aprobación de la Constitución en 2008: la Ley de Minería, la Ley de Soberanía Alimentaria, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento de Agua, la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico. Inclusive en el Código Orgánico Ambiental hay retrocesos en temas relacionados al sujeto-Naturaleza, pues se afecta la integridad de ecosistemas considerados de extrema fragilidad como las áreas protegidas.

Veamos simplemente cómo se finalizó jurídicamente la Iniciativa-Yasuni-ITT. El Decreto Ejecutivo No. 74, del 15 de agosto de 2013, firmado poel presidente Rafael Correa, al que le quedó muy grande dicha Iniciativa (Martínez Alier 2013) y la Constitución misma, autorizó actividades que afectarán territorios de Pueblos en Aislamiento Voluntario, irrespetando olímpicamente los mandatos constitucionales. Como corolario de esta lamentable situación, el presidente Correa diría –demostrando que no entendió los Derechos de la Naturaleza- el 15 de agosto de 2013 que “el mayor atentado a los Derechos Humanos es la miseria, y el mayor error es subordinar esos Derechos Humanos a supuestos Derechos de la Naturaleza” (Gudynas 2013) .

 

Hay situaciones aún más aberrantes. Los jueces han sido más abiertos al calificar demandas en contra de detractores del gobierno central que a aceptar demandas en contra de éste último. Por ejemplo, no se acepta un caso referente a los Derechos de la Naturaleza para proteger el Yasuní, uno de los últimos espacios, refugio del jaguar y de dos pueblos indígenas en aislamiento (Tagaeri y Taromenani); pero sí se acepta y se condena a un campesino que mató a un jaguar. No se acepta el caso de minería a gran escala en la Cordillera de El Cóndor (Proyecto Mirador), pero sí un caso de minería artesanal... pero para abrir la puerta a la gran minería tal como lo hizo el gobierno del presidente Rafael Correa: en clara manipulación de los Derechos de la Naturaleza.

Es complejo superar el pasado de dominación y opresión a la Naturaleza. Ésta ha sido históricamente discriminada, y lo sigue siendo en la actualidad, a pesar de ser sujeto de derechos. De hecho, la economía y el “desarrollo” desde sus visiones convencionales, aspiran perpetuamente a dominar y subordinar la Naturaleza.

Veamos la otra cara de la medalla. De igual forma como ha sido discriminada la Naturaleza, hay causas históricas de desigualdad asociadas a un orden político, económico y social injusto. Un orden que ha constituido estereotipos o prejuicios sociales que pretenden castigar a los más pobres, o que ocultan la responsabilidad de empresas o grupos poderosos asumiendo que para ellos no existen los permisos.

Un caso emblemático en donde emerge una jurisprudencia sobre Derechos de la Naturaleza es el de Vilcabamba (Suárez 2013) , aunque se perdió en la siguiente instancia, pero que estableció al Río Vilcabamba como sujeto de derechos: un hecho histórico que tendría repercusiones internacionales. En ese caso se apeló al ejercicio del Principio de Jurisdicción Universal y se presentó una acción de protección constitucional a favor de la Naturaleza, particularmente a favor del Río Vilcabamba, en la provincia de Loja, Ecuador. Y en la decisión de primera instancia señaló que “dada la indiscutible, elemental e irrenunciable importancia que tiene la Naturaleza, y teniendo en cuenta como hecho notorio o evidente su proceso de degradación, la acción de protección resulta la única vía idónea y eficaz para poner fin y remediar de manera inmediata un daño ambiental focalizado.” Por cierto, este caso -como otros muchos- no prosperó.

 

Casi a diez años de aprobada la Constitución se alcanzó un logro notable. La decisión de la Corte Provincial de Justicia de Azuay de suspender en segunda instancia la minería en Río Blanco, tomada el 3 de agosto del presente año, fue histórica (Acosta 2018g). La larga lucha de las comunidades de la zona, en particular de Molleturo en la provincia del Azuay, va dando frutos. Poco a poco la resistencia de los comuneros fue creando conciencia en la provincia y especialmente en su capital, provocando una potente reacción en la Asamblea Ciudadana por la Defensa del Agua y los Páramos de Cuenca. Fue un triunfo histórico en contra de la avalancha extractivista encabezada por la ministra de Minería y por el entonces ministro del Ambiente, algo que no sorprende si se considera su campaña a favor del extractivismo “responsable”, sea minero o petrolero [7]

 

La sentencia ratificatoria reconoce la importancia de la zona al destacar la declaratoria del Macizo del Cajas como parte de la red mundial de Reservas de Biósfera de la UNESCO , desde 2013. Esta inclusión - como reconoce la sentencia - se debió a que el área tiene las condiciones físicas, biológicas y socioeconómicas que un espacio geográfico debe tener para acceder a dicha declaratoria y, por tanto, requiere protección. Esta Reserva de la Biosfera abarca las vertientes pacífica y atlántica de la Cordillera de los Andes y está conformada por las zonas núcleo, de amortiguamiento y de transición. Con una extensión total de casi un millón de hectáreas incluye territorio de las provincias de Azuay, Cañar, El Oro y Guayas. Es decir, posee páramos, humedales, manglares y ecosistemas marinos. Debido a sus condiciones geográficas y climáticas, en este territorio existe una exuberante diversidad biológica: en la zona núcleo se halla el Parque Nacional Cajas que posee 71 especies endémicas, de la cuales 16 son únicas de la zona. Además, hay una gran dinámica económica, incluyendo cultivos, plantaciones y actividades manufactureras. Se trata de una región con aproximadamente un millón de pobladores.

 

Esta ratificación sienta un precedente jurídico histórico al defender varios derechos constitucionales: Buen Vivir /sumak kawsay, Derechos Humanos, derechos territoriales y comunitarios, Derechos de la Naturaleza. Se reconoce que el Estado no garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada de comunidades indígenas y menos aún el consentimiento expreso en una región que resiste a la minería por más de 20 años; un hecho repetido en la mayoría de proyectos mineros del país.

Incluso se rescata el resultado del referéndum del 4 de febrero de 2018, cuando en la quinta pregunta se consultó si ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

El pronunciamiento favorable a esta pregunta fue contundente tanto a nivel nacional como en Molleturo (donde cerca del 70% de la población respondió SI). Un resultado que, según la sentencia, prohíbe sin excepción la minería metálica en las áreas protegidas. Y, como indica la misma sentencia, el Parque Nacional Cajas es un área protegida.

La sentencia avanza más en su razonamiento y establece la necesidad de superar el utilitarismo antropocéntrico y pasar a visiones biocéntricas, que constituyen la base de los Derechos de la Naturaleza .

 

Desde su aprobación constitucional, la cristalización de estos derechos ha sido compleja, pero avanza, notando que estos derechos constituyen una puerta de entrada a otro mundo posible . Así, en dicho documento se establece que:

“Los derechos humanos reconocidos en distintos instrumentos internacionales e incluso dentro de las legislaciones internas de cada país, tuvieron en un momento determinado una visión completamente antropocéntrica del derecho ambiental. Pero hoy en día, se habla de otro tipo de posición del derecho ambiental con la denominada biocéntrica o ecocéntrica, la cual considera que el ser humano, no constituye el único ser que necesita protección y es importante. Todo ser vivo e incluso la propia tierra o naturaleza, son entidades que merecen respeto y protección por parte del sistema jurídico de un país. En este sentido se dice que el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano no tiene como único objetivo, otorgar al ser humano sus condiciones necesarias para su desarrollo de vida; sino que también a través de este reconocimiento lo que se busca es la conservación y protección del medio ambiente. La naturaleza debe ser vista como un conjunto en donde cohabitan distintos ecosistemas, seres vivos, recursos naturales, y el ser humano; quien es también parte de ese sistema y por lo tanto al ser parte de un todo, debe proteger el lugar donde vive; esta posición biocéntrica o ecocéntrica lo reconoce nuestra Constitución al otorgarle derechos a la naturaleza y al considerarlo al ser humano como parte de ella.”

La importancia de estos derechos rebasa nuestras fronteras. Y la sentencia sobre Río Blanco da un paso más que -sin duda- aumenta su significado histórico, al defender el derecho al Buen Vivir (Acosta 2018c) afirmando que

“no podemos pasar por alto que el Ecuador mediante la vigencia de la nueva Constitución decidió constituir una nueva forma de convivencia ciudadana en la diversidad pero en armonía, en la búsqueda del buen vivir (sumak kawsay), definido como: Sumak.- significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay.- es la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis el sumak kawsay significa la plenitud de la vida ”.

Cabría añadir que este proyecto minero tampoco cumplió con el Mandato Constituyente número 6 , conocido como mandato minero, expedido en Montecristi el 18 de abril de 2008, y desde entonces arrancó el festín minero del siglo XXI (Acosta y Hurtado 2016) . En ese Mandato Constituyente -entre otros puntos irrespetados por el correísmo y el “morenismo”- se prohíbe toda minería que afecte fuentes y nacimientos de agua. Es decir, no puede haber minería en páramos, ríos, lagos y lagunas, humedales, manglares, selvas y bosques primarios… Algo vital pues, pues si se afecta agua y biodiversidad, se pone en peligro la vida de las comunidades.

Realmente éste es un triunfo importante. Es una forma potente de reconocer la fuerza del espíritu de Montecristi, el cual ha sido cuestionado desde sus inicios por conservadores de todo tinte ideológico. Conservadores que desde hace algunos años claman por una nueva constituyente; reclamo al que se suma el correísmo en retirada.

La sentencia de Río Blanco –sumada al lento proceso de descriminalización de los defensores de los Derechos Humanos y de la Pachamama, como sucede con los perseguidos en Saraguro- está en línea con otros triunfos de similar trascendencia registrados en este mismo tiempo. [8]

En síntesis, vivimos una hora histórica.

Más allá de los resultados de los procesos en los 25 casos registrados hasta la fecha que demandan los Derechos de la Naturaleza ante las cortes, el ejercicio que hace la sociedad es importante, pues plantea nuevos horizontes y geografías.

Algo más. Cabe destacar la visión de los Derechos de la Naturaleza como derechos universales, así fue la demanda planteada en Ecuador contra la empresa BP (British Petroleum), por la explosión e incendió en la plataforma Macondo y el posterior derrame sobre el Golfo de México (Acosta 2010) . Una empresa que no opera en el Ecuador y un Golfo que tampoco pertenece a su delimitación nacional, sin embargo, la argumentación presentada fue que la Naturaleza es una sola, tiene derechos y debe protegerse. A pesar de que se desechó la demanda, su solo planteamiento provocó importantes reflexiones.

Nuestro ejemplo se expande por el mundo.

 

En noviembre de 2016 al Río Atrato y su cuenca en Colombia Benöhr y González Astorga 2017 ) se le reconoció similares derechos por la Corte Constitucional: “la sentencia dictada por la Sala Sexta de la Corte Constitucional de Colombia es significativa porque proviene del máximo órgano de control constitucional del país sudamericano; que, además, goza de alto prestigio”, resalta el jurista Hugo Echeverría; igual sucedió más tarde en 2018 con la Amazonia colombiana; dos acciones realmente notables en un país en donde estos Derechos de la Naturaleza se conquistan con respuestas creativas de ámbito ciudadano. En 2016 la Corte Suprema de Uttarakhand en Naintal, al norte de la India, sentenció declarando que los ríos Ganges y Yumana son entidades vivientes. En marzo de 2017 el Río Whanganui en Nueva Zelanda fue reconocido como sujeto de derechos para que pueda presentarse en los estrados judiciales a través de sus representantes: el pueblo Whanganui iwi. En 2013, el Parque Nacional Te Urewera, también de ese país, fue reconocido como entidad legal con los derechos de una persona; si bien la tierra no tiene dueño, es manejada en conjunto por los pueblos Crown y Tuhoe. En Argentina, el senador Fernando Pino Solanas ha propuesto un proyecto de ley sobre los Derechos de la Naturaleza. Y así por el estilo, este tema se difunde por el mundo con creciente velocidad e intensidad.

Las luchas inspiradas en los Derechos de la Naturaleza, sobre todo luego de su adopción constitucional en Ecuador, se multiplican. Además, los Derechos de la Naturaleza de la Constitución ecuatoriana actúan como elemento para defender territorios indígenas fuera del país, como es el caso de la acción pública para impedir la construcción de la Hidroeléctrica en Bello Monte, Brasil. La demanda señaló que, teniendo como referente la Constitución de Ecuador, “podía ser más didáctico claro y oportuno aplicar los Derechos de la Naturaleza por la destrucción del territorio de Xingu”. [9]

A nivel subnacional, el condado de Tamaqua, Pennsylvania fue el primer municipio de EEUU en aprobar una ordenanza local reconociendo los derechos de la Naturaleza de existir, prosperar y evolucionar en 2006. Desde entonces más de 36 comunidades en los estados de Pennsylvania, Ohio, New Mexico, New York, Maryland, New Hampshire y Maine aprobaron ordenanzas similares que codifican los Derechos de la Naturaleza. En Nepal está en proceso una iniciativa para reconocer los derechos de la Naturaleza a través de una enmienda constitucional. De otro lado un grupo de ciudadanos norteamericanos presentó una demanda para que las Montañas Rocosas o el desierto de Nevada puedan demandar legalmente a individuos, corporaciones o gobiernos en EEUU.

 

Hay muchas propuestas emparentadas con este objetivo. Por ejemplo, están la Carta de la Tierra como intento de carta magna constitución del planeta , promovida en el entorno de las Naciones Unidas y de sus organizaciones desde el año 2000; o la Declaración Universal de los Derechos de la Tierra, impulsada por EnAct International: organización impulsada por Comac Cullinam, que ha trabajado por años sobre esta materia y tiene varios aportes al respecto. También la UICN reconoce la importancia de los Derechos de la Naturaleza en su resolución “La incorporación de los Derechos de la Naturaleza como punto focal de organización en la toma de decisiones de la UICN” adoptada en el Congreso Mundial de la Naturaleza 2012 de la UICN en Jeju. La Resolución invita a la UICN y a sus miembros a promover una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza para reconciliarnos como seres humanos con la Tierra.

También aquí se puede destacar los avances y retrocesos bolivianos. Bolivia -en cuya Constitución no constan los Derechos de la Naturaleza- asumió un importante liderazgo, al menos en el discurso internacional. Desde el fracaso de la Cumbre (COP) de Copenhague en diciembre de 2009, el presidente Evo Morales convocó a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, realizada en Tikipaya, cerca de Cochabamba, en abril de 2010.

Allí, a más de adoptar la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (2010) , se planteó crear un tribunal internacional que sancione delitos ambientales. Más adelante, en julio del mismo año, Bolivia consiguió otro logro al declararse al agua como derecho humano fundamental en Naciones Unidas; algo ya conseguido en la Asamblea Constituyente ecuatoriana de 2007-2008. Como se ve, tal declaración universal sobre el agua, aunque no es de obligatorio cumplimiento, puede ser otro punto de referencia.

Debemos entender que las relaciones emancipatorias con la Naturaleza, entre la sociedad, géneros y generaciones, se construyen desde las prácticas sociales. Son patrimonio de las sociedades y, en su relación con el Estado, deben ser fortalecidas, protegidas y reconocidas para que no sean reprimidas. Las relaciones de armonía con la Naturaleza son ejercidas por muchos pueblos y personas. Son un proceso en construcción, que marca las pautas para asegurar otras formas de reproducción social, respetuosas de la Naturaleza y de las culturas, destinadas a formular demandas y crear otros imperativos.

El tránsito de objeto a sujeto de la Naturaleza ha empezado. Si en un pequeño país andino como Ecuador se dio un paso de trascendencia planetaria, motiva que en otras latitudes se comienza a debatir sobre el tema. Esta es una cuestión global, a todas luces.

Entonces, si estamos frente a una cuestión global, es hora de impulsar a nivel de Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza (Acosta 2010) . Igualmente urgente es establecer un tribunal internacional para sancionar los delitos ambientales, contra las personas y la Naturaleza (Acosta 2014) .

En síntesis, la tarea pendiente es ardua. Hay que vencer tanto visiones miopes como resistencias conservadoras y prepotentes que esconden y protegen varios privilegios, a la vez que se construyen diversas y plurales estrategias de acción. La vigencia de los Derechos de la Naturaleza y de los inseparables Derechos Humanos exige la existencia de marcos jurídicos locales, nacionales e internacionales adecuados, considerando que estos temas atañen a la Humanidad en su conjunto; también atañen a otras teorías del derecho, que desafíen la propiedad privada, la gobernanza de una solo especie, a un sistema organizado para explotar la Naturaleza, y a todo lo que nos ha llevado a crisis ecológicas sin precedentes, en el marco de lo que se conoce como antropoceno, que en realidad debería considerarse como capitaloceno, sustentado en el faloceno y racismoceno (Acosta 2018d) .

La recepción de los Derechos de la Naturaleza, más allá de su incumplimiento en Ecuador, ha sido una suerte de advertencia y simultáneamente un mensaje que abre la puerta a respuestas de alcance civilizatorio.

Los pasos vanguardistas dados en la Asamblea Constituyente de Montecristi indican por dónde debemos empezar a construir una nueva organización social, si realmente se busca una opción de vida en respeto y convivencia dentro de la Naturaleza, garantizando una existencia digna a todo tipo de vida.

En la Constitución ecuatoriana de 2008, al reconocer los Derechos de la Naturaleza, es decir entender a la Naturaleza como sujeto de derechos, y sumarle el derecho a ser restaurada integralmente cuando ha sido destruida, se estableció un hito. Igual de trascendente fue incorporar al término Pacha Mama, sinónimo de Naturaleza, en tanto reconocimiento de plurinacionalidad e interculturalidad (Tortosa 2009) .

A lo largo de la historia, cada ampliación de derechos fue anteriormente impensable. La emancipación de los esclavos o la extensión de derechos a afroamericanos, mujeres y niños y niñas fueron una vez rechazadas por considerarse un absurdo. Se ha requerido que a lo largo de la historia se reconozca “el derecho de tener derechos”, lo cual se ha conseguido siempre con un esfuerzo político para cambiar las visiones, costumbres y leyes que negaban esos derechos. Es curioso que muchas personas, opuestas a ampliar estos derechos, no tienen empacho en entregar derechos casi humanos a las personas jurídicas… esa sí, una de las mayores aberraciones del derecho.

Esta aceptación de los Derechos de la Naturaleza es una fuente pedagógica potente, que supera el solo cumplimiento de normas constitucionales. Aunque, la compleja judicialización de dichas normas provocará, a no dudarlo, mayores espacios de apertura para producir conocimientos desde nuevos marcos conceptuales.

La liberación de la Naturaleza de la condición de sujeto sin derechos o de mero objeto de propiedad, exigió y exige, un esfuerzo político que la reconozca como sujeto de derechos. Asimismo, dicho esfuerzo deberá buscar la aceptación de que toda vida tiene el mismo valor ontológico en medio de la diversidad. Dotar de Derechos a la Naturaleza significa, entonces, alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, dentro de un proceso centenario de ampliación de los sujetos del derecho. En síntesis, visto incluso desde un simple egoísmo ilustrado, la cuestión radica en rescatar el “derecho a la existencia” de la propia Humanidad. Aquí cabe la célebre frase de un gran filósofo racionalista del siglo XVII, el holandés Baruch de Spinoza (1632-1677) quien, en oposición con la actual postura teórica sobre la racionalidad, reclamaba que

“cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda”.  

Lo que hacemos por la Naturaleza lo hacemos por nosotros mismos. Esa es la esencia de los Derechos de la Naturaleza desde una perspectiva de egoísmo ilustrado. Insistamos hasta el cansancio que el ser humano no puede vivir al margen de ésta, peor si la destruye. Somos Naturaleza, y siempre lo seremosEl Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si (2015) es categórico:

“Nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta (…) Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados.”  

Así, garantizar la vida de la Naturaleza es indispensable para asegurar la vida humana. Esta lucha de liberación, en tanto esfuerzo político, empieza por reconocer que el capitalismo destruye sus propias condiciones biofísicas de existencia en su desesperada búsqueda por acumular bienes materiales, capital y poder.

Aprendiendo de la diplomática boliviana para impulsar los Derechos de la Madre Tierra -que no tuvo una cristalización dentro de ese país- y la declaración sobre el agua en el seno de Naciones Unidas, con el fin de impulsar la Declaración de los Derechos de la Naturaleza se debería constituir un bloque de países comprometidos con el tema, que planteen estas luchas desde la colaboración y complementación internacional, considerando que tales acciones tomarán tiempo en cristalizarse. Y que, por tanto, estas acciones, con una diplomacia profundamente renovada y renovadora, deberían ser múltiples y plurales para sumar adeptos a la causa. Aunque, también es necesario que el compromiso de dicho bloque rebase los discursos y sea consistente con sus prácticas locales, incluso para motivar a la acción internacional. Basta ver que uno es el discurso del gobierno boliviano y otra muy diferente la práctica de un régimen extractivista que arrasa con la Pacha Mama y las comunidades.

Es evidente que no se trata solo de acciones gubernamentales. Sabemos que en no pocas ocasiones los cambios de gobierno desvían el rumbo trazado inicialmente o inclusive en los países proponentes puede declinar el interés por los proyectos iniciados. Eso exige que la sociedad civil, al liderar esta acción, proponga e incluso dirija actividades y campañas a nivel nacional e internacional. Este es un punto medular: la sociedad civil –en concreto los movimientos sociales y ciudadanos- debe mantener siempre la presión y no perder nunca la iniciativa.

 

Es preciso estudiar todas las opciones internacionales, conscientes de que no se puede esperar que una Declaración como la aquí propuesta dé resultados inmediatos. Los Derechos Humanos no nacieron plenamente desarrollados. Desde la Revolución Francesa en 1789, pasando por su Declaración Universal en diciembre de 1948, hasta la creación de mecanismos de exigibilidad internacional desde los años sesenta en adelante con sistemas regionales y universales de exigibilidad de derechos, fueron muchas las luchas y frustraciones acumuladas. Su diseño y aplicación implicaron e implican un esfuerzo sostenido. Y desde ahí cada nuevo derecho exige una compleja acción y lucha política junto con redoblados pasos diplomáticos. Así, el Derecho Humano a la educación y al trabajo, incorporado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, exigió un largo debate. Algo similar fue con el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales o con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En consecuencia, téngase presente lo difícil que es aceptar y ampliar -en la práctica- los Derechos Humanos, asumidos formalmente como un mandato universal ya en 1948. Esto, sin embargo, no condujo ni debe conducir al desaliento cuando aspiramos a nuevas ampliaciones de derechos. Se debe superar tradiciones que consideran como sujetos de derechos solo a quienes pueden reconocer qué es un derecho y ejercerlo directamente (desconociendo incluso a personas incapacitadas por diversas razones de asumir directamente esos derechos, pero que no están desprovistas de éstos).

Para avanzar en este campo urge generar varias propuestas estratégicas de acción para traducir los avances constitucionales, por ejemplo, en leyes, normas, indicadores y políticas. Se precisan –a nivel local, nacional, regional, global- respuestas específicas sobre agua, biodiversidad, patrimonio natural, ecosistemas, recursos naturales renovables y no renovables, así como sobre aspectos conceptuales de responsabilidad jurídica ambiental, tanto individual como colectiva.

 

Desde lo internacional la tarea es más compleja aún. La estricta vigencia de los Derechos de la Naturaleza exige crear marcos jurídicos e instancias internacionales adecuadas, como el ya mencionado tribunal internacional para sancionar delitos ambientales. Los problemas ecológicos atañen a toda la Humanidad.

Es mucho lo que se puede hacer desde la sociedad civil. Aquí cabe mencionar las acciones desplegadas por diversas organizaciones y personas de todos los continentes para constituir el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza y de la Madre Tierra, cuyo empeño es profundizar la discusión de esta cuestión vital al tiempo que se prepara el terreno para construir un tribunal que haga realidad la sanción a las violaciones de estos derechos, seguramente afincado en el seno de Naciones Unidas. Este es un espacio ético que trabaja por hacer realidad dichos derechos y que cada vez repercute más en el ámbito internacional.

En definitiva, si la Naturaleza incluye a la Humanidad, sus derechos no están aislados de los Derechos Humanos, aunque tampoco se reducen a estos. Inversamente, los Derechos Humanos como el derecho al trabajo, a la vivienda o a la salud deben entenderse en términos ecológicos. Esto exige reconceptualizar los Derechos Humanos de forma ecológica profunda y transversal, pues la destrucción de la Naturaleza niega la existencia humana y, por tanto, los Derechos Humanos serían imposibles. Así, la justicia ecológica y la justicia social se complementan: la una no es posible sin la otra.

Los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza, que articulan una “igualdad biocéntrica”, unos derechos bioculturales, un derecho salvaje (como lo denomina Cormac Cullinan), una propuesta desde “lo común”, aun siendo analíticamente diferenciables, se perfeccionan y conforman una suerte de “derechos de y a la vida”. Por eso, los Derechos de la Naturaleza, imbricados cada vez más con los Derechos Humanos, conminan a construir democráticamente sociedades sustentables, a partir de ciudadanías plurales pensadas también desde lo ecológico.

En suma, requerimos un mundo reencantado alrededor de la vida, abriendo diálogos y reencuentros entre los seres humanos, en tanto individuos y comunidades, y de todos con la Naturaleza, entendiendo que todos formamos un todo: en definitiva, hablar y defender la Naturaleza es hablar y defendernos a nosotros mismos.

 

5. Diez años después, hemos avanzado... pero la tarea está pendiente

“Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados.

Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear.”

-Mahatma Gandhi

Aún falta hacer un balance crítico sobre la situación actual y el impacto de la Constitución en la sociedad ecuatoriana. Lo cierto es que -desde su aprobación- ésta ha sufrido y sufre reiteradas violaciones. Ejemplos claros son: la “metida de mano a la justicia” en mayo de 2011 impulsada por Correa, vía una consulta inconstitucional; los también inconstitucionales cambios a la Constitución en diciembre de 2015, retirados luego en 2018 a través de la misma Corte Constitucional que aceptó los cambios de 2015 y que nunca estuvo a la altura del espíritu de Montecristi; la gran cantidad de leyes y disposiciones atentatorias a la Constitución, empezando por la ley de minería en enero de 2009... Como ya dijimos, el gobierno que impulsó la Constitución devino en su mayor transgresor.

 

A Rafael Correa, el caudillo del siglo XXI, la Constitución de Montecristi le resultó una camisa de fuerza para sus apetencias de poder y una camisa de once varas ante su incapacidad para cumplir con los cambios profundos propuestos en esa carta magna, tal como pasó con la cuestión de la Plurinacionalidad, el Buen Vivir y los mismos Derechos de la Naturaleza.

 

De hecho, hay muchos más temas que merecen analizarse. Entre los que no puede faltar un debate sobre si la Constitución es el origen del régimen autoritario de Correa: hay varios puntos cuestionables en la Constitución, incluyendo aquellos que consolidan tradicionales estructuras y prácticas presidencialistas, pero tampoco podemos ser ingenuos y explicar el autoritarismo del correísmo por el presidencialismo reforzado de la Constitución… la calentura no está en las sábanas. Tampoco podemos centrarnos solo en lecturas desde el populismo y el caudillismo, buscando explicaciones en la persona del caudillo del siglo XXI. Requerimos lecturas estructurales, como aquellas asociadas a la modalidad de acumulación primario-exportadora: en dicha modalidad de acumulación, de prácticas extractivistas, encontramos las raíces de una economía y un Estado rentísticos, una sociedad clientelar y profundos rasgos de autoritarismo y corrupción ( Acosta, Cajas-Guijarro 2017 ) en la gestión del gobierno: ¡A más extractivismo, menos democracia!, es evidente.

Eso deja claro que una Constitución garantista no asegura en la práctica que las instituciones y el gobierno sean consecuentes con los postulados constitucionales, ni tampoco que la Constitución sea la herramienta clave para engendrar al autoritarismo. La realidad no se escribe con una Constitución, sino al revés. Las personas no gozan de los derechos constitucionales solo por estar consagrados en el texto constitucional, ni tampoco ganan poderes especiales por el mero hecho de que éstos se encuentren escritos en el papel. La vigencia de la Constitución -para bien o para mal- es un aspecto que debe disputarse desde la lucha política concreta.

 

Si bien una Constitución no cambia la realidad, su conocimiento y vigencia contribuyen a modelarla. Por eso, para que su cumplimiento genere confianza, cohesión social e institucionalidad se precisa una sociedad en marcha, empoderada de su Constitución, que haga realidad el cumplimiento de sus derechos y garantías, y que cumpla con sus obligaciones. Y también, como parte de ese empoderamiento, se necesita que la misma sociedad cuestione a la Constitución y vea todo aquello que necesite mejorarse y superarse. De nuevo, la sociedad debe disputar la vigencia y perfeccionamiento permanente de su Constitución.

Justo a esa disputa aporta el Buen Vivir -en tanto filosofía de vida- como base para construir un proyecto liberador y tolerante, sin prejuicios ni dogmas. Y ahí ya tenemos una primera tarea concreta: hacer que en la Constitución ya no exista esa ambigüedad entre Buen Vivir y «desarrollo». Pues, reiteremos, el Buen Vivir es un proyecto que, al sumar muchas historias de resistencia y de propuestas de cambio, al nutrirse de experiencias diversas, se posiciona como inicio no del “desarrollo” sino de la construcción en democracia de una sociedad radicalmente democrática.

Alberto Acosta es ex-Presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi.

 

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[1]   Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República.

NOTA: El autor agradece los valiosos aportes y sugerencias del doctor Ramiro Ávila Santamaría y del economista John Cajas-Guijarro.

[2] El “Sí” obtuvo 63,93% de los votos; el “No” 28,1%; los votos nulos fueron 7,23% y los blancos 0,75%. Se recomienda leer el Informe Final sobre el Referéndum Constitucional Aprobatorio de Ecuador del 28 de septiembre de 2008, elaborado por el Centro Carter, 25 de octubre de ese año .

[3] Del prólogo del libro Ramiro Ávila Santamaría (2011); El neoconstitucionalismo transformador – El estado y el derecho en la Constitución de 2008.

[4] Basta ver la discusión propuesta por el autor de estas líneas en su libro El Estado como solución , ILDIS, Quito (1998), tanto como la discusión posterior del tema en diversos textos: 2007, 2008, 2009, 2010… Sin tratar de negar las fallas de dichos textos, cabe anotar que hay que ubicarlos en los correspondientes momentos políticos, sobre todo al inicio de enfrentamiento al Estado mínimo de la ideología neoliberal. Por cierto un paso sustantivo da el autor en el artículo: “Repensando nuevamente el Estado ¿Reconstruirlo u olvidarlo”, varios autores, América Latina: Expansión capitalista,   conflictos sociales y ecológicos (2018a) , Universidad de Concepción, Chile.

[5] La lista de textos existentes crece. Basta ver la enorme acogida por parte de autores/as y lectoras/as que tiene la Serie Debate Constituyente, que edito con Esperanza Martínez, y que ya tiene una veintena de títulos como se aprecia en la bibliografía. Igualmente se podría mencionar, como ejemplo simbólico de este creciente interés, la realización anual del Día del Buen Vivir (der Tag des Guten Lebens) instalado desde hace seis años en la cuarta ciudad alemana: Colonia (Köln) y cuyo ejemplo se expande aceleradamente.

[6] Algún momento cabría recordar los detalles de algunos debates constituyentes donde se avanzó con mecanismos y apoyos suigéneris, como la misma aprobación de los Derechos de la Naturaleza, proceso en el que “intervino” el gran pensador uruguayo Eduardo Galeano (2008) . Basta recordar ese célebre artículo “La Naturaleza no es muda”, del que podemos extraer, entre otras, la siguiente idea fuerza: “La Naturaleza tiene mucho que decir, y ya va siendo hora de que nosotros, sus hijos, no sigamos haciéndonos los sordos. Y quizás hasta Dios escuche la llamada que suena desde este país andino –Ecuador-, y agregue el undécimo mandamiento que se le había olvidado en las instrucciones que nos dio desde el monte Sinaí: Amarás a la Naturaleza, de la que formas parte”. (Sobre esta cuestión se puede consultar en Acosta 2015).

[7] Como en muchos otros emprendimientos mineros, el punto medular radica en que al proyecto aurífero Río Blanco, uno de los cinco proyectos considerados “estratégicos”, se le impulsó atropellando derechos a diestra y siniestra. Es decir, se impuso la minería en contra de las comunidades, sin importar las afectaciones a la Naturaleza (Sacher 2018). La violencia no es consecuencia, sino condición necesaria para la minería. Estas son normalmente actividades impuestas sin considerar sus impactos nocivos, sean sociales, ambientales, políticos, culturales e incluso económicos. Lo vemos en otros lugares del país: Cordillera del Cóndor en Morona Santiago y Zamora Chinchipe; Intag en Imbabura.

[8] Otro caso importante se registró también en la Amazonía. El juez de la Unidad Multicompetente del cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, falló en agosto de 2018 a favor de la comunidad Cofán Sinangoe y la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos, que interpusieron una Acción de Protección para frenar la minería de oro en su territorio. El juez, como se puede leer en la respectiva sentencia , declaró, entre otros puntos a más de las afectaciones a la Naturaleza, la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada, disponiendo la inmediata suspensión de todas las concesiones mineras otorgadas a la fecha en ese territorio, además de las que están en trámite, y que ocupan más de 31 mil hectáreas aledañas al parque Nacional Cayambe Coca y al territorio de la comunidad Cofán. Otra resolución judicial histórica es la de la Corte Constitucional del Ecuador , expedida el 27 de junio y dada a conocer el 10 de julio del año 2018. La Corte rechazó la acción de protección interpuesta por la transnacional Chevron-Texaco ratificando la sentencia en su contra por daños sociales y ambientales ocasionados en la Amazonía ecuatoriana ( Beristain, Rovira, Fernández 2010) durante el tiempo que operó entre 1964 y 1992. La transnacional petrolera está obligada a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares. Con esta resolución se cierra la batalla jurídica en las cortes ecuatorianas. Desde hace 25 años las comunidades indígenas y de colonos afectadas por la transnacional vienen exigiendo justicia, en un proceso lleno de cortapisas por parte de la empresa en contubernio con gobiernos ecuatorianos , incluyendo el gobierno de Correa (Alerta Verde 170, 2014). Es una lucha que continua en instancias internacionales y que llegaría, como habrían afirmado los directivos de la empresa –según Pablo Fajardo, uno de los abogados históricos de los afectados-, hasta lasfronteras del infierno . Con este proceso, más allá del fallo adverso en el Tribunal de Arbitrajes de la Corte de la Haya, se construye paso a paso lo que constituye –como lo anoté en 2011- “un triunfo de la Humanidad ”.

[9] AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL com Pedido de Liminar em face de: Norte Energia S/A (NESA) – concessionária de Uso de Bem Público para exploração da UHE Belo Monte, CNPJ/MF 12.300.288/0001-07, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco F, Lote 12, salas 706/708 (parte), Edifício Via Capital, Brasília/DF, CEP 70.041- 906.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247244

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Frente al avance arrasador de los extractivismos es crucial generalizar, abajo, la ruptura con la lógica del Capital que hace, por ejemplo, al constante avance y consolidación del régimen latifundista transnacionalizador. Es una prueba más de cómo el sistema va contra la vida y la democracia.

 

En la disputa territorial de Benetton con el pueblo nación Mapuche verificamos cómo el Estado nacional y los de las provincias están completamente al servicio de esa familia corporativa sin importar la desertificación causada por la sobrecarga del bioma por un animal exótico como la oveja. Tampoco hoy hay preocupación por la decisión ecocida de terminar eliminando al guanaco ya amenazado de extinción por por la sobrecarga de ganado ovino. 

 

Benetton y su nuevo negocio en Argentina:

cacería y comercialización de guanacos.

11 de octubre de 2018

Por Federico Soria

A veces la realidad no deja de sorprendernos: si bien la campaña sistemática encarada por el Grupo Benetton con el objetivo de quedarse con territorio de los Pueblos Originarios (despojo mediante y teniendo a su disposición la totalidad del aparato represivo del Estado, cuyo punto culminante es sin dudas la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado) ha sido lo peor que ha exhibido esta corporación en la República Argentina; ahora nos encontramos con otro negocio millonario de esta corporación, basado en el lucro particular por el usufructo de un bien protegido que pertenece a todos los habitantes del país, que lamentablemente cuenta con todos los avales del estado: la cacería de guanacos y la comercialización de su carne, a pesar de tratarse de una especie de la fauna autóctona (y por lo tanto, patrimonio de todas y todos) y protegida por CITES (Concención Internacional contra el Tráfico de Especies Silvestres). Entendemos que el objetivo de esta acción no es el aprovechamiento de la especie en sí, sino eliminarla de sus propiedades.

A modo de tener un contexto previo para encarar la lectura de esta nota, sugiero echarle un vistazo al trabajo de investigación que realizamos en este espacio de expresión sobre el Grupo Benetton en Argentina haciendo click acá.

 

Para llevar adelante el negocio de la cacería de guanacos y la comercialización de su carne en el país y el exterior, Benetton (una corporación transnacional que ya cuenta con un enorme imperio tan sólo en Argentina) primero armó un andamiaje de empresas nuevas y luego realizó acciones de lobbying corporativo ante el gobierno nacional y el de la provincia de Santa Cruz, para obtener las autorizaciones para realizar esta actividad que está prohibida en todo el mundo.

Los últimos balances de las empresas del Grupo Benetton revelan en total un capital neto de casi € 13.000.000.000.- (trece mil millones de euros), con lo cual estamos hablando de una de las corporaciones más grandes del mundo, nucleadas en el holding Edizione.

Desde ya, la campaña de difamación pública lanzada oportunamente por Benetton contra los Pueblos Originarios (a través de los medios hegemónicos de la República Argentina y el aparato comunicacional del Estado en todos sus ámbitos) ha tenido como finalidad quedarse con sus tierras y generar una cortina de humo para ocultar las maniobras que realizan sus lobbystas locales para dar un marco legal a este tipo de negocios espurios; como lo es el tráfico de especies protegidas de la fauna nativa, uno de los negocios ilegales más redituables del mundo, después del narcotráfico y la venta de armas.

En el medio, se cruza el debate por la hegemonía de la ganadería ovina en Santa Cruz y su lobbyng corporativo, algo respecto de lo cual existe abundante material escrito, tanto respecto de su imposición histórica como actividad económica preponderante, mal llamada economía regional (ya que se trata de una explotación de tipo enclave que incide muy poco en las estadísticas de empleo y fuga la casi totalidad de sus ganancias), que solamente beneficia una selecta oligarquía local descendiente de los colonos ingleses que financiaron la "conquista del desierto"; y que hoy únicamente está amenazada por el avance irrestricto de la megaminería y el fracking en las zonas ganaderas de Santa Cruz y no por el guanaco, como pretenden infundadamente hacer creer los empresarios latifundistas.

 

Ganadera Cóndor

Ganadera Cóndor (GC) es una suerte de empresa fantasma, que en pocos meses apareció como una PYME y luego se capitalizó mil veces (diez mil por ciento), para convertirse en una de las corporaciones ganaderas más grandes de la Patagonia. En el medio cambió dos veces de directorio y de propósitos empresariales.

 

Según una publicación del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) del 21/11/2016, el grupo Benetton, a través de sus representantes locales, registró formalmente una nueva sociedad denominada "Ganadera Cóndor" (GC) con un capital de $ 120.000.- monto que resulta a todas luces excesivamente exiguo en relación a las millonarias inversiones del Grupo Benetton.

 

El agente local no es otro que el argentino Diego Perazzo, el máximo representante del Grupo Benetton en Argentina y apoderado legal de la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), quien se presenta en representación del holding Edizione, la corporación madre que controla todas las empresas del Grupo Benetton en el mundo. No obstante, la sociedad que se inscribe es argentina y originalmente está constituida por argentinos. Perazzo aparece al principio como presidente de esta nueva sociedad.

 

Un mes después, la sociedad GC se inscribe en AFIP. Lo curioso es que según el BORA, la sociedad formalmente constituida tiene como objetivo explotación de establecimientos agroganaderos, industrialización de productos y subproductos de este origen y comercialización de los mismos. Sin embargo, en su inscripción tributaria, la empresa declara además de lo anterior otras actividades como caza, silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras, servicios empresariales y transporte de sustancias refrigeradas. Hasta donde se puede saber, todos estos cambios no aparecen en las actas de la sociedad.

 

Meses después, una publicación del BORA del día 03/05/2017, da cuenta de la conformación un mes antes del directorio de GC, donde vuelve a aparecer Perazzo como presidente y dos directores argentinos que también están en CTSA: Guillermo José Ryan, Gabriel Andrés Levy y Alberto Muzzachelli.

 

En otra publicación del BORA, del día 05/04/2017, aparece que CTSA realiza una transferencia extraordinaria de dinero a GC por un total de $ 124 millones (aproximadamente el 22% del total de su capital declarado que es de $ 590 millones), en una maniobra que multiplica el capital de la nueva sociedad por mil (o sea, un diez mil por ciento). El otro detalle es que las dos firmas tienen el mismo domicilio.

 

Finalmente, el 02/07/2018 aparece una nueva publicación en el BORA (esta vez con tres meses de retraso), respecto de cambios en el directorio de GC. En este caso, aparece como presidente Carlo Benetton y como vice Perazzo, además está Leone Benetton (hijo de Carlo) como director titular. Lo loco de todo esto es que Carlo Benetton murió días después, el 10/07/2018.

 

Con todos estos datos surge el interrogante respecto del motivo que ha llevado al Grupo Benetton a dividir sus inversiones ganaderas en Argentina, en dos empresas conformadas prácticamente por las mismas personas extranjeras y argentinas.

Una posible causa podría ser que Ganadera Cóndor es una empresa fantasma creada para dividir los activos de CTSA ante la posibilidad de que sea alcanzada por las leyes antimonopolio de Argentina o por la legislación que restringe la tenencia de tierras a extranjeros en zonas de frontera. En las publicaciones del BORA sólo se habla de montos de dinero, desconociendo concretamente cómo fue la división de bienes entre CTSA y GC.

De cualquier manera, el nombre es muy sugerente: la Estancia El Cóndor (la última adquisición de CTSA) está en gran parte rodeada por la frontera con Chile y el Océano Atlántico, donde ningún extranjero debería ser propietario sin autorización del Estado Argentino, previa rigurosa evaluación. Para sortear esto, es que pudieron haber transferido este bien a GC, una sociedad conformada en los papeles por argentinos y una vez anotada la Estancia El Cóndor en el Registro Nacional de la Propiedad, Benetton pasa a presidir la sociedad. Aunque por el tiempo transcurrido desde la compra hasta la conformación de GC, esta maniobra aparentemente no tendría sentido...

Recordemos también que en el escrito anterior sobre el Grupo Benetton se dio cuenta que Lázaro Báez (testaferro de la familia Kirchner y ex-amigo de Carlo Benetton) realizó numerosas transacciones comerciales con el grupo italiano, entre las que se cuentan la adquisición de 3 de las 25 estancias que poseía hasta ser procesado por la justicia. Luego de estas adquisiciones, en 2015, quiso comprarle la Estancia el Cóndor a CTSA, resultando que ante la negativa inicial terminó realizando diversas maniobras extorsivas contra Benetton e incluso operetas de prensa donde se afirmaba que ya la había adquirido, cuando en realidad eso no era así. Es probable también que los magnates italianos quisieron asegurarse que esto no volviera a ocurrir...

Recordemos además que esta operatoria de la empresa Ganadera Cóndor y sus maniobras de transferencia de activos y cambios repentinos de directorio, ya ha ocurrido varias veces en la historia empresarial de Argentina. Sin ir más lejos, tenemos el caso del británico Joseph Lewis en los años '90, que adquirió el campo que rodea el Lago Escondido en zona de frontera: la sociedad que hizo la compra estaba conformada por argentinos y una vez realizados los trámites de legitimación ante la Dirección de Zonas de Frontera y el Registro Nacional de la Propiedad, los miembros de la sociedad cambiaron para pasar a ser él directamente el titular.

 

De todos modos, hay otro motivo para dividir la sociedad, que es este nuevo y prometedor negocio del Grupo Benetton en Argentina. Y para corroborar ello, una nota periodística de estos días da cuenta que es Ganadera Cóndor (y no CTSA) la empresa de Benetton que está directamente involucrada en este negocio específicamente.

 

Frigorífico Faimali

 

Este establecimiento (con sede en Río Gallegos y sucursales en Tierra del Fuego) fue creado a mediados de los '80 por la familia Jamieson (terratenientes y grandes productores ovinos locales descendientes de los primeros colonos ingleses de esa provincia) para faenar corderos. La crisis en la ganadería ovina generada por las erupciones del Volcán Hudson casi hace desaparecer a la empresa. En ese entonces, parte del capital accionario del frigorífico es adquirido por la familia Kirchner y su crecimiento comenzó a ser sostenido y exponencial desde que Nestor fue presidente. Es en estas circunstancias en que curiosamente por decisión del Gobierno Nacional, la exportación de carne ovina quedó exenta en su totalidad de las retenciones impuestas al resto de las exportaciones de carne durante las gestiones kirchneristas, que rondaba el 15%. En aquel entonces el Frigorífico Faimali era el principal exportador de esta producción, que rondaba las 3200 toneladas de carne ovina, siendo además el que procesa toda la producción de otra exportadora que es Estancias de la Patagonia. La capacidad operativa del establecimiento está montada para faenar 450.000 ovejas por año. Además, es el único que procesa en escala industrial carne de liebre, también para exportación en su totalidad.

No se tiene el dato exacto de cuándo fue que el grupo Benetton ingresó como accionista del Frigorífico Faimali, pero se sabe que ya en el 2008 poseía el 33% y para el año 2015 ya tenía el 62%. Tampoco se sabe cuándo y cómo se retiró la familia Kirchner de la empresa, ya que hasta donde se pudo averiguar, hoy no están en el directorio ni poseen acciones de la firma, por más que han tenido vínculos muy estrechos con la familia Jamieson, fundadores de la firma que aún son parte de la misma...

Actualmente, la web del Frigorífico Faimali directamente dice que la empresa pertenece a la Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA), del Grupo Benetton, sin dar detalles respecto de su real composición accionaria. Sin embargo, nuevamente en este caso el Boletín Oficial es un instrumento público revelador de este tipo de información que normalmente los canales institucionales de las empresas mantienen en reserva.

En este caso, tenemos el Boletín Oficial del Gobierno de Santa Cruz, en su edición del 2 de octubre de 2014 (pag. 15), que da cuenta que en ese entonces el capital de la firma era de 12 millones de pesos (aproximadamente 1,5 millones de dólares al cambio oficial de ese entonces), lo cual representa una parte muy ínfima del negocio del Grupo Benetton en Argentina. Desde ya, el negocio de la exportación de carne ovina representa cinco veces más que ese monto, a eso hay que agregarle los beneficios de este nuevo negocio del guanaco, aún no determinados. Con esto, tenemos al menos una pista de que esos números están dibujados...

En el mismo documento público se da cuenta que el directorio de la firma se conforma de miembros de CTSA y de la familia Jamieson. Nuevamente aparecen los nombres de Diego Perazzo, Alberto Muzzachelli, Gabriel Levy y Oscar Longhi; personas estas que aparecen, como ya dijimos, en los directorios de las otras empresas de Benetton en Argentina, como ser la CTSA, la nueva empresa Ganadera Cóndor, la minera canadiense Minsud y su subsidiaria local Minera Sud Argentina. Por la familia Jamieson figuran dos representantes. Además de ello, el presidente y vice de la firma son Marcelino Díaz y Miguel O'Byrne, representantes locales de Benetton en Santa Cruz.

La ruta comercial de la producción del frigorífico Faimali es bastante extraña: la producción va en camiones 800 kilómetros desde Río Gallegos hasta Puerto Deseado, donde se embarca al exterior. Esta operatoria para desplazar por tierra toda su producción al puerto de aguas profundas más alejado de la provincia implica un desplazamiento que requiere de aproximadamente 1.000 viajes en camión por año, 1600 km. ida y vuelta, por la ya colapsada Ruta Nacional 3, única vía troncal asfaltada de esa provincia. Aparentemente, esta modalidad fue acordada hace años atrás para hacerse beneficiarios del no cobro de retenciones a las exportaciones.

 Contaminadores seriales...

Desde que el frigorífico Faimali se expandió de la mano del grupo Benetton, empezaron a haber problemas ambientales en Río Gallegos, donde se ubica su planta, precisamente a la vera de la "ría" (brazo de mar que entra al continente, donde se mezclan las aguas oceánicas saladas con las dulces provenientes de los ríos que allí desembocan). Concretamente las denuncias datan de 10 años atrás y dan cuenta del vertido de grandes cantidades de sangre proveniente de la faena a través de cañerías que vuelcan a la Ría de Gallegos. Estos vertidos contaminan el agua de la ría, producen olores nauseabundos y generan malestares respiratorios en la población circundante.

El frigorífico Faimali además está acusado de realizar quemas ilegales de sus desechos sólidos, cuyas emanaciones son percibidas por los vecinos de la planta.

Desde ya, la empresa no se hace cargo de gestionar sus vertidos, así como tampoco el gobierno de Santa Cruz de sancionarlos por la contaminación que generan. Es el Estado quien con fondos públicos y créditos tomados en el exterior que pagamos todas y todos, está montando la infraestructura necesaria para llevar adelante esta tarea.

Desde ya, las sanciones para Benetton no caben en este sentido, al menos en la actual gestión provincial de Alicia Kirchner; ya que por la participación en el pasado de la ex-familia presidencial en los negocios de la empresa y el actual impulso del gobierno provincial a su negocio particular de la cacería de guanacos y comercialización de su carne, eso prácticamente sería imposible.

 

 

Los mandamás de Benetton en Santa Cruz

 

Así como en la anterior entrega sobre el grupo Benetton mencionamos que el apoderado legal de las empresas de Benetton es Diego Perazzo y su mandamás en las estancias de Chubut es Ronald Mc Donald, en Santa Cruz el personaje que ocupa este rol es Marcelino Díaz, quien está vinculado al grupo italiano desde que adquirió la Estancia El Condor, a fines de los '90s.

De la poca información que se tiene de esta persona se sabe que es un reconocido dirigente ruralista de Río Gallegos, con destacada participación en la Federación de Entidades Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS). El actual presidente de esta entidad es Miguel O'Byrne, que también es representante de Benetton en GC y FF.

 

El otro dato concreto que se tiene es que Marcelino Díaz está inscripto en AFIP como empleador dueño de una empresa transportista de cargas refrigeradas en camiones. Con esto queda claro también que la operatoria de sacar la mercadería de expotación por Puerto Deseado, atravesando toda la provincia de Santa Cruz por tierra, es un costo que queda entre socios comerciales: Benetton contrata a la empresa de camiones de la misma persona que es su mandamás local.

El rol de Marcelino Díaz es fundamental en la operatoria previa de desinformación publica respecto del guanaco, para generar las condiciones propicias con la finalidad de abrir el negocio de su cacería y la comercialización de su carne por parte del Grupo Benetton; así como el lobbyng ejercido por este individuo en los diferentes estamentos del estado provincial y nacional, con el fin de obtener las autorizaciones para esta actividad prohibida a nivel internacional.

El mismo rol cumple Miguel O'Byrne, aunque esta persona es más bien la encargada de defender los intereses de Bentton ante el Estado y las entidades ruralistas que integra: la ya mencionada federación y la Sociedad Rural de Río Gallegos. Además de esto, tiene un cargo de "consejero regional" en el INTA sede Regional Patagonia Sur, y una consultora empresarial particular.

 

Un negocio basado en la mentira

 

En Santa Cruz hay un mito infundado respecto de que el guanaco "representa una plaga", el cual está basado exclusivamente en supuestos de particulares vinculados al negocio de la ganadería ovina y replicada por funcionarios provinciales y medios pautados, no habiendo ningún dato científico de base empírica respecto de cuánta es verdaderamente la población de esta especie nativa y menos aún, si realmente incide en esta actividad; que vale bien aclarar, se trata de una modalidad comercial que impacta negativamente en el medio natural y que jamás fue sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, tal como lo exige la Ley Nacional 25.675.

Conviene tener en cuenta que numerosas publicaciones del CONICET dan cuenta de que la dieta del guanaco es en buena parte diferente de la del ganado ovino y mucho menor en cantidad: una oveja consume más del doble de alimento que un guanaco: de acuerdo a los diversos estudios que hay, las ovejas pueden comer en promedio hasta 530 kg de forraje por año; en cambio, los guanacos como mucho llegan a consumir 240 kg de forraje por año.

Además de esto, el guanaco con sus dientes aflilados corta las plantas por su follaje (como si fuera una podadora), en lugar de la oveja, que con su dentadura roma, las arranca de raiz, provocando la desertificación de los campos, tal como se puede constatar en vastos sectores de la provincia depredados por la ganadería ovina.

Conviene aclarar que (contrario a lo que sostienen infundadamente funcionarios y empresarios ganaderos) en todos los ámbitos científicos nacionales (e incluso a nivel internacional) hay un indudable consenso respecto de que el principal factor de desertificación y destrucción de la vegetación y el suelo en toda la Patagonia es la ganadería ovina. Además de ello, la Patagonia constituye la región de la República Argentina con mayor índice y cantidad de hectáreas desertificadas, con lo cual estamos en condiciones de afirmar que la ganadería ovina en la Patagonia es el mayor aportante la desertificación en todo el territorio nacional. El problema del sobrepastoreo ovino en la Patagonia es histórico y recurrente y ha sido motivo de numerosos estudios científicos que lo han demostrado de manera sistemática con datos fehacientes.

Estos datos están corroborados en el Mapa de la Desertificación de la República Argentina, en donde la provincia de Sata Cruz es la que mayor superficie desertificada presenta en todo el país (tanto en cantidad de hectáreas como en porcentaje respecto al total), siendo notable además que dentro del grado de desertificación, en Sata Cruz predomina la de tipo severa.

El otro dato no menor, es que (según el mapa anterior) la zona donde se localiza la Estancia El Cóndor es la que menos problemas presenta de desertificación y sobrepastoreo, con lo cual no existen fundamentos de índole técnico-científico para justificar la eliminación del guanaco en este establecimiento.

Con esto queda claro que el guanaco no arruina los campos ni los desertifica (sino que lo que lleva a esa situación es la propia ganadería ovina) y lejos está de poder ser considerado una plaga, ya que se trata de una especie nativa que ocupa su propio hábitat de donde es originario. Tampoco se lo puede considerar estrictamente un competidor con las ovejas, puesto que la dieta en ambos casos es diferente y sólo compiten en caso de sobrecarga ganadera, un tema del cual en Santa Cruz "no se habla".

Con respecto a la población de guanacos en Santa Cruz, los lobbystas de Benetton han llegado a tirar números de hasta 2 millones de individuos en toda la provincia, diciendo además que consumen el doble de forraje que una oveja, datos falaces que no tiene nigún tipo de respaldo técnico. Es más, ninguna entidad ganadera privada u organismo oficial del gobierno provincial ha efectuado un censo de la población de esta especie con metodología científica, así como tampoco de su dieta. Ni siquiera el INTA tiene el dato concreto, a pesar de que cada tanto hace conteos en vuelos aéreos y extrapolando a la superficie total de un territorio a considerar, metodología con elevados márgenes de error y basada casi por completo en cálculos probabilisticos, que no está avalada científicamente por ninguna institución idónea en materia de ecolgía y/o ciencias biológicas. Esta técnica es la que también emplea el Gobierno de Santa Cruz, que afirma que la población es de 1.300.000 guanacos, dato que tampoco cuenta con aval científico.

Los censos de camélidos americanos realizados con metodologías científicas avaladas internacionalmente, basadas en el conteo directo y sistemático de individuos a través de transectas periódicas efectuadas en el campo, dan cuenta de que en toda la Provincia de Santa Cruz la población ronda entre los 250.000 y 300.000 individuos.

Teniendo en cuenta que este dato es de hace 8 años y que en el supuesto caso que el guanaco no sea cazado y su habitat se encuentre en condiciones (ninguna de las dos cosas ocurre actualmente), el crecimiento vegetativo de la población podría llegar a ser de entre 10 y 12 % interanual (muy lejos del 15 a 20 % que sostienen los empresarios ganaderos y funcionarios de Santa Cruz). Con estos números, el cálculo más optimista que nos puede dar esta metodología para inferir la verdadera población actual de guanacos es de 700.000 individuos y el menos optimista de 500.000 individuos. Tomando este número y teniendo en cuenta que el hábitat de esta especie actualmente abarca las dos terceras partes de la provincia, estamos hablando de una densidad de un guanaco cada 30 hectáreas en el mejor de los casos.

Tomando el promedio de este rango y la superficie de la Estancia El Cóndor (220.000 has.) en relación al total del hábitat del guanaco en la Provincia de Santa Cruz, en dicho establecimiento deberían haber como máximo 7.000 guanacos. Este sería el dato más aproximado que se puede obtener, ya que hasta donde se pudo averiguar, en ese establecimiento jamás se hizo una transecta; de todos modos, como se verá más adelante, este número casi coincide con la cantidad autorizada para la cacería, lo cual da cuenta de que, como concluimos al final del trabajo, el objetivo final de Benetton con respecto a esta especie nativa en el fondo no es el aprovechamiento económico, sino, lisa y llanamente, la eliminación de la misma dentro de sus propiedades...

 

En contraposición a los datos de la población de guanacos, se dispone de las estadísticas oficiales respecto de la cantidad de ovejas que hay en esa provincial: rondando entre 2.800.000 y 3.100.000 ovejas, según el INTA, dato que se va a corroborar cuando finalice el censo nacional agropecuario que se está llevando a cabo en este momento. Este dato se contrapone a lo expuesto por las entidades rurales que afirman que las ovejas en esa provincia no llegan a 1.200.000 cabezas. No es una novedad en el ámbito rural que históricamente los dueños de los campos retaceen esta información o la den de manera parcial, ya que de estos números dependen en gran medida los impuestos que pagan...

Según datos extraoficiales, en la Estancia El Cóndor habrían 80.000 ovejas. Si se aplicara la fórmula de capacidad de carga ganadera para el tipo de forraje que presenta ese establecimiento (uno de los de mejor calidad de la Patagonia árida) que sería de aproximadamente 0,3 ovejas/hectáreas, el campo podría soportar con holgura una dotación de 68.000 ovinos; con lo cual, la estimación anterior está dentro de los parámetros lógicos. Consecuentemente, en dicho latifundio hay 10 veces más ovejas que guanacos... ¿cuál de los dos es la plaga entonces?

De esta manera, tenemos por un lado el dato de las estadísticas oficiales y los censos realizados por instituciones científicas que dan cuenta que en Santa Cruz la población de guanacos es aproximadamente 8 veces menor que la de ovejas; y por otro lado el dato inventado por los lobbystas de Benetton, que dicen (infundadamente, claro está) que hay el doble de guanacos que de ovejas en esa provincia.

Sin embargo, cuando se habla de negocios, para el gobierno y los medios hegemónicos la palabra calificada es la del dueño de ese negocio, la sus representantes o la de sus voceros de prensa, por más que ésta sea infundada, intentando expresar una erudición en materia de ecología y medio ambiente que en verdad no tienen, y descartando de plano cualquier tipo de consideración científica al respecto...

Algo que tampoco se informa, pero que se sabe extra-oficialmente, es que en la Estancia El Cóndor hay una gran cantidad de locaciones petroleras. Es más, en algunos medios se ha filtrado solapadamente que el pago de las petroleras por el usufructo de su propiedad resulta ser más rentable para el Grupo Benetton que la ganancia que percibe por la actividad ganadera que se desarrolla en el establecimiento. Desde ya, hasta un principiante en las ciencias del ambiente, puede determinar que la actividad hidrocarburífera intensiva (como la que se desarrolla en ciertos sectores de la Estancia El Cóndor) puede incidir negativamente mucho más en la ganadería ovina que cualquier factor natural.

 Los accidentes en las rutas 

Una de las excusas que se han puesto para  justificar la cacería del guanaco es la ocurrencia de accidentes viales en las rutas de esa provincia, algunos de ellos fatales. Al respecto, conviene considerar dos puntos:
El primero es que la infraestructura vial de esa provincia no cuenta con ninguna medida como las especificadas internacionalmente para la salvaguarda de la fauna nativa y la preservación de sus corredores biológicos; así como tampoco existe en la mayoría de las rutas señalización que advierta respecto de las precauciones a tomar respecto de la posibilidad de cruzarse con ejemplares de la especie.
El segundo es que en esa provincia no existe ningún tipo de restricciones a la velocidad máxima recomendada para aquellas rutas que atraviesan zonas con cruce de fauna nativa, que es entre 60 y 80 Km/h, según las densidades y topografía del terreno. Más allá de esto, tampoco hay en esa provincia controles viales en estas zonas.
Con esto, se demuestra sin más, que la responsabilidad por accidentes viales provocados por colisiones a guanacos es exclusivamente por falta de infraestructura adecuada en las obras viales de esa provincia, falta de señalización y/o advertencia en esas zonas, así como de imprudencia de los conductores al circular a muy altas velocidades en zonas con cruce de fauna.

Nada de uso sustentable para el guanaco en Santa Cruz, a pesar de que ya hay experiencias en otros lugares


Como se sabe, en diferentes lugares del país donde habita el guanaco se han realizado experiencias exitosas de uso sustentable de dicha especie, que a su vez ha permitido su monitoreo efectivo. Desde ya, estas alternativa no entran en los parámetros de Benetton
Quien suscribe ha participado en una experiencia de silvestría de guanacos, consistente en el arreo, esquila y suelta,realizada anualmente por pobladores originarios en la Reserva La Payunia, Provincia de Mendoza, desde hacen ya 15 años. Esta experiencia consiste en arrear los guanacos hacia una manga especialmente montada, por donde son llevados hasta corrales en donde se los tiene por dos días y son esquilados, mientras se les hace estudios biológicos y genéticos y se los individualiza y marca para luego seguirlos en sus rutas migratorias. Además de ello, los mismos puesteros realizan el hilado de la lana, ya sea de manera manual, con técnicas tradicionales oprocesándola en una planta con maquinaria especial montada en la zona, que también es de ellos.

 

Esta experiencia en particular (además de preservar la especie) ha sido diseñada y subsidiada por el Estado para beneficiar directamente a la población local (nucleados en una cooperativa) y no a los terratenientes. Por este motivo reúne los tres requisitos para ser considerado una actividad en el marco del desarrollo sustentable: económico, social y ambiental.


En el caso de la cacería de la especie propiciada y realizada por Benetton, no hay sustentabilidad (a pesar de que ellos insisten en decir que sí), ya que en el plano ambiental se está apuntando sin más al exterminio de la especie dentro de un campo particular (con el eufemismo de un supuesto "control de la población), exclusivamente  para beneficiar a otra actividad más depredadora del medio natural, como lo es la ganadería ovina. En la faz económica, el beneficio es sólo para las empresas de Benetton: Ganadera Cóndor y Frigorífico Faimali. En el plano social tampoco hay sustentabilidad, ya que las empresas de Benetton son las que menos cantidad de empleados tienen, ya sea si se mide el porcentaje de trabajadores por cantidad de hectáreas, cantidad de ovejas o tamaño de la inversión o emprendimiento.


El Plan Nacional del Manejo del Guanaco y los incumplimientos del Gobierno de Santa Cruz 

En el año 2006 la entonces Secretaría de Ambiente de la Nación publica el documento del Plan Nacional del Manejo del Guanaco, el cual posteriormente fue aprobado por la Resolución 477/2006 de ese organismo.

En este documento se reconocen (entre otras) como amenazas directas para la conservación del guanaco la interacción interespecífica con el ganado ovino y la consecuente degradación y fragmentación de su hábitat natural. O sea, este documento público de carácter técnico nuevamente está demostrando que el problema es el de la ganadería ovina sobre el guanaco y no al revés.
A su vez, en el mismo documento, se reconocen (entre otras) como amenazas indirectas para la conservación de la especie, la debilidad institucional para el control y monitoreo, la estructura y tenencia de la tierra (como factor clave del sobrepastoreo ovino y la consecuente degradación del suelo y la flora, así como del avance de la desertificación) y la falta de áreas naturales protegidas necesarias para la adecuada conservación de la especie, tanto en cantidad y proporción de superficie. Actualmente la Patagonia Árida presenta menos del 1% de su superficie bajo este estatus legal de protección y con gestión efectiva en el terreno, constituyendo en números aproximados unas 700.000 hectáreas dentro de un total de 80.000.000 de hectáreas.
Asimismo, el documento destaca claramente que una amenaza concreta para la conservación del guanaco es la percepción negativa por parte de los productores ganaderos, que lo consideran un competidor con el ganado ovino, aclarando dicho escrito oficial que siempre este sector ha sobredimensionado la población existente.
Ninguna de estas amenazas han sido analizadas y/o estudiadas por el Gobierno de Santa Cruz en su territorio, y menos que menos aún, abordadas por el esatado provincial. Los funcionarios sólo se han dejado llevar por las consideraciones de los empresarios ganaderos (especialmente los grandes), los cuales evidentemente tienen una visión sesgada por sus negocios particulares, que evidentemente son contrarios al interés general representado por la protección del ambiente y la conservación de la naturaleza.
El Gobierno de Santa Cruz incluso (por pedido expreso del empresariado de la ganadería ovina al que se le suma el lobbying corporativo de la megamineria) promueve la aberración de prohibir por ley la creación de nuevas áreas naturales protegidas en su territorio provincial. Desde ya, esta medida es contraria a los Principios de la Política Ambiental establecidos en la Ley Nacincial 25.675, al Convenio Internacional de Diversidad Biológica (aprobado por Argentina mediante Ley Nacional 24.375), a los postulados más básicos de protección ambiental a nivel mundial, establecidos en documentos de amplio consenso internacional, como por ejemplo los Objetivos del Milenio o los Objetivos del Desarrollo Sustentable. Desde ya, el Plan Nacional de Manejo de Guanaco está advirtiendo que las áreas naturales protegidas existentes en el hábitat del guanaco son escasas y recomienda su amplicación en cantidad y sobre todo en superficie, con lo cual esta medida descabellada del Gobierno de Santa Cruz es también contraria a los postulados del Plan para conservar la especie.


El Plan de Manejo del Guanaco de la Provincia de Santa Cruz

Las autoridades nacionales en materia de protección ambiental jamás exigieron a Santa Cruz regularizar todos estos incumplimientos y por el contrario, allanaron el camino para autorizar la cacería comercial de guanacos, exclusivamente como parte de un negocio de Benetton, basándose en un documento denominado Plan de Manejo del Guanaco en la Provincia de Santa Cruz, elaborado en 2014.
Curiosamente, de acuerdo a lo que informan los medios locales, este documento (no disponible en la web) no tuvo intervención de ninguna autoridad de aplicación en materia de protección ambiental y/o conservación de la naturaleza a nivel provincial y sólo intervinieron en calidad de observadores algunos técnicos del Ministerio de Ambiente de la Nación y del Conicet.
De la misma fuente se confirma que el documento fue redactado exclusivamente por los propios interesados en el negocio de la cacería del guanaco: representantes del Consejo Agrario Provincial y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (entidad privada que nuclea a todas las sociedades rurales de esa provincia). De hecho, la presentación oficial del mismo estuvo a cargo del presidente de esa entidad, Miguel O'Byrne, quien a su vez (como ya se dijo) es miembro del directorio de las empresas de Benetton en Santa Cruz. El resto de los que fuguran sólo intervinieron en la validación del mismo.
Con esto se infiere que el contenido de dicho documento responde específicamente a los intereses particulares de quienes lo redactaron o a sus socios comerciales. El propio Miguel O'Byrne en la presentación del mismo dijo que el objetivo de este plan provincial es viabilizar el aprovechamiento comercial de la carne y la fibra de guanaco...
Conviene aclarar que en este documento se estima que la población del guanaco en Santa Cruz era de un millón de individuos. Desde ya, se trata de una cifra determinada con un alto grado de impresición y metodología no sistemática. No obstante, esa cifra (aún con todo lo tendenciosa que es) resulta ser la mitad de lo que expresan públicamente los mismos representantes de Benetton que participaron de la elaboración del mismo, como excusa (infundada, calro está) para justificar su eliminación de sus latifundios.


Se lanza la cacería...

 

Una vez redactado, presentado y validado el Plan de Manejo del Guanaco en la Provincia de Santa Cruz, el gobierno provincial procede a autorizar la cacería comercial en la temporada 2016, sin contar todavía con aval de la autoridad de aplicación nacional. conviene aclarar además que ya desde hace unos años estaba autorizada en esta provincia la "cacería deportiva", aunque con una serie de requisitos que la limitaba bastante.
La autorización nacional llega un año después, mediante la Resolución 711/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, mediante la cual se habilita un cupo de 200 individuos para la comercialización y transporte nacional e internacional de productos o subproductos cárnicos.
Unos días después de aprobada esta resolución, se aprueba otra, la Resolución 766/2017,  del mismo organismo del gobierno nacional, que habilita un cupo adicional de 6.000 ejemplares. Lo curioso de esta resolución son dos cosas:
Por un lado, el crecimiento exorbitante del cupo fijado apenas días antes de la primera resolución, instancia previa reciente que además no figura ni en el articulado ni en los considerandos de la nueva resolución.
Por otro lado la conformación de una "mesa interinstitucional sobre el manejo del guanaco" en donde se incluye a reparticiones del Ministrio de Ciancia y Tecnología, el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de la Producción, el INTI, el SENASA y el CONICET, dejando afuera a dos autoridades de aplicación fundamentales en este tema: el COFEMA (Consejo Federal del Medio Ambiente) y la Secretaría de CITES (Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), a los que solamente se las notifica de la novedad.
El dato no menor de todo esto, es que el cupo de 6.200 guanacos autorizados a cazar casi coincide con la estimación de la población de esta especie en la Estancia El Cóndor mencionada con anterioridad en el presente escrito, con lo cual se vuelve a ratificar que el propósito verdadero de Benetton es exterminar esta especie de sus peopiedades, que en definitiva es a la conclusión que se arriba tras este extenso y fundamentado análisis.
Si bien las mencionadas resoluciones son en lo concreto genéricas, la movida estuvo en un todo planificada y direccionada por los representantes de Benetton en Argentina, siendo que, además son prácticamente los únicos que pueden llevar adelante el procedimiento completo: cacería, faenamiento, distribución interna y exportación. Los otros interesados en la cacería comercial de guanacos (pero que no participaron en la elaboración del programa) son los dueños de La Anónima (familia Braun Menendez), que también tienen estancias con guanacos en Santa Cruz; pero desde ya, tendrían que compartir el cupo autorizado...


En el fondo, la intención de Benetton es deshacerse de la especie

A un año de implementada la comercialización de carne de guanaco a nivel nacional e internacional, con toda la movida realizada por el estado provincial y nacional (tan sólo para beneficiar a un grupo empresario que no da empleo, no incide para nada en las economías regionales y fuga al exterior absolutamente todo lo que produce y que gana), los capitostes locales de Benetton salieron a decir que no les resuta rentable el negocio, sin respaldar con ningún dato concreto tales afirmaciones. No obstante, no presentaron ninguna solicitud para dejar sin efecto las autorizaciiones que tienen para matar esos 6.000 guanacos de la segunda resolución, cupo que empezarán a usar este año, luego de los 200 de la primera resolución que mataron el año pasado, como "prueba piloto" de la cual, desde ya, no se ha dado a conocer ningún resultado.
Con esto queda claro que el fin exclusivo de toda esta puesta en escena montada por Benetton, definitivamente es hacer desaparecer los guanacos de sus propiedades en Santa Cruz, en nombre del "desarrollo sustentable", de la misma manera que están haciendo con los Pueblos Originarios en Chubut, aparato represivo estatal mediante.
Fuente: https://federico-soria.blogspot.com/2018/10/benetton-y-su-nuevo-negocio-en.html?m=1

 

Reflexionemos sobre otro estudio de Federico Soria:

14 de septiembre de 2017

LISTADO DE LOS TERRATENIENTES DE LA PATAGONIA ARGENTINA

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por Ley Nacional 26.737, aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina (35% del territorio Nacional) figura como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los propietarios privados). Esta proporción aumenta cuando nos referimos específicamente a la Patagonia Argentina.

Mientras tanto, en la extensísima República Argentina, aproximadamente 15 millones de personas (37% de la población) no tenemos un pedazo de tierra o vivienda propia...


La lista de 100 casos detallada a continuación del mapa intenta ser una aproximación actualizada a un ranking de los propietarios privados que más tierra acaparan en la Patagonia Argentina, incluyendo tanto a extranjeros como argentinos. Están especificados la cantidad aproximada de territorio y las propiedades que componen sus latifundios. El listado incluye además al Departamento de Malargüe,Provincia de Mendoza, de características similares al resto de la Patagonia.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Censo Nacional Agropecuario de 2008, en las provincias patagónicas hay 501 establecimientos agropecuarios de más de 20.000 hectáreas (latifundios), distribuyéndose de la siguiente manera: Neuquén 29, Río Negro 74, Chubut 181, Santa Cruz 200 y Tierra del Fuego 17. Este número no es necesariamente el indicador del número de terratenientes en la Patagonia, pues hay personas físicas y/o jurídicas que tienen varios de éstos; además, no todos los latifundios de la Patagonia son establecimientos agropecuarios, pues los hay turísticos, inmobiliarios, mineros o para ocio de sus propietarios.… Sin embargo, este es el dato disponible que nos puede dar una aproximación más cercana respecto de la cantidad de latifundistas que hay.
El otro dato a tener en cuenta en la presente lista es que, el porcentaje de tierras en manos de extranjeros en la Patagonia, Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, es del 6,2%. Más allá de que en anteriores informes en este espacio de expresión se ha demostrado que los datos de este registro no son fidedignos y están por debajo de lo que se puede demostrar con documentos públicos (ver acá:http://federico-soria.blogspot.com.ar/2013/08/la-extranjerizacion-de-la-tierra-en.html), está claro que en el presente listado han de predominar los nombres argentinos.  
De acuerdo a lo antedicho
, quien suscribe da por sentado que esta lista está incompleta, puesto que es imposible acceder a las bases de datos de los catastros superficiarios de las diferentes provincias, a pesar de que se trata de documentación pública que debería ser de libre acceso. Por este motivo, el presente listado está sujeto a ser actualizado, ya sea con datos propios o con aportes documentados que serán bienvenidos y agradecidos de antemano.(...)

Fuente: http://federico-soria.blogspot.com/2017/09/listado-de-los-terratenientes-de-la.html

 

 

Frente al despliegue del acaparamiento de tierras que desterritorializa generando ecocidios-genocidios y reterritorializa poniendo el régimen feudal (autocracia y esclavitud) al servicio de modernizar el saqueo, tengamos en cuenta que la:

 

 

Lucha por la tierra vs. colonización

23 de abril de 2018

 

Editorial Virginia Bolten (Argentina)

 

Desde la invasión de las Américas –lo que es conocido como “descubrimiento”– por los colonizadores europeos, el conflicto por la tierra siempre fue una constante en la historia de estos territorios. Indígenas, pueblos originarios, campesinos y comunidades quilombolas [1], entre otros actores que luchan por el derecho a la tierra, son el cuerpo resistente al proceso de colonización que nunca terminó.


El modelo de desarrollo basado en la extracción mineral sigue siendo un factor preponderante al pensar en los conflictos por la tierra. El caso más emblemático, y que desvela cómo se dan estos conflictos y el rol del Estado en el proceso de legitimación de la lógica de dominación es la Masacre del Eldorado dos Carajás, en la provincia de Pará, región Norte de Brasil.

El 17 de abril de 1996, 19 miembros del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra –MST-, fueron asesinados por las fuerzas policiales de la provincia de Pará en una marcha que tenía por objetivo reivindicar  al gobierno del Estado las promesas incumplidas de expropiación de una hacienda –Fazenda Macaxeira– ocupada por 3.500 familias, en septiembre de 1995. De los 154 agentes involucrados en la operación, sólo dos de ellos fueron responsabilizados por la masacre. En 2002, la fecha del 17 de abril fue establecida como el Día Internacional de la Lucha Campesina.

Según la constitución brasilera, en el artículo 184 de la Constitución Federal, “es deber del conjunto de las provincias expropiar por interés social, para llevar a cabo la reforma agraria, la propiedad que no esté cumpliendo su función social, mediante previa y justa indemnización en títulos de la deuda agraria, con clausulas de preservación real, rescatables en un plazo de veinte años, a partir del según año de emisión, y con utilización definida por la ley”.

Estos conflictos son una consecuencia de la concentración de tierras, de la concentración económica y del poder político. La articulación entre lo público y lo privado, y la no separación ente estas dos instancias, termina por concretar acciones sin autorizaciones judiciales y la consecuente profundización en la asimetría entre terratenientes y movimientos en lucha por la reforma agraria.

El índice de concentración de tierras en Brasil es uno de los más altos del mundo. Y, mientras los movimientos en lucha por la tierra siguen reivindicando el derecho a tener derechos, los terratenientes y las corporaciones actúan al margen de la legalidad.

En Brasil, las masacres como la de Carajás no son hechos aislados. Según la Comisión Pastoral de la Tierra –CPT-, entre los años 1985 y 2017, los casos de conflictos en el campo con registro de asesinatos fueron de 1.438, llegando al total de 1.904 víctimas. De todos estos casos, sólo uno 8% fue juzgado. Y de los 70 asesinatos ocurridos sólo en el año 2017, 28 son caracterizados como masacres, lo que desvela un avance del genocidio hacia las comunidades campesinas en el último período.

La exclusión social impuesta de forma brutal lleva a cuestionar el “proceso civilizador” dominante lo cual naturaliza la barbarie. Un proceso que criminaliza las luchas de las personas trabajadoras del campo, utilizando estrategias de estigmatización –apoyados por los medios de comunicación. Así, estos sujetos en lucha son convertidos en no deseables y asesinables por el conjunto de la sociedad que guarda, aún hoy, un fuerte inconsciente colonial.

La lucha campesina y el poder de resistencia de estos movimientos, no sólo es capaz de denunciar los aspectos ocultos de las estructuras de poder, como también demostrar una alternativa al modelo capitalista, generando nuevos modos de vida.


Pensando la lucha por la tierra como un dispositivo de radicalización del poder popular, nosotras desde de Virginia Bolten preguntamos: ¿es posible salir de la actual crisis sin apoyar a la lucha campesina y a la reforma agraria?

Nota:

[1] Comunidades descendientes de quilombos son grupos cuyos ancestros fueron personas victimas de la esclavitud en Brasil. Son comunidades que generalmente vivieron sin contacto con el mundo urbano durante mucho tiempo.

Referencia:

BARREIRA, Cesár. Crônica de um massacre anunciado: Eldorado dos Carajás
https://www.ecodebate.com.br/2018/04/17/analise-da-cpt-revela-que-assassinatos-no-campo-batem-novo-recorde-e-atingem-maior-numero-desde-2003/

http://virginiabolten.com.ar/editorial/lucha-la-tierra-vs-colonizacion/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=240691

En consecuencia, lo medular en la articulación de las disputas de territorios es generalizar la puesta en común respecto a que se está luchando por modos de vida más representativos de necesidades y aspiraciones de las diversidades de abajo sin las fronteras impuestas por el capitalismo e incorporando los derechos de la Naturaleza como imperativo de garantizar futuros a las nuevas generaciones. Partamos que no sólo en Argentina se multiplican las organizaciones consagradas a resistir y crear alternativas al sistema global de agronegocios. En efecto, atendamos a:

 

La fiebre de la soja enferma al Paraguay

15 de octubre de 2018

Por Sandra Weiss

Alainet

 

 

La soja transgénica destinada a la exportación está invadiendo el Paraguay y cambiando al país. Los perdedores son los campesinos y los consumidores. Esta es la historia de un despojo.

El ojo humano se pierde en un mar verde. Los monocultivos de soja alrededor de esta pequeña localidad en el Este del Paraguay se extienden hasta el horizonte. El sol quema, y el vehículo levanta polvo rojo mientras recorre los típicos caminos de tierra de la región. Un desagradable olor a pesticidas irrita las mucosas mientras un tractor con una aspersora está fumigando con glifosato. Los grandes productores no pierden ni un centímetro. Sus plantaciones empiezan directamente al lado del camino, aunque por ley, las calles y los asentamientos deberían estar protegidos por barreras de árboles.

Actualmente se cultivan 3.2 millones de hectáreas de soja en Paraguay. La cosecha de 2017 promete un nuevo récord. Desde su oficina climatizada en Asunción, José Berea, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), luce contento. “No hubo sequía y muy pocas plagas”.

En 2016, la exportación llenó los bolsillos de los barones de la soja con más de tres mil millones de dólares, prácticamente libres de impuestos. Recién en 2012 se implementó el impuesto a la Renta. Los exportadores agrícolas generan 1/4 del PIB, pero según cálculos del economista Víctor Raúl Benítez, solo pagan el 2 % de los ingresos fiscales del Estado.

 

La soja es un gran negocio que implicó una profunda transformación del campo paraguayo. El paso de un modelo de agricultura familiar al modelo agroexportador con elevada capitalización de las unidades productivas por mecanización y uso de transgénicos, no deja lugar para pequeños agricultores como Alcides Ruiz (33 años) de San Juan.

La soja transgénica por sus altos costos, no es rentable en propiedades menores a 150 hectáreas. Muchos campesinos han cedido, vendieron sus tierras y se mudaron al “cinturón de pobreza” en los alrededores de la capital, el mismo afirma con determinación, su negación de salir de su territorio, “Yo no quiero lustrar zapatos en Asunción”, razón por el cual, se unió a la Federación Nacional Campesina (FNC), el núcleo de la resistencia pacífica.

 

Sin embargo ¿Qué chances tienen las 20.000 familias campesinas organizadas contra la fuerza combinada de las multinacionales que se esconden detrás del negocio de la soja, que vale miles de millones de dólares? ¿Contra empresas como Monsanto y Syngenta, que dominan el mercado de la soja transgénica y los pesticidas que la acompañan? ¿Contra los grandes terratenientes locales o contra agroexportadores como Cargill o Bunge?

 

Paraguay es, según BASE Investigaciones Sociales -apoyada por MISEREOR- uno de los países con la concentración de tierra más alta a nivel mundial. Un 2.6 % de propietarios de tierra, controlan 85.5 % de la superficie apta para la agricultura. Desde el Estado, los sojeros, muchos de ellos colonos brasileños, tienen todo el apoyo.

 

Sin embargo, no siempre fue así. Después de su independencia, hace más de 200 años, el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia decidió seguir un camino diferente para desarrollar al Paraguay económicamente. El Estado controlaba la economía y con excepción de máquinas, no se importaba nada, pero sí se exportaba yerba mate y madera. Los extranjeros no podían entrar al país. Promovió la producción doméstica y posicionó al Paraguay como uno de los países económicamente más avanzados de Sudamérica.

 

Este éxito, basado en un modelo proteccionista, era contrario a los intereses comerciales de los Estados Unidos y el Reino Unido, por lo cual intentaron desestabilizar al Paraguay con la ayuda de los países vecinos aliados. Los intentos culminaron hace 150 años en la Guerra de la Triple Alianza, en donde Paraguay luchó solo, contra una alianza compuesta por Uruguay, Brasil y Argentina. Fue una de las guerras más sangrientas de Sudamérica. Paraguay perdió la mitad de su territorio y tres cuartos de su población murió.

 

Desde ese momento, nunca más pudo deshacerse de la influencia extranjera. También el auge de la soja vino de afuera. Se planificó en las oficinas de las multinacionales. En 2003, la corporación suiza Syngenta publicó un aviso en el cual alababa sus semillas transgénicas y en el que hablaba de su visión de una “República Unida de la Soja”, una zona de cultivos de soja de un tamaño de 46 millones de hectáreas entre Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. Monsanto -apenas unos años antes- había desarrollado la famosa soja transgénica resistente al glifosato: la Soja RoundupReady (RR). La visión de Monsanto y Syngenta se convirtió en una realidad. Una gran parte de la Región Oriental del Paraguay fue despojada de sus bosques y se ve hoy convertida en sojales. Máquinas gigantes están operando día y noche durante la temporada alta de cosecha entre noviembre y marzo. Una flota de camiones transporta la carga a los silos de los compradores multinacionales como Cargill y Bunge, o hasta los puertos de carga privados, desde donde se llevan los granos de soja a Europa para ser procesados como pienso. El avance de la soja ha devorado todo en su camino: bosques, animales silvestres, zonas protegidas de población indígena y el negocio familiar de los campesinos. Los trabajadores agrícolas han sido reemplazados por máquinas. La diversidad dio paso a un desierto verde, sobre el cual llueven anualmente 20.5 millones de litros de pesticidas. Hoy en día, el Paraguay tiene que importar la mayoría de sus alimentos.

 

El campesino Alcides Ruiz está sentado en una silla de plástico, a la sombra de una morera y toma un trago largo de tereré antes de empezar a contar: “En 1999 todo esto era todavía un pequeño paraíso. Tierra fértil, bosque, un río cristalino. En aquél entonces podíamos todavía cazar armadillos”. Hoy en día le prohíbe a su hijo Igor de un año, bañarse en el rio. Y sus gallinas mueren cada vez que el viento, con los pesticidas de los campos vecinos de soja, sopla hacia su vivienda.

Funcionarios del gobierno se excusan diciendo que puede ser culpa de algún virus. Ruiz no les cree, pero es difícil demostrar lo contrario. No hay ningún veterinario en San Juan. Las estadísticas de los Centros de Salud locales son imprecisas. “Solo urgencias y casos con signos claros son declarados como envenenamiento por pesticidas”, cuenta el enfermero Carlos Acosta. Problemas muy comunes acá como erupciones cutáneas, infecciones respiratorias o enfermedades renales, que pueden ser relacionados con el uso de pesticidas, no están incluidos en esta categoría. Científicamente, es complicado determinar las causas exactas.

 

Una de las pocas personas que investigan las consecuencias de los pesticidas sobre la salud humana en Paraguay es la Dra. Stela Benítez Leite, pediatra del Hospital de Clínicas en Asunción. Hace un par de meses ella estuvo en San Juan examinando a los niños. Lo que para la doctora es preocupante, son los posibles daños a largo plazo. Su estudio -en el cual se está analizando la sangre de niños buscando marcadores tumorales- todavía no está terminado. Sin embargo, Benítez Leite ha encontrado números alarmantes en las estadísticas oficiales: “Paraguay tiene una mortalidad infantil elevada, con 19 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Esas defunciones son en primer lugar causadas por infecciones, y en segundo lugar por malformaciones que hace algunos años estaban en cuarto lugar”.

 

Alcides Ruiz llegó a San Juan en 1999 cuando fue expulsado del Departamento vecino de Alto Paraná, en donde la soja comenzó su avance. El glifosato de los campos de soja sopló sobre su propiedad, marchitó su maíz y mató sus animales. Él fue uno de los últimos que dejó Alto Paraná y depositó su esperanza en ese nuevo pedazo de tierra intacta. Junto con otras 500 familias se establecieron en San Juan, en 5.000 hectáreas entregadas por el Estado. La Constitución del Paraguay y el Estatuto Agrario conceden diez hectáreas de tierra para uso agrícola a cada familia campesina. Pero entre la Constitución y la realidad, hay un abismo. A la par que Ruiz, los sojeros también habían puesto sus ojos en las tierras fértiles de San Juan. Los campesinos trasladados de Alto Paraná, fueron desalojados de manera violenta. Cuando se resistieron, 64 terminaron en la cárcel, uno fue asesinado, las viviendas y la escuela fueron quemadas y su cosecha destruida. A pesar de eso, Ruiz y otros campesinos volvieron un par de días después y empezaron a sembrar de nuevo.

 

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) había cedido el derecho de uso a cada familia, con vistas a obtener un título diez años después, algo que está esperando Ruiz todavía. En lugar de recibir los títulos de sus tierras, vinieron los barones de la soja acompañados por la policía, y el mismo juego de expulsión y ocupación se volvió a repetir.

 

Sin embargo, los campesinos de la FNC no se dan por vencidos. “En 25 años hemos logrado obtener más de 300.000 hectáreas de tierra para los pequeños productores”, dice la Secretaria General de la FNC, Teodolina Villalba, con propiedad. “Pero esto no es suficiente en absoluto, todavía queda mucho por hacer. Según nuestras estimaciones hay cerca de 327.000 campesinos jóvenes sin tierra que siguen trabajando en la tierra de sus padres, pero esta situación no es sostenible a largo plazo”.

La FNC organiza ocupaciones de tierra y ayuda con la formación y la construcción de bancos de semillas comunitarios. Villalba sabe que los pequeños productores sólo pueden sobrevivir si logran transmitir a la sociedad paraguaya por qué los productos de la agricultura campesina son mejores. Es una difícil batalla contra el Estado, los sojeros y el marketing de las grandes transnacionales de la alimentación. Pero para Alcides Ruiz vale la pena para que su pequeño hijo Igor tenga en el futuro un pedazo de tierra donde producir alimentos saludables.

 

Sandra Weiss es politóloga y trabaja desde hace 18 años como periodista independiente en América Latina.

https://www.alainet.org/es/articulo/193646

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=247772

 

 

Reflexionemos sobre que "el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centra en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común".

 

 

El sentido comunal de la crítica al extractivismo
22 de mayo de 2015

 

“Como los conquistadores del Far West americano, el capitalismo avanza

hacia el desierto”. José Natanson

“Como si fueran equivalentes Estado, Gobierno y Administración. Como si el Estado fuera el mismo, como si tuviera las mismas funciones de hace 20, 40, 100 años. Como si el sistema fuera también el mismo y mismas las formas de sometimiento, de destrucción. O, para ponerlo en términos de la Sexta: las mismas formas de explotación, represión, discriminación y despojo. Como si allá arriba el Poder hubiera mantenido invariable su funcionamiento. Como si la hidra no hubiera regenerado sus múltiples cabezas”. Subcomandante Galeano (EZLN), abril 2015

 

Por Emiliano Teran Mantovani.

Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.

 

El movimiento salvaje del capital ha convertido al sistema capitalista contemporáneo en una especie de Frankenstein. Se trata en efecto, de un régimen de biopoder global muy asimétrico, pero que se despliega en un sistema de altísima complejidad e incertidumbre, con crecientes manifestaciones caóticas, de múltiples bifurcaciones, inestabilidades, fragmentaciones y volatilidades, sin precedentes en su historia; un proceso que recuerda también la metáfora de Marx en el Manifiesto Comunista, aún más pertinente para nuestros tiempos, del brujo que se vuelve impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Bajo los pies de todo el juego geopolítico actual, de la guerra mundial por los recursos, de todas las pugnas territoriales de poder que hoy se desarrollan, se reproduce un orden metabólico incontrolable, como lo ha planteado István Mészáros.

 

En este sentido, y con respecto a los sistemas extractivistas latinoamericanos, ¿qué impacto tendrá para éstos, sus pobladores, sus territorios, el desarrollo de esta crisis civilizatoria, en relación a los distintos niveles de vulnerabilidad de la región? ¿Cómo leer las mutaciones regresivas del «ciclo progresista» en los últimos años, a la luz de la dinámica de caos sistémico global? ¿Cómo se vincula esto, con los notables cambios en los órdenes metabólicos de nuestros países de la última década, que en diversos casos, como el venezolano, hace manifiesto los límites y el agotamiento de sus modelos de “desarrollo”?

De esta compleja coyuntura histórica, se desprenden también otra serie de preguntas fundamentales, ¿cuáles son pues, los horizontes positivos, programáticos, éticos, políticos de la crítica al extractivismo? ¿Hacia dónde apunta? ¿La crítica al extractivismo debería servir para apuntar al “desarrollo” de una “economía nacional” industrializada? ¿El centro de los objetivos es mejorar la producción, la productividad, y engordar el sector secundario? Ante las crecientes manifestaciones de caos sistémico, ¿hacia dónde se dirige la crítica?, ¿quiénes gestionan en los países o territorios de América Latina, las transformaciones y paliativos ante el agravamiento de la crisis global? ¿Qué podrán ser capaces de ofrecer los Estados extractivistas (periféricos) ante esta situación?

La “primavera” progresista, viva y movida en la década pasada en muchos países de la región, que avivó los debates sobre el neoextractivismo, se ve cada vez más lejos en el retrovisor, y es opacada por los nubarrones visibles en el horizonte. Las cosas van cambiando a un ritmo sostenido.

 

Los anhelados Estados de bienestar, parecen formas políticas coyunturales de un momento del desarrollo histórico capitalista, de una serie de condiciones, que no parecen poder repetirse en la actualidad. ¿Cómo se conjuga la soñada industrialización, con los límites de la expansión de los procesos de reproducción ampliada de capital, a escala planetaria?, ¿cómo queda el afán de “desarrollo nacional” ante el hipotético «fin de los ciclos Kondratieff»[1]?, ¿a cuánto tiempo, y en qué escalas geográficas va a ser posible planificar?, ¿cuál es nuestra capacidad para atenuar los notables grados de vulnerabilidad sistémica que posee la región, ante situaciones difíciles?, ¿qué formas van tomando las disputas territoriales y qué capacidad puede mantener el Estado para monopolizar su poder en territorio nacional? Y en este sentido, ¿qué papel político pueden jugar las diversas formas de extractivismo delincuencial[2] que operan en América Latina?

 

Ante semejantes amenazas, incluso a la propia posibilidad de vida humana en el planeta, el sentido ético-político de la crítica al extractivismo centra su mirada en la reproducción de la vida y sus ciclos, en el más amplio sentido de la palabra ―no solo vida humana―. Se trata de una moneda con sus dos caras: una que busca desnudar al extractivismo mostrando sus límites y consecuencias, poniendo en evidencia sus narrativas y aspectos programáticos, y la falsa idea de que “no hay alternativas”; la otra, intenta visibilizar que no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer la soberanía popular-territorial, si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centran en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común.

Caos sistémico y territorios en resistencia: la biopolítica de los comunes

El desafío a los capitalismos extractivos, al ser éstos órdenes metabólicos transterritoriales[3], son no solo horizontes políticos del campo rural, campesino o indígena, sino también urbano. El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no solo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata.

 

Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un concepto biopolítico de lo común: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4] para la reproducción de la vida.

 

Esta noción potenciadora de la crítica al extractivismo tiene importantes implicaciones políticas que es necesario resaltar.

  • En primer lugar, ante escenarios de caos sistémico, de gran complejidad y alta incertidumbre, en los cuales los entornos pueden cambiar rápidamente (en términos políticos, sociales, climáticos, etc.), el principio de orden es la comunidad y lo comunitario. Si los sistemas se caotizan, son las fuerzas sociales territoriales las que tienen principalmente el alcance y la capacidad de resistir y/o transformar las múltiples perturbaciones que afectan la reproducción de su vida cotidiana. Es en lo molecular donde lo común puede luchar contra los estragos del caos capitalista.
     

  • En segundo lugar, si el capital penetra todos los espacios y ámbitos de la vida humana ―por esta razón es un sistema “totalitario” para Mészáros―, esto implica que en primera instancia, es en ellos donde las formas de lo común no sólo producen sus resistencias territoriales, sino también germinan las formas futuras del cambio histórico en desarrollo.

Mientras que las corrientes hegemónicas de la política en América Latina acotan todo el discurso en plantear cuál es el mejor balance entre Estado y Mercado, los comunes, con su diversidad de potencialidades y situaciones, trazan sus propios libretos e intentan defender y ejercer su soberanía territorial, y conformar mejores balanzas de poder con los gobiernos instituidos, sobre la premisa de un mandar obedeciendo o un «poder obediencial» (E. Dussel); esto tanto en los ámbitos rurales o semi-rurales (por ejemplo, las resistencias actuales contra el proyecto minero Tía María, Arequipa, Perú), como en los urbanos (por ejemplo, la Asamblea Ciudadana en defensa del parque Alberdi en Santa Fe, Argentina, o los campamentos de pioneros en Caracas, Venezuela). En todos los casos, el horizonte anti y post-extractivista desde lo común, recentra la producción de lo político en la vida inmediata colectiva de los y las pobladoras, sin que eso implique el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas biorregionales, nacionales, continentales o globales.

  • En tercer lugar, una noción biopolítica de lo común resalta el carácter biocéntrico  de su proyecto emancipatorio –biocéntrico por estar centrado en la Vida, en el más amplio sentido de la palabra (no solo vida humana), sin por esto borrar al ser humano–. Esta idea invita a preguntarse, ¿dónde está la riqueza?, ¿dónde está la energía?, ¿dónde se produce el valor?

La lógica de expansión geográfica, de crecimiento geométrico y fractal del sistema capitalista, no se da sólo en la superficie del campo social, ni únicamente por medio de la intervención del trabajo vivo humano, como se ha planteado generalmente desde las teorías antropocéntricas del valor; sino se desarrolla fundamentalmente a partir de la búsqueda permanente de dominación de la propia reproducción de la Vida y sus ciclos. A parte de la dominación sobre el trabajo vivo humano, la captura energética que produce el movimiento del capital y sus circuitos de acumulación se obtiene también de la producción de vida de los demás componentes de un ecosistema. Incluso el trabajo vivo humano se alimenta de éstos. Es imposible abstraer el plusvalor de la vida ecológica.

 

Estas omisiones son reflejo de la concepción de la economía humana como un meta-sistema, en vez de considerarlo como continuación del proceso reproductivo de la Vida. La centralidad del trabajo humano objetivado, ha dejado de lado otros productos no humanos constitutivos de la vida social –no sólo los residuos, sino los diversos procesos de transformación de energía que alimentan a otros componentes–, los cuales se subsumen al primero.

 

El sistema capitalista pues, antes que un orden metabólico “social”, es primero un orden metabólico territorial. Produce sus propios ecosistemas, en los cuales instituye, de manera simultánea, formas de dominación sobre los humanos y sobre la naturaleza. Aliena la riqueza ontológica de la vida[5] para hegemonizar la forma dinero.

 

Hay una relación muy estrecha (pero invisibilizada, o muy poco atendida) entre energía y valor –valor definido ahora, en su amplio sentido ecológico–. Las omisiones tradicionales sobre dónde está la energía, la riqueza, o dónde se produce el valor, no solo están muy vinculadas con las causas de la crisis ecológica global, sino que la visibilización de estas formas bio-económicas, tiene relación con las posibilidades de potenciar formas de autonomía material para pueblos, en la medida en la que se recuperan, rescatan o expanden formas de producción, aprovechamiento y uso de energías de escalas moleculares, descentralizadas, provenientes de la riqueza propia de los ecosistemas que constituyen la vida social.

 

La energía pues, no está solo en los macro-procesos energéticos –aunque estos son los hegemónicos–, no sólo es la que aparece reflejada en las estadísticas de los informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de la OPEP, de la BP, o de los ministerios de energía de nuestros países. Hay múltiples procesos moleculares de producción de energía en numerosas formas de la vida cotidiana, muchas de las cuales están íntimamente vinculadas con diversas formas de resistencia (directas o indirectas) a la dominación capitalista, con tramas comunales y cooperativas, y/o con prácticas ecologistas que buscan revertir los procesos depredadores del sistema moderno.

En este sentido, podemos hablar de energías insurgentes o disidentes, en la medida en la que su producción biopolítica crea y posibilita prácticas sociales más allá del capital[6]. Son una especie de lógicas populares de «permacultura» que, con variados alcances, ofrecen vías para la producción de lo común, y referentes materiales para enfrentar las consecuencias de la crisis civilizatoria y el caos global.

Cinco principios de la biopolítica de los comunes

A partir de lo antes expuesto, proponemos cinco principios fundamentales en relación a energía, caos sistémico y producción de lo común:

1.Tenemos que apropiarnos de nuevas escalas de valor y nuevos conceptos de riqueza: nuevos parámetros en la representación del valor, que tengan un carácter biocéntrico, que permitan no sólo desmantelar el aparato argumental que justifica al extractivismo, sino reformular nuestros patrones de vida cotidiana, nuestros horizontes políticos, nuestros procesos de producción de subjetividad, y nuestras capacidades materiales de autogestión, en la medida en la que desarrollamos nuevas relaciones ecosistémicas, que sean ecológicamente productivas, y que se potencian a partir de la gestión cooperativa.

2.Comunismo resiliente: la producción de lo común es imperiosa ante el caos sistémico. Junto con la conciencia de la crisis civilizatoria, y de sus posibles consecuencias socioterritoriales, está el concepto de resiliencia, que nos remite a la capacidad de una comunidad/ecosistema, de soportar y recuperarse ante perturbaciones significativas del mismo. En este sentido, es fundamental recuperar los procesos que hacen posible la reproducción de la vida social y mantenerlos cerca de nuestros territorios, como lo propone Rob Hopkins[7]. Difícilmente se puedan pensar procesos de transformación y resistencias sociales más allá del concepto de resiliencia.

3. Otras soberanías: comunizar, ocupar y reapropiar: reconocer que los ecosistemas básicamente funcionan de manera cooperativa y no jerarquizada, y que los bienes comunes para la vida no pertenecen exclusivamente a nadie, no basta para producir lo común. El tipo de relación y gestión común que se produce entre los sujetos, y su relación con los ecosistemas debe ser ejercido. De esta forma, si se trata de un open source, de una empresa de propiedad mixta, de una okupa, o de una comuna venezolana legalizada por el Estado socialista, es secundario. No interesan primordialmente los aspectos formales o nominales de estas gestiones, sino la potencialidad política popular de ejercer la soberanía y lo común sobre el territorio y los bienes para la vida, sea por vías de acción directa o bien por negociaciones vistas desde el «poder obediencial».

 

4. Comunizar a partir de la reproducción de la vida: como lo ha reconocido Silvia Federici, la centralidad de la política y la economía, ha girado en torno al campo de los medios de producción, dejando de lado lo que ha denominado los «medios de reproducción de la vida», un campo que no sólo ha sido llevado fundamentalmente por la mujer, sino que también ha sido el ámbito de la vida social donde suelen reproducirse las formas de lo común[8]. Es por tanto esencial, recuperar la reproducción de la vida como elemento central de la política.

 

5. Las diversas tradiciones de lucha, las diversas formas de lo común: cada territorio, cada nación, tiene tejidos y formas cooperativas y comunitarias diversas, con cosmovisiones, parámetros y complexiones diferentes. Pueden tener viejas tradiciones ancestrales o ser más contemporáneas y fragmentadas como los grandes ámbitos urbanos. Son estas las características ecosistémicas que definen cada una de estas luchas, sus puntos de partida, y no así lo es un libreto pre-establecido, aunque es importante compartir algunos horizontes ético-políticos de lucha. Hemos insistido, por ejemplo, para el caso venezolano, que la subjetividad contrahegemónica más potente y masiva de la historia del capitalismo rentístico es el «chavismo», y que esta es una fuerza que se constituye ontológicamente de abajo hacia arriba, aunque esto haya sido presentado generalmente al revés[9], y aunque diversas tramas corporativas intenten capturar su potencia popular-insurgente. Como lo han reconocido Negri y Hardt, “uno de los escenarios decisivos de la acción política hoy implica la lucha en torno al control o la autonomía de la producción de subjetividad[10]. Cada experiencia de producción de lo común, se enfrenta no sólo a la conflictividad geopolítica, a la crisis civilizatoria, sino también a la micropolítica de agresión sobre estos procesos contrahegemónicos de subjetividad, de corporalidad, de creación de nuevos sentidos comunes. He ahí uno de los grandes desafíos para estos procesos de transformación, en todas sus escalas, que se vive con enorme intensidad en la Revolución Bolivariana.

Caracas, mayo de 2015

Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

Referencias bibliográficas

https://www.alainet.org/es/articulo/169743

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/05/22/el-sentido-comunal-de-la-critica-al-extractivism