Qué Economía

Diciembre 2016

Sin capitalismo o sistema social mirando, en exclusivo, por privilegiar el lucro de oligopolios locales e imperialistas.

 

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Indaguemos porqué el kirchnerismo no sólo no es nuestra alternativa al macrismo sino que su gestión de ayer y futura es más antagónica con nuestra emancipación:

 

Trump, finanzas y la izquierda nacional
1 de diciembre de 2016

 

Por Rolando Astarita

 

El triunfo de Trump impulsó a muchos intelectuales y políticos del campo nacional y popular, o de la izquierda nacional, a interpretarlo como una derrota de “la financiarización del capital”. Según este enfoque, y aun con los reparos que genera su discurso racista, machista y xenófobo, Trump representaría una alternativa “al modelo especulativo financiero” (Ricardo Foster, “Trump, crisis neoliberal y el fantasma de la derecha extrema”, Página 12, 17/11/16).

La idea central que subyace a esta caracterización es que las crisis, la desocupación, la polarización social creciente y la explotación, no tienen como causa última el modo de producción capitalista, sino una forma del capital, a saber, el capital financiero. Por eso se saluda todo aquello que, de alguna manera, pueda ser interpretado como un retroceso de esa forma específica de capital. Aunque a veces haya muchos problemas para explicar en qué consiste exactamente (ver aquí) el capital financiero. O haya que forzar esas “distinciones” al punto de despreciar datos y hechos abrumadores. Hay en todo esto una sociología de “relatos”, puestos al servicio de seguir distinguiendo alas “progresistas” del capital.

Mi punto de partida es el opuesto; la raíz de los problemas está en la relación de propiedad privada del capital. Y es esa relación la que funda la unidad de todas las formas del capital. De hecho, el capital dinerario sólo obtiene ganancias prestando al capital productivo (industria, comercio, agro) o mercantil (comercio, banca); y viceversa, el capital productivo, o mercantil, revierte constantemente a las formas dinerarias. Por caso, los fondos líquidos de las amortizaciones o acumulación de plusvalía se invierten en el sector financiero durante períodos más o menos prolongados; para volver a lanzarse luego a la producción o el comercio. Las tensiones se dan dentro de este marco.

 

Desde este enfoque –que está inspirado en la teoría del capital de Marx- no hay lugar entonces para la distinción tajante entre el capital “dañino” (el financiero o dinerario, apátrida, para colmo) y el capital “bueno” (industrial y productivo). La cuestión no es meramente académica, o teórica. Tiene importancia política. El socialismo debe mantener una posición crítica y hostil hacia todas las formas del capital. Este es el punto de quiebre con los programas pequeño burgueses y nacionalistas que abogan por la colaboración de los trabajadores y los oprimidos con el ala “progresista” de la clase dominante.

 

En cualquier caso, pienso que las designaciones que está haciendo Trump para su futuro gabinete encajan bastante bien en la tesis “unidad del capital por sobre las diferencias”. Y es imposible de explicar con la tesis “división del capital por sobre la unidad”. Al respecto, es ilustrativa la nota de ayer (30/11/16) de Bloomberg, titulada “Wall Street gana de nuevo en tanto Trump elige banqueros, millonarios”. En ella se informa que Trump eligió a Steven Mnuchin para el puesto de secretario del Tesoro, y a Wilbur Ross para dirigir el Departamento de Comercio. Si bien los pasados biográficos no son lo decisivo para caracterizar la política de un gobierno, en este caso son sin embargo ilustrativos. Aquí van algunos datos.

Mnuchin fue ejecutivo de Goldman Sachs, y dirigió un hedge fund. Tuvo negocios en común con otros millonarios, incluyendo a George Soros y John Paulson, que dirigen fondos de inversión. Mnuchin, junto a Soros y Paulson, compraron el banco IndyMac durante la crisis, por 1.600 millones de dólares, para revenderlo en 2015 por 3.400 millones. Bajo dirección de Mnuchin el banco llevó adelante más de 36.000 ejecuciones hipotecarias.

En cuanto a Wilbur Ross, designado para el Comercio, se trata también de un multimillonario (según Forbes, su fortuna es de 2.500 millones de dólares), y dirige la firma de inversión WS Ross & Co. En 2016 la empresa fue penalizada por la SEC por sus prácticas poco claras. Roos es conocido como “el rey de la bancarrota” por sus operaciones para reestructurar empresas fallidas. En 2006 la minera Coal Group, subsidiaria de WS Ross & Co, fue demandada por negligencia en la explosión de la mina Sago, en Virginia Occidental, en la que murieron 12 mineros. La empresa fue acusada de no cumplir los estándares de seguridad laboral.

Una vez designado, Roos declaró que su prioridad es bajar los impuestos a las empresas estadounidenses para estimular el crecimiento económico; y se declara enemigo del Tratado de Libre Comercio con México. Observemos que esta oposición al TLC es la parte “progre” del programa de Trump que rescata la izquierda nacional

Bloomberg también informa que el miércoles (cuando se produjo la designación de Mnuchin y Ross), “treparon las acciones de las grandes firmas de Wall Street, con Goldman Sachs subiendo el 3,6%, el mejor desempeño en el promedio del Dow Jones”.

No hay sorpresas. Trump no vino de otro planeta. Es un producto genuino de su clase, la clase capitalista. Como lo son las personas que lo acompañan. Encarnan una relación social que no puede no basarse en la explotación del trabajo. Es el terreno concreto, material (en tanto socialmente condicionado) en el que se acaban las fantasías del progresismo ilustrado.

 

Sigamos reflexionando sobre ideas difundidas por el kirchnerismo que modelan el consenso amplio al capitalismo y atribuyen los males al neoliberalismo. Pero hagámoslo para comprender cómo apartan del poder popular de resolver los problemas fundamentales.

 

 

Salidas de las crisis y otra crítica desatinada

4 de mayo de 2011

Por Rolando Astarita

 

En dos notas anteriores (Emisión monetaria y una crítica y Emisión monetaria e incoherencias) respondí a una crítica que me hizo el economista Fabián Amico, en una lista de discusión del grupo Economistas de Izquierda, relacionada con el tema monetario. En esta nota respondo a otra parte de la crítica de Amico, esta vez referida a la manera en que el capitalismo sale de las crisis. Cito a mi crítico, quien escribe:

“RA (Rolando Astarita) no tiene miedo en coincidir con los economistas más ortodoxos y reaccionarios de la corriente dominante. Dice: ‘En cada crisis económica la caída de los salarios, el aumento de la explotación vía incrementos de los ritmos de trabajo y el aumento de la «disciplina laboral» en los centros de trabajo son componentes claves para la recuperación de las ganancias empresariales y del crecimiento económico. En eso la visión de la economía estándar, neoclásica, de los economistas generalmente ligados a las instituciones financieras internacionales y a los gobiernos más conservadores, es mucho más realista que la de los economistas keynesianos‘.

Si la rentabilidad aumenta pero el mercado se achica, ningún empresario va a instalar nueva capacidad productiva, o a hacer ampliaciones de una planta si no tiene a quién venderle. Si la demanda está estancada y está usando pongamos el 70% de su capacidad de producción, no va a tener ningún incentivo a invertir. ¿Por qué habría de inmovilizar capital en la forma de equipos inútilmente? Esta idea muy sencilla se le escapa en sus alucinaciones porque RA quiere demostrar que hay una “imposibilidad económica” para salir de las crisis. Y el problema es netamente político”.

Honestidad intelectual y “miedos”

Mi crítico sostiene que quiero demostrar “que hay una imposibilidad económica para salir de las crisis”. Pero cualquiera que eche una ojeada a este blog podrá comprobar que es casi una obsesión en mis trabajos la crítica a las corrientes que sostienen que el sistema capitalista está siempre en crisis, o que las crisis son sin salida. Incluso en 2001-2, cuando en Argentina muchos hablaban de “crisis terminal”, planteaba que el capital podía salir de la crisis en base a la súper explotación de los trabajadores, como finalmente ocurrió. Y cuando estalló la crisis mundial de 2007 no sólo sostuve que no estábamos ante una crisis sin salida, sino también que no era de la gravedad de la del 30. Todo esto me valió muchas críticas de parte de grupos de izquierda, incluso ataques personales por parte de algunos desaforados (“provocador”, “simulador” y similares fueron algunos de los calificativos que recibí). Entiendo que Amico esté fastidiado con mis posiciones, pero esto no lo autoriza a atribuirme cualquier cosa. Sólo le pido que tenga un mínimo de honestidad intelectual. ¿Cuándo afirmé que las crisis son “sin salida”? ¿Puede citar aunque sea un trabajo? ¿Por qué afirma algo que es manifiestamente una mentira? ¿Por qué miente?

En segundo término, es muy interesante la referencia de mi crítico a que no tengo miedo de coincidir con “los economistas más ortodoxos y reaccionarios de la corriente dominante”, ya que revela una prevención que subyace en los discursos de muchos intelectuales de izquierda. Consiste en cuidarse en decir lo que se considera “políticamente correcto” en el ambiente nacional populista de izquierda. Y esa manera “políticamente correcta” se reduce a poner un signo menos donde la derecha pone un signo más, y un signo más donde la derecha pone un signo menos. Pues bien, considero que eso no tiene nada que ver con la ciencia ni con la búsqueda de la verdad. Dicho de otra forma, y como alguna vez decía Engels (refiriéndose a Marx), lo que importa es la verdad científica, y no quedar bien con la “verdad de partido” (aunque este “partido” sea el de la opinión pública de la izquierda). Yendo concretamente al pasaje que cita mi crítico, lo que afirmo es que en la realidad (no en el terreno de los sueños), el capitalismo sale de las crisis aumentando la explotación, bajando salarios, aumentando la desocupación y la miseria de las masas. Además, sostengo que éste es en esencia el programa de la derecha. Esto es, que la derecha proclama abiertamente la necesidad de hacer lo que el capitalismo hace en la práctica. Es en este respecto que esta derecha es más realista que los economistas keynesianos (me estoy refiriendo a los keynesianos reformistas armonicistas, que piensan que se puede salir de las crisis conciliando los intereses del capital y el trabajo; los keynesianos del manistream coinciden con las recetas predominantes).

 

En otras palabras, el estudio de las crisis me lleva a la conclusión de que: a) el capitalismo sale de las crisis aumentando la explotación, y no con medidas redistributivas y humanitarias; b) que los economistas de la corriente principal (en todas sus variantes, incluidos los keynesianos neoclásicos al estilo Blanchard o Bernanke) en el fondo consienten en esto, o “dejan hacer”, y que al hacerlo están respondiendo a la lógica con que el capital recompone la acumulación. No voy a decir lo contrario (a saber, que el capitalismo sale de las crisis mejorando la vida de las masas) por el solo hecho de alguien ande buscando similitudes entre lo que afirmo y lo que afirma la derecha. Lo único que me podría hacer variar mi conclusión sería comprobar que el capitalismo sale de las crisis mejorando la vida de la gente. Pero no es lo que encuentro en la realidad objetiva que estudio, y por lo tanto me importa un comino con quién coincido, o dejo de coincidir. Jamás voy a mentir u ocultar los resultados a los que llego para hacer concesiones a la intelectualidad bienpensante del progresismo izquierdista (tampoco para ganar “puntitos” para que me publique Página 12; o para ligar alguna invitación a congresos internacionales del “progresismo nacional-izquierdisa”).

Las tesis de Marx y su “imposibilidad”

De lo que se trata entonces es de ver si el capitalismo sale de sus crisis aumentando la miseria y la explotación, o si sale de sus crisis mejorando la vida de las masas trabajadoras y el pueblo. La primera es la tesis de Marx, la segunda es la tesis del reformismo armonicista.

La tesis de Marx es que la acumulación del capital encierra contradicciones internas que conducen a crisis violentas y agudas, que implican súbitas desvalorizaciones forzadas del capital y el estancamiento del proceso de reproducción. Pero al mismo tiempo, y a raíz de la propia crisis, entran en juego fuerzas que vuelven a impulsar la acumulación. Por un lado, porque la paralización de la producción aumenta los niveles de desocupación, y en consecuencia muchos sectores de la clase obrera deben tolerar una baja de sus salarios, que los llevan en ocasiones muy por debajo incluso del valor de la fuerza de trabajo. Por otra parte, el capital está en mejores condiciones para aumentar la explotación vía intensificación de los ritmos de producción, eliminación de tiempos muertos y diversas medidas llamadas de “racionalización”. Paralelamente, se desvalorizan capitales, y con ello también los medios de producción. Todo lleva entonces a la elevación de la tasa de rentabilidad, y así se preparan las condiciones para la recuperación. “El estancamiento verificado en la producción habría preparado una ulterior ampliación de la misma, dentro de los límites capitalistas” (Marx, 1999, p. 327, t. 3).

Pero es aquí donde irrumpe nuestro crítico, y nos dice que esto es imposible. Aunque mejore la rentabilidad, sostiene, la demanda no puede recuperarse. ¿Por qué no puede recuperarse? Respuesta: porque el capitalista no invierte si no aumenta la demanda, de manera que la recuperación de la demanda sólo puede venir por el lado del consumo. Y para esto, es necesario que mejoren los niveles de vida de los trabajadores. De ahi que la única salida posible es la salida reformista. No hay manera de que se produzca la salida de la crisis que plantean Marx, los dogmáticos como Astarita y los catastrofistas; que es la misma salida que defiende la derecha más reaccionaria (lo cual demuestra una vez más la coincidencia de todos estos sectores… y seguramente con el diario Clarín). Frente a estos argumentos, lo primero que tenemos que constatar es qué sucede en la realidad. ¿El capitalismo sale de sus crisis según lo que dice la teoría de Marx, o según lo que dice la teoría del reformista armonicista? Empecemos con la última gran recesión.

La gran recesión de 2007-9

Desde 2007 hasta el final de 2009 el número de desocupados en el mundo aumentó en 34 millones, lo que representa un incremento de 0,9 puntos porcentuales de la tasa de desempleo global. En 2009 había en el mundo 212 millones de desocupados. También aumentó el empleo vulnerable; la OIT estima que habría habido un aumento en 110 millones de personas en empleo vulnerable. Como resultado, 1500 millones de trabajadores, lo que equivale a más de la mitad de los trabajadores en el mundo, estaban en empleo vulnerable en 2009. Asimismo aumentó el número de los que trabajan pero viven con menos de 1,25 dólares o 2 dólares por día, lo que en las estadísticas se llama (arbitrariamente) “working poverty”. En 2008 633 millones de trabajadores y sus familias vivían con menos de 1,25 dólares al día; a consecuencia de la crisis, en 2009 otros 215 millones estaban apenas por encima del margen (ILO 2010). Según el PNUD, con la crisis 64 millones de personas cayeran por debajo de la línea arbitraria de pobreza fijada en 1,25 dólares diarios (Informe Desarrollo Humano 2010, PNUD). Por otra parte, en muchos lugares parece haber aumentado la productividad del trabajo. Es difícil entender entonces cómo, con el aumento de la desocupación y la miseria globales, puede explicarse la recuperación -relativamente importante desde mediados de 2009- con la tesis armonicista. No hay manera de sostener que se produjo por aumento de la demanda de los bienes de consumo.

El tema se puede ver con más claridad todavía en la economía de EE.UU.. Desde el inicio de la recesión a finales de 2007 hasta diciembre de 2009 el empleo no agrícola en EE.UU. disminuyó en 8,2 millones de puestos de trabajo, esto es, un 6%. Y los trabajadores a tiempo parcial se duplicaron, para llegar a 9,2 millones. El número de desempleados creció en 9,2 millones, llevando la tasa de desempleo al 10%. Señalemos que los beneficios de las empresas comenzaron a crecer fuertemente desde fines de 2008, antes de que la recesión se considerara oficialmente terminada. Desde el último cuatrimestre de 2008 al primero de 2010 los beneficios se elevaron el 58%, en tanto los salarios y pagos a los trabajadores disminuyeron en 121.000 millones de dólares, esto es, un 2%. Los salarios semanales no aumentaron. La productividad de las empresas del sector privado aumentó aproximadamente un 6,5%. Nada de este aumento de la productividad fue a los trabajadores (Sum y MacLaughlin, 2010). Según The Wall Street Journal, un estudio realizado entre los que trabajadores a tiempo completo que perdieron sus empleos durante la crisis, y obtuvieron un nuevo empleo, encontró que el 36% de ellos debía aceptar una reducción de sus salarios del 20% o más (citado en Ensinger, 2011). En otras notas también aporté elementos en el mismo sentido (ver por ejemplo Estados  Unidos aumentan…).

 

Crisis anteriores

También en las crisis anteriores de EE.UU. se verifica la tesis de Marx. En las recesiones que se produjeron entre 1969 y 1991, los salarios por hora (medidos en dólares de 1982) del sector privado bajaron en promedio 1,4%, y los ingresos semanales un 3,2% (Maxfield, 2006). A raíz de la recesioń de 2001, los salarios reales promedio del sector privado recién al finalizar 2005 eran iguales los que existían antes del inicio de la recesión, y las horas semanales trabajadas todavía a mediados de 2006 no habían alcanzado el nivel previo a la recesión (ídem). Con los datos NIPA, Tapia Granados (2011) calculó los promedios de variación de salarios  en las recesiones, durante los 250 trimestres que van de 1947 a 2010. En promedio, los salarios (sin suplementos) bajaron durante las recesiones 0,4% por trimestre. Si a esto le añadimos la caída de la ocupación, y de las horas semanales trabajadas, y observamos que la recuperación comienza mucho antes de que los ingresos salariales y el empleo hayan comenzado a recuperarse, es imposible sostener, como pretende la tesis armonicista, que la recuperación se produce debido a que aumenta el consumo de los trabajadores y sectores populares.

Digamos también que lo mismo ha sucedido con otras crisis relativamente recientes en otros países. En todas ellas aumentó la pobreza, la desocupación y la miseria. La crisis que afectó a Asia Oriental en los 90 dejó 19 millones de indonesios y 1,1 millones de tailandeses en la pobreza. La de Argentina de 2001 incrementó 15 puntos porcentuales la pobreza. La crisis de Ecuador en 1998 aumentó 13 puntos porcentuales la pobreza (Informe Desarrollo Humnao PNUD 2010). La crisis de Argentina es muy ilustrativa. Durante el último período de la convertibilidad, los salarios bajaron en términos nominales y luego del estallido, por vía de la inflación. Esto generó una inmesa transferencia de riqueza al capital. La tesis (planteada por el gobierno K) de que Argentina tiene una receta para salir de las crisis sin “ajustes” no tiene asidero alguno en la realidad (al pasar, no escuché ni leí que los economistas K criticaran esta  mentira). Lo mismo sucedió en América Latina. La crisis de los 80 y las reformas de los 90 implicaron de conjunto un aumento de la explotación, deterioro de las condiciones de vida de las masas, y redundaron en definitiva en una mejora de las condiciones para la reproducción del capital. En todos los casos el mejoramiento del nivel de vida de las masas no precedió a la recuperación económica, sino al revés, la recuperación económica precedió a la mejora en el nivel de vida de las masas.

 

Crisis del treinta, guerra y boom de posguerra

Nos detenemos un momento lo sucedido en los años que van desde 1929 a la recuperación de la posguerra, ya que este episodio constituye el pilar del argumento armonicista. La idea es que la recuperación del capitalismo luego de la Gran Depresión y la Guerra se debió al aumento de los salarios. Primero con las reformas de Roosevelt, en EE.UU., y luego con el pacto social entre el capital y el trabajo en Europa y Japón, habría aumentado e poder adquisitivo del trabajo, y con ello se habría reactivado la demanda.

Veamos primero la crisis en EE.UU.. La desocupación pasó del 3% en 1929 al 25% en el punto más bajo de la caída, en 1933; la tasa de desocupación en los trabajadores no agrícolas en ese año llegó al 37%. Además, un 25% de los trabajadores sufrían reducciones de salarios, o de sus horarios de trabajo. En 1932 se calculaba que 34 millones de personas pertenecían a familias que no tenían a ningún miembro que tuviera un ingreso regular; 2 millones de personas habían perdido sus hogares. Cuando comenzó la recuperación, luego de la devaluación del dólar en la primavera de 1933, estas condiciones no habían variado. Es interesante además señalar que la recuperación comenzó a pesar de las medidas iniciales de Roosevelt (había asumido en marzo de 1933). Inicialmente Roosevelt propuso un programa de balance fiscal, recortando las ayudas a veteranos de guerra y los salarios federales. Cuando los demócratas en el Congreso propusieron una ley llamada “share the work”, por la cual la semana laboral se reducía a 33 horas, a fin de promover la contratación de nuevos trabajadores, Roosevelt apoyó a los empresarios, quienes se oponían a la medida. Los estímulos fiscales llegaron luego, con la recuperación ya en marcha. Y los gastos fiscales en proporción al PBI fueron menores durante la década de 1930, que durante la década de 1920. La caída de ingresos y salarios fue entonces un hecho. Destaquemos que en promedio, en los cuatro ciclos que hubo entre 1921 y 1938, los ingresos de los trabajadores y empleados cayeron un 13% en las recesiones (Sherman, 1991).

En lo que respecta a la recuperación europea y japonesa de la posguerra, cito a Frank: “En Alemania el fascismo había elevado la tasa de explotación de la clase trabajadora a un nivel tres veces mayor que el de la República de Weimar… Los salarios reales de 1948 suponían el 70% del nivel de 1938… En Italia los salarios reales de 1946 suponían el 58% de nivel deprimido de 1938 y en Japón el 25% del nivel de 1936… En Francia los salarios reales de 1946 eran el 77% del nivel deprimido de 1938 y descenderían al 64% en 1947” (…) “La depresión, la guerra, la permanente economía de guerra, el neoimperialismo de las empresas multinacionales, los bajos salarios, la disciplina de la mano de obra, así como la ideología del siempre más y mejor american way of life, del desarrollo y crecimiento ilimitado, todos estos factores colaboraron al mantenimiento de la tasa de beneficios, y por lo tanto, a un ritmo de acumulación casi constante durante las dos décadas del período de posguerra” (Frank, 1979, pp. 61-2). De nuevo, ¿cómo se puede decir que la salida de estas grandes crisis y depresiones se produjo mejorando el nivel de vida de las masas trabajadoras?

Las crisis clásicas

Pasamos ahora una breve revista a las crisis anteriores (nos basamos en Rosier y Dockès, 1983, y Lescure, 1932).

Crisis de 1816: estalla luego del fin de las guerras napoleónicas. En particular en Francia se produce una fuerte caída de los precios, pero todavía más de los salarios.

Crisis de 1825 en Inglaterrra: hay quiebras bancarias, desocupación, debilitamiento de la clase obrera. No existe evidencia alguna  de que la recuperación se haya producido a partir de mejoras de los salarios.

Crisis de 1836-9: ocurre cuando termina el boom de la construcción de ferrocarriles; es acompañada de fuertes crisis financieras en EE.UU. e Inglaterra, y se desata una larga depresión que provoca el aumento de la desocupación. Los salarios se mantienen a un nivel bajo hasta la recuperación a comienzos de los cuarenta.

Crisis de 1842 en Inglaterra e Irlanda: consignada por Engels en su famoso libro sobre la situación de la clase obrera, implicó aumento de la desocupación y el hambre. Durante la crisis los informes oficiales consignaban que la pobreza se había duplicado con respecto a los años previos a la crisis. La recuperación a partir de 1843 no tuvo como base aumento alguno de los salarios.

Crisis de 1847-8: con una desocupación cercana al 60% en París, la crisis se resuelve políticamente con la derrota de la revolución. Esto implicó retrocesos en los niveles de vida y de los salarios de la clase obrera hasta bien entrados los años cincuenta. En Prusia, en Viena y otras regiones, el hambre y la miseria se incrementaron a lo largo de 1847, también a consecuencia de la crisis. La recuperación a partir de 1849 se dio sobre estas bases. En cuanto a Inglaterra, se ha calculado que en 1847 los salarios habían descendido un 57% con relación a su nivel de 1800. La recuperación a partir de 1849 no tuvo como sustento la mejora de los salarios.

Crisis de 1866: ocurre en Inglaterra, con el telón de fondo de la guerra de Secesión en EE.UU., dando lugar al aumento de la desocupación. Los salarios bajan entre el 10% y 20%.

Crisis de 1873: abarca EE.UU., Alemania e Inglaterra. Aumenta la desocupación, y los salarios en Inglaterra bajan aproximadamente un 10% hasta el fin de la década. En EE.UU. se inicia un período de gran resistencia obrera frente a las bajas de los salarios nominales intentadas por los empresarios.

Crisis de 1882-4: abarca Francia e Inglaterra, con algo menos de repercusión en EE.UU.. El capitalismo busca solución a su crisis intensificando el dominio imperialista y el colonialismo, esto es, el saqueo y la explotación de pueblos. También descienden los salarios y aumenta la desocupación en los países del centro afectados por la crisis. En EE.UU. la crisis se resuelve en la degradación de tareas, aumento de los ritmos, descalificación masiva de los trabajadores, y extensión del control directo sobre los procesos de trabajo (triunfo y extensión del taylorismo).

Crisis de 1907: afecta principalmente a EE.UU. e Inglaterra, pero repercute en el resto de Europa. Provoca quiebras bancarias y cierres de empresas y aumento de la desocupación, y se producen reducciones salariales en Alemania e Inglaterra.

¿Cómo se produce entonces la recuperación?

Ya vimos que lo que sostiene nuestro crítico es un disparate, reñido con la realidad del capitalismo, y la forma en que soluciona sus crisis. Sin embargo nos queda por responder su interrogante. Si la demanda de bienes de consumo no es la impulsora de la recuperación, y si lógicamente los capitalistas no amplían la capacidad de producción, ¿de dónde surge la demanda? La respuesta es que llega algún punto de la caída en que la desvalorización de activos comienza a hacer atractiva la entrada de capitales líquidos que hasta ese momento habían permanecido ociosos (importancia de la preferencia por la liquidez de Keynes, o el atesoramiento de Marx). Por otra parte, empiezan a realizarse consumos postergados por parte de rentistas, capitalistas y en general la clase dominante. Esta reanimación además impulsa a la recomposición de inventarios, que es la primera forma de inversión que se recupera (éste fue un motor de la recuperación desde mediados de 2009 en EE.UU. y otros países desarrollados, como se advierte en los índices Markit). A estos factores se agrega que en economías particulares, la demanda externa (o la sustitución de importaciones, como fue en el caso argentino) también puede jugar un rol, si la crisis ha mejorado el tipo de cambio real. Invariablemente la recuperación de la demanda de bienes de consumo masivo sigue a la recuperación económica general. Aclaremos también que en esta mejora del consumo el rol principal, al menos en las primeras etapas de la recuperación, no lo juegan los aumentos de salarios, sino el aumento del volumen del empleo.

 

De nuevo, sobre la “coincidencia con la derecha”

Por último, vuelvo a la acusación de que “coincido con la derecha”. Se trata de una manera de descalificar y atacar que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, aunque tiene una vieja tradición entre estalinistas y gente habituada a los métodos propios de los fanáticos. Hace poco escuchaba a un intelectual K, Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, decir que toda la oposición está dirigida por el diario Clarín. Esto es, desde Altamira a Macri, pasando por gente tan diversa como Alfonsín, Stolbitzer o Solanas, recibirían instrucciones del “monopolio”. Son cosas ridículas, pero lo que buscan es predisponer en contra, echar suciedad, confundir. Mutatis mutandi, es lo que hace mi crítico con mis posiciones. Hago el diagnóstico de que el capitalismo sale de la crisis aumentando la miseria y la explotación. La derecha hace ese diagnóstico y además levanta como programa esa salida. Mi crítico junta las dos afirmaciones, y proclama triunfante “se ha demostrado que Astarita coincide con la derecha”. Es un método brutal, pero que puede ser bastante efectivo. Desnudo su lógica porque estoy convencido de que tenemos que desterrarlo de las filas de la izquierda. En una próxima nota voy a tratar otro aspecto de la cuestión de la crisis, la relación y diferencias entre la teoría de Marx, y la de Kalecki.

Bibliografía: (...)

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2011/05/04/salidas-de-las-crisis-y-otra-critica-desatinada/

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Marx, Kalecki y el ciclo económico
8 de mayo de 2011

Por Rolando Astarita

En la nota anterior expliqué por qué, en contra de lo que sostienen algunos economistas “armonicistas”, se verifica la idea de Marx de que el capitalismo sale de sus crisis aumentando la explotación del trabajo, y no elevando las condiciones de vida de las masas. En esta nota trato la relación entre la teoría del ciclo económico de Kalecki, y la visión de Marx. De nuevo tomo como disparador la crítica que me ha hecho el economista Fabián Amico, a la que me he referido ya en notas anteriores. Amico sostiene que la explicación de Kalecki sobre el ciclo es más adecuada que la de Marx para entender lo que está sucediendo en el capitalismo. En la crítica que ha hecho circular dentro del grupo Economistas de Izquierda, afirma:

“La oposición del establishment mundial a las políticas expansivas y en especial a la expansión del gasto público se relaciona con la teoría del ciclo económico de origen político de Kalecki. ¿Por qué? Porque admitir el “activismo” del gobierno sería una admisión implícita de que la intervención estatal debe ser una constante y debilitaría la hipótesis de “eficiencia del mercado. Al revés de RA (Rolando Astarita), Kalecki admitía que bajo un régimen de alto nivel de empleo, la masa de ganancias es más alta en promedio que bajo un régimen con más desempleo y bajo crecimiento. Pero los empresarios, en algún punto, aprecian más la “disciplina” y la “estabilidad” que las ganancias mismas. Por eso, consideran a las políticas expansivas como un remedio “artificial” y pernicioso, y a cierto nivel de desempleo como una magnitud “natural” (recuerden la “tasa natural” de desempleo) que acompaña a cualquier sociedad capitalista “normal”.

En este pasaje se menciona una idea que es central, a saber, que el ciclo económico tendría un origen político. Esto es, la caída económica no obedecería a un factor económico objetivo, que se impondría sobre los capitalistas, sino en última instancia a una decisión de los capitalistas. Es la visión de Kalecki, muy distinta de la de Marx, para el cual el ciclo económico era un hecho social objetivo, que no puede ser controlado por los capitalistas.

Es que en Marx el giro desde la prosperidad a la depresión está determinado por el estancamiento y descenso de las ganancias, y de la tasa de ganancia, a lo que le sigue la caída de la inversión, y con ella de la actividad económica, y del empleo. Se trata de un hecho objetivo porque la caída de las ganancias, y de las tasas de ganancias, no es provocada adrede por los capitalistas, sino se les impone. Según el enfoque de Marx, los capitalistas deciden sus inversiones en base a las ganancias, y la tasa de ganancia, y cuando éstas se estancan, o bajan, disminuyen las inversiones. Por eso las ganancias determinan la inversión (y el consumo de los capitalistas). Kalecki, en cambio, sostiene que son las decisiones de los capitalistas “sobre inversión y consumo las que determinan las ganancias, y no a la inversa” (Kalecki, 1984, p. 47). Por lo tanto, en la medida en que los capitalistas decidan invertir, no habría disminución de las ganancias (en principio, tampoco de la tasa de ganancia, aunque veremos que la cuestión es un poco más compleja), y no habría razón para que dejaran de invertir. Se trata de una de las proposiciones más fundamentales de los keynesianos de Cambridge (Kaldor, Robinson, y en esencia, también Keynes), a saber, que la tasa de acumulación es la variable independiente, y que la tasa de ganancia depende de la tasa de acumulación. Volviendo entonces a Kalecki, la pregunta es ¿por qué podría sobrevenir entonces una recesión o depresión? Una de las respuestas de Kalecki (no es la única) es que el motivo sería puramente político. Los capitalistas no querrían que hubiera una situación de pleno empleo, no porque esto pudiera afectar a sus ganancias (que dependen de la inversión), sino porque temen el clima político que conlleva tal situación. En este enfoque, entonces, el ciclo no tiene naturaleza económica. A fin de profundizar en el examen de esta posición, presentamos en el siguiente punto, de manera sintética, las principales ideas de Kalecki, sus diferencias con Marx, y su visión más general del ciclo, para examinar luego si ésta puede explicar satisfactoriamente las crisis capitalistas actuales.

El enfoque general de Kalecki

En lo que sigue nos vamos a apoyar en Sawyer (1985). Empecemos señalando que Kalecki no hace uso alguno de la teoría del valor trabajo, ni de la teoría de la explotación de Marx. A igual que el resto de los keynesianos de Cambridge, Kalecki pensaba que la idea de valor era metafísica, y no valía la pena discutirla siquiera. Kalecki mantenía sin embargo la noción de explotación en el capitalismo, pero la misma se explicaba por el poder de los capitalistas para determinar los precios. Por eso el conflicto entre el capital y el trabajo se ubica, en Kalecki, a nivel de la distribución y el mercado, y no en el seno de las relaciones de producción, como sucede en Marx. Esto es, en tanto Marx pone el énfasis en cómo se distribuye el tiempo de trabajo (el valor agregado) entre el tiempo de trabajo necesario para reproducir el valor de la fuerza de trabajo, y el tiempo de trabajo excedente, Kalecki parte de los precios de mercado, y desarrolla toda su teoría en este plano. En este respecto, su explicación de los precios juega un rol central. Según Kalecki, las empresas establecen un recargo (mark-up) sobre los costos, que depende del grado de monopolio que tengan sobre el mercado. Para eso toman en cuenta los precios del resto de la industria, ya que un precio demasiado alto les haría perder mercado, y uno demasiado bajo disminuiría su margen de utilidades. En base a esto la fuente de beneficios es el control de los capitalistas sobre sus mercados, no sobre los medios de producción, como ocurre en Marx. Lo cual supone, en el esquema de Kalecki, que los capitalistas tienen un considerable grado de control sobre los precios. De la misma manera, el salario no se determina en el mercado laboral, sino en el mercado de productos, a través de los precios relativos. La influencia de los sindicatos se hace sentir en la medida en que disminuye el poder de monopolio. Según Kalecki, si aumenta el grado de monopolio, y por lo tanto el recargo, o mark-up, aumenta la participación de los beneficios en el ingreso.

Con estos elementos se puede entender la macroeconomía básica de Kalecki. Por un lado, el empleo no depende esencialmente de los salarios, sino del nivel de la demanda, y del output correspondiente; y la demanda a su vez depende de los salarios y de los gastos de los capitalistas. Al aumentar la inversión se expanden el ingreso y el empleo, y por lo tanto los ingresos salariales; pero esto no tiene por qué afectar a las ganancias, porque los capitalistas pueden aumentar los precios (dado el grado de monopolio), de manera que a medida que aumenta la inversión, aumentan también las ganancias. A igual que el resto de los keynesianos de Cambridge (y Keynes) el factor dinámico aquí es la inversión, que determina el nivel de las ganancias, y también el ahorro que financia la inversión. En tanto haya poder de mercado, los capitalistas tienen ganancias; y en tanto aumente la demanda (y la inversión es un componente central de la demanda), aumentan las ganancias. A igual que en todos los enfoques keynesianos, la demanda juega un rol prioritario sobre la oferta. Esto se debe, en última instancia, a que la demanda es vital para la existencia de beneficios, que surgen por el “recargo” sobre los costos; para que este recargo sea factible, la demanda debe ser tal que el precio del mercado supere al costo (trato esta cuestión con alguna extensión en mi libro sobre Keynes y los keynesianos). Antes de terminar este punto, tal vez valga la pena precisar que el poner el acento en la demanda y en la formación de precios por recargo no define necesariamente a un enfoque como “progresista”. Después de todo los modelos convencionales del IS-LM también subrayan la demanda agregada y minusvaloran la oferta agregada; y habitualmente adoptan un mecanismo de formación de precios por mark-up (véase, por ejemplo, los manuales de macro de Blanchard o Dornbusch y Fisher).

Relación entre salarios y empleo en Kalecki y Marx

Antes de analizar el ciclo en Kalecki y Marx es conveniente explicar la relación que establecen ambos autores entre salarios y empleo. Comencemos recordando que en Marx el nivel de empleo depende de la acumulación -esto es, de la reinversión de plusvalía- y del cambio tecnológico. Si el cambio tecnológico permanece constante, la acumulación es de tipo extensivo, lo cual provoca la reducción del ejército de desocupados y el alza de los salarios. Por eso, manteniéndose iguales el resto de las condiciones (por ejemplo, la productividad del trabajo), el aumento de los salarios, derivado del aumento de la acumulación, puede dar lugar a dos escenarios. En el primero el capital continúa acumulando, a pesar de que la tasa de ganancia ha disminuido, porque es compensado por el aumento de la masa de ganancia, que deriva del aumento de la acumulación y de la masa de obreros empleados (véase Marx, 1999, p. 768, t. 1). Sin embargo, existe otro escenario (y es al que parece tender la acumulación extensiva con aumento permanente de los salarios), en el cual la disminución de la tasa de ganancia termina afectando negativamente la acumulación. En este caso “… la acumulación se enlentece tras el acrecentamiento del precio del trabajo, porque se embota el aguijón de la ganancia. La acumulación decrece. Pero al decrecer desaparece la causa de su decrecimiento, a saber, la desproporción entre el capital y la fuerza de trabajo explotable. El precio del trabajo desciende de nuevo a un nivel compatible con las necesidades de valorización del capital (Marx, 1999, p. 769, t. 1). Algunos marxistas han querido encontrar aquí una teoría del ciclo económico, que ocurriría por alza de los salarios. De todas maneras Marx anota enseguida que todo esto tiene validez en tanto no intervenga el cambio tecnológico. Es que la máquina, al expulsar mano de obra, tiende a restablecer los salarios a un nivel compatible con la acumulación del capital, a través del incremento del ejército de desocupados. En cualquier caso, lo importante a destacar es que Marx pone el énfasis en la relación contradictoria entre el salario y la ganancia, y que el alza de los salarios está limitada por las leyes objetivas de la acumulación. En particular, salarios altos pueden dar lugar a desempleo, sea a través de la caída de la acumulación, o a través del cambio tecnológico intensificado, que hace sentir sus efectos sobre el mercado de trabajo.

 

En Kalecki, en cambio, el alza de salarios no tiene este efecto. Para ver por qué, sigamos un momento su razonamiento. Kalecki, siguiendo los esquemas de reproducción de Marx, divide la economía en tres sectores (aclaro que el esquema no es exactamente igual al de Marx, porque Kalecki trabaja con el valor agregado, en tanto Marx con el valor total reproducido; pero no es central para esta discusión). Según Kalecki, el sector 1 produce medios de producción, el sector 2 medios de lujo para los capitalistas y el sector 3 medios de consumo salariales. Supongamos que se produce un aumento de salarios, sin que se modifiquen los precios. En este caso, siempre según Kalecki, aumenta la demanda de los bienes salariales, y por lo tanto aumentan la producción y los beneficios del sector 3, en tanto que en los departamentos 1 y 2 los beneficios caen en un monto igual al aumento de los salarios en esos departamentos. En este caso debería esperarse que también bajaran la inversión y el consumo de los capitalistas de los departamentos 1 y 2, de manera que en el agregado el output no se modificara, a consecuencia del aumento de los salarios. Pero en el esquema kaleckiano los volúmenes de la inversión y del consumo capitalistas se suponen predeterminados (véase Sawyer, p. 117), de manera que el gasto de los capitalistas de los departamentos 1 y 2 permanece constantes. Por lo tanto en el agregado los beneficios no se modifican, en tanto aumentaron el output y los salarios. Pero este resultado descansa en el supuesto crucial de que los capitalistas del sector 1 y 2 no disminuyen sus inversiones y consumos cuando aumentan los salarios, a pesar de la reducción de sus ganancias (y de sus tasas de ganancia), ya que parecen estar “predeterminados”. De todas maneras Kalecki es consciente de que el alza de salarios puede estar mostrando a las empresas que sus costos están aumentando, y que pueden afectar los beneficios, pero piensa que en la medida en que el aumento de los salarios se hace sentir en la economía, aumentan la demanda y el output totales, y los beneficios se mantienen. Sin embargo es de notar que aquí existe un salto desde el nivel de la empresa al nivel general, que no parece estar justificado. Es que los empresarios de 1 y 2 ven disminuidas sus ganancias (y sus tasas de rentabilidad), sin que haya una perspectiva clara de aumento de la demanda en sus sectores; en particular, los empresarios de 2 deberían esperar una caída de la demanda de los productos de lujo, al menos en una primera etapa (en la misma proporción que los empresarios de 3 esperan una suba de la demanda de los bienes salariales). Kalecki soluciona el problema suplantando el análisis de lo que sucede a nivel de las empresas en 1 y 2, por el análisis del agregado macroeconómico (volvemos luego sobre esto). Por otra parte, es claro que la tasa de ganancia baja, si permanecen iguales el resto de las condiciones. Pero Kalecki no toma en cuenta esta cuestión, y sus posibles efectos sobre la inversión.

Para clarificar las diferencias, señalemos que en el esquema de Marx, un aumento general de los salarios, en tanto no afecte la tasa de ganancia al punto de que disminuya la inversión, solo provocaría una redistribución entre las ramas. La rama 2 bajaría su producción, y por lo tanto también la demanda de los medios de producción generados en 1, en tanto la rama 3 aumentaría su producción, y la demanda de medios de producción. En promedio la rama 1 produciría lo mismo que antes, la rama 2 menos y la rama 3 más. El output global no se habría alterado, aunque tendríamos una caída de la tasa de ganancia y de la masa de ganancia.

Por otra parte, si se considera la competencia imperfecta y el mecanismo de fijación de precios por mark-up, que es el marco teórico de Kalecki, el aumento de los salarios provocaría un aumento equivalente de los precios (en tanto el grado de monopolio permanezca igual), de manera que no habría cambios en términos reales de la inversión, el consumo capitalista y los salarios. De todas maneras el aumento de los salarios tendría un efecto beneficioso, siempre según Kalecki, debido a las diferencias en los tiempos de reacción y ajuste. Es que los salarios son inmediatamente gastados en su totalidad, en tanto los beneficios no son gastados inmediatamente, ni en forma completa. Por lo tanto un aumento inicial de los salarios en detrimento de los beneficios tendería a estimular la economía, en tanto se gasta una mayor proporción de salarios. Por eso también Sawyer concluye que en la visión de Kalecki, si todo el ingreso fuera como salarios, en la economía operaría algo similar a la ley de Say. En este enfoque entonces el aspecto contradictorio del capitalismo -que se establece al nivel de las relaciones de producción-, enfatizado por Marx, está muy desdibujado. En particular, porque el cambio tecnológico en cuanto controlador del aumento del salario, los efectos de los aumentos de salarios sobre la tasa de ganancia, y la eventual disminución de la acumulación a causa de ellos, no son considerados. Subrayamos en particular que la minusvaloración en Kalecki de la influencia del aumento del salario en la introducción de la maquinaria, y por consiguiente en la reconstitución de los ejércitos de reserva, tiene por causa el haber puesto el acento en la determinación del salario a través de los mecanismos de formación de precios, y no en la relación entre los propietarios de los medios de producción y los desposeídos. Es en esta relación, en la compra de la fuerza de trabajo por el dinero, donde la máquina actúa como un “arma” en manos del capital, según la visión de Marx.

 

La ganancia y el ciclo en Kalecki y Marx

Puede verse entonces que en Kalecki el desarrollo capitalista depende de la decisión de invertir de los empresarios. Las decisiones de invertir se relacionan a su vez con la disponibilidad de flujos de dinero propio de las empresas, del aumento de las ganancias por unidad de tiempo y de las ganancias esperadas, y también del incremento neto del equipo de capital (medios de producción) por unidad de tiempo. Destaco que Kalecki es consciente de que “el incremento neto de equipo de capital por unidad de tiempo afecta adversamente la tasa de decisiones de invertir”, ya que “significa una reducción de la tasa de ganancia” (Kalecki, 1984, p. 99). Por lo tanto, podemos establecer que la tasa de ganancia es:

B/K = (B/Y) (Y/Q) (Q/K) donde B es beneficio; K es el stock de capital (medios de producción); Q es la capacidad del output. Según Kalecki, B/Y está determinado por el grado de monopolio, que se supone que aumenta a medida que el capital se concentra. La segunda variable no tiene una tendencia particular, aunque podía tener variaciones a lo largo del ciclo con consecuencias importantes para la tasa de rentabilidad; y Q/K tendería a aumentar, en la medida en que el cambio tecnológico es ahorrador de trabajo. Dos cuestiones pueden observase aquí. Por un lado, como señala Sawyer (de quien tomamos la anterior formulación) se necesita un creciente grado de monopolio para compensar la caída en la utilización de capacidad, y también para compensar la tendencia al aumento relativo del stock de capital. Por otra parte, puede verse que los beneficios no tienen que ver con trabajo impago, de manera que las complejidades que surgen de la teoría de Marx, a saber, que a medida que aumenta la productividad del trabajo puede aumentar la plusvalía relativa (si los salarios no suben en la medida en que aumenta la productividad), pero puede bajar la proporción de trabajo excedente sobre capital invertido, desaparecen. En la visión de Kalecki, si los capitalistas tienen suficiente poder de mercado para elevar el mark-up, la tasa de ganancia no cae. Aunque admite que si no todo el ahorro (que está en manos de los capitalistas) se reinvierte, y si aumenta la tasa de acumulación del capital con un nivel de actividad económica estable, habrá una tasa de ganancia descendente, “con un efecto adverso tangible sobre la inversión”, y “en consecuencia la inversión disminuye y se inicia un movimiento cíclico” (Kalecki, 1984, pp. 127-8). Aquí Kalecki parece admitir que el ciclo puede tener causas más objetivas de lo que supone la tesis “el ciclo es meramente político”. De todas maneras es importante subrayar que la masa de ganancia no tiene por qué caer, en el esquema de Kalecki, en tanto se mantenga alta la inversión, y no habría razón para que se interrumpa la acumulación. Es que si bien la rentabilidad puede estar cayendo (aunque hemos visto que no necesariamente),la masa de ganancia siempre puede estar en ascenso. ¿Por qué los capitalistas deberían dejar de invertir? Esta cuestión fue planteada con agudeza por Grossmann hace muchos años, en relación a quienes pensaban que bastaba la caída de la tasa de ganancia para que se frenara la acumulación. Grossmann se preguntó por qué los capitalistas dejarían de invertir si la tasa de ganancia bajara del 6% al 5%, por ejemplo, si paralelamente aumentaba la masa de ganancia (véase Grossmann, 1984). De ahí que pusiera el acento en el carácter bifacético de la ley  de Marx sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. La inversión se detiene no solo cuando baja la tasa de ganancia, sino también cuando se estanca o desciende la masa de ganancia. En lo que respecta a Kalecki, al plantear que la masa de ganancia siempre aumenta con el crecimiento del output, no se encuentra una razón por la cual pueda debilitarse la inversión, aun cuando pudiera bajar la tasa de ganancia (por el aumento del stock de capital). En este sentido, toma fuerza la idea de que en última instancia, el ciclo en Kalecki es de carácter político.

En Marx, en cambio, en determinado momento del auge comienzan a estancarse, o debilitarse, la masa y la tasa de ganancia, y esto lleva a la caída de la inversión. Si bien Marx no dejó elaborada una teoría del ciclo, es posible esbozar algunos rasgos que parecen característicos. Para avanzar en este análisis, es necesario precisar que existe una diferencia muy grande entre los enfoque de Marx y Kalecki en lo que respecta al cambio tecnológico. En Marx, el cambio tecnológico está impulsado por un lado, por la necesidad del capital de dominar al trabajo, reemplazando la mano de obra por la maquinaria, una cuestión que en Kalecki no parece tener poca relevancia, como hemos visto. Pero más importante aún para la explicación del ciclo, es que el otro impulso al cambio tecnológico en Marx deriva de la lucha competitiva entre los capitales; “… la competencia impone a cada capitalista individual, como leyes coercitivas externas, las leyes inmanentes del modo de producción capitalista. Lo constriñe a expandir continuamente su capital para conservarlo, y no es posible expandirlo sino por medio de la acumulación progresiva” (Marx, 1999, pp. 731-2, t. 1).

Según Marx, los capitales buscan obtener plusvalías extraordinarias, disminuyendo los costos de producción, para lo cual reemplazan al trabajo vivo por la máquina. En la medida en que las empresas innovadoras obtienen esas plusvalías extraordinarias, el resto de las empresas deben invertir en las nuevas tecnologías, pues de lo contrario desaparecen. Desde este punto de vista la decisión de invertir no es totalmente libre; existe una fuerte presión que induce a las oleadas de inversión, y eventualmente lleva a la sobreinversión. Pero esto a su vez pone presiones bajistas sobre los precios, que las empresas no pueden dominar a voluntad; y sobre las ganancias. Por eso, cuando la competencia generaliza la nueva tecnología, “se inicia entonces el descenso de la tasa de ganancia… el cual es totalmente independiente de la voluntad del capitalista” (Marx, 1999, p. 339, t. 3). Por lo tanto en la visión de Marx en determinado momento del ciclo aumenta fuertemente la inversión por unidad de trabajo (dado que la única fuente del beneficio es el trabajo humano, esto implica una presión bajista sobre la tasa de ganancia), se reducen las ganancias y la tasa general de ganancia, a la par que se intensifican las presiones bajistas de los precios. En ese punto las empresas se encuentran ante el dilema de continuar sobreinvirtiendo, o retirarse de la lucha competitiva. Esto explica por qué la inversión puede continuar creciendo, aunque la tasa de ganancia, y la masa de ganancia, estén estancándose, o reduciéndose. La situación continúa hasta que estalla la crisis y la economía entra en recesión o depresión. Es que los capitalistas no pueden seguir aumentando la sobrecapacidad indefinidamente en tanto las tasas de ganancia y la masa de ganancia están en descenso (y las condiciones del crédito se endurecen). Por eso finalmente la inversión se detiene, arrastrando a la demanda y la producción hacia abajo. El fenómeno puede ser agudizado por el aumento de los precios de materias primas durante el auge (se puede suponer que la oferta de materias primas no responde con la misma elasticidad que el resto de la industria), y potenciado por el crédito.

 

En Kalecki toda esta dinámica no aparece. Kalecki a menudo subrayó la importancia del progreso tecnológico para mantener positiva la inversión neta (y el pleno empleo), pero la lucha competitiva no juega un rol en ese progreso. Por esta razón la inversión, y el cambio tecnológico que la acompaña, no son analizados a nivel de la empresa. Como explica Sawyer, en Kalecki hay una separación entre las decisiones que atañen a la relación entre precios y costos, y las decisiones de inversión, ya que las primeras se toman a nivel de las empresas, en tanto que las inversiones se analiza a nivel agregado. Por este motivo las decisiones sobre precios y costos influencian el nivel de los beneficios, y de allí a las inversiones, en tanto no se analiza el impacto en reversa que tienen las inversiones sobre las decisiones de costos y precios. Pero en Marx esta última cuestión es clave, porque las inversiones tecnológicas, a la vez que llevan al aumento de la relación capital/trabajo, abaratan los productos. El abaratamiento de los productos (que entran directa o indirectamente en la formación de la canasta salarial) tiene como efecto aumentar la plusvalía relativa (al abaratar el valor de la fuerza de trabajo), lo cual actúa positivamente sobre las ganancias y la tasa de ganancia. Pero también en determinado momento del ciclo la caída de los precios, inducida por la competencia exacerbada y la sobrecapacidad de las empresas,  presiona a la baja a las ganancias y a la tasa de ganancia. En consecuencia, en la visión de Marx, las ganancias y la tasa de ganancia se debilitan, en determinado punto del ciclo, y esto provoca la caída de la inversión, y de la economía. En Kalecki, en cambio, la situación normal es que las ganancias se mantienen altas en tanto la inversión se mantiene alta; y la presión bajista sobre la tasa de ganancia puede ser contrarrestada, por lo menos en un grado considerable, por el aumento del grado de monopolio. Por lo tanto en el esquema de Kalecki la inversión se debilita primero, y la ganancia cae en consecuencia.

Comprobación empírica

 Mi crítico ha sostenido que la teoría de Kalecki sobre el ciclo de negocios permite entender las crisis capitalistas contemporáneas mejor que la teoría de Marx. No voy a detenerme en otros aspectos de las diferencias entre Kalecki y Marx (por ejemplo, si el cambio tecnológico opera de la manera en que dice Marx o Kalecki, o si los precios se establecen de manera oligopólica o competitiva), sino  en la relación crucial entre inversión y ganancia. Pues bien, Tapia Granados (2011) ha testeado las hipótesis respectivas de Kalecki y Marx a la luz de los últimos ciclos económicos de EE.UU.. Los resultados parecen concluyentes. Sistemáticamente los beneficios comienzan a debilitarse antes de que se inicie la recesión, y la inversión cae después del debilitamiento de las ganancias. En la última gran crisis los beneficios llegaron a un máximo en el primer trimestre de 2006, y luego cayeron de manera constante durante el resto del año, en tanto la inversión llegó a un máximo en el segundo trimestre de 2006, y se mantuvo en una meseta alta hasta el tercer trimestre de 2007. Esto es, sucedió lo que dice la teoría de Marx que sucede, y no lo que dice el esquema de Kalecki. Algo similar vemos en los noventa. Los beneficios y la tasa de ganancia llegan a un máximo entre 1996 1997, y luego se estancan y descienden, en tanto la inversión continúa siendo muy alta hasta el inicio del segundo semestre de 2000, cuando cae fuertemente (arrastrando a la economía a la recesión). Más en general, tomando las estadísticas NIPA desde 1947, Tapia Granados encuentra que los beneficios corporativos dejan de crecer, se estancan y luego comienzan a caer unos pocos meses antes de la recesión. Los beneficios antes de impuestos en promedio crecen 1,7% en el quinto trimestre antes de la recesión, pero entonces caen en promedio 0,4% en el siguiente trimestre y luego continúan descendiendo lentamente hasta que se derrumban en el trimestre inmediatamente previo a la recesión y durante la recesión misma (en promedio los beneficios antes impuestos descienden 4% por trimestre durante la recesión). “Es como si una caída de los beneficios aproximadamente un año antes de la recesión envía una señal a los directores y empresarios de cortar la inversión, porque la caída en la tasa de crecimiento de los beneficios antes impuestos desde el séptimo al quinto trimestre antes de la recesión … se asocia con un sustancial decrecimiento de la tasa de crecimiento de la inversión… (…) En promedio, la inversión fija privada continúa creciendo en este período previo a la recesión, y solo un trimestre antes del pico, comienza a caer” (Tapia Granados, 1011, pp. 15-6). A igual que sucedió en las recesiones de 2001 y 2007, en las ocurridas en los 70 se observa con mucha claridad que las ganancias llegan a un pico varios trimestres antes de la recesión, en tanto que la inversión lo hace casi inmediatamente antes de la recesión.  Mi estudio de las crisis  2001 y 2007 también coinciden con estos resultados (ver Tasa de ganancia y crisis en EEUU (1) y Tasa de ganancia y crisis en EEUU 2). Por otra parte, en las recuperaciones, la recuperación de los beneficios también precede a la recuperación de la inversión.

Tapia Granados, además, testea en qué medida los cambios en la inversión predicen cambios en los beneficios, y viceversa, regresando las tasas de crecimiento de una variable sobre las tasas de crecimiento presentes y retrasadas de la otra variable. Los modelos de regresión muestran que el cambio en los beneficios, en particular de los beneficios antes de impuestos predicen en una medida significativa el cambio en la inversión, en tanto que el cambio en la inversión no predice el cambio en los beneficios. Los beneficios antes impuestos tiene un efecto positivo sobre las inversiones, y explican un 44% de la variación de éstas.

Como concluye Tapia Granados, todo indica que el ciclo, y la economía de conjunto, están  liderados por las variaciones de la tasa de rentabilidad. Mis propios estudios sobre las dos crisis, 2001 y 2007-09 también me llevan a esta misma conclusión. Los datos de la evolución de las ganancias, previas a las caídas, parecen concluyentes. ¿Por qué entonces Amico ha sostenido que la teoría de Kalecki explica mejor los ciclos que los enfoques marxistas, que hacen eje en la rentabilidad del capital? Si la caída de la tasa y de la masa de la ganancia precede a la caída de la inversión y de la economía, ¿cómo se puede sostener que el ciclo es político, esto es, que la caída se produce por una decisión de tipo política? ¿Qué sustento tiene la idea de que las crisis no son objetivas? Además, si en el mundo capitalista contemporáneas estamos asistiendo casi a diario a gigantescas guerras de precios, ¿qué sentido tiene una teoría que trata de explicar el ciclo económico basada en la idea de que los precios son “dominados” por las empresas?
Bibliografía: (...)
Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2011/05/08/marx-kalecki-y-el-ciclo-economico

En consecuencia, es hora de instalar la deliberación popular sobre el sistema Capital-Estado mirando -en exclusivo- por aumentar la rentabilidad oligopólica en forma constante y mantener la gobernabilidad pese a la creciente desigualdad y desposesión social. 

 

Quienes no claudicamos en la búsqueda de ir contribuyendo a la comunicación abajo y a la izquierda que nos hermane con los sacrificados, silenciados e invisibilizados en aras del progreso capitalista, tenemos que esmerarnos por plantear la realidad integral del capitalismo local y mundializado recurriendo a funcionamientos concretos como los siguientes referidos a destapar que el sistema antepone la superexplotación de hidrocarburos no convencionales por sobre la vida de las comunidades y pueblos. En efecto, desertifica y destruye la soberanía alimentaria por dar “una relevancia que excede el plano energético y que se construye sobre la base de desestimar no sólo las críticas socioambientales sino también las advertencias respecto al corto horizonte productivo de estos yacimientos -dada la fuerte caída que sufren los pozos a poco de entrar en producción– y sus costos de extracción”.

 

Un iceberg llamado Vaca Muerta

2 de diciembre de 2016

 Por Hernán Scandizzo (OPSur)

 

Se suele usar Vaca Muerta como sinónimo de Añelo, pero los límites van mucho más allá de la localidad neuquina que se ha transformado en la capital de los hidrocarburos no convencionales. Se suele pensar en fracking cuando se menciona Vaca Muerta, pero es mucho más que eso. Allí radica su carácter extremo.

Vaca Muerta es el único proyecto de explotación masiva de gas y petróleo de lutitas que ha alcanzado un desarrollo comercial por fuera de Estados Unidos y Canadá. Enclavado en el norte de la Patagonia argentina, su puesta en marcha despertó la movilización abajo en contra de la fracturación hidráulica, dados los impactos ambientales asociados a esta técnica. Sin embargo, los procesos de transformación del territorio que desencadenan en una vasta región, exceden las problemáticas ligadas a la contaminación del aire, agua y suelo -y sus dimensiones sociales, culturales, sanitarias y económicas. Esto hace necesario extender la mirada para poder mensurar la intensidad del boom del fracking.

La explotación masiva de yacimientos no convencionales irrumpió en Argentina a principios de esta década1 en un escenario dominado por la caída en la extracción de gas y petróleo y de creciente importación de combustibles.2 El gobierno nacional, entonces encabezado por Cristina Fernández, y la compañía YPF, todavía controlada por la española Repsol3, los presentaron como única alternativa para el país ante la crisis energética. Desde entonces la formación de lutitas4 Vaca Muerta ocupa un lugar central en los relatos de la saga Argentina potencia, desplazando al monocultivo de soja transgénica.

“Según las estimaciones realizadas, las reservas comprobadas en el yacimiento de Vaca Muerta, sumadas a las correspondientes a las cuencas de San Jorge y Austral Magallanes, son del orden de 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 TCF (trillón5 de pies cúbicos) de gas, correspondiéndole más del 80% a Vaca Muerta”6, destaca el tercer avance de los Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta, elaborado por el gobierno nacional y equipos técnicos de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública.7 Esto equivaldría a “más de 6 veces las reservas de petróleo explotable en forma convencional y, en el caso del shale gas, más de 27 veces las reservas de gas explotables en forma convencional”, subraya. “De darse las condiciones necesarias y cumplirse las hipótesis indicadas, esta cuantía implicaría no sólo alcanzar el autoabastecimiento, sino que la Argentina se convierta en un país exportador y formador de precios”, concluye el documento publicado en febrero de 2016.

En pocas líneas Estudios Estratégicos pasa de las certeras reservas comprobadas a las hipótesis indicadas, sin embargo mantiene un tono propio de cartilla de promoción. “El boom agrícola y ganadero que comenzó a fines del siglo XIX ocupó geográficamente un área mucho más extensa y duró muchos años, pero no tuvo la magnitud que el fenómeno del shale podría presentar. A su vez, el proceso de industrialización de mediados de siglo XX tampoco es comparable, ni por concentración geográfica ni por explosividad inicial [de Vaca Muerta]”.8 Este breve pasaje expresa claramente el lugar que desde el Estado se le adjudica al desarrollo masivo de no convencionales.

A un lustro de los primeros anuncios, tanto desde la Casa Rosada, que ahora aloja al empresario Mauricio Macri, como desde los gobiernos provinciales, se mantiene la apuesta,9 más allá de que la caída global del precio del crudo en 2014 haya puesto paños fríos a la fiebre inicial. En los últimos cinco años Vaca Muerta dejó de ser una formación de lutitas de 30.000 km2 y se transformó en una Región que abarca porciones disímiles de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, y también genera condiciones para la explotación de gas y crudo de arenas compactas. Una relevancia que excede el plano energético y que se construye sobre la base de desestimar no sólo las críticas socioambientales10 sino también las advertencias respecto al corto horizonte productivo de estos yacimientos -dada la fuerte caída que sufren los pozos a poco de entrar enproducción– y sus costos de extracción. 11

Enroque geológico

Con Vaca Muerta el subsuelo emergió desde las entrañas de la Tierra, desplazó lo existente -pueblos, culturas, economías, vidas-, se convirtió en la nueva superficie y el paisaje se valora en barriles equivalentes de petróleo. Lo anterior es prehistoria. En el caso de Neuquén fueron condenados al silencio los informes oficiales que documentaban los avanzados procesos de degradación de suelos y aguas derivados de casi un siglo de extracción de hidrocarburos.12 Uno de aquellos estudios, realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2010, alertaba que esa situación podía condicionar seriamente el desarrollo agroindustrial,13 que desde mediados de la década de 1990 es presentado como el eje de diferentes planes provinciales de diversificación de la matriz productiva.

En este contexto de enroque geológico los pequeños productores y las economías campesinas e indígenas se debaten entre la resistencia, para conservar la tenencia de la tierra/territorio y formas de vida y producción, y la negociación con la esperanza de participar de la abundancia propagandizada o por lo menos recibir algún tipo de rédito ante un avance que parece ineluctable.14 Lo mismo ocurre con las expectativas laborales, los altos sueldos que se pagan en el petróleo relegan el interés de los trabajadores por las actividades agropecuarias. Sin embargo, tanto las autoridades de Neuquén como de Río Negro15 sostienen que es posible la convivencia entre la actividad productiva y la extractiva, a pesar, también, de los incendios de pozos, derrames y otros episodios registrados en zonas de chacras.16

Diego Rodil, técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sostuvo que “la incompatibilidad de actividades se visualiza en la pérdida creciente de suelo productivo y el incremento de montes abandonados, riesgos sanitarios en la fruta por contaminación lumínica, fragmentación del espacio productivo que dificultan los controles sanitarios en bloque (…) y complejiza el mantenimiento del sistema de riego (…); además de riesgos elevados de contaminación de napas y aguas superficiales”. También advirtió que “los estándares de exportación pueden cambiar y ser rechazada la fruta en un futuro17”. “Desde la lógica capitalista de libre mercado, la renta de la tierra para la extracción de hidrocarburos es muy superior al valor para la práctica agropecuaria. En esta ecuación no se tiene en cuenta el costo que representa la pérdida de suelo productivo sistematizado y dotado de infraestructura, la pérdida de capital social que también llevó años construir, y los puestos de trabajos que se pierden”, subrayó. Tales afirmaciones las hizo en el artículo Avance de la frontera hidrocarburífera sobre suelo productivo. Estación Fernández Oro, Alto Valle del Río Negro, que pretendía presentar en las VII Jornadas de Economía Ecológica de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica, realizadas en Neuquén en noviembre de 2015. Sin embargo, a pesar de que su trabajo había sido aceptado por el comité organizador, el INTA no autorizó su intervención.

La creciente demanda de suelo urbano, por el proceso de metropolización que vive el Alto Valle del río Negro y Neuquén, también genera un fuerte avance en zonas de chacras, donde florecen loteos y los montes frutales son reemplazados por metros cuadrados de cemento. Si bien esta tendencia es anterior al boom de los no convencionales, la construcción de Vaca Muerta como tierra de la abundancia aceleró el proceso. Según el informe Estudios Estratégicos, entre 2009 y 2013 se perdieron alrededor de 2.300 hectáreas en el Alto Valle del río Negro y Confluencia. “Sin contar las que se puedan haber perdido entre 2013 y 2015, se estima que se perderán otras 2.440 hectáreas productivas aproximadamente sólo para urbanizaciones requeridas por el crecimiento poblacional”. Si el sector hidrocarburífero recuperara el nivel de actividad previo a la caída del precio del barril de crudo, en un período no menor a cinco años, se incrementaría la población de la Región Metropolitana del Valle y la Confluencia en 200 mil habitantes, ascendiendo a un millón de habitantes, según estimaciones oficiales. Por ejemplo Añelo, ciudad que hace las veces de plataforma de operaciones de Vaca Muerta, pasó de tener 2500 habitantes en 2010 a 6 mil en 2014, tras el boom, y de haber un nuevo despegue, ascendería a 41 mil en poco más de un lustro, de acuerdo a las estadísticas publicadas en Estudios Estratégicos.

En este punto cabe destacar que si bien la planificación oficial problematiza la pérdida de suelo productivo como consecuencia de la extensión de las urbanizaciones, no hace lo mismo con la apertura de locaciones -que reemplaza la capa fértil con una compactación calcárea de 40 a 50 cm- y las infraestructuras requeridas por proyectos petroleros y gasíferos.

Sinergias extractivistas

La explotación masiva de formaciones de lutitas y arenas compactas lleva implícita la ampliación de las fronteras geográfica y tecnológica, pero también, como consecuencia del despliegue de infraestructura y logística que demanda, genera las condiciones para la puesta en marcha de otros emprendimientos. Al respecto, desde el gobierno nacional y las agencias provinciales que participan en la planificación estratégica de la Región Vaca Muerta se especula con que por sinergia se reactive el proyecto de extracción de potasio en el sur de Mendoza, que en 2013 suspendió la minera brasilera Vale18, y se ponga en marcha la construcción del complejo hidroeléctrico Chihuidos, que significaría no sólo generar electricidad sino también tener control sobre las aguas del río -sea para habilitar nuevas zonas bajo riego, evitar crecidas o garantizar el suministro al sector hidrocarburífero.19

En tanto desde el sector empresario, Dow Chemical señaló que un incremento en la oferta de gas, a partir del desarrollo masivo de los yacimientos de la cuenca Neuquina, generaría las condiciones para ampliar sus instalaciones en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires.20 Cabe destacar que la compañía norteamericana se asoció con YPF en 2013 para desarrollar de manera conjunta el área El Orejano, en Neuquén, y asegurarse la provisión de gas para su planta de PBB Polisur21. A fines de la década de 1990 ambas firmas, junto a Petrobras, pusieron en marcha la compañía Mega SA , para abastecer con gas del yacimiento Loma La Lata sus plantas del sur bonaerense.

La onda expansiva de Vaca Muerta es mucho mayor, si se toma en cuenta, por ejemplo, la extracción de arenas silíceas en Dolavon (Chubut), y Aldea Brasilera y Gualeguay (Entre Ríos). Estas arenas son inyectadas durante el proceso de fracturación hidráulica y funcionan como sostén, es decir, mantienen abiertas las grietas producidas en las rocas para permitir el flujo de gas y petróleo. Según estudios realizados por el National Institute for Occupational Safety and Health de EE.UU., quienes están expuestos al polvo de sílice, como los trabajadores de las locaciones petroleras, corren el riesgo de desarrollar silicosis, una enfermedad pulmonar incurable.22 A pesar de ello, 20 camiones diarios salen de Dolavon con su carga que tiene como destino final Añelo.23 En tanto en Entre Ríos, donde existen más de 40 municipios declarados libres de fracking, asambleas socioambientales cuestionaron en octubre que las autoridades impulsen la extracción en canteras de Gualeguay. Hacia mediados de 2015 desde esa provincia se cubría la mitad de la demanda de arena de YPF.24

Si bien hasta el momento las obras ejecutadas en la Región Vaca Muerta se relacionan con la mejora y ampliación de rutas y la simplificación de los procesos de importación y exportación de insumos y bienes de capital, está en carpeta la recuperación y extensión de tendidos ferroviarios, construcción de acueductos y redes de suministro de gas y electricidad. “Entre los proyectos que comienzan a estar en gestión figura la prolongación del ramal desde Barda del Medio hasta Añelo, en donde se instalaría una planta de clasificación y despacho de arenas provenientes de Dolavon, en Chubut. Se encuentran en suspenso la construcción de un nuevo ramal desde Chichinales hasta Rincón de los Sauces, como parte del proyecto minero del potasio, y el histórico proyecto de prolongar la línea desde Zapala hasta Pino Hachado y articularla con los ferrocarriles chilenos para dar acceso ferroviario a los puertos del Pacífico”, enumera el informe publicado por el gobierno nacional.25

Justamente una de las claves para “sinergizar las infraestructuras, empresas instaladas y dotación que quede en la RVM [Región Vaca Muerta] para direccionar servicios al golfo de San Jorge”, como plantea la Subsecretaría de Planificación Territorial, son los corredores ferroviarios. No solo se proyecta un tendido que agilice el transporte de arenas entre Dolavon y Añelo26, sino ir más allá y comunicar ambas cuencas, lo que “vertebraría una integración operativo/productiva”27. Por otra parte, Vaca Muerta reactualiza el interés de las autoridades por los corredores bioceánicos impulsados en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)28 y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento. Esto no sólo se manifiesta en la mejora de pasos fronterizos en la Patagonia norte y extensión de redes viales y ferroviarias -como el tren a Chile-, sino también en la creación de nuevas aduanas que apuntan, en principio, a facilitar la importación de insumos29, pero que también funcionan en sentido inverso. Si para Vaca Muerta el Pacífico siempre estuvo cerca, el proyecto es que esté aún más cerca.

El fracking asoma como la punta de un iceberg llamado Vaca Muerta cuya deriva puede transformar profundamente el territorio, aún más de lo que está a la vista con los riesgos de contaminación de agua, aire y suelo asociados a la técnica, o la pérdida de tierras productivas. Una de las condiciones para garantizar la explotación masiva de yacimientos no convencionales es la construcción de corredores de infraestructura que optimicen la circulación de insumos, maquinarias, personas, etc., lo que se traduce en reducción de costos de producción y acorta la distancia-tiempo con los mercados globales.30 Esas condiciones no sólo hacen a la viabilidad de la extracción de hidrocarburos, sino también a la de proyectos mineros o la producción agroindustrial en gran escala. Del cuello de Vaca Muerta cuelga una campana, su tañido convoca a otros proyectos extractivos.

Notas

1 Si bien para 2006 en la provincia de Neuquén se habían perforado 40 pozos en arenas compactas y dos en lutitas, recién en 2012 se produjo el despegue, hasta llegar a los más de 1150 pozos no convencionales en producción actuales. Estadísticas de Ministerio de Energía de Neuquén hasta agosto 2016 .

2 Los combustibles fósiles constituyen alrededor del 90% de las fuentes de energías primarias del país, en 1998 se registró el pico de extracción de crudo y en 2004 el de gas, desde entonces los niveles convencionales descendieron .

3 En mayo de 2012 el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de YPF, que se encontraban en poder de Repsol. Dos años más tarde se cerró el proceso al acordar las partes el monto de la indemnización.

4 Utilizamos alternativamente lutitas y shale.

5 Según denominación norteamericana.

6 Cabe señalar que el avance y planificación pública de los no convencionales es traccionado a nivel internacional por la Agencia de Información Energética de EEUU y que las estimaciones, tasas de retorno y rentabilidad de formaciones shale son cuestionadas. Por ejemplo, la agencia oficial polaca de Energía, redujo su potencial de shale gas a una décima parte de lo que había hipotetizado su par norteamericana; un hecho que, sumado a la baja productividad de los pozos y a la resistencia social, hizo abortar proyectos de grandes empresas como Chevron (Boletín EJES Nro. 4. Inflar hasta que explote: sobreestimación de recursos ).

7 Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación (2016). E studios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. Plan Estratégico Territorial. Avance III , pp. 123-124.

8 Subsecretaría de Planificación, 2016: 124 .

9 La cotización interna del barril de crudo por encima de los valores internacionales, así como el incremento del precio del gas en boca de pozo y de los combustibles en el surtidor expresan la decisión de seguir apostando por los no convencionales.

10 Las advertencias sobre los impactos de la técnica en el ambiente y salud de la población fueron desestimadas por las autoridades provinciales y nacionales, que hicieron suyos los argumentos de las empresas petroleras y de servicios, caricaturizaron las críticas y catalogaron de terrorismo ambiental a la militancia de los opositores. Ver Pechen pidió educar en contra del “terrorismo ambiental” (Río Negro, 14/12/2013) y Sapag pidió “no generar terrorismo ambiental” (La Mañana Neuquén, 21/03/2014).

11 A partir de la experiencia norteamericana, Post Carbon Institute concluyó que la curva de declive productivo de los pozos no convencionales se reduce a más de la mitad luego del segundo año (Boletín EJES 4/2016, Recursos no convencionales y el problema de su corto horizonte ). Por otra parte, norteamericana Exxon anunció a fines de octubre que “podría reducir sus reservas de tres mil 600 millones de barriles en el sitio de Kearl [arenas bituminosas en Canadá] y de mil millones en otros lugares en América del Norte, es decir 19 por ciento de sus reservas totales”, si concluyera que los costos financieros tornan inviables esos proyectos ( El Diario, 28/10/2016 ).

12 Programa Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2010). El riesgo de desastres en la planificación del territorio: primer avance. Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial. 1ra Edición. Buenos Aires. PNUD-Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública – Minplan. Ver tambiénPNUD y Provincia del Neuquén (1998). Proyecto ARG/97/024 Emergencia Ambiental, Hidrocarburos -Compensación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Neuquén. Resumen Ejecutivo. // Copade. Dirección General de Programas y Proyectos. Secretaría de Estado General de la Gobernación del Neuquén (2006). Plan Estratégico Territorial, Argentina 2016, Provincia del Neuquén.

13 Más allá de la consideración que actualmente tengan las autoridades de esos informes, los discursos de diversificación no fueron abandonados, aunque si cambiaron los actores. El rol protagónico lo concentran los grandes capitales, vinculados a establecimientos agropecuarios altamente tecnificados. Ver La huella petrolera y los límites a la diversificación económica neuquina, Neuquén y el eterno retorno de la diversificación y Scandizzo, H. (2016). Hidrocarburos y diversificación productiva en tiempos de Vaca Muerta. Nueva expansión de frontera del capital, en Pérez Roig, D., Scandizzo, H. y di Risio, D., Vaca Muerta, construcción de una estrategia. OPSur-Jinete Insomne. Buenos Aires.

14 Ver Los derechos que faltan en las tierras de Vaca Muerta y “Guarda que viene el chino”

15 En Río Negro el avance de las exploraciones y explotaciones petroleras se produce sobre el valle fértil que la catapultó como la principal provincia productora de peras y manzanas del país.

16 El más reciente fue la fuga de agua salada de un pozo, que inundó una chacra lindante con la locación, secando álamos y frutales ( Río Negro, 29/10/2916 ). Para más información se puede consultar el libro de Martín Álvarez Mullally, Alto Valle Perforado .

17 Al respecto, la productora orgánica Jessica Lamperti, de Allen, denunció que un cliente desistió de seguir comprándole porque en la localidad se realiza fracking. Más información Río Negro, 01/11/2015 .

18 Cabe recordar que en 2010 Vale firmó un convenio con YPF para garantizarse el suministro de gas ( El Cronista, 07/12/2010 ). Desde principios de 2016 circulan rumores sobre la reactivación del proyecto minero ( El Diario de La Pampa, 26/04/2016 y Los Andes, 13/09/2016 ).

19 Ver Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación, 2016: 105.

20 Medios de prensa corporativos, como Revista Petroquímica , presentaron esas declaraciones como el anuncio de un mega proyecto en puerta.

21 YPF y Dow comprometen una inversión adicional de 500 millones de dólares para explotar shale gas en Vaca Muerta .

22 Más información en Compendio de Hallazgos Científicos, Médicos y de Medios de Comunicación que Demuestran los Riesgos y Daños del Fracking.

23 El 24 de junio la Legislatura de esa provincia declaró bien público a las arenas silíceas, lo cual convierte al Estado en un socio estratégico de la actividad. “Lo que aún resta discutir -destacó el portal patagónico Big Sur- son las regalías que obtendrá la provincia por la extracción de sus recursos naturales, qué impactos le generará a la salud de los habitantes de Dolavon, 28 de Julio, Gaiman y Trelew; qué impacto ambiental tendrá sobre las aguas del río Chubut, qué daño generarán a las rutas el traslado de 20 camiones diarios de arena; qué valor agregado puede generarse en la zona más allá de los ’40 empleos directos’ prometidos por YPF y qué pasará cuando sólo quede un pozo. Todo esto es una incógnita pero, mientras tanto, los camiones van y vienen uniendo silenciosamente las provincias.” ( Big Sur, 04/07/2016 ).

24 OPSur, 07/10/2016. Asambleístas repudian la extracción de arenas para fracking en Gualeguay . Arenas: YPF ya usa 50% de material nacional provisto por Entre Ríos (El Diario, 15/07/2015).

25 Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación, 2016: 23.

26 Más información La Nueva, 05/05/2015.

27 Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación (2015). Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. Segunda Etapa. Informe Final. Tomo 2 . Programa de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Noviembre, p. 263.

28Análisis críticos sobre el IIRSA se pueden encontrar en Raúl Zibechi (2006) y Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto (2007)

29 Más información La AFIP creará una delegación de Aduana para Vaca Muerta (Río Negro, 31/07/2014) y Crean una aduana especial (La Nación, 19/05/2015).

30 Para profundizar este aspecto ver el artículo de Nicholas Hildyard que forma parte de esta serie de producciones sobre energía extrema.

Este artículo es parte del proyecto Energías Extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Heinrich Böll Stiftung Cono Sur.

http://www.opsur.org.ar/blog/2016/11/17/un-iceberg-llamado-vaca-muerta/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=219879 

 

Es hora de generalizar el análisis de cómo la incesante acumulación gran capitalista de riquezas y poder se dio desde los setenta hasta hoy por creciente avasallamiento de derechos.  En esa misma senda es crucial cuestionar el carácter distribucionista de los gobiernos progresistas y la economía de los demo-cidios.

 

 

En la búsqueda de aportar al debate sobre el estado e implicancias del sector hidrocarburífero, Taller Ecologista (Rosario) y OPSur (Buenos Aires y Neuquén), en el marco de EJES - Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, presentan el “Informe económico sobre transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina”.

Con pocas investigaciones de este tipo en el país, entender y cuantificar las transferencias es un objetivo central debido a sus consecuencias y alcances, meta que nos hemos puesto para el período 2008-mediados de 2016. Los resultados obtenidos muestran flujos cuantiosos y en franco crecimiento:

·  Más de 21 mil millones de dólares han sido transferidos a las empresas del sector;

·  Los montos se incrementaron en los últimos años, llegando a superar los 3 mil millones de dólares por año en 2013, 2014 y 2015;

·  Del total, el Estado nacional transfirió 14 mil millones de dólares por diversas vías, siendo el restante originado por los consumidores;

·  Entre 2009 y 2015, el aporte estatal representa 1,5 veces la masa salarial del sector, casi el 30% de lo ejecutado por el Ministerio de Educación, el 74% del Ministerio de Salud y más de dos veces de lo gastado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología;

·  A partir del aumento tarifario del gobierno de Cambiemos en 2016, hasta mediados de año los consumidores transfirieron el 81% del total, frente a un 2% entre 2008 y 2014;

·  En cuanto a los beneficiarios, YPF y Pan American Energy (Bulgheroni, Cnooc y BP) captaron el 72%, siendo otros actores destacados Sinopec, Pluspetrol y Total;

·  Además de ir en aumento, las transferencias representaron una porción cada vez mayor de la facturación total del sector, alcanzando el 48% para 2015.

En todo el período analizado las transferencias de la política hidrocarburífera apuntaron a la producción, donde se estimuló a las empresas con señales de precios para que incrementen sus niveles de extracción y exploración, especialmente en su fase no convencional y en la cuenca Golfo San Jorge. La prioridad de este aspecto fue en detrimento de abordar el impacto socioambiental de la actividad. Con el gobierno actual a esta tendencia se le sumó el aumento de tarifas, donde se plasmó el abandono de la idea de acceso popular a la energía en tanto derecho. A largo plazo, las políticas de estímulo dan continuidad a un esquema de consumo energético ineficiente e injusto desde el punto de vista económico y ambiental.

Las transferencias son una herramienta que permite reflejar aportes que van más allá del subsidio directo. Las definimos como el resultado de las presiones que se ejercen sobre la estructura de precios relativos en beneficio de una determinada rama de actividad o sector empresarial. Esto permite englobar subvenciones directas y políticas indirectas, como la devaluación.

El reconocimiento y la evaluación de las transferencias es un problema estratégico. Las mismas comprometen distintas dimensiones: los territorios, infraestructura y capital involucrados; la captura y transferencia de fondos públicos hacia uno de los sectores más ricos, concentrados y de mayor nivel de daño sanitario y degradación ambiental. Al mismo tiempo, los fondos públicos engrosan una industria que necesariamente debe tender a un achicamiento drástico si se desea mantener el clima planetario bajo cierta estabilidad. El esfuerzo de dejar los fósiles también implica re-direccionar el accionar estatal para apuntar hacia una transición justa.

La importancia de este sector implica la necesidad de establecer políticas profundas y de largo alcance que contemplen, entre otras cuestiones:

·  Recuperar la capacidad de conducción del sector por medio de una fortalecida empresa estatal con participación ciudadana en las decisiones.

·  Desconcentrar el segmento privado del mercado.

·  Proteger el medio ambiente y fomentar la diversidad y transición productiva de las zonas de extracción de hidrocarburos.

·  Fomentar la diversificación de la oferta primaria de energía.

·  Bajo la premisa de que la energía es un derecho, garantizar el acceso de toda la sociedad a los recursos energéticos.

Estimular un uso racional y eficiente de la energía, primordialmente en el transporte y en la industria.
EJES es una articulación de organizaciones involucradas en el debate energético y socioambiental de la Argentina, y es motorizada por Observatorio Petrolero Sur (Buenos Aires y Neuquén) y Taller Ecologista (Rosario).  

Desde una mirada interdisciplinaria, federal y atenta a los múltiples niveles, abordamos fundamentalmente el megaproyecto Vaca Muerta, teniendo en cuenta las políticas públicas, territorios y poblaciones implicadas en el largo plazo. De forma estratégica, hacemos foco en los ángulos económico-financieros y de justicia socioambiental, a través de los cuales buscamos exponer las implicancias negadas de la obstinación hidrocarburífera y proponer escenarios de transición energética y productiva.

Contactos de prensa
 
(0341) 15680 7577  // (0341) 15670 7483 // (0341) 15510 8991 // (011) 155035 5436


EJES - Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental 
Observatorio Petrolero Sur
Taller Ecologista 

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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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(pdf cuadernillo uac:) --> 
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Argentina - Vaca Muerta: construcción de una estrategia

6 de diciembre de 2016

 

A través de tres artículos buscamos discutir en profundidad las políticas públicas que posibilitaron el desarrollo de Vaca Muerta. Revisamos el rol de las empresas estatales y cómo el kirchnerismo utilizó como "estado empresario" a YPF. Y también analizamos el eterno discurso de la diversificación productiva de Neuquén, que siempre queda trunco por la prioridad que tiene la actividad hidrocarburífera en la región.

Autores: Diego Pérez Roig, Hernán Scandizzo y Diego di Risio

En los últimos 150 años la población mundial se multiplicó por cinco, mientras que, gracias al uso de combustibles fósiles, el consumo de energía se multiplicó casi por 50. Para mantener el standard mínimo de consumo que se ha instalado, el desarrollo de la sociedad moderna se sostiene en un modelo de uso intensivo de energía.

A pesar del contexto global de emergencia y agotamiento de fuentes y sumideros, la imagen de progreso sigue anudada a la idea de un consumo creciente de energía. En ese sentido, en nuestro país una fuerte campaña de distintas dimensiones, instalada principalmente través de los medios, propone la idea de Vaca Muerta como la salvación nacional en tanto futuro, progreso y…¿felicidad?

En Argentina, la agenda energética gira en torno a la pérdida del autoabastecimiento, los impactos sobre la balanza de pagos, la recuperación de YPF y los subsidios, sin embargo, estas temáticas ocultan otra agenda más compleja.

Los autores de esta publicación asumen que la energía no es sólo un concepto físico, sino que también reúne aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Además, tiene una relación intrínseca con derechos adquiridos que se ven afectados y violentados por el modelo de extracción hidrocarburífera. A través de casos concretos se pone en evidencia que un sistema de producción de energía es un sistema de poder. ¿Energía para qué? ¿Para subsidiar un tipo de sociedad como la actual o como una herramienta para vivir mejor?

El aporte de este libro es sustancial no sólo por el profundo análisis que expone del fenómeno Vaca Muerta, sino por hacerlo mientras este proceso transcurre, alertando sobre sus consecuencias, aspirando a ahorrar dolores a nuestros pueblos y esbozando alternativas.

Pablo Bertinat – Director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad (UTN FRRo) – Miembro de Taller Ecologista

Para acceder al libro (PDF) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:

Vaca Muerta. Construcción de una estrategia (1,63 MB)

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_-_Vaca_Muerta_construccion_de_una_estrategia

 

 Crisis civilizatoria

 

Sigamos cuestionando al Estado distribucionista del gobierno CFK y la construcción K de consenso en torno a un capitalismo humanizado:

 

“Somos todos keynesianos”, ¿de nuevo? (1)
26 de noviembre de 2016

 

Por Rolando Astarita

“Somos todos keynesianos”, se lo habría admitido el presidente Richard Nixon, en enero de 1971, a un periodista, en charla informal. Nixon estaba aplicando un programa fiscal expansivo –a pesar del déficit presupuestario- y una política monetaria también expansiva. Dado que su administración era profundamente conservadora, el “somos todos keynesianos” quedó grabado como un símbolo de hasta qué punto por entonces se instrumentaban las políticas “keynesianas”.

Pues bien, el “somos todos keynesianos” está de vuelta desde la crisis de 2008-9, y cobra fuerza por estos días. El programa económico de Trump es representativo: promete estimular la economía a través de rebajas de impuestos y proyectos de infraestructura por un billón de dólares, que se financiarían con deuda pública y participación privada. Pero también Obama buscó reanimar la economía mediante inyecciones fiscales. Y antes lo había intentado Bush, cuando se iniciaba la crisis. En Japón, no solo las políticas del primer ministro Abe encajan en lo que habitualmente se conoce como “keynesianismo”, sino también las de los gobiernos anteriores. Más en general, en el 2008 y 2009 el FMI y el G20 recomendaron a los gobiernos dar estímulos fiscales por un monto equivalente al 2% del PBI; además de aplicar políticas monetarias expansivas. Pero hay más casos: frente a la crisis, China aplicó un gigantesco plan de inyección fiscal. Recientemente, el gobierno británico instrumentó un programa de expansión fiscal para amortiguar los efectos del Brexit. El gobierno de Cambiemos, en Argentina, considerado por muchos “neoliberal”, trata de sostener la demanda en base a gasto y déficit fiscal, que financia con un endeudamiento en rápido ascenso. Y así podríamos seguir mencionando casos.

La idea rectora es siempre la misma: generar, a partir de un incremento del gasto fiscal, un círculo virtuoso de demanda, que dé lugar al aumento del empleo y de la producción. El supuesto es que el dinero volcado a la economía sea gastado por los trabajadores y empresarios; lo que a su vez generará nueva demanda, que volverá a ser gastada, y así en las sucesivas rondas. Es el multiplicador keynesiano en acción. Después de años de teoría neoliberal (en la práctica las políticas fueron otra cosa), en que el gasto fiscal no cumplía prácticamente ningún rol, la receta keynesiana es aceptada por el  establishment económico. Tal vez el texto más representativo en este respecto sea el de Blanchard, Dell’Ariccia y Mauro (2010).

 

Dado el aura de “izquierdismo” que tienen las políticas llamadas keynesianas, se plantea entonces la pregunta de si esta vuelta a una política de mayor gasto fiscal representa alguna forma de “giro a la izquierda” de los gobiernos capitalistas y de los organismos internacionales. Algunos intelectuales de izquierda incluso ya están diciendo que, en lo económico, programas como el de Trump son progresistas (o “no-neoliberales”).

Adelantamos que nuestra respuesta es que este giro “keynesiano” apenas reasume algunos elementos de las políticas de posguerra del “keynesianismo bastardo”, como lo llamó Joan Robinson, para marcar su distancia con el Keynes de la Teoría General, en un encuadre general “de derecha”; esto es, de políticas orientadas a incrementar la explotación del trabajo. En esta nota buscamos resumir las principales características de estas evoluciones. Con este fin, en lo que sigue empezamos resumiendo las principales ideas de Keynes sobre las políticas económicas. A partir de aquí, pasamos revista a la evolución del mainstream de la macro. Debido a su extensión, hemos dividido la nota en partes.

 

Keynes, política frente a la crisis

Es indudable que Keynes recomendó, durante la crisis de los 1930, políticas fiscales expansivas; y bajas tasas de interés. En este punto se enfrentó a una parte importante del establishment, que sostenía que las economías capitalistas se restablecerían dejando actuar a las fuerzas del mercado, que los presupuestos deberían estar siempre equilibrados, y que las políticas fiscales, en el mejor de los casos, eran inefectivas. Como dato ilustrativo, digamos que en durante la campaña electoral de 1932, Roosevelt prometía acabar con el déficit. Una buena parte de los economistas sostenía que con el equilibrio de las cuentas fiscales se restablecería la confianza de los inversores (argumento que se mantiene hasta el presente). Además, la mayoría del establishment estaba por una política monetaria dura, que defendiera el valor de la moneda.

La posición de Keynes fue contraria a esas orientaciones. Por ejemplo, en 1925, en “Las consecuencias económicas del señor Churchill”, criticó la deflación por sus consecuencias recesivas para la industria y las tensiones sociales que generaba. En 1929 escribió el programa económico del candidato del partido Liberal, Lloyd George, donde atacó la política del Tesoro de austeridad fiscal, y propuso un plan de obras públicas. En 1931 consideró que el final del patrón oro y la depreciación de la libra esterlina proporcionarían un alivio a la economía británica. También en 1931, en “Los medios para la prosperidad”, defendió la teoría del multiplicador –que había elaborado poco antes su alumno Robert Kahn- y el aumento del gasto fiscal. Y en diciembre de 1933, en una carta abierta al presidente Roosevelt, sostuvo que la demanda es tan necesaria para el aumento del capital como la oferta, y recomendó aumentar el gasto estatal, financiado con endeudamiento del gobierno o emisión monetaria.

Así, a través de sucesivos artículos polémicos, fue delineando el enfoque que luego desplegaría en la Teoría General (en adelante, TG). Aunque no era el único que pedía políticas activas; otros economistas compartían el enfoque, pero carecían de un fundamento teórico para defenderlo.

 

La Teoría General y las recomendaciones de política económica

La TG vino a llenar el vacío que había en los 1930 para justificar políticas activas. Entre sus ideas centrales está la crítica a la ley de los mercados, o ley de Say, que dice que la oferta genera siempre una demanda correspondiente. Al sostener que no siempre el ahorro se canaliza a la inversión –puede ser atesorado- Keynes demuestra que la demanda puede ser inferior al producto. Además, sostiene que el nivel de empleo no depende sólo ni principalmente de los salarios, y que es decidido por los empresarios en base a la demanda esperada, y los costos esperados. De manera que a un nivel de demanda esperada (o demanda efectiva, como le llama Keynes), y dadas las condiciones físicas de la oferta y los salarios, se determina el volumen de ocupación, que determina el ingreso nacional. La demanda, por otra parte, depende del consumo, que depende del ingreso; y también depende de la inversión, que depende de la tasa de interés (determinada por la preferencia por la liquidez); y del rendimiento esperado de la inversión, o eficiencia marginal del capital.

A partir de estos elementos, Keynes pone el acento en estimular el consumo y la inversión. En particular, sostiene que la inversión es clave para sostener la demanda (véase aquí y aquí). Y enfatiza que, debido a la incertidumbre acerca del futuro, nada asegura que la inversión se mantendrá a un nivel que garantice el pleno empleo, o un alto nivel de empleo.

Destaquemos entonces que no siempre, ni necesariamente, un tirón de demanda –promovido por el gasto estatal- pondrá en movimiento la ronda de gastos que sugiere la teoría del multiplicador. Supongamos, por ejemplo, que una economía está en crisis, y el gobierno inyecta gasto para reanimar la demanda. Las empresas entonces reducen sus stocks de mercancías sin vender, pero supongamos que con el ingreso obtenido, en lugar de volver a contratar trabajadores, deciden bajar sus deudas con los bancos, o mantenerse líquidas, porque tienen incertidumbre acerca de la evolución general de la economía (Alvin Hansen, (1945) y Leijonhufvud (2006) contemplan esta posibilidad). En ese caso, la inyección fiscal habrá sido ineficaz. Se pueden mencionar casos actuales que ilustran el argumento. Uno es el poco efecto de la inyección de dinero que dispuso Bush cuando la economía de EEUU giraba a la recesión, en 2008. Otro, más significativo, son las políticas fiscales expansivas aplicadas en Japón, desde inicios de los 1990. A fin de sacar a la economía del estancamiento, y a lo largo de los últimos 25 años, los gobiernos nipones inyectaron ingentes cantidades de estímulo fiscal, construyendo puentes, caminos, represas, escuelas, centros de deporte, líneas férreas. Como resultado, el gasto público pasó de representar el 30% del PBI, en 1990, al 42% en la actualidad; y la deuda pública hoy alcanza al 230% del producto. Sin embargo, desde 1992 a la fecha la economía nipona creció a un promedio anual de solo el 0,9%.

Por eso, y tal vez previendo estas dificultades, en la TG (capítulo 10) Keynes no afirma que el mecanismo del multiplicador siempre, y en toda circunstancia, se pondrá en funcionamiento. Puntualmente planteó que el incremento del gasto público podía elevar las tasas de interés y los precios de los bienes de capital, lo cual afectaría negativamente a los inversionistas privados, y que era necesario contrarrestar este efecto impulsando una baja de la tasa de interés. En segundo término, sostuvo que los programas gubernamentales podían generar desconfianza, aumentar la preferencia por la liquidez o disminuir la eficiencia marginal del capital (esto es, la expectativa de ganancias), y por lo tanto retardar las inversiones. Aunque, a pesar de estas matizaciones, pensaba que el mecanismo básicamente funcionaba de la manera indicada por la teoría. Por eso escribió que cuando existe desocupación involuntaria, todo gasto –fuera para la construcción de pirámides, para reparar daños ocasionados por terremotos, e incluso por las guerras- podía servir para aumentar la riqueza y la ocupación. En este contexto aparece su famoso argumento sobre que, si la Tesorería llenara botellas con billetes de banco, las enterrara y dejara a la iniciativa privada el cuidado de desenterrar los billetes, no habría más desocupación.

Sin embargo, cuando analiza el ciclo económico (capítulo 22 de la TG), no recomienda políticas contracíclicas. De acuerdo a algunos poskeynesianos, la razón es que pensaba que lo importante era aplicar políticas que evitaran las fluctuaciones; de ahí que llegue a proponer la socialización de la inversión (véase más abajo). Pero además, a lo largo del libro mantiene la preocupación por el clima de los negocios, y el incentivo para invertir. Significativamente, en el capítulo 12, dedicado a las expectativas de largo plazo –en las cuales la incertidumbre juega un rol central- da gran importancia al ambiente político y social, y a la confianza, o desconfianza, que puedan inspirar los gobiernos a los “hombres de negocios”:

“[…] no sólo se exagera la importancia de las depresiones y retrocesos, sino que la prosperidad económica depende excesivamente del ambiente político y social que agrada al tipo medio del hombre de negocios. Si el temor de un gobierno laborista o de un New Deal deprime la ‘empresa’, esto no tiene que ser necesariamente resultado de un cálculo razonable o de una conspiración con finalidades políticas; es simple consecuencia de trastornar el delicado equilibrio del optimismo espontáneo. Al calcular las posibilidades de inversión debemos tener en cuenta, por tanto, los nervios y la histeria, y aun la digestión o reacciones frente al estado del tiempo, de aquellos de cuya actividad espontánea depende principalmente” (TG, p. 148).

Esto es, el New Deal, que comúnmente se cita como ejemplo de la “política keynesiana” por excelencia, puede perjudicar, según el mismo Keynes, a las inversiones, si no inspira confianza en los capitalistas.

Textos citados
Blanchard, O.; G. Dell’Ariccia y P. Mauro (2010): “Rethinking Macroeconomic Policy”, IFM Staff Position Note, febrero (https://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf).
Hansen, A. (1945): Política fiscal y ciclo económico, México, fce.
Keynes, J. M. (1986): Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México, FCE.
Leijonhufvud, A. (2006): “Los ciclos largos en las visiones económicas”, en Organización e inestabilidad económica, Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, pp. 3-19.

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“Somos todos keynesianos”, ¿de nuevo? (1)

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2016/11/26/somos-todos-keynesianos-de-nuevo-1/

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“Somos todos keynesianos”, ¿de nuevo? (2)

3 de diciembre de 2016

 Por Rolando Astarita

 

Salvar al capitalismo y socializar la inversión

 Los pasajes que hemos citado en la parte anterior de la nota evidencian la aguda conciencia que tenía Keynes de la necesidad que el Estado garantizara a los empresarios un clima político y social favorable a sus negocios. Una preocupación que es congruente con el objetivo último de la Teoría General (en adelante, TG): responder a las amenazas que representaron para el dominio del capital la Revolución Rusa y las convulsiones sociales que le siguieron. Keynes estaba profundamente compenetrado de esta cuestión. 

 

Su objetivo era reformar al sistema capitalista, para salvarlo, y atenuar los conflictos de clase.

En esta perspectiva, en la TG, en el último capítulo, aboga por la progresiva disminución de las diferencias sociales mediante impuestos a las herencias y la riqueza. También sugiere que el Estado debería ejercer influencia sobre la propensión a consumir a través de los impuestos, fijando la tasa de interés y “quizás por otros medios” (p. 332). Sin embargo, la tasa de interés no sería suficiente para garantizar la inversión óptima, y por eso afirma que “una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximarse a la ocupación plena” (ibid., pp. 332-333). Una propuesta anticipa en el capítulo 12. Esa eventual socialización de la inversión sería congruente, además, con su idea de que se estaba en transición hacia otra forma de sociedad (¿o capitalismo?) en la que desaparecería el rentista. Por rentista entendía al inversor que vive de los beneficios, sin cumplir rol productivo alguno. Keynes pensaba que los capitalistas serían progresivamente reemplazados por administradores de empresas, quienes cobrarían un salario por su función.

Sin embargo, también rechaza la estatización de los medios de producción: “… no se aboga francamente por un sistema de socialismo de Estado” (ibid., p. 333). Como alternativa a la administración estatal, era partidario de entidades gubernamentales descentralizadas y cuerpos públicos semi-autónomos, que deberían operar bajo los auspicios del Estado, como las universidades o el Banco de Inglaterra. Pero no brinda ninguna indicación precisa de cómo implementar esa política. Consustanciado con el liberalismo burgués, rechaza al Estado “totalitario y homogéneo” que “parece resolver el problema de la desocupación a expensas de la eficacia y la libertad” (ibid. pp. 334-335). Aunque pensaba que la época del laissez faire había pasado, su objetivo último era la defensa del individualismo, “la mejor salvaguarda de la libertad personal, si puede ser purgado de sus defectos y abusos” (ibid., p. 334). La intervención del Estado debía estar orientada a ese fin.

Con esta perspectiva, Keynes termina inclinándose por un compromiso con la teoría económica establecida. Sostiene que es válida en tanto admita que las fuerzas del mercado, por sí mismas, no llevan al pleno empleo y uso de los recursos. Y si bien el Estado debía intervenir en la economía, “el interés personal determinará lo que se produce, en qué proporción se combinarán los factores de la producción con tal fin, y cómo se distribuirá entre ellos el valor del producto final” (p. 333). Por eso, afirma que si se generan las condiciones apropiadas, “el libre juego de las fuerzas económicas” desarrollaría al máximo la potencialidad de la producción. Este aspecto, el más conservador, del pensamiento de Keynes, por lo general es disimulado por los poskeynesianos de izquierda. Pero constituyó un punto de apoyo importante para lo que vendría después, la síntesis keynesiana – neoclásica. También es significativo que Keynes haya aceptado, en principio, el modelo IS-LM, elaborado por Hicks.

Desde un enfoque marxista, podemos decir que la TG encierra una tensión imposible de desconocer. Es que la propuesta de socializar la inversión y la (prevista) eliminación del aspecto rentístico del capitalismo, apuntan a un régimen que no es capitalista. En igual sentido, el objetivo del pleno empleo entra en conflicto con el rol disciplinador de la desocupación sobre la fuerza de trabajo, y de contención de las demandas salariales. Una cuestión que en los años 1940 plantearon los keynesianos Joan Robinson y Michal Kalecki (véase aquí). Pero por otra parte, Keynes nunca cuestionó los fundamentos de la economía neoclásica; menos todavía, los orígenes de la ganancia, el interés o la renta. Alababa los beneficios del capital y los mercados libres, y prescribió la intervención estatal como el precio necesario para la preservación del sistema.

 

El IS-LM

A poco de publicada la TG, sus ideas centrales fueron adaptadas al modelo IS-LM, con el que todavía se enseña Macroeconomía en las facultades de Economía. En este modelo, la inversión se relaciona negativamente con la tasa de interés; el ahorro depende positivamente del ingreso; y en equilibrio, el ahorro es igual a la inversión. Con estas relaciones se determina la curva IS, que da todas las combinaciones de tasa de interés e ingreso a lo largo de las cuales el ahorro es igual a la inversión (o sea, el mercado de bienes está en equilibrio). Por otra parte, se postula que la demanda de dinero depende positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés; y que la oferta monetaria es exógena (determinada por el Banco Central). Con estas relaciones se determina la curva LM. La curva nos dice que para cada oferta monetaria dada existe una relación entre tasa de interés e ingreso que mantiene al mercado monetario en equilibrio. La intersección de las curvas IS y LM dan entonces el ingreso y la tasa de interés de equilibrio de la economía.

De manera que en este modelo no se considera el tiempo económico; tampoco hay lugar para la incertidumbre, ni para los atesoramientos generalizados (que son típicos de las crisis capitalistas de sobreproducción); el mercado de bienes y el aspecto monetario de la economía están estrictamente separados (las curvas IS y LM son independientes); y la eficiencia marginal del capital, que en la TG determinaba, junto a la tasa de interés, la inversión, ha desaparecido. Todo esto configura un esquema esencialmente walrasiano. El mismo John Hicks, el creador del modelo, reconocería con los años que el IS-LM no representa el pensamiento de Keynes (véase Hicks, 1980-1981).

Al IS-LM se le agrega luego la curva Phillips, que establece que los salarios se relacionan inversamente con la desocupación. Por lo tanto, los precios, que se determinan por un recargo sobre los salarios, también se relacionan inversamente con la desocupación. Pero además, se establece un rasgo “keynesiano”: los salarios nominales y los precios son rígidos a la baja. Así, la desocupación se explicará por la negativa de los trabajadores (o de sus sindicatos) a aceptar bajas del salario. A esto se le llamará “desocupación keynesiana”. Aunque Keynes dice, repetidas veces en la TG que la principal causa de la desocupación no es la negativa de los trabajadores a aceptar bajos salarios; en otros términos, que podía existir desocupación de largo plazo con precios y salarios flexibles y mercados competitivos. De hecho, sostener –como se dice en la Macroeconomía de posguerra- que la desocupación se debe a la inflexibilidad a la baja de los salarios, es repetir lo que ya decía el mainstream antes de la publicación de la TG. Además, esta tesis dejó allanado el camino para que, en los años 1970, cuando la desocupación comenzó a aumentar en los países capitalistas, los monetaristas argumentaran que había que flexibilizar salarios (y condiciones laborales) para aumentar el empleo.

De conjunto el IS-LM representa un esquema de equilibrio general con imperfecciones. Otros aportes –por caso, la teoría de Tobin sobre la inversión, el enfoque de demanda de dinero de carteras- acentuaron los rasgos neoclásicos del keynesianismo de posguerra. Es la Macroeconomía de la síntesis keynesiana-neoclásica. Los poskeynesianos llamaron a esta teoría keynesianismo bastardo, o keynesianismo hidráulico.

En base a estas ideas, se sostiene entonces que si la economía no está en el pleno empleo, un poco de estímulo monetario o fiscal corregirá la deficiencia. Por eso la política del Estado es “la sintonía fina”, destinada a superar “las rigideces” que obstaculizan el pleno uso de los recursos. Así, la esencia de la política keynesiana pasaba por compensar las caídas del consumo y de la inversión estimulando la demanda mediante gasto fiscal y políticas monetarias expansivas. Como decía el manual de Economics de Samuelson (que fue clave en la elaboración de la síntesis neoclásica keynesiana), las políticas fiscales –junto a las monetarias- podían evitar las fluctuaciones cíclicas, una tasa de inflación del 5% anual no era cosa de gran preocupación, y si fuera necesario para sostener el empleo, era aceptable un nivel de deuda creciente. Estas ideas orientaron las políticas “keynesianas” de los gobiernos capitalistas en la posguerra. Y, con algunas modificaciones menores, hoy están de nuevo en ascenso.

 

Keynes y el keynesianismo bastardo

Las políticas económicas que elaboró el consenso neoclásico de posguerra, sin embargo, tienen poco que ver con lo que sostuvo Keynes. Una cuestión sobre la que han llamado la atención muchos poskeynesianos. Por ejemplo, y refiriéndose a gobiernos de Brasil, Chile, Perú, Bolivia, de las décadas de 1970 y 1980, Bresser Pereira y Dall’Aqua escriben:

“Este populismo económico comúnmente ha sido legitimado por un cierto tipo de ‘keynesianismo’ que da énfasis exclusivo a la demanda efectiva, revirtiendo la ley de Say y recomienda el uso indiscriminado de política fiscal y déficit fiscal como medios de estabilización cíclica. El ejemplo extremo de este enfoque es el intento de legitimar aumentos salariales como una forma de promover el consumo y sostener la demanda agregada” (Bresser Pereira y Dall’Aqua, 1991, p. 30).

En el mismo sentido, Meltzer (1981) observó que en la TG no se aboga por políticas contracíclicas, y que el eje de su propuesta pasa por estabilizar la inversión, y prevenir las fluctuaciones. Por eso, agrega Meltzer, Keynes se oponía a influenciar el consumo a través de cambios no planeados del gasto del gobierno y los impuestos. Lo cual era coherente con su énfasis en el rol de las expectativas, ya que buscaba, ante todo, reducir la inestabilidad.

En la misma línea de pensamiento, Kregel (1985) planteó que Keynes no proponía déficits gubernamentales como parte de su política de pleno empleo. Por el contrario, cuando fue funcionario del Tesoro, en la década de 1940, aconsejó separar los ítems del capital y de los gastos corrientes en cuentas separadas. Los gastos públicos de inversión aparecerían en el presupuesto de capital, y serían financiados con deuda o con el cobro de servicios a los usuarios. En cuanto al presupuesto ordinario, si se mantenía el pleno empleo, debería estar equilibrado en el largo plazo, de manera que la deuda pública bajara en términos del ingreso nacional. Los déficits, siempre según la visión de Keynes, eran el resultado del fracaso de las políticas destinadas a sostener el pleno empleo, más que un remedio al desempleo durante una recesión. De hecho, en la TG Keynes solo contempla la posibilidad de déficit en el caso de que disminuyera el empleo y el gobierno debiera incurrir entonces en mayores gastos. Kregel subraya también que el objetivo era estabilizar la inversión en el largo plazo, y que Keynes era escéptico acerca de la eficacia de las medidas destinadas a estimular el consumo de corto plazo.

Seccareccia (1995), por su parte, señala que en los 1940 Keynes propuso que el National Investment Board, que tenía como objetivo lograr el pleno empleo, controlara entre dos tercios y tres cuartos del flujo de inversión disponible. Así el NIB asumiría el rol de un banco público de inversión. Pensaba también que en períodos de alto crecimiento los gobiernos deberían tener superávit fiscal en el presupuesto corriente, y que estos excedentes debían ser trasladados al presupuesto de capital, de manera de ir reemplazando el peso muerto de la deuda por deuda productiva o semiproductiva. Esto significa que la inversión pública sería productiva. O sea, ponía el acento en la composición del gasto. Seccareccia  observa que las políticas “keynesianas” usuales, en cambio, hacen hincapié en el nivel neto de la inversión pública, sin importar su composición. Por otra parte, Keynes decía que el gobierno debía utilizar los excedentes generados por la inversión no para extinguir sus deudas, sino para expandir estratégicamente su capital. Así se socializaría gradualmente una creciente porción de la economía.

Brown-Collier y Collier (1995) también subrayan que la política de Keynes para promover el pleno empleo y reducir las fluctuaciones era la socialización de la inversión:

“La escala de la inversión social dependería de la propensión al ahorro, de la distribución del ingreso, del sistema de impuestos y de las convenciones de los negocios. Keynes pensaba que la inversión social probablemente oscilaría entre el 7,5% y el 20% del ingreso nacional neto. Es importante señalar que Keynes no creía que tal inversión pública desplazaría (crowd out) la inversión privada. El monto de la inversión social necesaria estaría determinado por la insuficiencia de la inversión privada, comparada con el monto de ahorro que estaría disponible a un nivel de output de pleno empleo” (Brown-Collier y Collier, 1995, p. 343).

Brown-Collier y Collier citan asimismo la explícita oposición de Keynes al gasto deficitario en el sentido de “recaudar menos impuestos que el gasto corriente estatal que no es de capital como un medio de estimular el consumo” (ibid.). La única excepción era con referencia a las contribuciones de la seguridad social. Consideraba que los déficits eran el resultado de la caída de los ingresos debida a la caída de la actividad económica, y por lo tanto la mejor manera de evitarlos era compensar las fluctuaciones de la inversión privada con cambios diseñados en la inversión pública (véase ibid., p. 344).

Por otra parte señalemos que Keynes nunca propuso financiar los déficits públicos con emisión monetaria, como acostumbran hacer algunos gobiernos “keynesianos”. Incluso en el Breve tratado sobre la reforma monetaria, escrito en 1923, había abogado por la estabilidad de precios. Consideraba que era necesario para que los contratos fueran predecibles, lo que ayudaría a la estabilidad económica.

 

Consecuencias políticas

Los keynesianos de izquierda también han destacado las implicancias políticas de la identificación de la política recomendada por Keynes con el keynesianismo que califican de “hidráulico”, o “bastardo”. Es que los elevados déficits fiscales, el elevado endeudamiento y la inflación, terminan convirtiéndose en un objetivo del ataque de los partidarios de las políticas más abiertamente neoliberales, como las que se implantaron en la mayoría de los países a partir de los años 1970. En palabras de Seccareccia:

“Dado que este keynesianismo híbrido y ad hoc del período temprano de la posguerra descansó en un modelo primitivo hidráulico de macroeconomía que retuvo la mayoría de los supuestos subyacentes del modelo neoclásico, sus inconsistencias internas hicieron de él un blanco fácil de los ataques monetaristas y de los nuevos clásicos que iban a surgir en los 1970 y 1980” (p. 45).

En América Latina en particular, cuando la combinación “keynesiana” de altos déficits fiscales, creciente endeudamiento o inflación, se hace insostenible –y se manifiesta en caída de la inversión, fuga de capitales, fuertes restricciones externas-, se genera el consenso político para los bruscos giros hacia los programas de “ajuste” o neoliberales.

Es claro, además, que muchos de los programas que han aplicado o aplican gobiernos que se consideran a sí mismos de izquierda y keynesianos, no son más que versiones, más o menos de derecha, del keynesianismo bastardo. Por eso también muchas veces esos mismos gobiernos terminan aplicando los ajustes “neoliberales” cuando la situación se hace insostenible. Naturalmente, la distancia que media entre sus “recetas keynesianas” –del tipo, mantener la demanda a base de déficit fiscal creciente-, y propuestas como socializar la inversión, o provocar “la eutanasia del rentista”, es cuidadosamente disimulada. Se puede decir por eso que algunos radicals de hoy son solo viejos Samuelsons devaluados. De alguna manera esta gente intuye que no es prudente explorar determinados límites del sistema.

Textos citados:
Bresser Pereira, L. y F. Dall’Acqua (1991): “Economic populism versus Keynes: Reinterpreting budget deficits in Latin America”, Journal of Post Keynesian Economics, vol. 14, pp. 29-38.
Brown-Collier, E. K. y B. E. Collier (1995): “What Keynes Really Said about Déficit Spending”, Journal of Post Keynesian Economics, vol. 17, pp. 341-355.
Hicks, J. (1980-1981): “IS-LM: An explanation”, Journal of Post Keynesian Economics, vol. 3, pp. 139-154.
Keynes, J. M. (1986): Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, México, FCE.
Kregel, J. A. (1985): “Budget Deficits, Stabilization Policy and Liquidity Preference: Keynes’s Post-War Policy Proposals”, en F. Vicarelli (ed.), Keynes’s Relevance Today, Londres, Macmillan, pp. 28-50.
Meltzer, A. H. (1981): “Keynes’s General Theory: A Different Perspective”, Journal of Economic Literature, vol. 19, pp. 34-64.
Seccareccia, M. (1995), “Keynesianism and Public Investment: A Left-Keynesian Perspective on the Role of Government and Expenditures and Debt”, Studies in Political Economy, vol. 46, pp. 43-78.

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“Somos todos keynesianos”, ¿de nuevo? (3)

12 de diciembre de 2016

 

Por Rolando Astarita

 

El giro al neoliberalismo

La caracterización del keynesianismo de posguerra de Bresser Pereira, Kregel, Seccareccia, que hemos presentado en la parte anterior de la nota es muy distinta de la que presenta Davidson. Según este autor, entre 1945 y 1973 los gobiernos capitalistas “fueran liberales o conservadores, aplicaron activamente el tipo de políticas económicas que Keynes había defendido en los 1930 1940” (Davidson, 2007, p. 177). Davidson agrega que esas políticas permitieron aumentar el producto por habitante, la productividad y mantener bajo el desempleo. Pero a partir de mediados de los años 1970 se impuso la reacción neoliberal. Desde este enfoque, el rápido avance de la reacción anti-keynesiana parece no tener base alguna en las relaciones sociales existentes.

Sin embargo, la realidad es que a mediados de la década de 1970 se asistía a una crisis estructural de acumulación del capital -caída de la tasa de rentabilidad y debilidad de la inversión-, largamente estudiada por los marxistas (véase, por ejemplo, Mandel, 1979 y Shaikh. 1991), los regulacionistas (véase, por ejemplo, Aglietta, 1979, y Lipietz, 1979) y otras corrientes. En América Latina esa crisis se manifestó bajo la forma de crisis de la industrialización por sustitución de importaciones. Pero el keynesianismo reformista del IS-LM no tuvo respuesta frente a una crisis global que no podía superarse con dosis de política monetaria o fiscal. Los partidos Comunistas y Socialistas tampoco representaban alternativas superadoras, y las economías “del socialismo real” evidenciaban crecientes problemas. El capital de conjunto exigía una reacción en toda la línea contra el trabajo; y el keynesianismo del mainstream se adaptó a la nueva coyuntura histórica.

Por eso, y en oposición a la interpretación de Davidson, pensamos que  la base objetiva sobre la que se asentó el ascenso del neoliberalismo fue la crisis estructural del capitalismo en los 1970. En el plano de la teoría por neoliberalismo entendemos aquí el conjunto de doctrinas que se impusieron desde los años 1970 en las facultades de Economía y el establishment de economistas. Arranca con los monetaristas -Friedman y Phelps-, sigue con los teóricos de las expectativas racionales y el ciclo real de negocios, y con los nuevos keynesianos, que a su vez dieron lugar al llamado nuevo consenso neoclásico keynesiano, hoy hegemónico.

De conjunto, estas teorías, plasmadas en los manuales habituales de Macroeconomía, constituyen un mosaico de afirmaciones inconexas. Como reconoce Mankiw, un referente de los nuevos keynesianos y autor de un conocido manual de macro, “el campo de la macroeconomía es como un cortaplumas suizo, un conjunto de herramientas distintas pero complementarias que pueden ser aplicadas de diferentes maneras en diferentes circunstancias” (citado por Colander, 2003, p. 9). Pero en esta “caja de herramientas” no hay coherencia interna alguna: según la conveniencia teórica (o política) del momento, un supuesto (nunca justificado) da un resultado; y otro supuesto (nunca justificado) da un resultado opuesto, sin que nadie procure establecer coherencia entre las proposiciones rivales. Así los “modelos”, irrelevantes para explicar el mundo real, se superponen sin ton ni son. La obsesiva formalización -nadie hoy es “economista serio” si su paper no va acompañado de la correspondiente “alta matemática”- apenas puede disimular la pobreza conceptual de fondo.

Pero lo central es que en este marco se han impuesto plenamente las ideas neoclásicas más reaccionarias y propias de la economía vulgar. La vieja ley de Say, contra la que había arremetido Keynes, se mantiene contra viento y marea, remozada con las ecuaciones que describen los comportamientos optimizadores y racionales de los individuos. La tesis de la tasa natural de desempleo se ha instalado de manera definitiva; también la idea de que solo se la puede bajar con “reformas estructurales” (ataque a los sindicatos, flexibilización laboral y semejantes); las fluctuaciones económicas son solo de corto plazo, o incluso –tesis del ciclo real de negocios- no existen en sentido propio. Además, se sostiene que con un manejo adecuado de la tasa de interés, el ciclo económico es cosa del pasado y el dinero y el sistema financiero no ejercen influencia alguna en la economía “real” del largo plazo. Las rigideces de precios e imperfecciones de mercado que admiten los nuevos keynesianos no afectan el fondo de la doctrina: bastaría con una dosis de intervención estatal –principalmente vía tasa de interés- para que las economías capitalistas funcionen en el mejor de los mundos. Los grandes problemas macroeconómicos y sociales abordados todavía en la Teoría General, y que se discutieron tradicionalmente en la Economía Política, desaparecen fagocitados por los infinitos modelos incapaces de rozar siquiera las cuestiones que importan, como el desempleo, la polarización de los ingresos, los trabajos insatisfactorios, los bajos salarios y la miseria de miles de millones.

 

El significado de clase del neoliberalismo

El ascenso desde mediados de la década de 1970 del llamado neoliberalismo ha sido interpretado en muchos ámbitos del pensamiento progresista y de izquierda como un asalto del sector financiero a los puestos de mando del capital. Esto significa que el análisis se hace en términos de lucha entre fracciones del capital.

Desde un enfoque marxista nuestra interpretación es diferente. Sostenemos que el neoliberalismo expresó una reacción política del conjunto del capital. Esto es, el fenómeno no se reduce a la orientación de una fracción en particular del capital. El apoyo que tuvieron las políticas recomendadas por monetaristas, nuevos clásicos, nuevos keynesianos y similares excedió en mucho al capital financiero. Los ataques a los derechos sindicales; las políticas de caída del salario; las legislaciones para flexibilizar el mercado y las relaciones laborales; la reducción o supresión de subvenciones a los desempleados; el empobrecimiento de pensionistas y jubilados; las ofensivas contra los inmigrantes, fueron todas medidas que se tomaron para restablecer de conjunto la rentabilidad del capital. Y fueron apoyadas por los grandes medios, las cámaras empresarias e incluso amplios sectores de las clases medias y las patronales pequeñas y medianas.

De la misma manera, las oleadas de privatizaciones y las aperturas comerciales significaron someter de manera más abierta y plena a todos los sectores de las economías a la ley de la ganancia, y en ellas participaron capitales industriales, comerciales, agrarios, junto al capital financiero. Este movimiento fue acompañado de la reacción política, cultural e ideológica. En muchos ámbitos se impuso la consigna “que gane el mejor y el más fuerte”, los que tienen más oportunidades, que por lo general son los más ricos. En este contexto se rechazaron los movimientos críticos, las culturas contestatarias y se asistió al resurgimiento de movimientos racistas y xenófobos, y a la exaltación de los valores conservadores burgueses. Se trató, por ende, de un movimiento mucho más abarcador que una disputa entre fracciones del capital. El trabajo fue subsumido de forma más completa al capital de conjunto, sin distinciones.

En este marco, la cuestión del mayor o menor gasto fiscal es un tema secundario. Gobiernos profundamente reaccionarios, como el de Ronald Reagan, o George Bush, aumentaron el gasto público para sostener a la economía en períodos de recesión, sin que ello encerrara algún carácter progresista o favorable a los trabajadores. De hecho, y al cabo de más de tres décadas de “neoliberalismo”, la participación del gasto público en el producto interno, en la mayoría de los países, es hoy más elevada que a mediados de los 1970.

 

El actual giro “keynesiano”

Volvamos entonces al actual giro “keynesiano” con que empezamos esta nota. Recordemos que todavía a comienzos de los 2000 los economistas del nuevo consenso afirmaban que las economías capitalistas, y la de EEUU en particular, vivían en el mejor de los mundos. De manera característica, en la edición 2000 de Macroeconomía de Blanchard y Pérez Enrri, escribían:

“En EEUU, al momento de escribir este libro, [los macroeconomistas y las autoridades macroeconómicas] duermen mejor que en muchos años. Tras la recesión de principios de los años 90, la economía norteamericana ha venido creciendo, la inflación se ha mantenido en un bajo nivel y el desempleo ha sido inferior a la media registrada desde la Segunda Guerra Mundial” (p. 3).

Y agregaban que nada grave hacía prever una recesión. Más aún, en un paper de 2008, y cuando ya había estallado la crisis financiera, Blanchard sentenciaba que “el estado de la macroeconomía es bueno”. Solo habría fluctuaciones debidas a cambios de tecnología o cambios en las preferencias -en línea con el ciclo real de negocios-, y los gobiernos no debían tratar de suavizarlas, ya que no eran necesariamente malas. Por otra parte, si se mantenía la tasa de inflación constante, el nivel del producto sería el óptimo, admitidas rigideces e imperfecciones. Sin embargo, Blanchard debía admitir que los modelos del nuevo consenso no habían tenido en cuenta que las instituciones financieras importan, y que los shocks a sus posiciones de capital o liquidez pueden tener grandes efectos macroeconómicos. También reconocía que los precios de los activos financieros no siempre reflejan los fundamentos, contra lo que afirma la hipótesis de los mercados eficientes (véase Blanchard 2008).

Pero la profundidad de la crisis llevó a cuestionamientos más serios, surgidos del establishment económico. Por ejemplo, The Economist, en su edición del 22 de febrero de 2009, se preguntaba qué había andado mal y cuestionaba la falta de realismo de teorías como la de los mercados eficientes. La reina de Inglaterra, por su parte, preguntó a los economistas por qué no habían previsto la crisis. Economistas renombrados también cuestionaron. Paul Krugman (recibió el premio Nobel en 2008) escribía en 2011:

“Pero lo que quedó claro en el debate político después de la crisis de 2008 fue que muchos economistas, incluyendo muchos macroeconomistas, no conocen el simple análisis del multiplicador. Literalmente no conocen nada acerca de modelos en los cuales la demanda agregada puede estar determinada por algo más que la cantidad de dinero. … Hemos entrado en una edad oscura de la macroeconomía, en la cual mucho de la profesión ha perdido su anterior conocimiento, tal como la Europa bárbara había perdido el conocimiento de los griegos y romanos”.

Señalaba luego que en las carreras académicas y programas de investigación se postergaba o desconocía a todo aquel que cuestionara los modelos de los equilibrios múltiples (véase Krugman, 2011).

Otra crítica importante, aunque de menor resonancia, fue la de Claudio Borio, subdirector del Departamento Monetario y Económico y director de Investigación y Estadística del BIS. Entre otros temas, Borio cuestionó los enfoques micro que pasaban por alto los problemas sistémicos, y la idea de que las fluctuaciones solo podían generarse por shocks exógenos de la economía. La crisis demostraba, además, que no bastaba con controlar la inflación para impedir las fluctuaciones (véase Borio, 2011).

Incluso el FMI publicó, en 2010, el informe redactado por Blanchard y otros dos colaboradores, al que ya nos hemos referido. Allí se reconoce que los macroeconomistas y los políticos habían pensado que con la política monetaria se podía sostener una baja inflación, que la política fiscal no era importante y que, en la medida en que la inflación fuera baja y constante, la brecha del output sería pequeña. También se había creído que bastaba controlar la tasa de interés para que las demás variables se acomodaran, y para que los precios de los activos financieros estuvieran determinados, en promedio, por los fundamentos. Pero la crisis había puesto en evidencia que no bastaba con la baja inflación para impedir fuertes variaciones del producto; además, durante la crisis los bancos centrales se habían encontrado con que no tenían mucho margen para bajar la tasa de interés, dada la baja inflación. Por lo cual habían tenido que recurrir al gasto fiscal y a mayores déficits fiscales. Los autores reconocían también que los mercados financieros importan, que cuando los inversores dejan de proveer fondos la política de baja tasa de interés no es efectiva para corregir el problema, y que el apalancamiento, la especulación y las burbujas tienen efectos sobre la economía real.

La conclusión era que las políticas fiscales contracíclicas volvían a ser convenientes y necesarias; y que eran necesarias mayores regulaciones financieras (véase Blanchard, Dell’Ariccia y Mauro 2010).

En línea con estas ideas, en 2013 el FMI admitió que los programas de austeridad fiscal frente a la crisis habían causado más daño que beneficio a las economías. Otros importantes referentes del establishmenteconómico también vuelven a la idea de que las inyecciones fiscales pueden ser beneficiosas. Por ejemplo The Economist, en una nota “Fiscal multipliers. Where does de buck stop?” (13/08/16) reivindica el multiplicador keynesiano, en oposición a las teorías de los teóricos de las expectativas racionales. Y Stanley Fisher, vicepresidente de la Reserva Federal,  aconseja el gasto público en infraestructura para estimular el crecimiento económico de largo plazo.

En definitiva, es una vuelta, en el plano de la teoría y los modelos de los economistas, a algunos aspectos del viejo keynesianismo de la síntesis. Pero estas revisiones del FMI, el BIS, de economistas y publicaciones delmainstream, no alteran el encuadre general neoclásico en que se sigue desenvolviendo la macroeconomía ortodoxa. Más importante, no hay en esto ningún giro a la izquierda.

 

Entender el carácter de clase del keynesianismo

Desde hace más de tres décadas el progresismo de izquierda ha opuesto las banderas del keynesianismo al neoliberalismo en ascenso. Recuerdo que a mediados de los 1990 un dirigente sindical izquierdista (y hoy sigue siendo dirigente sindical) me decía que, dada la situación, la alternativa progresiva para los trabajadores pasaba por volver al programa keynesiano. Centralmente, aumentar la participación del Estado en la economía. Por esta vía mi interlocutor embellecía –igual que hace hoy Davidson- al keynesianismo de la síntesis y dejaba de lado las contradicciones reales del sistema capitalista que habían desembocado en la crisis de los 1970.

Actualmente el reclamo de “keynesianismo” se expresa en la disyuntiva que plantea prácticamente todo el progresismo, a saber, “Estado o mercado”. Aquí se entiende por “Estado” la utilización del gasto para sostener la demanda y “favorecer la equidad social”. Con lo cual se llegaría a la conclusión de que el “nuevo keynesiano” del FMI y de The Economist representaría una forma de giro progresista. Es el resultado natural de haber pasado por alto no sólo la naturaleza de clase del “todos somos keynesianos” de posguerra, sino también los límites capitalistas del keynesianismo de la Teoría General. En tanto subsista el régimen de producción capitalista no hay manera de socializar la inversión, acabar con la lógica de la rentabilidad o suprimir la desocupación. Pero por eso mismo no se pueden eliminar las recurrentes crisis generales de sobreproducción. No lo hizo el keynesianismo de posguerra, ni el nuevo consenso de los 2000. Por eso, la izquierda necesita una teoría radical, esto es, que vaya a las raíces de los problemas que padecen las masas trabajadoras. Desde el punto de vista de la teoría, y de la política, pasar del manual de Macroeconomía de Blanchard al Economicsde los 1960 de Samuelson, es marcar el  paso en el mismo lugar.

Textos citados: (…)

 

 

Planteemos otro embaucamiento del progresismo u ocultación de la articulación: "cada vez mayor del imperialismo al capitalismo hasta hacer incomprensible uno sin el otro. Es más permite explorar las contradicciones en la construcción del imperio mundial norteamericano en pugna inevitable con otros imperios dada su creciente apropiación y dominación de territorios, recursos y poblaciones, y el hecho de que aparece como el beneficiario principal de la nueva acumulación original y ampliada de capitales, planteando problemas de inseguridad a las grandes potencias y a las potencias  intermedias.    La lucha contra el imperialismo y el capitalismo como una lucha por la  democracia, la liberación y el socialismo corresponde por su parte a un fenómeno  alternativo, de sistemas emergentes y tanto por sus tendencias naturales como por las que serán dirigidas a alcanzar esos objetivos puede tener un crecimiento exponencial que incluya a la propia población de los Estados Unidos, no se diga a la del resto del mundo.  En ese futuro el ejemplo de Cuba, lejos de ser “excepcional” tiene características universales que aparecerán más y más conforme se descubra en la necesidad ético-política que todo movimiento por la liberación, la democracia y el socialismo debe priorizar en la organización de su pensamiento y de sus actos".

 

 

El imperialismo, hoy
    Mayo, 2004

Por Pablo González Casanova    

A fines del siglo XX, el imperialismo, que es la formación más avanzada  del capitalismo, domina en el mundo entero, con excepciones como Cuba, muy poco explicadas en la teoría de las alternativas.  Desde los años 70 y 80, las redefiniciones o reestructuraciones del imperialismo dieron una fuerza especial al proceso conocido como “globalización”. Bajo ese proceso se delinearon las nuevas formas de expansión de las grandes potencias, en  particular de Estados Unidos.    En la década de los setenta, Estados Unidos pasó a la ofensiva en el control mundial al imponer el dólar en vez del oro, que hasta entonces había sido el  referente de todas las monedas. Con Europa y Japón, Estados Unidos formó una Triada a la que encabezó y con ella impulsó una política de endeudamiento interno y externo de los gobiernos que enfrentaban una crisis fiscal creciente o una crisis en la balanza de pagos. Sus víctimas principales fueron los gobiernos de los países dependientes, incapaces de alterar la relación de intercambio desfavorable, o el sistema tributario regresivo, y urgidos a la vez de satisfacer demandas populares mínimas para mantener su precaria estabilidad.   

La política global de endeudamiento de los poderes públicos y nacionales renovó el viejo método de sometimiento de los deudores por los acreedores y ocurrió a nivel mundial macroeconómico, incluyendo a muchos gobiernos de las ciudades metropolitanas. El proceso de endeudamiento correspondió al desarrollo de un capitalismo tributario y al sometimiento financiero renovado de los países dependientes.  Con tasas de interés móviles, que podían aumentar a discreción del acreedor, la política de globalización impuso un sistema de renovación automática de una deuda creciente e impagable que hizo de la dependencia un fenómeno permanente de colonialismo financiero, fiscal y monetario.  Desde l973, tras el golpe de Estado de Pinochet, se implantó en Chile el  neoliberalismo. Desde los ochenta, el neoliberalismo se convirtió en la política oficial de Inglaterra, con la Tatcher, y de Estados Unidos, con Ronald Reagan. Las fuerzas dominantes enaltecieron al neoliberalismo como una política económica de base científica y de aplicación universal, reafirmando y renovando la ofensiva anglosajona que desde el siglo XVII impulsara Inglaterra bajo el manto del liberalismo clásico para aprovechar las ventajas que le daba en el comercio mundial ser el país más industrializado.    

 

La globalización neoliberal iniciada a fines del siglo XX tuvo también como  objetivo central la privatización de los recursos públicos, la desnacionalización de las empresas y patrimonios de los Estados y los pueblos, el adelgazamiento y la ruptura de los compromisos del Estado social, la “desregulación” o supresión de los derechos laborales y de la seguridad social de los trabajadores; el desamparo y la desprotección de los campesinos pobres para beneficio de las grandes compañías agrícolas, en particular las de Estados Unidos; la mercantilización de servicios antes públicos (como la educación, la salud, la alimentación, etc.); la depauperación creciente de los sectores medios; el abandono de las políticas de estímulo a los mercados internos; la instrumentación deliberada de políticas de “desarrollo del subdesarrollo” con el fin de “sacar del mercado” globalizado a los competidores de las grandes compañías...    El neoliberalismo globalizador exportó la crisis a las periferias del mundo al  tiempo que se apropió de los mercados y medios de producción y servicios que habían creado en la post-guerra, sustituyendo los que no eran rentables, y estableciendo un neocolonialismo cada vez más acentuado y represivo, en que compartió los beneficios con las oligarquías locales, civiles y militares, y negoció con ellas privatizaciones y desnacionalizaciones para asociarlas al proceso.    

La negociación, como concesión, cooptación y corrupción adquirió características macroeconómicas y estuvo constantemente vinculada, a nuevos fenómenos de paternalismo, de humanitarismo caritativo, de cooptación y corrupción de  líderes y clientelas, fenómenos que abarcaron incluso a las poblaciones más pobres y hostigadas contra las que se preparó un nuevo tipo de guerra llamada de baja intensidad con contingentes militares y paramilitares y con las más variadas formas de terrorismo de Estado a cargo de “fuerzas especiales”, encargadas de “operaciones encubiertas” realizadas por agencias gubernamentales, o por agentes subsidiados y contratados por las mismas. En el montaje de un teatro de confusiones la pérdida de sentido de las luchas alternativas, los negocios de la droga aportaron contribuciones millonarias. Con ellas se logró la criminalización real y fingida de líderes y movimientos populares, sistémicos y antisistémicos.

 En los noventas la guerra económica entre las grandes potencias sucedió al proyecto de gobernabilidad del mundo por la Trilateral. Estados Unidos sometió en pocos años a Japón y a los Tigres asiáticos. El gran capital impuso una política de apoyo fiscal, político y militar creciente a los contribuyentes más ricos, muchos de ellos poseedores de los bancos y de las megaempresas, y a menudo también integrantes de los altos cargos públicos y de las viejas y nuevas élites dominantes. Los privilegios al gran capital legalizaron formalmente la apropiación de recursos públicos y privados en el centro y la periferia del mundo capitalista, incluyendo el derecho a especulaciones gigantescas como la que estuvo a punto de quebrar al Banco de Inglaterra.    Muy pocos años después de iniciado el proceso, el complejo militar-empresarial de EE.UU. expresión máxima del capitalismo organizado dominante, confirmó que sus mediaciones, instituciones y recursos de dominación ideológica, política y económica habían llegado a un punto de crisis amenazadora para su dominio y sus intereses. Eso los llevó a endurecer su política y a emprender nuevas acciones que le permitieran mantenerse a al ofensiva y ampliar su situación de privilegio.

 

 La crisis de las mediaciones del capitalismo organizado se manifestó en un  creciente desprestigio de su proyecto de democracia de mercado; en los graves  escándalos de corrupción de que fueron actores principales gerentes y propietarios de las megaempresas que supuestamente eran más honrados que los funcionarios populistas y socialdemócratas de los gobiernos “adelgazados”; en el malestar abrumador de una ciudadanía sin opciones, aprisionada entre los mismos programas y políticas de demócratas y republicanos, y víctima de la inseguridad social y el desempleo en ascenso, del deterioro e insuficiencia de las escuelas públicas, de la falta de servicios médicos y de medicinas; de la criminalidad generalizada en ciudades y campos. Las elecciones fraudulentas y elitistas, en que Bush perdió la presidencia de Estados Unidos por 500,000 votos y poco después ganó por la decisión de una minoría de cuatro jueces a favor y tres en contra, fueron el punto de partida de un proceso de lógica totalitaria en que las mentiras no se dicen para que se crean sino para que se obedezcan. Y como a la crisis  de instituciones y de mediaciones se añadiera el peligro de una recesión que no cedía, Estados Unidos llevó a Europa la guerra económica conque ya había controlado a Japón.   

 

Al mismo tiempo aceleró una ofensiva geopolítica mundial que ya había iniciado años antes. Con la invasión de Irak culminó sus intervenciones en Europa Central (Kosovo), en Asia Central (Afganistán), y en el “Medio Oriente” esta última a cargo de Israel, hechura de la estrategia militar de “Occidente” y cada vez más instrumentada por Estados Unidos.   Diez años de bombardeos contra Irak, apoyados por las propias Naciones Unidas, tras debilitar y empobrecer terriblemente a ese país, facilitaron la ocupación de su territorio y, sobre todo, de sus inmensas riquezas petroleras. Estados Unidos mostró cada vez más ser el líder de la globalización neoliberal e incluso hizo gestos simbólicos y prepotentes que confirmaran su carácter de “Soberano” que puede estar por encima de las Naciones Unidas para declarar la guerra, de la Suprema Corte de Justicia para violar los derechos humanos, de los acuerdos de Koto para no firmar un compromiso que lo obligue a tomar las medidas necesarias para la preservación de la tierra.    La nueva política globalizadora frente a la crisis interna y externa consistió en dar prioridad al neoliberalismo de guerra y a la conquista de territorios, empresas y  riquezas mediante la fuerza. En el campo ideológico Estados Unidos complementó su ideología de lucha por la democracia y la libertad, gravemente desprestigiada, por la ideología de una guerra preventiva contra el terrorismo. Se adjudicó el derecho de definir a éste y de incluir en la definición a todos los opositores de que necesitara deshacerse, y de excluir de ella a todos los delincuentes que necesitaría y a sus propios cuerpos especiales militares y paramilitares “con derecho de matar” y “torturar”.

 

La guerra no estuvo incluida en los actos de terrorismo ni de bombardeo y exterminio de las poblaciones civiles, de pueblos, ciudades y países enteros. Al contrario, Estados Unidos afirmó emprender una guerra del Bien contra el Mal, que se disponía librar en todas partes del mundo y por un tiempo indefinido. No todos los falsos mitos de la Edad Moderna fueron suplantados. Muchos,  como la democracia con sangre, fueron impuestos por las fuerza. El gobierno de Estados Unidos fingió que había ido a Irak para imponer la democracia y construir un país independiente mediante la conquista. Sus engaños razonados mostraron tanta violencia como la que ejerció sobre la población de Irak con el argumento de que su verdadero objetivo era aprender a Sadam Hussein, mientras para ello destruía al país ciudad por ciudad y casa por casa, y se apoderaba de sus ricos pozos petroleros.    La consternación mundial frente a esa política inhumana se manifestó en el  desfile de millones de gentes en las grandes capitales del mundo. También apareció en el desconcierto y la sensación de impotencia que vivieron los movimientos sociales partidarios de la paz y en lucha por “otro mundo posible”.    

 

Estados Unidos se propuso demostrar al mismo tiempo su decisión de  actuar solo cuando fuera necesario, y de asociar a sus proyectos de intervención mundial a los gobiernos de los países altamente desarrollados y de las potencias intermedias, así como a las demás burguesías y oligarquías del mundo que se plegaran a aceptar y apoyar “sus valores y sus intereses”. A través de concesiones y represiones buscó forjar un complejo imperialista. Por sentido común entendió que el reparto del botín y de las zonas de influencia debía dar prioridad en todo caso a los Estados Unidos, con pequeños ajustes previa o posteriormente acordados. La política de represiones y de negociaciones abarcó a todos los actores y los actos. Orientada siempre por la política de privatización, incluyó la privatización de las empresas de guerra y de los ejércitos, y la privatización en  profundidad y en extensión, incluyendo la tierra y el subsuelo, las fuentes energéticas, el agua y los mares, el aire y el espacio aéreo.    

En esta etapa de la globalización neoliberal, Estados Unidos, y sus complejos y redes de asociados y subordinados, siguieron aprovechando la crisis por la  que atravesaban los movimientos de liberación, por la democracia y por el socialismo. Los movimientos alternativos, sistémicos y no sistémicos seguían padeciendo la desestructuración y enajenación de ideologías y estructuras y de los flujos de información y acción. Aunque desde los años noventa se hubiera iniciado el movimiento universal por una nueva alternativa que busca combinar y enriquecer las experiencias de las luchas anteriores, la claridad de ideas y la eficacia de la organización de pueblos, trabajadores y ciudadanos resultaron muy insuficientes para enfrentar la terrible ofensiva. Muchos de ellos habían pensado que la crisis creciente del capitalismo de por sí los favorecía. No habían imaginado la inmensa capacidad de reacción y de violencia de que era capaz el capitalismo. O no habían querido verla.

La “guerra preventiva de acción generalizada” no sólo constituyó un cambio profundo frente a “la estrategia de la contención” que había primado durante la guerra fría sino la forma más adecuada —a corto plazo— para que el gran capital y las potencias imperialistas impidieran el desarrollo de la conciencia y la organización de las fuerzas alternativas emergentes.    En esas circunstancias empezaron a atropellarse unas contradicciones a otras sin que destacaran las luchas por la liberación, la democracia y el socialismo como  aquellas que dan un nuevo sentido a la historia. Junto a las grandes manifestaciones de protesta contra la guerra, aparecieron movimientos locales y globales de una riqueza teórica y organizativa extraordinaria; pero sus luchas tendieron a quedarse en actos de protesta, y a lo sumo en actos de presión pasajera, o de lenta construcción de alternativas. En su mayoría todavía mostraron ser incapaces de frenar la política neoliberal que en la paz y en la guerra está llevando el mundo a una catástrofe generalizada.    A los movimientos a la vez alentadores e incipientes, se añadieron otros de  un pensamiento religioso y fundamentalista que tiende a reproducir la situación anterior de opresión y enajenación de los pueblos oprimidos y fanatizados. Los líderes de la resistencia rara vez representaron a los líderes del pensamiento crítico y radical y a menudo lo representaron en sus formulaciones más autoritarias y confusas como en el caso de los maoístas de Nepal, que volvieron a actuar como líderes de movimientos armados incapaces de construir un mundo alternativo. En muchos otros casos los movimientos guerrilleros fueron penetrados la contrainsurgencia que, con el narcotráfico y  los agentes especiales, los inhabilitaron para emprender la necesaria revolución ético-política. Buen número de guerrillas se transformaron en grupos de forajidos sin más ley ni ideología que el pillaje y que la dominación represiva de las propias poblaciones en que  se insertaban y en que a veces llegaban a imponer políticas clientelistas y de privilegios excluyentes, étnicos o lingüísticos. Parecían estar hechas a la imagen y semejanza de los “terroristas bestializados” por el terrorismo de Estado. Por todas partes, y en las más distintas culturas se desarrollaron instintos autodestructivos, individuales y colectivos muchos de ellos vinculados a una violencia de la desesperación. En el campo de las luchas políticas y sociales, de los partidos y de las organizaciones de la sociedad civil, los modelos de corrupción y represión, de conformismo y de enajenación anularon buen número de movimientos que originalmente mostraban una salida a los pueblos. Sus líderes fueron cooptados o corrompidos, o simplemente se adaptaron a un mundo controlado en que predominan las filosofías individualistas en que cada quien “jala por lo  suyo”.    Es cierto que al mismo tiempo fueron surgiendo grandes movimientos  como los de Chiapas en México, Seattle en Estados Unidos, Porto Alegre en Brasil, el otro Davos en Europa, Mombay en la India, y muchos más que buscan unir lo local y lo universal y forjan los nuevos proyectos de un mundo libre, equitativo, independiente que  se acerca a la verdadera democracia, al verdadero socialismo y a la verdadera liberación.    

 

Pero todas esas luchas ocupan un espacio demasiado pequeño en relación  a las necesidades del cambio sistémico y de la sobrevivencia humana, amenazada por  una guerra contra los pobres que puede terminar en guerra bacteriológica y nuclear.    Aparecieron así, a la vez, las contradicciones entre el imperialismo y los  países dependientes, neocoloniales y recolonizados; las contradicciones entre los  trabajadores y el capital, muchas de ellas mediatizadas y estratificadas; las  contradicciones entre las etnias y las naciones-Estado; las contradicciones entre las  potencias atómicas y nucleares y entre los propios integrantes de la comunidad  imperialista, celosos de sus cotos y temerosos de perder poder y privilegios. Todas esas y muchas contradicciones más se plantearon en un imperialismo dominante más o menos colectivo que tiende a identificarse con el capitalismo como sistema global. El desenlace de las contradicciones no apareció más o menos asegurado en el sentido de que un sistema más justo y libre que el sistema capitalista mundial pudiera alcanzarse en el tiempo de una generación de luchadores políticos, sociales o revolucionarios. Es más, la amenaza a la sobrevivencia de la humanidad hizo pensar a las fuerzas gobernantes en una alternativa aun más siniestra, que mantuviera sus privilegios y su poder: la destrucción de una parte de la humanidad para la sobrevivencia del resto de la humanidad. Ese razonamiento llevó a la imposición paulatina y constante de un régimen de “nazismocibernético” con eliminación de pueblos enteros en el mundo, a la manera de  Pol-Pot o del equivalente a los siete millones de judíos víctimas del nazismo anterior, que ahora apunta en el campo de concentración y eliminación en que el imperialismo y sus asociados han convertido a Palestina.    La inmoralidad y criminalidad enfermizas de los nuevos dirigentes del  sistema, como la de los antiguos nazis, combinada con el conocimiento y uso que hacen de las tecnociencias y de los sistemas auto-regulados, adaptativos y creadores, anunciaron oscuramente un negro futuro para la humanidad si los pueblos de las periferias e incluso de las metrópolis no logran imponer la transición a un sistema de  producción y democracia post-capitalista que asegure la vida humana y la sobrevivencia  de la especie.    Todas las redefiniciones del imperialismo de hoy parecen dirigirse a la  construcción de un imperio encabezado por Estados Unidos, sus asociados y  subordinados en el que es más probable una guerra entre las potencias nucleares que  una revolución social, o que un cambio de ruta hacia la socialización, democratización e  independencia real de las naciones, los ciudadanos y los pueblos.

 

De ese hecho derivan,  en parte, las afirmaciones irresponsables de Michael Hart y Antonio Negri en el sentido de  que es necesario sustituir el concepto de imperialismo por el concepto de imperio y el de  lucha de clases por el de una lucha de “la multitud” contra “el imperio”. La superficialidad  de esta interpretación se debe en gran medida a una coyuntura histórica en que es  evidente que ha ocupado un primer plano de la escena la construcción del imperio  mundial por Estados Unidos. También se debe al hecho evidente de que la lucha de  clases original y actual ha sido fuertemente mediatizada por otras luchas políticas,  económicas, ideológicas y sociales, y que las organizaciones que lucharon contra el  sistema de dominación y acumulación característico del Capitalismo, fueron mediatizadas  y derrotadas primero en el siglo XIX y después en el XX.  Todavía a principios del siglo XXI se vive la desorganización de las fuerzas  alternativas y de sus propias organizaciones o medios, para alcanzar el socialismo, la  democracia, la liberación. El carácter relativamente informe y multitudinario que las fuerzas alternativas todavía presentan es evidente. Pero ni del proyecto americano de un  Imperio Global ni de la crisis mundial de las alternativas, puede derivarse que en vez de  pensar y actuar contra el imperialismo se debe pensar y actuar contra el imperio y que en  vez de pensar en las nuevas organizaciones de la resistencia y de la organización del  poder alternativo, se debe luchar en los vagos términos de un pensamiento libertario o  neoanarquista conservador que pretende enfrentar la multitud desorganizada al  capitalismo más organizado de toda la historia.    

El origen del planteamiento mistificador de Hart y Negri proviene de una  lógica de las disyuntivas que generalmente ha sido reaccionaria. Consiste en pensar que lo nuevo del imperialismo acaba con el imperialismo y que lo nuevo de la lucha de clases se expresa en una lucha histórica a cargo de las multitudes, ese otro término con que el pensamiento conservador y elitista ha visto siempre a los pueblos y los ha temido agresivamente.    La verdad es que hoy, más que nunca, el concepto del imperialismo como  una etapa del capitalismo y de la historia de la humanidad, sigue siendo un concepto fundamental. Al articular la historia de los imperios con la historia de las empresas, el concepto de “imperialismo” puso al descubierto el poder creciente de las empresas monopólicas y del capital financiero. También replanteó la lucha antimperialista combinando la lucha de las naciones oprimidas con la lucha de las clases explotadas.    

Si hoy estamos asistiendo a la construcción de un imperio mundial por el  complejo militar-empresarial de Estados Unidos (y la palabra imperio les resulta grata desde la reina Victoria) ese proyecto de Imperio corresponde a las más avanzadas políticas imperialistas y capitalistas: combina la creciente fuerza de las megaempresas y de las potencias en que se apoyan, y de que se sirven, con las nuevas formas de dominación y explotación de los pueblos y los trabajadores. De hecho articula cada vez más el imperialismo al capitalismo hasta hacer incomprensible uno sin el otro. Es más permite explorar las contradicciones en la construcción del imperio mundial norteamericano en pugna inevitable con otros imperios dada su creciente apropiación y dominación de territorios, recursos y poblaciones, y el hecho de que aparece como el beneficiario principal de la nueva acumulación original y ampliada de capitales, planteando problemas de inseguridad a las grandes potencias y a las potencias  intermedias.    La lucha contra el imperialismo y el capitalismo como una lucha por la  democracia, la liberación y el socialismo corresponde por su parte a un fenómeno  alternativo, de sistemas emergentes y tanto por sus tendencias naturales como por las que serán dirigidas a alcanzar esos objetivos puede tener un crecimiento exponencial que incluya a la propia población de los Estados Unidos, no se diga a la del resto del mundo.  En ese futuro el ejemplo de Cuba, lejos de ser “excepcional” tiene características universales que aparecerán más y más conforme se descubra en la necesidad ético-política que todo movimiento por la liberación, la democracia y el socialismo debe priorizar en la organización de su pensamiento y de sus actos

Fuente: http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/taller/gcasanova2_310704.pdf 

En consecuencia, es prioritario generalizar el conocimiento y posicionamiento respecto del capitalismo sea de gestión neoliberal o progresista y la percepción sobre la articulación del capitalismo con el imperialismo para no creer en el antiimperialismo de quienes gestionan capitalismos periféricos, es decir, subdesarrollos.

 

 

La deuda y la espada: Neoliberalismo en América Latina y el sur de Europa

25 de febrero de 2013

 

Rodrigo Fernández Miranda | Alba Sud 

 

(…)La deuda y la espada 

La historia de la implantación del neoliberalismo ha estado relacionada con la deuda externa. La cuarta crisis de la deuda latinoamericana [1], iniciada en 1982 con el default de México, dio lugar al inicio de la llamada “década perdida” de América Latina. Con el pretexto de reducir el déficit público y liberar divisas para el pago de la deuda externa, durante los siguientes años comenzaron a aplicarse en la región los dogmas neoliberales. Los llamados planes de ajuste estructural (PAE) produjeron una gran transferencia neta de capitales desde la región hacia el Norte económico (más de 200 mil millones de dólares).

En concepto de “servicio de la deuda”, entre 1982 y 2000 AL devolvió más de cuatro veces el stock total de su deuda [2]. El endeudamiento, incluyéndose la estatización de la deuda privada de las oligarquías nacionales, creció sin parar desde entonces (Toussaint, 2003): Aunque fue la deuda de países latinoamericanos lo que dio inicio a la hegemonía del neoliberalismo, sin embargo, se debe ir más atrás para conocer la dócil aceptación de esta doctrina en la región: los golpes, la represión y el terrorismo de Estado de los años 70. Los gobiernos militares [4] generaron una enorme deuda externa y fueron dando lugar, a punta de fusil, al desmantelamiento del Estado y a la articulación de una nueva forma de dependencia económica y dominación política. Un resultado: el enorme acrecentamiento de la brecha entre clases populares y élites. En Europa la denominada “crisis de la deuda soberana” que derivó en la “crisis financiera” también supuso un paso adelante en la instalación de un férreo programa neoliberal en el sur del continente, en los países peyorativamente llamados PIGS [5]. El trasfondo del endeudamiento público de la periferia europea se relaciona directamente con la hegemonía de un sistema de gobierno y un Banco Central (BCE) afines con los intereses de la banca y de la economía alemana. El BCE imprimía dinero para prestarlo a un tipo de interés muy bajo a la banca, no a los Estados de la UE. La misma banca compraba deuda pública a un interés varias veces mayor (6 ó 7 veces en el caso español). Si el Estado hubiera recibido fondos del BCE al 1% de interés (lo que pagaba la banca), a 2012 la deuda pública sería del 14% del PIB, no del 90%. En lugar de imprimir dinero para comprar deuda pública y de esa manera reducir el interés que pagan los Estados periféricos [6]: “El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros” (Navarro, 2012). 

La deuda externa se constituye como forma de dominación. Los mercados son quienes definen las políticas públicas, induciendo un ajuste sin precedentes, con el subterfugio de una hipotética recuperación de la confianza de estos mismos mercados. Mercados que “castigan” o “premian” haciendo variar el precio del financiamiento público, en función de la medida en que las decisiones políticas sean más o menos beneficiosas para sus intereses, siempre especulativos, pecuniarios y de corto plazo.   

 

Lo que el neoliberalismo dejó (y deja) 

El Consenso de Washington fue el marco en el cual se formalizó la hegemonía del neoliberalismo en casi toda AL. Los ejes centrales de las políticas propuestas por el Consenso eran: desregulación económica, privatización, reducción del nivel salarial, apertura y liberalización de flujos de bienes y capitales extranjeros, y prioridad de los intereses del capital financiero. En concreto, sus líneas de actuación se centraron en los siguientes aspectos de los países deudores (Bell Lara & López, 2007). Medidas que, en última instancia, se resumían en un cambio de los ejes de poder: la retracción de un Estado, cada vez más limitado en su capacidad y su autonomía, y la expansión de un mercado, cada vez más poderoso y presente en más aspectos de la vida del país.  Las décadas de neoliberalismo en AL dejaron secuelas a diferentes niveles. Consecuencias de la implementación de este modelo que, con las diferencias del caso, empiezan a ser incipientes en los países neoliberalizados de la periferia europea. 

 

Desigualdad. 

El paso del neoliberalismo por América Latina dejó a la región como la más desigual del planeta. En el período entre 1975 y 1995 el 83,9% de la población latinoamericana residía en países en los que la desigualdad se acentuó. En 2001, AL sufría el peor nivel de desigualdad desde que éste se calcula (CEPAL, 2001). A la transferencia de riqueza Sur-Norte, se le añade la transferencia entre clases sociales, con una pérdida sostenida de ingresos y poder adquisitivo de las clases medias y medias bajas (los salarios en el Producto Bruto disminuyeron 10 puntos en estas dos décadas). Este mismo resultado está teniendo el neoliberalismo en el sur de Europa: desde 2012, después de cinco años consecutivos de crecimiento, el Estado español ocupa la primera posición en desigualdad social de la UE. Seguida de cerca por Grecia y Portugal, España es por primera vez el país con una mayor distancia entre rentas altas y bajas. 

 

Desempleo y precarización del trabajo. El desempleo ha sido otra de las duras manifestaciones de las políticas neoliberales en Latinoamérica. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2002 la tasa de desempleo en la región fue la más alta de las últimas dos décadas. Los jóvenes y mayores de 50 años fueron entonces especialmente castigados por aquel mercado de trabajo. A la falta de empleo se le sumaba la precarización y el rápido retroceso de conquistas y derechos adquiridos por décadas de lucha sindical y obrera. La mentada “flexibilización laboral” conllevó una importante reducción de la seguridad en el trabajo, con “contratos basura” y despidos más fáciles y baratos [7]. A la inseguridad laboral se le añadía el miedo de los trabajadores a perder el empleo: en 2004 el 76% de las personas empleadas en la región consideraba que podía estar desempleada durante el siguiente año (Corporación Latinobarómetro, 2004). Subiendo la vista en el mapa, el desempleo en el territorio español superaba a finales de 2012 el 26% de la población activa (más de 6 millones de personas desempleadas y la destrucción de 850 mil puestos de trabajo desde la Reforma Laboral [8]), mientras que en Grecia alcanzaba la cifra record del 26,8%. La tasa de desempleo juvenil superaba el 50% en España (INE, 2012) y el 61,7% en Grecia (ELSTAT, 2013).  

 

Empobrecimiento. 

Entre 1990 y 1999 once millones de personas se incorporaron a las bolsas de pobreza de AL. En los albores del Siglo XXI, el 43,8% de la población latinoamericana vivía en condiciones de pobreza y un 18,5% en condiciones de indigencia (CEPAL, 2001). Volviendo a la periferia europea, a finales de 2012 la tasa de pobreza económica en España superaba el 25% (Fundación Luis Vives, 2011) y los hogares sin ingresos aumentaron un 50% desde el inicio de la “crisis” (Fundación FOESSA, 2012). En Grecia un tercio de la población estaba en situación de pobreza en diciembre de 2012, 11 millones de personas contra 3,1 millones que lo estaban un año antes. Este deterioro de las condiciones de vida de las mayorías supone una movilidad social descendente: una parte significativa de las clases medias se incorporan a la creciente “nueva pobreza” que va dejando tras de sí el neoliberalismo.  

 

Recorte de derechos y decadencia democrática. 

La transferencia de poder hacia las élites económicas globales, con la connivencia de las instituciones políticas nacionales, supone un avance en la expropiación de la soberanía popular y el recorte de derechos sociales y políticos. La ciudadanía es limitada y la política vaciada de contenido, “el reino del ciudadano termina en la antesala de la economía (…) La democracia se convierte en un mecanismo para elegir quién va a ejecutar las decisiones de un organismo transnacional. La política nacional se vacía de poder” (Bell Lara & López, 2007). El equilibrio del presupuesto público se persigue recortando partidas directamente vinculadas con derechos sociales de amplias mayorías, a pesar del enorme fraude fiscal de grandes capitales (en España se estima en 80 mil millones de euros). En nombre de la “eficiencia” se ponen en marcha procesos de mercantilización y privatización: de esta manera, lo que eran derechos se convierten en mercancías, accesibles sólo para quienes tengan capacidad de comprarlos. Asimismo, se añaden otro tipo de intervenciones del Estado como el retraso en la edad de jubilación, la reducción de salarios, la reducción del seguro por desempleo, la limitación o eliminación de beneficios sociales y laborales, entre otros.  Las instituciones políticas comienzan a sufrir una crisis de legitimidad, reduciéndose la afección social y la participación electoral. Entre 1980 y 1995 disminuyeron los niveles de participación electoral en AL (Lavezzolo, 2006), mientras que en 2012 en las elecciones griegas un 45% del electorado se abstuvo de votar, un 44% lo hizo en las del Principado de Asturias y un 37% en las de Andalucía: en todos los casos, los comicios más abstencionistas de la democracia representativa [9]. En AL a finales del siglo pasado entre el 30 y el 40% de la ciudadanía consideraba que el voto no tenía poder de cambio: un “desencanto con la democracia” (Corporación Latinobarómetro, 2004). En 2012 “los políticos” se convirtieron en el tercer problema más importante percibido por la sociedad española (INE, 2013).  Analizando este dato en perspectiva histórica, se puede apreciar la evolución del descrédito de “los políticos en general, los partidos políticos y la política” en España (CIS, 2013)  Parece evidente que lo que el neoliberalismo dejó en América Latina es equivalente a lo que está dejando en el sur de Europa.

 

 Cambio de rumbo, cambio de época 

En América Latina, tras el colapso social devenido de décadas de neoliberalismo, varios países emprendieron un cambio de rumbo político y económico, bajo una fuerte presión de unos movimientos populares cada vez más fortalecidos. Grandes revueltas populares y una sangrienta represión del Estado fueron dando paso, más o menos gradualmente, a la remoción de gobiernos cómplices de la “dictadura de los mercados”, al nacimiento de nuevos sujetos políticos y al inicio de un cambio de rumbo en la región. La intensificación de la lucha social  dio lugar a hechos históricos de rebeldía colectiva, como el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994 (gobierno de Salinas de Gortari), las revueltas indigenistas, la toma del Congreso y el establecimiento del “Parlamento del Pueblo” en Ecuador en enero de 2000 (gobierno de Jamil Mahuad), el 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina (gobierno de De la Rúa), la “guerra del gas” en Bolivia en 2003 (gobierno de Sánchez de Losada), entre otros.  Desde entonces, en estos y otros países latinoamericanos se fueron poniendo en marcha profundos procesos políticos de “desneoliberalización”.(...)  
Fuente:
 http://www.albasud.org/blog/es/397/la-deuda-y-la-espada-neoliberalismo-en-am-rica-latina-y-el-sur-de-europa
 

 

 

Comprobamos una lectura sesgada de lo que han hecho los gobiernos progresistas, por ejemplo, señalar profundos procesos de "desneoliberalización" cuando lo cierto es que expandieron el extractivismo y la consiguiente concentración- transnacionalización económico territorial. Pero restrinjámonos a la deuda externa pública y a Argentina.    

 

 

Los intelectuales “progresistas” y la deuda externa:

comentarios sobre un artículo de Emir Sader.
26 de junio de 2014

Por Ariel Mayo

Tras varios años de permanecer oculta debajo de la alfombra, la cuestión de la deuda externa volvió al centro de la escena política nacional. El reciente fallo del juez Griesa, favorable a los fondos buitre, mostró en toda su dimensión el fracaso de la política kirchnerista en esta área.

En criollo: el kirchnerismo pagó deuda externa como ningún otro gobierno argentino. Realizó dos reestructuraciones de la deuda, con supuestas “quitas” sobre el capital adeudado (amortiguadas por los beneficios que otorgó a los ahorristas el cupón atado al crecimiento del PBI). Concedió a Repsol una jugosa indemnización por la expropiación de YPF. Acordó pagar al Club de París la totalidad de la deuda, en un monto mayor al reconocido por el Ministerio de Economía de nuestro país y en un plazo menor al que dicho Club concede a los deudores. No en balde la presidenta Cristina Fernández definió a su gobierno como “pagadores seriales”. Ahora bien, todo este esfuerzo resultó inútil, por lo menos desde el punto de vista de los trabajadores argentinos. En el período que va desde el 2004 hasta el 2014 el monto de la deuda externa argentina siguió incrementándose. Así, a finales de 2013 alcanzó la cifra de 202 mil millones de dólares. Pongamos esta cifra en perspectiva: en 1976, la deuda externa era de 8500 millones de dólares; al terminar la dictadura, en 1983, ascendía a 44 mil millones; en 1989, era de 65 mil millones; en el gobierno de Duhalde (2003-2004), llego a los 176 mil millones.

 

Entre el gobierno de Duhalde y finales de 2013, la deuda externa argentina se incrementó en 26 mil millones de dólares. En el mismo período y según cifras proporcionadas por Cristina Fernández, Argentina pagó 173 mil millones de dólares a los acreedores externos.

 

O sea, en 10 años pagamos un monto casi equivalente a la totalidad de la deuda externa durante el gobierno de Duhalde. Pero hoy debemos 26 mil millones de dólares más. Sin comentarios…

 

Hoy, después de 10 años de pago desenfrenado a los acreedores externos, algunos  datos muestran la otra cara de la deuda: el 35 % de los trabajadores se encuentran precarizados; un 25 % de la población está en la pobreza; la mayor parte de los jubilados cobran haberes miserables. Y siguen las firmas. Todo eso en el marco de altas tasas de crecimiento económico durante la mayor parte de esa década.

 

A pesar de lo anterior, numerosos intelectuales afirman que la Argentina vivió una etapa de “revolución cultural” y/o de transformaciones que favorecieron a los sectores populares. En este sentido, el proceso kirchnerista es puesto en pie de igualdad con otros procesos latinoamericanos, en el marco de una especie de epopeya antiimperialista y antimonopolista.

Emir Sader, sociólogo brasileño, expresa cabalmente la posición expuesta en el párrafo anterior. Basta leer su artículo “"Contraofensiva de la derecha internacional"”, publicado en la edición del lunes 24 de junio del periódico Página/12.

 

Sader sostiene que el fallo del juez Griesa se inscribe en el contexto de una contraofensiva general de la “derecha internacional” contra los gobiernos “progresistas” latinoamericanos que desafiaron el Consenso de Washington. Las cifras sobre la situación social en Argentina permiten poder en duda la caracterización de “progresista” para el kirchnerismo. Las ganancias obtenidas por las corporaciones transnacionales en América Latina también permiten poner en duda el carácter “progresista” del conjunto de esos gobiernos. Salvo que, por supuesto, se entienda por “progresista” una política tendiente a asegurar las ganancias del capital.

 

Sader define así la política de los países “progresistas” de América Latina:

“…los países latinoamericanos que siguieron creciendo y distribuyendo renta, disminuyendo la desigualdad que aumenta exponencialmente en el centro del sistema, son un factor de perturbación, son la prueba concreta de que otra forma de enfrentar la crisis es posible. Que se puede distribuir renta, recuperar el rol activo del Estado, apoyarse en los países del Sur del mundo y resistir a la crisis.”

 

Como ya señalé, los datos de la situación argentina permiten afirmar que Sader está equivocado, por lo menos en lo que hace a nuestro país. Sigamos adelante. Sader sostiene que la contraofensiva de la derecha va dirigida contra la estrategia adoptada por Argentina en el tema de la deuda. Según él, dicha estrategia fue exitosa y constituye un ejemplo para otros países:

 

“La formidable arquitectura de renegociación de la deuda argentina nunca fue asimilada por ellos. Quieren que sea un mal ejemplo para Grecia, Portugal, España, Egipto, Ucrania y tantos otros países aprisionados en las trampas del FMI. Tienen que demostrar que los dictados de la dictadura del capital especulativo son ineludibles.”

 

Resulta difícil de entender cómo una estrategia que se tradujo en un aumento del monto de la deuda, luego de una década de pago desenfrenado, pueda concebirse como un éxito y un ejemplo.

Sader identifica al “capital especulativo” como el enemigo de Argentina y de los países “progresistas” latinoamericanos en general. En sus palabras:“La nueva ofensiva en contra de Argentina tiene que ser contestada por todos los gobiernos latinoamericanos que son, en distintos niveles, igualmente víctimas del capital especulativo, que se resiste a reciclar las inversiones productivas que necesitamos. Es hora de que los gobiernos de los otros países de la región no sólo acompañen a las misiones argentinas, sino que también asuman la disposición de imponer impuestos a la libre circulación del capital financiero. Una medida indispensable, urgente, que sólo puede ser asumida por un conjunto de países en forma de unidad.”

Siempre limitándome al análisis del caso argentino, cabe decir dos cosas para poner en entredicho el argumento de Sader: a) el año pasado, el sector que obtuvo mayores ganancias en el 2013 fue el de los bancos; b) entre 2007-2012 se produjo una fuga de capitales estimada en 80 mil millones hasta el cepo cambiario. En otras palabras, durante la década kirchnerista el llamado capital financiero (o especulativo, si se prefiere) recibió un trato preferencial, permitiendo que acumulara importantes ganancias y tuviera los dólares necesarios para fugar al exterior.

Pero la cuestión del capital especulativo es mucho más compleja del planteo que hace Sader. En una economía capitalista el trabajo es el creador de valor. Esto ya es sabido desde los tiempos de Adam Smith. Por tanto, el capital aplicado a la producción es quien genera el plusvalor que se reparte el conjunto de los capitalistas. En otras palabras, sólo la producción genera el valor que puede repartirse entre las distintas fracciones del capital. El dinero no crea dinero. En otros términos, el capital financiero no crea valor; por tanto, depende para su existencia del capital productivo. Además, y esto ya era sabido en los tiempos de Lenin, capital industrial, capital comercial y capital bancario se hayan estrechamente entrelazados. Por último, capitalismo y afán de ganancias van de la mano. Acusar de “especulativo” a un capital por buscar mayores ganancias carece de sentido en una economía capitalista.

¿Por qué Sader insiste entonces con la cantinela del “capital especulativo?

En 2002, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde, se inició una recomposición del capitalismo argentino luego de la liquidación de la Convertibilidad en diciembre de 2001. Esa recomposición, basada en la devaluación, los bajos salarios, la utilización de la capacidad ociosa luego de largos años de recesión y la exportación de productos primarios, fue continuada por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Esta última reconoció en un discurso que los empresarios “la levantaron con pala”, aludiendo a las enormes ganancias de los capitalistas durante el período iniciado en 2003. No hay dudas, pues, sobre el carácter capitalista del kirchnerismo.

 

Aquí corresponde hablar de Sader y su caracterización de la situación argentina. No hace falta mucho esfuerzo para comprobar que esta caracterización es totalmente equivocada. Pero Sader representa un tipo de intelectual aferrado a los gobiernos de América Latina. Se trata de ex izquierdistas, muchos de ellos ex marxistas, que aceptan al capitalismo como un fenómeno natural. Para ellos la revolución socialista es una utopía inalcanzable, la clase obrera dejó de existir subsumida en un mar de identidades y la explotación es un concepto perimido que no da cuenta de las nuevas realidades del capitalismo. Cuando se los apura, muestran serias dificultades para demostrar la verdad de los asertos mencionados. Pero eso carece de importancia, pues aceptar el capitalismo les permite medrar al calor de la expansión del Estado (léase, para ellos, aumento de las posibilidades de obtener un empleo rentable en el Estado). A cambio de su aceptación del capitalismo, ellos obtienen cargos públicos, proporcionando un matiz “progresista” y/o “rebelde” a los Estados que llevan adelante la recomposición capitalista.

 

El mercado de intelectuales es muy competitivo en sociedades donde hay un importante desarrollo del sistema universitario. Entonces, los intelectuales “progresistas” enfrentan el problema de cómo distinguirse del resto (por ejemplo, de los intelectuales liberales) y poder venderse así en condiciones más ventajosas. La respuesta está contenida en el artículo de Sader que estoy comentando. Frente a los liberales, que defienden al capitalismo en bloque, los intelectuales “progresistas” se presentan como rebeldes al combatir de palabra al capitalismo “especulativo”. Para ellos, el capitalismo es bueno, lo malo son sus contradicciones (Marx dijo esto hace muchísimo tiempo, refiriéndose a Proudhon); esas contradicciones encarnan en el capital “especulativo”, que impide el crecimiento de los pueblos. De este modo, y en el marco de una recomposición del capitalismo latinoamericano, que pretende alejarse discursivamente del neoliberalismo, el intelectual “progresista” suma puntos y entra a medrar en el aparato estatal.

No cabe la menor duda de la sinceridad de Sader. Sólo que se trata de una sinceridad respecto a los intereses del grupo de intelectuales con que se identifica. Por eso hay tan poco de realidad argentina en su artículo, si se me permite la expresión.

NOTA:

Como en todos mis escritos, no se encuentra nada original en el presente artículo. Por eso quiero mencionar mi deuda con el profesor Rolando Astarita, de cuyo artículo “"Después del Club de París, fondos buitres"” tomé los datos cuantitativos referentes a la deuda externa argentina.

Fuente: http://miseriadelasociologia.blogspot.com.ar/2014/06/los-intelectuales-progresistas-y-la.html

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Pensemos en 2008 se constituyó el espacio Carta Abierta y Nicolás Casullo definió que las resistencias de las asambleas de vecinos autoconvocados contra la megaminería a cielo abierto debían cesar para priorizar el enfrentamiento entre la derecha y el gobierno K. Lo cierto que esta lectura binaria de la realidad argentina y latinoamericana encubre (como el bipartidismo lo hizo en los períodos anteriores de la democracia restringida) al creciente poder y enriquecimiento de las corporaciones imperialistas a causa de elites locales que se contentan con ser socias menores.

 

Todavía hoy persiste, tanto en el progresismo como en las izquierdas, un desconocimiento de la centralidad del modelo extractivo en la reestructuración socioeconómica que consolida la recolonización de Nuestra América. Tampoco dan relevancia a los ecocidios-genocidios que esas expropiaciones sistémicas perpetran. Para aclarar, propongo que leamos:

 

La implosión de la Venezuela rentista[1]

12 de julio de 2016

 

Por: Edgardo Lander

Crisis en todos los ámbitos de la vida colectiva

El detonante principal de la crisis por la cual atraviesa hoy Venezuela, más obviamente no la única causa, ha sido el colapso de los precios del petróleo de los últimos tres años. Mientras en el año 2013 el precio promedio de los crudos venezolanos fue de $100, bajó a $88,42 en el año 2014 y a $44.65 en el 2015. Llegó a su nivel más bajo en el mes de febrero del año 2016, con un precio de $24,25.[2] El gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que una alternativa al capitalismo tenía necesariamente que ser una alternativa al modelo depredador del desarrollo, del crecimiento sin fin, lejos de cuestionar el modelo petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a niveles históricamente desconocidos en el país.

En los 17 años del proceso bolivariano la economía se fue haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos sin los cuales no es posible importar los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población, incluyendo una amplia gama de rubros que antes se producían en el país. Se priorizó durante estos años la política asistencialista sobre la transformación del modelo económico, se redujo la pobreza de ingreso, sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión.

Identificando socialismo con estatismo, mediante sucesivas nacionalizaciones, el gobierno bolivariano expandió la esfera estatal mucho más allá de su capacidad de gestión. En consecuencia el Estado es hoy más grande, pero a la vez más débil y más ineficaz, menos transparente, más corrupto. La extendida presencia militar en la gestión de organismos estatales ha contribuido en forma importante a estos resultados. La mayor parte de las empresas que fueron estatizadas, en los casos en que siguieran operando, lo hicieron gracias al subsidio de la renta petrolera. Tanto las políticas sociales, que mejoraron significativamente las condiciones de vida de la población, como las múltiples iniciativas solidarias e integracionistas en el ámbito latinoamericano, fueron posibles gracias a los elevados precios del petróleo. Ignorando la experiencia histórica con relación al carácter cíclico de los precios de los commodities, el gobierno operó como si los precios del petróleo se fuesen a mantener indefinidamente sobre los cien dólares por barril.

 

Dado que el petróleo pasó a constituir el 96% del valor total de las exportaciones, prácticamente la totalidad de las divisas que han ingresado al país en estos años lo han hecho por la vía del Estado. A través de una política de control de cambios, se acentuó una paridad de la moneda insostenible, lo que significó un subsidio al conjunto de la economía. Los diferenciales cambiarios que caracterizaron esta política, llegaron a ser de más de cien a uno. Esto, unido a la discrecionalidad con la cual los funcionarios responsables pueden otorgar o no las divisas solicitadas, hizo que el manejo de las divisas se convirtiera en el principal eje de la corrupción en el país.[3]

 

En la época de las vacas gordas todo el ingreso fiscal extraordinario se gastó, incurriéndose incluso en elevados niveles de endeudamiento. No se crearon fondos de reserva para cuando bajasen los precios del petróleo. Cuando estos colapsaron, sucedió lo inevitable, la economía entró en una profunda y sostenida recesión y el proyecto político del chavismo comenzó a hacer aguas.

 

El PIB tuvo un descenso de 3,9% en el año 2014, y de 5.7% en el 2015.[4] Para el año 2016, la CEPAL pronostica una caída del 7%.[5] Hay un importante y creciente déficit fiscal. De acuerdo a la CEPAL, la deuda externa se duplicó entre los años 2008 y 2013[6]. Si bien como porcentaje del PIB todavía no es alarmante, la drástica reducción del ingreso de divisas dificulta su pago.[7] Se ha producido una caída fuerte de las reservas internacionales. Las reservas del mes de junio del año 2016 representaban 41% del monto correspondiente a las de finales del año 2012.[8] El acceso a nuevos financiamientos externos está limitado por la incertidumbre en torno al futuro del mercado petrolero, la falta de acceso a los mercados financieros occidentales, y las muy elevadas tasas de interés que se le exigen al país en la actualidad.

A esto se suma la tasa de inflación más elevada del planeta. De acuerdo a las cifras oficiales, en el año 2015 la inflación fue de 180,9%, y la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 315%.[9] Con seguridad se trata de una subestimación. No hay cifras oficiales disponibles, pero la tasa de inflación en el primer semestre del año, particularmente en el renglón de alimentos, ha sido muy superior a la del año anterior.

Esta severa recesión económica podría conducir a una crisis humanitaria. Hay un desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas y productos del hogar. Las familias venezolanas tienen que pasar cada vez más tiempo recorriendo establecimientos y haciendo colas en la búsqueda de alimentos que no estén más allá de su capacidad adquisitiva. Se está produciendo una reducción significativa en el consumo de alimentos por parte de la población. De la situación en la que la FAO hizo un "Reconocimiento de progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre" basado en datos hasta el año 2013, señalando que había una proporción de menos de 6,7% de personas desnutridas,[10] se ha pasado a una situación de crecientes dificultades para obtener alimentos y donde el hambre se ha convertido en un tema de conversación cotidiano. De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, a partir del año 2013 se ha venido produciendo un descenso sostenido en el consumo de prácticamente todos los renglones de alimentos. En algunos casos en forma muy pronunciada. Entre el segundo semestre del año 2012 y el primer semestre del año 2014, el consumo de leche líquida completa se redujo a menos de la mitad.[11] Estas son cifras anteriores a la profundización del desabastecimiento y la inflación ocurrida en el último año. Las encuestas registran que es cada vez mayor el número de familias que ha dejado de comer tres veces al día, incrementándose incluso el porcentaje de familias que afirma comer una sola vez al día. De acuerdo a la encuestadora Venebarómetro, una gran mayoría de la población (86.3%) afirma que compra menos o mucho menos comida que anteriormente.[12]

En el ámbito del acceso a medicamentos y servicios de salud la situación es igualmente crítica. Los hospitales y demás centros de salud presentan elevados niveles de desabastecimiento de insumos básicos, así como la ausencia de equipos e instrumental médico debido a limitaciones en el acceso a repuestos y otros insumos, sean nacionales o importados. En hospitales y centros de salud es común que solo se pueda atender y alimentar a los enfermos si los familiares pueden aportar los insumos y alimentos requeridos. Son frecuentes las suspensiones de operaciones por falta de equipos, insumos o personal médico. Pacientes que requieren diálisis no reciben tratamiento. Medicamentos indispensables para el tratamiento de enfermedades tales como diabetes, hipertensión y cáncer escasean severamente.

 

El gobierno no reconoce la posibilidad de que el país esté entrando en una emergencia que requiera asistencia desde el exterior. Por una parte, porque esto sería visto como la admisión del fracaso de su gestión. Pero igualmente, para evitar que ese reconocimiento pueda servir como puerta de entrada para la operación de dispositivos de intervencionismo humanitario, armado de considerarse necesario, cuyas consecuencias son bien conocidas.

 

En estos últimos años el gobierno ha puesto en marcha diversos operativos y mecanismos de distribución de alimentos, los cuales han sido de corta duración y, en general, han fracasado por la ineficiencia y los muy elevados niveles de corrupción. No han logrado desmantelar la redes mafiosas, gubernamentales y privadas, que operan en cada uno de los eslabones de las cadenas de comercialización, desde los puertos hasta la venta al por menor. Por otra parte, todos estos mecanismos han estado concentrados en la distribución, sin abordar en forma sistemática la profunda crisis existente en la producción nacional.

La última iniciativa son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), orientados principalmente a la venta de bolsas con algunos alimentos subsidiados directamente en las viviendas. Ha sido este mecanismo muy polémico, entre otras cosas porque no hay suficientes alimentos disponibles para llegar a todos, y por operar a través de estructuras partidistas (el PSUV). Con muy poco tiempo de funcionamiento ya se han formulado múltiples denuncias tanto por su carácter político excluyente de quienes no se identifiquen como partidarios del gobierno, como, una vez más, por la corrupción.

Con excepción de Caracas, durante meses en el año 2016 hubo racionamiento eléctrico, con suspensión del servicio por cuatro horas diarias.[13] Para ahorrar electricidad, las oficinas públicas en todo el país solo trabajaron dos días a la semana durante meses y luego con un horario diario reducido, debilitando aún más la menguada capacidad de gestión del Estado venezolano. La distribución del agua ha estado racionada, afectando desproporcionalmente a los sectores populares. Hay igualmente una severa crisis en el transporte público por falta de repuestos, hasta los más comunes como baterías y cauchos.

 

Todo esto se traduce en un severo deterioro de las condiciones de vida de la población, conduciendo a la acelerada pérdida de las mejorías sociales que se habían logrado en los años anteriores. El gobierno ha dejado de publicar, o sólo publica con mucho atraso, la mayor parte de las principales estadísticas económicas y sociales. Por ello, las únicas fuentes actualizadas con las cuales se cuentan son algunos estudios universitarios y de encuestadoras privadas.[14]En el último estudio difundido por un proyecto interuniversitario,[15] en términos de ingreso y de la capacidad para adquirir lo que definen como la canasta normativa de alimentos, se caracteriza al 75,6% de la población como pobre y la mitad del total de la población como pobres extremos.[16] Esto, más que un deterioro, constituye un colapso del poder adquisitivo de la mayor parte de la población.

 

La reducción de la capacidad adquisitiva es generalizada, pero no afecta por igual a todos los sectores de la población, con lo cual se ha producido un incremento de las desigualdades sociales. La reducción de las desigualdades de ingreso había sido uno los logros más importantes del proceso bolivariano. El actual deterioro de la capacidad adquisitiva afecta en primer lugar a quienes viven de un ingreso fijo como salarios, jubilaciones y pensiones. Por el contrario, quienes cuentan con acceso a divisas que compran cada vez más bolívares, y quienes participan en los múltiples mecanismos especulativos del llamado bachaqueo, con frecuencia terminan favorecidos por la escasez/inflación.

 

En las condiciones actuales, el gobierno ya no cuenta con los recursos que serían necesarios para abastecer a la población mediante programas masivos de importación de alimentos. Por las mismas razones, la incidencia de las políticas sociales, las Misiones, está marcada por un sostenido deterioro.

Por la vía de los hechos, la política económica del gobierno opera como una política de ajuste que contribuye al deterioro de las condiciones de vida de la población. Se le ha otorgado prioridad al pago de la deuda externa sobre las necesidades alimentarias y de salud de la población venezolana. De acuerdo al Vicepresidente para el Área Económica, Miguel Pérez Abad, Venezuela recortará sustancialmente sus importaciones este año con el fin de cumplir con sus compromisos de deuda.[17] Se ha anunciado que el monto total de divisas disponibles para importaciones no petroleras en el año 2016 será de solo 15 mil millones de dólares[18], lo que representa la cuarta parte del volumen de las importaciones del año 2012. Y sin embargo, el Presidente Maduro ha informado que "...el Estado venezolano ha pagado en los últimos 20 meses 35 mil millones de dólares a los acreedores internacionales..."[19] Esto es extraordinariamente grave, dados los elevados niveles de dependencia de las importaciones que tiene la alimentación básica de la población.

Son variadas las propuestas que se han venido formulando desde organizaciones políticas y académicas, así como movimientos populares, sobre posibles vías para la obtención de los recursos necesarios para responder a las necesidades urgentes de la población. Entre estas destaca la Plataforma de Auditoría Pública y Ciudadana,[20] que exige la realización de una investigación a fondo de los extraordinarios niveles de corrupción con los cuales han operado los procesos de entrega, por parte de organismos del Estado, de divisas subsidiadas para las importaciones.[21] Esta auditoría permitiría comenzar los procesos de recuperación de los recursos sustraídos a la nación. Esta posibilidad ha sido rechazada por el gobierno. Sería abrir una caja de Pandora que, con seguridad, implicaría tanto a altos funcionarios públicos, civiles y militares, como a empresarios privados.

Igualmente importante sería la realización de una auditoría de la deuda externa, con el fin de identificar que parte de ésta es legítima y que parte no lo es. A partir de ésta, se plantearía una renegociación de las condiciones de pago de la deuda, partiendo de que es prioritario responder a las necesidades inmediatas de alimentación y salud de la población sobre el pago a los acreedores. Se ha propuesto igualmente la conveniencia de un impuesto extraordinario a los bienes de venezolanos en el exterior, así como una reforma impositiva que aumente el aporte de las grandes fortunas, en especial del sector financiero, que pagan tasa muy bajas.

Nada de esto, por supuesto, tendría mayor impacto si no se crean mecanismos de contraloría social efectivos que garanticen que, en este contexto de corrupción generalizada, estos bienes lleguen a quienes los necesitan.

 

Una nueva economía: las múltiples caras del denominado "bachaqueo"

En los últimos tres años se han producido reacomodos importantes en la estructura económica del país, muy especialmente en los sectores de comercialización. Una elevada proporción del acceso a bienes básicos en el país ocurre hoy por la vía de los mecanismos informales del llamado bachaqueo. Algunos de los casos más escandalosos de corrupción conocidos en el país en estos años tienen que ver precisamente con el acaparamiento y la especulación en la importación y en las cadenas públicas y privadas de distribución de alimentos.

 

Este complejo nuevo sector de la economía, que ha adquirido en estos años un enorme peso, incluye una amplia gama de modalidades y mecanismos tanto públicos como privados. Dada la presencia simultánea de un generalizado desabastecimiento y la desbordada inflación, la diferencia entre el precio de venta de los productos regulados y el precio al cual estos mismos productos son vendidos en los mercados informales puede ser de diez a uno, de veinte a uno, e incluso más. Esta actividad, que mueve a mucha gente y moviliza mucho dinero, opera en diversas escalas. Incluye, entre otras, el contrabando de extracción de diferentes dimensiones, principalmente hacia Colombia, el desvío masivo de bienes de las cadenas públicas de distribución mayorista, el acaparamiento por parte de agentes comerciales privados, y la compra y reventa en pequeña o mediana escala de productos regulados por parte de los llamados bachaqueros.

 

Por su novedad, heterogeneidad y fluidez no se cuenta con una caracterización confiable sobre la dimensión de este sector de la economía y sus relaciones con los otros sectores de ésta. En esta actividad se pueden obtener ingresos muy superiores a una elevada proporción de los empleos asalariados existentes en el país. Lo que es indudable es que hoy, si dejase de operar de un día para otro este sector de la economía, el país se paralizaría. De acuerdo a una de las principales encuestadoras del país, el 67 % de la población venezolana reconoce que compra los productos total o parcialmente a través de los llamados "bachaqueros".[22] El hecho de que este sector de la economía opere con mecanismos extremadamente diversos no solo hace difícil su caracterización, sino igualmente su evaluación desde puntos de vista políticos o éticos. Sobre el impacto perverso que para la sociedad tiene la corrupción en las cadenas oficiales de distribución, el acaparamiento y la especulación por parte de agentes privados y las mafias violentas, con frecuencia armadas, que controlan determinados eslabones de las cadenas de comercialización, no queda duda. No es lo mismo el bachaqueo en pequeña escala llevado a cabo por ese amplio sector de la población que, en ausencia de toda otra alternativa para alimentar a su familia, convierten la actividad de compra, trueque y venta especulativa de productos escasos en una modalidad de sobrevivencia.

 

Lo que sí puede afirmarse es que en un proceso político orientado durante años por los valores de la solidaridad y la promoción de múltiples forma de organización popular de base en las cuales participaron millones de personas, la respuesta ante esta profunda crisis no ha sido mayoritariamente solidaria, ni colectiva, sino individualista y competitiva. Las significativas transformaciones en la cultura política popular de años anteriores, los sentidos de dignidad, las subjetividades caracterizadas por la auto confianza y el entusiasmo en  relación a sentirse parte de la construcción de un mundo mejor, entran en dinámicas regresivas. Buena parte de las organizaciones sociales de base creadas durante estos años (mesas técnicas de agua, consejos comunitarios de agua, consejos comunales, comunas, etc.), se encuentran hoy debilitadas, tanto por la carencia de los recursos estatales de las cuales se habían hecho dependientes, como por el creciente deterioro de la confianza en el gobierno y en el futuro del país. Otras, con mayor capacidad de autonomía, hoy debaten cómo continuar operando en este nuevo contexto.

 

Es este el paisaje cultural que hace posible, por ejemplo, que miles de niños de hasta 12 años estén abandonando la escuela para incorporarse a bandas criminales, iniciándose generalmente en el micro tráfico de drogas que constituye, gracias a las políticas prohibicionistas con relación a las drogas que siguen vigentes en el país, un lucrativo negocio y una fuente permanente de violencia.

Además de las consecuencias de la desnutrición infantil, lo que posiblemente tenga un impacto negativo de más larga duración para el futuro del país es el hecho de que la confluencia de estas dinámicas ha ido produciendo procesos de desintegración del tejido de la sociedad, un estado de desconfianza generalizada y una profunda crisis ética en buena parte de la conciencia colectiva.

 

La coyuntura política

El fallecimiento de Hugo Chávez en marzo del 2013 abre paso a una nueva coyuntura política en el país. En las elecciones presidenciales de abril del 2013, el candidato escogido por Chávez, Nicolás Maduro, gana a Henrique Capriles, candidato de la oposición, por una diferencia de solo 1.49% de los votos, mientras que cinco meses antes, Chávez, en su última elección, había ganado con una diferencia de 10.76%.

En las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, la oposición organizada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) gana las elecciones por una amplia mayoría, obteniendo 56,26% de los votos contra 40,67% de los partidarios del gobierno.[23] Como resultado de una ley electoral anticonstitucional diseñada para sobre representar a la mayoría cuando ésa era la situación del chavismo, la oposición obtuvo un total de 112 parlamentarios con lo cual logró una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea.[24]

La previa identificación de la mayoría de los sectores populares con el chavismo se va resquebrajando, la oposición gana en muchos centros electorales que hasta ese momento habían votado contundentemente por el gobierno.

De una situación de control de todas las instituciones públicas (Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder Ciudadano y 20 de un total de 23 gobernaciones), se pasa a una nueva situación de dualidad de poderes y a una potencial crisis constitucional.

Sin embargo, la mayoría de oposición en la Asamblea Nacional no ha alterado, en los hechos, la correlación de fuerzas en el Estado. Sistemáticamente cada vez que el Ejecutivo está en desacuerdo con una decisión de la Asamblea, le ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que la declare inconstitucional, lo cual el Tribunal hace rápidamente. A esto se añade que, en los asuntos de mayor transcendencia, el gobierno, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, ha venido gobernando por decretos presidenciales. Entre éstos destaca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica[25] mediante el cual el Presidente se auto otorga poderes extraordinarios en el ámbito económico y en áreas de seguridad pública. En consecuencia, durante los primeros seis meses de su gestión, la Asamblea Nacional ha operado más como un espacio de debate político y de catarsis, que como un poder del Estado con capacidad para tomar decisiones efectivas sobre el rumbo del país.

 

El gobierno una y otra vez ha anunciado medidas especiales, comisiones presidenciales, nuevos "motores de la economía" reestructuraciones del Estado, nuevas vice-presidencias, nuevo ministerios. Sin embargo, se trata en lo fundamental, de un gobierno a la defensiva, sin rumbo, cuyo principal objetivo parece ser la preservación del poder. Para ello se reafirma en un discurso incoherente que carece de sintonía con la cotidianidad y las exigencias inmediatas de la población. Sigue apelando a "la Revolución" y al enfrentamiento al imperialismo, al intervencionismo externo, a la derecha nacional e internacional fascista, a los golpistas y a la "guerra económica" como las causas de todos los males que afectan al país. Se acentúa la utilización arbitraria de su control sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para tomar medidas destinadas a bloquear toda posibilidad de cambio.[26] Por esta vía se va, paso a paso, socavando la legitimidad de la Constitución del año 1999. Mientras tanto, el deterioro económico y social del país se profundiza.

 

Es bien sabido que, desde el inicio del gobierno bolivariano, el gobierno de los Estados Unidos le ha brindado respaldo político y financiero a la oposición venezolana, incluso apoyando el golpe de Estado del año 2002. La ofensiva no cesa. En marzo del año 2016 el gobierno de Obama renovó la decisión del año anterior de declarar que Venezuela constituye una "inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".[27]En mayo del mismo año, "por décimo año consecutivo, el Departamento de Estado de EE.UU. determinó [...] que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos".[28] En el contexto de la prominencia de los gobiernos progresistas y los procesos integracionistas latinoamericanos (UNASUR, MERCOSUR, CELAC), estas ofensivas tuvieron en el pasado poco éxito. Sin embargo, estamos en presencia de un contexto geopolítico regional profundamente alterado que se caracteriza por un debilitamiento tanto de los movimientos sociales como de los gobiernos progresistas en toda América del Sur. Son en este sentido significativas las implicaciones de los bruscos virajes a la derecha que vienen operándose en Argentina y Brasil y los consecuentes debilitamientos de los mecanismos de integración continental en cuya creación y fortalecimiento el Presidente Chávez había jugado un papel protagónico. Un expresión de estos cambios son los sistemáticos ataques de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, contra el gobierno venezolano, presionando a los países miembros de la organización a que se le aplique al país la Carta Democrática, y las resistencias que ha enfrentado Venezuela para asumir, como le corresponde, la Presidencia pro-tempore de MERCOSUR.

 

Descontento generalizado, protestas, saqueos, represión e inseguridad

Confirmando el estado de ánimo que se percibe diariamente en cualquier aglomeración de gente, como en las colas de compra de alimentos y el transporte público, todas las encuestas de opinión destacan el profundo descontento existente en el país. De acuerdo a Venebarómetro, 84,1% de la población evalúa en términos negativos la situación del país, el 68,4% considera como mala la gestión del Presidente Maduro, el 68% de los encuestados opina que Maduro debería salir del poder lo más pronto posible y haya elecciones presidenciales.[29] De acuerdo a la encuestadora Hercon, 81,4% de los encuestados consideran que "es necesario cambiar de gobierno este mismo año para que se solucione la crisis que vive Venezuela".[30] Según Óscar Schemel, director de la encuestadora Hinterlaces, encuestadora en general favorable al gobierno, en el mes de febrero el 58% de la población estaba de acuerdo con una salida constitucional del presidente Maduro.[31] De acuerdo a un informe del Proyecto Integridad Electoral Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello, el 74% de la población ve la situación del país como "mala" o "muy mala", y más de la mitad cree que los principales responsables de los problemas son el Gobierno y el Presidente.[32] De acuerdo a la encuestadora Datincorp, el 72% de los encuestados quiere que el Presidente Maduro concluya su mandato antes del 2019.[33]

En la mayor parte de las encuestas se destaca igualmente que el apoyo a la oposición y a la Asamblea Nacional ha tenido una tendencia al descenso como resultado de la frustración frente a las expectativas que habían sido creadas por la MUD previas a las elecciones parlamentarias. De acuerdo a una encuesta nacional realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, institución fuertemente inclinada hacia la oposición, solo un 50,58% de los encuestados confía en la Asamblea Nacional y un poco menos de la mitad confía en los diputados de la oposición y en los partidos de oposición.[34]

 

Las dificultades que enfrenta la gran mayoría de la población en su vida cotidiana, especialmente los obstáculos o incluso la imposibilidad de obtención de alimentos y medicinas, la carencia de agua, el racionamiento eléctrico, han generado, en todo el país, niveles crecientes de protesta, cierres de calles y carreteras, saqueos de establecimientos de comercialización de alimentos, y de camiones que transportan estos bienes. Algunos de estos saqueos y protestas violentas pueden estar organizados como una forma de enfrentamiento político al gobierno[35]. No hay duda de que en el país operan paramilitares, pero es evidente, por su escala, que se trata en lo fundamental de un fenómeno social de amplia base. A diferencia de la situación de febrero del año 1989, en que el Caracazo consistió en una explosión popular generalizada y prácticamente simultánea a escala nacional, en las actuales condiciones, mucho más graves que las del 1989, se está produciendo un Caracazo por cuotas. En algunos casos participan grupos armados que actúan con violencia.

 

Esto se suma a la inseguridad que durante muchos años ha sido caracterizada por la población venezolana como el principal problema del país. De acuerdo a las Naciones Unidas, Venezuela no sólo tiene la tasa de homicidios más elevada de América del Sur, sino que es el único país de esa región cuya tasa de homicidios se ha incrementado en forma consistente desde el año 1995.[36]Algunos de los denominados "colectivos" de origen chavista han devenido en mafias armadas. Un contexto de generalizada impunidad en que, ni los asesinatos ni la corrupción son investigados, y menos aún castigados, ha conducido a una profunda y generalizada desconfianza en la policía, el sistema judicial, y la justicia. Se han hecho más frecuentes los casos en que grupos de personas deciden asumir la justicia por su propia mano, por la vía de linchamientos. Es dramático lo que esto nos dice sobre el estado actual de la sociedad venezolana.

 

De acuerdo a una encuesta nacional realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia, dos terceras partes de la población justifica los linchamientos cuando se ha cometido un "crimen horrible", o cuando el criminal "no tiene remedio". Sin embargo, de acuerdo a este observatorio, "en la mayoría de los linchamientos observados recientemente las víctimas no han cometido delitos ‘horribles"; más bien se trata de inexpertos ladrones." En un barrio popular apareció una pancarta con el siguiente texto:Vecinos organizados. Ratero si te agarramos no vas a ir a la comisaría. ¡¡Te vamos a linchar!!"[37] Son tan grotescas estas imágenes que la Sala Constitucional del TSJ ha prohibido su divulgación por las redes sociales.

 

El gobierno, ante esta descomposición generalizada, ante una sociedad que ya no puede controlar, en vista de que su discurso se hace cada menos eficaz, responde crecientemente con represión. Con frecuencia las movilizaciones callejeras son bloqueadas o reprimidas con gases lacrimógenos. Todas las semanas los medios divulgan casos de muertes por balas policiales. A pesar de que el uso de armas de fuego está expresamente prohibido en la Constitución,[38] el Ministro del Poder Popular para la Defensa, mediante una resolución sobre las "Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones" decidió que ante una situación de "riesgo mortal", el funcionario o funcionaria militar "aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con arma de fuego o con otra potencialmente mortal."[39]

 

En ausencia de una política pública de seguridad integral y consistente en materia de seguridad, frente el desborde de la violencia hamponil y ante las demandas de la sociedad por una respuesta, en julio del 2015 se creó un nuevo dispositivo policial, la Operación para la Defensa y Liberación del Pueblo (OLP) cuya principal actuación ha sido la de realizar agresivos allanamientos en barrios populares. Estos operativos han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos por acentuar las desigualdades al reprimir sólo las actividades ilícitas en los sectores populares y por el uso desproporcionado de la fuerza. A partir de la creación de este dispositivo, comenzaron a aparecer en los periódicos noticias sobre la muerte de numerosos "hampones" y "delincuentes". El número de "abatidos" es presentado por los funcionarios como medida del éxito de los operativos. Desaparece la presunción de inocencia y, con apoyo de la opinión pública, se va naturalizando el asesinato extrajudicial, en un país cuya Constitución prohíbe expresamente la pena de muerte.[40]

 

El referendo revocatorio

La Constitución Venezolana contempla la posibilidad de la realización de referendos revocatorios de cada uno de los cargos de elección popular una vez pasada la mitad de su período de gestión. Este instrumento, que posibilita la evaluación por parte de los electores de la gestión de los funcionarios y funcionarias electas, ha sido reivindicado por el chavismo como uno de los importantes avances democráticos de la Constitución de 1999, como una de las principales expresiones de la democracia participativa.[41] Se establecen para ello un conjunto de requisitos. En el caso del Presidente o Presidenta de la República, si el referendo se realiza en el cuarto año de la gestión de seis años del Presidente, y la mayoría opta por revocar su mandato, éste queda destituido y se convocan nuevas elecciones presidenciales en un lapso de 30 días. Si el referendo se realiza cuando quedan menos de dos años del período presidencial, y la mayoría vota por la revocatoria del mandato, el Presidente queda destituido y es remplazado por el Vicepresidente (cargo de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente). Es por ello que el gobierno, a sabiendas de que perdería el referendo revocatorio, a través de su pleno control sobre el CNE, se ha dedicado sistemáticamente a poner obstáculos y a retardar lo más posible la realización del referendo.[42] Las diversas movilizaciones de la oposición con el fin de presionar al CNE para que de los pasos necesarios en función de la realización del referendo revocatorio son impedidas o reprimidas. Altos funcionarios gubernamentales han anunciado que se despediría a los empleados públicos que aparezcan apoyando el referendo y que los empresarios que lo hagan no podrán tener contratos con el Estado.[43] Estudiantes han denunciado que les han quitado sus becas por haber firmado por la realización del referendo. La oposición presentó aproximadamente diez veces más firmas que las requeridas para iniciar el proceso. De estas se anularon centenares de millares de firmas, muchas por errores de forma. Se han ido imponiendo nuevas exigencias que no habían sido informadas anteriormente y se han alargado sistemáticamente los plazos más allá de lo contemplado en las normas vigentes.

 

El CNE durante años fue una institución que contó con un alto grado de legitimidad. El carácter totalmente automatizado de los procesos electorales y sus mecanismos de auditoría hacían que fuese extraordinariamente difícil desvirtuar la voluntad de los electores. Las observaciones internacionales que estuvieron presentes en los múltiples procesos electorales realizados durante el gobierno bolivariano, una y otra vez, afirmaron que se trataba de elecciones cuyos resultados eran altamente confiables. Jimmy Carter llegó a afirmar que se trataba del mejor sistema electoral del mundo. Durante años este organismo jugó un papel central en la defensa de la legitimidad del gobierno ante los ataques del gobierno de los Estados Unidos y la derecha internacional. Sin embargo, en los últimos años ha ido perdiendo la confianza de los electores.[44] En la medida en que con sus decisiones el CNE está impidiendo la realización del referendo revocatorio en el año 2016, y va transparentando su papel actual de ejecutor de las decisiones del Poder Ejecutivo, está sacrificando el prestigio y reconocimiento que había logrado con mucho esfuerzo. Desde un punto de vista constitucional, sería tan grave que el gobierno impidiese la realización de un referendo revocatorio que haya cumplido con todos los requisitos legalmente establecidos, como lo sería impedir la realización de una elección para mantenerse en el poder. Por ello, si el gobierno, en forma ilegítima, bloquease la realización del referendo revocatorio en el año 2016, estaría rompiendo el hilo constitucional. A partir de ese momento pasaría a ser un gobierno de facto. Esto es particularmente grave en las actuales condiciones en que, como consecuencia de la crisis, hay un elevado grado de tensión acumulada en el país. Si se bloquea la posibilidad de que la población venezolana pueda decidir en forma democrática y constitucional sobre el futuro político inmediato del país, se corre el riesgo de que se pase de la actual situación de múltiples, pero fragmentados, focos de violencia, a una violencia generalizada lo que es en extremo peligrosa, dada la amplia disponibilidad de armas de fuego en manos de la población.

 

Mientras más se postergue una transición, que parece inevitable dados los amplios niveles de rechazo que tiene el gobierno, mayor será el deterioro del chavismo popular y el imaginario de otro mundo posible. El reto está en cómo evitar que el fin del gobierno de Maduro sea experimentado como una derrota de las expectativas de transformación social en la población venezolana. El pueblo chavista no tiene por qué cargar sobre sus hombros el fracaso de la gestión gubernamental.

 

Del rentismo extractivista petrolero al rentismo extractivista minero

La profunda crisis que hoy se vive en Venezuela representa un momento de inflexión fundamental en la historia contemporánea del país. Pero, ¿en qué dirección? Después de un siglo de rentismo petrolero, de hegemonía de una lógica rentista, Estado-céntrica, clientelar y devastadora tanto del ambiente como de la diversidad cultural, éste debería ser el momento en que, como sociedad -más allá de la urgencia de medidas extraordinarias requeridas para responder a la crisis alimentaria y de medicamentos que vive en país- se asuma que se trata de la crisis terminal de este modelo. Es el momento de dar comienzo a un amplio debate y procesos de experimentación colectivos que enfrenten los retos de la urgencia de una transición hacia otro modelo de sociedad. Sin embargo, en lo fundamental, ésta no ha sido la respuesta a la crisis. El consenso petrolero nacional no ha sido cuestionado sino en un terreno retórico. Los programas de gobierno del PSUV y de la MUD en las últimas elecciones presidenciales, a pesar de las profundas diferencias en todos los demás temas, ofrecieron duplicar la producción petrolera para llevarla a 6 millones de barriles diarios para el año 2019. En otras palabras, lo que ambos vislumbraban como futuro para Venezuela era la profundización del rentismo.

Más allá de la poco probable recuperación significativa de los precios del petróleo en el mercado internacional, ¿de que le sirve al país contar con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta si por lo menos 80% de estas reservas tienen que permanecer bajo tierra si queremos tener alguna probabilidad de evitar transformaciones climáticas catastróficas que pondrían en peligro la vida humana?

En la actual coyuntura, el énfasis casi exclusivo de la oposición ha estado en la necesidad de salir del gobierno del Presidente Maduro como condición para regresar a la normalidad del orden ¿neoliberal? interrumpida por el proceso bolivariano. Por parte del gobierno, aparte de múltiples medidas inconexas que reflejan más improvisación que capacidad de reconocer la situación actual del país, la respuesta más importante ha sido la proclamación de un nuevo motor de la economía, la minería, con lo cual se pretende reemplazar al rentismo extractivista petrolero, por un rentismo extractivista minero.

 

El 24 de febrero del año 2016, mediante decreto presidencial, Nicolás Maduro decidió la creación de una Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional "Arco Minero del Orinoco",[45] abriendo casi 112 mil kilómetros cuadrados, 12% del territorio nacional, a la gran minería para la explotación de oro, diamantes, coltán, hierro y otros minerales. De acuerdo al Presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, el gobierno ya ha suscrito alianzas y acuerdos con 150 empresas nacionales y transnacionales, "quienes, a partir de entonces, podrán ejecutar labores de exploración, para certificar las reservas minerales, para luego pasar a la fase de explotación de oro, diamante, hierro y coltán".[46]Se desconoce cuáles son estas empresas y el contenido de estos acuerdos.

 

La explotación minera, sobre todo en la extraordinaria escala que se contempla en el Arco Minero del Orinoco, significa obtener ingresos monetarios a corto plazo, a cambio de la destrucción socio-ambiental irreversible de una significativa proporción del territorio nacional y el etnocidio de los pueblos indígenas habitantes de la zona. Esta área cubre selvas tropicales húmedas de la Amazonía venezolana, grandes extensiones de sabanas de frágiles suelos, una extraordinaria biodiversidad, críticas fuentes de agua. Todo esto por decisión presidencial, en ausencia total de debate público, en un país cuya Constitución define a la sociedad como "democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural", y en carencia total de los estudios de impacto ambiental exigidos por el orden jurídico vigente.

Lejos de representar una mirada alternativa a la lógica rentista que ha predominado en el país durante un siglo, expresa este decreto una decisión estratégica de profundizar el extractivismo y acentuar la lógica rentista. El mineral a explotar en el cual el gobierno ha hecho más énfasis ha sido el oro. De acuerdo al Ministro de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, se estima que las reservas auríferas de la zona serían de 7.000 toneladas, lo que a los precios actuales representaría unos 280.000 millones de dólares.[47]

 

No hay tecnología de minería en gran escala que sea compatible con la preservación ambiental. Las experiencias internacionales en este sentido son contundentes. En regiones boscosas, como buena parte del territorio del Arco Minero, la minería en gran escala, a cielo abierto, produciría necesariamente procesos masivos e irreversibles de deforestación. La rica biodiversidad de la zona sería severamente impactada, generándose la pérdida de numerosas especies. Los bosques amazónicos constituyen una defensa vital en contra del calentamiento global que afecta al planeta. La deforestación de estos bosques implica simultáneamente un incremento de la emanación de gases de efecto invernadero y una reducción de la capacidad de dichos bosques de absorber/retener dichos gases, acelerando así el calentamiento global. Por ello, las consecuencias de estas acciones transcienden en mucho al territorio nacional. En lugar de otorgarle prioridad a la necesidad urgente de frenar los actuales procesos de destrucción de bosques y cuencas generados por la explotación ilegal del oro, con la presencia de grupos paramilitares que controlan importantes extensiones de territorio, con la legalización y promoción de las actividades mineras en gran escala contempladas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, se produciría una fuerte aceleración de esta dinámica devastadora.

 

Este proyecto constituye una flagrante y generalizada violación de los derechos de los pueblos indígenas, tal como estos están garantizados en el Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se violan igualmente los derechos establecidos en los principales instrumentos legales referidos a éstos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional en estos años: Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas(enero 2001) y La Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas (LOPCI, diciembre 2005). Entre estas violaciones destacan todas las normas de consulta previa e informada que están firmemente establecidas tanto en la legislación venezolana como internacional (Convenio 169 de la OIT) en los casos en que se programen actividades que podrían impactar negativamente los hábitats de estos pueblos. Dándole un nuevo zarpazo a la constitución nacional, se continúa desconociendo la existencia misma de los Pueblos Indígenas, amenazándolos con su desaparición como pueblos, ahora a nombre del Socialismo del Siglo XXI.

En el pasado, tanto en Venezuela como en el resto del planeta, se le dio prioridad a la explotación de minerales e hidrocarburos sobre el agua, asumiendo que se trataba de un bien infinitamente disponible. Fueron muchas y de catastróficas consecuencias las decisiones que basadas en este supuesto de disponibilidad sin límites al agua se tomaron en diferentes países del mundo. El ejemplo más dramático en Venezuela es el del Lago de Maracaibo, el lago de agua dulce de mayor extensión de América Latina. Como consecuencia del canal de navegación abierto para la entrada de buques petroleros, la contaminación agroquímica y la descarga de aguas cloacales sin tratamiento, lenta pero seguramente, durante décadas se ha venido matando este vital reservorio de agua. ¿Está la sociedad venezolana dispuesta a repetir esta catástrofe ambiental, está vez en las cuencas de los ríos Caura, Caroní y Orinoco, en la Amazonía venezolana? La zona del territorio venezolano al sur del Orinoco constituye la mayor fuente de agua dulce del país. Los procesos de deforestación previsibles con la actividad minera en gran escala inevitablemente conducirán a una reducción de estos caudales.

 

Uno de los fenómenos de mayor impacto sobre la vida de los habitantes del territorio venezolano en los últimos años ha sido el de las sucesivas crisis eléctricas, debidas en parte a la reducción del caudal del Caroní, río cuyas represas hidroeléctricas generan hasta 70% de la electricidad que se consume en el país. A las alteraciones generadas por el cambio climático, la minería en gran escala en el territorio del Arco Minero del Orinoco contribuiría directamente a la reducción de la capacidad de generación de electricidad de estas represas. En primer lugar, por la reducción del caudal de los ríos de la zona impactada por estas actividades. Igualmente, la minera río arriba, al reducir la capa vegetal de las zonas circundantes, inevitablemente incrementaría los procesos de sedimentación de éstas. Con ello se reduciría progresivamente su capacidad de almacenamiento y su vida útil. Todas las represas hidroeléctricas de este sistema del bajo Caroní se encuentran dentro de los límites que han sido demarcados como parte del Arco Minero del Orinoco.

En la explotación del Arco Minero está prevista la participación de "empresas privadas, estatales y mixtas". El decreto contempla una variada gama de incentivos públicos a estas corporaciones mineras, entre otras la flexibilización de normativas legales, simplificación y celeridad de trámites administrativos, la no exigencia de determinados requisitos previstos en la legislación venezolana, la generación de "mecanismos de financiamiento preferenciales", y un régimen especial aduanero con preferencias arancelarias y para-arancelarias a sus importaciones. Contarán igualmente con un régimen tributario especial que contempla la exoneración total o parcial del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado.

Las posibilidades de oponerse a los impactos de la gran minería en la zona del Arco Minero están negadas por las normativas del decreto. Con el fin de impedir que las actividades de las empresas encuentren resistencia, se crea una Zona de Desarrollo Estratégico bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El decreto en cuestión establece en forma expresa la suspensión de los derechos civiles y políticos en todo el territorio del Arco Minero.

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendientes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo.

 

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta "Prevalencia del interés general sobre Intereses particulares". Se entiende por "interés general", la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un "interés particular", y por lo tanto sujeto a que los "organismos de seguridad del Estado" lleven a cabo "las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas" en el decreto. Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como "particulares"? El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como "particulares" los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos "gremiales", y por lo tanto "particulares" de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos?

 

¿Qué implicaciones tiene esto para quién, sin duda, sería el sector de la población más afectado por estas actividades, los pueblos indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a "sus normativas" entendidos igualmente como "intereses particulares" que tendrían que ser reprimidos si entrasen en contradicción con el "interés general" de la explotación minera en sus territorios ancestrales?

Todo esto es aún más preocupante si se considera que solo dos semanas antes del decreto de creación de la Zona de desarrollo del Arco Minero, el Presidente Nicolás Maduro decretó la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.[48] Esta empresa tiene atribuciones de amplio espectro para dedicarse "sin limitación alguna" a cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con actividades mineras, petrolíferas o de gas. Con la previsible participación de esta empresa en las actividades del Arco Minero, la Fuerza Armada lejos de representar la defensa de un hipotético "interés general" en la zona, tendrán un interés económico directo en que las actividades mineras no confronten ningún tipo de obstáculo. Estarían, de acuerdo a este decreto, legalmente autorizadas para actuar en consecuencia.

De hecho, por la vía de un decreto presidencial, nos encontramos ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional. Esto no puede sino interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo. En primer lugar, otorgarle garantía a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, de que podrán operar libremente sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia a sus actividades. En segundo lugar, conceder a los militares un poder aún mayor dentro de la estructura del Estado Venezolano, y con ello su lealtad al gobierno bolivariano. Esto pasa por la criminalización de las resistencias y luchas anti mineras.

En síntesis, un gobierno que se auto denomina como socialista, revolucionario y anticapitalista, ha decretado la subordinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista depredador que compromete el futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas.

La reacción de diversos sectores de la sociedad venezolana no se ha hecho esperar. Entre múltiples foros, asambleas, movilizaciones y comunicados, destaca el "Recurso de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad con solicitud de medida cautelar del acto administrativo general contenido en el Decreto [Del Arco Minero]", introducido ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de mayo del 2016, por parte de un grupo de ciudadanos y ciudadanas.[49]

La lucha por la anulación del decreto del Arco Minero es una expresión tanto de las luchas por un futuro democrático, no-rentista capaz de vivir en armonía con la naturaleza, como por abrir una brecha que permita ir más allá de la polarización infructuosa entre el gobierno y la MUD en que la reflexión colectiva y el debate público siguen atrapados.

Caracas, julio 2016

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[1]. Este texto fue escrito como un insumo para los debates del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, impulsado por la Oficina Regional Andina de la Fundación Rosa Luxemburg en Quito.(….)

Fuente: https://www.aporrea.org/energia/a230770.html

 

 

Constatemos otra interpretación de la misma realidad y evaluemos consecuencias e interpelaciones de ambas visiones.

 

 

Venezuela: La economía como arma de guerra
4 de diciembre de 2016

Por Marco Teruggi

 

Atacar la moneda nacional, quitarle la comida, los medicamentos y los productos de higiene a la gente, es lo que más sabe hacer la derecha en esta guerra no convencional

Como si se tratara de una piedra que intenta desgastar, la derecha golpea y golpea sin pausa. Si un ataque no da los resultados esperados, entonces intenta otro. Nunca se sabe exactamente por dónde vendrá el nuevo cross, si golpeará en el estómago, la cara, por la espalda o en el tobillo. Que llegará es seguro, lo ha demostrado la dinámica política de los últimos años.

Estamos en medio de uno de esos momentos donde el impacto está en pleno desarrollo. El epicentro es el ataque sobre la moneda: el dólar ilegal paralelo pasó de 1.400 bolívares a 4.500 en un mes -500 puntos sólo miércoles 30 de noviembre-. Aumenta día tras día, hora tras hora, como una carrera criminal que tiene a millones atentos sobre los nuevos números -es conversación de supermercado- y las implicancias que eso tendrá en la vida de todos, en particular de los más humildes. Ese dólar, odiado por la mayoría, es el marcador en los hechos de los precios de los bienes y servicios.

La implicancia del ataque es múltiple, como un efecto dominó: disminuye el poder adquisitivo de la gente -de los ricos no, ellos viven en dólares- y las compras se hacen sobre los productos más necesarios, al bajar el consumo baja la producción en aquellos rubros que nos son prioritarios, las pequeñas y medianas empresas tienen dificultad para cubrir los costos fijos, y cuando eso pasa, se sabe, vienen los despidos. Atacar la moneda en esa escala es desencadenar una inundación.
Y atacar la moneda nacional, quitarle la comida, los medicamentos y los productos de higiene a la gente, es lo que más sabe hacer la derecha en esta guerra no convencional: su método de desgaste revela la clase de enemigo al cual se enfrenta el proceso revolucionario.

Porque en las oleadas de ataques, la derecha suele equivocarse de tal manera cuando expone sus intenciones, que el chavismo se fortalece. Así pasó con el reciente intento de Golpe de Estado: el balance final fue un cerrar de filas al interior del movimiento bolivariano y una pelea a disparo público entre los dirigentes opositores. La fuerza de la contrarrevolución se encuentra en la cobardía, el anonimato, la batalla desde las sombras, sin nombre, sin rostro, sin hacerse cargo de los muertos, los precios y el odio. Ese es su mejor golpe para erosionar la piedra.

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¿Cómo se hace para inflar artificialmente un dólar ilegal de esa manera? El sistema es el siguiente: el Banco de la República de Colombia permite que existan dos cambios de peso/bolívar en el país, el que dicta el ente como tal, y el que marcan las casas de cambio en la frontera. En otras palabras, desde la frontera establecen el precio de la moneda venezolana en Colombia. Ese es el origen del asunto, el nudo número uno, desde donde se le da ficción comercial sobre la cual se calcula el dólar ilegal. El segundo paso es: en base a la tasación de esas casas de frontera, una página web -Dólar Today- calcula cuál es el precio del bolívar respecto al dólar. Es decir que la cotización no depende de la oferta y demanda de dólares en Venezuela, sino de una fijación arbitraria, organizada dentro del plan de desestabilización internacional.

¿Quién está detrás de las casas de cambio y la página? En el primer caso, mafias vinculadas al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, sus antiguos paramilitares reconvertidos en contrabandistas de alimentos, gasolina, medicamentos, y tenedores de las casas. En el segundo caso, la operación es controlada desde los Estados Unidos por venezolanos golpistas y redes imperialistas.

El precio que marca Dólar Today es el que es utilizado por los comerciantes venezolanos y eso también es un engaño. Porque el mercado del dólar ilegal paralelo solo representa el 10% de las divisas circulante, los demás dólares son aportados por el Estado -centralmente del petróleo- y en su mayoría, el 90% a 10 bolívares por cada dólar. Es falso que los importadores tengan que comprar los dólares en el mercado paralelo -a 4.500 bolívares- para traer las mercancías e insumos para producir lo poco que producen. Es verdad en cambio que el negocio es comprar dólares del Estado a 10 bolívares, sobrefacturar desde el origen, e introducir en el mercado a dólar ilegal, obligar a los pequeños y medianos empresarios a seguir el ritmo, generar un aumento de precios en casi todos los rubros. Un negocio que da resultados dando en moneda nacional como extranjera.

No se trata de economía sino de estricta política. Es la forma bajo la cual logran desgastar la piedra, quebrar los ánimos, desgranar al chavismo desde abajo. El problema es que la experiencia histórica indica que el dólar y sus consecuencias irán en ascenso: en cada escenario electoral se ha intentado disparar el dólar, lo que demuestra que es planificado. Y lo que viene en Venezuela son justamente elecciones.

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Hay un problema de impotencia, de no poder hacer. Porque la manera de combatir esta escalada es a través de políticas de Estado, medidas de la dirección política de la revolución. El amplio tejido de organización popular y movimientos sociales puede acompañar, radicalizar, proponer y etc., pero no tiene la capacidad de tomar decisiones macroeconómicas. Su capacidad de influencia, de poder, es limitada. Dependemos de medidas de la alta esfera.

¿Cuáles? La principal, planteada en varios análisis, es la de cortar una de las raíces principales. Ya que, por lo visto, el Gobierno de Colombia no derogará la resolución que habilita legalmente las casas de cambio de frontera, el Banco Central de Venezuela puede eliminar el convenio con el Banco de la República de Colombia que permite la libre convertibilidad del bolívar y el peso en la frontera: sería necesario, para cambiar moneda venezolana por colombiana y viceversa, pasar por una tercera moneda, en este caso el dólar. Eso quitaría la posibilidad de destruir el bolívar desde la frontera, base de la arquitectura del dólar criminal. Tal vez el monstruo de mil cabezas que es la guerra económica lograría emerger por otro lado, pero pelearíamos con todas las armas que tenemos. Hoy la dirigencia denuncia la criminalidad del ataque, no parece disparar sobre la raíz.

La situación preocupa. Día a día el dólar sube, y el anuncio de una hiperinflación inducida está rondando. Los comerciantes remarcan precios en permanencia, el poder del Estado no se siente en fiscalizaciones, clausuras, sino que la impunidad de la especulación y la híper-ganancia es la realidad para millones. Esa es la mejor arma de la derecha para las elecciones. ¿Cuántos rounds más podremos aguantar contra las cuerdas? Como decía el cantor Alí Primera: “Hay que espantar al perro antes de que eche la meada”.
www.notas.org.ar.
Fuente: http://www.lahaine.org/mundo.php/venezuela-la-economia-como-arma

En consecuencia, abajo y a la izquierda, necesitamos poner en discusión de una creciente mayoría al capitalismo y su expresión periférica: el extractivismo.

La geopolítica del caos y

el fin de ciclo en las entrañas de América Latina
13 de diciembre de 2015

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 

 “…si las medidas excepcionales son el fruto de los períodos de crisis política y, en tanto tales, están comprendidas en el terreno político y no en el terreno jurídico constitucional, ellas se encuentran en la paradójica situación de ser medidas jurídicas que no pueden ser comprendidas en el plano del derecho, y el estado de excepción se presenta como la forma legal de aquello que no puede tener forma legal”.

Giorgio Agamben

 

El Gran Tablero Mundial se recalienta. El conflicto social se está propagando por todo el entramado del sistema-mundo, producto no sólo de las extraordinarias desigualdades socio-económicas y la devastación de fuentes de vida y territorios, sino también por la terrible vulneración que se ha provocado sobre los tejidos sociales en estos más de 30 años de neoliberalismo global. Como síntoma y consecuencia de estos procesos, derechas y extremas derechas ganan cada vez más terreno en numerosas partes del planeta.

 

En América Latina, las entusiastas ilusiones emancipatorias que se propagaban durante el auge de los gobiernos progresistas están siendo desplazadas por un horizonte de resistencias, ahora básicamente desde la perspectiva de las organizaciones populares de base y movimientos sociales. Se trata de un horizonte más incierto, pero necesariamente más combativo.

 

Este panorama para Latinoamérica no debe ser simplemente interpretado como una potencial “vuelta al pasado”, como un regreso en la línea del tiempo a 1990. Importantes transformaciones han ocurrido en la región, suficientes como para afirmar que ya nada será igual por acá. Hay que mirar hacia adelante advirtiendo no sólo tendencias histórico-estructurales sino también identificando los rasgos del tiempo sui generis que vivimos.

La crisis civilizatoria parece prefigurar una geopolítica del caos, donde también opera una estrategia de lo contingente, de lo inestable, que por ser más versátil, flexible, abierta y descentralizada no deja de ser virulenta y profundamente reaccionaria –por ejemplo, la llamada “Doctrina Obama” estuvo marcada por estos rasgos [1] . En este marco, es fundamental resaltar dos elementos:

 

a.      algunos mecanismos tradicionales de intermediación en lo económico (como los estados de bienestar y políticas de asistencia social masiva) y en lo político (como los sistema de partidos e instituciones electorales, marcos jurídicos de derechos civiles) parecen estar en proceso de franco agotamiento histórico, sea porque su legitimidad social está muy socavada, porque no pueden sostenerse en el tiempo o bien porque representan un obstáculo ante la necesidad que tiene el capital de un ajuste radical. Por tanto, éste apunta a procesos masivos e intensivos de apropiación directa de la riqueza y el trabajo, sin intermediación ni negociación ni seducción, principalmente en el Sur Global, pero avanzando también en el Norte. En este sentido, la guerra deja de ser solo acontecimiento histórico y se va constituyendo como ejercicio permanente de micro-política y como referente de los regímenes de poder y los estados de derecho;

 

b.      pero la apropiación directa no supone necesariamente una actuación imperial a modo de aplanadora, sino basada en estrategias diferenciadas que permitan sostener lo más posible los procesos de acumulación, los mercados y la circulación de capital. A esto podríamos llamarle una política del cinismo: la combinación de retazos de asistencia social, regionalizaciones del consumo, zonas de “paz” con estados de guerra territorial, estados de excepción selectivos, configuración de democracias sitiadas, regímenes de poder regional paraestatales, entre otros, que se van desarrollando dependiendo de factores de coyuntura y las diversas reacciones socio-políticas que provocan.

 

Desde el análisis geopolítico del discurso oficial progresista latinoamericano, se ha promovido la total centralidad de la contradicción Imperio vs Nación-periferia (básicamente EEUU vs los gobiernos progresistas), interrumpiendo un análisis de multi-escalas y dejando engavetadas las propias contradicciones domésticas Estado-Gobierno – territorios/población.

Al mismo tiempo, se ha impulsado una prevalencia del imperio-acontecimiento (por ejemplo, para el caso de Venezuela, una eventual intervención militar estadounidense) dejando de lado el imperio-proceso, el cual expresa los múltiples mecanismos de penetración y transformación desde adentro de las tramas sociales, de las fuerzas contrahegemónicas, de las facetas desafiantes de los regímenes políticos nacionales, con el fin de ir mermándolos y mutándolos para facilitar la acumulación de capital y la apropiación de recursos y trabajo. Esta forma de intervención puede lograr el desmantelamiento y desactivación progresiva de un proceso contrahegemónico de cambio, aunque en la superficie dicho régimen político busque mantener una fachada popular-emancipatoria. En este sentido, es vital resaltar la contradicción Imperio-territorios/población.

Este análisis integrado macro-micro-político, de múltiples escalas espaciales, esta fenomenología del imperialismo, es útil al menos por dos razones:

Primero, factores como el caos global y los altos niveles de incertidumbre, riesgo y volatilidad sistémica, en los cuales muchas de las macro-instituciones tradicionales son cada vez menos funcionales y se requiere de la acción directa; la lógica de penetración total del neoliberalismo a escala planetaria; la potencial desregulación o mutación de los Estados latinoamericanos ante esta nueva etapa; la vulnerabilidad de pueblos y comunidades ante esta situación; la disputa geopolítica por los recursos naturales; entre otros, resaltan la especial importancia del foco sobre la dinámica en los territorios. Una estrategia de apropiación directa supone analizar más de cerca lo que ocurre en los mismos, y en los tejidos sociales, donde se están desarrollando vitales disputa por la vida a escala global.

Segundo, dicho análisis podría contribuir a hacer visibles los diferentes actores involucrados en las intervenciones que el capital transnacional impulsa, y que son canalizadas en escalas globales, regionales, nacionales y locales. Permite destacar las operaciones de interfaz geográfico mediante las cuales opera el capital para finalmente llegar al tejido de la vida socio-ecológica. De esta forma, por ejemplo, es posible resaltar la relación orgánica, aunque no necesariamente explícita, que tiene el extractivismo con estas formas de operación imperial.

En las disputas geopolíticas y nacionales en estos nuevos tiempos para Latinoamérica, no sólo se ha abierto el escenario para la aparición de gobiernos favorables a uno u otro bloque global de poder, sino también la configuración de nuevas y complejas “gubernamentalidades” (Foucault) en los territorios y los tejidos de la vida. Controlar y administrar el caos, así como aprovechar y canalizar los cambios esenciales que se han producido en estos tejidos socio-territoriales, parece ser un objetivo central en estas disputas por el mando político. Conviene evaluar pues, el terreno espinoso donde se están desarrollando las luchas actuales y las que vendrán.

 

El terreno espinoso de las luchas por venir: reconfiguraciones en las entrañas de América Latina

El ciclo progresista latinoamericano que parece concluir, y que ha tenido impactos directos e indirectos en toda la región, puede ser también leído como una nueva ola modernizadora para la región, impulsada no sólo por el boom de los commodities que iniciara en la década pasada, sino también por ampliaciones y nuevos dispositivos en la distribución social de los excedentes captados en este proceso.

Plantear que América Latina ya no será igual supone reconocer que esta ola modernizadora ha generado importantes transformaciones en los entramados sociales; en los territorios urbanos, campesinos e indígenas; en sus estructuras políticas –lo que incluye a las formas de ejercicio del poder y las luchas populares–; en las expectativas y patrones culturales; y en los metabolismos sociales; lo cual tiene y tendrá notables efectos para toda la vida en la región.

Si bien varían en diversos grados y no operan de manera absoluta, en los diferentes países latinoamericanos es posible verificar algunas tendencias compartidas tales como:

  • Crecimiento de los procesos de urbanización, modernización territorial y de la población dentro de las ciudades, con tendencias persistentes al incremento para los próximos años [2] . Caotización y vulnerabilidad de las ciudades –recuérdese por ejemplo, la crisis hídrica en São Paulo desde 2014 o las inundaciones en Buenos Aires en 2013. Expectativas de "modos de vida imperial" (U. Brand) en cada vez más gente, lo que se está uniendo contradictoriamente con la actual situación de caída de los precios de las commodities.

  • Avances de la frontera extractiva en toda la región. Relanzamiento y expansión a gran escala en sectores del extractivismo que no han sido los tradicionales para cada país, como el caso de la minería en Venezuela o Ecuador, o el petróleo en Brasil. Avance de los extractivismos de alto riesgo por medio del impulso de la explotación de hidrocarburos no convencionales, tales como la perforación y fracking en el yacimiento de Vaca Muerta, Argentina; o los crudos pesados y extrapesados en Colombia y Venezuela [3] .

  • Crecimiento en los metabolismos sociales (flujos de materiales, energía y agua), que aunque en términos relativos (tasas de crecimiento, flujos per cápita, etc.) podrían disminuir en relación a décadas pasadas, muestran notables tendencias al alza en términos absolutos [4] . Esto ocurre no sólo en las ciudades, donde una porción de las poblaciones han sido incorporadas al consumo de más energía, materiales y agua, sino también a raíz de la expansión del extractivismo en los territorios de la región.

  • Sistemas sociales más complejos. Incorporación masiva de sectores de las clases pobres a las clases medias [5] . Estratificaciones sociales más heterogéneas e híbridas –por ejemplo, barrios populares en los cuáles conviven diferentes "clases" sociales. Nuevas subjetividades en los jóvenes que perfilan una actitud ante la política y juegan un importante rol en el desarrollo de este fin de ciclo.

  • En algunos países se produjo el surgimiento de nuevas burguesías, en el seno de los procesos de acumulación de capital impulsados directa o indirectamente por las políticas de los gobiernos, como en el caso de los progresismos radicales de Venezuela y Bolivia –“Boliburguesía” y “Burguesía Aymara”, respectivamente.

  • Financiarización de las clases populares y robustecimiento cualitativo de las economías informales. A pesar de que en varios países de la región creció el empleo formal en la última década –como en Argentina, Brasil y Chile–, debido a las características de los modelos primarizados de la región, el sector informal sigue siendo muy significativo –un promedio de 50% del total, siendo que en países como Paraguay, Colombia, México, Guatemala o Perú, se supera notablemente esta cifra [6] . El proceso de financiarización social le ha dado mayor organicidad a la economía informal y fortaleza en términos cualitativos, en la medida en la que vigorizó sus redes, potenciadas por el alto consumo. Podríamos decir que se socializó el sector terciario de la economía, potenciando una mayor autonomización del sector informal. A raíz del fin del boom de las commodities y una eventual agudización de la crisis económica en la región, es probable que se produzca una re-explosión de la economía informal. ¿Qué pasa cuando informalidad pasa a ser un determinante de toda la economía y de los tejidos sociales?

  • En diversos grados, dependiendo de los territorios y países, las estructuras socio-económicas y culturales de los pueblos indígenas y campesinos han sido impactadas. Nuevas ruralidades y nuevas configuraciones en el mundo indígena se han venido desarrollando, con consecuencias respecto a la preservación de sus territorios, sus modos de vida, sus resistencias y sus patrones culturales.

  • Surgimiento de nuevas derechas, que asumen nuevas narrativas, proyectos más híbridos y flexibles, con nuevos rostros, las cuales buscan capitalizar los numerosos cambios sociales, culturales y políticos de la región. La crisis de los progresismos ha re-abierto el camino a un potencial desprestigio de los ideales revolucionarios y socialistas en amplios sectores de la población, con mayor fuerza en Venezuela.

  • Grupos de delincuencia social, urbanos y rurales, que han mutado a formas mucho más sofisticada de acción, con mayor capacidad de fuego y tecnológica, y con mayor conciencia de su poderío político, principalmente en los territorios que logran controlar.

  • Afianzamiento de lo que hemos llamado un "neoliberalismo mutante" [7] , el cual se ha configurado como un modo heterodoxo, híbrido, estratégico y flexible de acumulación de capital que muta, se reacomoda permanentemente, y en el cual pueden coexistir, por ejemplo, mercantilización sin privatización o financiarización con intervención estatal, sin que esto implique el abandono de un eventual giro a la ortodoxia o el horizonte de despojo masivo que lo constituye.

  • Penetración múltiple de las economías latinoamericanas por diversos actores geopolíticos, donde han tenido creciente presencia China y en menor medida los otros países de los BRICS. Destacan los nexos del gigante asiático con Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú y Argentina [8] . Relativo desplazamiento de la hegemonía de los EEUU. Brasil ha incrementado su influencia geopolítica, resaltando su papel en Suramérica. En general, el fin de ciclo está también marcado por una especie de guerra fría que se desarrolla a nivel mundial.

  • Vivimos en un mundo aún más convulso que cuando empezó este período de perfil progresista.
    Sobre la superficie accidentada, movible, irregular y volátil de esta geografía política de los muy diversos entramados sociales latinoamericanos se van conformando cadenas de regímenes de poder, diferenciados pero profundamente conectados con las disputas geopolíticas, los Estados de la región y los procesos de acumulación de capital a escala global. Conviene examinar las tendencias que configuran, desde arriba, un marco de excepcionalidad y militarización de todos los ámbitos de la vida; y desde abajo, una cooptación del antagonismo, especialmente de sus facetas autoritario-delincuenciales.

Gestionando el caos desde arriba: regímenes de excepción y militarización de la vida

Los tiempos por venir en América Latina parecen apuntar a tiempos conflictivos, de revueltas e intensas disputas territoriales por los recursos. Los Estados latinoamericanos no solo se van adaptando a las dinámicas de la crisis económica global a través de la creciente ejecución de reformas y ajustes macro-económicos (desde la Reforma Energética en México a las Zonas Económicas Especiales en Venezuela), sino también se ven compelidos a desarrollar o ampliar formas de cooperación con la lógica de guerra global imperante.

En este marco, y con miras en la administración y gestión de los escenarios de crisis y caos sistémico, se perfila una creciente política de militarización de todos los ámbitos de la vida y la expansión de estados de excepción diferenciados. Situaciones o contextos de contingencia vinculados a una “amenaza excepcional”, van siendo canalizados a través de estos mecanismos de control, sea por crisis económica (como el Estado de Excepción y Emergencia Económica decretado a nivel nacional en Venezuela desde mayo de 2016, para combatir la “guerra económica” y otros factores [9] ); lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (como el declarado por el gobierno peruano en septiembre 2016 en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco [10] ); fenómenos naturales (como la explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador [11] ); grandes eventos (como el estado de excepción declarado por el gobierno brasilero para los Juegos Olímpicos de agosto de 2016 [12] ); y evidentemente revueltas populares y manifestaciones sociales de diverso tipo.

Pero es fundamental destacar que el desarrollo de este proceso no solo se da por decretos; la promulgación de leyes antiterroristas y el endurecimiento de los códigos penales; el establecimiento de nuevas bases militares estadounidenses en la región (especialmente en Perú, Paraguay y Colombia); la modernización de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia; o incluso la búsqueda de consolidación del Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR; sino de cómo todos los aspectos y ámbitos de la vida social van siendo atravesados progresivamente por la lógica militar/policial de control, sitio, vigilancia y represión. De cómo el sistema de derechos y garantías sociales va quedando cada vez más suspendido para que vaya imponiéndose una régimen político de excepcionalidad permanente, que permite a las fuerzas de seguridad oficial tomar el control de los recursos, instituciones y territorios “vulnerados” por la “amenaza extraordinaria”.

Todo esto se va configurando independientemente de si la alianza geopolítica de los diferentes Estados latinoamericanos es con los Estados Unidos, con China, o con otros actores nacionales y corporativos.

Sin embargo, como ya hemos señalado, estos procesos evolucionan de maneras diferenciadas en los países y territorios latinoamericanos, al tiempo que no se trata necesariamente de regímenes aplanadora o de formas totalitarias homogeneizantes, sino que responden a estrategias variables, flexibles y regionalizadas.

Por un lado, hay que tomar en cuenta las estructuras políticas domésticas, la significación geopolítica de cada país y regiones, la importancia de sus recursos y la intensidad de las resistencias populares ante los diversos procesos de intervención del capital, para comprender cómo se asignan y se recurre a las diferentes modalidades e intensidades de operación sobre los territorios y población.

En México, la “Guerra contra el Narcotráfico” (2006+) y la Ley de Seguridad Nacional (2011) generan un marco de brutal excepcionalidad permanente y generalizada, con numerosas similitudes a la región centroamericana, en especial en El Salvador, Guatemala y Honduras.

En Suramérica, Colombia destaca como régimen constituido en buena medida por la excepcionalidad y por ser un área geopolítica de pivote (o bisagra), siendo que el escenario post-conflicto no supone necesariamente que se interrumpa el proceso de militarización imperante (con procesos actuales de intensa represión social y desaparición de activistas) y el crecimiento de la asistencia militar por parte de los EEUU [13] .

A su vez, en los países de gobiernos progresistas latinoamericanos se han producido intensas disputas socio-políticas atravesadas por actores rivales nacionales e internacionales, lo cual incrementa los niveles de conflictividad general, y por ende, los procesos de militarización y escenarios de excepcionalidad, siendo Venezuela el caso donde esto se desarrolla con más intensidad.

La Amazonía aparece como una zona clave en la evolución de estos procesos de conflicto. Del mismo, modo destacan formas de militarización urbana (ej. caso brasileño) y las complejas dinámicas fronterizas en toda la región (ej. la Triple Frontera o la frontera Colombo-venezolana).

Por último, aunque países como Chile, Uruguay o Costa Rica no se señalen como grandes áreas estratégicas, de riesgo o de insubordinación, pueden señalarse procesos de este tipo en menor escala o sectorizados, como ocurre con la creciente militarización y conflicto en la araucanía chilena.

Finalmente, es esencial insistir en que el costo político, económico y social, y las enormes dificultades que conllevan la ejecución y mantenimiento de un régimen total de excepcionalidad permanente a escala nacional, plantean la pertinencia para el status quo del impulso de políticas sectorizadas y de contingencia.

El fin de ciclo no tiene que ser pensado única y necesariamente como un tsunami arrasador. Una restauración conservadora en América Latina o una radicalización de la acumulación por desposesión parece ir ensamblándose progresivamente, mediante políticas que, aunque puedan llegar a ser violentas y de ampliación del despojo social, se configuran de maneras selectivas y diferenciadas.

Más allá de estos dispositivos desplegados desde arriba, es necesario también examinar cómo estos también pueden expandirse desde las propias tramas de la vida social, analizar cómo se van configurando desde abajo.

Gestionar el caos desde abajo: autoritarismos delincuenciales y el tejido social como campo de batalla

Pese al progresivo ensamblaje de todos estos dispositivos de control, los marcos de la legalidad y de los aparatos e instituciones formales están siendo cada vez más desbordados por las dinámicas sociales, culturales, metabólicas y territoriales que se desarrollan en las entrañas de la región, y que hemos descrito anteriormente.

El crecimiento de redes de narcotráfico, de amplios entramados de economías informales y comercio de contrabando, muchos de ellos de carácter transfronterizo, y la acelerada expansión de la minería ilegal, principalmente en la región amazónica, están constituidos por grupos socio-políticos que logran ejercer cada vez más poder sobre los territorios, configurar economías locales con cada vez mayor arraigo popular, generar crecientes daños ambientales, e impactar significativamente sobre los tejidos sociales y los procesos de producción cultural y de subjetividad.

El control territorial de los cárteles mexicanos en varias regiones del país; el avance político de las “maras” en Centroamérica (recordemos el paro de transporte convocado por Mara Salvatrucha y Barrio 18 en El Salvador, en julio de 2015 [14] ), las estructuras de poder de grupos armados irregulares y bandas criminales urbanas y rurales en Colombia, y la forma acelerada como han crecido estas en Venezuela; la expansión del tráfico de commodities en la Amazonía y otras zonas del sub-continente (especialmente en las nuevas fronteras de la extracción); son expresión de cómo estos grupos pueden incluso crear sus propios regímenes políticos, sus propias formas de excepcionalidad, los cuales podemos entenderlos como autoritarismos delincuenciales regionalizados.

En estos circuitos y territorializaciones, no hay área protegida, zonas de reserva, derechos humanos, regulaciones económicas y jurídicas que cuenten, no sólo porque no se impone una institucionalidad formal que los haga respetar, sino porque al mismo tiempo se van institucionalizando desde abajo estos otros formatos de lo “paralelo”-ilegal-informal.

Es común endilgar la ocurrencia de estos fenómenos a una “ausencia de Estado”, y aunque en efecto esto puede revelar un abandono o desplazamiento de la institucionalidad estatal, conviene también analizar procesos de cooperación y articulación que se están produciendo entre los ámbitos de lo formal/legal y lo informal/ilegal.

El capital y el Estado pueden configurar una poderosa biopolítica que opera en un doble ámbito de acción: no sólo en la militarización de la vida y su lógica de control de espectro amplio, impulsada desde arriba, sino también buscando cooptar las pulsiones contrahegemónicas, desde abajo. Esto básicamente implica intentar canalizar el malestar popular, el desbordamiento social, las pulsiones de sublevación y de poder, poniendo especial atención en las poderosas estructuras delincuenciales, para favorecer formas de control territorial y apropiación local del trabajo, los recursos, los cuerpos y el territorio, al tiempo que se pueda dividir, fragmentar y vulnerar aún más el tejido social que podría conformar la alternativa contrahegemónica. De esta forma, el tejido social se convierte en campo de batalla.

La consigna mexicana a raíz de la tragedia de Ayotzinapa (2014) de “No fue el narco, fue el Estado”, que expresa un régimen de co-gobierno o entrecruzamiento de aparatos represivos formales y grupos delincuenciales; las variadas expresiones cooperativas entre sectores militares y los grupos que impulsan la expansión de la minería ilegal en la región amazónica; o bien el importante rol que van adquiriendo las instituciones policiales en el propio auge de la delincuencia urbana; por mencionar algunos ejemplos, revelan un patrón de poder que tiene un carácter multi-escalar, corporativo y reticular, en el cual las fronteras entre lo formal/legal y lo informal/ilegal se van haciendo cada vez más borrosas. Esto nos trae de nuevo a la recurrente pregunta sobre qué es el Estado, pensándolo ahora desde América Latina en el siglo XXI.

Tomando en cuenta el auge de los poderes territoriales delincuenciales y las ramificaciones y desbordamientos de los Estados más allá de los márgenes de lo formal/legal, nos preguntamos también si sólo se trata de una tendencia coyuntural o bien estamos ante la configuración histórica de nuevas formas de estatalidad en la región. En el marco de la geopolítica latinoamericana, ¿estamos ante una tendencia regional estructurada y determinada por las intensas disputas inter-capitalistas mundiales? ¿Son los ejemplos africanos y asiáticos (como el Boko Haram o el ISIS), referentes de un patrón de apropiación radical en los territorios del Sur Global?

En la biopolítica de la disputa mundial, la batalla trascendental se está produciendo sobre los tejidos sociales y los territorios/ecosistemas. Es fundamental tomar en cuenta estas tendencias en los análisis de los tiempos por venir para la región. Se trata de una cuestión vital.

Lo común en el caos: pensarnos desde el conflicto, disputar el antagonismo, tejer comunidad

El caos sistémico es también la revelación de un sistema extraordinariamente agrietado, por donde siempre podrán colarse las pulsiones de la revuelta y la transformación para la emancipación. El agotamiento del “ciclo progresista” muy probablemente va a suponer la apertura de nuevos ciclos de luchas populares en América Latina, las cuales a su vez podrían promover el surgimiento y expansión de nuevas modalidades, narrativas y formatos de operación en las mismas. Pero un desenlace de la actual encrucijada regional, lo más favorable posible para un proyecto popular-ecológico-emancipatorio, pasa por reconocer los códigos de operación de estos agresivos regímenes de poder multi-escalares.

Decir que los propios tejidos socio-territoriales son un campo de intensa batalla, como nunca antes en la historia del capitalismo, supone reconocer que la fuerza destructiva del capital penetra en las redes de la vida –su fuerza ecocida– y en la propia constitución de lo popular-comunitario. ¿Cómo se desarrolla y se desarrollará el antagonismo de lo popular, el antagonismo de los pobres y de los excluidos, en tiempos de caos sistémico? ¿Qué formas toma o puede tomar?

Intervenir violentamente en la propia producción constitutiva de lo popular-comunitario busca transformar su potencia en máquinas fragmentadas de guerra, en campo fértil para la distopía; canalizar el descontento social hacia formas orgánicas de fascismo; formatear la comunidad para el combate a lo que está fuera de ella –las maras centroamericanas pueden ser interpretadas como comunidades/máquinas de guerra–; y así volver inviable la masividad de una revuelta emancipatoria.

No basta pues, sólo promover el antagonismo contrahegemónico, sino incluso disputarlo para intentar encauzarlo a un proyecto colectivo y emancipatorio de lo común-diverso-ecológico, en donde lo humano se funde con la realidad material de su geografía inmediata, de su ecosistema, y la reproducción y afirmación de la vida.

Esto implica privilegiar una política desde los territorios y por ende, alcanzar una meta que hasta ahora no se ha conseguido en el grueso de los proyectos y narrativas de la izquierda: descentrar el rol del Estado en las transformaciones sociales. No se trata de ignorar su presencia, operación y poder, ni tampoco, como han insistido algunos autores, reivindicar un “horizonte localista”, sino impulsar una estrategia multi-escalar en la cual la lucha territorial y la reproducción material de la vida son centrales y punto de partida de toda la lucha emancipatoria.

Cuando pensamos en las estrategias y narrativas en la escala global, la regional e incluso la nacional, ¿qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas, esas que pueden unir numerosas subjetividades y agrupaciones en torno a un proyecto común? ¿El socialismo? ¿El desarrollo? ¿La democracia?

Ante el desbordamiento de los contratos sociales y la configuración de la guerra como factor de organización social por excelencia, ¿debemos defender hasta el máximo los principios y marcos mínimos de los estados de derecho, de garantías mínimas sociales, los pilares del ideal de la democracia? ¿Qué queda como proyecto para la convergencia de luchas, más allá del parapeto de las estructuras institucionales de la modernidad? ¿Es posible resignificar los pilares fundamentales de la llamada democracia? ¿Una democracia radical y ecológica podría y debería ser un eje narrativo y programático que articule diversas iniciativas populares de lucha? ¿Podemos avanzar juntos sin un gran proyecto movilizador?

Tal vez una de las paradojas de los tiempos que vivimos reside en la forzosa combinación de una esperanza a la cual no podemos renunciar, con la franqueza y valentía de reconocer que el desborde del conflicto, su masividad, su multiplicidad, nos habita cada vez más. ¿Es el estallido social del Caracazo en 1989 en Venezuela sólo un acontecimiento histórico o la expresión de la configuración de un nuevo escenario político urbano, de la inviabilidad de las ciudades latinoamericanas, de la latencia de su desbordamiento?

Las intensas luchas de resistencia indígenas y campesinas en el Perú; las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán, México; las retenciones de militares por parte de pueblos indígenas en Colombia y Venezuela; los cortes de ruta y asambleas populares en comunidades como Famatina, Argentina; los bloqueos a excavadoras y múltiples métodos de acción directa para la resistencia, realizados en numerosas localidades latinoamericanas; ¿son conflictos convencionales o la respuesta ante un radical avance belicista hacia las nuevas fronteras de las commodities? Creemos que pensar las alternativas pasa también necesariamente por pensarnos desde el conflicto.

Tal vez convenga reivindicar el “principio de esperanza” no únicamente anclado en un horizonte ideal por conseguir, sino también orientado a una disposición que rodea y queda contenida en el hacer, en el devenir, sea cuando las aguas están calmas o bien cuando haya avisos de tormenta. Mientras tanto, tejer y tejer comunidad, en cada ámbito y escala de lucha, parece un objetivo vital en estos tiempos. Y no olvidar que el juego sigue abierto.

Caracas, diciembre de 2016

*Emiliano Teran Mantovani, sociólogo venezolano, master en economía ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador.

Fuentes consultadas

- AFP. OIT: empleo informal en América Latina alcanza el 50%. Diario Pyme. Sin fecha. Disponible en http://www.diariopyme.com/oit-empleo-informal-en-america-latina-alcanza-el-50/prontus_diariopyme/2016-06-21/144744.html

- Alba Ciudad. Conozca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica firmado por el Presidente Maduro este 13 de mayo. 14 de mayo de 2016. Disponible en http://albaciudad.org/2016/05/decreto-estado-excepcion-estado-emergencia-mayo-2016/

- BBC Mundo. El paro que demuestra el poder de las maras en El Salvador. 29 de julio de 2015. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150729_america_latina_el_salvador_maras_pandillas_paro_transporte_aw

- CEPAL. Ciudades sostenibles con igualdad en América Latina y el Caribe. HABITAT III, Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Quito, 17 a 21 de octubre de 2016. Disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40658/1/S1601057_es.pdf

- Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán. El País. 17 de agosto de 2015. Disponible enhttp://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662969_985121.html

- EFE. Gobierno peruano declara estado de excepción en tres distritos por terrorismo. 11 de septiembre de 2016. Disponible enhttp://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/11/gobierno-peruano-declara-estado-de-excepcion-en-3-distritos-por-terrorismo

- Justo, Marcelo. ¿Cómo terminar con el trabajo informal en América Latina? BBC Mundo. 29 de mayo de 2014. Disponible enhttp://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140527_economia_trabajo_informal_wbm

- Krieg, Andreas. Externalizing the burden of war: the Obama Doctrine and US foreign policy in the Middle East. International Affairs 92: 1 (2016) 97–113. Disponible en https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/ia/INTA92_1_05_Krieg.pdf

- Roa Avendaño, Tatiana. Scandizzo, Hernán. Qué entendemos por energía extrema. OPSur-Oilwatch Latinoamérica. septiembre 28, 2016. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2016/09/28/que-entendemos-por-energia-extrema/

- Telesur. Brasil declara estado de excepción para Olímpicos Río 2016. 17 de junio de 2016. Disponible en http://www.telesurtv.net/news/Brasil-declara-estado-de-excepcion-para-Olimpicos-Rio-2016-20160617-0043.html

- Teran Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013). Documentos de Trabajo Celarg, 2014, vol. 5, p. 1-27. Disponible en http://www.celarg.org.ve/Espanol/Imagenes/avances%20de%20investigacion/5.%20Documento%20N%C2%B05.%20Emiliano%20Teran%20(corregido).pdf

- Teran Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina. Rebelión. 6 de febrero de 2014. Disponible en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180450 .

- The White House. FACT SHEET: Peace Colombia -- A New Era of Partnership between the United States and Colombia. 4 de febrero de 2016. Disponible en https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/02/04/fact-sheet-peace-colombia-new-era-partnership-between-united-states-and

- UNEP. Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America. 2013. Disponible en http://www.unep.org/dewa/portals/67/pdf/RecentTrendsLA.pdf

- United Nations. World Urbanization Prospects 2014. United Nations New York, 2014. Disponible en https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf

- United Nations. América Latina debe impulsar un modelo de crecimiento urbano que genere riqueza, sugiere el PNUD. 15 octubre 2016. Disponible en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2016/10/america-latina-debe-impulsar-un-modelo-de-crecimiento-urbano-que-genere-riqueza-sugiere-el-pnud/

 


[1] Sobre esta discusión, véase por ejemplo: Krieg, Andreas. Externalizing the burden of war: the Obama Doctrine and US foreign policy in the Middle East.

[2] Véase: United Nations. World Urbanization Prospects 2014; y CEPAL. Ciudades sostenibles con igualdad en América Latina y el Caribe.

[3] Roa Avendaño, Tatiana. Scandizzo, Hernán. Qué entendemos por energía extrema.

[4] UNEP. Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America.

[5] United Nations. América Latina debe impulsar un modelo de crecimiento urbano que genere riqueza, sugiere el PNUD.

[6] Justo, Marcelo. ¿Cómo terminar con el trabajo informal en América Latina? AFP. OIT: empleo informal en América Latina alcanza el 50%.

[7] Teran Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013).

[8] Teran Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina.

[9] Alba Ciudad. Conozca el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica firmado por el Presidente Maduro este 13 de mayo.

[10] EFE. Gobierno peruano declara estado de excepción en tres distritos por terrorismo.

[11] Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán

[12] Telesur. Brasil declara estado de excepción para Olímpicos Río 2016.

[13] The White House. FACT SHEET: Peace Colombia -- A New Era of Partnership between the United States and Colombia.

[14] BBC Mundo. El paro que demuestra el poder de las maras en El Salvador

 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=220341