Qué Economía

Diciembre 2015

Sin empobrecimiento por extractivismo y eterna deuda en nombre del proyecto nac&pop.

 

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Necesitamos constatar que detrás del poder simbólico de YPF no sólo se destruye la habitabilidad de Argentina mediante la expansión del fracking sino también se designa ceo a quien proviene de la corporación estadounidense con especialización en esa tecnología petrolera (Schlumberger). Aún más, de modo secreto y en medio de fuerte represión,  se acuerda con Chevron volviendo las espaldas a Ecuador y por participación principal de Gils Carbó de Justicia Legítima y la Corte Suprema. La entrega y subordinación alcanza el  extremo de promulgar Ley de Hidrocarburos a medida de esa petrolera de EE.UU. Leer

 

De modo que es perentorio hacer un balance de más de una deKada para no visualizarla como futuro y cuestionar caracterizaciones de la presidencia de Mauricio Macri, desde derechas K e izquierdas, como "gobierno de los ricos" y "restauración del conservadurismo" en Argentina. Porque es seguir embaucándonos con la lectura maniquea que construyó e impulsó CFK apoyada por Carta Abierta y utilizando todo el poder del Estado, de la concentración mediática, del Partido Justicialista y de la institucionalidad científica, tecnológica, educativa para estigmatizar la rebelión popular en el 2001-20O2. Es negar la responsabilidad K que el 90% del electorado haya depositado su voto en tres candidatos de derecha y se haya llegado al balotaje entre representantes del Council of Americas y de la  "Asociación Empresaria Argentina -que junto con el gobierno de los EE.UU.- preparó el plan de operaciones económicas, políticas y la desaparición de más de 30 mil argentinos". Leer

 

Es situarnos en que  la acelerada acumulación oligopólica de riquezas y poder durante  más de una deKada continúa y  se profundiza con:

Caras y prontuarios del "Cambio"

Por ANRed

 

Más de una deKada ha consolidado tanto a la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales que todos ellos creen haber enterrado a la rebelión popular en el 2001-20O2  y es que los gobiernos K han hecho todo lo posible contra el empoderamiento de los diversos de abajo. Consideremos la batalla progresista de ideas mirando a convencer sobre el porvenir argentino  e internacional en el capitalismo neodesarrollista.

 

 

1) La proyección a Mauricio Macri de la psicología de Cristina Fernández de Kirchner como modo de descalificarlo. Quien imita este procedimiento de la derecha anti-K pero lo direcciona hacia el otro integrante de la centroderecha en que terminó la dicotomía de centroizquierda-centroderecha,  (impuesta por el kirchnerismo como única realidad existente y válida) es: "periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamericanos, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador página WEB de análisis internacional ANÁLISIS GLOCAL www.analisisglocal.cl Actualmente está escribiendo dos libros. Uno, sobre El pueblo Saharaui y su proceso de autodeterminación y otro sobre la lucha de pueblo palestino. Leer

 

Es toda una personalidad izquierdista  que describe nuestra situación con la superficialidad de valerse de la subjetividad propia a personas en ejercicio del  presidencialismo o de la patria contratista y financiera. Elude señalar el poder de transnacionales y transnacionalizados detrás de Scioli o de Macri para la gestión superadora de los actuales estancamiento de su acumulación y dificultades crecientes en la economía de conjunto. También soslaya estudiar qué desarrollo científico tecnológico y soberano hay tanto en las relaciones con China y Rusia como en las centrales nucleares.

 

 


Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamericanos, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador página WEB de análisis internacional ANÁLISIS GLOCAL www.analisisglocal.cl Actualmente está escribiendo dos libros. Uno, sobre El pueblo Saharaui y su proceso de autodeterminación y otro sobre la lucha de pueblo palestino.

 Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección: 
 http://www.telesurtv.net/staff/pleal. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. www.teleSURtv.net

Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamericanos, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador página WEB de análisis internacional ANÁLISIS GLOCAL www.analisisglocal.cl Actualmente está escribiendo dos libros. Uno, sobre El pueblo Saharaui y su proceso de autodeterminación y otro sobre la lucha de pueblo palestino.

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Macri: su megalomanía y el mundo
10 de diciembre de 2015

 

Por Pablo Jofré Leal (Rebelión)

 

El día 10 de diciembre asumirá la primera magistratura de la República Argentina, el representante de la derecha política y económica argentina, el empresario Mauricio Macri, quien derrotó al candidato oficialista Daniel Scioli.

El pasado 1 de diciembre, en los pastos del Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, el presidente electo argentino presentó al equipo ministerial que lo acompañará en los próximos cuatro años de gobierno. Sus palabras, al mostrar al mundo su primer gabinete signó la impronta que más se le critica a este empresario multimillonario, devenido hoy en presidente de Argentina: su megalomanía. Adjetivo que volvió a salir a la luz tras declarar que “éste es el mejor equipo posible que tiene Argentina en los últimos cincuenta años. Se trata de gente valiosa, argentinos comprometidos, con trayectoria y buenas intenciones”.

Se suele decir que las palabras crean realidad y en ello, efectuar esa declaración implica – a contrario sensu - desconocer la capacidad de todos aquellos gobiernos que lo antecedieron medio siglo antes, dar cuenta que la política de Estado antes de su triunfo era efectuada por gente sin méritos intelectuales, sin compromiso alguno con Argentina, con escasa trayectoria y lógicamente armados de las peores intenciones respecto al país. En conclusión, se lee en el palimpsesto macrista: nada de lo que se ha hecho en la Argentina en los últimos 50 años ha servido para algo, sólo yo y mi equipo, verdaderas joyas de la corona sacaremos a Argentina de su actual estado.

Megalomanía pues ha sido su marca empresarial, en su paso por el Club de Futbol Boca Junior y como Alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, el presentarse como el autor de obras fastuosas, que sólo surgen en virtud de la capacidad de emprendimiento y preparación del propio Macri y quienes lo acompañan, no importando si en ello se endeuda a las instituciones o a los gobiernos. Un Macri dotado de una elevada autoestima y cierta dosis de creencia en la infalibilidad de sus acciones, magnificación de la relevancia de sus actos y cierta omnipotencia pero también de yerros fenomenales como el no tener presente que el tema de Derechos Humanos sigue siendo una piedra de tope en el actuar de una derecha, que fue cómplice de la dictadura militar Argentina. Y, por tanto, editoriales como la publicada en la Nación el día 29 de noviembre , llamando a terminar con el juicio a militares violadores de los derechos humanos, le hacen un flaco favor a su representante en el Ejecutivo argentino.

Ese hombre y sus características personales considera que su gobierno será el de los mejores, de los más preparados, de los más probos recordando el mismo anuncio que años atrás entregó en Chile el ex Presidente derechista Sebastián Piñera – símil ideológico y personal de Macri - que habló del gobierno de los mejores y terminó envuelto en escándalos que hasta el día de hoy tienen sumergido al país en una crisis política e institucional, con relaciones ilegales entre el dinero y la política. Todo ello ampliado por los propios errores de un oficialismo representado por la coalición de la Nueva Mayoría, que lucró también de esa forma de hacer política que tanto daño le ha hecho a las democracias de corte representativa. La debilidad de los argumentos, que desconocen el trabajo anterior a un nuevo gobierno, es que al poco andar en la gestión del Estado –que no es lo mismo que una empresa privada– aquellos que no conocen el aparataje estatal, suelen frustrarse y comenzar una dinámica que va generando errores, confrontación y búsqueda de soluciones al margen del marco legal establecido.

En el plano de la política interna se visualiza una etapa de choques y fuerte oposición por parte del saliente Frente Para la Victoria de Cristina Fernández, el mundo sindical fuertemente opositor a las políticas neoliberales que pretende implementar Macri y sobre todo de un bloque parlamentario, que es mayoría opositor en el Senado y primera minoría en la Cámara de Diputados, lo que irá empujando al Presidente electo a tener que negociar cada proyecto de envergadura. Esto augura enormes dificultades, pues está claro que se le devolverá la mano a un bloque hoy en el gobierno y que en su etapa opositora le negó la misma sal y la misma agua que hoy le negarán de la vereda de enfrente.

 

Argentina y el mundo

 

En el ámbito de las relaciones internacionales, el panorama se presenta igual de brumoso. Esto, porque Macri a pesar de manifestar su deseo seguir la senda de relaciones regionales cercanas con gran parte de los países, ya ha anunciado la revisión de algunos vínculos que se tiene con países opuestos a su matriz ideológica. En especial con la República Bolivariana de Venezuela, con cuyo gobierno las diferencias ideológicas, políticas y económicas son insoslayables. El mandatario electo argentino ha propuesto invocar la cláusula democrática del Mercosur, para expulsar a Venezuela del ente regional, bajo el alegato de que el Gobierno de Nicolás Maduro persigue a la oposición. Idea que se une al apoyo que Macri ha dado al encarcelado líder opositor derechista venezolano Leopoldo López, condenado por la justicia de ese país a 13 años de cárcel por incitar a la violencia en las marchas de febrero del año 2014 que generaron la muerte de 48 personas. Tarea de confrontación que puede verse favorecida ante el triunfo opositor al gobierno venezolano y que significará un duro varapalo para los próximos 4 años de administración del presidente Nicolás Maduro.

Brasil ante esta idea antichavista de Macri se opuso tajantemente. La mandataria del gigante sudamericano, Dilma Rousseff señaló que "La cláusula democrática ya existe en el Mercosur, pero requiere de hechos determinados. El recurso, según el cual, se autoriza la exclusión momentánea de un miembro del Mercosur en caso de alteración del orden democrático no puede ser usado en base a hipótesis, tiene que tener hechos calificados". Esto, recordando el uso que se hizo de este instrumento el año 2012 para excluir temporalmente a Paraguay, luego que la Cámara Alta de ese país destituyera el presidente Fernando Lugo, elegido democráticamente. Por su parte, países como Bolivia, Uruguay y Ecuador, han señalado su rechazo a la idea de Macri respecto a Venezuela considerándolo una clara intromisión en los asuntos internos del país sudamericano, sobre todo porque no existe lo que se llama una “ruptura institucional que avale una decisión de ese tipo”.

El presidente electo argentino, que asumirá el sillón presidencial el próximo 10 de diciembre, manifestó su deseo de "afianzar las relaciones con nuestros hermanos latinoamericanos". Sin embargo, se suman las críticas respecto a considerar que el triunfo de Cambiemos –la alianza de Macri– sobre el candidato del oficialista Frente para la Victoria (FPV), Daniel Scioli, es claramente un riesgo y una amenaza a las relaciones internacionales de Argentina. Incluso se habla de una estrategia consensuada con Washington y el bloque de países cercanos a la administración estadounidense, para fraccionar y en último término quebrar la unidad lograda en el trabajo de gobiernos progresistas de la zona, que se han opuesto a la visión dominante, principalmente en el plano político y económico de Washington y sus aliados en la zona –entre ellos México, Colombia, Perú y Chile–.

Uno de los primeros gobernantes que tomó la palabra y expresó la manera en que enfocará las relaciones con el nuevo gobierno argentino fue Evo Morales Ayma. El mandatario altiplánico afirmó que “Reconocemos que Macri ha ganado las elecciones, respetamos y vamos a respetar, y vamos a participar en la toma de posesión de su cargo. Somos vecinos, Argentina es un país hermano y al margen de diferencias ideológicas y programáticas tenemos la obligación de trabajar en forma conjunta por nuestros pueblos”.

Si bien es cierto Evo Morales ha expresado sus buenos y formales deseos, es probable que las fructíferas relaciones comerciales entre ambos gobiernos comiencen a chocar en materias relacionadas con el gas, que desde la crisis energética argentina del año 2004, han significado dotar a esas relaciones comerciales de precios especiales y el incremento de exportaciones desde Bolivia por un total de 7 millones de metros cúbicos –el año 2004- a 30 millones de metros cúbicos diarios en la actualidad. No hay duda que la afinidad de Evo con el fallecido presidente Néstor Kirchner y con Cristina Fernández están muy lejos de las que podrá tener con Macri.

En el mes de noviembre del 2015 la presidenta Cristina Fernández firmó una serie de acuerdos, en el marco de la Cumbre del G-20 celebrada en Turquía, con la República Popular China. El más importante de ellos se vincula al proyecto de construir centrales nucleares que doten al país de una alternativa frente al uso de los combustibles fósiles. Este acuerdo con los chinos se une al que Fernández suscribió con el Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, un convenio dentro del marco de una “asociación estratégica integral ruso-argentina” para construir una central nuclear en suelo argentino destinada a enriquecer uranio. Estos compromisos, según lo declaró el mandatario electo, Mauricio Macri serán revisados pero sin ahondar mayormente en ello.

Palabras que generaron la inmediata crítica de la mandataria saliente, Cristina Fernández quien afirma que “como gobierno hemos luchado para que la ciencia y la tecnología sean pilares. Pero también aplicada a las empresas para que produzcan más y mejorar: Sin soberanía ni autonomía nacional no hay nada. Doy fe que la energía nuclear que produce Argentina no va a bombas que destruyen poblaciones, van a energía y medicina nuclear”. Respecto a Rusia y China, en un plano concreto y que de luces claras hacia donde se avanza, el macrismo aún no se pronuncia. Sobre todo, por los fuertes lazos que se establecieron con los gobiernos kirchneristas. No se vislumbra algún rompimiento de esos acuerdos, al menos hasta que Washington comience a exigir otro curso que no necesariamente podrían ser compartidos por un pragmático empresario como es Macri, devenido hoy en mandatario de la tercera economía Latinoamérica. (...)

Artículo del autor cedido por Hispantv

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206643

 

 

2)  La persistencia en el análisis subjetivo encubre que el capitalismo -neodesarrollista o neoliberal- se desarrolla optimizando la explotación tanto de la naturaleza como de los trabajadores del mundo y de los pueblos de países periféricos.

"Una tesis que subyace a los argumentos que circulan hoy en Argentina a favor del voto “al mal menor”, dice que las mejoras (caída de la pobreza, desarrollo humano, y similares) se deben a las políticas de gobernantes particularmente sensibles a las necesidades de los trabajadores y de las masas populares. O sea, según este enfoque, habría gobiernos que, si bien capitalistas, serían, por naturaleza, concesivos; de ahí las “Gracias” que las masas populares deberían darles. Así, se instala un puente ideológico hacia la conciliación de clases y la subordinación política del trabajo al capital. En el extremo, y siguiendo esta lógica, habría que caracterizar entonces como “progresistas” a los actuales gobiernos de Paraguay o Colombia, donde la pobreza bajó más que en el promedio de América Latina (y siempre se podrá encontrar algún punto de comparación favorable para lo que se quiere favorecer)".

 

 

 

Pobreza, desarrollo humano y análisis materialista
15 de noviembre de 2015

 

Por Rolando Astarita

En una nota anterior (aquí) planteé que el índice de pobreza hoy en Argentina está a niveles similares a los del final del gobierno de Menem. José Nun, ex subsecretario de Cultura de la Nación de Néstor y Cristina Kirchner entre 2004 y 2009, también lo dijo: “La pobreza es similar a la que precedió a la crisis de 2001”. Naturalmente, la afirmación cayó mal entre defensores del voto “al mal menor frente al neoliberalismo conservador”.

A fin de que haya más elementos de juicio, presento ahora otras dos series de datos. La primera se refiere a la evolución de la pobreza en América Latina. Muestra que la caída de los niveles de pobreza, en los 2000, ha sido general:

Pobreza: 1980: 40,5%; 1990: 48,4%; 2002: 43,9%, 2011: 29,6%; 2014: 28%.
Pobreza extrema o indigencia: 1980: 18,6%; 1990: 22,6%; 2002: 19,3%; 2011: 11,6%; 2014: 12%. (http://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/51779-Grafico-ESP.pdf yhttp://blogs.elpais.com/contrapuntos/2015/03/pobreza-y-desigualdad-en-america-latina-1980-2014.html).

Precisemos que entre 2011 y 2013 los tres países donde más bajó la pobreza fueron Paraguay, del 49,6% al 40,7%; El Salvador, del 45,3% al 40,9%; y Colombia del 32,9% al 30,7%.

La otra serie de datos se refiere al Índice de Desarrollo Humano, que elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En una nota del 2011 ya me referí al disgusto que había provocado en el gobierno K el informe de aquel año (aquí). Por eso los medios oficialistas hicieron lo posible por silenciarlo; aunque los medios opositores tampoco lo destacaron. El IDH resume los datos sobre esperanza de vida, matriculación escolar e ingreso en un solo indicador compuesto. Se pueden hacer muchas críticas a este índice -que se inspira en la obra de Amartya Sen- pero de todas maneras es preferible a la forma tradicional de medir la pobreza, que solo considera el ingreso. La idea detrás del IDH es tomar en cuenta las condiciones de vida y las capacidades de funcionar (tener educación, salud, etc.) de las personas, dado su ingreso.

Actualizamos los datos con el Informe de 2014. En 2011 Argentina ocupaba el puesto 46; en 2014 el 49. Comparamos la evolución del IDH de Argentina en los 2000 con las décadas de 1980 y 1990; y con respecto al resto de América Latina. Los datos son:

IDH Argentina 1980: 0,665; 1990: 0,694; 2000: 0,753; 2005: 0,758; 2010: 0,799;  2013: 0,808. Promedio de crecimiento anual: 1980-1990: 0,43; 1990-2000: 0,81; 2000-2013: 0,55.

IDH América Latina: 1980: 0,579; 1990: 0,627; 2000: 0,683; 2005: 0,705; 2010: 0,734; 2013: 0,740. Promedio de crecimiento anual: 1980-1990: 0,79; 1990-2000: 0,87; 2000-2013: 0,62 (“Informe sobre Desarrollo Humano 2014”, PNUD, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-es.pdf).

Se observa entonces que el promedio anual de mejora, para Argentina, fue superior en los años 1990 que en el período 2000-2013. Pero en 2001-2002 hubo una fuerte caída, debido a la crisis. Por lo tanto dividimos el período. A partir de 2005, año en que se recupera el nivel anterior a la crisis, y hasta 2010, hay un elevado promedio anual de suba: 1,08% (contra un promedio en América Latina también alto, aunque menor: 0,82%). Sin embargo, entre 2010 y 2013 el promedio de Argentina baja al 0,34% (en consonancia con el resto del continente, que tuvo un promedio de 0,27%). Obsérvese que el promedio anual, en Argentina, entre 2005 y 2010 es superior al de los 1990 (0,81%), pero entre 2010 y 2013 es considerablemente inferior.

 

Algunas conclusiones

 

Una tesis que subyace a los argumentos que circulan hoy en Argentina a favor del voto “al mal menor”, dice que las mejoras (caída de la pobreza, desarrollo humano, y similares) se deben a las políticas de gobernantes particularmente sensibles a las necesidades de los trabajadores y de las masas populares. O sea, según este enfoque, habría gobiernos que, si bien capitalistas, serían, por naturaleza, concesivos; de ahí las “Gracias” que las masas populares deberían darles. Así, se instala un puente ideológico hacia la conciliación de clases y la subordinación política del trabajo al capital. En el extremo, y siguiendo esta lógica, habría que caracterizar entonces como “progresistas” a los actuales gobiernos de Paraguay o Colombia, donde la pobreza bajó más que en el promedio de América Latina (y siempre se podrá encontrar algún punto de comparación favorable para lo que se quiere favorecer).

 

Pero la historia del “gracias presidenta” (o presidente) no se sostiene a la luz de los datos presentados. Es que la evolución de los índices de pobreza, u otros indicadores sociales, parece responder a fenómenos mucho más objetivos que lo que pretende la tesis de marras. En primer lugar, porque esa evolución está condicionada por el ciclo económico. Por eso también, los resultados de la lucha de clases deben explicarse en el marco de la dinámica capitalista. Por ejemplo, durante la depresión económica que sufrió Argentina en 2001-2002, la lucha social puso límites a la caída del ingreso –por caso, obligando al gobierno a otorgar subsidios y planes sociales- pero no pudo impedirla, ni menos revertirla. De la misma manera, la mejora de los indicadores en toda América Latina, desde los primeros años 2000, tuvo como base la fase alcista del ciclo (y la mejora de los términos de intercambio para casi todo el subcontinente).

 

Además, y en una perspectiva de más largo plazo, incide el desarrollo de las fuerzas productivas, variable que se expresa en el “componente histórico y social”, y “moral”, (Marx) del salario. Es que determinados niveles de explotación, que en una época son socialmente “aceptables”, con el desarrollo de las fuerzas productivas pasan a ser cuestionados incluso por la opinión pública burguesa. Y también las necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo (por ejemplo, en materia de educación y salud) imponen las reformas. Así, es una necesidad del capital disponer, por caso, de mano de obra con ciertos niveles actualizados de calificación, acordes con los desarrollos tecnológicos. A lo que se agrega la preocupación de los propietarios de los medios de producción, y de los funcionarios del Estado, por aquietar tensiones y protestas sociales. Por eso, las mejoras del IDH en los 1990, en Argentina, no se explican por alguna particular sensibilidad del menemismo hacia las necesidades populares. Y no hay razón para variar este criterio a la hora de juzgar los años 2000 (aunque esto moleste al relato nac & pop que se quiere instalar a toda costa desde el oficialismo y muchos medios académicos).

En definitiva, la explicación en términos de valor de la fuerza de trabajo, y conflicto de clases, ubica la distribución del ingreso en la problemática de la explotación, y no de los agradecimientos de los explotados a los explotadores. Es imprescindible tener un enfoque materialista de las tendencias de largo plazo del capitalismo, a fin de no caer en análisis subjetivos –y por ende arbitrarios- que son la base de las políticas de conciliación de clases. Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2015/11/15/pobreza-desarrollo-humano-y-analisis-materialista

 

3) La práctica del ocultamiento y la desinformación sobre cómo el gobierno CFK descapitalizó el país para garantizar el gran negocio a los bancos, fondos de inversión y grandes empresas mediante bicicleta financiera.

 

 

Preguntas para el K-progresismo
18 de noviembre de 2015

Por Rolando Astarita

Durante años el progresismo nac & pop, en prácticamente todas sus variantes, insistió en que uno de los rasgos distintivos del kirchnerismo era que había suplantado un modelo que beneficiaba la acumulación financiera, por otro que se centraba en la producción. En los primeros años la idea iba acompañada del elogio de los superávits gemelos, esto es, fiscal y de cuenta corriente.

Pues bien, ¿en qué se diferencia lo que está haciendo hoy el Ministerio de Economía con las clásicas políticas de la “derecha funcional a los negocios del capital financiero”? Más precisamente, ¿en qué se diferencia una política de atraso cambiario para frenar la inflación, alto déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, altas tasas de interés y masivo endeudamiento del Banco Central (Lebac, ventas de futuros a bajo precio) para gran negocio de los bancos, fondos de inversión y grandes empresas, de las políticas acostumbradas de cualquier gobierno asociado a la “patria financiera”?

Algunos datos para ayudar al K-progresismo a responder: el stock de Lebac del Central es de 324.500 millones de pesos (10/11). El costo medio por intereses de este stock es de aproximadamente 30% (varía entre 29 y 31, según los plazos). Esto significa que el Central está pagando unos 100.000 millones de pesos anuales por intereses. Para tener un punto de comparación, la Asignación Universal por Hijo implica una erogación anual de 36.000 millones de pesos.

 

Destaquemos que las tasas que pagan las Lebac han sido la referencia y el piso para los títulos que emiten las empresas, ya que es un rendimiento libre de riesgo. Por eso compran Lebac no sólo bancos, sino también fondos de inversión, aseguradoras y empresas. Según un testimonio que recoge El Cronista Comercial, la mayoría de los fondos tienen el 40% de su patrimonio en Lebac, que es el máximo permitido. Señalo que la cuestión de la fácil ganancia que se propicia a bancos y demás integrantes del sistema financiero, la he señalado ya hace años (aquí).

Además, el Gobierno emitió títulos en pesos Bonac, que pagan una tasa que depende de la Lebac (casi 30% anual, ¿la inflación no es del 14% anual?) por 47.350 millones de pesos. Recordemos también que Economía no ha dejado de pagar altísimas tasas en dólares para tomar deuda. Un caso ilustrativo fue la colocación del Bonar 2024, realizada en 2014. Con el Bonar consiguió 3550 millones de dólares, pagando el 8,75% anual (el bono se emitió como parte de la indemnización a Repsol por la expropiación de YPF).

 

Pregunta: ¿qué tiene que ver este nivel de tasas con el keynesianismo? ¿Podrían los economistas K, que tanto hablan de Keynes, explicarnos cómo encajan estas tasas con Keynes? La respuesta, simple, es que no encajan. Tampoco encajan con nada que tenga que ver con la noción de acumulación productiva, central en el pensamiento de los clásicos, o en Marx. Sin embargo, esto se oculta.

 

Otro ejemplo de bicicleta sucede con el bono dollar linked, Bonad; se emitió por 10.652 millones de pesos. Es un bono cuyo valor nominal es en dólares, pero se paga en pesos al tipo de cambio oficial, con vencimiento a un año y medio; rinde 0,75% anual. El precio de corte de la colocación de agosto fue 106 dólares por cada 100 dólares de valor nominal del bono. O sea, el que paga 106 dólares cobrará, en pesos 101,5 dólares a lo largo de la duración del bono. Lo que justifica esa tasa negativa es que juega con la expectativa de devaluación. El Cronista Comercial informa de la siguiente operación: fondos externos venden bonos en dólares a cambio de pesos para comprar Bonad, ya que reciben $14 por dólar vía contado con liquidación y compran dollar-linked a $9,35 por dólar. ¿Esto no es bicicleta?

 

También está el negocio con los futuros del dólar. El Central tendría contratos vendidos por un más de 16.000 millones de dólares. Esto significa que los que compraron futuros (bancos, grandes empresas e inversores) se aseguraron un precio del dólar de 10,56 pesos a febrero, o 10,82 a marzo (cuando en Nueva York febrero hoy opera a 15,75 pesos). En otras palabras, un “seguro cambiario” para grandes capitales. Para vincularlo con lo anterior: un inversor coloca pesos a tasas de 30% anual y compra futuros para cubrirse. ¿No es otro negocio redondo de bicicleta financiera? Además, ¿acaso el Estado no es partícipe necesario de la misma?

 

En definitiva, queda planteada la pregunta para los que quieren armar “un mundo de diferencia” entre los dos candidatos del ballotaje: ¿en qué se diferencia lo que hace hoy Economía, de lo que típicamente hizo la típica “derecha aliada al capital financiero”? Ya he formulado en otras ocasiones la pregunta, pero nadie contesta. Ahora la vuelvo a realizar. ¿O será que no se quiere responder porque se es consciente de que la respuesta lleva al indecible “ajuste” que aplicaría Scioli, tanto como Macri?

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2015/11/18/preguntas-para-el-k-progresismo/#more-6088

En consecuencia, la construcción K de consenso desarrollista ha tenido éxito al punto que hasta economistas izquierdistas ratifican como verdad a la falsedad del des-endeudamiento del país gracias a la gestión K. Ante todo menosprecian qué significó la imposición a los pueblos de Argentina de la condición de pagadores seriales: "el desfinanciamiento del Sistema Previsional (ANSES), el uso del Banco Nación (BNA)  para derivar créditos del Sector Productivo al Sector Público y el  empapelamiento generalizado de los organismos del Estado con títulos públicos para sostener con todo ello la política de pagos de la Deuda Pública". No perciben la criminalidad de lesa humanidad del gobierno K  por garantizar no sólo a los dueños de la globalización financiera el fabuloso sistema de negocios que es perpetuar la deuda del Estado sino también a las transnacionales y sus socios locales la expansión del extractivismo. Sobre lo primero veamos:

 

Deuda pública y presupuesto 2016
26 de septiembre de 2015

Por Héctor Giuliano

En síntesis, un proyecto de presupuesto prácticamente irrestricto o cuasi-ilimitado en materia de nueva deuda pública, que deja así preparado otra vez el terreno de ampliación de la nueva ola de macro-endeudamiento público que ya ha comenzado bajo la administración Kirchner. 
Éste es el programa concreto que el gobierno K deja abierto al presidente electo que lo suceda y ello explica también la coincidencia de fondo de los tres candidatos en danza – con sus respectivos equipos económicos – en torno a que toda decisión importante de sus gestiones sea siempre la misma: más Deuda.

La clave para entender esta complicidad en el proceso de re-endeudamiento y toma de nueva deuda reside en comprender el verdadero rol cumplido por la deuda intra-Estado, que el actual gobierno llevó a cabo durante la denominada “década ganada” a través de su política de pago de deuda externa con reservas internacionales – hasta vaciar de reservas propias al BCRA - y del empapelamiento con títulos impagables a los organismos oficiales, disfrazándolo con el mito del Des-endeudamiento.

El gran engaño a la opinión pública y su destinatario concreto, que es el Pueblo Argentino, consiste en que todos parten de la base que como más del 60 % de la Deuda es deuda intra-Estado, esa deuda no se pagará nunca y, consecuentemente, la Argentina podría acceder al mercado internacional de capitales para volver a endeudarse.

 

Producido así - bajo la gestión del gobierno Kirchner – la descapitalización del Banco Central (BCRA), el desfinanciamiento del Sistema Previsional (ANSES), el uso del Banco Nación (BNA)  para derivar créditos del Sector Productivo al Sector Público y el citado empapelamiento generalizado de los organismos del Estado con títulos públicos para sostener con todo ello la política de pagos de la Deuda Pública con terceros (Acreedores privados y Organismos Financieros Internacionales) se cuenta entonces con que el camino quede allanado para volver a tomar Deuda Externa en gran escala.

La deuda intra-Estado habría cumplido, de este modo, el rol de “préstamo-puente” interno para descargar la mayor parte de la deuda con terceros a costa de pasarle el fardo de la gran deuda impagable al propio Estado deudor – sin capacidad de repago – para que el país retorne al mercado externo de deuda conforme los objetivos planteados en el Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 y la Hoja de Ruta Boudou de 2008.

En este contexto la administración Kirchner - a través de su manejo de la deuda pública durante la “década ganada” - habría prestado, en las postrimerías de su gestión, uno de los más grandes servicios funcionales a los intereses de la banca internacional en el marco del sistema de endeudamiento perpetuo del Estado Argentino.

Fuente: http://www.aldorso.com.ar/03-OCT-15_Giuliano.html

 

 

Veamos porqué son falsas la antinomia del neodesarrollismo con el neoliberalismo y la caracterización de surgimiento hoy del "gobierno de los ricos" y "restauración conservadora" sin centrarse en el desarrollo del capitalismo mundializado en Nuestra América.

 

Aumentos de precios y vía libre al endeudamiento
11 de diciembre de 2015

 

Así comienza la gestión el nuevo gobierno de Cambiemos que acaba de asumir. El flamante presidente Mauricio Macri llega al sillón de Rivadavia con una escalada de precios y con el camino allanado para el endeudamiento externo.

 

Por Red Eco Alternativo.

(Red Eco) Argentina - Inflación y endeudamiento constituyen parte del escenario cierto para la nueva gestión que asumió este jueves la presidencia de la Nación. 

Ninguno de los dos elementos conforman una novedad sino que se fueron gestando durante el gobierno kirchnerista más allá de que ambos fueron sistemáticamente ocultados o negados. Desendeudamiento e inflación irreales son dos componentes de una gestión que finalizó luego de casi 13 años de gobierno y que terminó con una escalada de precios.

El economista Julio Gambina y Héctor Polino, integrante de Consumidores Libres, dieron su opinión sobre este tema en entrevistas realizadas por el programa Los Locos de Buenos Aires. 
 

“El gobierno de Cristina Fernández terminó su mandato con aumento de precios y obviamente culpando a los anuncios del gobierno entrante de Mauricio Macri, aunque aún era el kirchnerismo quien estaba en funciones y la realidad es que no podía disciplinar a los fijadores de precios. Inclusive una parte del aumento de precios está asociado al aumento de los combustibles y éste lo disparó YPF, una empresa privada de gestión estatal”, comentó el presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP), Julio Gambina.


El aumento del combustible - recordó Gambina - había sido acordado con el Ministerio de Economía y las autoridades a principios de 2015, “se sabía que iba a aumentar, es más, aumentaron ahora porque esperaron que pasaran las elecciones. Estaba previsto aumentar los combustibles antes del 22 de noviembre (balotaje), pero con toda la intención de disputar votos se planteó que el aumento se aplicara después de esa fecha”.
El aumento de los combustibles siempre termina impactando sobre los precios a los cuales se traslada. Por lo tanto, una parte importante de los recientes incrementos tiene su explicación con la suba de los combustibles por disposición de la empresa de gestión estatal. 
La situación queda muy complicada sobre todo para los sectores de menores ingresos que son los principales afectados por esta escalada de precios.
Así lo confirmó Héctor Polino, director de Consumidores Libres, entidad que realiza desde hace 20 años, en forma quincenal, mediciones de precios de artículos que componen la canasta básica de alimentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La última medición de fines de noviembre arrojó aumentos similares a los que se venían produciendo durante el año. “La canasta de 38 artículos subió 1,95 % y el acumulado desde principios de año dio un incremento del 20,82 %”, comentó Polino. Sin embargo, a principios de diciembre, en tres días, se produjo una estampida sobre todo en los artículos de la canasta básica de alimentos, aumentos sobre los incrementos que ya se venían generando normalmente.
“Estos últimos son absolutamente injustificados, no hay ninguna razón que los explique, solamente los anuncios que hicieron algunos futuros funcionarios (hoy ya en funciones) de que va a haber una devaluación del peso en relación al dólar”.
 

Sobre estas especulaciones, Polino manifestó la necesidad de ver qué artículos son importados. “Aumentar los precios de los artículos cuya materia prima, tanto agropecuaria como industrial, es argentina, los salarios son argentinos, impuestos argentinos, es un absurdo querer referenciarlos al valor del dólar. Y si alguno tiene componente importado hay que determinar en qué proporción incide ese componente en la estructura del costo. Tratar de aumentar todos los productos porque va a haber una devaluación del peso es una actitud claramente especulativa, antisocial, que demuestra que los buitres no están solo fuera del país sino también adentro”, afirmó.


Ambos entrevistados coincidieron en que el gobierno saliente tuvo la legitimidad necesaria para parar esta estampida hasta entregar su mandato pero no lo hizo. “El gobierno tenía diversos instrumentos, en primer lugar la Ley de Defensa del Consumidor que establece sanciones de multa hasta la clausura del establecimiento. Debió haberse creado hace tiempo el Observatorio de Precios, que es una ley que se aprobó en 2014 sobre la base de un proyecto del propio Poder Ejecutivo, constituido por funcionarios de distintas aéreas económicas del gobierno nacional, con representantes de las entidades de defensa de los consumidores para observar la evolución de los precios desde la materia prima hasta el producto que llega al consumidor y determina en qué eslabón de la cadena se produce un aumento injustificado del precio y el Estado actuar rápidamente sobre ese eslabón. Pasó un año y no se hizo nada de esto”, recordó Polino.
Los aumentos ya están y muchos afirman que nada asegura que cuando el gobierno actual precise sus medidas económicas, que son hasta ahora enunciados generales, no vuelvan a aumentar.

 

 “Estas remarcaciones perjudican a los sectores de clase media, de clase media baja, a los trabajadores que viven de ingreso fijo y que deberán esperar hasta agosto o setiembre del año próximo en que finalicen las convenciones colectivas de trabajo, a los jubilados que perciben el haber mínimo (un 70%) y que recién en marzo se realizará un nuevo reajuste de sus jubilaciones. O sea que van a poder comprar menos y esto puede afectar el empleo en especial los que hacen horas extras, y esto puede conducirnos a un proceso claramente recesivo”, describió Héctor Polino, trazando una secuencia ya conocida en los ciclos económicos de nuestro país. 
Otra de las cuestiones que tiene definido el nuevo gobierno de Cambiemos es el tema del endeudamiento. “Es verdad que hay menor deuda externa pero no menos deuda pública. Y esa va a ser la gran excusa del gobierno de Macri, decir que como estamos con baja deuda externa, entonces vamos a endeudarnos.

Argentina está en excelentes condiciones para que el gobierno de Macri endeude a nuestro país y no tengan duda que lo va a hacer”, aseguró Gambina. 
Como dato que contribuye a tener certeza sobre el camino nunca abandonado del endeudamiento, el titular de FISyP recordó que María Eugenia Vidal (quien acaba de asumir como gobernadora de la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, la alianza encabezada por Mauricio Macri) dijo que la caja que le entregó el gobierno de Daniel Scioli (FPV) está en cero pero aseguró que pagarán los sueldos y el aguinaldo de todos los empleados públicos con dinero que le pedirá a la Nación. “En el marco del actual déficit fiscal que tiene el gobierno nacional, sólo podrá resolverlo tomando deuda pública”, afirmó.
 

Sólo pensando en el corto plazo, Gambina recordó que en 2016 vence el bono que suscribió el Tesoro argentino con el Banco Central cuando Néstor Kirchner le pagó 1500 millones de dólares en 2006 y le firmó un pagaré a 10 años: “Al vencimiento lo más probable es que el gobierno renueve esa deuda y a lo mejor pague los intereses o los incluya en la renovación como parte del capital”.
 

Otro dato importante que trajo Gambina durante la entrevista es el de las reservas del Banco Central. Cuando Cristina Fernández asumió su segundo mandato, había 50 mil millones de reservas internacionales y hoy son la mitad (aunque gran parte son títulos públicos y encajes del sistema financiero) “porque se han utilizado esos recursos para pagar deuda y para fugar capitales de manera legal: remesas de utilidades al exterior y mecanismos especulativos como el contado con liquidación (que son inversiones que se hacen en pesos comprando en Argentina bonos dolarizados que luego se venden en dólares en el exterior y esa plata no vuelve a nuestro país). En Argentina se han ido 26.000 millones de dólares en estos cuatro años. Hubo un favorecimiento a quienes pudieron sacar los dólares de Argentina en forma muy impresionante”, dijo.
 

Gambina recordó además que el gobierno kirchnerista fue el que más deuda pagó. Cristina Fernández dio en diferentes momentos tres cifras distintas de todo lo que se había pagado. Habló de 192 mil millones de dólares, de 173 mil y de 146 mil. “Cualquiera de las tres cifras es una inmensidad, es más de lo que debía Argentina al momento de cesación de pagos en 2001, momento en el que debía 141 mil millones de dólares. Aunque se tome cualquiera de las tres, el país pagó 146, o 173, o 192 y está debiendo 230 mil millones de dólares de deuda pública”, manifestó quien integra la Asamblea por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes.


“La deuda es un terrible condicionante de la política económica en Argentina y el gobierno de Macri lo primero que va a decir es que reciben el paquete del juicio de Griesa, que tiene sentencia en firme. Recordemos que el gobierno de Cristina Fernández jamás dijo que no lo iba a pagar sino que quería buscar condiciones de negociación de cómo pagar. Macri va a entrar en esas negociaciones lo que supone el camino a un mayor nivel de endeudamiento”, aseguró.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11193

 

Sobre el extractivismo exportador consideremos la siguiente disputa por territorios; es decir por: modos de vida, de enfoque socioambiental o ecológico-económico, de trabajo, de producción, de praxis intelectual, de convivencia social, de salud y de educación.

 

 

Argentina: Nuevos transgénicos “nacionales”.

Las resistencias se multiplican

GRAIN | 01 diciembre 2015 | A contrapelo

 

Durante los últimos 20 años Argentina ha sido la plataforma por donde los transgénicos se introdujeron y expandieron en el Cono Sur. Para entender el rol que este país tuvo en el avance más espectacular que un cultivo haya tenido desde el nacimiento de la agricultura industrial, es indispensable remitirse a la introducción, rápida y casi simultánea de la soja RR (Round up Ready, tolerante al herbicida Round-up de Monsanto) en Argentina como cabecera para la invasión ilegal de Brasil y Paraguay, en el año 96, junto con EUA. La combinación de la falta de debate público, normas hechas a la medida de las corporaciones con ningún sustento jurídico y sobre todo el sometimiento del Estado a los intereses corporativos permitió que en menos de dos décadas el cultivo de la soja RR se expandiera de la nada a más de 46 millones de hectáreas en los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Ya nos hemos referido ampliamente a los impactos socioambientales de esta expansióni en lo que hace a destrucción de la biodiversidad, contaminación, concentración de la tierra, desplazamiento de campesinos, destrucción de economías regionales y avance del poder corporativo. Ahora queremos presentar el panorama del último año en el que se han producido importantes novedades que por un lado demuestran cómo Argentina sigue siendo un bastión global para la introducción e imposición de los transgénicos al mismo tiempo que las resistencias y cuestionamientos crecen convirtiéndose también en un espejo donde el mundo comienza a mirarse.

Por un lado desde el Estado argentino se anuncia con bombos y platillos la introducción de nuevos transgénicos que, aparentemente, se diferencian de los existentes al presente por tres motivos: introducen modificaciones genéticas que no significan resistencia a herbicidas o producción de la toxina Bt; en algunos casos prometen mejoras en los rendimientos de la producción y finalmente no son desarrollados por corporaciones si no por universidades e institutos de investigación públicos. Sin embargo se trata de máscaras para seguir imponiendo el mismo modelo de agronegocios.

Por otro lado los cuestionamientos y las resistencias desde los más diversos sectores se multiplican día a día y todo parece demostrar que el modelo de agricultura transgénica va mostrando sus fisuras y debilidades y no resulta tan “intocable” como parecía.

 

Nuevas amenazas

¿El modelo ha fracasado? ¡Qué viva el modelo!

El surgimiento de malezas resistentes que ya había asumido Monsanto en el 2007 a través de su vicepresidente Robert Fraleyii es ahora una realidad que como en ese entonces lo anticipábamos se quiere resolver introduciendo nuevos transgénicos resistentes a otros herbicidas.

El caso más dramático es la aprobación en el mes de abril del presente año de una soja con genes apilados resistente a tres herbicidas: glifosato, glufosinato de amonio y 2,4 D de la empresa Dow AgroSciences. Esta soja abre las puertas para que se multiplique el uso de herbicidas e introduce la amenaza de la ampliación del uso del 2,4 D, un herbicida ampliamente cuestionado por sus efectos tóxicos y tristemente célebre por ser parte del Agente Naranja que Estados Unidos utilizó como defoliante en la guerra de Vietnam.

Ya en nuestro documento “Soja 2,4-D: guerra a los campesinos”iii alertábamos sobre las implicancias de la aprobación de esta nueva soja y manifestábamos que “Estos nuevos transgénicos significarán la aplicación de millones de litros de herbicidas aún más tóxicos que el glifosato que confirman la existencia de una guerra contra los campesinos y campesinas que aún resisten en sus territorios el avance del agronegocio. Pero esta vez la escala de la agresión parece crecer a límites insospechados”. Ahora la soja 2,4-D está aprobada y lista para avanzar en la contaminación de los territorios (a la espera de que China acepte su comercialización como único requisito faltante).

 

Nuevos transgénicos “nacionales”

Pero Argentina no se ha contentado con autorizar todos los transgénicos que las grandes corporaciones biotecnológicas han presentado (ya van más de 30 aprobados desde 1996; aunque todos se reducen a soja, maíz o algodón resistentes a herbicidas o productores de la toxina Bt). Ahora se ha propuesto desarrollar sus propios transgénicos supuestamente “independientes” de los poderes corporativos.

Así es que el 6 de octubre del año 2015 se aprobaron dos nuevos transgénicos y existen fuertes presiones para la aprobación de una caña de azúcar genéticamente modificada resistente al glifosato.

Veamos de que se tratan los nuevos OGM autorizados:

1. Soja resistente a la sequía

Esta soja fue desarrollada por la Universidad Nacional del Litoral por el equipo de la doctora Raquel Chan y patrocinada por el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Esta soja incorpora un gen del girasol relacionado con la respuesta natural de la planta a condiciones de estrés abiótico tales como sequía y salinidad.

La patente de esta soja es propiedad conjunta del Estado Argentino a través de la titularidad del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), quienes licenciaron su uso y explotación a la empresa argentina Bioceres por 20 años. Al mismo tiempo Gustavo Grobocopatel, el “Rey de la soja” argentino, es uno de los propietarios de Bioceres. Pero la verdadera comercialización de esta soja se da a través del acuerdo de Bioceres con la empresa biotecnológica estadounidense Arcadia con la que constituyeron una firma conjunta llamada Verdeca para el desarrollo, la desregulación y comercialización internacional de variedades transgénicos de soja, el primero de los cuales será esta soja resistente a la sequía.

La supuesta independencia de las grandes corporaciones del agronegocio no es tal y el control final del producto queda siempre en manos de grandes corporaciones. Un ejemplo bien concreto de ello es el acuerdo que la misma Arcadia tiene con Monsanto para cederle el uso de la “Tecnología para el uso eficiente de nitrógeno en canola”iv a cambio del cobro de regalías.

La Renace (Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina)vi realizó una síntesis de las consecuencias de la introducción de esta soja: Este descubrimiento transgénico nos hará cada vez más dependientes de los mercados globales, la frontera agropecuaria se extenderá aún más, arrollando montes y selvas, expulsando pueblos originarios, pequeños productores y cuanto encuentre a su paso. Sojas y maíces resistentes a la sequía se transformarán en agrocombustibles que alimentarán el consumismo del primer mundo y el de las clases altas de los mal llamados “países emergentes”. El gen contra la sequía se insertará en unos pocos cultivos patentados aumentando así la pérdida de biodiversidad y bajando la calidad y variedad de los alimentos que consumimos. La escasa agua que caiga en esas zonas secas será captada por los organismos genéticamente modificados resistentes a la sequía impidiendo la recarga de los acuíferos y que se acumule en el suelo. Los desmontes y la aplicación del modelo tecnológico de agricultura industrial en zonas secas completarán el panorama y agravarán el cambio climático provocando sequías cada vez más intensas y hambrunas mayores. La pregunta es ¿y después qué? Y es difícil dar una respuesta.

2. Papa transgénica

En la misma fecha el gobierno argentino autorizó la comercialización de una papa transgénica resistente al virus PVY (Potato Virus Y). En este caso la autorización se realizó para “todo el territorio nacional con excepción de los Valles y Bolsones Áridos con Oasis de Riego presentes en las provincias de Salta y Jujuy para preservar comercialmente las áreas de producción de los tubérculos andinos”. Esta tecnología fue desarrollada por un equipo de investigadores del Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología coordinados por Fernando Bravo Almonacid y Alejandro Mentaberry. La licencia de su uso fue transferida la empresa argentina Tecnoplant (subsidiaria del grupo Sidus).

Además de caberle todos los riesgos inherentes a cualquier cultivo transgénico, en este caso se suma la amenaza que representa para la diversidad de papas que existen en la región. Esto ya aparece en la misma información relacionada a la “excepción” planteada para los Valles y Bolsones Áridos con Oasis de Riego presentes en las provincias de Salta y Jujuy. Pero lo que no se plantea es que no existe ninguna manera de evitar que la papa transgénica llegue a esas regiones e incluso cruce las fronteras para introducirse en Bolivia y Perú. La experiencia de la contaminación del maíz nativo con maíz transgénico en México en el año 2001 demuestra claramente que para los transgénicos no hay fronteras. Ya sea intencionalmente (como ocurrió en Argentina con la expansión de la soja transgénica a Brasil y Paraguay) o de manera accidental, no existe forma de limitar al viaje de las semillas o las papas. Hay que considerar que Argentina históricamente ha cultivado diversas variedades de papa en una superficie que ronda las 100 mil hectáreas en el presente.

Además, los estudios realizados para su liberación comercial son claramente insuficientes. Según el mismo Conicet declara que se realizaron “los ensayos de campo que permitieron seleccionar dos eventos promisorios resistentes al virus y avanzar hacia la liberación comercial. Se realizaron 9 ensayos en 4 localidades distintas del país durante 1998 y 2001. Finalmente se continuó con uno de los dos, el evento elegido resultó inmune a PVY en ensayos durante los cuales se infectaron el 85% de las plantas control. Todos los ensayos fueron autorizados y aprobados por la Conabia. En paralelo, se realizaron los análisis de aptitud alimentaria de la variedad seleccionada. Se analizaron diferentes características fenotípicas y bioquímicas que demostraron que la composición y el valor nutricional de la misma son equivalentes a los de la variedad original”vii.

El único estudio difundido por el Conicet viii expone que se realizó un ensayo interespecífico de cruzamiento para determinar la magnitud del posible flujo de genes natural entre la línea transgénica y su pariente silvestre Solanum chacoense. Según los autores este ensayo arrojó resultados negativos, lo que indica una “muy baja probabilidad” de que el cruzamiento se produzca. Esta baja probabilidad parece ser el argumento suficiente para permitir la liberación de esta nueva papa.

En ambos casos valen además las mismas consideraciones:

  • El fundamento en el que se basa su aprobación es la “equivalencia sustancial” con las semillas no transgénicas, principio falso como ya se demostró ampliamente por múltiples investigaciones.
  • Los estudios sobre los que se fundamenta su autorización no han sido difundidos públicamente ni llevados a debate público.
  • Todos estos nuevos transgénicos significarán la ampliación de la frontera agrícola y la imposición de mayores áreas de monocultivos.

 

 

Y nuevas resistencias

No a la Ley Monsanto

De la mano del acuerdo que el gobierno argentino realizó con Monsanto en 2012, se anunció oficialmente la modificación de la Ley de Semillas vigente desde el año 1973 para garantizar el cobro de regalías a las empresas biotecnológicas. Durante los últimos tres años las resistencias desde la sociedad civil e incluso dentro de mismo gobierno impidieron que el anteproyecto saliera del Ministerio de Agricultura donde fue negociado a puertas cerradas con los sectores del agronegocio (semilleras, organizaciones de grandes productores de soja).

Sin embargo, a la fecha, desde el Ministerio de Agricultura se sigue insistiendo en la modificación de la Ley de Semillas en una tragicomedia de enredos que durante el año 2015 implicó:

  • Un conflicto entre los productores de soja y Monsanto que intenta cobrar las regalías sobre la soja RR 2 Intacta en los puertos donde se embarca el grano (con el consentimiento de las comercializadoras de granos). Este conflicto surge de la promesa incumplida en el 2012 de modificar la Ley de Semillas (el anuncio se hizo simultáneamente con el de la liberación de la nueva soja).
  • El anuncio de la modificación de la Ley de Semillas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en el mes de mayo para garantizar el cobro de regalías a Monsanto pero al mismo tiempo exigir el cobro de las regalías únicamente en las semillas y no sobre el grano.
  • El rechazo de la sociedad civil en su conjunto a la aprobación de este Decreto de Necesidad y Urgencia y su retiro como propuesta para anunciarse su transformación en un nuevo Proyecto de Ley.
  • La denuncia de los grandes ruralistas argentinos nucleados en la Sociedad Rural Argentina de que Monsanto no posee la patente de la soja RR-2 Intactaix que publicaron en uno de los principales diarios argentinos: “Monsanto no tiene la patente de la soja Intacta RR-2 PRO. Justamente ésa fue la respuesta que obtuvo la Sociedad Rural Argentina, cuando solicitó información al respecto al Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Esta solicitud se hizo a raíz del conflicto en la comercialización de soja que provocó la empresa al querer cobrar un canon de forma totalmente ilegal”.
  • El rechazo de Monsanto al Proyecto de Ley formulado por el Ministerio de Agricultura a través de una carta enviada por Monsanto América Latina al ministro de Agricultura acusando a los funcionarios de elaborar un anteproyecto que “afecta disposiciones previstas en la legislación nacional e internacional vigente”. La presunción es que Agricultura pretende violar no sólo la Ley de Semillas sino también la de Patentes. “Entendemos que este anteproyecto carece de condiciones mínimas para su remisión al Congreso”x.

 

En este marco de confusión generalizada la Campaña NO a la Nueva Ley Monsanto de Semillas pudo acceder al anteproyecto de Ley (que nunca fue hecho público oficialmente) y proceder a su análisis formulando una crítica a sus contenidos.

Los ejes de esta crítica son xi:

  • Limita el Uso Propio creando la figura del “pago de aportes tecnológicos de la Semilla de Uso Propio” instalando el pago de regalías y avanzando así en la imposición de UPOV 91.
  • Le otorga poderes extraordinarios al Ministerio de Agricultura para “establecer, sobre distintas semillas y variedades, el pago de aportes tecnológicos de la Semilla de Uso Propio, fijar el valor de los mismos en función de superficie sembrada, volumen de producción, especie, variedad, zona y año”.
  • La creación del REGISTRO DE SEMILLAS DE USO PROPIO, que faculta a las autoridades “para ejercer el control y la fiscalización de los usuarios de semillas, en todos los aspectos relacionados con la presente ley” representa en realidad un sistema de control sobre todos los agricultores, campesinos incluidos, e implica en los hechos la facultad para: multar, decomisar, inhabilitar o clausurar la actividad o el producto de las cosechas.

La Campaña trabaja en estos momentos para impedir que una vez más el anteproyecto de Ley llegue al Congreso.

 

NO a Monsanto en Malvinas Argentinas

El pueblo de la localidad de Malvinas Argentinas en la Provincia de Córdoba a través de sus Asambleas y con el apoyo de otras organizaciones, ente ellas las Madres de Ituzaingó Anexo, iniciaron en septiembre del año 2013 un bloqueo a la planta que Monsanto estaba construyendo en ese lugar y que pretendía ser la mayor planta de procesamiento de semillas de maíz transgénico de América Latina.

La “Primavera sin Monsanto” del año 2013 inició un proceso de resistencia que acumuló solidaridades de todo el mundo y que junto a otras acciones (en particular el cuestionamiento jurídico al estudio de Impacto Ambiental presentado por Monsanto) permitió que al día de hoy la construcción de la planta permanezca paralizada y que las perspectivas de su posible construcción se alejen cada día más.

Tal ha sido la repercusión de esta lucha que la corporación Syngenta abandonó su plan de construcción de una planta en la misma provincia de Córdoba durante los últimos mesesxii.

 

Paren de fumigarnos

La resistencia a las fumigaciones en las comunidades locales cercanas a las plantaciones de soja (que se estima en una población de 12 millones de personas expuestas) ha ido creciendo en la última década sumando voces y articulaciones para apoyarlas. Entre ellas los colectivos de Médicos de Pueblos Fumigados y Abogados de Pueblos Fumigados han cumplido un rol fundamental.

La lucha se ha centrado en alejar las fumigaciones de las zonas urbanas, escuelas rurales y pobladores rurales. Uno de los ejes de sus acciones es la formulación de Ordenanzas locales estableciendo zonas de exclusión de las fumigaciones que van desde los 500 metros a los 3 mil metros de las zonas pobladas.

Pero todos los colectivos plantean una profunda crítica al modelo sojero y proponen la transformación del mismo hacia una producción agroecológica.

Los logros han sido muchos y la lista de municipios que han limitado las fumigaciones crece día a día incluyendo muchos municipios donde se han prohibido directamente las fumigaciones aéreas. Sin embargo mucho más difícil ha sido avanzar en la aprobación de normas provinciales donde las Leyes presentadas fueron rechazadas o convertidas en ridículas propuestas de límites de 50 metros para las fumigaciones.

Lo cierto es que la voz de los Pueblos Fumigados se ha hecho escuchar llegando días atrás a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires a través del 3° Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados en el que el mismo decano de la Facultad de Medicina reconoció la problemática y donde se decidió llevar la demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a los efectos de que “se conmine al Estado Argentino a que adopte de modo urgente medidas eficaces para poner a resguardo la salud y vida de los niños, niñas adolescentes que viven en el país, de la exposición directa e indirecta a los agrotóxicos, ya sea por las fumigaciones áreas y terrestres en los cultivos extensivos e intensivos en mas de 30 millones de hectáreas del territorio argentino, como por el consumo de alimentos con residuos de aquellos, respectivamente”.xiii

 

Otra agricultura es posible

Quizás como una señal de los tiempos que vienen, el año 2015 se va cerrando en La Plata, Argentina con la concreción del V Congreso Latinoamericano de Agroecología que reunió a más de mil 500 investigadores, campesinos, productores familiares y estudiantes planteando de manera contundente que otra agricultura es posible.

Y para demostrarlo allí estuvo presente la Vía Campesina xiv que a través de Adalberto “Pardal” Martins del Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST-Vía Campesina), explicó el contexto de la lucha de los campesinos contra el modelo del agronegocio avasallador, y enfatizó que el objetivo de la agroecología campesina es transformar y cambiar de raíz el sistema alimentario dominante. Dijo que “la agroecología es la práctica campesina de resistencia ante el agronegocio y el avance del capital”, y colocó los ejemplos de una red de huertos orgánicos de las mujeres de su movimiento, que se articula con una red de ferias ecológicas campesinas, de una cooperativa/empresa campesina se semillas ecológicas, Bionatur, y de un “conglomerado” de cooperativas campesinas de arroz ecológico, todos en el Sur de su país.

Fuente: https://www.grain.org/es/article/entries/5357-argentina-nuevos-transgenicos-nacionales-las-resistencias-se-multiplican#sdendnote14anc

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Necesitamos salir del consenso desarrollista para la toma generalizada de conciencia sobre que el capitalismo no es presente ni porvenir. Analicemos:

 

Las coordenadas de la crisis que viene

14 de noviembre de 2015

 

Por Michel Husson (Viento Sur)

Mientras que la zona euro esboza una fase de recuperación muy moderada, los pronósticos alarmistas respecto a la trayectoria general de la economía mundial se multiplican: por ejemplo, Le Monde del 20 de octubre titulaba "El crecimiento chino se ralentiza, la economía mundial sufre". Christine Lagarde/1 enumera las "razones para estar inquietos en torno a la situación económica" y Jacques Attali/2 anuncia que "el mundo se acerca a una gran catástrofe económica".

Comencemos trazando un breve panorama de la coyuntura: el crecimiento mundial se ralentiza, principalmente en los países emergentes, salvo en India. Esta tendencia se retroalimenta con la caída de los precios de las materias primas y se transmite a los países avanzados. El comercio internacional también se ralentiza, al mismo ritmo que el PIB mundial, como si la globalización productiva hubiera tocado techo. La zona euro registra una recuperación muy tímida y desigual. Estados Unidos y el Reino unido, siguen aprovechándose de las circunstancias (se benefician un poco) pero el crecimiento tiende a ralentizarse en un caso y en el otro resulta artificial.

En el campo de la "esfera financiera", el quantitative easing (flexibilidad monetaria) alimenta la burbuja de activos en lugar de alimentar la inversión productiva, que se estanca. Y la única perspectiva -hasta ahora retrasada- de un repunte del tipo de interés del FED (Banco Central de EE UU) pesa como una espada de Damocles hasta el punto de desestabilizar las monedas y los mercados financieros de numerosos países. En fin, "la incertidumbre y las fuerzas complejas pesan sobre el crecimiento mundial" para retomar la fórmula del FMI en sus últimas perspectivas/3.

De este cuadro puntilloso, se pueden extraer las tres características fundamentales de la coyuntura actual:

· La persistencia de las "secuelas de la crisis financiera mundial";

· Las perturbaciones de la economía mundial;

· La perspectiva de un "estancamiento secular".

 

Las secuelas de la crisis financiera mundial

La flexibilización monetaria permite a un Banco Central la compra de títulos. De ese modo crea moneda que, inyectada en la economía, debería hacerle despegar. Admitamos que eso haya podido funcionar durante un tiempo en Estados Unidos. Pero el hecho nuevo es que se comienza a tomar conciencia de que este tipo de medidas tiene efectos colaterales preocupantes.

El presidente del Banco federal de Dallas, Richard Fisher (de poco peso en el seno del FED), resume de esta manera su escepticismo: "el dinero que hemos impreso no se ha distribuido tan bien como lo hubiéramos deseados. Un gran cantidad ha servido para la especulación corrupta o, con más exactitud, corrosiva"/4. Durante esa conferencia, llegó incluso a citar un poema de Jonathan Swift, fechado en 1735: "El dinero, la sangre vital de la nación/ Se estanca e infecta en las venas/Al menos que una buena circulación/garantice su movimiento y su calor"/5.

La ineficacia a largo plazo de las políticas monetarias se explica en función de varios mecanismos o de los efectos secundarios que pesan en la coyuntura actual. De entrada, la inyección de moneda se hace a ciegas y nada garantiza que la liquidez se vaya a utilizar para favorecer las inversiones. Por el contrario, termina por alimentar la especulación y provocar un incremento del precio de los activos que no beneficia más que a los ricos y conduce a la formación de burbujas [financieras].

 

Tipos de interés históricamente bajos

La flexibilidad monetaria conduce simultáneamente a una reducción de los tipos de interés (ver gráfico 1). También podría contribuir a la recuperación de las inversiones en vivienda y sobre todo en las inversiones productivas, puras y simples. La recuperación de las inversiones es, por otra parte, la cuestión clave para toda recuperación. Ahora bien, nos encontramos con que esta recuperación no llega porque las empresas, a falta de mercados y/o de beneficios, no invierten. Restablecen sus márgenes hacen caja, multiplican las fusiones y adquisiciones, distribuyen dividendos, pero sus inversiones no avanzan.

Al mismo tiempo, es verdad que la inyección de moneda conduce a la inflación de activos, pero no a la inflación pura y simple, la de los precios. Tipos de interés bajos e inflación débil se combinan entonces de tal forma que los tipos de interés reales (descontada la inflación) no pueden devenir altamente negativos. Los tipos de interés nominales llevan a lo que los economistas americanos denominan ZLB (zero lower bound): cero como tipo base. Este límite es para algunos, como Lawrence Summers/7, el resultado del estancamiento secular, caracterizado por elevadas tasas de ahorro, una aversión al riesgo y una débil disposición a invertir. Para restablecer la situación, serían necesarios tipos de interés reales negativos para relanzar la actividad, lo que está fuera de toda perspectiva. Esta interpretación es muy discutible porque no tiene en cuenta determinantes más estructurales del eventual estancamiento secular/8.

Sin embargo, Summers tiene razón en un punto cuando pone de manifiesto su temor de que "si se produce una recesión, las autoridades monetarias no tendrían instrumentos para hacerle frente. No existe más margen para una flexibilización [monetaria]". La misma preocupación la expresa Claudio Borio/9, economista del BRI (Banco de Pagos Internacional, con sede en Basilea), en la presentación de su informe anual: "Los tipos de interés han sido extraordinariamente bajos durante un tiempo extraordinariamente largo. Reflejan la respuesta de los bancos centrales y de los actores del mercado a una recuperación post-crisis inhabitualmente débil, como si estuvieran tanteando a ciegas para encontrar nuevas certitudes". Dicho de otro modo, a la política monetaria se le ha pedido más de la cuenta para relanzar el crecimiento.

 

Acumulación de deudas

El resultado es una enorme acumulación de deudas privadas y públicas. Según un estudio del McKinsey Global Institute/10, representan casi 200 billones de dólares a escala mundial; es decir el 286 % del PIB mundial, contra el 269 % en 2007, antes del estallido de la crisis. Esta progresión resulta particularmente neta para la deuda de los Estados, pero también para la de las empresas (gráfico 2)

Esta tendencia concierne especialmente a la deuda de las empresas no financieras de los países emergentes, que se ha cuadruplicado entre 2004 y 2014. El FMI se pregunta si hay que inquietarse por ello /11 y recomienda prepararse para el endurecimiento de las condiciones para la financiación. Como las economías financieras van "a normalizar sus políticas monetarias, los mercados emergentes deberían prepararse para un incremento de quiebras de empresas".

Por tanto, este panorama conduce a dos escenarios de cara al desencadenamiento de la próxima crisis. El primero fue descrito por François Morin en su último libro/12. Su punto de partida es la existencia de burbujas financieras en torno a las deudas públicas pero, también, en los mercados financieros drogados por tipos de interés muy bajos. El elemento desencadenante podría ser la quiebra de un banco sistémico, con reacción en cadena sobre otros grandes bancos.

El segundo escenario nos remite a las inquietudes del FMI en relación a los países emergentes. El elemento desencadenante sería entonces, un incremento del tipo de interés del FED de Estados Unidos; el endurecimiento de las condiciones financieras evocadas por el FMI. Esto conduciría a una explosión de las burbujas, comenzando por los países emergentes y, evidentemente, con repercusiones sobre el conjunto de las finanzas mundiales.

En resumen, actualmente están reunidos los factores de riesgo en torno a esta contradicción: de un lado, las políticas de flexibilización monetaria no repercuten en la economía real, alimentan las burbujas y sitúan a las finanzas mundiales en una trayectoria que no puede continuar así sine die. Pero el incremento de los tipos de interés provocaría la explosión incontrolada de las burbujas, en un contexto en el que los Estados apenas tienen munición para salvar de nuevo a los bancos.

En defensa del capital ficticio

Así pues, Christine Lagarde tiene razón cuando habla de las "secuelas de la crisis financiera mundial". Más en concreto, el esquema global es el siguiente: el periodo precedente de la crisis se caracterizó por una enorme acumulación de capital ficticio; dicho de otro modo, de derecho adquiridos sobre la plusvalía producida por la explotación del trabajo asalariado. Para que el capitalismo despegue de nuevo sobre bases sanas, hubiera sido necesario destruir ese capital ficticio (y también, sin duda, una parte del capital productivo). Ha habido pérdidas, pero las políticas desarrolladas en todo el mundo han estado guiadas por un principio básico: preservar el capital ficticio y los derechos adquiridos que representan. Esto se ha hecho de dos maneras: de una parte, a través de convertir las deudas privadas en deudas públicas y mediante una punción sobre el plus valor a través de las medidas de austeridad; de otra parte, por la inyección masiva de liquidez. En el primer caso, se puede decir que el capitalismo respeta la ley del valor porque busca ajustar la ratio capital ficticio/plus-valía aumentando la plus-valía. En el segundo, por el contrario, trata de negar o contornear la ley del valor operando sobre el numerador. Por tanto, en su sentido más profundo, la próxima crisis se podrá interpretar como una severo recuerdo de la [existencia de la] ley del valor.

Incluso si privilegia la austeridad a través de "reformas estructurales", la Europa capitalista se vuelve, con cierto atraso, hacia soluciones artificiales. Existe la flexibilización monetaria al estilo Juncker que patina tanto como en Estados Unidos. Pero hay más: la última gran idea de la Comisión europea fue la de lanzar una "iniciativa para la titularización"/13 como parte de un proyecto más amplio de "unión de mercados de capitales". Bajo la cobertura de su reglamentación, el objetivo real es el de relanzar la titularización/14 pero esta vez "con seguridad total", para obtener por esa vía "más de 100 mil millones de euros de financiación suplementaria"; es decir, la mitad de los niveles anteriores a la crisis. No hay que olvidar que este objetivo también lo fue del FMI en… octubre del 2009, cuando intentaba "discernir cómo la titularización podría contribuir positivamente a la estabilidad financiera y al crecimiento económico durable"/15. He aquí un ejemplo terrible de la voluntad del sistema para favorecer el crecimiento del capital ficticio.

 

La inestabilidad de la economía mundial

Antes de la crisis, la economía mundial estaba estructurada en torno al eje China-Estados Unidos, a menudo bautizada como "Chinamérica"/16. Este eje está camino de deshilacharse y es, sin duda, uno de los elementos fundamentales de la remodelación de la economía mundial.

 

El fin de la Chinamérica

La desinversión es simétrica: de un lado, el modelo estadounidense se aleja de su funcionamiento anterior a la crisis -crecimiento a base de crédito- debido a la recuperación de la capacidad de ahorro de los hogares y de una menor dependencia energética. Estos dos factores reducen el papel de motor de la economía mundial otorgado hasta entonces a EE UU.

Por su parte China había entrado en una fase de transición, es verdad que dura y difícil, hacia un modelo centrado en la demanda interior. Y en todo caso alejada del crecimiento basado en las exportaciones: su participación en el PIB chino ha pasado del 36 % en 2006 al 26 % actualmente. La complementariedad entre las dos grandes economías se reduce y esta retracción, con sus efectos colaterales en los países emergentes y Europa, desequilibra toda la economía mundial.

Esta reorientación de la economía china se manifiesta a través de un cambio en la estructura de su comercio exterior/17, que también contribuye a la ralentización del comercio mundial. Lo que constituye otro elemento inquietante para los economistas que se interrogan sobre sus causas y se plantean si se trata de un fenómeno pasajero o más estructural. Todo hace pensar que se trata de un cambio de tendencia a largo plazo/18, que se corresponde con la ralentización del fraccionamiento de las cadenas de valor.

Esta organización de la producción, a caballo entre diferentes zonas de la economía mundial, característica de la globalización contemporánea, está a punto de alcanzar su límite, al igual que el crecimiento del comercio mundial a un ritmo más rápido que el PIB que había impulsado. Este fenómeno afecta fundamentalmente a China, pero también a EE UU, Corea y Japón, lo que confirma que el eje China-EE UU está a punto de deshacerse.

 

Desincronización y volatilidad

La inestabilidad de la economía mundial se agrava aún mas debido a la desincronización de las coyunturas entre EE.UU. y la zona euro. Un estudio minucioso del FMI/19 muestra que estas divergencias tienen efectos colaterales (spillovers) importantes. Ahí también, los autores ponen de relieve su inquietud, planteándose "si el despegue de EE.UU. no sólo podría reforzar el dólar frente al euro sino también incrementar los tipos de interés en la zona euro, o si la flexibilización monetaria en la zona euro podría no solo debilitar al euro, sino continuar presionando a la baja en los rendimientos de EE UU".

El mismo documento arroja una luz interesante en lo que concierne a los países emergentes. Sus autores distinguen dos canales de transmisión. El canal "tradicional" es que los capitales van hacia la zona (EE.UU. o zona euro) aprovechando un repunte del crecimiento, que tendrá por efecto una apreciación de la moneda de la zona que se beneficie de esta afluencia de capitales. Pero también identifican otro canal, originado por la atracción del riesgo (risk-appetite): los capitales anticipan la recuperación en los países emergentes provocada por la de la zona del "centro" (EE.UU. o zona euro). Este flujo de capitales en los países emergentes conducirá a una apreciación de su moneda.

Estos análisis muestran que el funcionamiento de la economía mundial escapa a cualquier regulación y que los países emergentes están expuestos a movimientos de capitales que, salgan o entren, tienen efectos desestabilizadores. El período actual se caracteriza precisamente por un incremento de la volatilidad de estos movimientos de capitales.

 

El agotamiento de los incrementos de productividad

Durante la presentación de las últimas previsiones de la OCDE, su economista-jefe, Catherine Mann, subrayó que "la ralentización del crecimiento potencial en los países avanzados es una preocupación permanente"/20. Christine Legarde, por el FMI, hizo referencia a la "nueva mediocridad"o, dicho de otro modo, "al riesgo de un persistente crecimiento débil " que, según ella, se acerca.

Como base de estas afirmaciones está el agotamiento de los incrementos de productividad. Esta tendencia no es nueva, porque se desencadenó en los países avanzados a mediados de los años 1980, con fluctuaciones fuertes en el caso de EE.UU.. Pero, al final, los países emergentes tomaron el relevo y los incrementos de productividad que lograron pudieron ser captados en gran parte por los "viejos países capitalistas". Al inicio de la crisis, los países emergentes sostuvieron el crecimiento mundial. Pero puede ser que esta gran transformación de la economía mundial haya llegado a un punto de inflexión: en efecto, los datos más recientes del Conference Board muestran que el crecimiento de la productividad horaria del trabajo ha retrocedido de forma neta en los países emergentes desde el inicio de la crisis (ver gráfico 3)

 

Ahora bien, la productividad y, más en concreto, la productividad global de los factores es un elemento fundamental en la dinámica de la tasa de beneficio. Sin embargo, esta última se ha recuperado en los principales países capitalistas a pesar del agotamiento de la productividad/22. Esta proeza sólo ha sido posible por la puesta en pie de toda una serie de dispositivos: financiarización, endeudamiento, desigualdades, reducción de las rentas salariales, etc. Al mismo tiempo, la rarificación de las oportunidades para inversiones rentables ha conducido a un estancamiento de las tasas de inversión productiva.

 

Discrepancias en las tasas de beneficio

El capitalismo no tiene otra alternativa que encarrilar el modelo neoliberal intentando, para ello, reducir los factores de desequilibrio. Evidentemente, en esta búsqueda de una salida para la crisis, la cuestión clave es la recuperación de la tasa de beneficio que, fundamentalmente, no puede pasar más que por el incremento de la tasa de explotación. Ahora bien, lo que resulta chocante es la dispersión de los panoramas. Entre los países avanzados, asistimos a un desmembramiento de las tasas de beneficio, a la vez entre EE.UU. y la zona euro y en el interior de ésta última (ver gráfico 4). Este fenómeno implica un endurecimiento de la competencia entre las multinacionales, que es susceptible de derivar en un repliegue general de la tasas de beneficio. En todo caso, es lo que anuncia el Instituto McKinsey/23, que prevé que los beneficios de las transnacionales (global corporate profit) pasen del 9,8 % mundial en 2013 al 7,9 % en 2025, situándose más o menos al nivel de 1980.

 

No hay beneficios, no hay recuperación

Estas divergencias se pueden ilustrar a través de un análisis más detallado de la coyuntura en la zona euro. Este ejercicio lo ha llevado a cabo recientemente la Comisión europea/24: en él se compara la tímida "recuperación" actual con otros episodios de la recuperación. Los resultados de este estudio están ilustrados en el gráfico 5, que compara el ciclo 2002-2015 con el precedente de 1996-1999. En ambos casos, el año de referencia es el año que precede al punto más bajo (1992 y 2008, respectivamente). Se examinan dos variantes claves en la dinámica del capitalismo: las inversiones y la parte de los salarios. En los dos casos, el beneficio es comparable en lo que respecta a la fase del ciclo que precede a la recesión. Pero lo que ocurre después nos lleva a dos historias muy diferentes.

Tras la recesión de 1993, la inversión cae, pero se restablece progresivamente y, al cabo de seis años, recupera el nivel previo a la crisis. La participación salarial [en la renta nacional] , que comenzó a aumentar ligeramente a partir de su punto más bajo en 1989, vuelve a una inexorable tendencia a la baja y retrocede casi cuatro punto del PIB entre 1992 y 1999. Se trataba de una buena salida de la recesión para el capitalismo, con una mejora de la rentabilidad y una recuperación de la acumulación.

Pero lo que acontece tras el estallido de la última crisis no tiene que ver con un ciclo clásico. La parte salarial aumentó fuerte en 2009, después bajó y hoy en día está estabilizada en un nivel superior en dos puntos del PIB a su nivel previo a la crisis. Dicho de otro modo, no se ha restablecido la rentabilidad del capital. Y vemos los efectos sobre la inversión: comenzó a repuntar en 2011, siguiendo el perfil de la precedente recesión. Después, la intensificación de las políticas de austeridad condujo a la caída doble (double dip) del crecimiento y la inversión retrocedió de nuevo antes de recuperarse en 2014. Pero actualmente continúa siendo inferior en un punto y medio del PIB en relación a su nivel previo a la crisis.

Gráfico 5 Dos episodios de la recesión en la zona euro

 

Causas financieras y efectos reales

Comprender como interactúan la finanza y la producción es una tarea fundamental pero difícil. Un reciente estudio de los economistas del BRI/25 (Banco de pagos internacional) permite aclarar esta cuestión a partir de un modelo que relaciona las "causas financieras" y sus "efectos reales". Los autores construyen un índice a partir de lo que contribuye el reparto sectorial del empleo al crecimiento medio de la productividad. Después muestran que este índice está significativamente correlacionado (negativamente) a los booms financieros. Dicho de otro modo, cuando el crédito aumenta más rápido que el PIB, el empleo se desplaza hacia sectores con una productividad inferior. También muestran que el valor de este índice antes de una crisis financiera determina la trayectoria posterior de la productividad. Y ese mecanismo se retroalimenta porque el recurso al crédito alimenta [la tendencia] que estaría tratando de contrarrestar; a saber, la ralentización de la productividad. Esta modelización de la relación entre la eficacia productiva y las derivas financieras parece especialmente pertinente para analizar la crisis de la zona Euro.

 

La crisis que viene

Después de este análisis somero una cosa es segura: la "Gran recesión" ha abierto un período de "regulación caótica" a escala mundial. Hoy en día la perspectiva de una nueva crisis parece casi inevitable y es difícil discernir donde se dará el punto de ruptura (¿la bolsa, la banca, la deuda, el tipo de cambio?), pero este episodio será en todo caso la expresión de profundas contradicciones estructurales.

Hoy en día el capitalismo mundial se encuentra sometido a una tensión fundamental. De un lado, la gestión de la crisis que estalló en 2008 se abordó según dos principios fundamentales: no arreglar las cuentas (sus "secuelas"), y reconstituir el modelo neoliberal previo a la crisis tratando de controlar sus efectos más nocivos. En la práctica se trata de garantizar los derechos adquiridos por el "1 %" y la libertad de acción de los bancos y las multinacionales. Pero, actualmente, el mecanismo fundamental del dinamismo del capitalismo, a saber los incrementos de productividad, está agotándose.

Esta configuración conduce a interacciones complejas entre las evoluciones que se dan en el seno de la esfera productiva y el manejo de los instrumentos financieros y monetarios. Por ello, como en 2007-2008, el punto de desencadenamiento de la próxima crisis no bastará para sacar a la luz sus causas profundas.

23/10/2015

http://alencontre.org/laune/economi...

Traducción VIENTO SUR

Notas
Fuente original: http://www.vientosur.info/spip.php?article10680

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205638

 

 

 

Tomemos conciencia generalizada de que: "Hoy en día el capitalismo mundial se encuentra sometido a una tensión fundamental. De un lado, la gestión de la crisis que estalló en 2008 se abordó según dos principios fundamentales: no arreglar las cuentas (sus "secuelas"), y reconstituir el modelo neoliberal previo a la crisis tratando de controlar sus efectos más nocivos. En la práctica se trata de garantizar los derechos adquiridos por el "1 %" y la libertad de acción de los bancos y las multinacionales. Pero, actualmente, el mecanismo fundamental del dinamismo del capitalismo, a saber los incrementos de productividad, está agotándose".

 

Nos debe interpelar que por el lucro del 1% de la humanidad se esté llevando genocidios silenciosos y destrucciones de la habitabilidad planetaria.

 

 

 

Brasil: El lodo del desarrollo
30 de noviembre de 2015

"En los megaproyectos, el gran capital no se preocupa con las múltiples poluciones de la naturaleza, sumadas a la acentuación de la súper-explotación de la fuerza de trabajo. Para el capital, el desarrollo narra su moral consolidada de forma objetiva: el lucro. Luego, su único temor es la baja del lucro. Su único proyecto es la ampliación del lucro."

 

Por Roberta Traspadini - Correio da Cidadania

El desastre ocurrió el 5 de noviembre, en el municipio de Mariana, estado de Minas Gerais. Causando la muerte de 11 trabajadores, 12 desaparecidos y miles de desamparados. Más de 250 mil habitantes de la zona vieron suspendido el suministro de agua potable, como resultado de la cantidad de barro y de la presencia de metales como arsenio, cadmio, plomo, cromo, níquel, cobre y mercurio por sobre el límite legalmente permitido. La catástrofe ecológica y social, la mayor en la historia de Brasil, fue consecuencia de la ruptura de un dique que contenía 62 millones de metros cúbicos en depósitos de agua y de residuos minerales, propiedad de la empresa Samarco. El lodo tóxico llegó al océano Atlántico después de recorrer 650 kilómetros, destruyendo la vida a las orillas del Rio Doce, llegó a la playa de Regencia, en el estado de Espírito Santo, una importante área de corales. El artículo que reproducimos critica el modelo de desarrollo basado en la “asociación público-privada”. Denuncia los impactos depredadores sobre las condiciones de vida de los trabajadores y el medioambiente. Y propone discutir proyectos de desarrollo más allá de la acumulación capitalista. (Redacción de Correspondencia de Prensa]

La idea de sustentabilidad defendida en los discursos propagandistas de las grandes empresas productivas y mediáticas, cae por tierra cuando las catástrofe, nada naturales, ocurren. El caso de la ruptura de la represa en Marina expone:

1. La vulnerabilidad de un grupo expresivo de trabajadores, que viven o de la venta de su fuerza de trabajo o de la condiciones de “autogestores” de su sobrevivencia, como de las poblaciones ribereñas, en tiempos de acentuación de la precarización del trabajo;

2. La participación orgánica de las esferas públicas en asociación directa con los grandes capitales, tanto en la propuesta como en la ejecución de las políticas de desarrollo;

3. La necesidad, del capital, de participación conjunta entre esferas públicas y privadas para la resolución de situación como estas. En el momento de la catástrofe, el discurso del Estado mínimo no existe y apuntan como natural algo producido socialmente;

4. Los grandes medios protagonistas de noticias intencionalmente construidas que expresan y refuerzan una conmoción nacional, sin abrir un debate sobre los impactos ambientales y sociales del modelo que busca el lucro sobre la vida;

5) La centralidad puesta en la solidaridad, como única alternativa común próxima de la consigna “uno para todos, todos para uno”, en sustitución a las políticas de socorro de las reales víctimas: los trabajadores.

¿Pero cuándo no hay catástrofe y apenas lucro? ¿El lucro pertenece a todos? ¿No pertenece a pocos, frente a muchos “ningunos”?

El desarrollo es una cuestión siempre abierta. Urge ser debatida con profundidad, pues expone, en momentos de dramas como las catástrofes sociales, la historia de las malezas del subdesarrollo. La catástrofe alcanza varios sujetos y coloca en la agenda del día la discusión sobre lo que se tiene y lo que se quiere. Pero se hace fuera de una perspectiva de clase, pues, aunque sean muchos los afectados, no lo son en la misma magnitud.

El debate sobre el desarrollo presenta problemas históricos que se acentúan a lo largo de los desdoblamientos del capital en Brasil: latifundio, monocultivo, contaminaciones de todo orden, trabajo precarizado, hambre, deuda, desempleo, desigualdad de acceso a las políticas públicas, etc.

La hegemonía de la idea de progreso llevada a cabo en Brasil, desde 1940, manifiesta la actual centralidad del complejo agro-industrial, que exige: la consolidación continua de grandes represas; un sistema logístico que recoge sus mercaderías; las transposiciones de ríos; la ampliación del extractivismo; la remoción de familias de las áreas que entran en la valorización inmobiliaria; la especulación de todo lo que pueda tornarse en mercadería, entre otros efectos del capital financiero en los territorios.

En los megaproyectos, el gran capital no se preocupa con las múltiples poluciones de la naturaleza, sumadas a la acentuación de la súper-explotación de la fuerza de trabajo.

Para el capital, el desarrollo narra su moral consolidada de forma objetiva: el lucro. Luego, su único temor es la baja del lucro. Su único proyecto es la ampliación del lucro. A cualquier costo, desde que sea calculado por ellos y fiscalizado por el Estado, socio manifiesto en el funcionamiento de las compañías. En caso que algo se salga del camino, el prejuicio se comparte entre todos, de forma coimera.

 

La tragedia, cuyas fisuras fueron abiertas en Mariana y se propagan a otras regiones de Minas Gerais y Espírito Santo, es un ejemplo real del sentido que la burguesía da al desarrollo. Esos pocos gigantes, aunque momentáneamente afectados en el bolsillo, no corren riesgos de vida en esa catástrofe. Pues, el capital acumulado a lo largo de la historia, a costa de sangre y sudor de los trabajadores y de la extracción de los recursos naturales, les permite que ellos recuperen en poco tiempo la pérdida económica generada por su propia negligencia.

En el caso de los trabajadores afectados por tales catástrofes ¿quién garante sus vidas? ¿Cómo se recuperan de un daño de esa dimensión?

El gobierno Federal modificó legalmente un artículo para poder incluir la catástrofe social como proceso natural. Con eso, permite a los trabajadores acceder al FGTS (1) Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio para la reconstrucción de sus casas. ¿Pero ese es el único camino viable? ¿Incluso legal, es justo? No se explicita la forma en que el gobierno debe pagar las cuentas de una catástrofe social como esta, cuyos protagonistas son evidentes?. ¿Todos sufren los mismos riesgos? ¿Quién paga la cuenta, por detrás del cuento de la solidaridad?

El debate sobre el desarrollo exige explicitar las cosas como ellas de hecho son: proceso desigual y combinado, anclado en una estructura de cosificación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza. En el progreso o en las crisis, los dueños del capital manifiestan la ecuación social sobre quién paga la cuenta del progreso, en la opulencia depredadora de pocos gigantes propietarios privados.

En tiempos de ideas posmodernas, la catástrofe social e histórica en el lodo del desarrollo, nos exige parar de discutir sobre lo menos malo y volver a pensar sobre lo inédito, necesario y viable proceso de reconstrucción de otros proyectos de desarrollo más allá del capital. La relación entre los seres humanos, demás seres vivos y naturaleza en este modelo de desarrollo no es sustentable y nunca los será. Sus bases están enraizadas en la sangría de los cuerpos y en el veneno de la tierra.

La catástrofe de Mariana, narra, la loca corrida por la ampliación de los lucros por el capital financiero monopolista que compone la Vale (2) , el terror del desarrollo capitalista desmedido, que utiliza la naturaleza y el ser humano como objetos para la producción de riqueza en la forma de propiedad privada de pocos.

Es lamentable que en tiempos de crisis, en la defensa del ideal, algunos no sean capaces de exponer y tomar partido sobre las reales condiciones de vida del pueblo en una sociedad como ésta. Sin tomar partido, sin diferenciar un proceso de otro, el tema concreto gana valores morales y las ideas, en vez de ser debatidas como proyectos societarios de disputa de poder, se transforman en caminos colectivos de socorros comunes.

Pero no hay igualdad posible en una sociedad que ancla en la desigualdad. Ni libertad concreta cuando los mecanismos de esclavitud significan la obtención de ingresos mínimos para consumos innecesarios máximos. Frente a la catástrofe, se abre un debate sobre la política, la naturaleza del modelo de desarrollo y la posibilidad de porvenir.

Notas de Correspondencia de Prensa

1) Fondo de Garantía del Tiempo de Servicios (FGTS).

2) Vale S.A. conocida como Vale do Rio Doce, empresa multinacional brasileña fundada en 1942 con sede en Río de Janeiro. Opera en los sectores de minería, logística, energía siderúrgica y petróleo. Es la segunda compañía minera más grande del mundo, la mayor productora mundial de hierro y segunda en Niquel. En el sector de la energía eléctrica, la compañía participa en “consorcios” y actualmente opera diversas plantas hidroeléctricas. La compañía cotiza en las principales bolsas de valores del mundo.

Traducción de Ernesto Herrera – Correspondencia de Prensa

Rebelión Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Brasil_El_lodo_del_desarrollo

 

 

Posicionémonos en favor de la vida y por la dignidad de los pueblos de decidir sobre el destino común.

 

 

 

Pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, ante la COP 21

"Si queremos enfriar el planeta, el fracking debe ser prohibido"

29 de noviembre de 2015

 

El reto de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es lograr el compromiso efectivo de los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel acorde con los derechos y oportunidades de las presentes y futuras generaciones y la conservación del  ambiente. Lo anterior requiere de políticas y acciones a nivel nacional congruentes con los compromisos asumidos a nivel internacional en materia de cambio climático, de derechos humanos y respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  El fracking para la extracción de hidrocarburos  no convencionales es contrario a dichos compromisos y aumentaría los impactos del cambio climático, por lo cual debe  prohibirse. 

Durante el ciclo de extracción, procesamiento, almacenamiento, traslado y distribución de los hidrocarburos no convencionales (HNC), se libera metano que es 87 veces más activo como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono en un margen temporal de 20 años, lo que provoca mayor calentamiento global, cuando lo que debemos hacer es tomar medidas urgentes para su reducción. Debido a las emisiones fugitivas de metano, “en un periodo de 20 años, la huella de gases de efecto invernadero del gas natural de lutitas es peor que la del carbón o la del petróleo”[1].

De continuar moviéndonos bajo la misma concepción de desarrollo basada en la explotación de combustibles fósiles, sin tener en cuenta los derechos y necesidades de las comunidades, será imposible conservar un planeta que no comprometa los bienes naturales y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Los HNC extraídos vía fracking no deben ser considerados como energías de transición ni energías más limpias ya que la emisión de GEI es muy alta, así como los daños y riesgos que generan para el ambiente y la salud de las personas[2].

La experiencia Latinoamericana en torno al fracking

Consideramos que la experiencia de la aplicación del fracking para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Latinoamérica puede servir como insumo para la discusión global.  A pesar de las particularidades con las que esta técnica ha avanzado en el continente, en lugares como México, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina existen una serie de rasgos comunes.

El fracking está avanzando a ciegas en América Latina. En primer lugar, en las comunidades afectadas por esta técnica no se han respetado derechos humanos fundamentales como: la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el derecho a la participación y control social y el derecho a la información[3]. Los Estados de la región tampoco han aplicado el principio precautorio  con el fin de prohibir esta actividad, considerando los riesgos graves que genera en la salud de las personas y el ambiente, y la incertidumbre sobre el alcance y magnitud de los daños que puede ocasionar. Es grave también la modificación de legislaciones nacionales en función de las demandas corporativas, para abrirle la puerta a la explotación de hidrocarburos no convencionales utilizando fracking. La reforma energética mexicana (2013) y la nueva ley de hidrocarburos argentina (2014) son ejemplos claros de ello.

El fracking en la región se ha desarrollado sin que existan estudios integrales y de largo plazo sobre los riesgos y daños que esta técnica causa en la salud de las personas y el ambiente. Con la excepción de México, los países de la región carecen de estudios propios de reservas de hidrocarburos no convencionales, que puedan verificar las cifras estimadas por la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos. 

En el continente, el fracking ha avanzado sobre comunidades indígenas, campesinas, barrios urbanos e incluso Áreas Naturales Protegidas. Esto ha ocasionado el desplazamiento de personas, así como de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible[4]. En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento de agua, contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos, así como por el mal manejo de las aguas de retorno[5].

 

En Latinoamérica ha crecido el rechazo al fracking. Prueba de esto son las redes nacionales e internacionales de oposición a esta técnica, así como los más de 50 municipios y comunidades que han prohibido el fracking en sus territorios en Argentina, México, Brasil y Uruguay[6] o la suspensión de operaciones de fracking en Brasil y Argentina a partir de acciones judiciales.

 

Los Estados deben asumir compromisos frente al fracking

En el marco de la COP de París, urgimos a los Estados Parte de la Convención Marco sobre Cambio Climático a la:

-Firma de un acuerdo vinculante que reduzca eficaz y oportunamente los Gases de Efecto Invernadero a niveles compatibles con los derechos y oportunidades de las presentes y futuras generaciones y la conservación del  ambiente.

-Aplicación del principio precautorio como imperativo legal y ético de acción para encarar situaciones de alto riesgo en un marco de incertidumbre científica, en este caso prohibiendo el  fracking en los países donde se han iniciado estas actividades o existe interés en realizarlas.

-Realización de estudios científicos objetivos e independientes sobre los impactos y riesgos del fracking en la salud, el medio ambiente y los procesos productivos, con un horizonte de largo plazo, para garantizar los derechos de las presentes y futuras generaciones. Donde se confirmen impactos, los Estados deben garantizar que las empresas se responsabilicen de los daños ocasionados y, prioritariamente, de la restauración de los ambientes afectados aún en el caso de que su contrato ya haya terminado.

-Fortalecer una política de diversificación energética y de reducción-racionalización del consumo de energía, que contemple el impulso a las energías renovables y desincentive la extracción de combustibles fósiles, siempre atendiendo los principios y derechos relacionados con la transparencia, la participación y el consentimiento previo, libre e informado.

Desde la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking alertamos de los riesgos y los daños severos que puede causar la exploración y explotación de HNC en los territorios y poblaciones de nuestros países. El fracking es una técnica experimental y ni gobiernos ni empresas deben realizar experimentos de alto riesgo con la vida, la salud de las personas ni el ambiente. Leer

En consecuencia, abajo y a la izquierda, el desafío anticapitalista nos interpela a apreciar los desarrollos de otra sociedad-mundo que se están concretando desde 2001-2002 o desde años posteriores pero inspirados en aquella voluntad de adueñarse del hacer, el crear, el convivir o el decidir colectivamente según convenga al destino común de los diversos de abajo. En honor a los asesinados el 19, 20 y el 29 de diciembre de 2001 y el 26 de junio de 2002 no podemos ver como futuro a gobiernos progresistas.

 

Al contrario,  los gobiernos progresistas han expandido la desterritorialización y reterritorialización sudamericana para sostener la acumulación de 1% de la humanidad. También han distorsionado a la identidad de izquierda. Lo constatamos en el gobierno de Evo Morales.

 

Primero:

Profundización del extractivismo y erosión de la democracia

Agotamiento del progresismo en Bolivia
31 de octubre de 2015

Por Marco Gandarillas y Oscar Campanini (ALAI)

 

El Financial Times organizó el pasado octubre, en New York (la capital financiera del imperio!) a pedido del gobierno de Evo Morales un evento en el que los principales protagonistas serán empresas petroleras, mineras y bancos privados. El propósito fue atraer nuevos inversores extranjeros mostrando una nueva cara de Bolivia. Un evento de este tipo habría sido impensable hace solo una década atrás, cuando las petroleras y grupos de poder oligárquico buscaban evitar el ascenso al poder de Morales y del Movimiento al Socialismo (MAS), por una supuesta tendencia comunista.

En la misma reciente línea, el vicepresidente -de trayectoria marxista- acaba de contraer a nombre del estado boliviano, el mayor crédito asumido por el país con China (US$ 7,5 mil millones, equivalentes al 17% del PIB boliviano). Ese crédito tiene por finalidad un ambicioso programa de obras, pero está totalmente condicionado a que sean ejecutadas por empresas chinas.

Decisiones de este tipo disparan recuerdos, como los que llevaron a Bolivia a contraer empréstitos para construir ferrocarriles hacia Chile en beneficio de las empresas mineras nacionales y transnacionales en el siglo XIX, de un pasado dependiente ¿Cómo se explica que ocurra todo esto con un gobierno que dice ser de izquierda?

La respuesta es que esto es parte de un proceso que tiene lugar en el último quinquenio. El MAS ha ido acercándose presurosamente a empresarios, exportadores e inversores extranjeros; estableciendo acuerdos y compromisos que se han convertido en la columna central de los planes gubernamentales de corto y mediano plazo. Este viraje, devela un horizonte político reducido a un cúmulo de obras y proyectos principalmente de infraestructura de exportación que pretendidamente acrecentarán las divisas. La finalidad sería alcanzar el “Vivir Bien”, pero en una versión reconvertida en desarrollo integral.

Como ejemplo, el principal destino del crédito chino será la construcción de varias carreteras hacia el norte amazónico, un tren que abre camino hacia el yacimiento de hierro del Mutún y una hidroeléctrica para empezar la exportación de energía eléctrica. Así la llamada “Agenda 2025”, que es el principal justificativo para una nueva reelección presidencial post 2020, tiene entre sus pilares más y más extractivismo. El primer pilar de la Agenda denominado “Patria Grande e Industrial en la Era Satelital”, pretende garantizar el desarrollo de la cadena productiva hidrocarburífera, así como de las diferentes formas de energía y sus fuentes, desarrollar, fomentar, promocionar y controlar la actividad minera y metalúrgica, fortalecer los corredores bioceánicos, etc. (1).

 

¿Qué sentido puede tener insistir en la exportación de materias primas cuando existe un contexto de baja de precios internacionales? Históricamente sólo los sectores conservadores apostaron a incrementar los volúmenes exportados para compensar la baja de precios y sólo ellos promovieron mayores subvenciones como las que ahora les promete Evo Morales a las petroleras extranjeras con un Fondo de Incentivo de 3.556 millones de dólares (2).

Al igual que ocurre en Ecuador bajo R. Correa, al MAS de Bolivia le queda muy poco de izquierda. Raspando el fondo de la olla, podríamos nombrar las iniciales medidas de su primer mandato, que luego fueron vistas por las autoridades como frenos al desarrollo o van siendo reemplazadas por medidas abiertamente contrarías. Es el caso de la exportación de gas a la que tenazmente se opusieron movimientos sociales de El Alto en 2003. Bajo las políticas de Sánchez de Lozada Bolivia empezó exportando 46% de lo extraído, en el año 2014, el 96,73% de lo extraído fue exportado. Esta tendencia se agrava si se observa que los volúmenes se incrementaron en casi cinco veces. Bolivia se hizo más dependiente de las exportaciones durante un gobierno que teóricamente debía recuperar la soberanía nacional.

 

Su insaciable búsqueda de mercados e inversores, lleva al gobierno a chocar contra múltiples sectores sociales, entre otros, los pueblos indígenas que ven comprometido su futuro por este embate extractivista. Este es el origen de una de las rupturas con el gobierno.

Ese mismo gobierno que promoviera el Estado Plurinacional en la Constituyente, arremete poco tiempo después contra los derechos de los pueblos indígenas. Reprime duramente sus pacíficas movilizaciones (como ocurriera en octubre de 2011 en Chaparina o recientemente en el Chaco) y desentierra todo tipo de descalificaciones coloniales y racistas contra sus legítimas demandas. Las rémoras del Estado colonial remozan en funcionarios del “Estado Plurinacional” que tratan a los indígenas de incivilizados y de obstáculos para el desarrollo del país.

Otros sectores sociales que, muchas veces, solamente le demandan participación en las decisiones que afectarán su futuro, son tratados como opositores y derechistas con los que no dialogan. La represión a la disidencia social, por decir lo menos, aleja al gobierno de las reivindicaciones abanderadas en la Asamblea Constituyente de mayor control social a los funcionarios públicos. ¿No era acaso uno de los fines de este proceso el radicalizar la democracia, trascender la democracia representativa y transitar hacia formas participativa, directa y comunitaria?

 

Este desgaste cada vez más difícil de compensar, ocultar o disimular amerita además del control de medios de comunicación, estrategias de control y/o eliminación de voces críticas y la implementación de impresionantes campañas publicitarias. Para mantener congelada esa primera imagen de cambio y transformación revolucionarias se apela a un gigantesco y millonario despliegue publicitario (literalmente el gobierno destina 1 millón de Bs. diarios a propagandizarse) (3).

 

Rafael Archondo analiza acertadamente el papel de la incesante publicidad gubernamental en esta puesta en escena: mostrar esas primeras e iniciales medidas -concretamente la supuesta nacionalización de los hidrocarburos- como la pócima que resolvió todos los males y que terminó por desterrar del país a la derecha antinacional. “El fantasma de la derecha antinacional es sacudido ostentosamente en cada concentración humana. Ésta no existe ya en la vida real, pero cuán útil resulta a la hora de cohesionar a la sociedad en contra del pasado”(4). Un repertorio muy útil asimismo para descalificar, estigmatizar, ilegalizar, e incluso judicializar cualquier cuestionamiento a sus políticas (sea de movimientos sociales, ONG, periodistas o de sus propios militantes) que sería perfectamente normal en un estado democrático que se precia de contar con servidores públicos al servicio de la sociedad. ¿No era acaso un principio básico del MAS el “mandar obedeciendo al pueblo”?

 

Este agotamiento del modelo económico planteado por gobiernos progresistas como el de Evo Morales, conlleva en el momento actual preocupantes transformaciones políticas reflejadas en una seria erosión de la democracia. ¡Cuestionar al presidente o sus políticas extractivistas, supone formar parte de las fuerzas externas de derecha que conspiran contra la revolución! De este modo, proyectos gubernamentales como una carretera (pongamos el caso de la conocida propuesta de construir una ruta dentro del parque nacional conocido como TIPNIS), una planta de energía nuclear, o la exploración petrolera en áreas protegidas, son tratadas como asuntos que comprometen la seguridad nacional y quienes se opongan son tratados como enemigos internos a los que hay que vencer. El vicepresidente, Alvaro Garcia Linera, se ha esmerado en demostrar la peligrosidad de estos nuevos terroristas a los que, insiste, no queda más que derrotar.

 

El alejamiento entre el MAS y los movimientos sociales -o de aquellos que pueden ser considerados como tales porque mantienen una agenda propia que no es dictada por las autoridades- es tan llamativo como el acercamiento de éste a sus antiguos adversarios, como lo fueron los latifundistas agropecuarios de Santa Cruz. Este año, en acuerdo con ellos se han dejado atrás los principales logros de la Constituyente, dando paso a una agenda agro-extractivista. Se ha levantado la prohibición a los transgénicos, que nuevamente pueden ser introducidos y producidos sin restricción; también se ha dado marcha atrás en la reforma agraria, evitando la verificación de la Función Social de la tierra por cinco años, lo que permitirá a los latifundistas conservar su poder en las tierras bajas.

Los banqueros también ganan con el proceso de cambio, sus utilidades crecen año a año. Sus ganancias fueron US$ 43,6 MM en 2005, para trepar a los US$ 288,3 MM en el 2014, a un ritmo promedio de 62% de crecimiento por año (5). El que los bancos acrecienten sus ganancias es tomado por las autoridades como un indicador de la “buena salud de la economía”, como si éstos alguna vez hubieran compartido sus ganancias con la sociedad.

Con las transnacionales se ha seguido similar camino. Por ello, la Repsol -la transnacional española cuyo proyecto de exportación de Gas a Estados Unidos, a quién se puede acusar de responsable de los hechos que derivaron en la Guerra del Gas de 2003- forma parte de la delegación que acompaña a Evo a promocionar la nueva imagen de Bolivia en New York.

Notas

1. Directrices de planificación de mediano y largo plazo hacia la agenda patriótica 2025. Ministerio de Planificación del Desarrollo. Estado Plurinacional de Bolivia. Gestión 2014.

2. Declaraciones del Ministro de Hidrocarburos y Energía, en “Bolivia creará fondo de US$ 3,556 millones para incentivar inversiones extranjeras en hidrocarburos”. Reuters 21/08/2015.

3. Ministerio de comunicación tiene cada día más de Bs. 1 millón para publicidad. ERBOL, 28 Agosto 2015.

4. Rafael Archondo. En campaña permanente. La Razón, La Paz, 14 Setiembre 2015.

5. Miguel Lazcano. “Ganancias de la banca crecen en 33% y alcanzan a $us 283 millones”, La Razón 14 Enero 2015

- Marcos Gandarillas y Oscar Campanini integran el Centro de Información y Documentación Bolivia (CEDIB), con cede en Cochabamba.www.cedib.org

Twitter: @magandarillas y @OsCampanini

http://www.alainet.org/es/articulo/173307

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205104

 

Segundo:

Prorroguismo y estabilidad

27 de noviembre de 2015

 

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

Dos de los argumentos más utilizados y más característicos de aquella derecha reaccionaria interesada en reproducirse y conservar el poder a cambio de ofrecer estabilidad económica y social, ahora (muy irónica y paradójicamente), son utilizadas por altas autoridades del gobierno y el oficialismo, nada menos que sosteniendo que se trata de la única alternativa de izquierda para garantizar, supuestamente, la profundización del proceso.

 

Este nuevo y burdo intento por volver a repetir esa constante impostura y suplantación que ha caracterizado al actual gobierno, y por el cual se busca trastrocar y dar un sentido diferente a los hechos, cuando en realidad se mantiene la esencia de lo que se afirma haber superado y/o derrotado, pretende hacer creer a la ciudadanía y el pueblo que si pierde el sí, volverá la derecha, que ellos mismos representan.

 

Para develar esa lógica perversa, el presente artículo abordará algunos ejes que permitan desenmascarar y esclarecer el panorama.

De qué alternativa de izquierda, o de qué propuesta de cambio y profundización del proceso se puede hablar, si lo que se plantea es el mismo continuismo, “estabilidad” y crecimiento que el neoliberalismo y la derecha siempre repetía como el único medio para garantizar bienestar y progreso para unos pocos(¿).

Tan enfrascados en el exitismo y la autocomplacencia de haber despilfarrado ingentes recursos económicos en la construcción y financiamiento de megaobras (como aeropuertos, satélite, canchas de futbol, tinglados, empresas estatales, barcazas, puentes, etc.), de muy dudosa utilidad, cuando no francamente negociados y estafas que se caen a poco de ser inauguradas; no se dan cuenta o no quieren percibir el profundo desencanto del pueblo y la gente. Y es que una vez disipado el entusiasmo y la novedad de semejantes erogaciones elefanteásicas, el pueblo llega a la conclusión que ello, al margen del evidente despilfarro, no ha mejorado, ni mucho menos transformado sus condiciones de vida, de trabajo, ingresos, o de acceso a los servicios básicos que tanto necesitan. Todo lo contrario, constatan que ese afán desenfrenado por construir grandes obras y forzar el gasto del presupuesto hasta el último centavo, sólo ha servido para favorecer los intereses de grandes empresarios (antiguos y nuevos que se crearon precisamente al calor de los ingentes recursos disponibles), pero sobre todo para disparar la corrupción y los negociados, así como la profundización de las desigualdades entre los nuevos ricos y la mayoría pobre del país.

 

Convencidos que el sistema rentista que fue copiado del neoliberalismo, de entregar diverso tipo de bonos (incluido el doble aguinaldo), les puede garantizar un apoyo generalizado, se consuelan repitiendo los argumentos de organismos internacionales como el FMI, sosteniendo que ello ha servido para lograr una mejor distribución del ingreso y luchar contra la pobreza. Prefieren ignorar que se trata de uno de los más perversos métodos patrimoniales y asistencialistas, que al mismo tiempo de generar una dependencia ciudadana respecto de los bonos (que generalmente es insostenible en el tiempo), la desmoviliza y aletarga, dando una sensación de estabilidad y tranquilidad, cuando en realidad se divide las organizaciones sociales, se destruye décadas de lucha y una experiencia inestimable en la reivindicación de sus demandas que pone a la sociedad en una condición autista, sin reflejos ni capacidad para defender y movilizarse.

 

No se dan cuenta que muy en contrario de lo que piensan o desean, el pueblo no quiere cambiar la Constitución, ni mucho menos tener dueños ni patrones que pretenden quedarse en el gobierno, nada menos que modificando la Constitución (que tanta lucha costó), para que dos personas se beneficien. El gobierno no quiere entender que si bien el pueblo aplaude y recibe los bonos, sabe perfectamente que ello no proviene de los bolsillos de los gobernantes (como se nos quiere hacer creer), y tampoco resuelven las necesidades más acuciantes como el acceso a los servicios básicos, creación de fuentes de trabajo y empleo digno y permanente, o seguridad ciudadana por ejemplo, que a pesar de la década de gobierno transcurrida, continúan sin ser resueltos.

 

El caso del doble aguinaldo es más revelador todavía, porque al margen de constituir la mayor expresión del rentismo para congraciarse con la clase media, busca lograr réditos políticos electorales que ahora más que nunca los necesita. Adicionalmente es muy revelador, porque al mismo tiempo de poner en evidencia la pretensión gubernamental de decidir su postergación (al margen del pueblo y sus organizaciones sociales), con el empresariado nacional (provocando la furia en su contra de toda la clase obrera del país); paralelamente viene a constituir un tremendo golpe a las pequeñas y medianas empresas que han logrado subsistir y tienen una gran cantidad de mano de obra dependiente en condiciones precarias. Se evidencia que en contrario de haber promovido y desarrollado la diversificación productiva, el incentivo a las iniciativas asociativas y el apoyo al pequeño productor como motor generador de trabajo productivo; en realidad se los castiga con obligaciones fuera de su alcance, y los somete al peligro de desaparecer y engrosar las grandes filas de informales, comerciantes y cuenta propistas que siguen incrementando la enorme cantidad de personas y familias desocupadas o subocupadas que llenan los barrios marginales. Es decir, se desnuda la total ausencia y falta de iniciativa gubernamental para diversificar la economía, las fuentes de trabajo y la producción; para traducirse más bien en nuevas cargas y obligaciones que caen sobre los sectores populares, que nunca han disfrutado de los beneficios, grandes ingresos y ganancias de las que gozan las grandes empresas y corporaciones que sí han tenido el respaldo económico, normativo y político del gobierno.

 

Dícense un gobierno progresista y de izquierda, siendo que en la práctica han liberalizado y desregulado la economía (a través de disposiciones que permiten las contrataciones directas, la aprobación de normas para “incentivar” la exploración y explotación hidrocarburífera, la conversión de áreas protegidas en zonas de concesión minera e hidrocarburífera, la legalización de las quemas y chaqueos ilegales de bosques y biodiversidad, la simplificación y práctica anulación de los procedimientos de consulta y participación de los pueblos indígenas, etc.), para facilitar el extractivismo salvaje de los recursos naturales y garantizar el desempeño de las empresas y corporaciones transnacionales.

 

Cuando los excedentes y los ingresos extraordinarios recibidos en los años de bonanza, en el momento en que los precios internacionales de las materias primas exportadas eran elevados y hubieran permitido desarrollar la diversificación productiva, energética e industrial, el establecimiento de nuevas relaciones de producción y el desarrollo de iniciativas comunitarias y sociales en armonía con la naturaleza (es decir, la construcción de una verdadera alternativa al capitalismo), se prefirió despilfarrar los recursos en grandes obras de diverso tipo, promover la inversión pública en cemento y, lo que es peor, atraer al capital internacional y las transnacionales con el anzuelo de la explotación y el extractivismo de nuestros recursos naturales, que pronto se tradujeron en mayor dependencia y sometimiento a sus intereses.

Como si ello no fuese poco, una vez que termina el periodo de bonanza y se produce la reducción de los ingresos en vista de la bajada de los precios internacionales de las materias primas exportadas; en vez de reencauzar y priorizar estratégicamente los gastos y la inversión pública nacional, asegurándose mínimas condiciones de diversificación energética, productiva e industrial, así como de soberanía nacional y seguridad alimentaria en base a producción campesina asociativa y ecológica, por ejemplo; se decide exacerbar el extractivismo y el saqueo de los recursos naturales que ya se encontraban en declinación. Para ello, no solamente se aprueba la nueva ley minera que viene a ser más ultraliberal, entreguista y antinacional que el antiguo Código Minero gonista, sino que inclusive se abren y destinan las áreas protegidas (un equivalente a las joyas de la familia), para ampliar y extender las zonas de exploración y explotación hidrocarburífera. Es decir, no solo se remacha la condición dependiente y sometida a las corporaciones transnacionales extractivistas, sino que se les ofrece entregarles (por medio de la llamada ley de incentivos), parte de los recursos y los ingresos propios recibidos por el IDH, para que ellos no solo tengan garantizadas sus ganancias e ingresos, sino que puedan esquilmar y saquear hasta el agotamiento nuestros propios recursos no renovables. Eso equivale a deshacernos y entregar todos nuestros recursos naturales a la insaciable sed de las transnacionales, e inclusive regalarles parte de nuestros propios ingresos que podrían ser destinados a tareas estratégicas, con tal de garantizar las ganancias y los ingresos extraordinarios que no recibirían de otra forma las corporaciones internacionales. Mayor grado de sometimiento y entreguismo antinacional, son definitivamente imposibles.

 

A diferencia de otros momentos históricos (como el que tuvo Banzer en su primera época dictatorial), en este caso no se trata de que al final sólo se habrán malgastado los ingresos como ocurrió en aquella época, sino que adicionalmente habremos agotado los recursos no renovables que en este momento ya se encuentran en declinación. Es decir, no solamente volveremos a ser pobres, dependientes y sometidos, sino que tampoco dispondremos de los recursos que permitirían emprender un nuevo ciclo. Al respecto, de forma muy dramática, viene a mi mente el Cerro Rico de Potosí y el cascarón prácticamente vacío de lo que antiguamente fue. Será por eso –me pregunto- que Potosí y su pueblo sabe con exactitud lo que puede suceder y no por nada se ha convertido en un referente de rechazo a la pretensión prorroguista…

 

En cuanto a la estabilidad ofrecida, dan por descontado que a la hora de la hora, el pueblo se descantará por el prorroguismo, para preservar las grandes obras, los bonos y las rentas. No se detienen a escuchar y observar que el pueblo quiere trabajo permanente y digno, que lo que necesita es seguridad ciudadana y que está cansado de deambular y sufrir por la falta de servicios básicos, salud, educación. Que le impresionan las mega obras realizadas, las ferias, exposiciones y grandes shoppings que alientan el consumismo desenfrenado al que no están acostumbrados (y que siempre se ha caracterizado por diferenciar y agudizar las desigualdades entre la gente), pero que preferirían tener asegurados su alimentos en el mercado, su seguridad alimentaria y la no dependencia de los productos extranjeros que nos invaden creando nuevos gastos y erogaciones que esquilman los ingresos familiares. Que en vez de ufanarse de la construcción de grandes obras que sólo sirven para enriquecer a empresas y facilitar los negocios, el transporte y la comercialización de grandes corporaciones, hubieran preferido que se apoye y diversifique la pequeña y mediana iniciativa ciudadana, que se haya garantizado la producción de alimentos de consumo interno (no los monocultivos extensivos de transgénicos), o que sencillamente, se hubiese dado cumplimiento a las tareas y el mandato popular que se encuentra contenido (a pesar de las modificaciones introducidas precisamente en acuerdo y negociación con la derecha que dicen despreciar), en la Constitución Política del Estado.

 

En fin, que dar continuidad a la actual manera patrimonial y patriarcal de disponer los recursos nacionales, sólo significa permitir que se sigan utilizando para desmovilizar, dividir, prebendalizar, cooptar, corromper y destruir el sindicalismo y las organizaciones sociales, lo que significa destruir su capacidad de movilización y denuncia social, pero sobre todo anular sus reivindicaciones y la capacidad de conquistar nuevos derechos colectivos e individuales.

La izquierda no está en el gobierno; todo lo contrario, el gobierno es la derecha que dice despreciar. Por eso, cuando se pretende confundir a la gente ofreciendo gato por liebre, deberían saber que el pueblo no necesita ningún cartel, mucho menos que no le pertenezca, porque es claro que siempre ha sabido lo que quiere, muy a pesar de todos aquellos que, como ahora, pretendieron arrogarse su representatividad y usurpar su mandato, pero terminaron traicionando y reproduciendo (esta vez como tragedia), las peores prácticas y lecciones de la historia. 

Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206153

 

Tercero:

 

Los fantasmas de la derecha y el pasado
11 de diciembre de 2015

 

 

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

El resultado de las elecciones realizadas en Argentina y Venezuela han provocado una reacción insólita en el gobierno y la dirigencia pro-oficialista que conforma la CONALCAM (Coordinadora Nacional para el Cambio). A falta de una indispensable y necesaria autocrítica, llegan a la conclusión de que se está produciendo una “arremetida derechista” a la que hay que combatir. Es más, señalan que el principal riesgo (y enemigo) que amenaza el país, es esa “arremetida derechista” que pretendería volver y retomar el poder.

En pocas ocasiones se ha podido percibir semejante extravío de una dirigencia cooptada y prebendalizada que (con este tipo de posturas), termina comprometiendo la trayectoria de lucha de sus propias organizaciones sociales, así como de un gobierno mentecato e impostor, que (juntos) pretenden hacerle creer al pueblo en la amenaza de una "arremetida derechista".

Todos sabemos que su derrota (anunciada en su propia inseguridad y en sus propias declaraciones), sólo es resultado de la impostura gubernamental y la traición al proceso, como a la falta de independencia organizativa que estos dirigentes sometieron al poder político de turno, por un plato de lentejas y alguna canonjía.

Por ello, en su ceguera y no teniendo mejor idea que inventar fantasmas (y amenazas que esperan que el pueblo se las crea y las retribuya con respaldo), quieren deshacerse y librarse de sus culpas y errores, nada menos que señalando a la derecha y el imperialismo. Es decir, a los mismos que no se cansaron de convocar, ofrecer facilidades y garantías, convertirlos en sus aliados y terminar sometidos a sus intereses. Piensan que el pueblo está papando moscas y no se da cuenta de semejante engaño.

Por lo demás, existen hechos que los desdicen flagrantemente en su intención de que el pueblo crea que la amenaza principal sea el retorno de la derecha. Hay que recordar que ha sido el propio gobierno que comenzó aliándose con la Juventud Cruceñista, por todos conocida como un grupo reaccionario, racista y discriminador que apaleó pueblos indígenas y a sectores populares. Luego establecieron acuerdos con el MNR y la ADN para hacerse de algunas gobernaciones y municipios, en la lógica de conservar el poder a como dé lugar. Continuaron con los grandes empresarios agroindustriales de la CAO (tradicionales opositores derechistas y reaccionarios), a quienes (junto a la pérdida de seguridad y soberanía alimentaria del país), les facilitaron extensas tierras y territorios para ampliar la frontera agrícola con desmontes y quema de bosques y biodiversidad, para sembrar monocultivos extensivos y el uso de agrotóxicos que nos envenenan. Y finalmente buscaron y convocaron a las corporaciones y empresas transnacionales, a los que terminaron sometiéndose (embargando la soberanía nacional), al entregarles todas las facilidades e “incentivos” para el saqueo de los recursos naturales no renovables, incluyendo las áreas protegidas. Es decir, la derecha y la traición es el propio gobierno y si algo debemos temer los bolivianos es que continúen malbaratando el país, sus recursos, su soberanía y su proceso de cambio y transformación. 

Además, cuando se pretende hacer creer que los únicos que pueden garantizar estabilidad es el prorroguismo y perpetuación de los actuales mandatarios, se percibe una fuerte carga de subestimación y desprecio a la capacidad e iniciativa de todos los bolivianos. Pretenden mostrar como si el destino nacional dependiese de una persona y que sin él no hay futuro ni destino para el país. Quizás se imaginan que los bolivianos adolecemos del síndrome del esclavo, o el de Estocolmo, porque (en un caso) el esclavo tanto ha dependido de su amo, que duda (y en muchos casos hasta se resiste) a su liberación o, en el otro, el secuestrado termina enamorándose de su victimador. Se cree que hemos establecido ese lazo de dependencia y sometimiento, que terminó haciendo perder lo esencial: la libertad, la iniciativa y la autodeterminación.

Sin embargo, lo cierto es que ahora como quizás nunca antes, existe un proyecto; el proyecto inconcluso y traicionado por el gobierno, que se traduce nada menos que en la Constitución Política del Estado que, como todos sabemos, es por esencia el Proyecto Nacional construido y decidido popularmente (a pesar de las modificaciones introducidas en espurios acuerdos con la derecha, al margen de la decisión popular y constituyente). Por todo ello, no hay encrucijada como parece (y el oficialismo contribuye a crear artificialmente); porque el pueblo se cansó del engaño, la traición y la impostura. Quiere recuperar su mandato y retomar la iniciativa para realizar las tareas inconclusas y traicionadas. 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206677

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Necesitamos, abajo y  a la izquierda, debatir realidades tales como:

 

 

1) El progreso en la acumulación de riquezas y poder del 1% de la humanidad es incompatible con la vida,  la producción agropecuaria e industrial y de otras actividades de los pueblos. Por supuesto, degrada y erradica la democracia.

 

 

El petróleo avanza sobre el agro y el INTA censura

28 de noviembre de 2015

 

Por Darío Aranda (8300)web

Un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria confirma el avance hidrocarburífero sobre las chacras frutícolas de Río Negro y alerta sobre las consecuencias. En la primera vez que la institución aborda el tema de manera pública. La investigación iba a ser presentada en la Universidad Nacional del Comahue, pero fue censurada por autoridades del INTA.

“La frontera hidrocarburífera avanza en Río Negro de la mano de la fractura hidráulica, cuando todavía no está claro su impacto ambiental. La técnica experimental es cuestionada en diferentes países por el alto riesgo de contaminar las reservas subterráneas de agua, amenaza la economía de la fruticultura y a la población rural de Allen, donde se instaló sin consulta previa, debate ni licencia social”. La advertencia proviene, por primera vez, del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, espacio técnico emblema del sector rural). Lo paradójico: en lugar de dar a conocer el estudio, alertar a la sociedad y convocar a debatir políticas públicas y posibles soluciones, el INTA censuró la difusión del trabajo, prohibió la presentación del mismo en una jornada académica e intentó archivar la investigación.

El rol de YPF, la contaminación y las posibles afecciones en la salud.

 

El trabajo censurado

“Avance de la frontera hidrocarburífera sobre suelo productivo. Estación Fernández Oro (EFO), Alto Valle del Río Negro”, es el nombre de la investigación del INTA, firmada por Diego Rodil, que trabaja en la institución desde hace diez años y desde hace dos que se dedica a profundizar el impacto petrolero en la tradicional zona de chacras de Allen (entre General Roca y Cipolleti). De 19 páginas, aclara desde que se trata de la primera etapa de una investigación más amplia, un trabajo exploratorio-descriptivo y que se enmarca en el proyecto específico “Políticas públicas, modelos de desarrollo y gobernabilidad en los territorios (Programa Nacional para el Desarrollo y la Sustentabilidad de los Territorios)”.

“Desde el 2013 se experimenta un avance acelerado de la extracción de gas y petróleo (con más de 70 pozos activos) sobre la zona rural de Allen, la ciudad productora de manzanas (2971 hectáreas) y peras (3200 hectáreas) más importante del país”, explica la investigación y destaca: “No es posible hablar de convivencia entre las dos economías cuando la decisión de hacer fruta o petróleo queda librado a las dinámicas del mercado, que para petróleo paga diez veces más por hectárea. La incompatibilidad de actividades se visualiza en la perdida creciente de suelo productivo y la proliferación de chacras abandonadas, riesgos sanitarios en la fruta, los estándares de exportación pueden cambiar y ser rechazada la fruta en un futuro; además de riesgos elevados de contaminación de napas y aguas superficiales”.

 

En el INTA regional trabajan más de 130 técnicos de las más diversas áreas de conocimiento. La institución, que tiene como uno de sus objetivos favorecer el desarrollo agropecuario y asesor a los productores, nunca se había expedido sobre la avanzada petrolera.

 

Otro párrafo del trabajo censurado advierte: “Algunos de los problemas denunciados por la población rural fueron ruidos molestos en el momento de la perforación, contaminación de suelo y agua, rajaduras en casas por tránsito de maquinaria pesada, y el incremento de problemas de salud manifestado en afecciones respiratorias por venteo de gases. Preocupa también la proliferación de casos de cáncer y pérdida de embarazos que requieren la urgente intervención de salud pública para determinar las posibles causas y su relación con el fenómeno estudiado”.

 

El trabajo se centra en la localidad de Allen, “capital nacional de la pera”, ubicada en el centro del Alto Valle del Río Negro, a 25 kilómetros de la capital de Neuquén. Se caracteriza por tener la mayor concentración de chacras productoras de peras y cuenta con una amplia infraestructura de galpones de empaque, frigoríficos y empresas exportadoras. La investigación del INTA revela que entre 2009 y 2014 Allen perdió 409 hectáreas de frutales (el 6,3 por ciento del total) y lo atribuye a un fenómeno multicausal, enmarcados en la llamada “crisis de la fruticultura”. El trabajo señala como hipótesis que “el avance extractivo y la falta de políticas públicas acertadas de protección del pequeño productor, han acelerado éste fenómeno (la crisis)”.

 

La actividad hidrocarburífera se da en la zona desde la década del 60, pero con la explotación de la vecina Vaca Muerta se aceleró (con la cuestionada técnica de “fracking” o fractura hidráulica). La Estación Fernández Oro (EFO) es la mayor formación gasífera de Río Negro y pertenece a YPF (a través de su empresa “Yacimiento del Sur”). Allí funciona una planta separadora del petróleo y el gas, que los pone en condiciones para el bombeo y comercialización. Rodil afirma que cuenta con más de 70 pozos activos (de más de 160 existentes) que producen 1.750.000 metros cúbicos de gas.

“Este avance acelerado de los últimos tres años trajo numerosas consecuencias. A pesar de que diferentes voces del gobierno municipal, provincial y nacional aseguraron la compatibilidad con la fruticultura, en la zona de Allen ya se perdieron 58 hectáreas de forma directa y se observa un importante número de chacras en estado de abandono. También se registró en este periodo derrames de crudo, roturas de caños de agua, explosiones e incendios, contaminación del agua, rajaduras de casas por tránsito de maquinaria pesada”, detalla el trabajo del INTA.

Explica que se observa una “competencia/tensión” por el uso del espacio rural. “La expansión de la frontera hidrocarburífera presiona sobre las tierras sistematizadas para la agricultura. El territorio productivo se repliega y se fragmenta, dando lugar a prácticas incompatibles con las agropecuarias, con la consecuente pérdida de suelo productivo, de productores y de puestos de trabajo”, advierte.

Afirma que no se tiene en cuenta el costo que representa la pérdida de suelo productivo sistematizado y dotado de infraestructura, la pérdida de capital social que también llevó años construir, y los puestos de trabajos que dejan de existir. “Tampoco se contempla que sobre el suelo productivo se producen alimentos y que se trata de una economía sustentable que lleva cien años y puede continuar en el tiempo. Las economías extractivas tienen un ciclo de vida limitado, cuando se acaba el recurso, se acaba la actividad”, destaca Rodil.

Avanza en la caracterización: “La extracción de hidrocarburos no es compatible con la producción agropecuaria y la residencial. El Estado debe regular este conflicto y generar políticas públicas que protejan el suelo productivo y a la población rural”.

Y alerta que “la apuesta de Ysur (YPF) es duplicar la producción de gas en los próximos cinco años. La campaña de perforación representa 100 pozos más”.

 

El trabajo aborda tópicos como “el extractivismo en América Latina”, “pasivo ambiental y maldesarrollo” y “matriz y política energética”, entre otras. Recuerda que en septiembre pasado el gobierno provincial licitó otras seis áreas petroleras en el Alto Valle y el Valle Medio, lo que puso en alerta a productores de Villa Regina, histórica zona de frutas y chacras.

Entre las conclusiones parciales, la investigación destaca: “La ‘crisis frutícola’ no justifica el cambio de uso del suelo rural, por el contrario debería representar una oportunidad para debatir un nuevo modelo basado en la soberanía alimentaria, la agricultura familiar y la agroecología”.

http://www.8300.com.ar/2015/11/27/el-petroleo-avanza-sobre-el-agro-y-el-inta-censura/ Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206185

 

 

 

2) La contaminación ambiental es menospreciada por personalidades 'bien pensantes' que con desdén señalan el deber de aceptarla para progresar.

 

 

Argentina: El sací y la tierra envenenada
10 de noviembre de 2015
 

Por Silvana Melo

La ciencia venció con vacunas a la varicela y al sarampión. Pero nada puede hacer ante el futuro envenenado. Ante la amenaza del capital predador que lixivia las conciencias con agua de oro. Cuando los pobladores de Mariana escucharon apenas un bramido sordo que bajaba entre los cerros, sospecharon que la leyenda se hacía cuerpo. Cuántas veces fantasearon, como con la visita del sací pereré, con que los diques de cola de la mina se quebraran. Y se les viniera el lodazal encima, como una ola envenenada de residuos, hierro y químicos. Como con el sací, nunca se sabrá qué es verdad y qué no. Salvo con los muertos y los que desaparecieron debajo del barro, que ya no volverán. Dicen que en el encolado no había residuos químicos. El sací, con su sola pierna, morocho y de palmas agujereadas, miente para divertirse. Los dueños de las minas, que son los dueños de la vida y de la muerte de toda esta historia de Mariana, Brasil, mienten para cuidarse la espalda.

Quién sabe cómo seguirá la vida de los miles de niños embarrados que se salvaron del alud tóxico pero el lodo penetró por los poros, por el aire que respiran, por el agua que toman, por el suelo que pisan, veneno aluvional que se quedará siglos en el cuerpo de un pueblo con nombre virginal que ya no volverá a pararse sobre sus pies en el sureste de Brasil.

Pero como los niños se van volviendo tóxicos con los años de respirar plomo, pisar descalzos glifosato, manipular barro con 2-4D o tomar agua cianurada, nadie puede rasgarse las vestiduras al ver las calles saturadas de cadáveres. Porque irán creciendo enfermos, con retrasos madurativos, con menor comprensión que otros sin plomo, cianuro, 2-4D o glifosato, con la piel escamada o los pulmones de cristal. O se enfermarán a los 20 o a los 30, por su propio dique de cola genético: los venenos que fueron acumulando en el cuerpo y que un día producen un quiebre y se vuelven cáncer o leucemia. Por ejemplo.

Nadie sabe qué pasará con los niños de Jáchal, ahí no más de Veladero, la mina de oro de la Barrick en San Juan. Gracias a un mensaje de whatsapp se supo que había un caño roto. Y que el agua contaminada con cianuro de la lixiviación se había derramado y tomado un camino inexorable hacia el río. Son 15 mil litros, dijeron al principio. Cuando algo había que decir. Pero salieron y se esfumaron. Nunca llegaron al cauce, re explicaron. Como el sací pereré, que miente para divertirse. Pero los directivos de la Barrick lo hacen para cubrirse las espaldas. Juntos, los directivos y el gobernador Gioja, quien se encogió de hombros y dijo: “cosas que pueden pasar”. También pasa, por azar, por aplicación de un random en la historia reciente, que Veladero y el proyecto Pascua Lama están, dicen, erigidos sobre glaciares y periglaciares. Lo que está prohibido por ley.

 

Al Jáchal llegaron un millón de litros de agua cianurada. No quince mil. Y se volcaron alegremente en el río. No se esfumaron, como comunicaron los directivos de la Barrick en los primeros momentos de confusión.

Si el sací pereré se mete en la cocina, desparrama la sal, pone moscas en la sopa, quema los guisos. Cuando las megamineras se cuelan en casa revientan los cerros, contaminan el agua, cambian el color de los ríos y los pájaros de mudan de cielo. Para neutralizar al sací es suficiente con atraparlo y quitarle el gorro rojo. Las transnacionales se van cuando dejan la tierra herida y arrasada. Y su marca en los niños que crecerán con veneno en su sangre.

Investigadores de la Universidad de La Plata –en sociedad con la Red de Médicos de Pueblos Fumigados- descubrieron glifosato en el algodón, las gasas, los tampones y las toallitas. Todos elementos supuestamente esterilizados. "El 85 por ciento de todas las muestras dieron positivos para glifosato y el 62 por ciento para AMPA, que es el metabolito ambiental; pero en el caso de algodones y gasas el porcentaje fue del cien por ciento", dijo el doctor en Química Damián Marino.

El descubrimiento fue azaroso, mientras se estudiaba la presencia de agrotóxicos en los alimentos. "Cuando uno utiliza algodón o gasas para curar heridas o para uso personal higiénico, lo hace pensando que son productos esterilizados, y resulta que están contaminados con una sustancia cancerígena", dijo Medardo Ávila Vázquez, referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y legendario impulsor de las Madres de Ituzaingó. "La mayoría de la producción de algodón en el país es transgénico y resistente al glifosato; se fumiga cuando el capullo está abierto entonces el glifosato queda condensado y pasa directo al producto".

Bios Argentina, en 2014, estudió la orina de un grupo de pobladores urbanos de Mar del Plata. Lejanos a las zonas agrícolas. El 75% de las pruebas tenían glifosato. Nadie controla si hay plaguicidas en sangre, orina y leche materna humanas. Que naturalmente se transmite a los niños. Nadie se inmuta si no hay cadáveres en las calles. Cuando el daño es lento y no aparece como la sangre después del disparo, las compañías mineras y las repúblicas sojeras se frotan las manos y continúan, tranquilas y legitimadas, su depredación integral.

El mismo Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA – UNLP) demostró que los agrotóxicos se evaporan y caen, después, con las lluvias. Así como llueven sapitos cuando el sol evapora el agua con los huevos, también caen herbicidas en las cabezas de los niños que juegan en los patios de las escuelas.

La ciencia venció con vacunas a la varicela y al sarampión. Pero nada puede hacer ante el futuro envenenado. Ante la amenaza del capital predador que lixivia las conciencias con agua de oro. El sací pereré es un duende travieso y dañino. Miente para divertirse. Esconde los juguetes a los niños y pone nerviosas a las gallinas para que no puedan poner huevos. El modelo extractivo, de vaciamiento de la tierra e intoxicación del futuro miente para no tener límites. Y se lleva, con su irrupción aluvional, la libertad de los pájaros y el espíritu de los ríos.

Pelota de Trapo   Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_El_saci_y_la_tierra_envenenada

 

 

3) "La creación de YCF S.E. en 1958 -que fue privatizada en 1994 y en 2002 volvió al control estatal- respondió a un momento histórico donde los debates y horizontes en términos de modelos de desarrollo y de matriz energética eran otros. Por entonces las crisis ambiental y climática no se vislumbraban ni se planteaba el imperativo de descarbonizar la matriz energética, como en la hora actual".

 

 

YCF y el imperativo de descarbonizar la matriz

1 de diciembre de 2015

En momentos en que se vive una fuerte tensión ante la finalización del segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y la asunción de Mauricio Macri, ayer las comisiones de Energía y de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobaron un proyecto de ley para la creación Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (Y.C.F.S.E.) impulsado por el Ejecutivo. A través de éste no sólo se busca impulsar la explotación carbonífera en Santa Cruz sino también ampliar la frontera extractiva a todo el país. A pocos días de la COP 21, donde el tema central será reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en el Congreso de la Nación se debate un proyecto que va en sentido radicalmente opuesto. 

 

Por OPSur

 

El Poder Ejecutivo Nacional presentó a principios de noviembre un proyecto de ley en el Congreso de la Nación a través del cual impulsa la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado (Y.C.F.S.E.). La finalidad es “organizar la actividad productiva del complejo carboeléctrico integrado por el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, su sistema ferroportuario y la Central Termoeléctrica a Carbón” y dotarla de una “estructura jurídica que le permita actuar con mayor fluidez en todo su accionar”. Esta iniciativa responde a una política de jerarquización del carbón mineral como fuente primaria de energía, planteada ya en la construcción de la Central Termoeléctrica de Río Turbio, inaugurada recientemente. De hecho, la Sociedad del Estado que se pretende crear sería la encargada de ampliar la capacidad instalada de dicha planta, llevándola de 240 a 360 megavatios. Además esta iniciativa incorpora a la provincia de Santa Cruz, que tiene el dominio del recurso, en la administración del complejo carboeléctrico, actualmente controlado sólo por la Nación.

El artículo primero del proyecto de ley declara “de interés nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón mineral y sus derivados, como recurso para la generación de energía eléctrica”; lo que implica una promoción de la actividad extractivo energética más allá de los límites de la provincia de Santa Cruz. Mientras que el artículo 12 le confiere a Y.C.F.S.E. “derechos exclusivos de exploración, explotación, comercialización y exportación del carbón y sus derivados directos e indirectos y de la generación de la energía producida a través de la Central Termoeléctrica a Carbón Río Turbio (CTRT)”. También la nueva empresa estaría a cargo de la comercialización de todo el carbón residual que se produzca en el país, y el Poder Ejecutivo Nacional sería el encargado de fijar el precio de transferencia del mineral a las empresas productoras privadas o estatales y el de comercialización por parte de Y.C.F.S.E.

“Lejos de aportar a la diversificación energética el proyecto de ley promueve la ampliación de la frontera carbonífera no solo en Santa Cruz sino a todo el país. Esto implica optar por combustibles más sucios y un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Por otra parte, el estatuto que encuadraría el funcionamiento de Y.C.F.S.E., establece entre los objetivos societarios “tomar a su cargo la exploración y explotación de otros yacimientos de carbón, asfaltita, rocas y esquistos bituminosos, turbas y otros combustibles sólidos minerales cuando, a su juicio, ello resulte económicamente factible o sea conveniente a los altos intereses de la Nación”. Es decir, abre un horizonte extractivo energético que va más allá del carbón.

Si incrementar la explotación de carbón para la generación de electricidad es un retroceso, dados los altos impactos ambientales y sociales que se registran durante las etapas de extracción, combustión y disposición; la iniciativa gubernamental contribuye a agravar ese cuadro. No sólo promueve la ampliación de la frontera carbonífera en Santa Cruz sino a todo el país, al tiempo que allana el camino para avanzar sobre otros energéticos sólidos. Lo que implica optar por combustibles más sucios, por la polución del aire, agua y suelo que genera durante todo el ciclo (desde la extracción hasta la disposición de los residuos), además del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Implica además optar por fuentes de un rendimiento energético dudoso, no sólo porque en algunos casos se avanza sobre minerales de menor poder calorífico sino también por la energía que demanda su extracción, transporte y procesamiento.

Contextos

La creación de YCF S.E. en 1958 -que fue privatizada en 1994 y en 2002 volvió al control estatal- respondió a un momento histórico donde los debates y horizontes en términos de modelos de desarrollo y de matriz energética eran otros. Por entonces las crisis ambiental y climática no se vislumbraban ni se planteaba el imperativo de descarbonizar la matriz energética, como en la hora actual.

Desde el Poder Ejecutivo Nacional se busca incrementar la participación del carbón en la generación de energía eléctrica incluso cuando algunos de los principales países consumidores de este mineral, como EE.UU. y China, se plantean reducirla. Si bien a nivel global este mineral mantiene un peso considerable -representa alrededor del 30% de las fuentes primarias de energía-, considerar que es estratégico para el país en materia energética -como se afirma en el proyecto de ley- es un argumento exagerado. Actualmente representa alrededor del 1,5% de las fuentes primarias, tiene una incidencia apenas mayor que las fuentes renovables, y un futuro y potencial en ningún sentido comparable al de éstas.

Atribuirle a la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado un rol estratégico para el futuro del país es sobredimensionarla. Este calificativo le cabe sin dudas a YPF, que lamentablemente está lejos de ser una empresa estatal y de tener el monopolio sobre el sector hidrocarburífero. En el caso de la petrolera de bandera su rol podría ser estratégico no sólo para garantizar el abastecimiento de gas y crudo, que representan cerca del 90% de las fuentes primarias en la matriz actual, sino, y principalmente, porque podría ser la palanca para la transición. De YPF tendrían que salir los recursos técnicos y financieros para llevar adelante una diversificación de la matriz energética hacia fuentes limpias y renovables.

 

Cambio climático

A pocos días del inicio de la 21 Conferencia sobre Cambio Climático en París, donde el tema central será reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mantener grandes cantidades de carbón, crudo y gas en el subsuelo como única alternativa viable para tal fin, en el Congreso de la Nación se debate un proyecto que va en sentido radicalmente opuesto. Cabe recordar que en 2010, cuando la cumbre climática se realizó en Cancún, México, la comunidad internacional acordó limitar el incremento de la temperatura a 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Para tener una probabilidad del 50 por ciento de mantener la temperatura por debajo de este límite, el contenido de CO2 en la atmósfera debe ser mantenido en 450 partes por millón. Eso sólo es posible si el 88 por ciento de las reservas de carbón actualmente confirmados permanecen en el subsuelo, junto a una tercera parte del crudo y la mitad de las reservas de gas natural (Coal Atlas, 2015:15).

“Según un reciente informe llamado Coal Atlas, ninguna otra fuente de energía contribuye tanto a las emisiones de gases de efecto invernadero como el carbón”

Según un reciente informe elaborado por Amigos de la Tierra Internacional y la alemana Fundación Heinrich Böll –Coal Atlas. Facts and figures on a fossil fuel– ninguna otra fuente de energía como el carbón contribuye tanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Dicho documento señala que su combustión fue responsable del 44 por ciento de todas las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el sector energético de 2014, y de más de una cuarta parte de todas las emisiones de gases de efecto invernadero (Coal Atlas, 2015:14).

 

Discutir la energía

La decisión de aumentar la participación del carbón lejos de aportar a la diversificación de la matriz energética nacional, incrementa la participación de los fósiles –gas, petróleo y carbón-, que actualmente representan más del 90% de las fuentes primarias; y sienta las bases para que prosperen iniciativas como el proyecto de gasificación subterránea de carbón en la Cuenca Claromecó, en la provincia de Buenos Aires. Una diversificación real de la matriz no sólo debe tender al desarrollo de fuentes limpias y renovables, para lo cual el país tiene sobrado potencial. No sólo se debe apuntar a reducir al mínimo el consumo de combustibles fósiles, sino también, a implementar planes de eficiencia energética y aspirar, además, a una generación descentralizada de la energía y a la participación democrática de la población.

Un proyecto de la relevancia del presentado por el Poder Ejecutivo Nacional no puede pasar por las comisiones parlamentarias y las cámaras de Diputados y Senadores de manera fugaz, merece un debate profundo. No sólo se trata de definir el futuro de una empresa y la participación de la provincia de Santa Cruz en ella, sino, y por sobre todo, de la política energética que se debe el país.

(1) Diferentes fuentes coinciden en ubicar las áreas de interés en principalmente en Santa Cruz, pero también Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Salta y Jujuy, además de las turberas de Tierra del Fuego (SPE International– Argentine Petroleum Section, 2008: 30). El ingeniero de reservorios Miguel Lavia, de Apache Argentina, en relación a la posibilidad de desarrollar reservorios de gas de mantos de carbón, mencionó prácticamente las mismas provincias –salvo Mendoza y Catamarca, y agregó San Luis (Petrotecnia, 2010: 42). En tanto Liliana Castro, doctora en Ciencias Geológicas (UBA), sí incorpora la zona serrana de Buenos Aries y las Islas Malvinas al listado, aunque destaca que las dos cuencas importantes son Pico Quemado, en Río Negro, y Río Turbio, en Santa Cruz (Encrucijadas, s/f).

 Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article11130

 

 

4) La forma 'democrática' en que se define el destino de generaciones presentes y futuras.

 

 

 

YCF: cuatro proyectos y una mala elección

9 de diciembre de 2015

 

En el último lustro cinco proyectos de ley fueron presentados en el Congreso Nacional para la promoción del carbón en la matriz energética. La iniciativa que llegó al Senado y será votada hoy, es uno de los que menos participación da a los trabajadores, al tiempo que tampoco contempla la cuestión ambiental ni la necesidad de transitar hacia una matriz energética limpia y renovable. Por el contrario, la iniciativa  que se tratará en la cámara alta promueve como ninguna otra al carbón como fuente primaria, al declarar de interés público nacional tanto su exploración y explotación como la generación de energía eléctrica a partir de su combustión.

Por Hernán Scandizzo*

El 26 de noviembre fue aprobada en Diputados la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado. El proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo contó con el apoyo del Frente para la Victoria (FpV) y de las bancadas opositoras Unidad Popular, Libres del Sur, Proyecto Sur y Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Según estas fuerzas la iniciativa satisface una demanda histórica de los trabajadores del carbón, quienes verían garantizados no sólo sus puestos de trabajo sino además la continuidad de la actividad económica que da vida a localidades santacruceñas de Río Turbio y 28 de Noviembre. Sin embargo el contenido del proyecto de ley va mucho más allá y la falta de participación amplia en el tratamiento del proyecto obturó la discusión en torno a la diversificación de la matriz energética y a la necesidad de un abordaje socioambiental del tema; perspectivas que incluso habían sido incorporadas tibiamente en otros proyectos que buscaban atender los reclamos de los poblaciones del extremo sur del país.

 

“Las fuerzas de izquierda y centroizquierda que apoyaron el proyecto -la mayoría críticas del extractivismo- no hicieron cuestionamientos, quizá por falta de perspectiva, quizá porque no lograron superar la falsa contradicción entre lo social y lo ambiental”.

 

La posibilidad de que ese debate tenga lugar en el Senado es remota, el FpV apuesta a una aprobación express para la inmediata promulgación por parte de Cristina Fernández de Kirchner, en uno de sus últimos actos de gobierno. En tanto las fuerzas de izquierda y centroizquierda que apoyaron el proyecto, la mayoría de las cuales son críticas de la megaminería y del fracking, no hicieron cuestionamientos al proyecto, quizá por falta de perspectiva, quizá porque no lograron superar la falsa contradicción entre lo social y lo ambiental.

 

Los argumentos de Alcira

Tras la publicación de la crítica al proyecto de creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado, tuvimos un intercambio de correos con la diputada nacional por Proyecto Sur, Alcira Argumedo, quien explicó su posición. “Dimos nuestro apoyo a esta ley, accediendo al pedido de los delegados de trabajadores, con los cuales tenemos relación desde hace ya veinte años, cuando iniciaron su lucha contra la privatización”, señaló. En tanto aclaró: “No se trata de crear una nueva empresa carbonífera, sino de la nacionalización, mediante una sociedad del Estado, de una empresa que tiene aproximadamente 60 años y comprende las minas de Río Turbio, servicios ferroportuarios con terminación en Punta Loyola y Río Gallegos y una central termoeléctrica”. Y enfatizó: “Un caso diferente a la posibilidad de avalar la instalación desde cero de un emprendimiento de explotación de minas de carbón”.

También advirtió que “no sólo se trata de los puestos de 3.200 trabajadores en todas las áreas, sino además de la existencia misma de la ciudad de Río Turbio y del pueblo vecino 28 de Noviembre, con 30.000 habitantes que dependen exclusivamente de la empresa”. La diputada aseguró que de  cerrarse la empresa, pasarían a ser dos pueblos fantasma, como  “los pueblos que desaparecieron cuando la privatización de YPF, con los costos sociales que ello implica”.

“En síntesis –sostuvo Argumedo-, en la evaluación entre los costos sociales y los ambientales, se concluyó que, en lo inmediato, era preciso preservar la empresa para el Estado garantizando el empleo de los trabajadores y la supervivencia de la ciudad de Río Turbio. Lo cual no impide que, neutralizado por un tiempo el costo social, se busquen alternativas económicas y/o de producción de energías renovables, que permitan erradicar el carbón de la matriz energética, como parte del proyecto presentado por el Senador Solanas Argentina 2050: 100% de energías renovables”.   

 

Más allá de Río Turbio

El alcance global del proyecto fue expresado en más de una ocasión durante la sesión del 26 de noviembre. En ese sentido el diputado santacruceño Mario Metaza (FpV) sostuvo que la iniciativa “es estratégicamente clave, ya que al igual que en el resto del mundo, la República Argentina deberá potenciar el uso de las reservas del carbón mineral existente como materia energética de relevancia en relación a las reservas de petróleo y gas, considerando a éstas estratégicas para el desarrollo del país”. Y agregó que para ello “se deberán reactivar las campañas de exploración para incorporar reservas a las ya existentes, dando injerencia a la nueva empresa”.

Por su parte Edgardo Depetri (FpV) remarcó que “en las políticas y análisis economicistas, para la política energética nacional el carbón siempre fue el socio menor del petróleo, el gas, la energía nuclear o la eólica. El carbón no tenía lugar en la definición de la matriz energética”. Y subrayó que a partir de la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales S.E. “Río Turbio vuelve a ser la posibilidad de un desarrollo energético, de una visión y una mirada territorial de la necesidad de poblar nuestra Patagonia, pero sobre todo vuelve a ser un factor económico fundamental, porque el gobierno de Néstor Kirchner y de nuestra querida compañera Cristina Fernández de Kirchner ha devuelto al carbón su lugar”.

“De los 5 proyectos de ley presentados en el Congreso, el que hoy se tratará en el Senado es uno de los que menos participación da a los trabajadores”

En el debate parlamentario  también intervino el diputado salteño Pablo López (Partido Obrero – FIT), quien dio su apoyo a Y.C.F.S.E., al tiempo que manifestó que en abril presentaron con su par Néstor Pitrola un proyecto para la creación de una empresa carboeléctrica en Río Turbio. Proyecto que, a pesar de haberlo solicitado, no fue tratado junto a la propuesta del Poder Ejecutivo.

 

Antecedentes

En el último lustro cinco proyectos de ley, contando el impulsado por la administración de Cristina Fernández de Kirchner, fueron presentados en el Congreso Nacional para la promoción del carbón en la matriz energética, cuatro tienen como eje al complejo carbonífero de Río Turbio. Si bien estos tienen en común ese punto, difieren no sólo en el esquema elegido para la organización de la empresa y la participación de los trabajadores sino también en los niveles de problematización de la cuestión ambiental y de intervención de la población local y los usuarios en la gestión. El proyecto que llegó al Senado es uno de los que menos participación da a los trabajadores. Éste tampoco contempla la cuestión ambiental ni la necesidad de diversificar la matriz energética hacia fuentes limpias y renovables; por el contrario, como ningún otro promueve al carbón al declarar de interés público nacional su exploración y explotación y la generación de energía eléctrica a partir de su combustión.

 

Como mencionábamos  antes, en los primeros meses de este año los diputados del Partido Obrero-FIT, Néstor Pitrola (Buenos Aires) y Pablo López (Salta), presentaron un proyecto para la creación de la empresa Carboeléctrica Estatal Obrera (CARBESO). La propuesta pone mayor énfasis en la forma de organización que en la propia actividad minero energética. “El Directorio estará constituido por 5 Directores, 3 de los cuales elegidos en forma directa y con representación proporcional por los trabajadores de la empresa reunidos en asamblea convocada al efecto y revocables por la misma vía, 1 elegido por el voto directo de las poblaciones de la cuenca carbonífera de Río Turbio en distrito único, también revocable y 1 designado por el Poder Ejecutivo Nacional”. CARBESO “tendrá como objeto la explotación/comercialización de los yacimientos carboníferos, con todos sus residuos y derivados, así como la generación/comercialización de energía por medio de la explotación de la usina radicada en Río Turbio provincia de Santa Cruz”.

Además de la conducción obrera, otro hecho destacable es que el proyecto contempla que “el director que representa a las comunidades deberá informar periódicamente en asambleas comunitarias sobre la marcha de la gestión, con especial atención al cumplimiento de las normas ambientales y la preservación de un ambiente sano para la vida humana, animal y vegetal en la región”.

 

En 2013, justo dos años antes de que ingresara al parlamento el proyecto del Poder Ejecutivo, la diputada de Santa Cruz, Blanca Blanco de Peralta (FpV), presentó una iniciativa para la creación de Yacimiento Río Turbio Sociedad del Estado. Proponía “un esquema de conducción donde los trabajadores estén representados en pie de igualdad con los representantes del Estado [nacional y santacruceño]. No obstante esta paridad, se establece taxativamente que ninguno de estos grupos puede tomar decisiones en total ausencia del otro, propendiendo a la armonía y al entendimiento antes que a la confrontación. Asimismo, se incorpora un representante de los consumidores y usuarios de energía eléctrica de la Provincia de Santa Cruz”. En ese aspecto el proyecto era mucho más avanzado que el recientemente aprobado en Diputados, también impulsado desde el FpV, que sólo contempla un director obrero sobre un total de cinco y no crea instancias de intervención de los usuarios.

 

Si bien en esta iniciativa también promovía que la empresa carbonífera estatal tomara “a su cargo la exploración y explotación de otros yacimientos de carbón, turba, hulla, rocas asfálticas, esquistos bituminosos…”, asumía, al menos de manera parcial, que las energías sucias deben financiar el desarrollo de las limpias, por lo que planteaba que el 5% de las utilidades obtenidas durante los primeros cinco años de operación fueran destinados a “financiar estudios de investigación y desarrollo de energías renovables y alternativas en Universidades Públicas Nacionales y Organismos de Ciencia y Técnica Nacionales”[1]. En tanto advertía que “las actividades desarrolladas por YRT S.E. y todas las empresas vinculadas, contratadas o asociadas, deben evitar operaciones que produzcan impactos ambientales o sociales en el medio ambiente y en la organización socioeconómica de la poblaciones asentadas en su área de influencia, siendo absolutamente responsables de la conservación del ecosistema, de la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético de la Nación”. Un aspecto que no es contemplado en el proyecto que llega al Senado.

 

En tanto en junio de 2012 el diputado santacruceño Eduardo Raúl Costa (UCR) también impulsó la creación de Yacimientos Río Turbio Sociedad del Estado, que tenía “por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los Yacimientos de carbón mineral, su residual y, el transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto”. También estaba entre sus fines “generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica” y avanzar sobre otros minerales energéticos sólidos que se considerara conveniente para el desarrollo del país.

En este caso los destinos de la empresa quedaban casi exclusivamente en manos del gobierno nacional, con una muy reducida participación de la provincia y de los trabajadores –quienes participaban en hasta un 10% de las utilidades de YCRT SE. Por otra parte, en el proyecto no se hace referencia alguna al cuidado del ambiente ni a la promoción de fuentes renovables.

Mientras que el quinto proyecto, vinculado de manera indirecta con esta discusión, fue presentado en abril por el diputado por Mendoza, Juan Dante González (FpV), y apunta a la regulación y promoción de la producción de combustibles líquidos derivados del gas y del carbón mineral.

*Investigador del Observatorio Petrolero Sur

[1] También durante los primeros cinco años, un 5% de las utilidades debía distribuirse entre el personal de la empresa.
Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/12/09/yacimientos-carboniferos-fiscales-s-e-cuatro-proyectos-y-una-mala-eleccion

 

En consecuencia, más de una deKada de expansión del extractivismo exportador y de acaparamiento económico territorial para el progreso del sistema mundo capitalista ha implicado un sistemático avasallamiento de derechos humanos a una creciente mayoría. Para la conciliación y el consenso hubo afianzamiento y amplificación del Estado clientelar que incluyó a los más pobres pero además a las capas medias.

 

Reflexionemos sobre el capitalismo local que privilegia a acreedores e inversores por sobre las necesidades e intereses populares. Es decir, nuestro trabajo sirve al creciente enriquecimiento de ellos mientras entre nosotros están quienes acceden al consumo por créditos y quienes desposeídos, sobreviven por la asistencia social.

 

 

Indaguemos la propuesta desde Chile para un vital problema que compartimos. Aún más, valoremos la implicación de intereses antagónicos que la 'democracia' concilia sea mediante la Constitución sea mediante el Código Civil y Comercial que el gobierno CFK apuró promulgar aprovechando la mayoría automática en el Congreso.

 

 

 

Frente a los anuncios presidenciales en materia constituyente y la situación de la lucha por el agua

Ecología, poder y producción para una perspectiva de transformación social
31 de octubre de 2015

 

Por Javier Zúñiga y Patricio De Stefani (Colectivo La Savia)

Una discusión que se ha planteado los últimos años en Chile tiene relación con el rol de la Constitución en la escena social y política. Si analizamos su vínculo con los conflictos ambientales asociados al agua podemos constatar que su progresiva privatización, a través del Código de Aguas, vigente desde 1981, ha sido y sigue siendo fundamental para los intereses del gran capital rentista y financiero (que engloba a sectores clave de la economía nacional como la minería y la agroindustria), tanto de empresas trasnacionales como nacionales. La minería demanda energía para competir en el mercado mundial y así aumentar su rentabilidad y ganancias, el empresariado energético provee esta energía valiéndose de derechos de uso de aguas otorgados por el Estado. La actual Constitución consagra el agua como parte del Derecho de Propiedad, legitimando su apropiación y libre usufructo por particulares, haciendo de la transacción mercantil de dicho uso, en pos de la ganancia, la primera prioridad por sobre las necesidades de la población.

La actual Agenda Energética impulsada por el gobierno de la Nueva Mayoría refuerza y profundiza esta situación de manera dramática y está elaborada a medida de los intereses privados. Al mismo tiempo, el gobierno, sin perspectiva y desorientado, anuncia un “Proceso Constituyente”, el cual, según estima, culminará con la redacción de una “Nueva Constitución”, abierta “a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos", según declaró la propia Presidenta Michelle Bachelet.

En ese sentido, cabe preguntarse: ¿cuál es la relación social entre agua, energía y Constitución? ¿Cómo se expresa esta relación en la actual correlación de fuerzas sociales en pugna? ¿Qué podemos esperar de un proceso constituyente orquestado desde los intereses del gran capital transnacional y nacional, y no desde las necesidades sociales del pueblo de Chile en su conjunto?

 

Sobre el carácter del problema

Existe una clara relación entre Constitución y mercantilización del agua. Lo gravitante de esta relación consiste en examinar y explicar qué implica en términos sociales. La función social que ejerce la Constitución de la Dictadura cívico-militar ha sido ser primordialmente un mecanismo de legitimación ideológica por parte de la alianza entre el gran capital rentista y financiero, quienes formaron sus fortunas con la privatización de empresas y recursos naturales, entre otras políticas económicas tendientes a la desindustrialización y tercerización de la economía implementadas a partir de 1975 en Chile. A nuestro juicio, podemos establecer al menos seis características de la actual Constitución que impactan directamente al derecho social al agua en Chile. Las enunciaremos en términos generales:

La Constitución como mecanismo legitimación de la explotación y la dominación de clase

 

  • En primer lugar, la Constitución representa la cristalización de intereses sociales y empresariales asociados principalmente al sector rentista y financiero. No podemos omitir el hecho de que facilita la actividad productiva y consolida socialmente a la Gran Minería, empresas energéticas, a la banca, AFP’s, forestales, pesqueras, agroindustria extensiva y monopólica, etc.
    La Constitución como instrumento jurídico de las clases dominantes.

  • En segundo lugar, la Constitución entrega los lineamientos generales para el diseño de un ordenamiento jurídico e institucional que plasma los intereses antes mencionados, a través de instrumentos como el Código de Aguas, Código Minero, la Dirección General de Aguas, etc.
    La Constitución como expresión jurídica de una relación de poder

  • En tercer lugar, por esta razón, la Constitución y el ordenamiento jurídico-institucional que le sigue, expresan una situación de fuerza, una racionalidad social, política y empresarial que confirma una apuesta, un tipo de desarrollo y una forma de acumulación capitalista en Chile. Aunque hilvanada en Dictadura, representa más bien los intereses generales de clases y sectores sociales directa e indirectamente beneficiados por el patrón de acumulación rentista-financiero de carácter extractivista.
    La Constitución como consagración de la propiedad privada

  • En cuarto lugar, la Constitución y el ordenamiento jurídico-institucional posterior consagran y garantizan fundamentalmente la gran propiedad. Por lo mismo, esta condición tiene como contrapartida la vulneración sistemática de los derechos de los no propietarios o de los pequeños propietarios.
    Constitución y violencia

  • En quinto lugar, para imponer esta situación, se requirió de violencia, represión y terror. Para mantenerla, las distintas administraciones políticas del Estado también las han empleado, aunque en distinto grado.
    Apropiación y propiedad

  • En sexto lugar, pese a que formalmente se puede establecer una relación entre propiedad y ciertos sectores de la sociedad, es necesario distinguir entre propiedad privada y apropiación efectiva sobre los bienes naturales del país. La primera permite y legitima una situación de hecho (apropiación social). La segunda es una forma jurídica diseñada para ocultar y consagrar una forma particular de apropiación con el fin de preservarla en beneficio del interés privado. Es un hecho que la sociedad dependa de la apropiación de los bienes comunes para su supervivencia y reproducción, pero la propiedad privada es una forma histórica específica que legítima una forma de apropiación violenta, en la cual se usufructúa a partir de la posesión y control sobre dicho bien común. En algunos casos el propietario formal puede ser el Estado, pero quien se apropia de la renta y el beneficio social es un privado. Es el caso, por ejemplo, de las concesiones mineras. El régimen actual de propiedad define y consagra cómo se reparte el producto social, el cual durante las últimas décadas de administración política ha beneficiado al capital minero-energético.

 

Es por estas razones que, consideramos, la discusión constituyente debe ser situada en medio de relaciones sociales conflictivas, en donde tienden a primar intereses de grandes capitales rentistas, asociados a la exportación de materias primas y, como consecuencia, de carácter extractivista.

No es posible abordarla sobre la base de modelos preconcebidos, suposiciones y escenarios ideales de participación social en torno a una nueva Constitución. Si no se asume la situación social realmente existente en Chile, la funcionalidad de la Constitución para los grupos y clases dominantes, y la ausencia de fuerzas sociales que tengan hoy la capacidad suficiente generar una ruptura con el modelo social imperante, escasamente se podrá avanzar en desarrollar socialmente una sociedad distinta. No es tiempo de utopías ni voluntarismos.

 

Naturaleza de una propuesta
Asistimos a un proceso social conflictivo que no se puede resolver mediante la sola derogación o reforma del Código de Aguas, un artículo, numeral o capítulo de la Constitución. Hay fuerzas sociales que impedirían o controlarían ese cambio.

El ordenamiento jurídico, particularmente el Código de Aguas, representa una piedra angular del sistema productivo, un soporte jurídico-institucional del gran capital minero-energético, el cual necesita del Estado para la reproducción de su fuerza social y el aseguramiento de las condiciones que le permiten ganancias. En ese sentido, no es casual que los principales casos y empresas ligadas a los ‘escándalos de corrupción político-empresarial’ provengan de este sector: Penta (capital financiero y minería), Caval-Luksic (financiero y minería), Corpesca-Angelini (forestal y pesca), SQM (minería y financiero), sin contar las aristas que aún pueden abrirse: Jorge Rosenblut y Endesa (capital energía), o los financiamientos irregulares, aun por investigar, en torno a Paulmann (CENCOSUD) y el grupo Matte (forestal, financiero y energía).

Ante esta correlación de fuerzas, en la que predominan los intereses del capital rentista-financiero y la reproducción social de sus intereses gracias al papel del Estado, consideramos que, desde un punto de vista estratégico, hay que ubicar la centralidad del debate en torno a la necesidad de transformar las relaciones sociales de producción como condición para la transformación del conjunto de las relaciones sociales. Producción entendida como organización del conjunto de la actividad social, las formas históricas en que se reproduce la vida.

Esta perspectiva no puede implicar el dejar de buscar una posición en el debate actual acerca de los cambios en el Código de Aguas operados desde el Parlamento y el empresariado, la protección glaciar o el debate en torno a una nueva Constitución Política, sin embargo, permite instalar un horizonte que articule los diferentes momentos tácticos.

Se requiere luchar por un proyecto de desarrollo alternativo que considere:

a) Propiedad y apropiación colectiva de los productos del trabajo social y los bienes naturales comunes;

b) Socialización de las decisiones sobre qué, cómo y por qué producir;

c) Apoyo sobre una base tecnológica en muchos casos ya disponible o en condiciones de desarrollar;

d) Sustentarse en una fuerza social y de masas y obtener apoyo de la clase trabajadora organizada.

Por último, afirmamos que hay que negarse a la iniciativa del gobierno de orquestar cualquier proceso constituyente. Para llevar adelante cualquier proceso de organización de una nueva Constitución, se necesita una fuerza constituyente, de la cual hoy, salvo aquella del empresariado y sus fuerzas políticas en el Estado, se carece o aún es estructuralmente débil. Se necesita una fuerza social organizada sobre un programa de transformación, alianzas sociales y políticas, y un horizonte de sociedad que tienda a romper las bases materiales e ideológicas de la sociedad basada en la explotación humana y la destrucción ambiental.

 

[1] Este análisis se enmarca en el contexto de una invitación al seminario internacional “Recuperar los Bienes Comunes”, al que fuimos invitados por sus organizadores, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205027

 

 

Repitamos lo dicho por Javier Zúñiga y Patricio De Stefani:  "El ordenamiento jurídico, particularmente el Código de Aguas, representa una piedra angular del sistema productivo, un soporte jurídico-institucional del gran capital minero-energético, el cual necesita del Estado para la reproducción de su fuerza social y el aseguramiento de las condiciones que le permiten ganancias".

 

Veamos cómo coinciden los gobiernos progresistas con los neoliberales  en garantizar la seguridad jurídica de las transnacionales y cómo la lucha campesina e indígena en Colombia es más consecuente que la de Brasil a causa del enfrentamiento abierto con las políticas gubernamentales.

 

 

La agroecología como herramienta de democratización habitable

12 de noviembre de 2015

La Agroecología es una herramienta de transformación social –ciencia-acción-participativa o forma de vida y movilización desde territorios concretos– que desafía el régimen agroalimentario y sus capataces.

 

Por Ángel Calle Collado.

Y como nos alimentamos a diario –quienes podemos hacerlo–, nuestras percepciones y nuestras acciones condicionan la capacidad de la sociedad y de sus individuos de definir de forma 'autónoma' cómo queremos hacerlo. Y, siguiendo a Castoriadis, en el hecho de poder gobernarnos con autonomía crítica sobre los asuntos que nos afectan, reside que podamos llamar democrático –algún día– al mundo en el que vivimos.

De esta manera, la Agroecología así entendida es, innegablemente, un acto político. ¿Por qué agregar entonces dicho adjetivo? Por dos razones. La primera para entrar en la disputa del reconocimiento de manejos y saberes de personas que nos ayudan a vivir y alimentarnos de forma saludable en muchos casos. No hay producción sostenible –para la especie humana– si dicha sostenibilidad no democratiza los regímenes agroalimentarios. La apuesta actual de los gobiernos no sólo consiste en facilitarle un hardware apropiado a la gran industria alimentaria: leyes de salud y comercialización propicias, investigaciones que apoyen su desarrollo –menos del 1% se dirige hacia la agricultura ecológica–, educación hacia el agronegocio, invisibilización de prácticas alternativas, etc.

También quiere imponer la lógica de un monocultivo del software, de los saberes, de las formas de hacer, de cómo ha de 'desarrollarse' un territorio. Los monopolios colonialistas, y la red que teje el imperio agroalimentario globalizado se comporta como tal, precisan del epistemicidio de otras formas de entender el conocimiento que desafíen la fábrica capitalista, dice Boaventura de Sousa Santos. En particular, las élites persiguen no reconocer ni amparar derechos de, precisamente, pueblos y comunidades que atesoran las culturas alimentarias más sostenibles: pueblos indígenas, campesinos y campesinas, productores y productoras de tradición artesanal. Su memoria biocultural asociada es una amenaza. Estas 'culturalezas' –como nos indican Víctor Toledo y Narciso Barrera– nos vienen ofreciendo caminos que tienden a cerrar circuitos –energéticos, materiales, mercantiles, políticos– de abajo hacia arriba.

 

Democracias de alta intensidad, o radicalización de la democracia, que se extiende desde la siembra hasta la mesa: democracias alimentarias que van creando auto-gobierno en otras parcelas de la vida como la salud, las economías sociales-solidarias, la gestión directa y sostenible del territorio, etc (ver aquí).

La segunda razón tiene que ver con la hegemonía que en estos debates de la Agroecología política, pasan a tener las políticas públicas necesarias para avanzar en esa democratización de tierras, cultivos, mercados y saberes.

En Brasil son conocidas las bondades que dichas políticas públicas han tenido para el país, valgan como ejemplo: el ingreso de 300.000 agricultores en programas de alimentación locales –programas de consumo institucional–, que además reciben un incremento del 30% si los productos son ecológicos; los apoyos a la creación de núcleos de investigación agroecológica autónomos entre productores, estudiantes y profesorado; o la potenciación de sistemas de certificación manejados por agricultores y consumidores –caso de Ecovida–, no por empresas o instituciones públicas muy al margen de la sostenibilidad territorial, como ocurre en la Unión Europea. Pero también son manifiestas las contradicciones que conviven en ese despegue 'agroecológico'.

Contradicciones que sitúan a Brasil, paradójicamente, más cerca de la senda de Francia que de la construcción cooperativa de la agroecología en otros países latinoamericanos, como sería el caso de Colombia.En los territorios de este país tan próximo de Brasil es constante el enfrentamiento abierto con las políticas desarrollistas gubernamentales por parte del mundo indígena y campesino, que apuesta por la agroecología cooperativa, arrastrando a grandes redes de economía social-solidaria como Agrosolidaria –30.000 integrantes que se definen como “prosumidores”–. Mercados campesinos, Mingas, capacidad para detener el país y detener leyes que patenten la vida como ocurriera en el 2013, impulso al rechazo de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, entre otros, son otros tantos elementos que muestran la vigorosidad para apoyar estrategias de gestión agroecológica de los territorios, cuyo faro serían la creación de zonas de reserva campesina (ver aquí).

El Estado brasileño, en la encrucijada de seguir el modelo desarrollista que viene auspiciando, encuentra ahora un 'obstáculo' en las demandas provenientes de redes agroecológicas. Y a su vez, el brazo práctico de este Estado –a través de leyes, presupuestos, formación, compra pública, programas de extensión–, incluso cuando trabaja desde el rubro de la agroecología, se aproxima mucho a la producción en cadena de formas de producción ecológicas, restringiéndose a programas que se repiten para la sustitución de insumos, diversificación, manejo más sostenible de suelos. Programas donde las personas productoras y la sostenibilidad territorial parecen contar poco. Son las dificultades históricas de una institución que entiende más de monopolizar y homogeneizar –gestión vertical– que de compartir decisiones y contextualizar –cogestionar y permitir la autogestión–. Institución que, paradójicamente, sería necesaria para enfrentar situaciones de violencia, el poder de los grandes terratenientes o la presión de los intereses de las grandes transnacionales.

Pero, en materia de promoción de un cooperativismo diverso, el Estado demuestra históricamente una gran miopía –si no un gran rechazo– cuando se trata de afrontar globalmente la sostenibilidad en el medio y largo plazo. ¿Extensión –vertical– o comunicación –horizontal–? Sigue vigente con toda su fuerza la pregunta que nos dejaba Paulo Freire. Y también la nitidez de su respuesta hacia una pedagogía de la autonomía. Pedagogía que encuentra sus raíces en una agroecología –política– donde los Estados, o no están, o actúan como paraguas que acompañan procesos. Pero nunca como motores. No han aprendido a comportarse como promotores de la diversidad en los manejos territoriales. Modernidad obliga.

En el lado opuesto de la balanza tenemos las redes de productoras y productores vinculadas a La Vía Campesina o a MAELA, las cuales, de forma autónoma, practican múltiples expresiones de la agroecología –política– en sus territorios. Y como ejemplo particular de redes emergentes en Brasil que apuestan por una articulación social en pos de una soberanía alimentaria, contamos con ejemplos como O Plano Camponês (ver aquí) desde el sindicalismo rural, los sistemas participativos de garantía como los que potencia Ecovida o los grupos de consumo ecológico desde diferentes ciudades (ver aquí).

Todo ello hace que la agroecología se distancie de los modos de producción capitalistas en muchas partes del mundo. Y que recobre y exhiba su apellido “político” en aras de la construcción de sistemas agroalimentarios locales y sostenibles, ligados a personas que traman, desde saberes propios y propicios para nuestra salud y nuestra existencia como especie, un afán de establecer redes de cooperación que van de arriba hacia abajo.

En dicha democratización de conocimientos, la creación de redes cooperativas no absorbidas por el capitalismo y de mercados de proximidad serán elementos centrales en el avance de una pluriversidad agroecológica. Las políticas públicas podrán y deberán existir como paraguas para acompañar, en el corto plazo, el acceso a tierras, a semillas propias, a mercados de prosumidores, etc. Uno, por la legitimidad que aún detentan estas políticas para enfrentar formas de violencia del capital como el acaparamiento de la tierra, de la biodiversidad o de los canales de comercialización.

Y dos, por su potencial –no muy practicado de manera regular– de ponerse al servicio de la promoción de tecnologías convivenciales, aquellas que favorezcan autogobierno y no dependencias colonizantes. Fuente: La Vía Campesina

 

 

Descubrimos sendas  democratizadoras del Estado como:  la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “marca un antes y un después en la aplicación del derecho de los pueblos indígenas en Argentina”. Mira hacia "un estado pluriétnico y multicultural, no aplicando en forma automática el Derecho Civil (como hicieron los jueces que ordenaron el desalojo) por sobre el Derecho Indígena”. Pero destaquemos este logro responde a la afirmación de los pueblos originarios en que: “Tenemos derechos y no vamos a dejar de luchar hasta que se cumplan”,

 

 

La Corte Suprema frenó el desalojo de la comunidad Las Huaytekas, de Río Negro

El territorio, reconocido como tradición

10 de diciembre de 2015

 

Por Darío Aranda 

La Corte Suprema revocó los fallos de la Justicia de Río Negro que ordenaban a los mapuches desalojar la tierra que reclamaba un privado. El tribunal ordenó dictar una nueva sentencia que considere la perspectiva del derecho indígena.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) frenó el desalojo de una comunidad mapuche, en un fallo que fijó parámetros claros de los alcances de la Ley Nacional 26.160 (que aplicó, y que frena los desalojos) y utilizó el concepto de “territorio” (más amplio que “tierra”) del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. “Ante tanto despojo y maltrato, este fallo nos da fuerza para seguir luchando”, afirmó Elisa Ose, de la comunidad mapuche Las Huaytekas, de Río Negro. Por su parte, el abogado Fernando Kosovsky evaluó que la sentencia “marca un antes y un después en la aplicación del derecho de los pueblos indígenas en Argentina”.

 

Con su resolución, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Carlos Maqueda dejaron sin efecto un fallo del Superior Tribunal rionegrino en favor del privado que reclamaba esas tierras, y ordenaron que se dicte una nueva sentencia, teniendo en cuenta los derechos indígenas. El fallo de la Corte sienta jurisprudencia al ubicar a la Ley Nacional 26.160 bajo la órbita del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

La comunidad Las Huaytekas ocupa su territorio tradicional en los parajes Los Repollos-El Foyel (a 30 kilómetros de El Bolsón, en Río Negro). En 2010, en un “trawn” (asamblea) el Lof Palma (parte de la comunidad) decidió que, además de realizar actividades tradicionales, retornarían a vivir en esa parte del territorio donde crecieron sus abuelos.

El abogado José Luis Martínez Pérez (ex titular y actual accionista de la Empresa Forestal Rionegrina S. A. –Emforsa–) denunció ante la Justicia que había adquirido las tierras en el año 2000, y que los mapuches se introdujeron en noviembre del 2010. Las tres instancias judiciales de la provincia (el juez civil, la Cámara Civil de Bariloche y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro) fallaron a favor del privado y ordenaron el desalojo de los mapuches.

La comunidad originaria interpuso un recurso extraordinario en base al derecho indígena, según el cual la ocupación tradicional sobre el territorio incluye las tierras a las que la comunidad ha tenido acceso tradicionalmente (como las que están en disputa con el abogado Martínez Pérez), algo que el Estado está obligado a respetar y proteger.

La Corte Suprema de Justicia aplicó el derecho indígena, en base al dictamen de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y dio la razón a la comunidad mapuche.

 

El abogado Kosovsky destacó distintos aspectos novedosos del fallo. En primer lugar, es la primera vez que el máximo tribunal aplica la Ley 26.160 y que determina que el relevamiento territorial actúa como prueba para acreditar la ocupación tradicional indígena (y, así, prohibir desalojos). En la resolución, la Corte hizo propio el dictamen de la Procuración General, que detalló que la Ley 26.160 “pretende evitar que se consoliden nuevas situaciones de despojo a fin de respetar y garantizar derechos constitucionales de los pueblos indígenas” y para “dar cumplimiento a compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado Nacional”. La resolución también recaló en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Hasta tanto se concrete la delimitación y titulación de las tierras indígenas, los Estados deben abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la comunidad indígena”. Además, en base al Convenio 169 de la OIT, afirmó que los pueblos originarios “no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan”.

La resolución de la Corte también señaló que, sin importar si la ocupación del territorio es previa o posterior a la sanción de la ley, “el Estado está obligado a respetar” ese derecho. Además, subrayó el abogado, la Corte aplicó el concepto de “territorio” (más amplio que “tierra”), tomado de los tratados internacionales sobre pueblos indígenas, un elemento clave para aplicar la Ley 26.160.

“La distinción que hizo la Corte definirá de ahora en más todos los casos que en Argentina involucren a indígenas. Prácticamente sella la suerte de los conflictos que se dirimen en tribunales de provincias donde la presencia indígena enfrenta intereses estatales o privados”, explicó Kosovsky, que forma parte del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat).

El abogado explicó que del fallo de la Corte se deduce que si los indígenas tienen ocupación tradicional sobre un territorio pueden recuperarlo sin que sean susceptibles de ser desalojados y el Estado está obligado a cumplir con la delimitación (relevamiento) de esa ocupación.

“El fallo es una posición clara frente a la ignorancia de ciertos sectores públicos y privados que a diario violan el derecho indígena”, destacó el abogado y consideró la sentencia como “una clara señal de estar a favor de avanzar en la consolidación un estado pluriétnico y multicultural, no aplicando en forma automática el Derecho Civil (como hicieron los jueces que ordenaron el desalojo) por sobre el Derecho Indígena”.

María Micaela Gomiz, Julio César García y Darío Rodríguez Duch, integrantes de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (ADDI), escribieron un detallado artículo técnico-legal sobre los alcances inéditos de la sentencia. Allí señalaron que el fallo “se convierte en un precedente único, ya que la Corte precisa los alcances de la ocupación tradicional indígena” en beneficio de las comunidades y en contraposición de lo que suelen aplicar los tribunales inferiores.

Por su parte, Elisa Ose, de la comunidad mapuche Las Huaytekas, celebró el fallo, porque “del otro lado está un empresario muy poderoso (José Luis Martínez Pérez), testaferro de (Joseph) Lewis”, el millonario inglés, dueño de amplias extensiones de la Patagonia. Además, recordó, en 2013 la comunidad demandó a la provincia por el reconocimiento del territorio en el caso de más de mil hectáreas que pretenden la empresa Emforsa, Lewis y el mismo Martínez Pérez. “Tenemos derechos y no vamos a dejar de luchar hasta que se cumplan”, advirtió Elisa Ose.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-287842-2015-12-09.html

 

 

Necesitamos ver cómo el progresismo nos ha conducido al dominio de las corporaciones agro-biotecnológicas y a inmovilizar a las organizaciones campesinas mediante construcción del  consenso en torno a la falsedad de la coexistencia del sistema global de agronegocios con la agricultura familiar.

 

Bienes comunes y modelo productivo

No nos patenten la vida
7 de septiembre de 2014

Por Agencia de Noticias CTA

ACTA reproduce a continuación el documento colectivo: No nos patenten la vida. Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina.

“Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento.

En un contexto mundial marcado por un fuerte embate del neoliberalismo – que incide sobre la producción y el comercio global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.

Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe. Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales.

A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero – paradigma del extractivismo agrario – continúa profundizándose en nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones de hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los ingresos de los sectores populares.

Mientras este paradigma avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico” celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión amable” de un modelo agro- minero – exportador basado en el sacrificio de los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5 millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de miseria.

A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020 (PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6) años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has. Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el agravamiento de las actuales consecuencias socio- ambientales derivadas de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos extractivistas imperantes en América Latina.

 

Otros datos dan cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado – a través de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf, Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones. Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base a estudios proporcionados por las propias empresas.

En este contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo de la producción de los alimentos y del control de las cadenas alimentarias.

 

El anteproyecto para reformar la Ley de Semillas

El gobierno nacional y las corporaciones agro – biotecnológicas buscan armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de propiedad intelectual.

En nuestro país contamos con dos sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV) establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta última excluye expresamente el patentamiento de plantas.

Es importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra.

Esto cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente restringido y además, actividades ancestrales como el libre almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte, el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control (habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un sistema de penalización para aquéllos que no se adecúen a las exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones, inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.

Cabe destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas. Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del cobro de regalías compartidas.

Frente a estos escenarios es importante recordar que históricamente, desde que se inventó la agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética era realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad primordial multiplicar y vender las variedades de semillas desarrolladas en el dominio público.

En 1936 se establece en nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que combinan su producción o difusión de la semilla con la de los agroquímicos producidos por ellos mismos.

 

La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar

Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman de manera espuria en el texto de la pretendida reforma.

El planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada “agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente, y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio. Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados, en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.

La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar una “Mesa de Diálogo” convocada por el Estado (a través de la cartera de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la “pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.

 

Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios. No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el “Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las medidas económicas necesarias para la expansión global de los agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado.

Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos roles asumidos por las instituciones que rodean las problemáticas: Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.

 

A modo de conclusión

De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos países.

En definitiva, el avance de la frontera sojera representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus variantes: continúa la devastación del corredor andino con la megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares. El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de construir una matriz energética alternativa – dadas las imprevisibles consecuencias del cambio climático – prioriza irresponsablemente, como respuesta a la crisis energética, la construcción de represas hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con la transnacional Chevron el año pasado.

Afortunadamente, no todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la naturaleza.

Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:

- No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se patenta.

- No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.

- No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la “coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.

- Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques artificiales y papeleras.

- Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos.

- Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de alimentos sanos para los pueblos.

- Por encima de cualquier ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.

Con espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas, organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales, estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso Nacional en el momento de discutirse e intentar aprobarse el proyecto para la reforma de la Ley de Semillas que detallamos en el presente documento”.

 

Organizaciones y espacios: Acción Reverdeciente; Colectivo Volver a la Tierra -FAUBA; Cultivarte; Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria; Argentina (Agrupación Visión Sostenible); CTA; Estudiantes Críticos en el Frente Popular Darío Santillán; Fundación Che Pibe; Grupo de Reflexión Rural (GRR); Mishkila Alimentos; Red Tacurú; Sopita Ropita; Autoconvocadxs por la libertad de las semillas y la Soberanía Alimentaria; Programa de Extensión “Por una nueva economía, humana y sustentable” de la Carrera de Comunicación Social, UNER; Centro de Educación Agroecológico ASHPA de Guernica; Proyecto Sur Provincia de Buenos Aires en Corriente Nacional Emancipación Sur; La Usina Cultural del Sur Almagro/Pompeya en Corriente Nacional Emancipación Sur; Sobre Rieles UnLa; Los Pies en La Tierra; Oro del Inca Cooperativa; Reforestala “Proyecto Compartir”; Bandera Negra UNQ); Colectivo desde el Pie; SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia); Red Ecosocialista (MST+Independientes); La Revolución de la Cuchara Argentina; Piratas X Tierra Mojada (colectivo adherente a la Sexta iniciativa del EZLN); Colectivo Orgánico; Comisión Ecológica de Ituzaingó, Buenos Aires; Agrupación ecologista “Nueva Ecología de la Tierra” (N.E.T.), Santa Fé; Junta Abya Yala por los Pueblos Libres (JAPL); Revista Theomai; Chaucha y Palitos Huerta Barrial, Salta; Portal Confraternizar Hoy; Organización para la Liberación Argentina (OLA); “La Peñaloza” Organización Campesina; Instituto Taki Ongoy; Corriente del Pueblo; “La Rabia” Radio/TV Escuela; Partido Pirata.

 

Individuales: Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas; Mirta Baravalle; Félix Diaz; Miguel Teubal; Norma Giarracca; Jorge E. Rulli; Jorge Falcone; Miguel Bonasso; Alejandro Bodart; Vilma Ripoll; Lucila Díaz Rönner; Patricia Langlais; Maristella Svampa; Enrique Viale; Soledad Barruti; Laura Isod; Marcelo Viñas; Miguel Mirra; Susana Moreira; Eduardo González; Elena Picasso; Marcelo Giraud; Carlos Del Frade; Mario Cafiero; Ana Isabel Rivas; Bibiana Apolonia del Brutto; Andrés Dimitriu; Ulises de la Orden; Silvia Cloquell; Guido Galafassi; Luis Barone; Ana Valtriani; Tomás Palmisano; Luis Mattini; Jorge Cardelli; Carlos María Pagano; Graciela Ferrario; Miguel Mazzeo; Guillermo Folguera; Víctor Bruno Montesco; Luis Daniel Hocsman; Mariano Rosa; Juan Wahren; Carlos Abel Suárez; Matías Giletta; Marcelo Manzatto; Julián Llamosas; Elena Kahn; Guillermo Cieza; Victoria Díaz Abal; Sofía Bascuñan; Laura Didowicz; Judith de Babot; Claudia Carbone; Noelia García; Cintia Cuneo; Pablo Vommaro; Fernando Del Gener; Agostina Falduti; Sofía Kempski; Caito González; Nicolás del Aguila; Jorgelina Alioto; Dolores Jiménez; Mario Pablo Gallino; Pamela Orellana; Pablo Delgado; Gladis Melo; Cristina Delgado; Emanuel Marcos Abínzano; Patricio Ramos; Patricia Azcoitia; Nicolás Games; Ignacio López Lemus; Virginia Azcoitia; Pablo Aranda; Estela Knez; Analía Bernardo; José Rubio; Verónica María Martín; Zuríe Amado; Carmen Orellana; Mauricio Nicolao; Pablo Urrutia; Fernando Rovelli; Milena Amaya; Lucio Florio; Nora López Rita; Oscar Vicente Silva; Daniela Miranda; Fabián O. Barrionuevo; Mario Brasca; Julia Esvant; Pablo Gómez; Roberto Ochandio; Ignacio Mayorga; Elena González; Alicia Gianfelici; Jorge Malla; Elena Cedrón; Eva Montesco; Verónica Torres; Franco Hernández; Lilah Ríos; Gabriel Beber; Maria Belen Coussirat; Cecilia Fantini Giorgetto; Guillermo Eugenio Acosta; Silvia Cerpa; Antonio Merched Mitre; Luis Fabrizi; Juan Spinetto.

Internacionales: Gustavo Esteva (Universidad de la Tierra, Oaxaca, México); Raúl Prada Alcoreza (Grupo Comuna, Bolivia); Miguel Benasayag (Francia); Jairo Restrepo (La Mierda de Vaca, Colombia); Francisco “Paco” Puche (España); Elena Kahn (Guerreros Verdes, México); Carlos Walter Porto-Gonçalves (Universidade Federal Fluminense, Brasil); Rodrigo Meiners Mandujano (Desarrollo Rural-Xochimilco, México); Fabián Cevallos Vivar (Ecuador); Rodrigo Lampasona (Iniciativa Exige Vivir Sano, Chile); Alicia Jardel (Bélgica); Conciencia Colectiva (Quintana Roo, México); LEMTO (Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e de Territorialidades, Universidade Federal Fluminense, Brasil).

Fuente: http://www.fisyp.org.ar/article/no-nos-patenten-la-vida