Qué Democracia

Marzo 2020

Legaliza ocupar territorios a destruir exportando ‘recursos’ y bloquea resistencia tanto por ‘pacto social’ como por amenaza del portaviones de EEUU. En contra la 22M inicia la unión plurinacional.

 

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

 

Generalicemos la percepción(conocimiento y toma de partido) sobre cómo los capitales imperialistas por asociación con todos los poderes locales modifican los ríos generando muerte sólo para perfeccionar el saqueo. Pero también producen la reestructuración socioeconómica y estatal en acuerdo con su creciente dominio oligopólico sobre las mayorías oprimidas en constante aumento.

 

La Hidrovía Paraguay-Paraná, IIRSA, soja y

el modelo de extracción de recursos

20 noviembre 2006

Por Fundación Proteger

Entrevista con Elba Stancich: la ingeniera Stancich, del Taller Ecologista de Rosario, está considerada una de las principales estudiosas del proyecto. La nota se realizó en el 5to. Taller sobre Instituciones Financieras Internacionales e IIRSA, que tuvo lugar en Santa Fe

¿Cómo definiría el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná para alguien que no lo conoce?

El proyecto consiste en convertir 3.400 kilómetros de río en navegables las 24 horas, los 365 días del año, para “convoys” o “trenes” de 20 barcazas o más y de 16 barcazas desde Asunción al norte. El objetivo es abaratar los costos de transporte y hacer más rápidos los recorridos. Se han hecho varios estudios para realizar este proyecto; los primeros se entregaron durante el año 1995, pero fueron ampliamente criticados, no sólo por organizaciones ecologistas, sino también por muchos académicos e incluso organismos técnicos de los propios gobiernos que dictaminaron que estos estudios no eran suficientes como para tomar una decisión y para tener la certeza de que estas obras que se estaban proponiendo no iban a tener impactos ambientales de consideración. Esto llevó a realizar un estudio complementario que fue aprobado por el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH) en julio de 2005, pero que de ninguna manera remplaza a un Estudio de Impacto Ambiental, que es fundamental para todo el conjunto de las obras propuestas. Los impactos de este proyecto no se deberían analizar por partes, o sea que cada país analice el tramo que le corresponde, sino que dadas las características y la extensión del proyecto, debe ser analizado integralmente y considerar los impactos acumulativos e indirectos.

¿En la actualidad este proyecto se encuentra en marcha?
De hecho los ríos Paraguay y Paraná son navegables desde siempre. Nosotros obviamente estamos de acuerdo con que los ríos sean utilizados para la navegación; lo cuestionable de este proyecto es la escala. Son enormes los volúmenes a transportar y por lo tanto también es importante el tamaño y la frecuencia de la navegación. Como el río en si mismo es muy caudaloso, muy grande, pareciera que podemos hacer cualquier cosa y que esto no va a traer consecuencias. Sin embargo, sabemos que no es así.

Lo que además habría que tener muy en cuenta es para qué clase de modelo económico hace falta modificar los ríos para la navegación; y esto es para un modelo agro-exportador de gran escala. En los últimos años en nuestro país y en los demás países que conforman la Cuenca del Plata ha avanzado muchísimo la frontera agrícola, y esto ha traído como consecuencia la deforestación, pérdida de bosques nativos y gran pérdida del ecosistema del Cerrado en el caso de Brasil. Esto implica cada día mayor expulsión de pequeños y medianos agricultores, que se ven literalmente corridos por la producción de tipo empresarial a mayor escala. La concentración de grandes empresas, por ejemplo en el área de Rosario, tuvo en los últimos años una inversión millonaria para todo lo que es el complejo aceitero basado en la soja, lo cual ha traído aparejado impactos ambientales de consideración por la utilización de agrotóxicos, la repercusión de los mismos sobre el cuidado del suelo y del agua, pérdida de nutrientes, las transformaciones en las áreas urbanas y por lo tanto el deterioro de la calidad de vida de las personas que viven cerca de estos emprendimientos.

Además hasta el día de hoy, donde la hidrovía funciona a pleno, en el tramo Santa Fe–Océano; no conocemos que el gobierno haya entregado ni hecho público ningún estudio de impacto ambiental que esté evaluado como corresponde por la Secretaría de Ambiente de la Nación. Sabemos que se está analizando un estudio de impacto ambiental presentado por la empresa concesionaria del dragado, para la profundización a 36 pies, pero todavía no ha finalizado el proceso evaluatorio. Mientras tanto el tramo que desde hace diez años se utiliza intensamente y hoy tiene 34 pies de calado, carece de estudios ambientales a esa profundidad y el Órgano de Control supuestamente se está conformando luego de unos diez años de inexistencia.

¿Qué relación existe entre IIRSA y el proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná?

Este proyecto ahora se vuelve a reflotar como uno de los ejes de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, es decir IIRSA. Dentro de los diez ejes que plantea la iniciativa IIRSA uno es la Hidrovía Paraguay-Paraná; o sea que está enmarcada dentro de este nuevo impulso, esta serie de megaproyectos que están lanzando los doce gobiernos de América del Sur y que están directamente ligados con otra cantidad de proyectos de infraestructura como grandes carreteras y otra serie de intervenciones que están propuestas para la región.

De hecho la Hidrovía está dentro de este nuevo mapa que se ofrece en la región en cuanto proyecto de infraestructura; siempre aclarando que se trata de proyectos con un objetivo de extracción de materias primas desde lugares inaccesibles para que los fletes sean más baratos y que el tiempo de transporte sea lo más rápido posible. En definitiva es un proyecto para favorecer un modelo de extracción de recursos que justamente no beneficiaría a la población que hoy está en condiciones de pobreza o de marginalidad en nuestros países. Más bien todo lo contrario, ya que esta población será la que se verá más afectada, ya sea porque va a ser expulsada o porque los recursos naturales van a quedar cada vez más deteriorados. Por eso cuando nos encontramos frente a este tipo de proyectos siempre hay que preguntarse quién va a salir favorecido en definitiva. Y nosotros consideramos que los más beneficiados van a ser principalmente los grandes grupos empresarios.

¿Qué papel juegan en este escenario las Instituciones Financieras Internacionales, las IFIs?

En el caso del proyecto de la Hidrovía Paraguay-Paraná los primeros estudios fueron financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Fonplata; el principal actor en ese momento fue el BID. Pero luego el BID se retiró del proyecto Hidrovía diciendo que no iba a financiar este proyecto por considerar que las obras traerían profundos impactos ambientales. El nuevo actor que se perfila ahora en la región es la Corporación Andina de Fomento (CAF), que de hecho es la que ha financiado los últimos estudios.

¿Cuáles son los puntos fundamentales a la hora de pensar en este proyecto?

Hay que prestar mucha atención al volumen y a la escala del proyecto, e imaginarnos cómo va a ser el escenario de acá a diez o veinte años, pensando en el tipo de producción, porque las principales cargas que se quieren transportar por la Hidrovía son granos, esto equivaldría al 70% de las cargas, principalmente soja. Nuestro país pretende llegar a una producción de 100 millones de toneladas de grano, de la cual gran parte se pretende transportar por la Hidrovía, porque de hecho hoy en el país el porcentaje de lo que se transporta por agua es minoritario; la mayoría del transporte sigue siendo por carretera, una proporción inferior por ferrocarril y una mucho menor por agua. Entonces lo que se pretende además de aumentar la producción es derivar mayores cargas por los ríos.

Si uno se imagina la situación de acá a 20 años la frecuencia y escala de navegación que va a haber en nuestros ríos realmente va a ser enorme y esto es a lo que tenemos que prestar atención. Hay zonas del río Paraguay, por ejemplo, que son muy delicadas; muy cerca del Pantanal algunos expertos dicen que para que el ecosistema pueda soportar la navegación tendría que estar pasando sólo un tren de barcazas por semana, de manera tal que la naturaleza pueda restablecer todo lo que es el ecosistema acuático sin que la navegación lo afecte. Pero con la carga que hay proyectada por día podrían estar pasando 8 o más trenes de 20 barcazas cada uno. Todo esto no está profundizado en los estudios; creo que vale la pena ponerlo en debate y analizar mucho más.

Es decir, cuál va a ser el impacto sobre la pesca, sobre la calidad del agua, sobre los sedimentos, la selva en galería que hoy sigue siendo destruida por la navegación en tramos del río Paraguay en el Pantanal. Entonces por lo menos deberíamos cuestionarnos qué pasa con éste desarrollo basado en el crecimiento y pensar que en un planeta con recursos finitos es imposible estar hablando de crecimiento continuo, porque simplemente no es posible y se están generando muchos daños.

Otro punto a tener en cuenta son los estudios complementarios que se terminaron de hacer en el año 2005 y que el nuevo proyecto tiene algunas diferencias significativas con respecto a la propuesta anterior del año 1996. Por ejemplo ahora se extiende, por lo menos en teoría, hasta Corumbá o sea que de los 3.400 Km. originales se acorta algo más de 600 kilómetros a lo largo del Pantanal. Pero de todos modos hay un punto que nos sigue preocupando: la extracción de rocas en el lecho del río Paraguay. Esto se da en un tramo del río donde hay seis puntos en los cuales es necesario extraer lecho rocoso para permitir la navegación ininterrumpida. En dos de esos puntos es necesario sacar las rocas con explosivos; pero en estudios anteriores varios expertos advirtieron que volar rocas en el lecho del río Paraguay podría provocar efectos irreversibles sobre los humedales, tanto aguas arriba como aguas abajo.

Si nosotros hablamos de impacto sobre los humedales estamos hablando de impactos directos sobre la gente porque hay muchísima población ribereña, tanto pueblos indígenas como pescadores, que dependen directamente de la productividad biológica de estos humedales y además hay mucha población que se beneficia de la depuración natural que ejercen estos humedales sobre aguas contaminadas. También está la amenaza de que se agraven las grandes inundaciones y sequías, ya que los humedales, y particularmente el Pantanal, actúan como un amortiguador o regulador, aspecto siempre minimizado por los impulsores del proyecto.

Entonces si estamos pensando en que habrá daños sobre los humedales significa que va a estar afectada una gran cantidad de gente. En el diseño actual del proyecto, de las obras propuestas de Santa Fe al norte, lo más preocupante es la extracción de rocas en el tramo del río Paraguay entre la ciudad de Asunción y el río Apa. Son aspectos muy críticos que se deberían rever.

Santa Fe, 7 noviembre 2006 © Prensa Proteger – www.proteger.org.ar

Fuente: www.biodiversidadla.org/Noticias/La_Hidrovia_Paraguay-Parana_IIRSA_soja_y_el_modelo_de_extraccion_de_recursos

 

 

Generalicemos la atención sobre el contraste del modo capitalista de producción y desarrollo con CEMEP-ADIS, organización que lleva más de una década trabajando en la agroecología, la defensa de la selva misionera y la educación y comunicación popular. Su principal iniciativa ha sido la creación de una “Multiversidad Popular” que impulsa una carrera de Técnico Superior en Agroecología para campesinos, indígenas y sectores populares.

 

 

 

Proyectos de megarepresas y deforestación de

la selva golpean la región argentina de Misiones

15 julio 2011

 

Por Enric Llopis

 

"La provincia de Misiones se encuentra en uno de los territorios del planeta más ricos en biodiversidad. Tal vez por ello, es una pieza codiciada por las trasnacionales, que ven los cinco ríos de su entorno y su millón de hectáreas de selva como una buena oportunidad de negocio."

Más de un millón de turistas llegan todos los años a la provincia argentina de Misiones para disfrutar de las cataratas de Iguazú, uno de los principales destinos turísticos del mundo. Muchos de ellos desconocen que se encuentran en uno de los territorios del planeta más ricos en biodiversidad. Tal vez por ello, la región de Misiones –ubicada en la “triple frontera” entre Argentina, Brasil y Paraguay- es una pieza codiciada por las trasnacionales, que ven los cinco ríos de su entorno y su millón de hectáreas de selva como una buena oportunidad de negocio.

A analizar esta problemática ha dedicado una jornada el Centro de Solidaridad con América Latina y África (CEDSALA) de Valencia. El acto ha contado con la presencia de Raúl Aramendy, director de CEMEP-ADIS, organización que lleva más de una década trabajando en la agroecología, la defensa de la selva misionera y la educación y comunicación popular. Su principal iniciativa ha sido la creación de una “Multiversidad Popular”, la única de Argentina que impulsa una carrera de Técnico Superior en Agroecología para campesinos, indígenas y sectores populares.

Según Raúl Aramendy, “la provincia de Misiones se halla, si hablamos de geopolítica, en uno de los puntos calientes del planeta”. De entrada, por la presencia del acuífero Guaraní (la tercera reserva mundial de agua dulce). El hecho de que muchas de las nuevas guerras tendrán los recursos hídricos como motor y que sólo el 3% del agua del planeta sea dulce otorga a este reservorio un gran valor estratégico. Así lo percibe Estados Unidos. El comando sur del ejército norteamericano está presente de manera cíclica en la triple frontera, donde también ha establecido una base militar de inteligencia. La gran industria europea del agua ha puesto asimismo su mirada en el acuífero.

Una de las principales amenazas ambientales que pende sobre Misiones es la construcción de megarrepresas, con la coartada de aumentar la producción de energía eléctrica. Más de 40 grandes embalses se localizan en el territorio misionero y su entorno. Destaca, entre todas, la de Itaipú, en el río Paraná (la tercera del mundo tras las Tres Gargantas china y Assuán en Egipto). Pero lo más grave es que hay otras 15 en proyecto en el ámbito de la triple frontera. Las principales, conectadas, son Garabí y Panambí, ambas con abrumadora repulsa popular, que además tienen como fin satisfacer las necesidades de áreas industriales emplazadas fuera de Misiones.

Si los impactos ambientales y territoriales de las represas son bien conocidos, estas grandes infraestructuras llevan asociadas patologías que trascienden en menor medida y que se vinculan a la alteración del régimen de los ríos. Por ejemplo, la Leismaniasis, que afecta principalmente a los cánidos y a través de los mosquitos puede contagiarse a los humanos. La Esquistosomiasis, también denominada “enfermedad de las represas”, es otra patología incurable que llegó a América Latina junto con los grandes embalses y cuya propagación ha llegado hasta la frontera de la provincia misionera.

Tres ríos tan notables como el Paraná, el Uruguay y el Iguazú –en los que desembocan no menos de 800 cursos permanentes de agua- no podrían pasar inadvertidos a las grandes trasnacionales. De ahí que los ríos se hayan convertido en grandes hidrovías para transportar las materias primas (incluida el agua) extraídas de la región. Los productos de la agroindustria, los monocultivos como el te y el tabaco o la madera que resulta de la explotación forestal encuentran su medio de transporte en las hidrovías, que además requieren obras de adaptación de gran impacto ambiental.

Misiones cuenta con un 35% de superficie selvática sobre el total del territorio. Sin llegar a los extremos de la amazonía brasileña, la deforestación salvaje (entre 17.000 y 25.000 hectáreas anuales) está poniendo en serio riesgo la selva del Paraná, la quinta reserva de biodiversidad del planeta. Las talas arrasan la selva para el desarrollo del sector primario (agrícola y ganadero) y, sobre todo, para la industria maderera, que los capitalistas argentinos del sector han convertido en una actividad puramente extractiva, depredadora y muy lucrativa.

No menos nociva para la selva misionera es la plantación de pinos por dos razones. Porque se trata de una especie exótica, que amenaza la biodiversidad autóctona; y, sobre todo, por los intereses que esconde: la obtención de pasta de celulosa para la producción de papel. ¿Quién está detrás del negocio? La multinacional chilena Arauco, principal terrateniente además de la provincia de Misiones con cerca de 350.000 hectáreas.

Pero más allá de los impactos ambientales y sobre el territorio, estos métodos extractivos generan una tragedia social. “En una zona de riqueza natural incalculable, explica Raúl Aramendy, conviven la miseria y la maximización de beneficios empresariales; los más pobres entre los pobres son los indígenas guaranís; hay niños de esta etnia que aún mueren por desnutrición”. Organizados en 75 comunidades, los cerca de 7.000 guaranís Mby’a conservan en Misiones la “propiedad comunitaria” de la tierra, aunque para defender sus derechos tengan que embarcarse en batallas épicas. Como la que mantienen actualmente contra la Universidad de La Plata por la propiedad de 6.000 hectáreas de tierra. Su modo tradicional de vida, basado en la caza, la pesca y la recolección, está a punto de extinguirse en paralelo a la destrucción de la selva.

 

Un escalón por encima en la pirámide social se sitúan los obreros rurales y campesinos. Aunque ello no les exima de la pobreza extrema. Vale como ejemplo el monocultivo del tabaco, sector en el que trabajan 15.000 familias de Misiones, de las que 13.000 viven en situación paupérrima. El sector lo controlan en régimen de monopolio Philip Morris y la British American Tobacco a las que, si poco importan las condiciones laborales del proletariado agrícola, menos aún su estado de salud: el uso de herbicidas tóxicos ha producido en Misiones el índice de malformaciones congénitas más elevado de Argentina, entre otras razones, por los efectos del glifosato, un agrotóxico creado por la Monsanto. En esta coyuntura, los conflictos laborales, huelgas y cortes de ruta están a la orden del día.

 

¿Cuál es la respuesta de las organizaciones populares en una provincia que, pese a ser la penúltima de Argentina en extensión, cuenta con tanto valor estratégico? Hay motivos para la esperanza. A juicio de Aramendy, “está produciéndose una creciente articulación de los movimientos sociales a escala regional –Brasil, Argentina y Paraguay- que plantean la agroecología como alternativa al agronegocio y a la destrucción tanto de la selva del Paraná como del acuífero Guaraní”. Han tenido lugar ya dos grandes foros regionales en este sentido.

La campaña contra la construcción de la macrorrepresas de Garabí y Panambí centra buena parte de los esfuerzos. Hasta el momento se han recogido 50.000 firmas para exigir al gobierno de Misiones un plebiscito sobre su ejecución (el 88% de la población ya dijo que “no” a la construcción de la represa de Corpus). Pero los gobiernos de Brasil y Argentina manifiestan un fuerte empeño en desarrollar el proyecto de Garabí-Panambí, que en aún se halla en la fase de estudio de viabilidad. “Dilma Roussef y Cristina Kirchner han de cambiar una política que nos conduce al desastre; deben reflexionar y dejar de asumir el discurso empresarial que promueve las grandes represas en función de supuestas carencias energéticas”, concluye Raúl Aramendy.

Rebelión
Fuente: Leer

En consecuencia, la «reforma agraria integral» será obra de subjetividades colectivas que al rebelarse contra la mercantilización y destrucción tanto de comunidades como de ecosistemas adquieren capacidad de interpretar lo esencial del desafío contemporáneo. En efecto, la COICA señaló que la emergencia climática y humanitaria, con pérdidas irreparables para el planeta, se debe al genocidio y al ecocidio ejecutados por la mayoría de los Gobiernos de la Cuenca Amazónica contra los pueblos indígenas.

 

La máxima organización de

la Cuenca Amazónica declaró

emergencia climática territorial

10 diciembre 2019

Por COICA    

En el marco de la celebración de la COP 25, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) dio una conferencia de prensa, con el apoyo técnico de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), para anunciar la emergencia climática y humanitaria por el genocidio y ecocidio de la mayoría de los Gobiernos de la Cuenca Amazónica contra los pueblos indígenas, lo que repercute en pérdidas irreparables para el planeta.

Juan Carlos Jintiach, técnico de COICA, expresó que la conferencia es una oportunidad para traer las voces de los pueblos indígenas de la Cuenca Amazónica bajo problemáticas diarias que son una injusticia social y que son invisibilizadas por la COP. Por eso la COICA trajo las demandas de los defensores indígenas que son criminalizados por defender sus territorios y bosques.

En ese sentido, Robinson López, coordinador del área de cambio climático de la COICA, señaló que la vida de los pueblos indígenas está sustentada en los Sistemas de Conocimiento Tradicional-Espiritual, que a su vez se ven afectadas por la crisis climática y humanitaria que afecta la vida y pervivencia de los pueblos. Dichas crisis se agravan por problemáticas como la deforestación, la agroindustria y asesinatos sistemáticos a líderes indígenas, entre ellos sabedores de la medicina tradicional que han aportado por millones de años al cambio climático.

“Todos tenemos una visión diferente, esa visión de mundo, y ésta no se interpreta por los Gobiernos al punto que estamos en una COP hablándole a sordos, unos negociando por un lado sobre nuestros territorios, sobre nuestro destino y nosotros estamos por fuera de ese diálogo. Hacemos un llamado a las Naciones Unidas y sus países miembros para que en estos diálogos se garantice la participación real y efectiva de los pueblos indígenas, de lo contrario solo es una “Feria” de negocios del clima. La COICA sienta su voz de protesta en el sentido de que los Gobiernos deben escuchar a los pueblos originarios porque no solo está en juego la vida de nuestros hijos, sino también de la humanidad, sostuvo López.

 

Así también, la lideresa Claudette Labonte, Coordinadora del área de mujer y familia de la COICA sostuvo: “Nosotras las mujeres amazónicas nos estamos despertando para que se escuche nuestra voz, pues somos la primeras afectadas en los temas de contaminación, cuando se encuentra mercurio en nuestra leche para que se direccione los fondos a las mujeres amazónicas. Quien toca a nuestros hijos toca lo primero que nos preocupa y para nosotras es fundamental defender los derechos de nuestros hijos por eso queremos estar aquí fuertes a la par de nuestros líderes”.

Por su parte, Marlon Vargas presidente de CONFENIAE, señaló preocupación por la situación de los pueblos de Ecuador. Señaló: “los pueblos están siendo desplazados de sus territorios y no se ha respetado la consulta previa”. En ese sentido hizo un llamado a la humanidad para que se sumen a la defensa de los territorios indígenas, así como de sus recursos, el agua, el bosque.

Asimismo, Sandra Tukup, dirigente de CONFENIAE, convocó a la sensibilidad de los presentes para que difundan la situación de emergencia que viven los pueblos indígenas pese a ser los guardianes de la Amazonía, lo cual beneficia a toda la humanidad, y exigió a los Gobiernos del mundo que respeten sus derechos humanos.

Finalmente, la COICA, instó a los Estados de la Cuenca Amazónica e hizo un llamado a la cooperación internacional para que direccione su financiamiento a través de las instituciones de gobierno propias de los pueblos indígenas. “puesto que no están llegando los recursos económicos a los pueblos indígenas que están siendo afectados y que están poniendo el pecho para frenar el cambio climático, por el contrario están llegando a los Gobiernos que son regresivos con los derechos de los pueblos indígenas y que nos están afectando al punto de exterminio físico y cultural” expresó Robinson López. Por eso hizo un llamado a la Unión Europea, Cooperación internacional, al Gobierno Noruego, a Alemania y todos los aliados de los pueblos Indígenas a que direccionen los fondos climáticos a los pueblos originarios, a sus territorios e instituciones de gobierno propio creadas para ello, así como un programa integral  para protección y prevención de los pueblos Indígenas en Aislados Voluntario o Estado Natural que están en inminente riesgo de desaparecer.

Para ver las demandas completas leer el comunicado completo:

Declaracion COICA Conferencia de Prensa Emergencia Ambiental y Humanitario

https://unfccc-cop25.streamworld.de/webcast/coica-traditional-knowledge-of-indigenous-people-2

COICA

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Noticias/La-maxima-organizacion-de-la-Cuenca-Amazonica-declaro-emergencia-climatica-territorial

 

 Bloqueo de la lucha de clases

 

Generalicemos la percepción(conocimiento y toma de partido) sobre que el Kirchnerismo e izquierdas afines fueron fundamentales para el embaucamiento mayoritario de estar viviendo el progreso e independencia de Argentina y la disminución de la pobreza. Cuando, en verdad, promovían a:

 

La República Unida de la Soja recargada

12 de junio de 2013

Por GRAIN | A contrapelo

 

 

(...)El agronegocio mata

Este hecho se ha expresado de manera continua durante estos últimos años y, tal como lo hemos expresado, fue en Paraguay donde más duramente se han sentido sus impactos. Quizás podamos ubicar el pico de violencia en la matanza de Curuguaty, perpetrada el 15 de junio del 2012 en donde –y como resultado de tensiones y represión estatal y paraestatal- murieron once campesinos y seis policías. La matanza fue utilizada para emprender el juicio político y dar el golpe institucional que terminó con la gestión del presidente Lugo.

Previo al Golpe, y más aun posteriormente, se desencadenó una ola represiva sobre los dirigentes campesinos que -en la nueva etapa- se comenzó a expresar bajo la forma de asesinatos selectivos que cobraron la vida de los líderes campesinos Sixto Pérez, Vidal Vega y Benjamín Lezcano, acribillados en un lapso de 8 meses de gobierno de Federico Franco.4 La CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) ha dicho que en el caso del asesinato de Benjamín Lezcano se observa “el mismo modus operandi que se practicó en los casos de Sixto Pérez –el 1°de septiembre pasado, en Puentesiño (Dpto. Concepción)– y de Vidal Vega –el 1°de diciembre último, en Curuguaty (Dpto. Canindeyú). El objetivo, igualmente, parece ser común: descabezar las organizaciones campesinas”.5

En Argentina, durante los últimos tres años se produjeron en Santiago del Estero tres asesinatos de campesinos ligados directamente al avance del modelo sojero (Sandra Ely Juárez, Cristian Ferreyra y Miguel Galván) y en la provincias de Formosa y Salta el hostigamiento a las comunidades es permanente y sostenido.6

En Brasil, también el movimiento campesino y especialmente el MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra) han sufrido la violencia del agronegocio y recientemente la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) divulgó un informe preliminar de la violencia en 2012 contabilizando 36 muertes motivadas por conflictos agrarios.7 Durante el año 2013 ya son tres los dirigentes del MST que han sido asesinados (Cícero Guedes dos Santos, Regina dos Santos Pinho y Fabio dos Santos Silva).

Todo esto se da en el marco de una avanzada de la criminalización de las luchas sociales que no sólo se expresa en la persecución y estigmatización de los movimientos sino también en forma concreta en la avanzada de leyes represivas. El caso de la aprobación de la Ley antiterrorista en Argentina en diciembre del 2011 se suma a las leyes ya existentes en varios de los países de la región.

 

El agronegocio contamina

Una de las grandes mentiras que desde las corporaciones, los medios masivos y un sector de la academia se utilizó para justificar la introducción de las semillas transgénicas, fue que las mismas ayudarían a emplear menos agrotóxicos en la agricultura. Tal como muchas organizaciones lo anunciaron durante las últimas dos décadas, la realidad ha marcado absolutamente lo contrario y hoy en día el incremento del uso de agrotóxicos es cada vez más alarmante y sus impactos en toda la región son cada vez más difíciles de ocultar.

Todo esto no puede extrañarnos si asumimos el hecho evidente de que quienes impulsan las semillas transgénicas son las corporaciones dedicadas a la venta de agrotóxicos, con Monsanto a la cabeza, y que las semillas transgénicas que más se cultivan tienen como característica diferencial la resistencia a herbicidas.

Brasil está al frente de las estadísticas convirtiéndose desde el año 2008 en el mayor consumidor per capita de agrotóxicos del mundo y responsable del 20 % de todos los agrotóxicos usados en el planeta; con un consumo per cápita de 5,2 litros de agrotóxicos cada año.8 9. La escalofriante cifra de 853 millones de litros de agrotóxicos empleados durante el año 2011, con un crecimiento del mercado brasileño del 190 % en la última década, es más que elocuente. El 55 % de este consumo de agrotóxicos se empleó en cultivos de soja y maíz, siendo la soja responsable del 40% del consumo total.10Solamente el glifosato representa cerca del 40% del consumo de agrotóxicos en Brasil.

Argentina no se ha quedado atrás. Durante el año 2011 se aplicaron 238 millones de litros de glifosato que implican un incremento del 1190 % con respecto a la cantidad utilizada en el año 1996, año en que se introdujo la soja transgénica resistente al glifosato en el país.11

En Paraguay, que es el sexto productor mundial de soja transgénica, el uso de glifosato en las cifras del año 2007 significó la aplicación de más de 13 millones de litros de este agrotóxico.12

En Uruguay, también de la mano del avance de la soja transgénica las cifras llegan a un mínimo en el año 2010 de más de 12 millones de litros.13 Es justamente en Uruguay donde en la actualidad, y a raíz de la contaminación del agua en la ciudad de Montevideo, la población urbana está comenzando a reaccionar con alarma frente a la falta de disponibilidad de agua potable para el consumo.

El balance regional nos permite suponer un mínimo de aplicación de más de 600 millones de litros de glifosato, cifra escalofriante y que tiene su correlato en las innumerables denuncias que se producen cada día por los daños ya mencionados a la salud, a los ecosistemas, a la agricultura y a las comunidades que semejante baño de agrotóxicos produce.

Pero tan grave como estas cifras, son las del incremento del uso de otros agrotóxicos que se emplean asociados al glifosato o para compensar su falta de acción frente al surgimiento inevitable de malezas resistentes. Así es como el empleo del paraquat ha crecido llegando a utilizarse 1,2 millones de litros en Argentina y 3,32 millones en los cinco países productores de soja. Es importante recordar que el paraquat está vinculado a desórdenes neurológicos y por esta razón fue prohibido en 13 países de la Unión Europea en el año 2003.14

Sin lugar a dudas, el empleo de agrotóxicos es otra de las formas que tiene el agronegocio de matar.

 

El agronegocio impone los transgénicos

La introducción de nuevos transgénicos ligados al uso de nuevos agrotóxicos es parte de la estrategia de las corporaciones, y ha estado a la orden del día durante el año 2012.

El anuncio oficial de la presidenta argentina Cristina Fernández en el Council of Americas el 15 de junio del 2012 sobre las nuevas inversiones de Monsanto en Argentina preanunció lo que sería durante el resto de año una catarata de proyectos, anuncios e intentos de modificación de la legislación que marcó la agenda oficial y corporativa durante los meses siguientes.

Así fue que en agosto del 2012 el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar anunció junto a ejecutivos de Monsanto la aprobación de la nueva soja rr2 “Intacta”, que trae como novedad la acumulación de la resistencia al glifosato con la producción de la toxina Bt. O sea que la única novedad es la conjunción de las dos únicas características que la industria biotecnológica logró poner en el mercado en 20 años de existencia.

Pero además de este anuncio existen aprobaciones y ensayos de campo de otros transgénicos, entre los que destacan los de soja y maíz resistentes a nuevos herbicidas, entre ellos el glufosinato y el 2,4 D. Andrés Carrasco, investigador del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) de Argentina planteaba hace pocos meses con claridad la problemática: “hay un aspecto interesante a considerar en lo inmediato en la Argentina, es que 5 de esos 10 eventos transgénicos aprobados, 3 de maíz y 2 de soja, combinan la resistencia al glifosato con otra al glufosinato de amonio (un bloqueante de la síntesis del aminoácido glutamina) para reforzar los efectos de aquel. La necesidad de asociar en las nuevas semillas el glifosato con el glufosinato, da cuenta de las inconsistencias de la tecnología de los transgénicos tanto en su construcción como en su comportamiento en el tiempo. Sin embargo, se sigue huyendo hacia delante intentando remediar las debilidades conceptuales de la tecnología transgénica, con soluciones que tienden a ser cada vez más peligrosas”.15

En Paraguay, a pocos meses del golpe institucional, el Ministerio de Agricultura aprobó el maíz transgénico que venía siendo resistido por las autoridades del gobierno depuesto y que enfrenta un rechazo explícito y contundente por parte de las organizaciones campesinas, debido a la amenaza que representa para las muchas variedades locales de maíz cultivadas por pueblos indígenas y campesinos. Así fue como en octubre del 2012 se aprobaron cuatro variedades de maíz transgénico de Monsanto, Dow, Agrotec y Syngenta.16 Ya en el mes de agosto el presidente de facto Franco había autorizado por decreto la importación de semillas de algodón Bt-rr, probando claramente para quién gobernaba.

En Brasil la escalada comenzó a fines del año 2011 cuando se anunció la aprobación por parte de la CTNBio (Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad) del primer frijol transgénico comercial “íntegramente desarrollado en Brasil” y resistente al mosaico dorado del frijol. Este evento, por ser desarrollado por una institución pública como el Embrapa y por poseer características distintas a los transgénicos más difundidos (Bt y rr) fue utilizado como bandera pro transgénica destacando su importancia “social y alimenticia”.17 Sin embargo, su aprobación ha sido fuertemente cuestionada por funcionarios públicos, la comunidad científica y la sociedad civil. Así es que Renato Maluf, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), cuestiona su rápida liberación en respeto al principio de la precaución. "Creemos que es una temeridad la prisa por liberar un producto que consumirá toda la población y sobre el cual no tenemos certeza de seguridad alimenticia y nutricional", lamentó. Mientras tanto, Ana Carolina Brolo, asesora jurídica de la organización humanitaria Tierra de Derechos, coincidió con Maluf al indicar que "fue una aprobación comercial que tuvo como característica la falta de respeto a la legislación nacional e internacional de bioseguridad".18

El balance general es que la avalancha de nuevos transgénicos se ha intensificado y en la mayor parte de los casos la misma implica su cultivo ligado a agrotóxicos, en algunos casos los mismos que ya se están utilizando (glifosato fundamentalmente) y, en otros, la introducción de nuevos herbicidas aún más tóxicos y peligrosos (dicamba, glufosinato, 2,4 D). En Brasil el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), integrante de la Vía Campesina, denunció en abril del 2012 la pronta aprobación de semillas transgénicas de soja y maíz resistentes al herbicida 2,4 D.19 Estas mismas semillas ya se encuentran en etapa de experimentación a campo en Argentina.

 

El agronegocio se propone controlar de manera absoluta las semillas

La imposición de nuevas leyes de semillas también ha estado a la orden del día en toda América Latina, pero tuvo en Argentina, y con una ligazón directa al acuerdo con Monsanto antes mencionado, uno de los focos de acción más visibles y activos. El mismo día del anuncio de la aprobación de la soja rr2 “intacta” el Ministro de Agricultura anunció el envío de un Proyecto de Ley de Semillas para que fuera tratado en el Congreso antes de fines del 2012.

El proyecto nunca se hizo oficialmente público, ni se sometió a un debate amplio, si no que fue discutido a puertas cerradas dentro del Ministerio de Agricultura por una parte de los sectores del agronegocio argentino. Sin embargo, su contenido trascendió las fronteras del Ministerio y su análisis permitió confirmar lo que ya se podía presumir luego del anuncio oficial: la nueva Ley busca subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV y las transnacionales.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) denunció que “La ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad, sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas; abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina; ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior; fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter y otorga a las empresas semilleras el poder de policía, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente”.20

La movilización de diversos sectores logró que se postergara su presentación y debate en el Congreso Nacional; pero la amenaza de su imposición permanece latente.

Es muy claro que controlar este primer eslabón de la agricultura es uno de los objetivos principales de las corporaciones para de esta manera poder tener control sobre todo el sistema agroalimentario y garantizarse así un monopolio sin fisuras. Y también es claro que este control impacta de manera directa sobre los pueblos, impidiendo el ejercicio de la soberanía alimentaria y condenando al hambre a millones.

 

El agronegocio destruye los bosques

La deforestación en toda la región ha cobrado una escala dramática y aún con medidas que intentan detenerla (como la Ley de Bosques en Argentina o las regulaciones que se generan en Brasil) la misma no sólo no se ha detenido sino que durante estos últimos años se ha intensificado, teniendo como principal detonante el avance de la frontera agrícola (o el desplazamiento de la frontera ganadera como consecuencia de lo anterior).

Un vez más, Brasil encabeza las posiciones con 28 millones de hectáreas de pérdida neta de bosques para el período 2000-201021 con una desaparición de 641.800 hectáreas de bosques amazónicos entre agosto del 2010 y julio del 201122 festejada como un gran triunfo por las autoridades nacionales.

Las cifras para Argentina nos dicen que “entre 2004 y 2012 las topadoras arrasaron 2.501.912 hectáreas, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Otra forma de decir lo mismo: en Argentina se arrasan 36 canchas de fútbol por hora. Los datos surgen del cruce de relevamientos oficiales y de oenegés. El último informe de la Secretaría de Ambiente de la Nación relevó el período 2006/2011 y contabilizó que se arrasaron 1.779.360 hectáreas de monte nativo”.23

En Paraguay la situación es quizás una de las más graves en términos de porcentaje de deforestación: por un lado, la deforestación histórica en la región oriental que significó que entre 1945 y 1997 se perdiera el 76.3% de la cobertura boscosa original por su conversión a tierras para la producción agropecuaria.24 Y por otro, la actual deforestación en le región occidental (bosque chaqueño) donde el año 2011 culminó con una pérdida de 286.742 hectáreas de bosques, lo que superó en un 23% a la cifra de 232.000 hectáreas deforestadas durante 2010.25

Una mirada global a esta tragedia nos permite cobrar mejor dimensión de los que está ocurriendo: un estudio publicado por la FAO en el año 2011 26 señala que el promedio anual de pérdida neta de bosque en el período 1990 y 2005 es de cerca de 5 millones de hectáreas (en el mundo), de los cuales 4 millones se encuentran en Sudamérica.

Aquí también el agronegocio vuelve a matar: a los ecosistemas únicos de la región y a todos los pueblos que durante milenios han vivido, crecido y convivido con los bosques, cuidándolos y alimentándolos.

 

El agronegocio concentra la tierra en pocas manos

La concentración de la tierra es otro de los fenómenos que ha caracterizado los últimos años de implantación de la soja transgénica en todo el Cono Sur. Países en los que ya la concentración de la tierra era enorme vieron durante estos años como esa concentración se profundizaba y se reducía el número de manos que la controlaban.

Fue también Paraguay, uno de los países con peor distribución de la tierra en América Latina, donde el impacto se hizo sentir más y hoy ostenta la escalofriante cifra de un 2 % de los productores controlando el 85 % de la superficie agrícola. Esta situación se agrava aún más cuando desde los países vecinos - fundamentalmente Brasil, pero también Argentina- se está produciendo una embestida sobre sus territorios para avanzar con el cultivo de soja transgénica.

El modelo impuesto ha significado una profunda transformación en la forma en que se produce la concentración de la tierra ya que en la actualidad y en su mayor parte la misma no es adquirida si no arrendada por los grandes productores. Por otro lado, los productores ya no son personas físicas identificables sino pooles de siembra alimentados en su mayor parte por grupos de inversión especulativos.

Las consecuencias para las comunidades locales, campesinos y pueblos indígenas son siempre las mismas: la expulsión de sus territorios, en muchísimos casos a través del uso directo de la violencia, como ya hemos compartido analizando otras facetas de este modelo.

Si bien las cifras de los expulsados son difíciles de evaluar porque no existen estadísticas certeras para cada país y mucho menos a nivel regional, algunos investigadores han encontrado, por ejemplo, que en Paraguay el avance de la soja llevaría a una cantidad de familias campesinas expulsadas que alcanzaría el número de 143 mil, más de la mitad de las 280 mil fincas con menos de 20 hectáreas registradas en el censo agropecuario de 1991 28 como consecuencia del avance de las soja para alcanzar las 4 millones de hectáreas que el agronegocio se propone. Para Argentina este modelo ha generado un éxodo rural sin precedentes que para el año 2007 ya suponía la expulsión de más de 200.000 agricultores y trabajadores rurales con sus familias del agro argentino (26). En Brasil, desde la década de los años setenta del siglo XX la producción de soja ha desplazado a 2,5 millones de personas en el estado de Paraná y a 300.000 en el de Río Grande do Sul.29

 

El agronegocio busca consolidarse como dictador en la República Unida de la Soja

El golpe institucional en Paraguay demuestra cómo el agronegocio, con las corporaciones actuando junto a los terratenientes y cómplices a nivel nacional, no se detiene frente a los avances y los límites, que aun tímidamente, intentan instrumentar algunos gobiernos.

En Paraguay el gobierno del presidente Lugo, aún con minoría parlamentaria, intentó desde algunas áreas de gobierno (Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas - Senave) poner límites a algunas cuestiones graves como lo son los impactos de las fumigaciones y la aprobación de nuevos transgénicos, en especial el maíz rr y el algodón Bt. También estableció un diálogo con las organizaciones campesinas en la búsqueda de frenar la histórica violencia existente en el campo fruto de la tremenda concentración de la tierra que existe en el país.

Los poderosos sectores del agronegocio agrupados en la UGP (Unión de Gremios de la Producción), que cuenta con el apoyo de corporaciones como Monsanto y Cargill, desató una guerra contra las autoridades responsables de estas áreas, pidiendo su cabeza y amenazando y ejecutando acciones públicas en ese sentido.

La matanza de Curuguaty fue la excusa que encontraron para derrocar -de la mano de sus aliados parlamentarios- al presidente Lugo en menos de dos horas de sesión y así imponer sus intereses en todos los ámbitos.

Así fue como junto con el presidente Lugo salieron todos los funcionarios comprometidos con estos procesos de cambio y rápidamente se impusieron las medidas que el agronegocio pretendía: fin a los límites a las fumigaciones, aprobación de nuevos transgénicos, promesas de cambio en la Ley de Semillas, etc.

La reciente elección que consagró al empresario Horacio Cartés como nuevo presidente llevando nuevamente al gobierno al partido Colorado fue el último paso para consagrar la impunidad y el poder ilimitado del agronegocio.

Sin embargo, en el resto de los países de la región la situación - si bien no presenta la cruda realidad de Paraguay- también es evidente la manera en que el agronegocio establece las políticas públicas en las cuestiones referidas al agro y la alimentación e interfiere en cualquier intento de modificación de las mismas desde otras perspectivas diferentes a las de sus intereses corporativos.

Todo esto confirma algo que a nivel global se está haciendo evidente y que se denuncia en todo el mundo: la democracia es incompatible con el dominio del control corporativo y es necesario desmantelar sus estructuras para poder pensar y avanzar en cualquier proceso de democratización que privilegie el bien común.

El agronegocio somete y coloniza a las instituciones de investigación y que regulan la ciencia y tecnología en cada país

Las universidades e institutos de investigación de toda la región, salvo honrosas excepciones, se encuentran colonizadas por el poder y los fondos de las corporaciones del agronegocio que las utilizan como engranaje para imponer sus transgénicos y sus modelos de producción industrializados.

Durante el año 2012 cobró estado público y fue denunciado por la sociedad civil el acuerdo de Monsanto con el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) en Uruguay para incluir en el germoplasma de soja local que maneja el instituto transgenes propiedad de la empresa.30 La firma del acuerdo fue cuestionada por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la gremial que agrupa y representa a los productores familiares en la Junta Directiva del INIA y por diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas REDES-Amigos de la Tierra. El convenio, no accesible al público, suscitó un pedido de informes por parte de legisladores del Frente Amplio (FA).

También con posterioridad al golpe en Paraguay, el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería del país guaraní, Enzo Cardozo anunció que “Paraguay va a producir su propia semilla transgénica que va a estar a disposición de todos los productores”. La producción estaría a cargo del Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA), que recibiría “transferencia tecnológica” de Monsanto, para la cual el gobierno comandado por el presidente de facto Federico Franco pagaría un monto a convenirse.31

Pero Monsanto ya posee acuerdos de “cooperación” con instituciones públicas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil desde mucho antes de esta última avanzada y las utiliza como mano de obra barata para sus investigaciones y como cadena directa para realizar la “extensión rural” de sus transgénicos. De la misma manera muchos de los funcionarios políticos actúan como brazo ideológico de las corporaciones en sus intentos de imponerse, siendo un caso paradigmático el del Ministro argentino de Ciencia y Tecnología Lino Barañao, que no pierde ocasión para ejercer su descarado lobby pro-transgénico.

 

El agronegocio es una forma más de extractivismo que está saqueando los territorios

La agricultura industrial es una actividad extractivista porque sus principios se basan en considerar a los suelos un sustrato inerte del que se extraen nutrientes (proteínas y minerales) sobre la base de la utilización de tecnología y productos químicos sin respetar a los suelos como organismos vivos ni reponer los nutrientes extraídos de forma natural.

Este extractivismo se expresa de manera brutal con el cultivo de soja transgénica pues ni el discurso de la “siembra directa” puede encubrir la cruda realidad de que la soja no devuelve ni remotamente la cantidad de nutrientes que extrae a los suelos, ni puede la siembra directa sostener la estructura y capacidad de retención de agua de los mismos.

Ya en otros documentos hemos compartido la forma en que en Argentina se están degradando los suelos y se están extrayendo millones de toneladas de nutrientes y miles de millones de litros de agua.32

 

El agronegocio actúa en complicidad con los grandes medios masivos de comunicación

Todo este proceso de imposición cuenta en toda la región con un aliado poderoso: los medios de comunicación corporativos y dominantes que actúan como brazo comunicacional incondicional del agronegocio (la única condición son la millonarias publicidades con que se llenan páginas y horas de radio y televisión).

Los mecanismos con los que funciona esta alianza se reducen a algunos lineamientos básicos que podemos resumir en:

- La ponderación absoluta de la agroindustria como panacea para la producción de alimentos creando una ligazón absoluta con el “progreso”, el “desarrollo” y el bienestar de la sociedad.

- La cooptación del discurso del desarrollo sustentable para convertir, desde la propaganda, en “sustentable” cualquier iniciativa desde miradas parciales y fragmentarias.

- La negación absoluta de todo debate o información sobre las luchas sociales de resistencia, los debates científicos o económicos o los impactos en las comunidades y en el ambiente.

- La estigmatización y criminalización de los movimientos y organizaciones sociales mostrándolos como “subversivos”, violentos, antisociales o “atados al pasado”.

Quizás uno de los países donde esta alianza es más evidente es en Paraguay, donde la mencionada UGP está vinculada al Grupo Zuccolillo, dueño del poderoso diario ABC Color que fue uno de los medios desde donde se montó la campaña golpista contra Lugo. Zuccolillo es además presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP.33

 

Y por si esto fuera poco: el agronegocio cambia el clima

El vínculo entre la Crisis Climática que estamos sufriendo a nivel global y la agricultura industrial se halla ampliamente demostrado y presenta cifras alarmantes: como mínimo, entre el 44 y el 57 % de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) se deben a la cadena de producción agroindustrial en sus distintas etapas.

Es evidente que un territorio donde la agricultura industrial se ha impuesto de manera brutal tiene que ser uno de los principales contribuyentes a esta crisis global. Pero también resulta evidente en toda la región que la conjunción de los problemas globales con aquellos regionales tal como la deforestación están trayendo consecuencias gravísimas, que se sufren en las zonas rurales con extensos periodos de sequía y ciclos de inundaciones, y en las ciudades con lluvias, fenómenos climáticos extremos e inundaciones para los cuales no existe infraestructura capaz de contener y cuyas principales víctimas son justamente los expulsados del campo.

 

Consideraciones finales

Esta dramática realidad encuentra en toda la región una amplia y articulada movilización que está enfrentando el despojo desde la resistencia local, la movilización, la denuncia pública, la construcción de alternativas y la lucha en todos los frentes posibles que van desde las vías legales hasta la desobediencia civil y la recuperación de territorios por parte de las comunidades despojadas.

Si bien es cierto que existe aún una gran fragmentación de las luchas sociales, también es una realidad que ninguna de ellas se queda en el análisis, en la mera lucha puntual, sino que se está construyendo una mirada integral que pone a la soberanía alimentaria en el centro de las luchas y a la autonomía y el bien común como horizontes.

Esperamos que este A Contrapelo sume una semilla a los nuevos cultivos y culturas que en el Cono Sur están germinando.

 Notas: (…) Fuente: https://www.grain.org/es/article/4739-la-republica-unida-de-la-soja-recargada

 

 

Destapemos que el plan de Argentina contra el hambre viene a reforzar el pacto social, a su vez antecedido por la Multisectorial 21 F que promovió el Papa Francisco, para bloquear la lucha de clases y consolidar la conciliación de clases.

 

 

Pensamiento crítico. Argentina. Syngenta y el hambre

10 de octubre de 2019

 

Por Silvana Melo*/ Resumen Latinoamericano

 

Pensar que las transnacionales y el corazón del modelo agroindustrial van a alimentar a la pobreza que fabricaron, es una pobre esperanza. Esa es la quimera en el país donde la convencionalidad política descubrió el hambre en tiempos de desolación sojera, dependencia feroz del agronegocio y el extractivismo brutal para subsistir, territorios vaciados de gente y de bosques, más de la mitad de los niños sometidos por la pobreza y condenados a una pésima alimentación por una industria que convierte el alimento en un negocio saqueado de soberanía. Hay que comer sólo lo que ellos imponen. El resto no está a mano. El resto está en la tierra. Hay que sembrarlo. Lucharlo. Cultivarlo. Pelearlo junto a la tierra. Hacerlo propio. En un espacio que debería ser el mosaico de ataque al hambre. Ataque genuino. No el de la donación del 1% de la producción de semillas transgénicas y agroquímicos de Syngenta. Ni de la manipulación de alimento plástico y azucarado que decida la Coordinadora de Industrias de la Alimentación (COPAL).

 

Todos ellos. Syngenta. Copal. Todos en la presentación de “Argentina sin Hambre”, del candidato presidencial de la oposición política. Donde el presidente de Syngenta, Antonio Aracre, se sentó a la diestra de Felipe Solá, el rubricador de la entrada de Monsanto a la Argentina en 1996, hoy Bayer Monsanto, compañera de ruta de Syngenta. Y desde entonces, camino allanado a la transgénesis y al negocio incalculable de los paquetes tecnológicos con agroquímicos incluidos.

Todos ellos conmovidos por el hambre en la tierra larga de la selva al hielo. Donde debería crecer todo, la vida multiplicada en la tierra rica de las semillas y los polinizadores soberanos en los cielos y en las raíces. Todos ellos conmovidos en una tierra a la que escarnecieron y mortificaron. De donde tuvieron que irse los campesinos, los pueblos originarios, los pájaros y los montes. Todo para que un par de cultivos arrasara con la vida pequeña que mantiene en equilibrio la vida grande, la que sostiene el mundo.

 

Son los mismos que se conmovieron en 2002, cuando el hambre arrasaba a los niños de las barriadas de toda la tierra larga. Y fueron ellos, con el programa Soja Solidaria, a darles de comer su invento forrajero destinado a los animales del otro mundo con el que estaban acumulando divisas a granel mientras las víctimas sistémicas apilaban platos vacíos.

Para el Foro Agrario, es imprescindible “una institucionalidad basada en un Estado planificador para garantizar la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo, con la articulación participativa y descentralizada entre el Estado, las organizaciones de productorxs y otras organizaciones del sistema agroalimentario y atendiendo particularmente a las reivindicaciones de los pueblos originarios, las mujeres y los jóvenes”.

 

Nada de esto se hace con Syngenta ni Copal. No se alimenta a los nueve millones de niños puestos en la pobreza por un sistema que se extiende por décadas si no es desde la tierra cultivada por pequeños productores. Que puedan comercializar libremente lo que producen, a través de la agroecología, sin venenos, sin paquetes tecnológicos, sin policía transgenética, soberanos en la producción y con la soberanía plena de los que comen. Solidarios, campesinos, originarios, mujeres, jóvenes y hacedores de nuevos mundos. Amasadores, como del pan, de una nueva sociabilidad humana. Que no se levanta con la levadura de Syngenta. Ni la de Copal.

APe

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/10/10/pensamiento-critico-argentina-syngenta-y-el-hambre

En consecuencia, la «reforma agraria integral» requiere espacios en común de deliberación al ser reestructuración radical de territorios e interrelaciones socioterritoriales y de sus economías mediante la participación protagónica de todas las diversidades de las plurinacionalidad, multisectoriales y federales.

 

Opinión > Extranjerización de la tierra y

Plan Estratégico Agroalimentario

Debatir el modelo

25 de septiembre de 2011

 

Legislar sobre la extranjerización de la tierra no afecta ningún interés de los ganadores del actual modelo de agronegocios, donde la soja es sólo su cara más visible.

 

Por Darío Aranda

La compañía internacional Benetton posee en la Patagonia 970 mil hectáreas. ¿Sería mejor si estuvieran en manos del bonaerense Gustavo Grobocopatel? ¿O quizá del salteño Alfredo Olmedo? ¿O es preferible que las maneje la Mesa de Enlace, con todos dirigentes nacidos y criados en Argentina? En el país no existen datos confiables sobre la extranjerización de tierras. Sólo hay casos emblemáticos, que suelen repetirse como si fueran los principales responsables de los males del país y del modelo extractivo.

Legislar sobre la extranjerización de la tierra no afecta ningún interés de los ganadores del actual modelo de agronegocios, donde la soja es sólo su cara más visible. Y no beneficiará a los sectores populares de la Argentina rural. Los principales problemas de campesinos, pueblos originarios y de poblados cordilleranos es el corrimiento de la frontera petrolera, el avance de la exploración de la megaminería (900 por ciento en los últimos siete años), el crecimiento del monocultivo forestal y, sobre todo, la concentración de la tierra en muy pocas manos.

El Censo Agropecuario de 1988 revela que había en el país 422.000 explotaciones agropecuarias, que disminuyeron a 318.000 en 2002, un 24,6 por ciento menos. La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria La tierra en Argentina, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume que “desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país, mientras que el 57 por ciento de las explotaciones cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.

En los últimos años la concentración aumentó, pero todavía no existen datos oficiales. En 2008, en plena disputa con la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario que aportaría datos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales. Pero ese censo no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.

En el 56 por ciento de la tierra cultivada hay soja (19 millones de hectáreas), un record. “Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. Esto implicó desalojos tan violentos como masivos, la gran mayoría de las veces impulsados por argentinos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena estima en 200 mil las familias expulsadas de sus territorios en la última década.

El último Inventario Nacional de Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Nación revela que en el período 2002-2006 en el país dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques. Esa dependencia pública remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente soja. La Red Agroforestal relevó 7,8 millones de hectáreas en conflicto en seis provincias del chaco argentino, con 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos. El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador”, se menciona en el informe.

 

El Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados –red de profesionales de las provincias agrícolas– estima que se utilizan por año 300 millones de litros de agrotóxicos. Denuncia el incremento de casos de cáncer, abortos espontáneos y malformaciones. Y el panorama no es alentador. El Plan Estratégico Agroalimentario apuesta a aumentar la producción de soja, entre otros productos, en 20 millones de toneladas. El Ministerio de Agricultura envió el 28 de junio una gacetilla alentadora para el complejo de agronegocios: “Existen excelentes posibilidades para aumentar la producción (...) Hay un conjunto de factores que funcionan como impulsores de la demanda alimentaria, entre los que se destaca el aumento del consumo en los países desarrollados y la generación de biocombustibles”.

 

El Ministerio reconoce que la soja aumentará en área sembrada. Pretende, para 2020, llegar a 160 millones de toneladas de granos, 60 por ciento más que en la última cosecha. Ese incremento granario multiplicará las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias.

 

El MNCI elaboró un duro documento donde alertó sobre la profundización del modelo agropecuario, advirtió sobre el aumento de los desalojos, desmontes y mayor uso de agrotóxicos. Remarcó que el actual modelo de agronegocios consolida a la Argentina como productor de materias primas en el marco de un “saqueo transnacional” que implica subordinar al país en un esquema colonial. “Aumentar a 160 millones de toneladas de granos, forrajeros y no alimentarios, es sumar otras diez millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas”, advirtió el MNCI. Para concluir que “plantear que debemos redoblar las exportaciones en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos”

Fuente:  https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-5478-2011-09-25.html

 

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Críticas al

modelo extractivo

16 de abril de 2012

 

Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.

 

Por Darío Aranda

El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”

 

El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural.

En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes empresas”.

“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.

Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.

“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.

Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.

“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).

“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos en las fumigaciones”.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-191967-2012-04-16.html

 

 Alternativas emancipatorias

 

Generalicemos la percepción(conocimiento y toma de partido) sobre el desafío de ruptura de la conciliación con los opresores si pretendemos real y efectivamente encaminar los buenos vivires abajo. Ha habido involución en la Vía Campesina y en las organizaciones de pequeños productores de la Argentina a causa de identificarse con el Papa Francisco y con los gobiernos progresistas. Examinemos qué proyecta la UTT.

 

Por una Argentina sin hambre

16 octubre, 2019

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Un Ministerio de Alimentación para que el pueblo tenga alimentos sanos, soberanos y a precios justos es la iniciativa que impulsa la UTT para un país que produce materias primas de exportación y también estómagos vacíos. Una mirada a las mesas argentinas, entre el lobby empresario, la economía mundial y las organizaciones campesinas en el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, que se celebra este 16 de octubre.

En la Argentina hay siete grandes cadenas de supermercados (seis de ellas de origen extranjero) que controlan el grueso de la venta de alimentos. Hay también unas 50 millones de hectáreas que se destinan a la producción de soja para exportación con uso intensivo de productos químicos. Y hay, además, un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza (la mitad de los niños y las niñas del país son pobres).

 

Aunque parezcan asuntos distintos, el hambre del pueblo es un hecho inseparable de un esquema productivo en el que se prioriza la concentración de la riqueza en pocas manos y la exportación de materias primas producidas en los campos que podrían dar de comer a toda la sociedad.

El país que les tocará a las próximas generaciones no puede ser pensado por fuera de un tema que es tan obvio como urgente: el alimento. Las preguntas sobre quiénes son dueños de la tierra, qué se produce allí, bajo qué sistema productivo, cómo se distribuyen los alimentos y a qué precios llegan a las mesas argentinas tienen que estar en la agenda pública nacional.

Para la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una de las organizaciones integrantes del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, la solución de fondo debe ser superadora de los abordajes coyunturales: hace falta un Ministerio de Alimentación en la Casa Rosada. Lo explica Nahuel Levaggi, coordinador general de la UTT: “La alimentación, como la salud o el trabajo, es una necesidad básica de toda la población, no importa la clase social a la que pertenezcas. El Estado Argentino debería tener una política totalizadora para un tema fundamental como la alimentación”.


“Nuestra propuesta es que el Estado, a través de un Ministerio de Alimentación, pueda tomar decisiones sobre qué alimentos se producen, qué come la población y a qué precio llegan los alimentos. Cuando nosotros ponemos la alimentación en agenda, estamos pensando en una alimentación sana, justa y soberana para el pue

 

— ¿Qué rol cumpliría ese Ministerio?
— Aplicar una política integral vinculada con la alimentación en todas las etapas, desde la producción hasta la comercialización. Para eso es necesario, primero, democratizar la matriz productiva que ahora está profundamente concentrada. ¿Qué rol cumple hoy el Ministerio de Agroindustria? Favorecer el agronegocio. En todo caso, organizar la producción de materias primas desde una perspectiva comercial, pero no hay una preocupación por los alimentos. Es mentira eso de que Argentina produce toneladas de alimentos para dar de comer a millones de personas; lo que produce Argentina son materias primas para exportación.Desde la UTT creemos que tiene que haber un Ministerio que promueva la producción de alimentos sanos a precio justo para el pueblo.

¿Cuál es el primer paso para conseguir ese objetivo?
— Lo que hay que lograr es democratizar la matriz productiva, ir al fondo de la cuestión. También sería necesario generar mercados integrales de proximidad, es decir, como si fuesen mercados concentradores pero que garanticen la distribución de alimentos mediante la compra a los pequeños productores, las pymes y la agricultura familiar. Si vos tenés varios de estos mercados testigos, por llamarlos así, podés hacer un acuerdo de precios que beneficie a los productores y también a los consumidores. ¿Qué hace falta para eso? Primero, salir del dólar, quitar la dolarización de la cadena productiva.

¿Es posible democratizar también el mercado?

— Como toda iniciativa de interés público, lo que hace falta es voluntad política. Hoy en día todo el mercado de alimentos está manejado por grandes corporaciones, desde la producción de la materia prima hasta la comercialización. Están totalmente concentrados, tanto la matriz de producción de alimentos como los circuitos de comercialización.

Eso se ve claro en la producción de semillas y agrotóxicos, que son el corazón de la agroindustria. También pasa en las industrias agroalimentarias como las carnes y los lácteos. La concentración en pocas manos se fue profundizando con los años, y la intervención del Gobierno fue, a lo sumo, acordar con algunas de estas grandes empresas para tener un control de precios.


El hambre del pueblo es un hecho inseparable de un esquema productivo en el que se prioriza la concentración de la riqueza y la exportación de materias primas.

 

Agrotóxicos, China y los chanchos

“La alimentación es un tema estratégico para el país que se viene”, plantea Levaggi. Desde su mirada, “uno de los problemas que va a enfrentar el próximo gobierno es cómo va a comer la gente, porque no hay plata en el bolsillo de las personas”. El “Plan Argentina contra el Hambre” que presentó Alberto Fernández la semana pasada, tiene tres ejes centrales: el acceso a la canasta básica de alimentos, una política para erradicar la malnutrición y una articulación federal para trabajar junto a las provincias y los municipios.

“Celebro y acompaño la convocatoria pública a resolver colectivamente la mayor vergüenza nacional: el hambre del pueblo argentino (incluyendo la malnutrición en todas sus formas)”, escribió Marcos Filardi tras haber participado en la presentación del Plan impulsado por el Frente de Todxs. El fundador del Museo del Hambre e integrante de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, destacaba que “la propuesta es ambiciosa” y “tiene componentes verdaderamente transformadores, sobre todo para la agricultura familiar, campesina e indígena y para la economía social y popular”.

Sin embargo, Filardi alertaba sobre los puntos grises de la convocatoria: “Que en el ‘todxs’ de la propuesta se incluya, en un lugar (doblemente destacado) a Syngenta-Chemchina –empresa transnacional que es la segunda fabricante a nivel mundial de transgénicos, agrotóxicos y semillas comerciales– y en un lugar destacado a la Coordinadora de Industrias de la Alimentación (COPAL) –que nuclea a la industria alimentaria más concentrada que comercializa los objetos comestibles ultraprocesados– enciende una alarma sobre el potencial transformador de la propuesta”.

Sergio Arelovich, economista y docente en la Universidad Nacional de Rosario, aporta: “Desde el ’83 en adelante, ningún Gobierno se propuso alterar la matriz concentrada que hay en la Argentina”. Eso se debe, en parte, a un condicionamiento real: “Hay grandes jugadores, como los agroexportadores, a los que no podés volar de un plumazo porque tienen un rol importante en la economía”.

 

Agrotóxicos, China y los chanchos

“La alimentación es un tema estratégico para el país que se viene”, plantea Levaggi. Desde su mirada, “uno de los problemas que va a enfrentar el próximo gobierno es cómo va a comer la gente, porque no hay plata en el bolsillo de las personas”. El “Plan Argentina contra el Hambre” que presentó Alberto Fernández la semana pasada, tiene tres ejes centrales: el acceso a la canasta básica de alimentos, una política para erradicar la malnutrición y una articulación federal para trabajar junto a las provincias y los municipios.

“Celebro y acompaño la convocatoria pública a resolver colectivamente la mayor vergüenza nacional: el hambre del pueblo argentino (incluyendo la malnutrición en todas sus formas)”, escribió Marcos Filardi tras haber participado en la presentación del Plan impulsado por el Frente de Todxs. El fundador del Museo del Hambre e integrante de la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, destacaba que “la propuesta es ambiciosa” y “tiene componentes verdaderamente transformadores, sobre todo para la agricultura familiar, campesina e indígena y para la economía social y popular”.

Sin embargo, Filardi alertaba sobre los puntos grises de la convocatoria: “Que en el ‘todxs’ de la propuesta se incluya, en un lugar (doblemente destacado) a Syngenta-Chemchina –empresa transnacional que es la segunda fabricante a nivel mundial de transgénicos, agrotóxicos y semillas comerciales– y en un lugar destacado a la Coordinadora de Industrias de la Alimentación (COPAL) –que nuclea a la industria alimentaria más concentrada que comercializa los objetos comestibles ultraprocesados– enciende una alarma sobre el potencial transformador de la propuesta”.

Sergio Arelovich, economista y docente en la Universidad Nacional de Rosario, aporta: “Desde el ’83 en adelante, ningún Gobierno se propuso alterar la matriz concentrada que hay en la Argentina”. Eso se debe, en parte, a un condicionamiento real: “Hay grandes jugadores, como los agroexportadores, a los que no podés volar de un plumazo porque tienen un rol importante en la economía”.

Sobre lo que viene, dice que es clave el rol que ocupa China en el mapa económico global. Por un lado, “es el gran financiador serial por fuera del FMI y del Banco Mundial”, pero también tiene a COFCO, la empresa estatal que se ha convertido en uno de los líderes del agronegocio.

COFCO, que también compró a los gigantes Noble y Nidera, es una de las principales agroexportadoras de Argentina. Sólo en 2017 envió al exterior 11.006.563 toneladas de productos agrícolas y facturó 48.499 millones de pesos. China, plantea Arelovich, puede seguir concentrando mucho más el mercado mundial si se lo propone.


¿Es posible alimentar al pueblo argentino sin quedar atrapados en el mercado internacional? “Lo que produce Argentina, principalmente, son alimentos para chanchos y biocombustibles”, explica. Desde su perspectiva económica, ningún plan de gobierno puede desarrollarse si no se revisa la legislación vigente: “Hacen falta políticas de largo plazo y normas que regulen el funcionamiento de las empresas y el rol de la banca y el capital extranjero”.


Y agrega: “Los pilares jurídicos de la Argentina vienen de años de dictadura y neoliberalismo. No se puede seguir sosteniendo ese marco regulatorio, que propicia la situación actual de alta concentración y extranjerización de la economía”.

Una salida por abajo

El Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, que elaboró en el mes de mayo un paquete de propuestas desde abajo para avanzar en políticas públicas destinadas a los sectores más relegados del campo y la economía productiva, también alertó sobre la presencia de las corporaciones en la lucha contra el hambre. En un comunicado reciente, las organizaciones participantes expresaron: “Syngenta junto a un puñado de corporaciones, entre las que se destaca también Bayer-Monsanto, es responsable de la expulsión de miles de campesinas y campesinos a las grandes ciudades durante las últimas décadas y ellos son uno de los principales sectores que padecen el crimen que significa el hambre que hoy azota a la Argentina”

En un país con 14 millones de pobres y 3 millones de indigentes, el Foro propone tres ejes principales de intervención:

1. El desarrollo de un modelo productivo alternativo, no extractivista, sobre la base de la Soberanía Alimentaria y entendiendo a la Tierra como Hábitat y Territorio.

2. Políticas públicas específicas por sector, que a su vez se encuadran en la misma base que mencionamos anteriormente.

3. Una institucionalidad basada en un Estado planificador para garantizar la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo, con la articulación participativa y descentralizada entre el Estado, las organizaciones de productorxs y otras organizaciones del sistema agroalimentario y atendiendo particularmente a las reivindicaciones de los pueblos originarios, las mujeres y los jóvenes.

El documento concluye así: “Comprometidos a seguir colaborando para terminar con el hambre en nuestro país nos ponemos a disposición para avanzar en estas acciones urgentes y en la implementación de las políticas necesarias para lograr las transformaciones estructurales que nuestro país necesita”.

Fuente: https://latinta.com.ar/2019/10/argentina-sin-hambre/

 

 

Descubrimos cómo la UTT y el Foro Agrario Nacional han elegido el camino de depender del Estado que en sus distintas jurisdicciones se halla al servicio del capitalismo local del mundializado. Creen más práctico y viable que el desafío de aunar luchas y esfuerzos de las diversidades de abajo en torno a construir la reforma agraria integral que debe ser anticapitalista, antipatrialcal, antirracista y decolonial para arraigarse en el protagonismo de los distintos subjetividades colectivas de carácter emancipatorio y garantizar la autodeterminación de los pueblos.

 

En vez de confrontar con los poderes hambreadores que consolidaron su dominio mediante dictadura genocida y democracia para nuestra derrota se comprometen a colaborar con el gobierno que, como todos los anteriores, profundiza y expande los extractivismos. 

 

Sucede que la UTT tiene mirada sectorial y pequeño burguesa o sea la acorde con ser propietaria de tierra. Queda así entrampada en su sobreesfuerzo de laburar la tierra mientras el Capital Estado acelera la maximización del acaparamiento de territorio y reterritorialización de cambios irreversibles. Tampoco se plantea el cómo se han construido la megalópolis y las ciudades o sea no enfoca la concentración demográfica como malvivir y maldesarrollo que deja territorios de Argentina a ocupar con "zonas de sacrificio" e IIRSA.

 

Es decir, que la UTT y el Foro Agrario Nacional al tergiversar el paradigma emancipatorio de «soberanía alimentaria» colaboran en dar libertad e impunidad a la gran burguesía local e imperialista de súper negocios ecocidas genocidas.

 

 

 

La Unión de  Trabajadores de la Tierra: de los verdurazos al Procrear agropecuario

"Para que haya alimentos de buena calidad y

a precios bajos el acceso a la tierra es lo primero"

29 de febrero de 2020 ·

 

Por Nahuel Lag 

 

"Sin tierra para el productor no puede haber lucha contra el hambre." El coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Nahuel Levaggi, lo dice con la claridad de las decenas de "verdurazos" que visibilizaron la ausencia de políticas públicas para la agricultura familiar durante el macrismo; con la contundencia de las 14 mil familias productoras que representan en todo el país un camino hacia la agroecología y con la certeza de los almacenes y colonias agrícolas, que ya demuestran que ese camino es posible. Lo que resta para la UTT es el avance de la Ley de Acceso a la Tierra, que volverán a presentar en marzo, tras cuatro años de impulsarla sin suerte en el Parlamento y con la esperanza de poder hacerla realidad con el inicio del primer año legislativo tras el cambio de Gobierno.

 

La propuesta de la UTT tiene dos ejes centrales: la creación de una línea de créditos blandos accesibles a los productores de la agricultura familiar, algo así como un "Procrear agropecuario", y el acesso a tierras fiscales para la creación de colonias agroecológicas, una experiencia colectiva que la organización de la agricultura familiar ya hizo realidad en seis localidades a lo largo del país, produciendo verduras agroecológicas y potenciando otras lógicas de comercialización.  

 

El reclamo del acceso a la tierra tiene raíces históricas desde "El grito de Alcorta", que aún se palpan en la realidad de los productores de los cordones hortícolas en las periferias de las grandes ciudades y en las tierras campesinas de todo el país, desde la UTT sintetizan: "Cientos de miles de pequeños productores, en tierra ajena, con el 13% de la superficie cultivable argentina, producimos más del 60% de los alimentos que se consumen en el país". 

Las cifras que desde la UTT denunciaron en los últimos años se reflejaron de manera tajante en el último  Censo Nacional Agropecuario (CNA) :  el 54,6 % de los productores del país trabajan en extensiones de hasta 100 hectáreas y representan, en total, solo el 2,5 % de la tierra explotada. El modelo extensivo con la aplicación del paquete agroquímico en manos de pocos propietarios es la regla. 

  

"Comer en la Argentina es caro porque tenemos un modelo de producción dolarizado en tarifas, insumos, combustible y renta de la tierra. Todo está dolarizado menos nuestros salarios.  Para garantizar que haya alimentos de buena calidad y a precios bajos, el acceso a la tierra es lo primero; sumado al fomento de la agroecología y los mercados de cercanía.  Si se combate el hambre solo con tarjetas alimentarias, el esquema de producción se mantiene y la renta queda en las mismas manos", describe Levaggi a PáginaI12. 

  

La opción por la agricultura familiar no hizo mella en la gestión de Juntos por el Cambio, que puso al frente a la cartera de Agroindustria, al ex presidente de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, y liquidó todas las líneas de trabajo, de diálogo y beneficios para la agricultura familiar. El contexto parece ser otro con el gobierno del Frente de Todos.

En los primeros meses de gestión, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y de Ambiente, Juan Cabandié, han visitado los almacenes de la UTT, que buscan ir del productor al consumidor, las colonias y quintas de la organización.  "Un modelo de producción que cuida nuestros recursos naturales y que sin dudas es un ejemplo a replicar", describió la titular del Consejo de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, cuando visitó quintas de la organización en la zona de La Plata. 

 

"Esperamos que estas señales se traduzcan en políticas activas", se esperanzan desde la UTT y contraponen la realidad heredada con su reclamo de créditos y producción en tierras ociosas: "La Sociedad Rural tiene cientos de hectáreas del Estado y el Banco Nación la da créditos multimillonarios a Vicentín ". 

 

Procrear agropecuario

La propuesta de crear una línea de créditos blandos para los pequeños productores a través de un fondo fiduciario creado por el Estado es el reclamo original de la Ley de Acceso a la Tierra. El objetivo es simple, transformarse en dueños de la tierra que cultivan pagando cuotas similares a la que mes a mes dejan en manos de los arrendatarios. 

Zulma Molloja es una de las referentas de la UTT y productora del cordón hortícola de La Plata. Allí arrendar la tierra para producir cuesta entre 9 mil a 18 mil pesos mensuales y la factura de luz asciende a los 20 a 35 mil pesos mensuales. Si se paga fuera de fecha, se cobra interés. Los contratos son de dos o tres años sin renovación. 

"Nos duele seguir alquilando la tierra, pagar las semillas y los insumos dolarizados. Por eso dejamos de lado el paquete de agroquímicos y estamos yendo hacia la agroecología", explica Zulma. La UTT ya cuenta con 120 hectáreas agroecológicas que son las que abastecen los almacenes de la organización, pero para que ese transición sea completa, la propiedad de la tierra es clave. 

"Hay compañeros que no pueden esperar un mes para levantar la cosecha porque deben pagar el alquiler, entonces continúan utilizando químicos para apurar la cosecha. Encima,  los camiones llegan, cargan 100 cajones de verdura con promesa de pago y después te dicen 'no se vendió nada'", explica Zulma a PáginaI12. Esos camiones con dirección al Mercado Central son parte de la distorsión de la cadena de comercialización que la organización busca combatir: a ellos les pagan entre un 20 y un 30 por ciento del costo final.  

"Queremos créditos blandos y pagar las tierras, tener nuestra propia tierra donde tener nuestra vivienda digna y producir", resume Zulma las únicas pretensiones de los productores. La "vivienda digna" no es un reclamo menor: a principios de febrero, 13 familias que arriendan sus chacras en la localidad de Poblet, en el Gran La Plata, perdieron todo con el incendio de sus viviendas. 

"Estamos forzados a hacer casillas de madera, porque cuando se termina el contrato de alquiler, hay que desarmar madera por madera e ir a un nuevo terreno pelado y empezar de cero. Es un sufrimiento para nosotros, para los pequeños productores que alimentamos al pueblo, que llevamos el tomate, el morrón a cada mesa", lamenta Zulma e insiste: "Tiene que haber políticas públicas para el sector". 

 

Colonias agroecológicas

Ante los nuevos vientos políticos, la Ley de Acceso a la Tierra, en su versión 2020, incorporará la línea de "colonias agroecológicas". El modelo es trabajado por la UTT desde 2015, cuando fundaron la colonia "20 de abril" en la localidad de Jaureguí, partido bonaerense de Luján, que visitó en enero el ministro Cabandié. Desde entonces, otros colonias se instalaron en Mercedes (Buenos Aires), Gualeguaychú (Entre Ríos) y Piray (Misiones). 

 

"Una política de colonias agroecológicas a partir de la cientos de miles de hectáres fiscales ociosas significaría poner a producir esas tierras para la necesidad del pueblo", destaca Levaggi e indica que deberían ser instaladas en los cordones de las grandes ciudadades para generar nuevos puntos de abastecimiento regionales. 

"En todas las ciudades hay tierras ociosas del Estado en las que se pueden instalar colonias agroecológicas, cordones agropecuarios", insiste el coordinador nacional de la UTT. La política impulsada por la UTT también cuenta con una contraparte en los numerosos fallos judiciales que están ordenando a los gobiernos municipales y provinciales a generar cordones agroecológicos para proteger la salud de la población de la fumigación con agrotóxicos.  

La UTT sostiene que cada hectárea de cultivo en una colonia agroecológica asegura verduras y frutas para 125 familias y que dos hectáreas por familia "son suficientes para desarrollar la agroecología al servicio de un sistema de abastacimiento urbano de alimentos basado en la eficiencia energética, acortar distancias y fortalecer el mercado local". 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/250198-para-que-haya-alimentos-de-buena-calidad-y-a-precios-bajos-

En consecuencia, la «reforma agraria integral» mirando a la soberanía alimentaria requiere ser anticapitalista, antiimperialista, antipatrialcal, antirracista y decolonial. Porque, a diferencia del Foro Agrario Nacional y de la UTT, la Vía Campesina (en su Llamamiento de Yakarta de 2013) define: soberanía alimentaria» es el eje central de la lucha por un proyecto de justicia social que hoy convoca a amplios sectores del campo y la ciudad. La soberanía alimentaria es el derecho fundamental de todos los pueblos, naciones y estados a controlar sus alimentos y sus sistemas alimentarios y a decidir sus políticas asegurando a cada uno alimentos de calidad, adecuados, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados. Ello incluye el derecho de los pueblos para definir sus formas de producción, uso e intercambio tanto a nivel local como internacional". Leer

 

De modo que requieren involucrarse real y efectivamente (no en construir colonias agroecológicas alrededor de las ciudades porque es aceptar la distribución demográfica del capitalismo sobre todo periférico) en la unión implícita en:

 

INVITACIÓN A LA MARCHA PLURINACIONAL

POR EL AGUA PARA LOS PUEBLOS. 

22 de marzo de 2020. DÍA MUNDIAL DEL AGUA


El domingo 22 de marzo de 2020, iniciaremos la 1ra Marcha Plurinacional por el Agua para los Pueblos y la vida tangible y no tangible, desde Congreso hacia Plaza de Mayo, CABA, territorio ancestral originario.

Llegamos con la urgencia por la escasez y contaminación del elemento vital, pero también por conciencia y memoria ancestral, en defensa del Agua, que es la vida misma.

Nuestra Marcha Plurinacional, lleva el propósito de denunciar el Modelo Colonial y Patriarcal que desde hace 500 años saquea el vientre de los territorios que habitamos, en beneficio de intereses que no ven la vida con nuestra mirada, sino como mercancía que debe ser extraída y explotada para ventaja de un puñado de gente sin escrúpulos de afuera y de adentro.

Luchamos contra el modelo extractivista, saqueador y  contaminante que, bajo un claro plan ecogenocida de gobiernos transnacionales, nacionales y provinciales, promueve abiertamente la implementación de enclaves y zonas de sacrificio, genera crisis diseñadas en  todas las provincias y fortalece la obediencia al Sistema capitalista mundial, que dista abismalmente de la forma de vida que llevaron quienes nos precedieron y que queremos recuperar para el Buen Vivir de todos los seres, tangibles e intangibles.

 

Diversos pueblos de todas las latitudes nos unimos para expresar con fuerza:

 

¡¡NO AL MODELO EXTRACTIVISTA!!

 

Luchas socioambientales, plurinacionales, de pequeñas localidades y de grandes urbes, de pueblos preexistentes a los Estados, CAMINAMOS POR EL AGUA PARA DEFENDER LA VIDA Y LOS DERECHOS, EL RESPETO A LA CULTURA Y LA COSMOVISIÓN BIOCÉNTRICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS y para hacernos escuchar a nivel nacional e internacional con nuestros diagnósticos, resistencias y propuestas. 

Lo hacemos con absoluta convicción porque tenemos el DERECHO y el DEBER CONSTITUCIONAL (Artículo 41 de la Constitución Nacional) de defender el ambiente, el sistema y equilibrio ecológico y en particular el AGUA. Y porque es un deber constitucional del Estado y un rol indelegable, inalienable e intransferible proteger las fuentes de agua y garantizar su acceso en condiciones puras a toda la población. 

Por eso RECLAMAMOS el cumplimiento del principio precautorio y la protección ambiental.


DECIMOS:

BASTA de desalojos, arrinconamiento y empobrecimiento de las comunidades originarias.

BASTA de criminalizar la protesta social, ambiental y cultural.

BASTA de fracking, agrotóxicos, agronegocios, generación de semillas transgénicas o manipulación de plantas y animales; de desmontes e incendios intencionales para beneficiar los negocios inmobiliarios y monocultivos que arrasan la biodiversidad de nuestros territorios y provocan inundaciones y salinización en los suelos.

BASTA de megaminería metalífera, radiactiva y evaporítica, plan nuclear, represas, pasteras, curtiembres, salmoneras, basurales a cielo abierto, enterramiento de los residuos, incineración, contaminación cloacal y privatización de los espacios públicos y el agua.

BASTA de manipulación climática, polos petroquímicos, sobrepesca; de contaminar los ríos, aguas superficiales, subterráneas, humedales, mares y océanos, afectando a los Apus, a los Ngen, así como a todos los espíritus de la naturaleza que generan y equilibran la existencia.

BASTA de Universidades Públicas al servicio de las empresas megamineras, petroleras  y del agronegocio.

BASTA de sostener el MAL VIVIR en beneficio de unas pocas personas, un paradigma que, rápidamente, nos está matando. 

Sabemos que como seres vivos nos enfrentamos a la devastación y que necesitamos reconstruir otra forma de convivencia con los demás seres y manifestaciones de vida que habitan en la tierra, el agua y el cielo.

 

QUEREMOS OTRO MODO DE VIDA PARA LOS PUEBLOS, POR ESO:


EXIGIMOS

  1. El respeto del derecho a la libre autodeterminación de los pueblos.

  2. El encuadre legal del Agua como un bien común, derecho público, gratuito, bajo soberanía popular, en forma indelegable, intransferible e imprescriptible y como una forma de vida a la que se debe respetar inequívocamente, como hacen las cosmovisiones armoniosas y ancestrales.

  3. Que los delitos contra la naturaleza sean considerados de lesa humanidad.

  4. Que no se vuelva política pública promover y subvencionar programas y proyectos que  atentan contra la vida de los seres humanos y de la naturaleza o Madre Tierra.

  5. Que se cumpla la legislación de presupuestos mínimos de Ordenamiento territorial para preservar los bosques nativos como reserva biológica; también la ley de protección de ambientes glaciares y periglaciares como reserva de Agua para hoy y para las futuras generaciones.

DENUNCIAMOS

1)La complicidad del gobierno con el saqueo que permite el extractivismo planificado como política de Estado.

2)Las responsabilidades penales, civiles, políticas, económicas, culturales y sociales, al promover una legislación favorable a las corporaciones como Barrick, Monsanto/Bayer, Chevron, y otros, responsables de los delitos ambientales.

3)La desinformación existente de los inventarios de agua. En particular del agua subterránea, acuíferos, humedales y glaciares, realizados y monitoreados por organismos internacionales sin informar a quienes habitamos estos territorios.

4)Los ejércitos parapoliciales instalados a lo largo y ancho de múltiples territorios.

5)El incumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de la ley 26160/06 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas y sus prórrogas, por lo cual exigimos la efectiva titularidad de su Propiedad Comunitaria con sus fuentes de agua; que se cumpla con la legislación nacional de políticas indígenas y se respete la Declaración de Kyoto de los pueblos indígenas sobre el agua (Tercer Foro Mundial del Agua, Kyoto, Japón. Marzo 2003, UNESCO) y el Artículo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica.

ALERTAMOS

1)Sobre el despliegue geopolítico de potencias mundiales y trasnacionales por el dominio y apropiación del agua  y causa de posibles y graves conflictos de guerras ante la profundización de la desocupación, hambre, sequías, escasez del agua potable, concentración propietaria, deuda externa, millones de desplazamientos y refugiados ambientales y poblaciones en riesgo.

2)Sobre las estrategias del Sistema Interamericano de Defensa (SIAD), el empleo de fuerzas militares para dominar  a los pueblos a nivel político, económico con su sistema neoliberal global y militar. Es urgente e imperativo el desmantelamiento de programas de desarrollo de geoingeniería y de armas nucleares, químicas, biológicas, bacteriológicas que están siendo probadas en países colonizados.

Queremos decir bien alto que vamos a defender nuestro derecho al Agua, y el derecho al Agua de quienes vienen, ya que somos las personas ancestrales del futuro. Por eso, en el DÍA MUNDIAL DEL AGUA, invitamos a toda la gente a defender nuestro Derecho Mayor, que es el derecho en común con todo lo viviente y su descendencia:


 

EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ

Jallalla Pachamama!

Jonkonunkuy!

Marici weu!

Kausachum!

Chey Chey!

Jalana!

Jaruma!

¡El agua no se vende, se defiende!

¡Venceremos!