Qué Estado

Diciembre 2016

Sin criminalización de los desposeídos ni de quienes defienden la dignidad de vida y de trabajo.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Si seguimos, abajo y a la izquierda, sólo focalizando en el gobierno que tenemos enfrente no podremos conseguir situarnos en la lucha continental e internacional de clases para encaminarnos en ir constituyendo la autodeterminación de los pueblos y comunidades de Argentina y de Nuestra América. Propongámonos percibir que estamos todos subsumidos (y no sólo quienes pertenecen a las llamadas zonas de sacrificio del extractivismo)  en:

 

Demo-cidio

25 de noviembre de 2016

Por Raúl Prada Alcoreza

El democidio vendría a ser el asesinato de la población. No es exactamente un genocidio, tampoco un etnocidio, aunque a la larga parezca serlo o termine siendo; pues se trata de población, del asesinato de la población. No así de la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un contingente social, dados por motivaciones raciales, políticas o religiosas, como en el caso del genocidio; tampoco de la destrucción de un conjunto étnico, así como de su cultura, como en el caso del etnocidio. Sino de la población; concepto referencial del biopoderIntervención de estructuras de poder en la corporeidad extensa demográfica, ocasionando efectos en masa, cuantitativos y estadísticos. Un Estado puede ser genocida, en un caso, o etnocida, en otro caso; también democida, en el tercer caso; el que nos interesa analizar, considerando comportamientos singulares de un gobierno y los otros órganos de Estado, así como parte de la sociedad civil, que es prácticamente cómplice de este democidio; cuando avala la demagogia de un gobierno, que encubre una flagrante irresponsabilidad ante la atención de necesidades vitales de la población.

 

La crisis del agua en cinco regiones de Bolivia, particularmente agudizada en las ciudades, ha develado el comportamiento democida del gobierno, del Congreso, del órgano judicial, del partido oficialista, incluso, de la llamada “oposición”. Unos, al secundar la desatención, la desidia, lairresponsabilidad gubernamental y de las instituciones públicas encargadas; otros, al enfrascarse en debates irrelevantes y banales, que caen fuera del tiesto; que no tocan la médula del problema; tampoco achuntan a orientar soluciones adecuadas.

 

Como el refrán del cojo que echa la culpa al empedrado, el presidente dice que la crisis del agua se debe al cambio climático. Lo del cambio climático se sabe, por lo menos, hace más de tres décadas, sino es mucho más; la conducta indolente de estados, gobiernos, organismos, nacionales e internacionales,  también es conocida durante este lapso. Este es el contexto del problema, si se quiere, la estructura del problema de lo que llamaremos, rápidamente, causa; pero, de aquí, no se puede deducir, ni siquiera inocentemente, que la desatención al problema singular de la crisis del agua en ciudades y cinco regiones del país, se debe al contexto estructural del cambio climático.  Esto es lavarse las manos, dejando el agua sucia, como lo ha hecho EPSAs, la empresa estatal del agua, al cerrar los grifos del flujo del agua a los barrios, y volverlos a abrir, entregando a la población, en cuotas módicas, por cierto, insuficientes, agua contaminada, que es lo mismo que decir, agua envenenada.

 

A la población sedienta no se le satisface con golpes en el pecho, con arrepentimientos, con escenas teatrales compungidas, sino con soluciones certeras, adecuadas e inmediatas; además, estratégicas y orientadas al largo plazo. En las gestiones del “gobierno progresista” lo que ha preponderado ostensiblemente es la ineptitud de su burocracia, de sus directores, de sus empresas, de su gabinete y del Congreso, sumándose los actos delictivos del Órgano judicial. No es otra cosa, no solo su concomitante y cómplice conducta de encubrimiento, sino su abuso de autoridad, el empleo de la violencia simbólica y también violencia descarnada en persecuciones inauditas a los que se considera oponentes al gobierno, no solamente de los partidos de la “oposición”, sino dirigentes de organizaciones sociales y de las naciones y pueblos indígenas. Lo grave radica no solamente en esta actitud delictiva de jueces y magistrados, sino también, obviamente, de la fiscalía general, sino en el ocultamiento  avieso de las fechorías del gobierno, de la estructura de poder del gobierno. Solo tomando algunos pocos ejemplos; los Contratos de operaciones, que son, en efecto, la desnacionalización de los hidrocarburos, al entregar el control técnico a las empresas trasnacionales, implican un atentado a la soberanía del Estado, a los recurso naturales, propiedad del pueblo boliviano; que cuantitativamente denota una excesiva millonaria perdida. La Ley Minera, es una traición a la patria, tipificada por la Constitución, al convertir a Bolivia, a sus normativas promulgadas, en un paraíso fiscal y financiero para las empresas trasnacionales extractivistas.  Sin contar delitos velados de sobreprecios en las plantas separadoras; en compras de barcazas, que nunca llegaron; en concesiones de mega-proyectos, que nunca terminaron de efectuarse, o no se materializaron como corresponde, como es el caso de San Buenaventura. Sin mencionar sobreprecios en carreteras; además de decidir, inconsultamente, contra todo criterio técnico, establecer la planta de fertilizantes en el Chapare y no en Puerto Suarez, cerca de la fuente de energía y del mercado.  Todos estos delitos de envergadura son cubiertos por el Órgano judicial y la Contraloría.

Volviendo a la crisis del agua, lo que sobresale no solamente es la inoperancia de la empresa estatal del agua, sino su absoluta decidía ante el problema, que podríamos llamar la crisis del agua anunciada, con gran anticipación; además, ahora, de entregar a la población agua contaminada. El último discurso del presidente, como dijimos, es culpar al cambio climático de lo que ocurre.

El presidente del Congreso pidió que los de EPSAs se vayan a su casa; el presidente destituyó sólo a los máximos directores, dejando toda la empresa como estaba antes; llena de gente incorporada políticamente, que no cuenta con formación técnica para ejercer su tarea encomendada. Si bien ingresaron, en vez de los directores destituidos, dos técnicos, que fueron antes desalojados por el “gobierno progresista” y el partido oficialista, no están en condiciones de solucionar tamaño problema de la crisis del agua. Haciendo eco del pedido del presidente del Congreso, todos los que no cumplen con su tarea deberían irse a su casa; esto incumbe a gobernantes, a la burocracia estatal, al Congreso, al Órgano judicial; así como también a la llamada “oposición”, que sigue enfrascada en inútiles escaramuzas, a las que se acostumbró la clase política en la historia política de Bolivia. No se puede seguir en el mismo círculo vicioso del péndulo rutinario de la rotación del poder, dibujado por los “oficialistas” y “oposición” de hoy, u otros “oficialistas” y “oposición” de mañana; sobre todo, ante problemas de mayúscula amenaza de la población.

Por otra parte, lastimosamente, parte del pueblo es cómplice, aunque no lo quiera, de lo que pasa; pues deja hacer a los gobernantes lo que hacen; ejercer el poder de la manera más indolente. O en su caso, incluso, parte de esta parte de la población expresa un comportamiento adulador, apologista o directamente cómplice, al apostar por semejante decadencia. Fuente: http://www.bolpress.com/2016/11/25/demo-cidio/

 

 

Compartimos el democidio  con nuestros hermanos bolivianos pese a que Evo Morales se presenta como defensor de la vida en el planeta. En realidad es toda Nuestra América que es objeto del extractivismo para el desarrollo de las potencias. También, en simultáneo, hay aplicación de los planes para garantizar el sometimiento de nuestros pueblos cuyo motor propulsor es el Plan Colombia que en febrero 2016 cumplió 15 años.

 

 

El plan Colombia, 15 años de guerra de Estados Unidos en Colombia
1 de febrero de 2016

Entrevista a Camilo Gonzalez Posso

Por Hernán Ricardo MurciaDesdeAbajo, Bogotá D.C. Enero 30 de 2016.

¿Cuál es su opinión tras quince años de la implementación del Plan Colombia y qué le ha dejado al país?

El Plan Colombia en realidad ha tenido varios componentes en varias épocas. Comenzó como un plan de guerra antidrogas y después del 11 de septiembre de 2001 con el atentado en New York, se convirtió en un plan anti terrorista, en una política que en Colombia se llamó contra – narcoterrorismo. Pero el centro del Plan Colombia, fue el reforzamiento de la política anti insurgente, parte de una geopolítica de Estados Unidos con el propósito de tener una plataforma frente a la evolución política en la región, ante el fenómeno del ascenso del bolivarismo, de Chavéz; fue a su vez una respuesta al periodo de auge de las FARC y del movimiento guerrillero de los años 90.

En realidad tuvo una primera versión en Colombia al inicio de la administración Pastrana, como un plan de intervención social, con un componente cívico para las acciones militares, pero con un énfasis social. Pero rápidamente se transformó en instrumento de la intervención de los Estados Unidos en Colombia, en alianza con las fuerzas armadas, de posicionamiento de toda una nueva doctrina de seguridad. Ese es el verdadero origen.

 

El balance que podemos hacer depende de la lecturas. Si se lee desde el punto de vista de la política antidroga, la guerra antidrogas no obstante, avances – logros en interdicción, en combate a carteles, en una serie de elementos tácticos – de conjunto como estrategia antidrogas fracasó a nivel internacional. Fracasó como militarización de la política antidrogas y eso fue incluso reconocido por la administración Obama de manera verbal, aunque ya en los términos prácticos nunca la lograron sacar de las manos de los protagonistas y negociantes de la guerra.

Pero la guerra antidrogas demostró que no apuntó realmente a la solución de esa problemática y que se convirtió en realidad en la cobertura para estrategias de seguridad.

 

En el caso colombiano, el verdadero sentido fue el respaldo, al gobierno, a la institucionalidad colombiana, para contener a la insurgencia, para neutralizar a movimientos que pudieran empatar con el nacionalismo latinoamericano.

Entonces los balances se pueden hacer sobre la efectividad de la contrainsurgencia y en este plano se puede decir que la alianza de los Estados Unidos con el Estado colombiano, logró avances después del año 2000. El Plan Colombia les permitió la ofensiva, retomar iniciativas, neutralizar el avance de la guerrilla y cambiar la correlación de fuerzas en Colombia. Bajo la sombra del Plan Colombia y el Comando Sur se reestructuraron las fuerzas militares y de policía en Colombia. Se reorganizaron las brigadas y batallones de montaña. Se profesionalizó el ejército y se definieron operaciones tácticas sostenidas en territorios antes vedados. El presupuesto de guerra y defensa nacional se triplicó como parte del PIB y el pie de fuerza alcanzó el mayor nivel en la historia de seis décadas de contrainsurgencia.

Desde el punto de vista de contraguerrilla fue clave la incorporación de los Estados Unidos con inteligencia, equipamiento, dirección estratégica, con el uso de las fumigaciones en la guerra antidrogas para los planes anti insurgentes. El balance de guerra es favorable para los intereses de los Estados Unidos y del gobierno colombiano en el escenario de la confrontación armada.

Pero desde el punto de vista del conjunto de la situación del país esas dos guerras, la de la droga y la contrainsurgente tiene costos negativos en derechos humanos y en bienestar para el pueblo de Colombia. En estos temas el balance aun no ha sido suficiente y para hacerlo bien se debe reconocer que los Estados Unidos han sido una fuerza activa en el conflicto colombiano, una fuerza motora de la guerra y no un colaborador externo. Estados Unidos ha sido corresponsable de la guerra en todos los sentidos incluyendo sus éxitos en contraguerrilla y su parte en los costos humanos con los 10 millones de víctimas.

En Colombia se habla de conflicto armado interno por lo que define el Derecho Internacional Humanitario para conflictos sin carácter internacional; eso puede ser cierto en tanto no hay una guerra declarada entre estados, pero siendo un conflicto en el escenario colombiano es un conflicto en el que ha intervenido Estados Unidos de manera directa, militar, política, socialmente con el Plan Colombia y como un actor del conflicto.

 

-¿Influyó el embajador William Brownfield en esta situación?

Los embajadores de los Estados Unidos en Colombia, han tenido influencia directa, pero en realidad esto ha sido más bien una política del Comando Sur, del Departamento de Estado, una política de seguridad de los Estados Unidos, una política bipartidista. Así surgió el Plan Colombia, no es un invento criollo o de un embajador aquí en la 26 en Bogotá.

El Plan Colombia es una elaboración estratégica importante, que tuvo en cuenta el contexto latinoamericano, que en el camino hizo un diagnóstico de un peligro inminente por el ascenso del bolivarismo y las posibles conexiones con las FARC. Eso fue el campanazo de alerta.

Hay anécdotas, entre otras que se escribió en inglés y mucho después de aprobado en Estados Unidos, fue traducido al español. Existen curiosidades como las que escribe el expresidente Pastrana, con sus crónicas y memorias, donde él muestra de qué manera se puso de acuerdo con los gobernantes de los Estados Unidos, como habló con Clinton y luego con Bush, para perfeccionar todo este asunto, como redactaron los borradores en detalle, para hacerle ajustes y conexión con la problemática colombiana y con los intereses más inmediatos del gobierno colombiano en un momento crítico para las fuerzas armadas. No porque las FARC o el ELN, estuvieran ad portas del poder, sino porque se estaba mostrando una incapacidad de las fuerzas militares colombianas para neutralizar efectivamente iniciativas que estaban teniendo las FARC en regiones de Colombia, particularmente en el sur del país,. En medio de este panorama de debilidad de la contrainsurgencia en el sur y avance del paramilitarismo en el norte se elaboraron estas respuestas y alianzas estratégicas con los Estados Unidos.

 

-Aciertos y desaciertos de la política antidrogas, desde la implementación del Plan Colombia

Pues la verdad el Plan Colombia como política antidrogas ha tenido resultados muy pobres. El enfoque de ese plan, si se mira la distribución de sus recursos, estuvo fundamentado en la idea de combatir la oferta en el eslabón de la producción; eso sin que hubieran descuidado labores de interdicción y otros elementos en toda la cadena. Pero en realidad la gran apuesta fue el combate al cultivador, que además era lo funcional con la política contra insurgente para vaciar los territorios, producir desplazamientos allí donde había una conexión de cultivos, con economía de la guerra de las guerrilla, quitarle las finanzas a la guerrilla. Este enfoque tiene que ver con diagnósticos realizados, entre otros, por especialistas de la guerra asociados al Banco Mundial.

 

Entonces se enfocaron y le dieron gran importancia a la persecución, criminalizaron al campesino, al productor. Por otro lado recurrieron a las fumigaciones con glifosato que en realidad eran un elemento de guerra. Es la utilización de una sustancia tóxica, de un veneno al servicio de la guerra. El factor más importante en esta estratégica, no era matar la mata, sino generar terror en la población, a costa de daños muy grandes para la población civil, sin ninguna consideración con las normas del DIH, ni con los códigos de manejo de plaguicidas o de agrotóxicos, incluso establecidos por la FDA o por los fabricantes.

 

Aquí, en Colombia hubo una operación militar que las organizaciones de derechos humanos y de paz denominamos desde el principio como una guerra química. Ese es un capítulo que tiene que evaluarse y establecer las responsabilidades por este crimen de guerra y de lesa humanidad.

La fumigación aérea con glifosato mezclado con POEA y CosmoFlux no tuvo las características del agente naranja, pero la metodología general si fue similar a los aprendizajes en Vietnam, que además tiene una marca de tragedia y deshonra para quienes lo hicieron teniendo en cuenta que Colombia ha sido en único país del mundo en donde durante quince años se ha hecho una guerra con tóxicos desde el aire contra la población civil, para destruir no solamente las plantaciones de coca, sino para destruir las condiciones de existencia de esas comunidades y supuestamente disuadirlas para que le retiraran el apoyo a la guerrilla.

 

Entonces el balance del Plan Colombia, tiene que hacerse teniendo en cuenta, la fumigación de 1,600,000 hectáreas rociadas con glifosato, con efectos también en la salud que han sido denunciados en demandas colectivas de miles de campesinos, que han sido desestimadas, pero que han tenido un impacto efectivo. Incluso hay sentencias de la Corte Constitucional que señalan que efectivamente hay asociación entre la fumigación, daño a la salud y el desplazamiento.

Con el Plan Colombia los estrategas externos y locales escogieron como prioridad la guerra al campesino productor, en lugar de tener políticas sociales de atención del campesino que se ve obligado a refugiarse en el cultivo de la hoja de coca o de la marihuana para poder sobrevivir. Esa política se mostró completamente insuficiente, parcial. Lo que hizo fue fomentar el efecto globo o la migración de cultivos entre regiones, la migración a otros países, la regionalización en el área andina de todo el cultivo y la cadena de narcotráfico. Entre tanto los los grandes hilos del negocio fueron descuidados.

Esta claro que los factores determinantes de todo el fenómeno en el narcotráfico, no están en el campesino cultivador ni en la relación de ellos en algunas partes con la economía de la cocaína, sino que esa multinacional está más asociada a dinámicas internacionales. El gran negocio del narcotráfico se fundamentan en el prohibicionismo y tiene sus eslabones fundamentales en la distribución y en el lavado de activos y no en el cultivador. El desenfoque de la guerra antidroga ha sido un error histórico que afectó a cerca de 400 mil familias de manera directa en el transcurso de los quince años. Algunos estimativos, hablan de más.

 

Pero eso significa que se negó una alternativa de desarrollo, una alternativa real de bienestar para el campesinado colombiano, para involucrarlo en una estrategia de guerra, que tenía como objetivo la población misma y no objetivos legítimos.

Podemos ver cual es la realidad del mercado actual de sustancias sicotrópicas: hay desplazamiento de mercados como sucede con cualquier mercancía y por supuesto las anfetaminas y otra serie de sustancias han cogido auge. Hay ciclos generacionales en relación a la cocaína o la marihuana, pero lo cierto es que de conjunto el tema de la cocaína y la marihuana continua vigente como gran negocio a nivel mundial y también como problema de salud.

 

Hay un viraje en la política, el presidente Obama comenzó ese viraje hablando de erradicar la estrategia de guerra, en materia de drogas y pasar a una concepción distinta. Se ha quedado corto y sigue primando la posición prohibicionista y represiva, pero esa expresión es indicativa de que se agotó esa estrategia y que tiene que abrirle campo a otras realidades. En Estados Unidos hay otras tendencias en relación a política de drogas y a la regulación en salud sin prohibicionismo; eso es lo que se está abriendo campo y no guerra de drogas. Cada vez se reconoce más que lo necesario es una política social y sanitaria en materia de drogas. En esta dirección se ha pronunciado el Ministro de Justicia de Colombia en los foros internacionales que preparan la cumbre de las Naciones Unidas sobre drogas que se realizará en abril de 2016 con un vergonzante reconocimiento del agotamiento del militarismo droga – adicto.

Ese giro en algunos discursos oficiales indica el fracaso de la política de guerra antidroga y corrobora que en Colombia la guerra antidroga en realidad fue la mampara para una guerra definida como anti narcoterrorista.

 

-¿El Plan Colombia, influyó en la consolidación del paramilitarismo?

Pues si uno mira, el Plan Colombia concentró los esfuerzos en la guerra anti subversiva. Esa fue la orientación de la intervención de Estados Unidos con apoyo a la inteligencia, con instrumentos de innovación tecnológica, nuevos sistemas de información, incorporación de unidades móviles con helicópteros y fuerzas aerotransportadas. Todo ese paquete fue orientado en contra de la guerrilla y colocaron en un tercer nivel lo relacionado con los narcoparamilitares. A las llamados Bacrim las consideraron un asunto de policía e hicieron una división de tareas bastante curiosa: frente al narcotráfico y los nuevos paramilitares la policía y los carabineros y frente a la subversión las fuerzas militares.

Esa débil acción frente a los paramilitares, no obstante que se manejaba el discurso antidrogas, ha sido parte de las tolerancias que han tenido el Estado colombiano y Estados Unidos y que ha permitido el avance y la reproducción de estas estructuras.

Es un asunto contradictorio porque por otro lado esta política presionó rupturas de alianzas entre instituciones estatales y el narcotráfico. Es decir que hubo presiones desde los Estados Unidos para que el gobierno y los sectores del poder en Colombia rompieran la alianza con el paramilitarismo y con los narcoparamilitares. Digamos que sí se pasó de la etapa en la que se hacia la guerra desde la alianza privilegiada con el narcotráfico y los paramilitares a una etapa en la cual se buscaba institucionalizar la fuerza pública y se privilegiaba la alianza con los Estados Unidos. Pero en la realidad se ha dejando un margen grande de tolerancia que se ha expresado durante este tiempo en vasos comunicantes entre gobernantes, unidades de la fuerza pública, de policía y militares, con el narcotráfico, alianza que garantiza la reproducción del negocio. Sino tuvieran una complicidad, en los territorios, en las políticas de instituciones y en gobiernos, no tendrían tanta fortaleza el narcotráfico, los narcoparamilitares y los poderes legales que se lucran de toda la cadena y del lavado de activos.

 

Entonces no hay que desconocer los cambios de estrategias. Primero fueron las políticas de alianza con el narcotráfico y los paramilitares, en un periodo marcado por la guerra fría para combatir el comunismo que se prolongó hasta mediados de la década pasada. Después, con los replanteamientos tardíos de seguridad en el período de post guerra fría, las doctrinas y prácticas de intervención se fueron ajustando a la guerra antiterrorista, pero en este segundo periodo podemos decir que hay omisiones, tolerancias y prioridades militares que dejan mucho espacio al narcoparamilitarismo.

 

-Uso de mercenarios por parte de Estados Unidos en el Plan Colombia

La implementación del Plan Colombia, supone en muchos aspectos la privatización de la acción militar. Es la moda de la tercerización y los contratistas de servicios para la guerra. Con el Plan Colombia, por ejemplo, llegaron los que manejan las avionetas y los helicópteros, los que son proveedores de armas, muchas empresas que tienen mercenarios y que tienen características favorables para acciones encubiertas o de bajo perfil. Con menos control y menos visibilidad de la responsabilidad estatal en relación a los derechos humanos.

Desafortunadamente son empresas multinacionales de seguridad, que se han conformado con los retirados y expertos de las guerras en medio oriente y en Afganistan o antes en Vietnam y que han formado todas estas agencias de guerra, que son parte de la privatización de la guerra y de las fuerzas armadas.

Entonces ese componente ha estado presente también en el Plan Colombia, con una nueva forma de mercenarización que ha marcado mucho todo este periodo de guerra.

 

-¿Por qué se dio toda esa mercenarización y no fueron las fuerzas reguladores estadounidenses que actuaron en el Plan Colombia?

Lo que pasa es que las estrategias militares de guerra han cambiado y ya el elemento central de la estrategia no está en la infantería, ni está en las fuerzas de terreno. Ese componente pasó a ser secundario, lo que no quiere decir que no hayamos tenido aquí misiones muy numerosas. En algunos momentos había 500 militares autorizados, pero en realidad hay asesores y contratistas de todo tipo. La embajada de Estados Unidos en Colombia, se convirtió en un búnker de estrategia militar. En este periodo el tema central es el tema de comando, es la dirección estratégica, la inteligencia y la tecnología.

La aplicación de esas nuevas tecnologías, abarca campos como la robótica, el uso de unidades aerotransportadas. Entonces el manejo de esa información, de los mapas generales del conflicto, la asistencia directa al comando de la conducción de la guerra, es la clave y es lo que ha sido la nueva orientación de los Estados Unidos. Se llama guerra sin sangre norteamericana, es decir lo más alejados del escenario de la confrontación directa, aplicando al máximo las nuevas tecnologías para la guerra. La insustituible labor en terreno la asumen contratistas, comandos élite importados y varios centenares de miles de soldados y policias colombianos.

Pero ya sabemos que Colombia no ha tenido una elaboración autónoma de estrategias y podríamos decir que esta guerra antisubersiva, fue estratégicamente ganada por el estado colombiano en alianza con los Estados Unidos. El componente decisivo fue la dirección y mando en ciencia y tecnología que le imprimieron los EE.UU. y una oficialidad local formada en sus escuelas y con experiencia en terreno.

 

¿El Plan Colombia permitió posicionar a los EE.UU. en el Cono Sur, para la creación de 5 nuevas bases militares?

 

Colombia si ha actuado como una gran base para la acción y la estrategia de EE.UU. en el posicionamiento del continente. Después del desmantelamiento de la base de Manta en Ecuador, Colombia adquiere más importancia, no mediante el establecimiento de bases, sino el uso de las bases existentes para los requerimientos estratégicos de los EE.UU.. Desde las bases en Colombia el Comando Sur logró un radio de acción regional muy importante a través de los sistemas satelitales y con equipos con capacidad para llevar tropa a largas distancias, incluso hacía Africa y otros lados, su así lo llegara a dictar la lógica de seguridad para el control de recursos y el apoyo a aliados.

 

Es decir que Colombia ha sido una posición que tiene condiciones geográficas y políticas estratégicas valoradas por los EE.UU. para considerar a sus gobiernos como los aliados más fieles. Es una relación privilegiada que ahora se une a las relaciones muy estrechas con México para fortalecer los esquemas de seguridad regional.

 

Quince años del Plan Colombia

Se cumplen los quinces años del Plan Colombia en el momento en que se están firmando unos acuerdos de paz. Según el balance que hacen algunos sectores importantes en el congreso de EE.UU. y en el Departamento de Estado, es un ejemplo exitoso al lado de los fracasos en Irak o Afganistan, de lo que ha sido la política se seguridad de los EE.UU..

Pero desde el punto de vista de los objetivos declarados, formalizados en el Congreso de los EE.UU. como guerra antidrogas y como consolidación de la democracia el Plan Colombia ha tenido resultados muy dudosos. Pero, sin menospreciar la necesidad de los balances, el punto ahora es ver hacía el futuro la responsabilidad y la política de los EE.UU. en Colombia. Lo fundamental es que los EE.UU., así como fueron un componente de la guerra, ahora se asuman como un componente de la paz. No como un beneficiario de la reconstrucción al estilo de lo ocurrido en Irak en donde los estrategas de Bush planearon la guerra y al mismo tiempo los negocios post ocupación. Hasta el vicepresidente de los EE.UU. en ese momento tenía todos sus contratistas listos, antes de que destruyeran Irak con una mentira, para después hacer los negocios.

Creo que aquí habría que discutir una nueva alianza, sobre otras bases, como el respeto a la soberanía, una alianza para la reparación, desde el reconocimiento de la responsabilidad de los EE.UU. por los efectos de la guerra en todos los sentidos, Una nueva alianza que prometa una era de paz, sobre la base de contribuir a un desarrollo con equidad y con fortalecimiento de las capacidades productivas, intelectuales, tecnológicas de todo tipo. La aspiración en el post conflicto debe ser que EE.UU. se comprometa a una política de paz constructiva y de beneficio especialmente para el pueblo colombiano. Es una petición de deseo, pero las ilusiones a veces tienen necesidad de convertirse en fuerzas morales y políticas.

 

Fuente: http://www.indepaz.org.co/el-plan-colombia-15-anos-de-guerra-de-estados-unidos-en-colombia/

 

 

Demos importancia a la desaparición forzada de Jorge Julio López en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, a la fuerte represión contra la pueblada de Las Heras en febrero de 2006 y al incremento notable del gatillo fácil durante más de una deKada para comprender porqué la respuesta de Cristina Fernández al reclamo implícito en la toma de tierras del Indoamericano fue la creación del Ministerio Nacional de Seguridad. La nueva ministra Nilda Garré amplió y reforzó con gendarmería (policía militarizada) la ocupación de las barriadas pobres que dispusiera Néstor Kirchner a fines de 2003 obedeciendo a considerar amenaza a los desposeídos de todo que dispuso la “Declaración sobre Seguridad en las Américas” como conclusión de la Conferencia Especial de Seguridad, organizada por la OEA en México, los días 27 y 28 de octubre de 2003.

 

Es por eso que necesitamos percibir a Patricia Bulrich como profundización del Estado represor que culminaron tanto César Milani como Sergio Berni y al mismo tiempo incrementa la aproximación a:

 

 

La seguridad democrática

Punta del iceberg del régimen político y económico colombiano
En: Buenos Aires Lugar CLACSO Editorial/Editor 2012

 

Por Pablo Emilio Angarita Cañas

(…)Nuevas versiones de la Doctrina de la Seguridad Nacional

Siguiendo la moda actual de rechazo a la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), tristemente célebre en la década de los ochenta, durante las dictaduras militares en el Cono Sur, el presidente Uribe, al referirse a las bondades de la seguridad democrática, reiteradamente aclara que ésta es diferente a la DSN, y por ello afirma: “Nosotros entendemos la seguridad y el crecimiento económico, no como fines en sí mismos, sino como medios para erradicar la pobreza y obtener la equidad” (Uribe, 2009). No obstante, a pesar de los discursos presidenciales, la seguridad democrática resultó ser una versión de la DSN, actualizada y adecuada a las condiciones históricas de la “democracia” colombiana y de los cambios socioeconómicos. Las estrategias de seguridad lograron imponerse mediante un régimen bonapartista, que aplicó una política de choque para resolver el grave problema de la inseguridad, la ingobernabilidad y la “falta de autoridad”, en la que Colombia era señalada como un Estado a punto de naufragar, envuelto en una caótica conflictividad. Los problemas de orden social y político, precedentes a la llegada al gobierno de Uribe Vélez, habían sido caracterizados de diferente manera, dependiendo del grado de profundidad atribuido a la crisis y, especialmente, frente a la determinación de las causas generadoras del conflicto. Mientras la élite reducía el problema a la violencia personificada en las FARC, los sectores críticos señalaban factores estructurales de orden socioeconómico, político e histórico cultural. Numerosos hechos evidencian que la política de seguridad ha estado dirigida, prioritariamente a combatir a los grupos insurgentes y a enfrentar a los movimientos de oposición, más que a los paramilitares y a la delincuencia urbana, sectores estos que con todo y las vanagloriadas desmovilizaciones, se mantienen activos. Más allá de los enemigos directos enfrentados por la seguridad democrática y las masivas violaciones de derechos humanos, ocurridas como consecuencia de ella, siguiendo el modelo de la DSN bajo la dictadura militar chilena, la política de seguridad en Colombia le ha facilitado al régimen la implementación de programas macroeconómicas que, acogiendo las orientaciones del Consenso de Washington, benefician los intereses del capital local y transnacional. Entre la seguridad democrática y la DSN existen rasgos comunes, referidos a los procedimientos –predominantemente militares– acompañados de un discurso ideológico que construye un enemigo social; en la DSN era el comunismo, ahora se trata del “terrorismo”, el narcotráfico y la inseguridad ciudadana.

 

Este fue el procedimiento seguido durante la primera administración de Uribe y, luego, en el segundo período (2006 - 2010), en el que se adelantó la fase de Consolidación de la seguridad democrática, con la que se profundizó su ideología securitaria, vinculando la población a sus propósitos con el Programa de Redes de cooperantes e informantes con el que se pretende “consolidar la presencia del Estado en todo el territorio nacional” (Ministerio de Defensa, 2009: 35). Por otra parte, las transformaciones del capitalismo a nivel mundial han ido más allá del proceso de explotación económica de la población y la simultanea concentración de poder en pocas manos. Los cambios incluyen las esferas sociales, culturales y políticas, pasando de la estrategia de dominación de la sociedad y del control disciplina rio de los cuerpos, propio de los primeros siglos del capitalismo, hasta llegar a la fase actual de control biopolítico que incluye una dominación de la vida, la mente y las voluntades de los seres humanos. Este ejercicio biopolítico del poder viene ocurriendo de manera intensa en los años más recientes de la globalización neoliberal y hace presencia también en los países menos desarrollados.

 

El discurso y la práctica de la seguridad democrática han sido el vehículo más apropiado para la implementación de las técnicas propias de la gubernamentalidad neoliberal con las que se pretende introyectar en la conciencia de cada uno de los individuos la necesidad de una obediencia ciega al poder, de una colaboración permanente y acrítica con todas las políticas estatales a cambio de recibir la protección frente a los enemigos que el propio poder continúa construyendo y magnificando, llámense FARC, gobierno de Chávez, delincuencia organizada, inseguridad urbana. A las redes de cooperantes e informantes –pagos o no– como parte de las novedosas estrategias de seguridad, se añaden los controles de biopoder, mediante el empleo de nuevas tecnologías, como dispositivos de cámaras teledirigidas, bases de datos que recopilan todo tipo de información personal, adquirida por diferentes vías (tributarias, registros de propiedad, supermercados, servicios públicos, empresas de transporte, centros de salud y diversa clase de redes sociales virtuales), que han estado orientadas a asegurar el poder del “gran hermano”, quien encubierto de imagen protectora, asegura su control sobre la población; situación que se refuerza y facilita con la dócil y “voluntaria” entrega que los ciudadanos hacen de su libertad al poder, para obtener a cambio, la cada vez más esquiva tranquilidad y seguridad.

 

Seguridad Humana desde abajo y Derechos Humanos: una propuesta

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, durante los años de creación de la ONU y hasta nuestros días, han existido bá sicamente dos enfoques de seguridad: el que valora a la seguridad como un fin en sí mismo, cuyo principal bien protegido es el Estado y sus instituciones y, el otro enfoque, por el contrario, considera la seguridad como un medio para la realización de los derechos humanos y, en consecuencia, los principales bienes protegidos son las personas y los diversos colectivos, más allá de las instituciones que están para proteger a todas y cada una de las personas. En el primer enfoque, la fuerza es el medio por excelencia para lograr su objetivo, de ahí que se caiga en una visión militarista de la seguridad. Mientras que en el segundo, aunque no se excluye la posibilidad del empleo de ésta, la coerción es un componente subordinado al objetivo central de la realización de los derechos humanos, incluidos los de los actores generadores de inseguridad.

 

Las concepciones que desde la filosofía política orientan la seguridad democrática, están estrechamente ligadas a las lógicas del poder, implementadas en los últimos años en los países más desarrollados, particularmente en Estados Unidos y Europa con posterioridad al 11-S y al 11-M. Los aspectos más visibles contienen estrategias militares justificadas en la necesidad de enfrentar al “terrorismo” que unas veces adquiere la fisonomía del fundamentalismo islámico, otras de grupos insurgentes como las FARC y otras de un enemigo telúrico, invisible, que puede aparecer por doquier, encarnado en la “inseguridad urbana”. Así mismo, la protección securitaria puede asumir la forma de “misión humanitaria”, cuya presentación “generosa” gana aplausos de la “opinión pública” local e internacional, al aparecer como grandes benefactores que, en nombre de los profundos sentimientos de solidaridad conmueven la sensibilidad de la gente hasta robar su admiración y respaldo, pues actúan en coyunturas difíciles, generadas por desastres “naturales”, en los que se justifica todo tipo de intervención, incluida la militar. En pugna con el enfoque securitario y militarista que se ha ido imponiendo, se nos ofrece la perspectiva de la Seguridad Humana, promulgada desde el Informe de Desarrollo Humano de 1994, del PNUD, en el que se definió a ésta como la suma de siete diferentes dimensiones: económica, alimenticia, de salud, de medio ambiente, personal, comunitaria y política.

 

Este enfoque ha tenido importantes desarrollos conceptuales, que recientemente se recogen en los Objetivos del Milenio (ODM). Sin embargo, en la práctica su formulación no ha significado una afectación a las lógicas del poder, corriendo el riesgo de ser un enunciado más, de los tantos consagrados en los tratados internacionales de Derechos Humanos que no logran materializarse en acciones concretas, transformadoras de las condiciones socioeconómicas y políticas, que constituyen amenazas y afectan la tranquilidad de las personas en los diferentes ámbitos de la existencia humana. Cada vez se hace más evidente la internacionalización del conflicto armado colombiano y el protagonismo de Estados Unidos en éste, al punto de ser uno de los actores del mismo, de modo tal que cualquier propuesta de solución, necesariamente debe contar con la postura del gobierno de Washington. De otra parte, el intento de hacer realidad la Seguridad Humana, exige tener en cuenta cada una de las dimensiones que la componen, su dinámica de funcionamiento, con sus especificidades e interacción, para una posible aplicación a la realidad colombiana, en la que es necesario desvelar y comprender la injerencia directa del imperio en nuestros conflictos y en las confrontaciones con los gobiernos y las sociedades latinoamericanas.

 

La Seguridad Humana constituye un potencial dinamizador de procesos teóricos y prácticos que pueden ser arma de resistencia y de soporte para la construcción de formas alternativas de poderes contrahegemónicos, lo cual exige retomar esta idea originaria del PNUD, enriqueciéndola y aplicándola a las condiciones concretas de cada país, pero sobre todo, para impregnarla de un claro enfoque que, ubicado desde los intereses de las clases subalternas, ofrezca posibilidades de acción colectiva frente a las políticas securitarias y a las estrategias de dominación del biopoder. La implantación del régimen bonapartista colombiano, se ha hecho sin apelar a la directa suspensión del Estado de derecho y de las garantías constitucionales, logrando hábilmente mantener las formalidades democrático constitucionales, aunque en la realidad, con diversos mecanismos, asume las prácticas propias de los Estados de excepción, en el marco del cual aplica el enfoque securitario, como acertadamente lo critica el Consejo Nacional de Planeación, al señalar que la seguridad democrática ha implementado “algunos esquemas para el fortalecimiento y apoyo de la Fuerza Pública que militarizan a la sociedad en lugar de buscar la legitimidad del Estado para lograr la eficacia de su acción” (CNP, 2003: 26). Frente a las políticas militaristas de seguridad del régimen bonapartista, adquieren importancia las reinterpretaciones y adecuaciones que, referidas a la seguridad pública en el contexto colombiano, se vienen haciendo como Seguridad Humana desde abajo; expresión de resistencia a los poderes y alternativa desde la sociedad civil, que señala, en el marco de la formación socioeconómica capitalista, la posibilidad de construcción de poderes contrahegemónicos, de protección de los riesgos y las amenazas provenientes de la aplicación de las políticas económicas y securitarias de regímenes autoritarios y de estrategias de control biopolítico.(…)
Fuente: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20120412112708/prisma-1.pdf

 

 

Pensemos la promulgación de leyes antiterroristas durante el gobierno K y ahondemos esta comprensión teniendo en cuenta a la designación del general Martín Balza por Néstor y Cristina como embajador de Argentina en Colombia (desde julio de 2003 hasta diciembre de 2011) y la decisión de Néstor Kirchner (en 2004) que mantuvo Cristina Fernández de enviar tropas a constituir la Minustah.

 

¿Qué es la MINUSTAH?

Una fuerza de ocupación de la ONU avalada por el Congreso de la Nación.

Ruth Werner

@RWlaruta99

Jueves 11 de septiembre de 2014

La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto para renovar por dos años la presencia de tropas argentinas en Haití. La votación resultó afirmativa con 164 votos (FPV, Unión PRO y Frente Renovador) contra 56 negativos (UCR, Unidad Popular, Coalición Cívica-UNEN y el Frente de Izquierda).

Hace ya más de diez años, el 30 de Abril de 2004, se crea la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) en Haití. Fue el fallecido presidente Néstor Kirchner quien aceptó en Junio de ese año enviar tropas a esta Misión conformada por efectivos provenientes principalmente de América Latina. La comandancia está ejercida por Brasil al frente de militares argentinos, bolivianos, chilenos ecuatorianos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, peruanos, uruguayos, entre otros países. No es una misión humanitaria, como señalaron quienes votaron por la positiva en el Congreso de la Nación. Es una misión de ocupación promovida por EE.UU. y aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, continuidad del golpe militar que los norteamericanos consumaron en 2004 contra el gobierno de Jean Bertrand Aristide.

Los diputados kirchneristas siguen insistiendo en que se trata de una misión humanitaria encubriendo que se trata de una fuerza de ocupación, una intervención directa del imperialismo norteamericano y europeo (EE.UU., Francia y Canadá) en el país más pobre de América. El diputado Juan Pais (FPV-Chubut) destacó en el Congreso que "Argentina colabora para hacer más vivible" el país caribeño. Por su parte, Gilberto Alegre (Frente Renovador) sostuvo: "no podemos no acompañar este proyecto porque lo que está en juego también es nuestro respeto como Nación y con los compromisos asumidos", destacando que la presencia argentina en Haití es "para ayuda humanitaria".

El prontuario de la Minustah en Haití incluye la represión violenta y sistemática a las movilizaciones de trabajadores y sectores populares, persecución, encarcelamiento y asesinatos de dirigentes de la oposición, violación de mujeres y niños, y la introducción de la epidemia del cólera por la que han muerto más de 8.000 personas y afectado a 700.000. Según denuncia la Plataforma de Organizaciones Haitianas para los Derechos Humanos (POHD): “la presencia de la MINUSTAH supone una de las principales violaciones de derechos humanos en nuestro país. Atenta contra el artículo primero del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya que constituye un ataque a la soberanía nacional y una violación del derecho de autodeterminación del pueblo haitiano”. El organismo denuncia que: “Entre febrero de 2004 y 2011 la MINUSTAH ha realizado muchas operaciones en ciertos barrios populares de la capital haitiana, sobre todo en Cité Solei, Bel -air y Martissant. Estas operaciones han ocasionado múltiples casos de violaciones [de los derechos humanos] sobre la población civil, incluyendo muertos, heridos, destrucción de bienes privados, malos tratos, etc.”.

La ocupación ha servido para blindar el avance de las empresas estadounidenses, francesas, canadienses y brasileras sobre los recursos estratégicos de Haití. Brasil se ha beneficiado de su papel de comando de las fuerzas adjudicándose casi la totalidad de las obras de infraestructura financiadas por organismos internacionales. Por su lado, empresas mineras canadienses y norteamericanas explotan 18 minas, la mayoría de ellas de oro, estando eximidas de impuestos y de respetar la legislación local. Mientras las multinacionales desalojan a los campesinos de sus tierras pueden servirse de 10 millones de haitianos como mano de obra barata a dos dólares diarios para ser explotados en las maquiladoras de la industria textil, del calzado y la electrónica.

La campaña por el retiro de las tropas argentinas cuenta con destacadas figuras como el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y es uno de los puntos que levanta la plataforma del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El repudio en Haití a la presencia de tropas es generalizado y según las encuestas cerca del 90% de la población exige su retirada.

El gobierno kirchnerista que por estos días ha hecho de la consigna “patria o buitres” una bandera, en Haití demuestra nuevamente estar del lado de los gobiernos y las empresas imperialistas.Fuente:  http://www.laizquierdadiario.com/Que-es-la-MINUSTAH

 

Reparemos que en correlación con la enorme expansión del extractivismo durante más de una deKada aumentaron los otros extraordinarios negocios del capitalismo mundializado: las redes del narcotráfico y de trata de personas sobre todo para prostíbulos que han hecho a la desaparición forzada de jóvenes con total impunidad. Son pruebas de cómo nuestro subdesarrollo avanza hacia la situación de Colombia, México, Paraguay, Honduras....

 

 

 

Colombia: de la “Seguridad Democrática” a la “Política integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad

Recibido: 7 de marzo de 2013 Aceptado: 12 de junio de 2013

Por Miguel Ángel Beltrán Villegas

Resumen: Este artículo presenta un breve balance de la política de “Seguridad Democrática”, impulsada bajo las dos administraciones del presidente Uribe, ilustrando sus pomesas, alcances y nocivas consecuencias, particularmente en el campo de los derechos humanos, mostrando a la vez, que se trata de un modelo que cuenta con claros antecedentes en las políticas de seguridad que desde hace varias décadas se vienen aplicando en Colombia y cuyos lineamientos centrales han tenido continuidad bajo el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014).

 

Introducción Desde hace más de un decenio los gobiernos de México y Colombia han estrechando sus lazos de cooperación para enfrentar una agenda común de seguridad orientada a la “lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo”. La creación de organismos como el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia (GANSJ) México –Colombia, y la posterior vinculación del ex general colombiano Óscar Naranjo como asesor externo de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, dan cuenta del interés de las últimas administraciones mexicanas para abocar los problemas de inseguridad de este país a través del modelo de “seguridad democrática”, que tomó impulso bajo los dos períodos del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002- 2006/2006-2010).

 

Más allá de que esta cooperación binacional ha sido posible por cuanto los dos regímenes guardan características similares en relación con su precaria legitimación, reiterada violación de los derechos humanos, entrega de su soberanía nacional y aplicación extrema del modelo neoliberal, existe la presunción de considerar que la experiencia que Colombia ha tenido en este campo “ha sido sin duda exitosa porque ha logrado revertir las condiciones de inseguridad que por años prevalecieron en este país, lograron construir instituciones mucho más sólidas, ampliaron la capacidad de fuerza”. Contrario a ello, las evaluaciones críticas de la política de “seguridad democrática” han puesto de presente que la aplicación de este modelo en Colombia ni alcanzó las metas de seguridad propuestas ni mucho menos fortaleció la institucionalidad del Estado. En este sentido, mi interés en este escrito es presentar un breve balance de la política de “Seguridad Democrática”, impulsada bajo las dos administraciones del presidente Uribe, ilustrando sus promesas, sus alcances y nocivas consecuencias, particularmente en el campo de los Derechos Humanos, mostrando a la vez, que se trata de un modelo que cuenta con claros antecedentes en las políticas de seguridad que desde hace varias décadas se vienen aplicando en Colombia y cuyos lineamientos centrales han tenido continuidad bajo el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2014).

 

La política de seguridad de EE.UU. y el 11 de septiembre

Un año después de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono, la administración George Bush dio a conocer su política de seguridad nacional, donde expresa su visión de las amenazas que en materia de seguridad son percibidas por la Casa Blanca y traza algunas estrategias a seguir para hacer frente a este escenario. El documento conocido como “Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América” consta de nueve secciones, a través de las cuales se hacen explícitas las bases de su política exterior orientadas a enfrentar una “nueva amenaza” donde el enemigo “no es un régimen político, persona, religión o ideología aislado [sino que] el enemigo es el terrorismo premeditado, la violencia por motivos políticos perpetrada contra seres inocentes”.

Aunque el documento insiste en el carácter novedoso de esta estrategia y advierte que “La lucha contra el terrorismo mundial es distinta de cualquier otra guerra de nuestra historia”, sin duda sus planteamientos centrales no se apartan de los lineamientos generales que han caracterizado su política exterior, entre otros, el irrespeto a la libre autodeterminación de los pueblos, el intervencionismo directo, el apoyo financiero y militar a países que cooperan con su política hegemónica, el desconocimiento del derecho del enemigo, acciones sustentadas en una pretendida defensa de valores como la democracia y la libertad, que asimilan con la “civilización occidental” y de los cuales se asumen sus genuinos depositarios. La atención del documento se centra, sin embargo, en un componente que sin ser nuevo cobra centralidad a la hora de garantizar las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos, esto es, la realización de ataques preventivos y la disuasión hacia potenciales adversarios. Dichos postulados son desarrollados de manera sistemática en un segundo documento, dado a conocer pocos meses después, bajo el título de “Estrategia Nacional para la derrota del Terrorismo” (febrero 2003). La guerra contra el régimen Talibán en Afganistán y la invasión a Irak bajo el pretexto de desmantelar supuestas armas de destrucción masiva, ilustrarán claramente este “modus operandi” imperial.

 

La mencionada estrategia, si bien ha tenido algunas variaciones en los últimos años bajo la administración del presidente Barack Obama, no por ello ha abandonado su esencia preventiva que en la práctica ha derivado en la adopción de una serie de postulados que atentan directamente contra derechos asentados internacionalmente. Uno de ellos es precisamente el relacionado con el reconocimiento del “derecho del enemigo”. En este sentido se argumenta que la lucha contra el terrorismo es un nuevo tipo de guerra que no está cobijado por el Derecho Internacional Humanitario (DHI), lo que justifica la adopción de una serie de leyes antiterroristas que concede amplios poderes a los Estados para investigar, detener, juzgar y privar de la libertad individuos, a los cuales se les mantiene incomunicados en prisiones militares, sin garantías procesales ni judiciales. Por otro lado, la noción de terrorismo se amplía al punto de incluir allí no sólo delincuentes sociales sino, también, disidentes políticos, activistas sociales, buscando de esta manera silenciar los movimientos de resistencia anticapitalista o antisistémicos.(…)

Fuente: http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/revista/09/05_M.A.Beltran.Villegas.pdf

 

Ubiquémonos en que el diseño de seguridad bajo la hegemonía de EE.UU. es independiente de si es un gobierno progresista o neoliberal. Examinemos:

 

Paraguay. Gobierno de Lugo despliega Plan Colombia en la región
12 de mayo de 2010

Por Orlando Castillo Caballero (ALAI)

El Ministro del Interior de Paraguay, Rafael Filizzola, anunció en días pasados la Promulgación de la Ley 3.994/10 del 24 de abril del corriente año, por la cual el presidente Lugo declara el Estado de Excepción en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Presidente Hayes y Alto paraguay.

La ley en cuestión fue tratada por el Congreso Nacional de manera urgente y promulgada luego de pocos días de haber sido enviada por el Poder Ejecutivo. Con esta ley se habilita al ejecutivo a disponer de los efectivos de las Fuerzas Armadas en las citadas zonas, donde en los dos primeros departamentos (Concepción y San Pedro) existe un importante número de organizaciones campesinas.

Esta es la segunda vez que se utiliza -durante este decenio- la figura del Estado de Excepción, primeramente la utilizó el ex Presidente Luis Ángel González Macchi, en mayo del 2000, ante una intentona de golpe de Estado, que realizara el golpista Lino Oviedo.

El Estado de Excepción, una figura constitucional de carácter extremo, regulado por la Carta Magna paraguaya en su artículo 288, establece como requisitos fundamentales para el mismo, la existencia de un Conflicto Armado Internacional o una Grave Conmoción interna, que peligre la institucionalidad estatal, presupuestos ambos que no se han dado, pero que a pesar de ello el mismo se ha establecido.

La razón alegada por el Jefe del Ejecutivo y el Ministro del interior es principalmente el combate del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que en menos de 2 años, ha sido la principal vía de escape del gobierno a las debilidades políticas intrínsecas y de sus demonios internos, como es la Vicepresidencia.

El denominado EPP ha servido como chivo expiatorio del gobierno, que en 5 oportunidades ha movilizado una importante cantidad de efectivos policiales y militares en las zonas de San Pedro y Concepción, donde a la par de estos operativos se ha registrado un elevado número de desalojos, más de 500 procesos a líderes campesinos, y donde ya 7 líderes campesinos han perdido la vida, durante los dos años de Gobierno.

El estado de excepción además de mirarse como un retroceso democrático, y como un grave desatino político del gobierno de Lugo, debe mirarse dentro de un contexto más amplio, y principalmente más riesgoso para los movimientos sociales nacionales y para la estabilidad regional.

El Paraguay sin haber firmado ningún convenio de cooperación militar y de seguridad con los Estados Unidos -de manera estricta- ha sido el país en la región -luego de Colombia- que más ha desarrollado la receta de seguridad de aquel país y el que más ha facilitado la inserción de los mismos en la región.

El estado de excepción declarado posterior a la muerte de 4 personas en un enfrentamiento, que no se sabe con certeza si fue el EPP o algún grupo mafioso de la zona, tuvo el rápido apoyo de los gremios que estarían ligados a ciertas mafias locales, como la Asociación Rural de Paraguay –ARP-.

El recientemente re-electo presidente de la ARP, Néstor “Tito” Núñez, manifestó a la prensa el apoyo del sector al ingreso de los militares en los citados departamentos, para exterminar al grupo de delincuentes del EPP. Además, el ganadero, haciendo propias las ideas del Ministro del Interior, que en enero pasado cuestionó la labor de organizaciones de Derechos Humanos en la denuncia de torturas y de búsqueda de chivos expiatorios dentro de las organizaciones campesinas1, manifestó que las mismas debían definirse con respecto a defender a criminales.

Núñez manifestó que las organizaciones de Derechos Humanos no debían opinar con respecto al Estado de Excepción pues siempre defienden a criminales, terminología utilizada de manera indiscriminada contra todo activista social. Según esta caracterización, todo activista social es actual o potencialmente colaborador logístico del EPP, por lo tanto sospechoso y susceptible de aprensión y sin beneficios reconocidos en la legislación penal, como la detención domiciliaria u otras medidas alternativas.

Indiscutiblemente la declaración del Estado de Excepción, no es solo una medida política, sino también económica, desde el momento en que las acciones ciudadanas de presión hacia las autoridades locales no van a poder desarrollarse con las mismas garantías establecidas en la constitución, por tanto cualquier desalojo o detención de persona se podrá realizar sin orden judicial alguna, y así defender la propiedad privada.

La ambigüedad en términos de restricción de derechos, deja en manos del jefe operativo y del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, las decisiones sobre hechos que se registren dentro del campo de acción.

Concepción y San Pedro son los departamentos con mayor número de campesinos movilizados, y son los departamentos donde más ejercicios militares de los Estados Unidos se han realizado en los últimos años, que en conjunto llegan a más de 16, además de contar con zonas muy accesibles de explotación del Acuífero Guaraní.

Estas zonas ya fueron identificadas como de suma importancia por los efectivos militares norteamericanos, quienes han desarrollado teatros operacionales de grupos armados, y donde entre diciembre y febrero pasado, se encontraban asesores colombianos instalados.

Se han contabilizado 10 asesores colombianos en el país, 8 de los cuales fueron declarados oficialmente por el gobierno como expertos en temas de secuestros en el caso del ganadero Fidel Zavala2, pero dos de ellos llegaron al país durante la entrega de armamentos israelíes a las Fuerzas nacionales en enero pasado3.

Los armamentos de procedencia israelí son utilizados actualmente por las fuerzas especiales entrenadas en Colombia y en Estados Unidos, y se suma al arsenal y tecnología donados al Paraguay durante la presentación del batallón antiterrorista el pasado 4 de noviembre del 20094.

Este batallón, conjuntamente con los asesores colombianos, se encuentran realizando el trabajo de campo en Concepción, además de los 2 expertos en armas ingresados este año solo por unos días, de los cuales no se tienen noticias de si abandonaron el país, es decir, los mismos podrían encontrarse aún en la zona de Concepción.

Cabe destacar que el principal referente de la cooperación colombo-paraguaya es el agregado militar del país cafetero en Paraguay, el coronel Jorge Humberto Jerez Cuéllar, quien en declaraciones a la prensa nacional advirtió sobre el ingreso de las FARC en el país. El citado militar se encuentra en el país dentro del marco de cooperación entre ambos países, documento que fuera firmado ya en el 2001, posterior al secuestro de María Edith de Debernardi5 y año desde el cual se viene estableciendo la supuesta conexión del movimiento o de líderes campesinos con grupos armados.


El citado militar colombiano, al igual que varios de los adiestradores de sus pares paraguayos, son alumnos ejemplares de la celebre Escuela de las Américas, donde el mismo Jerez Cuellar egresó, en enero de 19836.

Por intermedio de Cuellar, 27 oficiales y suboficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía (FOPE) fueron formados por 2 personas de seguridad colombiana, en el marco del denominado “Primer Curso Internacional de Antisecuestro y Antiextorsión”, llevado a cabo el pasado mes de enero, siendo entregado los certificados el 4 de febrero último, del cual participó el propio presidente Lugo.

Estos intercambios y formación por parte de Colombia se suman a la serie de efectivos que ya fueron formados entre el 2007 y 2009 en Colombia, incluyendo jueces, fiscales, policías y militares, y al nuevo curso que la oficina de Seguridad Diplomática de la Embajada de EE.UU. desarrolla bajo la denominación “Curso Avanzado de Capacitación en Seguridad7

A estos asesores colombianos y cursos de seguridad, encabezados por el egresado de la SOA Jerez Cuellar, se suma desde ahora de manera más directa y decisiva la intervención norteamericana por medio del Programa de Asistencia Antiterrorista (ATA) del Departamento de Estado.

La embajada estadounidense a cargo de Liliana Ayalde, manifestó que realizarán un curso avanzado en “Seguridad en Instalaciones Críticas”, para funcionarios de seguridad y de otras reparticiones oficiales8.

Es importante señalar que el gobierno nacional cuenta dentro del Ministerio del Interior, como principal asesor, a Edgardo Bustaglia, quien, en una entrevista concedida al diario de derecha ABC Color, manifestó que carteles colombianos y mexicanos se encuentran en Paraguay, y asesora al Ministro Filizzola en las políticas represivas.

Dentro de este contexto el pasado 20 de abril, varios agentes norteamericanos se sumaron a sus pares colombianos en la zona norte, dentro del denominado “Operativo Ñepytyvo II” en las localidades de Belén y Paso Barreto.

La embajada norteamericana informó que sus efectivos se encontraron trabajando durante 8 días en la región, en lo que denominaron un “entrenamiento de pre-despliegue9”, es decir de intervención directa de las Fuerzas Armadas de Paraguay que tienen cerca de 3 mil efectivos en las zonas de excepción, buscando al fantasma de la justificación represiva del movimiento campesino, el EPP.
 

Seguridad a cambio del sueño


El estado de excepción, la capacitación de fiscales, jueces, policías y militares, la creación de un súper demonio que explica todos los males paraguayos, como el Ejercito del Pueblo Paraguayo –EPP-, y la conexión de los mismos con el movimiento campesino y su criminalización, sería interesante mirarlos con ojos latinoamericanos.

Muchos de los que creyeron que con Lugo los sectores sociales llegaban al poder, justifican la política de seguridad del presidente como la acción lógica de un presidente sin Congreso, hecho del cual no podemos desprendernos ni tampoco desconocer.

A pesar del latente “hondurazo” y del riesgo que existía de que el mismo se produzca, facilitar el análisis y justificar a Lugo con este hecho, sería también restarle credibilidad a los sueños, y demostrar mucha ingenuidad de la gente en la elección pasada.

No cabe duda que el gobierno nacional ha dado pasos decisivos en cuanto a la disminución de las tasas negativas relativas a la salud, con una política en ésta área que ha llegado hasta la gratuidad del servicio médico y reconociendo el carácter de derecho humano fundamental de la salud, así como dando grandes pasos hacia garantizarlo como tal.

Pero a costa de la salud, ha intensificado las medidas represivas y se ha acercado más a la política de militarización que de construcción de un Sur distinto. En la cumbre de la Unasur en Argentina el año pasado, ha defendido de manera muy hábil la instalación de Bases Militares en Colombia, tomando una posición pastoral antes que de condena.

Lugo, antes que cualquier otro gobierno colorado de la transición, ha logrado unir a los gremios de ganaderos y rurales del país en su defensa, por lo que un “hondurazo” es más que difícil, aunque claro, no imposible. Al mejor estilo dilatorio ha establecido la mesa de Reforma Agraria, donde en 2 años de gobierno no ha avanzado con ninguna medida que favorezca a la propiedad de la tierra de las organizaciones campesinas.

Antes que favorecer la justa distribución de la tierra, ha defendido la propiedad privada de la Asociación Rural del Paraguay, cumpliendo con todos los caprichos del sector, hecho que otros gobiernos no dejaron que sucediera, debido a diferentes objetivos económicos, claro está, en favor de sus aliados.

Hoy, el presidente, dejando de lado a sus principales aliados, ha establecido la política del policía bueno y malo. Un discurso para la exportación muy socialista, como cuando Nicanor Duarte salía con su boina tipo Chávez, y convocaba a los sectores sociales a mesas de discusión, mientras horas después ordenaba desalojos o dictaba Estados de Sitio.

Un Estado de Excepción es una figura dictatorial, y no se puede justificar desde ningún punto de vista como desesperadamente intenta realizar el gobierno nacional, pues no existe una “buena medida dictatorial” de acuerdo al presidente que la dicte.

Facilitando el ataque a Bolivia


La inclusión de dos departamentos de la región chaqueña no es casualidad en esta construcción de extensión del Plan Colombia. El haber incluido a Alto Paraguay dentro de los departamentos en estado de excepción, no es pura casualidad, debido a que el mismo es fronterizo con la hermana República de Bolivia, además de Brasil.

La estrategia de Colombia en cuanto al conflicto interno ha sido siempre la de salpicar a sus vecinos e intentar vincular al gobierno de los mismos con las FARC, con apoyo a los mismos, como ha acusado Uribe a sus pares ecuatoriano y venezolano.

Siguiendo la misma estrategia, el gobierno nacional -con o sin conocimiento de causa, esta última es muy difícil de creer- ha extendido la supuesta zona de conflicto con el EPP al chaco nacional, y a un departamento fronterizo con Bolivia, donde se encuentran los hidrocarburos, y donde varios capitales norteamericanos han sido afectados por las nacionalizaciones y políticas de protección nacional implementadas por Presidente Evo Morales.

El pasado 14 de abril, en un pequeño recuadro del diario ABC10, publicaban que el “EPP podría tener su base en Bolivia”, señalando que en este hermano país se encontraría una base de apoyo logístico y de apoyo de las FARC, con supuesto conocimiento del gobierno de Evo Morales, que si bien no lo dicen, lo dejan entrever.

Este periódico, portavoz de la derecha nacional y con relaciones con el grupo Clarín de Argentina y El Tiempo de Colombia, afiliado a la patronal de medios SIP, es el principal vocero de la embajada norteamericana en la construcción de escenarios, y en los últimos meses ha atacado duramente al país andino y su presidente por las acciones de gobiernos asumidas, como la modernización de sus Fuerzas Armadas, con la compra de armamento a Rusia y la cooperación militar con Venezuela.

Declarar a Alto Paraguay en estado de excepción es reconocer y dar credibilidad a las versiones que sugieren la existencia de un campo de entrenamiento en la frontera con Bolivia, y es dar una dimensión regional a un conflicto nacional y extender el colombiano.

Es decir que se señala la triangulación entre el EPP, Bolivia y las FARC, y con ello se facilita el vuelo del Plan Colombia en la región, y eso no se hace de ingenuo o por lo menos uno no puede pecar de ingenuo.

Con este reconocimiento sin ruidos de Alto Paraguay como zona crítica, además se vuelve a poner en el tapete la necesidad de cooperación militar con los Estados Unidos, de manera a utilizar la infraestructura existente en Mariscal Estigarribia.

El comando Sur desde hace 10 años ha identificado esta región como estratégica para el control y monitoreo de Bolivia y Brasil, y en especial para cerrar el cerco alrededor de este último. Alto Paraguay tiene una importancia estratégica, debido a que el mismo cuenta con el curso hídrico que lleva el nombre del país, que conecta directamente con Brasil, y con la frontera boliviana cercana a los hidrocarburos.

El estado de excepción en Paraguay es un estado de alerta para los países limítrofes y en especial para Bolivia, donde la derecha sigue siendo financiada por la USAID y el departamento de Estado de los Estados Unidos, y los “Comités Cívicos” siguen trabajando para desestabilizar el país y derrocar al presidente Morales.

El análisis de la Unasur de la medida dictatorial asumida por Lugo, debe tener una mirada regional, y debe tomar una posición firme en cuanto a la misma, que no puede ser la de apoyo como la otorgada en la última reunión.

Los gobiernos de la región deben exigir al gobierno paraguayo la no regionalización del Plan Colombia, y que el mismo no se convierta en la bisagra de la política de remilitarización de los Estados Unidos en la región.

Los movimientos sociales del país y de la región deben estar muy atentos a las posiciones estatales del gobierno del presidente Lugo, y tomar las medidas de presión necesarias para evitar que esta grave situación siga empeorando en el país.

*Abogado, defensor de Derechos Humanos, objetor de conciencia y activista por la Desmilitarización, miembro a titulo personal de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas –CADA-
 

1 “Sólo con respecto a los Derechos Humanos se derrotará a la violencia” Comunicado de la Codehupy del 29 de enero de 2010, http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:comunicado-de-la-codehupy-del-29-de-enero-de-2010&catid=9:pronunciamientos&Itemid=9

2 “Intervienen ocho asesores de la policía de Colombia” Abc, Color, http://www.abc.com.py/abc/nota/67558-Intervienen-ocho-asesores-de-la-Policía-de-Colombia/

3 “Reciben armas para combatir al EPP” en http://www.abc.com.py/abc/nota/66920-Reciben-armas-para-combatir-al-EPP/

4 Ver “Embajadora participa en Ceremonia de Transferencia de Equipos al Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE)”. http://spanish.paraguay.usembassy.gov/110409.html
5 Ver “advierten sobre las Farc” en la pagina del Ministerio Público. http://www.ministeriopublico.gov.py/menu/institucion/prensa/boletin/casos_fiscales/index.php

6 http://www.derechos.net/soaw/grads/co-ijkl.html
7 “Oficina de Seguridad Diplomática de la embajada de EE.UU. auspicia Curso Avanzado de Capacitación en Seguridad” en http://spanish.paraguay.usembassy.gov/pr_042910.html
8 http://www.ipparaguay.com.py/index.php?id=cmp-noticias&n=19055
9 Comunicado de la Embajada de los Estados Unidos de fecha 28 de abril de 2010, http://spanish.paraguay.usembassy.gov/pr_042810.htm
10 http://www.abc.com.py/abc/nota/103177-EPP-podría-tener-su-base-en-Bolivia/
 

Fuente: https://www.desdeabajo.info/mundo/item/14952-paraguay-gobierno-de-lugo-despliega-plan-colombia-en-la-regi%C3%B3n.html

En consecuencia, los oprimidos estamos siendo derrotados en la «lucha de clases» por la alianza de los grandes capitales y sus Estados locales e imperialistas. Ya que la alianza construye:

 

La dominación de espectro completo sobre América
30 de enero de 2014

Por Ana Esther Ceceña (Rebelión)

 

 

Desde 1998-2000, después de una revisión amplia y exhaustiva de los asuntos militares en los 50 años anteriores y con vistas a la planeación estratégica correspondiente a los desafíos, amenazas y condiciones del siglo por venir, el Comando Conjunto de Estados Unidos emite un documento conceptual que resume experiencias, objetivos, riesgos, capacidades y saberes, todos encaminados al rediseño de las rutas, mecanismos y variantes de la consolidación de Estados Unidos como el líder indispensable, como la potencia hegemónica indiscutible (Joint, 1998 y 2000). Diferentes voceros del Departamento de Estado y del de Defensa señalan que se trata de un momento de oportunidad histórica, en buena medida por el colapso del campo socialista, en el que Estados Unidos tiene la posibilidad y las condiciones para constituirse cabalmente en líder planetario y anuncian su plan estratégico para asegurarse que así sea.

El reparto y supervisión del mundo

Se vuelve a establecer la delimitación territorial del planeta en cinco regiones que en total lo abarcan todo y que en ese momento se reafirman bajo la supervisión de cinco diferentes Comandos de las fuerzas armadas de Estados Unidos. [3] Un poco de tiempo después, en 2001 después de los eventos de las Torres Gemelas en Nueva York, se agregaría el Comando Norte a cargo directamente de una seguridad interna que abarca no sólo su propio territorio sino toda el área de América del Norte. Cabe señalar que al paso de una década se cuenta ya con nueve Comandos, [4] garantizando una supervisión más detallada de las tierras, mares, glaciares y poblaciones que componen el planeta Tierra en su conjunto.

 

La geografía del disciplinamiento global

Equipos de especialistas a su vez, trabajaron en la identificación de problemáticas diferenciadas en el campo del disciplinamiento en términos geopolíticos y aportaron una caracterización que distingue tres grandes regiones (Barnett, 2004), hacia las que se diseñan políticas diferentes:

1. Los aliados. El área desarrollada agrupada en organismos de gestión internacional y comprometida en el establecimiento y cumplimiento de las normativas que aseguran la marcha del sistema y el respeto y resguardo de la propiedad privada.

2. El área de riesgo o ingobernable. Un amplio grupo de países e incluso de zonas marinas que es reconocido como "brecha crítica" en el que siempre hay riesgo de colapsos, de insubordinación frente a las reglas establecidas por los organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, rebeliones frente al modo de gestionar las controversias entre Estados y empresas transnacionales (ETN) en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), de indisciplina en términos de gobernabilidad, etc. Se señala ésta como una región conflictiva, parcialmente ingobernable y susceptible de poner en riesgo a las áreas aledañas a la manera de ampliación de la zona podrida o que puede poner en riesgo de colapso al sistema mundial, aunque no fuera más que circunstancialmente. Por tanto, es una región que debe concitar la mayor atención y debe mantenerse bajo supervisión e incluso, si es el caso, intervención oportuna y eficiente. Esta es la región de mayor tamaño entre las tres identificadas y es la que guarda la mayor cantidad de riquezas de la Tierra: el cinturón biodiverso, las aguas, petróleo y otros energéticos, minerales y culturas.

3. La bisagra. Es una región importante en sí misma tanto políticamente como por sus riquezas pero se le ubica como el eslabón o punta de lanza en el convencimiento o recuperación de los países de la brecha crítica. La componen países semidesarrollados o emergentes, como se suele caracterizar, respetuosos de las reglas del juego aunque en ocasiones con dificultades para seguirle el paso a las políticas internacionales (casos de renegociaciones de deudas o similares), pero interesados en mantenerse dentro de las dinámicas de lo establecido. Con los países de esta región es posible confiar en acuerdos diplomáticos, políticos y económicos sin necesidad de intervenirlos directamente mediante la fuerza. De diferentes maneras todos tienen un peso regional definitivo y serían capaces de hacer transitar las normatividades globales a través de adecuaciones, canales y compromisos de nivel regional. Entre los países de esta franja se encuentran Brasil, Argentina, India, Sudáfrica, Rusia y China.

La sociopolítica del disciplinamiento global

La idea central de las guerras del siglo XXI es la del manejo de la asimetría, una vez roto el equilibrio de poderes con el colapso del campo socialista. La construcción del enemigo se desliza de los entes institucionales a los inespecíficos, creando un imaginario de guerra ciega. El enemigo identificable o convencional disminuye su status al de amenaza regional y por ahí pasarán Irak, Libia, Irán y Venezuela, cada uno entendido como potencial cabeza de región, así como cualquier tipo de coalición en la que estos participen (ALBA, OPEP, Petrocaribe, etc.). Es siempre un polo articulador de poderes alternativos u hostiles a Estados Unidos y su american way of life convertido en política internacional. Para este enemigo la respuesta es el aislamiento y la demonización, o la aplicación de una fuerza sobredimensionada para destruirlo y, sobre todo, humillarlo. El caso prototipo es el de la operación en Irak. El enemigo no institucional es difuso, relativamente invisible, ajeno a las reglas de las confrontaciones de poderes y en cierto sentido indescifrable. Es, desde un vietnamita aparentemente inofensivo al que sólo se le ve el sombrero y nunca la cara, hasta mujeres y niños de una comunidad que se inconforman con la construcción de una represa generadora de energía eléctrica, o masa urbana en contra de la elevación del precio del transporte, de quienes se piensa que pueden poner una bomba, fabricar armas químicas o biológicas en laboratorios caseros, o que pueden movilizar amplios contingentes para oponerse a las políticas y proyectos hegemónicos. El peligro llega hasta el grado de que estos pequeños e insignificantes enemigos, que aparecen en cualquier rincón o se cuelan por cualquier agujero, pueden poner en riesgo el sistema mismo. Por eso se busca atacarlos antes de que se coloquen en posición de fuerza disuadiendo lo que resulte sospechoso de convertirse en tal enemigo. Tapar todos los poros y no dejar resquicio al enemigo dice el misal militar estadounidense (Joint, 1998).

 

Dominación de espectro completo

El mapa conceptual estratégico del sujeto hegemónico se construyó, como decíamos, en torno a la idea de aprovechar, o no perder, el momento de oportunidad histórica, evidentemente irrepetible, para la emergencia de Estados Unidos como líder mundial. Sin guerra fría, sin poderes equivalentes que confrontar, aunque con una conflictiva general sumamente compleja y generalizada, Estados Unidos rediseña sus metas, sus espacios, modifica o adecúa sus mecanismos, genera exigencias tecnológicas, recompone los equilibrios entre trabajos de inteligencia, de persuasión y de combate, redefine los puntos críticos y explora los esquemas de aproximación pero sin renunciar en ninguna medida a lo que desde ese momento denomina la "dominación de espectro completo" (Joint, 1998 y 2000). La mayor novedad de esta concepción estriba en su virtud para articular y dar sentido general único a las estrategias sectoriales, parciales, específicas, temporales y más limitadas que se desplegaban desde diferentes emisores o agentes de la política de seguridad y de búsqueda de la supremacía de Estados Unidos en todos los campos. No se inventó nada nuevo pero se pensó el problema de manera integral y eso cambió los términos y las prioridades. Se sistematizó, con detalle científico, cada uno de los niveles o espacios del espectro donde pudiera parapetarse un potencial enemigo. Espacio exterior, espacio atmosférico, aguas, superficie terrestre, bajo tierra; espacios públicos y privados que deberían ser penetrados mediante mecanismos panópticos (cámaras en las esquinas, en los bancos y oficinas, chips espías, sistemas de datos centralizados, etc.). Vida cotidiana, vida productiva, pensamiento y acción.

Barrios populares con políticas diferenciadas de las de los barrios clase media o clase alta, estratificación competitiva, transporte, dotación de servicios, etc., todos puntos de observación y de manejo de poblaciones.

Con dos objetivos generales: garantizar el mantenimiento del capitalismo y dentro de él la primacía de Estados Unidos; y garantizar la disponibilidad de todas las riquezas del mundo como base material de funcionamiento del sistema, asegurando el mantenimiento de sus jerarquías y dinámicas de poder. [5] En otras palabras, insistiendo, impedir la formación de fuerzas individuales o coligadas capaces de significar un contrapeso al poder de Estados Unidos autoasumido como líder mundial; impedir o disuadir cualquier tipo de insubordinación o rebelión que ponga en riesgo al sistema o los intereses centrales de sus protagonistas principales, entre los que se cuenta la libertad para disponer sin límites de territorios y vidas.

La ambiciosa geografía de esta estrategia de disciplinamiento abarca todo el globo y el espacio exterior, pero, dada la conformación territorial del planeta y la concepción del mundo como campo de batalla, tiene como territorio base, como territorio interno, al Continente Americano.

 

América Latina en la geopolítica del espectro completo

 Considerando el carácter insular del continente, las abundantes y diversas riquezas que contiene y calculando también las limitaciones reales de un Estados Unidos restringido a su propio territorio, América Latina pasa a ser un área estratégica para crear condiciones de invulnerabilidad relativa o, por lo menos, de ventaja del hegemón con respecto a cualquier poder que se pretenda alternativo. De ahí la concepción de la seguridad hemisférica, casi simultánea a la de seguridad nacional, que es una traducción moderna de la doctrina Monroe. Cuidar el territorio para disponer de sus riquezas y para impedir que otros lo hagan (Ceceña, 2001).

 

Los tres pliegues de la ocupación continental

La hegemonía se construye en el espectro completo, un espectro lleno de pliegues que se superponen y se desdoblan para ir tejiendo la historia. La construcción de hegemonía es así un proceso de alisamiento y combinación de esos pliegues y de formación de nuevas topografías del poder. No basta un resguardo militar si no se abren las compuertas económicas y nada de esto es posible sin la instalación de un imaginario posibilitante. El primer peldaño de la hegemonía consiste en universalizar la visión del mundo, el american way of life, para permitir fluir de manera relativamente ágil las políticas económicas que favorecen la integración hemisférica bajo este manto y los acervos de las más poderosas empresas instaladas sobre el Continente. Concretamente la hegemonía se manifiesta en la implantación, institucionalmente consensual aunque los pueblos puedan expresar su rechazo, de un conjunto de políticas, proyectos, normas y prácticas mediante las cuáles se organiza el territorio [6] en su conjunto. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, a la luz del rediseño de las estrategias hegemónicas globales, entraron al siglo XXI con cambios profundos. 30 años de neoliberalismo habían permitido erradicar casi totalmente las legislaciones y prácticas proteccionistas y eso propiciaba un tendido mayor de los grandes capitales transnacionales que habían ido apoderándose de los mercados absorbiendo o destruyendo empresas locales. Se requerían nuevas infraestructuras para ir más lejos y, a la vez, nuevas legalidades y disciplinas que legitimaran el despliegue y que controlaran a los inconformes, que se movilizaban crecientemente. (...)
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Abajo y a la izquierda enfrentamos "el avance de un modelo de desarrollo basado en la expropiación socio-económica y la depredación ambiental. Las luchas correspondientes ponen al descubierto la continuidad del modelo socio-económico -o su nueva fase- respecto del momento anterior.

 

El corolario de ello es que, tal como tal como está planteado el debate, las vías del desarrollo y las vías de la emancipación aparecen como claramente antagónicas, tanto en el marco de gobiernos neoliberales, como desarrollistas o nacional-desarrollistas. En resumen, tanto el quiebre de solidaridades, la reactivación de la tradición nacional popular (la ilusión populista, de la mano del setentismo), y el fuerte corrimiento de las fronteras del conflicto social (frente a la ampliación de las formas de precariedad y la explosión de los conflictos socio-ambientales), dan cuenta de un escenario político abigarrado en la cual se inscriben los actuales procesos de criminalizacion a los movimientos populares en nuestro pais".

 

 De ahí nuestro imperativo de enfocar la unión abajo de todas las luchas contra distintos avasallamientos de derechos humanos confrontando con la planificación global, aplicación local e intensificación actualizada constantemente de la:

 

 

Criminalización de la pobreza y de la protesta social*
julio
2009.

Coordinación: Claudia Korol

Prólogo

 

Maristella Svampa

Existen dos lecturas complementarias que es necesario tener en cuenta a la hora de explicar la actual envergadura que tienen los procesos de criminalización de los movimientos populares. Por un lado, la criminalización de las luchas sociales se halla íntimamente ligada a la problemática del fuerte quiebre de solidaridades sociales vivido en las ultimas décadas. Por otro lado, estos procesos están lejos de constituir una característica local, nacional o regional; forman parte, como se afirma claramente en este libro, de una estrategia global de disciplinamiento y búsqueda de gobernabilidad, en la dinamica del capitalismo actual.(…)

 

Como consecuencia de ello, este proceso desembocó en una importante modificación de las relaciones de clase, lo cual repercutió enormemente en el modo en como cada grupo social se autorepresenta, se piensa y figura su destino social dentro de la sociedad. Asimismo, las fracturas sociales y los quiebres identitarios fueron múltiples. En efecto, la politica represiva y la dinámica desindustrializadora abrirían paso a un proceso de descolectivización, esto es, a la perdida de aquellos anclajes colectivos que habían configurado la identidad de los sujetos sociales, referidos al mundo del trabajo, la politica y el rol de las instituciones estatales.

 

Dicha dinámica desembocó en una ruptura doble de los lazos de solidaridad: en primer lugar, apunto a quebrar aquellos lazos interclasistas que se habían entablado entre las clases medias movilizadas y las clases populares, que encontraron su máxima expresión en los anos 70; en segundo lugar, produjo un resquebrajamiento de los lazos intraclasistas al interior de las clases populares, visibles en la distancia operada entre los trabajadores asalariados, afectados por la precarización, y disciplinados por la amenaza del desempleo, y la emergencia de clases populares plebeyas, asociadas, a partir de los 90, con el mundo de los “excluidos”. 

 

Es en este contexto de “gran asimetría” de fuerzas, y de profunda ruptura de las relaciones de solidaridad inter e intraclases, que surgieron y se desarrollaron diferentes luchas y movimientos sociales, cuyo rasgo central seria la acción defensiva y un marcado discurso anti-neoliberal. A la sombra del declive del movimiento obrero, y frente a la transformación del mundo de los sectores medios y populares, los movimientos sociales fueron multiplicándose: movimientos urbanos territoriales, movimientos de derechos humanos, movimientos indigenas y campesinos, movimientos socio-ambientales, movimientos y colectivos glttb, en fin, colectivos culturales de diverso tipo, dan cuenta de la presencia de un conjunto de reivindicaciones diferentes, con sus respectivos clivajes identitarios, configurando un campo multiorganizacional extremadamente heterogéneo y complejo en sus posibilidades de articulacion politica. Por otra parte, por encima de la heterogeneidad (o gracias a ella), lejos de haberse revelado como una respuesta meramente defensiva, no son pocos los movimientos populares que fueron ampliando enormemente su plataforma discursiva y representativa en relación con la sociedad.

 

En este sentido, bueno es recordar que la apertura del ciclo de luchas contra la globalización neoliberal y asimétrica no provino de las fuerzas de la politica institucional. El nuevo ciclo de luchas antineoliberal se abrió en 1994 con la irrupción del zapatismo, en Chiapas, que se constituyo en el primer movimiento contra la globalización asimétrica, influyendo fuertemente en los grupos y colectivos alterglobalización que se estaban gestando en otras latitudes. Pero en rigor, en America Latina, el nuevo ciclo de acción colectiva, que señala una progresiva acumulación de las luchas contra las reformas neoliberales, arranca en el ano 2000, con la Guerra del Agua, en Cochabamba; y tuvo sus momentos de inflexión en Argentina, entre 2001 y 2002; Ecuador, en 2005; y nuevamente Bolivia en 2003 y 2006, con el ascenso de Evo Morales a la presidencia. Fueron entonces las organizaciones y movimientos sociales los grandes protagonistas de este nuevo ciclo, los que a través de sus luchas y reivindicaciones, aun de la practica insurreccional, lograron abrir la agenda publica y colocar nuevas problemáticas, contribuyendo con ello a legitimar otras formas de pensar la politica y las relaciones sociales: el reclamo frente a la conculcación de los derechos más elementales, la cuestión de los recursos naturales y de las autonomías indígenas, la crisis de representación de los sistemas vigentes, la denuncia de las diferentes formas de precarización de la vida. 

 

Sin embargo, pese a los avances organizativos registrados en los últimos tiempos, de cara a los fuertes cambios producidos en términos de correlación de fuerzas sociales, los movimientos populares lejos estan de haber horadado la situación de segmentación y de quiebre de las solidaridades inter e intraclases, en el marco de la gran asimetría. La eficacia simbólica y politica de la criminalización -tanto politica como mediática, en sus mas variados aspectos-, reposa sin duda sobre esta cesura mayor, se alimenta de una fragmentación que hoy atraviesa a los sectores populares y las clases medias movilizadas, configurando mundos de vida, oportunidades y escenarios de lucha que muchas veces aparecen contrastantes y desconectados entre si. Como afirman Claudia Korol y Roxana Longo en este libro, “la criminalización de los movimientos populares forma parte de un repertorio global de acciones y practicas de control social, con las que el poder organiza su gobernabilidad, a fin de continuar el proceso de reproduccion ampliada y por desposesión (Harvey) del capital”. Pero, en America Latina, a diferencia de otros periodos, este proceso de criminalización se inserta en un contexto latinoamericano complejo, atravesado por tendencias contradictorias

 

En efecto, por un lado, los cambios del escenario político regional registrados en los últimos años, a partir del quiebre del consenso neoliberal, parecieran colocar en un lugar central a los movimientos sociales, al tiempo que abren la posibilidad de pensar alternativas emancipatorias, en algunos casos, en articulación con los nuevos gobiernos de izquierda. Por otro lado, más allá del cambio de época, visible en la circulación de discursos críticos y la relegitimación del lenguaje emancipatorio por fuera de los propios movimientos sociales, el conjunto de la región atraviesa una nueva fase, que anuncia la profundización del paradigma neoliberal, a través de la generalización del modelo extractivo-exportador, acompañado por la acentuacion de la criminalizacion de la protesta social, la tendencia al cierre del espacio público en nombre de la seguridad ciudadana, y la militarizacion de los territorios en conflicto. Así, de manera paradójica, el proceso de relegitimación de los movimientos sociales; su carácter de “grandes protagonistas” (reconocido públicamente por los presidentes mas emblemáticos de la region -en términos de procesos de cambio-, en el ultimo Foro Social Mundial en Belen); en fin, su relativa integración a la esfera gubernamental en el marco de los nuevos gobiernos latinoamericanos, se opera en un contexto en el cual se constata una profundizacion de las politicas de criminalizacion de la protesta social y de seguridad ciudadana, al tiempo que se advierte un progresivo ensanchamiento de las diferencias entre movimientos 

sociales y gobiernos en términos de propuestas o “modelos de desarrollo” alternativos. 

 

Desde 2003, con la asunción de Nestor Kirchner, la Argentina es una ilustración paradigmática de estas ambivalencias y tendencias contradictorias que hoy contribuyen a complejizar el problema de la relación entre movimientos sociales y gobiernos: integración y cooptación de las organizaciones sociales afines; disciplinamiento y criminalización de las organizaciones sociales contestatarias; judicialización, invisibilización y represión de las luchas que se orientan a cuestionar el modelo neodesarrollista. Asi, en primer lugar, en nuestro pais no son pocos los movimientos y organizaciones sociales de caracter anti-neoliberal (territoriales, derechos humanos, glttb, entre otros) que se han integrado al gobierno. Este proceso derivo en la institucionalizacion de organizaciones sociales y la incorporación de sus dirigentes al gobierno, sobre todo en organismos ligados a la acción social y comunitaria, Cancilleria y derechos humanos. En numerosos casos, el proceso de integración ha sido menos claro, evidenciando la activacion de clasicos mecanismos de cooptacion y clientelismo politico, consolidados por el peronismo en el poder. 

 

Así, desde la gestion de N. Kirchner hasta el de su sucesora y esposa, Cristina Fernández de Kirchner, la reivindicacion de una nueva dinamica politica y la apropiacion del discurso critico han coexistido con la potenciación de los dispositivos clientelares y la perpetuación de prácticas políticas, funcionarios y gobernadores, vinculados a la decada del 90. Por otra parte, como se afirma en este libro, la institucionalizacion de las organizaciones de derechos humanos “historicas” produjo una mayor fragmentacion y conflicto dentro del campo militante, sobre todo a partir de las diferencias que se instalaron con los nuevos movimientos de lucha contra la impunidad, que critican la actual politica economica y social del gobierno. El realineamiento del campo militante produjo ademas una reactivacion de la tradicion nacional-popular, tan cara en la historia argentina, asociada a la apelacion del setentismo, esto es, un llamado al protagonismo politico de aquella generacion que lucho durante los anos setenta, aunque en un marco de posibilidades y expectativas de cambio completamente diferente. Tanto el setentismo como la reactivacion de la tradición nacional popular en clave latinoamericana o regional, fueron fundamentales para producir una desorientacion y un desconcierto en una gran parte del campo militante critico. 

 

En segundo lugar, desde 2003 y pese a las advertencias de que el gobierno de Nestor Kirchner “no reprimiria”, se ha venido advirtiendo la profundizacion de formas de control y disciplinamiento social, a traves del agravamiento de la judicializacion y la criminalizacion -politica y mediatica- de las organizaciones contestatarias, asi como la tendencia al cierre del espacio publico. Esto ha afectado principalmente a los movimientos de desocupados, sindicatos contestatarios y colectivos glttb. Asimismo, la politica de disciplinamiento hacia los movimientos sociales discolos, ha habilitado la salida represiva en varias provincias, tales como Neuquen, Salta, Santa Cruz y Jujuy, algunas de las cuales han contado con el aval directo del gobierno nacional, a partir del envio de fuerzas de la Gendarmeria Nacional y la militarizacion de las zonas de conflicto (como en Las Heras, Santa Cruz). 

 

Asi, la politica de judicializacion y demonizacion de las organizaciones sociales contestatarias que llevo a cabo el gobierno de Kirchner, junto con los sectores de poder y los grandes medios de comunicacion, puso en evidencia el caracter desigual de la lucha, al tiempo que apunto a quebrar aquellos lazos, aquellas relaciones de solidaridad que se habian desarrollado entre las organizaciones sociales y las clases medias movilizadas, esto es, aquellas “pasarelas” sociales que se habian forjado a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001 y hasta el ano 20033. Mas aun, en la combinacion entre criminalizacion de la protesta social y afirmacion de la doctrina de seguridad ciudadana, el gobierno logro actualizar la oposicion entre el centro y los suburbios, ilustrada de manera emblematica por la “frontera social” entre la ciudad rica y cosmopolita de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, pauperizado y desindustrializado, devenido sede privilegiada de las llamadas “clases peligrosas”

 

Ciertamente, no todo fue producto de la accion de un peronismo “incorregible” o conspirativo, dado que hacia adentro del campo militante hubo sin duda tambien enormes dificultades y problemas para comprender el alcance del cambio de época. El quiebre de solidaridades fue, en este sentido, doble, en la medida en que afectó a las corrientes contestatarias, visible en la colision de las diferentes tradiciones o matrices politico-ideologicas que coexisten en el campo militante, con la consecuente acentuacion de las conductas corporativas y el repliegue (a veces endogamico) de diversas organizaciones. Por otro lado, la politica de seguridad ciudadana y el accionar de las fuerzas de seguridad, se han venido traduciendo por el agravamiento de la criminalizacion de la pobreza y la juventud, que abarca desde el aumento de los casos de gatillo facil, el empleo de torturas en las comisarias, como el empeoramiento de las condiciones de detencion, a niveles infrahumanos, en las carceles argentinas, hoy sobrepobladas de hombres y mujeres provenientes de los sectores populares. Por ultimo, de manera mas general, la profundizacion de la precariedad se ha venido manifestando de diferentes formas, frente a la ausencia de control y regulacion estatal que se advierte en las mas diversas esferas, y afecta notoriamente a la juventud de los sectores mas vulnerables

 

En esta linea, uno de los hechos que mas conmovio el pais fue la muerte de 194 jovenes en un incendio ocurrido en una discoteque (Cromanon) en la ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2004. El hecho se constituyo en la tragica ilustracion de un modelo socioeconomico excluyente, dejando a la vista una trama de corrupcion empresarial y complicidad estatal, asi como la vulnerabilidad y la desproteccion de la vida de los mas jovenes. 

 

En tercer y ultimo lugar, la afirmacion de un modelo neodesarrollista y el proceso de reprimarizacion de la economia, en relacion con la explotacion de los recursos naturales y la problematica de la tierra y el territorio, ha desembocado en una nueva oleada de judicializacion que alcanza tanto a los movimientos campesinos e indigenas como a las nuevas luchas socio-ambientales, particularmente, las llevadas a cabo por las asambleas ciudadanas contra la megamineria a cielo abierto, que desde 2006 se agrupan en la Union de Asambleas Ciudadanas. En otros terminos, la actual etapa expresa una demanda cada vez mayor de los paises desarrollados hacia los paises dependientes, en terminos de materias primas o de bienes de consumo, que ilustran la nueva division territorial y global del trabajo en el contexto del capitalismo actual. Esto aparece reflejado en la expansion de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”: la frontera agricola, petrolera, minera, energetica, forestal. Dichos procesos, llevados a cabo por grandes empresas trasnacionales y/o poderosos terratenientes nacionales, atentan contra las economias regionales y familiares, colisiona con el estilo de vida de comunidades enteras, y amenaza en el corto plazo la sustentabilidad ecologica. La mega mineria a cielo abierto, la construccion de grandes represas, la expansion de los agro-negocios, los proyectos previstos por el IIRSA, prontamente los agrocombustibles, aparecen como la ilustración del avance de un modelo de desarrollo basado en la expropiacion socio-economica y la depredacion ambiental. De esta manera, este tipo de luchas ponen al descubierto la continuidad del modelo socio-economico -o su nueva fase- respecto del momento anterior.

 

El corolario de ello es que, tal como tal como esta planteado el debate, las vías del desarrollo y las vías de la emancipación aparecen como claramente antagónicas, tanto en el marco de gobiernos neoliberales, como desarrollistas o nacional-desarrollistas. En resumen, tanto el quiebre de solidaridades, la reactivacion de la tradicion nacional popular (la ilusion populista, de la mano del setentismo), y el fuerte corrimiento de las fronteras del conflicto social (frente a la ampliacion de las formas de precariedad y la explosion de los conflictos socio-ambientales), dan cuenta de un escenario politico abigarrado en la cual se inscriben los actuales procesos de criminalizacion a los movimientos populares en nuestro pais. 

 

El conjunto de estas problemáticas aparecen reflejadas de manera patente en este libro sobre “Criminalizacion de los movimientos sociales en Argentina”, elaborado por el equipo de investigacion del Centro de Investigacion y Formacion de Movimientos Sociales, coordinado por Claudia Korol. En el mismo, la construccion de categorias analiticas, asi como la amplitud del universo de referencias, muestran la complejidad y la multiplicacion de los procesos de criminalizacion en la Argentina contemporanea, en un escenario politico diferente al de los anos 90. Asimismo, el aporte de algunos movimientos populares, que hoy constituyen el blanco de estas politicas de disciplinamiento y discriminacion, en la elaboracion de documentos para este libro, forma parte tambien de una apuesta colectiva y un trabajo de reflexion que viene sosteniendo de manera creativa y coherente desde hace anos el Equipo de Educacion Popular “Panuelos en Rebeldia”. En suma, este libro no sólo nos impulsa a la necesaria concientizacion y denuncia frente a las multiplicadas estrategias de criminalización de los movimientos populares, sino que impone como desafio mayor una tarea colectiva: la reflexion sobre los modos de encarar la “batalla cultural” desde nuevos registros de accion y cooperacion creativa. Algo que nos obliga a repensar los cambios recientes operados en el heterogeneo mundo de las clases subalternas y, de manera mas general, en la estructura productiva, como a buscar de modo urgente aquellas herramientas politicas que apunten a una superacion de las conductas corporativas y la fragmentacion organizacional, en un pais en el cual historicamente los movimientos populares y las izquierdas antisistémicas han tenido enormes dificultades para articular políticas conjuntas y convertirse por ende en grandes movimientos políticos.

Notas:(...)

 * 1º 1a ed. - : El Colectivo, América Libre, 2009. Korol, Claudia; Longo, Roxana
Fuente:
 
la-periferica.com.ar/descargar.php?libro=978-987-1497-17-1.pdf

 

 

 

Abajo y a la izquierda insistamos en el desafío de instalar la deliberación popular sobre cómo el kirchnerismo posibilitó el gobierno de Mauricio Macri y sobre todo romper con los relatos de realidades binarias o maniqueas. En ese sentido reparemos en qué nos dice Rolando Astarita: "El endurecimiento del discurso del gobierno CK, el nombramiento de Milani como jefe del Ejército, de Marambio al frente del Servicio Penitenciario Nacional, de Granados como ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, la represión en Neuquén a los que protestaban por el acuerdo de Chevron, o la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, no son hechos aislados.  Para comprender el significado de lo que está ocurriendo, es importante ir a los datos y a la historia de la década K. Con este objeto, reproduzco en lo que sigue algunos de los datos y conclusiones más relevantes del "Informe de la situación represiva 2003-2013", de la CORREPI".

 

 

 

 

Gatillo fácil, represión y década K 

1 de octubre de 2013

 

Por Rolando Astarita (Argenpress) 

El miércoles, en el barrio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, Eric Milton Ponce fue baleado por un miembro de la policía bonaerense, David Cavaleiro. Al momento de escribir esta nota, Eric se encuentra en terapia intensiva, y su estado es grave. El motivo "de superficie" del acto criminal, fue la discusión por una cuestión banal; por lo que los medios se apresuraron a calificar la acción de Cavaleiro de "irracional". La razón de fondo, sin embargo, es otra. Se trata de un caso más de gatillo fácil, que se inscribe en una lógica de larga data, y en su profundización (ver aquí y aquí). El endurecimiento del discurso del gobierno CK, el nombramiento de Milani como jefe del Ejército, de Marambio al frente del Servicio Penitenciario Nacional, de Granados como ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, la represión en Neuquén a los que protestaban por el acuerdo de Chevron, o la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, no son hechos aislados.  Para comprender el significado de lo que está ocurriendo, es importante ir a los datos y a la historia de la década K. Con este objeto, reproduzco en lo que sigue algunos de los datos y conclusiones más relevantes del "Informe de la situación represiva 2003-2013", de la CORREPI (consultar http://www.correpi.lahaine.org/). Recomiendo a los lectores del blog leer completo este informe. Aquí van entonces algunos datos.  

 

Balance de una década 

Según el informe, entre el 25/05/2003 y el 25/05/2013, esto es, durante la década de gobierno del matrimonio Kirchner, fueron asesinadas con el gatillo fácil, las desapariciones y la tortura en cárceles y comisarías 2280 personas. Aclaremos que se trata sólo de los casos denunciados a la CORREPI.  "Ningún gobierno, desde diciembre de 1983, exhibe un índice semejante". Existen tres modalidades básicas: por un lado, el gatillo fácil, responsable del 38% de las muertes. En segundo término, los fusilamientos realizados por las fuerzas de seguridad, que se presentan como enfrentamientos. En tercer lugar, la detención legal o ilegal de personas, las torturas en comisarías, seguidas de muerte y la desaparición de las víctimas. En este último respecto, CORREPI contabiliza unos 200 casos de desapariciones. En muchos casos, los asesinatos se presentan como suicidios o peleas entre internos. "Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse de los cuerpos los tiran a un río, a un basural, o los dejan cerca de las vías de un tren para simular un accidente". Jonathan Lezcano, Ezequiel Blanco, Alejandro Flores, Luciano Arruga, Jorge Julio López, Iván Torres, Adolfo Garrido, Raúl Baigorria, son algunos de los desparecidos.  CORREPI dice que se trata de las tres modalidades básicas de una forma represiva que tiene por objetivo imponer el control social sobre las grandes mayorías, que deben ser disciplinadas para que acepten, como natural, su subordinación a la clase dominante. La forma represiva está por eso dirigida principalmente a los sectores más pobres y oprimidos de la sociedad, y dentro de ellos, a los jóvenes.

 

En este contexto, la presidenta Kirchner envía su mensaje de aliento y amparo a las fuerzas de seguridad: "no puede ser que la policía detiene, detiene y detiene, y la Justicia libera, libera y libera".  A lo anterior, debe sumarse: El proyecto X, de espionaje sobre las organizaciones políticas de izquierda y populares, instrumentado por la Gendarmería. La infiltración de la Policía Federal en organizaciones populares, como la Agencia Walsh. La sanción de siete leyes anti-terroristas desde 2003. Las condiciones infrahumanas en que son mantenidos los presos, con aplicación sistemática de torturas y vejaciones de todo tipo. La intervención militarizada, con Gendarmería o Prefectura, en la represión de luchas sindicales o populares. Como ejemplos: prefectura contra trabajadores de la industria pesquera en Mar del Plata, Gendarmería contra petroleros en Santa Cruz, Prefectura en el conflicto del Casino Flotante, en la ciudad de Buenos Aires; la ocupación por Gendarmería del Hospital Francés, también durante el conflicto sindical; la represión permanente a los trabajadores del INDEC.  

El hostigamiento, persecución y amenazas a militantes y activistas sindicales y sociales, o defensores de derechos humanos, por el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales (muchos de ellos aliados y amparados por el gobierno K), incluidos los militantes de la CORREPI.  

 

La tercerización de la represión con patotas.
"Con una frecuencia superior a sus antecesores, el gobierno ha recurrido a grupos de choque paraestatales para intervenir en los conflictos que por su magnitud, apoyo popular o perseverancia, necesita resolver con urgencia sin manchar el nombre de la gestión ni contribuir a la deslegitimación de las fuerzas represivas: la patota". Existen para este fin grupos integrados por organizaciones afines al gobierno. En otros casos, interviene en la represión -por ejemplo, de conflictos
laborales- personal de agencias privadas de seguridad, o patovicas, contratados por las patronales, que tienen vía libre para actuar.  

Estos hechos están en correspondencia lógica con un "modelo de desarrollo con inclusión social" en que el 15% de la fuerza laboral está desocupada o subocupada; en que más del 35% tiene trabajos precarizados e informales; en que un millón de jóvenes no estudia ni trabaja; en un país en que más de 8 millones de personas carecen de agua de red, y 21 millones no tienen cloacas. Esto en un país que ha crecido, según los datos oficiales, "a tasas chinas". Más en general, los datos que presenta el informe CORREPI deberían servir para la reflexión acerca de la naturaleza de clase del Estado, y del gobierno que lo encabeza.  

Fuente: http://www.argenpress.info/2013/10/gatillo-facil-represion-y-decada-k.html

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Si seguimos, abajo y a la izquierda, sólo focalizando en el gobierno que tenemos enfrente, descuidamos cómo el internacionalismo emancipador hace tiempo  vuelve públicas a las contradicciones básicas del capitalismo con la vida y la humanidad entera.  "La Quincuagésima Asamblea Anual de Gobernadores del BID es ocasión de celebración para el Banco, y de honda preocupación y rechazo para un conjunto de movimientos populares y organizaciones sociales en toda la región que harán frente a dicha asamblea en una serie de eventos alternos". Leamos:

 

Marzo 2009 • 3ra Edición www.frentebid2009.org

Por los movimientos sociales frente a 50 años del BID financiando desigualdad y destrucción socio-ambiental

 

El BID y la desigualdad en América Latina 50 años de negligencia y codependencia

América Latina no tiene igual cuando se trata de desigualdad, especialmente de desigualdad en cuanto a la distribución de la tierra. El 10% más rico de latinoamericanos ganan el 50% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre, menos del 2%. Es decir que el 10% más rico controla 25 veces más riqueza que el 10% más pobre. Esta diferencia entre ricos y pobres es dos veces mayor en América Latina que en la mayoría de otras regiones. La única pregunta importante sobre las políticas en América Latina es porqué la región continúa tan desigual. ¿Por qué después de un mandato de más de cincuenta años para reducir la desigualdad, el BID ha fallado totalmente en esta misión y en lugar de eso, acumuló una deuda de $200.000 millones? Hay dos posibles respuestas: el BID ha sido negligente o es cómplice en la persistencia de una desigualdad extremadamente alta en América Latina. Ya no se debate sobre la desigualdad de América Latina, en vez de inventar nuevas maneras de describirla y explicar los mecanismos de su reproducción. Ciertamente, frecuentes informes del BID han advertido que es posible que la desigualdad sea un obstáculo fundamental para el desarrollo. El informe anual de 1998 del BID sobre progresos económicos y sociales, “Enfrentando la desigualdad”, presentó un panorama devastador de cómo la “década perdida” ha destruido la seguridad de las familias más pobres de América Latina y ha protegido a las familias más ricas de la región; y al BID le ha faltado influencia para invertir estas tendencias. José Luis Londoño y Miguel Szekély (2000), investigadores del BID, demostraron de qué forma la condicionalidad estructural de ajustes del Banco en la década de 1990 empeoró la desigualdad y reafirmó la condición de América Latina como la región del mundo con más desigualdad. El estudio más reciente, Outsiders (“Los de Afuera”) (2007) demuestra que la globalización y una segunda generación de reforma de políticas no han podido cerrar la enorme separación entre ricos y pobres de América Latina.

Diversos mecanismos siguen excluyendo a la mayoría de la población de América Latina de las oportunidades de riqueza y desarrollo humano. Estas advertencias periódicas y poco entusiastas provenientes del BID no han hecho mucho por cambiar las prioridades de financiamiento del Banco y equivalen a poco más que a un mea culpa público preparado de antemano. Los estudios también indican que el Banco está consciente del problema de la agobiante desigualdad, pero permanecen como monumentos ante la incapacidad o falta de disposición del Banco por hacer realmente algo al respecto. Acallar a los mensajeros es más conveniente para la cultura de la negación del BID que apegarse a las recomendaciones de la investigación, como parece indicar la reciente jubilación o cese forzado de los autores de Outsiders. La desigualdad de ingresos en América Latina como región no ha mejorado desde la década de 1990 y en algunos países ha empeorado (Figura 1). En donde la desigualdad sí ha mejorado, como en Venezuela, la falta de financiamiento para este país por parte del BID durante los últimos ocho años sugiere fuertemente la falta de relevancia que el Banco tiene ante estos logros en cuanto a equidad. (....)

El Punto Irreversible de la Amazonía

Contemplando lo que significa la Amazonía, parece una exageración la idea de que su existencia puede estar en peligro. Su tamaño es casi incomprensible: en total más de 7 millones de kilómetros cuadrados, mas grande que el tamaño de los EE.UU.. La Amazonía produce el 10% del oxígeno del mundo y el 20% del agua dulce. Contiene niveles de biodiversidad más ricos que cualquier otra parte de la planeta. Regula el sistema global climático y genera la mayoría de la lluvia que cae en Sudamérica. A pesar de que la Amazonía parezca invulnerable, los científicos temen que se esté acercando a un punto irreversible. Alrededor del 20% del bosque de toda la cuenca Amazónica ha sido deforestado, y otro 20% está degradado y fragmentado. ¿Cuál sería el nivel de deforestación que implicaría un inevitable colapso ecológico, un “punto de quiebre”? Hay científicos que piensan que la cifra puede ser entre el 40% y el 50% de la Amazonía y que nos acercamos muy rápidamente. El bosque ha entrado en un círculo vicioso: los incendios ponen más carbono en la atmósfera, contribuyendo a un calentamiento regional. Mientras tanto, las sequías son cada vez más frecuentes, secando los árboles en un ciclo que aumenta cada vez más las probabilidades de nuevos incendios. Los incendios se vuelven cada vez más desastrosos, empeorando el ciclo de esta forma. Más allá de los incendios, otros impulsores de deforestación incluyen la construcción de carreteras, la expansión de la frontera agrícola, las actividades hidrocarburíferas, la tala (tanto legal como ilegal) de madera, y las inundaciones causadas por instalaciones hidroeléctricas, entre otras.

En muchos casos, estos son los proyectos centrales del modelo de desarrollo que el BID y los otros bancos han impulsado por más de 50 años. Actualmente el cambio climático agudiza estas tendencias. Apenas hace unas semanas científicos del Hadley Centre (Inglaterra) expresaron su grave preocupación durante una conferencia internacional sobre el tema en Copenhagen. Según sus investigaciones sobre la última evidencia, un aumento modesto de la temperatura global (2 grados centí- grados) resultaría en una pérdida adicional de entre el 20% y el 40% del bosque tropical de la Amazonía antes del año 2050. Escenarios de cambio climático más probables (hasta 4 grados de calentamiento) efectivamente implicarían la perdida del 85% de la Amazonía. Las consecuencias de estas futuras probabilidades son sobresalientes y horrorosas. Según el profesor Peter Cox de la Universidad de Exeter (Inglaterra), “Ecológicamente sería una catástrofe. Los trópicos son impulsores de sistemas climáticos globales, y matar la Amazonía los cambiaría para siempre. Amplificaría el calentamiento global significativamente. Aún ahora la deforestación agrega una quinta parte del carbono a la atmósfera.” Pensando en este panorama, nos preguntamos, ¿Cuál será el impacto ambiental acumulativo de todos los proyectos financiados por el BID? A esta gran inquietud, agregamos las demás mega-iniciativas en la Amazonía financiadas por otras instituciones, como el Banco Mundial, BNDES y la Corporación Andina de Fomento, entre otras. Desde esta óptica, el liderazgo del BID en impulsar la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional SurAmericana (IIRSA) ha ocasionado mucha preocupación dentro de la sociedad civil, en parte porque no se han tomado en cuenta los impactos acumulativos a largo plazo en términos del aumento de deforestación, fragmentación y degradación de la Amazonía. Si fuera posible evitar los peores impactos del cambio climático, tenemos que frenar completa y permanentemente—no solo reducir—la deforestación en la Amazonía. Una medida central debe ser eliminar el financiamiento para proyectos que contribuyen a la deforestación y otras emisiones de carbono, por ejemplo: proyectos de carbón, petró- leo, y gas. Otra medida sería llevar a cabo estudios ambientales estratégicos y posteriormente considerar los resultados dentro de su proceso de planificación de manera significativa. Además, teniendo en cuenta que una gran parte de la Amazonía es territorio de pueblos indígenas quienes han guardado y conservado los bosques por largos años, ellos deben ser incluidos en la construcción de políticas globales y proyectos específicos para conservación del bosque, amparando los derechos indígenas como punto de partida. Cada día es más evidente que la humanidad se está dirigiendo hacia un precipicio ecológico. En el futuro, cuando hablen sobre cómo enfrentamos esta situación, ¿cómo evaluarán el papel del BID? ¿Lo percibirán como un freno, que hizo todo posible para verdaderamente evitar el caos climático? ¿O lo verán como un impulsor, adelantando la destrucción de una región imprescindible que llamamos la Amazonía? El Punto Irreversible de la Amazonía Bandera humana formada por 1700 indígenas en Belem, Brasil, durante el Foro Social Mundial 2009. Los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonía cubren mas del 25% de la cuenca Amazónica y están amenazados por las obras de infraestructura de IIRSA. (...) Leer

 

 

Escuchemos sobre la violencia y violación de derechos humanos que el progreso del sistema capitalista impone. Es también poner en discusión popular qué ciencias y qué desarrollo financian el BID y el BM en Argentina desde 2008 con Lino Barañao al frente del Ministerio.

 

 

 

 

Entrevista con Miguel Palacín de la CAOI

Miguel Palacín es el coordinador de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Anteriormente era el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Mineria (CONACAMI). CAOI es una de las organizaciones indígenas más influyentes en América del Sur. Juega un importante papel en negociaciones para ligar organizaciones andinas y en la promoción de una coordinación regional indígena. Sus organizaciones miembros son: Ecuarunari (Ecuador), CONACAMI (Perú), CONAMAQ (Bolivia), ONIC (Colombia), CITEM (Chile) y ONPIA (Argentina).

 

¿Qué impacto tienen los proyectos del BID sobre las comunidades indígenas?

Somos muy críticos de lo que es el Banco de Desarrollo Interamericano y el tipo de “desarrollo” que persigue. ¿Es el desarrollo de qué? El desarrollo principal desde la óptica occidental de los bancos financieros y las multinacionales es desarrollar la explotación de los recursos. Esos recursos se encuentran, en su gran mayoría, en tierras pertenecientes a los pueblos indígenas, y su explotación, implica impactos negativos como la explotación de territorios, la contaminación de las fuentes de agua y el desplazamiento de las poblaciones. El desarrollo de la explotación de recursos, nos ha llevado, aquí, en Perú, a ser testigos de las graves consecuencias de la implementación del Proyecto de Camisea. En primer lugar, Camisea significó prácticamente la desaparición de un pueblo originario, de los Nahua, y en segundo lugar, la intervención del BID, brindando créditos destinados a la vigilancia y la supervisión, lejos de significar desarrollo o impacto positivo alguno para los pueblos, ha sido tan sólo de beneficio para las consultoras, y éstas últimas lo han sido a los fines de engrosar los estudios del BID. Por otra parte, en el Perú, se pretende hacer la titulación de las tierras de manera individual, y fue el BID, el organismo que financió parte del proyecto especial de titulación de la tierra como una forma de individualizar la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Y en ese camino intervinimos, no obstante este proyecto sigue teniendo vigencia actualmente en el Perú. Este proyecto de titulación fue inicialmente una idea del BID y sus consultores, es por eso que decimos que es un banco privado que actúa atentando contra los intereses de las poblaciones indígenas. El BID tiene su discurso y su definición del desarrollo, pero eso no significa que los pueblos tengan el mismo concepto de desarrollo que ellos.

 

¿Por qué el concepto de desarrollo de BID no sirve para los pueblos indígenas?

Definitivamente el llamado desarrollo desde la perspectiva occidental está basado en el crecimiento económico, ¿pero para qué sirve este crecimiento económico? Sirve para seguir obteniendo las riquezas para engrosar los bancos y las estadísticas, pero eso trae enormes impactos para las poblaciones. Para nosotros el desarrollo implica, en primer lugar, la protección de nuestros territorios, y en segundo lugar, que los recursos existentes sirvan primero a las poblaciones. Es la clara convivencia con la madre naturaleza, con la Pachamama. Es la clara convivencia en justicia, ya que esos recursos nos pertenecen a todos y a toda la sociedad sin destruirla, sin comprometer la sobrevivencia de las próximas generaciones. Sin embargo las políticas de desarrollo que vienen de afuera de los pueblos indígenas se concentran en sacar los recursos primarios existentes allí, no importa cuál sea el costo, solo buscan favorecer a los bancos y las multinacionales y las ganancias de estos genera estadísticas de crecimiento económico pero no significa nada para los pueblos. Ni siquiera los impuestos regresan a las comunidades afectadas para servir en algo. Esas decisiones son hechas por el gobierno nacional, regional, o local y no están al alcance de los pueblos indígenas.

 

Vemos:

La urgencia en el fortalecimiento de la transparencia y los canales institucionales de participación, monitoreo y evaluación de las actuaciones del BID en nuestros países, es una conclusión necesaria de cualquier balance de estos primeros 50 años. De esta manera es posible recomponer y evitar las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes económicos y ambientales ya causados. No queremos ni necesitamos en la región un banco que financie la desigualdad, el cambio climático, las políticas represivas y la integración subordinada a un modelo hegemónico de desarrollo que, hoy más que nunca, muestra al mundo su fracaso.

Fuente:http://amazonwatch.org/documents/BID-en-la-mira-3.pdf

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, tenemos el desafío de derrotar a la alianza de los poderes locales con los imperialistas y poner fin a su impunidad de acumulación por exterminio que el progresismo promovió (bajo la justificación de atender a los pobres) e intensifica la derecha desembozada. Afirmaba Salvador Schavelzon en el año 2015:

"Tanto a la izquierda como a la derecha del espacio político en que los gobiernos progresistas se establecen como centro, asistimos una reorganización de fuerzas y movilización en varios países. El mapa de la situación política no es homogéneo ni puede generalizarse, pero cierta inquietud se transmite desde la razón “gobernista”, término utilizado en Brasil para referirse a la defensa militante del gobierno, que no asume ni la más mínima crítica. En ese país, después de las primeras medidas de gobierno que siguieron al triunfo por mínima diferencia en las elecciones de octubre de 2014, el “gobernismo” muestra una notable dificultad para sostener el “relato” en que se sustenta.

De hecho, quizás sea Brasil donde el problema del fin de ciclo se muestra con mayor claridad. Al final, las movilizaciones opositoras de cuño expresivamente conservador en Argentina y Venezuela se vienen sucediendo sin que el apoyo hacia los gobiernos deje de ser firme y probablemente suficiente para ganar otra elección. Fuertes movilizaciones campesinas e indígenas en Ecuador y Bolivia, por otra parte, no horadan hasta ahora el voto mayoritario de Morales y Correa. En Brasil, las últimas mediciones de abril y mayo sobre imagen positiva de Dilma Rousseff llegaron al 7% en uno de los grandes institutos y en cerca de 10% en otros. Lula da Silva, probable candidato para 2018, no deja de ser afectado por el descontento. Es que, además de una oposición indignada, la crítica al gobierno alcanzó rápidamente la masa de votantes propios. Para el “gobernismo” más cínico, sin embargo, el neoliberalismo es una fase ya dejada atrás y la falta de popularidad se debe exclusivamente, tanto a una crisis en la que no tienen responsabilidad, como al trabajo de los grandes medios".Leer

A fines de 2016 nos señala: "Una época de comando conservador del Estado, deberá encontrar formas nuevas de resistencia, y un camino donde los grandes problemas del país puedan ser efectivamente abordados". Además nos advierte que:  "Se debe construir un contrapoder descuidado en tiempos de progresismo". Mi opinión es que el progresismo hizo cuanto pudo para bloquear la autodeterminación de los pueblos y restablecer la conciliación de los últimos con el sistema opresor.

 

La llegada de Temer: radicalización conservadora y fin de ciclo
1 de noviembre de 2016

Por Salvador Schavelzon

Impeachment e indefinición desde arriba

La situación política en el Brasil después de la destitución de Dilma Rousseff parece indicar que ya no será el Partido dos Trabalhadores (PT), quien administrará el difícil momento económico abierto en el capitalismo brasileño. Después de ocupar ininterrumpidamente la presidencia desde 2003, el PT siente el vértigo de su propia debilidad, sin haber podido resistir a la operación política iniciada por un grupo de políticos de poca monta, antes sus aliados, que se concreta como Impeachment y cambio de gobierno. Una época de comando conservador del Estado, deberá encontrar formas nuevas de resistencia, y un camino donde los grandes problemas del país puedan ser efectivamente abordados.

Un quiebre en el sistema político parece haberse cocinado por años, mientras la gobernanza neoliberal, como forma principal del reaseguro político de las elites, se volvía inexorable para la derecha y la izquierda estatal. No se trata de decretar la muerte de un partido, que continuará actuando y muy posiblemente también formando parte de gobiernos. Se trata de registrar un fin de época que concluye llevando a la marginalidad la forma de entender la política de quienes fueron sus protagonistas. La salida del PT es una derrota para los más pobres. Pero su permanencia no garantizaba un freno para recortes que castigaban especialmente las áreas sociales, y así se abre un problema más complejo que el de resistir a las políticas de Temer. Se debe construir un contrapoder descuidado en tiempos de progresismo.

El momento actual es el de un nuevo gobierno que combina políticos de ideología conservadora y alineados con intereses empresariales; políticas autoritarias y elitistas para cada uno de los ámbitos de actuación; alineados con voces de la derecha policial, en guerra contra los más pobres y criminalizador de manifestantes; además de posturas religiosas de distintas iglesias contra derechos de mujeres y minorías. El cuerpo en que esa coalición que confluye en la defensa de un programa de retrocesos neoliberales, se sostiene es una clase política crecida a la sombra de un Estado de cargos repartidos, pequeños y grandes negocios y privilegios, hoy con Temer, ayer con Dilma y mañana con cualquiera que ocupe la presidencia.

El bloque a favor de la destitución de Dilma fue articulado con la participación de partidos que co-gobernaban con el PT y otros que se habían mantenido en la oposición. Sorprendería la facilidad con que después de 13 años en el poder el partido en la presidencia no tendría a su alcance recursos políticos ni institucionales para hacer valer un reciente triunfo electoral. Es factible que entre los factores que impulsaran a los operadores del Impeachment se encuentre la búsqueda de impunidad en causas abiertas por corrupción, que también afectaban al PT[1], pero el cambio de gobierno parece hablar de una grieta más profunda.

Los parlamentarios comprometidos y asociados a las agendas reaccionarias como las identificadas con la bancada “BBB” (en referencia a Bala, Boi [ganado vacuno] y Bíblia)[2], encontraron en la debilidad política de Dilma un atajo para asaltar las instituciones. Pero mucho más que de manipulaciones de reglamento, la destitución consistió en alinear pulsiones de impunidad y privilegio con el carácter conservador mayoritario en la composición de la legislatura nacida de las últimas elecciones. Este voto conservador, unido a una crisis en la izquierda, indica que la situación actual no es de alternancia entre un bloque de izquierda y otro de derecha.

En el nuevo gobierno, tendencias de intereses diversos, pero ya sin sindicatos ni movimientos en la mesa, buscan por estos momentos un punto de ebullición, aún no definido entre las distintas familias del poder, que no se puede decir que estén de vuelta porque, en rigor, nunca dejaron de participar de las decisiones y rumbo estratégico del gobierno. Mientras no está claro quien tomará la delantera en un momento que se propone achicar el Estado y profundizar reformas solicitadas por los “agentes del mercado”, se acerca al año electoral de 2018 sin claridad sobre el cuadro político que irá a surgir.

El actual gabinete sin mujeres, ni negros, ni jóvenes, y ya con tres bajas debido a causas de corrupción, no aspira a continuar como gobierno después de elecciones en las que Temer no tendría posibilidades y talvez ni siquiera habilitación por parte de la justicia electoral. Según sondeos de opinión, la realidad política es que la mayoría de la población fue favorable al Impeachment de Dilma, pero no apoya al gobierno nacido de tal destitución[3]. Haciendo virtud de esa imposibilidad, su gobierno se atribuye a sí mismo la tarea de efectuar medidas impopulares sin objetivos electorales de corto plazo que podrían desviarlos de esa tarea.

La candidatura que nazca del actual gobierno, buscaría entonces un nombre que pueda dar al programa de reformas la legitimidad de la que Temer carece. Por el otro lado, el PT buscará ser el eje de estructuración de una candidatura contraria al gobierno que lo sucede. Pero después de que consignas pidiendo nuevas elecciones o la vuelta de Dilma mostraron ninguna adherencia en la sociedad e inviabilidad en el sistema político, la debilidad como fantasma que sobrevuela al PT, y que llevó al Impeachment, muestra su consistencia. Todavía no hay actores de peso que capitalicen la salida del PT, como parte de una clase política desprestigiada. Pero el momento nuevo ya está abierto.

En lo electoral, las pesquisas muestran que Lula haría una buena elección en primera vuelta, aunque su posibilidad de disputar tampoco está garantizada por la justicia electoral. Por otra parte, Marina Silva, del partido Rede Sustentabilidade, se impondría frente a todos los hoy potenciales candidatos en un eventual segundo turno, según encuestas[4]. Lo cierto es que, aunque es mucho el trecho a recorrer hasta las nuevas elecciones, tanto en términos del gobierno resultante de lo que se puede entender como nacido de un parlamentarismo de facto, como en términos electorales, los dos partidos que comandan el país desde 1995 están desplazados.

El PSDB y el PT, que se repartieron casi en partes iguales la totalidad de un electorado de cerca de 100 millones de votantes poco tiempo atrás, en las elecciones de octubre de 2014, hoy tienen a los protagonistas de esa disputa, Dilma y Aécio[5], ausentes o sin chances en cualquier posible futuro escenario electoral. Un Brasil del norte y nordeste que podría reconocer la importancia de políticas sociales legado del ciclo económico de crecimiento, y donde el PT o sus aliados mantendrían relevancia, no podrían con el Brasil del centro y sudeste, dominante demográfica y políticamente, donde la imagen de un PT corrupto llevó más personas a la calle que la denuncia de golpe de Estado en curso.

Ahondando en el posible cambio de ciclo, sin embargo, para analizar una crisis en el plano de la representación política y de los principales partidos que gestionaron el país nacido de la Constitución del 88, es necesario superar el plano de la medición de candidatos. En el caso del PT, es justamente la entrega de un movimiento político con muchas ramificaciones y millones de simpatizantes a los especialistas de marketing y al financiamiento empresarial, donde radica su debilidad y ocaso como instrumento político de los de abajo.

La fuerza del PT en el nordeste, donde antes se votaba a la derecha de señores territoriales, habla del impacto socioeconómico positivo asociado al lulismo, con mucha presencia de políticas de transferencia de renta, que mejorar la situación de la región. En términos de proyecto político de movimientos sociales o representación de las mayorías, sin embargo, allí tampoco hay señales de vitalidad o regeneración política con espacio para la participación y construcción de una sociedad más justa. Aún donde el apoyo electoral fue mayoritario, el PT no deja de avanzar por el camino de fortalecimiento de la máquina electoral y de participación en el Estado en detrimento de la influencia de la militancia o las bases. La falta de cambios estructurales, y un vínculo del Estado con los gobernantes que no difiere de la lógica tradicional, explican que el triunfo con más del 70% en el nordeste que permitió la reelección de Dilma, se haya esfumado en la evaluación negativa, que también alcanzaría a Lula cuando la crisis y las políticas de austeridad se anunciasen.

Marina Silva no mostró por el momento estar dispuesta a desprenderse de los intereses políticos que gobiernan hace tiempo independientemente del PT y el PSDB: la gobernanza financiera y neoliberal, los lobbies empresarios y religiosos que supieron neutralizar al PT y que dictan los pasos del nuevo gobierno. Su capacidad para formar un gobierno de perfil propio todavía no se ha probado en el final de ciclo que ha llegado, aunque su abertura a asumir causas como la ambiental, indígena, y de crítica al desarrollo más brutal, que el PT no puede ya hacer suyas, puede que la convierta en un actor de influencia creciente en el juego político de los próximos años.

Sin nuevos referentes ni movilización social, con un PT claudicante y sin palabras para recuperar su lugar conducción fuera del gobierno, dan lugar a un vacío que puede entenderse como distancia entre la clase política y la población en general. Es de esa forma fue posible un paso a primer plano del PMDB, partido de las sombras y cloacas de todos los gobiernos desde la democratización, que ya tienen sobre la mesa un plan de acción accesible, en la medida en que no indispone ningún sector del poder y desarma el Estado afectando a los ya castigados por el modelo que estaba en marcha.

El nuevo momento político fue evidente ya en junio de 2013, cuando tuvieron lugar manifestaciones multitudinarias sin precedentes en centenas de ciudades contra el aumento del precio del transporte decretado por los gobiernos locales de todo el país, y donde el reclamo por derechos sociales era tan altisonante como la impotencia para interpretarlos de los gobiernos formados por los partidos del viejo ciclo. Junio de 2013 pudo haberse constituido como nuevo centro político que abriera un ciclo de profundización de reformas, pero se recluyó ante el paso a primer plano de la dinámica política con foco en el impeachment. Al mismo tiempo, la única reacción desde el gobierno federal consistía en sobreactuar un aleccionador rechazo a cualquier deseo de reforma, con llamada para la represión de la protesta y ajuste, como salida presentada como inexorable.

Si las calles de junio hicieron la lectura más sana del fin de un ciclo, sería el Impeachment quien lo aprovecharía en primer instancia para traducir institucionalmente el agotamiento de las fuerzas políticas gobernantes. Entre el pedido de más derechos en las calles, y una nueva articulación política que busca profundizar el ajuste que ya había sido iniciado, sólo queda claro que un modelo político está acabado. La dominancia de los protagonistas de un Brasil que nace de pactos constituyentes en los 80 sin desplazar totalmente a los grupos de poder de la dictadura, se muestra artificial y neutralizada.

El país del ‘88 que se va

La promesa de Lula en 2002, en la “Carta a los Brasileños”, de que mantendría las cuentas públicas y la inflación controladas, con estabilidad económica y “responsabilidad”, se traduciría en la no modificación de los lineamientos de la economía neoliberal establecida en los 90, en un proceso político sin rupturas, pero que pudo abrir cierta disputa y capacidad de acción en su interior. Ya en 2003 el PT se mostraría como articulador de un centro político que definiría una izquierda disidente que quedaría como voz marginal, y una derecha que buscaría imponerse e influenciar desde adentro del gobierno de coalición, a sabiendas que el triunfo electoral le sería inalcanzable.

El gobierno del PT exploraría las posibilidades y límites de lo que se conoció como “pacto lulista”: un modelo donde se proponía que tanto los trabajadores como los empresarios serían beneficiados, por el camino de la apertura para inversiones, el fomento estatal al sector empresario, y un interés por lo social. Si bien reformas importantes que mejoraran un paupérrimo sistema educativo, de salud y de desigualdad en el campo, y aunque hoy es difícil sostener que una nueva clase media fue consolidada, como buscaba instalar la propaganda oficial, por ese camino se redujo la pobreza y la extrema miseria, se amplió el acceso a la universidad y se iniciaron políticas de cultura innovadoras, mientras indígenas y pequeños productores rurales no eran solamente desplazados, sino que también accedían a derechos.

En el último tiempo, coincidente con la presidencia de Dilma, pero que mantenía a Lula y al PT en el armado de articulaciones conservadoras, ese modelo perdería la capacidad de contentar distintos actores políticos, y sólo avanzaría en una dirección de clausura de derechos. Perdería su ambigüedad. Un mundo formado en la oposición entre el PSDB y el PT, y un lenguaje donde privatizaciones y mercado se oponían a lo social y al desarrollo, dejaba de tener correlato con la realidad, aunque volvería a instalarse en las elecciones de 2014 y con la denuncia de la salida de Dilma como golpe de Estado. Más que un impasse o cambio de correlación de fuerzas, sin embargo, lo que parece en juego es que la comparación entre esos dos modelos puede no ser más el punto crucial ni la mejor forma de describir el cuadro político actual.

Hay un hecho de la realidad política que no puede ser dejado de lado: sólo un camino conservador parece tener coherencia política para instalarse. Un arreglo de piezas y discursos políticos que tenía al PT en el centro se termina, cediendo lugar a un avance conservador que sin embargo no se constituye todavía como nuevo modelo. El empoderamiento de actores que ya circulaban por el Palacio Planalto, puede prescindir del marco presentado como conciliación, pero no hace más que dar viabilidad al programa presentado por Dilma Rousseff a inicios de 2015, en un episodio que quedó cristalizado con claridad como mentira electoral, cuando poco después de ganar la elección en que el PT logró imponerse como candidatura contra el ajuste, el gobierno daría media vuelta e iniciaría la implementación de “políticas de austeridad”. La elección del banquero Joaquim Levy en el ministerio de hacienda, entregaba el comando de la economía al que poco antes era responsable del programa de campaña del candidato derrotado.

Es que el fin de época no tiene que ver con una comparación de legados o, incluso, voluntades y trayectorias, como sostiene el apoyo al gobierno saliente y cierta oposición al gobierno de Temer que se empeña en clausurar cualquier discusión o mirada crítica sobre las bases frágiles en que se apoyaba el progresismo. Esta es una discusión en la izquierda, incluso entre quienes fueron parte o apoyaron la agenda que el PT pudo ciertamente representar. Cuando las posibilidades de conducir un proceso de profundización democrática y de reformas se substituye por el programa neoliberal de recortes sobre asalariados y pobres, se impone el fin de un proyecto político con raíces en las huelgas del final de la dictadura y adaptado al capitalismo en los ’90, hoy golpeado desde la derecha con la que la cercanía en términos de lógica de funcionamiento ya es innegable.

Parece claro, así, un movimiento en tres actos iniciado por un desvío, interrumpido por una llamada de atención desde las calles, y la sustitución de piezas para continuar por un camino ya anunciado, pero con cualquier posibilidad de reacción mucho más alejada. A pesar de que bajo ningún concepto se puede decir que Dilma Rousseff fue insubordinada a los dictados de arriba para recortar derechos por abajo; la forma en que el PT sale del poder no parece indicar que su vuelta será posible próximamente, por lo menos por el camino que hasta ahora recorrió. Junto al PT, la misma crisis se percibe entre los sectores sociales que acompañaron como aliados que no han podido construir una posición autónoma cuando sus históricas demandas eran abandonadas.

La incapacidad de reacción en la actual coyuntura, también se extiende a organizaciones sociales que acompañaron la transformación del PT en un actor gubernamental. El Movimiento Sin Tierra (MST) se encuentra con dificultades de encabezar un ciclo de protesta, después de haberse recluido en los gobiernos del PT, aun cuando la reforma agraria sólo avanzaría según las necesidades del agro-negocio, o se interrumpiría totalmente, durante el gobierno Dilma. Lo mismo con un sindicalismo que había sido novedoso y revitalizador. Voces políticas de la cultura y el trabajo inmaterial con quienes el PT también construyó una relación desde el Estado, alzaría su voz contra Temer, pero no haría una lectura del fin de una época, tal como vemos en su incapacidad para reaccionar cuando el ministerio de cultura sufrió un recorte del 50% del presupuesto, como parte del ajuste iniciado en 2015 por Dilma Rousseff.

La debilidad política que hoy se evidencia ante la dificultad de enfrentar las medidas de Temer, se relaciona con la pérdida de autonomía y no es ajena a la presencia del PT en el gobierno. En esa época, permitió que organizaciones políticas y militancia “gobernista”, mantuviera silencio frente a proyectos como la represa de Belo Monte[6] y otras obras de gran impacto, indefendibles desde ningún punto de vista que no sea el de la transferencia de recursos públicos a manos privadas. Tal cooptación de las fuerzas sociales en un proyecto ajeno, es lo que muestra el fin de época que requerirá reagrupamiento y creatividad política para aprender a situarse en una nueva coyuntura.

De salida, el progresismo recuerda la influencia de los grandes medios de comunicación. Pero como en otros ámbitos, quizás sea tarde cuando no se buscó funcionar desde otra lógica. El lugar privilegiado que tienen para el progresismo el análisis de la manipulación de la prensa, sin duda un factor en la erosión de su vínculo con la población, no sólo deberá responder el sentido de financiar ampliamente con pauta oficial a la prensa conservadora[7], sino también abrir la discusión de porqué la comunicación progresista hacía oídos sordos a medidas regresivas que hoy son denunciadas, pero que se dejaban avanzar con indiferencia cuando sus impulsores eran del gobierno anterior[8].

Radicalización conservadora e impotencia del PT

Al atrincherarse en la defensa cínica y pragmática de lo que sería una diferencia en el grado del ajuste, o en el vínculo con una historia, que ya no podía ofrecer conquistas sociales ni garantía de mantener en pie lo conseguido, se fue permitiendo la neutralización de resistencias a un proceso en que era el gobierno progresista introducía políticas conservadoras sin reacción. Pero a diferencia de otros países latinoamericanos donde todavía las fuerzas progresistas protagonistas de la década anterior –se encuentren o no de salida– representan la posición de la gente contra el ajuste y el ataque a los sectores más vulnerables; o represente conquistas de la memoria y la organización popular (y aunque en esos lugares el avance conservador en el seno del progresismo no sea para nada ajeno), en Brasil el PT no sale derrotado por haber intentado un camino alternativo al recetado por los intereses del gran capital. Es ese posicionamiento, comprobado una y otra vez en la historia reciente, lo que obliga a ubicar al PT en el campo del poder, instaurando en su lugar instaura un vacío.

Por un camino que se profundizará en el nuevo gobierno, en lo que debe verse como una radicalización conservadora antes que un punto de inflexión, vemos demarcarse una nueva época, en la medida en que la neutralización del PT hace que las nuevas luchas sociales busquen hoy nuevas referencias. Es el resultado de una larga lista de auto-golpes, como el reciente impulso a privatización de la salud pública y de explotación de áreas petroleras (con senadores del PT votando la entrega de nuevas reservas junto al PSDB); o la desvinculación de recursos del Estado para cumplir con gastos sociales, según el proyecto impulsado por el gobierno de Temer, pero que comenzó a circular como propuesta del PT[9].

El último PT de gobierno también defendería propuestas de reforma jubilatoria con aumento de edad de retiro; y concretaría la derogación de legislación que resguardaba conquistas laboristas de la década del 40. Siguiendo una agenda internacional conservadora, se avanzaría en la criminalización de protesta con legislación “anti-terrorista”; y pondría al Brasil en el mapa de los peores conflictos ambientales del mundo, como parte de una concepción de desarrollo que además fue incapaz de reaccionar contra los responsables de desastres naturales prevenibles[10].

Quien continuará la tarea de implementar el ajuste y una política “de austeridad” será un gobierno que nunca hubiera conseguido alcanzar la presidencia por el voto. Pero aunque muy probablemente no será Michel Temer el que transite el momento que se abre, después de las elecciones de 2018, parece menos posible un retorno al proyecto hoy desalojado por un agotamiento que viene de su interior, y que no se puede atribuir al desgaste, sino a la propia concepción política, o cooptación por parte de visiones empresarias, como queda claro en el proyecto de país emprendido antes de la crisis, con opción tecnocrática por un desarrollo capitalista apoyada en grandes grupos empresarios, y empeñada en la creación de otros.

El cuño antidemocrático, que es la marca de la nueva época, se constata en lo político con candidatos dependientes del apoyo empresarial, sabe eludir la decisión popular con mentiras electorales o despolitización generalizada, y avanza en un modelo de desarrollo que destruye todo lo que no se adapte a una civilización de consumo. La clausura a conectarse con expresiones de un Brasil menor, de las diferencias y territorios existenciales, muestra al PT como parte de una máquina que puede llamarse democrática, pero impone privilegios e injusticia, y es menos herramienta de la gente que del gran capital.

El modelo de desarrollo, cuya participación en su gerenciamiento llevó a Dilma Rousseff a ser la candidata elegida por Lula para sucederlo[11], es compartido por el gobierno Temer, beneficiado de la destitución después de haber aprovechado un empoderamiento resultante de la estrategia de alianzas del propio PT. Estas alianzas permitieron a Eduardo Cunha llegar presidir el congreso y a Michel Temer ser segundo en la línea sucesoria, ratificado en ese lugar por el mismo caudal de votos que llevó a Dilma a la presidencia. Fue la respuesta con que el PT se adapta a un sistema “presidencialista de coalición”, que en el primer gobierno de Lula dio lugar al escándalo de Mensalão, por compra de votos a parlamentarios de partidos chicos, y que da cuerpo a la demanda de una reforma política, atrás de la cual el PT y parte de la izquierda busca encontrar espacio para rearmar un proyecto político.

La cercanía del gobierno saliente y entrante queda evidente si enfocamos en los propios actores que saltaron de un gobierno a otro. Un alto porcentaje de ministros de Michel Temer también lo fueron en los gobiernos del PT[12]. Otros participaron de la base de apoyo en el parlamento, y el ministro de economía de Temer, Henrique Meirelles, que hoy es adalid de los recortes, fue presidente del Banco Central escogido y elogiado por Lula, que también lo propondría para ocupar la cartera de economía en el segundo gobierno de Dilma, y que hoy es quien se encarga de articular las propuestas de recorte social, profundizando lo promovido por el anterior gobierno.

Esta continuidad permite no extrañarse ante la circulación jocosa, en la prensa y las redes sociales, de desafíos en que era difícil descubrir si ciertas declaraciones o medidas antipopulares provienen del gobierno de Dilma o del de Temer[13]. Hay una unidad en la clase política brasilera, de la que el PT forma parte a pesar de un origen como instrumento político de los trabajadores y la izquierda, décadas atrás. Así, los líderes del PT no sólo son protagonistas de escándalos de corrupción relacionados con obras públicas y dinero para elecciones. El PT comparte con los partidos que fueron parte de su base o que estaban en la oposición, una misma lógica de gobierno. El gran partido de la izquierda brasileña, dicho de otro modo, no es hoy una herramienta de transformación.

El fin de época es así un proyecto implementado por propia visión política, combinada con un sentido común al que el comando del Estado -o de este Estado, corrupto por naturaleza- es lo que marca el fin del PT como fuerza política de cambio. Cuando hubo realmente una movilización popular, de composición joven, popular y con demandas progresistas, en cambio, no sólo perdió la oportunidad de comunicarse con nuevos movimientos horizontales y en red que mostraban que las calles exigían un cambio, sino que dio incluso la espalda a la vieja concepción de participación social y cercanía con movimientos de donde nace el PT.

Entre la corrupción y el golpe: junio de 2013

Señalar la continuidad de las políticas actuales con las iniciadas por el PT, no busca un juicio moral a los caminos de cierta izquierda, y tiene el sentido de evitar dos marcos explicativos que, acomodándose a una disputa mediática que da continuidad a las estrategias del marketing electoral, deja de lado la necesidad de pensar a partir de un fin de época. Tanto el foco en la corrupción, principal script de los grandes medios, como una grandilocuente denuncia de un golpe que no es acompañada de las acciones que tal acontecimiento exigiría, dejan de lado la gravedad de la naturalidad con que tanto el gobierno de Dilma Rousseff como el de su sucesor, asumen la necesidad de un ajuste sobre los más débiles.

Otro camino, que toma nota del fin del Brasil del PT, probablemente junto con el de su rival histórico, el PSDB, exige pensar en las jornadas de movilización iniciadas en junio de 2013, cuando los problemas de un consenso transversal a toda una clase política enclaustrada, se mostró unificada en una respuesta de represión y promesas de reforma que no se llevarían adelante. Más que alternativas electorales, para situar el centro de la nueva época tenemos las reformas conservadoras, y la resistencia de un nuevo sentido común que salió a las calles.

El primer marco interpretativo que es necesario dejar de lado para entender los movimientos tectónicos de hoy cuando se analiza el impedimiento constitucional de la presidenta, es el énfasis exclusivo en los escándalos de corrupción que involucraban al PT. Este lugar común de los grandes medios y buena parte de la clase media, pero con efectos en todas las clases, permitió la convocatoria de movilizaciones con millones de personas pidiendo la salida del Dilma y dirigidas contra el PT. Se conectan con investigaciones judiciales que reformas impulsadas por el propio gobierno Dilma posibilitaron, no pueden reducirse a una conspiración antipopular, con participación imperialista, y consiguieron que empresarios de corporaciones multimillonarias, convertidas en actores internacionales con apoyo estatal, vayan a prisión.

Las protestas contra la corrupción, que en otros países (como India y España) dieron lugar a la renovación de un sistema político, con aparición de nuevos actores, en Brasil no puede constituirse como marco principal de la crisis política. Acompañaron la acción del parlamento en la abertura del Impeachment, pero el mismo se torna incongruente al observar que la destitución dio lugar a un gobierno mucho más comprometido con la corrupción endémica a un Estado que ahora es gobernado directamente por su casta dirigente más conservadora. Si bien ocupa un papel en la erosión de una base electoral, el agotamiento del PT debe medirse en relación a lo que fue su propio proyecto, y a la posibilidad del mismo en el Brasil actual.

La realidad del ajuste, como síntoma de cierta lógica de gobierno, defendemos acá que explica más que la teoría de una gran conspiración golpista o la dependencia de dinero ilegal para una política que de hecho opta por el marketing electoral y conducciones autonomizadas. Ser un régimen corrupto, se ve en muchos lugares, no es suficiente para dejar de ser alternativa. Como narrativa que explica un cambio de gobierno, sin embargo, también es necesario ver más allá de lo que buena parte de la izquierda explica como modus operandi de las elites contra un gobierno popular. La falta de movilización de los que votaron por Dilma, o de los trabajadores que el PT nació para representar, hace necesario que la búsqueda de un marco interpretativo para la crisis también descarte esa explicación.

La narrativa del “golpe de Estado”[14], que abre un largo campo de disquisiciones jurídicas difíciles de traducir a la mayoría de la población, también deja de lado algo esencial para situarse en la actual crisis política. Ella deja de lado la imposibilidad del campo popular brasilero y la izquierda, de plantear una alternativa al ajuste. Entre la corrupción y el golpe, y sin negar la medida en que estas narrativas puedan ser verdaderas, se vuelve necesario encontrar una explicación para la persistencia de una casta política. Ese lugar político existe, aunque desdibujado, en el recuerdo de las amplias olas de movilización que sorprendieron Brasil en junio de 2013.

Más allá de la discusión sobre como caracterizar el modo de aplicación de la herramienta constitucional de Impeachment, en la que no faltan elementos de manipulación, que permitirían usar de forma laxa el vocablo “golpe”, pero que también difieren del sentido comúnmente dado a esta palabra en América Latina, por lo que nos inclinamos por la idea del recurso de un parlamentarismo de facto, es importante pensar el momento político sin centrarse en la destitución de Dilma. La misma, si dejamos de lado elementos de cultura e identidad política que es antagónica entre el gobierno saliente y entrante, nos lleva a la necesidad de señalar la continuidad de un modelo, organizado en su arquitectura económica desde la década del 90, y que el PT supo complementar socialmente, pero que hoy no encuentra para la crisis otra solución que el recorte de gastos sociales.

Los rasgos comunes de un modelo, no se evidencian solamente en la respuesta ante la crisis, sino también en consensos sobre un desarrollo que se apoya especialmente en el agronegocio, y que tolera 58 mil muertes violentas por año[15] con impunidad policial garantizada por leyes de confidencialidad, y sin capacidad de hacer frente al avance conservador en la sociedad, que participa como espectador de disputas entre elites políticas lejanas, y donde las posibilidades de una política emancipatoria pierden para la lógica del Estado padre que se territorializa como máquina electoral de operadores locales en el marco de una lógica gubernamental de asistencia neoliberal[16].

Una sobredimensión de la traición de Michel Temer y otros ex aliados del PT, como Eduardo Cunha (presidente de la cámara de diputados que habilitó el impeachment) y Renan Calheiros (presidente del senado y como el primero también partícipe de varios esquemas de corrupción), no permite entender el tipo de gobernabilidad y tablero político que desaparece, ni el desplazamiento del PT y el PSDB, sus principales arquitectos junto al PMDB, que tampoco será capaz por sí sólo de ser quien paute los caminos políticos de los próximos años.

Al hablar de “golpe”, sobredimensionando la traición de Michel Temer y otros ex aliados, o defendiendo una conspiración con participación norteamericana, es necesario explicar por qué no fue posible que una movilización masiva se oponga a las maniobras del congreso, ni que un estado de sitio, mecanismos de defensa o acciones judiciales de emergencia sean accionadas. También se debe explicar la diferencia con situaciones como las de Honduras y Paraguay, en que presidentes son desalojados con intervención militar violenta – en el caso de Honduras – o repentinamente sin derecho a defensa – como en Paraguay – pero especialmente, se debe explicar por qué no se constata la presencia de un cambio de rumbo, o de sectores golpistas opuestos al tipo de políticas articuladas desde el gobierno saliente.

En la narrativa del golpe, prolongada o no en una estrategia electoral que buscará el regreso de Lula u otro candidato, la impunidad cotidiana en Brasil, o medidas que muestran el sesgo autoritario y conservador del nuevo gobierno, son usados como argumentos que confirman que en lugar de un juicio político se trataría en una interrupción del Estado de Derecho, antes en pie. Sin negar que el vínculo deteriorado entre el PT, sus bases y votantes históricos se recompone moralmente mientras el partido es desalojado de una máquina que lo modificó en mayor medida de lo que se vio modificada por el mismo.

Como ocurrió en 1991 con Collor de Melo, en un juicio político acompañado de movilización en las calles con argumentos que posteriormente serían descartados por la justicia, la salida de Dilma se daría en un proceso del que participan mayorías calificadas del senado y la cámara de diputadas (el voto de un tercio del senado hubiera sido suficiente para bloquearlo), así como del Tribunal Supremo Federal, en el desenlace del proceso, del cual tanto como 9 miembros, de 11, accedieron a sus puestos propuestos por el propio PT. Las palabras fuertes sobre el golpe, que no esconden una cercanía real entre el nuevo gobierno y la herencia de la dictadura, también se oyeron en declaraciones de países aliados, pero que tampoco llevaron adelante posiciones consecuentes como el corte de relaciones diplomáticas con el gobierno golpista, el accionamiento de la cláusula democrática del Mercosur o el Boicot al nuevo gobierno en los Juegos Olímpicos disputados mientras el proceso de impeachment se encontraba sobre la mesa.

La situación de indiscernibilidad entre las políticas del segundo gobierno de Dilma, en que el apoyo de la población, poco después de haberla reelecto, se redujo a menos del 10%, según las investigaciones de opinión, se prolonga aún después de abierto el escenario del Impeachment. Aún después de que ministros dejen sus cargos para pensar contra la presidenta, el PT y el PCdoB, aliado hasta el final, mantendrían alianzas para las elecciones municipales de octubre con el PMDB y otros partidos que votaron a favor de la destitución, en más de 1600 municipios y algunas grandes ciudades[17]. Varios congresistas del PT también apoyarían un nuevo candidato a presidente de la cámara también proveniente del PMDB. Ni durante ni después del Impeachment el PT decide despegarse de una lógica política de alianzas con lo más corrupto de la política, alternando, como en tiempo de elecciones, una retórica radicalizada con una política real pragmática y conformista por debajo de la mesa.

El que fuera uno de los mayores partidos de izquierda en el mundo, así, muy posiblemente ya no volverá a ser en el corto plazo el centro de la política brasileña ni tampoco, como ya muestran nuevas articulaciones, el instrumento con que se organice la izquierda. Surgen así nuevas fuerzas políticas y alianzas que buscan cabalgar en el vacío que junio de 2013 pone en evidencia, incluso entre los que se embarcaron en la denuncia de un golpe, después de haber sido críticos a los sucesivos gobiernos del PT, que ven posibilidades de sus candidaturas en algunas ciudades y de articulación con movimientos sociales antes exclusivamente aliados al partido de gobierno.

En el campo social de la izquierda no organizada en partidos ni movimientos, protagonista de protestas en 2013, surgen nuevas luchas como las de las escuelas secundarias o huelgas por afuera de los sindicatos. También se expande la fuerte corriente de opinión pública que no está dispuesta a apoyar movimientos que ignoren los efectos de un modelo de desarrollo y grandes obras, planeado desde una perspectiva de intereses meramente capitalistas, e inseparable de una política necesitada de financiamiento ilegal proveniente de las mismas obras.

A la hora de explicar el declive del PT, uno se pregunta si se trató de una estrategia equivocada. Apenas un tercio de los senadores hubieran impedido el Impeachment. El PT no consiguió el voto siquiera de seis senadores que habían actuado como ministros[18]. ¿Todavía externos en una institucionalidad ajena? Quizás el problema fue el contrario: el PT se encontraba demasiado integrado al sistema político que para la población despierta o bien indignación, o bien indiferencia. Después de más de una década en que las organizaciones de la sociedad dejaran la calle y se dedicaran a recorrer ministerios, no sin resultados materiales inmediatos que se deben valorar, un contrapoder que sirviera contra los recortes desde las calles, se encuentra ya desarticulado.

Después de las masivas movilizaciones de junio de 2013, y su desdeñado papel de alerta para una clase política que no tuvo sensibilidad para escucharlo, en 2013, se bifurcaría a partir de ellas una serie de movilizaciones anticorrupción sin horizonte político crítico, por un lado, y de defensa nostálgica de un gobierno debilitado, con actos espaciados y de baja concurrencia, como testimonio del fin de ciclo de lo que fue una importante construcción colectiva y hoy deja el poder como fuerza transformista, además de derrotada.

Notas:

[1] Esta lectura se desprende de las pruebas publicadas por la prensa, derivadas de la “delación premiada” del empresario petrolero Machado. Resultaría en la renuncia del hombre fuerte de Temer en su primer gabinete, pocos días después de asumir. Ver: Talento, A. e M. Falção “Em delação, Machado diz que Renan e Jucá recebiam mesada do petrolão”, 15 de junio 2016, http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/06/1781918-em-delacao-machado-diz-que-renan-e-juca-recebiam-mesada-do-petrolao.shtml

[2] Martins, R. “A bancada BBB domina o Congresso” 14/4/2015 http://www.cartacapital.com.br/revista/844/bbb-no-congresso-1092.html

[3] “Após afastamento, reprovação a Temer chega a 70% e avaliação de Dilma melhora, diz pesquisa” Ingrid Fagundez http://www.bbc.com/portuguese/36636385 “O que as últimas pesquisas revelam sobre apoio ao impeachment e a Temer?” http://www.bbc.com/portuguese/brasil/2016/05/160511_temer_rejeicao_lab “Nem Dilma, nem Temer: maioria da população quer eleição antecipada, aponta nova pesquisa” Mariana Schreiber

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36779469

NOTAS

Publicado en Revista Andamios de Bolivia

Salvador Schavelzon es miembro del staff académico de la Fundación ALDHEA

https://www.aldhea.org/la-llegada-de-temer-radicalizacion-conservadora-y-fin-de-ciclo/Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2016/11/01/brasil_la-llegada-de-temer-radicalizacion-conservadora-y-fin-de-ciclo/

 

 

Es época de involucrarse con las luchas de los estigmatizados, silenciados e invisibilizados. En las de los pueblos originarios hallamos cómo construir contrapoder:

 

 

“De la resistencia a la acción”

Entrevista con Miguel Palacín Quispe, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
diciembre de 2009

 “Nos han tocado la vida y los pueblos indígenas hemos salido a responder, hemos pasado de la resistencia a la acción, a decir basta de estas formas de mercantilizar la vida, de criminalizar al movimiento indígena, de despojarnos de derechos y de nuestros territorios”, manifestó el representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Miguel Palacín Quispe, en el Klimaforum de Copenhague.

Luego de finalizar su exposición en una de las actividades de este foro de los movimientos y organizaciones sociales, paralelo a las negociaciones oficiales de la COP 15 de Cambio Climático, el indígena peruano fue entrevistado por Radio Mundo Real.

Palacín Quispe es además uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI), que este año cumplió su décimo aniversario.

En la entrevista que nos cedió gentilmente, cuestionó las posiciones de los países industrializados en la COP 15 y el modelo extractivista y de exportación primaria que predomina en su país y en América Latina, que ha llevado a que los Estados ricos económicamente tengan “una deuda ecológica e histórica por más de 517 años”.

Fuente: http://www.radiomundoreal.fm/De-la-resistencia-a-la-accion

 

El concepto de “buen vivir”

Al explorar dos propuestas políticas concretas que diferentes comunidades indígenas andinas tratan de aplicar en sus respectivos países—el estado plurinacional y el autónomo—es importante comprender la visión común de sumak kawsay (término quechua para “buen vivir “), o las personas y La Madre Tierra viviendo en armonía.

Los aspectos claves de “buen vivir” son:

  • Cualquier proyecto que afecte las vidas de una comunidad debe obtener primeramente el consentimiento libre, previo e informado de esa comunidad. La situación actual de derechos dados a corporaciones trasnacionales por los gobiernos para explotar el territorio, sin notificar los vecindarios, debe parar.

  • El principio preventivo, que reserva el derecho a comunidades y gobiernos de negar el uso de una nueva tecnología o producto hasta que su uso seguro haya sido científicamente probado, debe continuar en rigor. Con esto, la carga de la prueba se cae en los que presentan el nuevo producto. Muchos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales tratan de invertir la lógica de este principio, lo haciendo a los gobiernos responsables de demostrar científicamente que un producto o tecnología es peligroso para, de esta forma, prohibir o limitar su uso.

  • El concepto de reciprocidad debe desarrollarse mejor y debe ser utilizado. Las comunidades deben favorecer proyectos conjuntos de trabajo, intercambios de ayuda mutua, intercambio de materias primas y otras formas de reciprocidad entre personas que no requieren dinero.

  • Los Recursos Naturales no deben ser mercantilizados.

  • El Conocimiento debe ser descolonizado. Las patentes y los derechos de autor que restringen el acceso e el uso de ideas es contraproducente e ilógico. Nadie “posee” una idea. Todas ideas son basadas en el conocimiento anterior y por lo tanto no pueden ser reclamadas como producto de una persona o corporación. Numerosos métodos alternativos para asegurar la producción de nuevas ideas ya existen y deben ser utilizados. Vea www.cepr.net para más detalles en alternativas a patentes.

  • La Humanidad necesita cambiar su objetivo de crear una economía globalizada a crear una multitud de economías localizadas donde la producción y consumo de bienes—especialmente alimento— tengan lugar en la misma área. Las economías locales responden mejor a ciudadanos promedios mientras que una economía global sólo puede ser influida por bloques inmensos de poder.

  • El Agua debe ser considerada un derecho humano. Ningún negocio debería poder negar cantidades básicas de agua a persona alguna. Los gobiernos juegan un papel importante en garantizar acceso universal al agua.

  • Necesitamos profundizar los lazos espiritualidades que ligan a humanos con nuestra Madre Tierra para inculcar un sentido de admiración y respeto para la Tierra y por todas las comunidades que viven en ella.

Fuente: http://amazonwatch.org/documents/BID-en-la-mira-3.pdf

 

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Si seguimos, abajo y a la izquierda,  sin relacionar la actual ofensiva del capitalismo local del mundializado contra los oprimidos (los desposeídos de todo, los trabajadores, los pueblos originarios, las comunidades rururubanas, campesinas e indígenas, ...) con los gobiernos K nos reduciremos a crear la unidad de acción contra el gobierno de Mauricio Macri y derrotarlo abriendo la posibilidad de la vuelta de "Cristina conducción". De ahí lo fundamental de revisar:

 

 

Porqué Daniel Scioli no es lo opuesto a Mauricio Macri y  el balotaje fue entre dos representantes de imponer el sometimiento popular para garantizar la rentabilidad extraordinaria de los grandes capitales.

 

 

La mayor tasa de encarcelamiento de la historia de la Provincia de Buenos Aires
27 de junio de 2015

Por Red Eco Alternativo     

Es una de las conclusiones del informe anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad “El sistema de la crueldad IX”, que presentó este lunes la Comisión por la Memoria bonaerense. Allí se analizaron los datos correspondientes a los años 2013-2014, en los que se produjeron al menos 548 muertes en lugares de detención y/o por prácticas policiales. Además de registrarse 20.986 denuncias por casos de tortura y malos tratos, y el incremento en 600% de los índices de sobrepoblación en algunas comisarías. 

“Las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo -la represión, la persecución y el castigo penal como vías de resolución de los múltiples problemas sobre los que se demanda respuesta- no sólo son ineficaces sino que han agravado la violación de derechos de determinados sectores sociales a niveles históricos desde el advenimiento de la democracia. La política criminal impulsada por el gobierno de la Provincia ha desencadenado una situación de grave crisis en materia de derechos humanos. En el periodo analizado en este informe se registra la mayor tasa de encarcelamiento de la historia de la Provincia de Buenos Aires, que ha implicado una agudización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y un agravamiento en la situación estructural, ya existente, de vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas detenidas”, expresa la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su informe anual 2015, presentado el pasado lunes 22 de junio en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
 

 

La CPM afirma que también ha aumentado en este período el ejercicio de la violencia policial, no sólo en relación a prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza: “La estrategia de saturación territorial a través de la presencia de efectivos y patrulleros en los barrios pobres de las periferias urbanas ha generado restricciones en la circulación en el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso, generando situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución arbitraria por parte de la policía, lo que ha incrementado los niveles de violencia estatal y cercenamiento de derechos. Esta violencia cotidiana –naturalizada muchas veces por quienes la padecen y por su entorno- en la gran mayoría de los casos no se traduce en una denuncia ante el sistema de justicia, y crea condiciones de posibilidad de hechos aun más graves como torturas o ejecuciones sumarias, más conocidas como ‘gatillo fácil’”.

 

 La Comisión asevera además que la emergencia en seguridad dictada por el gobierno de Daniel Scioli agravó la llamada violencia institucional: “No albergamos ninguna duda de que la declaración de la emergencia en seguridad, vía decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales, al tiempo que minó el financiamiento de las ya deficitarias políticas de promoción y protección porque reorientó el gasto a la política represiva”. A su vez, el informe remarca especialmente la “escasísima prioridad del Estado provincial al fortalecimiento del sistema de promoción y protección de niños/niñas y adolescentes”. En este sentido, asegura que “prevalece una mirada punitivista en las formas de intervención sobre uno de los sectores más vulnerados de la sociedad”. “La brutal desproporción entre los recursos presupuestarios destinados a las políticas de niñez y a las políticas de seguridad es indicador suficiente del sesgo represivo con que el Estado ha decido intervenir. La cuestión de la salud mental y el sistema de encierro es otra demostración de un Estado que sostiene sus políticas reproduciendo estigmas sociales discriminatorios sobre las poblaciones más vulneradas y desprotegidas de nuestra sociedad”. 

 

Números En su informe, la Comisión Provincial por la Memoria da cuenta que entre 2013 y 2014 se registraron 20.986 hechos de torturas o malos tratos que están contenidos en los 9.822 habeas corpus o acciones urgentes presentados por esta institución. En los mismos años, el Registro Nacional de Casos de Torturas o Malos Tratos relevó 4.987 hechos de torturas padecidas por 1.136 personas en la provincia de Buenos Aires. A su vez, la población encerrada es de casi 35.000 personas, esto implica una tasa de encarcelamiento de 218,5 personas cada 100 mil. Se trata de un récord histórico que supera las 27.840 personas detenidas en 2008 al inicio del gobierno de Daniel Scioli. Algunos ejemplos de esta sobrepoblación: al 1ero de abril de 2015 había 1060 camastros para 2178 personas detenidas en comisarías bonaerenses, según datos del propio Ministerio de Seguridad. El índice de sobrepoblación en comisarías de La Matanza es del 523% de su capacidad, y en Lomas de Zamora del 470%. También para abril de este año, sólo el 39,6% de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires tenía condena. El 45,7% contaba con prisión preventiva, y el 14,7% con sentencia no firme. De las causas que actualmente se tramitan en el sistema penal provincial, el 90% de los casos refiere a personas detenidas en flagrancia por la policía bonaerense. Esto significa que solo el 10% de las personas fueron detenidas por orden judicial y a través de un trabajo de investigación judicial previo. Es lo que la Comisión llama la “policialización” de la justicia. En 2013 y 2014 se registraron 548 muertes en lugares de encierro de la Provincia de Buenos Aires: 286 ocurrieron en cárceles y 18 en comisarías. A su vez, 111 personas fueron “abatidas en enfrentamientos” según la versión policial entre abril y octubre de 2014, y 133 muertes en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero entre febrero del 2012 y el mismo mes de 2014. 

Para la Comisión Provincial por la Memoria, “las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal (fuerzas de seguridad, actores judiciales, fuerzas penitenciarias) son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático”. “Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil, sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Ningún funcionario responsable por hacer o dejar hacer es juzgado por estos crímenes. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria”. En este sentido, la CPM asegura que los tres poderes del Estado son responsables de este retroceso en materia de derechos humanos, tomado desde la perspectiva del sistema penal. Fuente original: http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=16232:la-mayor-tasa-de-encarcelamiento-de-la-historia-de-la-provincia-de-buenos-aires&catid=18:ddhh&Itemid=504 
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=200471
 

 

Porqué Cristina Fernández de Kirchner consolidó la subordinación del Estado argentino y represivo a EE.UU.. La ley Antiterrorista mira contra, por ejemplo, quienes defienden sus territorios.

 

 

Las “nuevas amenazas” y la Ley Antiterrorista
Publicado el 9 de Enero de 2012 en Tiempo Argentino

 

Por Alejandro Mosquera

Secr. Ejecutivo – Comisión Provincial por la Memoria.

Esta ley no era necesaria. Además, puede dar armas a quienes intentan penalizar las protestas sociales y los reclamos territoriales de los pueblos originarios, tal como sucede en Chile.
La Ley Antiterrorista aprobada a finales del año abre una profunda disonancia con los criterios de supremacía de los Derechos Humanos y la vigencia plena de todas las garantías para ejercer los derechos reconocidos constitucionalmente. Más allá de la intención de sus autores, la ley parece ligada a las concepciones de las “nuevas amenazas” impulsadas después del 11 de septiembre de 2001. Desde las ideas nacidas en el centro de la administración Bush y de la agenda de seguridad impuesta por los Estados Unidos, los criterios de seguridad pública fueron puestos en debate y modificados. En términos regionales se propuso que “la seguridad” sea ampliada a criterios más abarcativos. Y de acuerdo a ello se mezclaron en la definición de “nuevas amenazas” realizada en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, emanada de la Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en la ciudad de México en octubre de 2003, con temas tales como:

• El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos;

• La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los Estados;

• La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas.

Como se ve, en esta Declaración se ubican como asuntos de la seguridad cuestiones de índole totalmente diferente, en especial la vinculación de temas referentes a la desigualdad, la pobreza y el desarrollo como problemas desestabilizadores de la seguridad y que por lo tanto estimulan la acción de los aparatos que el Estado cuenta para “enfrentarlos” (según el caso y país: fuerzas armadas, fuerzas policiales, códigos penales, etcétera).

Es en esta concepción que los países “centrales” intentan impulsar en el mundo los tipos penales abiertos poco definidos, junto con la inteligencia sobre los movimientos sociales y la búsqueda de vinculaciones falsas de las posiciones de rebeldía popular con el delito organizado para justificar las acciones represivas.

La Comisión Provincial por la Memoria ha señalado públicamente que: “La llamada ‘Ley Antiterrorista’ que ha sido aprobada no se vincula solamente a supuestas inversiones extranjeras y al narcotráfico, sino que contiene la posibilidad cierta de condenar durísimamente cualquier delito que un juez estime que se realiza o realizará con “la finalidad de generar terror en la población”, lo que denota un concepto tan abierto, amplio e impreciso que podría validar cualquier atropello estatal a casi cualquier conducta personal o grupal.” La ley amplía peligrosamente las figuras penales aplicables, aumenta las penas y vincula la protesta cívica a una figura tan determinante y vaga como la de “terrorismo”.

Nuestra visión de que esta ley se inscribe en las presiones de la agenda de seguridad de los Estados Unidos y los ejes de las “nuevas amenazas” nos lleva a sostener que: “Todo condicionamiento de la protesta social enturbia los avances conseguidos en nuestra democracia y afectará a quienes protesten o realicen movilizaciones en el futuro. No puede ni debe el Estado, ni ninguno de sus poderes, juzgar la intencionalidad de las personas que protestan. Las motivaciones o finalidades de las acciones no pueden ni deben ser materia de acción estatal.”

Algunos han sostenido que con el párrafo que se agregó a último momento durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados “se buscó despejar las dudas expresadas por organizaciones sociales y de Derechos Humanos en la categorización de ese fenómeno”. Sin embargo, no se logró el propósito. Esta ley no era necesaria. Además, puede dar armas a quienes intentan penalizar las protestas sociales y los reclamos territoriales de los pueblos originarios, tal como sucede en Chile. Por eso “la Comisión Provincial por la Memoria considera intrascendente la aclaración de los legisladores, en el sentido de que las agravantes previstas no se aplicarán cuando los hechos tuvieran lugar “en ocasión del ejercicio de Derechos Humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Porque lo inadmisible es que la aplicación de esta ley dependerá de la interpretación y aplicación por parte de jueces de primera instancia. Y es sabido que las instancias de apelación no impedirán el efecto de los severos daños causados.”

Las leyes trascienden a los gobiernos, por eso la confianza en el actual no es un argumento sostenible frente a estas críticas, y más aun cuando la sociedad argentina tiene pendiente la transformación plena del Poder Judicial donde todavía conviven muchos que desde la justicia avalaron las persecuciones y desapariciones que se vivieron en el país en épocas oscuras.

Esta ley va en el sentido contrario al camino recorrido en la política de Derechos Humanos que se transformó en una política de Estado respaldada por la mayoría de los argentinos. Convendría remediar a tiempo, revocarla o derogarla. Y seguir sosteniendo nuestra autonomía de las recetas de los Organismos Internacionales cuando vienen a promover medidas que van contra el interés nacional y popular.

alejandromosquera.wordpress.com

Fuente: http://blog.comisionporlamemoria.org/archivos/4132

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El intento de aplicar la Ley Antiterrorista sobre el pueblo mapuche en Argentina
25 de abril de 2015

 

 

Por  Sebastian Polischuk, Resumen Latinoamericano 

El día 24 de abril se llevo adelante una conferencia de prensa en el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por parte de la hermana mapuche Relmu Ñamku que fue acusada de tentativa de homicidio en el marco del intento de desalojo por parte de la empresa petrolera Apache[1] ocurrido el 28 de diciembre del año 2012 donde la comunidad Winkul Newen (ubicada entre las localidades de Cutral-Có y Zapala de la provincia de Neuquén) resistía por el quite de sus tierras ancestrales y contaminación por parte de esta empresa y que ya hace rato le venía impidiéndole el paso. En ese hecho fue herida una oficial de policía, mientras los integrantes de la comunidad se defendían de las topadoras que pretendían avanzar cuando en ese mismo momento, ellos estaban llevando a cabo un velatorio a un bebé que fue muerto de malformaciones por causa de la contaminación de estas empresas petroleras.

La carátula por la que se acusa a Relmu, fue al principio de lesiones, como pasó con los otros dos mapuches imputados: Martín Maliqueo de la misma comunidad y Mauricio Rain de la comunidad Wiñol Folil acusados por daños, por romper vidrios. Pero con el correr del tiempo y tras una movida del la justicia penal, el gobierno provincial y la propia empresa, en el proceso penal cambio de pasar de ser por lesiones a pasar por “tentativa de homicidio con alevosía”. Para esto último la justicia neuquina se baso en Ley 26.734, conocida como Ley Antiterrorista (aprobada en nuestro país en diciembre del año 2011)[2].

Recientemente el 13 de abril de este año, la fiscal de la causa Sandra González Taboada solicito una pena para Relmu de quince años de prisión, y la imputación se la redujo a la de tentativa de homicidio. Pero a Relmu le pueden dar más años ya que el poder político y judicial de la provincia pretenden que su juicio pase a ser un juicio por jurado. Figura que fue incorporada dentro del nuevo código penal provincial sancionado a fines del año pasado, y que se aplica a casos de suma violencia, como asesinatos, contemplando penas que superan la de los quince años de prisión.

Es por todo esto que se realizo esta conferencia de prensa donde Relmu Ñamku hablo, junto a representantes de varias organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas, como Félix Díaz, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel del SERPAJ y Premio Nobel de la Paz; Pablo Pimentel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza; Nilo Cayuqueo de la Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal; y Bartolo Fernández, Presidente de la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá en Formosa.

Los exponentes se solidarizaron con las luchas mapuches y de los pueblos originarios en general, marcando la necesidad de una mayor unidad junto al resto de las organizaciones sociales y de derechos humanos, además de establecer una mayor alianza con los campesinos y campesinas de nuestro país que padecen situaciones similares de despojo de sus territorios y situaciones de pobreza. Además criticaron duramente al gobierno de la provincia de Neuquén de Jorge Sapag, al gobierno Nacional de Cristina Fernández de Kirchner que se dice ser “defensor de los derechos humanos”, y donde ambos gobiernos junto con la justicia de la provincia de Neuquén y Nacional son cómplices y favorecen toda clase de atropellos a estos pueblos por parte de las empresas petroleras, mineras y sojeras del país.

La conferencia de prensa empezó con la toma de palabra de Relmu, quién explico el hecho y la situación de constantes violaciones a derechos humanos que vive su comunidad Winkul Newen. Relmu contó que el conflicto que se inicio con su comunidad y la empresa Apache, fue porque en el territorio en que viven hay nueve posos gasíferos-petroleros y la empresa pretende ampliarlos hasta la actualidad a cuarenta pozos. Tras esto y por detectar fuerte contaminación su comunidad empezó a bloquearle el paso a Apache, lo cual derivo en que la respuesta de esta sean los constantes intentos de desalojo. Los  y las integrantes de Winkul Newen resistieron duramente, pasando a ser golpeados y golpeadas por patotas de la compañía que sin resquemor golpeaba a niños y niñas, ancianas y mujeres embarazadas, hasta llegar al intento de desalojo de diciembre del año 2012. Lograron hasta el día de hoy que la empresa se fuera, pero desde ese momento les llegaron las órdenes judiciales, donde ella quedo imputada, por haber resultado herida de una piedra una oficial de la policía provincial.

Según Relmu: “En principio está causa se inició como lesiones, pero con el correr del tiempo y cuando se empezó a mover todo el aparato judicial, corporativo y de la empresa petrolera y del gobierno de la provincia de Neuquén, esta caratula cambio de lesiones a tentativa de homicidio con alevosía. Hoy es peligroso que en Neuquén, que una piedra como defensa represente una causa que sea interpretada por la justicia como una tentativa de homicidio, porque detrás de nosotros van a caer todos aquellos que estamos en lucha por nuestros derechos sean pueblos originarios o no. Entonces esta es la gravedad de esta situación, y además porque ellos construyeron la caratula “tentativa de homicidio” con las bases de la ley antiterrorista. Nosotros tenemos el caso muy cercano de los mapuches en Chile que están siendo procesados por esta ley, y nosotros vemos que estamos yendo a ese camino, donde la justicia a pesar de que hay molestias porque el premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel se expreso sobre esta situación en una carta al gobernador, senadores y diputados se dirigieron al fiscal general de Neuquén, no hicieron oídos a lo que están planteando porque pensar en esta causa es una locura, el pensar de que nosotros quisimos matar a alguien cuando nosotros estábamos velando a un bebé que nació mal formado producto de la contaminación, estábamos en pleno velorio de ese bebé y nos vinieron a sacar. Es una locura pensar que nosotros estábamos planificando esto de lo cual se nos acusa. Por eso es que estamos denunciando esa situación porque nosotros vemos que detrás de nosotros se va a ampliar a todos los que estamos luchando y eso es lo peligroso, y esa es un poco la situación que tenemos. Ayer hubo una audiencia en donde a pesar de todo esto, vemos la intención que tiene la justicia de criminalizar y de persecución política, logramos de que se aceptara en el juicio por jurado que nosotros lo hemos rechazado por lo que implica, porque se imaginan conformar un juicio por jurado de petroleras y estancieros, si pudieran resucitar a Roca, también lo sentarían en el jurado”

Pero a pesar de todo esto, Relmu planteo que lo que sí han logrado es que, en el juicio haya una representación de seis mapuches, y seis representantes de la comunidad civil y también de mujeres, siendo algo positivo a pesar de todo, porque en caso de ser así van a poder ser parte de la administración de la justicia frente a esta grave imputación.

Y resaltó con fortaleza que: “la situación en la que estamos, vamos a llegar al final, sabiendo de que vamos con esta causa a poner al gobierno provincial y nacional, porque acá hay responsabilidad de las dos partes, pero también necesitamos el apoyo y el acompañamiento de las organizaciones porque esto no va a ser solamente para nosotros”.

 

Luego de Relmu, tomó la palabra Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza[3]. Pablo puso el énfasis en que detrás del hecho judicial que le armaron a Relmu, están todas las comunidades originarias entre ellas, la de Félix Díaz (quien también fue procesado por la justicia de su provincia Formosa por resistir a desalojos). Y encima según Pablo no se respeta ninguno de los derechos de los pueblos indígenas que contempla la Constitución Nacional tras su reforma en 1994, ni los acuerdos internaciones firmados. Y en eso también coincidieron el resto de los exponentes de la conferencia.

Por otra parte dudó de que se llegue a conformar un juzgado como el que Relmu mencionaba, de poder lograr representación del pueblo mapuche, porque si ese juicio por juzgado que es como se pretende acorde al nuevo código penal de la provincia neuquina, lo llegan a conformar representantes de empresas petroleras y estancieros, la situación sería terrible, pero va acorde a los intereses de estos últimos y de los gobiernos provinciales y nacionales que lo que quieren es sentar jurisprudencia para que no haya más resistencias y levantamientos, y que, en base a sus propias palabras: “toda la extracción de petróleo, todo el tema de la soja, se siga haciendo como se dijo en una reunión privada que trascendió de la señora presidente, después del desfile en el 2010, donde hayan recursos naturales iremos trasladando a los pueblos, y no uso la palabra consulta”.

Al cerrar su discurso dijo que: “Nosotros hemos viajado a donde vive Relmu, se ven animales deformados, se ven pasar los camiones de las empresas norteamericanas sin ningún problema en las narices de las propiedades comunitarias que les son ancestrales y hay un gobierno provincial que lo avala y hay un gobierno nacional que lo avala, además hay una justicia que lo único que hace en la Argentina y en las provincias feudales es condenar a los pobres y dentro de los pobres están los hermanos originarios, eso nosotros lo rechazamos, lo denunciamos y pedimos que se revea nuevamente esta caratula y que no sienta un precedente y que no llegue a juicio, pedimos la desestimación lisa y llana de la acusación que le están haciendo a la comunidad Winkul Newen”.

 

Otra de las personalidades que habló fue Nilo Cayuqueo de la Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Nilo en su discurso sumo más las críticas al gobierno nacional por intentar desarrollar un proyecto de explotar los recursos al máximo sin importar las consecuencias de contaminación ambiental, las violaciones a derechos humanos, y donde encima este se dice nacional y popular, democrático, tratando de manipular y cooptar a la gente y dirigentes. Además crítico al gobierno nacional y a la derecha recalcitrante de su intensión de silenciar sus luchas. Puso para esto el ejemplo la resistencia de la comunidad mapuche de Cuyamel en Chubut que resiste en la actualidad los despojos por parte de la familia Benetton de sus tierras ancestrales que manda a reprimir y le paga a matones y que por suerte no han herido a nadie la situación es alarmante y hay según sus palabras: “toda una serie de conflictos en todo el país que se quiere acallar, que se quiere ignorar y se quiere descalificar”.

 

Nora Cortiñas, por su parte encaminó su discurso resaltando que ya con el caso de Relmu, lo preocupante es que los gobiernos apoyados por Estados Unidos, estén empezando a usar la Ley Antiterrorista, además de estar enjuiciados otros dirigentes como Félix Díaz, e incluso defensores de derechos humanos como Pablo Pimentel.

Por eso ella resalto que lo que hay que tenemos que hacer como organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y de pueblos originarios es: “primero una campaña contra la Ley Antiterrorista que tenemos que hacer todos los días porque esto sí que hay que sacarla, sacarlo a (Cesar) Milani (Jefe del Ejército argentino), el es el que dirige además la Ley Antiterrorista, el Proyecto X (proyecto de espionaje por parte de las fuerzas de seguridad a organizaciones y militantes sociales) y esto es correr peligro toda la población. El negocio que estarán haciendo entre los políticos es muy dudoso, (Mauricio) Macri (actual Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con el gobierno (se refiere al gobierno nacional presidido por Cristina Fernández de Kirchner), es una preparación de un camino de represión y de avasallamiento de los derechos humanos más de lo que estamos viviendo en estos días. Propongámonos un plan en conjunto: Basta de judicialización de la protesta social, y después abajo estás leyes que son como una espada que tenemos, que nos va amenazando día por día”.

 

Luego de Nora Cortiñas le toco hablar a Félix Díaz dirigente de la comunidad Qom, La Primavera en Formosa, que se apeno de que organizaciones de derechos humanos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), algunas de las seccionales de HIJOS, entre otras ya no los estén acompañando en sus luchas como pueblos indígenas, y que muchas de ellas sigan estando cooptadas por el gobierno nacional. Resaltó que la situación que viven ellos como pueblos originarios es muy grave, al acusarlos contantemente por el simple hecho de defender sus territorios y de armarles causas legales por el hecho de ser pobres, siendo ellos encima los que menos chances tienen al contar con menos recursos económicos, mientras el sistema de por sí ya cuenta con muchos aliados.

Bartolo Fernández, Presidente de la Federación de Comunidades del Pueblo Pilagá, también dio su palabra diciendo que ellos también han estado sufriendo los ataques de las empresas petroleras y de los gobiernos, que encima los dividen, pero que aun así y pese a los atropellos constantes a sus derechos, siguen adelante, y se solidarizan también con la hermana Relmu.

 

Por último está conferencia de prensa cerró con la palabra del premio nobel de la paz, Adolfo Pérez Esquivel, quién agregó la necesidad de unificar todos los conflictos que se vienen dando, y sumar todas las fuerzas posibles con una estrategia conjunta. En base a esto afirmó:

“Tenemos que convocar a todo el país, en cada provincia, en cada lugar para sumarse y hacer acciones en cada provincia para hacer luego una gran acción en la ciudad de Buenos Aires tratando de hacer una gran movilización desde el Congreso y vamos a ver dentro del Congreso a los diputados y senadores para ser recibidos y al Palacio de Justicia para que seamos recibidos por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros nos hemos reunidos con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y le hemos pedido dos cosas: una volver a hacer una audiencia pública para tratar el problema de los pueblos originarios, que ya hubo una, se consiguió una vez; y el otro una convocatoria para tratar el problema de las empresas transnacionales sobre los daños ambientales por la megaminería, el caso de Andalgalá, hemos propuesto hacer eso, lo tienen en este momento en estudio. Porque una cosa no está separada de la otra, el caso de las empresas petroleras que se están apropiando de los territorios ancestrales y violando la Constitución Nacional, la 169 de la OIT (Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales) y la misma Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, además de las leyes nacionales”.

 

Dada las palabras de todos estos dirigentes resulta indispensable resaltar la gravedad del hecho por cómo se pretende seguir criminalizando a nuestros pueblos indígenas y a todos aquellos y aquellas que luchan en reclamo de los derechos humanos, siendo que cada vez más el estabishment pretende aplicar cada vez más leyes más duras que nos acusan de terroristas, de asesinos por el simple hecho de defendernos, mientras nos despojan de nuestras tierras y nos sumergen en la pobreza, nos contaminan nuestros hogares afectando nuestra salud, además de acallarnos cada vez que denunciamos cada atropello que nos hacen, cada tortura, persecución y enjuiciamiento. Por eso es fundamental solidarizarse con la lucha de pueblo mapuche y de todas las comunidades indígenas, siendo que si nos tocan a uno, nos tocan a todos.

[1]Apache actualmente pertenece a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) donde el gobierno nacional compro la mitad de sus acciones, y la misma tiene acuerdos con la empresa estadounidense Chevron.

[2] Esta ley permite judicializar a cualquier militante por el simple hecho de considerar que sus acciones aterrorizan a la población, y establece penas que van a los quince y veinte años de prisión, y se pueden llegar a considerar a organizaciones políticas y sociales como terroristas, al considerarlas ilícitas. Y es una ley que fue impulsada por los Estados Unidos para que se aplique en todos los países del mundo.

[3] Es importante mencionar, el hecho de que a Pimentel le armaron una causa por extorsión en el 2013, los abogados defensores de policías acusados de asesinar al joven Gabriel Blanco encontrado muerto en su celda en el año 2007 en la localidad de Isidro Casanova (a quién él es el defensor de sus familiares).

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/04/25/el-intento-de-aplicar-la-ley-antiterrorista-sobre-el-pueblo-mapuche-en-argentina-el-caso-de-la-comunera-relmu-namku/

 

 

Porqué más de una deKada extractivista viabiliza en 2016  las zonas liberadas para las patronales contra los trabajadores y  bases a la violencia e inseguridad de los despidos masivos, de los salarios altamente depreciados,...

 

 

 

SOMOS EL 34,5% en Negro

 

Por una Década sin Precarización del Trabajo y de la Vida

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24 de octubre de 2013

 

Extracto del Documento Político 

En la Argentina de la “década ganada” el PBI creció a tasas chinas durante años. El comercio exterior generó un ingreso de 300.000 millones de dólares en los últimos 10 años, que fueron en gran medida para darle dólares a quiénes siguen pagando la deuda externa ilegítima o a quienes los fugan. En estos años ya se pagaron 173.000 millones de dólares, y se busca abrir una y otra vez los canjes de deuda para pagar hasta la última moneda. A pesar de los gigantescos pagos, sigue creciendo y ya supera los 200.000 millones. Toda esa riqueza, que se llevan en gran parte otros, la producimos nosotros y nosotras. Los trabajadores y trabajadoras sabemos que el 34,5% de los asalariados no estamos registrados ni registradas. 


Pero este número del 34.5% de empleo no registrado, en negro, no dice nada sobre toda la variedad de situaciones laborales cotidianas con las que nos enfrentamos. Quienes trabajamos en estas condiciones somos mucho más que el 34,5%. Somos más del 50% de los trabajadores y trabajadoras del país! Mientras que para rastrear algunas de esas condiciones de trabajo ni existen datos, para algunas pocas hay números terribles: De 18 millones de personas que trabajan o quieren trabajar, los sobreocupados son 5 millones, los subocupados son 1 millón 700 mil, los desocupados 1 millón 250 mil. Sobran horas para trabajar, pero falta el trabajo!!! Precarización contractual, salarial y en el proceso de trabajo son parte de nuestro lenguaje cotidiano que se afirmó en esta última década como la condición que nos impusieron con las reformas laborales neoliberales de los años 90s, y contra las que hoy día seguimos peleando. Así vivimos la precarización... 


La precarización salarial: Cuando nos niegan un salario digno, nos pagan una parte por fuera de lo que figura en el recibo, o nos la pagan de menos. Cuando un funcionario, una facultad, un intermediario se queda con una parte de lo que deberíamos llevarnos como salario.. La precarización contractual: relaciones laborales encubiertas bajo la modalidad monotributistas, contratos temporales, subcontratación y tercerización, periodo de prueba, encuadramiento colectivo fraudulento, o inexistente. La precarización en el proceso de trabajo: turnos rotativos, extensión de la jornada de trabajo, falta de condiciones y elementos de seguridad, flexibilidad de las tareas y puestos de trabajo. Todo esto es la forma que tiene el capitalismo en nuestro país de arrancarnos la máxima plusvalía. Es una situación estructural del sistema en este momento histórico, son las condiciones que se dan en la producción y que se nos imponen desde mediados de los 70s. Mientras nuestros puestos de trabajo están listos para cualquier ajuste, los precios no dejan de subir. Lo intentan ocultar con la intervención del INDEC, nos dicen que la inflación apenas es del 10% por año, pero sabemos que es mucho más alta, y golpea especialmente los precios de los alimentos y otros bienes básicos. La canasta básica ya se encuentra cerca de los $8300 (Estadística y Censos CABA), y se pretende que sea un gran logro que el salario mínimo sea de $3300!!! 
 

La precarización no afecta sólo al trabajo sino también todas nuestras condiciones de vida. Viviendas precarias y un enorme déficit habitacional en todo el país, donde nuestras familias viven hacinadas y faltan servicios básicos esenciales. Un sistema de salud deficiente, hospitales donde falta personal y presupuesto hasta para insumos básicos, mientras hacemos largas colas en las madrugadas para sacar turnos para dentro de meses.... Un sistema educativo fragmentado y totalmente desfinanciado, donde el Estado nacional terceriza a las provincias la educación. Donde el plantel docente tienen que hacer enormes esfuerzos por superar el rol del “contenedor” dentro del aula de chicos que vienen cruzados por mil dramas puertas afuera de los colegios. Un transporte público digno del movimiento de ganado, pésimos transportes por los que les subsidian cada vez más, son decenas de miles de millones de pesos en estos últimos años. La inversión en en las propias industrias todos estos años fue bajísima, lo sentimos en las condiciones de seguridad que faltan en miles de empresas. Lo vemos con la baja productividad que se esconde el pedido de devaluación con el que quieren licuar otra vez nuestros salarios. 


El Estado no sólo es cómplice de esta situación. La convalida día a día: Es el mayor precarizador del país. 
También, un número importantísimo de trabajadores precarizados que hace mas de una década están condenados prácticamente a la subsistencia con salarios cercanos a los 2000 pesos por mes, a merced del manejo punteril y clientelar de los gobiernos municipales, provinciales y de Nación. A pesar de dicha situación un amplio espectro de organizaciones sociales se viene organizando, exigiendo al Estado soluciones para todas los reclamos de los trabajadores precarizados, y la puesta en marcha de programas de empleo al servicio de las necesidades de los barrios más humildes a través de obras básicas de infraestructura. 
La precarización generalizada no sería posible sin el acuerdo de la mayoría de las direcciones sindicales, que miran para el costado cuando precarizan a los trabajadores y trabajadoras de sus gremios. La lucha contra las burocracias sindicales es la bandera que levantamos con Mariano Ferreyra, presente acá hoy, y siempre. A tres años de su asesinato, seguimos la lucha por justicia, no aceptamos ningún tipo de rebaja a la pena que le corresponde a Pedraza y todos los culpables, la perpetua. Montones de experiencias de colectivos, compañeras y compañeros van marcando un camino de lucha en todo el país contra las ganancias empresarias que crecen a costa del desprecio de nuestras condiciones de trabajo y de vida: 

CONTRA TODAS ESTAS FORMAS DE PRECARIZACIÓN PELEAMOS Y NOS ORGANIZAMOS!!! CONTRA LAS EMPRESAS, CONTRA EL GOBIERNO, Y CONTRA LAS DIRECCIONES SINDICALES BUROCRÁTICAS Y PATRONALES  Salario Mínimo, Vital y Móvil de $8000   Trabajo en blanco, Vivienda, Salud y Educación para todos   Mejores condiciones laborales (seguridad laboral, aportes jubilatorios, obra social para todos/as)   Aumento de las asignaciones familiares.   Derogación de la nueva ley pro-patronal de ART.   Más impuestos a los ricos, más derechos para los de abajo.   Basta de privilegios impositivos para empresarios que precarizan.   Eliminación del impuesto al salario (mal llamado a las “ganancias”). Por una canasta básica de alimentos sin IVA.   No a la Ley Antiterrorista. ¡Basta de criminalizar la protesta social!   Por libertad y democracia sindical. 
 Organizarse por un sindicalismo democrático y participativo. 

Convocan 
ATE SUR - Lomas de Zamora, CPS Rompiendo Cadenas, AGTCAP, Agrupación Víctor Choque de ATE, ATE Desde Abajo, COB La Brecha, FPDS, MULCS, MIR, Agrupación Domingo Menna, Organización Popular Fogoneros, Cátedra Americanista, Colectivo desde el Pie, Corriente de Estudiantes del Pueblo, AyL, OTR, Opinión Socialista, CUS
 
Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article6824 

 

 

 

Porqué la CGT ha sido y es funcional a la acumulación gran capitalista por súper explotación de los trabajadores y de la naturaleza.

 

 

Trabajadores y sindicatos: Entre lo viejo y lo nuevo
9 de diciembre de 2016

Por Daniel Campione

El gremialismo argentino lleva largas décadas de una historia plagada de sometimiento o "alianza" con las patronales y el Estado, manejo antidemocrático y a menudo violento de sus sindicatos, instauración de direcciones "verticales" que tienden a minimizar o ignorar la voluntad de sus representados, enriquecimiento de sus dirigentes, negociaciones "a la baja" de los salarios y condiciones de vida de los trabajadores, sempiterna predisposición a la negociación y la conciliación, acompañada por permanente reticencia a la adopción de medidas de fuerza u otras acciones combativas en defensa de los intereses de los trabajadores.

¿Cómo se explica la permanencia de esas conducciones sindicales, con frecuencia prolongada durante décadas, con sucesivas elecciones de la misma agrupación al frente del gremio y muchas veces con permanencia también por décadas del mismo secretario general al frente del sindicato?.

En un país en el que se habla tanto de "políticas de estado", en general para afirmar que hasta ahora no existen en tal o cual campo, la política sindical es un verdadero esfuerzo continuado de los más variados gobiernos, desde la década del 40 a la actualidad. La figura de la "personería gremial", basada en un solo sindicato por rama, y el virtual monopolio de la representación que otorga al gremio que la obtiene es una base del "modelo sindical". Un sólo sindicato puede declarar huelgas u otras medidas de fuerza, elegir delegados que adquieren fueros de protección, negociar y firmar convenios colectivos de trabajo, recibir, por descuento automático, un aporte mensual de todos los trabajadores incluidos en el convenio de la actividad respectiva.. La modalidad organizativa, plural o única, que debería estar basada en la libre iniciativa y decisión de los trabajadores , queda aprisionada en las indicaciones de un marco normativo estatal que delimita (y limita) la representatividad gremial.

Otro factor indudable de permanencia del "modelo" son las maniobras que, en general en connivencia con empresarios y gobierno, se consuman para mantener y consolidar la preeminencia de la misma dirigencia. El Ministerio de Trabajo de la Nación suele aprobar estatutos que fijan desmesurados requisitos para presentar una lista a elecciones o dificultan la designación de candidatos, algunas veces con exigencias tan fuera de lugar como que ya hayan formado parte con anterioridad de la conducción del sindicato, en directa apelación a la autorreproducción de la dirigencia. Las patronales suelen colaborar con los sindicatos para despedir a activistas enfrentados con las conducciones, y estos con las empresas para que muchos conflictos culminen en despidos masivos ante el silencio de la conducción sindical oficial. Todos estarán de acuerdo en el aval a asambleas amañadas, a presiones ilegales sobre los trabajadores, a las trampas en las elecciones de delegados. Siempre que se pueda, autoridades, dirigentes gremiales y los dueños de las empresas se pondrán de acuerdo para desplazar o negar las representaciones gremiales de delegados "molestos". Cuando estos mecanismos "fallen" y los opositores ganen o amaguen ganar un sindicato, las impugnaciones, el fraude electoral, las abiertas apelaciones a la violencia, garantizarán la amenazada continuidad.

El hecho de que a lo largo de varias décadas este tipo de sindicalismo mantenga inalterado su predominio sobre la amplia mayoría del movimiento obrero, requiere sin embargo una explicación más amplia que el conjunto de mecanismos de coerción y de alteración de los mecanismos democráticos. Ninguna dominación se erige solamente sobre un juego de violencias y presiones, puede establecerse sobre esa base, pero su permanencia, sobre todo si es prolongada, requiere la existencia de componentes de consenso, de la creación de una cierta legitimidad que se sustente, sino por el apoyo activo, al menos por una actitud de pasividad, del hábito de obediencia a ciertas pautas, la creencia de que a cambio de someterse al poder existente se obtienen beneficios..

Es muy frecuente que los críticos de las conducciones que suelen ser caracterizadas como "burocracia sindical" concentren su interés, y sus ataques a las mismas, en torno al uso de la fuerza, el fraude y la connivencia con patrones y autoridades, y no presten la necesaria atención a la configuración de un consenso. Quizás ocurre que resulta dificultoso el reconocimiento de que una porción decisiva de la clase obrera argentina está regida por unas prácticas, e incluso una ideología, bien diferentes a las posiciones combativas e incluso clasistas que ellos propician,

 

Cabe examinar con brevedad los mecanismos que tienden a la producción de consenso:

-Los trabajadores comparten, o al menos no cuestionan abiertamente, una concepción de colaboración de clases, de no impugnación del sistema capitalista, de expectativas más amplias en la acción gubernamental y las políticas estatales que en el resultado de las luchas, de "asociaciòn" con los empresarios en la defensa de la "industria nacional".. Ello abre de por sí un espacio compartido con la dirigencia, que en su abrumadora mayoría adscribe al peronismo en sus variantes más conservadores y conformistas.

-Esos rasgos suelen articularse con una mentalidad conservadora, con aspectos individualistas, que ve la relación del afiliado con el sindicato como una suerte de intercambio, por cierto desigual.El trabajador otorga su voto en las elecciones, su concurrencia a actos y asambleas complacientes con la dirección del sindicato, la adhesión a eventuales medidas de fuerza. A cambio contará con la protección del delegado y eventualmente de instancias más altas, muchas veces no relacionada directamente con la defensa del salario y los derechos laborales, sino con distinto tipo de beneficios informales, que pueden dificultarse o "cortarse" si el trabajador deja de concurrir a actos, movilizaciones y asambleas, o muestra cualquier otro signo de alejamiento o inconformidad, y por el contrario, consolidarse e incrementarse si la actitud "participativa" se mantiene en el tiempo o se potencia.

-En base a la normativa que les posibilita el descuento directo de aportes sindicales, y le da el trato de partícipe de los convenios colectivos con auspicio estatal, las entidades gremiales se les presentan a los trabajadores como una institución que forma parte de "lo existente", un integrante "natural" e indispensable de la relación laboral, como los empleadores y eventualmente el Estado. No por casualidad, en algunos gremios se pueden ver campañas electorales en que los afiches de propaganda presentan a los postulantes como "eficientes administradores" o protagonistas de "una gran gestión", consignas que, a primera vista parecerían más apropiadas para un dirigente de una entidad deportiva o de una empresa comercial que para un conductor sindical. Pero puede no haber mejor principio de legitimación para una dirigencia que permanece décadas en sus puestos, que no alienta la iniciativa, la militancia ni la combatividad. Un sindicato bien administrado, unas prestaciones de salud con funcionamiento aceptable, un conjunto de servicios disponibles, pueden ser el mayor activo de una dirigencia conservadora que aspira al consenso pasivo y al miedo al cambio de los trabajadores.

- La posibilidad de administrar obras sociales que brindan servicios, en primer lugar de salud, pero también de acceso a deportes, turismo, guardería, jardín de infantes, ayuda escolar, capacitación gratuita o a bajo precio , etc., torna algo difuso el sentido reivindicativo de la adhesión a un sindicato . En la práctica la obra social juega como un dispositivo de la acción sindical, que en la conciencia del trabajador suele hacerse más importante que la defensa cotidiana de los intereses laborales. Sobre todo para las trabajadoras y trabajadores con familia a cargo, el acceso a prestaciones para el grupo familiar se torna gravitante, a menudo la única alternativa válida frente a servicios estatales deficientes, o privados muy onerosos. Las "aflojadas" de los dirigentes en la defensa del salario o las condiciones de trabajo, pueden parecer menos importantes que esos beneficios.

-La militancia sindical no toma los carriles tradicionales, de una lucha solidaria en favor de los intereses de los compañeros de trabajo, sino que funciona como una suerte de "carrera" paralela al desempeño laboral, a partir de la cual se obtienen beneficios individuales como la cobertura frente a despidos, la posibilidad de obtener "buen trato" por parte de la patronal, la posibilidad de obtención de acceso en condiciones de relativo privilegio a las prestaciones de la obra social. Aquel que se afianza en la "carrera sindical" y en el seno de organizaciones muy burocratizadas, suele con cierta facilidad acceder a la "licencia gremial", básicamente la posibilidad de no trabajar o hacerlo con horario y obligaciones reducidas, para cumplir tareas sindicales. Se separa así de sus bases y comienza la trayectoria de burócrata. Muchas veces a esa altura ya es un completo servidor de la estructura gremial, sin ningún interés en contradecir sus propósitos. Esta situación se extiende en los sindicatos más grandes a centenares y hasta millares de trabajadores que operan como correa de transmisión entre la dirigencia y las bases y juegan incluso un rol disciplinador ante los signos de descontento y oposición, y aún de "indiferencia".

-Esos modos de reclutamiento, "profesionalización" y goce de privilegios de una militancia sindical burocratizada, se hacen más patentes y complejos a medida que se sube en la escala de la dirigencia. Empiezan los "negocios" de todo tipo, a partir de los fondos del propio sindicato, de la obra social, o incluso de peculiares "asociaciones" con las patronales. El volumen de esos "negocios" se amplía cuando se pasa de las dirigencias locales a la nacional, hasta llegar a "mover" millones de dólares, en particular, pero no exclusivamente, en los sindicatos más grandes. Y culmina en el fenómeno de los sindicalistas-empresarios, dueños abiertos o disimulados de empresas del mismo rubro de su "representación" sindical o de otros. Muchas veces, el enriquecimiento de las cúpulas "derrama" hacia abajo, generando amplias cadenas de corruptelas y complicidades de modo que afianza una cultura de "todos ganamos algo", "acá nadie es un santo", etc.

Si se suman esos factores generadores de consenso con los también variados y poderosos que apuntan a la coerción sobre los trabajadores o a la "protección" de las conducciones sindicales por Estado y patronales, el resultado es un sistema de dominación de gran solidez, con amplias capacidades de neutralizar, desalentar, desarticular o cooptar las oposiciones o resistencias que puedan surgir, incluidos múltiples modos de "castigo" para los que insistan en no someterse. Allí radica parte de la explicación de fenómenos a simple vista tan peculiares o "incomprensibles" como el de dirigentes confirmados o sucedidos por sus colaboradores inmediatos, después de las más graves y verosímiles denuncias de corrupción, violencias o fraudes. También hay que tener en cuenta la pervivencia de algunas direcciones con un esquema más "vandorista", con mayor compromiso con la defensa del trabajador, que desarrollan sus componendas y negocios en niveles compatibles con la opción por medidas de fuerza o fuertes presiones a las patronales. "Fulano habrá hecho la suya, pero hay más trabajo y los sueldos son más altos que cuando fue secretario general por primera vez". Expresiones de este tipo suelen ser escuchadas como muestra de una adhesión nada idealizada, pero bien distinta de la pura resignación o conformismo.

La mayor parte de los empresarios (existen también muchos que son opositores cerriles a cualquier forma de "poder sindical"), gobiernos de distintos signos y último pero no menos importante, la Iglesia Católica, actúan de acuerdo para sustentar lo que suele llamarse el "modelo sindical". Sobre todo los gobiernos y la jerarquía eclesiástica se abstienen de formular cualquier crítica de fondo a la organización sindical, fingiendo ignorancia. sobre los múltiples componentes antidemocráticos y corruptos del "modelo". De modo invariable, se avalan los atropellos más variados contra los luchadores en el campo sindical, incluido los procesamientos u otros hostigamientos judiciales por la fundamental razón de no renunciar a las luchas, y molestar así al conjunto de los "factores de poder". Una y otra vez, las "mesas de diálogo" son habilitadas como forma de descomprimir el conflicto social, y útil pretexto de la CGT para posponer medidas de fuerza o dejar sin efecto planes de lucha.

Puede hablarse de "reforma electoral", "reforma judicial", a veces hasta de "reforma impositiva", lo que nunca se pone en el tapete es una reforma sindical, un tabú autoimpuesto por los dirigentes políticos de los diferentes partidos del "establishment". La única excepción parcial fueron los primeros tiempos de la presidencia de Raúl Alfonsín, cuando se intentó un cambio de legislación y de "modelo", más hijo del entusiasmo de la U.C.R. que, ganadas por primera vez las elecciones presidenciales al peronismo, esperaba poder expandir su predominio a las organizaciones sindicales, contra las que había lanzado un fuerte cuestionamiento durante la campaña electoral, en torno al "pacto militar-sindical.". La operación fracasó con rapidez y dio paso en seguida a los habituales métodos de alianza entre gobierno y poder sindical más concentrado, con la entrega a este último del Ministerio de Trabajo como "prenda de paz".

De todas formas, a las organizaciones sindicales y los luchadores no les cabe esperar ninguna "reforma" venida desde arriba. Un cambio de modalidad organizativa y de prácticas concretas no puede ser obra sino de los trabajadores mismos. ES válido presionar en pro de algún cambio normativo que pueda facilitar un proceso de democratización, es necesario que las protestas se orienten también contra las variadas y reiteradas parcialidades del Ministerio de Trabajo nacional y los provinciales, en detrimento de organizaciones sindicales alternativas o independientes. Pero es en la actitud y las prácticas cotidianas del conjunto de los trabajadores y en particular de quienes aspiran a construir un sindicalismo sobre nuevas bases, que deben cifrarse las esperanzas y las acciones concretas de cambio. Dificilmente las clases dominantes y las "instituciones" que le respondan cedan de modo voluntario el "dique de contención" a las luchas que la actual modalidad sindical representa.

En las difícilísimas condiciones de la década del 90, la Central de los Trabajadores Argentinos constituyó un valioso aporte y esfuerzo en el sentido de la democratización sindical, el aumento de la participación activa de los trabajadores, la ampliación de la organización sindical hacia sectores distintos al de trabajadores asalariados formales, a los que siempre se limitó la CGT. La afiliación directa a la central, el reconocimiento de relaciones laborales bajo modalidades no salariales, la elección de las autoridades por voto directo de los afiliados, el destierro de las "intervenciones" y otras figuras diseñadas para el avasallamiento de las organizaciones locales o sectoriales por la entidad nacional, fueron otros tantos elementos para la configuración de un sindicalismo más abierto y democrático. Esos esfuerzos se vieron proyectados en logros como un alto nivel de afiliación, una llegada efectiva a nuevos sectores, la realización de congresos con participación de miles de trabajadores y discusiones abiertas y amplias. La central de reciente creación tuvo protagonismo en las grandes movilizaciones contra la política de privatizaciones, el endeudamiento, el incremento de la desocupación y la pobreza, etc. Compartió iniciativas como la Marcha Federal y encabezó la formación y desarrollo del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo). Tiempo después lanzó una idea de grandes perspectivas, la Constituyente Social, que nunca llegó a materializarse.

Pero en el debe de las limitaciones también la cuenta es importante. Nacida en base sobre todo a gremios estatales, ATE y CTERA en primer lugar, nunca logró modificar ese predominio. Pese a la inclusión desde el comienzo o incorporación posterior de sindicatos industriales (p. ej. el del Neumático (SUTNA), Obreros Navales, UOM Villa Constitución, aceiteros), de transporte y servicios (p. ej.APA, Propaganda Médica) de compañías privatizadas (FETERA), y varias organizaciones territoriales o de desocupados (Federación de Tierra y Vivienda, MTL, MOI.), CTA no alcanzó peso decisivo en ninguna de esas ramas de la economía. Los estatales y los docentes siguieron siendo la "columna vertebral" de la central, las dos organizaciones sobre las que descansaba lo fundamental del poder de movilización, de intervención en los medios, de financiamiento, de la CTA. Los partidarios de la Central no ganaron otros grandes sindicatos, se fundaron algunos con carácter "paralelo", en sana ruptura con la lógica del "sindicato único por rama", pero en general siguieron siendo minoritarios, cuando no diminutos, en relación a la cantidad de afiliados y el poder de los sindicatos tradicionales del mismo sector.

Esas falencias, junto con una rivalidad entre ATE y CTERA latente desde los inicios de la central y, sobre todo, opuestos posicionamientos hacia los gobiernos kirchneristas, en un cuadro de creciente polarización en la sociedad en general y entre los trabajadores en relación a los comportamientos a seguir ante esos gobiernos, tuvieron muchísimo que ver con la partición de la CTA, acontecida en 2010, tras la división en dos listas del núcleo fundador y una elección de resultados discutidos. Uno de los núcleos surgidos de esa ruptura, que pasaría a llamarse CTA autónoma se orientó a sostener un lugar de completa autonomía frente al gobierno, más acorde con los postulados iniciales que el firme alineamiento con el gobierno de la otra fracción, la CTA de los trabajadores. Esa política pareció ser compartida por toda la conducción de la CTA autónoma, pero la línea de "unidad de acción" con las distintas "ramas" en que a su vez se había dividido la CGT, generó la crítica de una parte sustancial de la dirigencia del sindicato más numeroso, ATE. Eso marcó el inicio de una crisis que no parece en vías de solucionarse y en la que, como suele ocurrir, las discrepancias en la línea a seguir se mezclan con impugnaciones de manejos administrativos, y acusaciones de corrupción.

Hoy tenemos una CGT reunificada después de varios años de estar partida en tres, una vez más empeñada en el eterno diálogo con empresarios, gobierno e Iglesia, y con el juego de colaboración-oposición con políticas que la propia dirigencia cegetista define como "recesivas", "de ajuste", "que van en perjuicio del nivel de empleo" o "disminuyen el poder adquisitivo de los salarios". Pero se elude una y otra vez un choque frontal, siempre a la búsqueda de coincidencias parciales, de explorar nuevas vías de negociación y acuerdo. La conducción está integrada por un triunvirato entre cuyos escasos elementos novedosos puede mencionarse que ninguno de sus integrantes está hoy incluido en la estructura del Partido Justicialista. Lo que no implica que la pertenencia peronista se haya opacado. La devoción hacia el primer peronismo se mantiene como referencia, pero su proyección actual es mucho más difusa que hasta hace unos años.

Las corrientes situadas más a la izquierda, en su mayoría identificadas con partidos trotskistas, han ganado posiciones en el movimiento obrero. Han avanzado en el gremio de la construccción, con un sindicato "paralelo" (SITRAIC), ganaron las elecciones del sindicato del neumático hace poco,etc. Hace años que mantienen la conducción de algunos sindicatos o seccionales docentes, y se destacan en la dirección de conflictos en diversas empresas, que a menudo se extienden a la representación mayoritaria en las comisiones internas respectivas. También sostienen desde hace décadas agrupaciones de oposición en muchos sindicatos, que aunque no alcancen su conducción, constituyen espacios de crítica y planteo de alternativas, y nuclean a trabajadores bajo otra concepción de la tarea gremial, incluidos los que dan a todo riesgo la lucha cotidiana contra la burocracia, sin ninguna representación gremial.. Con todo, si se lleva la mirada al conjunto del movimiento, su presencia sigue siendo muy minoritaria, sin perspectivas de revertir la situación del conjunto del movimiento sindical a la perspectiva combativa y clasista. Actúan tanto en la CGT como en la CTA, sin poder disputar con éxito la dirección de ninguna de ellas, ni del puñado de "megasindicatos" que cuentan sus afiliados por cientos de miles (metalúrgicos, mecánicos, mercantiles, camioneros, etc.). Si bien las expectativas de sus partidarios son las de desatar una crisis del sindicalismo burocrático que permita un más o menos rápido y completo desplazamiento de la dirección actual del movimiento obrero, estas esperanzas no parecen de fácil realización. Con todo, no hay que menospreciar esa lucha tenaz, que tiene a la independencia de clase de los trabajadores como una orientación permanente.

Los trabajadores argentinos siguen entonces con una conducción sindical más orientada a su autorreproducción, su enriquecimiento, el establecimiento de relaciones privilegiadas con diversos "factores de poder" , la proyección de algunos dirigentes a cargos electivos o de designación por el ejecutivo. Una dirigencia que, aparte de que por su configuración ideológica y su práctica cotidiana renuncia a todo cuestionamiento de fondo a la sociedad capitalista, y tampoco sustenta ya ningún consistente programa de reformas. Tiende a debilitar su identificación con un partido, para pasar a arreglos más coyunturales con aquellas fuerzas políticas y elencos de gobierno que les garanticen "términos de intercambio", más favorables para la garantía de "paz social" y "moderación" en los planteos que ese sindicalismo ofrece. Entre los varios "lunares" del régimen constitucional argentino, esta estructura sindical antidemocrática y atravesada por una corrupción estructural, es uno de los más oscuros y persistentes.

Para los trabajadores, lo que, si se hace abstracción de sus rasgos ominosos, pudo ser en su momento una herramienta razonable de promoción de sus intereses económico-corporativos a cambio de la renuncia a cualquier perspectiva anticapitalista, hace tiempo que constituye un modo de "capitulación" permanente. Prima la adaptación a los intereses empresarios en los que una mejora del salario real y de las condiciones de trabajo sólo pueden ser correlato de momentos de expansión económica y fuerte ampliación de las ganancias capitalistas. Y en cuanto esas condiciones se modifican, la dirigencia sindical no va más allá de una muy limitada "reducción de daños", compatible con la aceptación de pérdida de puestos de trabajo, agravamiento de las condiciones de explotación, y deterioro del poder adquisitivo del salario, apenas un paso atrás de las aspiraciones de máxima de los empresarios. Es lo que está ocurriendo una vez más desde las postrimerías del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta la actualidad. El bienestar y los derechos de los trabajadores retroceden, sin que la dirigencia sindical desarrolle las medidas de lucha de la contundencia y continuidad necesarias para tener probabilidades de éxito en revertir esa tendencia.

Durante 2016, la CGT (las CGT, en los primeros meses del año), lanzaron una gran movilización a fines de abril, muy numerosa, que parecía ser el preanuncio de nuevas manifestaciones públicas y de una escalada de paros nacionales, y que se orientaba en primer lugar a la lucha contra los despidos. Después de esa gran demostración, el Congreso Nacional aprobó una ley contra los despidos, el Poder Ejecutivo la vetó y…las CGT no hicieron más que declaraciones condenatorias. Se abocaron a un proceso de reunificación, y una vez asumida la nueva conducción, el amago de declarar finalmente un paro nacional se sostuvo un breve tiempo hasta dejar lugar al establecimiento de un Diálogo por el Trabajo y la Producción, bajo auspicio eclesiástico.

Las CTA siguieron un camino de convocatorias callejeras, con la CGT ausente o con presencia marginal, recibieron la exigencia de un paro general de parte de los trabajadores movilizados en la Marcha Federal del 2 de septiembre, esperaron en vano que lo convocara la CGT para sumarse, y tuvieron que conformarse con llamar a una Jornada Nacional de Protesta, que consiguió una importante movilización, aunque sin paro de actividades. Seguramente se seguirá por ese camino, interpelando a los trabajadores a la lucha y ejerciendo presión sobre la conducción cegetista.

En el momento actual, siguen planteadas las grandes líneas de los problemas y limitaciones del movimiento obrero argentino. Las condiciones son mucho mejores de lo que fueron en los años de Menem y los primeros del nuevo siglo. La sostenida reactivación industrial le devolvió incidencia y peso a los trabajadores, diluyó en parte la mitología del "fin de la clase obrera", incluso gremios industriales tan tradicionales como metalúrgicos y mecánicos multiplicaron el número de sus "representados".Hoy se ciernen nuevas amenazas sobre los puestos de trabajo, renovadas ofensivas a favor de "aumentos salariales en función de la productividad", "flexibilización de las condiciones de trabajo", "disminución del costo laboral, de la industria del juicio, del ausentismo" y toda la monserga sobre el exceso de empleo público, orientada a cesantías, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, y la "batería" de ataques contra los trabajadores del sector público. La burocracia sindical ya ha iniciado, como explicamos, las componendas y concesiones de costumbre. Es una oportunidad más de diferenciarse de modo activo como alternativa de lucha, de organización sindical democrática, de independencia frente a los patrones y el gobierno. Se necesita pensar y actuar a través de múltiples iniciativas y líneas de acción, con un espectro amplio de alianzas, pero en base a acuerdos claros y preservación de la independencia frente a la burocracia.

Sigue en pie la necesidad de construcción de un movimiento obrero renovado, de una organización independiente y combativa en condiciones de disputar la conducción lugar por lugar, y también de la dirección de las entidades sindicales, siendo indispensable que esto comprenda a los grandes sindicatos del sector privado, tanto de la industria, como del transporte, el comercio y los servicios. Con múltiples formas, sea la disputa de las organizaciones existentes,cuando ese camino se juzgue viable, sea con la creación de sindicatos "paralelos", o de agremiaciones de alcance y lógica distinta a la existente hoy. Lo esencial es disputar poder en el interior del movimiento obrero, por los caminos que aparezcan más adecuados para cada sector y circunstancia. Y tener claro que la pelea por la dirección es inescindible de la lucha por las conciencias, de la batalla por la construcción de una nueva hegemonía cultural en la clase trabajadora, de un "nosotros" de la clase distinto al que, con matices y cambios importantes, impera al menos desde los años 50. Necesitamos un movimiento obrero que espere más de su propia organización y acciones y menos de las políticas estatales, que deje de "naturalizar" la ideología y las prácticas de la burocracia sindical. Y, sobre todo, que ya no piense y actúe en términos de "regreso" a algún pasado venturoso, o de búsqueda individualista o corporativa de un bienestar trazado sobre el molde del consumo y el sentido común hegemónico. Es una lucha titánica, contra las patronales, el Estado, el movimiento sindical predominante hasta hoy, e incluso las ideas, sentimientos y prácticas que se han hecho carne en los trabajadores argentinos durante muchos años. Contamos con la memoria de un movimiento obrero y una dirigencia sindical diferentes, a las que hay que reivindicar desde la mirada hacia el futuro y no a partir de la nostalgia de un pasado al que se supone irrepetible, Existe una nueva generación de trabajadores cuyo inconformismo y ansias de transformación hay que "descubrir", comprender y estimular, sin querer asimilarlos a los parámetros de generaciones anteriores. Tenemos en nuestra sociedad millones de jóvenes con dificultades para conseguir un primer trabajo, o que directamente ven como algo inalcanzable, o no deseable un trabajo estable y "en blanco". Los que tienen trabajo padecen en gran proporción la precariedad, las bajas remuneraciones, las condiciones de sobreexplotación. Necesitamos de todas las generaciones y de las situaciones más diversas, articular el presente, la historia y el porvenir, colocar al movimiento obrero en una perspectiva anticapitalista, innovadora y con vocación de futuro, que recree la convicción y la épica de no luchar sólo por la defensa de lo amenazado y la recuperación de lo perdido. Instaurar y difundir el combate por el advenimiento de una sociedad nueva, de una democracia radical de los trabajadores,de un mundo de igualdad, justicia y disfrute colectivo de una vida libre de explotación, alienación y estigmatizaciones.

Fuente: http://www.lafogata.org/16arg/arg12/arg.9.18.htm

En consecuencia, la «lucha de clases» posee conducción de la alianza de poderes imperialistas con los locales. Se instauró con terrorismo estatal y paraestatal. Se perfeccionó mediante democracia cada vez más restringida desde 1983 hasta hoy. 1915 fue año repleto de actos electorales y culminó en un balotaje desenmascarador, como las elecciones en EE.UU., de la decadencia del sistema político gran burgués.

 

A quince años del 19/20, abajo y a la izquierda, precisamos involucrarnos en pronunciamientos afirmadores de las autoorganizaciones emancipadoras como:

 

«No queremos estados que saqueen y militaricen nuestros pueblos»

28 de mayo de 2009

Entrevista a Miguel Palacín, coordinador general de CAOI, a propósito de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas

 

Por Katu Arkonada

 

(…)Articulación indígena
Es en 1998 cuando Ecuarunari (Ecuador), Conamaq (Bolivia) y Conacami (Perú), articulan un proyecto de intercambio de experiencias entre líderes indígenas andinos y en octubre del 2005, en Lima, se reúne la I Asamblea de Nacionalidades y Pueblos Indígenas Andinos. La Coordinadora Andina comenzaba a germinar, alimentada por la inclusión de los pueblos mapuche de Chile y los pueblos indígenas de Colombia organizados en la ONIC. Más adelante se uniría la Onpia de Argentina.

«Así llegamos al congreso fundacional, reunido en el Cuzco en julio del 2006, donde la decisión de fundar la CAOI fue unánime. Y la Coordinación General recayó en Perú», detalla.

Más adelante definieron su plan estratégico, cuyos objetivos centrales son la defensa de territorios y unidad con la madre naturaleza, la construcción de estados plurinacionales y sociedades interculturales, la implementación de derechos colectivos, la reconstitución de sus pueblos y la consolidación de su articulación internacional, incidencia política internacional y no criminalización de las demandas indígenas.

Para Palacín, el movimiento indígena ecuatoriano fue el que dio el grito para el despertar de América del Sur. «Con enormes aciertos y algunos errores, hoy se ha articulado a la lucha de todo el movimiento social. Y aunque ha perdido representación política en espacios oficiales, sigue siendo un gran referente en propuestas y movilización».

Respecto a Bolivia, dice que el movimiento indígena es el actor principal de todos los cambios políticos, y a través de la lucha, el debate y las propuestas, defiende el proceso de cambio.

«En Perú estamos en un camino de articulación y construcción de una propuesta colectiva del movimiento campesino e indígena. Y para fortalecer la articulación andina, es vital consolidarnos en Perú», subraya.

En este contexto histórico y de lucha, la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala «hace un alto para evaluar la crisis mundial, la invisibilidad de las mujeres, las propuestas programáticas y políticas de nuestros pueblos. Entre ellas la transformación de los estados, el reconocimiento de los derechos de todos y todas, incluidos los de la naturaleza, y la respuesta a las políticas neoliberales que se imponen con prácticas colonialistas», explica.

El lema de la cumbre, «Por estados plurinacionales y buen vivir», marca los ejes del debate.

 

Articulación global
Hace tres semanas, en la reunión celebrada en Rabat (Marruecos), la CAOI entró a formar parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial (FSM). Palacín asegura que «es sumamente importante que nuestra participación sea reconocida en el FSM, para construir desde este espacio una alternativa diferente para el movimiento social en el mundo y responder a la crisis ambiental y del pensamiento occidental».

Agrega que en este marco se convoca a la Minga Global en Defensa de la Madre Tierra, una movilización mundial, el 12 de octubre, contra la mercantilización de la vida, la contaminación y la criminalización social, y en defensa de los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Y también al Foro Social Temático sobre Crisis de Civilización y Buen Vivir, en 2010, porque «frente a la crisis global, los países desarrollados proponen más financiación para los bancos, el control de sus fronteras y alternativas comerciales que están llevando a la hecatombe del planeta, con lo que el remedio resulta peor que la enfermedad».

Sostiene que los pueblos indígenas pueden sobrevivir a estas catástrofes porque viven de lo que les da la naturaleza y en armonía con ella. «Estamos frente a dos propuestas para salvar el planeta, por eso es importante que intelectuales, ambientalistas y políticos de todas las tendencias debatamos sobre esta crisis para encontrarle la salida».

En el FSM 2009 en Belem do Pará, Brasil, se dio una articulación en torno a este cuestión entre pueblos indígenas y naciones sin Estado, que, liderada por vascos y catalanes, construyeron el espacio de Derechos Colectivos de los Pueblos.

«Ambos nos definimos como pueblos y culturas ligados a la naturaleza, defendemos nuestros orígenes, creemos en nuestra autonomía, desarrollamos políticas y ejercemos nuestros derechos y conocimientos en colectivo. Lo que nos diferencia es que vivimos en continentes separados, con procesos distintos. Pero en esta hora difícil estamos juntos en la tarea de construir un nuevo paradigma», señala.

Enfatiza que les une también el que «no queremos estados que saqueen, destruyan y militaricen a nuestros pueblos; queremos la paz, la armonía con la Pachamama y con los hombres. La integración de nuestros pueblos debe basarse en la cultura, el respeto y la armonía, no en simples relaciones entre estados, basadas en intereses económicos».

Fuente: http://www.cmlk.org/article/no-queremos-estados-que-saqueen-y-militaricen-nues/

 

A quince años del 19/20, abajo y a la izquierda, precisamos reflexionar sobre:

 

 

 Propuestas, en Argentina, a la crisis de representación de vuelta entre nosotros como:

 

 

Hacia una Corriente de Izquierda por el Poder Popular
6 de diciembre de 2016

 

Izquierda Revolucionaria, O.P. Hombre Nuevo y Marcha Guevarista del Pueblo

 

Ya hace un año de la asunción de Macri. El gabinete de los CEO's llevó adelante una brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los más concentrados: devaluación, tarifazos, despidos en el sector público y privado, tope a las paritarias, quita de retenciones al agro y a la minería mientras se mantiene el impuesto a las ganancias y el IVA sobre los alimentos. Esta política vino acompañada de un recrudecimiento de la represión estatal, el gatillo fácil y la criminalización de la protesta.

Ahora, las patronales locales y trasnacionales le reclaman un ajuste más profundo al gobierno. El macrismo ya anticipó su apuesta: desmantelar los convenios colectivos de trabajo, o sea más flexibilización, y también imponer una reforma jubilatoria y educativa privatizadora.

 

Una oposición en figuritas

Frente a este panorama, la CGT desertó de cualquier paro general a cambio de un bono mísero, así "garantiza" la gobernabilidad en la misma línea que el PJ y el Frente Renovador de Massa. Este proceso estuvo arbitrado directamente desde el Vaticano. Y fue Francisco quien articuló la política de "diálogo y contención" que llevó a la firma de una paz social entre el gobierno y el Movimiento Evita y la CTEP.

El kirchnerismo y las organizaciones sindicales afines como la CTA de Yasky se mantienen en una línea discursiva de "resistencia" pero sin sacar los pies del plato. No jugaron un papel en articular y organizar las luchas contra el ajuste. Su única apuesta es ser parte de la competencia electoral el año próximo dentro del peronismo, junto al resto del PJ.

 

En las calles, con iniciativa y unidad de acción

En contraste, muchos salieron a resistir el ajuste. Aceiteros, Sutna, Línea Este de La Plata, Ingenio Ledesma, Línea B del Subte, Ferrocarril Sarmiento, o los estatales contra los despidos, por ejemplo. Y junto al movimiento obrero, los cooperativistas, el movimiento estudiantil, las movilizaciones contra el gatillo fácil y la represión, y con mucha fuerza el movimiento de mujeres que está masivamente en las calles contra la violencia machista. Esta es la única oposición real a la derecha macrista.

Ante el carácter aún fragmentario de estas luchas debemos desarrollar el frente único con todos aquellos que presenten resistencia ante los ataques del macrismo, y promover, a su vez, una coordinación permanente de los sectores clasistas y combativos del movimiento obrero y popular.

 

Construir alternativa, desde la izquierda

Ante los distintos "modelos" de administrar la miseria que proponen desde arriba, hace falta que las y los explotados construyamos una herramienta política para promover una salida de fondo a las necesidades de nuestro pueblo, una propuesta antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal y socialista.

Desde Izquierda Revolucionaria, O.P. Hombre Nuevo y Marcha Guevarista del Pueblo venimos construyendo desde la izquierda, apostando a la lucha de las y los trabajadores y el pueblo por la transformación social, por una sociedad sin explotación ni opresión.

Apostamos a fortalecer una propuesta política de izquierda, que pueda ser reconocida masivamente como una alternativa de oposición a quienes vienen gobernando y cogobernando desde hace años, con capacidad de resolver los problemas que aquejan a nuestro pueblo. Y en el marco del escenario electoral que se abre, el Frente de Izquierda y los Trabajadores representa una referencia anticapitalista de peso en la actualidad, más allá de sus límites y las diferencias políticas que mantenemos.

 

Hacia una corriente de izquierda por el poder popular

Es fundamental que la izquierda y el movimiento popular se desplieguen, en primer lugar, en el terreno de la lucha contra las patronales y contra los gobiernos ajustadores. En ese marco, apostamos también a una intervención electoral pero siempre como parte de un proyecto más general de lucha por las reivindicaciones populares. Por eso nos diferenciamos del exagerado electoralismo que empapa muchas prácticas de izquierda y del que el FIT no es excepción. La izquierda debe unirse, también y principalmente, en las distintas instancias de la organización y la lucha del pueblo trabajador. Por eso señalamos que es un avance que los partidos del FIT constituyan una expresión unificada a nivel electoral y es un enorme límite que no puedan intervenir de forma unitaria y convocar al conjunto de la izquierda a una intervención para la lucha.

Debemos desarrollar una propuesta política unitaria, que integre las diferentes corrientes y tradiciones anticapitalistas existentes, un frente de la izquierda que se oponga con fuerza a los proyectos del capitalismo neoliberal y del posibilismo. Eso supone ampliar el FIT, para que realmente pueda expresar a la diversidad de sujetos y organizaciones que luchan contra la explotación y la opresión.

Somos muchos los que construimos desde abajo y a la izquierda, desde numerosas experiencias, compartiendo la necesidad de una izquierda anticapitalista, antipatriarcal, antiimperialista y socialista, que vaya más allá del marco electoral y que promueva la unidad en cada lucha.

Los convocamos a todos y todas quienes vean esta necesidad, organizaciones compañeras, activistas del campo popular, compañeros y compañeros de militancia, a construir con fuerza el acto que realizaremos el 17 de diciembre para avanzar en la conformación de una corriente de izquierda por el poder popular, que se plantee la lucha por una Argentina sin hambre ni explotación.

¡Por una Argentina sin hambre ni explotación!

¡Por un gobierno de los trabajadores y el pueblo!

Sábado 17/12, 17 hs. en Unione e Benevolenza (J D Perón 1372, CABA)

Fuente: http://izquierda-revolucionaria.org/articulo/1528/hacia-una-corriente-de-izquierda-por-el-poder-popular/

 

 

 

Conclusiones del balance de 17 años:  "los revolucionarios y los chavistas podrían emprender una estrategia orientada a la transformación radical de las condiciones materiales e ideológicas que caracterizan el viejo orden establecido. Éste sería, está demás decirlo, un buen momento para emprenderla y hacerla posible".

 

 

 

El chavismo y la omisión de la lucha de clases
24 de noviembre de 2016

Por Homar Garcés (Rebelión)

Muchos chavistas y revolucionarios han omitido -posiblemente de forma involuntaria, concediéndoseles el beneficio de la duda- que la lucha de clases y la movilización popular fueron elementos claves en los triunfos electorales consecutivos obtenidos por Hugo Chávez desde 1998, incluso en aquellos momentos coyunturales cuando los grupos de la oposición propiciaron y cristalizaron un golpe de Estado y un paro patronal, estimulados por Estados Unidos y su sed de poder.

Esta omisión propició que, de una u otra forma, el clientelismo político y la consiguiente conformación de una maquinaria electoral exitosa -representada inicialmente por el Movimiento V República (MVR) y, ahora, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), resaltando ambos por encima del resto de partidos políticos identificadas con el chavismo-, ocasionaran la desmovilización popular. Esto sería aprovechado por la oposición de derecha, trastocando así la correlación de fuerzas que se inclinaba en su contra, lo que se manifestó en el control actual de la Asamblea Nacional, relegando al chavismo a un papel defensivo frente a la denominada guerra económica. Durante este tiempo, la oposición avivó -mediante una campaña mediática insistente, aunada a la crisis de abastecimiento y de especulación desmedida de productos- cierto descontento colectivo respecto a la efectividad del gobierno de Nicolás Maduro para paliar la nueva situación crítica padecida por el pueblo.

Si se hubiera entendido medianamente la necesidad de afrontar la lucha de clases en Venezuela de una forma sostenida, posiblemente no existirían las circunstancias por las que atraviesa el proceso de cambios revolucionarios. Incluso, el gobierno de Maduro habría tenido una mejor posición para atajar, de manera contundente, las intenciones opositoras de desalojarlo del poder.

También pudo servir de escenario para definir el rumbo económico y teórico a seguir, teniendo en cuenta la exigencia de construir el socialismo bolivariano como una opción válida y factible frente a la lógica perversa del capitalismo y sus relaciones de producción y consumo. Algo que es determinante y está ligado, asimismo, al compromiso de disminuir enormemente la dependencia de la renta petrolera y tender al logro de una diversificación tangible de la economía nacional, como tantas veces fuera anunciado. Ahora, con una economía sometida a la acción inmoral de bachaqueros y empresarios (internos y externos), que responden a intereses políticos, que se amplía con la carencia de dinero en efectivo (sometiendo a los ciudadanos a una usura legalizada que pareciera aceptarse ante la imposibilidad de alternativas inmediatas por parte de las autoridades), los chavistas y los revolucionarios debieran enarbolar, sin desechar lo adelantado por Chávez, una nueva referencia revolucionaria que contemple y garantice la posibilidad irrecusable de consentir que sea el pueblo quien ejerza el poder de un modo protagónico en lugar de permitir el empoderamiento de fracciones burocráticas político-partidistas que sólo actuarían en su propio beneficio.

En su análisis “La implosión de la Venezuela rentista”, Edgardo Lander determinó que “el gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que una alternativa al capitalismo tenía necesariamente que ser una alternativa al modelo depredador del desarrollo, del crecimiento sin fin, lejos de cuestionar el modelo petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a niveles históricamente desconocidos en el país. En los 17 años del proceso bolivariano la economía se fue haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos sin los cuales no es posible importar los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población, incluyendo una amplia gama de rubros que antes se producían en el país. Se priorizó durante estos años la política asistencialista sobre la transformación del modelo económico, se redujo la pobreza de ingreso, sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión”. Sin embargo, en descargo de Chávez, éste había expuesto en el preámbulo del Plan de la Patria que “la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista”, por lo que el proyecto revolucionario en construcción tendría que estar “direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo.”

Aún con este importante detalle en contra, que se enlaza con la acción quintacolumnista de muchos burócratas, poco o nada involucrados con el chavismo o, en su defecto, con la simple gestión gubernamental, anclados como están en sus espacios de confort; los revolucionarios y los chavistas podrían emprender una estrategia orientada a la transformación radical de las condiciones materiales e ideológicas que caracterizan el viejo orden establecido. Éste sería, está demás decirlo, un buen momento para emprenderla y hacerla posible.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=219567

 

 

 

Enfoque con potencial interpretador de la realidad nacional e internacional: “Sabemos que una clase social no es un producto automático del aparato productivo: más bien, como nos enseñó el marxista inglés E. P. Thompson, una clase se construye a sí misma a través de la historia. Así pues, la clase de los oprimidos en nuestra región se construyó, en un proceso de larga lucha, como bolivariana”.

 

 

 

Bolívar después de Marx: el sujeto histórico de la revolución venezolana

24 de noviembre de 2016

Por Chris Gilbert (Rebelión)

El imperialismo, pese a sí mismo, ha homenajeado a nuestra región en estos últimos años. Este homenaje consiste en la búsqueda urgente de la paz. Mientras en otras regiones del mundo los dirigentes del imperio más guerrerista de la historia intentan crear el caos y aprovecharse de él, aquí en la región norteña de América Latina –Colombia, Venezuela, Cuba– quieren paz desesperadamente. ¿Por qué? Porque temen nuestra capacidad de lucha, nuestro legado de lucha.

En verdad es un legado temible que siempre hemos subestimado… Antes de morir, el legendario cuadro cubano Raúl Valdés Vivó (1929-2013) se entregó a investigaciones que lo apartaron algo de la corriente del marxismo que había enseñado durante tantos años en escuela de formación del PCC. En una charla que dio aquí en Tierra Firme, el cubano anunció uno de los sorprendentes resultados que se desprendían de sus indagaciones: la injerencia de Estados Unidos en Venezuela no es tanto para controlar el petróleo criollo sino para borrar el legado de Bolívar.

Esta afirmación es aparentemente descabellada, pero luce más verosímil vista desde la perspectiva de otro de los ejes de investigación de Valdés Vivó en sus últimos años. Nos referimos a su investigación sobre la geopolítica contemporánea, el capitalismo como sistema mundial. Efectivamente, el capitalismo es un sistema global que divide y polariza el planeta. La polarización mundial es un hecho olvidado por la mayoría de los marxistas que buscan aquí una clase obrera con la misma centralidad que la de la clase obrera norteña; esta búsqueda es tan fútil como la de El Dorado.

El sistema mundial capitalista mantiene una paz rousseauniana en sus fortalezas del norte, pero pone las grandes regiones del sur en un estado hobbesiano de tumulto y atraso. Por eso las masas del sur, a diferencia de sus hermanos más pasivos del norte, buscan superar el sistema perennemente. La caracterización científica de este grupo sureño llamado al cambio es la de ejército de reserva mundial. Es un sujeto muy heterogéneo. En la Segunda Declaración de La Habana fue descrito tentativamente como “las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados… los intelectuales honestos”. Pero detrás de la descripción yace una pregunta: ¿qué puede unificar una agrupación tan diversa para una lucha larga y repleta de obstáculos?

¿Cómo aglutinar un sujeto diverso bajo una sola bandera?  

Aquí entra el legado Bolivariano. Porque, a diferencia de Francisco de Miranda que sólo pudo ver un bochinche, Simón Bolívar reconoció que el sujeto diverso y harapiento de América Latina tuvo capacidad de organizarse: capacidad de unidad, lucha y batalla. En verdad fue un salto de fe muy parecido al de Marx en su contexto cuando se colocó –mucho antes de tener una explicación científica sobre el asunto– al lado del naciente proletariado. Pertrechado con los lentes del socialismo y anarquismo francés, el joven Marx vislumbró en esta clase emergente la capacidad de autopraxis.

Así que, en nombre del prócer criollo que lo reconoció primero, decimos que aquí el sujeto histórico capaz de hacer la revolución venezolana es un sujeto bolivariano. Y también que el bolivarianismo vivo coincide con el marxismo más avanzado por ser un pensamiento consciente del capitalismo como sistema mundial y de los retos que enfrentamos en términos de la organización en la transición al socialismo desde la periferia.

Lo anunciado arriba como tesis teórica –la importancia del bolivarianismo en el plano del pensamiento revolucionario– subyace en la conciencia popular desde hace tiempo. Es tan así que la clase oprimida venezolana se autoconcibe como “Hijos de Bolívar”. Sabemos que una clase social no es un producto automático del aparato productivo: más bien, como nos enseñó el marxista inglés E. P. Thompson, una clase se construye a sí misma a través de la historia. Así pues, la clase de los oprimidos en nuestra región se construyó, en un proceso de larga lucha, como bolivariana.

Una necesidad existencial: ser bolivariano

Todos los intentos de identificar y posicionar al sujeto del cambio de otra manera –independientemente de sus intenciones– se arriesgan no sólo a desarmarlo sino también a negar su existencia. En un libro de 1969, Germán Carrera Damas se empeñó en desmontar el culto a Bolívar y encontrar en él un mero político realista. Según este historiador, el bolivarianismo es sólo un “recurso ideológico”, una proyección de “las aspiraciones más urgentes y sentidas” del pueblo y “la contrapartida de un saldo adverso a las aspiraciones de las masas populares”. Frente a esta historiografía “objetiva”, que confunde la ciencia con ser au-dessus de la mêlée, hay que preguntar si estas aspiraciones urgentes aún existen o no, y si el historiador las comparte.

Un anhelo puede pertenecer a todo un pueblo como necesidad existencial. América Latina es probablemente la región del mundo más dispuesta a dar vivas. Vitoreamos a los próceres, a mandatarios, a países, a gobiernos, al pueblo... a todo menos la muerte. ¡Indudablemente es la gran expresión de la voluntad de vivir en un continente cuya existencia depende de la lucha! Ahora, ¿quién puede y quién quiere apartarse de estas “aspiraciones urgentes y sentidas” de luchar y de vivir? Solo los teóricos comprometidos con un modelo de ciencia que es mero repaso de hechos objetivos (lógicamente, un método promovido por los grupos y las naciones que ya tienen la existencia asegurada).

El nombre de nuestra voluntad continental de vivir –que equivale a la voluntad de asumir el largo y obstaculizado camino a la superación socialista– no es otro que el bolivarianismo. Eso porque el bloque diverso de cambio se unifica y se forma bajo esta bandera de su propia construcción, identificado con Bolívar y sus luchas, consciente de que de eso depende su existencia. Es por esta razón que en el Norte trabajan día y noche para que el espíritu bolivariano y luchador duerma en paz…


Chris Gilbert es profesor de Estudios Políticos en la Universidad Bolivariana de Venezuela. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=219566

 

 

Memoria del 19y20 cuya vigencia la hallamos en otras latitudes.

 

 

 

Grecia: transformaciones silenciosas, bajo los radares oficiales

11 de noviembre de 2016

 

Entre el 15M y el movimiento de Syntagma las relaciones no fueron indirectas, de resonancia o de contagio, sino muy directas. Alguien en la Puerta del Sol ocupada puso un cartel provocador que decía: “silencio, que vamos a despertar a los griegos”. Y como respuesta, miles de griegos interpelados tomaron la plaza de la Constitución y rodearon el Parlamento con un mensaje impreso en un cartel con los colores de la bandera española: “Estamos despiertos. ¿Qué hora es? Es hora de que se vayan”.

Según Stavros Stavrides, la ocupación de la plaza no fue simplemente una forma colectiva de protesta o reivindicación, sino también “una manera de reclamar nuestras propias vidas y de proponer una manera distinta de componer la vida social”. Es decir, una reinvención de la democracia, pero también  del espacio público y las relaciones sociales basada en prácticas de igualdad, autoayuda, coimplicación y no delegación.

Stavros Stavrides es activista y profesor de arquitectura en la Universidad Politécnica Nacional de  Atenas. Investiga el espacio urbano y las prácticas de habitabilidad que acontecen en él, interesándose especialmente en las luchas por el derecho a la ciudad en las que se ha implicado activamente, como es el caso de Syntagma. Acaba de publicar “Hacia una ciudad de umbrales” en la editorial Akal.

 

Por Stavros Stavrides

Nombrar el movimiento

Uno de los problemas más importantes relacionados con el análisis de los llamados “movimientos de las plazas” es que el término engloba experiencias, acciones y formas de organización que emergieron en las sociedades con diferentes características. Tanto para los activistas como para los investigadores comprometidos, el problema de lo lejos que uno puede llegar haciendo generalizaciones y diagnosticando tendencias globales es crucial. Sin embargo, hay algo que parece apoyar el esfuerzo de mirar más allá de la aparente heterogeneidad de estos acontecimientos: es el hecho de que en casi todos los casos las plazas ocupadas hacían referencias unas de otras y se reconocían características comunes.

Por supuesto, no podemos olvidar que los medios (tanto los oficiales como los llamados social media) interfirieron directamente, subrayando características selectivamente y etiquetando los comportamientos. Tenemos indicios muy claros de que en muchos casos las acciones en unos países se convirtieron después en un recurso de inspiración para ocupaciones y acciones similares en otros lugares. Sin embargo, las descripciones hechas por los medios oficiales distorsionaron también a menudo algunas características particulares importantes. Por ejemplo, aunque a la ocupación de la plaza Syntagma en Atenas los medios oficiales la bautizaron desde el principio como “el movimiento de los indignados” (aganaktismenoi en griego), la mayoría de las personas en la plaza eran reacias a llamarse de esta manera. En Grecia, la palabra se utilizó sobre todo para describir las acciones de la ultraderecha, disfrazada como simple expresión de la “furia moral” de los ciudadanos conservadores. También sabemos que el término “Primavera árabe” fue inventado por los medios que querían establecer una comparación con los eventos que condujeron a la caída de los regímenes del bloque del Este. Nombrar el movimiento de las plazas tiene, pues, un efecto performativo.

Una democracia encarnada y sentida

Lo que parece conectar estos movimientos, literalmente y en términos de una categorización de las acciones, es que fueron manifestaciones abiertas de una creciente deslegitimación de los regímenes correspondientes. En la región árabe esto significó una confrontación directa con los gobiernos autárquicos. En las ciudades europeas, el choque directo con las injustas y devastadoras políticas de austeridad. En el continente americano y Asia, un desafío directo a las oligarquías económicas establecidas. En todos los casos, sin embargo, la deslegitimación parece haber conducido a un reclamo de democracia. Sabemos, por supuesto, que este término está en el centro de feroces debates y que se ha convertido en una bandera ideológica del auto-proclamado “mundo libre”. Por ello, las ambigüedades (o, directamente, las contradicciones) pueden resultar (y de hecho así ha sido) del uso del término. Sin embargo, las plazas no sólo declararon la importancia de la democracia, sino que experimentaron explícitamente prácticas de democracia. Este es uno de los legados más importantes y de larga duración de los acontecimientos. La gente se sentía inspirada para inventar formas de democracia que rescataban el significado original del término: “el poder del demos” (del pueblo, de la gente). Y en todos los casos, los movimientos de las plazas escogieron experimentar la democracia directa más que la representativa, vinculada en muchos países a los políticos corruptos y a las oligarquías establecidas.

“Los fines están inscritos en los medios”: ese parece haber sido uno de los principios que ha guiado la organización de las plazas, aunque no se haya formulado explícitamente. Y este principio ha influenciado poderosamente el legado de estos movimientos y las iniciativas inspiradas por ese legado. Aunque los debates ideológicos sobre el verdadero significado de la democracia fueron abundantes durante ese periodo, las prácticas de democracia moldearon las ideas-clave y las experiencias que florecieron en las plazas ocupadas.

Estas prácticas de democracia, lejos de ser el resultado de simples acciones espontáneas, produjeron y ensayaron nuevas formas de organización y colaboración. La ocupación de la plaza Syntagma, por ejemplo, generó experiencias de democracia-como-colaboración durante los ataques violentos de la policía y las discusiones diarias sobre la distribución de las tareas para el mantenimiento de las plazas. Los cuerpos experimentaron la democracia como cooperación sin una coordinación “exterior” (liderazgo, etc.) formando grupos, comités, etc. Las experiencias de colaboración produjeron formas de organización eficientes y ejemplares. Sentir que tú participabas en una coordinación variopinta de acciones inspiradas por los mismos principios de respeto por las diferencias (y orientadas hacia un deseo compartido de justicia, democracia e igualdad), hacía de cada uno un individuo responsable y creativo. Es extraordinario, por ejemplo, cómo se coordinaron las personas entre sí para limpiar un día la plaza de los restos de gases lacrimógenos venenosos dejados por la policía: se formó una larga cadena mediante la cual se traía agua de la fuente central que había en los alrededores mismos de la plaza (1).

La democracia en acción significa la democracia de acción. Una democracia encarnada y “sentida”.

Las experiencias del movimiento de las plazas contribuyeron a la invención (o la re-invención) de formas de democracia participativa que se salen de los modelos dominantes de organización social basados en la idea de que el Estado es el único actor capaz de establecer y garantizar la cohesión social en sociedades “complejas”. Lejos de ser un límite intrínseco de las capacidades de organización del movimiento, la democracia directa se convirtió en un arma poderosa para animar luchas que no estaban basadas exclusivamente en demandas negociables, sino en los esfuerzos colectivos para ir más allá de las formas existentes de “hacer política”.

Espacio público y espacio común

Estar en las plazas, organizar en ellas un asentamiento temporal basado en compartir colectivamente los medios, los recursos disponibles y la solidaridad, fue una oportunidad para explorar y redefinir los límites del espacio público. Los espacios públicos de las áreas metropolitanas centrales se convirtieron en lugares donde ensayar nuevas prácticas de lo común. Si el espacio público es un tipo de espacio en manos de ciertas autoridades que regulan su uso bajo las reglas definidas por ellas, el espacio común es un tipo de espacio compartido que emerge de acciones de colaboración que establecen desde sí mismas las normas del buen uso (2). En los espacios comunes, las personas son invitadas a co-producir los sentidos, los recursos materiales y el alcance de los espacios compartidos. Y, a la vez, el espacio común es un medio necesario para desarrollar y expandir las mismas prácticas de lo común.

Las plazas ocupadas re-inventaron el espacio común desafiando los límites, los mecanismos de control y los simbolismos ceremoniales incrustados en el espacio público. Esto no sólo fue resultado de esa práctica bien conocida de acampar frente a los edificios gubernamentales para plantear demandas colectivas. Las ciudades-campamento se convirtieron en la expresión de un deseo colectivo de explorar nuevas formas de vivir en común. Este es el impacto más duradero de la experiencia. Desarrollando formas y patrones de colaboración capaces de sostener un tipo de espacio compartido, abierto a los recién llegados y que fomenta la expresión de diferentes valores de vida (con la condición de que acepten compartir), las plazas ocupadas mostraron que la solidaridad puede producir nuevos hábitos y normas para vivir juntos.

Después de la ocupación de la plaza Syntagma, el espacio común ha sido redescubierto por muchas iniciativas de resistencia a los efectos devastadores de la crisis socio-económica. Las clínicas de salud autogestionadas, las cocinas colectivas donde se cocina para los más pobres, los centros sociales autogestionados y las iniciativas culturales y educativas vecinales, se han extendido por todo Atenas, por toda Grecia. Todas estas iniciativas han desarrollado su propia forma de compartir el espacio, los recursos y los servicios que son producidos por los mismos participantes activos. Así, el espacio común de Syntagma, abierto a los recién llegados, autogestionado y siempre en expansión, se metamorfoseó posteriormente en innumerables prácticas colectivas en y contra de la crisis. A través de estas iniciativas, las necesidades colectivas e individuales se redefinen. Más aún, los mismos sujetos de la acción se transforman. Un médico voluntario en una “clínica social” autogestionada es un ciudadano-doctor, un participante activo en la formación de nuevas relaciones de colaboración y solidaridad. Ocurre lo mismo con el profesorado voluntario de griego en una escuela para refugiados y migrantes de un centro social. Y también con la persona que cocina en una cocina colectiva del barrio.

Creatividad popular y cotidiana

La ocupación de la plaza Syntagma generó ciertamente “una explosión de creatividad y producción cultural”. Los banquetes colectivos ad hoc, la música y las canciones compartidas, así como las actividades teatrales improvisadas y los happenings, eran parte del día a día de la plaza ocupada. Un detalle interesante (que puede que haya caracterizado también otras plazas ocupadas) es que los eventos culturales contribuyeron, no sólo a la difusion de las demandas y aspiraciones del movimiento, sino también a la protección del propio movimiento ante la violencia policial.

Los equipos de policías antidisturbios atacaron la plaza Syntagma en varias ocasiones y con diferentes “excusas oficiales” (“obstrucción de la circulación”, “daños en el mobiliario público”, “comportamiento criminal inminente”, etc.). En muchos casos, las creaciones culturales y las actuaciones artísticas se convirtieron en los medios para organizar la resistencia frente a estos ataques, para mantener el ánimo alto e incluso, más de una vez, para neutralizar la agresividad de la policía ridiculizando a los atacantes, que se las tenían que ver con tambores y canciones en lugar de con piedras o cócteles molotovs.

Más allá de los (muy a menudo) paralizantes debates entre autodefensa contra la brutalidad policial vs “pacifismo”, existe otra opción: inmovilizar los mecanismos de violencia del Estado mediante burlas y actos festivos colectivos que destruyen la retórica oficial que presenta la agresividad del Estado como táctica necesaria para la aplicación de la ley y la defensa de la “seguridad pública”. Estos actos creativos están relacionados con una larga tradición de acciones de tipo charivari (3) que tan a menudo ha expresado el espíritu de resistencia de “los de abajo”, evitando al mismo tiempo confrontaciones desastrosas con oponentes mucho más fuertes.

Muchas de las tácticas de lucha de los movimientos de las plazas se basaron en la participación de la gente, en el entusiasmo generado por la coordinación colectiva y en la creatividad desatada por los actos de desobediencia. Las tácticas se debatían en la asamblea de Syntagma, igual que ocurría en otras muchas ocupaciones de plazas. Pero siempre había lugar para la improvisación y muchas veces las acciones innovadoras de difusión y resistencia se convirtieron en catalizadoras de nuevas iniciativas colectivas. Es este espíritu de creatividad popular, combinado con una creciente falta de confianza hacia las “autoridades”, lo que ha estado circulando en el cuerpo de la sociedad como un peculiar “virus regenerador” desde entonces.

Disidencia y normalidad

Los activistas militantes observan normalmente las sociedades en búsqueda de acciones de insubordinación, de la irrupción de acontecimientos mayores que permitan generar cambios. Tal vez, sin embargo, las rupturas en la historia solo expresan cambios que se desarrollaron primero tácitamente, muchas veces bajo el radar de los medios oficiales, en acciones de ese día a día en el que aparentemente sólo se reproduce el consentimiento y obediencia.

Si la ocupación de la plaza Syntagma fue una sorpresa, no fue porque surgiese de la nada desbordando a la política establecida (también a la disidente), sino porque aquellos que se consideran comprometidos en la lucha por la emancipación prestaron la debida atención a los pequeños eventos de descontento, a los actos moleculares de resistencia y a las aspiraciones por una sociedad más justa que a menudo tachonan la vida diaria de las personas. Por esa razón, si queremos seguir las potencias liberadas por el movimiento de las plazas, necesitamos abandonar la errónea dicotomía entre disidencia y normalidad.

Estos movimientos trastocaron el proceso de normalización vehiculado por los dispositivos de poder (4). Pero hicieron algo más que eso. Algo más difícil de advertir. Mostraron que nuestras vidas pueden ser de otra manera, que la colaboración puede generar relaciones humanas y alegría, que nosotros “somos muchos” y los que quieren destrozar nuestras vidas son pocos. La deslegitimación del poder, la desmitificación de la violencia del Estado y la revelación de las injusticias, no construyeron una visión paralizante de que no se puede hacer nada, de que la política apesta y que los poderosos son invencibles. Las plazas produjeron alternativas tangibles y reales para la política, para las tácticas de supervivencia cotidiana y para las formas de organización social. Y estas alternativas aportarán a -y serán transformadas a su vez por- las nuevas erupciones de resistencia creativa colectiva.

Syriza, Syntagma: entre la plaza y el palacio

Algunos argumentan que los movimientos de las plazas han catalizado de alguna manera los cambios en el sistema político de los países correspondientes. Obviamente, este no es el lugar para describir los cambios en el mundo árabe. Pero no deberíamos olvidar que estos movimientos han derrocado a los gobiernos de Túnez y Egipto, y han contribuido a la formación de la izquierda y a las iniciativas del “Islam político”.

Los más comentados entre los cambios en Europa han sido, por supuesto, los casos de Podemos en España y Syriza en Grecia (algunos también ven una dinámica relevante en la elección de Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista británico). En primer lugar, hay una gran diferencia entre Podemos y Syriza. Mientras que el primero fue creado después de las ocupaciones de las plazas por personas que estaban directamente involucradas en ellas, el segundo pre-existía al movimiento de la plaza Syntagma. Syriza no participó oficialmente en este movimiento. De hecho, no se permitió la participación de ningún partido de ninguna manera. La primera reacción a la ocupación por parte de muchos miembros y dirigentes de Syriza fue de escepticismo. Una de las objeciones más expresadas tenía que ver con los eslóganes anti-parlamentarios de la plaza, los cuales, especialmente en los primeros días, parecían inclinarse hacia visiones contra-democráticas anarquistas (o incluso fascistas). Los días y las acciones que siguieron convencieron a muchos miembros del partido de unirse a la ocupación como individuos y contribuir activamente a la organización de las iniciativas. Algunos intelectuales de Syriza también tomaron parte en las discusiones abiertas organizadas en las plazas en temas sobre democracia, deuda pública, educación, etc.

Lo que conectó a Syriza con Syntagma fue, probablemente, el sentimiento cada vez más fuerte de que con el declive y el desalojo de la plaza y la continua violenta represión de las huelgas, sólo un cambio de gobierno podría defender a la gente de las devastadoras políticas de austeridad. Es posible argumentar incluso que Syriza se convirtió inesperadamente en un partido con opciones de gobierno, no después de que el movimiento se debilitase, sino precisamente porque se debilitó. Pero me parece que las cosas no son tan simples. Pienso más bien que el momentum de disidencia de Syntagma propulsó al poder a un partido que no estaba conectado a las políticas dominantes aunque era, claramente, parte del sistema político en todos los aspectos. De ese modo, el crecimiento de Syriza expresó un verdadero deseo colectivo de cambio. Pero hoy Syriza, como bien sabemos, está muy lejos de sus promesas. El gobierno está siguiendo totalmente las políticas que el partido solía condenar antes de llegar al poder. A menudo, los dirigentes del gobierno presentan este hecho como una reconciliación necesaria con los enemigos poderosos o como una serie de pequeñas victorias en una guerra asimétrica. En ambos casos, la retórica oficial está reproduciendo lass viejas tácticas de dar nuevos nombres a viejas políticas y de disfrazar el neoliberalismo brutal como una oportunidad de desarrollo y crecimiento económico.

El ascenso de Syriza al poder planteó de alguna manera la posibilidad de dar a la sociedad los medios de defenderse a sí misma y por sí misma. Y el espíritu de Syntagma estuvo ahí presente en los primeros días de entusiasmo. Pero este momentum se perdió y no sólo porque los buitres de la Troika intentaran desde el principio machacar cualquier cambio político que pudiese crear condiciones que desafiasen su dominio. Los dirigentes de Syriza, en especial aquellos que se mueven alrededor del primer ministro Tsipras, eligieron claramente aceptar los acuerdos neo-colonialistas y abandonar cualquier medida que pudiese aliviar a los más vulnerables.

Hubo un retorno importante del espíritu de insubordinación de Syntagma con el famoso referéndum. Tsipras decidió organizar un referéndum como respuesta a la propuesta de acuerdo de un nuevo memorándum de la Troika, una propuesta incluso más severa que la anterior. Al parecer, no estaba preparado para que el referéndum terminase con un masivo 62% de “No” al memorándum a pesar de la propaganda de la derecha, de las declaraciones de chantaje de los dirigentes de la UE y el FMI, del cierre de los bancos y el mensaje de una inminente bancarrota de Estado. La efervescencia colectiva de esos días fue similar a la alegría desatada durante los días de ocupación de las plazas. La gente venció colectivamente el miedo.

Políticas prefigurativas

Desconfianza hacia el Estado como protector del bienestar de la sociedad. Desconfianza hacia las normas oficiales democráticas y el sistema de “democracia representativa”. Desconfianza hacia los partidos políticos establecidos. Las plazas no sólo han expresado todos estos sentimientos compartidos de desconfianza, sino que han movilizado a las personas en la búsqueda de formas de tomar la vida en las propias manos. En Grecia, estas iniciativas vivas tratan de defender a los más vulnerables y desfavorecidos (incluyendo a los migrantes y refugiados) y han evolucionado hacia una difusa pero expansiva red de solidaridad. Muchas veces comienzan con el deseo de satisfacer una necesidad colectiva urgente, pero contienen las semillas de nuevas relaciones entre las personas implicadas.

Por ejemplo, en los centros autogestionados para los refugiados cuyos derechos han sido negados por la UE y el gobierno griego (hay que decir que las políticas del gobierno griego difieren en algunos aspectos de las políticas directamente racistas de la UE), se están llevando a cabo acciones muy importantes de organización de la convivencia cotidiana: se anima a los refugiados a participar en las asambleas donde se toman las decisiones sobre cómo funcionarán esos centros (en la mayoría de los casos, se trata de edificios abandonados re-ocupados), etc. En este proceso, se perfilan nuevas subjetividades mediante la participación y reconocimiento mutuo de las diferencias, se desarrollan nuevas formas de entender lo que significa tener derechos y obligaciones, etc.

Se ha dicho mucho sobre el carácter prefigurativo de la política de las plazas. ¿Proporcionan estos acontecimientos la base para producir nuevas formas de vida que prefiguran una sociedad más justa e igualitaria? Quizás sí, si tenemos en mente que la gente estaba allí descubriendo (o re-descubriendo) el poder y la belleza de la solidaridad (y no no necesariamente porque estuviesen convencidos ideológicamente de la necesidad del socialismo o como sea que llamemos a la emancipación humana). Las políticas prefigurativas fueron en muchos casos el resultado de diversas acciones de colaboración, así como de decisiones colectivas que tenían como objetivo la coordinación de las luchas. Por esta razón, tal vez deberíamos aprender a ser más cautelosos cuando distinguimos las acciones prefigurativas y las luchas organizadas en torno a las cuestiones concretas. Los movimientos de las plazas parecen haber levantado la barrera que separaba estas dos formas de acción colectiva. Las iniciativas (conectadas directamente a las plazas ocupadas o no) estaban y están explícitamente orientadas hacia la transformación de aspectos cruciales de la sociedad hoy en día, en el momento presente, en la vida diaria. Y afectan directamente a las vidas de los individuos involucrados en ellas.

Al mismo tiempo, estas expresiones dan indicios y pistas para repensar la política, se reinventan nuevas normas de igualdad y justicia en y mediante prácticas comunes. ¿Se trata de una reinvención de la política? ¿Una reinvención de la democracia? Tal vez, una reinvención del futuro cuando la ortodoxia neoliberal intenta establecerse como el único camino posible para organizar la sociedad. El espíritu disidente de las plazas está destinado a resurgir de diferentes maneras, durante este periodo de prolongada crisis socio-económica y cultural. Como en los importantes experimentos políticos de autogestión en la región de Rojava (Norte de Kurdistan, Siria) y en la región zapatista (México), los esfuerzos para construir una sociedad diferente pueden florecer bajo las duras condiciones de una guerra (latente o explícita). Es en y mediante la crisis, tal vez, cuando los destellos de estas relaciones sociales diferentes pueden emerger en, contra y más allá del horror capitalista.

Traducción de Irati Tranche

Notas:

8 Nov 2016

http://revistaalexia.es/grecia-transformaciones-silenciosas-bajo-los-radares-oficiales/

Fuente: /redlatinasinfronteras.wordpress.com/2016/11/11/grecia-transformaciones-silenciosas-bajo-los-radares-oficiales/