Qué Mundo

Diciembre 2015

Sin la diversidad de guerras capitalistas contra todos los pueblos planetarios.

 

 

 

 

SITUACIÓN/ CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Reflexionemos sobre formas no bélicas y 'democráticas' del capitalismo de ataque a los pueblos hasta el extremo de condenarlos a la muerte implícita en la miseria y en la contaminación ambiental. Ejemplifiquemos además cómo el sistema mundializado avanza profundizando su desarrollo desigual, injusto y totalitario:

 

“El TLC Mercosur-Unión Europea implicará un mayor saqueo de nuestros bienes comunes”

26 de octubre de 2015

Por Agustín Bontempo y Gerardo Szalkowicz

A pocos días de cumplirse 10 años del NO al ALCA, los gobiernos del Mercosur (a excepción de Venezuela) avanzan en las negociaciones para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea. Julio Gambina, profesor de economía política e integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), analiza las consecuencias que tendrá para los países suramericanos.

En esta entrevista con el programa “Al sur del Río Bravo” que se trasmite por Radionauta FM, Gambina asegura que la firma del acuerdo va a exacerbar la dependencia económica. También sostiene que “los que se benefician son claramente las corporaciones transnacionales” y que los “trabajadores y trabajadoras serán los principales afectados”.

-¿Cuáles son los puntos centrales del Tratado de Libre Comercio que vienen negociando los países del Mercosur con la Unión Europea? ¿Quiénes serán los principales favorecidos?

-Este TLC es una vieja aspiración, en primer lugar de la Unión Europea, como parte del capitalismo desarrollado que intenta fortalecer relaciones con distintos países del mundo para favorecer la liberalización del comercio, de la circulación de capital, de mercancías, de servicios. Un tema que venía fuertemente desarrollado desde las negociaciones por el ALCA entre Latinoamérica y Estados Unidos y que también se vincula con el recientemente firmado Acuerdo Transpacífico conocido como TPP.

Hay una intencionalidad de los países capitalistas desarrollados por lograr acuerdos llamados comerciales que van sobre el tema de inversiones, de patentes, sobre el conjunto de los aspectos económicos, para generar negocios que favorezcan la apertura de las economías. Y en ese marco, obviamente tienen ventajas de competitividad los capitales más concentrados, que precisamente no están en los países del Mercosur sino en los países europeos, especialmente los más desarrollados. Se busca entonces esas ventajas para favorecer la colocación de sus productos y disputar, vía inversiones externas, procesos de privatizaciones, proceso de enajenación del capital público e incluso del capital privado. La lógica es que los capitales de los países desarrollados puedan desplazar de cierta posición de dominación o hegemónica que puedan tener algunas empresas medianas o grandes en los países de la región. Los que se benefician son claramente las corporaciones transnacionales de allá y de acá.

Digamos que también es de interés en estas negociaciones los propios capitales más concentrados de los países de la región, del Mercosur en este caso. Hay que considerar que en los últimos años, las llamadas translatinas, grandes empresas -brasileñas principalmente- han generado una expansión de su presencia en América Latina y necesitan consolidarse con expansión a otros lugares del mundo. Por lo tanto, también les interesa recibir un trato preferencial por parte de la Unión Europea.

Entonces, no sólo grandes empresas de Europa están interesadas en la liberalización de nuestros países. También grandes empresas que tienen origen y actúan en nuestros países están interesadas en ganar mercados e incluso competir en licitaciones públicas en los piases capitalistas desarrollados. Digamos que la gran atracción es para los grandes capitales transnacionales, tengan el origen que tengan. Y es por los Estados, tanto los europeos como latinoamericanos, protagonizan este debate en representación de esos grandes capitales.

Pero en la medida en que se generalizan los proceso de apertura y liberalización de las economías, se deterioran las potencialidades del capital público en nuestros países, se deteriora la capacidad de disputa de ingresos de los trabajadores y hay un serio peligro de que avance el proceso de saqueo sobre los bienes comunes, que es una de las características del modelo económico, productivo y de desarrollo de estos tiempos en nuestros países.

¿Cuáles serán las consecuencias especialmente para el pueblo trabajador en nuestros países?

-La firma de estos acuerdos potencian y profundizan la inserción subordinada del capitalismo local en el capitalismo mundial. Exacerba la dependencia económica. Y, como consecuencia, el efecto principal está sobre los trabajadores o los que viven de ingresos fijos en primer lugar, porque todo proceso de liberalización de la economía requiere disminución de salarios y, por ende, los trabajadores y trabajadoras serán los principales afectados. Y todos aquellos sectores del empresariado que ligan su perspectiva económica a la capacidad de compra de los salarios y los sectores de ingresos fijos.

También se van ver perjudicados aquellos pequeños y medianos, tanto industriales, comerciantes, productores, que están asociados a la evolución del mercado interno de nuestros países. Y no hay ninguna duda de que la liberalización de la economía supone potenciar el modelo extractivista, de saqueo de los bienes comunes y, como tal, afecta a las poblaciones que están asentadas en los territorios que son objeto del saqueo. Con lo cual no sólo hay consecuencias económicas para la mayoría de la población, sino que afecta a la propia dimensión cultural por el tipo de patrón de consumo que genera este fenómeno de la libre competencia dominada por las transnacionales. Con lo cual, la mayoría de la población aparece afectada por este tipo de negociaciones.

-Se están por cumplir 10 años del NO al ALCA. ¿Qué líneas de similitud encontrás entre aquella iniciativa de dominación impulsada por Estados Unidos y este TLC con la Unión Europea?

-Hay grandes similitudes porque esencialmente ambos apuntan a la liberalización de la economía. La diferencia está en que la dinámica de resistencia popular al ALCA fue lo que hizo derrumbar hace 10 años aquel tratado de libre comercio. Pero EE.UU. le ha encontrado la vuelta y ha ido por tratados bilaterales. Digamos que el ALCA no murió en su esencia y EE.UU. ha sacado mucha ventaja en ese aspecto. Creo que la diferencia entonces es el nivel de resistencia popular que se generó hacia el 2005 con el proceso de cambio político en la región nuestroamericana. Y ahora el desafío está en poner en evidencia el tema y generar una batalla ideológica, política y cultural para que el tema aparezca y el movimiento popular no baje la guardia de la peligrosidad que tienen estos proyectos de libre comercio, aunque tengan menos visibilidad que el que empujó EE.UU. hace 10 años.

Fuente: http://www.marcha.org.ar/el-tlc-mercosur-union-europea-implicara-un-mayor-saqueo-de-nuestros-bienes-comunes/

 

 

Ratifiquemos que el capitalismo representa los intereses oligopólicos en contra de la vida y la libertad de los pueblos preguntándonos:

 

 

¿Por qué la UE impulsa los tratados de libre comercio?
19 de octubre de 2015


Por Raquel Hernando y Erika González (La Marea, 17 de octubre de 2015)

En la actualidad está creciendo el rechazo público a los tratados comerciales y de inversión. La semana pasada se presentaron más de tres millones de firmas de la ciudadanía europea contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la UE (TTIP) y a lo largo de esta semana, la Semana Internacional de Acción contra los Tratados de Libre Comercio, se están convocando múltiples actos a nivel mundial. Entre otras, las manifestaciones #Vamos17O de este sábado que reivindican que las personas y el planeta deben estar por encima de las multinacionales.

 

La exigencia se dirige a las instituciones que, como la UE, priorizan la defensa de los intereses económicos de las grandes corporaciones. La política comercial europea deja claro que su objetivo es hacer más competitiva su economía y, para ello, desarrolla los instrumentos necesarios con los que “crear un entorno favorable para las empresas, facilitar su acceso a los mercados exteriores, incluidos los mercados públicos”. A partir de estos principios impulsa y defiende la nueva lex mercatoria que protege de forma imperativa, coercitiva y ejecutiva los derechos de las grandes corporaciones europeas. Construye el Derecho Corporativo Global a partir del conjunto de contratos, normas de comercio e inversiones de carácter multilateral, regional y bilateral, las decisiones de los tribunales arbitrales y el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC.

 

La defensa de los “intereses europeos” tiene a su disposición 12 tipos distintos de acuerdos comerciales —Acuerdo de Asociación, Acuerdo de Asociación Económica Concertación Política y Cooperación, Acuerdo de Asociación Económica, Acuerdo Comercial, etc.— y centenares de tratados bilaterales de protección de inversiones que la UE ha firmado con países de todos los continentes. Una de las regiones considerada como socio comercial, en el que abrir nuevos mercados y establecer “un entorno favorable” a los capitales europeos, es Centroamérica.

No ha sido un problema el hecho de que Estados Unidos sea el principal socio comercial e inversor en la región centroamericana, más bien al contrario, le ha facilitado a la UE las negociaciones. La existencia previa de un tratado de libre comercio con EEUU (CAFTA-DR) ha avanzado en la liberalización y desregulación de numerosos ámbitos. Así que Europea sólo ha tenido que ampliar la mercantilización de más servicios y bienes, aumentar la desregulación de las compras públicas y blindar con más regulación la propiedad intelectual. Medidas, todas ellas, que se recogen en el Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Centroamérica, que entró en vigor en el año 2013.

Es el principio de los vasos comunicantes entre normas de comercio e inversiones y entre transnacionales e instituciones. Las negociaciones globales que quedaron paralizadas en el año 2006 en la Ronda de Doha de la OMC, continúan por medio del CAFTA-DR por parte de Estados Unidos y del Acuerdo de Asociación (AdA), por parte de la UE para Centroamérica.

 

La firma del AdA supone la creación de una sólida estructura cuyos objetivos no son únicamente fomentar el comercio internacional y abrir mercados. También completa y fortalece la protección de las inversiones europeas que se ha ido creando de forma bilateral a través de los 56 Acuerdos de Promoción y Protección de Inversiones firmados entre países europeos y centroamericanos. Como no podía ser de otra manera, los países con mayor inversión extranjera en Centroamérica son los que concentran un mayor número de este tipo de acuerdos, es decir, Países Bajos, Alemania, España, Francia y Reino Unido. Las multinacionales no invierten si sus países de origen, y los países que van a ser destino de sus capitales, no les garantizan la “seguridad jurídica” necesaria para proteger sus beneficios.

 

Se ha ido construyendo, entonces, el marco idóneo para que la actividad de las transnacionales europeas goce de protección y rentabilidad. Especialmente las del sector de la electricidad. En la década de los noventa, se pusieron en marcha las privatizaciones y de forma paralela se ha fortalecido la lex mercatoria que blinda sus intereses. Además se ha impulsado grandes proyectos regionales como el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central. Todo ello ha hecho que estas compañías tengan una considerable presencia en la región. La española Gas Natural Fenosa, la italiana Enel y la inglesa Actis, son de las más importantes.

Fuentes gubernamentales y empresariales asocian los beneficios para las transnacionales con el progreso y el desarrollo de los países donde se asientan. Las comunidades afectadas por los impactos de estas corporaciones y diferentes movimientos sociales no están de acuerdo con este discurso y les responsabilizan del saqueo de los recursos naturales, la mala calidad o ausencia del servicio, la precarización laboral, atropellos a los derechos humanos y el deterioro de los ecosistemas de la región. Las grandes compañías europeas de la electricidad no escapan a esta lógica, Unión Fenosa ha sido denunciada en el Tribunal Permanente de los Pueblos —un tribunal ético no gubernamental— por realizar cortes sistemáticos, apagones, precios altos y cobros indebidos. En el plano de la generación de electricidad, proyectos hidroeléctricos de la italiana Enel y de la española Hidralia han generado la violación de los derechos humanos de la población indígena de Guatemala

 

La búsqueda de una justicia alternativa por parte de víctimas y organizaciones sociales es la consecuencia de la ausencia de respuesta en los tribunales nacionales. Mientras, las grandes empresas sí disponen de tribunales de arbitraje internacionales donde denuncian a los Estados cuando consideran que éstos atentan contra sus intereses. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es el tribunal de arbitraje empleado con mayor frecuencia por las multinacionales para resolver las controversias con los Estados.

 

Se han producido 10 demandas de corporaciones europeas a países centroamericanos, de los cuales 2 pertenecen al sector de la energía. Son los casos de Iberdrola, que litigó con Guatemala con motivo de una disputa en el establecimiento de tarifas —la compañía consideraba que el gobierno había reducido demasiado la tarifa—, y la italiana Enel, que demandó a El Salvador cuando se paralizó un proyecto porque el Estado salvadoreño detectó irregularidades. El tipo de demandas que se han llevado al CIADI demuestran que los tratados bilaterales de inversiones más que proteger de posibles nacionalizaciones o confiscaciones, están siendo utilizadas por las transnacionales para frenar “un conjunto de políticas regulatorias y funciones que a diario deben cumplir los gobiernos”. De esta forma se va construyendo una armadura que vela por la seguridad jurídica de las inversiones de las transnacionales ante los posibles cambios políticos que puedan introducir un mayor control sobre sus actividades. En definitiva, se subordinan los derechos de las mayorías a la protección de los intereses corporativos, cuando debería ser al contrario.

 

En este marco, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, expertos y activistas sociales reivindican la necesidad de crear vías para el ejercicio de un control efectivo sobre las operaciones de estas compañías. Así, desde la sociedad civil se han formulado propuestas concretas para avanzar hacia mecanismos eficaces de control que sirvan para poner los derechos de las personas y los pueblos, como mínimo, al mismo nivel que la nueva lex mercatoria. Ese es el objetivo que persiguen iniciativas ciudadanas como elMandato de comercio alternativo y el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales”.

 

Raquel Hernando y Erika González son investigadoras del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)  Paz con Dignidad.

Fuente: http://omal.info/spip.php?article7291

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, precisamos centrarnos en cómo el capitalismo se está desarrollando y cómo nos desafía a articular la unión de los pueblos. Partamos de "la lex mercatoria, ese nuevo Derecho Corporativo Global con el que las empresas transnacionales blindan sus derechos, a la vez que remiten sus obligaciones al ámbito de las legislaciones nacionales y la «responsabilidad social». Consta de: Contratos firmados por grandes empresas. Tratados comerciales y acuerdos de inversión negociados entre estados. Reformas y préstamos condicionados impulsados por instituciones internacionales. Medidas y disposiciones promovidas por organismos multilaterales. Demandas presentadas por multinacionales ante tribunales internacionales de arbitraje. Miles de normas y reglas sobre comercio e inversiones que sirven para proteger los negocios de las grandes corporaciones por todo el planeta.

 

Analizar el funcionamiento de esta arquitectura jurídica y plantear propuestas alternativas que contrarresten la asimetría que hay entre la lex mercatoria y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para situar los derechos de las personas y de los pueblos por encima de los intereses privados de las grandes corporaciones, es el objetivo de este libro".

 

Contra la ‘lex mercatoria’
5 de octubre de 2015

 

Por Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (Diagonal, nº 254, septiembre de 2015)

En la lex mercatoria, los derechos de las empresas transnacionales se protegen a través de un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones –los contratos firmados por las grandes corporaciones; las normas, disposiciones, políticas de ajuste y préstamos condicionados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial; el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC y los tribunales arbitrales– cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas. Y, mientras tanto, sus obligaciones se reenvían a las legislaciones nacionales, sometidas a las políticas neoliberales de desregulación, privatización y reducción de la capacidad de intervención del Estado –en lo que se refiere a las políticas públicas, no así en el fortalecimiento de los aparatos militares y de control social–; es decir, se construyen legislaciones ad hoc para la defensa de los intereses de las multinacionales.

A la vez que sus negocios por todo el planeta se protegen mediante toda esa “arquitectura jurídica de la impunidad” compuesta por los miles de acuerdos y tratados que conforman el Derecho Corporativo Global, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos presenta una manifiesta debilidad a la hora de proteger los derechos de las mayorías sociales y controlar a las corporaciones transnacionales. Frente a la fortaleza de las normas de comercio e inversiones, la responsabilidad social corporativa (RSC) y los códigos de conducta son fórmulas de Derecho blando (soft law) –normas voluntarias, unilaterales y sin exigibilidad jurídica– para contener el poder de las transnacionales, que remiten sus obligaciones a sus memorias anuales y a la “ética empresarial”.

Casos como el de Chevron-Texaco, que ha demandado al Estado ecuatoriano ante tribunales internacionales de arbitraje después de que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificase el fallo que lo condenaba a pagar una indemnización a los afectados por la contaminación de la petrolera estadounidense en la Amazonia, o el de la actual negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), con el que tratan de blindarse los derechos de las grandes corporaciones en tiempos de crisis y ante posibles cambios de gobierno, ilustran la asimetría que existe entre el poder de la lex mercatoria y la fragilidad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De ahí la necesidad de nuevas normas y propuestas alternativas para controlar a las empresas transnacionales que, justo en sentido contrario, sirvan para poner los derechos de las personas y de los pueblos, como mínimo, al mismo nivel que los de las grandes compañías.

 

Hacia normas vinculantes en la ONU

En junio del año pasado, durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas adoptó una decisión importante: “Establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato es elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Un año después, este grupo ha echado a andar en Ginebra con el objetivo de crear una normativa internacional que obligue a las grandes corporaciones a respetar los derechos humanos.

El proceso de elaboración de una norma vinculante para empresas transnacionales en términos de derechos humanos, eso sí, va a ser largo y costoso.

Frente a la rapidez con que la UE y EE.UU. negocian los acuerdos comerciales y de inversión –además del TTIP, que se está retrasando más de lo previsto por la fuerte movilización social en su contra, no hay más que ver todos los acuerdos comerciales que la Unión ha firmado en los últimos años (Colombia, Perú, Centroamérica, en breve Canadá)–, las normas de derechos humanos siguen un proceso mucho más lento y salpicado de complicaciones. Como pudo verse en las primeras sesiones que tuvieron lugar en julio en Ginebra, las grandes potencias y los lobbies empresariales van a hacer todo lo posible para obstruir esta iniciativa, bloqueando la discusión, deslegitimando el debate y eternizando el avance del proceso.

 

Alternativas al tratado de libre comercio

“Los derechos humanos, la democracia y la transparencia deben priorizase por encima de los intereses empresariales y privados, al igual que el acceso universal a los servicios públicos de calidad, la protección social, las normas laborales y ambientales.”

 

Ésta es la premisa central del nuevo mandato de comercio alternativo, un documento elaborado el pasado año por diferentes organizaciones sociales europeas en el que se apuesta “por una nueva perspectiva frente al comercio”. En él se incluyen propuestas alternativas de regulación que tienen en cuenta, entre otros factores, que:

La política comercial europea respete el derecho de los países y las regiones a desarrollar el comercio local y regional por encima del global; por ejemplo, en el sector de la alimentación.

  • Los gobiernos y los parlamentos europeos han de exigir a las corporaciones transnacionales que rindan cuentas en sus países por las consecuencias sociales y ambientales de sus operaciones en todo el mundo.

  • Los gobiernos deben regular las importaciones, exportaciones e inversiones de forma que estas sirvan a sus propias estrategias de desarrollo sostenible.

  • Los países, las regiones y las comunidades tienen que controlar la producción, la distribución y el consumo de sus propios bienes y servicios. Los gobiernos, los parlamentos y las autoridades públicas deben tener plenos derechos para regular los mercados financieros, con el fin de proteger los derechos sociales, salvaguardar el control democrático y garantizar la sostenibilidad socioambiental.

Mecanismos de control y regulación

Ante la negociación del TTIP y otros tratados comerciales y de inversión, es necesario restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares. No parece que, en los tratados de “libre comercio”, sirva de mucho incluir cláusulas a favor del “desarrollo sostenible” y la “responsabilidad social”, sino que en su lugar habría que incorporar menciones efectivas a favor de los derechos humanos. Como, por ejemplo:

  • Cambio de paradigma: un comercio de complementariedad, con respeto a los pueblos y a la naturaleza, frente a un comercio basado en la competitividad, la guerra y la destrucción.

  • Jerarquía normativa: debe haber una primacía de los derechos humanos sobre las normas de comercio e inversiones.

  • Consultas: que tengan en cuenta a las empresas, por supuesto, pero también a las administraciones públicas, organizaciones sindicales y de consumidores, movimientos sociales, personas y pueblos…

  • Transparencia: en todo el proceso de tramitación, al menos, como en todo lo que tiene que ver con la tramitación parlamentaria.

  • Bienes comunes: dejar el agua, la salud, la educación y los servicios públicos fuera de las normas de comercio y situarlos bajo tutela pública y colectiva.

  • Soberanía judicial: poner fin a los tribu­nales privados de arbitraje, apostando por establecer instancias y órganos para el control público y ciudadano de las empresas transnacionales.

Obligaciones extraterritoriales

El Estado no debería plantear medidas de asesoramiento e incentivo a las empresas para hacer respetar los derechos humanos en sus actividades, sino de control y sanción; su labor habría de ser la de exigir el cumplimiento de las normas que regulan los mismos. Porque las corporaciones transnacionales tienen la obligación de respetar la ley a escala nacional e internacional y, en su caso, sufrir las sanciones, civiles, penales, laborales y/o administrativas correspondientes.

En esta línea, el Estado español debería aprobar y reformar distintas normas jurídicas en esta dirección y no, como se indica en la reciente Estrategia Española de RSE 2014-2020 y en el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos –aún no aprobado–, implantar un sistema de incentivos, sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas para afrontar los incumplimientos de una normativa de obligado cumplimiento.

Es necesario reafirmar la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos contra las violaciones cometidas por las empresas transnacionales, detallando medidas específicas que los Estados han de asumir al respecto. Para empezar, estas deberían incluir el establecimiento de mecanismos efectivos a nivel nacional para posibilitar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas y las comunidades afectadas. Igualmente, los Estados deben garantizar las obligaciones extraterritoriales de las grandes corporaciones; esto es, que las empresas que tienen su sede principal en su territorio respeten todos los derechos humanos cuando operen en el exterior.

 

Por un tratado internacional de los Pueblos

Con el propósito de crear instrumentos para el ejercicio de un control real sobre las operaciones de estas compañías, diferentes movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, juristas, activistas y víctimas de las prácticas de las multinacionales han elaborado conjuntamente el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales: “Una propuesta alternativa de carácter radical, cuyos objetivos son, por un lado, proponer mecanismos de control para frenar las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y, por otro, ofrecer un marco para el intercambio y la creación de alianzas entre comunidades y movimientos sociales para reclamar el espacio público, ahora ocupado por los poderes corporativos”.

La idea es que el trabajo colectivo que ha dado lugar a este tratado recoja la experiencia acumulada en la última década, a partir de las diferentes luchas contra las empresas transnacionales y las instituciones estatales e internacionales que las apoyan. Como se dice en la propuesta del Tratado de los Pueblos, se trata de “construir y analizar el Derecho Internacional ‘desde abajo’, desde los movimientos sociales y desde las resistencias de hombres y mujeres, y no desde las élites económicas y políticas”.

Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (@pramiro_), del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)  Paz con Dignidad.

Fuente: http://omal.info/spip.php?article7256

 

 Crisis civilizatoria

 

Necesitamos del enfoque integral sobre la derechización del actual capitalismo mundializado y su criminalidad de lesa humanidad que nos aclaran las siguientes notas:

  Clima de guerra

30 de noviembre de 2015

 

Por Silvia Ribeiro (La Jornada)

 

Del 30 de noviembre al 11 de diciembre se reúne en París la 21 Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21, CMNUCC), en la que se anuncia un nuevo acuerdo global para combatirlo. En otro artículo explico que esto no es lo que sucederá en realidad. (Crónica de un desastre climático anunciado, La Jornada, 14/11/15). Por el contrario, se consolidará un sistema voluntario y decidido a nivel nacional en el que los compromisos que los países dicen asumir nos aseguran que el calentamiento global llegará a niveles dramáticos desde 2050 y en adelante,

posiblemente duplicando a 2100 el máximo de 2 grados C, que siendo grave, es lo que la ONU acordó como máximo aumento tolerable.

Los bombazos con cientos de muertos y heridos el 13 de noviembre en París cambiaron violentamente el escenario exterior, pero dentro de la COP21 todo sigue como estaba. El gobierno francés aprovechó este lamentable y grave contexto para cancelar muchas marchas y actos públicos de protesta sobre los negocios del clima, alegando que sólo podría garantizar la asistencia oficial a la COP21. Pero no canceló actos deportivos, mercados navideños y otras concentraciones públicas por el estilo. Sería absurdo pensar que los atentados fueron para impedir las protestas –a las que se esperaban decenas de miles de personas, algunas muy ordenadas, otras más desafiantes–, pero fueron útiles para ilegalizarlas.

A la par de un fuerte recorte de libertades civiles contra la gente común en Francia, el gobierno de ese país, junto a Estados Unidos, bombardea salvajemente y escala la guerra en Siria, con muchas pérdidas civiles reportadas o no, supuestamente para combatir al Estado Islámico (EI). Curiosamente no atacan las instalaciones petroleras que controla el EI en Siria, lo cual podría cortar una fuente de su sustento. Al mismo tiempo, Turquía, tradicional aliado de Estados Unidos, derribó en circunstancias más que confusas, un avión de Rusia en la frontera con Siria, pese a ser un país que también combate bélicamente al EI. El derribo sucedió casualmente cuando Rusia planteó colaborar con Francia contra el EI, acercamiento incómodo para Estados Unidos por su conflicto geopolítico y económico con Rusia. Para muchos observadores, también porque Estados Unidos está en el origen de lo que ahora se llama Estado Islámico, apoyando grupos armados en la región y creando las causas para su surgimiento. Un factor resbaladizo que entra y sale de la escena internacional en momentos claves para Estados Unidos, como sucedió antes con Osama Bin Laden.

.Todo converge en exacerbar la guerra, que va más allá de Siria, y en crear un ambiente tenso y represivo para los ciudadanos, justificando la imposición de Leyes Patriotas modelo Washington. Podrían parecer datos aislados, pero están conectados, no sólo en términos represivos y geopolíticos, también con el cambio climático, sus causas e impactos

Collin Kelley e investigadores del Lamont-Doherty Earth Institute de la Universidad de Columbia publicaron en marzo de 2015 en Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, un artículo que muestra que el cambio climático global fue causante de la intensa sequía que asoló Siria en 2007-2010, los tres años más secos de los que se tiene registro, situación que precedió los levantamientos y conflictos armados desde 2011. La región sufría sequías, pero no tan extremas y prolongadas. Murieron todas las cosechas y 80 por ciento del ganado pastoril, se terminaron las semillas y más de 1.5 millones de campesinos tuvieron que emigrar a las ciudades. No afirman que los levantamientos son consecuencia directa del cambio climático, pero sí un factor que los exarcerbó gravemente.

Al mismo tiempo, las fuerzas armadas y las guerras son uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, y por tanto causantes de ese cambio climático. Las sangrientas guerras por petróleo y por control de los territorios que lo tienen –como Siria– son un monstruo que se muerde la cola. Guerras por petróleo que causa el cambio climático, petróleo que sostiene las guerras que se exacerban con el caos climático y demandan más petróleo.

Nick Buxton, del Transnational Institute, llama a las fuerzas armadas el elefante blanco en París: en el texto de negociación de la COP21, nunca se menciona la palabra militar. Sin embargo, el Departamento de Defensa (DoD) de Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo y emisor de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, país que a su vez es el principal emisor histórico global y consume 25 por ciento de la energía en el mundo. Aún así, sus fuerzas armadas no reportan emisiones. En 1997, durante la negociación del Protocolo de Kyoto, Estados Unidos consiguió que se declare el consumo y emisiones de las fuerzas armadas un tema de seguridad nacional, que no se puede limitar ni reportar. A pesar de que si se compara el consumo de petróleo sólo del DoD con el consumo total por país, sólo 35 países superan ese volumen.

Las piezas del juego están más visibles que nunca, pero la COP 21 no las discutirá. Por el contrario, los principales causantes del cambio climático –empresas petroleras, agronegocios y otras– estarán sentados entre las delegaciones oficiales y en nombre de la seguridad (nacional, militar, climática, alimentaria), aprobarán que se siga consumiendo petróleo y emitiendo gases, lo cual afirman será compensado con mercados de carbono y riesgosas tecnologías como nuclear y geoingeniería. Claro que necesitan acallar las protestas: apagan el fuego con gasolina.

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

http://www.jornada.unam.mx/2015/11/28/opinion/029a1eco Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206230

 

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COP21, metas y geoingeniería

13 de diciembre de 2015

 Por Silvia Ribeiro

Cualquiera que sea la meta fijada en el llamado Acuerdo de París, no tendrá costos para los que sigan contaminando

Uno de los temas más álgidos en la reunión global de la Convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático que finalizó el 12 de diciembre en París (COP21), fue la definición de una nueva meta de calentamiento global que no se podría sobrepasar. Países insulares y otros del tercer mundo, desde hace años plantean que no sobrevivirán un calentamiento global mayor a 1,5 grados centígrados, ya que su territorio desaparecería por el aumento del nivel del mar y otros desastres. Razones más que atendibles, que se suman a que esos países no son los que han causado el cambio climático.

La temperatura global promedio aumentó 0,85 grados centígrados en el último siglo, la mayor parte en los últimos 40 años, a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de dióxido de carbono (CO2) y otros gases, causadas por el uso de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón), mayoritariamente para la producción de energía, sistema alimentario agro-industrial, urbanización y transportes. Si sigue el curso actual, la temperatura aumentará hasta 6 grados centígrados a fin del siglo XXI, con impactos tan catastróficos que no es posible predecirlos.

En el proceso hacia la COP21 y hasta su inicio, el texto borrador de negociación contemplaba fijar una meta de aumento global de 2oC hasta el año 2100, cifra que de todas maneras era combatida por los principales emisores.

Sorpresivamente, países del Norte, que son los principales culpables del caos climático, entre ellos Estados Unidos y Canadá, así como la Unión Europea, anunciaron en la COP21 que apoyarían una meta global de máximo 1,5 grados centígrados. Según estimaciones científicas, esto implicaría reducir sus emisiones en más de 80 por ciento hasta 2030, a lo cual los gobiernos de los países del Norte se niegan rotundamente. ¿Por qué ahora dicen aceptar una meta de 1.5 grados centígrados?

Como es predecible, sus razones no son limpias y ocultan escenarios que agravarán el caos climático: se trata de legitimar el apoyo y subsidios públicos de tecnologías de geoingeniería y otras de alto riesgo, como nuclear, así como el aumento del mercado de carbono y otras falsas soluciones.

Cualquiera que sea la meta fijada en el llamado Acuerdo de París, no tendrá costos para los que sigan contaminado. La Convención aceptó desde antes de la COP21, que los planes de reducción de gases no son vinculantes. Son contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, por lo que cada país declara intenciones, no compromisos obligatorios. La suma de las contribuciones que ha declarado cada país hasta octubre 2015, resulta ya en un aumento de la temperatura de 3 a 3.5 grados centígrados al año 2100. Y esto ni siquiera es lo que realmente harán –que puede ser mucho peor– sino lo que declaran. Por tanto, aunque la meta global sea baja, los planes reales están a la vista y la catástrofe sigue en marcha.

Sumarse en el discurso a una meta aparentemente baja, no cambia los planes presentados, pero les da a esos gobiernos razones para argumentar que deben apoyar técnicas de geoingeniería, como almacenamiento y captura de carbono (CCS por sus siglas en inglés), técnica que proviene de la industria petrolera y que presentan como capaz de absorber CO2 de la atmósfera e inyectarlo a presión a gran profundidad en fondos geológicos terrestres o marinos, donde según afirma la industria, quedaría para siempre.

La tecnología existía bajo el nombre recuperación mejorada de petróleo o en inglés, Enhanced Oil Recovery. Es para empujar las reservas profundas de petróleo, pero no se desarrolló porque no es viable ni económica ni técnicamente. Rebautizada como CCS, la misma tecnología se vende ahora como solución al cambio climático. Así, los gobiernos tendrán que subsidiar las instalaciones (para cumplir las metas de la Convención), las empresas podrán extraer y quemar aún más petróleo y encima cobrar créditos de carbono por supuestamente secuestrar y almacenar gases de efecto invernadero.

CCS no funciona en realidad, sólo hay tres plantas operativas en el mundo, fuertemente subsidiadas con fondos públicos, además de algunas planeadas y otras cerradas por escapes de gas o fallas. No obstante, gobiernos e industrias que lo promueven aseguran que podrán compensar con estas técnicas el aumento de emisiones, para llegar a emisiones netas cero: no para reducir emisiones, sino para compensarlas con CCS, de esta forma la suma sería cero. Aseguran además que si a esto agregan el desarrollo de bioenergía a gran escala, con inmensos monocultivos de árboles y otras plantas para producir bioenergía, y luego entierran el carbono producido (lo llaman BECCS, bioenergía con CCS), resultará en emisiones negativas, con lo cual podrían incluso vender la diferencia a otros. Un muy lucrativo negocio para que los que provocaron el cambio climático sigan emitiendo gases, con mayores subsidios de dinero público. David Hone, de Shell, argumenta abiertamente en su blog en la COP21, la necesidad de lograr una meta de 1.5 grados, para apoyar el desarrollo de CCS, BECCS y otras técnicas de geoingeniería. (http://tinyurl.com/nkaqbcv)

Como estas tecnologías no funcionarán, sino que aumentarán el cambio climático, en unos años nos propondrán otras tecnologías de geoingeniería aún más riesgosas, como el manejo de la radiación solar. Desde ya, tenemos que desmantelar su discurso. No se trata de reducir, no se trata de metas bajas, no se trata de enfrentar el cambio climático. No son falsas soluciones. Son mentiras.

* Investigadora del grupo ETC
La Jornada

Texto completo en: http://www.lahaine.org/mundo.php/cop21-metas-y-geoingenieria

En consecuencia, como nos advierte Ana Esther Ceceña, estamos en un:

 

Momento de bifurcaciones

El capitalismo ha tocado sus límites de posibilidad. Su capacidad destructiva sobrepasa con mucho sus potencias creativas, generando una situación de inestabilidad sistémica propicia tanto para catástrofes como para bifurcaciones, como las que analiza Prigogine para el campo de la física e Immanuel Wallerstein para el de las ciencias sociales7 . El capitalismo ofrece un camino conocido, con reglas aprendidas, con certezas, pero cuyo desenlace es siniestro. Se sabe que el desarrollo, la acumulación, la libertad de mercado y el crecimiento son los jinetes de la extinción de la vida. Desde hace 500 años son esos jinetes los que hegemonizan los procesos sociales. Nos han enseñado a pensar y a hacer como ellos. Nos han inculcado el miedo a la incertidumbre y a lo desconocido; el miedo a un orden complejo (¡caos!) o no dirigido (¡anarquía!). Sin embargo, incluso la ciencia alerta sobre la situación de alto riesgo en la que nos ha colocado la linealidad y la traslimitación ecológica (WWF). El capitalismo no caerá solo. O lo detenemos o nos arrastra a todos en la carrera. Planteamientos como el del mundo-en-el-que-caben-todos-los-mundos, del Sumak qamaña, del sumak kawsay, de la autonomía, del vivir bien o del buen vivir son una apuesta sin certeza. Es necesario inventarlos, a pesar de sus largas raíces. Durante 500 años desaprendimos la complementariedad y nos empapamos de competencia aun si lo hicimos resistiendo y luchando. El mundo cambió tanto que tampoco sería suficiente recordar nuestros modos ancestrales; tenemos que imaginar, crear y experimentar nuevos. Dentro del capitalismo no hay solución para la vida; fuera del capitalismo hay incertidumbre, pero todo es posibilidad. Nada puede ser peor que la certeza de la extinción. Es momento de inventar, es momento de ser libres, es momento de vivir bien. Leer

 

 

Situemos nuestra lucha internacionalista o la lucha de un creciente número de pueblos planetarios en:

 

 

Capitalismo y cambio climático
2 de diciembre de 2015

“La salvación del medio ambiente está siendo el más brillante negocio de las mismas empresas que lo aniquilan”. Eduardo Galeano.

 

Por Luciano Andrés Valencia (Rebelión)

 

Si bien es cierto que nuestro planeta ha sufrido ciclos de calentamiento y enfriamiento a lo largo de su historia geológica producidos por causas naturales, los actuales procesos de Cambio Climático y Calentamiento Global (1) tienen su origen en el siglo XVIII como consecuencia de la Primera Revolución Industrial, que no sólo incrementó la cantidad de gases de invernadero (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso) en la atmósfera, sino que también aceleró la destrucción de ecosistemas a fin de contar con materias primas y tierras para la conquista colonial. Es decir, que el Cambio Climático comenzó junto con la expansión del capitalismo industrial en todo el planeta.

 

Durante los primeros modos de producción (esclavista, feudal) el ser humano no tenía los instrumentos para causar daño irreparable al ambiente. Las clases dominantes podían tener a miles de personas trabajando esclavizadas en actividades mineras, cortando árboles o desviando ríos, pero lo tenían que hacer con instrumentos manuales y su acción no impedía la regeneración del medio natural. Fue a partir de la Revolución Industrial y la consolidación del sistema capitalista que las clases dominantes pudieron dominar a la naturaleza y a otros seres humanos superando los límites de los siglos anteriores. El desarrollo tecnológico permitió llegar a todos los rincones del planeta, explotar recursos antes inaccesibles y causar destrucción inimaginable (recordemos las bombas atómicas estrenadas a fines de la Segunda Guerra Mundial). Se ha llevado al punto en que la actividad humana es capaz de causar el derretimiento de los hielos polares o el adelgazamiento de la Capa de Ozono con consecuencias imprevisibles para la vida de millones de personas.

Frente a la crisis mundial que suponen el Cambio Climático y el Calentamiento Global el capitalismo oscila entre dos estrategias: por un lado una campaña de negación tendiente a presentarlos como una teoría más que como un hecho, y por otra lado presentarse como la solución al problema a través de políticas verdes que no cuestionan el modelo de acumulación y explotación generador del problema.

En un artículo anterior abordé la “industria de la negación” (2) que tiene como principales impulsores a corporaciones petroleras, automotrices, metalúrgicas y empresas de servicios públicos, que son las principales responsables del aumento de la temperatura que estamos padeciendo. Estas organizaciones crearon grupos de presión como la Global Climate Coalition y el Consejo de Información del Ambiente, que rápidamente contrataron científicos y especialistas en relaciones públicas para convencer a periodistas, gobernantes y al público en general de que los riesgos del cambio climático son muy inexactos como para justificar políticas de regulación sobre los gases de invernadero.

Anualmente estas empresas gastan miles de millones de dólares en campañas negadoras del Cambio Climático. Un informe publicado por The Guardian, señala que “estas organizaciones tienen una línea coherente en materia de cambio climático: que la ciencia es contradictoria, las científicos están dividido, los ambientalistas son charlatanes, mentirosos o locos, y si los gobiernos tomaran medidas para evitar el calentamiento global estarían poniendo en peligro la economía mundial sin una buena razón” (3). Las estrategias que utilizan estos grupos varían desde utilizar una selección de datos verídicos (como el enfriamiento de la tropósfera) para generalizarlos a todo el fenómeno, hasta la difusión de datos falsos o desactualizados.
En 2005 una investigación reveló que la petrolera británica Exxon Mobil financiaba a investigadores para que elaboraran informes que tendientes a minimizar los efectos del Cambio Climático. Otros grandes donantes son los hermanos Charles y David Koch, propietarios de Koch Industries, dedicadas al negocio del petróleo, papel y productos químicos en más de 60 países. Esta empresa tiene varias denuncias en los Estados Unidos por derrames de petróleo y vertido de productos químicos cancerígenos en los ríos. En 2010 Greenpeace publicó un informe en donde probaba que esta empresa había donado $24.888.282 a organizaciones como American for Prosperity, Fraser Instituto, Independence Institute, American for Tax Reform o Federalist Society for Law and Public Policy Studies, que se oponen al reconocimiento del cambio climático, a las reformas de impuestos progresivas o a la universalización de la salud pública (4).

En 2013 el profesor Robert Brulle, de la Universidad de Drexel, publicó un informe que identificaba un muy buen organizado movimiento de negación apoyado por 118 entidades y que contaba con un presupuesto de 1000 millones de dólares. Entre los donantes encontramos la Exxon, junto con corporaciones y entidades “sin fines de lucro” ligadas a causas conservadoras como las fundaciones del Partido Republicano y el Tea Party de los Estados Unidos (5).

Además del sector energético, hay otras industrias interesadas en negar el cambio climático debido a los beneficios económicos que le traería. Las aseguradoras podrían incrementar sus ganancias con el aumento de los desastres socio-naturales que se van a incrementar en los próximos años. Las empresas constructoras se beneficiarían construyendo casas adaptadas a los desastres y con sistemas de ahorro de energía. Las sequías cada vez más frecuentes en inmensas áreas del planeta serían una bendición para las compañías de agua que obtengan la concesión para trasladar un recurso cada vez más escaso, mientras que las grandes compañías agrícolas (Monsanto, Cargill, DuPont, Syngenta) podrían vender cultivos transgénicos resistentes a los cambios de temperatura y a las nuevas plagas. También hay grupos empresarios que especulan con la desaparición de especies, como los acaparadores de marfil que esperan la extinción de los elefantes para subir el precio del producto.

Estas empresas llegan incluso a utilizar argumentos de la izquierda o el progresismo, tales como que se quiere evitar que los países pobres utilicen combustibles fósiles compitiendo con los desarrollados, que se quiere obtener ganancias ilícitas a través de los impuestos al carbono, o que es otra forma de disparar una “histeria colectiva” para justificar políticas represivas o de control social (6). Sin embargo no debemos caer en la trampa, ya que quienes difunden estos argumentos no están interesados en defender los derechos humanos, las libertades individuales o la justicia social, sino las ganancias de las empresas capitalistas explotadoras y contaminantes.

Pareciera ser que la campaña negadora viene cosechando buenos resultados. En 2010 se publicaron numerosos estudios sociológicos que muestran que el porcentaje de personas que niegan el Cambio Climático en los países occidentales se han incrementado en los últimos años. Según una encuesta realizada por la Universidad de Yale, el número de negadores en los Estados Unidos se duplicó en dos años llegando al 20%. En Gran Bretaña, ese mismo año, un 78% de los encuestados respondió afirmativamente a la pregunta “¿Cree usted que el clima está cambiando?” frente a un 15% que respondió negativamente, mientras que en el 2005 las cifras habían sido de 91 y 4% respectivamente. Ante una pregunta similar en Alemania, país de un importante movimiento ecologista, solo el 66% respondió afirmativamente frente a un 33% que lo negaba (7). Otro estudio realizado por la revista Nature Climate Change en 2015 muestra que el 40% de la población nunca escuchó hablar del Cambio Climático, cifra que llega al 60% en países como India, Egipto o Bangladesh (8).

Pero también en las últimas décadas se ha observado el surgimiento de otras posturas que bajo distintas denominaciones (Economía Verde, Desarrollo sustentable, Agroecología, Revolución Verde) se oponen a las ideas negadoras y en lugar de ello pretenden posicionarse como la solución al cambio climático, la destrucción de los ecosistemas, el estancamiento económico y el desempleo, y que son promovidas por gobiernos, organismos internacionales y corporaciones.

Este “Capitalismo Verde”, que se presenta en corrientes que tienen diferencias en otros aspectos como el liberalismo, el keynesianismo o el neoliberalismo, parte de la idea que se debe ampliar el concepto de Capital para englobar a la naturaleza. Existe una prolífica discusión de si esta equiparación es válida o no, ya que no es lo mismo el capital de origen humano (como una maquinaria) con otro de origen natural (como las especies animales o vegetales).

En definitiva esta postura plantea que la naturaleza se podría contabilizar como dinero por lo que su protección sería una forma de inversión.

Para que esto sea posible el capitalismo verde reclama una “propiedad extensa sobre la naturaleza”. Tradicionalmente una persona o una empresa podían ser propietarias de un pedazo de tierra, pero nunca se entendió que fueran dueñas de todo un ecosistema o de una especie. En esta nueva visión la propiedad privada puede existir sobre todo un ecosistema (privatización de bosques, cursos de agua, montañas), sobre una especie completa (patentes sobre microorganismos y cultivos) o sobre solo una parte de un organismo vivo (patentes sobre genes o atributos genéticos) (9).

Esta tendencia privatizadora se convirtió en una realidad en países de Latinoamérica, Asia o África, donde las corporaciones se apropiaron de tierras comunitarias o propiedad de pueblos originarios para llevar adelante sus proyectos “ecológicamente sustentables”. Esto trajo como consecuencia un aumento de la pobreza y las desigualdades en estos países, una mayor explotación de la clase trabajadora y el incremento de la trata de personas, el narcotráfico y la venta de armas. Al mismo tiempo que no rindió los resultados prometidos en materia ambiental sino que se expandió la explotación de los ecosistemas mediante técnicas cada vez más contaminantes (fracking, minería a cielo abierto, uso de cianuro, explotación de hidrocarburos en el fondo marino, agricultura altamente dependiente de agrotóxicos y semillas modificadas genéticamente, utilización de millones de litros de agua en sus megaemprendimientos, ganadería intensiva). Tampoco se cuestiona el consumismo desenfrenado tan necesario para el mantenimiento de su tasa de ganancia, lo que está llevando al agotamiento de los recursos y a la generación de residuos que la Tierra no puede asimilar.

Según escribe Florent Marcelleci “para evitar un aumento de temperatura de más de 2º (acordado en la cumbre de Copenhague de 2009), el PIB mundial tendría que disminuir más de un 3% anual; 77% entre hoy y 2050”. El economista francés Michel Husson, plantea un dilema: crecimiento y consecuencias climáticas desastrosas o reducir el PIB y recesión con consecuencias sociales. Los analistas estadounidenses Fred Magdoff y John Bellamy Foster sostienen que el dilema se da en el capitalismo ya que este necesita crecimiento y el crecimiento lleva al desastre climático (10).

Por ello es que no es posible pensar un “capitalismo verde” como sostienen algunos grupos ecologistas, ambientalistas o seguidores de Al Gore. La solución al Cambio Climático no va a venir de las entrañas del mismo sistema que lo produjo.

Mientras los capitalistas continúan oscilando entre posturas negadoras o de gestión de la crisis ambiental, el resto del mundo seguimos sufriendo los efectos del cambio climático. En 2003 el Banco Mundial, a quién nadie puede acusar de simpatías ecologistas o progresistas, reconoció que anualmente morían 150 mil personas como consecuencia de la crisis climática. Desde entonces ese número se ha incrementado como consecuencia de la multiplicación de los desastres climáticos: el huracán Katrina que asoló New Orleans en 2005, los incendios forestales en Australia y Bolivia en 2010, la inundación en Birmania ese mismo año, la sequía que en Somalia mató a 100 mil personas en 2011, las diversas inundaciones que se registraron en Argentina entre 2007 y 2015, el tifón Haiyan en Filipinas que en diciembre de 2013 causó la muerte de 10 mil personas, son un ejemplo de las consecuencias que estamos viviendo. Las víctimas de este crimen brutal del capitalismo contra el planeta son en su mayoría pobres, y los sobrevivientes quedan en una situación de carencia y desamparo que los convierte rápidamente en marginados o en mano de obra desesperada que es fácilmente explotada.

Pero al mismo tiempo también se han incrementado las luchas sociales en contra de la megaminería y los emprendimientos petroleros contaminantes, por la erradicación de los basureros tóxicos, por el libre acceso a las fuentes de agua, contra la privatización de los bienes comunes y los servicios públicos, contra los agrotóxicos y los organismos genéticamente modificados, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, por la defensa de la biodiversidad y la protección de las especies en peligro de extinción, y contra la energía nuclear, entre otras. Estas luchas ambientales también son luchas contra la pobreza que generan las mismas empresas contaminantes, y luchas de género ya que las mujeres suelen ser las más perjudicadas por la crisis ambiental.

 

La solución a la actual crisis climática que afecta nuestro planeta pasa por acabar con el capitalismo explotador del ser humano y de la naturaleza. Sólo a través de la instauración de un sistema socialista basado en la igualdad y la solidaridad podremos llevar adelante la reconversión hacia formas de energía limpias y renovables, una forma de producción que respete los ciclos naturales sin agotar nuestros recursos, acabar con la pobreza y las desigualdades sociales y de género, y lograr un estilo de vida que no esté basado en el lucro y en el consumismo desmedido. En esa lucha estamos.

Notas (…)
* El autor es escritor, autor de La transformación interrumpida (2009) y Páginas socialistas (2013), además de numerosos artículos en medios de prensa y libros colectivos. Contacto:
valencialuciano@gmail.com. Leer

 

Posicionémonos contra uno de los causantes principales de la crisis climática o ecológica. "El sistema agroalimentario globalizado cuyo avance significa: territorios enteros en los que los cultivos tradicionales son sustituidos por las 'necesidades' de soja por parte de una creciente dieta cárnica de las élites más acomodadas del mundo; pérdida de conocimientos locales, que han mantenido el aprovechamiento y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas más biodiversos; industria con la mayor responsabilidad en emisiones de gases invernadero; hambrunas que se mantienen, a la par que la salud de las personas se ve afectada por los agrotóxicos; concentración de todo el poder de la cadena alimentaria en 10 empresas, ya hablemos de semillas o de distribución, etc. Hablamos, pues, de nuevas formas de imperialismo –de base colonial y capitalista– que amenazan la dignidad humana y la sostenible biodiversidad de nuestro planeta".

 

Nos proponen desde el IX Congreso Brasileño de Agroecología, celebrado en Belén del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2015:

 

 

Una agroecología que dispute la vida
6 de noviembre de 2015

 


"Desde la agroecología –política– se advierte que no sólo disputamos sistemas agroalimentarios, sino también las propias respuestas que el sistema se apresta a ofrecer como recambio." En el marco de la próxima cumbre mundial del clima, COP 21 a finales de noviembre en París, aportamos una reflexión sobre el agronegocio 'verde'.

 

Por Ángel Calle Collado,  integrante del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) – Universidad de Córdoba.

Tuve la oportunidad de asistir al IX Congreso Brasileño de Agroecología, celebrado en Belén del 28 de septiembre al 1 de octubre. Cerca de 4.000 personas intercambiaron miradas y propuestas desde diferentes expresiones de la agroecología –política–. Cada debate y cada mesa de trabajo se apoyaba en una fuerte crítica del paradigma insostenible –social y ambientalmente hablando– que representa el sistema agroalimentario globalizado: territorios enteros en los que los cultivos tradicionales son sustituidos por las 'necesidades' de soja por parte de una creciente dieta cárnica de las élites más acomodadas del mundo; pérdida de conocimientos locales, que han mantenido el aprovechamiento y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas más biodiversos; industria con la mayor responsabilidad en emisiones de gases invernadero; hambrunas que se mantienen, a la par que la salud de las personas se ve afectada por los agrotóxicos; concentración de todo el poder de la cadena alimentaria en 10 empresas, ya hablemos de semillas o de distribución, etc. Hablamos, pues, de nuevas formas de imperialismo –de base colonial y capitalista– que amenazan la dignidad humana y la sostenible biodiversidad de nuestro planeta.

Esta 'agroecología industrial' sería un nicho de mercado 'verde' que sacaría del atolladero a las grandes corporaciones agroalimentarias.

De forma ilustrativa y elocuente, la presencia del Ministro de Desarrollo Agrario en una de las mesas, aunque fuera considerado como a favor de formas de desarrollo endógeno, hizo entrar en la sala a jóvenes indígenas y sindicalistas rurales –MST principalmente– al grito de “la agroecología no es un agro-negocio” y “somos hijos e hijas de la esperanza”.

En la Unión Europea no estamos lejos de esos debates, y sin duda se agudizarán las tensiones entre movimientos emancipatorios y apuestas por un 'agronegocio' con sello ecológico y controlado por grandes multinacionales. A finales de 2012, para sorpresa de muchos pero con poca inquietud por parte de la gran industria agroalimentaria, el Gobierno francés anunciaba su intención de cambiar el modelo productivo para caminar hacia una producción 'agroecológica'. De acuerdo a programas como el Ambition Bio 2017, se entiende por tal reconversión el desarrollo de una “seguridad alimentaria” para la población, de la mano de una extensión de tecnologías que apenas utilizarían insumos químicos. Sin embargo, en dicho programa queda explícita la despreocupación por el incremento global de la huella ecológica en su afán de promover “la conquista de mercados”, como se indica textualmente. Tampoco se expresa si es una agricultura intensiva favorable a la creación de grandes empresas en el sector que desplacen aún más la producción local –más propensa a respetar variedades locales, ritmos de naturaleza y limitaciones de bienes como el agua–. Claro que el Gobierno de Francia no es Francia y aquí las redes agroecológicas han puesto el grito en el cielo y mantienen su producción en la tierra cercana, al servicio de sistemas agroalimentarios locales que cultivan la biodiversidad. De igual manera, la Asociación Brasileña de Agroecología constataba en las conclusiones del congreso que el gobierno inclina la balanza productiva de Brasil hacia el sector agroexportador, ya que existen propuestas –leyes sobre patentes, decretos sobre usos de territorios, extensión convencionalizada, apoyo a los transgénicos, políticas que no favorecen la relocalización de sistemas agroalimentarios, etc.– que caminan en dirección opuesta a la“democratización de los medios de producción y de las formas de conocimiento”.

El Gobierno francés anunciaba su intención de cambiar el modelo productivo para caminar hacia una producción agroecológica'

Desde la agroecología –política– se advierte que no sólo disputamos sistemas agroalimentarios, sino también las propias respuestas que el sistema se apresta a ofrecer como recambio. Toman auge las resistencias con fuerte memoria de luchas con tradición cooperativa entendida como solidaridad, apoyo mutuo y reciprocidad social: comunidades indígenas, sindicatos campesinos que apuestan por sus territorios, organizaciones fundamentalmente dinamizadas por mujeres para reclamar el derecho a la alimentación –las madres de Ituzaingó en Argentina son un ejemplo entre muchos–, grupos de consumo y mercados sociales, etc. En otros casos, sin embargo, las 'respuestas' son elementos introducidos desde las élites o sus redes clientelares. Son intentos de cooptar esta emergente crítica. En esta línea situamos la proliferación de propuestas 'agroecológicas' donde se propone la inserción subordinada a un sistema agroalimentario 'reverdecido', pero en el que no se tocan intereses globalizadores, apenas se modifica la huella ecológica y siguen sin aparecer los apoyos a prácticas cooperativistas 'desde abajo' y destinadas a la construcción de sistemas agroalimentarios relocalizados. Esta 'agroecología industrial' sería un nicho de mercado 'verde' que sacaría del atolladero a las grandes corporaciones agroalimentarias, pero sólo en el muy corto plazo: ya sabemos de la insustentabilidad del modelo. Insiste, sin embargo, en reproducirse a través de una extensión tecnológica forzada por políticas públicas y grandes inversores que, lógicamente, no tiene en cuenta los saberes ni las condiciones sociales y ambientales que se dan en los diferentes territorios. No olvidemos que Monsanto es ya el referente mundial en la producción de insumos ecológicos. Y que al calor de estos incipientes mercados surgen llamadas desde la Unión Europea para la promoción de 'economías verdes'. O, como vemos en países distantes como Francia o Brasil, los gobiernos parecen abrir las puertas a la retórica de la agroecología. Gobierno, que, como en el caso brasileño, se enfrentan ya al posicionamiento de redes agroecológicas firmemente consolidadas en la formación de sistemas agroalimentarios entrelazados de forma sostenible a sus territorios.

Diagonal Periódico Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Una_agroecologia_que_dispute_la_vida

 

 

"Declaramos que la divisa principal que requiere el momento actual es la UNIDAD, por lo que es necesario desarrollar y fortalecer desde lo local hasta lo internacional, las formas de organización que propicien la ayuda mutua, la solidaridad, la socialización del conocimiento, la democratización de las decisiones, la autogestión colectiva, para juntos impulsar programas y movimientos para diseminar la Agroecología y luchar por la Soberanía Alimentaria".

 

 

Cuba: Declaración final del V Encuentro Internacional de Agroecología
9 de diciembre de 2015

"Reafirmamos que la Agroecología y la Agricultura Sostenible constituyen fines por los que debemos continuar trabajando, concientes de su importancia para las actuales y futuras generaciones, representando una alternativa de resistencia y de lucha de nuestros pueblos ante el modelo que se nos quiere imponer. Alcanzar la Soberanía y la Sostenibilidad alimentaria, es la vía para atenuar y eliminar la crisis alimentaria que se expande a escala global."(La Habana ,8 de Diciembre de 2015)

 

Del 22 al 27 de noviembre de 2015, se desarrolló en el Centro Integral de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP - La Vía Campesina ¨Niceto Pérez ¨ en el municipio Güira, provincia de Artemisa, en Cuba, el V Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible y Cooperativismo, que contó con la participación de 252 delegados de 27 países.

El programa previsto para el Encuentro se cumplió, permitiéndonos intercambiar criterios, evaluar la aplicación de experiencias prácticas en Agroecología, estrechar los logros de amistad y solidaridad y la búsqueda de alternativas con la participación de todos, para lograr una agricultura sostenible y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Se trabajó en 5 comisiones, donde se abordaron las experiencias de diferentes países y organizaciones en temas como Soberanía y Seguridad Alimentaria, las tecnologías de la Agricultura Sostenible, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, la conservación de semillas, resultados económicos en sistemas productivos sostenibles, así como los factores estructurales, institucionales y sociales que influyen en el logro de la Agricultura Sostenible. Todo este trabajo de aprendizaje y profundización de conocimientos se complementó con el desarrollo de conferencias y paneles ofrecidos por campesinos y especialistas en las temáticas.

También se realizó el III Encuentro de Promotores Agroecológicos que examinó y profundizó en las metodologías participativas, en particular el método Campesino a Campesino, el cooperativismo, la equidad de género, como vías para la generalización y la integración en favor de la agricultura sostenible y el rescate de la cultura tradicional campesina e indígena.

El programa desarrollado permitió a todas y todos los participantes durante 2 días, visitar fincas y cooperativas en todas las provincias del país, permitiendo el intercambio directo con las familias campesinas y cooperativistas, comprobando los resultados alcanzados en la Agroecología, el carácter masivo del Movimiento Agroecológico sustentando en la estructura orgánica de la ANAP, que responde a una política bien definida por la Organización campesina cubana, la cual fue ratificada en su XI Congreso celebrado en mayo de este año.

También comprobamos las políticas públicas instrumentadas en Cuba para la obtención de Créditos, el Seguro Estatal de cosechas y bienes agropecuarios, el sistema de comercialización y los destinos de los productos agropecuarios, así como los precios justos que reciben por ellos, elementos estos que demuestran la necesidad de avanzar y consolidar los resultados obtenidos, los cuales nos sirven de experiencia para acometer nuevas acciones.

Consideramos de gran importancia la inclusión dentro del Movimiento Agroecológico aspectos de carácter social y cultural, la implementación de una estrategia de género que ha permitido la incorporación de mujeres al movimiento y a cargos de dirección, las relaciones intergeneracionales con énfasis en la formación de niños y adolescentes, dándoles plenas oportunidades a los jóvenes, lo que garantiza la continuidad del Movimiento Cooperativo.

Expresamos nuestro incondicional apoyo y solidaridad a las familias campesinas y al pueblo cubano en su batalla y resistencia contra el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por más de 5 décadas. Esta política genocida fue condenada por vigésima cuarta ocasión por la Asamblea General de la ONU, con apoyo mayoritario al pueblo cubano, cuando el 27 de octubre pasado 191 gobiernos de todo el mundo votaron en contra y solo dos, Israel y Estados Unidos lo hicieron a favor del Bloqueo.

Seguiremos denunciando y exigiendo el fin de esta política, lo cual constituye el elemento principal para el logro de relaciones normales entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.

El trabajo desarrollado en estos días nos ha permitido conocer, intercambiar, reflexionar, evaluar y proyectarnos por nuevas acciones y estrategias comunes, tanto a nivel de nuestras organizaciones como a nivel internacional, arribando las y los delegados a este V Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible y Cooperativo a las siguiente conclusiones:

1. La preocupación ante el continuo deterioro de los recursos naturales, como resultado del actual modelo económico de mercado, el egoísmo del sistema capitalista y a la carrera armamentista, que afectan al medio ambiente y en particular a la Madre Tierra y que ponen en peligro la existencia de la especie humana, reafirmando que mediante la Agroecología y la agricultura familiar podemos contribuir a enfriar el planeta.

 

2. Reafirmamos que la Agroecología y la Agricultura Sostenible constituyen fines por los que debemos continuar trabajando, concientes de su importancia para las actuales y futuras generaciones, representando una alternativa de resistencia y de lucha de nuestros pueblos ante el modelo que se nos quiere imponer.

 

3. Alcanzar la Soberanía y la Sostenibilidad alimentaria, es la vía para atenuar y eliminar la crisis alimentaria que se expande a escala global, afectando principalmente a los países en vías de desarrollo, resultado de la aplicación de políticas de dominación de los países industrializados, el agronegocio y la concentración cada vez más excesiva del capital.

El derecho a una alimentación sana, adecuada y suficiente, en correspondencia a nuestras necesidades y culturas, constituye un derecho humano elemental de ahí que se requiere de una participación activa de toda la sociedad, organizaciones e instituciones, nacionales e internacionales, incluidos Los Estados, para lograr el establecimiento de políticas que garanticen su cumplimiento para que desaparezca el hambre y no el hombre.

· Ratificamos que la Agroecología y la Agricultura Sostenible como componentes esenciales para lograr la Soberanía Alimentaria, requieren de la implementación de políticas que garanticen su concreción y sostenibilidad:

· Reafirmamos, que la aplicación de la Reforma Agraria Integral, en la que además del acceso y el derecho a trabajar la tierra, incluya la implementación de programas de inversiones sociales para las familias campesinas e indígenas, en función de un medio rural sostenible, que dote a los agricultores(as) y las comunidades, de sistemas de apoyo material y técnico, sistemas crediticios justos, seguros de cosechas, sistemas de comercialización de las producciones agropecuarias viables que los protejan con precios justos.

· Consideramos necesario e imprescindible la implementación de políticas sociales que incluya: salud, alfabetización, desarrollo escolar y técnico, viviendas, vías de comunicación, manteniendo el respecto de la cultura ancestral y las prácticas tradicionales de nuestros pueblos.

· Llamamos a continuar desarrollando acciones que permitan impulsar la creación y consolidación del Movimiento Cooperativo y las estructuras comunales, acorde a las características específicas de cada lugar y país potenciando la unidad de todas y todos por alcanzar el objetivo común.

 

4. Coincidimos en descartar el modelo tecnológico que imponen las transnacionales, por insostenibles y desigual que resulta, reafirmando la necesidad de rescatar y generalizar las formas, prácticas y principios de la agricultura familiar y tradicional de cada localidad. También es necesario motivar y reconocer los resultados de la experimentación e innovación campesina.

Señalamos que en condiciones de igualdad, cooperación y solidaridad, estas innovaciones pueden ser fundamentadas y complementadas por los resultados de la investigación profesional, lo cual permitirá el constante enriquecimiento de conocimientos y el desarrollo de la agricultura que todos necesitamos.

 

5. Como base de la Soberanía Alimentaria es necesario fortalecer la capacidad tecnológica productiva de cada familia y comunidad, para decidir las técnicas a emplear y los cultivos a sembrar, teniendo como principio básico la protección y conservación de la Madre Tierra, las semillas, la flora, la fauna, el uso racional de las fuentes de agua, todos ellos como Patrimonio de la Humanidad.

 

6. Consideramos como elemento estratégico de continuidad las relaciones intergeneracionales, con énfasis en la orientación y formación vocacional de niños, niñas y los adolescentes, para crear conciencia, desarrollar conocimientos cultivar el amor por la Agroecología y la Agricultura Sostenible, creando así las bases que permitan la sostenibilidad de todo este esfuerzo.

 

7. Reafirmamos nuestra voluntad de continuar desarrollando políticas y acciones que garanticen la equidad de género, el acceso de las mujeres a cargos de dirección y decisión, acorde a sus méritos, virtudes y cualidades, que permitan ampliar su participación en actividades económicas, productivas y sociales en igualdad de condiciones y trabajar por la eliminación de la discriminación a la que han estado sometidas.

 

8. Ratificamos la importancia del empleo de metodologías participativas para la difusión de la Agroecología y la Agricultura Sostenible, reconociendo el valor que tiene el vínculo y la complementariedad entre los diferentes métodos para la difusión del conocimiento y tecnologías, reconociendo los resultados de la Metodología Campesino a Campesino desarrollada en Cuba.

 

9. Declaramos que la divisa principal que requiere el momento actual es la UNIDAD, por lo que es necesario desarrollar y fortalecer desde lo local hasta lo internacional, las formas de organización que propicien la ayuda mutua, la solidaridad, la socialización del conocimiento, la democratización de las decisiones, la autogestión colectiva, para juntos impulsar programas y movimientos para diseminar la Agroecología y luchar por la Soberanía Alimentaria.

Para poder materializar y desarrollar estas ideas necesitamos vivir en un mundo de paz donde reine la hermandad y la igualdad plena entre todos los pueblos, por ello ratificamos nuestro apoyo incondicional a la declaración adoptada por todos los Jefes de Estados y Gobiernos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en enero de 2014 en La Habana, al proclamar a América Latina y el Caribe como zona de Paz.

Reconocemos en el pueblo cubano su vocación solidaria y altruista con otros pueblos del mundo, al precio de cualquier sacrificio, guiados por el principio martiano de: Patria es Humanidad.

Compartimos con el pueblo cubano la alegría y felicidad de contar en su patria desde el 17 de diciembre de 2014, con la presencia de los Cinco Luchadores Antiterroristas cubanos que cumplieron injustas sanciones en cárceles del imperio, por el único delito de combatir el terrorismo y defender a Cuba y otros pueblos del mundo de acciones de esta naturaleza, lo cual constituyo un reclamo de los delegados y delegadas al IV Encuentro Internacional.

Compañeras y compañeros:

Queremos agradecer el trabajo que desarrollan todas las organizaciones campesinas, indígenas, de trabajadores rurales, de profesionales, centros de investigación y la docencia, asociaciones afines, así como destacadas personalidades y el aporte de sectores públicos y Estados del mundo, con su trabajo permanente por lograr nuestros empeños y la construcción de ese mundo mejor, posible y necesario.

También queremos agradecer a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), por la acogida dada a cada participante, por la organización del encuentro que nos permitió el cumplimiento del programa y satisfacer las expectativas que todas y todos teníamos para este evento.

Al cerrar las Cortinas del V Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible y Cooperativismo, lo hacemos convocando desde ya, al VI Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible y Cooperativismo y al V Encuentro Internacional de Promotores a celebrarse en noviembre del 2017, fecha en que se celebraremos el 20 aniversario del inicio en Cuba del programa de Promoción Agroecología de Campesino a Campesino.

Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

Vía Campesina Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Cuba_Declaracion_final_del_V_Encuentro_Internacional_de_Agroecologia

 

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

 

Situemos, abajo y a la izquierda, nuestra lucha internacionalista o la lucha de un creciente número de pueblos planetarios en:

 

Los principios jurídicos de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones: TTIP, TTP, TISA, CETA…
Un nuevo feudalismo global
6 de diciembre de 2015

 

Por Juan Hernández Zubizarreta

La tupida red de tratados y acuerdos de comercio e inversiones que invaden todo el planeta, responden a una lógica jurídica de feudalización del ordenamiento normativo global.

Este ordenamiento feudal quiebra y reinterpreta los principios clásicos del Estado de Derecho y se articula por medio de la privatización del poder legislativo y judicial. Los espacios públicos de regulación se subordinan a los espacios privados que vulneran los derechos de las mayorías sociales. Además, responde a los intereses del capital, de las clases dominantes y de los gobiernos cómplices.

La hipótesis de partida permite considerar a los tratados y acuerdos mencionados como un eslabón más de la cadena de dominación contra las personas, los pueblos y la naturaleza. Es una cadena de impunidad vinculada a un marco jurídico, político, económico y cultural a favor de los intereses de las corporaciones transnacionales: el capitalismo y el patriarcado aparecen como fundamento de la arquitectura de la impunidad.

La mercantilización de la vida en todas sus facetas, la división sexual del trabajo, la propiedad privada y la acumulación ilimitada de la riqueza son el telón de fondo de las normas de comercio e inversiones. Telón de fondo que se extiende a las nuevas formas de gestión del interés público: el fin del conflicto social, la tecnocracia y la autorregulación, junto a la nueva racionalidad neoliberal basada en la competencia empresarial, penetran en los núcleos esenciales de las normas jurídicas.

Por otra parte, la generalización de las ideas sobre el libre comercio, la apertura de los mercados y la conformación de bloques económicos son ideas estratégicas de la globalización neoliberal; el Estados de Bienestar comienza a sustituirse por el Estado de la Competencia (Lucita, 2015). El conjunto de tratados y acuerdos de comercio e inversiones son la expresión jurídica de estas ideas, que incorporan, a su vez, la eliminación de aranceles y de todo tipo de regulaciones que sean un obstáculo para la acumulación de riqueza de las corporaciones transnacionales, la apertura de mercados de servicios e inversiones, la desregulación de las condiciones laborales, ambientales, sanitarias…, el accesos a la contratación pública, la protección de las inversiones y de la propiedad intelectual.

 

Contexto jurídico sobre el que actúa los tratados y acuerdos de comercio e inversiones: la asimetría como lógica de dominación

Los derechos de las empresas transnacionales se tutelan por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas -Derecho duro-, mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal, a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil y a una Responsabilidad Social Corporativa (RSC) voluntaria, unilateral y sin exigibilidad jurídica – Derecho blando o Soft law-.

La lógica jurídica contractual asimétrica se impone en las transacciones económicas internacionales. Las relaciones de fuerza impregnan los núcleos esenciales de los contratos formalmente bilaterales, tratados y acuerdos multilaterales y regionales, donde la conformación de voluntades se produce desde la mera adhesión a cláusulas que tutelan, fundamentalmente, los intereses de las empresas transnacionales.

Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones forman parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Además, resulta evidente la debilidad democrática de las instituciones económicas globales, incluidos los tribunales arbitrales alejados de los poderes judiciales.

En este marco, las empresas transnacionales actúan con un alto grado de impunidad, ya que sus derechos se protegen por un conjunto de contratos, tratados y acuerdos de comercio e inversiones de carácter multilateral, plurilateral, regional y bilateral y de decisiones de los tribunales arbitrales; todas ellas hay que cumplirlas, ya que llevan aparejadas severas sanciones.

Sin embargo, sus obligaciones se reenvían a legislaciones nacionales sometidas a políticas neoliberales de desregulación, privatización y reducción del Estado en políticas públicas. Es decir, se construyen legislaciones ad hoc para la defensa de los intereses de las transnacionales (Hernández Zubizarreta, 2015a)

Por otra parte, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo presentan una manifiesta fragilidad para la tutela de los derechos de las mayorías sociales. Los sistemas universales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus jurisdicciones competentes son incapaces de neutralizar el conjunto de disposiciones y “sentencias” que sustentan la arquitectura de la impunidad formada por los contratos firmados por las empresas transnacionales, las normas, disposiciones, políticas de ajuste y los préstamos condicionados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, los acuerdos y tratados de comercio e inversiones, el Sistema de Solución de Diferencias (SSD) de la OMC y los tribunales arbitrales, como el Centro Internacional de Arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI) del Banco Mundial (Teitelbaum, 2010).

En los contornos de las realidades jurídicas mencionadas, surge la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y los códigos de conducta como fórmula de Derecho blando para contener el poder de las empresas transnacionales. Las ideas seudo normativas sobre las que bascula la RSC son la voluntariedad, la unilateralidad, la autorregulación y la no-exigibilidad que se vinculan a un modelo en el que la lucha de clases se sustituye por la corresponsabilidad entre empresariado, trabajadores y sociedad civil. En este marco, el control de las empresas transnacionales debe ajustarse a la mencionada corresponsabilidad, a la colaboración con las instituciones internacionales y a la armonía con los Estados y las empresas [1] (Hernández, González y Ramiro, 2012).

 

2. Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones quiebran los principios básicos del Estado de Derecho

La profunda crisis del sistema capitalista tiene múltiples variables –económica, ecológica, alimentaria, de cuidados de las personas…- que afectan, también, a los núcleos centrales de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. Las relaciones de poder, la reinterpretación jurídica a favor del capital y de las empresas transnacionales, la asimetría normativa que provoca la tutela de los derechos de las empresas transnacionales y la desprotección de los derechos de las mayorías, están desplazando al Estado de Derecho, a la separación de poderes, al imperio de la ley, al paralelismo en las formas y a la propia esencia de la democracia. Hoy más que nunca el capitalismo instrumentaliza los principios normativos en favor de la pura arbitrariedad al servicio de las clases dominantes (Hernández y De la Fuente et. al, 2013).

En el ámbito internacional, el poder político, económico y jurídico de las empresas transnacionales les permite actuar sin contrapesos normativos y con un alto grado de impunidad. Nos encontramos ante la quiebra de los procedimientos formales y sustanciales de los derechos de las mayorías y el fortalecimiento –mediante la consolidación de normas corporativas globales- del poder de las empresas transnacionales y las clases dominantes (Hernández Cervantes, 2014).

Loa tratados y acuerdos de comercio e inversiones forman parte de las normas corporativas globales.

a. La contractualización de la ley y de las relaciones económicas

Partimos de como el Derecho oficial pierde su centralidad y se desestructura al coexistir con otro Derecho no oficial dictado por diversos legisladores -no democráticos- en el ámbito de la globalización neoliberal (Hernández, 2013)

La contractualización de la ley y de las relaciones económicas provoca la anulación de los procedimientos legislativos, se disloca la separación de poderes y la soberanía de los pueblos y naciones. Se suprimen las normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión, atravesados por las relaciones de poder que imponen las clases dominantes. Los tratados y normas de comercio e inversiones participan de la lógica contractual asimétrica (Chemillier-Gendrau, 2001: 11-20)

b. La inflación legislativa o inflación jurídica

La ilegibilidad de la información -que en el actual proceso neoliberal favorece a las multinacionales- da lugar a regulaciones ad hoc a sus intereses económicos. La inflación legislativa o inflación jurídica implica el aumento de normas, de su especialización, complejidad técnica, pérdida de abstracción y generalidad, fragmentación, celeridad en el proceso de elaboración e imposibilidad de conocimiento de las mismas [2] (Ferrajoli, 2004: 16). Todo ello favorece a las grandes multinacionales del Derecho que actúan en favor del capital.

El desbocamiento de los ordenamientos internos e internacionales es uno de los nuevos principios que afectan a los núcleos esenciales de los ordenamientos jurídicos. Así, en algunos textos normativos que regulan cuestiones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio y de los tratados y acuerdos comerciales y de inversiones, la confusión es continua respecto a las obligaciones de los países ricos y empresas transnacionales: defectos de redacción gramatical, calificativos que debilitan las obligaciones, obligaciones ineficaces, disposiciones vagas, “refugios” para escapar de las obligaciones, disposiciones oscuras y anexos y notas a pie de página que contienen elementos sustanciales de derechos y obligaciones (Lal Das, 2005:115-129).

c. La pulverización del Derecho legislativo

La pulverización del Derecho legislativo [3] “ocasionada por la multiplicación de leyes de carácter sectorial y temporal; el proceso de administrativización normativa, resultado de la absorción por el ejecutivo de núcleos importantes de producción normativa; la crisis de la unilateralidad de las normas, consecuencia de la proliferación de nuevos tipos normativos vinculados con la línea, cada vez más marcada, de contractualización de los contenidos de la ley; y, en fin, la hipertrofia que aqueja a la norma legal, y que no es sino un efecto derivado del imparable proceso de inflación normativa” (Mercader, 2003: 97) [4]. La firma de contratos de explotación de empresas transnacionales de hidrocarburos con los Estados receptores de las mismas conlleva un desplazamiento normativo de carácter formal en la regulación de los derechos de las mayorías sociales; se distorsiona el valor de los instrumentos legales desplazando, en los contratos de explotación, los núcleos centrales de la tutela de los derechos de las empresas transnacionales y de las cláusulas contractuales a los anexos de los contratos. Interpretación explicable únicamente desde la asimetría y desde las relaciones de poder que se imponen a la norma jurídica, ya que de otra manera carecería de cualquier lógica jurídico-formal, la fortaleza normativa de los anexos de contratos de explotación frente a las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En las negociaciones del Tratados Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) los elementos más precisos del futuro funcionamiento del tratado se reúnen en los anexos, dejando los contenidos más declarativos en los textos principales. Una vez más son los anexos el texto central de la impunidad.

¿Por qué los anexos aparecen blindados jurídicamente y permiten anotar las reservas de hidrocarburo al haber de las multinacionales con todo lo que ello implica y la Declaración del Derecho al Desarrollo es, en el mejor de los casos, una mera carta de buenas intenciones?

d. El paralelismo en las formas

La relación norma jurídica-órgano y procedimiento constitucionalmente habilitado para su elaboración, junto al procedimiento y modificación de la misma por la institución legitimada, se encuentran sometidos a tendencias normativas al margen de los procedimientos establecidos (Chemillier-Gendreau, 2001:164).

El paralelismo en las formas queda subordinado a prácticas normativas no formalizadas, tanto por la consolidación de pluralismos jurídicos supraestatales como por la compleja y confusa telaraña que se crea en el ámbito normativo internacional, sobre todo en el de comercio e inversiones.

En los tratados y acuerdos de comercio e inversiones esta dinámica es evidente. Los parlamentos y los procedimientos legislativos únicamente se activan para ratificar lo elaborado fuera de la lógica parlamentaria.

e. La quiebra del imperio de la ley

El imperio de la ley, que en palabras de Laporta (2007: 247) implica “la exigencia compleja de que el ordenamiento jurídico esté configurado en su núcleo más importante por reglas generales y abstractas que administren un tratamiento formalmente igual para todos sus destinatarios, razonablemente estables, de fácil conocimientos público, carente de efectos retroactivos, y accionables ante los tribunales” sufre una quiebra muy importante en el actual modelo de globalización neoliberal; el desacoplamiento, en palabras del mismo autor, entre la globalización económica y la naturaleza estatal de las normas jurídicas en que se sustenta el imperio de la ley genera efectos favorables a los intereses económicos de las empresas transnacionales. Resulta sorprendente que a los contratos tipo, a los fallos de los tribunales de arbitraje y a los tratados y acuerdos de comercio e inversiones se sumen las “leyes modelo” que los gobiernos incorporan a sus legislaciones. Leyes elaboradas en los ámbitos privados – fruto de la presión de los lobbys de las multinacionales del Derecho- y exportadas por los gobiernos neoliberales sumisos a la legalidad del capital.

f. La privatización de los derechos humanos

La globalización neoliberal implica fuertes restricciones de los derechos civiles y una profunda debilidad de los derechos económicos y sociales. Tal y como afirma Pisarello, García y Olivas (2009: 5 y ss.), “un operador jurídico medio… afirmaría que los derechos sociales no son derecho exigibles ante los tribunales…” No obstante, convengo con los autores que “los derechos sociales, tanto en razón de su reconocimiento constitucional como de su consagración en diferentes tratados internacionales de derechos humanos, son o pueden ser, individual y colectivamente, tan justiciables como el resto de derechos civiles y políticos” (Pisarello, García y Olivas, 2009: 8)

La fortaleza política y económica de las empresas transnacionales no es ajena a la privatización de los derechos humanos y a la subordinación de todo lo que implique redistribución frente al derecho de propiedad: “Todo individuo es igualmente libre de decidir si contrata o no, libre de escoger con quién quiere contratar y libre de establecer las condiciones del contrato; pero el mercado, su libertad y su igualdad contractual, se encuentran más adaptados a las necesidades de las empresas y organizaciones transnacionales que a las necesidades de los seres humanos” (Fariñas, 2005:112).

g. La pérdida de mecanismos de control

La fragilidad de los mecanismos de control, la irresponsabilidad de los poderes públicos, la sustitución de instituciones democráticas por instituciones tecnocráticas y la aprobación de técnicas y procedimientos que evalúan los derechos en función de su eficacia económica, provocan que las legislaciones se impregnen de oscuridad y confusión democrática.

El método abierto de coordinación regulado en el Tratado de Ámsterdam, es una técnica que tiene como objetivo adaptar el ámbito social a las directrices de la política económica comunitaria, es decir, adaptar los derechos de los asalariados al mercado. Supiot (2011:69) afirma que “los rendimientos de los Estados en función de los objetivos que le son fijados se miden mediante las baterías de indicadores numéricos elaborados por la Comisión y se vuelven a examinar regularmente en el seno de peer views (evaluación por los pares). Incitados así a mejorar su puntuación estadística, se considera que los malos alumnos de la clase europea han de seguir el ejemplo de los buenos, según la técnica llamada benchmarking(comparación referencial)”.

La Comisión Europea ha comenzado a elaborar “nuevas legislaciones” de una nueva regulación que permita evaluar los costes correspondientes a la competitividad. Estas nuevas meta-regulaciones o contra regulaciones se elaboran en función de indicadores establecidos por expertos. Es una censura previa a los debates parlamentarios que permite comprobar el impacto de iniciativas legislativas en el marco de la competitividad. Así, 68 directivas comunitarias fueron analizas con esta lógica, la prohibición de que los vehículos de mercancías pesadas circulen los fines de semana, es un ejemplo (Supiot, 2006:111). La competencia entre transnacionales y las reglas mercantiles impactan en los núcleos constitutivos de las esferas normativas. El libre mercado dinamita el Derecho y, en ningún caso, parece que el Derecho regule el mercado.

h. La privatización del Derecho

Son tres las expresiones más relevantes de la privatización del Derecho. Las agencias de calificación, los grandes despachos de abogados y el Derecho blando o Soft Law.

Las agencias de calificación son entidades privadas que ofrecen informes supuestamente independientes, sobre la calidad del crédito de una corporación, de una deuda, o de una obligación o instrumento financiero de un estado o empresa [5]. Su calificación implica que cuanto más baja o perjudicial sea la calificación, mayor interés deberá ofertar el emisor al comprador para colocar su emisión. Hasta aquí parece impecable la descripción formal de sus funciones. Pero veamos algunas cuestiones.

En el 2001, las agencias calificaron al alza, previo asesoramiento a las entidades a evaluar, diferentes productos financieros con respaldo hipotecario. Estos productos eran hipotecas basura y activos tóxicos, a los que otorgaron la máxima calificación (Asens y Pisarello, 2011a). Sus ganancias fueron escandalosas y sus responsabilidades nulas. Un par de datos: la agencia Moody´s degradó, en 2007, cuando comenzó la crisis, 8.725 productos financieros basados en hipotecas subprime y Standard&Poor´s hizo lo mismo con 6.300 productos en un solo día.

El negocio es redondo, calificaron y asesoraron a los mismos clientes, cobraron cantidades insultantes de dinero y cuando lo consideraron oportuno, rebajaron la calificación sin demasiadas explicaciones. Los efectos sobre las mayorías sociales forman parte de la especulación y del sistema capitalista. Todo ello con la complicidad de los gobiernos ricos de Europa, Estados Unidos y de las instituciones internacionales, que amparan el poder arbitrario de las agencias de calificación.

En el 2010, cambia el escenario y comienzan a valorar a la baja las deudas públicas de algunos gobiernos europeos, lo que implica ofrecer a los especuladores toda clase de beneficios. Beneficios financieros y los que resulten de la reducción de los gastos sociales y de las reformas laborales. Tranquilizar a los mercados implica especular con los derechos de la ciudadanía. Eso sí, no olvidemos que para rescatar a la banca, muchos gobiernos tuvieron que endeudarse y emitir deuda pública. Además, los principales compradores de la deuda son los principales clientes de las agencias. Otra vez el negocio es redondo, se cobra calificando a la baja la deuda de los Estados evaluados, se recomiendan reformas sociales para mejorar la calificación y se participa en los beneficios que obtengan los especuladores de los vaivenes de la deuda. Todo ello con la total complicidad de los gobiernos europeos, ya que el fundamentalismo capitalista no puede ser puesto en cuestión.

La manera de actuar de las agencias es completamente arbitraria. Existen fallos en la calidad de las metodologías, de los modelos y de los supuestos en los que basan sus calificaciones, en la integridad derivada de los conflictos de intereses, ya que califican y asesoran a los mismos clientes, en la transparencia de sus procedimientos, en la dependencia salarial de muchos de sus empleados de la productividad de las agencias, en la falta de auditorías internas… Además, son informes privados que tienen consecuencias jurídicas obligatorias, no existiendo controles mínimamente eficaces respecto a su actividad.

Las agencias de calificación con sedes en las capitales de los países ricos marcan el devenir de los hombres y mujeres del planeta. Sus decisiones se realizan sin control y sin responsabilidades de ninguna clase, dando lugar a una especie de privatización del derecho en la escala global. El binomio de la privatización de las normas y efectos generales sobre la población, disloca los núcleos centrales del derecho. Las democracias se convierten en un mero procedimiento formal, dirigido a la consolidación de los intereses de los especuladores. Por otra parte, las decisiones de las agencias complementan las de gobiernos ricos e instituciones financieras y de comercio, todas ellas actúan como vasos comunicantes, más allá de algunas contradicciones coyunturales, en detrimento de los derechos de las mayorías sociales.

Los indicadores riesgo-país son una expresión clara de la privatización de las normas y de la pérdida de soberanía de los países del Sur. El riesgo país convencional es un indicador económico que expresa la capacidad de una nación para hacer frente a sus deudas. Es uno de los datos más importantes para reflejar el estado de las economías de los países en desarrollo. Una mejor o mayor clarificación de riesgo se traduce en menor “riesgo soberano”, lo que implica menores tasas de interés por los préstamos que los gobiernos contraten. Es decir, el aumento de valor riesgo disminuye la inversión extranjera y el crédito internacional (Gudynas y Buonomo, 2007:111-123) y afecta a los inversores, bancos, agencias multilaterales de inversiones, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial. Las calificaciones se hacen, en palabras de Gudynas y Buonomo (2007:120), “desde un espacio transnacionalizado, en manos de empresas calificadoras. Un pequeño puñado de personas en unas pocas oficinas desperdigadas en algunas capitales en países industrializados, realizan la evaluación de toda la economía global”.

Todo ello implica que las decisiones políticas quedan acotadas por las calificaciones riesgo-país quedando debilitados los procedimientos democráticos y la soberanía de los Estados. Además, los aspectos medioambientales y sociales quedan fuera de las estrategias de desarrollo. El alza del salario mínimo implica aumentar el índice riesgo-país.

Como afirma Boaventura de Sousa Santos y García Villegas (2004: 35), “el fascismo financiero en sus varias formas y ámbitos es ejercido por empresas privadas cuya acción está legitimada por las instituciones financieras internacionales y por los Estados hegemónicos”.

Los grandes despachos de abogados asesores de las empresas transnacionales han transformado sus funciones de asesoría y defensa de los intereses de sus clientes, en verdaderos cuasi legisladores [6]. Son una nueva generación de abogados-empresarios con alta cualificación, amplísima información, canales de poder y plena identificación con la mercantilización del Derecho. Las law firms reelaboran continuamente la Lex Mercatoria creando esquemas contractuales ad hoc e interpretando las normas desde las nuevas exigencias económicas (Zolo, 2006: 106). Desde posiciones más radicales Pier Paolo Portinaro pone de manifiesto, “la afirmación de expertocracias mercenarias, parciales y abogadescas, que explotan estratégicamente las oportunidades y los recursos de una nueva litigation society [7]. Más que la figura del juez, con su balanza equilibradora de los diferentes valores y principios ético-jurídicos, el que se ha hecho con el campo y expande cuantitativa y cualitativamente su propio poder es hoy el comerciante de derecho” (Zolo, 2006: 108-109). A la ética profesional contraponen el lobby político, especializándose en contenciosos económicos [8]. Se están creando verdaderas multinacionales del Derecho que colaboran en los intereses de las grandes corporaciones mediante el uso de estrategias de todo tipo. Su función no es pleitear en los tribunales, sino redactar contratos desde la asimetría entre partes [9].

Desde esta perspectiva y en el ámbito de la justicia arbitral, las relaciones entre especuladores financieros, despachos de abogados y árbitros están fomentando el arbitraje de inversiones. Cecilia Olivet afirma que “la presunta imparcialidad e independencia del arbitraje de inversiones es totalmente ilusoria. Los gobiernos tienen las manos atadas. Mientras que las multinacionales se benefician, un pequeño grupo de firmas de abogados incita a las corporaciones a demandar a gobiernos”; además, “un grupo de árbitros usa su influencia para garantizar que las normas del sistema no dejen de beneficiar a los inversores y las demandas contra gobiernos sigan generando millones de dólares” [10].

“El exclusivo grupo que domina esta “industria” está conformado por estudios de abogados y árbitros que están ubicados en los países desarrollados. Tres grandes despachos -Freshfields (Reino Unido), White & Case (Estados Unidos) y King & Spalding (Estados Unidos)- afirman haber participado en 130 casos de tratados de inversión tan sólo durante 2011. Solamente 15 árbitros -conocidos como “la mafia interna”- resolvieron 55% de las disputas arbitrales conocidas en base a tratados de inversión firmados por los estados. Según el informe, muchos de estos árbitros también actúan como abogados de las partes, trabajan como académicos, asesores gubernamentales, son lobbystas y analistas de medios de comunicación. Algunos tienen fuertes vínculos personales y comerciales con compañías, lo cual “les otorga una tremenda influencia sobre el sistema, en cuya continuidad tienen un especial interés” [11].

La última cuestión, desde una perspectiva estrictamente normativa, se refiere a la vinculación de la RSC con el Soft Law o Derecho blando. La categoría de Soft Law en el ámbito de la doctrina internacional se ha vinculado con las resoluciones no obligatorias de organizaciones internacionales. La idea de no obligatoriedad, se impregna con la de cierto impacto jurídico de las resoluciones o recomendaciones no obligatorias. Como recoge Mazuelos (2004:13), existen dos posiciones contrapuestas respecto a su naturaleza jurídica, la que niega este carácter por carecer de fuerza obligatoria, y la que lo afirma por estar previsto en tratados internacionales y adaptarse en el ejercicio de poderes conferidos y de acuerdo con procedimientos establecidos. En realidad, el Soft Law en el ámbito internacional ha supuesto dotar de cierta utilidad a normas que los Estados adoptan pero –en ningún caso– cumplen (López, 2007:33). Las empresas transnacionales han utilizado el Derecho blando como fórmula alternativa a cualquier control jurídico.

Las “buenas prácticas de las empresas transnacionales” se fundamentan en la ética empresarial (Sanagustin, 2011). Ésta se expresa en dos vertientes, la relacionada con el modelo de sociedad y sus valores y la referida a las prácticas o comportamientos empresariales. En el plano de los valores se establece la pugna entre la mercantilización de los derechos humanos que apuntala el aparato conceptual dominante, frente a la categoría universal e indivisible de los derechos humanos. La idea fuerza neoliberal reside en la universalización de las libertades mercantiles y de las normas que las sustentan mediante la generalización de aparatos normativos internacionales del Derecho Corporativo Global. Mientras tanto, las libertades y valores de igualdad y solidaridad se reterritorializan hacia aparatos normativos nacionales de intensidad cada vez menor, cuyo desplazamiento hacia sistemas blandos de regulación van consolidándose.

Este es el hilo central de la doble moral, discurso fuerte en valores mercantiles e imperativos en su regulación, frente a la exaltación de la libertad y la dignidad vinculada a buenas prácticas empresariales y envueltas en retórica jurídica pero carente de sus núcleos normativos esenciales. Este modelo utiliza todo tipo de estrategias para mantener y restaurar el poder de las clases dominantes.

La otra vertiente de la ética empresarial, la de las prácticas de las multinacionales ajustadas a los valores de la empresa ciudadana, no consigue reconducir la distorsión existente entre la realidad de las mismas y las declaraciones, informes, códigos de conducta y auditorías de buen gobierno. Son múltiples los ejemplos de esta flagrante contradicción [12], pero en el ámbito de las relaciones laborales, los nuevos modelos de organización empresarial basados en programas de calidad, en el diseño de planes individuales y nuevos equipos de trabajo, en los círculos de calidad, en la formación en valores, en la visión y misión de la empresa etc. colisionan con la flexibilidad en toda la cadena del iter laboral. Así, la externalización, la subcontratación, la individualización, la precariedad y pérdida de derechos laborales y sociales junto a la proliferación de formas diversas de trabajo informal, son ejemplos muy evidentes. Estos nuevos principios requieren de nuevos aparatos normativos de imposición donde la fusión entre flexibilidad, individualización y normas voluntarias fundamentadas en la ética de la empresa se convierten en la expresión de la RSC.

Las ideas seudo normativas sobre las que bascula la Responsabilidad Social Empresarial son la voluntariedad, la unilateralidad, la autorregulación y la no-exigibilidad, que se suman a la categoría que vincula la globalización con el modelo capitalista neoliberal, es decir, un modelo inalterable en el que la lucha de clases debe sustituirse por la corresponsabilidad entre empresariado, trabajadores y trabajadoras y sociedad civil. En este marco, el control de las empresas transnacionales debe ajustarse a la mencionada corresponsabilidad, a la colaboración con las instituciones internacionales y a la armonía con los Estados.

Ante modificaciones tan extremas, la Responsabilidad Social Corporativa se presenta como la alternativa más adecuada. Este diagnóstico encubre la realidad sobre la que se articula el poder de las multinacionales, que se materializa en su capacidad de “legislar” y delimitar el concepto y alcance de su responsabilidad y de las normas materiales sobre las que se sustenta. Además, frena todo sistema jurídico de control elaborado desde instituciones públicas.

 

3. Los principios generales de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones [13]

a. La falta de legitimidad democrática de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. El secreto y la opacidad son elementos constituyentes de los tratados y acuerdos mencionados; forman parte de su metabolismo funcional. Las normas de comercio e inversiones se elaboran fuera del control parlamentario y de la ciudadanía. Desconocemos, en muchas ocasiones, los negociadores concretos, los criterios utilizados, las decisiones adoptadas… y se envuelve todo el procedimiento de valoraciones técnicas que “necesitan de la confianza” y “discreción entre los negociadores”; se toman decisiones a espaldas de la ciudadanía y al margen de los procedimientos parlamentarios, “secuestrando” los textos en discusión incluso a los representantes públicos.

Lo que no es secundario es el papel central de los lobbies económicos que representan a las empresas transnacionales y a los intereses de las clases dominantes y de sus representantes políticos. Los asesores, las reuniones, las propuestas y la vinculación del poder político con las empresas transnacionales forman parte “del poder legislativo” de donde emana los tratados y los acuerdos de comercio e inversiones. La opacidad y el secreto no existen para el gran capital.

b. El Iter normativo de los tratados y acuerdos. Toda la tramitación de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones quiebra las garantías procesales de la ciudadanía (transparencia, debates, separación de poderes, procedimientos parlamentarios…). Sin embargo, el resultado final de las normas es de una gran seguridad jurídica y de obligado cumplimiento. Todo lo contrario que la normas de derechos humanos, cuya tramitación o iter normativo está muy abierto a las propuestas y al debate, pero su resultado final es de una seguridad jurídica muy frágil. ¿Se puede comparar un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo con un tratado de comercio o inversiones entre, por ejemplo, la Unión Europea y cualquier país de la periferia del planeta? La ratificación por parte de los poderes ejecutivos o legislativos de los Estados se impregna de las relaciones de poder que conforman los núcleos esenciales de las normas de comercio e inversiones; crean, de facto, una jerarquía normativa a favor del capital. La ratificación de tratados de derechos humanos deriva a la esfera del derecho blando de carácter básicamente declarativo. Es decir, -según la lógica corporativa global-, ratificar un tratado o acuerdo de comercio e inversiones es muy superior a cualquier tratado o convención de derechos humanos

c. El principio de los vasos comunicantes entre normas de comercio e inversiones y entre transnacionales e instituciones, implica que lo que no se obtenga en el seno de la Organización Mundial de Comercio se obtendrá por medio de tratados o acuerdos de comercio o de inversiones de carácter bilateral, regional o plurilateral; esta tupida red da lugar a que cada acuerdo o tratado sea la base para el próximo, lo que genera un modelo de perpetua negociación (Zabalo, 2014). Esta guerra tan asimétrica provoca que el abandono de un tratado tenga preparado su sustituto; de ahí que el rechazo debe ser frontal al modelo de comercio e inversiones impuesto por el capital y las empresas transnacionales.

d. Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones combina la desregulación de las obligaciones de las empresas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Se pretende eliminar toda barrera – arancelaria o no- que dificulte el desarrollo del libre comercio y de la inversión. Para eso se procede a la armonización normativa a la baja; es decir, se armoniza desregulando los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles de “comprarse y venderse”. Por ejemplo, la compra pública responsable que tenga en cuenta los derechos laborales de sus empleados y de las empresas subcontratadas, la promoción del comercio justo, la eliminación de diferencias entre hombres y mujeres… chocará con la idea de derogar toda reglamentación que sea un obstáculo a la apertura de los mercados públicos al comercio y a las inversiones.

Esta técnica clásica del modelo neoliberal –la desregulación- se combina con la re-regulación de los derechos de las transnacionales. Los acuerdos y tratados de comercio e inversiones blindan los derechos del capital y de las corporaciones transnacionales. Además, si en los 90 el neoliberalismo se planteaba reducir el Estado y dejar vía libre a los mercados, ahora con los nuevos tratados y acuerdos de comercio e inversiones se busca un Estado fuerte que garantice los beneficios de las transnacionales. El Estado es imprescindible para la acumulación de la riqueza del capital y para dirigir y reformar la sociedad al servicio de la grandes corporaciones. Los tratados y acuerdos mencionados, fortalecen los derechos de las mismas.

e. La arquitectura de la impunidad –la cadena de dominación- la conforman los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y el conjunto de normas de los Estados matrices de las empresas transnacionales y de los Estados huéspedes de las mismas. Así, los derechos de las empresas transnacionales españolas en México, gozan de la tutela de las normas derivadas del Acuerdo para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea y todo el conjunto de normas aprobadas por los gobiernos españoles en favor de sus empresas transnacionales –apoyo diplomático, político, económico…- y de los gobiernos mexicanos favorable a las privatizaciones, las desregulaciones de los derechos sociales, medioambientales, fiscalidad…y legislaciones favorables a las inversiones extranjeras.

f. Las normas de comercio e inversiones están impregnadas de la trilogía del Consenso de Washington, es decir, de las políticas de privatización, de las desregulaciones generalizadas y de la quiebra de las políticas públicas, junto al fortalecimiento de las políticas de represión.

 

4. Los principios ad hoc de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones

Son principios demoledores –abiertos a la interpretación creativa y expansiva de despachos de abogados y árbitros favorables al poder corporativo- para los intereses de las mayorías sociales y que dotan de una gran fortaleza a los derechos de las empresas transnacionales.

a. Quiebra del principio de igualdad desde las relaciones de poder.

Una interpretación fundamentada en la equidad implica tratar igual a los iguales, pero no igual a los desiguales. No permitir cláusulas de acción positiva a favor de los sectores sociales y económicos más desfavorecidos de los países empobrecidos, significa apuntalar prácticas discriminatorias. Firmar contratos, aprobar tratados de comercio e inversiones y aceptar ajustes estructurales bajo la falsa premisa de la igualdad entre las partes, es situar a las relaciones asimétricas de poder en el centro de la técnica jurídica.

Los tratados y acuerdos se sustentan en esta interpretación del principio de igualdad: tratar igual a las empresas transnacionales y a las pequeñas empresas nacionales, lo que es esencialmente discriminatorio.

b. Trato Justo y Equitativo. Es un concepto jurídico indeterminado que puede adolecer de cierta inseguridad material; pero, enmarcado y dirigido a la protección del inversor extranjero frente al Estado receptor, queda perfectamente delimitado. Por tanto, el Estado receptor no puede discriminar al inversor extranjero y deberá tratarle de manera justa y equitativa, lo que requiere un escenario legal estable y compatible con las expectativas del inversor extranjero. ¿Tratar igual a los desiguales es justo y equitativo?

c. Trato Nacional. Es un principio central en el funcionamiento de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe extenderse a los extranjeros. Es decir, los inversores nacionales no pueden recibir ayuda alguna del Estado ya que implica quebrar el principio de trato nacional. El apoyo de la administración a empresas de economía solidaria o a circuitos cortos de producción se debe extender a las empresas transnacionales de los agronegocios. Con el trato nacional, por otra parte, la privatización de un servicio público hace muy difícil la reversibilidad del mismo.

d. Nación Más Favorecida. Las ventajas que acuerden mutuamente dos Estados en un tratado bilateral - o entre Estados en un tratado regional- se extiende automáticamente a los tratados que éstos celebren con otros Estados donde se incluya la cláusula de nación más favorecida, cláusula generalizada en la mayoría de los tratados bilaterales. La idea es que en base al principio de no discriminación no se lesione al inversor extranjero. Lo acordado en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones marca, por sus dimensiones cualitativas y cuantitativas, pautas generales para el comercio mundial.

e. La cláusula paraguas. Permite a las empresas demandar a los Estados no solo por incumplimientos del Tratado si no por incumplimientos contractuales de un acto soberano no comercial, como las políticas públicas. Bajo semejante régimen las empresas pueden contrarrestar las políticas sanitarias, de protección del medio ambiente, de regulación de las finanzas, de las relaciones laborales… reclamando a los Estados daños y perjuicios ante tribunales extrajudiciales de carácter arbitral. La soberanía de los parlamentos queda supeditada a la cláusula mencionada.

f. Expropiación directa o indirecta e indemnizaciones rápidas, adecuadas y eficaces. Incluye cláusulas sobre las indemnizaciones en caso de expropiaciones u “otras medidas de efecto equivalente”. Se parte de considerar que toda medida, ley, reglamento, acto administrativo... que provoque daño en el patrimonio del inversor debe ser compensado. Además debe tenerse en cuanta tanto el daño emergente como el lucro cesante. Es decir, una inversión paralizada por el poder público debe ser compensada tanto por la cantidad gastada como por el futuro beneficio dejado de percibir.

g. Ausencia o prohibición de requisitos de desempeño. Los tratados y acuerdos suelen prohibir o no regular los requisitos que exigen determinadas conductas por parte del inversor para aceptar la inversión extranjera: utilizar materia prima nacional, contratar mano de obra nacional, exportar parte de la producción para aumentar divisas...

 

5. Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones fomentan la privatización del poder legislativo y del poder judicial

Los tratados y acuerdos de última generación avanzan en la privatización de los procesos legislativos (Hernández Zubizarreta, 2015b).

Las empresas transnacionales se introducen en los procesos normativos y penetran en el marco regulatorio abierto a fórmulas de cooperación reguladora y generadora de coescritura de legislación; fenómeno conocido en la elaboración de normas tipo. Además del poder fáctico, los lobbiestendrán presencia directa o indirecta en la elaboración de las normas.

 

Convergencia reguladora en el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP).

Junto a la armonización de regulaciones por el método de la desregulación antes mencionado, los lobbies transnacionales adquieren por medio del TTIP una presencia insospechada. El Consejo de Cooperación Reguladora –que en principio parece que lo formarán los responsables que establezcan las agencias de EEUU y la Comisión de la UE- es un filtro regulador de todas las normas comunitarias – pasadas, presentes y futuras- que colisionen con el Tratado y que implica, además, la presencia directa e indirecta de los lobbies transnacionales. Actúa al margen de los Estados e instituciones; es un poder legislativo supranacional fuera de todo control democrático.

La convergencia reguladora afecta, también, a todas la Administraciones Públicas (locales, autonómicas y centrales); a la legislación básica, a la ejecución de la misma y a los actos delegados. Las excepciones y defensas genéricas de los derechos sociales que el TTIP prevé quedan subordinadas a “que no comprometan las ventajas derivadas del acuerdo”; la coherencia reguladora implica que todo tipo de estudio de impacto medioambiental o social, toda evaluación de daños… no debe establecer más “rigor del estrictamente necesario”, es decir, deben ser coherentes con los derechos de las empresas transnacionales.

Por otra parte, la transparencia requiere consultar toda medida potencial a proveedores e inversionistas como si fueran “representantes públicos”, y por último, se pueden ampliar temas no incluidos en el tratado por la vía del nexo normativo al margen del procedimiento de aprobación del mismo; es un texto abierto al servicio de las transnacionales.

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) regula en el capítulo referido a la transparencia, la obligación de los Estados que forman parte del acuerdo de notificar y abrir consultas sobre cualquier modificación normativa -incluida la constitucional- que afecte a los contenidos del TPP. Las facultades soberanas del poder legislativo quedan subordinadas a los mecanismos administrativos previstos en el capítulo referente a la transparencia.

 

Mecanismos de resolución de diferencias inversor–Estado. La privatización del poder judicial

a. Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; el neoliberalismo amplía su labor a conflictos entre Estados y particulares. Así, las corporaciones transnacionales —personas de Derecho Privado que representan intereses particulares— pueden demandar a los Estados ante tribunales internacionales de arbitraje, prevaleciendo su propio interés sobre el interés general. Solo las empresas tienen la posibilidad de demandar a los Estados, no al revés; es una asimetría al servicio del capital transnacional.

b. Las personas y los pueblos que sufren la vulneración de sus derechos por las prácticas de las empresas transnacionales, por su parte, ¿ante qué tribunal internacional pueden interponer sus denuncias? Mientras en Argentina, por un lado, la nacionalización de la filial de Repsol puso en marcha la “arquitectura de la impunidad”, con la petrolera ejerciendo acciones legales ante tribunales argentinos, españoles y estadounidenses e interponiendo un recurso ante el Centro Internacional de Arreglos sobre Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) —tribunal internacional de arbitraje dependiente del Banco Mundial— en base al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones entre Argentina y España, los mapuches, por otro, únicamente pueden defender su vida y su integridad como pueblo ante los tribunales argentinos. No puede demandarse directamente a Repsol —ni a ninguna empresa transnacional, claro— ante un tribunal internacional; es una justicia para ricos.

c. En los tratados y acuerdos de comercio e inversiones se suelen mencionar, cuando se mencionan, los derechos humanos, laborales, medioambientales, sociales, culturales… de manera retórica. Se vinculan a procedimientos muy burocratizados y, lo que es más grave, carentes de eficacia jurídica; se desplazan al territorio de la retórica jurídica -cercana al Derecho blando- muy alejada de la precisión y eficacia con que se regulan los derechos del capital y de las empresas transnacionales.

De este modo, los jueces del citado tribunal deberán aplicar, fundamentalmente, las normas comerciales y de inversiones que los tratados y acuerdos contengan. Es decir, no cruzarán el sistema internacional de derechos humanos con las reglas de comercio e inversiones, lo que implica desconocer que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es jerárquicamente superior al contenido de cualquier tratado comercial; de lo contrario se vulneran, al menos, el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.

d. El planteamiento de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones se construye sobre el concepto de “seguridad jurídica” vinculado a la lex mercatoria, cuyo único fundamento resulta ser la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las compañías multinacionales. Se pretende así proteger las inversiones de las transnacionales extranjeras eludiendo la normativa comunitaria, nacional e internacional sobre los derechos humanos, sociales y medioambientales. Pero la seguridad jurídica es un principio internacional que no debería estar vinculado únicamente a valoraciones económicas: la verdadera seguridad jurídica es la que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima de la lex mercatoria, es decir, a los intereses de las mayorías sociales frente a los de las minorías que controlan el poder económico. Las constituciones nacionales y las normas que componen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos deben prevalecer sobre las normas de comercio e inversiones.

Notas: (…)

Juan Hernández Zubizarreta es Profesor de la Universidad del País Vasco y miembro del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

http://www.alainet.org/es/articulo/173407

Fuente: http://omal.info/spip.php?article7326

En consecuencia, abajo y a la izquierda, situemos nuestra lucha internacionalista o la lucha de un creciente número de pueblos planetarios en la realidad concreta que:

 

La guerra es la agenda del Occidente en decadencia

14 de diciembre de 2015

Por Arsinoé Orihuela (Rebelión)

Los atentados terroristas en París y las rutinarias masacres en Estados Unidos (California recientemente) obligan a problematizar la situación política e histórica de Occidente, y a atender teóricamente la responsabilidad de las potencias occidentales en el incremento de la guerra, el terrorismo y la violencia a escala global. Situar en el centro de la reflexión el fundamentalismo islámico, sustraído de su momento constitutivo, es un error teórico. Urdir narrativas alarmistas en torno de ese seudoproblema es un gesto canalla, tristemente habitual en la prensa. Aplaudimos la consigna de los pensadores honestos: “aquellos que no quieran hablar críticamente de la democracia liberal deberían guardar silencio también sobre el fundamentalismo religioso”. Esta es sólo una breve reflexión que atiende esa justa apreciación.

Tras los atentados en París, la prensa redobló los llamados a la unidad y solidaridad de todos los pueblos occidentales (incluidos aquellos cuya occidentalización es resultado de una oprobiosa imposición), y a la unanimidad condenatoria, a cuya exhortación han asistido figuras públicas de todas las procedencias, posicionamientos e idearios no pocas veces divergentes, claramente abonando a la confusión del público. Es el mismo subterfugio discursivo que envolvió a la tragedia de Charlie Hebdo: condenación ética, lamentos ideológicos, lutos fascistas. Y las explicaciones teóricamente relevantes brillan por su ausencia.

Occidente no reconoce que la guerra es la agenda prioritaria de las potencias que convergen en su manto. Hay por lo menos cuatro intervenciones que inauguraron o profundizaron escenarios bélicos de alto impacto en África septentrional y Oriente Medio: Egipto, Siria, Libia e Irak. En nombre de la democracia y la libertad, la coalición de metrópolis occidentales sembró la guerra en esos países, prepotentemente conjeturando que esa acción no traería consecuencias. El terrorismo tiene tres fuentes primarias: uno, el rencor e ira de los inmigrantes musulmanes en Europa y Estados Unidos, encadenados a procedimientos rutinarios de discriminación; dos, el encono político acumulado de los pueblos islámicos damnificados por el coloniaje occidental; y tres, el financiamiento-patrocinio franco, abierto e interesado de grupos de poder occidentales a células terroristas al servicio de la agenda de Occidente.

En este sentido, el programa injerencista occidental tiene un componente doblemente agravante. Zizek escribe: “Lo que hace tan insoportable al Occidente liberal es que no solo practica la explotación y la dominación violenta, sino que, añadiendo el insulto al agravio, presenta esta realidad brutal con la apariencia de lo contrario, de libertad, igualdad y democracia”.

En ese “insulto al agravio” radica la fuente subjetiva del terrorismo. La objetiva, es la guerra que declara el Occidente configurando enemigos a su antojo y capricho, curiosamente todos oriundos de las regiones en cuyo territorio se aloja una diversidad de recursos naturales, humanos e infraestructurales claves para la dominación imperial.

Al respecto, Toni Negri describe las características definitorias de estas guerras multimodales, y los objetivos que persiguen a espaldas de la población:

“La guerra, así como hoy ha sido inventada, aplicada y desarrollada, es una guerra constituyente. Una guerra constituyente significa que la forma de la guerra ya no es simplemente la legitimación del poder, la guerra deviene la forma externa e interna a través de la cual todas las operaciones del poder y su organización a nivel global se vienen desarrollando… en su misma forma es una guerra constituyente, una guerra biopolítica que implica el ordenamiento de la vida, de la producción y reproducción de la vida… una guerra que engloba la relación social en el sentido más completo de la expresión… Todo cuanto Ignacio Ramonet decía inicialmente acerca de la sobreposición de guerra económica, guerra social, guerra militar, es perfectamente correcto: son cosas que están todas juntas porque existe un proyecto organizativo constituyente, que atraviesa este mundo, de hacer la guerra. Ya no se trata de la guerra imperialista que va a expandir los poderes de las naciones singulares: ésta es una guerra en nombre del capital global”. 

Pero este ensamblaje de guerras requiere de una justificación. El ejercicio de violencia por sí sola es inmoral. Occidente excusa las intervenciones militares con una presunta “promoción” de valores, señaladamente la democracia. Pero el principio de realidad, señaladamente el terrorismo, contradice ese falsario empeño. Cuando el relato de la democracia se agota, como a menudo ocurre, el ardid justificatorio transita hacia el estribillo de la “seguridad”. Y es allí donde se hace necesaria la construcción de enemigos. Los narcotraficantes o los yihadistas o los fundamentalistas son, como bien señala el analista Alfredo Jalife-Rahme, “activos estratégicos” o “instrumentos geoestratégicos” para hacer la guerra. Las potencias occidentales apoyan o persiguen regímenes u oposiciones, dirigentes legítimos o criminales, en función de su agenda e intereses. No pocas veces esos instrumentos de beligerancia estallan en las manos de las potencias occidentales. Francia y Estados Unidos son los ejemplos más notables. Pero el Estado Islámico no es solo un asunto que se salió de control: el EI es un aliado de los intereses articulados a la estrategia de recolonización occidental, que encabeza Estados Unidos en su carrera por la supremacía, y cuyos principales rivales son Rusia y China o incluso una posible coalición de estos dos.

El bombardeo aéreo de los supuestos campamentos de Isis son pura coreografía cosmética. Es una especie de oda a la guerra. Es una escenificación que allana e inaugura el camino para un estado de guerra conscientemente orquestado, y con un alcance temporal indefinido pero previsiblemente prolongado. La seguridad de Estados Unidos, Francia y acólitos es la guerra.

La guerra es la agenda del Occidente en decadencia. Que ciertos gobiernos occidentales pretendidamente liberales-progresistas derechizaran agendas y discursos no es ningún accidente: es la garantía de que prevalezca la guerra.

Y en eso también acierta Zizek cuando escribe acerca del ideario demo-liberal: “Para que ese legado clave sobreviva, el liberalismo necesita la ayuda fraternal de la izquierda radical. Esta es la única manera de derrotar al fundamentalismo, mover el suelo bajo sus pies”.

 

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.pe/2015/12/la-guerra-es-la-agenda-del-occidente-en.html

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206770

 

 

Revisemos conceptos claves para nuestras autoorganizaciones emancipatorias.

 

 

 

“Acumulación por desposesión”: Tres notas sobre la polémica Harvey-Gudynas

14 de diciembre de 2015

 

Por Jorge Oviedo Rueda (Línea de fuego)

Después de la muerte de los creadores del Socialismo Científico, el mejor negocio de sus enemigos ha sido interpretar a Marx. El negocio de la interpretación es más lucrativo mientras más prestigiosas y altas son las instituciones o las personalidades que lo hacen. La táctica de la interpretación a los textos de Marx dio sus primeros resultados a finales del siglo XIX con el revisionismo de Bernstein, cuya labor teórica terminó convirtiéndose en la matriz angular de la socialdemocracia mundial; luego vino la interpretación estaliniana del marxismo que devino en dogma religioso y razón de Estado; el neomarxismo de posguerra que, a pesar de hacer un correcto diagnóstico del subdesarrollo, no ha podido atinar con las soluciones y, ahora, en nuestros días, ha surgido una nueva interpretación (moda dice Gudynas: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205790) de Marx que pretende ser la nueva matriz angular para justificar y explicar la acción política de los llamados “gobiernos progresistas” de América Latina.

Esta última no es una afirmación al azar, está fundamentada en el hecho real de que sus animadores, todos los que hasta ahora conozco, reciben sueldos y canonjías de los gobiernos “progresistas” y de prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. Les pagan para pensar, eso es lo concreto.

De este hecho objetivo se desprenden tres conclusiones importantes: 1) resulta imposible que el beneficiario de un sueldo escupa la mano de su empleador, 2) hay que hacer méritos para conservar el empleo y 3) mientras más alta sea la investidura académica más fácil será desprestigiar las posiciones políticas que se combaten. Todo envuelto en la salsa, siempre apetitosa, de una supuesta correcta interpretación de las ideas de Marx.

Primera. La “acumulación por desposesión”

La “moda Harvey” de la “acumulación por desposesión” se basa en la reinvención de una verdad histórica, teórica y política cuyo autor es Marx. En el capítulo XXIV del libro primero de El Capital se describe el proceso histórico de lo que Marx llamó la Acumulación Originaria del Capital (AOC). Consiste en la desposesión efectiva de la tierra y los medios de producción al campesino siervo hasta que se convierte en el trabajador asalariado del industrialismo. Un proceso violento que se da a lo largo de tres siglos. Todas las formas de “desposesión” están contempladas en este estudio histórico genial de Marx, incluido un análisis proyectivo sobre la “tendencia histórica de la acumulación capitalista” y el proceso de colonización.

El marxista Harvey y sus defensores deberían saber que en ese mismo capítulo de El Capital Marx señala que, en los países colonizados, todavía no se ha dado el proceso de AOC, proceso que necesariamente tendrá que darse dada la tendencia general de la acumulación capitalista. Para América Latina, desde los siglos coloniales hasta nuestros días, esta predicción de Marx se ha cumplido al pie de la letra. Los chorros de sangre, sudor y lágrimas que corrieron en el proceso de AOC en Europa, corrieron también en las colonias españolas y portuguesas de América Latina. Y hacer uso de la categoría de AOC, ahora escondida detrás del concepto de “acumulación por desposesión”, sin siquiera regresar a ver a su autor verdadero, no es ni simpático ni honesto.

Decir que en América Latina no hay una tradición de pensamiento ceñido al legado teórico de Marx, es una falacia peluda que sólo pretende ocultar una verdad teórica comprometida y comprometedora, para sobreponer otra, más light, menos conflictiva, que ayude a eludir las verdaderas contradicciones del capitalismo dependiente.

Segunda. La “desposesión” en el capitalismo dependiente.

En América Latina la “desposesión” comienza con la llegada de los europeos. La tierra de los pueblos originarios fue repartida entre los conquistadores, con lo cual se destruyó el sistema productivo de los mismos y se les sometió por hambre y necesidad. Durante los siglos coloniales las coronas europeas, aliadas con los criollos americanos, instauran un régimen latifundiario que deriva, a lo largo del tiempo y con ritmos desiguales, en economías capitalistas, las mismas que, después de la ola liberal que recorre América a finales del siglo XIX, quedan ligadas a la economía norteamericana, cuando ésta había entrado ya en su fase monopólica.

En este punto es imposible eludir el concepto político de neocolonialismo si se quiere comprender cómo se da la “desposesión” de nuestros recursos a partir de la primera guerra mundial. No es el Estado, sino a través del Estado, que la lógica de la acumulación del capital mundial saquea nuestras riquezas, dando lugar a esa bárbara asimetría del desarrollo del norte y del subdesarrollo del sur. Esta verdad no está sometida a discusión, salvo si se quiere justificar el accionar de un nuevo tipo de Estado que ahora, en América Latina, pretende apropiarse de “un porcentaje más amplio de la renta/capital. Es decir, de la renta, no como pago, sino como plusvalía”[i], como parece ser el caso del “marxista” Harvey y de sus defensores.

Si así es, entonces esta concepción nada tiene que ver con el marxismo. Estamos frente a un nuevo recurso del revisionismo mundial que inventa un ingenioso giro teórico para despojar al marxismo de su carga revolucionaria. Que Harvey se ubique por arriba del bien y del mal o, como dice Gudynas, que sus tesis ofrezcan “un valioso instrumental para entender el capitalismo global”, no quiere decir que Harvey está llenando un vacío teórico en el marxismo. Si Harvey y sus acólitos algo supieran de la tradición marxista en América Latina, se habrían enterado que Agustín Cueva utilizó esas categorías generales del marxismo para explicar el desarrollo del capitalismo dependiente latinoamericano y sus contradicciones internas. Y no sólo Cueva.

Ergo, la lucha ideológica contra Marx continúa, esta vez encarnada en un academicismo “respetable”, “serio” y, pretendidamente, “contundente” que, viniendo del norte, oculta la elemental verdad de la necesidad de la revolución socialista en América Latina. Cierto es que gobiernos como el de Rafael Correa o Evo Morales nunca se plantearon la “transformación de las relaciones de producción”, apenas si “una necesaria y justa redistribución de la renta capitalista y de la ganancia”[ii], lo que, de ser tomado en cuenta, ubicaría la polémica entre desarrollistas de signo idéntico que, para actuar en la academia y la política, sólo tienen “estilos” diferentes; pero ese no es el caso, la suerte de nuestros pueblos se juega entre dos alternativas: la reforma o la revolución.

Para los marxistas del siglo XXI hay un solo camino: la revolución. Veamos.

Tercera. Ése asunto del pensamiento propio.

Los planteamientos del pos-extractivismo (pienso sobre todo en A. Acosta y Escobar), han devenido, al cabo del tiempo -al igual que el marxismo estratosférico de Harvey-, en un mero ejercicio académico, cuya limitación principal radica en que se sigue pensando en soluciones pro sistema o al interior del sistema. Si Harvey polemiza con Gudynas y Gudynas con el colectivo del IAEN y éste con Acosta y Acosta con Ramírez, y así, no pasa nada, la polémica se convierte en un certamen de talentos para saber quién es el mejor, ganando, qué duda cabe, aquel que más se acerque a las soluciones antisistema, pero con freno, hasta llegar a un límite que se niegan a transgredir. La Academia da para eso y mucho más, al menos cuando se tiene un sueldo asegurado.

Pero, lo que si se han dado cuenta académicos como Harvey, todo su equipo, Lucía Gallardo y el propio Gudynas, (que en esta polémica resulta más marxista que muchos a pesar de que, en opinión de Joan Martínez Alier, “no procede de una tradición marxista”) y no quieren afrontarlo es que las soluciones a nuestros graves problemas estructurales están en el terreno de la política y no de la Academia. Todos ellos hacen incompatible la Academia con la política convirtiéndolas en compartimentos estancos sin comunicación entre sí. No conciben que se puede tener nivel académico y hacer política. Ahí radica su diferencia con Marx. ¿O no?

Para salir de ese círculo vicioso es necesario tener un pensamiento propio, planteamiento que si bien no es un descubrimiento de Gudynas, sí es un mérito habérnoslo recordado. Pensamiento propio que, a estas alturas, nada tiene que ver con distanciarnos del estalinismo, del trotskismo, de la idea Zhuche o el maoísmo que ya se encuentran sepultados en los mausoleos de la Historia,
pensamiento propio que es creación heroica, como quería Mariátegui, invención genuina enraizada en nuestros ancestros y sustentada en lo mejor del pensamiento revolucionario de Occidente.

En un trabajo anterior señalaba la necesidad de un nuevo pensamiento en estos términos: “A estas alturas, no basta condenar la barbarie, se impone la tarea de rescatar la filosofía ancestral de los pueblos andinos, sin caer en la trampa de pararnos a discutir si tiene o no esa jerarquía. Sí la tiene y, no reconocerla, significa mantener, desde adentro, las cadenas mentales que nos consideran inferiores a la filosofía occidental, lo que no quiere decir que no se reconozca su valía. La “alteridad” debe considerarse en igualdad de condiciones a cualquier concepción filosófica del mundo, condición intrínseca para encontrar las soluciones[iii].

Pero, ¿podemos cerrar la página de la dominación y comenzar desde cero? No es posible. Quinientos años de agresión es tiempo suficiente para haber cimentado un ser social cargado con las ideas dominantes del sistema y haberlo convertido en su soldado defensor. La irrupción del pensamiento ancestral andino se convierte, así, en el acto revolucionario más importante de comienzos del siglo XXI porque, al tener a los pueblos originarios de protagonistas, la filosofía del “otro” se eleva a un nivel transformador, punto en el cual se fusiona con lo mejor del pensamiento revolucionario de occidente que es, precisamente, el marxismo. El “pachamamismo” ciego confunde a los pueblos con una idílica propuesta de regresar a los tiempos precolombinos y, los otros, con negarle validez a la “alteridad”.

Ñucanchic Socialismo, nuestro socialismo, sabe que la “alteridad”, a un nivel filosófico, es la lógica del oprimido, su concepción del mundo, su ética y su estética, rasgos que, habiendo estado sojuzgados durante cinco siglos, ahora emergen para servir de base a una nueva sociedad y a una nueva civilización [iv].

Esa lógica, la de los pueblos originarios, tiene su piedra angular, no en la armonía del ser con la naturaleza, sino en la noción del equilibrio [v]. Ese equilibrio, que se perdió en América con la llegada de los europeos, hay que recuperarlo como condición intrínseca para volver a la armonía. Se trata de un equilibrio estructural.

Pero no se puede recuperar el equilibrio si antes el poder político no pasa a manos de una vanguardia político-espiritual que encarne la filosofía de la “alteridad”. Esa vanguardia es, por primera vez, diferente a las vanguardias políticas que han existido hasta hoy y la diferencia está en haber llegado a recuperar la memoria de que estamos hechos de los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire y que, si no somos capaces de cuidarlos y preservarlos, no hay futuro para la humanidad. No es una vanguardia proletaria, como pensaba Marx, tampoco una élite en el sentido liberal y, mucho menos, una casta aristocrática, es una vanguardia político-espiritual conformada por todos los que han abrazado la filosofía de la “alteridad”.

Ese equilibrio estructural del que hemos hablado se inicia después de la toma del poder por parte de la vanguardia político-espiritual que representa los intereses de la humanidad, sólo entonces es posible iniciar el proceso de construcción de la sociedad del Sumak Kawsay,
lo que sólo será posible si se implanta un nuevo régimen de propiedad.” [vi]

Esta es la polémica verdadera, la que ubicándose en el terreno político, sin hipocresías, plantea soluciones válidas a los graves problemas que tiene el capitalismo global y local, sin dorar la píldora con un lenguaje académico que oculta y no descubre, que posterga y no resuelve. Razón tiene Gudynas en afirmar que académicos como Harvey son buscados por los llamados gobiernos “progresistas” para defender su gestión política desde la Academia.

Harvey no plantea la lucha como solución, apenas dice que los seres humanos no alienados hoy emergen equipados con un sentido nuevo y, como resultado de la experiencia de relaciones sociales contraídas libremente y de la empatía con las diferentes formas de vida y producción, emergerá un mundo donde todos merecerán dignidad y respeto. Ese mundo social evolucionará continuamente gracias a “las revoluciones permanentes y en marcha de las capacidades y potencialidades humanas”, lo que evidencia ese gradualismo postizo e imposible que sólo sirve para fortalecer el capital.[vii]

Es muy probable que un pensamiento propio deba integrar las cuatro condiciones que Eduardo Gudynas plantea[viii], pero para Ñucanchic Socialismo, Nuestro Socialismo, la primera condición es la lucha contra el capitalismo criollo y, desde allí, contra el capitalismo global. Sabemos que es una lucha a muerte, que demandará ingentes sacrificios del pueblo, que será un largo proceso, pero nos negamos, en nombre del futuro, a seguir alimentando al capitalismo criminal, por el contrario, creemos que es nuestro deber ético y político, acelerar su agonía.

NOTAS

[i] Gallardo, Lucía: ¿Puede Gudynas salvarse del colonialismo simpático?, véase: 
http://lalineadefuego.info/2015/11/10/puede-gudynas-salvarse-del-colonialismo-simpatico-por-lucia-gallardo/

[ii] Ídem.

[iii] Dussel, Enrique: Filosofía de la liberación, s/edit, Bogotá, 1980.

[iv] Roig, Arturo Andrés: Caminos de la filosofía latinoamericana, Universidad de Zulia, Venezuela, 2001.

[v] Oviedo Rueda, Jorge: Del Estado, la izquierda y la revolución en el Ecuador, Letramía Editorial, Quito, 2015, pg. 90 y ss.

[vi] Véase: Oviedo Rueda, Jorge: 
http://nucanchisocialismo.com/2015/10/26/reformismo-neomarxismo-y-pensamiento-ancestral/

[vii] Véase: Oviedo Rueda, Jorge: 
http://nucanchisocialismo.com/2015/11/01/484/

[viii] Gudynas, Eduardo: 
http://accionyreaccion.com/?p=923

http://lalineadefuego.info/2015/12/01/tres-notas-sobre-la-polemica-harvey-gudynas-por-jorge-oviedo-rueda/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206758

 

 

 

Enfoquemos la puesta en práctica anticapitalista de la reforma agraria integral desde las disputas por territorios de los diversos de abajo y como poder de los pueblos de reestructuración socioeconómica e institucional hacia la otra sociedad-mundo posible.

 

 

 

COP 21 y los nuevos tiempos en América Latina

Escapar de Paris: por una justicia ambiental desde los territorios
14 de diciembre de 2015

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 

Desde las nebulosas de Paris: negociaciones y negocios

Las conferencias sobre cambio climático de las Naciones Unidas suelen dejar una sensación de desazón y creciente escepticismo, producto sobretodo del cinismo y la indolencia que suele reinar en las partes más influyentes de la negociación, que año tras año anuncian un “acuerdo importante, sin precedentes”, cosa que no fue la excepción en la COP21 Paris, donde se declaraba que se ha logrado un “documento histórico y universal”.

No tiene mucho sentido analizar estas negociaciones únicamente en el marco de la “búsqueda de un buen acuerdo”, sin tomar en cuenta que los pilares políticos y programáticos que dominan en estos “esfuerzos globales” contra el cambio climático, la episteme sobre la que se configura este discurso y su respectiva institucionalidad, es el mercado. Así que las “soluciones” que de ella surgen, básicamente se estructuran como soluciones de mercado –léase las contabilidades compensables del «cap and trade», o bien los offsets internacionales como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)–.

Ante la lógica de la maximización de la ganancia y mantenimiento de la tasa de beneficio, no es de extrañar los múltiples casos de falta de transparencia en relación al registro de las emisiones de instalaciones participantes, evasiones en las metas de reducción a través de mecanismos de compensación a los “países en vías de desarrollo” – ej. MDL –, especulación financiera en los mercados de carbono y el enriquecimiento de grupos económicos [1] a partir de este grave problema global. Después de 21 COPs celebradas, parece conveniente preguntarse si estos acuerdos, antes que soluciones, se han convertido en parte del problema.

En todo caso, creemos que es importante resaltar algunas tendencias y elementos preocupantes que se han expresado en estas últimas negociaciones:

a) aunque ha habido una obsesión por establecer el techo en 1,5º o 2º de aumento de la temperatura media del planeta, tal vez la pregunta clave es cómo se va a llegar a esta meta de manera real. La pregunta aplica igualmente con el tope deseado de emisiones de GEI;

b) las enormes dificultades de establecer acuerdos claros para el financiamiento para que los “países en vías de desarrollo” enfrenten el cambio climático – léase, los 100 mil millones US$ desde 2020 – se vincula con el creciente intento de darle mayor participación a los “business leaders” (corporaciones) en la “soluciones” contra el cambio climático. El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon elogiaba en la COP21 a las corporaciones multinacionales, pues estas “apoyaban un acuerdo fuerte en Paris que envía las señales correctas de mercado”, al tiempo que las estimulaba a hacer sentir su voz y “demostrar que el negocio verde es un buen negocio” [2] ;

c) la marcada negativa, principalmente de los Estados Unidos, de asumir las pérdidas irreparables y los daños permanentes ocurridos cuando las políticas de mitigación y adaptación se quedasen cortas ante la incidencia de desastres climáticos – la tercera forma de asistencia a los países en “vías de desarrollo” conocida como « loss-and-damage»– (véase el punto 52 del acuerdo final) [3] . Esto podría vincularse en cambio, en el marco de la actual disputa geopolítica, con la militarización del clima y la conveniencia estratégica de algunos actores imperiales de sacar provecho de lo que Naomi Klein ha llamado «capitalismo del desastre»;

d) sigue sin aparecer en estos documentos la imperiosa necesidad de dejar buena parte de los hidrocarburos bajo el suelo;

e) ¿Qué sentido tienen los acuerdos si no son operativamente vinculantes, si solo son intentos de contribuciones nacionales (intended nationally determined contributions, INDCs)? – léase, alcanzar un pico de emisiones de CO2 tan pronto como sea posible” (art.4 del acuerdo final)–. Y también: ¿con cuáles instrumentos institucionales cuentan los pueblos verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de acuerdos, cuando fuesen vinculantes?

La ambigüedad de los acuerdos y la contradictoria institucionalidad climática hace que diversas estimaciones propongan que en cambio nos dirigimos a un escenario de entre 2,7 a 3,4 grados de aumento de la temperatura media para finales de siglo. Pero esto no es indicador únicamente de una crisis del clima. “Sociedades de baja emisión de GEI” no garantizan que se alcance una justicia ambiental, ni que se evite desbordar los límites del planeta. Esta es una crisis civilizatoria que tiene que ver con el metabolismo depredador que se ha configurado en el sistema capitalista global, y con la brusca ruptura que se ha producido en la reproducción de la vida. Toda esta ruptura está intensificando las luchas por el agua, por la energía, por la biodiversidad, por los ciclos de la vida y por los territorios. Y va a marcar la dinámica de los nuevos tiempos que América Latina ya empieza a vivir.

 

De las nebulosas de Paris a la propuesta del Anexo 0 de Oilwatch: pensar la justicia ambiental desde los territorios

Algunas voces en la Climate Action Zone de l Centquatre-Paris planteaban la necesidad de “escapar de las COP”. Escapar de las COPs supone tratar de liberarnos de este específico régimen de soberanía que se institucionaliza globalmente, y que secuestra la toma de decisiones para un 1%. También implica tratar de liberarnos del secuestro epistémico que encierra prácticamente toda la lectura del fenómeno del cambio climático y sus posibles soluciones en la métrica del carbono. Parece necesario abrirnos a enfoques radicalmente diferentes.

En este sentido, la propuesta del Anexo 0 de la Red Oilwatch ofrece varios elementos para tratar de pensar/efectuar este escape. Oilwatch, a partir de su crítica a la « civilización petrolera », propone reconocer a los pueblos en la división establecida por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: además del Anexo I (países industrializados del Norte y economías emergentes), Anexo II (miembros del Anexo I que deben ofrecer financiamiento a los países en vías de desarrollo) y No Anexo I (básicamente los países del Sur global), se debe crear el Grupo Anexo 0, donde estarían las numerosas iniciativas populares alrededor del mundo que realizan esfuerzos para no extraer más hidrocarburos, y que defienden formas de vida respetuosas con la naturaleza.

Al ser la extracción de hidrocarburos el proceso primario de factor antropogénico que determina el fenómeno del cambio climático, dejar el petróleo y otros combustibles fósiles en el subsuelo es una medida principal y directa para contrarrestarlo. Si, como se desprende de cifras del IPCC y la AIE, es necesario dejar 2/3 de los hidrocarburos en el subsuelo, diferentes iniciativas populares y territoriales deben ser premiadas por sus esfuerzos al respecto, antes que ser ignoradas, apartadas o criminalizadas, como suele ocurrir. La propuesta detallada del Anexo 0 está disponible aquí: Español,English, Français.

Esta propuesta tiene diversas implicaciones, de las cuales quisiéramos destacar dos:

a) enfrentar y desafiar la hegemonía y la centralidad de la métrica del carbono, que se orienta principalmente a fases distributivas (monetarizadas y abstractalizadas) de la naturaleza ya extraída y transformada, para plantear en cambio un debate de raíz sobre soluciones, valores y energía. Aquí el papel de la economía ecológica cobra importancia para producir indicadores que contabilicen o registren no sólo los hidrocarburos dejados bajo el suelo, sino el agua protegida, la biodiversidad, las culturas populares o los modos de vida sostenibles existentes;

b) descentralizar el régimen de soberanía de esta institucionalidad climática global, que plantea únicamente negociaciones entre Estados (partes), y en cambio hacer emerger las subjetividades populares en los territorios, o formas de gobierno local, que son los actores fundamentales para las transformaciones sociales y geopolíticas para enfrentar el cambio climático.

La propuesta del Anexo 0 no es en ningún sentido una propuesta autosuficiente. Requiere la articulación con otra serie de políticas y agendas que permitan su viabilidad. No convalida de ninguna manera una nueva mercantilización de la naturaleza bajo el subsuelo [4] . Y también cabe añadir que, aunque en cambio climático existe un compromiso diferenciado que señala a los grandes responsables de la actual crisis ecológica planetaria, esta idea de Oilwatch se cuela en los debates sobre extractivismo en América Latina, planteando las posibilidades de hacer moratorias a proyectos extractivos y reconocer la iniciativa de comunidades y gobiernos locales, para dejar los combustibles fósiles bajo tierra.

 

El Anexo 0 es otra forma más de decir que la justicia ambiental comienza en los territorios. Propone una institucionalidad climática alternativa, pero también formas de pensar este problema de manera alternativa, más allá de los muros de la política formal. En todo caso, el sustento material de este tipo de propuestas han sido, son y serán, las luchas desde abajo contra la acumulación por desposesión.

 

Del Anexo 0 al «Blockadia»: territorios rebeldes y los nuevos tiempos en América Latina

La situación de crisis ambiental global y la necesidad de acciones urgentes para contrarrestar el cambio climático ofrecen sólidos argumentos para intensificar los pedidos sobre moratorias de numerosos proyectos extractivos en América Latina. Se podrían plantear debates sobre cómo la caída de los precios del crudo –y si se espera que no levanten por un tiempo– representa una oportunidad para abrir caminos de transición para salir del rentismo petrolero en Venezuela. La idea de un estancamiento secular de la economía global, y la crisis de largo plazo del modelo de acumulación nacional, impulsan la necesidad imperiosa de trascendentales transformaciones desde adentro, en las cuáles se abra una discusión sobre la moratoria de los proyectos de minería en el país (carbón en el Zulia, Arco Minero de Guayana) e incluso algunos sectores de bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Sin embargo, es necesario reconocer que todos estos procesos, fenómenos y negociaciones se están desarrollando en un momento específico de la historia del sistema-mundo capitalista, de profundo caos y entropía; en una situación post-normal, que posiblemente será muy conflictiva. Esta situación evidentemente atraviesa a América Latina, la cual después de varios años de una era progresista diferenciada, ve cómo las condiciones bajo las cuales aparecieron los gobiernos de izquierda y múltiples luchas sociales, han cambiado significativamente.

 

Si pensamos en la fuerza que va tomando la ola de restauración conservadora en la región, y los peligros de nuevos ciclos masivos de acumulación por desposesión; si recordamos que Latinoamérica es un “reservorio” estratégico de “recursos naturales” en la dinámica geopolítica actual; y si advertimos cómo se configura un neoextractivismo 2.0 –ya no “progresista”, sino de perfil mixto e híbrido, un neoliberalismo mutante– que busca reorganizar el territorio continental en torno a esta nueva fase salvaje de acumulación global; podemos notar la centralidad que tendrán las luchas en la región en torno al mundo material de los bienes comunes para la vida (agua, biodiversidad, territorios en general).

Es muy probable que una política popular post-extractivista para enfrentar –consciente o inconscientemente– al cambio climático, y en general al orden depredador capitalista, esté, en esta nueva etapa para América Latina, plagada de enormes desafíos y amenazas. Pero hay algo que también vale la pena pensar. Las transformaciones en curso, no sólo van produciendo cambios de gobiernos y regímenes de poder, sino también de las condiciones materiales de la reproducción de la vida, y por ende, abre el camino para la reconfiguración de las luchas desde abajo.

En su libro "This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate", Naomi Klein denomina «Blockadia» a los cientos de comunidades en todo el mundo que están luchando contra la extracción de combustibles fósiles –de Nigeria a Canadá, de Grecia a Perú y Ecuador–. Lo que es importante resaltar de «Blockadia» es que son movimientos globales compuestos por personas comunes –no lucen como los típicos activistas, según Klein– que buscan profundizar la democracia relacionándola con la posibilidad real de control de los recursos que posibilitan la reproducción de su vida cotidiana, y que manejan diversas estrategias de acción directa –asambleas populares, bloqueos a excavadoras, marchas en las grandes ciudades, siendo agredidos por fuerzas policiales y de seguridad–, deteniendo en el territorio los crímenes climáticos en progreso –los sujetos del Anexo 0–, y reivindicando las abundantes energías disponibles en la superficie del planeta (no las del subsuelo) [5] .

Podemos tomar Blockadia como otra metáfora útil para pensar, luego de años de experiencias en la era “progresista”, nuevas estrategias para una posibilidad emancipatoria. Pero también para pensar en los tiempos que se avecinan. Sobre todo, revisar los errores políticos cometidos, tratando de reconfigurar sus lógicas desde el territorio –una territorialización del poder–. Recuperar o reimpulsar en nuestras agendas políticas la centralidad de la riqueza concreta (agua, biodiversidad, tierra) y de la reproducción de la vida, ante la primacía que ha tenido la búsqueda de la riqueza abstracta (rentas y finanzas) [6] .

 

Una radicalización de la acumulación por desposesión, llevada adelante en el marco de una restauración conservadora en América Latina, puede a su vez provocar múltiples resistencias productivas (de lo que hemos llamado la biopolítica de los comunes), muchas de ellas bajo fórmulas que podrían ser novedosas. Piénsese en un nuevo «giro ecoterritorial» (tomando el concepto de Maristella Svampa) alimentado no solo por los diferentes aprendizajes que se han producido desde las luchas regionales y globales, sino por la transformación de las condiciones materiales de vida. La expansión de un ecologismo popular (Joan Martínez Alier) podría tocar a los movimientos urbanos, como de hecho ya lo está haciendo en la región, lo que tendría un muy poderoso efecto político. Eco-piquetes y nuevas territorialidades urbanas se vinculan a la búsqueda de reproducción de los medios de vida en las cada vez más insostenibles ciudades latinoamericanas.

Las condiciones probablemente serán muy adversas, pero las posibilidades emancipatorias están ahí presentes. Es en el tejido social y territorial donde se estará librando una batalla histórica.

 Paris, diciembre de 2015

 *Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador, y hace parte de la red Oilwatch Latinoamérica

Fuentes consultadas(…)
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206755