Qué País

Diciembre 2016

Sin avasallamiento de los derechos humanos a los diversos de abajo.

 

 

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, ir profundizando en cada conflicto vital a algunos o muchos de nosotros para ir descubriendo otras facetas suyas que son compartidas con las distintas organizaciones en lucha a lo largo y ancho del país-continente. Es romper con la lectura binaria que perfeccionó el kirchnerismo para polarizarnos falsamente en centroizquierda-derecha. Se trata de ir hallando fundamentos para la articulación de nuestra unión en diversidad. Partamos de un análisis de lo sucedido en diciembre 2010 e implicancias, un año con un gigantesco festejo K del bicentenario que a partir de fines de octubre fue marcado por asesinatos que debieran haber desenmascarado a CFK y al FpV pero le dieron un triunfo rotundo en las elecciones 2011:

 

 DENUNCIA DEL CELS POR LAS MUERTES EN LA REPRESION DEL INDOAMERICANO

“Cuatro años de impunidad”
9 de diciembre de 2014

 

El Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que ningún policía federal ni metropolitano fue sancionado por los dos muertos y los heridos que provocó el operativo conjunto para desalojar el parque tomado en diciembre de 2010. Fueron absueltos cuatro agentes.

 

Por Carlos Rodríguez

A cuatro años de la represión contra centenares de personas que participaron en la toma del Parque Indoamericano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que sigue la impunidad por el “accionar violento” de la Policía Federal y la Policía Metropolitana, durante el operativo conjunto que terminó con la muerte de dos de las tres personas fallecidas, además de las “graves heridas con balas de plomo” que sufrieron otros cinco vecinos. El CELS señaló que sigue sin respuesta de la Justicia la apelación al fallo que absolvió por falta de pruebas a 41 agentes de las dos fuerzas de seguridad, señalados como presuntos autores de los homicidios de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro. Durante el conflicto también fue asesinado Emiliano Canaviri Alvarez, pero en su caso no hubo datos ciertos sobre los posibles autores. En cambio, la Sala I de la Cámara del Crimen que absolvió a los 41 policías procesados admitió, sin embargo, que las muertes de Chura Puña y Salgueiro “sólo podían explicarse como resultado del accionar de las fuerzas de seguridad”.

El CELS puntualizó que la toma del Indoamericano y la que este año se produjo en el barrio Papa Francisco, también desalojado por la fuerza, visibilizaron “la vulnerabilidad de las familias que alquilan (viviendas) en las villas de la ciudad, la imposibilidad del acceso a un hábitat digno y la respuesta violenta del Estado ante estos conflictos sociales”. Al dimensionar el problema, se señaló que las investigaciones más recientes coinciden en que “hay medio millón de ciudadanos en situación de déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires”, en particular en “la zona sur (que) presenta los mayores índices de precariedad en la construcción y de falta de acceso al agua de red y cloacas”.

La toma del Indoamericano comenzó el 3 de diciembre de 2010, pero la represión se produjo entre el 7 y el 8 de ese mes, luego de que la jueza Cristina Nazar ordenara el desalojo del predio, tarea a cargo de las policías Federal y Metropolitana. El CELS recalcó que este tipo de acciones represivas tuvo su continuidad, en 2014, en el caso del barrio Papa Francisco, donde “nuevamente un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de la Ciudad y de la Nación mostró altos niveles de violencia contra las familias” que habían ocupado un predio lindero a la Villa 20, muy cerca, además, del lugar donde se encuentra el Indoamericano.

 

El CELS sostuvo que “la impunidad de la represión contrasta con la criminalización de referentes sociales a los que se intenta responsabilizar por los conflictos. Se hizo mención a los “constantes obstáculos para frenar” la causa contra los 41 agentes de la Federal y de la Metropolitana, absueltos por decisión de la Sala I de la Cámara del Crimen, aunque los mismos jueces “consideran que los homicidios (de dos de las víctimas) fueron cometidos por policías”. En el informe se recalcó que “ni siquiera los jefes” del operativo fueron sancionados “por haber incumplido obligaciones funcionales” a la hora de realizar un operativo de desalojo de personas que están realizando una toma por viviendas. En el caso de los agentes de la Metropolitana “varios de ellos volvieron a participar en represiones de características similares, como el desalojo de la Sala Alberdi (del Teatro General San Martín) y del Hospital Borda”, donde fueron reprimidos pacientes, trabajadores, diputados y periodistas.

Respecto del conflicto del Indoamericano, el CELS aseguró que “el gobierno porteño y el gobierno nacional no cumplieron con los compromisos que asumieron en el desenlace de la toma”, situación que se agrava porque las autoridades de la Ciudad “subejecutan sistemáticamente las partidas presupuestarias destinadas a políticas de vivienda”. Según un trabajo realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto local en materia de vivienda se redujo “entre 2011 y 2014 en un 19 por ciento a precios constantes”, mientras que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad “disminuyó su presupuesto para 2013 en un 22,4 por ciento, unos 300 millones de pesos menos que en 2012”. En ese contexto, en febrero de este año se produjo el conflicto en el barrio Papa Francisco.

El CELS subrayó que cuatro años después de lo ocurrido en el Parque Indoamericano “las consecuencias gravísimas de la represión (...) siguen impunes”, a pesar de que la investigación realizada “permitió probar” que las muertes de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro sólo podían explicarse como resultado del accionar de las fuerzas de seguridad”. Sin embargo, los jueces de la Sala I “optaron por desresponsabilizar a los policías en lugar de permitir llevarlos a juicio”. Esta decisión, afirma el comunicado, expresa “la dificultad para juzgar hechos que involucran a integrantes de las instituciones de seguridad y es un mensaje negativo del Poder Judicial acerca de la violación de las reglas de actuación policial y el uso abusivo de la fuerza”.

Los desprocesamientos fueron apelados por el CELS, en agosto de este año, ante la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Luis María Cabral, Juan Carlos Geminiani y Ana María Figueroa, pero “a pesar del tiempo transcurrido, todavía no se fijó fecha para la audiencia en la que escucharán los argumentos de las partes” respecto del fallo absolutorio de la Cámara del Crimen. En junio pasado, uno de los imputados, Eugenio Burzaco, pidió a través de sus abogados que la causa pase a la Justicia federal, circunstancia que genera nuevas trabas y postergaciones. El CELS concluyó que tales razones de la represión en el Indoamericano cumple “cuatro años de impunidad”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-261567-2014-12-09.html

 

Ubiquémonos en:

 

Un enorme espacio verde destinado al abandono

EL PARQUE INDOAMERICANO Y LOS PROYECTOS FALLIDOS PARA RECUPERARLO
9 de diciembre de 2010

Por Romina Smith

El Parque Indoamericano es el segundo pulmón verde de la Ciudad, después del Parque Tres de Febrero, pero no se parece en nada a ese gran jardín en Palermo. Sus 130 hectáreas –delimitadas por las avenidas Escalada, Castañares, Lacarra y las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, en un predio que comparten Villa Soldati y Lugano– nunca tuvieron tan buen destino. Durante 50 años esas tierras fueron un gigantesco basural que llegó a recibir hasta 500 contenedores de residuos por día. Y no fue lo único que padeció: con el tiempo, también se fueron apilando los proyectos fallidos . En 1977 iba a ser el nuevo zoológico porteño, años después un parque de diversiones, y luego un barrio para los habitantes del ex Albergue Warnes. Tuvo que esperar hasta 1995 para que lo convirtieran en un espacio verde para los vecinos: en diciembre de ese año, la gestión municipal lo inauguró con 4.500 nuevos árboles, pero aún con obras sin terminar. Es que para esa fecha, todavía faltaba rellenar terrenos, poner luces y terminar las calles internas . En 1999 inauguraron allí el Parque de los Héroes de Malvinas, un espacio que sí se concretó, a diferencia del mega plan que se lanzó en 2005, y que incluía un gran anfiteatro. Al final de eso tampoco se hizo nada. En 2007, las Madres de Plaza de Mayo ganaron una licitación para construir viviendas populares en el barrio Los Piletones de Villa Soldati, ubicado dentro de los terrenos del Indoamericano. Cerca de esas viviendas todavía hay suelo contaminado. El resto está abandonado, con el pasto seco o alto, y sin obras que busquen recuperarlo.

Fuente: http://www.clarin.com/ciudades/enorme-espacio-verde-destinado-abandono_0_386961389.html

 

Parque Indoamericano

Historia

Hasta mediados del siglo XX, la zona dentro de la cual se encuentra el parque fue conocida genéricamente como Bajo Flores. Era el área de influencia del Riachuelo, constantemente inundada con los desbordes de su intrincado curso. Durante décadas, se desarrollaron las obras de rectificación del Riachuelo y relleno de las tierras, buscando hacerlas transitables y habitables.

Gran parte del Parque estaba recorrida por el arroyo Cildáñez que actualmente está casi totalmente rectificado y corre oculto entubado.

Hacia fines de la década de 1960, comenzó la urbanización de la zona entonces nombrada Parque Almirante Brown, con la construcción de numerosos barrios de vivienda pública, como Lugano I y II y el Conjunto Soldati (construido en los años ´70). En 1978, el intendente de facto Osvaldo Cacciatore impulsó un monumental proyecto para la construcción de un parque de diversiones y uno zoofitogeográfico. El emprendimiento permitiría trasladar al viejo Zoológico Municipal y al Jardín Botánico, permitiendo liberar los terrenos de Palermo para futuros emprendimientos.

Sin embargo, de todo el proyecto sólo llegó a inaugurarse parcialmente el parque de diversiones, llamado primero Interama y luego Parque de la Ciudad. En 1982, estalló el escándalo al descubrirse los sobreprecios e irregularidades en la concesión del emprendimiento, y así fue que el proyecto quedó inconcluso, y Cacciatore renunció a su cargo.

Mientras tanto, los terrenos del proyectado "Parque Zoofitogeográfico" quedaron abandonados, utilizados como depósitos de basura.1 Sólo llegaron a construirse unos piletones para almacenamiento de agua que se hubieran utilizado para abastecerlo, y allí se formaría luego una villa de emergencia conocida precisamente como Los Piletones. Recién a fines de 1993 el entonces edil radical Carlos Louzán impulsó el proyecto del Parque Indoamericano,2 que fue inaugurado el 1 de diciembre de 1995 por el intendente Jorge Domínguez.3 El 1 de abril de 1999, el jefe de gobierno Fernando de la Rúainauguró el Paseo Islas Malvinas, que constituye un Cementerio Simbólico con una llama eterna, donde se plantaron 649cipreses en memoria a los soldados caídos durante la Guerra de Malvinas en 1982.4 El 11 de diciembre de 2006, el jefe de gobierno Jorge Telerman inauguró también el Paseo de los Derechos Humanos, dedicado a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.5

Por otro lado, a partir de 2005 el gobierno de Aníbal Ibarra se impulsó el proyecto para la construcción de un Centro de Información y Formación Ambiental, inaugurado en 2009, que monitorea durante las 24 horas la contaminación del aire, el agua y el suelo de la ciudad.6 7 En 2006, Jorge Telerman lanzó el proyecto del Polo Farmacéutico, en parte del predio del parque Indoamericano, en donde se instalarían once laboratorios,8 aunque finalmente el emprendimiento fue paralizado por la oposición que generó. En 2007, la Asociación Madres de Plaza de Mayo fue ganadora de un concurso de proyectos para la construcción de un barrio de vivienda social que reemplazaría al asentamiento de Los Piletones.9

Siglo XXI

En diciembre de 2010, fue ocupado por 1.500 familias de las asentamientos informales. la mayor parte de los ocupantes eran procedentes de Bolivia,10 11 y Paraguay según el censo ordenado por la jueza porteña Elena Libertori determinó que el 95% de las personas censadas eran vecinos de la ciudad12 13 a pesar de que el parque era juridicción de la Ciudad, el gobierno nacional envió Gendarmería para cercar el parque y evitar incidentes y a la agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina para custodiar los edificios aledaños. El 28 de diciembre los okupas dejaron el predio.

Renovación y polo farmacéutico

Desde 2010 de las 120 hectáreas con las que cuenta el lugar, unas 35 fueron enrejadas y convertidas en un Parque intervenido por el gobierno de la Ciudad, iniciándose un plan de mantenimiento en dos etapas. La etapa número 1 consistió en enrejar todo el perímetro y poner iluminación. En una segunda etapa, se llevó a cabo la construcción del parque, con juegos inclusivos, arboledas y espacios con mesas y bancos.17

Ese mismo año la inversión para la instalación laboratorios en el Polo Farmaceútico en los alrededores del parque alcanzó los 140 millones de pesos, de los cuales 15 fueron destinados a la compra del terreno. La inversión total de 120 millones de dólares, es financiada por la industria farmacéutica mediante créditos que han gestionado ante el Banco Ciudad, que les brindó una línea especial para poder facilitar la radicación del polo.18 19

A partir de 2015 se construye el Centro de Concentración Logística (CCL), la terminal, cuya obra avanza en el predio situado entre las avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y la autopista Cámpora. A el se mudarán 60 empresas del rubro que trabajan en Parque Patricios, La Boca, Barracas, Nueva Pompeya, Villa Soldati y Villa Lugano, y dejarán libres 100.000 m2 de depósitos en esos barrios.20

Renovación del parque

El Parque Indoamericano se encuentra dentro de los planes de la ciudad de Buenos Aires de convertirlo en el barrio de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 en la Ciudad.21 22 23 El 18 de diciembre hubo enfrentamientos con los vecinos que protestaban para que se desocupe el predio, que decantaron en enfrentamientos entre la policía y los vecinos, incluyendo quema de gomas de vehículos, y lanzamientos de bombas de estruendo sobre los agentes. 24 Según denunciaron vecinos la toma fue realizada por Miguel Ángel Rodríguez, conocido como El Comandante o El Turco contratado por la cartera educativa porteña, quién está sindicado como uno de los recaudadores de las coimas de entre 4.000 a 15.000 pesos que se cobran para incluir en los listados del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).25

 Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Indoamericano

 

 

Acabamos de resumir cómo un fundamental espacio verde para una de las partes más marginales de la ciudad de Buenos Aires es apropiado, gracias a todos los poderes públicos en sus distintas jurisdicciones, por grandes empresas que lo contaminan o envenenan y sólo una mínima parte se destina a parque enrejado y militarizado. Este desplazamiento de industrias sucias y de la Villa Olímpica (leer qué sucedió 2016 en Brasil) en contra de la calidad de vida de los vecinos del Parque Indoamericano o desalojándolos se da a lo largo y ancho del país y continente. El extractivismo y los megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios son los principales motores del acaparamiento oligopólico de tierras que expulsan, empobrecen, enferman y matan hasta a comunidades enteras. La mayoría de los desalojados de su vida rural se hacinan en las villas miseria. Observemos la organización, lucha en una de las de mayor densidad demográfica y en todas:

 

 

10 años de incumplimiento de la Ley de Urbanización de la Villa 20
24 de agosto de 2015

Por medio de un informe colectivo, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Equipo Legislativo VerdealSur, la Cátedra de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y el Taller Libre de Proyecto Social, denuncian el incumplimiento por parte de los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del compromiso asumido el 11 de agosto de 2005 con la sanción de la Ley N° 1.770, de atender la situación de emergencia habitacional y ambiental de la Villa 20 del Barrio de Lugano. "Esta sucesión de promesas institucionales en nuestro sistema constitucional constituyen derechos reconocidos a los habitantes de la Villa 20, y su constante incumplimiento constituye una grave violación de derechos humanos", remarca el informe. Imágenes: Archivo Astadiego para ANRed).

 

Las promesas incumplidas son una violación de Derechos Humanos

(Informe completo con Anexos aquí y adjunto).

 

1. PROMESAS INCUMPLIDAS

En la noche del 11 de agosto de 2005, los legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevamente se comprometían a atender la situación de emergencia habitacional y ambiental de la Villa 20[1], aprobando la Ley N° 1770 que afectó una serie de terrenos a su urbanización. (Ver Anexo I)

No era la primera vez que el Poder Legislativo prometía la urbanización de la Villa. En el año 1991, a través de la Ordenanza N° 44.873, el Concejo Deliberante creó los Distritos U31que otorgaron una zonificación específica a cada una de las villas existentes y ordenó al Poder Ejecutivo que en un plazo de sesenta (60) días se elaboren los proyectos de urbanización específicos para cada una, entre ellas la Villa 20.

Pasaron los sesenta (60) días y se llegó a los siete (7) años sin que se elaboraran estos proyectos. El Concejo Deliberante, ni aún devenido en Legislatura con la aprobación de la Constitución de la Ciudad, consideró importante hacer respetar su orden y exigir la remisión de los proyectos de urbanización.

Como el Poder Ejecutivo no actuó a efectos de cumplir con la ley, la Legislatura advirtió la necesidad de reeditar la promesa de urbanización. Esta vez no quiso dejar sólo en manos del Poder Ejecutivo la elaboración de los planes de urbanización. Por esto, sancionó la Ley N° 148 que ordena la urbanización de todas las villas, entre ellas también la de la Villa 20, pero agrega que debe contemplarse la participación necesaria y real de los representantes de la Villa otorgándoles poder de decisión.

Este camino tampoco funcionó. Pasaron otros sietes (7) años y esta promesa no pudo hacerse realidad ni en forma incipiente.

Así llegamos a la ya citada Ley N° 1.770, aprobada el 11 de agosto de 2005, donde la promesa de urbanización sólo se concentró en la Villa 20. Para ello, entre otras cuestiones, se afectaron terrenos, se ordenó la realización de un nuevo censo poblacional y la convocatoria a audiencia pública a fin de evaluar los parámetros principales de la urbanización.

Hace unos días se cumplieron diez (10) años de la aprobación de esta ley. Sin embargo, el proceso de urbanización no se ha iniciado en ninguna dimensión. Sólo por medio de acciones judiciales se ha logrado que la Villa tenga un órgano de representación democráticamente electo: la Junta Vecinal reconocida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Sin embargo, ésta no ha sido escuchada en ninguno de sus reclamos de urbanización.

Esta sucesión de promesas institucionales en nuestro sistema constitucional constituyen derechos reconocidos a los habitantes de la Villa 20, y su constante incumplimiento constituye una grave violación de derechos humanos. En vez de reeditar viejas y falsas promesas y sancionar leyes que en lo sustancial repetían la orden de realizar la integración socio-urbanística de la Villa (urbanización), la Legislatura de la Ciudad debería haberse abocado a denunciar penalmente a los funcionarios que no cumplen con lo que las leyes establecen.

 

2. VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Pero, ¿qué hay detrás de estas promesas incumplidas y de los derechos vulnerados? La presencia de fuerte segregación socio espacial y discriminación (Ver Anexo II): Miles de personas acceden al agua corriente a través de cañerías precarias, muchas de ellas pinchadas y otras tantas ni siquiera acceden al agua potable; igual situación se encuentra el servicio de cloacas; los cortes de luz son constantes; la población está contaminada por el cementerio de autos que por décadas estuvo en los terrenos de la Villa; la alta densificación poblacional conlleva el incremento de familias hacinadas y la densificación constructiva aumenta la inseguridad de las viviendas y el porcentaje de personas que sufrieron caídas desde altura por la falta de edificación adecuada.

En definitiva, decenas de miles de personas viven cotidianamente sin el saneamiento básico, sin luz regular, en riesgo sanitario continuo, en condiciones de vida sociales y de infraestructura absolutamente alejadas del mínimo exigido por cualquier índice o parámetro urbanístico internacional, nacional o local.

 

3. MÁS LEYES INCUMPLIDAS

Pero como si esto no fuera poco, el irrespeto por la constitución y las leyes continúa. (Ver Anexo III)

En el año 2008 se aprobó la ley N° 2.724 que declaró la emergencia ambiental y sanitaria y de infraestructura de la Villa 20 en el Barrio de Lugano por 365 días[2]. Se cumplió el plazo y no se abordó ninguna de las emergencias allí contempladas.

Por otra parte, dentro del polígono de urbanización de la villa 20 existen 12 hectáreas actualmente vacías que están destinadas a la construcción de viviendas nuevas para las familias de la villa. Parte de estas hectáreas estaban ocupadas por un cementerio de autos y por la Policía Federal. Por el Convenio de Regularización N° 45/07[3] aprobado por la Ley N° 2.692, la Policía Federal debía devolver la posesión de estos predios al GCBA para la urbanización. Esto tampoco se respetó.

En el año 2013, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura el proyecto de ley del “Plan Maestro para la Comuna N° 8”. En su versión original, autorizaba la venta a privados de éstas 12 hectáreas. Durante décadas las familias cuidaron estos predios de ser ocupados y nuevamente se rompía la promesa de urbanización ahora destinando estos terrenos a la venta. La reacción de la población de la villa no se hizo esperar.

 

4. LA JUSTICIA CÓMPLICE EN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS

El 24 de febrero de 2014 alrededor de las 20:00 horas, comenzó una ocupación de tierras en parte de las 12 hectáreas libres[4]. Con el correr de las horas el número de personas que ingresaban al terreno fue creciendo exponencialmente y con el paso de los meses al consolidarse el asentamiento las familias lo autodenominaron "Barrio Papa Francisco". (Ver Anexo IV: Crónica de la ocupación)

Las familias y sus organizaciones, en conjunto con la asistencia técnica del Taller libre de Proyecto Social de la FADU-UBA y docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y naturales, elaboraron un proyecto de vivienda para construir en el predio vacío y realizaron un estudio de suelo para conocer su grado de contaminación.

La justicia penal ordenó el desalojo de 700 familias. Luego de varios meses finalmente éste fue ejecutado el día 23 de Agosto de 2014 con suma violencia, topadoras destruyendo cada una de las viviendas construidas por las familias. Uno de los argumentos principales del GCBA y de los jueces para justificar el desalojo era que las tierras estaban contaminadas. Al día de hoy, luego de un año, no comenzaron las acciones de remediación de los suelos.

Luego de este serio conflicto, de la envergadura de la ocupación del Parque Indoamericano en el año 2010, se volvió a firmar otro convenio de traspaso de la posesión de parte de estos predios de la Policía Federal al GCBA para la Urbanización[5].

La Justicia de la Ciudad en la causa caratulada “ARNEZ MEDRANO, REINALDO y otros c/GCBA y otros s/ AMPARO”, Expte. N° Al0675-2014/0, en fecha 29 de Agosto de 2014 ordenó cautelarmente que la urbanización debería finalizarse antes del 10 de diciembre de 2015. La misma jueza, el 11 de diciembre de 2014, cambió su posición anterior y rechazó la petición de cumplimiento de la ley N° 1.770 y de que la villa 20 se urbanice. La justicia actuó entonces como cómplice de las promesas incumplidas y del padecimiento de las familias[6].

 

5. SITUACIÓN ACTUAL

Irónicamente en la Legislatura de la Ciudad se encuentran con estado parlamentario tres cuatro (4) nuevos proyectos de ley sobre urbanización de la Villa 20[7]. Entre ellos elProyecto elaborado por las familias y organizaciones del Barrio Papa Francisco.

Otras dos leyes importantísimas, además de la Ley N° 1.770, se aprobaron el 11 de agosto de 2005. La ley N° 1.769 ordenó la construcción de un Hospital en Lugano y la Ley N° 1.768 que autoriza la creación de un Polo Farmacéutico en terrenos del Parque Indoamericano, en frente a la Villa 20. La primera de ellas aún no fue terminada y fueron necesarios años de litigio judicial para que el GCBA empiece su construcción. Con relación a la última ley, es la única que se está cumpliendo en su totalidad. Los intereses privados prevalecieron todos estos años por sobre las necesidades de las familias de Lugano y de la Villa 20.

El paradigma del Derecho a la Ciudad impele que la prioridad es evitar segregaciones socio-espaciales y enclaves de pobreza. Las leyes que ordenan la urbanización de la Villa 20 implican no sólo el reconocimiento del derecho colectivo de las familias de la villa sino también el derecho de cada habitante a la Ciudad de vivir en una ciudad integrada y plenamente democrática.

No debiera transcurrir más tiempo para que el GCBA inicie un verdadero proceso de urbanización democrático que reconozca y fortalezca la identidad de la Villa 20 y mejore la calidad de vida de miles de familias.


CONTACTOS:

Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)
Jonatan Emanuel Baldiviezo: (011) 15-3655-3465

Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC)
Ing. María Eva Koutsovitis: (011) 3770-3727

Equipo Legislativo VerdealSur
Dip. Pablo Bergel: (011) 15-3588-6827

Cátedra de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires - Taller Libre de Proyecto Social
Arq. Beatriz Pedro: (011) 15-567-0998


[1] La Villa 20 se encuentra en la Comuna 8 en la zona sur de la ciudad, ocupando aproximadamente 29 hectáreas en 30 manzanas censales. Delimitadas por la Avenida Francisco Fernández de la Cruz, Larraya, Batlle y Ordoñez, Miralla, las vías del FFCC General Belgrano y Avenida Escalada en el barrio de Villa Lugano. Es la cuarta villa más grande de la Ciudad, luego de las Villa 21-24 en Barracas, la 31-31 Bis de Retiro y la 1-11-14 del Bajo Flores. El 12% de las personas que habitan en villas dentro de la CABA lo hace en Villa 20.

[2] El Poder Ejecutivo debía realizar estudios de evaluación y la remediación del suelo de la Plaza General Fernández de la Cruz y de las Manzanas 28, 29 y 30 de la Villa; y la adecuación de la infraestructura y de los servicios que resulten necesarios y procedentes para la urbanización. También, el Poder Ejecutivo debía realizar en el término de 180 días, los estudios epidemiológicos que informen adecuadamente la situación sanitaria de la población que permitan individualizar las enfermedades que guarden relación directa con la contaminación ambiental, establecer el número real de afectados y diseñar estrategias adecuadas de abordaje. La remediación del suelo y los estudios epidemiológicos no se hicieron y tampoco se otorgó tratamiento integral a las personas.

[3] Firmado entre el Ministerio del Interior de la Nación, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[4] El predio situado sobre la Av. Fernández de la Cruz entre las calles las calles Pola y la Av. Escalada, el cual pertenece al polígono de urbanización correspondiente a la Villa 20

[5] El Convenio de regularización dominial ―Villa 20- fue aprobado por la Legislatura de la Ciudad a través de la Resolución 482/2014. (Exp. 3303-D-2014).

[6] La sentencia de rechazo de la acción de amparo que peticiona se ordene la urbanización de la Villa 20 se encuentra apelada ante la Cámara en lo Contencioso-Administrativo y Tributario de la Ciudad.

[7] Expte. N° 2786-D-2014, 312-D-2014, 604-D-2014 y 2304-D-2014.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article10502

 

Urbanización de villas

11 de octubre de 2016

 

El martes 11 de octubre a 10 a las 18 hs. en el Aula Magna de la Facultad de Económicas de la UBA (Córdoba 2122, 2do piso) se presentará el Acuerdo por la Urbanización de las Villas.  Podes leer el Acuerdo en http://acuerdoporlaurbanizacion.org/

 

En los últimos meses, se realizaron sucesivos anuncios sobre la urbanización de distintas villas en la Ciudad de Buenos Aires. En mucho de ellos, el proceso a llevarse adelante no es claro. El Acuerdo por la Urbanización de las Villas - Diez puntos por la integración socio urbana de los asentamientos- fue elaborado junto a organizaciones sociales, ONGs, referentes y vecinxs con el objeto de lograr un amplio consenso sobre aquello que se debe garantizar en los procesos de urbanización. El objetivo es hacer un aporte para revertir toda situación de segregación, que lleve a una integración plena de la ciudad, lo que implica impulsar políticas que efectivamente hagan que las villas tengan la misma calidad de vida que el resto de la ciudad.

ADHESIONES: 
adhesiones@acuerdoporlaurbanizacion.org 
ORGANIZACIONES QUE FORMAN PARTE 
del Acuerdo por la Urbanización de las Villas: (…)

Fuente: http://www.redeco.com.ar/actividades/19978-acuerdo-por-la-urbanizacion-de-villas

 

 

Ahondemos en los significados e implicancias de la realidad social a que somete el capitalismo periférico cuando desposee de todo a una creciente mayoría de la "República Unida de la Soja" :

 

 

Apuntes sobre la cuestión villera en la ciudad de Buenos Aires
 Revista Herramienta N° 48
/ Octubre de 2011

 

Por Soledad Arqueros Mejica, Cecilia Calderón, Natalia Sauri, Julia M. Ramos, Pablo Vitale y María Paula Yacovino

Introducción

Las villas de la Ciudad de Buenos Aires son una de las tantas manifestaciones de las profundas desigualdades existentes en las condiciones de acceso al suelo urbano. En la década de 1990 fueron sancionadas diversas normas locales que reconocen los derechos de los habitantes de las villas y que ordenan específicamente el desarrollo de políticas para la radicación y la integración socio-espacial. Sin embargo, las escasas intervenciones dirigidas a esta población parecen haber sido, la mayoría de las veces, acciones descoordinadas, sin planificación ni integralidad en su implementación, lo cual no sólo no ha resuelto sino que ha profundizado la precariedad habitacional de estos territorios. En este sentido, a partir de la recuperación de la democracia, las políticas asistenciales de los sucesivos gobiernos locales dejaron entrever una política de relativa “tolerancia”, pero más relacionada a la omisión y el abandono que a la garantía y cumplimiento de derechos sociales. Las políticas de la actual gestión local a cargo de Mauricio Macri, continúan profundizando la precariedad habitacional de las villas a lo que se suman intervenciones que intensifican notablemente los procesos de segregación y expulsión de los sectores en emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los violentos sucesos del Parque Indoamericano1 pusieron en evidencia estas cuestiones.

Por un lado, la magnitud del problema en términos de segregación socio-espacial, ya que lo que emerge en el conflicto no es sólo un problema de acceso a la vivienda sino principalmente de acceso a suelo urbano y derecho a la ciudad. Por otro, como contracara, los acontecimientos evidencian también que la gravedad de la problemática tiene directa relación con las políticas que históricamente se han dirigido a las villas, las cuales han combinado ausencia de intervención estatal, limitadas acciones no acordes con la dimensión de la problemática, y desplazamiento forzado de los sectores populares de la ciudad. Estos hechos, seguidos por una serie de nuevas “tomas” de tierras, desencadenaron diversas acciones y discusiones públicas, poniendo de relieve la situación de las villas.

 

Este contexto, sumado a la reciente reelección del macrismo, hace más que pertinente un acercamiento a la problemática de las villas en la ciudad. Por ello, el presente trabajo propone una aproximación a las dimensiones urbanas estructurales que atraviesan el fenómeno, el rol del Estado en su configuración, las distintas políticas públicas que históricamente se implementaron, su articulación con las instancias organizativas villeras y, por último, las características específicas de la actual política de villas del Gobierno local.

 

Las villas y su inserción urbana: algunas consideraciones conceptuales

 

La tierra urbana posee existencia social en tanto espacio urbano. Es decir que constituye el soporte en el cual se desarrollan, articulan y distribuyen actividades y personas de una manera específica y como resultado histórico de los procesos de urbanización. Las ciudades intervienen como una fuerza productiva en tanto favorecen y potencian la existencia y eficiencia de ciertas actividades y no de otras, incidiendo en la conformación y reproducción de la estructura social entendida como un todo (Jaramillo, 2009). En este sentido, el espacio urbano expresa la estructura socio-económica al tiempo que la co-constituye (Castells, 1976; Topalov, 1979; Harvey, 1977). En efecto, la diferenciación espacial de la ciudad se vincula estrechamente con la diferenciación social, aunque esto no signifique que la primera sea un espejo de la segunda (Harvey, 1977).

 

En este marco, desde fines del siglo XIX, los procesos de modernización y urbanización capitalista en nuestro país y región, han tenido su correlato en el desarrollo de diversas modalidades de habitar el suelo urbano. Diferentes autores (Herzer et al., 1994; Abramo, 2003; Rodríguez, 2005) establecen tres lógicas predominantes de acceder, habitar y (re) producir la ciudad moderna y contemporánea. En primer lugar, la lógica del mercado -en este caso inmobiliario-, que posibilita consumir suelo o una vivienda. Como señala Abramo (2003), existen mercados inscriptos en determinadas normas jurídicas y urbanísticas de cada país o ciudad, comprendidos dentro del denominado mercado inmobiliario formal, y mercados que no se encuadran dentro de estas normas: el mercado inmobiliario informal. En segundo lugar, la lógica del Estado, que a partir de normativas y el diseño e implementación de políticas habitacionales resuelve o agudiza el problema de la vivienda y el acceso a la ciudad de los sectores populares. Cuando lo resuelve, establece el modo, la localización y los destinatarios en un marco de interacción con otros actores sociales, con distintos niveles de fuerza para incidir en la forma y alcance de su resolución. Finalmente, la lógica de la necesidad, impulsada por aquellos sectores que no logran satisfacer sus condiciones de reproducción social a través del mercado o a través de políticas de Estado. Algunos de los mecanismos clásicos que despliegan los sujetos bajo esta lógica son las ocupaciones de hecho de inmuebles o tierras, privadas o públicas, vacantes o en desuso.

 

La apropiación del espacio urbano y de las externalidades que allí se concentran resulta de la interacción compleja y contradictoria de las diferentes lógicas mencionadas. En el caso de los sectores de más bajos recursos, son las lógicas de la necesidad, del Estado y del mercado inmobiliario informal las que priman a la hora de satisfacer su demanda urbano-habitacional.

En términos generales, en los países centrales los sectores populares resolvieron su “necesidad de ciudad” vía políticas de Estado; en Latinoamérica (como en el resto de los países periféricos), en cambio, las soluciones tuvieron lugar a través del mercado informal o de mecanismos propios de la lógica de la necesidad. En efecto, buena parte del suelo urbano producido en la región no se corresponde en forma inmediata con una modalidad mercantil capitalista tal cual se despliega en la ciudad formal ni tampoco con la planificación urbana funcionalista moderna2. Esto se debe a ciertos rasgos estructurantes de peculiaridades en la urbanización latinoamericana y en el papel de sus mercados del suelo: a- un régimen de salarios bajos; b- gran rapidez del crecimiento urbano; c- diversos obstáculos para la homogeneización capitalista de la produccióndel espacio construido; y d- debilidad del aparato estatal en sus distintos niveles (Jaramillo, 1999). En este sentido, se verifica un vínculo estrecho entre legalidad y mercado habitacional, con su contracara en la informalidad de los segmentos de la ciudad autoconstruidos.

En este contexto, los sectores populares desplegaron un abanico de modalidades de acceso al suelo y/o a la vivienda que se enmarcan en el arco de posibilidades que configuran, predominantemente, las dos lógicas mencionadas. Estas modalidades resultan de una variedad de combinaciones “intermedias entre la legalidad y la ilegalidad jurídica, y en las cuales tienen lugar [también] las relaciones mercantiles, incluso las que se articulan directamente con la propiedad territorial” (Jaramillo, 1999: 125).

El desarrollo de ciudades formales cada vez menos accesibles para los sectores de bajos y medios recursos, y la saturación de espacios urbanos vacantes y en desuso, lleva a fortalecer el avance de la lógica mercantil –vía mercado inmobiliario informal– en las modalidades paralelas de acceso a la tierra, sin que esto implique la pérdida de su especificidad o, en términos de Jaramillo (1999), su efecto de segmentación. Esa mercantilización se expresa en el desarrollo creciente de un mercado de alquileres de cuartos y viviendas en tierras auto urbanizadas, o urbanizadas por sus habitantes en articulación con distintas intervenciones del Estado luego de su ocupación. De este modo, la “lógica de la necesidad” está lejos de abstraerse de las determinaciones propias del mercado capitalista.

 

Las villas3 en Argentina, las favelas en Brasil, los ranchos en Venezuela–como otras modalidades de hábitat popular– deben entenderse como parte inescindible de la dinámica urbana de la cual forman parte. Las mismas constituyen una solución habitacional socialmente producida para satisfacer necesidades reproductivas de una parte de la clase trabajadora que habita en ellas. Si bien estas son, desde sus orígenes, lugares relegados y estigmatizados, que remiten a una diferenciación socio-espacial y simbólica de la ciudad, se encuentran profundamente atravesadas por el Estado. Más aún, en su propia formación y consolidación, Estado y mercado cumplen roles fundamentales –a través de sus acciones y omisiones– en estos fragmentos urbanos.

 

En la Ciudad de Buenos Aires la organización socio-espacial se caracteriza por ser profundamente desigual. La Av. Rivadavia se constituye en un límite material y simbólico que históricamente divide la ciudad entre un norte próspero habitado por los sectores más acomodados, y un sur relegado habitado mayoritariamente por sectores populares. Sin embargo, en el marco del AMBA, habitar la ciudad permite a los sectores populares matizar su condición de pobreza ya que ésta concentra un conjunto de recursos que posibilitan su reproducción diaria.

Dicho esto, en el próximo apartado nos proponemos reconstruir sucintamente las políticas hacia las villas de la Ciudad de Buenos Aires desde sus primeras formulaciones –a mediados de la década del 1950- hasta sus programas más recientes.

 

Las villas y su historia: políticas públicas y organización territorial 4

 

Primera etapa: la industrialización por sustitución de importaciones y el origen de las villas

 

No es casual que las primeras villas de la ciudad se formaran en la década de 1930, coincidiendo con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones implementado, entre otros factores, como respuesta a la crisis económica desatada en los países centrales. Por aquellos años, la merma de la actividad agro-exportadora y la incipiente actividad industrial, significó la migración de importante capas del campesinado hacia la ciudad. La llegada masiva de población (rural y proveniente de Europa) a las urbes se sintió agudamente en Buenos Aires, que aumentó en un millón de habitantes su población entre 1914 y 1936. Este crecimiento demográfico profundizó el problema habitacional de los sectores populares, que no pudieron canalizar sus necesidades a través del mercado, ni del Estado –el cual no tuvo intervenciones acordes- (Yujnovsky, 1984). Las villas se consolidaron así como modalidad popular de acceso al suelo urbano. Sin embargo, sus habitantes “no eran visualizados como un factor social tan diferenciado del resto de la gente que padecía el problema de la carencia de vivienda en el país” (Ratier, 1972: 29). Aunque en los dos primeros gobiernos peronistas se generalizó la política de construcción de vivienda social dirigida a los sectores asalariados, no se formularon políticas específicas para la población villera.

A partir de 1955 las villas comenzaron a construirse –política y conceptualmente– como un problema social y urbano específico. En línea con los postulados de la teoría del slum de la Escuela de Chicago sobre la conformación y dinámica de los barrios bajos y guetos norteamericanos, las villas comenzaron a ser visualizadas como un problema articulado en torno a dos dimensiones: una espacial y otra cultural, ambas identificadas como variables independientes del fenómeno que se quería explicar y sobre el cual se pretendía actuar. En tanto fragmentos urbanos aislados debían ser “eliminadas” –hasta la década de 1980– o “integradas” –a partir de mediados de 1980-, definiendo los polos entre los cuales penduló la política orientada al sector.

Durante la dictadura que puso fin a la segunda presidencia peronista se desarrolló el Plan de Emergencia que postuló el desalojo de las villas, para el cual se dispuso la “relocalización y readaptación social” de sus pobladores. Muy simplificadamente, podemos plantear que el período de la segunda etapa de la sustitución de importaciones requería de la disponibilidad de fuerza de trabajo alojada en la ciudad y/o en sus inmediaciones, lo cual no llegaba a garantizarse a través de los programas habitacionales de los sucesivos gobiernos cívicos y militares. Las villas comenzaron a constituirse, entonces, en una respuesta condenada formalmente, pero tolerada (cuando no promovida) fácticamente por las diferentes gestiones gubernamentales.

 

En el mismo período, y en el subsiguiente, el desalojo parcial de villas y asentamientos conllevaba la relocalización de su población fundamentalmente en complejos habitacionales de gran escala, que eran desarrollados por empresas constructoras. Las mismas fueron entablando vínculos con el Estado y los gobiernos de turno que las conformó como parte de la llamada “patria contratista” (Pucciarelli, 2004). Por otra parte, con la implementación del Programa de Erradicación de Villas de Emergencia (1966) se consolidó el rol de las organizaciones villeras, conformadas durante la década de 1950 para responder a necesidades cotidianas y a los intentos de erradicación5. Asimismo, se gestó el acercamiento a otras organizaciones que resistían a la dictadura de Onganía, fundamentalmente la CGT de los Argentinos y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, acompañando el ciclo de ascenso de la conflictividad social que caracterizó todo este período.

 

El “tercer gobierno peronista” (1973-1976) encontró una organización en las villas fuertemente identificada con el proyecto “nacional y popular” que aquel postulaba y con enormes expectativas con respecto al cumplimiento de sus reivindicaciones históricas. Sin embargo, el impulso inicial de la política de trabajo conjunto entre las organizaciones y la Comisión Municipal de la Vivienda se vio limitado por el avance de la política de erradicación impulsada por el Ministerio de Bienestar Social, a cargo de José López Rega. Así, se erradicaron parcialmente la Villa 31 y Bajo Belgrano, entre otras.

 

Segunda etapa: la dictadura como punto de inflexión

 

Durante la última dictadura militar (1976-1983) se instauró un nuevo régimen de acumulación de capital (Basualdo, 2010) que, entre otros factores, implicó un proceso de desmantelamiento del aparato industrial. En la Ciudad de Buenos Aires, donde se dispuso la prohibición de actividades fabriles, la erradicación compulsiva de villas puede ser entendida como la expulsión de una fuerza de trabajo que resultaba “excesivamente numerosa” y cuya presencia en la ciudad se tornaba “indeseable”6.

Los habitantes de las villas fueron violentamente expulsados en el marco de una estrategia que combinaba el envío compulsivo de la población a sus lugares de origen, a conjuntos habitacionales o a terrenos vacantes fuera de los límites de la capital (sumado a la desaparición y represión física, que también se verificó en villas). En este sentido, y según versiones oficiales, para 1981, se habían desalojado cerca de 150.000 habitantes.

 

Tercera etapa: Cambio de época. Integración y radicación en contexto de repoblamiento de villas

 

A partir de la recomposición democrática se produjo un repoblamiento de las villas de la Ciudad de Buenos Aires; situación que fue tolerada por el gobierno municipal y nacional y legitimada mediante la sanción de normativas que, desde entonces, disponen la urbanización y radicación de esos territorios inaugurando un nuevo planteo en relación a las villas. Este paradigma se materializó, al menos parcialmente, a mediados de los ochenta con el Programa de Radicación y Solución Integral de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios (OM 39.753/84) –que se mantiene con distintas denominaciones hasta la actualidad- y el Plan Piloto de Recuperación, Renovación e Integración Urbana de Villa 6.

En sintonía con los postulados de organismos internacionales y del por entonces influyente Hernando de Soto (1987), el gobierno de Carlos Menem enfatizó la regularización dominial. En ese marco se promulgó el Decreto 1001/90 y se creó el Programa Arraigo (con el fin de traspasar el dominio de los terrenos de jurisdicción nacional a la ciudad y a algunas organizaciones villeras). Pese a ello, parte de la Villa 31 fue desalojada compulsivamente para emplazar la autopista Illia. A su vez, se generó una estrecha vinculación entre el gobierno municipal y las organizaciones villeras, lo cual culminó en la ruptura de un sector y la (re)fundación de la opositora Federación de Villas.

 

En simultáneo, se consolidaron algunas de las transformaciones estructurales que se habían gestado en la última dictadura militar. A nivel urbano resulta interesante recalcar, siguiendo los planteos de Ciccollella (1999), que este período se caracterizó por la extranjerización de buena parte del control sobre el espacio urbano -con un correlativo debilitamiento del Estado-; la configuración de los “lugares comunes de la globalización” (como los shopping centers, countries, torres, barrios de lujo, gentrificación, etc.); y la profundización de la polarización social y la segregación socio-territorial.

 

Asimismo, durante esta década -en la cual también se consolidó un drástico proceso de reforma y reestructuración del Estado-, se desarrollaron importantes cambios normativos. En 1994, la reforma de la Constitución Nacional introdujo dos innovaciones: por un lado, se concedió estatuto autónomo a la Ciudad de Buenos Aires, y, por el otro, se incorporaron una serie de pactos, tratados y convenciones internacionales que consagraron distintos aspectos relativos al derecho a un hábitat digno dentro del espacio urbano7. En 1996, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagró el derecho a la vivienda y el hábitat, orientado específicamente a dar “prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos”. Por su parte, la ley 148, sancionada en 1998, estableció los mecanismos para avanzar en la urbanización y radicación de villas. Pese al reconocimiento normativo, la prescindencia de mano de obra que caracterizó al período se correspondió con la contemporánea falta de respuestas habitacionales para sectores populares por parte del Estado.

Ahora bien, si durante la década de 1990 se favoreció la regularización dominial como uno de los ejes de urbanización de villas, durante los primeros siete años del nuevo milenio se enfatizaron las obras de infraestructura y la construcción de vivienda nueva con el objetivo de revertir las condiciones de hábitat y mejorar la accesibilidad entre las villas y el resto de la ciudad. Sin embargo, vale aclarar que a partir del 2003, la masiva construcción de vivienda social desarrollada por el Gobierno Nacional, tuvo un bajo impacto en la Ciudad de Buenos Aires. De forma paralela a estas acciones estatales, luego de la crisis de 2001 proliferaron una gran cantidad de nuevos asentamientos a raíz de la saturación de espacios disponibles en las llamadas villas históricas de la ciudad. Desde su conformación y propagación, estos nuevos asentamientos -denominados por el Estado local como Nuevos Asentamientos Urbanos- no fueron reconocidos como asentamientos urbanizables y la acción estatal sobre ellos osciló entre la omisión y la expulsión. Estos hechos vislumbran que la política de radicación de villas no fue siempre coherente y homogénea, sino que se ha combinado con intervenciones erradicadoras marcadamente opuestas, y hegemónicas en períodos históricos previos.

 

La gestión macrista (2007 a la fecha) se caracterizó por desarticular la política orientada al hábitat popular en general, y a las villas en particular. En el plano institucional, se traspasaron parte de las históricas competencias del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) sobre las villas y NHTs a la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS) y a la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS) creada en este período, debilitando deliberadamente el organismo que históricamente había canalizado la política de villas y generando una fragmentación institucional que obstaculiza la ejecución de las políticas de radicación y urbanización8(Arqueros y Canestraro, 2010). Aquella medida estuvo acompañada por una política presupuestaria en la que se redujo drásticamente el financiamiento de los programas destinados a villas. Ese financiamiento sufrió además subejecuciones. Por otro lado, la asignación presupuestaria priorizó la atención de situaciones de emergencia por colapso de la red de infraestructura –bajo la órbita de la UGIS-, destinando un porcentaje menor al recientemente creado Programa de Regularización y Ordenamiento Urbano –gestionado por la CBAS-, y asignando sólo una cantidad simbólica al Programa de Radicación Integración y Transformación de Villas –gestionado por el IVC- (Arqueros y Canestraro, 2010).

 

Durante este período, entonces, las políticas dirigidas a las villas consistieron principalmente en acciones orientadas a abordar situaciones de emergencia, la adjudicación de viviendas cuyas obras se iniciaron en gestiones anteriores, algunas intervenciones en el espacio público de las villas a través de limitadas acciones “estéticas” como el mejoramiento de fachadas de -algunas- casas frentistas y de -algunos- equipamientos comunitarios y, por último, en políticas de erradicación y/u omisión hacia los llamados Nuevos Asentamientos Urbanos (Arqueros et. al, 2011).

 

Finalmente, con esta gestión se ha reactivado la regularización dominial como eje de la radicación. Al igual que en la década de 1990 comenzaron a diseñarse proyectos de regularización dominial con el fin de entregar títulos de propiedad a los residentes “dueños” de las viviendas en las villas. A fines de esa década, esta propuesta había quedado relegada, en parte, por las dificultades que presentaba su implementación. Esas dificultades eran fundamentalmente la densificación poblacional y habitacional, el aumento de piezas de inquilinatos de gran precariedad y con altos niveles de hacinamiento, el despliegue del comercio informal, y las grandes heterogeneidades y desigualdades habitacionales en estos espacios urbanos. Actualmente la proliferación de los inquilinatos se acrecentó significativamente –incluso algunos “dueños” de viviendas construyeron pequeños o medianos hoteles en los que residen numerosas familias de forma permanente-. En efecto, habría que analizar si en la actualidad estas dificultades logran canalizarse y de qué manera, y fundamentalmente interesa saber qué sucederá con aquellos residentes inquilinos de villas, que se encuentran en condiciones habitacionales altamente precarias e inestables; y a quienes, en principio, la política de regularización dominial no involucra y menos aún beneficia.

 

En síntesis, si en los años precedentes a la gestión macrista se registraron algunos magros avances en relación a la urbanización de villas, con el inicio de la actual gestión de gobierno se desanduvo gran parte de ese camino, desconociendo las obligaciones que competen al Estado según la constitución de la ciudad y la Ley 148.

 

Finalmente, ninguna de las gestiones tuvo regulaciones ni intervenciones al libre funcionamiento del mercado del suelo –que fue y sigue siendo el que rige la dinámica de urbanización-. Esto último, redunda en el presente boom inmobiliario para sectores de altos ingresos, y el ensanchamiento de la brecha entre estos y los sectores populares respecto del acceso al suelo. En este marco el único sector de la ciudad que presenta un crecimiento demográfico importante entre el último período intercensal (2001/2011) es la población de las villas porteñas9, que albergan -como tradicionalmente lo hicieron- a una franja de la fuerza de trabajo con menores recursos; con la diferencia de que las villas constituyen en la actualidad una instancia habitacional permanente, a la que se accede -también- a través del mercado, y donde las condiciones de hábitat continúan mostrando importantes niveles de precariedad.

 

Conclusiones

 

Recapitulando los diversos planteos plasmados en estas páginas, se puede destacar que, en líneas generales y hasta el momento, las políticas y programas destinados a villas estuvieron lejos de cumplir con las metas propuestas. De esto no escaparon ni los planes erradicadores ni los integradores, aún en aquellos casos en los que se lograron mejoras en el hábitat. A su vez, las organizaciones de base territorial estuvieron fuertemente imbricadas en estos procesos de implementación de políticas públicas destinadas a las villas de la ciudad, incidiendo en los mismos al tiempo que siendo determinadas por ellos. Es interesante observar, entonces, los contextos en los que se desarrollan estas políticas y los consecuentes “desfasajes” entre sus respectivos planteos originarios y la acción estatal efectiva, no sólo con respecto a la intervención en villas, sino también como marca expresiva de las políticas sociales que caracterizan a las etapas y al tipo de régimen vigente en cada una.

En este sentido, enfatizamos la imbricación entre las lógicas de acceso al suelo presentadas en el primer apartado: estado, mercado y necesidad se conjugan de diversos modos y generan el complejo resultado urbano que se puede observar en las villas. Estas son, a la vez, territorios autoconstruidos para satisfacer necesidades básicas insatisfechas, espacios con fuerte impronta de la intervención –activa o por omisión- del Estado y un parque habitacional autogestionado que –en parte- deriva en la constitución de alternativas mercantilizadas –informales- de acceso a la vivienda por parte de sectores populares. Como decíamos al inicio, las villas son parte constitutiva de la ciudad capitalista y, por lo tanto, comprender su dinámica y avanzar en la resolución de sus problemáticas más agudas requiere del abordaje integral y complejo de sus diferentes facetas.

Lejos de la estigmatización marginalizante que pesa sobre sus pobladores, quienes habitan en las villas aportan fuerza de trabajo necesaria para la construcción –literal y simbólica- de la ciudad formal. A partir de esto se entiende el crecimiento de la población en villas, incluso en períodos de recomposición económica.

Por otra parte, las políticas públicas que se orientaron a villas, lógicamente, no escaparon a los determinantes internos y externos que fueron configurando al aparato estatal en las diferentes etapas observadas. En este sentido también se intentó poner de manifiesto en los apartados anteriores cómo una intervención tan aparentemente acotada y puntual como la que tiene por objeto a las villas también está fuertemente orientada por definiciones a nivel global (por caso, desde los planes de 1955 y la Escuela de Chicago, hasta la estandarización jurídica de mediados de la década de 1990).

 

Finalmente, y en vínculo con lo anterior, las organizaciones villeras fueron ajustando sus acciones a los diferentes recursos materiales y simbólicos emergentes de los procesos mencionados: desde factores de localización y acceso a bienes y servicios urbanos, hasta herramientas normativas y planes sociales. Al mismo tiempo, esa suerte de “ventanas de oportunidad” son también producto de la acción colectiva desplegada desde las villas a través de protestas, instancias de negociación y/o la ejecución, de hecho, de políticas en el territorio.

 

Un caso expresivo de estas mutuas determinaciones a nivel estatal y territorial, en las últimas décadas -tal como se analizó en los apartados precedentes- se verifica en el derecho a permanecer en el espacio ocupado por pobladores de las villas de la ciudad que es reconocido por todos los planes orientados a las mismas. Pero estos avances formales, en gran medida, se dan en un contexto de fuerte retracción de la intervención estatal en la provisión de servicios ligados al bienestar y de un proceso de intensificación de los cambios económicos que derivaron en la crisis de 2001. La brecha entre reconocimiento normativo y ejecución deficitaria de políticas habitacionales –vigente, en gran medida, en el presente- genera una serie de nuevos repertorios estatales y organizativos en torno a la judicialización de conflictos territoriales10.

Volviendo al contexto actual, la reciente reelección de la gestión macrista no augura un futuro próximo de resolución progresiva del déficit habitacional ni tampoco de la situación particular de las villas. La acción estatal, entendida como un proceso co-constitutivo de lo social, es resultado de las tensiones entre diversos intereses de actores dentro de entramados sociales y políticos. En este marco, la experiencia organizativa de los barrios y la visibilización de la problemática que sucedió al conflicto en el Parque Indoamericano, podrían posibilitar una modificación sustantiva en la forma en que se viene abordando la cuestión villera desde el Estado y diferentes sectores sociales.

Bibliografía: (…)
Revista Herramienta N° 48/ Octubre de 2011

Fuente: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-48/apuntes-sobre-la-cuestion-villera-en-la-ciudad-de-buenos-aires

 

 

 

Observemos cómo el Estado no cumple con su deber de garantizar derechos básicos de los millones de personas y familias que son excluidas por el mercado inmobiliario y por tener empleo informal. Además cuestionemos al gobierno CFK incorporando a dirigente social a realizar esa tarea con fines de conformar aparato clientelar y asociarse a los negocios de la Corporación, los desarrolladores urbanos.

 

 

Vivienda: “herencia K” y continuidad Pro
12 de octubre de 2016

El déficit habitacional es uno de los grandes problemas estructurales que padecen 16 millones de argentinos (el 35 % de la población). La “herencia K” que se profundiza con el gobierno de Cambiemos.

Por Mirta Pacheco y Celeste Vazquez

Los 12 años de gobiernos kirchneristas dejaron un déficit habitacional de más de 3,5 millones de viviendas, alcanzando así a 14 millones de personas. Este déficit está definido como el conjunto de las necesidades insatisfechas de la población en materia habitacional, lo que abarca desde el extremo de la carencia total de vivienda, pasando por condiciones inadecuadas de habitabilidad (como el hacinamiento, precariedad de las viviendas) hasta la carencia de servicios básicos.
En el 2010 el censo nacional arrojó un déficit de 3,5millones de viviendas. Un estudio de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI) estima que este déficit se incrementa a un ritmo de 36 mil viviendas por año, aproximadamente, teniendo en cuenta las variables de crecimiento poblacional y pobreza. Según esta proyección, el déficit ascendería a más de 3,7 millones.

La “revolución de la alegría” para unos pocos
Desde que asumió el gobierno de Macri han empeorado las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras.
Los índices dados a conocer primero por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego, en forma oficial, por el INDEC, son más que elocuentes: el 32,2 % de los argentinos es pobre y el 6,3% indigente. Ya la UCA había advertido que en lo que va de la gestión de Cambiemos hay un 1.4 millón más de pobres. A esto hay que sumarle el índice del 9,3% de desocupación, los tarifazos, la inflación y los sueldos de miseria.
En este marco no es difícil imaginar que esta proyección sea mayor, ya que sin duda quienes primero sufren problemas habitacionales son aquellos con trabajos más precarios, en negro, con bajo salarios o sin trabajo directamente, que solo cuentan con planes sociales. Son los sectores a los que “la década ganada” kirchnerista, nunca les llegó a pesar del discurso de CFK.
Esa franja de la población, que ahora con el macrismo se ensanchó, vive padecimientos impensados para muchos: familias con varios hijos que viven hacinadas en piezas de pensiones o inquilinatos, debiendo compartir un baño entre varias familias. O directamente son arrojados a vivir en asentamientos o villas, sin servicios esenciales.
En el último escalón están los trabajadores inmigrantes, que emigrados de sus países de origen en busca de un trabajo que les permita a ellos y sus familias vivir un poco mejor, terminan habitando esos asentamientos o peor aún: vienen engañados por patrones sin escrúpulos, que los obligan a trabajar por la comida y el techo y les sustraen los documentos. Se convierten así en los “esclavos modernos”, como es el caso de los trabajadores de talleres clandestinos de ropa. Ellos no pueden acceder ni siquiera al “beneficio” de alquilar una pieza de hotel, que hoy cuesta, como piso $3.800/$4.000.
Todo esto sucede mientras el Gobierno nacional realizó una fenomenal transferencia de recursos a las grandes patronales: a las exportadoras vía la devaluación y a las agrarias sumándoles la baja en las retenciones.

Procrear: vivienda para pocos

El gobierno, en la voz del Ministro Rogelio Frigerio, admitió que hay 12 millones de personas con algún tipo de déficit habitacional y anunció que planean construir 1,5 millón de viviendas en los próximos 4 años. Es decir, que cuando termine su mandato, siempre y cuando cumplan sus promesas, a un promedio de 4 personas por vivienda, el problema habitacional tendría solución solo para el 50% de la población que lo padece.

Uno de sus caballitos de batalla es el nuevo Plan Procrear que lanzó en julio de este año. Frigerio indicó que el plan busca “apuntar a que este aporte vaya a quienes más lo necesitan: sectores de menores recursos, madres solteras y familias muy numerosas". Sin embargo, los requisitos para acceder a este plan muestran lo contrario.

En primer lugar, pueden acceder quienes trabajan en blanco y cobran entre $14 mil y $28 mil. Criterio bastante restrictivo en un país en el que los índices de trabajo en negro superan el 34 % (4,5 millones de personas), el salario mínimo vital y móvil es de $8.060 y hay un 10 % de desocupación.

En segundo lugar, aquellas familias que logren juntar dos salarios mínimos para poder acceder al plan, deberán destinar más del 30 % de ambos salarios a pagar la cuota durante 20 años.

Por último, de más de 100 mil familias anotadas en la primera tanda, solo habrá cupo para 25 mil.


El derecho a una vivienda digna
Esa es la situación habitacional de una inmensa mayoría de nuestro país: el pueblo pobre, un amplio sector de la clase trabajadora y sectores medios empobrecidos que, debiendo alquilar una vivienda, tienen que destinar más de un 40% de su salario para tal fin. Situación que el kirchnerismo en más de una década no modificó. El discurso demagógico del gobierno nacional no engaña. 
¿Qué se puede esperar de quien fuera jefe de gobierno de la ciudad por 8 años y no llevó adelante ninguna medida en beneficio de quienes mas lo necesitan en materia habitacional? No construyó ni las escuelas, ni jardines maternales necesarios; no urbanizó las villas a pesar de anunciarlo una y otra vez; en cambio remata espacios públicos al mejor postor.

Hoy, producto del alto nivel especulativo del negocio inmobiliario, el metro cuadrado cotiza en la Ciudad de Bs As a casi 2 mil dólares. Con un salario promedio de $ 13.500, se necesitan 11 años de trabajo (sin gastar en nada más) para comprar un departamento de 60 mts2

Este fenómeno no es privativo de Argentina, sino del sistema capitalista mundial que origina, entre otras cosas, el llamado proceso de gentrificación, expulsando a los sectores populares de los centros urbanos y encareciendo cada vez más el valor de la tierra.Por esta razón, para garantizar un plan de viviendas dignas para todos, es necesario una reforma urbana que expropie, sin pago, en primer lugar las construcciones ociosas, las tierras usurpadas por los desarrolladores privados, las propiedades hoy en manos de la Iglesia y las viviendas desocupadas que están en manos de las grandes fortunas. Son cientos de miles de hectáreas que podrían destinarse a la construcción de viviendas, con un plan urbanístico integral, créditos baratos para poder acceder a una vivienda digna, que no exceda el 20% de los salarios En ese camino se deben prohibir los desalojos de familias.Este plan de construcción de viviendas debe estar unido a la construcción de nuevas escuelas y a mejorar la infraestructura del sistema de salud. Así como también al desarrollo de servicios básicos para la población. 
Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Vivienda-herencia-K-y-continuidad-Pro

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Las Madres, en plena construcción
19 de julio de 2007

La planta, que montaron con la Corporación Buenos Aires Sur, puede producir paneles para levantar 10 mil viviendas sociales por año.
Por Eduardo Videla

No es fácil de creer que una plancha de telgopor, protegida por dos mallas de alambre y cubiertas por dos delgadas capas de cemento sea capaz de sostener un edificio de tres plantas. Pero ocurre, y las construcciones están en pie, en un barrio de Villa Soldati. Las planchas se fabrican en una planta inaugurada hace menos de dos meses en el barrio de Barracas, gestionada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la Corporación Buenos Aires Sur. Y las viviendas son las que construyen, en el barrio Los Piletones, 300 obreros y obreras que hasta hace poco eran desocupados de ese barrio. “Esto es parte de lo que pensaban nuestros hijos, que trabajaban en los barrios, para que el pueblo tuviera viviendas dignas. Nosotros continuamos ese trabajo social dando capacitación y trabajo genuino”, dijo a Página/12 Hebe de Bonafini, presidenta de la Fundación. (…)

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-88314-2007-07-19.html

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Denuncian penalmente a la Corporación Buenos Aires Sur
6 de mayo de 2016

La demanda corresponde por los delitos de “administración fraudulenta” y “negocios incompatibles con las funciones públicas”. La polémica es por la concesión de terrenos en Villa Soldati para la construcción de una nueva terminal de ómnibus en el sur porteño.

Fuente: http://www.diariopopular.com.ar/notas/191096-denuncian-penalmente-la-corporacion-buenos-aires-sur-

 

 

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Denunciaron venta masiva de tierras públicas en Audiencia Pública de la Legislatura
30 de marzo de 2016

La Audiencia se realizó ayer y el Observatorio de derecho a la Ciudad denunció que la creación, por parte del gobierno porteño, de la Agencia de Bienes S.E. “constituye un avance de la mercantilización de la Ciudad”.

En el Salón San Martín de la Legislatura se llevó a cabo hoy a las 16, la audiencia pública sobre la iniciativa del Gobierno de la Ciudad para crear la Agencia de Bienes Sociedad del Estado. Según el proyecto del macrismo, el ente podrá “coadyuvar a las áreas competentes en la profundización de la política de distritos para el desarrollo de emprendedorismo, la innovación y las industrias creativas, y fomentar la creación de nuevos talentos y capacidades como motores del desarrollo económico de la Ciudad”.

La norma fue aprobada en forma inicial el pasado 3 de diciembre sólo restaba que se escuche a los vecinos (se encuentran inscriptos 137 oradores) para que el proyecto vuelva a sus respectivas comisiones y pueda ser tratado en el recinto, donde deberá contar con 40 votos a favor.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad, integrante de la campaña "Buenos Aires no se vende", denunció que “esta Sociedad del Estado es una inmobiliaria de tierras del Estado con capacidad para vender todos los terrenos y edificios de la Ciudad ubicados al norte de la Av. San Juan”. Esta iniciativa se suma a Corporación Puerto Madero y Corporación Buenos Aires Sur a través de las cuales se han vendido tierras públicas del sur de la Ciudad.

El legislador porteño Patricio Del Corro del FIT-PTS denunció que esta agencia se crea para que se “puedan vender terrenos de la Ciudad sin pasar por la Legislatura y sin obligación de presentar informes de impacto ambiental, ni sociales ni acerca de nada, incumpliendo la Constitución de la Ciudad”.

Desde la Coalición Cívica, la legisladora Paula Oliveto Lago anticipó el voto negativo del proyecto por las “inconsistencias formales”, y aseguró que cuenta con “baches” que la Justicia podría utilizar para declarar su inconstitucionalidad, una vez sancionado.

En tanto, el diputado Marcelo Ramal (FIT) también adelantó su posición en contra y sostuvo que la creación de la Agencia de Bienes “va en la misma dirección que Corporación Puerto Madero y Corporación Sur”. “Replica un modelo político institucional que va a llevar a una completa privatización de las tierras de la Ciudad. Detrás de la fachada se está armando un mega desarrollo inmobiliario”, expresó el legislador.

Según fuentes del oficialismo, el Gobierno porteño mantiene negociaciones con Tiro Federal por la reubicación del lugar y afirman que al tener un “contrato de usufructo”, la iniciativa de relocalizar la institución es viable.

Fuente:http://www.nueva-ciudad.com.ar/notas/201603/25099-denuncian-venta-masiva-de-tierras-publicas.html

En consecuencia, la «impunidad» es medular para caracterizar al capitalismo y sobre todo a su expresión local, periférica. Es prioritario, abajo y a la izquierda, asociarla ante todo con el poder económico a la vez imperialista y transnacionalizador. Es destaparla como «seguridad jurídica» de ese bloque dominante para expoliarnos. Implica continuar profundizando en la percepción generalizada sobre la violencia de la violación de derechos humanos a una creciente mayoría de nosotros, los de abajo. Ponerle fin nos exige expandir el cambio radical sobre qué comprendemos por seguridad y sobre cuáles son los contenidos a darle desde nuestras necesidades y aspiraciones. Ejemplifiquemos rumbos construidos abajo hacia la justicia social:

 

A 2 años de la represión en el Parque Indoamericano
5 de diciembre de 2012

 Justicia por los asesinatos en el Parque Indoamericano

Exigimos tierra para vivienda, NO para negocios

Pasaron ya dos años de la represión que en diciembre de 2010 tuvo como saldo la muerte de Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez, tras el violento desalojo a la toma de tierras más grande que se ha realizado en los últimos años en reclamo de vivienda digna.

El Parque Indoamericano, con las más de 1500 familias que protagonizaron el acampe aquel 6 de diciembre de 2010, desnudó la crisis habitacional y la falta de vivienda que afecta a los sectores más postergados de nuestro país, no solamente en la Ciudad sino a nivel nacional. Frente al reclamo de un techo digno y un pedazo de tierra para poder vivir, la respuesta inmediata implementada tanto por el Gobierno Nacional como por el Gobierno de Mauricio Macri, a través de la actuación conjunta de la Policía Federal y la Metropolitana, fue rotunda: represión, desalojo y muerte.

 

El Indoamericano reveló, a su vez, la cara más nefasta del Gobierno macrista, que promoviendo los valores xenófobos y el desprecio hacia los sectores populares que su proyecto encarna, no hizo más que incentivar el constante hostigamiento a las familias que se mantuvieron en la toma, legitimando el accionar de las patotas que al mejor estilo de fuerzas de choque parapoliciales atacaron en más de una ocasión a las familias que permanecieron en el Parque en reclamo de una respuesta a sus demandas. Tal es el caso del barrabrava de Huracán, Julio Capella, a quien imágenes televisivas mostraron disparando contra las familias en el Parque, y que luego fue sobreseído por el Juez Eliseo Otero, a pesar de la existencia de estas pruebas.

A dos años del acampe en el Indoamericano, las promesas con las que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad sacaron a las familias del Parque luego de varios días de resistencia, no fueron cumplidas. Tras una audiencia que tuvieron los representantes de los vecinos con autoridades porteñas y nacionales, las familias accedieron a desalojar el lugar con el compromiso de los dos Gobiernos de poner “un peso por cada peso que ponga el otro” para solucionar la problemática de vivienda de las familias del Parque Indoamericano. Como una triste y nefasta burla hacia el reclamo de aquellas familias y de los compañeros que allí perdieron sus vidas, hasta el día de hoy ni la Nación ni la Ciudad han puesto siquiera un centavo, y no se ha avanzado en ningún sentido para solucionar esta problemática. Hoy el conflicto habitacional  sigue detonando la exigencia popular con cada vez más fuerza. Por eso exigimos que se cumplan las promesas y los compromisos que los dos Gobiernos tomaron, así como la implementación de un programa integral de vivienda y de políticas que apunten a resolver el problema habitacional que afecta a gran parte de los sectores trabajadores.

 

La única medida concreta que se ha impulsado desde la Nación, inmediatamente luego del feroz desalojo, fue la creación del flamante Ministerio de Seguridad. Nos preguntamos, ¿por qué el Gobierno Nacional, luego de un hecho de estas dimensiones, creó un Ministerio de Seguridad y no uno de Vivienda? Ministerio cuya política principal después, de los acontecimientos ocurridos en el Parque Indoamericano, fue la ejecución del programa Cinturón Sur y el Operativo Centinela, que al mejor estilo de zona militarizada, implementó la presencia permanente de personal de Gendarmería y Prefectura en los barrios de la región sur de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Desde las organizaciones sociales venimos denunciando hace mucho que el problema de la inseguridad y la violencia no podrán tener fin si no se desmantelan las redes de delincuencia que invaden nuestros barrios y cuyos impulsores son tanto la corrupción policial como los aparatos políticos clientelares, entre otros conflictos. Mucho menos podremos combatir la inseguridad si no se solucionan concretamente la falta de seguridad cotidiana que tienen los vecinos en materia de salud, educación o trabajo.

 

El Ministerio de Seguridad cuenta su vez con la dirección de Sergio Berni, quien durante los días en que se desarrollaron los hechos del Indoamericano tenía un puesto dentro del Ministerio de Desarrollo Social, y se encargó de negociar el abandono del Parque por agua y comida para las familias, así como de asediar constantemente a los que allí peleaban por su vivienda con la prepotencia que lo caracteriza. Ese mismo personaje, es hoy la cara visible y alfil principal de la represión institucional del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como lo demostró en agosto pasado, en el desalojo de la autopista Panamericana y el posterior aprisionamiento de cientos de manifestantes en el ex Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo.

 

Pero la deuda más amarga que perdura desde los acontecimientos del Parque Indoamericano es la impunidad y la falta de Justicia por los crímenes y los asesinatos que allí cometieron las fuerzas represivas. A dos años de la causa, no hay ningún avance concreto en la investigación sobre las responsabilidades de la muerte de Álvarez, Salgueiro y Churapuña. El Juez Otero, quien llevaba la causa de los 45 policías imputados por la represión, resolvió a principios de 2012 absolver a todos los oficiales por una supuesta “falta de evidencia”, a pesar de los testimonios, los documentos audiovisuales y las pruebas otorgadas que confirman la utilización de balas de plomo por parte del personal policial. Gracias a la movilización y la lucha de los familiares y vecinos a la Audiencia Judicial de abril de este año, se logró frenar este intento y volver a poner a los 33 policías de la Federal y a 12 de la Metropolitana, de nuevo en el banquillo de los acusados. A pesar de que el accionar de los abogados consiguió la orden de corrimiento del Juez Otero de la causa, ante la falta de designación de la Cámara Alta no se ha efectuado el removimiento definitivo de Otero y mucho menos se ha avanzado en Justicia por los caídos y los hechos ocurridos. Desde las organizaciones acompañaremos hasta las últimas consecuencias a los familiares de los compañeros asesinados y no descansaremos hasta que los responsables tanto materiales como políticos de aquella masacre sean juzgados y condenados.

 

Por otra parte y siguiendo con la línea de impunidad, mientras la causa que investiga los crímenes ocurridos en el Parque permanece estancada, los fiscales porteños Claudia Barcia y Luis Cevasco continúan impulsando una nefasta persecución jurídica a los compañeros Diosnel Pérez Ojeda, referente de la Villa 20 del Frente Popular Darío Santillán, y a Luciano “el Tano” Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa, acusándolos de ser los instigadores de una toma que no tuvo más impulso que el justo reclamo de una vivienda digna. Tanto Diosnel, en su calidad de representante de la Junta Vecinal de la Villa 20 por ese entonces, como el “Tano” Narduli, referente del barrio Soldati, se acercaron a la toma a ofrecer su solidaridad y terminaron siendo, por decisión de las familias, los interlocutores de aquellos reclamos. Fueron los mismos Gobiernos, tanto la Nación como la Ciudad, quienes acudieron a ellos en la reunión que se llevó a cabo en la Casa Rosada para intentar destrabar el conflicto. Sin embargo, los fiscales porteños, con el claro propósito de criminalizar la protesta social y perseguir a los referentes populares, persisten en una acusación que no tiene más pruebas que la intencionalidad política de condenar a los que luchan. Por todo esto, exiguimos el cierre de la causa a los compañeros y el fin de toda persecución política a los que luchan.

Este segundo aniversario de aquella feroz represión nos encuentra nuevamente en la calle, exigiendo justicia y reclamando que se cumplan las promesas que tanto Macri como Critina no han cumplido. Pero también nos encuentra en la calle exigiendo el fin de la entrega del patrimonio público de la ciudad de Buenos Aires, el fin del negocio inmobiliario en desmendro de la solución del problema habitacional de los trabajadores. Hoy también nos movilizamos denunciando que en la actualidad el macrismo, con la aprobación del kirchnerismo porteño, ha impulsado en la Legisltura una serie de proyectos que entregan gran parte del patrimonio de la Ciudad al negocio inmobiliario y a empresas privadas. Denunciamos el acuerdo Pro-K que impulsa el acuerdo con  la empresa IRSA, afectando a los vecinos del barrio Rodrigo Bueno y entregando sus tierras al negocio y la usura inmobiliaria, asi como alertamos sobre el acuerdo de la implentacion del Plan Maestro para la Comuna 8, que facilita el remate del territorio en la zona sur de la Ciudad, incluyendo precisamente una importante porción del Parque Indoamericano.

 

Lejos de una solución al problema de la vivienda, el macrismo en la Ciudad sigue priorizando los negocios por sobre el remedio a los problemas de los habitantes de la ciudad, y todo esto con el aval del kirchnerismo en la Legislatura. Exigimos la anulación de estos proyectos, la implementación inmediata de los Proyectos de Urbanizacion en las Villas que dichas iniciativas ignoran y el fin de la entrega del patrimonio de la Ciudad a corporaciones como IRSA  y a los negocios impulsados en la Ciudad a través de la Corporación Sur.

Por todo esto, seguiremos luchando y exigiendo justicia, asi como la generación de políticas concretas para solucionar el problema de la vivienda. Políticas que sabemos bien que no conseguiremos si no es por medio de la lucha. Es por todo esto que hoy decimos:

 

¡¡JUSTICIA POR LA MASACRE DEL PARQUE INDOAMERICANO!!

¡¡JUSTICIA POR EMILIO CANAVIRI ÁLVAREZ, ROSEMARY CHURAPUÑA Y BERNARDO SALGUEIRO!!!!

¡¡BASTA DE PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN!! ¡¡DESPROCESAMIENTO YA DE DIOSNEL PÉREZ Y LUCIANO NARDULI!!

¡¡BASTA DEL NEGOCIO INMOBILIARIO EN LA CIUDAD Y LA ENTREGA A LAS CORPORACIONES!!

¡¡NO AL ACUERDO PRO-K EN LA LEGISLATURA!! ¡¡URBANIZACION INMEDIATA DE LAS VILLAS!!

¡¡IMPLEMENTACIÓN YA DE UN PLAN DE VIVIENDAS PARA TODOS!!!

ROSEMARY CHURAPUÑA, ¡¡PRESENTE!!!

EMILIO CANAVIRI ÁLVAREZ, ¡¡PRESENTE!!

BERNARDO SALGUEIRO, ¡¡PRESENTE!!!

AHORA Y SIEMPRE!!!Fuente: http://coblabrecha.com.ar/2012/12/a-2-anos-de-la-represion-en-el-parque-indoamericano/

 

 

Con el objetivo de escrutar sobre qué urbanización responde a necesidades y aspiraciones entre los diversos de abajo conviene tener en cuenta a las siguientes reflexiones acerca de la que el capitalismo periférico ha desarrollado y nos rige:

 

 

De la utopía posmoderna a la utopía de la seguridad
Revista Herramienta N° 48/Octubre de 2011

Por Celia Guevara

(…)La relación entre el miedo y la construcción de la ciudad protagoniza numerosos estudios urbanos de la última década. Algunos autores, como Zygmunt Bauman y Mike Davis, muestran cómo la obsesión por la seguridad tiene su traducción espacial en un nuevo apartheid urbano que interesa a todas las ciudades globales.2 Éste es un fenómeno latinoamericano y Buenos Aires no es ajena a él. Ejemplo de esto son las nuevas urbanizaciones de Tigre, donde Nordelta, por caso, se ubica como ciudad satélite de Constantini, y las desigualdades sociales se reproducen entre los nuevos ricos a través, por ejemplo, de sus tres elitistas colegios privados (Northlands, Michael Ham y Cardenal Newman).3

Esta forma de apartheid ha sido comparada con formas de control propias del siglo XIX, cuando frente a los levantamientos del pueblo francés de 1830 a 1848 se transformó el paisaje urbano para mejorar el control y la represión (por ejemplo, abriendo bulevares rectos para deslizar los cañones y las tropas gubernamentales).4 Así como en la París de 1848 Georges-Eugène Haussmann llevó a cabo la expulsión de los artesanos hacia la periferia como forma de prevención del delito revolucionario, de la misma manera la última dictadura militar argentina expulsó a los trabajadores hacia el área suburbana. Sin embargo, la actual proliferación de barrios cerrados no se digita desde los gobiernos, sino que constituye una expresión más de ese capitalismo desorganizado del que habla Bauman, que comienza con el posmodernismo y se expresa a través del miedo urbano, del temor a los levantamientos sociales de desheredados en busca de vivienda y alimentos.

Significativamente, en los suburbios argentinos la proliferación de barrios cerrados tipo countries u otros, crece cerca de las villas miserias, o sea, al lado del peligro mismo. Muchos autores han comparado las nuevas torres, las así llamadas torres countries5, con las torres y murallas medievales, erigidas para defenderse de un enemigo externo (el enemigo externo no era, como podría creerse, sólo el campesinado que se alzaba frecuentemente contra los señores feudales sino también los señores de las ciudades rivales).6 Por otra parte, según Rossi, los artesanos medievales del siglo XIII se organizaban alrededor de los patios internos de las ciudades italianas, pudiendo así protegerse de las flechas de los caballeros –que sólo eran útiles en las largas calles circunvalantes– y defender sus viviendas contra los nobles arrojando piedras y agua caliente desde los balcones. Así, La Boca copia este diagrama urbano medieval que termina resultándole útil a los anarquistas de fines de siglo XIX y principios del XX en sus luchas en la ciudad de Buenos Aires (Guevara, 2004).

Estas nuevas torres representan a ese enemigo interno sólo adivinado o intuido por Aristóteles cuando dice que las formas antiguas son útiles contra el enemigo externo, puesto que son fáciles de defender, mientras que las formas hipodámicas modernas se utilizan para control del enemigo interno. Buenos Aires, como ciudad ideal creada por las Leyes de Indias, responde a esta última forma urbana de Ciudad controlada.(...)

 

La posmodernidad

Sería difícil establecer un límite o una fecha de comienzo al nacimiento de la forma de la llamada posmodernidad, una inauguración en la ciudad. ¿Cuándo empieza ésta? ¿Cuándo se transforma en lo que actualmente pudiéramos llamar deconstrucción? Lo que interesa es cuándo la ciudad comienza a dejar la filosofía de la modernidad y comienza una nueva etapa.

Una hipótesis que sostengo frente al pensamiento de la posmodernidad es la de que sus ideólogos no han podido escapar a la imagen del mundo que los formó, el mundo de las guerras, de la destrucción, de los vacíos tanto espaciales como temporales y afectivos.

De la misma manera en que los griegos para imaginar el cosmos se veían obligados a encontrar referencias en su propio mundo, en su propia ciudad (y no lo contrario, como imagina Platón) y en espacios construidos, espacios que además de conceptos representaban hechos sensibles y apreciables corporalmente, así los pensadores posmodernos deben basarse en su propia experiencia vivida.

Como Anaximandro, que imaginaba la destrucción de los elementos cósmicos en relación a su zona natal de terremotos, en la Jonia, así los posmodernos, ideólogos de la destrucción y la desesperación, han sido formados en el resultado de las guerras y de la destrucción y sus consecuentes vacíos. Así como para los griegos primitivos la destrucción de sus ciudades por terremotos influía en su posición filosófica, dando a luz concepciones de un Cosmos destruido por cataclismos celestes (los elementos se hacen justicia unos a los otros), los filósofos de la posmodernidad no han podido escapar a una imagen de destrucción, consecuencia de las guerras, que afectó su imagen cósmica y les llevó a una concepción desencantada de la existencia donde lo que priman son los vacíos dejados por las bombas o las matanzas. Vacíos entonces, de nuevo, espaciales, temporales y afectivos.

Que esta filosofía coincida con el desarrollo de la ciencia, que a los vacíos se sume el concepto de lo fragmentario (matemáticas fractales) o del caos (teorías del caos), no hace más que confirmar la posición ambigua de la ciencia en el desarrollo social. Esta forma de desarrollo ha creado por un lado los no lugares y, por otro, los lugares aislados, fragmentados, separados del contexto general de la ciudad.

La estrategia económica, por su parte, es reforzada por esta situación urbana (Zaera, 1994) según mecanismos de desplazamiento temporal que permiten convertir el capital fijo en capital móvil (Harvey, 1985) o de desplazamiento espacial que permiten abrir nuevos espacios de crecimiento para la absorción de los excedentes de producción (infraestructura, transporte, investigación tecnológica, mano de obra). Todo esto es utilizado para resolver las crisis de acumulación de plusvalías. Es decir que las crisis del capitalismo son absorbidas por medio de la reestructuración constante del espacio. Esta compleja situación económica es acompañada por una estética de la fragmentación y del caos espacial.

Si esta estética del vacío, del abandono y del caos se corresponde con los desastres de las guerras, importa saber a qué guerras corresponde la situación caótica de nuestras ciudades en Latinoamérica. En Argentina, y particularmente en Buenos Aires, la estética de la nueva modernidad ganó la ciudad coincidiendo con los años del horror (Guevara, 2001).(...)

 

El enmascaramiento

(...)La negación de la realidad, la aparición de una realidad nueva ilusoria en la ciudad tiende a desplazar la memoria del sujeto. No se trata de leyendas ni de una desfiguración histórico-social: esas realidades han sido deliberadamente destruidas.

En Buenos Aires, el enmascaramiento, el disfraz de limpieza urbana, servía para tratar de convertirla en lo que no era: una ciudad del Primer Mundo.

Es interesante anotar que al mismo tiempo la estética de la deconstrucción se apoya en las teorías del caos cósmico, mientras que los gobiernos militares basan sus depredaciones en una ambición de orden ciudadano y social.

No casualmente, la libertad urbana o arquitectónica que se demanda se basa en la simulación. Este proceso de enmascaramiento llega en la ciudad, es decir, a escala urbana, a la negación de la desigualdad, de la pobreza como evidencia y como parte del paisaje urbano. En Buenos Aires la expulsión de las clases más desposeídas de la ciudad hacia el llamado conurbano en los años de la última dictadura militar, coincide con la vigencia del enmascaramiento como estética. Así la categoría del excluido, o sea, del enmascarado o inexistente, se une a la forma estética de la negación.

El enmascaramiento en la ciudad, es decir, la creación de un relato ficcional (que tuvo su auge en los años noventa, pero que se prolongó hasta la actualidad) donde el tiempo y el espacio no existen y la realidad se deforma, coincide con las formas míticas de la política, aparece el travestismo político y los personajes cambian de bando y de ideología sin el menor escrúpulo. De allí también el peligro de estas formas ficcionales.

La estética de la destrucción, la fragmentación y la falta de nexos colaboran en la política urbana del olvido, la negación de la historia y de la identidad coincide con la negación de los crímenes sociales.

 

La fragmentación

Para el historiador Nicolau Sevcenko (citado por Laurent Vidal, 1994), la ciudad de los noventa se comprometía en tres procesos de fragmentación: la de los individuos, la del tiempo y la de la percepción del espacio. De allí el peligro, dice Vidal, de que el proceso de fragmentación disimule la conciencia urbana y haga perder las referencias a la historia de la ciudad, la memoria del lugar.

En realidad este concepto de fragmentación desde el punto de vista económico acepta la noción de grupos que no participan ni de la producción ni del consumo, que no son ni siquiera marginales sino excluidos. Esta nueva categoría, la de exclusión, nos propone una nueva forma de analizar la sociedad. No se trata ya del ejército de reserva sino de un porcentaje de población que puede llegar a morir sin haber pertenecido a la historia social en su producción o su consumo.

El traslado forzoso de los sectores de menos recursos de la población de la Capital Federal argentina se produjo entre 1978 y 1980, respondiendo a un plan llamado “Erradicación de villas de emergencia”. Los grupos familiares podían optar entre volver a su lugar de origen o trasladarse a áreas determinadas del Gran Buenos Aires. Al ser distribuidos en terrenos propios

los villeros erradicados perdieron las ventajas, tanto económicas como sociales que se obtienen viviendo agrupados en una villa, cuya distribución espacial permite adoptar a sus habitantes formas de organización más ventajosas que si viven separados en terrenos cuya distribución y tamaño había sido decidido por compañías inmobiliarias (Bermúdez, 1985).

Es la relación espacio-tiempo la que otorga territorialidad a un territorio específico en donde el desalojado-rearticulado pierde relaciones sociales construidas a lo largo de sus tiempos personales, relaciones laborales, sindicales, familiares, políticas, de educación, de vivienda, de salud, de vida.

De esta manera el Gobierno militar recreó el área metropolitana. Es evidente que a partir de estas expulsiones (no sólo de las villas sino también de conventillos e inquilinatos, como prueba la gran disminución de la población de La Boca) se produjeron graves fraccionamientos sociales y, tal vez, también políticos, según se desprende de algunos estudios sobre el tema.

Es interesante anotar que mientras que en otras ciudades de Latinoamérica la fragmentación se produce a partir de cambios económicos relacionados con formas de mercado y de circulación, en Buenos Aires estos cambios fueron llevados a cabo por los sectores más ignorantes del país en forma de Planes, produciendo deliberadamente en la realidad rupturas, vacíos y discontinuidades en el tejido social que llevará años reparar, si es que algún día esta tarea puede emprenderse.

Dice Paolo Sustersic (2010), a propósito de las ciudades orientales y las transformaciones del posmodernismo:

Se ha discutido si este proceso, el posmodernismo, ha sido fruto de lógicas exógenas como la globalización o más bien de dinámicas internas. John Friedman sostiene que los factores internos jugaron un papel clave en el desarrollo de un proceso guiado inicialmente por el mismo poder, aunque con evidentes estímulos procedentes del contexto internacional.

Es evidente que lo propio ha sucedido con nuestros países y que no todo obedece a los efectos de la globalización.

La interpretación tiene que ser más compleja y convocar otros factores determinantes de la condición de la posmodernidad.(...)

 

Ésta es la utopía que prevalece en nuestras urbes en el último decenio y podemos observar que los vacíos urbanos que dejaron la destrucción de la guerra y sus correlatos afectivos fueron llenados con miedo y exclusión para prefigurar el urbanismo del siglo XXI, el urbanismo desorganizado y privatizador.

Si recorremos una parte de nuestro suburbio, por ejemplo, la estación Victoria, en el Ferrocarril Mitre, veremos los vacíos posmodernos de los terrenos del ferrocarril, la exclusión de la villa miseria y otras villas más pequeñas y, al mismo tiempo, los barrios cerrados, con sus altas murallas y sus guardias armados, más allá el llamado Barrio Crisol, formado por una clase media muy empobrecida y caminando hacia la costa aparecen los cambios de status hasta llegar al Tren de La Costa y las mansiones costeras defendidas por sus propios guardias.

En este sentido es interesante analizar las transformaciones vividas por la ciudad de Barcelona. Daniele Porretta hace una descripción de los cambios producidos en la ciudad, que luego sirvieron de modelo para el Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires, y Josep Maria Montaner hacía notar cómo esta primera etapa del modelo barcelonés se cerraría en octubre de 1986 con la nominación de la ciudad como sede de los Juegos Olímpicos, momento éste que habría supuesto un significativo cambio de ritmo, de escala y de contexto que afectaría la trasformación de la ciudad. Este cambio de escala en los proyectos necesarios para la realización del evento habría significado para el ayuntamiento tener que negociar con grandes ope­radores económicos para financiar las obras necesarias, descuidando las reivindica­ciones populares y los procesos de participación que habían caracterizado las políticas urbanas durante los años ochenta. Es a partir de este momento que empezará a construirse un espacio público totalmente distinto del que había caracterizado la transformación inicial de la ciudad. La Villa Olímpica ofrece un ejemplo significativo de este cambio profundo “hacia una privatización y vaciado del espacio público, ya que una parte de las calles interiores, pasajes y centros de manzana, que figuraban como tales en el proyecto, han sido progresivamente privatizados”.13

Este proceso de privatización de la calle y de la plaza, bien a través de barreras físicas, bien a través de la vigilancia o de la implantación de una serie de mecanismos que actúan como filtros, se fue desplazando también a otros barrios de la ciudad. Por ejemplo, se podría recordar el cerramiento de Roma 2000 o los rascacielos de Diagonal Mar, verdaderas fortalezas verticales. La tendencia a cerrar los espacios públicos se ha extendido también a distritos históricos y consolidados como el ba­rrio de Gracia. Esta actuación urbanística fue razón de numerosas polémicas.

Leemos este comentario, sin autor, sobre el tema tratado por Portea en el número de 2010 de la revista de crítica arquitectónica DC: 

Barcelona es una ciudad ejemplar de este proceso. Hay ejemplos que se pueden constatar con facilidad como el barrio de lujo Diagonal Mar, una operación inmobiliaria de la compañía Hines de Texas que se ordena como un conjunto de torres hiperprotegidas, rodeadas de espacios verdes y calles a los que se ha vaciado de contenido urbano. A partir de las últimas horas de la tarde el barrio es abandonado por sus únicos habitantes visibles, los empleados de las oficinas y queda sin vida aparente. A poca distancia de éste, se encuentra el ‘Parc de Poblenou’ de Jean Nouvel, un importante arquitecto francés, un espacio cerrado y rodeado por un muro, un ‘parque de concentración’ según las palabras de Josep Maria Montaner, arquitecto catalán. También se verifican preocupantes políticas públicas en la inauguración de nuevas plazas ‘cerradas’, como la del barrio de Gracia dedicada a ‘les dones del 36’. Un espacio rodeado por una alta valla de acero y de acceso restringido. En este caso, la excusa de la construcción de una plaza semi-privada, sirvió sin lugar a dudas para justificar el alto precio de las nuevas viviendas de lujo que la rodean.

La imagen que nos aparece inmediatamente al leer ambos textos es la de Puerto Madero, en Buenos Aires, un barrio de privilegio, habitado por nuevos ricos y funcionarios, que, sobre todo en el área de hábitat, no permite ninguna novedad arquitectónica ni aspecto de vanguardia, siendo sus calles muy semejantes a las de La Recoleta pero mucho menos elegantes. La sensación carcelaria que da este conjunto, con sus calles desiertas y sus ventanas cerradas recuerda la descripción del artículo citado.

Puerto Madero no constituye un barrio cerrado físicamente, lo es simbólicamente puesto que pone el último candado a la exclusión ribereña para los habitantes comunes de Buenos Aires, exclusión que comenzó a finales del siglo XIX, con la construcción del puerto y la inhabilitación del Puerto Huergo en el Riachuelo.Pronto tendremos en La Boca a los émulos de ese Puerto Madero que, con sus torres, impide el paso de las brisas ribereñas y el disfrute de los habitantes de su río. En La Boca, desde los años noventa, se alzó un murallón de 2,50 metros de altura que separa a los habitantes de la costa e impide la entrada de las brisas en un lugar tan aquejado por la contaminación del Riachuelo. Por otra parte, la figura de parque de concentración que se cita en artículo de Porretta sobre Barcelona, nos recuerda también el enrejado de las plazas ordenado por Jorge Telerman antes de dejar su cargo como Jefe de Gobierno porteño, orden que, aunque resistida por la ciudadanía en general, fue impuesta en toda la ciudad. Son otros muros, como el de Berlín, pero que no separan regímenes sino clases y que responden al miedo social.

Bibliografía:(...)

Artículo enviado especialmente por la autora para su publicación en Herramienta

Fuente:  http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-48/de-la-utopia-posmoderna-la-utopia-de-la-seguridad

 

 

Con el objetivo de seguir escudriñando en la urbanización que el capitalismo nos ha impuesto y refuerza con los oligopolios adueñados de los servicios públicos y con los desarrolladores apropiados de las ciudades mirando ambos por sus respectivas rentabilidades extraordinarias, veamos cómo se complejiza este problema clave a la vida humana. Pero, al mismo tiempo, esta complejidad da pie a articulaciones posibles de luchas como hallamos en:

 

 

 

El ocaso metropolitano, archipiélagos, desmesura y exclusión

Revista Herramienta N° 48/Octubre de 2011

Por Silvio Schachter

(…)El síndrome de la multitud

Las migraciones que durante décadas sostuvieron el modo de producción fordista, mutaron producto de la flexibilización y la estratificación laboral y se han convertido en mareas, un sedentarismo nómade, que acumula población precarizada y la confina en barrios de extrema pobreza.

Cambios climáticos, contaminación y desertificación, nuevos modos de producción y la destrucción de las economías locales y regionales, han acelerado las migraciones rurales. Sumadas a las migraciones interurbanas motivadas por la economía de escala y los nuevos roles de las grandes ciudades como nodos productivos financieros y de servicios que determinan la jerarquización de unas y la desaparición de otras, dan por resultado un crecimiento explosivo que ha desbordado las metrópolis hipertrofiando todo su funcionamiento, un big bang en permanente expansión con una topografía de lugares que esconden lugares.

La superficie de lo urbano se ha extendido en un continuo irregular, integrando núcleos heterogéneos, insuficientemente abastecida por una infraestructura de carácter selectivo, absorbiendo espacio rural, combinando formas de producción de hábitat informal con proyectos inmobiliarios de alto impacto.

Por efecto gravitacional, aldeas, pueblos y localidades son subsumidos en enormes tramas dentro de los cuales se vuelve compleja la delimitación entre ciudad, área o región. Sin registro alguno del fenómeno, el plano jurisdiccional define divisiones administrativas que las fracturan en unidades arbitrarias de diferentes escalas, complejizando la interpretación de una geografía que no puede ser pensada como un puzzle.

De las megalópolis de más de diez millones, el 90% corresponde a los países llamados periféricos. En 1950 la ciudad de San Pablo tenía 2,5 millones de habitantes y México 3 millones, hoy ambas superan los 20 millones. Río de Janeiro, Buenos Aires, Belo Horizonte, Lima, Bogotá, Caracas o Santiago han crecido en proporciones semejantes. En Latinoamérica, el 20% de sus habitantes, 110 millones, viven en 10 regiones metropolitanas.1

Este crecimiento no sólo es estadística numérica, cambió los parámetros estructurales y morfológicos, generando un aumento de los costos económicos, sociales y ambientales. Ninguna hipótesis como no fuera en el campo de la ciencia ficción imaginó la ciudades con esta dimensión y complejidad.

Ante la magnitud de una progresión que es persistentemente desbordada, políticos, técnicos y gestionadores del Estado han abandonado toda pretensión de planificar eldevenir de las metrópolis; los sueños urbanísticos de la modernidad se han desvanecido dando paso a una estrategia de ataraxia, acotada a la inmediatez de navegar en la crisis. El proselitismo elude el debate; si bien los diagnósticos son concluyentes, no se registra terapia alguna para revertir la patología de este gigantismo: el recurso es ignorar la anomalía.La defensa de la gobernanza y el control sobre el espacio, construidos sobre la hipótesis de comportamientos previsibles, colisiona con el desorden producido por la incesante búsqueda de maximización de la renta urbana, la especulación inmobiliaria, el crecimiento migratorio, la destrucción del espacio público, los fenómenos de segregación y fragmentación, la violencia, el déficit habitacional, la ampliación de los tiempos de desplazamiento y el impacto ambiental.

 

Este cuadro no encuentra respuesta en las políticas que definen prioridades poco relacionadas con la esencia de estos conflictos; en consecuencia, la mayoría de las acciones en lugar de responder a la crisis, la reproducen, ampliándola y generando una nueva espiral de contradicciones. La acciones a corto plazo, las micro intervenciones o los trabajos de costura, por más creativos que se presenten, no logran avances sustanciales dados los límites que encuentran en el modelo social vigente. La metrópolis es síntoma y patología, alegoría y escarnio del ocaso de un modo de producción del hábitat. Paradigma de la creación capitalista, es también símbolo inequívoco de su decadencia.

 

Agarofobia

El nexo entre lo público y lo privado se ha quebrado, las experiencias sociales propenden a disgregarlo, los lugares abiertos se consideran incontinentes, desprotegidos, aventurados, solo destinados a transitar, configuran un área excedente dentro del damero edificado.

La idea de salir a pasear de a pie, de observar escenas familiares a través de las ventanas, de compartir la vida, que durante décadas simbolizó un atractivo de la urbe moderna, está cuestionada por una ciudad plagada de muros materiales y simbólicos. Las calles son visualizadas como zona de riesgo, hostilidad y peligro, un paisaje minado de amenazas las transformó en un ámbito cargado de negatividad y rechazo; el lugar de intercambio a escala vecinal y barrial se transformó en una mera cinta circulatoria, simple senda viaria. El abandono de las calles, de los lugares abiertos e irrestrictos, su degradación o desaparición, significa aceptar la vida sin socialidad física, cada vez más refugiada en el universo virtual, el texto sin el cuerpo.

La agorafobia es el síntoma de una elite que se niega a compartir lugares sin su control; de esta patología están exentos aquellos que sienten la ciudad como pulsión vivencial y necesitan interactuar en un ambiente colectivo, para la acción y la comunicación, como un sitio que da visibilidad política a las relaciones humanas.

El sentido común que ha relacionado el espacio público con la administración del Estado y a éste con su degradación, ineficiencia y corrupción, conformó el sustrato que impuso la lógica de la mercantilización de todo terreno rentable. De esta manera, es persistentemente erosionado para apropiarlo con la retórica de la puesta en valor, valorización que practica la demolición en nombre del progreso y preserva lo antiguo para la industria cultural y el turismo.

Perdido el espacio comunitario, el imaginario se ha vuelto hacia el interior, protegido por una nueva taxonomía de rígidos códigos, organiza la existencia de sus habitantes con normas que estructuran el territorio en base a patrones de diferenciación social y de separación, de inclusión y exclusión. Estas reglas indican cómo se interrelacionan los distintos grupos sociales y acompañan un fenómeno de mundialización donde la frontera tiende a desaparecer en el Estado nación y se reconstruye en su interior.

En toda Latinoamérica, la tendencia a la suburbanización en nodos aislados o a buscar refugio en verticales babeles de condominios autosuficientes, abandona el ideario de ciudad que pretendía superar su matriz colonial, copiando el patrón europeo, compacto y monocéntrico, para volcarse al modelo estadounidense de ciudad dispersa, difusa, marcada por el autoaislamiento electivo de las elites, creando un hábitat estratificado, con una jerarquía piramidal que se homogeniza horizontalmente conforme al nivel de ingresos.

La fragmentación alienta la discriminación y la exclusión, implica el abandono de la posibilidad de un ejercicio democrático e igualitario que es reemplazado por un mundo de espacios encriptados al cual se accede a través de la competencia social en lugar de la cooperación y la solidaridad.

El adentro y el afuera se definen como lugares antagónicos, separados por barreras estrictamente custodiadas, lo cual va configurando una conducta ostensiblemente agresiva y de sospecha a lo diferente.Las elites se encierran en condominios, barrios cerrados, centros comerciales y de recreación, construidos fuera de todo tejido histórico, en ámbitos anémicos, sin memoria, rodeados de parapetos ciegos, que impiden mirar y ser mirados desde el exterior, con una arquitectura clonada que produce la sensación de estar siempre en un lugar conocido, pero al mismo tiempo de no estar en ninguna parte. Celebran la fantasía de vivir sin riesgo en un crucero, su ideal turístico, sin amarras locales, de ser parte de un cosmopolitismo empobrecido por la rutina de rituales circulares y previsibles. Solo quieren ver su imagen reflejada en el espejo, no se atreven a romperlo porque niegan la realidad que los mira desde el otro lado.

Al contrario de la distribución zonal, donde la localización establecía la proximidad geográfica de grupos sociales diferentes e incluso la posibilidad de una franja de convivencia y transición, la actual reorganización de las relaciones espaciales se basa en la reducción drástica de las intersecciones entre ricos y pobres. Las clases privilegiadas transitan velozmente en medio de una escenografía detrás de la cual nada parece existir. El movimiento se produce en una topografía dual, donde cada capa es reservada para un estrato diferente, cada cual funciona con sus tiempos y ritmos, en total asimetría.

La división socioespacial revela cómo las clases hegemónicas escogen y legitiman la opción de este mecanismo que cristaliza las relaciones entre los que pertenecen a segmentos socioeconómicos diferentes, construyen mecanismos de control y coerción, para que esas relaciones permanezcan. Ello conlleva a reivindicar una pertenencia a ese espacio de intramuros como una conquista merecida sobre quienes en extramuros pueden amenazar su burbuja de privilegio, fortaleciendo el rechazo a la heterogeneidad a favor de grupos de cohesión asfixiante.

Una matriz de alejamiento más que de proximidad, de sospecha preventiva más que de confianza, se extiende al conjunto de los vínculos sociales. La vocación por el enclaustro elimina la capacidad de experimentar nuevas relaciones y ejercer una de las cualidades esenciales de la actividad humana, cuestionar las condiciones existentes.

En la región metropolitana de Buenos Aires, más de 1.000 barrios cerrados se desarrollaron con el aporte de un Estado condotiero, que con legislación favorable e infraestructura vial, coparticipó en la mayor transformación urbana realizada en su territorio, operación consumada al margen de cualquier debate o reflexión sobre su impacto y consecuencias sociales, físicas y culturales, generando una mudanza cuyas consecuencias serán difíciles de revertir y tendrán una gravitación perdurable.

Los countries, como componente emblemático de los gated communities, del circuito de enclaves homogéneos, son espacios de producción de pautas, prácticas sociales y culturas que configuran diferentes grupos de pertenencia y estatus. Sus residentes representan el triunfo de un perfil de ciudadanía restringida, patrimonialista, que pone la seguridad por encima de todo principio de equidad y libertad, donde el estándar dominante es la diferenciación; en ellos, como señala D. Harvey, se impuso el principio de comunidad excluyente.

El espacio cerrado aparece como una situación buscada, deseada y por tanto como una forma de valorización. El miedo manipulado por mediadores sociales se transforma en objeto mercantil; para quienes optaron por la fuga, protección es sinónimo de buen vivir, el abandono de la ciudad es presentado como una superación que se afirma en la negación y estigmatización de la ciudad plural y heterogénea, la transforma en un simple apéndice exterior. Una nueva generación nacida en un mundo de escallas desconoce por completo el afuera y lo avizora como un océano de peligros, crece cargada de temores, desconfianza y restricciones, cimentadas bajo la tutela de adultos que les niegan la posibilidad de toda vivencia ciudadana. Transida por prejuicios, animosidad y beligerancia, es incapaz de cualquier alteridad, alimenta el odio de clase, racial y xenófobo, la arrogancia elitista y la justificación de privilegios.

La acumulación de prevenciones, conductas y medios defensivos, al contrario de ofrecer reparo y tranquilidad, han aumentado las patologías de pánico y paranoia que afectan a la población, sin distinciones de edad o género, y registran índices de evolución permanente.

La polarización, adentro-afuera, seguro-inseguro, rico-pobre, nuestro-ajeno, se traslada mecánicamente a la ecuación legal-ilegal, en la lógica del mercado: quien no es consumidor es sospechoso.

La posición de extrañamiento y alienación socioespacial cultiva una interpretación basada en la autosuficiencia jurídica y policial; el único referencial político es la gobernabilidad, garantizar que lo extrínseco no se salga de control, reforzando los procesos de segregación y aislamiento forzado de los pobres: el carácter especulativo y rentista de la tierra urbana, junto a los procesos de gentrificacion2 y relocalización los empuja a los espacios más degradados. Un orden dual contiene a ricos auto-segregados y pobres segregados y tracciona como fuerza desintegradora el tejido citadino en una batalla asimétrica por el espacio.

 

Entre muros

La segregación tiene representaciones físicas contundentes, desde 1970 el mayor crecimiento poblacional del planeta fue absorbido por las comunidades marginales de las metrópolis del tercer mundo. Cité du soleilen Haití, Nezachalcoitza en México, Cono sur en Lima, Libertador en Caracas, Aguas blancas en Cali, el Sur-Ciudad Bolívar en Bogotá, Rocinhaen Río, Vila Heliopolis en San Pablo albergan desde decenas a cientos de miles de personas. El fenómeno no es endémico, recorre todas las latitudes, Ajegunle en Lagos, Nigeria, Soweto en Sudáfrica, Ciudad de los muertos en El Cairo, Pikine en Dakar, Dharvi en Mumbay o Kibera en Nairobi, son algunas de las más significativas por tamaño y condición. “No hay nada en el catálogo de la miseria victoriana narrada por Dickiens, Zola o Gorki que no exista en algún lugar de las actuales ciudades del Tercer Mundo.” (Mike Davis 2008: 185)

La favela, la villa, el slum, son presentados como un espejo invertido de la civilización, la cara opuesta a los deseos de una ciudad bella, limpia y ordenada. Estar domiciliado allí es un estigma y de hecho alcanza para ser clasificado vago o delincuente, es condena a la invisibilidad. Sus casas nunca son consideradas residencias fijas, son provisorias como sus habitantes.

La presentificación de quienes no forman parte de ningún proyecto, porque no tienen otro futuro que no sea la inmediatez, los condena en el mejor escenario a políticas prebendarias y clientelares, contradiciendo las definiciones habituales; para los pobres el espacio urbano nunca es gratuito, incluso el más precario. Su hábitat queda congelado, es punto de partida y llegada. El resto de la sociedad no los considera parte de su existencia colectiva, su territorio nunca es reconocido como parte de la polis, no es lugar de ciudadanía.

 

La línea de pobreza, que sólo equipara la pobreza con los bajos ingresos, ignora y oscurece las dimensiones simbólicas, las características específicas de los procesos de marginación y la cadena de eventos y condiciones que conducen a los procesos de exclusión social.” (Loic Wacquant, 2000: 93)

 

El estereotipo discriminatorio considera el territorio de los pobres como área de riesgo y nutriente principal de la actividad criminal, albergue habitual de sujetos peligrosos llevados al crimen por vocación, desidia o abandono. Aunque no se explicite su relación con la pobreza, es muy difícil no asociar pobreza y amenaza. Cuando se hace referencia a un lugar, villas y barrios pobres de modo explícito son considerados zonas de concentración y hábitat natural de delincuentes; todo aquel que vive allí es estigmatizado como habitante de un territorio sin control, promiscuo, sin familia, ni autoridad, por tanto es justificadamente segregado. Esta interpretación expresa de forma particular una mayor tolerancia con la aplicación de la violencia, la limpieza social y racial en los barrios de clases altas y medias y la militarización de los barrios marginales, práctica común de los gobiernos de las principales ciudades.

El adjetivo violento tiene carácter ideológico y sirve para definir al otro. Los medios generadores de pánico moral nunca presentan el suceso como un caso aislado, configuran al enemigo como un ser anónimo y sin voz y a la víctima como alguien con quien es fácil identificarse. El resultado se puede leer en un mapa donde se verifica que la violencia no se distribuye de forma igual en el espacio urbano: es una forma de desigualdad social, son los habitantes precarizados, que viven en los sitios vulnerables, quienes sistemáticamente sufren la violencia letal; particularmente niños y jóvenes son los más victimizados, el aparato represivo del Estado los tiene como principal objetivo y actúa diferenciando claramente la punición de acuerdo al sitio donde se produce y quién es la víctima.

En Brasil, de las casi 40.0000 muertes por homicidio por año, el 90% son jóvenes, el 80% pobres y negros, y víctimas de la policía, un 60%3. El informe de la Correpi para la Argentina entre 1983-20094 presenta similares estadísticas, que encuentran paralelos en casi todos los países del continente. Un axioma inequívoco determina que siempre el gatillo fácil actúa donde la vida es más difícil.

 

La arquitectura del miedo

La búsqueda de seguridad es una obsesión universal. La inseguridad se usa como categoría para definir la realidad, es sección fija mediática, dejó las páginas especializadas para ser primera plana, es problema prioritario de la agenda política y recurso electoral por excelencia. La guerra de información masiva, concepto de Paul Virilio, ha cambiado el sistema de representación del delito en los medios. Televisión, periódicos y portales de internet tejen una trama sin fin de datos, situaciones y noticias, donde las imágenes de violencia criminal, accidentes de tránsito y catástrofes naturales son relatados por comunicadores del horror para prevenirnos sobre lo que nos espera al salir de nuestra casa o aun si permanecemos en ella.

La vivencia del miedo corroe todas las formas de pensar y habilita las respuestas más irracionales, donde todas las prevenciones siempre son insuficientes. Obsesivas y contagiosas conversaciones sobre la inseguridad conforman una opinología sin fundamentos reflejada en el lenguaje que habla sobre violencia; como señala la antropóloga Alba Zaluar, la fala do crime establece distancia y carga de sentido las barreras físicas y los reclamos represivos. Una cultura paranoica de la protección se alía con nuevas reglas de distinción, para aislar los espacios públicos y separar más abruptamente a los sectores sociales. La mecánica de analizar el mundo a través de distintos tipos de amenazas produce una continua vigilia para la detección de peligros y la evaluación de probabilidades adversas.

La arquitectura del miedo escapa a toda razón y se transforma en cultura del absurdo; la sociedad, en un período relativamente corto, adaptó sus conductas y aceptó un sinnúmero de medidas y objetos que han ido incorporándose a sus hábitos cotidianos y costumbres familiares. El hábitat ha sido rediseñado con una estética del temor, que, cada vez más naturalizada, invade todos los actos, modifica el entorno y los recorridos urbanos que son seleccionados en base a códigos de seguridad.

El paisaje ha cambiado al dividirse en zonas seguras e inseguras, lugares con resguardo o desprotegidos, antinomia que define el linde entre lo confiable y lo peligroso. Espacios vigilados, cámaras de video, guardias civiles, tarjetas de acceso, detectores de robo en prendas y objetos se imponen como necesarios, sin meditar que la aceptación de estos controles valida la universalidad de la categoría de sospechoso. Un verdadero ejército de guardias privados que supera en número a los efectivos estatales y que actúa fuera de todo control ha privatizado el poder de policía.

En los ochenta, Londres inicia la práctica de monitorear con videos las protestas sociales generadas por las políticas aplicadas por el gobierno de Margaret Thatcher; luego, con la retórica del crimen, esta tecnología se consolidó como un método de control permanente. En la actualidad, más de diez mil cámaras en toda la capital inglesa permiten que quien recorra sus calles pueda ser visto hasta 200 veces en un mismo día. En agosto de este año, los violentos incidentes en sus barrios pobres, donde la desocupación juvenil alcanza el 23%, demostraron la vocación punitiva y el limitado efecto preventivo de los mil ojos de la tecnópolis del pánico.

De este panóptico del nuevo milenio, que supera cualquier distopía orwelliana, participa un ejército de centinelas anónimos que avasallan todo derecho a la intimidad: cuanto más introvertida y ensimismada está la sociedad, mayor es su grado de exposición.

Esta práctica de control tecnológico es asumida por casi todas las metrópolis, es valorada como una conquista en la estrategia de prevención y se extiende a edificios públicos y privados, colegios incluidos. Con la incorporación de señales de televisión se va tejiendo una red de paranoia colectiva donde todos pueden vigilar a todos.

 

Respiración artificial

La ciudad es un ambiente absolutamente artificial, incluso sus espacios verdes son una domesticación de la naturaleza, pues no forman parte de un ecosistema, por tanto toda su actividad implica impactos sobre el ambiente natural; cuanto mayor y más compleja es la urbe, mayor es la conmoción producida. El desequilibrio entre el ingreso de energía y la salida de residuos líquidos y sólidos crea un deterioro con el entorno que crece sin pausa.

Las regiones metropolitanas dependen de un vasto sistema de recursos, muchos de ellos no renovables; la demanda de insumos naturales consumidos para su funcionamiento deja una huella profunda de magnitud y consume energía a una velocidad que la naturaleza no alcanza reproducir; la lógica del crecimiento destructivo impuso su predadora racionalidad instrumental. El cambio climático, la megaminería, la sojización, los desechos industriales, los residuos urbanos, los agroquímicos que degradan y contaminan la tierra y los cauces hídricos, ponen en estado crítico la salud del planeta y alimentan una crisis ambiental sin retorno. La polución del aire, la contaminación sonora y visual, las aguas servidas y la basura se multiplican de manera incontrolada y desbordan cualquier predicción.

La sociedad del automóvil sintetiza el arquetipo epocal de un estilo de vida; transporte individualista por excelencia, símbolo inequívoco de irracionalidad, ha ido rediseñando la vida urbana y suburbana. El área destinada a circulación y estacionamiento alcanza el 30% del uso del suelo, es el principal generador de monóxido de carbono, polución auditiva, consumidor de energía no renovable e insumos no reciclables, principal causa de muerte violenta, generador de stress, tensión y estratificación. Nada pone en cuestión su existencia y su aumento permanente; al contrario, los índices de crecimiento económico toman la industria automotriz como referencia positiva.

Catástrofes ecológicas sin precedentes se producen regularmente en el transporte de petróleo, necesario para sostener la sociedad del automóvil. La producción de biocombustibles destina una parte de la capa más fértil del planeta a mover autos en lugar de responder a la crisis alimentaria mundial.

Su uso intensivo no es solamente propio de los países centrales; las urbes latinoamericanas están entre las más conflictuadas por su utilización desenfrenada: San Pablo, Río de Janeiro, Caracas, México DF y Buenos Aires laten al borde del infarto al ritmo de un tránsito cada vez más congestionado. El absurdo de ensanchar caminos y autopistas es como enfrentar a la obesidad cambiando de talle.

El transporte público, deteriorado o insuficiente, sigue patrones configurados para otro tipo de sociedad; en pequeñas y medianas ciudades desaparece sepultado por la lógica de la rentabilidad. En las metrópolis, la densidad del tránsito, la saturación viaria, la necesidad de movilidad entre los destinos laborales y habitacionales cada vez más alejados entre sí, generan un cuadro caótico que consume horas de vida y tiempo laboral no remunerado. Los trabajadores deben destinar una carga horaria, que representa del 20 al 50% de su jornada, a trasladarse en condiciones de precariedad y mal trato en recorridos cada vez más extensos, saturados y hostiles. En horarios de máxima demanda su uso se vuelve imposible, condenando a los sectores más vulnerables de la población a la inmovilidad y al aislamiento forzado. En la Argentina, en los últimos treinta años la cantidad de pasajeros del transporte público descendió de 67% a 42%, mientras que el automóvil aumentó su participación del 16% al 38%.

El concepto “desarrollo urbano” es usado sin mayores reflexiones, asociado al concepto de modernización, sin tener en cuenta los costos ambientales, sociales y la repartición desigual de esos costos entre clases y grupos sociales.

Sin subestimar los aportes realizados para la integración del hombre con el medio ambiente y las ideas acerca de la reestructuración urbana hacia una ciudad ecológica, el desarrollo sustentable agota su propuesta frente a una problemática que es más social y política que técnica.

El funcionamiento de una ciudad como un sistema cerrado autosuficiente, generando su propia energía y reciclando sus propios residuos es irrealizable, entre otras múltiples razones por el modo de producción de un capitalismo flexible y especializado, cuya localización productiva es global y no puede ser controlada en una sola geografía. El promocionado experimento de reproducir la vida en un ecosistema cerrado, la Biosfera 2,5 término en un fiasco.

El fracaso de las conferencias de Kyoto6 y Copenhague7 muestra los límites de quienes apuestan a un capitalismo sustentable. La idea delsame boat (todos estamos en el mismo barco) licúa y equipara autorías y abona una nueva forma de dominación que atribuye a las corporaciones, a los gobiernos y a la elite científica la autoridad y la capacidad para cuidar la vida en el planeta.

 

Todos los caminos conducen a la ciudad

El planeamiento urbano modernista aspiraba a transformar las ciudades en un único domino público homogéneo patrocinado por el Estado y a eliminar las diferencias para crear una ciudad racionalista universal. A comienzos del siglo xxi, el planeamiento territorial y urbano carece de propuestas y ha cedido su rol directriz a manos de emprendedores inmobiliarios, de operadores del mercado de capitales y de las corporaciones del transporte y los servicios.

Asumiendo el dejar hacer al mercado, profesionales y técnicos concentran sus energías en la promoción de una nueva estética urbana. Con la justificación de lograr una iconografía arquitectónica, un logo o marca identificadora, diseñan edificios sofisticados y rentables, firmados por estudios de prestigio, que totemizan el hedonismo individual y colectivo, materializando la moral hegemónica del capitalismo posmoderno.

La desmesura y la hostilidad metropolitana son presentadas como un mal inevitable, atribuible a factores inmanejables, su fetichización mistifica las causas y diluye las responsabilidades. Las prácticas elusivas presentan una madeja de problemas técnicos y operativos que traumatizan e inhiben las respuestas.

La burocratización, la corrupción, la manipulación, el clientelismo y el autoritarismo no son solo resultado indeseado de una megaciudad donde se pierde toda escala humana, encuentran en ella su intérprete y activador apropiado donde la heteronomia alcanza su justificación teórica y fáctica, es el sustrato sobre el que se teje la alienación laboral, social y urbana.

La sociedad se estructura con individuos agresivos, cargados de sospechas y desconfianza que naturalizan la geografía del temor. Por eso cuanto más compleja, extensa y densa es la ciudad, el hacer político se refugia más y más en los ámbitos institucionales, en los medios, en un escenario higienizado, sin riesgo, unidireccional y restricto.

El debate sobre la crisis de las grandes ciudades está ausente de la consideración política salvo para la retórica de la violencia y la inseguridad. A la incapacidad por analizar y actuar sobre variables múltiples, se suma una práctica condicionada por la agenda electoral que acorta los tiempos, estrecha el horizonte y descarta cualquier posibilidad de una perspectiva integral que requiera plazos diferentes. Cuando de la actividad política desaparecen programas y propuestas, no extraña que también se abandone la idea de pensar y proyectar lo urbano.

Los diagnósticos sobre la eclosión y crisis de las grandes ciudades se estrellan en el presupuesto teórico que acepta el límite de asimilar la producción de lo urbano al dominio acrítico de la sociedad del capitalismo tardío.

La mayor dinámica se encuentra en manos de los movimientos sociales, cuyos actores están involucrados en el hacer donde se asienta la vida, en el espacio real, allí donde los cuerpos gozan, se reproducen, son controlados, sometidos, explotados, reprimidos o se liberan. Significar la vida en el territorio presupone invertir la interpretación hegemónica de pensar desde la centralidad, sugiere incorporar una mirada desde los márgenes, un camino que necesariamente tiene que confluir en una visión que no se extinga en la parcialidad.

Persiste aún un déficit en el campo del pensamiento crítico, pues sigue atado a la simplificación de concebir lo urbano sólo como un escenario, un contenedor donde se localiza la producción y el conflicto social, se sigue considerando la variable tiempo sin percibir el modo espacial de dominación.

La ciudad es una de las creaciones más exitosas de la humanidad y no existe posibilidad de pensar el mundo sin ella: hoy vive en urbes más de la mitad de la población mundial y la solución no parece ser la vuelta de millones de personas al campo. Cualquier alternativa a este modelo civilizatorio debe aceptar el desafío de crear una organización espacial favorable, capaz de estimular una práctica social autónoma e imaginar un modo urbano de vivir cualitativamente diferente. El derecho a la ciudad no se agota en el derecho de acceder a su centralidad, a su belleza escénica, es también el derecho a transformarla, a volver a imaginarla y rehacerla.

Bibliografía:(...)
Fuente:
 http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-48/el-ocaso-metropolitano-archipielagos-desmesura-y-exclusion

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, ir profundizando la percepción de una creciente mayoría acerca de cómo el capitalismo, sea de gestión 'progresista' o neoliberal, nos subsume en la catástrofe humanitaria (masividad de exclusión social, hambre, desnutrición, envenenamientos y criminalización tanto de los desposeídos como de los que resisten desde autoorganizaciones) y catástrofe socioambiental (las varias modalidades de desertificación) que construye mediante:

 

La República Unida de la Soja recargada

GRAIN | 12 junio 2013 | A contrapelo

En el año 2003, la corporación Syngenta publicó un aviso publicitando sus servicios en los suplementos rurales de los diarios argentinos Clarín y La Nación bautizando con el nombre de “República Unida de la Soja” a los territorios del Cono Sur en los que se sembraba soja -Integrados por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia-. A partir de allí, esta declaración explícita de neocolonialismo quedó como “marca de fábrica” del proyecto que desde las corporaciones se estaba instrumentando.

Durante el año 2012 se produjo en estos países una embestida de las corporaciones del agronegocio sobre los territorios y las instituciones imponiendo nuevos transgénicos, mayores riesgos por aplicación de agrotóxicos y cambios en las políticas que sólo tiene precedentes en la primera imposición de los transgénicos, durante la segunda mitad de los años 90. Esta nueva avanzada corporativa se da en un marco distinto, ya que ahora ocurre con la presencia en toda la región (por lo menos hasta junio del año pasado) de gobiernos “progresistas” críticos del neoliberalismo y que en algunas de sus políticas han comenzado a modificar las políticas neoliberales impuestas en los años 90 con una mayor presencia del Estado regulando la economía y asumiendo un rol activo en aspectos sociales, educativos y sanitarios.

Sin embargo, en términos de modelo agrícola y producción de alimentos no sólo no ha habido en todo este tiempo un cambio de modelo ni una autocrítica a los problemas producidos por la implantación masiva del cultivo de soja transgénica con altos niveles de uso de agrotóxicos. Por el contrario, este modelo se ha ido consolidando y es defendido a rajatabla por todos los gobiernos de la región que lo asumen como política de Estado, en todos los casos. Los graves problemas que han surgido o se han agudizado, tales como los impactos de los agrotóxicos, los desplazamientos de campesinos y pueblos originarios, la concentración de la tierra o la pérdida de producciones locales, son considerados “efectos colaterales” y se abordan, cuando la presión social lo consigue, de manera fragmentada y puntual. No incluimos en este análisis a Bolivia, pues si bien la región de la “medialuna”, con Santa Cruz de la Sierra a la cabeza, es parte de la “República Unida de la Soja” las posiciones, políticas y debates planteados desde el Gobierno de Evo Morales se diferencian ampliamente del resto de los gobiernos (y esto le vale el enfrentamiento con estos sectores del poder de la medialuna que claramente han planteado su intención separatista).

Ya en otros A Contrapelo 1 2 3 hemos ido denunciando que este avance fue consolidando la imposición del modelo productivo de los agronegocios, y el Cono Sur se ha convertido en la región donde más transgénicos se siembran en el mundo y en la que mayor cantidad de agrotóxicos se aplican per cápita a nivel global. En este A Contrapelo intentaremos brindar algunas luces que ayuden a comprender cómo se está produciendo este avance y sus consecuencias a nivel de las comunidades campesinas y la sociedad en general.

Los impactos del “modelo” no reconocen fronteras entre el campo y la ciudad y se sienten profundamente en ambos espacios: las poblaciones fumigadas en los territorios rurales y en las zonas periféricas de las ciudades, las y los campesinas/os desplazadas que día a día migran para engrosar los cordones de pobreza de las grandes urbes, las economías regionales destrozadas con su correlato de los altos precios de los alimentos en las ciudades, los alimentos contaminados enfermando a unos y a otros. En fin, una catástrofe socio-ambiental que hace agua por todas partes y que ya no permite “mirar para otro lado”.

Los responsables de esta cadena destructiva son un puñado y tienen nombre y apellido: Monsanto y algunas corporaciones biotecnológicas más a la cabeza (Syngenta, Bayer); terratenientes y pooles de siembra que controlan millones de hectáreas (Los Grobo, CRESUD, El Tejar, Maggi son algunos de los principales); Cargill, ADM y Bunge transportando los granos al otro lado del mundo. Y, por supuesto, los gobiernos de cada uno de los países que apoyan de manera entusiasta este modelo. A ellos se suman un extenso número de empresas que aprovechan el “derrame” y proveen servicios, maquinaria agrícola, fumigaciones, insumos, etc. Leer

En números concretos, esta región cubre en la actualidad una superficie de más de 46 millones de hectáreas de monocultivo de soja transgénica, fumigadas con más de 600 millones de litros de glifosato y provoca una deforestación de -como mínimo- 500 mil hectáreas por año.

 

Si bien las consecuencias de este modelo se expresan a nivel regional de manera contundente e interconectada, intentaremos diseccionar sus impactos para analizarlos de manera más profunda. El telón de fondo del golpe de Estado en el Paraguay resulta insoslayable, pues es allí donde los poderes fácticos han actuado de manera más brutal y explícita. Sin embargo, su carácter ejemplificador es válido para toda la región y sin duda ha intentado marcar un rumbo y un límite a los gobiernos de la región.

Repasemos un decálogo (con complementos) de los resultados concretos e indiscutibles de esta última embestida del agronegocio.

 

El agronegocio mata

Este hecho se ha expresado de manera continua durante estos últimos años y, tal como lo hemos expresado, fue en Paraguay donde más duramente se han sentido sus impactos. Quizás podamos ubicar el pico de violencia en la matanza de Curuguaty, perpetrada el 15 de junio del 2012 en donde –y como resultado de tensiones y represión estatal y paraestatal- murieron once campesinos y seis policías. La matanza fue utilizada para emprender el juicio político y dar el golpe institucional que terminó con la gestión del presidente Lugo.

Previo al Golpe, y más aun posteriormente, se desencadenó una ola represiva sobre los dirigentes campesinos que -en la nueva etapa- se comenzó a expresar bajo la forma de asesinatos selectivos que cobraron la vida de los líderes campesinos Sixto Pérez, Vidal Vega y Benjamín Lezcano, acribillados en un lapso de 8 meses de gobierno de Federico Franco.4 La CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) ha dicho que en el caso del asesinato de Benjamín Lezcano se observa “el mismo modus operandi que se practicó en los casos de Sixto Pérez –el 1°de septiembre pasado, en Puentesiño (Dpto. Concepción)– y de Vidal Vega –el 1°de diciembre último, en Curuguaty (Dpto. Canindeyú). El objetivo, igualmente, parece ser común: descabezar las organizaciones campesinas”.5

En Argentina, durante los últimos tres años se produjeron en Santiago del Estero tres asesinatos de campesinos ligados directamente al avance del modelo sojero (Sandra Ely Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván) y en la provincias de Formosa y Salta el hostigamiento a las comunidades es permanente y sostenido.6

En Brasil, también el movimiento campesino y especialmente el MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra) han sufrido la violencia del agronegocio y recientemente la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) divulgó un informe preliminar de la violencia en 2012 contabilizando 36 muertes motivadas por conflictos agrarios.7 Durante el año 2013 ya son tres los dirigentes del MST que han sido asesinados (Cícero Guedes dos Santos, Regina dos Santos Pinho y Fabio dos Santos Silva).

Todo esto se da en el marco de una avanzada de la criminalización de las luchas sociales que no sólo se expresa en la persecución y estigmatización de los movimientos sino también en forma concreta en la avanzada de leyes represivas. El caso de la aprobación de la Ley antiterrorista en Argentina en diciembre del 2011 se suma a las leyes ya existentes en varios de los países de la región.

 

El agronegocio contamina

Una de las grandes mentiras que desde las corporaciones, los medios masivos y un sector de la academia se utilizó para justificar la introducción de las semillas transgénicas, fue que las mismas ayudarían a emplear menos agrotóxicos en la agricultura. Tal como muchas organizaciones lo anunciaron durante las últimas dos décadas, la realidad ha marcado absolutamente lo contrario y hoy en día el incremento del uso de agrotóxicos es cada vez más alarmante y sus impactos en toda la región son cada vez más difíciles de ocultar.

Todo esto no puede extrañarnos si asumimos el hecho evidente de que quienes impulsan las semillas transgénicas son las corporaciones dedicadas a la venta de agrotóxicos, con Monsanto a la cabeza, y que las semillas transgénicas que más se cultivan tienen como característica diferencial la resistencia a herbicidas.

Brasil está al frente de las estadísticas convirtiéndose desde el año 2008 en el mayor consumidor per capita de agrotóxicos del mundo y responsable del 20 % de todos los agrotóxicos usados en el planeta; con un consumo per cápita de 5,2 litros de agrotóxicos cada año.8 9. La escalofriante cifra de 853 millones de litros de agrotóxicos empleados durante el año 2011, con un crecimiento del mercado brasileño del 190 % en la última década, es más que elocuente. El 55 % de este consumo de agrotóxicos se empleó en cultivos de soja y maíz, siendo la soja responsable del 40% del consumo total.10 Solamente el glifosato representa cerca del 40% del consumo de agrotóxicos en Brasil.

Argentina no se ha quedado atrás. Durante el año 2011 se aplicaron 238 millones de litros de glifosato que implican un incremento del 1190 % con respecto a la cantidad utilizada en el año 1996, año en que se introdujo la soja transgénica resistente al glifosato en el país.11

En Paraguay, que es el sexto productor mundial de soja transgénica, el uso de glifosato en las cifras del año 2007 significó la aplicación de más de 13 millones de litros de este agrotóxico.12

En Uruguay, también de la mano del avance de la soja transgénica las cifras llegan a un mínimo en el año 2010 de más de 12 millones de litros.13 Es justamente en Uruguay donde en la actualidad, y a raíz de la contaminación del agua en la ciudad de Montevideo, la población urbana está comenzando a reaccionar con alarma frente a la falta de disponibilidad de agua potable para el consumo.

El balance regional nos permite suponer un mínimo de aplicación de más de 600 millones de litros de glifosato, cifra escalofriante y que tiene su correlato en las innumerables denuncias que se producen cada día por los daños ya mencionados a la salud, a los ecosistemas, a la agricultura y a las comunidades que semejante baño de agrotóxicos produce.

 

El glifosato, ampliamente promocionado como de “baja toxicidad” por Monsanto, está siendo cuestionado por múltiples motivos entre los cuales debemos destacar:

- El impacto en las comunidades ya es imposible de ocultar y son miles las personas que desde los “pueblos fumigados” denuncian los problemas de salud que sufren por su aplicación: nacimientos con malformaciones en aumento, intoxicaciones agudas fatales, problemas respiratorios, enfermedades neurológicas, aumento de los casos de cáncer, abortos, enfermedades de la piel, etc.

- Las investigaciones científicas independientes confirman esta grave problemática y los estudios que vinculan al glifosato con desarrollo de tumores y malformaciones en el desarrollo de embriones han sido publicadas en los últimos años en las más prestigiosas revistas científicas.

- Los efectos sobre la salud de los “coadyuvantes” usados en la preparación del Roundup, principalmente el surfactante Poea (polioxietilamina), también están demostrados y se lo asocia con daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos.

- Los daños ambientales del glifosato también se encuentran ampliamente confirmados en la realidad de los territorios y en las investigaciones realizadas: su vínculo con la destrucción de biodiversidad es innegable al mismo tiempo que su efecto tóxico sobre anfibios está demostrado y publicado.

Pero tan grave como estas cifras, son las del incremento del uso de otros agrotóxicos que se emplean asociados al glifosato o para compensar su falta de acción frente al surgimiento inevitable de malezas resistentes. Así es como el empleo del paraquat ha crecido llegando a utilizarse 1,2 millones de litros en Argentina y 3,32 millones en los cinco países productores de soja. Es importante recordar que el paraquat está vinculado a desórdenes neurológicos y por esta razón fue prohibido en 13 países de la Unión Europea en el año 2003.14

Sin lugar a dudas, el empleo de agrotóxicos es otra de las formas que tiene el agronegocio de matar.

 

El agronegocio impone los transgénicos

La introducción de nuevos transgénicos ligados al uso de nuevos agrotóxicos es parte de la estrategia de las corporaciones, y ha estado a la orden del día durante el año 2012.

El anuncio oficial de la presidenta argentina Cristina Fernández en el Council of Americas el 15 de junio del 2012 sobre las nuevas inversiones de Monsanto en Argentina preanunció lo que sería durante el resto de año una catarata de proyectos, anuncios e intentos de modificación de la legislación que marcó la agenda oficial y corporativa durante los meses siguientes.

Así fue que en agosto del 2012 el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar anunció junto a ejecutivos de Monsanto la aprobación de la nueva soja rr2 “Intacta”, que trae como novedad la acumulación de la resistencia al glifosato con la producción de la toxina Bt. O sea que la única novedad es la conjunción de las dos únicas características que la industria biotecnológica logró poner en el mercado en 20 años de existencia.

Pero además de este anuncio existen aprobaciones y ensayos de campo de otros transgénicos, entre los que destacan los de soja y maíz resistentes a nuevos herbicidas, entre ellos el glufosinato y el 2,4 D. Andrés Carrasco, investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de Argentina planteaba hace pocos meses con claridad la problemática: “hay un aspecto interesante a considerar en lo inmediato en la Argentina, es que 5 de esos 10 eventos transgénicos aprobados, 3 de maíz y 2 de soja, combinan la resistencia al glifosato con otra al glufosinato de amonio (un bloqueante de la síntesis del aminoácido glutamina) para reforzar los efectos de aquel. La necesidad de asociar en las nuevas semillas el glifosato con el glufosinato, da cuenta de las inconsistencias de la tecnología de los transgénicos tanto en su construcción como en su comportamiento en el tiempo. Sin embargo, se sigue huyendo hacia delante intentando remediar las debilidades conceptuales de la tecnología transgénica, con soluciones que tienden a ser cada vez más peligrosas”.15

 

En Paraguay, a pocos meses del golpe institucional, el Ministerio de Agricultura aprobó el maíz transgénico que venía siendo resistido por las autoridades del gobierno depuesto y que enfrenta un rechazo explícito y contundente por parte de las organizaciones campesinas, debido a la amenaza que representa para las muchas variedades locales de maíz cultivadas por pueblos indígenas y campesinos. Así fue como en octubre del 2012 se aprobaron cuatro variedades de maíz transgénico de Monsanto, Dow, Agrotec y Syngenta.16 Ya en el mes de agosto el presidente de facto Franco había autorizado por decreto la importación de semillas de algodón Bt-rr, probando claramente para quién gobernaba.

En Brasil la escalada comenzó a fines del año 2011 cuando se anunció la aprobación por parte de la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) del primer frijol transgénico comercial “íntegramente desarrollado en Brasil” y resistente al mosaico dorado del frijol. Este evento, por ser desarrollado por una institución pública como el Embrapa y por poseer características distintas a los transgénicos más difundidos (Bt y rr) fue utilizado como bandera pro transgénica destacando su importancia “social y alimenticia”.17 Sin embargo, su aprobación ha sido fuertemente cuestionada por funcionarios públicos, la comunidad científica y la sociedad civil. Así es que Renato Maluf, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), cuestiona su rápida liberación en respeto al principio de la precaución. "Creemos que es una temeridad la prisa por liberar un producto que consumirá toda la población y sobre el cual no tenemos certeza de seguridad alimenticia y nutricional", lamentó. Mientras tanto, Ana Carolina Brolo, asesora jurídica de la organización humanitaria Tierra de Derechos, coincidió con Maluf al indicar que "fue una aprobación comercial que tuvo como característica la falta de respeto a la legislación nacional e internacional de bioseguridad".18

El balance general es que la avalancha de nuevos transgénicos se ha intensificado y en la mayor parte de los casos la misma implica su cultivo ligado a agrotóxicos, en algunos casos los mismos que ya se están utilizando (glifosato fundamentalmente) y, en otros, la introducción de nuevos herbicidas aún más tóxicos y peligrosos (dicamba, glufosinato, 2,4 D). En Brasil el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), integrante de la Vía Campesina, denunció en abril del 2012 la pronta aprobación de semillas transgénicas de soja y maíz resistentes al herbicida 2,4 D.19 Estas mismas semillas ya se encuentran en etapa de experimentación a campo en Argentina.

El agronegocio se propone controlar de manera absoluta las semillas

La imposición de nuevas leyes de semillas también ha estado a la orden del día en toda América Latina, pero tuvo en Argentina, y con una ligazón directa al acuerdo con Monsanto antes mencionado, uno de los focos de acción más visibles y activos. El mismo día del anuncio de la aprobación de la soja rr2 “intacta” el Ministro de Agricultura anunció el envío de un Proyecto de Ley de Semillas para que fuera tratado en el Congreso antes de fines del 2012.

El proyecto nunca se hizo oficialmente público, ni se sometió a un debate amplio, si no que fue discutido a puertas cerradas dentro del Ministerio de Agricultura por una parte de los sectores del agronegocio argentino. Sin embargo, su contenido trascendió las fronteras del Ministerio y su análisis permitió confirmar lo que ya se podía presumir luego del anuncio oficial: la nueva Ley busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) denunció que “La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad, sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas; abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina; ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior; fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter y otorga a las empresas semilleras el poder de policía, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente”.20

La movilización de diversos sectores logró que se postergara su presentación y debate en el Congreso Nacional; pero la amenaza de su imposición permanece latente.

Es muy claro que controlar este primer eslabón de la agricultura es uno de los objetivos principales de las corporaciones para de esta manera poder tener control sobre todo el sistema agroalimentario y garantizarse así un monopolio sin fisuras. Y también es claro que este control impacta de manera directa sobre los pueblos, impidiendo el ejercicio de la soberanía alimentaria y condenando al hambre a millones.

El agronegocio destruye los bosques

La deforestación en toda la región ha cobrado una escala dramática y aún con medidas que intentan detenerla (como la Ley de Bosques en Argentina o las regulaciones que se generan en Brasil) la misma no sólo no se ha detenido sino que durante estos últimos años se ha intensificado, teniendo como principal detonante el avance de la frontera agrícola (o el desplazamiento de la frontera ganadera como consecuencia de lo anterior).

Un vez más, Brasil encabeza las posiciones con 28 millones de hectáreas de pérdida neta de bosques para el período 2000-201021 con una desaparición de 641.800 hectáreas de bosques amazónicos entre agosto del 2010 y julio del 201122 festejada como un gran triunfo por las autoridades nacionales.

Las cifras para Argentina nos dicen que “entre 2004 y 2012 las topadoras arrasaron 2.501.912 hectáreas, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Otra forma de decir lo mismo: en Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. Los datos surgen del cruce de relevamientos oficiales y de oenegés. El último informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el período 2006/2011 y contabilizó que se arrasaron 1.779.360 hectáreas de monte nativo”.23

En Paraguay la situación es quizás una de las más graves en términos de porcentaje de deforestación: por un lado, la deforestación histórica en la región oriental que significó que entre 1945 y 1997 se perdiera el 76.3% de la cobertura boscosa original por su conversión a tierras para la producción agropecuaria.24 Y por otro, la actual deforestación en le región occidental (bosque chaqueño) donde el año 2011 culminó con una pérdida de 286.742 hectáreas de bosques, lo que superó en un 23% a la cifra de 232.000 hectáreas deforestadas durante 2010.25

Una mirada global a esta tragedia nos permite cobrar mejor dimensión de los que está ocurriendo: un estudio publicado por la FAO en el año 2011 26 señala que el promedio anual de pérdida neta de bosque en el período 1990 y 2005 es de cerca de 5 millones de hectáreas (en el mundo), de los cuales 4 millones se encuentran en Sudamérica.

Aquí también el agronegocio vuelve a matar: a los ecosistemas únicos de la región y a todos los pueblos que durante milenios han vivido, crecido y convivido con los bosques, cuidándolos y alimentándolos.

 

El agronegocio concentra la tierra en pocas manos

La concentración de la tierra es otro de los fenómenos que ha caracterizado los últimos años de implantación de la soja transgénica en todo el Cono Sur. Países en los que ya la concentración de la tierra era enorme vieron durante estos años como esa concentración se profundizaba y se reducía el número de manos que la controlaban.

Fue también Paraguay, uno de los países con peor distribución de la tierra en América Latina, donde el impacto se hizo sentir más y hoy ostenta la escalofriante cifra de un 2 % de los productores controlando el 85 % de la superficie agrícola. Esta situación se agrava aún más cuando desde los países vecinos - fundamentalmente Brasil, pero también Argentina- se está produciendo una embestida sobre sus territorios para avanzar con el cultivo de soja transgénica.

Veamos algunas de las cifras en cada uno de los países 27 :

- En Paraguay, en el 2005, el 4% de los productores de soja manejaron el 60% del total de la superficie con este cultivo.

- En Brasil, en el 2006, el 5% de los productores de soja manejaron el 59% del total del área dedicada a ese cultivo.

- En Argentina, en el 2010, más del 50 % de la producción de soja estuvo controlada por el 3% del total de productores, a través de extensiones de más de 5.000 hectáreas.

- En Uruguay, en 2010, el 26% de productores controló el 85% del total de tierras con soja. En ese mismo año, el 1% del total de los productores tuvieron a su cargo el 35% de la superficie cultivada con soja.

El modelo impuesto ha significado una profunda transformación en la forma en que se produce la concentración de la tierra ya que en la actualidad y en su mayor parte la misma no es adquirida si no arrendada por los grandes productores. Por otro lado, los productores ya no son personas físicas identificables sino pooles de siembra alimentados en su mayor parte por grupos de inversión especulativos.

Las consecuencias para las comunidades locales, campesinos y pueblos indígenas son siempre las mismas: la expulsión de sus territorios, en muchísimos casos a través del uso directo de la violencia, como ya hemos compartido analizando otras facetas de este modelo.

Si bien las cifras de los expulsados son difíciles de evaluar porque no existen estadísticas certeras para cada país y mucho menos a nivel regional, algunos investigadores han encontrado, por ejemplo, que en Paraguay el avance de la soja llevaría a una cantidad de familias campesinas expulsadas que alcanzaría el número de 143 mil, más de la mitad de las 280 mil fincas con menos de 20 hectáreas registradas en el censo agropecuario de 1991 28como consecuencia del avance de las soja para alcanzar las 4 millones de hectáreas que el agronegocio se propone. Para Argentina este modelo ha generado un éxodo rural sin precedentes que para el año 2007 ya suponía la expulsión de más de 200.000 agricultores y trabajadores rurales con sus familias del agro argentino (26). En Brasil, desde la década de los años setenta del siglo XX la producción de soja ha desplazado a 2,5 millones de personas en el estado de Paraná y a 300.000 en el de Río Grande do Sul.29

 

El agronegocio busca consolidarse como dictador en la República Unida de la Soja

El golpe institucional en Paraguay demuestra cómo el agronegocio, con las corporaciones actuando junto a los terratenientes y cómplices a nivel nacional, no se detiene frente a los avances y los límites, que aun tímidamente, intentan instrumentar algunos gobiernos.

En Paraguay el gobierno del presidente Lugo, aún con minoría parlamentaria, intentó desde algunas áreas de gobierno (Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - Senave) poner límites a algunas cuestiones graves como lo son los impactos de las fumigaciones y la aprobación de nuevos transgénicos, en especial el maíz rr y el algodón Bt. También estableció un diálogo con las organizaciones campesinas en la búsqueda de frenar la histórica violencia existente en el campo fruto de la tremenda concentración de la tierra que existe en el país.

Los poderosos sectores del agronegocio agrupados en la UGP (Unión de Gremios de la Producción), que cuenta con el apoyo de corporaciones como Monsanto y Cargill, desató una guerra contra las autoridades responsables de estas áreas, pidiendo su cabeza y amenazando y ejecutando acciones públicas en ese sentido.

La matanza de Curuguaty fue la excusa que encontraron para derrocar -de la mano de sus aliados parlamentarios- al presidente Lugo en menos de dos horas de sesión y así imponer sus intereses en todos los ámbitos.

Así fue como junto con el presidente Lugo salieron todos los funcionarios comprometidos con estos procesos de cambio y rápidamente se impusieron las medidas que el agronegocio pretendía: fin a los límites a las fumigaciones, aprobación de nuevos transgénicos, promesas de cambio en la Ley de Semillas, etc.

La reciente elección que consagró al empresario Horacio Cartés como nuevo presidente llevando nuevamente al gobierno al partido Colorado fue el último paso para consagrar la impunidad y el poder ilimitado del agronegocio.

Sin embargo, en el resto de los países de la región la situación - si bien no presenta la cruda realidad de Paraguay- también es evidente la manera en que el agronegocio establece las políticas públicas en las cuestiones referidas al agro y la alimentación e interfiere en cualquier intento de modificación de las mismas desde otras perspectivas diferentes a las de sus intereses corporativos.

Todo esto confirma algo que a nivel global se está haciendo evidente y que se denuncia en todo el mundo: la democracia es incompatible con el dominio del control corporativo y es necesario desmantelar sus estructuras para poder pensar y avanzar en cualquier proceso de democratización que privilegie el bien común.

El agronegocio somete y coloniza a las instituciones de investigación y que regulan la ciencia y tecnología en cada país

Las universidades e institutos de investigación de toda la región, salvo honrosas excepciones, se encuentran colonizadas por el poder y los fondos de las corporaciones del agronegocio que las utilizan como engranaje para imponer sus transgénicos y sus modelos de producción industrializados.

Durante el año 2012 cobró estado público y fue denunciado por la sociedad civil el acuerdo de Monsanto con el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) en Uruguay para incluir en el germoplasma de soja local que maneja el instituto transgenes propiedad de la empresa.30 La firma del acuerdo fue cuestionada por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la gremial que agrupa y representa a los productores familiares en la Junta Directiva del INIA y por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas REDES-Amigos de la Tierra. El convenio, no accesible al público, suscitó un pedido de informes por parte de legisladores del Frente Amplio (FA).

También con posterioridad al golpe en Paraguay, el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería del país guaraní, Enzo Cardozo anunció que “Paraguay va a producir su propia semilla transgénica que va a estar a disposición de todos los productores”. La producción estaría a cargo del Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), que recibiría “transferencia tecnológica” de Monsanto, para la cual el gobierno comandado por el presidente de facto Federico Franco pagaría un monto a convenirse.31

Pero Monsanto ya posee acuerdos de “cooperación” con instituciones públicas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil desde mucho antes de esta última avanzada y las utiliza como mano de obra barata para sus investigaciones y como cadena directa para realizar la “extensión rural” de sus transgénicos. De la misma manera muchos de los funcionarios políticos actúan como brazo ideológico de las corporaciones en sus intentos de imponerse, siendo un caso paradigmático el del Ministro argentino de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, que no pierde ocasión para ejercer su descarado lobby pro-transgénico.

El agronegocio es una forma más de extractivismo que está saqueando los territorios

La agricultura industrial es una actividad extractivista porque sus principios se basan en considerar a los suelos un sustrato inerte del que se extraen nutrientes (proteínas y minerales) sobre la base de la utilización de tecnología y productos químicos sin respetar a los suelos como organismos vivos ni reponer los nutrientes extraídos de forma natural.

Este extractivismo se expresa de manera brutal con el cultivo de soja transgénica pues ni el discurso de la “siembra directa” puede encubrir la cruda realidad de que la soja no devuelve ni remotamente la cantidad de nutrientes que extrae a los suelos, ni puede la siembra directa sostener la estructura y capacidad de retención de agua de los mismos.

Ya en otros documentos hemos compartido la forma en que en Argentina se están degradando los suelos y se están extrayendo millones de toneladas de nutrientes y miles de millones de litros de agua.32

Veamos algunas de las cifras concretas solamente para Argentina (los valores no están disponibles para los otros países):

El monocultivo de soja repetido año tras año en los campos produce una intensa degradación de los suelos con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en función del manejo, la pendiente del suelo o el clima.

La soja produjo durante la temporada 2006/2007 (con una producción de 47.380.222 toneladas) una extracción neta de:

- 1.148.970,39 toneladas de nitrógeno,

- 255.853,20 toneladas de fósforo,

- 795.987,73 toneladas de potasio,

- 123.188,58 toneladas de calcio,

- 132.664,62 toneladas de azufre y

- 331,66 toneladas de boro.

También cada cosecha de soja que se exporta se lleva 42 mil quinientos millones de metros cúbicos de agua por año (datos de la temporada 2004/2005).

 

El agronegocio actúa en complicidad con los grandes medios masivos de comunicación

Todo este proceso de imposición cuenta en toda la región con un aliado poderoso: los medios de comunicación corporativos y dominantes que actúan como brazo comunicacional incondicional del agronegocio (la única condición son la millonarias publicidades con que se llenan páginas y horas de radio y televisión).

Los mecanismos con los que funciona esta alianza se reducen a algunos lineamientos básicos que podemos resumir en:

- La ponderación absoluta de la agroindustria como panacea para la producción de alimentos creando una ligazón absoluta con el “progreso”, el “desarrollo” y el bienestar de la sociedad.

- La cooptación del discurso del desarrollo sustentable para convertir, desde la propaganda, en “sustentable” cualquier iniciativa desde miradas parciales y fragmentarias.

- La negación absoluta de todo debate o información sobre las luchas sociales de resistencia, los debates científicos o económicos o los impactos en las comunidades y en el ambiente.

- La estigmatización y criminalización de los movimientos y organizaciones sociales mostrándolos como “subversivos”, violentos, antisociales o “atados al pasado”.

Quizás uno de los países donde esta alianza es más evidente es en Paraguay, donde la mencionada UGP está vinculada al Grupo Zuccolillo, dueño del poderoso diario ABC Color que fue uno de los medios desde donde se montó la campaña golpista contra Lugo. Zuccolillo es además presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.33

 

Y por si esto fuera poco: el agronegocio cambia el clima

El vínculo entre la Crisis Climática que estamos sufriendo a nivel global y la agricultura industrial se halla ampliamente demostrado y presenta cifras alarmantes: como mínimo, entre el 44 y el 57 % de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) se deben a la cadena de producción agroindustrial en sus distintas etapas.

Es evidente que un territorio donde la agricultura industrial se ha impuesto de manera brutal tiene que ser uno de los principales contribuyentes a esta crisis global. Pero también resulta evidente en toda la región que la conjunción de los problemas globales con aquellos regionales tal como la deforestación están trayendo consecuencias gravísimas, que se sufren en las zonas rurales con extensos periodos de sequía y ciclos de inundaciones, y en las ciudades con lluvias, fenómenos climáticos extremos e inundaciones para los cuales no existe infraestructura capaz de contener y cuyas principales víctimas son justamente los expulsados del campo.

 

Consideraciones finales

Esta dramática realidad encuentra en toda la región una amplia y articulada movilización que está enfrentando el despojo desde la resistencia local, la movilización, la denuncia pública, la construcción de alternativas y la lucha en todos los frentes posibles que van desde las vías legales hasta la desobediencia civil y la recuperación de territorios por parte de las comunidades despojadas.

Si bien es cierto que existe aún una gran fragmentación de las luchas sociales, también es una realidad que ninguna de ellas se queda en el análisis, en la mera lucha puntual, sino que se está construyendo una mirada integral que pone a la soberanía alimentaria en el centro de las luchas y a la autonomía y el bien común como horizontes.

Esperamos que este A Contrapelo sume una semilla a los nuevos cultivos y culturas que en el Cono Sur están germinando.

 Fuente: https://www.grain.org/es/article/entries/4739-la-republica-unida-de-la-soja-recargada

 

 

 

Valoremos lo que advierte, con fundamentos, GRAIN :

 

Examinemos la gravedad del avance gran capitalista e imperialista, con independencia de que los gobiernos sean progresistas o neoliberales:

 

 

 

El comercio del “oro verde”

El patentamiento de la diversidad genética y de la vida
25 de junio de 2015

Por Daiana Melón1

Desde los inicios de la agricultura, las semillas han representado un papel de vital importancia para el desarrollo de la vida de los pueblos. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han sembrado, cosechado y labrado la tierra, desarrollando medios de subsistencia y alimentación, saberes y conocimientos en torno a los diversos modos de producir alimentos. Durante siglos, los pueblos agricultores han ido seleccionando y guardando las mejores semillas de cada cosecha para sembrarlas al siguiente ciclo. De esta forma, las semillas no sólo fueron preservadas, sino que han ido transformándose y variando a medida que el hombre se iba convirtiendo en agricultor. A lo largo del tiempo, las semillas circularon libremente, al igual que los saberes socialmente producidos en torno a ellas. De esta forma, la semilla fue y es entendida no sólo como el primer elemento de la cadena alimenticia, sino que acumula y comporta la historia, los conocimientos y la cultura que los pueblos han ido aportando a la práctica agrícola (Perelmuter, 2008). Las semillas tienen un lugar especial en la lucha por la Soberanía Alimentaria . Estos pequeños granos son la base del futuro. Ellas determinan, en cada ciclo vital, qué tipo de alimento consumen los pueblos, cómo se cultiva y quién lo cultiva. Pero las semillas también son el recipiente que transporta el pasado, la visión, el conocimiento y las prácticas acumuladas de las comunidades campesinas en todo el mundo que, durante miles de años, han creado la base de todo lo que nos sostiene en el presente (Vía Campesina, 2013).

 

A partir de la década del sesenta, la lógica industrial penetró en el campo produciendo grandes transformaciones, las cuales se conocieron como Revolución Verde. Esta implicó la utilización de nuevas maquinarias, de semillas mejoradas e híbridas y la aplicación de una mayor cantidad de agroquímicos, para aumentar la producción y las ganancias (Poth, 2010). Con el desarrollo de los Organismos Genéticamente Modificados (ogm) y de las posibilidades comerciales que abrían a las grandes empresas agrícolas, se produjo una nueva revolución: la Revolución Biotecnológica, que trajo consigo profundos cambios en los modos de producción y en las relaciones que se establecían hasta ese momento con la naturaleza. Desde finales de los ochenta y principios de los noventa, se introdujo en el campo un paquete tecnológico asociado al ogm que implicaba la venta, por parte de las mismas empresas transnacionales, de la semilla, de las maquinarias de siembra directa –que llevaron al despido de gran cantidad de peones rurales– y del agroquímico asociado a esa semilla. Los cultivos transgénicos fueron ganando territorios frente a otros cultivos tradicionales, representando millonarias ganancias a los capitales encargados de la comercialización de este paquete. Además, iniciaron un proceso de erosión genética en países con grandes fuentes de diversidad biológica. Mientras hace 20 años atrás eran miles las compañías semilleras a escala mundial que participaban del comercio, hoy en día las diez primeras empresas controlan un tercio de los 24 mil millones de dólares del mercado mundial […] esta concentración de poder atenta directamente contra la independencia de los países agrícolas […] Quien controle la semilla controlará a su vez la oferta de alimentos, poniendo en serio riesgo la soberanía alimentaria de las naciones (Pengue, 2005). En la actualidad, según estudios realizados por la ong Acción por los Recursos Genéticos (grain), el 80% de las semillas utilizadas en las producciones agrícolas de los países periféricos no han sido compradas, sino guardadas de anteriores cosechas o intercambiadas entre productores (Kalcsics y Brand, en Heineke, 2002). Por su parte, el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (etc) (2009), afirma que el campesinado alimenta a aproximadamente al 70% de la población mundial, 17 millones de pequeñas unidades agrícolas en Latinoamérica cultivan entre la mitad y dos tercios de los alimentos de necesidad básica.

En relación con las semillas comercializadas, las cinco principales empresas semilleras acumulan aproximadamente el 50% del mercado. Ellas son: en primer lugar, Monsanto con 23% del mercado de semillas patentadas; DuPont, con el 15%; Syngenta, con el 9%; Groupe Limagrain, con el 6%; y Land O’ Lakes con el 4% (Grupo etc, 2008).

 

Patentes sobre organismos vivos

Antes de la década del ochenta, se consideraba que ningún organismo o microorganismo vivo podía ser patentado. En 1971, el microbiólogo Ananda Chakrabarty presentó en los Estados Unidos un pedido de patentamiento sobre una bacteria modificada que tenía la capacidad de degradar los componentes del petróleo crudo. Chakrabarty solicitó la patente sobre tres elementos: el proceso que utilizó para producir la bacteria, el material flotante que transportaría y contendría a la bacteria, y la bacteria en sí misma. Quienes examinaron su solicitud decidieron otorgarle la licencia sobre los dos primeros, pero no así sobre la bacteria en sí misma, por considerar que un ser vivo no podía ser patentado (Gómez Najera, 2003). Frente a esta decisión, Chakrabarty apeló ante la Corte Federal de Apelación en materia aduanera y de patentes, la cual consideró que en este caso la bacteria podía ser considerada una manufactura y, por lo tanto, capaz de ser patentada. Este fallo, que data de 1980, representó una transformación muy importante, ya que delimitó lo que podía o no ser patentado, y debilitó la diferencia que hasta ese momento existía entre invención y descubrimiento , ya que asentó que el aislar un gen era suficiente para la obtención de una patente (López Monja y otros, 2010). De esta forma, se abría la puerta al patentamiento de otros seres vivos. Basándose en este fallo, en 1985 se concedió la primera patente a una planta, en 1988 a un animal y en el año 2000 a un embrión humano. “Teóricamente estas patentes sólo se conceden si el organismo vivo ha sido manipulado por las técnicas de la ingeniería genética, pero en la práctica esta evolución va mucho más allá de los ogm, actualmente se conceden patentes de plantas no transgénicas […] en violación total de las leyes existentes” (Robin, 2008). La Organización Mundial de la Protección Intelectual (ompi), que funciona en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (onu), fue creada en 1970 con el objetivo de impulsar la protección de la propiedad intelectual. La ompi define a las patentes como “un derecho exclusivo que se concede sobre una invención”, la cual le otorga al titular el derecho a decidir si la invención puede ser utilizada o distribuida por otros, a impedir que sea empleada por terceros con fines comerciales, y cobrar regalías por su utilización. Además, establece que el período de otorgamiento de la licencia debe ser limitado y dispone un plazo común de 20 años.

 

Esta organización sostiene que su trabajo se enfoca en ayudar “a los gobiernos, las empresas y la sociedad a realizar los beneficios de la P.I. (Propiedad Intelectual)” . En la actualidad, la ompi cuenta con 186 estados miembros y administra 23 tratados vinculados al patentamiento y a la protección intelectual, entre los que se encuentra la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (upov) (Calvillo y otros, 2005). La upov es una organización internacional constituida en 1961 con el objetivo de “proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad”. En el año 1961 se constituyó la primera reglamentación, con posteriores modificaciones en 1972, 1978 y 1991. Existen dos formas de patentamiento: la patente de invención y el derecho de obtentor. En la reglamentación creada por la upov en 1978 se establece el derecho de obtentor que instaura los derechos que se les otorgan a aquellas personas que produzcan variedades mejoradas de semillas agrícolas (Montecinos y Vicente, en Calvillo y otros, 2005). Para que una variedad cuente con la licencia que determina el derecho de obtentor, debe cumplir cuatro requisitos. Por un lado debe poder distinguirse de otras variedades conocidas hasta ese momento. Por otro lado, no debe haber sido comercializada con el consentimiento del obtentor en ningún Estado. Además, debe ser homogénea. Y, por último, la semilla mejorada debe ser estable en sus reproducciones en cuanto a sus caracteres esenciales. De cumplir con todos estos requisitos, el obtentor recibirá los derechos por un período no inferior a quince años. Sin embargo, los límites a los derechos de obtentor los fija lo que la upov 78 deja por fuera: el “privilegio del agricultor”, con el cual se reconoce la capacidad de los agricultores de producir sus propias semillas a partir de lo que obtienen en cada cosecha, con la prohibición de poder comercializarlas. A su vez, el titular de una innovación no puede ni oponerse ni intentar cobrar regalías a aquellos que utilicen su variedad para crear una nueva (López Monja y otros, 2010). Este privilegio fue consagrado por el órgano de la ONU encargado de la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) en el artículo 9 del “Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura” en el que se establece el reconocimiento de la contribución que durante miles de años aportaron las comunidades locales e indígenas a la conservación y al desarrollo de la diversidad biológica que constituye la base de la producción alimentaria. Además, les garantiza el derecho de utilizar sus semillas y de intercambiarlas sin una ambición comercial. Pero, a partir de la introducción de la biotecnología y del descubrimiento por parte de las grandes empresas de las ganancias que podría representar el patentamiento de las semillas y, por consiguiente, el control total sobre la cadena alimentaria, la upov fue modificada en 1991. “Argumentando la insuficiencia del sistema de obtenciones vegetales para estimular las inversiones de alto riesgo y sosteniendo la necesidad de apropiación plena de procesos y de productos, comienzan a ejercerse fuertes presiones para la modificación de upov en el camino de una mayor protección a la biotecnología” (López Monja y otros, 2010).

De esta forma, la upov 91 representa una ampliación de las patentes sobre las obtenciones vegetales, aumentando los “derechos” que posee el titular de dicha patente. La principal transformación que establece es la prohibición a los agricultores de guardar y de utilizar semillas propias, costumbre que durante cientos de años los campesinos practicaron y mediante la cual fueron transformando la agricultura. Del mismo modo, impide el intercambio de semillas con fines no comerciales. Mientras que en la upov 78 el privilegio del agricultor se garantizaba de manera implícita, en upov 91 se explicita, pero es planteado como una excepción que regula las patentes y que los gobiernos pueden autorizar en el caso de una variedad protegida con fines de producción o para su multiplicación (López Monja y otros, 2010). De esta forma, desde organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial de Comercio (omc) comienzan a presionar, sobre todo a los países de Latinoamérica –territorios que poseen una importante fuente de biodiversidad–, para que adecuen las legislaciones nacionales a este nuevo marco regulatorio, con el fin de armonizar las leyes de patentes en todo el mundo.

 

¿Tratados para contrarrestar el efecto de los OGM?

A partir de 1989 comenzó a delinearse un Convenio sobre la Diversidad Biológica (cdb) en el marco del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El  CDB se firmó finalmente en 1992, durante la Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como la Conferencia de Río (Calvillo y otros, 2005). El CDB tiene por objeto garantizar la soberanía de los Estados y los pueblos sobre la diversidad biológica en pos de su conservación. El inciso 5 del artículo 16 establece: “Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente Convenio, cooperarán a este respecto de conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional para velar por que esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio”. La cooperación entre el sistema de patentes y el Convenio no se llevó a cabo en la práctica, ya que la discusión en torno a la biodiversidad y a la propiedad intelectual ha quedado en manos de la ompi y de la OMC, sin participación de la Secretaría del cdb(Florez, en Heineke, 2002). En relación con el cdb existen posiciones contrapuestas. Mientras que las grandes empresas vinculadas a la biotecnología temieron que este convenio restringiera su actividad comercial, algunos grupos del sur desconfiaron que diera vía libre a la apropiación de recursos biológicos y los conocimientos asociados a ellos (rafi, 1997). Los estados del sur, que con el Convenio de la Diversidad Biológica lograron el reconocimiento de su ‘soberanía’ sobre los recursos genéticos, desaprovecharon (en la mayor parte de los casos) esta oportunidad de proteger sus recursos como patrimonio de los pueblos para tratar de lucrar con los recursos genéticos sumándose a este gran shopping de la biodiversidad en que estamos convirtiendo el planeta (Montecinos y Vicente, en Calvillo y otros, 2005). Durante la Segunda Conferencia de las Partes del cdb se resolvió conformar un grupo de trabajo encargado de Bioseguridad. Esta resolución dio inicio al proceso de discusión y de negociación en torno a un protocolo que regule y que garantice la Bioseguridad en cuanto a la utilización y la implementación de los organismos genéticamente modificados (Brañes & Rey, 2001).

 

Tras varios encuentros, en el año 2000 la Conferencia adoptó el documento, conformando el Comité Intergubernamental del Protocolo de Cartagena (como se lo denominó), que entró en vigencia el 11 de septiembre de 2003. El objetivo del este acuerdo es “contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”. La importancia de este protocolo radica no solo en que introduce el concepto de bioseguridad, sino también en que plantea que los ogm pueden generar efectos negativos, adoptando la palabra precaución6 para actuar y para controlar los constantes avances de la biotecnología, para proteger la salud pública de la población y los ecosistemas donde se implantan los cultivos transgénicos. Si bien la elaboración de estos tratados pretende responder a demandas que realizan los pueblos que buscan proteger la diversidad biológica existente en los lugares que habitan, estos presentan grietas que permiten contradicciones y enfrentamientos.

 

El poder de tracción de estos convenios se encuentra limitado por las reglamentaciones y los documentos emitidos por la omc y la ompi que son los organismos que verdaderamente deciden el destino, la utilización y el saqueo de los recursos biológicos y los saberes ancestrales que a lo largo del tiempo los pueblos han ido construyendo.

 

Las semillas como mercancías

La Organización Mundial de Comercio surgió en 1995, con el objetivo de remplazar al Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y el Comercio (gatt, por su sigla en inglés) ante la inclusión en el comercio internacional de nuevos temas vinculados a la agricultura y a la propiedad intelectual (López Monja y otros, 2010). Su propósito primordial es “contribuir a que el comercio fluya con la mayor libertad posible, sin que se produzcan efectos secundarios no deseables, porque eso es importante para el desarrollo económico y el bienestar”7 . De esta forma, la agricultura y las patentes de invención comenzaron a ser discutidas desde la óptica del comercio. Frente a ello, en el ámbito de la omc surge el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual que afectan al Comercio (adpic), por la presión que ejercieron, durante la Ronda de Uruguay , compañías trasnacionales vinculadas a los agronegocios, las cuales contaron con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, de Europa y de Japón. El acuerdo fue construido, en parte, por una coalición de empresas de diferentes ramas reunidas en el Comité de Propiedad Intelectual (ipc, por su sigla en inglés), entre las cuales se encuentran transnacionales de la química, la farmacia, la informática y, por supuesto, la biotecnología; entre estas últimas: Monsanto, DuPont, fmc Corporation, entre otras. El ipc redactó y remitió al gatt un documento denominado “Disposiciones fundamentales de la protección de los dpi (Derechos de Propiedad Intelectual) por parte del gatt. Punto de vista de las comunidades de empresas europeas, japonesas y estadounidenses”, el cual sirvió de base para la construcción del adpic. En el informe se plantea la necesidad de extender a todo el mapa los sistemas de patentamiento existentes en los países industrializados, argumentando que la disparidad en los mismos supone importantes pérdidas para las empresas. Además plantea, en el caso particular de la biotecnología, que la protección debe extenderse a los procedimientos y a sus productos, ya sean estos microorganismos, partes de microorganismos o plantas (Robin, 2008). El adpic determina la base sobre la cual deben asentarse las legislaciones nacionales en materia de patentes. Busca uniformar las leyes vinculadas a la materia, obligando a los países a actualizarlas teniendo en cuenta lo establecido en el acuerdo con el objeto de reducir los riesgos que deben afrontar las trasnacionales al mover internacionalmente los bienes y servicios, homogeneizando los espacios de comercio (Perelmuter, 2007). El artículo 27 establece que para que una materia sea patentable tiene que ser algo nuevo, llevado a adelante por una actividad inventiva y ser susceptible de aplicación industrial. En este mismo artículo se determina que los miembros protegerán las obtenciones vegetales mediante patentes, pudiendo excluir del sistema de patentamiento a las plantas y los animales, con excepción de los microorganismos.

A su vez, el acuerdo garantiza a los titulares el derecho de impedir la utilización, venta, importación o fabricación del objeto de la patente, ya sea un producto o un procedimiento. Por otro lado, les otorga la capacidad de ceder, transferir o concertar contratos de licencia del objeto patentado. El otorgamiento de la patente le da a la empresa o individuo solicitante de la licencia el derecho de controlar, limitar y monopolizar el acceso a las especies, plantas o animales objetos de la licencia. La omc ha generado sus propios regímenes ambientales sometidos a la supremacía de los intereses y mecanismos económicos. De esta manera, los Acuerdos sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (adpic) buscan legitimar y legalizar los derechos de las empresas por encima de las provisiones a los derechos de indígenas, campesinos y agricultores en la cdb y el Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura9 (Leff, 2002).

 

El caso argentino

La década de los noventa en Argentina, y en casi todo el continente latinoamericano, estuvo marcada por una profunda política neoliberal, la cual transformó la economía en su totalidad y permeó fuertemente en los modos de producción y organización del campo. Se implementaron normativas macroeconómicas de ajuste estructural, signadas por las privatizaciones, las desregulaciones y la apertura al mercado internacional, enmarcadas en el Plan de Convertibilidad del año 1991. Una de las políticas que tuvo mayor impacto en la economía nacional fue la política de desregulación económica, la cual se tradujo en el modelo agrario con la eliminación de algunas entidades reguladoras de la producción agropecuaria, entre ellas la Junta Nacional de Granos. Esto implicó que la economía argentina, y sobre todo la producción agraria, quedase sujeta a los vaivenes del mercado internacional (Giarraca y Teubal, en Grammont, 2010). Es en este contexto en el cual ingresaron al país los ogm. En 1991 se permitió la entrada de los transgénicos para su experimentación en el campo argentino y finalmente, en el año 1996, se liberaliza para su comercialización el primer evento genéticamente modificado: la soja rr o resistente al Round Up, que es el agrotóxico asociado a esta semilla (Resolución nº 16 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca). La introducción de este cultivo estuvo signada por numerosas irregularidades, ya que fue aprobado en apenas 81 días de iniciado el expediente y de los 136 folios que contiene, 108 son estudios presentados por Monsanto, empresa que desarrolló la semilla y que comercializa el agrotóxico asociado (Verbitsky, 2009). La entrada de este cultivo a la Argentina representó la puerta de ingreso al resto del continente, ya que desde aquí comenzó a expandirse, mediante el tráfico, a otros países latinoamericanos que, finalmente, no tuvieron otra opción que legalizar la siembra de soja transgénica, que ya inundaba sus campos.

 

En 1991 se creó la Comisión Nacional Asesora de Bioseguridad Agropecuaria (conabia), en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (sagyp). Constituida por representantes del sector público y privado, en un primer momento la conabia se encargaba de todo el proceso de regulación y evaluación de los eventos transgénicos, pero a medida que la biotecnología iba ganando terreno en el espectro agrario nacional, algunas de las etapas del proceso se relevaron a la Dirección de Biotecnología, creada en noviembre de 2008 con el objetivo de hacer el seguimiento y la preevaluación de las solicitudes de actividad con ogm. En la órbita de la conabia se elaboraron las normas que en la actualidad regulan la materia. Ese mismo año, se creó el Instituto Nacional de Semillas (inase), el cual fue rápidamente disuelto y vuelto a instalar en el 2002. El inase se instituyó como órgano de aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas nº 20.247, ejerciendo el poder de policía para la instrumentación de la legislación. Este Instituto, junto con la conabia, promovieron la introducción masiva de los ogm (Perelmuter y Poth, 2010). La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas fue creada en 1973 y posteriormente modificada en 1991. En el artículo 1º se establece que el objeto de la norma es “promover una eficiente actividad de producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y calidad de la simiente que adquieren y proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas”. La ley establece dos tipos de semillas que pueden ser comercializadas: las “identificadas”, que son aquellas que se encuentran rotuladas; y las “fiscalizadas”, que son las que, además de estar rotuladas, están sujetas a control oficial durante las etapas de su ciclo de producción y son propiedades de aquellos que las registren en el Registro Nacional de Cultivares, organismo creado por la misma legislación. De esta forma, las semillas tradicionales, aquellas utilizadas por campesinos e indígenas, si bien pueden ser utilizadas, no pueden ser intercambiadas con fines comerciales. La modificación de la Ley en 1991, mediante el decreto nº 2183, reforzó la propiedad intelectual garantizada a través de los derechos de obtentor (Perelmuter, 2008). En las consideraciones que se establecen para la modificación de la norma, se sostiene “Que dicha reglamentación debe adecuarse a los acuerdos y normas internacionales que aseguren un efectivo resguardo de la propiedad intelectual, para brindar la seguridad jurídica necesaria para el incremento de las inversiones en el área de semillas”.

 

Finalmente, en diciembre de 1994, Argentina se convirtió en signataria de la upov 78, profundizando la protección sobre las semillas comerciales. Desde la introducción de la soja y otros cultivares transgénicos en los campos argentinos, otras prácticas agrarias han sido desplazadas por este modo de producción industrial, de tecnologías aplicadas al agro y de concentración de la tierra. Desde hace algunos años, las grandes semilleras del negocio han comenzado a presionar para que Argentina, y toda Latinoamérica, actualicen sus leyes de semillas, “readecuándolas” a las nuevas condiciones de producción. Para ello, se les exige que adhieran al convenio upov 91, en el cual se establecen las patentes de invención y se desconocen los aportes que durante siglos realizaron los campesinos que trabajaron la tierra y fueron mejorando las semillas. A mediados del año 2012, luego del anuncio de una inversión de 1600 millones de dólares que la multinacional Monsanto destinaría para la construcción de una planta de acondicionamiento de semillas de maíz en la localidad de Malvinas Argentinas, ubicada a 14 km. de la capital cordobesa, el por entonces Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Norberto Yahuar, anunció la intención de modificar la Ley de Semillas vigente, con el objeto de “respetar la propiedad intelectual” (Página /12, 2012). Frente a esto, movimientos sociales, asambleas y ong que promueven la agroecología, la Soberanía Alimentaria y la defensa de los territorios frente a la avanzada de la frontera agrícola, comenzaron a movilizarse contra la reforma de la legislación, por lo cual el gobierno decidió dejar la discusión para más adelante. A su vez, en agosto de 2012 se aprobó la nueva semilla estrella de Monsanto, la soja Intacta rr212, que además de poseer resistencia al glifosato, garantiza protección contra pestes. El desarrollo de esta nueva semilla (y considerando que otros cultivares de importantes semilleras aguardaban su aprobación13), permitió a las transnacionales agrícolas presionar al gobierno nacional para que se modifiqué la legislación, la cual representaría mayores ganancias para las compañías al permitirles controlar la totalidad de la cadena productiva (Arístide y otros, 2013). DE LEYES Y PIRATAS Pero esta “nueva” Ley de Semillas que intenta imponerse en Argentina resulta no ser tan nueva. En gran parte de América Latina se están intentando modificar (o ya se han modificado) las leyes de semillas para readecuarlas a la upov 91. Paradójicamente todas las normas plantean las mismas recetas para la “protección de la propiedad intelectual”.

 

Los países latinoamericanos signatarios de upov 91 han firmado Tratados de Libre Comercio (tlc) con Estados Unidos, los cuales establecen la obligación de adherirse a la última versión del Convenio. República Dominicana, que es signataria desde junio de 2007, y Costa Rica, que lo es desde enero de 2009, firmaron el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (cafta, por su sigla en inglés), el cual entró en vigor en 2006. En el caso de Perú, adhirió a upov 91 en agosto de 2011, mientras que el tlc con Estados Unidos había sido ratificado por el Congreso en junio de 2006. En el caso de Panamá, que es signatario desde noviembre de 2002, el tlc fue firmado en 2007, pero el Congreso de Estados Unidos aún no lo ha aprobado y han declarado que no lo aprobarán en tanto Pedro Miguel González continúe como Presidente de la Asamblea Nacional. El resto de los países son aún miembros de la versión del convenio del año 78. Sin embargo, a pesar de no haber adherido a esta última versión, existen paí- ses que han modificado sus leyes garantizando la propiedad intelectual sobre la semilla en beneficio de las trasnacionales. Uno de estos países es México. Luego de que se pusiera en vigor, en 1994, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (tlcan), la Ley de Semillas fue reformulada en 2007, impulsada por la Asociación Mexicana de Semilleros ac (amsac). Esta organización está integrada por grandes semilleras: Dow y Syngenta son miembros del consejo directivo y Monsanto y Vilmorin del comité de honor y justicia. Incluso amsac define a las “semillas piratas” como aquellas que no se compran y denuncia que estas intentan dañar las tierras, el patrimonio y el prestigio como agricultores (grain, 2011).

 

En 2012, el gobierno intentó modificar la Ley Federal de Variedades Vegetales, que habría profundizado aún más el control monopólico de las semillas, pero gracias a la movilización popular lograron detener la modificación de la norma (grain, 2013). En el caso de Colombia, a principios de 2010 el Instituto Colombiano Agropecuario (ica) emitió la resolución nº 970, la cual establece la propiedad intelectual de las semillas, determina que las únicas semillas legales son las registradas y certificadas, y obliga a los productores a informar a esta entidad acerca del material que van a sembrar (Grupo Semillas, 2011). Incluso, en 2011 el ica llevó adelante en el pueblo sureño de Campoalegre la incautación –por medio de la utilización de violencia– de 70 toneladas de arroz, las cuales fueron destruidas, generando importantes pérdidas para los productores de la zona. En abril del 2012 el Congreso aprobó la Ley 1518 que aprobaba la upov 91, con el objeto de cumplir con los deberes establecidos en el tlc, suscrito en 2006. Tras lo sucedido en Campoalegre y con la aprobación de esta ley, se produjo una movilización popular muy fuerte que logró que la legislación se declarara inexequible y que la Resolución 970 fuera congelada por dos años (grain, 2013). En lo que respecta a Chile, la ley de semillas fue actualizada en 2010, en base al convenio de 1991, a pesar de la oposición de organizaciones campesinas e indígenas y miembros de la sociedad civil. Frente a la fuerte movilización que se dio a lo largo de todo el país para manifestarse contra la modificación de la Ley, se logró que el Tribunal Constitucional la declarara inconstitucional, aunque continuó siendo debatida en el Congreso. Finalmente, en marzo de 2014, a pocos días de asumir la presidencia, Michelle Bachelet decidió retirar la Ley de la discusión parlamentaria. Una consecuencia negativa que puede darse como contrapartida de estas leyes es la bioprospección, que son aquellos contratos que realizan los Estados, las comunidades u organizaciones que poseen conocimientos ancestrales sobre las semillas o plantas y sus usos, con centros de investigaciones o grandes compañías para permitir la búsqueda de material genético patentable (Carlsen, en Heineke, 2002). Estas búsquedas terminan por permitir el robo del patrimonio de los pueblos, al cual convierten en una mercancía, permitiendo de esta forma la biopiratería (Montecinos y Vicente, en Calvillo y otros, 2005).

 

PALABRAS FINALES

En el libro “El mundo según Monsanto”, Marie Monique Robin realizó una entrevista a la física india Vandana Shiva, quien sostuvo: “Una vez que haya impuesto (Monsanto) como norma el derecho de propiedad de los granos modificados genéticamente podrá cobrar los royalties (regalías); dependeremos de ella para cada grano que sembremos y cada campo que cultivemos. Si controla las semillas, controla la alimentación; ella lo sabe, es su estrategia. Es más poderosa que las bombas, es más poderosa que las armas, es el mejor medio de controlar a las poblaciones del mundo” (Robin, 2008). En la actualidad, los pueblos campesinos e indígenas son quienes producen la mayor cantidad de alimentos que se consumen a lo largo del planeta. Las grandes compañías, mediante este tipo de embates, buscan controlar los sistemas de producción ligados a la alimentación. De esta forma, estas empresas definirán las políticas alimentarias a seguir, los alimentos que se consuman y cómo se producirán. En conclusión, se destruirá por completo la Soberanía Alimentaria. Tal como plantea Edgardo Lander: Los conflictos en torno de los modelos agrícolas pueden ser caracterizados propiamente como una guerra cultural y una guerra por el sometimiento de la naturaleza que se libran a escala planetaria. Las grandes corporaciones y sus gobiernos buscan extender no sólo su creciente control sobre la producción y distribución de alimentos en todo el mundo, sino igualmente un modelo productivo único, un modelo fabril de monocultivo que está amenazando en forma simultánea tanto los modos de vida de centenares de millones de agricultores como la diversidad genética que hace posible la vida en el planeta Tierra (Lander, 2006).

Esta guerra desigual que se está desarrollando entre los pueblos que desean decidir qué alimentos consumir y cómo producirlos, y aquellas transnacionales agrícolas que buscan convertir las semillas y los alimentos en mercancías, definirá el futuro de la humanidad. A lo largo de toda América Latina se están librando resistencias que buscan frenar los embates de estas grandes empresas. Un ejemplo de ello, es el acampe que se está desarrollando en la localidad de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba, donde un grupo de ciudadanos y miembros de organizaciones sociales están resistiendo con su cuerpo el ingreso de los camiones de Monsanto y las represiones que buscan desmotivar la movilización popular. Así, los movimientos sociales y asamblearios buscan las grietas del sistema por las cuales colarse para derrotarlo, para dar vuelta el curso de la historia, porque al fin y al cabo a la historia la escriben los pueblos.

Bibliografía:(…)

1. Periodista. Integrante del Colectivo de Periodismo Ambiental Tinta Verde y de la Unión de Asambleas Ciudadanas (uac).

Fuente original: http://www.biodiversidadla.org/Objetos_Relacionados/El_Comercio_del_Oro_Verde

 


 Artículo enviado por el autor para su publicación en Herramienta. Revista Herramienta Nº 42, Ecología y medio ambiente

 Fuente: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-42/crisis-civilizatoria

En consecuencia, la «gran burguesía» local e imperialista acelera sus planes de acaparamiento y crecimiento económico sin límites pero subsume a la humanidad entera en:

 

Crisis civilizatoria
Revista Herramienta Nº 42/Octubre de 2009


 

Renán Vega Cantor

Historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, Colombia. Doctor de la Universidad de París VIII. Diplomado de la Universidad de París I, en Historia de América Latina. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; Gente muy Rebelde (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; Entre sus últimos trabajos podemos mencionar: Los economistas neoliberales, nuevos criminales de guerra: El genocidio económico y social del capitalismo contemporáneo (2010). La República Bolivariana de Venezuela le entregó en 2008 el Premio Libertador por su obra Un mundo incierto, un mundo para aprender y enseñar. Dirige la revista CEPA (Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo). Es integrante del Consejo Asesor de la Revista Herramienta, en la que ha publicado varios de sus trabajos..

 

En estos momentos se desenvuelve otra crisis que, a primera vista, hace parte del recurrente ciclo capitalista que en forma periódica desemboca en una caída drástica en todos los órdenes de la vida económica. Pero si se mira con algún cuidado, la crisis actual tiene unas características diferentes a todas las anteriores ya que hace parte de un quiebre civilizatorio de carácter integral, que incluye factores ambientales, climáticos, energéticos, hídricos y alimenticios.

 

La noción de crisis civilizatoria es importante porque con ella se quiere enfatizar que estamos asistiendo al agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social, con sus respectivas expresiones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural. Esta crisis señala las terribles consecuencias de la producción de mercancías, que se ha hecho universal en los últimos 25 años, con el objetivo de acumular ganancias para los capitalistas de todo el mundo y que sólo es posible con el gasto exacerbado de materiales y energía.(...)

Fragmentemos el artículo de Renán Vega Cantor para explicar la falsedad del antagonismo irreconciliable del progresismo con el neoliberalismo y reconocer al primero como más contrario a la autodeterminación emancipatoria de los pueblos porque enmascara al capitalismo e ilusiona de poder tener porvenir en el sistema mediante su humanización. Sin embargo el capitalismo en sus dos gestiones (diferenciadas por el estado de rebelión popular y el de fanatismos que viabilizaron el tramposo balotaje):

 

 

Expande el extractivismo privilegiándolo por sobre las economías, la vida y la salud de las comunidades, por ejemplo, hace centro en el fracking devastador y de corta eficiencia productiva.

 

 

1. Crisis energética: el comienzo del fin del petróleo

 

La civilización industrial capitalista consolidada durante los dos últimos siglos, un breve lapso de la historia humana, se ha sustentado en la extracción intensiva de combustibles fósiles (carbón, gas y, de manera primordial, petróleo). Las transformaciones tecnológicas que se han producido desde la Revolución Industrial en Inglaterra, a finales del siglo XVIII, han sido posibles por el uso de estos combustibles, a los cuales están asociados la maquina de vapor, el ferrocarril, el avión, el televisor, el tanque de guerra, el automóvil, el computador, el teléfono celular y en la práctica casi cualquier artefacto que se nos ocurra. El uso de esos combustibles ha permitido al capitalismo extenderse por todo el mundo ya que los medios de transporte han aumentado su velocidad, tamaño y alcance, con lo cual la producción de mercancías ha rebasado el ámbito local y se ha desplegado por el orbe entero.

La utilización de petróleo a vasta escala ha urbanizado el mundo, como nunca había sucedido en la historia humana, hasta el punto que hoy por primera vez habita en las ciudades un poco más del 50 por ciento de la población mundial, una tendencia que se incrementará en los años por venir, marcando la desruralización del planeta. En las ciudades se reproduce a escala planetaria la diferenciación social, entre una minoría opulenta que reproduce el American Way of Life y una mayoría que vive en la más espantosa pobreza, sin tener acceso a los servicios públicos fundamentales, apiñados en tugurios y sin contar con lo básico para vivir en forma digna, constituyendo las ciudades de la miseria .[1]

Aun más, la expansión mundial del capitalismo, que tanto se aplaude, no habría sido posible sin el petróleo, ya que la producción de China o India, que vincula a millones de personas al mercado capitalista como productores (en las maquilas y fábricas de la muerte) y consumidores (vía uso de automóviles o celulares, para indicar los íconos de este sistema), se ha logrado con la reproducción de la lógica depredadora del capitalismo y el uso a vasta escala de combustibles fósiles. En ese sentido, no resulta extraño que China sea el segundo productor mundial de CO2 y necesite para mantener su irracional sistema de producción capitalista, concentrado en la zona norte del país, de ingentes cantidades de agua, madera, minerales y toda clase de materiales.

Pero el petróleo tiene un problema, es un recurso no renovable, y en estos momentos nos encontramos en un punto de inflexión, cuando ha comenzado su agotamiento irreversible. Esto se explica por el hecho elemental que la cantidad de combustibles fósiles existentes es fija y en la medida en que sean extraídos a una mayor velocidad, más rápido se acabarán. Y eso es lo que está sucediendo hoy como consecuencia de la generalización de la lógica capitalista de producción y consumo a todo el mundo, puesto que las clases dominantes replican el modelo estadounidense por doquier. Esto ha conducido al aumento del consumo diario de petróleo para garantizar que se incremente la producción de cualquier tipo de mercancías que se consumen a vasta escala en las cuatro esquinas del planeta, así como para permitir la construcción de infraestructura que posibilite el transporte de esas mercancías, con nuevas ciudades, carreteras, puertos, viaductos y aeropuertos.

Dado el aumento de la población vinculada al mercado capitalista, y del consumo que de allí se deriva, no hay duda que nos encontramos en el cénit no solamente de la producción de petróleo y de carbón sino de los principales recursos minerales que posibilitan el funcionamiento de la civilización capitalista. Para recalcar la importancia crucial de la crisis energética valga recordar que desde hace algunos años ciertos investigadores vienen estudiando el pico del petróleo, a partir de los descubrimientos del ingeniero estadounidense King Hubber, y vaticinaron que ese pico se alcanzaría entre el 2000 y el 2010, momento en el que nos encontramos, y que coincide en forma milimétrica con el estallido de la actual crisis económica. En rigor, las dos no están desconectadas porque la sobreproducción capitalista –el origen fundamental de la crisis económica– ha sido posible por la incorporación de nuevos territorios a la producción mercantil, con lo cual se incrementa el gasto de energía y de materiales.

Al respecto resulta necesario referirse a la Teoría de Olduvai del ingeniero Richard Duncan, quien sostiene que la época del petróleo va a durar, casi en forma exacta, sólo un siglo, puesto que su despegue se presentó en la década de 1930 y se proyectará hasta comienzos de la década de 2030. Basándose en múltiples cálculos, Duncan considera que el eclipse del petróleo se consumará en las próximas dos décadas, lo cual implica un cambio radical en la forma de vida que nosotros conocemos, incluyendo una disminución de la población, una reducción del tamaño las ciudades y una desaparición de los grandes sistemas de transporte hoy existentes. Uno de los esquemas elaborados por Duncan ilustra el alcance de su análisis: Según Duncan, la época del petróleo puede considerarse como una fiesta de corta duración que va a durar sólo un siglo y al cabo de la cual terminará el derroche energético emprendido por el capitalismo, a lo que se llegará en escasas dos décadas, cuando se retorne a otra era, en la cual ya no habrá petróleo, que puede catalogarse como el regreso a Olduvai. Este nombre es significativo, si se recuerda que así se ha denominado a una de las grutas, localizada en Tanzania (África), en las que se encontraron algunos de los restos humanos más antiguos, y cuya sociedad no conocía la luz artificial.[2]

 

Aunque sean difíciles de admitir a primera vista, las predicciones de este ingeniero se están volviendo realidad, a partir del hecho indiscutible de la llegada al pico de petróleo mundial, en el cual ya hemos entrado, y que según algunos autores se alcanzó en julio de 2008, cuando se logró la cota máxima de producción de petróleo de todos los tiempos.[3] En estas condiciones, entre más aumente la producción y consumo de energía fósil, esta última se acabará más rápido de lo previsto, y tal carencia provocará el regreso a las crisis precapitalistas de subproducción por la imposibilidad de mantener los ritmos frenéticos de despilfarro de petróleo en el mundo actual, como una expresión de la decadencia y parasitismo ya señalados. Por supuesto, esto también acarrea el aumento de guerras por el control de los últimos reductos de hidrocarburos, como ya se aprecia con los diversos conflictos que asolan a los territorios que tienen la desgracia de poseer petróleo (Irak), que están cerca de las fuentes de petróleo o de gas (Afganistán) o se ubican en lugares estratégicos de la circulación mundial de mercancías (Somalia y el cuerno africano).

Pero la reducción acelerada no es sólo del petróleo, puesto que los más recientes estudios indican que el carbón –del que hasta hace poco se anunciaba que iba a durar por varios siglos- también se acerca a su pico máximo, al cual se llegará en las próximas dos décadas. Lo mismo acontece con otros minerales estratégicos, cuyo agotamiento está próximo: uranio, 40 años; antinomio y plata entre 15 y 20 años; tantalio y zinc entre 20 y 30 años; indio entre 5 y 10 años; platino, 15 años; hafnio, menos de 10 años.[4]Lo verdaderamente crítico radica en que “el pico del petróleo será un punto de inflexión histórico, cuyo impacto mundial sobrepasará todo cuanto se ha visto hasta ahora, y eso pasará en la vida de la mayoría de las personas que viven hoy en el planeta”[5].(...)

 

 

Pervierte la percepción mayoritaria de la realidad. Porque la criminalidad de lesa humanidad del extractivismo

aparece como modernidad y engaña con burbujas de bienestar en poblaciones empobrecidas.

 

 

2. Crisis alimenticia: el regreso de los motines de subsistencia

 

El capitalismo es una fábrica simultánea de riqueza y de miseria, productor constante de injusticia y desigualdad, en razón de lo cual la polarización de clase es una de sus características intrínsecas. Eso se manifiesta en los más diversos tópicos de la vida social, como sucede con la producción de alimentos. Que el capitalismo produzca hambrientos no es nuevo, puesto que su expansión mundial ha generado, de manera invariable, hambre a vasta escala, como resultado de la destrucción de las economías locales, sometidas a nuevas exigencias para que se “adapten” a los requerimientos del mercado mundial, como reza la formula de los economistas ortodoxos.En la práctica, la mundialización del capital ha dado origen a una realidad profundamente injusta en términos alimenticios, porque al mismo tiempo unos pocos consumen hasta el hartazgo (como puede apreciarse en los “esbeltos cuerpos” de millones de estadounidenses, mofletudos y regordetes, que no pueden ni andar de tanto ingerir comida basura), mientras que en todos los continentes millones de seres humanos soportan la desnutrición o mueren de hambre. 

En tal sentido, el hambre y la desnutrición actuales son un resultado directo de la destrucción de las economías campesinas por parte de las empresas agroindustriales, que monopolizan las mejores tierras, imponen costosos paquetes tecnológicos y controlan la producción de alimentos y materias primas de origen agrícola. Esto ha venido acompañado del despojo y expulsión de los campesinos e indígenas de sus territorios ancestrales por compañías transnacionales y empresarios locales, con lo que la producción agrícola y pecuaria es dominada por pocos países, unas cuantas empresas y algunos terratenientes, habiéndose liquidado la soberanía alimenticia de territorios antaño autosuficientes, en los cuales se siembran productos comerciales en sustitución de alimentos esenciales. Ese proceso anticampesino se fortalece con la llamada revolución genética, que pretende convertir, en el mejor de los casos, a algunos pequeños productores en empleados de las multinacionales para la producción de materias primas que forman parte de cadenas productivas, desde la generación de semillas hasta la venta de productos elaborados en los supermercados, que son controladas por esas empresas, proceso en el cual los alimentos ya no son la base de la producción agrícola. Justamente, la conversión de los alimentos en mercancías y la aplicación de los principios criminales del libre comercio destruyen los mecanismos de producción, distribución, comercialización y consumo que posibilitan la supervivencia de los pueblos de la periferia, entre los cuales sobresalían la ayuda mutua, la solidaridad, el don y la reciprocidad, mecanismos todos arrasados por el librecambio, que ha asesinado a millones de personas de inanición.

Las grandes empresas han despojado a los pequeños agricultores basándose en la retórica del libre comercio, falacia con la cual justifican la eliminación de los subsidios y los mecanismos proteccionistas por parte de los Estados, obligan a los países dependientes a especializarse en la producción de géneros agrícolas para el mercado mundial (los de siempre, café, banano, azúcar, o los nuevos, como palma aceitera, soja, colza o frutas exóticas), impulsan la conversión de las mejores tierras en zonas ganaderas, de cultivos forestales y, últimamente, las destinan a la siembra de cultivos de los que se extraen necrocombustibles (combustibles de la muerte es su verdadero nombre, pues el de biocombustibles que se emplea frecuentemente es un embuste). Todo esto ha ocasionado la pérdida de la seguridad alimenticia en los países pobres, en los cuales ya no se producen los alimentos básicos, que deben ser comprados en el mercado mundial, a los precios que fijen las empresas multinacionales y los países imperialistas.

Este modelo agrícola capitalista es el responsable del hambre que se extiende por el mundo y que afecta a millones de seres humanos- se calcula que 1.200 millones de personas soportarán hambre crónica de aquí a 2025-, y que ha vuelto cotidianas las escenas de muerte de niños por inanición en Sudán, Argentina, Haití, Colombia y muchos otros países y también en todos ellos han reaparecido los motines de subsistencia en épocas de “capitalismo posmoderno”, cuando se suponía estaba solucionado el problema del hambre. En realidad, para el capitalismo actual la mejor forma de solucionar el problema del hambre es devorando a los pobres, como lo sugería Jonathan Swift en Una modesta proposición (1729), cuando en forma satírica proponía que los irlandeses pobres devoraran a sus propios hijos, con lo cual aparte de evitar la hambruna, le ahorrarían a los niños más sufrimientos; o, como gráficamente, lo decía un graffiti en la ciudad de Buenos Aires: “¡Combata el hambre y la pobreza! ¡Cómase a un pobre!”. Eso es lo que efectivamente sucede cuando el maíz o la caña se siembran para producir gasolina. Cuando a un automóvil se le está suministrando combustible, originado en los alimentos, se está devorando a un pobre, porque, por un antinatural metabolismo que sólo puede ser resultado del capitalismo, el alimento ya no tiene por destino saciar el hambre de los seres humanos sino el de las voraces máquinas de cuatro ruedas, la máxima expresión del “modo americano de muerte”.

Por otro lado, la crisis alimenticia se conecta con la crisis energética por múltiples vías: la industrialización de la agricultura la hace petrodependiente en todos los ámbitos, por el uso de fertilizantes, abonos y fungicidas y por la utilización de medios de transporte que requieren de combustibles fósiles para funcionar; el aumento en los precios del petróleo, una tendencia que cobrará más fuerza a medida que se agote el crudo, incide en la producción agrícola; los intentos de sustituir petróleo por agrocombustibles, originan un proceso de concentración de tierras para sembrar productos destinados a alimentar carros y aviones y no seres humanos y aumenta también los precios de los alimentos. Así, el arroz, azúcar, maíz, papa y otros productos esenciales se están convirtiendo en biomasa para producir combustibles y no para satisfacer las necesidades nutricionales de millones de seres humanos que viven en la periferia.

De igual forma, la crisis alimenticia está vinculada con las modificaciones climáticas en marcha puesto que estas últimas inciden en forma directa en la disminución de las cosechas, sobre todo en las zonas más pobres del mundo. Así, por los cambios en la temperatura y en el volumen de precipitaciones se calcula que en los próximos años caerán los rendimientos de los principales productos alimenticios en diversos lugares del mundo: la caña de azúcar en un 3 por ciento en los Andes; el arroz en un 10 por ciento en Asia Meridional; el maíz en un 47 por ciento en el sur de África; el trigo en un 3 por ciento en Asia oriental.[6]

 

3. Crisis hídrica: secando la fuente de la vida

 

A la par de la crisis alimenticia discurre otra relacionada con la destrucción de los reservorios de agua, el agotamiento del agua dulce y la contaminación de ríos, lagos y mares, junto al arrasamiento de los humedales. Hasta no hace mucho tiempo se suponía que el agua era un recurso inagotable y no había ningún problema en garantizar su suministro de manera permanente. Hoy se sabe que el agua dulce es limitada y su agotamiento y escasez corre en paralelo al aumento demográfico, al crecimiento urbano, a la industrialización de la agricultura, a las modificaciones climáticas y a su derroche en la producción de mercancías. En esta dirección, la crisis hídrica es un resultado de la expansión mundial del capitalismo porque el agua misma se ha convertido en una mercancía y ha dejado de ser un bien común y público, ya que conglomerados transnacionales (como Coca-Cola, Danone y otros) la han convertido en un nicho de mercado, con el que obtienen cuantiosas ganancias por diversos medios: la producción de agua embotellada, la privatización de los servicios de acueducto y cloacas y la apropiación de ríos y lagos por empresarios capitalistas.

A esto debe añadírsele que la urbanización acelerada necesita de importantes cantidades de agua, aunque su distribución y calidad sigan los parámetros de clase propios del capitalismo, puesto que en las grandes urbes sólo una parte de la población tiene acceso a agua potable y suficiente, mientras que la mayoría no la disfruta y tampoco cuenta con redes cloacales. De la misma manera, los procesos tecnológicos más sofisticados requieren cantidades ingentes de agua, como la que precisa la producción de automóviles, computadores, celulares y televisores. Igual acontece con la producción de determinado tipo de cultivos, como las flores, que consumen enormes volúmenes de agua.

A la par con todo lo anterior, los procesos de industrialización, la urbanización desaforada, la agricultura industrial, los megaproyectos y la explotación de recursos minerales y energéticos han contaminado las más importantes fuentes de agua en el mundo. No sorprende que, casi sin excepción, junto a una gran ciudad se encuentre un río convertido en una fuente de aguas fétidas y malolientes, al lado del cual malviven los sectores más empobrecidos.

Tanto a nivel interno en los países como en el plano mundial existe una distribución injusta y desigual del agua, porque mientras sectores minoritarios tienen a su disposición agua de calidad que despilfarran sin vergüenza (para lavar autos, regar campos de golf, o surtir su propia piscina), la mayor parte de la sociedad carece del vital liquido, lo cual ocasiona la muerte diaria de miles de personas por problemas estomacales y produce la enfermedad de millones de ellos por consumir agua no potable. Esta desigual apropiación del agua también existe en el terreno mundial, ya que algunos países cuentan con importantes reservas hídricas o por su poder económico, militar y político pueden apropiarse del agua de sus vecinos, a los que dejan exhaustos y muriéndose de sed (el caso de Israel con los palestinos es emblemático al respecto), con lo cual se avizora una de las contradicciones determinantes de los conflictos del futuro inmediato que va a ocasionar guerras por el agua, con la misma frecuencia que las actuales guerras por el petróleo.  

Entre otras cosas, valga recordar, para mostrar las interrelaciones entre la explotación de hidrocarburos y el agua, que la extracción de los primeros conlleva siempre despilfarro de la segunda de múltiples formas: para extraer un barril de petróleo o de gas se precisan cientos o miles de barriles de agua; con todas las labores propias de la industria petrolera se contaminan las fuentes de agua; los derrames de crudo llegan inexorablemente a los cursos de agua, como nos lo recuerdan las tragedias de contaminación hídrica que han generado los numerosos accidentes de grandes buques petroleros en los mares del mundo. 

Y el otro aspecto que debe mencionarse es el relativo a los nexos directos entre el trastorno climático y la crisis hídrica. Así, el trastorno climático se manifiesta en primera instancia con un aumento de la temperatura en diversos sitios del planeta, lo que ocasiona transformaciones bruscas e inesperadas: se producirá, y se está produciendo ya, el deshielo de glaciares, con lo que se reducirá la oferta hídrica en muchos países, pues las principales reservas de agua dulce están en los nevados y en los paramos. Al mismo tiempo, y como consecuencia de lo anterior, aumentara el caudal de muchos ríos mientras que otros se secarán, lo cual afectará a las poblaciones que viven gracias a esos cursos de agua. Esto generará inundaciones y sequías a un ritmo antes no conocido, como ya se evidencia en algunos continentes, como Europa, donde se han presentado en los últimos años inviernos más lluviosos y veranos más calidos. De la misma manera, la transformación climática influye en el cambio de la cantidad y la calidad del agua disponible, ya que al aumentar la temperatura del aire se altera la temperatura del agua, con lo cual se reduce su contenido de oxigeno, se afecta la distribución de los organismos acuáticos y se altera el ciclo de los nutrientes, entre otras muchas consecuencias nefastas. Igualmente, las modificaciones climáticas ocasionan la mezcla de agua salada con aguas dulces en los acuíferos litorales, afectando otra importante reserva de agua dulce en muchos lugares del planeta.

Adicionalmente, en la medida en que cambia el clima mundial se altera el régimen de lluvias en ciertas zonas del planeta lo que produce la sequía, la desertificación y la hambruna y genera las migraciones hídricas, cuando la gente huye de sus terrenos ancestrales, convertidos en lugares yermos y sin vida, donde han desaparecido las fuentes de agua que les posibilitaban la subsistencia, como es el caso de algunos países del Sahel en África.(...)

 

 

Prueba el carácter ecocida-genocida-etnocida del extractivismo y por tanto, la mentira y el cinismo de justificarlo como necesario para solucionar la pobreza.

 

 

 

4. Crisis ambiental: la destrucción de las condiciones de producción y de vida

 

Junto con todas las crisis antes nombradas, y como síntesis de las mismas, hay que considerar la crisis ambiental, hoy generalizada a todo el planeta. Son numerosos los componentes de la degradación medioambiental que hoy soportamos, en la que deben incluirse la destrucción de fuentes de agua, la desaparición de tierras y suelos aptos para la agricultura, el arrasamiento de selvas y bosques, la reducción de recursos pesqueros, la disminución de la biodiversidad, la extinción de especies animales y vegetales, la generalización de distintos tipos de contaminación, la reducción de la capa de ozono y la destrucción de ecosistemas.

Todos estos componentes de la catástrofe ambiental que ponen en riesgo la misma continuidad de la especie humana, se han originado en la lógica depredadora del capitalismo con su concepción arrogante de mercantilizar todo lo existente y de dominar la naturaleza a su antojo. Pretendiendo eludir los límites naturales, la expansión mundial del capitalismo ha transformado los paisajes del planeta, sometiendo a los recursos y a las especies a la férula de la valorización del capital, dando por sentado, en forma optimista, que la naturaleza es una externalidad que no tiene costo y que, al no contabilizarse en términos económicos, se puede destruir impunemente, y además es posible regenerarla muy rápido o sustituirla de manera artificial.

El resultado no podía ser más terrible, si se considera que nunca antes se había asistido a una situación como la actual con su cúmulo de desastres pretendidamente “naturales”, de lo cual tienen muy poco, como huracanes, tifones, inundaciones, maremotos, avalanchas, tsunamis y terremotos que año a año matan a miles de personas y hunden en mayor pobreza a los miserables del mundo. Esta es una clara manifestación del precio que debe pagarse por haber sometido a una transformación acelerada a la naturaleza, como parte del uso intensivo de combustibles fósiles y del uso descomunal de materiales y de recursos naturales para obtener ganancias. Esto se ha acentuado en las últimas décadas por el incremento en el consumo mundial de mercancías y por la apropiación subsecuente de los bienes naturales, considerados ahora como propiedad privada.

 

Nada tiene de raro, en esa perspectiva, que se libre una guerra mundial por parte de los países imperialistas y sus compañías multinacionales para apoderarse de los recursos energéticos, naturales, forestales e hídricos en aquellas zonas que todavía los tienen, como se evidencia en el Congo, en Colombia, en Brasil, en México, en Indonesia y otros países. El consumo a vasta escala de ciertos artefactos electrónicos, viene acompañado del arrasamiento de ecosistemas y de guerras locales en países africanos, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de suministrar materias primas (metales y minerales) a las empresas transnacionales que financian ejércitos estatales y privados con el fin de asegurarse el abastecimiento de esas materias primas y mantener la oferta de sofisticados instrumentos tecnológicos.[7]

De otra parte, una de las expresiones más críticas de la situación ambiental está relacionada con la reducción de la biodiversidad y con la extinción de especies, un fenómeno que ha alcanzado una escala nunca antes vista. En efecto, ahora se está presentando la sexta extinción de especies, provocada no por causas naturales sino económicas y sociales, por acción de la lógica capitalista, si recordamos que la quinta extinción se presentó hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios y gran parte de la vida existente en la tierra, por obra de un meteorito que se estrelló contra nuestro planeta.

 

La extinción actual es producida de manera directa e indirecta por el capitalismo, al generalizar la mercantilización de la vida, lo que ha conducido a considerar a los animales y plantas como una fuente más de ganancia, sin importar su impacto destructor, como puede verse con el tráfico mundial de especies (la segunda actividad ilícita en el mundo por las ganancias económicas que genera) y la conversión de los animales en factorías de leche, carne o grasa, que ha desencadenado enfermedades como las de la vaca loca, la gripa aviar o la gripe porcina, tan de moda en estos días.

Algunos datos elementales son indicativos de las pérdidas de especies en curso: el Índice de Planeta Viviente, que pretende medir el estado de la biodiversidad mundial, muestra que se ha presentado un declive promedio del 30 por ciento entre 1970 y 2005 entre 3.309 poblaciones de 1.235 especies y ese mismo Índice pero aplicado a los trópicos constata que allí el declive ha sido más dramático, alcanzando un 51 por ciento en ese mismo período al considerar 1.333 poblaciones de 185 especies. De la misma manera, nuestra huella ecológica –con la que se establece la cantidad de recursos de la tierra y el mar, medido en hectáreas, que cada uno de nosotros necesita para vivir, incluyendo la destinada a absorber nuestros desechos- señala que la demanda humana sobre la biosfera aumentó más del doble entre 1961 y 2005, lo que indica en términos más concretos que en la actualidad, al ritmo de población y consumo existentes, es necesario algo así como 1,2 planetas tierra para vivir y que en el 2030 se necesitaran dos planetas, algo insostenible por supuesto. Como es obvio, la huella ecológica de todos los países y todos los seres humanos no es similar, puesto que el nivel de consumo de los países capitalistas del centro es sensiblemente mayor que la del resto del mundo, ya que Estados Unidos es el país que tiene una mayor huella ecológica, que de lejos supera su capacidad de carga. Así, esa huella es de un promedio de una hectárea en los países más pobres, mientras que en los Estados Unidos ce acerca a las 10 hectáreas y en promedio para toda la población humana es de 2.1 hectáreas[8]. Eso puede apreciarse en la gráfica siguiente:

 

Asimismo, la desaparición de las selvas y bosques para extraer maderas y otros recursos o como parte de la expansión de la frontera agrícola para soportar el crecimiento demográfico y la concentración de suelos productivos en pocas manos, les reduce el espacio indispensable para subsistir a muchas especies animales y vegetales. De la misma forma, el modelo exportador, como mecanismo de vinculación al capitalismo mundial por parte de las clases dominantes de los países periféricos, destruye los ecosistemas para cumplir con las exigencias de los conglomerados multinacionales de extraer todos los recursos exigidos en zonas ecológicamente frágiles, como sucede en la Amazonia o en la costa pacífica colombiana. Esta última se ha convertido en una tierra de megaproyectos para explotar oro, maderas, platino o sembrar cultivos como el caucho o la palma aceitera, o para diseñar represas que garanticen el funcionamiento energético de tales engendros del capitalismo mundial.

 

Al final, sin embargo, la crisis ambiental influye sobre el funcionamiento económico del capitalismo, así éste intente escamotearla, en razón de que este sistema no puede eludir las leyes físicas de la materia y la energía y no puede producir a partir de la nada y tampoco lograr que los desechos, cada vez más abundantes, desaparezcan como por arte de magia. Como no es posible construir un capitalismo posmaterial (una de las falacias de los cultores de la información), la expansión mundial del modo de producción capitalista requiere, como un Dios devorador, de cantidades ingentes de recursos y energía. Sin embargo, como estos recursos son finitos (salvo el sol en términos de la temporalidad humana, pues va a existir durante otros cinco mil millones de años), el capitalismo tiene que enfrentar la dura realidad de estar sometido a ese límite, el del agotamiento y carácter finito de los combustibles fósiles y la reducción acelerada de los recursos naturales, así estos sean renovables. No es posible conciliar, en última instancia, una lógica de crecimiento ilimitado, propia del capitalismo, con la existencia limitada de recursos energéticos y materiales, si tenemos en cuenta que la tierra es un sistema cerrado en términos de materia.(...)

 

Es hora de enfocar las distintas variantes de postcapitalismo en base a los buenos vivires convivires como creaciones de los pueblos y fundamentar el porqué de concretar esos cambios radicales.

 

 

 

5. Trastorno climático por el uso intensivo de combustibles fósiles

 

Para completar el círculo perverso, todos los elementos anteriores influyen en otra modificación de dimensiones imprevisibles, como es el trastorno climático. Utilizamos este nombre para enfatizar que no puede seguir considerándose como un simple cambio, porque con ello se estaría indicando que es algo gradual y puramente natural. Aunque a lo largo de la historia del planeta tierra se hayan presentado incontables modificaciones climáticas, con bruscos cambios hacia épocas glaciales o calidas, todas las modificaciones anteriores tenían un origen natural. Ahora, existe un trastorno climático asociado de manera directa al uso de combustibles fósiles, especialmente del petróleo. No por casualidad, en la medida en que se llegaba al pico del petróleo han aumentado en forma proporcional las emisiones de CO2 y su concentración en la atmósfera, como se observa en la gráfica adjunta.

Algunos científicos han establecido que el clima es uno de los factores fundamentales para explicar la extraordinaria biodiversidad y, por lo mismo, sus modificaciones tienen efectos devastadores sobre variadas formas de vida. Aunque entre los climatólogos no exista consenso sobre la magnitud que tendrá el trastorno climático, muy pocos dudan que estamos asistiendo a una transformación brusca que es resultado de la acción antropica, ligada a la constitución de la moderna sociedad industrial desde finales del siglo XVIII. Esa transformación climática ya ha tenido sus primeras manifestaciones desde hace unos cuarenta años, cuando se detectó la destrucción de la capa de ozono en algunos lugares de la Antártida. En tiempos más recientes se ha incrementado el número de huracanes, cada vez más destructivos, en el Mar Caribe por el aumento de la temperatura del agua del océano, debido al efecto invernadero. Incluso, hace poco tiempo se presentó un primer huracán que azoto a las costas de España, un fenómeno nunca antes visto. En general durante el siglo XX la temperatura promedio del mundo se modificó en 0.6 grados centígrados, como consecuencia del uso de combustibles fósiles y de la producción de otros gases de efecto invernadero. Como no hay perspectivas reales en la actualidad de una reducción del empleo de esos combustibles –pese a su agotamiento irreversible-, puede predecirse con toda seguridad un aumento aún mayor de la temperatura del planeta, lo cual va a originar una catástrofe climática con efectos desastrosos, como ya se comienza a observar a nuestro alrededor.[9]

Eso se constata con los anuncios preocupantes sobre la desaparición de los páramos en Colombia, el deshielo de grandes nevados en diversos lugares de América del Sur (Argentina, Chile, Bolivia, entre otros) y el descongelamiento del casquete polar que cubre al Ártico. Hasta hace poco se predecía que este último suceso podría acontecer en 50 ó 100 años, pero los últimos estudios han indicado que eso puede ser posible en los próximos 5 ó 10 años, con devastadoras consecuencias no sólo para diferentes especies, empezando por el oso polar, sino para grandes comunidades humanas, porque el deshielo aumenta la cantidad de agua y el nivel del mar que de inmediato repercutirá en las zonas costeras habitadas, del norte de América. Al respecto, ciertos estudios anuncian que en un lapso de 50 años desaparecerán, como resultado de las modificaciones climáticas, unas 450 mil especies animales y vegetales, algo así como el 30 por ciento de todas las especies vivas actualmente existentes.

Como para sopesar el interés y las preocupaciones que esta transformación climática suscita en el capitalismo, ya hay quienes -en Estados Unidos, Rusia, Canadá y otros países- piensan que el descongelamiento del polo norte es una buena noticia porque propiciará negocios y nuevas oportunidades de obtener dividendos, al dejar un espacio libre para que por allí circulen embarcaciones y se acorte la distancia entre ciertos lugares del norte (por ejemplo, se afirma que la distancia entre Rótterdam y Yokohama se podría reducir en un 42 por ciento), al tiempo que será más barato realizar prospecciones petroleras y extraer los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de esa zona ártica, congelada durante miles de años.[10]Finalmente, este optimismo cínico se sustenta en la falacia de que la economía puede crecer sin límites y superar todos los obstáculos que encuentre a su paso, incluyendo, las modificaciones climáticas.

 

 

6. El capitalismo y sus límites

 

Como acabamos de mostrar, la actual crisis es completamente distinta a todas las anteriores, en virtud de la sincronía de diversos factores, que hacen de la presente una crisis civilizatoria, que marca la frontera de una época histórica en la que se ha puesto en peligro la misma permanencia de la especie humana, conducida al abismo por un sistema ecocida y genocida, regido por el afán de lucro.

Sin embargo, el capitalismo pretende en forma arrogante que no existen ningún tipo de límite que impida su funcionamiento hacia el futuro inmediato, y por ello sus voceros más emblemáticos (jefes de Estado, banqueros, empresarios, economistas) proponen como recuperación de la economía más de lo mismo, es decir, un regreso a las pautas de crecimiento económico existente antes de que comenzara la crisis, esto es, más producción en gran escala de mercancías, con derroche de materia y energía, para que se sigan consumiendo y se reactive la economía en su conjunto. Efectivamente, el capitalismo no va a desaparecer en esta crisis, por la sencilla razón que, por lo menos por ahora, no se dibuja en el horizonte una fuerza alternativa que lo derrote, pero esto no quiere decir que vaya a seguir funcionando “armónicamente” como antes, porque debe afrontar límites infranqueables, que como nunca antes la crisis civilizatoria actual ha puesto al orden del día y no pueden eludirse. Entre dichos límites debe mencionarse los siguientes:

  • el límite energético, relacionado con el agotamiento del petróleo, el gas y el carbón y cuando no emerge a la vista una alternativa real a esos combustibles fósiles, lo cual indica que la sociedad del automóvil y de las ciudades iluminadas no tiene perspectivas de mantenerse en el largo plazo, aunque de seguro se va extender en los próximos años, con lo cual se estará metido con plena certeza, para usar una metáfora del mismo medio automovilístico, en un carro de alto cilindraje pero sin combustible para andar;

  • el límite científico y tecnológico, que en la práctica supone reconocer el carácter restringido y relativo de cualquier solución basada en los desarrollos de la ciencia y la tecnología como panacea que va a solucionar cualquiera de los problemas creados por la sociedad capitalista, los cuales incluso, en muchos casos, son causados y agravados por los mismos inventos tecnológicos o los descubrimientos científicos, lo que se ejemplifica con el caso del automóvil, considerado hoy, con toda razón, como uno de los peores inventos de todos los tiempos;

  • el límite ambiental, que resulta del hecho comprobado que los recursos naturales se encuentran en un momento crítico, en razón del ritmo desenfrenado de explotación a que han sido sometidos en los últimos decenios, junto con la extinción de miles de especies, y aunque esto último no parece preocupar al capitalismo, éste si debe enfrentar la perspectiva poco halagadora de mantener unos irracionales ritmos de producción y consumo que no pueden ser satisfechos ante la disminución real de los recursos materiales que posibilitan la producción;

  • el límite demográfico, como producto del crecimiento de la población, que se apiña en grandes urbes de miseria, y cuya mayoría soporta deplorables condiciones de vida –mientras recibe mensajes ideológicos y propagandísticos de que las cosas van a mejorar para los exitosos y triunfadores– y que deben luchar por participar en la repartición de un pedazo de la tarta, cada vez más concentrada en pocas manos, hace que tarde o temprano el capitalismo busque la reducción de población y para eso, como está demostrado hasta la saciedad, empezará por eliminar a los más pobres, como se ejemplifica hoy con las epidemias, hambrunas, guerras y otros mecanismos maltusianos de control demográfico; 

  • límites sociales y laborales, porque con la crisis se acentúan las diferencias de clases, la explotación y diversas formas de opresión que, de seguro, originarán resistencias, rebeliones, revoluciones y estallidos sociales, de los cuales no sabremos hacia donde conduzcan, pero si podemos decir que estarán presentes ante la confluencia de todas las crisis señaladas en este escrito.

En forma sintética el problema de los límites reales para el capitalismo puede expresarse con una formula elemental: I = C x T x P(Impacto sobre la tierra = Consumo x Tecnología x Población).[11] Aunque en teoría existirían varias posibilidades por parte del capitalismo para contrarrestar su impacto sobre la tierra y alargar su permanencia, en la práctica se está impulsando la reducción de la población más pobre del planeta, mientras se incrementan los niveles de consumo y el desarrollo tecnológico. Valga recordar los diferentes instrumentos de reducción demográfica en marcha en estos momentos, como las guerras, las epidemias, las nuevas enfermedades, la privatización de los servicios médicos y sanitarios, la conversión del agua en una mercancía, todos los cuales pueden considerarse como mecanismos neomalthusianos.(...)

 

 

 

Es tiempo de multiplicar los espacios en común para diálogos que deconstruyan nuestros ligazones conformistas con el capitalismo.

 

 

 

Con respecto a todos los elementos antes esbozados, el pensador brasileño Leonardo Boff ha entendido bien el sentido de los límites al capitalismo, resaltando la importancia decisiva de los aspectos ecológicos:

 

Una naturaleza devastada y un tejido social mundial desgarrado por el hambre y por la exclusión anulan las condiciones para reproducir el proyecto del capital dentro de un nuevo ciclo. Todo indica que los límites de la Tierra son los límites terminales de este sistema que ha imperado durante varios siglos.

El camino más corto hacia el fracaso de todas las iniciativas que buscan salir de la crisis sistémica es esta desconsideración del factor ecológico. No es una “externalidad” que se pueda tolerar por ser inevitable. O lo situamos en el centro de cualquier solución posible o tendremos que aceptar el eventual fracaso de la especie humana. La bomba ecológica es más peligrosa que todas las bombas letales ya construidas y almacenadas.[12]

 

Esta situación plantea la pregunta sobre la posibilidad de colapso de la civilización capitalista y con ella de la humanidad, pero esta última perspectiva sólo si no se admite la existencia de alternativas revolucionarias, imprescindibles para evitarlo. Como diría Walter Benjamin hoy la revolución es más actual que nunca para colocar los frenos de emergencia que detengan la caída rauda en el abismo e impida que el capital nos hunda en la locura mercantil que nos conduce hacia la muerte como especie y a la desaparición de diversas formas de vida.[13]

Ahora bien, la posibilidad de un colapso para el sistema capitalista no quiere decir que los capitalistas del mundo vayan a renunciar a seguirlo siendo y vayan a optar por otra forma de organización social, pues está demostrado a través de la historia que el capitalismo no va a desaparecer gracias a sus propias crisis, sino por acción de sujetos colectivos, conscientes de la necesidad de superar esta forma de organización social y que actúan en consecuencia, como sucedió al estallar los procesos revolucionarios que se presentaron durante el siglo XX.  Y, en ese sentido, la actual crisis no es diferente, puesto que, como modo de producción, el capitalismo va a reactivar el crecimiento por un breve tiempo, pero eso va a agravar tanto las condiciones de reproducción del sistema como la vida de la mayor parte de la población mundial. Estas dos circunstancias son las que indican que la crisis actual, en la que confluyen todos los aspectos mencionados en este ensayo, no es otra más, pasajera y circunstancial, sino de repercusiones de largo plazo, porque su costo humano y ambiental va a incidir en la vida de millones de seres humanos, lo cual puede conducir o a un cambio revolucionario o a que se acentúen las tendencias más destructivas y criminales del capitalismo, cuyo funcionamiento se enfrenta a un límite insuperable, el fin del petróleo y el agotamiento de los recursos.

De igual forma, con la crisis civilizatoria ya no se presenta sólo un desplome económico al que sigue una rápida recuperación, sino que por el contrario se asiste, como ahora, a un deterioro incontrolable de las condiciones naturales y sociales de la producción, motivado por la acción del mismo capitalismo, aunque eso no impida que en el cortísimo plazo algunas fracciones del capital alcancen ganancias extraordinarias, como resultado del acaparamiento, la especulación o la inversión en actividades relacionadas con la misma crisis, tal como la compra de empresas petroleras o de automóviles. En pocas palabras, la crisis civilizatoria “es silenciosa persistente, caladora y su sorda devastación se prolonga por lustros o décadas, marcados por estallidos a veces intensos, pero no definitivos, que en la perspectiva de la cuenta larga configuran un periodo de crisis epocal”.[14] 

Y este carácter insoluble de la crisis civilizatoria plantea la urgencia de un cambio revolucionario para sustituir al capitalismo si es que la humanidad quiere tener un mañana. Esto exige la construcción de otra civilización distinta al capitalismo que recobre los valores de la justicia, la igualdad, el valor de uso, la solidaridad, la fraternidad y otro tipo de relaciones con la naturaleza y que rompa con el culto al consumo, a la mercancía y al dinero. Eso supone reconocer la existencia de límites de diversa clase para los seres humanos: naturales, materiales, energéticos, económicos, tecnológicos y sociales que tornan imposible un crecimiento ilimitado, como el postulado por el capitalismo realmente existente, y que hoy se exalta como el milagro salvador que va a sacar al capitalismo de la crisis, y que pretende estar por encima de cualquier tipo de condicionamiento para sostener que no hay ningún tipo de barrera, ni natural ni social, que pueda impedir una expansión incontenible de la acumulación de capital.

Un movimiento anticapitalista en las actuales circunstancias de crisis civilizatoria debe plantearse una estrategia doble, que es complementaria y no antagónica: uno, impulsar todas las medidas indispensables para mejorar las condiciones de vida de la población pobre mediante la redistribución mundial y nacional de la riqueza que permitan romper con la injusticia y la desigualdad de clase, sin que esto se de por la órbita mercantil que privilegia el afán de lucro sino mediante la recuperación del valor de uso, la solidaridad y la fraternidad, todo lo cual sólo puede hacerse con una revolución que posibilite el control de los medios de producción por los productores asociados que, por supuesto, requiere como condición fundamental la “expropiación de los expropiadores”; y dos, replantear en forma radical la noción de progreso tecnológico, proponiendo un programa político y económico que cuestione la producción mercantil y todos sus efectos ambientales y energéticos.

Esto, desde luego, supone todo un reto ideológico y político para afrontar la crisis porque implica que las izquierdas históricas deben romper con su inveterado culto al progreso, a las fuerzas productivas y a los artefactos tecnológicos generados por el capitalismo, lo cual requiere de un nuevo tipo de educación y politización, porque “es imprescindible refundar un movimiento comunista rojo-verde, que ponga en el centro de su actividad política las medidas ambientalistas radicales”.[15]   

En esta dirección, hoy ante la crisis civilizatoria se precisa complementar dos tipos de crítica, la de Marx a la explotación de los trabajadores y otra, más reciente del ecologismo anticapitalista, a la destrucción de las condiciones que permiten la reproducción de la vida. Y esta doble crítica debería recobrar la indignación, aquella que Marx mostró cuando denunció que la búsqueda insaciable de plusvalía por parte de los capitalistas degrada las relaciones humanas y esa misma indignación se requiere para enfrentar las consecuencias de la crisis ambiental y la transformación climática, ya que “frente a esta posibilidad de una gran perturbación que pondría en peligro la base material de la reproducción social, los sectores dominantes de la burguesía han caído aún más bajo, en una degradación moral sin precedentes, que pone en peligro el futuro de la humanidad en su temerario intento de continuar las prácticas productivas que han creado esta situación”.[16]

Con relación a esta decadencia moral e histórica de las clases dominantes que representan a un régimen económico y social que puede catalogarse como un capitalismo senil, es imprescindible reivindicar otra ética, la de los límites y la de la autocontención, que deben llevar a plantear la urgencia del decrecimiento en algunos lugares del mundo (en los países altamente industrializados), junto con la redistribución económica allá y en el sur del mundo, como resultado de una modificación revolucionaria en las relaciones de propiedad, como un proyecto político, colectivo y urgente, que claramente reivindique la superación del capitalismo porque solamente una ruptura con su culto al crecimiento, su consumismo exacerbado y su productivismo sin límites, puede evitar la catástrofe. Porque, en pocas palabras, “la dinámica del capitalismo de consumo masivo desemboca en la aberración de un planeta para usar y tirar. Frente a esto el ecologismo es insurgente: ¡la Tierra no es desechable!”.[17] Por ello, como dicen Adolfo Gilly y Rhina Roux “en el mundo de hoy, razonar con lucidez y obrar con justicia conduce a la indignación, el fervor y la ira, allí donde se nutren los espíritus de la revuelta. Pues el presente estado del mundo es intolerable; y si la historia algo nos dice es que, a su debido tiempo, no será más tolerado”.[18]

En efecto, la historia está abierta y que se consolide otra forma de sociedad depende, en última instancia, de la capacidad de refundar un proyecto anticapitalista de tipo ecosocialista por todos los sujetos que creen que otro mundo es posible y necesario, y que tal vez podría expresarse de manera sintética en la actualización de una célebre máxima revolucionaria, de esta manera: “Ecosocialismo o barbarie tecnofascista”.

Fuente: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-42/crisis-civilizatoria

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, desechar el objetivo inmediato de la unidad de acción que sea lo más amplia posible para derrotar al gobierno de Mauricio Macri. El balotaje y la derechización extrema de las democracias burguesas expresan al poder de una minúscula minoría de la humanidad de imponer su lucro creciente y extraordinario por sobre necesidades e intereses de todos los pueblos planetarios. Pero, al mismo tiempo, a la conciencia de estar en crisis estructural y afrontar el imperativo de mantener sometidas a las grandes mayorías. Frente a esta realidad donde el kirchnerismo, el macrismo y el massismo tienden a conservarnos país cada vez más arruinado, nuestro desafío es emanciparnos del sistema capitalista local y mundializado por hermanamiento con los pueblos de Nuestra América y de todo el planeta.

 

Nos exige reflexionar sobre:

Los siete momentos del cambio social
Revista Herramienta Nº 43 Marzo de 2010

Por David Harvey

(…)Intervención en el Congreso “Marxism 2009”, organizado por el SWP (Partido Socialista de los Trabajadores) británico en Londres, del 2 al 6 de julio. David Harvey participó en el taller consagrado a la crisis económica junto a Chris Harmann. En su intervención se desarrolla principalmente una idea que parece paradójica hoy con relación al repliegue del movimiento social. Para él, la crisis, lejos de cerrar los horizontes socialistas, abre nuevas perspectivas. Es la hora, según él, para las fuerzas de izquierda, de volver a salir al ataque, armadas de una teoría del cambio social que se inspira en Marx. (Nota de los editores franceses)

La crisis es, a mi juicio, una racionalización irracional de un sistema irracional. La irracionalidad del sistema queda perfectamente clara hoy: masas de capital y trabajo inutilizadas, de costa a costa, en el centro de un mundo pleno de necesidades insatisfechas. ¿Acaso esto no es una estupidez? La racionalización que el capital desea tiene por objeto restablecer las condiciones de extracción de plusvalía, restaurar los beneficios. El medio irracional de lograr este objetivo consiste en suprimir trabajo y capital, condenando inevitablemente al fracaso la racionalización buscada. He aquí lo que entiendo por racionalización irracional de un sistema irracional.

Sin embargo, el socialista que soy considera que existe otro medio de racionalizar el sistema. La cuestión fundamental, a mi modo de ver, consiste en determinar las condiciones que permitan al capital y al trabajo, reunidos, ir efectivamente al encuentro de las necesidades de la humanidad. Es la racionalización a la cual deberíamos tender todos, de ahora en adelante. En efecto, hoy día la crisis abre la oportunidad de pensar la transición hacia el socialismo, hacia el comunismo.

Ahora bien, buscar respuestas en el sistema en el cual vivimos implica reafirmar nuestro entusiasmo revolucionario. Entiendo que para ello es necesario volver de nuevo a los orígenes de este entusiasmo. Aunque aprecié mucho el impulso revolucionario que reinaba ayer aquí por la noche, con Alex Callinicos o Slavoj Žižek, me pareció no obstante que éste no estaba libre de peligros. En nuestra época, el adjetivo revolucionario se ha vaciado de sentido. Todo es revolucionario, incluidos los cosméticos, y no estoy seguro de querer llegar a ser un experto del último pulverizador capilar revolucionario; ¿Acaso Margaret Thatcher no se definía ella misma como revolucionaria?

 

Pensar para actuar

¿A qué debería parecerse el movimiento revolucionario que deseamos? Para responder a esta cuestión debemos forjar una teoría del cambio social que nos ayude a determinar los medios por los cuales un movimiento revolucionario pueda conducirnos hacia una sociedad radicalmente diferente. Con ese fin, me interesé cada vez más de cerca con lo que es, a mi juicio, la teoría del cambio social desarrollada por Marx en El capital. Y voy a utilizarla para que reflexionemos sobre esta teoría como un medio para actuar.

El pasaje sobre el cual me detengo siempre es una nota a pie de página (la nota 4) del capítulo 13 del libro I, titulado “Maquinaria y gran industria”. Marx desarrolla la idea de que la tecnología, la relación con la naturaleza, las relaciones sociales y las representaciones mentales se imbrican en una suerte de configuración dialéctica. Conecta igualmente esta idea con su lectura de Darwin, lo que me parece casi corresponder con una tentativa evolucionista para establecer una teoría del cambio social. Marx plantea la cuestión en estos términos: analicemos estos distintos elementos poniéndolos en relación con nuestra concepción del futuro; es decir, partamos de donde estamos ahora y reflexionemos sobre los medios para llegar a otras configuraciones.

 

La relación con la naturaleza: primer momento del cambio social

El primer concepto sobre el cual Marx se detiene es el de la relación con la naturaleza. ¿En qué consiste nuestra relación con la naturaleza? ¿Cómo la comprendemos? ¿Por qué medios queremos modificarla en el futuro y cómo pensamos la relación dialéctica entre la actividad humana y la transformación de la naturaleza? Colocar la relación con la naturaleza en estos términos vuelve obsoleta la idea de que la naturaleza podría ser determinada por la actividad humana. Al contrario, aparece más bien como un componente del cambio social. En otras palabras, colocar la relación con la naturaleza así implica que la transformación humana y la transformación del orden de la naturaleza son interdependientes, evolucionan juntas. Esta dialéctica es crucial en la historia humana. Y cuando Marx la aborda, lo hace de manera extensa, abarcativa y compleja.

 

He aquí, en cualquier caso, un momento de la transformación histórica sobre la cual Marx nos invita a que reflexionemos: ¿Qué tipos de relación con la naturaleza apuntan a una sociedad socialista? ¿Y cómo vamos a conseguir, a partir de la situación actual, establecer nuevas formas de relación con la naturaleza en la sociedad socialista futura?

 

El momento tecnológico

Marx introduce otro elemento: el tecnológico. Para él, la tecnología no se reduce a las máquinas sino que se refiere también a la concepción, a las formas sociales y a la organización del trabajo, así como a la formación y los conocimientos necesarios. Este momento nos reenvía a una extensa esfera de actividades. ¿Qué tipos de combinaciones tecnológicas deseamos y cómo pueden ser establecidas? He aquí las cuestiones a las cuales debemos responder. A ellas se añade el problema planteado por Marx en el capítulo 15, consagrado a la gran industria: ¿Cómo el capitalismo definió una tecnología que le es propia y que corresponde perfectamente con sus necesidades específicas y a sus medios de producción? Después de todo, el capitalismo tiene su origen en tecnologías feudales, en formas de organización social feudales. Y es solamente cuando desarrolla su propia tecnología que de verdad se afirmó como capitalismo. La evolución de la tecnología se conecta entonces con la aparición de un nuevo modo de producción que rompe con el feudalismo.

Se trata, entonces, de colocar un haz de cuestiones verdaderamente cardinales para nosotros:

 

¿Qué tipos de tecnologías podemos imaginar para la sociedad socialista? ¿Cómo establecerlas, al mismo tiempo que hoy sólo nos parece posible utilizar las formas tecnológicas que conocemos? ¿Cómo podremos pasar de tecnologías capitalistas a otras completamente diferentes? En otras palabras, se trata de plantearse exactamente las mismas cuestiones que en el capitalismo se plantearon para pasar de las tecnologías feudales a sus propias tecnologías.

 

Esta cuestión no es, obviamente, independiente de la relación con la naturaleza. Porque la relación con la naturaleza es definida por parámetros tecnológicos, al menos tanto como las tecnologías son determinadas por problemas vinculados a la naturaleza. En la actualidad, las “tecnologías verdes” se consideran como un medio para responder a las dificultades que plantea la relación con la naturaleza. Existe entonces una estrecha relación entre la evolución tecnológica y la evolución de nuestra relación con la naturaleza. Es decir, estas evoluciones están dialécticamente relacionadas una con la otra, aunque son independientes entre sí. Así como lo que hacemos tiene consecuencias directas sobre la naturaleza, esta cambia por sí misma también y debemos adaptarnos a ello. No es una casualidad si, por ejemplo, se asociaron algunas gripes aparecidas recientemente con las grandes densidades de la industria agroalimentaria. Surgida en México, la gripe porcina procede en realidad del desplazamiento de las grandes concentraciones de cerdos de Carolina del Norte hacia este país. En el Delta del Rivière de las Perlas (Sur de China), la gran concentración de aves (incluidos pollos enfermos) implicó la aparición de la gripe aviaria.

 

El mecanismo tecnológico y la relación con la naturaleza son, por tanto, dos momentos del proceso de transformación en los cuales debemos pensar.

 

Las relaciones sociales

 

El tercer elemento sobre el cual Marx se detiene se refiere a las relaciones sociales. ¿De qué tipos de relaciones sociales estamos hablando en el presente y en qué tipo de relaciones sociales queremos trabajar? Queda claro que esta cuestión no es independiente de los mecanismos tecnológicos, que tiene que ver con la relación con la naturaleza. En efecto, estas relaciones constituyen una esfera verdaderamente compleja, dentro de la cual los conflictos son numerosos, tanto en lo que concierne al tipo de relaciones sociales que contemplamos -en términos de clases sociales, de género, de “razas”- como a los medios de los que disponemos para asumir el conjunto de estas cuestiones.

 

De este modo, las tecnologías limitan las posibilidades de algunos tipos de relaciones sociales. Por ejemplo, yo defiendo la idea de una división horizontal de las tareas sociales en el marco de algunas actividades comunes. Y con todo, tendría temor de ver a un anarquista a la cabeza de una central nuclear. Y francamente, la existencia misma de las centrales nucleares -y que se piense que ellas existan para un determinado tiempo- implica tomas de decisiones rápidas, con el riesgo de que una u otra explote.

Entonces, en cierto sentido, las tecnologías de las que disponemos no están desvinculadas de una determinada manera de concebir las relaciones sociales; del mismo modo, las posibilidades de ver las relaciones sociales no están desvinculadas de las tecnologías disponibles. Algunos piensan que es maravilloso poder beneficiarse de las tecnologías solares y de las energías eólicas. Sin embargo, el desarrollo de estas tecnologías depende de metales que poseen las cualidades magnéticas necesarias para su funcionamiento. Ahora bien, un 95% del comercio de estos metales raros procede hoy de China. Así pues, tal solución suscita otras dificultades, vinculadas, en particular, con la posición dominante de China en el comercio de los metales raros.

 

Organización de la producción, representación mental del mundo, de la vida diaria y del “vivir juntos”

El cuarto elemento sobre el cual Marx se detiene es, por supuesto, la organización de la producción. La producción puede organizarse de numerosas maneras diferentes. Debemos reflexionar sobre el proceso de producción y sus métodos de funcionamiento. La organización de la producción no está, nuevamente, separada de las relaciones sociales, de los medios tecnológicos y de la relación con la naturaleza.

Marx introduce una dimensión más que, en mi opinión, es en verdad muy importante: la representación mental del mundo. Ésta debe cambiar: debemos modificar nuestra manera de vernos en el mundo en términos de relaciones sociales, de medios tecnológicos, de relaciones con la naturaleza, en resumen: en relación con todas las cuestiones mencionadas anteriormente. De nuevo, esta transformación no es independiente de todos los demás aspectos. A eso se añade nuestra concepción de la vida diaria (el trabajo, los niños, etc.). ¿De qué se trata, en definitiva, hoy? ¿Y cómo lo vemos en la sociedad que debe construirse?

En fin, el último aspecto sobre el cual Marx hace hincapié remite a la noción de “vivir juntos”, es decir, todos los elementos de carácter institucional y administrativo que cimientan a la sociedad y gracias a los cuales los hombres y las mujeres pueden coexistir.

La revolución permanente del capitalismo

Tenemos así siete aspectos que participan en la transformación de todo orden social. Estos siete momentos evolucionan juntos en cada una de las fases de transición del orden social existente. Así pues, cuando Marx reconstruye el paso del feudalismo al capitalismo en El capital, destaca el hecho de que todos estos elementos debieron cambiar los unos en relación con los otros. En efecto, eso parece bastante claro, y es absolutamente falso sostener que Marx se haya imaginado que sólo uno de estos aspectos pudiera haber sido el determinante: el cambio tuvo implicaciones sobre cada uno de estos elementos. La transformación social es entonces un proceso que evoluciona de manera interdependiente; en eso se parece al sistema ecológico. La transición del feudalismo al capitalismo implicó de hecho una transformación de la representación mental del mundo, del proceso de producción, de la tecnología, y de la relación con la naturaleza.

Sin embargo, a partir del momento en que el capitalismo se afirmó, no quedó satisfecho con la manera en que estos siete momentos se articulaban. En efecto, optó por una revolución perpetua. Piensen un poco en estos siete aspectos y traten de recordar cómo eran visualizados en 1970. ¿Cuál era entonces la representación mental dominante del mundo? ¿Y cuál es la de hoy? El capitalismo se presenta así como una reconfiguración radical permanente de todos estos momentos.

 

Las crisis configuran de nuevo al conjunto de estos elementos. En la actualidad, precisamente, atravesamos una crisis y debemos pensar en todas las posibilidades que se abren en este momento particular para configurar de nuevo el conjunto de estos aspectos, con el fin de reorientar la sociedad no en el sentido hasta ahora dominante -hacia las ganancias capitalistas- sino en una dirección radicalmente diferente, para responder a las necesidades de la humanidad.

 

Las posibilidades abiertas por la crisis

De ellas deberíamos ocuparnos en este momento. Lo que es de verdad maravilloso en el hecho de ver las cosas así es que el movimiento social puede tomar apoyo sobre no importa cuál de estos aspectos. Sin olvidar, sin embargo, que lo importante es no detenerse en uno u otro. En otras palabras, es necesario crear un movimiento revolucionario móvil que atraviese todas estas interrelaciones dialécticas. El capitalismo no sabe qué tipo de reconfiguración va a establecerse. Estamos hoy en un momento donde debemos estar en condiciones de dar sentido a todas estas posibilidades. Pero para ello, necesitamos recursos, imaginación, creatividad científica; tenemos necesidad de la ayuda de mucha gente. Debemos movilizar al conjunto de estas fuerzas. Por tanto, en este momento de crisis, uno de los problemas principales al cual debemos hacer frente es que todos estos recursos potenciales están, en cierta medida, aprisionados ideológicamente bajo el yugo de las estructuras institucionales, y por ello debemos liberarlos.

Yo trabajo en el sistema universitario; una de las más importantes tareas que tenemos que encarar hoy es liberar a la universidad de las limitaciones corporativistas neoliberales y movilizar a todas las personas que se preguntan lo que está en curso, con el fin de animarles a reflexionar. Imagínense que pueda hacerse… Pero debemos hacer más todavía. La universidad no se cuestiona sola; es necesario movilizar a otras instituciones, hacer el llamado; he aquí lo que en verdad debe hacerse.

 

Una visión radicalmente otra del mundo

Con el fin de movilizar al conjunto de estos recursos es necesario avanzar una visión del mundo radicalmente diferente, y proponer soluciones alternativas a aquellas sobre las cuales numerosas personas tienden. Debemos, por otro lado, extender esta nueva visión del mundo en el sentido más amplio posible. En otras palabras, si existe una transición entre el capitalismo y el socialismo, ella deberá ser tan larga y compleja como la que señaló el paso del feudalismo al capitalismo. Considerar así la fase de transición implica que es necesario ir más allá de las barricadas y la toma de poder. Ciertamente debemos tomar apoyo sobre estructuras existentes, sobre el Estado, pero debemos reconfigurar radicalmente al Estado. En mi opinión, no tiene ningún sentido llamar a la destrucción del Estado, porque la cuestión del tipo de institución que debe sustituir al Estado va a plantearse inevitablemente. Alguna cosa similar al Estado deberá organizar al Estado y eso implicará una reconfiguración de toda la estructura institucional.

Aquí está, a mi juicio, el conjunto de tareas que debemos atender. Ahora bien, nos enfrentamos a una crisis mayor en nuestras propias filas, vinculada a nuestra falta de imaginación en cuanto a lo que debe y puede hacerse reuniendo y movilizando todos los recursos disponibles. Debemos tener una visión más amplia que aquélla que expresa generalmente la izquierda.

La ciudad como bien común

Uno de los grupos con los cuales trabajo en Nueva York se llama “Derecho a la ciudad”. Se trata de una asociación que reúne aproximadamente a quince organizaciones que defienden distintos intereses (los sin refugios, las víctimas de la criminalización, los homosexuales, etc.). Estas organizaciones se reunieron con el fin de defender el derecho a la ciudad, a recuperar la ciudad como bien común. Se trata, a mi juicio, de un muy importante movimiento político que busca proyectarse nacionalmente; pretende extenderse en Nueva York, Miami, Washington, Los Ángeles y otras ciudades más. Aunque no sé cómo situarlo en las distintas concepciones de las clases sociales puestas en cuestión esta noche, lo considero como un movimiento de clase.

Muchas esferas, cuestiones, temas, deben ser abordadas: aquellas que afectan a la gente y son verdaderamente indignantes. Por ejemplo, en enero de 2008, dos millones de personas habían perdido sus casas en los Estados Unidos. Durante el mismo mes, Wall Street se asignaba una prima de 32 mil millones de dólares (sólo 2% menor que el año anterior), ¡una prima por haber llevado a la ruina el sistema financiero mundial! Encuentro eso en verdad indignante. Pero lo es más aún el que aquellos que perdieron su casa fueron considerados responsables del desastre. Eso no deja ninguna duda en cuanto a la incapacidad de comprender la naturaleza sistémica de la crisis.

El papel de la izquierda hoy

(...)

Transcripción, traducción al francés, título y encabezamientos de Stéfanie Prezioso para solidarités, n°159, 4 de diciembre de 2009, según el video disponible en youtube: “The Crisis today: Marxism 2009, Bloombsburry, July 5 2009”. Versión en castellano tomado de Viento Sur sección web, traducción de Andrés Lund Medina. Revisión del texto de los editores de Herramienta. 
Revista Herramienta Nº 43 Marzo de 2010

Fuente: http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-43/los-siete-momentos-del-cambio-social

 

 

 

 

Nos exige involucrarnos contra:

El acaparamiento de tierras. En 2016 sigue creciendo y sigue siendo malo
2 de diciembre de 2016

 

Ocho años después de la publicación del primer informe sobre acaparamiento de tierras, que puso el tema en la agenda internacional, GRAIN publica un nuevo conjunto de datos que documentan cerca de 500 casos de acaparamiento de tierras en todo el mundo.

GRAIN - Noviembre de 2016

En una base de datos reciente, GRAIN documenta casi 500 casos de acaparamiento de tierras por todo el mundo.

A partir de la investigación que realizamos en 2008 con la que pusimos el acaparamiento de tierras en la discusión mundial, desde GRAIN publicamos una nueva base de datos documentando casi 500 casos actuales de acaparamientos de tierra por todo el mundo. Los casos abarcan 78 países, cerca de 94 mil millones de dólares en inversiones relacionadas con más de 30 millones de hectáreas de tierra agrícola (un área cercana al tamaño de Finlandia).

Algunos de estos egregios negocios con tierra, que aparecieron en la locura de inversiones que siguió de la crisis alimentaria y financiera del 2008, ya redujeron el tamaño de sus ambiciones o ya colapsaron del todo. Sin embargo, estos acuerdos de negocios con tierras no son necesariamente motivo de celebración en torno al fenómeno de acaparamiento global de tierras, dado que los que se mantienen encarnan “iniciativas duras para expandir las fronteras de la agricultura industrial”. Estos negocios intensifican los conflictos, conforme son encarcelados los activistas de los derechos agrarios, en tanto los periodistas son hostigados y asesinan rutinariamente a líderes campesinos e indígenas.

Si existe algún motivo de optimismo éste yace en el tremendo impulso en pos de una resistencia global, movilizaciones locales y una solidaridad internacional que se aglutinan en contra del acaparamiento de tierras. Los campesinos, los jornaleros, los grupos de migrantes, los pescadores, pueblos indígenas, pastores y otros comienzan a converger para enfrentar el problema en múltiples frentes, al tiempo de que desarrollan nuevas estrategias de resistencia. Este nuevo informe con su base de datos son recursos y herramientas para estas luchas.

Versión online aquí

Para acceder al informe y los datos (PDF) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:

El acaparamiento global de tierras en el 2016. Sigue creciendo y sigue siendo malo

Fuente:  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_acaparamiento_de_tierras_en_2016_sigue_creciendo_y_sigue_siendo_malo

Atendamos y valoremos:

 

 

 

Un grito de cinco siglos
29 de junio de 2015

Por Darío Aranda (Periódico Vas)

 

Pueblos originarios de 17 provincias se reunieron en Buenos Aires en una Cumbre Indígena. Debatieron sobre la situación de las provincias y a nivel nacional. Elaboraron un documento con denuncias y propuestas, pero no fueron recibidos por el Gobierno. Derechos humanos, extractivismo y cuatro meses de acampe indígena en el centro porteño.

El afiche color naranja, colgado en la pared de entrada, es pequeño. No más de un metro de largo y 50 centímetros de ancho. Está escrito con fibra negra. “Cumbre indígena. Qopiwini (Pueblos Qom, Pilagá, Wichí, Nivaclé)”. Es un reflejo de un encuentro hecho con muy pocos recursos, donde se movilizó a más de cien delegados indígenas de 17 provincias. Durante tres días se reunieron en Buenos Aires, debatieron y consensuaron un documento. Marcharon hasta Casa de Gobierno, pero no fueron recibidos por ningún funcionario. “Cobardes”, denunció Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, a los funcionarios que se negaron a recibir a los indígenas. El documento del encuentro indígena afirma: “Argentina sufre las consecuencias de un modelo económico no-sustentable (…) Venimos desde nuestros territorios ancestrales para manifestar que seguimos vivos como pueblos y culturas indígenas”.

Formosa en Buenos Aires

 Los cuatro pueblos originarios de Formosa acampan en Avenida de Mayo y 9 de Julio desde el 14 de febrero. La lista de reclamos incluye demandas tan antiguas como básicas: agua, salud, educación, respecto al territorio comunitario, fin de las represiones y cumplimiento a los derechos indígenas (entre ellos, la obligación de consultarlos ante cada acción que pudiera afectarlos, vigente en legislación local e internacional de derechos humanos).

El paso previo había sido la conformación de una organización provincial, en enero pasado, llamada Qopiwini Lafwetes (palabra wichí que significa “raíz que crece”), integrada por 46 comunidades de los cuatro pueblos indígenas. “Llevo tiempo, pero es uno de los los mayores logros poder estar todos los hermanos juntos”, explicó Israel Alegre, histórico referente de la comunidad Namqom (en las afueras de la capital formoseña).

Obras inconsultas e intromisión de punteros políticos en la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), más la ausencia de diálogo con la Provincia, motivaron a Félix Díaz, qarashé (autoridad) de la comunidad a acampar en el centro porteño, donde ya había estado entre diciembre de 2010 y abril de 2011.

De inmediato llegaron los primeros qom de Potae Napocna Navogoh. Y, de manera paulatina, se sumaron decenas de comunidad de Formosa. El 10 de marzo realizaron una extensa marcha a los tres poderes del Estado. Responsabilizaron a la Corte Suprema de Justicia, al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo por la situación de los pueblos originarios. “Nos sacan los territorios a los indígenas para dárselos a las multinacionales”, resumió Díaz.

Exigieron audiencia con los tres poderes. Ninguno respondió.

Sobrevinieron cortes en la 9 de Julio (día de por medio, durante las tardes). Cumplió el objetivo de visibilizarlo ante la prensa porteña, pero el Gobierno no tendió ningún puente de diálogo.

Luego de cumplir los dos meses de acampe, y ante la falta de respuesta, Qopiwini convocó a un encuentro de comunidad en Buenos Aires. La llamo “Primera Cumbre de Pueblos Indígenas de Argentina”.

Cumbre

Durante tres días (27, 28 y 29 de mayo) se reunieron en Casa Nazareth, en la reconocida Iglesia Santa Cruz (espacio de referencia de los derechos humanos y resistencia frente a la dictadura cívico-militar). Estuvieron presentes más de cien delegados y autoridades de 25 pueblos indígenas, de 17 provincias (Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, entre otras). Se conformaron grupos de realizaron panoramas de situación por cada tema, desde lo local hasta lo provincial y nacional, con estrategias de acción y propuestas. Algunos de los tópicos fueron el modelo extractivo y sus consecuencias, el territorio, modelo agropecuario, energía nuclear, gasoductos que atraviesan territorios indígenas, acceso y reservas de agua, judicialización, legislación y cumplimiento de derechos, entre otros.

La calle Carlos Calvo al 3100 tiene un extenso paredón, un portón de rejas, un pequeño hall y una puerta doble de madera. No hay banner costoso ni cártel luminoso. Sí se deja ver un afiche tipo escolar, color naranja, y escrito a mano indica que es la sede del encuentro indígena. Ya adentro, una mesa donde inscribirse, indígenas que reciben con indicaciones de la cumbre y una credencial indentificatoria.

El salón es amplio. Unos 30 metros de largo por quince de ancho. Las jornadas ya comenzaron. Hay una decena de grupos en ronda. La mitad dentro del salón. El resto afuera, en un jardín con pérgolas y árboles añejos.

La comunidad mapuche Wirkalew vive en el pueblo Sauzal Bonito (cerca de Añelo, Neuquén) desde el Siglo XIX. Siempre sufrió y enfrentó los intentos de despojos, pero recrudecieron el último año. “Hace 200 años que vivimos en la misma tierra y ahora estamos pasando malos momentos. Nos están haciendo la guerra todos los días, no han sacado tierras, nos acorralan los animales y no tenemos para alimentarlos. La tierra y los animales son todo lo que tenemos”, explica Ana Wirkalew, que junto a sus nueve hermanos, hijos, sobrinos y nietos conforman la comunidad.

Denuncia al intendente Vicente Zenón Sandoval, que junto a grupos de choque avanza sobre las tierras mapuches. De las 6.000 hectáreas que la comunidad reivindica como propias, sólo les quedan 2.000. “El Intendente quiere sacarnos todo. Nos amenazó con arma, dijo que nos iba a matar”, advierte.

Exigen que Nación y Provincia tomen medidas urgentes. Las dos primeras: que le entreguen la personería jurídica que los inscribe como comunidad indígena y que se aplique el relevamiento catastral de la Ley Nacional 26160. Tercer paso: el título de propiedad comunitario.

Ana Wirkalew nunca había participado de un encuentro con tantos pueblos indígenas, de variadas provincias. “Es bueno encontrarse con hermanos que atraviesan situaciones similares. Y es bueno porque estos espacios nos reafirman nuestros derechos y nos dan fuerza para la lucha”, afirma.

En el otro extremo del país, en Laguna Yema (departamento de Bermejo, Formosa), vive Jorge Palomo, de 32 años y vocero de su comunidad wichí. “Al empresario y al gobernante sólo le interesa nuestros territorios para sacar las riquezas. No le importa la contaminación, si enfermamos o morimos. No les importamos”, afirma y explica que por eso acampan en Buenos Aires, y por ese convocaron a la cumbre: “A todos los hermanos indígenas nos está pasando los mismo. Tenemos muchas leyes, pero no se cumplen”.

Palomo enumera reclamos. Falta de la salud, de educación, agua, electricidad, pero ante todo hay una demanda: territorio.

 

Criminalización

Las comunidades mapuches Winkul Newen y Wiñoy Folil, en cercanías de Zapala (Neuquén), resisten desde hace una década la avanzada de empresas petroleras. En diciembre de 2012 se produjo un nuevo intento de desalojo (para que ingrese la petrolera Apache, de Estados Unidos). No se respetaron ninguna de las leyes nacionales que prohíben desalojos indígenas. La comunidad resistió. Momento de tensión. Piedras que volaron. Y fue herida en el rostro la oficial de justicia Verónica Pelayes. La causa llega a juicio, luego de las vacaciones de invierno, bajo la carátula de “tentativa de homicidio”, con penas de hasta 15 años de cárcel.

“En Neuquén hay más de 200 mapuches judicializados. Y nuestra causa fue muy politizada por el Gobierno, las petroleras y los grandes estancieros. Quieren una condena para que ninguna otra comunidad defienda su territorio”, alerta Mauricio Rain, uno de los denunciados (los otros dos son Relmú Ñamku y Martín Maliqueo). Dato extra: debajo de ambas comunidades está la formación petrolera Vaca Muerta.

Rain afirma que una constante visible en la Cumbre es que no se respetan los derechos indígenas, los mayores conflictos están donde hay recursos naturales y presencia de empresas (agropecuarias, petroleras, mineras) y, otro punto en común, el poder político y el Poder Judicial suelen actuar junto a las empresas. “El principal reclamo es al gobierno nacional. No podemos seguir viviendo así”, remarca Rain.

 

Documento

Luego de dos días de debates y consensos, el viernes 29 se difundió el documento final. “Este modelo económico, conocido desde los años 90 como el capitalismo neoliberal, es un modelo occidental, hoy globalizado. Ha resultado en una profundización sin precedentes de la desigualdad y el empobrecimiento, la violación de los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación y saqueo de los llamados “recursos naturales” (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, por consecuencia, el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el patrimonio cultural”, describe.

Y enumeran once puntos: durante décadas se han intentado diálogos con los gobiernos nacionales pero no fueron correspondidos; durante los últimos diez años hubo una decenas de indígenas asesinados y “hay represión, intimidación y una plan sistemático de judicializar la resistencia”; el gobierno “continua violando con total impunidad” las leyes nacionales y los acuerdos internacionales de derechos humanos; denuncian al extractivismo como un factor fundamental en la avanzada territorial; solicitan la creación de políticas públicas con la participación plena y efectiva de los pueblos originarios; denuncian que en Argentina se llevan a cabo “reiteradas violaciones a los derechos humanos” y advierten: “Estamos dispuestos a seguir luchando protegiendo a nuestras tierras y territorios”.

Al final del documento precisan tres exigencias. La derogación de la Ley Antiterrorista (aprobada en 2011), el desprocesamiento de las autoridades indígenas y que la Presidenta reciba a los cuatro pueblos originarios de Formosa nucleados en Qopiwini Lafwetes (el 14 de junio cumplieron cuatro meses de acampe). “¡Nunca más una hermana o hermano muerto o violentado por defender sus territorios y la Madre Tierra!”, finaliza el documento de la Cumbre Indígena.

 

Derechos humanos

El viernes 29 de mayo por la mañana, último día del encuentro indígena, marcharon hasta Casa de Gobierno para entregar el documento final. No les permitieron pasar la reja, sólo habilitaban el ingreso a Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia -Serpaj-) y a Pablo Pimentel (Asamblea Permanente de Derechos Humanos -APDH- de La Matanza). Ambos advirtieron que sólo entrarían si también ingresaban los referentes indígenas.

Finalmente ingresó una pequeña comitiva. Pidieron ser recibidos por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, o por el ministro del Interior, Florencio Randazzo (que había sido el interlocutor durante el conflicto qom de 2010-2011). Comenzó un deambular entre despachos oficiales, sin respuestas, largas esperas, policías que seguían de cerca, más esperas. Fueron más de tres horas de lo que consideraron un “maltrato más”.

Salieron sin respuesta. Esperaron nuevamente frente a la reja de Casa de Gobierno. Llegaban secretarios de los funcionarios, prometían que iban a ser recibidos y se iban. A los treinta minutos se repetía la escena, pero con otro secretario de Jefatura de Gabinete. Siempre reja de por medio.

Fueron otras dos horas de espera (cinco en total desde que llegaron a Casa Rosada). Y nadie recibió a los pueblos indígenas ni el documento con reclamos puntuales.

Félix Díaz explicó que la última propuesta consistía en, reja mediante, entregar el documento de la Cumbre a un policía y que éste lo llevaba a mesa de entradas. “Es muy doloroso que nos traten de esta manera. Hace cinco años que entregamos documentos y no hay soluciones. No queremos conflicto, queremos diálogo pero no nos quieren escuchar”, acusó Díaz, y responsabilizó a la Presidenta por no querer recibir a los pueblos originarios. “Provoca dolor esta situación. Nos están matando en las provincias y también frente a la Casa Rosada”, afirmó Félix Díaz.

Pérez Esquivel emitió un documento que describió la situación. “Derechos de los Pueblos Originarios. ¿Realidad o el cuento K de nunca acabar?”, es el título. Recordó los tres meses de acampe en la Avenida 9 de Julio y detalló el destrato en Casa de Gobierno. “La actitud de silencio y burla de Aníbal Fernández y Florencio Randazzo fue un acto de cobardía, que niega la realidad, sin dialogar y sin buscar soluciones justas. Actúan con falta de ética política, escondiéndose de los pueblos indígenas y de los organismos de derechos humanos que los acompañaban. Triste conducta de los que pretenden dirigir el país. El discurso de democracia y derechos humanos de algunos no pasa de las rejas de la Casa Rosada”, denunció el Premio Nobel de la Paz.

Recordó que los pueblos originarios llevan largos años de lucha para que se respeten sus derechos y no se los despoje de sus territorios, puntualiza el incumplimiento de leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y lamenta que siempre chocan con la burocracia y la “falta de voluntad política de los gobiernos de turno”.

Pérez Esquivel puntualizó en la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Señala que la base fundamental de su Gobierno son los derechos humanos, y la realidad muestra que hay graves violaciones de los mismos, dañando a los pueblos indígenas, como a los pobladores en zonas afectadas por la mega-minería, los hidrocarburos, los monocultivos y agrotóxicos”.

Fuente original: http://periodicovas.com/un-grito-de-cinco-siglos/ Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=200478

 

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El nuevo campesinado: Una vía para la soberanía alimentaria
26 de junio de 2015

 

"El nuevo campesinado es parte de un proceso social que está surgiendo, con nuevas teorías y prácticas en la agricultura, proviniendo de dos corrientes complementarias, por una parte tenemos al campesino tradicional que se adapta a las nuevas formas de producción y los no campesinos, que se adhieren a esta masa creando una nueva forma de agricultura, en donde sus ideales y contexto social hacen una pauta para diferir de lo convencional, generando un nuevo tipo de consumo, en donde el usuario de estos productos tiene el conocimiento sobre de dónde vienen y cómo se producen sus alimentos".

 

Por Cabrera Galindo Silvia, Chipahua Beristain Guillermo Osvaldo y Hernández Hernández Brígida.

En el presente texto se pretende dar algunos aspectos sobre el nuevo campesinado y su aporte a la soberanía alimentaria, partiendo de nuestra definición de soberanía alimentaria.

 

«Soberanía alimentaria»: es el derecho a la libertad de elegir nuestras formas de alimentación, organización y producción de alimentos, y poder hacer una revalorización del conocimiento y uso de nuestros recursos naturales, para así generar la apropiación de un paisaje culinario y agroalimentario, retomando y combinando los saberes tradicionales de nuestros pueblos con los conocimientos actuales, en donde se garanticen relaciones de solidaridad y reciprocidad en los ámbitos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales, la cual debe realizarse a través de una construcción social y cultural.

 

El nuevo campesinado.

Para entender el nuevo campesinado es necesario comprender a los agentes que interactúan en este proceso social, es decir a los campesinos, iremos desglosando las definiciones de campesino para regresar a lo que es el nuevo campesinado como conjunto.

Partiremos de la definición del campesino tradicional; este concepto nos dice que es aquella persona de un medio rural o semiurbano que practica la agricultura con conocimientos tradicionales, el cual generalmente no vende su mano de obra, sino el fruto de ella y de la tierra.

Un campesino es aquella persona que trabaja las tierras, teniendo por objetivo asegurar, de ciclo en ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo, es decir, la reproducción de los productores y de la misma unidad de producción, la explotación debe generar los medios necesarios para asegurar el sostenimiento biológico de los integrantes de la familia y la satisfacción de las otras necesidades, cultural e históricamente determinadas, como así también debe proveer de los medios para reponer los bienes consumidos en la realización del ciclo productivo. (A. Chayanov 1985)

El campesino busca la reproducción del modo de vida que tiene, así como busca asegurar el mantenimiento de su familia, los niveles de explotación que desempeñe será en función de las necesidades que él tenga, el mantenimiento de su economía campesina es el modelo del antiguo y nuevo campesinado.

Entonces, ¿es acaso una nueva línea a la productividad agrícola, o quizás una nueva ideología del nuevo campesinado?

En nuestra interpretación se entiende que el nuevo campesinado es parte de un proceso social que está surgiendo, con nuevas teorías y prácticas en la agricultura, proviniendo de dos corrientes complementarias, por una parte tenemos al campesino tradicional que se adapta a las nuevas formas de producción y por otra los no campesinos, que se adhieren a esta masa creando una nueva forma de agricultura, en donde sus ideales y contexto social hacen una pauta para diferir de lo convencional, generando un nuevo tipo de consumo, en donde el usuario de estos productos tiene el conocimiento sobre de dónde vienen y cómo se producen sus alimentos.

Los nuevos campesinos están arraigados a la localidad, creen en la diversificación, promueven prácticas respetuosas con el medio ambiente, cooperan para avanzar en su causa común, introducen tecnologías apropiadas y de escala humana, luchan por su propia autonomía, tienen en cuenta las generaciones futuras y tratan de reducir la intensificación respecto a las prácticas agrícolas convencionales. Este Nuevo Campesinado, formado tanto por agricultores tradicionales como por nuevos, está dibujando el futuro de una renovada agricultura.

¿Por qué definir al campesino clásico? es para diferenciar a cada uno y analizar la transición del campesino clásico al nuevo campesinado y de los adheridos a este nuevo modelo, que es producto de un fenómeno social, económico, político y cultural. Al paso de los años no hay modelo que pueda permanecer estático, todos sufren cambios de manera drástica o más pausada y es aquí donde hoy nos situamos en la transición al nuevo campesinado.

Este nuevo campesinado está creando el camino y las pautas hacia una verdadera soberanía alimentaria, está renovando la agricultura y proponiendo el futuro de las nuevas políticas públicas agroalimentarias.

Este nuevo enfoque ha permitido el surgimiento de nuevas formas de organización, colaboración y cooperación en cuanto a la tierra, el trabajo, los recursos económicos y el capital humano; ha ofrecido soluciones a la crisis alimentaria del mundo y a la necesidad de lograr la soberanía y seguridad alimentaria en cada país. El nuevo paradigma ha construido y practicado los principios de la multifuncionalidad de la agricultura, de las teorías del buen vivir, de la economía solidaria y campesina y de la formación de redes de trabajo y cooperación.

 

Vínculos del nuevo campesinado con la soberanía alimentaria.

Este nuevo paradigma agrosocial está compuesto por varios elementos que integran todos los factores que llevan a la soberanía alimentaria. Se observa que son los jóvenes, en su mayoría profesionistas y no originarios del campo, quienes se inclinan hacia esta nueva tendencia económica y social. La inquietud por el futuro de la agricultura y de la sociedad en general ha llevado al surgimiento de un nuevo campesinado en varias partes del mundo, encaminado hacia la búsqueda de la soberanía alimentaria, el cuidado y la conservación del medio ambiente, la producción agroecológica de los alimentos y el rompimiento de las tendencias agroindustriales de nuestro mundo globalizado.

Empezando con las relaciones horizontales de rescate de conocimientos, la construcción y transmisión de nuevos conocimientos, realizados en una práctica productiva y social real en el que está integrada el campesino a su comunidad, su grupo y familia, el cual se reconoce así mismo y ante la sociedad como un sujeto digno, comprometido con su trabajo agrícola y de capacitador en el proceso de cambio y transformación, con plena consciencia del valor de su trabajo y esfuerzo. Las prácticas que inciden en una de las necesidades básicas de la población, como la alimentación en términos de cerrar circuitos de producción y consumo a nivel regional y con sustentabilidad, puede llevar a hablar de mayor estabilidad económica, de mayor productividad y armonía entre las organizaciones de actores sociales y gubernamentales.

Además el fomento a una agricultura ecológica la cual es la que más se acerca a las dinámicas naturales del ecosistema y la búsqueda a la autonomía alimentaria que se practica a través de relaciones solidarias y de cooperación forman parte de las bases para desarrollar una forma de soberanía alimentaria.

El conocer el porqué de sus prácticas y el ejecutarlas más allá de satisfacer sus necesidades, es hacer un cambio en la forma del manejo de la agricultura, en donde se tiene conocimiento del alimento que se consume, y una apropiación de sus propios recursos tanto naturales como sociales, estos elementos forman parte de esta nueva visión de vida.

 

¿Es el nuevo campesinado una utopía?

Este nuevo paradigma, a pesar de las muchas dificultades que ha tenido para aplicar su ideología en esta sociedad tan dependiente del mundo capitalista y globalizado, ha logrado manifestarse en varios lugares del mundo demostrando su viabilidad y factibilidad como una forma de producción alimentaria.

Decir que el nuevo campesinado es una utopía, sería negar todo el esfuerzo y resultados que hoy en día van surgiendo y tomando forma respecto a esta cuestión. Sin embargo existen muchas dificultades por la cuales es complicado aplicar esta nueva forma de vida, producción y alimentación de la sociedad, y más porque que no todas las situaciones políticas, sociales, culturales y económicas de los países son iguales. Por ejemplo no podemos comparar la organización que existe en Canadá y en México, son mundos y sociedades muy diferentes. Tal vez en los países con mayor “desarrollo” como España y Estados Unidos, lugares en donde el nuevo campesinado está surgiendo con mayor fuerza, es debido a que la misma población tiene acceso a mayor información y está consciente de lo urgente que es cambiar la forma de vivir y de pensar, para lograr que se fomente la sustentabilidad de un buen vivir, algo que en México simplemente no se da, pues existen más allá muchos intereses políticos y económicos que rigen a la sociedad mexicana para conveniencia y disposición de las grandes transnacionales que han arrasado con nuestros recursos naturales y en donde el gobierno está a la orden de estas permitiendo la extracción y explotación de nuestros territorios y pueblos.

Sin embargo; el número de iniciativas en todo el mundo en donde se valoran las personas que producen sus alimentos se han multiplicado en la última década. (Pérez Vitoria, 2010).

Bibliografía:

- Monllor, Neus. (2013). El nuevo paradigma agrosocial, futuro del nuevo campesinado emergente. Polis, Revista de la Universidad Bolivariana,

- Aurelio de Alba. (2004) Suicidio o renacimiento: Metrópoli y naturaleza

- Monllor, Neus. (2012) el nuevo campesinado emergente. Revista: soberanía alimentaria: biodiversidad y culturas.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_nuevo_campesinado_Una_via_para_la_soberania_alimentaria

 

Nos exige, en vez de una batalla de ideas, generalizar la labor colectiva de deconstruir conceptos claves para orientarnos, abajo y a la izquierda, en rumbos emancipatorios del capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el racismo. Desde el progresismo y el neoliberalismo nos confunden respecto a que nuestros pueblos necesitan de China y de IIRSA, cuando ambos son imprescindibles para el desarrollo del capitalismo mundializado a costa de la devastación de Sudamérica y genocidios silenciosos. Ampliemos nuestro escrutinio y hallaremos que China ha sido y es fundamental para la consolidación de la “República Unida de la Soja” integrada por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. También con el hecho de que UNASUR se centre en desplegar la IIRSA. Tanto esta integración infraestructural como el sistema de la soja transgénica  implican rupturas ecológicas casi irreversibles y sin embargo, se continúa pensando en el corto plazo porque:

 

 

 

 

El Ministerio de Agricultura de China acusado de complicidad con Monsanto
26 de junio de 2015

El Ministerio de Agricultura de China ha sido acusado de permitir la importación de soja y maíz transgénicos tolerantes a Roundup para su comercialización en el mercado chino, sin pruebas de seguridad, con falsos permisos, falsificación de las muestras y falsos informes de pruebas de seguridad. Los ciudadanos chinos han solicitado una reorganización de este Ministerio, dice la Dra. Mae-Wan Ho.

 

Ciudadanos chinos solicitan a la Oficina legislativa del Gobierno la reorganización del Ministerio de Agricultura

Una petición firmada por más de 600 personas de China, se ha presentado ante la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado en la que alegan que el Ministerio de Agricultura ha permitido el cultivo de soja, maíz y colza transgénicos tolerantes al glifosato, que causan un daño sistemático a “las personas, los animales, las plantas, los microorganismos y el entorno ecológico, para su comercialización en China, sin confirmar que dichos productos sean seguros (1). Al contrario, el Ministerio ha actuado en connivencia con Monsanto, falsificando muestras, llevando a cabo falsas pruebas de seguridad y manipulando también las conclusiones sobre su seguridad”.

La petición dice que el Ministerio de Agricultura y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, en colaboración con Monsanto, “han engañado al Gobierno y al pueblo chino, violando el Reglamento de Administración Agrícola de Seguridad de los Transgénicos… y entiende que es un delito poner el peligro la salud pública. ( El citado Reglamento deja claro que en relación a la seguridad de los transgénicos, tiene por objeto evitar el peligro o potencial peligro causado por los transgénicos a los seres humanos, los animales, las plantas, los microorganismos y el medio ambiente)”.

China, que forma parte del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, debe aplicar el Protocolo en sentido estricto, que establece que ante la falta de información científica o las dudas respecto a los posibles efectos adversos de los transgénicos en la salud y el medio ambiente, no impedirá que la parte importadora tome las medidas adecuadas para reducir al mínimo los efectos adversos. El Ministerio de Agricultura ha violado descaradamente las estipulaciones recogidas en el Protocolo.

La parte más polémica de la petición dice: “Por lo tanto, debemos llevar a cabo una cirugía similar a la del cáncer: primero investigar el grado de colusión entre los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Monsanto por haber engañado al Gobierno y al pueblo chino; segundo, llevar a cabo una reorganización y reestructuración de la dirección del Ministerio; y tercero, proceder a un cambio en el que la agricultura ecológica se entienda como la única dirección para un desarrollo sostenible de la agricultura de China”.

Y además: “No podemos excluir la posibilidad de que los transgénicos sean utilizados por las potencias extranjeras como parte de una guerra biológica” contra el pueblo chino. Por lo tanto, el uso de los transgénicos en la agricultura es un importante problema que afecta a la biodefensa, y no pueden ser regulados, supervisados y administrados por un solo departamento del Gobierno, como el Ministerio de Agricultura. En su lugar, debe crearse un organismo especial del Consejo de Seguridad Nacional, junto con las Instituciones de Investigación médico-militar, empresas de biodefensa y de guerra química y especialistas en la investigación de los cultivos transgénicos, así como de Inspección, salud pública y protección del medio ambiente.

La petición incluye 23 anexos, que contienen las pruebas documentales para apoyar sus alegaciones sobre las irregularidades cometidas en el Ministerio de Agricultura, cuatro de los cuales están en inglés y el resto en chino. Entre los archivos adjuntos hay un conjunto de artículos científicos publicados en chino y en inglés sobre la toxicidad de los herbicidas a base de glifosato.

- Puede firmar el Manifiesto de científicos independientes sobre el glifosato, en el que se solicita a los Gobiernos que prohíban la pulverización de glifosato, basándose en la gran cantidad de evidencias que muestran el daño que produce: Firmar aquí.

 

Grandes cantidades de soja transgénica importada está contaminada con residuos de glifosato

En la petición se dice que China, desde hace varios años, viene importando anualmente de entre 50 a 70 millones de toneladas de soja transgénica tolerante al glifosato contaminados con residuos de glifosato (2) para la obtención de harinas de soja. La harina de soja se procesa parcialmente para uso en la alimentación animal, y por otra parte se obtienen proteínas de soja, en forma de polvo, para añadirla a las salchichas, al jamón, alimentos congelados, leche de soja, galletas, pasteles, pan e incluso a las harinas de trigo y a las leches infantiles en polvo. Han sido analizados los ingredientes con soja transgénica y se ha podido comprobar la presencia de residuos de glifosato en la salsa de soja, en la pasta de soja, en el tofu, etc. productos todos ellos muy consumidos por los chinos.

 

Cómo Monsanto ha falsificado las pruebas para obtener la aprobación de uso del glifosato y de la soja y maíz transgénicos

No sólo el Ministerio de Agricultura ignora los daños producidos por los residuos de glifosato en la soja transgénica, sino que también se ha negado a revelar cómo el herbicida Roundup de Monsanto obtuvo la aprobación para el uso de este plaguicida en China, en 1988, y cómo la soja 40-3-2 transgénica y el maíz transgénico NK603, obtuvieron también su certificado de bioseguridad por parte del Ministerio de Agricultura de China.

Parece ser que para la obtención de este certificado de comercialización de Roundup, Monsanto mintió al Gobierno chino y a los chinos. En primer lugar, Monsanto, de forma intencionada, no informó al Ministerio de Agricultura de China que este producto fue primeramente patentado como quelante, causando el deterioro de los suelos, los microorganismos, las plantas, los animales y los seres humanos. En segundo lugar, Monsanto tampoco informó al Ministerio de Agricultura que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ya había clasificado en 1985 al glifosato como probablemente cancerígeno. En tercer lugar, Monsanto no proporcionó los estudios a largo plazo, de por vida y durante tres generaciones, sobre la carcinogenicidad del glifosato. Y en cuarto lugar, Monsanto presentó un “Informe de estudio toxicológico de Roundup expedido por Younger Laboratories el 23 de diciembre de 1985”, que tiene toda la apariencia de tratarse de un fraude descarado. Todas este comportamiento fraudulento está recogido en el Anexo 1 de la petición.

En cuanto al certificado de bioseguridad para la soja transgénica 40-3-2 y el maíz transgénico NK603, la petición alega que los dirigentes del Ministerio de Agricultura, el Centro para el Control de Enfermedades de China y Monsanto, actuaron en connivencia, tanto interna como externa, utilizaron muestras falsas, falsificaron pruebas y aportaron fraudulentos estudios de seguridad.

En primer lugar, Monsanto solicitó el certificado de bioseguridad para la soja y el maíz tolerantes al glifosato en 2004, sin que la Empresa informase al Ministerio de Agricultura de que el glifosato es un potente biocida de amplio espectro/ antibiótico, capaz de aniquilar a varios cientos de especies de microbios de la flora intestinal de los seres humanos y animales, y que había sido patentado como tal. Monsanto presentó su solicitud de patente ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos el 29 de agosto de 2003, siendo aprobada el 22 de abril de 2004. El documento de la patente recoge la dosis de glifosato como biocida: “En términos generales, un dosis tan pequeña como de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso corporal es la adecuada”.

En segundo lugar, cuando Monsanto solicitó el certificado de bioseguridad para la soja y el maíz transgénicos tolerantes al glifosato en el año 2003, no informó al Ministerio de Agricultura de que el glifosato es también un acaricida, artropocida, insecticida, molusquicida y rodenticida, y como tal presentó la patente ( el 29 de agosto de 2003 en la Oficina de Patentes de Estados Unidos, concedida en 2004). La dosis para el uso indicado en la patente es la siguiente: “Uso en mamíferos y seres humanos, mediante inyección, por vía oral, anal, intravenosa, intramuscular. Generalmente, una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso corporal es lo adecuado”.

En tercer lugar, los responsables del Ministerio de Agricultura actuaron presuntamente en connivencia con Monsanto para obtener con rapidez los certificados de bioseguridad para la sojaMON87701 resistente a los insectos y para la soja MON87701xMON89788 (Intacta RR2) resistente a los insectos y tolerante al glifosato (rasgos apilados), sin suficientes pruebas de seguridad. Y como revelan diferentes artículos publicados en la prensa, esta rápida aprobación se hizo para intentar salvar los 600.000 sacos de semillas de Intacta RR2 de Monsanto. Para evitar el conocimiento público de esta aprobación relámpago, el Ministerio de Agricultura se ha negado a hacer públicos los Informes de los estudios toxicológicos sobre seguridad alimentaria de la soja transgénica.

Por lo tanto, Monsanto y los funcionarios y científicos del Ministerio de Agricultura están acusados de “usar métodos peligrosos que pueden dañar la seguridad pública” y deben ser investigados a tal efecto.

 

No se ha dado ningún tipo de aprobación para la obtención de aceite y harinas de la soja transgénica para uso en la alimentación

Para empeorar aún más las cosas, de acuerdo con el Método de Gestión de la Higiene de los Alimentos transgénicos, aprobado el 1 de julio de 2002, en el Artículo 3 se establece que los alimentos transgénicos deben ser examinados y aprobados por el Ministerio de Salud antes de su producción o importación. Pero el Ministerio de Salud ha confirmado que “Nunca ha aceptado o aprobado” su uso para la obtención de aceite alimentario a partir de la soja transgénica tolerante al glifosato 40-3-2 de Monsanto, ni otros tipos de procesos de extracción química.

Del mismo modo, el Ministerio de Agricultura, en respuesta a la solicitud de información emitida el 27 de junio de 2014, ha confirmado que no ha evaluado ni aprobado la producción y venta de proteínas de soja en polvo, ni aceites elaborados a partir de la soja transgénica tolerante al glifosato de Monsanto.

 

Comida en los centros escolares cocinada con aceite de soja transgénica extraído químicamente

Las comidas servidas en los comedores de los centros escolares de primaria y secundaria de Beijing, subvencionados por el Gobierno, han sido cocinadas con aceite de soja transgénica extraído químicamente. Desde principios de 2011, los representantes de los estudiantes y voluntarios de seguridad alimentaria han solicitado a la Comisión de Educación de Beijing un cambio en el uso de los aceites extraídos de los productos transgénicos.

En marzo de 2012, se invitó a los representantes de los padres a mantener conversaciones con los responsables de los departamentos del Ministerio de Educación. Durante la reunión, los representantes de los padres señalaron que los documentos oficiales de la Oficina de Educación de Hangzhou, la Oficina de Educación de Wulumuqi, la Oficina de Educación de Shandong-Anqiu y la Oficina de Administración de Qingdao, solicitaban que las comidas escolares para los estudiantes debieran estar cocinadas con aceites no transgénicos. Pero un funcionario del Ministerio de Educación explicó que tenían dificultades y mostró a los padres una carta del 28 de septiembre de 2011 de la Consejería de Agricultura dirigida a la Consejería de Educación para que dejasen las agencias de educación de emitir documentos prohibiendo que en los comedores escolares se usase aceite alimentario de productos transgénicos. De nuevo, el Ministerio de Agricultura se niega a mostrar esa carta y ofrece como excusa que se trata de información confidencial.

 

Problemas con otros transgénicos y la legislación sobre bioseguridad en general

En la petición también se acusa a Luo Yun-bo y Huang Kun-lun, presidente y profesor respectivamente de la Universidad de Ingeniería de la Nutrición y Ciencias de la Alimentación, y Zhang Qi-fa, académico de la Universidad de Agricultura de Huazhong, por el uso de una toxina natural de las bacterias Bt en lugar de la proteína Bt transgénica para llevar a cabo “una prueba falsa con una muestra fraudulenta para obtener las conclusiones de seguridad”. En el artículo publicado ( en chino) “Análisis de la microbiota intestinal en ratones alimentados con proteína Cry1C en ensayos de toxicidad agua por vía oral”, se demostró que la “proteína Cry1C provoca daños en la salud”. Pero los autores, concluyeron de forma fraudulenta que la “proteína Cry1C es segura para los ratones desde el punto de vista de la microbiota intestinal” y que por lo tanto es seguro consumir arroz transgénico Bt. Esta conclusión está en contra de otras obtenidas en laboratorios de China y de Europa, que la petición va a incluir.

Por último, la petición señala que la legislación de China sobre los transgénicos tiene numerosas lagunas. Los cultivos transgénicos y/o los cultivos híbridos desarrollados a partir del cruce de cultivos transgénicos con cultivos no modificados genéticamente son especies de contrabando en los sistemas de regulación, apareciendo como especies tradicionales o especies híbridas. Dos informaciones emitidas por el Ministerio de Agricultura han confirmado que el Ministerio no sólo permite variedades transgénicas disfrazadas de variedades tradicionales, e híbridos transgénicos sin control, sino que también permite plantas transgénicas con silenciamiento de genes o edición de genes como variedades convencionales, así como otras desarrollados por hibridación de cromosomas.

 

Un consenso alcanzado entre ex Ministro de Agricultura, Sun Zheng-cai, y Hugh Grant durante su visita al Director General de Monsanto en 2009

La petición alega que ese consenso entre el ex Ministro de Agricultura y Monsanto, durante la visita del Ministro a Estados Unidos, en el Anexo 12 se recoge la respuesta del Ministerio de Agricultura del 1 de abril de 2013, en la que se dice: “ La solicitud para que se revele la información sobre la reunión del ex Ministro de Agricultura, Sun Zheng-cai, con Grant, Director General de Monsanto, durante su visita a Estados Unidos, ha sido recibida”. La respuesta adjunta: “La información que usted requiere no pertenece a la información gubernamental a que se refiere el Reglamento de Divulgación de Información del Gobierno de China”.

 

Notable deterioro de la salud en China como consecuencia de la importación de soja transgénica

Entre los documentos adjuntos se cita un artículo titulado “Debemos afrontar el daño causado a 1300 millones de personas por la importación de la soja transgénica”, artículo escrito por Mi Zhen-yu, ex Presidente de la Academia Militar de Ciencias, tutor de los cursos de Doctorado y Teniente general, y publicado en Periódico de Tecnología y Ciencia el pasado 25 de abril de 2014 (3). En él se señala el marcado deterioro de la salud pública durante los últimos 10 a 20 años, período que coincide que un rápido aumento en las importaciones de soja transgénica. Los siguientes datos dan una idea de la situación:

- En 1996 la tasa de defectos de nacimiento entre los recién nacidos en China era del 0,87%; en el año 2000 había aumentado al 1,09%; y en el año 2010, al 1,53%.

- Una encuesta publicada por Reference News el 2 de junio de 2013 mostraba que la tasa de depresión severa en las personas mayores de 60 años en China era muy alta, en torno al 40%.

- En el Evening News Xinmin se informaba el 22 de noviembre de 2011 que la tasa de pubertad precoz en las niñas chinas había aumentado 10 veces en los últimos 10 años.

- En el Primer Libro Blanco de la Salud Pública, publicado por el Gobierno Municipal de Beijing en 2010, se revelaba que la diabetes tipo II se había incrementado en 11,7 veces.

- En el diario Chengdu se informaba el 20 de febrero de 2013 que la prevalencia de cáncer infantil está aumentando, con un promedio de un caso cada 10.000 niños. Entre los pacientes juveniles con cáncer, la leucemia, los tumores cerebrales, el linfoma maligno o nueroblastoma, son los 4 tipos de cáncer más frecuentes.

- La Encuesta de 2012 sobre la calidad del esperma masculino de los chinos, realizada por China Population Association, informaba que el número total de pacientes con infertilidad en China ya superaba los 50 millones, lo que representa el 15,6% de la población en edad de procrear. Hace diez años, en 2002, esta cifra era del 8%, y hace 20 años, en 1992, era del 3%; hace 40 años, durante la década de 1970, la infertilidad no superaba el 1%.

- De acuerdo con un Informe del sitio web Xinhua, la prevalencia de pacientes con Parkinson en China ha aumentado más de 20 veces durante los últimos 20 años.

- En la actualidad, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares ha superado el 13%; y la prevalencia de la enfermedad renal crónica ha alcanzado el 10%.

Estas cifras nos recuerdan el incremento en la prevalencia de 22 enfermedades en Estados Unidos paralelamente al incremento en el uso de los transgénicos y el glifosato (4/5). Cifras similares de defectos de nacimientos y de cáncer en Argentina se han observado con el aumento en el cultivo de la soja transgénica (6) China, de ninguna manera, es el único país que está siendo envenenado por los herbicidas a base de glifosato y por los transgénicos.

Notas:

(1) The petition letter submitted by over six hundred individuals from different fields and locations in China to the State Council Legislative Affairs Office regarding revisions proposed by the Ministry of Agriculture to their “Agricultural GMOs Safety Evaluation Administration Methods”, submitted on May 23, 2015. Ver Aquí (en inglés).

(2) Ho MW. How grain self-sufficiency, massive GM soybean imports and glyphosate exports led China to devastate people and planet.Ver aquí (en inglés).

(3) “We Must Face the harm caused by imported GM soybeans to 1.3 billion Chinese people”, Mi Zhen-yu, Science & Technology Abstracts Newspaper, 25 April 2014. Ver aquí (en chino).

(4) Swanson NL, Leu A, Abrahamson J and Wallet B. Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United States of America. Journal of Organic Systems 2014, 9, 6-37.

(5) Saunders PT. Marked deterioration of public health parallels increase in GM crops and glyphosate use, US government data show. Ver aquí (en inglés).

(6) Ávila-Vázquez M. Devastating impacts of glyphosate use with GMO seeds in Argentina. Ver aquí (en inglés).

 Noticias de Abajo

Fuente:http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/El_Ministerio_de_Agricultura_de_China_acusado_de_complicidad_con_Monsanto

 

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La resurrección de la IIRSA
30 de octubre de 2012

Por Héctor León Moncayo S. 

Con sobrada razón alguien podría comentar que no puede resucitar aquello que no ha muerto. Sin embargo, es también cierto que la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sur América, IIRSA, en sus casi doce años de existencia, ha tenido una historia cíclica, con momentos de desfallecimiento seguidos de promocionadas redefiniciones.[1] La verdad está en que, pese a sus desaforadas ambiciones –hoy se tienen registrados 531 grandes proyectos- y a la consistencia de su diseño, basado en “ejes de integración y desarrollo” que cruzan el continente, siempre ha arrastrado graves problemas de financiamiento y de legitimación. La más reciente operación de ajuste se inició hace un año, con la aprobación, por parte del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento de un nuevo Plan de Acción. Se inicia así un nuevo período, no tanto de obras de ingeniería como de discusiones y confrontaciones sociales y políticas.

 

Una historia de ajustes económicos y políticos

Inicialmente la IIRSA, inspirada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), se ubica en el marco de las reformas neoliberales, bajo la propuesta estadounidense del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas). No obstante, a medida que crece el peso de Brasil, y disminuye el de EE.UU., se le otorga más importancia a la conexión Este-Oeste que a la Sur-Norte. Es significativo que tres de los ejes iniciales se hayan suprimido en 2003, quedando solamente diez, todos transversales. El hundimiento de la propuesta del ALCA confirmaría después este cambio geopolítico. La región Asia- Pacífico, liderada por China, se había convertido en un mercado sumamente atractivo.

 

Hacia el 2004, de los 336 proyectos, pocos avanzan. Viene, entonces, un replanteamiento, por razones económicas pero también políticas. Se llega a una Agenda de Implementación Consensuada (31 proyectos), refrendada en la Cumbre del 8 de diciembre de 2004 (Cusco, Perú). Pero no hay consenso. En carta dirigida a la Comunidad Suramericana de Naciones (2006), Evo Morales señala que la Comunidad no puede dedicarse a “hacer proyectos de autopistas o créditos que acaban favoreciendo esencialmente a los sectores vinculados al mercado mundial”.[2]

 

De la acción a la reacción

No obstante, el mayor problema político es la oposición de las comunidades directamente afectadas. Se trata de una violenta intervención sobre los territorios que implica desplazamientos y nefastos impactos ambientales. Porto-Gonçalves señala que en Brasil los conflictos se incrementan notablemente a partir de 2003 (un promedio anual, hasta 2010, de 929), en gran parte relacionados con la IIRSA.[3] Un caso emblemático ha sido el del complejo hidroeléctrico del río Madeira. Pero también se han registrado, por ejemplo, en Bolivia (carretera Santa Cruz – Puerto Suárez), Perú (carretera interoceánica), y Colombia (carretera Pasto-Mocoa).

En esta multiplicación de resistencias sociales son muy diversos los actores, desde comunidades indígenas y campesinas locales hasta organizaciones ciudadanas, de derechos humanos y ambientalistas, pero la crítica a la IIRSA es ya parte de la agenda de organizaciones de carácter internacional. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, llama a una reestructuración de la IIRSA.[4]

 

Nuevo replanteamiento en busca de legitimidad

Aunque al terminar la primera década se podían registrar avances, era evidente que se necesitaba otro replanteamiento.[5] Éste vendría de la mano de UNASUR que desde su creación (2008) establece un nuevo marco institucional para la integración física.[6] El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, Cosiplan, instalado en 2009, subordina el engranaje de la IIRSA a Unasur, consiguiendo un renovado respaldo de los gobiernos. Elabora entonces su Plan de Acción Estratégico para el período 2012-2022. [7] Y define, en noviembre de 2011, una nueva Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración: 31 proyectos estructurados que comprenden a su vez 88 proyectos individuales.

 

Una selección pragmática; se limita, prácticamente, a uno de los sectores, el de Transporte, y se descartan dos de los ejes. Hay un énfasis en proyectos de un sólo país; la mayoría ya aprobados y algunos de ellos en marcha. Para la financiación, se recomienda, con mayor fuerza que antes, la estrategia de las alianzas Público-Privado.[8]

 

Al mismo tiempo, se descubre un cierto cambio en el discurso. Por primera vez aparece como objetivo la “conectividad de la región” con criterios de “preservación del medio ambiente”. En cada proyecto, se buscará “el aumento de las capacidades y potencialidades de la población local y regional, con el fin de mejorar su calidad de vida”.

 

Es evidente que en esta forma se ha logrado un sólido consenso entre los gobiernos, pero la iniciativa continúa careciendo de credibilidad entre las comunidades afectadas y las organizaciones sociales. Y éste es un imperativo, sobre todo para gobiernos que se reivindican de un origen popular, que obliga a admitir algún grado de incidencia en las decisiones por parte de organizaciones sociales. Y ya éstas vienen exigiéndolo. Téngase en cuenta que en el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, existe la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada para todos aquellos proyectos que incidan sobre la integridad de sus territorios y su cultura.

 

Este es, pues, el terreno del debate en la actual coyuntura cuyo desenlace es decisivo para el porvenir de Unasur. No gratuitamente en su tratado constitutivo dice:

 

Se promoverá la participación plena de la ciudadanía en el proceso de la integración y la unión suramericanas, a través del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente con los diversos actores sociales, estableciendo los canales efectivos de información, consulta y seguimiento en las diferentes instancias de UNASUR”.

 

Héctor León Moncayo S. es economista, investigador del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, con sede en Bogotá, Colombia.

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Alertémonos sobre qué Patria Grande nos embaucaron los gobiernos progresistas y a qué costos.

 

Interconexión sin integración: 15 años de IIRSA
25 de septiembre de 2015

 

Por Raúl Zibechi

www.cipamericas.org

 

(…)Un poco de historia

El 29 de agosto de 2000 llegaron a Brasilia los presidentes sudamericanos convocados por el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Desde un comienzo la IIRSA se planteaba como un vasto proyecto asociado al ALCA, pero con un perfil regionalista.

El propio Cardoso, partidario del ALCA, manifestaba sus diferencias con los países del norte. “Los países más ricos, los más poderosos, que son los que tienen más barreras comerciales que nos afectan, quieren ir muy rápido, sin percibir que nosotros no podemos, porque nos vamos a caer”[4].

En la reunión participaron los doce presidentes sudamericanos y 350 empresarios latinoamericanos. Cardoso sentó las bases del proyecto IIRSA y definió el objetivo de su país de “trabajar juntos”, liderando sin imponer para “resolver nuestros problemas internos, que son muchos”[5].

El geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves sostiene que el origen teórico y político de la IIRSA y del Plan Puebla Panamá se encuentran en dos estudios. El primero fue Infraestructure for Sustainable Development and Integration of South America realizado por Eliézer Batista da Silva en 1996 para la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Vale do Rio Doce, el Business Council for Suastainable Development Latin America, el Bank of America y la Companhia Auxiliar de Empresas de Mineraçâo[6].

El segundo se denominó Estudo sobre Eixos Nacionais de Integraçâo e Desenvolvimento, en 1997, promovido por el BNDES, el ministerio de Planeación, el banco ABN Amro, la multinacional estadounidense Bechtel, Consorcio Brasiliana y Booz Allen & Hamilton do Brasil Consultores. La lectura de quienes financian estos trabajos permite deducir los intereses que encarnan.

El concepto de ejes de integración y desarrollo sustituye al de región como núcleo de la acción gubernamental, privilegiando los flujos por sobre los territorios habitados por pueblos y naciones[7].

La IIRSA es una iniciativa que rompe con la tradición histórica de Latinoamérica como una región con personalidad propia, para situarse en el estrecho marco de América del Sur. El concepto de América Latina había nacido en el siglo XIX en contraposición a la América imperialista, pero ahora asistimos a un paulatino desplazamiento que coloca en el centro del escenario la idea de América del Sur, como destaca con acierto Porto Gonçalves.

Por el contrario, Sudamérica es una espacio geopolítico formulado por los estrategas militares ligados a la dictadura brasileña (1964-1985), como Golbery do Couto e Silva, uno de los principales teóricos de la doctrina de seguridad nacional elaborada en la década de 1950 por la Escuela Superior de Guerra. Fue además creador del Servicio Nacional de Informaciones en 1964, presidió la filial de la multinacional estadounidense Dow Chemical y fue autor del libro “Geopolítica del Brasil”[8].

Con el gobierno Lula, Sudamérica se convierte en “un nuevo espacio de afirmación geopolítica” que coincide con la crisis hegemónica de Estados Unidos[9]. Ese viraje deja de lado el carácter antiimperialista que había generado el concepto de América Latina. El resultado es preocupante: América del Sur es el espacio en el que se expanden las grandes empresas brasileñas financiadas por el BNDES y apoyadas por Brasilia, para la realización de Brasil como potencia regional y global, mientras se acepta de hecho la hegemonía estadounidense en América Central y el Caribe.

 

Cosiplan y expansión de la IIRSA

La derrota del ALCA en 2005 y la llegada al gobierno de fuerzas progresistas y de izquierda impulsó una redefinición de la IIRSA. El COSIPLAN se creó en la cumbre de presidentes de agosto de 2009 en Quito. Desde ese momento, la IIRSA es el Foro Técnico para temas relacionados con la planificación de la integración física de la UNASUR. El Consejo está integrado por las ministras y los ministros de las áreas de infraestructura o planeamiento.

 

El organismo se ha dotado de un comité coordinador, grupos de trabajo y un foro técnico, designándose presidencias pro témpore rotativas por países. Hasta 2015 se han realizado seis reuniones de ministros del COSIPLAN. El Comité de Coordinación Técnica (CCT) está integrado por funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

 

Sin embargo, lo más notable es la importante expansión que tuvo la cartera de proyectos en los últimos años: de 335 en 2004 con 37.000 millones de dólares de inversión a 579 proyectos con 163.000 millones de dólares en 2014. La Cartera de Proyectos se amplió en más del 72% y aumentó más de cuatro veces la inversión total estimada[10]. Por otro lado, hay 106 proyectos ya concluidos y 179 en fase de ejecución.

Más de 70% del financiamiento de las obras es público y una parte importante corresponde al brasileño BNDES, aunque la crisis en ese país está disminuyendo ese financiamiento. Casi el 90% de los proyectos son del área de transporte, siendo la mitad en carreteras, que se llevan la mitad de la inversión. Casi un tercio de la inversión total está destinada a energía, en particular usinas hidroeléctricas, que son las obras más criticadas por los pueblos.

El eje con más cantidad de proyectos es Mercosur-Chile con 123 y 55.000 millones de dólares, lo que supone un 25% del total para uno sólo de los nueve ejes multimodales que conectan los océanos Atlántico y Pacífico. Por países, Argentina supera a todos los demás con un total de 180 proyectos que la involucran, seguida de Brasil con 106. (…) Leer

 

 

Programa de las Américas Informe Especial

IIRSA: la integración a la medida de los mercados
13 de junio de 2006

 

 

Por Raúl Zibechi

 

(…)Territorios y mercados

Vencer las barreras físicas, legales y sociales para poder implementar la IIRSA, supone cambios profundos en la geografía, la legislación de los estados y las relaciones sociales. Se considera al continente sudamericano como la suma de cinco “islas” que deben ser unidas: la plataforma del Caribe, la cornisa andina, la plataforma atlántica, el enclave amazónico central y el enclave amazónico sur. Los ejes de integración y desarrollo atraviesan esas “islas” y rompen su unidad, lo que en el lenguaje tecnocrático se denomina como “barreras” naturales. Desde el punto de vista geográfico, ello supone grandes obras de infraestructura para “corregir” las trabas que impone la naturaleza para hacer más fluido el transporte y el comercio y, de esa manera, reducir los costos. (…)

Por otro lado, y siguiendo al mismo autor, la región sudamericana es una de las pocas del planeta que combina los cuatro recursos naturales estratégicos: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Esta profunda modificación de la geografía no persigue la integración del continente sino su vinculación con los mercados globales. Puede decirse que se trata de una integración “hacia afuera”, exógena, en vez de propiciar una integración “hacia adentro”. Los ejes o corredores deben tener, además, ciertas características. “Para la conexión en tiempo real el Internet es básico. Para la conexión justo a tiempo, la intermodalidad es básica”6. Por lo tanto, los corredores deben combinar una moderna plataforma de telecomunicaciones con la infraestructura necesaria para el transporte intermodal. La intermodalidad se asienta en la “revolución de los contenedores”: el sistema es el mismo para el transporte terrestre, aéreo y fluvial y una mercancía debe poder pasar de uno a otro con fluidez, lo que impone carreteras y camiones, aeropuertos y aviones, ríos y barcos capaces de cargar grandes contenedores que ahora sustituyen el viejo concepto de almacén o depósito en el que se guardaban las mercancías. Esto se vincula al nacimiento de las “fábricas globales” que funcionan bajo la premisa just in time: se crea así una suerte de “autómata global” ya que las grandes empresas se han deslocalizado y abarcan todo el planeta en forma de red. Pero este autómata global, “integrado industrial y productivamente, mantiene ahora nuevas relaciones jerárquicas centro-periferia, pero de carácter industrial”, como lo muestra la industria maquiladora7. El IIRSA es precisamente el eslabón sudamericano que integra al continente en este proceso, pero de forma subordinada. Desde el punto de vista de superar las barreras normativas de los estados, la IIRSA profundiza la estrategia neoliberal de desregulación y debilitamiento de los estados nacionales. Adecuar las legislaciones nacionales a las necesidades del comercio mundial supone homogeneizar las normas. De esa manera cada región y cada país pierde sus rasgos diferenciadores y los estados pierden autonomía frente a las multinacionales y los estados del primer mundo. Por último, deben ser superadas las llamadas “barreras sociales”. Un solo ejemplo, entre decenas que se podrían traer, es suficiente para ilustrar de qué se trata: el gasoducto Coari-Manaos, con 420 kilómetros, atraviesa el río Amazonas y una de las zonas mejor preservadas de la selva. Las dos empresas más interesadas en el proyecto son la brasileña Petrobras y la estadounidense El Paso (líder mundial en el área del gas y una de las mayores del mundo en el sector energético). En 1998 Petrobras construyó la primera parte del gasoducto, con 280 kilómetros, uniendo las reservas de Urucu con la ciudad de Coari. La obra trajo grandes impactos socio-ambientales a la región: “disminuyó la pesca, afectando a las poblaciones ribereñas que dependen de los peces para sobrevivir; afectó las zonas de extracción de castaña de Pará, fundamental para la sobrevivencia de las comunidades; la población de Coari creció considerablemente, pues la ciudad alberga a los trabajadores que llegan de diferentes lugares, hubo un crecimiento fuerte de la prostitución, de la violencia y de los casos de malaria”8. Sólo el gasoducto Urucu-Porto Velho afectará a 13 pueblos indígenas y a cinco municipios donde el 90% de la población son indios. (…)Leer

En consecuencia, la maximización de la concentración-transnacionalización económico territorial durante los gobiernos K posibilitan que, en medio de una profunda crisis del capitalismo mundializado, las políticas del gobierno de Mauricio Macri sean explícitas en privilegiar exclusivamente al poder económico a la vez que imperialista y por tanto, perfeccionen e intensifiquen el expolio a la diversidad de abajo. Frente a esta alianza de capitales y estados imperialistas con los locales nuestro desafío es derrotarla. Ante todo debemos ir por el basta a toda la casta política y contra las burocracias políticas y sindicales como constituyentes de la democracia representativa que ha operado como fachada de la dictadura de oligopolios locales e imperialistas. Como el 19/20 nos enseña: es insuficiente echarlos porque el kirchnerismo hizo volver a todos metamorfoseados de emancipadores y todavía peor se apropió de luchas, esfuerzos e investigaciones de movimientos sociales y partidos políticos de izquierda. Sin embargo, ha destapado la falsedad revolucionaria de esos izquierdistas devenidos en incondicionales subordinados a líderes del Partido Justicialista que en los noventa fue completamente menemista o neoliberal y con los mismos cuadros pero metamorfoseado en setentistas ilusionó con un capitalismo serio durante más de una deKada. Ahora pretende volver bajo la mera consigna "Cristina conducción".

 

Pero es prioritario observar que no es Macri ni Temer que implantan el privilegio exclusivo a los grandes capitales locales e imperialistas sino que Evo Morales y Rafael Correa siguen el mismo camino. Reduzcámonos a Ecuador.

 

Ecuador-TLC Unión Europea: Triunfan las corporaciones multinacionales

11 de noviembre de 2016

Por ACCIÓN ECOLÓGICA

Quito, 8 de octubre de 2016

 

Hoy se firma el TLC entre el gobierno de Correa y la unión de las multinacionales europeas.

Lo que no pudieron los gobiernos neoliberales, lo ha logrado un gobierno que se autocalifica de revolucionario, que le canta al Che, levanta el puño en alto y termina sus discursos con un “¡Hasta la victoria siempre, compañeros!” furibundo. Que ha engañado o corrompido a miles que antes salían a las calles para protestar contra los tratados de libre comercio.

Hoy es un día de duelo para las familias campesinas y para los pequeños de este país. Que esta historia, al menos, se quede escrita, porque un día tendremos que recuperar la soberanía.

TLC ECUADOR-UNIÓN EUROPEA: TRIUNFAN LAS CORPORACIONES

http://www.accionecologica.org/editoriales/1981-2016-11-09-17-38-48
    
9 de Noviembre de 2016

La firma del Acuerdo Comercial entre Ecuador y la Unión Europea este 11 de noviembre cerrará un capítulo de la historia del país andino que se había mantenido, hasta ahora, fuera de las más rígidas ataduras neoliberales.

Lo paradójico es que esto ocurre durante un gobierno que surgió de las revueltas sociales en oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y al TLC bilateral con EE.UU., ocurridas hace más de una década, enarbolando la lucha contra las transnacionales y la defensa de la soberanía nacional como requisitos para la transformación del sistema político y económico.

El camino seguido por el gobierno del Ecuador para llegar a la firma de este tratado ha estado lleno de contradicciones. Las negociaciones incluyeron inicialmente a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con planteamientos de éste último en favor de un trato especial y diferenciado considerando las asimetrías existentes; en 2009 Ecuador dejó de participar en las rondas argumentando su desacuerdo en negociar un TLC, pero tiempo después reanudó las negociaciones.

Esto dejó a Bolivia aislada, resquebrajó el proceso de integración subregional dentro de la Comunidad Andina, y colocó al Ecuador a la cola de sus dos países vecinos, ambos con larga trayectoria neoliberal y con un TLC vigente con EE.UU.. De hecho, la firma de Rafael Correa el 11 de noviembre no será más que la adhesión al tratado firmado entre la UE, Colombia y Perú.

Otro aspecto a tomar en cuenta es la incompatibilidad de este tratado con la Constitución del Ecuador, reconocida por su carácter garantista de derechos y por establecer los derechos de la naturaleza. Toda una corriente de funcionarios pro-TLC al interior del gobierno se dedicaron a la búsqueda de formas de “armonizar” el tratado con la Constitución. Más tarde se pudo ver la aprobación de normas claramente anti-constitucionales que fueron preparando el camino para la aplicación del acuerdo; por ejemplo, abrieron la posibilidad de privatización del agua, lo cual va de la mano con uno de los compromisos específicos del tratado en relación con el acceso a tierras y agua por parte de inversionistas europeos.

Para algunos Rafael Correa traicionó a los movimientos sociales del Ecuador, para otros es un hábil estratega que asumió el papel de modernizar el desarrollo capitalista utilizando un discurso de izquierda mientras divide y criminaliza a las organizaciones que disienten de sus políticas. Es una cuestión de perspectiva. Correa es un político que respaldado en un poderoso aparato de propaganda tuvo la habilidad de seducir a la población con medidas redistributivas sostenidas en la bonanza derivada del alto precio del petróleo hasta su desplome, con lo que han reaparecido los índices de desempleo de años anteriores al correísmo, al tiempo que se devela una enorme deuda externa -con China como segundo mayor acreedor- y escandalosos casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del régimen.

Lamentablemente, muchas de las alertas levantadas por líderes sociales históricos del Ecuador fueron desoídas internacionalmente, incluso por sectores de la izquierda europea, cerrando las posibilidades para un esfuerzo conjunto de lucha contra el TLC y su lógica nefasta.

Las estructuras de concentración de la riqueza han permanecido intocadas. La “revolución agraria” comprometida desde el inicio del gobierno con las organizaciones del campo ha sido reiteradamente postergada; las demandas de frenar el extractivismo se han respondido con la criminalización de la resistencia. Además, el objetivo señalado en la Constitución de garantizar la soberanía alimentaria para toda la población ecuatoriana quedará cancelado a causa del TLC con la UE.

La UE es una potencia agrícola a nivel mundial a raíz de que su sistema agrícola fue tomado por la gran agroindustria, actualmente beneficiaria del mayor porcentaje de subsidios por producción y por exportación, principalmente en los sectores de lácteos, azúcar, cárnicos, cereales, alimentos elaborados.

En el Ecuador, un país de 16 millones de personas, el sector de los lácteos involucra a entre 900.000 y 1’500.000 personas, con alta participación de pequeños y medianos productores, y entre ellos una cantidad importante de mujeres campesinas que son jefas de familia. Al ser forzadas a “competir” con los productos lácteos europeos altamente subsidiados sin duda quedarán en condición de inviabilidad económica.

La investigación realizada por Acción Ecológica sobre los impactos del TLC Ecuador-UE en el sector rural, advierte además sobre los impactos negativos en las economías campesinas de las medidas sanitarias y fitosanitarias que la UE pide a los países con los que negocia acuerdos comerciales que sean armonizadas para que la circulación de sus bienes agrícolas y ganaderos no sean objetos de control en las fronteras de los países de cada una de las regiones. Como alumno que cumple la tarea antes de que se la pidan, en el Ecuador ya han empezado a aplicarse medidas de este tipo que resultan imposibles de aplicar para los pequeños productores de queso, por ejemplo.

Otra preocupación tiene que ver con las semillas. La nueva ley de semillas que está por ser aprobada exigiría que todas las semillas que circulen en el Ecuador sean certificadas y cuenten con un registro, lo que excluirá a la mayoría de semillas campesinas. No se descarta que esto responda a una exigencia de la UE.

Un puñado de grandes empresas agroexportadoras serán las beneficiarias del tratado, incluyendo a varias transnacionales que operan en el país, entre ellas algunas europeas.

En el caso del banano, de las diez principales empresas exportadoras, dos son de EE.UU. (de los grupos Dole y Chiquita), dos son de Rusia, una es de Alemania, y cinco son de Ecuador (pertenecientes a grupos económicos muy poderosos).

En cuanto a las flores, una gran cantidad son enviadas a los Países Bajos, que controla gran parte de las exportaciones a nivel mundial con flores producidas en otros países. Controla además gran parte de los derechos de obtentor (una forma de propiedad intelectual) lo que aumenta su poder en el mercado de las flores.

En relación con la pesca industrial, la subsidiaria de la empresa española Isabel Conservas Garavilla es una de las cinco más grandes empresas pesqueras.

Estos sectores, además del camaronero o del brócoli, también beneficiarios del tratado, son responsables de importantes impactos socioambientales por la destrucción de bosques, manglares, pesquerías y extensas áreas de cultivo de alimentos, y por la contaminación provocada a causa de la utilización de ingentes cantidades de agrotóxicos. Con el TLC esta situación se verá agravada.

Puede decirse que no hay nada nuevo en todo esto. Pocos y poderosos ganadores, muchísimos perdedores. El libre comercio destruye economías locales y somete a países y territorios a sus reglas, como bien lo sabemos en América Latina teniendo el claro retrato de México, país sacrificado en nombre del neoliberalismo más duro. La diferencia está en que el Ecuador ha sido lanzado a este destino por un gobierno que se autodefine de izquierda y que tiene como presidente a quien fuera autor de varios libros que describen las falacias del libre comercio. ¿Traición? no, sólo una capacidad casi infinita de engañar.

REDLATINOAMERICANASALUD@yahoogrupos.com.mx
Enviado por kcalle@gmail.com
Fuente: sinfronteras.wordpress.com/2016/11/11/ecuador-tlc-union-europea-triunfan-las-corporaciones-multinacionales/

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Xi Jinping en Ecuador Entrega 5: Bancos chinos financian la destrucción en el Ecuador
25 de noviembre de 2016

 

Por ACCIÓN ECOLÓGICA

Los bancos chinos han jugado, y juegan, un papel fundamental en garantizar las operaciones de empresas chinas en el Ecuador, por lo que puede decirse que son igualmente responsables de las violaciones de derechos humanos y de la naturaleza que éstas han generado por sus actividades en el sector del petróleo, la minería, la construcción de infraestructura, entre otros.

Un caso escandaloso es el Proyecto Mirador en manos del consorcio CRCC-Tongguan Investment (China Railway Construction Corporation y Tongling Nonferrous Metals Group), que se financia con préstamos de seis bancos chinos (1).

Esto no debería ocurrir si se aplicaran varias políticas públicas chinas como son las Guías de Responsabilidad Social y Operaciones en el Extranjero (2), las Guías para la Protección Ambiental de Inversiones y Cooperación en el Extranjero (3), así como las Guías de Crédito Verde (4). Éstas últimas, por ejemplo, señalan que “cuando haya riesgos mayores o peligros que en el proyecto se hayan identificado, los fondos de crédito deben suspenderse e inclusive darse por terminado”.

Los estudios e informes realizados sobre el proyecto minero Mirador dan cuenta claramente de todos los impactos, riesgos y peligros provocados por su causa. Estos bancos, en consecuencia, deberían haber retirado ya el crédito entregado al consorcio minero, pero esto sería así solamente si los bancos tuvieran interés en respetar las normas que les rige. Lamentablemente, al igual que sucede con el sistema financiero de Occidente, este tipo de cumplimientos es relativizado, porque prevalece el interés de no impedir la ejecución de los proyectos… Desde esta lógica, territorios y pueblos pueden seguir siendo sacrificados en nombre del desarrollo, el progreso, o la necesidad “revolucionaria” de redistribuir la riqueza ...

Hay suficientes pruebas de que el proyecto Mirador incumple las garantías de cuidado ambiental, laboral y genera un clima de violencia que ha provocado incluso la muerte de un dirigente indígena shuar, como es el caso de José Tendetza a fines de 2014 (5).

Desde 2014, Acción Ecológica conjuntamente con organizaciones locales y de derechos humanos, ha tratado infructuosamente de contactar a los bancos chinos que financian el proyecto minero para informarles de la situación y exigir el retiro inmediato de los créditos al consorcio que opera el Proyecto Mirador.

Sin embargo, en estos días ha sido recibido con honores el presidente Xi Jinping, en grotesco contraste con el desprecio con que fueron tratados pobladores shuar que en junio de 2016 quisieron dejar en la Embajada china en Quito una carta que explicaba su demanda de que los bancos chinos retiren sus inversiones al consorcio que controla el proyecto Mirador.

Resulta paradójico que la dependencia oficial al gigante asiático llegue al punto de permitirle acciones que resultan infamantes en el lugar donde hace unos años se luchó para defender la Cordillera de El Cóndor como parte importante del patrimonio nacional, y como expresión de soberanía. Hasta cuando!

18 noviembre 2016

Más información: mineria@accionecologica.org

OTRAS ENTREGAS SOBRE XI JINPING EN ECUADOR:
http://www.accionecologica.org/editoriales

Fuente:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Xi_Jinping_en_Ecuador_Entrega_5_Bancos_chinos_financian_la_destruccion_en_el_Ecuador

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Militarizan territorio ancestral en Ecuador. ¿Por qué?

28 de noviembre de 2016

Por CONAIE

 

La militarización del territorio shuar provoca mayor violencia y violaciones de Derechos Humanos. CONAIE exige cese al terror impuesto por las operaciones de las FFAA en #Nankints

Boletín de Prensa D.M. Quito, 23 de noviembre de 2016

Con profunda preocupación informamos que desde el atardecer del día de hoy, 23 de noviembre, alrededor de las 19h00 (7pm), las Fuerzas Armadas atacan a la población shuar de Nankints en el Puente de San Carlos, en una operación para militarizar las cabeceras de Panantza y San Carlos. Estos movimientos de las Fuerzas Armadas generan las condiciones para la violación de Derechos Humanos y que se llegue a pérdida irreparables si se provoca un enfrentamiento.

La población shuar de la Cordillera del Cóndor, en la mañana del día lunes, 21 del presente mes, procedió a retomar su presencia en la comunidad Nankints, luego de que fue desalojada por la fuerza pública en agosto de este año, para dar paso a la construcción del campamento perteneciente al proyecto minero San Carlos-Panantza. El proyecto minero está ubicado sobre territorio ancestral shuar, pero nunca fue consultado a sus integrantes, violando sus Derechos Constitucionales.

El día de ayer, 22 de noviembre, los comuneros que regresaron a Nankints fueron atacados por aire y tierra por más de 1000 efectivos militares y policiales. Producto de estas acciones hubo comuneros y efectivos heridos; comuneros shuar fueron apresados y existen miembros de la comunidad de los cuales no se conoce su paradero. Hoy, 23 de noviembre, fueron apresado Adrián Chumpi de la comunidad Kutukus y Cristóbal Sanchim de la comunidad Yukuteis mientras pasaban el puente nuevo de San Carlos sobre el río Zamora.

Cabe recalcar que hasta el pasado mes de agosto la Comunidad Nankints se encontraba en diálogos con diferentes instancias gubernamentales para llegar a un acuerdo y la posibilidad de una consulta previa, libre e informada de conformidad con la Ley, plática que fue interrumpido por el violento desalojo de las familias shuar en manos de la misma fuerza pública y la invasión de su territorio por parte de la empresa china Explocobres SA, EXSA.

CONAIE ha enviado comunicaciones al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto de las FFAA y a la Defensoría del Pueblo exigiendo un alto a la violencia para precautelar la vida y una salida dialogada al conflicto.

• Reiteramos, exigimos la desmilitarización del territorio shuar para evitar cualquier situación de violencia. • Hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional a que colaboren en precautelar los derechos, la vida y la integridad de los comuneros shuar en esta delicada situación. • Convocamos a la solidaridad de la ciudadanía, para exigir la desmilitarización y el cese a las acciones violentas que van en beneficio de las empresas chinas. • Respaldamos a nuestros hermanos de la Comunidad Shuar Nankints en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, a su existencia como pueblo en su territorio, y a la resistencia frente a la violación de sus derechos.

Por el Consejo de Gobierno Jorge Herrera PRESIDENTE CONAIE

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=219676

 

Sin embargo,  los pueblos y comunidades se autoorganizan por la vida y contra el avallasamiento de derechos humanos.

 

 

Ecuador: Pueblo Shuar expulsa a minera China y recupera territorio en Nankints
28 de noviembre de 2016

 

Un grupo de indígenas de la nacionalidad Shuar de la comunidad Nankints, en Morona Santiago, tomaron el campamento minero Nankints, el pasado lunes 21 de noviembre. 

Por Voces de la Tierra

Las autoridades de la Gobernación de Morona Santiago, a través de un comunicado de prensa, calificaron el hecho como un “ataque armado inesperado por ciudadanos de la nacionalidad Shuar y personas no identificadas”.

Además, anunciaron que se están tomando las medidas de prevención, control y seguridad necesarias para evitar mayores incidentes. “Afirmamos, con certeza, que no se han registrado heridos de gravedad ni rehenes”. Por lo tanto, pidieron calma a la ciudadanía y evitar la difusión de información no oficial.

En Nankints, en agosto de 2016, se instaló la empresa minera china Ecsa Ecuacorriente. El 11 de agosto, según contó en ese entonces Luis Tiwiram, síndico de esa comunidad, policías y militares llegaron a los terrenos y los desalojaron de estas tierras. 32 personas shuar, entre adultos y niños, tuvieron que salir de esta zona y fueron acogidos por “compañeros mestizos” en la parroquia de Panantza, dijo Tiwiram.

De acuerdo con un boletín del Consejo de Gobierno de Confeniae, en la madrugada de este lunes los comuneros de la zona y las bases de la Federación Interprovincial de Centros Shuar Ficsh “ocuparon el campamento de manera pacífica sin encontrar resistencia por parte de los trabajadores de la empresa”.

Hasta el mediodía, decenas de comuneros estaban posesionados del lugar y denunciaron la intención de movilizar a militares desde otros sectores, situación que mantiene a la población en máxima alerta, según esta Federación.

Ante esta situación, las diferentes organizaciones indígenas como la Conaie expresan su total respaldo a la medida adoptada. “Cualquier hecho producido por injerencia de la fuerza pública será de total responsabilidad del Gobierno nacional”, advirtió Marlon Vargas, en conferencia de prensa ofrecida en Puyo.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article13243

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Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
30 de noviembre de 2016

La Rioja, 8, 9, 10 y 11 de diciembre de 2016

En este momento sociopolítico y ambiental marcamos la cancha frente al despojo y la destrucción que está cometiendo el capitalismo y sus empresas multinacionales en complicidad de los gobiernos a lo largo de Nuestra América. 

La vida de nuestras comunidades está en manos de las luchas por los territorios.

La crisis mundial, se llama capitalismo. Se llama patriarcado. Se llama colonialismo. La crisis mundial es una crisis civilizatoria.

Hace 10 años, las comunidades tuvimos la urgencia de unir fuerzas y organizar las resistencias a nivel nacional y latinoamericano porque nos atravesaban fuertes conflictos socioambientales. Así nació la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) en el año 2006, en clara oposición al modelo extractivo y defendiendo el territorio de la avanzada de la megaminería, el fracking, los agrotóxicos, la energía nuclear, las pasteras, los desmontes, el acaparamiento de acuíferos y humedales, la contaminación urbana, el descontrol inmobiliario y una larga lista de tantas otras formas de violencia sobre el ser humano y la naturaleza.

 

En la UAC participamos asambleas socioambientales, grupos vecinales autoconvocados, movimientos sociales y campesinos, ONGs, pueblos originarios, colectivos culturales, comunidades autónomas, medios de comunicación libres, cátedras abiertas, investigadores y centros de estudiantes y muchos otros en defensa de la vida y el territorio.

 

La UAC celebra sus encuentros dos veces al año en diferentes puntos del país. En esta oportunidad nos reuniremos en la ciudad de La Rioja para seguir resistiendo y dándole batalla al capitalismo. Para actuar en contra de los proyectos de muerte que nos quieren imponer los de arriba. Para enfrentar la criminalización y judicialización de l@s vecin@s de nuestras comunidades.

 

Luchamos desde la alegría y queremos celebrar porque la resistencia ha tenido muchos logros. Nuestras redes de asambleas han logrado frenar la muerte que quiere avanzar sobre nuestros territorios. Porque no somos indiferentes a lo que les pasa a nuestras comunidades vecinas y no tanto. Porque ya nadie puede hablar de megaminería, agronegocios, pasteras, desmontes como si nada pasará, sin saber de qué se trata ya que el daño es visible.

 

Sabemos del poder que genera la unión y por eso queremos expandir las redes con otras comunidades y organizaciones. Creemos en la horizontalidad y la autonomía y queremos seguir organizándonos. Porque podemos romper las lógicas dominantes, no creemos en los liderazgos ni en los partidos políticos. Pensamos y practicamos nuevas y creativas formas de habitar este planeta. Alternativas al modelo de producción y consumo insostenible impulsado por las corporaciones transnacionales y los malos gobiernos.

 

Invitamos a ser parte de este encuentro. Porque la Unión de Asambleas Ciudadanas cumple 10 años de existencia.  Y queremos seguir tejiendo ese otro mundo posible.

El encuentro se realizará en el Camping del Consejo Profesional de Abogados (ex Las Vegas) de Av. San Francisco Km 10 de La Quebrada, en La Rioja Capital, los días 8, 9, 10 y 11 de diciembre de 2016.

Asambleas anfitrionas:

Asamblea Riojana Capital,

Asamblea Ciudadanos por la Vida Chilecito,

Asamblea El Retamo de Nonogasta,

Asamblea Los Llanos x la vida,

Colectivo Sumaj Kausay de Catamarca.

 

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XI Encuentro Socio- Ambiental Buenos Aires

El Encuentro Socioambiental de Buenos Aires (ESABA) es un espacio horizontal de intercambio, discusión y acción conformado por asambleas, grupos de vecinos autoconvocados, organizaciones autónomas no partidarias y ciudadanos de la provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires reunidos en defensa de los bienes comunes, la salud y la autodeterminación de los pueblos, seriamente amenazados por el saqueo y la contaminación que el avance de diferentes emprendimientos económicos van dejando o pretenden dejar a su paso. El ESABA nace con el propósito de articular y potenciar las diferentes luchas que han emergido en todo el país para repudiar el avance sistemático de los emprendimientos destructivos que destruyen este territorio.

 

La Provincia de Buenos Aires conglomera una gran diversidad de problemáticas socioambientales que afectan directamente nuestros espacios de vida. El modelo del agrario industrial avanza enfermando a las poblaciones que se ven expuestas a diarios a las fumigaciones con agrotóxicos asociadas a las semillas genéticamente modificadas y a quienes consumen esos alimentos con restos de esos tóxicos, y lo hace comprando voluntades de políticos y empresarios que presionan para modificar los marcos normativos a favor de agronegocio. La presencia de diferentes industrias contaminantes (como pasteras, refinerías y curtiembres, entre otras) afectan el aire, el agua y la tierra con sus vertidos, enfermando a las poblaciones cercanas y sus trabajadores. La falta de acceso al agua potable y de programas eficaces y expeditivos  para garantizar el acceso a una vivienda digna, nos condena a vivir en barrios precarizados, rodeados de contaminación electromagnética (subestaciones eléctricas y antenas), sin servicios sociales básicos (agua, cloacas), deficientes tratamientos de los residuos sólidos urbanos (CEAMSE, quemas a cielo abierto, basurales clandestinos,  microbasurales, etc), con espacios públicos privatizados, agravando nuestras condiciones de laborales, económicas y de existencia. La usurpación de las costas de nuestros ríos, la pretendida explotación de carbón mediante fracking, así como también la destrucción de bosques, selvas y humedales que generan los constantes procesos de inundaciones que sufrimos cada vez más en todo el país, tosqueras, plantas nucleares, incineradores, entre muchas otras, son sólo algunas de las problemáticas que atraviesan a nuestros barrios y pueblos.

El panorama actual de la provincia de Buenos Aires se ve agravado por la existencia de organismos ambientales del Estado (OPDS, Autoridad del Agua, OCABA) que callan con el fin de ser funcionales a los intereses del capital. A todo este cuadro de situación tenemos que sumar la violencia institucional de las policías municipales y provinciales.

 

Quienes venimos luchando hace décadas por una vida digna entendemos que somos nosotros y nosotras los que debemos decidir sobre nuestras formas de vida, sobre qué, cómo y para quién producir. Seguimos luchando y construyendo propuestas alternativas a este sistema y a este modelo, con la construcción colectiva y democrática de proyectos de agroecología, reutilización y reciclado de RSU, relocalización y reconversión tecnológica de las industrias contaminantes, autodeterminación y control ciudadano de los procesos productivos, promoción e inversión en la investigación, uso de energías renovables y sustentables (para uso domiciliario e industrial) y del uso y alcances de los espacios públicos, todo ello a través de la gestión participativa de la ciudadanía.

Los/as invitamos a todos y a todas el Sábado 3 y el Domingo 4 de Diciembre a partir de las 9hs en el predio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), ubicado en Av. del Valle 5737.

 

Tinta Verde es un colectivo de periodismo ambiental cuyo objetivo es la producción y difusión de material relacionado a las problemáticas socio-ambientales, así como también, la puesta en circulación de información que por lo general no se publica en los grandes medios y que es de vital importancia para identificar las causas de la crisis ambiental que atraviesa el mundo hoy.

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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
www.asambleasciudadanas.org.ar
facebook.com/unionasambleasciudadanas
http://twitter.com/prensauac
 
(pdf cuadernillo uac:) --> 
http://go4.es/0aJa

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Argentina - Misiones: Por el derecho a la tierra y a la vida
30 de noviembre de 2016

Por Productores Independientes de Piray (PIP)

Comunidades originarias y organizaciones de pequeños productores exigimos respeto:

Las tierras misioneras se nutrieron de nuestra historia más que de ninguna otra, así y todo, las organizaciones de pequeños productores y comunidades originarias somos los sectores más afectados por la avaricia empresarial y los más postergados por los entes estatales. La situación de vulnerabilidad en la que nos dejan, nos obliga a elevar nuestros reclamos a la sociedad exigiendo una solución.

Estamos cansados de que nos agredan, quemen nuestras casas, roben nuestras pertenencias para que abandonemos la tierra de la que vivimos. A pesar de los ataques a la integridad física de nuestras familias, no nos queda más que resistir.

El norte misionero se encuentra hoy apestado por los venenos que la empresa Arauco S.A. arroja sobre los Pinos y el hollín que sale de sus calderas.

Y cuando llegamos a conseguir lo que nos corresponde, es el estado el que atrasa las gestiones en favor de los empresarios.

Después de tres años de conseguirlas por ley, los productores Independientes de Piray siguen sin tener acceso a la tierra que les corresponde. A su vez, El intendente de delicia Ebert Vera no sólo acompaña los intentos de la empresa Arandú, (gerenciada por Jorge Zallio) de apropiarse de lo que no es suyo, sino que recientemente impulsó acciones tendenciosas y maliciosas con el objetivo de enemistar a los productores con las comunidades Mbyas.

Esto vuelve a demostrar que la intención de los aparatos estatales es separarnos para debilitarnos y empobrecernos para que los empresarios puedan comprarnos. Convencidos de que ahora más que nunca los pequeños productores y comunidades originarias de toda la provincia debemos unirnos en reclamo por nuestra dignidad y nuestros derechos, este viernes nos levantaremos juntos a denunciar públicamente los atropellos que venimos sufriendo todos los días.

• Que se responsabilice a la empresa Arauco S.A. por la contaminación de los suelos y el agua que realiza con los venenos que arroja en todos los departamentos donde tiene plantaciones, y por la contaminación del aire que produce la caldera que arroja hollín sobre el pueblo de Piray.

• Que el estado provincial cumpla con la ley de expropiación y entregue las tierras a las familias de los Pequeños Productores de Piray (PIP) que habitan en el km 18.

• En ruta 20 pedimos la regularización del ex lote Q, así también acceso a los servicios básicos para todos los productores de ruta 20, la reparación de caminos que hace 25 años están postergadas y solicitamos la eliminación de las 2 escuelas rancho donde tienen que estudiar nuestros hijos.

• Que el estado garantice el cumplimiento de la Ley 26.160, que se preserve el monte y el agua, que ordene se retiren los empresarios de las tierras que pertenecen a las comunidades de Ysyry, Aguay Poty y Aguaray Miní. Que además el intendente deje de intentar dividir a las comunidades originarias y a los pequeños productores que siempre vivimos en paz.

• Que se asegure el acceso a la salud y la educación en las comunidades de Ysyry, Aguay Poty y Aguaray Miní y Nuevo Amanecer.

• Pequeños productores de Puerto Libertada volvemos a solicitar acceso a la tierra para vivir y producir alimentos sanos para toda la población, que se regularice la propiedad de la tierra ya que la Multinacional Chilena ARAUCO es dueña del 80% de todas las tierras del municipio.

Así también instamos a la población a desoír las acusaciones discriminatorias que hacia nosotros envisten estado y los empresarios, y que se unan a nuestros gritos de reclamo

Comunidades originarias: Ysyry, Aguay Poty, Aguarai Mini (Mado-Delicia), Nueva Amanecer (Libertad),
Organizaciones de pequeños productores: Productores Independiente de Puerto Piray, Productores Organizados ruta 20, Pequeños Productores Unidos de Delicia, Pequeños Productores de Puerto Libertad.

Datos de contacto:

Dalmacio Ramos -Ysyry- Tel: 3751-566059

Hipolito Benitez -Aguay Poty- Tel: 3751-596701

Omar Benitez -Aguarai Mini- Tel:3757 310744

Miriam Samudio (PIP) Tel: 3751-595537

Eugenio Leste (P. Ruta 20). Tel:3751-564171

Eduardo Vazquez (P. P. Puerto libertad) Tel: 3757 503814

Mario Duran (P.P. Unidos de Delicia)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_-_Misiones_Por_el_derecho_a_la_tierra_y_a_la_vida

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Productores, Municipio y 1500 hectáreas agroecológicas
5 de diciembre de 2016

Por Darío Aranda (Rebelión)

Guaminí significa en idioma mapuche “isla adentro” (de la gran laguna que existe en la zona). Está ubicada en el extremo oeste de Buenos Aires, casi en el límite con La Pampa. 2800 habitantes, calles anchas, casas bajas y tranquilidad que no se consigue en la ciudades. Las bicicletas duermen en la vereda sin cadenas ni candados. Incluso los autos quedan abiertos y nunca falta nada. Pero lo más trascendente es una política pública local que desafía a un modelo global: el municipio reunió, y apoyó, a ocho productores para realizar una transición hacia la agroecología, producir alimentos sanos, libre de transgénicos y agrotóxicos. Comenzaron con 100 hectáreas y, en solo tres años, bajaron costos, mantuvieron buenos niveles productivos y ya cultivan 1500 hectáreas de alimentos sanos, libre de venenos.

A la defensiva

El disparador fue el mismo padecer de cientos de pueblos del país. Las fumigaciones con agroquímicos rodeaban a viviendas e incluso a barrios enteros de Guaminí. En 2012 comenzó a gestarse la iniciativa para regular las distancias. Marcelo Schwerdt, director de Medio Ambienta del Municipio, estuvo entre los impulsores. Relevaron las escuelas rurales y confirmaron que el 80 por ciento estaba sufriendo la lluvia de agroquímicos, incluso con los niños en horario escolar.

En la localidad comenzó a darse a la conocida polarización entre quienes exigen el cuidado de la salud y el ambiente, y quienes remarcan la necesidad de producir.

Se conformó una mesa con distintos actores y surgió la idea de charlas-debates para avanzar en una ordenanza de regulación. Así llegaron hasta Guaminí referentes del agronegocios, que afirmaron que “no se puede producir sin químicos”, investigadores que alertaron sobre los efectos en la salud y sectores de productores.

Marcelo Schwerdt observó un video en youtube de Eduardo Cerdá, ingeniero agrónomo, impulsor de agroecología extensiva (producción sin químicos ni transgénicos a mediana y gran escala, no sólo pequeñas superficies). Sin mucha expectativa de éxito, se contactó vía Facebook y lo invitó a una charla abierta en Guaminí.

Cerdá respondió a las pocas horas. La respuesta era afirmativa y proponía el 14 de abril.

“Fue impresionante”, resume Marcelo Schwerdt, sin ocultar la admiración.

Cerdá hizo un repaso sobre las experiencias agroecológicas y detalló la experiencia de La Aurora ( ver aquí ), emprendimiento bonaerense que produce sin químicos desde hace veinte años.

Un grupo de productores quedó entusiasmado y propuso a Cerdá realizar una experiencia piloto. Lo pensó y sólo pidió que el Municipio se involucre. Y marcó sus límites: solo podría visitar los campos cada dos meses.

Comenzaba la experiencia agroecológica en el oeste bonaerense.

Voces

“Fue un despertar. Ver algo distinto, con todo un abanico de posibilidades”, recuerda Rafael Bilotta, en su casa centenaria del centro de Guaminí. Fue la vivienda de sus abuelos, de su madre y desde la década del 80 él vive allí. Comparte con sus hermanos un campo de 700 hectáreas, y siempre produjo como se hace en la zona, con químicos y más químicos.

Fabián Soracio estaba el día de la charla de Cerdá y también forma parte del grupo. Fue quien hizo la pregunta más incómoda aquel día: “¿Y qué hacés con el gramón (una maleza que tiene a maltraer a agrónomos y resiste a los litros y litros de herbicidas)?”.

Cerdá fue sincero: “Aún no me ha pasado. Cuando me toque, te digo cómo lo hacemos”.

Fueron ocho productores, con una pequeña porción de parcelas cada uno. En total era unas 100 hectáreas, en las que dejaron de echar venenos y sembraron avena, vicia, trébol rojo, sorgo, trigo, entre otros.

Miedo

Fabián Soracio gráfica uno de los pilares del agronegocios. “No quería aplicar tanto (herbicidas), pero cuando veía algunas malezas llamaba al agrónomo, que es ‘el que sabe’, y me decía que aplique más. Y yo lo hacía por algo muy básica, tenía miedo de no sacar buen rinde, y si no produzco lo pensado no puedo pagar las deudas, y me endeudo, y pierdo todo. El miedo estaba en toda esa cadena “.

Mauricio Bleynat es tambero y productor agropecuario. Campo de 75 hectáreas que trabaja con su padre y su hija de 14 años. “Te meten en la cabeza que sin aplicación no producís. Y si no producís… perdés el campo”.

Marcelo Schwerdt, que además de director de Ambiente es doctor en Biología, asiente con la cabeza. Es hijo de productor agropecuario y lo vivió dese chico. “Comenzás aplicando dos litros por hectárea, luego tres. Aparecen más malezas y ya te dicen que un poco más. Y así terminás echando más de diez litros. Es una agricultura de bidones (de químicos)”, grafica.

Cambios

Lo primero que hicieron fue hacer diagnósticos colectivos de los campos. Sucedió con la primera recorrida con Eduardo Cerdá. Iban todos juntos a los campos, escuchaban, miraban, proponían. Cambios concretos estaban en marcha: ya no estaba cada uno solo en su campo, sino con pares. Segundo: no era el agrónomo el que decidía qué hacer. Cerdá no tenía la verdad revelada, sólo sugería y, sobre todo, preguntaba. ¿Cuántos años cultivás lo mismo? ¿Tenés animales (vacunos)? ¿Cuántos? ¿Cuándo entran a comer a este lote? ¿Por qué aplicás? E infinidad de preguntas más.

Surgen anécdotas con otros “asesores” (como muchas veces se dice a los agrónomos). Todos tiene experiencia de casos en el que “el profesional” (otra forma de llamarlos/se) ni siquiera bajaba de la camioneta. Decía qué (y cuánto) químico había que aplicar sin siquiera detener el vehículo.

Fabián Soracio va más allá: “Es común que ni visitan el campo. Te dicen cuánto aplicar por teléfono”. Mauricio Bleynat es más duro: “Es un modelo que se maneja desde un escritorio. Ni siquiera viven en el campo. Es más, nos quieren echar a los que si vivimos y trabajamos en el campo”.

Inicios

Dejar de aplicar químicos y vuelta a rotación de cultivos (incluso algunos que hacía años no sembraban). A vena, vicia, trébol rojo, sorgo, trigo, cebada, maíz . Hacer trigo, aunque haya malezas en el medio y les parezca una pecado. Llamaban a Cerdá y le transmitían el temor de las malezas en el trigo. Del otro lado del teléfono, Cerdá los calmaba. Les decía que esperen dos semanas (hasta la próxima reunión), insistía en que no apliquen. Cuando tocaba la recorrida, la maleza ya había cedido. Una de las claves es que la maleza (en realidad es una planta no deseada) tenga competencia, y eso la hace ceder, perder fuerza, incluso desaparecer.

“Y se cosechó bien. Quizá el que manejaba la máquina puteaba un poco por algún cardo que había, pero daba muy buena producción”, sonríe Rafael Bilotta.

También fue fundamental aprovechar los animales, que entren, coman, y bosteen en el mismo lugar (fertiliza el suelo, enriquece, conserva los nutrientes). Otra clave: dejar de desparasitar a todos los vacunos según calendario. La mirada veterinaria dominante es suministrar la conocida ivermectina (potente droga para ganados). La consecuencia no deseada es que afecta la bosta, y está no sirve para fertilizar los suelos.

Fabián Soracio explica que hay que mirar los animales y desparasitar según cada caso, viendo si es necesario, no por calendario y de manera general a todos.

Pasó el año, la media docena de visitas de Cerdá y los resultados fueron positivos: buena producción (igual o apenas por debajo de los campos con químicos), pero mucho menor costo de producción.

Aclaración (ellos mismos la realizan): hubo lotes particulares donde los resultados no fueron los esperados, donde aún deben probar opciones, pero en general fueron buenos de producción y rentabilidad positiva.

Otro hecho fundamental fue la visita a la charca La Aurora, en Benito Juárez. Allí conocieron las 650 hectáreas de Erna Bloti y Juan Kiehr, su trabajo de veinte años en agroecología. Los impactó.

“Me llamó la atención el suelo, nunca lo había visto con esas consistencia y olor. Era pura fertilidad. También los animales (vacas), el estado físico maravilloso, hasta en el pelaje se notaba”, recuerda Rafael Bilotta y enumera una lista de hechos positivos, pero intenta resumirlos en dos puntos: “Se respira otro aire, y quiero que mi campo vaya en ese camino. Segundo, en La Aurora vi que era posible algo distinto, no era sólo teoría, lo vivimos recorriendo el campo. Es una fiesta”.

Campos

Camino de tierra ancho. Viviendas cercanas al alambrado. Perros que se arriman enojados. Recibe Mauricio Bleynat, apretón de manos fuerte e invita a conocer el pequeño tambo. Seis bajadas en línea, entre 20 y 30 vacas para ordeñe. El precio de la leche está muy bajo, 3,10 pesos el litro (piden al menos 5 pesos). Explica que los tambos pequeños, como el suyo, sobreviven (no tiene trabajadores a cargo y menores cargas impositivas), pero los medianos están en problemas (de más de 150 vacas y hasta 1000).

Como en otros ramos de la producción, los grandes dominan el mercado y fijan precios bajos para el productor. En lechería dos compañías son las que definen el mercado (y los precios): La Serenísima y Sáncor.

Mauricio Bleynat sabe que cambiará la suerte con algo de capital: no vender más leche, sino procesarla y comercializar los quesos. El margen de ganancia será mayor. Está en ese camino.

Arriba del auto y unas cuadras hasta un lote cultivado. Muestras avances, cuenta que tuvo pasto para animales como hacía años no producía (incluso su tío le cosechó y se convenció tanto que él también comenzó a hacer hectáreas sin químicos).

Cuenta con el apoyo de su padre (que desde hace años tiene su huerta libre de químicos) y de su hija, que estudia en una agrotécnica y donde también combate al agronegocios: “Le discute a los profes porque casi todos tienen el casete de producir con transgénicos y venenos. Y ella le dice que hay otra forma, que muchos producimos de otra manera” . Bleynat le aconseja que no discuta mucho, que tampoco se enoje, y al mismo tiempo (sin decirlo) el orgullo está a flor de piel.

Cinco minutos de auto, tranquera abierta, y bajo un árbol espera Rafael Bilotta en su camioneta. Muestra unas parcelas. Avena, vicia, trigo. En una parcela se deja ver la famosa “rama negra” (una “maleza” que tiene a maltraer al agronegocios). No hay mucho, pero se observan algunas. Bilotta sonríe: “Antes me volvió loco cuando aparecían. Ya no”. Y explica que lo sembrado le irá compitiendo espacio a las plantas no deseadas. En estos dos años ha tenido buenas experiencias.

Su hijo estudiaba agronomía. Dejó la carrera, en buena medida asqueado porque solo le mostraban la opción de agricultura-química. “Un día me dijo ‘papá vos sabés lo que estás echando'”, recuerda.

Se quedó sin respuesta. Sabía lo que estaba haciendo y sus consecuencias. Aquella charla de abril de 2014 de Eduardo Cerdá fue la salida que no veía.

Probó con unas pocas hectáreas, mientras seguía utilizando químicos en la mayor parte del campo. El segundo año amplió las hectáreas agroecológicas y va camino a dejar los químicos por completo. Planea hacer tres años de agricultura, que los vacunos coman, dejen bosta y orina en la tierra, enriquecer suelos.

“Es un cambio productivo, pero también un cambio en la forma de ver el suelo, los alimentos, la naturaleza y la vida. Se transforma en una filosofía de vida, estamos en ese proceso y muy felices”, afirma Bilotta.

Trabaja las partes del campo que le corresponde a tres hermanos. Lo apoyan, pero también sabe que le tienen que dar los números. Y no duda: “Estoy seguro que va a dar. Es más, ya está dando y será mejor en los próximos años”. Y explica que bajó los costos entre 30 y 40 por ciento.

Puede ser por ideología, por opción de vida, por cuidar el ambiente y privilegiar la salud. Y la agroecología también es una opción para obtener mayor rentabilidad.

Otra vez el auto. Marcelo Schwerdt al volante. Toma por caminos internos, luego la ruta, una rotonda y otra ruta más angosta, de asfalto. Mano derecha, tranquera abierta y una casa a lo lejos, rodeada de árboles. Imagen de postal.

Fabián Soracio trabaja el campo con su padre, quién le planteó dudas sobre el cambio de modelo. Aún hoy, cuando observa algún yuyo, le pregunta por qué no echar un poco de herbicidas. Recorrida por el campo, los distintos estadíos de lotes y un momento de charla en el corral de vacas. También resalta la importancia de la ganadería, que contribuye a recuperar la fertilidad de suelos.

Y aclara: no se considera productor agroecológico. “Yo soy productor agropecuario. Los que tienen que cambiarse el nombre son los otros… son productores agro-oncológicos. Es fuerte, lo sé, pero los químicos tienen sus consecuencias y tienen que hacerse cargo”.

Reconoce que tenía sus dudas, pero a poca de andar se convenció. También fue muy importante conocer La Aurora.

Combate los prejuicios de otros productores, que aún creen que dejar los químicos es volver a la azada y carpir la tierra. Su clave: “Dejar de mirar el campo desde lo químico. Y verlo como un sistema, no cosas aisladas. Recuperar cosas del pasado, pero también tecnología apropiada y moderna. Y, sobre todo, no creen en la recetas mágicas que te venden las empresas”.

Estado

“Fundamental”. Así definen los productores el rol del Estado. En la experiencia de Guaminí fue el Municipio. Motorizado por Marcelo Schwerdt, pero con el respaldo del intendente Néstor Alvarez (Frente para la Victoria).

Por si hubieras dudas, Fabián Soracio remarca: “Tiene que ser el Estado, no una ONG que ocupe su lugar. No. El Estado tiene que ocupar el rol central”.

El gobierno de Buenos Aires no impulsa proyectos de agroecología. Al contrario, el Senado bonaerense, con apoyo del gobierno de María Eugenia Vidal, dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar hasta sólo diez metros de las viviendas. Sería (de aprobarse), la más favorable (a los químicos) del país.

¿Y Nación?

Mauricio Bleynat resume: “Me parece que el gobierno nacional está más preocupado por Monsanto que por otra cosa”.

Los demás productores sonríen en aprobación.

Molino

“La Clara”, se llamaba el molino harinero emblema de Guaminí. Daba trabajo a cientos de personas y marcó la historia de la ciudad. Su incendio, en la década del 50, fue un golpe que marcó un quiebre en la población. En todas las familias existen integrantes que tengan recuerdos y anécdotas de La Clara.

El grupo de productores acopió trigo agroecológico. Y, con el impulso de Schwerdt desde el municipio, nació la idea de un pequeño molino. Buscaron financiamiento con Nación y embajadas. No tuvieron suerte. Se lo plantearon al Intendente. Y confirmó que el Municipio realizaría la inversión. 36 mil pesos. Un molino realizado en Río Negro, artesanal, construcción a medida y un proceso que llevó largos meses. En paralelo, acondicionaron un salón municipal, de unos diez metros de ancho por otro tanto de largo.

El kilo de harina integral (y libre de químicos) comenzó a un precio de diez pesos (más económica que las marcas comerciales de grandes empresas). La mitad del valor era para productores y gastos de empaquetado. El otro 50 por ciento para tres instituciones de bien público: hospital, Escuela de Educación Especial 502 y el Centro de Educación Agraria. El último año el precio aumentó unos pesos, y el reparto se mantuvo igual. Además, alumnos de la escuela hacen sus prácticas laborales en el molino.

Precio justo para los productores, agregado de valor, alimento sano para el consumidor, y beneficios para las instituciones locales.

En Guaminí no se consumía harina integral. Ahora se venden más de 500 kilos por mes y tiene pedidos de Trenque Lauquen, Chacabuco y Bahía Blanca. Planifican aumentar la producción (sólo necesitan la inversión para adquirir un molino más grande).

En nombre del emprendimiento (y de la harina libre de químicos): “La Clarita”.

“Pasaron 70 años desde el incendio del gran molino. Nunca se pudo retomar un proyecto de agregado de valor agropecuario. En sólo dos años, este grupo lo hizo posible”, explicó Schwerdt, que ya dejó el cargo en el municipio (asumió en un Centro de Educación Agraria), pero sigue acompaña al grupo de productores.

Resultados

En todos los campos redujeron el uso de agroquímicos, minimizaron costos y mantuvieron la producción sin grandes cambios. También comenzaron un proceso de recuperación de suelos. Rafael Bilotta se adelantó con estudios y le dieron mejores indicadores de fósforo, nutrientes y materia orgánica.

Muestra de la mejora es la sumatoria de tierras. De las 100 iniciales (2014), pasaron a 970 (2015) y 1500 en las actualidad. Un aumento geométrico en solo tres años.

Pero no fue sólo el aumento de hectáreas. También se aprobó una ordenanza en beneficio de la agricultura familiar. Impulsa ferias de comercialización de productos agroecológicos y, en su artículo dos, promueve “el acceso a la tierra (fiscales) o a los recursos naturales requeridos, para emprendedores familiares que realicen proyectos productivos”.

Dentro de la producción de alimentos sin químicos y transgénicos funcionan “certificadoras”, que son grandes empresas que cobran altos honorarios por entregar un sello de calidad (funciona mucho en los productos orgánicos). Dentro del mundo de la agroecología se cuestiona mucho el rol de esas empresas.

La ordenanza de Guaminí toma partido en favor de los productores locales y constituye un sistema de “certificación participativa del mercado agroecológico”. Con la participación de agricultores, profesionales, municipio, cámara de comercio, bromatología y consumidores, entre otros, impulsa que la certificación que garantice la salubridad y calidad sea gratuita y con múltiples actores. La certificación participativa da cuenta de una forma de producción de alimentos que “promueve el compromiso con la salud, la ecología, la equidad y la certidumbre ambiental”.

Es la segunda ciudad de Argentina que tiene certificación participativa (luego de Goya, Corrientes).

La experiencia de Guaminí fue presentada en mayo pasado en la localidad de Rojas, cuando se conformó la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama), donde concurrieron una veintena de municipios y más de 200 productores agropecuarios, algunos ya producen de manera agroecológica, muchos otros quieran iniciar el camino de producir sin venenos y miran al oeste bonaerense. En octubre, fue sede del segundo encuentro de Renama. Los productores agroecologicos fueron los protagonistas: Guaminí ya se inscribe en las experiencias concretas que muestran que es posible otra agricultura. 

http://www.greenpeace.org.ar/blog/productores-municipio-y-1500-hectareas-agroecologicas/17736/#more-17736

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220036

 

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Territorios en disputa, luchas por el sentido y nueva hegemonía
28 de noviembre de 2016

Por Felipe Pineda Ruiz (Rebelión)

Recientemente, varios miembros de este espacio en común que hemos creado un grupo de jóvenes, al que denominamos Somos Ciudadanos, tuvimos la oportunidad de dirigirnos a la audiencia ambiental realizada en el municipio de Pesca (Boyacá) el pasado 6 de noviembre. La misma tenía por objetivo socializar ante las comunidades la tentativa de la multinacional francesa, Maurel & Prom, de hacer exploración y explotación petrolera en inmediaciones de la laguna de Tota, espejo lacustre más grande del país. 

La travesía tuvo un invitado especial, quien sensibilizado por el desastre ambiental en ciernes nos acompañó: el escritor William Ospina. La audiencia se convirtió en la oportunidad perfecta para ahondar en su espíritu indómito y creativo e indagar sobre sus posiciones sobre el quehacer nacional.

Las profundas reflexiones de Ospina, colmadas de una caracterización aguda de la clase política nacional se desarrollaron en paralelo a la indignación reinante, de los campesinos y los habitantes de la zona, quienes al unísono emplazaban a la multinacional, los entes gubernamentales y las autoridades ambientales con frases como “fuera”, “mentirosos” “no los queremos”, o el creativo “Sugamuxi no cambia su agua y su suelo por overol petrolero”.

El momento sirvió para, indirectamente, recrear la concepción de multitud spinoziana y soñar, por algunas horas, en la construcción de una voluntad nacional-popular colectiva de nuevo tipo que deje atrás a la partidocracia y abra el camino para romper con el novel bipartidismo, conformado por el Uribismo y el santismo, y para pensar en alternativas que dejen atrás al caduco eje izquierda-derecha.

Ospina, en medio de la indignación reinante no paraba de hacer un alto en el camino y cavilar “se requieren menos disertaciones de expertos y más momentos asamblearios para oír a los que no han hablado, se requiere crear unos diálogos más ciudadanos y transversales sobre los 10 ó 20 temas más significativos para el futuro del país” Ospina acompañaba dicha reflexión con una pregunta transversal ¿que es lo que puede producirnos la sensación de integrarnos sin que aparezca la aparatosa instrumentalización política de siempre?”

La necesidad de acabar con la vorágine de la paz para poner en el centro de la agenda temas ciudadanos y territoriales.

Mientras el Gobierno acaba de firmar una paz, en función de una agenda de negocios particular o Paz Neoliberal, en las urbes y en los territorios el hastío hacia la clase política en general, y hacia la triada Uribe/Santos/Farc, crece.

Esta coyuntura abre una inmejorable ventana de oportunidad para crear una nueva mayoría social y ciudadana, conformada por las gentes del común, que ponga en la palestra pública tópicos que atañen a los intereses de las mayorías urbanas: servicios y salud pública, economía, reforma tributaria, acceso a la vivienda, educación, movilidad, lucha por el patrimonio público y lo público en general.

Esta nueva convergencia transversal, de sectores afectados por el modelo económico dominante actual, tendría que impulsar temas que hacen parte de la agenda del siglo XXI: redensificación urbana, energías limpias, economías colaborativas y una reflexión, a fondo, sobre el futuro de nuestra maltrecha democracia.

El momento es el indicado para poner en marcha, y en simultáneo, un proceso destituyente, para sacar del poder a las élites, y un proceso constituyente, en donde el pueblo se conforme como tal. Dicho conglomerado ciudadano tendría que comenzar por canalizar el descontento de esa multiplicidad de demandas no resueltas por el Estado, y sus instituciones, y a ese cúmulo de sectores subalternos locales que disputan contra el establecimiento un tipo de ordenamiento territorial de nuevo tipo, en cabeceras municipales y zonas rurales.

Este nuevo sentido gira en torno a la autodeterminación de las comunidades de decidir sobre el uso de sus fuentes hídricas, su medio ambiente y su suelo, en clara confrontación contra los proyectos mineros, inmobiliarios, hidroeléctricos y petroleros a lo largo y ancho del país.

En tiempo presente esto viene sucediendo: aquellas nuevas voluntades territoriales-populares se están rebelando contra la agenda corporativa y corrupta de las instituciones, y las multinacionales, y están actuando independientemente del cabildeo de las élites.

La disputa en las urbes

En las zonas urbanas los conflictos ambientales por la defensa de las fuentes hídricas, los cerros y los humedales, amplían dicho mapa y territorio de inconformidad. El desecamiento de fuentes hídricas; la construcción ilegal de opulentos edificios en los cerros orientales y la contaminación y urbanización ilegal de predios pertenecientes a los humedales del occidente de Bogotá amenazan a la ciudad sostenible del nuevo milenio.

La creciente sumatoria de comunidades desplazadas por el modelo en las urbes, en el caso bogotano acrecentado por la arremetida privatizadora, realizada por la administración Peñalosa, pone en el ojo del huracán a quienes representan la ciudad enajenada para unos pocos, en clara confrontación contra quienes defienden el derecho y el disfrute de la ciudad para las mayorías.

Esas resistencias a las tentativas neoliberales de lucro, despojo y barbarie se vienen entrelazando y provocando un proceso de movilización y disputa contrahegemónico subalterno, basado en la división del espacio social colombiano entre un nosotros (la amalgama de sectores subalternos disgregados) y un ellos (la élite) [3] .

Esa diáspora diversa de actores, que hacen política desde sus espacios y que rechazan la representatividad suplantada por la partidocracia y la clase política en su conjunto, conformada por colectivos políticos, culturales, ambientales, asociaciones campesinas y comunales aumentan el distanciamiento entre las élites y la diversidad de sectores subalternos.

Al mejor estilo gramsciano la gente en las ciudades y en el campo viene, aunque sin la emancipación requerida para lograrlo, construyendo sentido mediante la “articulación de lo disperso, en un terreno no exento de conflictividad” [4].

Cognitariado: la nueva clase trabajadora

En las ciudades principales e intermedias, un nuevo conglomerado social de nuevo tipo, conformado por personas entre los 18 y 40 años, atomizado políticamente y permeado por el chip del individualismo, denominado cognitariado, emerge como uno de los sectores más numerosos de la clase media. Son millares de citadinos jóvenes, vulnerables e inconformes, que probablemente debieron acudir a las urnas a votar No, en señal de protesta contra un clima de malestar social creciente que les afecta.

El cognitariado, es uno de los grupos más perjudicados por la destrucción de los derechos sociales y laborales en el país. En su mayoría lo conforman universitarios que pagan sus estudios mediante acreencias con el sistema bancario; trabajadores que ofrecen sus conocimientos intelectuales a cambio de contratos cada vez más desregulados y usuarios insatisfechos con las EPS privadas.

La construcción de nueva hegemonía territorial en torno a la superación del extractivismo 

De vuelta a los territorios, la situación de la provincia de Sugamuxi y el lago de Tota, y la disputa con las petroleras, se replica a lo largo y ancho del país. El mapa de conflictos ambientales de gran envergadura en Colombia, realizado por el Atlas Global de Justicia Ambiental en 2014, sitúa a nuestra nación como el líder latinoamericano de confrontaciones entre empresas extractivas y comunidades, con 72 de gran magnitud [5].

Las consultas populares que se han realizado en municipios como Tauramena (Casanare), Piedras (Tolima), y la que sigue su curso en la ciudad de Ibagué, ponen a las luchas ambientales y territoriales como uno de los ejes centrales de construcción de nuevas mayorías sociales en el país.

El caso paradigmático de la provincia de Sugamuxi, donde geográficamente se ubica la laguna de Tota, plantea un nuevo tipo de consulta popular supra municipal, y más de índole regional, en proceso de construcción, que invita a los ciudadanos a acudir a las urnas para responder la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en la provincia de Sugamuxi se ejecuten proyectos y actividades petroleras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística de la región? 

En suma, el derecho a la ciudad y al territorio, marcan una verdadera contradicción de fondo entre la clase política y el país político enfrentado a los anhelos de la sociedad civil.

Dirimir la disputa, entre capital/elites versus nuevas mayorías, viene abriéndose camino…
Notas

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=219712