Qué Democracia

Diciembre 2019

Con legalización, subsidios y militarización del saqueo, la contaminación y la exclusión.

 

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

 

Evaluemos cómo el Frente de Todos se presenta antagónico a Cambiemos. Lo hace contrastando la concreta profundización de la injusticia social durante el gobierno de Macri con la justicia implícita en las reivindicaciones (e ideas de sus puestas en práctica) de los diversos de abajo:

 

Plataforma Electoral

INTRODUCCIÓN

El presente documento esboza los lineamientos generales de un Plan de Gobierno para recuperar la esperanza y superar la crisis económica y social sobre la base de un amplio acuerdo que incluya a los diversos actores de nuestra sociedad y que permita transitar un camino sostenido hacia un desarrollo con equidad. Los marcados retrocesos impuestos en la gestión del gobierno de la Alianza Cambiemos y las siempre presentes enseñanzas, tanto en sus aciertos como equivocaciones de las gestiones gubernamentales transitadas entre 2003 y 2015, reafirman nuestra voluntad de diálogo y concertación para superar una recurrente antinomia que impide dicho desarrollo. Es tiempo de unir a todas las argentinas y argentinos para poder enfrentar juntos las complejidades de una crisis estructural. Creciente pobreza; destrucción y precarización del mercado de trabajo; marcada caída del poder de compra de salarios en un contexto de aceleramiento inflacionario; esquema tarifario que desconfiguró la economía; políticas de ajuste impuestas sobre el Estado; y endeudamiento externo que condiciona el accionar de una futura administración gubernamental, son sólo algunas de las características del presente de nuestro país. El diálogo será un eje central de nuestro futuro gobierno, reivindicando a la política como el principal instrumento de cambio social. Nuestro país necesita de un nuevo contrato social para poder superar una profunda crisis inducida por las políticas implementadas por el gobierno de la Alianza Cambiemos y afianzadas a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un nuevo contrato social requiere de compromisos para la emergencia, pero también para el mediano y largo plazo, superando las cíclicas crisis que han caracterizado a nuestra historia. Un contrato que reúna los intereses y necesidades de los diversos actores sociales (sector trabajador, sector empresarial, cooperativas, organizaciones sociales, entre otros), escuchando sus necesidades y legítimas aspiraciones, garantizando una mirada federal de las urgencias y de los desafíos de cada región y rincón de nuestro país. Aprender del pasado y recuperar las buenas experiencias es una obligación de nuestro tiempo, reafirmando la urgente necesidad de emprender un camino de crecimiento con fuerte inclusión social. A nuestro país se le presenta el desafío de abrir nuevos ámbitos políticos para la concertación económico social, para la discusión del proyecto común y del futuro, para un replanteo ético de los comportamientos sociales a todos los actores y sectores; y también para la administración de los conflictos. Un nuevo gobierno, que incluye al Partido Justicialista y cuyo espacio se encuentra integrado por los diversos sectores mencionados, cuenta con el capital simbólico, pero también el auténtico, para convocar alrededor de esta propuesta al sindicalismo, a las organizaciones sociales, a la Iglesia y diversos credos, a las universidades públicas nacionales, al sector científico-técnico, al sector de la economía social, de las PYMEs y al empresariado nacional. En nuestra historia está el futuro. Los pactos y acuerdos fueron parte sustancial en la historia argentina. Es tiempo de construir un diálogo social franco, maduro, sin exclusiones, que permita avanzar en la construcción de los pilares para un desarrollo pleno de la Argentina. Eso es lo que espera una sociedad que ya no puede esperar.

ESTADO

El Estado es el garante indispensable de los derechos de la ciudadanía, ocupando el centro de la escena para el bienestar de la sociedad a partir de la producción de bienes y servicios públicos. Esto es particularmente relevante en un contexto de inestabilidad económica, deterioro de la situación social y extrema fragilidad institucional. Así, las políticas públicas orientadas a resolver estos problemas tienen como condición esencial el fortalecimiento de las capacidades estatales para estar en sintonía con los crecientes desafíos económicos, sociales y políticos que debe asumir nuestro país. Desde una mirada integral, y tal como lo refleja la experiencia internacional, avanzar en el fortalecimiento del Estado implica abordar, de una vez por todas, cuestiones tales como:


Estas cuestiones posibilitarán la construcción de un Estado fuerte, promotor del desarrollo, que brinde bienes y servicios públicos de calidad para garantizar derechos y satisfacer las demandas ciudadanas del siglo XXI.
 

DESARROLLO ECONÓMICO

El gobierno de la Alianza Cambiemos puso en marcha desde los primeros días un programa económico de neto corte neoliberal. La historia nacional demuestra que la aplicación de este tipo de programas nunca produjo los resultados que sus defensores pronosticaban. Los primeros años del actual gobierno no fueron la excepción. Lejos de contribuir al fomento del crecimiento económico, estos planes condujeron a la economía a una acelerada fase de desindustrialización -acompañada por la multiplicación del desempleo y de la precarización laboral-, al deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población trabajadora y a un decidido avance de la exclusión social. Así, el experimento neoliberal del gobierno de Mauricio Macri tiene para exhibir sólo resultados económicos catastróficos. Como suele ocurrir cuando se aplican estas políticas, el achicamiento de la producción y el empleo nacionales vinieron acompañados, además, de una fase de endeudamiento externo sin precedentes. Se puso así en marcha el mecanismo de valorización financiera que se expresa a través de la dinámica de la deuda externa y la fuga de capitales. En efecto, durante los primeros 40 meses del gobierno la deuda creció en 113.000 millones de dólares, de los cuales casi dos tercios, 68.000 millones, tuvieron como destino la formación de activos externos, es decir, la fuga de capitales. Primarización, desindustrialización, precarización, endeudamiento y fuga son las palabras que mejor describen las consecuencias de la política económica aplicada por el gobierno de la Alianza Cambiemos. Tal desempeño fue coronado, ante el cierre de los mercados voluntarios de deuda luego de que en dos años tomaran cerca de 80.000 millones de dólares, con el acuerdo stand-by de emergencia con un monto récord que se firmó intempestivamente con el Fondo Monetario Internacional, y que implica desembolsos totales de 57.000 millones de dólares, 95% de los cuales se producirán durante el actual período de gobierno. Así, la economía argentina alcanzó niveles de endeudamiento cercanos al 90% del PIB y para el siguiente período de gobierno suma compromisos por 160.000 millones de dólares.

Así es que los efectos del programa económico de la Alianza Cambiemos se traducen en un cuadro económico desolador. El desempleo alcanza casi los 10 puntos porcentuales, la inflación acumula un incremento del 200%, la devaluación cerca de 300%, el salario real acumula una caída cercana al 30% -al igual que las jubilaciones y los montos de los programas sociales-, el consumo se contrajo 25%, las tarifas se incrementaron cerca del 2000%. En este contexto, la industria, el comercio y los pequeños productores rurales se encuentran en una situación de postración.

Las primeras medidas a tomar por un nuevo gobierno deberán estar asociadas a las situaciones de emergencia. Por otra parte, la situación de violenta inestabilidad financiera, generada por el sobreendeudamiento, deberá abordarse a través de acuerdos amplios con los acreedores, en los que se contemple la necesidad de garantizar un proceso de crecimiento inclusivo como único recurso para poder afrontar los compromisos externos e internos.

Frente a este escenario, se debe hacer foco en el crecimiento económico, la recuperación del mercado interno, el cuidado de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad y la generación de un excedente genuino de divisas a partir del fortalecimiento de nuestras capacidades productivas, innovadoras y exportadoras.

Las restricciones existentes llevan a plantear la necesidad de implementar un programa macroeconómico y productivo consistente que permita generar un excedente genuino de divisas para garantizar el crecimiento económico y afrontar los vencimientos de deuda externa de los próximos años. Esto implica alinear en tal dirección a las diferentes facetas de la política económica (fiscal, monetaria, cambiaria, productiva y financiera).

Las políticas de desarrollo productivo deberán priorizar aquellos proyectos que generen un incremento de las exportaciones y sustituyan importaciones de manera genuina. Entendemos como genuina a una sustitución de importaciones cuando el resultado neto de la sustitución implica un ahorro efectivo de divisas y la efectiva implementación de nuevas prácticas productivas y tecnológicas. Desde diferentes instrumentos financieros se deberá promover la financiación a tasas de fomento y a largo plazo de los proyectos productivos que avancen en tal dirección.

Es necesario generar un régimen especial de inversiones en la actividad de petróleo y gas, particularmente en la reserva no convencional de Vaca Muerta, dando previsibilidad e incentivos a la inversión privada. Esto permitirá generar un superávit de divisas que nos llevará a acumular reservas genuinas y revertir el fuerte cuadro deficitario en el que nos ha sumergido el actual gobierno. Asimismo, se torna necesario generar un verdadero salto productivo en torno a los productores/as nacionales de manufacturas, servicios e ingeniería vinculados a esta industria. Un eje central para plantear la sustitución genuina de importaciones son los clusters en torno a los recursos naturales. Es importante hablar de “agregar valor a los recursos naturales”. Argentina tiene el potencial para hacerlo. Pensar en clusters tecnológicos y de ingeniería en torno al agro, el petróleo y la minería rompe la tradicional dicotomía entre recursos naturales versus industria, genera más empleo y sustituye importaciones de manera genuina. En la misma dirección, el desarrollo de las tecnologías 4.0 pueden aportar servicios y manufacturas para mejorar procesos y sustituir importaciones de manera genuina, además de mejorar el contenido tecnológico de las exportaciones. Es importante avanzar en este camino, superando dicotomías del pasado.

Por otra parte, es necesario revalorizar el rol de la industria del turismo, atendiendo a las necesidades de la gran cantidad de actores que intervienen en su planificación y desarrollo ubicando al sector público en un lugar central de la planificación y la activación de sinergias público-privadas con el fin establecer ejes de acción para el desarrollo de una actividad socioeconómica y ambientalmente sostenible.

Es imprescindible abordar el actual cuadro de inestabilidad económica y alta inflación con un amplio acuerdo económico y social. El gobierno de la Alianza Cambiemos estará dejando niveles de inflación superiores al 50%. La idea de que se trata de un problema exclusivamente monetario y de fácil resolución chocó frente a una realidad mucho más compleja. La inercia inflacionaria, la puja distributiva, los saltos del tipo de cambio y los desajustes monetarios son todos ellos factores que inciden, en mayor o menor medida, y de manera cambiante según diferentes períodos temporales, en la evolución de la inflación. Es preciso convocar a una mesa de concertación de precios y salarios tendiente a generar un proceso de freno a la inflación, pero también para generar acuerdos sobre producción, tecnología, productividad y empleo de calidad. Es preciso también implementar una política monetaria y fiscal consistente con ese proceso, donde se evite la inestabilidad del tipo de cambio, donde se busque el equilibrio fiscal sustentado en el crecimiento y buenas reglas de gestión intertemporal (ahorrar en tiempos de crecimiento, gastar más en períodos de desaceleración y crisis). Esa mesa deberá trabajar en la articulación entre el crecimiento, la baja de la inflación, la mejora del salario consistente con el aumento en la producción y la productividad y la recuperación del valor de nuestra moneda.

Por otra parte, los instrumentos de la planificación regional y sectorial, de transporte y logística, de infraestructura; las políticas de integración regional y con el mercado mundial; y la articulación de las actividades productivas con el sistema científico y tecnológico, deberán contribuir a la mejora permanente de la eficiencia y la competitividad del tejido productivo nacional.
 

DESARROLLO SOCIAL

El Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA el mes de mayo de 2019 indica que el 51,7% de las niñas, niños y adolescentes son pobres en la Argentina, el nivel más alto en una década. El 29,3% de los chicos y chicas padece déficit en su alimentación, y un 13% pasó hambre durante 2018. Las familias de los sectores de mayor pobreza de nuestra sociedad son las que más sufren la alta inflación: los precios de los alimentos y las bebidas crecieron un 66% en los últimos 12 meses.

De acuerdo al INDEC, el 32% de las personas se encuentran en situación de pobreza, mientras que el 6,7% en situación de indigencia. La desocupación se acerca a los dos dígitos y se agrava especialmente para los y las jóvenes de entre 18 y 25 años. Hay 4.850.000 asalariados no registrados que trabajan en condiciones de informalidad y el número de cuentapropistas llega a 4.960.000 personas. Estos sectores tienen dificultades para el acceso al crédito y se ven obligados a tomar préstamos a tasas usurarias, agravándose los problemas de endeudamiento en las familias.

Estos datos dan cuenta de una necesaria y urgente intervención desde el ámbito de las políticas públicas. Para ello proponemos impulsar una agenda concentrada que incluya:

TRABAJO

Los cambios registrados por la economía mundial desde las últimas décadas del siglo pasado han influido sobre la organización del trabajo con una intensidad tal que no es aventurado decir que afrontamos una problemática social nueva que, a su vez, exige nuevas respuestas porque las viejas propuestas se tornaron ineficaces o, como mínimo, insuficientes. El trabajo se ha convertido en un bien escaso, la desigualdad se profundiza y la desocupación recobra el carácter estructural y crónico que no era característico de la llamada “sociedad industrial”.

El mundo del trabajo enfrenta globalmente los desafíos de una economía dominada por las finanzas y signada por transformaciones tecnológicas extraordinarias, cuyos efectos operan en desmedro de los derechos laborales y de la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. A este proceso mundial se agrega una realidad nacional catastrófica producida por las decisiones y políticas del actual gobierno, que está dejando a más de la mitad de la población en la precariedad y gran parte en el desempleo o el trabajo desprotegido. Esta ofensiva contra el sector trabajador implicó un deterioro del poder adquisitivo y el auge de una incertidumbre angustiante que no garantiza la autonomía de las familias argentinas, privándolas de la posibilidad de desarrollarse en las condiciones de dignidad a las que tienen derecho.

La Argentina está atravesando una aguda situación en el mundo del trabajo. El cuadro actual muestra una marcada tendencia a la destrucción de empleo registrado: desde el comienzo del gobierno de la Alianza Cambiemos se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo; mientras que el crecimiento del empleo no registrado hoy afecta a 3,3 millones de trabajadores y trabajadoras en empresas, a 350 mil empleadas y empleados del sector público y a 994 mil trabajadores y trabajadoras en casas particulares. A su vez, hay 2,6 millones de cuentapropistas en la informalidad, que no realizan los aportes al sistema de seguridad social en los regímenes existentes (monotributo, monotributo social y autónomo), sumado todo ello al deterioro de las condiciones de trabajo, la flexibilidad laboral, pérdida de derechos y reducción del poder adquisitivo del salario. Entre desempleo, empleo no registrado e informalidad, el colectivo que sufre problemas laborales representa al 46% de la población económicamente activa: 9 millones de personas. Se destaca en particular la alta participación de mujeres y jóvenes en este grupo.

Es por todo ello que, un nuevo gobierno deberá volver a crear el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; establecer políticas dirigidas a la protección del empleo existente, otros incentivos a empresas condicionados al mantenimiento de la plantilla de personal y la participación del Ministerio en los procedimientos preventivos de crisis con el objetivo de sostener el empleo; coordinar la ecuación precios y salarios; crear un ámbito de negociación tripartito que vuelva a jerarquizar la negociación colectiva libre, centralizada y autónoma; promover la negociación colectiva y la renovación de los convenios colectivos de trabajo en defensa de los trabajadores y las trabajadoras.

Por su parte, será necesario impulsar el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y la negociación paritaria con el objetivo de proteger la remuneración salarial y garantizar a la vez la estabilidad macroeconómica en un contexto de alta inflación y presiones cambiarias; ampliar la capacidad de la inspección laboral para detectar relaciones laborales encubiertas y fiscalizar las condiciones de trabajo; consolidar un Sistema de Formación Continua con criterios de innovación e inclusión social en el cual se integre a las instituciones públicas y privadas de formación para garantizar estándares de calidad homogéneos y una cobertura territorial amplia, con mecanismos de certificación digital, para la cobertura de los requerimientos de calificaciones de los sectores productivos.

Pero el fortalecimiento de las instituciones históricas también debe ser acompañado por nuevas formas de mediación y participación del Estado. Regular las finanzas usureras que tanto afectan al poder adquisitivo, orientar las nuevas tecnologías para que produzcan más y mejor trabajo en vez de generar desempleo y precarización, propiciar plataformas que faciliten la vida en vez de poner la de los trabajadores y trabajadoras y consumidores y consumidoras en peligro, crear nuevas institucionalidades para los trabajos del futuro que permitan sustituir los planes sociales por ingresos genuinamente provenientes de esas actividades.

Compartimos plenamente la necesidad de poner en pie al aparato productivo, desarrollarlo, diversificarlo y dotarlo de una productividad que lo haga competitivo. El país lo necesita. Pero deberá ser fruto de un cambio sustancial de las políticas impositivas y crediticias, como parte de un programa pactado en el marco de un acuerdo que compatibilice los fines perseguidos por el Estado, el sector empresarial y el sector del trabajo y que promueva un aumento sustancial de las tasas de inversión e innovación tecnológica.

Los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia deben conservar la tutela de sus derechos, recuperar y fortalecer el poder adquisitivo de su salario, recobrar la participación de sus organizaciones en la formación de las grandes decisiones nacionales y lograr la regularización inmediata de aquellos y aquellas que aún hoy se desempeña en condiciones de informalidad, e incluso clandestinidad que lo privan del acceso a los derechos laborales, de la protección de las leyes y de los beneficios de la seguridad social.

Y los excluidos y excluidas del mercado tradicional, los trabajadores y las trabajadoras sin patrón que crearon y sostienen la economía popular, urbanos y rurales, deberán recibir el apoyo indispensable para dotar a su actividad de un marco institucional adecuado, poner en valor su producción, lograr grados de eficiencia razonables y percibir un nivel de ingreso y una protección legal que les asegure condiciones de vida y de trabajo iguales a las de los demás trabajadores y trabajadoras.

PERSONAS MAYORES, JUBILADOS Y JUBILADAS(...)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestra sociedad es la lucha contra el Cambio Climático. Es imperioso que las distintas naciones den respuesta a los reclamos de los científicos y de la Encíclica Laudato Si sobre la urgencia de los cambios de hábitos, de producción y de consumo, que impliquen una economía circular que modifique la concepción extrativista que se tiene sobre la naturaleza.

La sobreexplotación de los bienes naturales y un estilo de vida y de valores centrados en el consumo, el economicismo y el mercado está desencadenando la extinción masiva de especies a un ritmo diez mil veces superior al normal, la destrucción de los suelos y bosques, la contaminación del aire y de las aguas, la acidificación de los océanos y el derretimiento de los hielos.

La situación ambiental de la Argentina es crítica y compleja. La pérdida y degradación de los bienes o recursos naturales, sustento de la actividad económica, ha ido en aumento con las actuales políticas neoliberales. La degradación, erosión y pérdida de fertilidad de los suelos en la zona núcleo; el aumento de la desertificación en las zonas áridas y semiáridas; la pérdida de masa boscosa nativa fruto de deforestaciones ilegales; la expulsión de campesinos y de pueblos originarios de sus tierras ancestrales; la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua por agroquímicos y su falta de control; el peligro de extinción de especies nativas y pérdida de la biodiversidad; la baja tasa de renovación de los recursos ictícolas debido a un exceso de extracción, actividad petrolera y minera sin fiscalización y de reglamentaciones adecuadas a las características de estas explotaciones; entre otros, impactan en el potencial productivo del país y en su tejido social.

Para revertir esta situación, el nuevo Gobierno deberá promover un Pacto Federal Ambiental de Desarrollo entre la Nación, las Provincias, los Municipios y los actores económicos y sociales. Un gran consenso sobre el uso y manejo del suelo agrícola, ganadero y forestal a fin de implementar buenas prácticas productivas que garanticen su sustentabilidad económica, social y ambiental a largo plazo.

La producción sustentable de nuestros bienes naturales, bosques nativos e implantados, agricultura, fruticultura, vitivinicultura, ganadería y actividad ictícola deben generar empleo e impulsar valor agregado. La explotación petrolera, gasífera y minera requieren de reglamentaciones que minimicen sus impactos ambientales y una fuerte fiscalización por parte del Estado y la comunidad.

Asimismo, se deberán potenciar a través del Estado nuevas prácticas agroecológicas en el marco de nuestra soberanía alimentaria y de una vida saludable; mitigar las consecuencias del cambio climático, de las inundaciones y de los períodos de sequía a través de un ordenamiento territorial que permita un uso y manejo responsable del suelo, empoderando a la ciudadanía a través de buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos urbanos, el reciclaje de los mismos, en el ahorro de energía, en la prioridad del transporte público sobre el privado, en un consumo responsable, del “buen vivir” que hace eje en los valores sociales; además de impulsar el empoderamiento de la ciudadanía a través de una participación activa en los valores ambientales, sociales y de género desde los Municipios y las Provincias, a través de una gestión comunitaria que garantizará el sustento necesario para llevar adelante las transformaciones que el país necesita en función de lograr una sociedad inclusiva y ambientalmente sustentable.

El gran desafío venidero, entonces, será pensar el ambiente desde una perspectiva integral, como un todo, incluyendo el desarrollo urbano y rural, la calidad de vida, la biodiversidad, los ecosistemas, sus servicios y la calidad ambiental, todo ello con una nueva sensibilidad ambiental y una revisión profunda de los modelos de desarrollo alternativos y del consenso desarrollista, siempre desde la Justicia Social y Ambiental. Ello debe incluir la garantía de acceso universal al agua limpia; la transformación de la matriz energética para transitar un camino hacia energías limpias; la progresiva transformación del sistema de transporte para eliminar la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero; el desarrollo de un plan con el sector ganadero para reducir la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero; y, el impulso de un sistema de soberanía alimentaria que apoye la agricultura sustentable, aumentando la salud de los suelos, y que garantice la comida saludable a todos los argentinos y argentinas.
(...) Leer

 

Contrapongamos los discursos y los planes explicitados con la constante expansión y profundización de los extractivismos. Destapemos consecuencias de explotar Vaca Muerta a través de las siguientes notas:

 

 

El fracking que fractura Colombia

 

3 de octubre de 2019

Por Omaira Sáchica (Rebelión)

 

El Consejo de Estado en su Fallo sobre el fracking lo niega y aprueba a la vez; en cambio el Presidente Duque lo impulsa haciendo a un lado la demagogia que usó en su campaña electoral, cuando prometió que lo prohibiría.

El Fracking –Fracturamiento Hidráulico– es una técnica de extracción de hidrocarburos en los llamados Yacimientos No Convencionales (YNC), la cual consiste en inyectar a alta presión enormes volúmenes de agua y químicos a fin de fracturar las rocas para obtener hidrocarburos; sin embargo esta técnica genera grandes riesgos ambientales.

Está prohibido en muchos países

El impacto negativo del fracking sobre el cambio climático, la contaminación de acuíferos subterráneos y superficiales, entre otros, han sido razones suficientes para su prohibición en países como Francia, Bulgaria, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Escocia República Sudafricana, República Checa, España, Suiza, Austria, Australia, Italia y Uruguay.

Algunos Estados Federales de EEUU como Vermont, Nueva York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware y Maryland, también lo prohíben. De igual forma esta técnica fue declarada en moratoria en los Estados de Paraná en Brasil, Victoria en Australia y en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en España [1].

Le sirve a las multinacionales

Durante la campaña presidencial Iván Duque afirmó:

“ En Colombia tenemos una superposición de ecosistemas diversos y complejos acuíferos subterráneos de enorme riqueza, y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos. Por eso digo: durante mi Gobierno ‘en Colombia no se hará fracking’” [2].

Sin embargo, el Gobierno abrió la Puerta al fracking en el recientemente aprobado Plan de Desarrollo (PND), y ha promovido de diferentes formas que se implemente en Colombia.

En noviembre del año pasado el Concejo de Estado decretó Medidas Cautelares que suspendieron provisionalmente los Actos Administrativos [3], por medio de los cuales el Gobierno fijó los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales –fracking–. Frente a esa suspensión el Gobierno había presentado un recurso de súplica, pidiendo que se levantaran las medidas cautelares.

El pasado 10 de septiembre el Consejo de Estado, ratifico su decisión de mantener las medidas cautelares, es decir, continua la suspensión del fracking hasta que salga el pronunciamiento de fondo el próximo año.

Para el Consejo de Estado es claro que son numerosos los estudios que prevén que el uso de esta tecnología puede tener un impacto negativo en la preservación del medio ambiente y en la salud humana. Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado es un triunfo a medias, ya que un fallo posterior dio luz verde a realizar pruebas piloto de Fracking, al aclarar que el alcance de las medidas cautelares no cobijan los estudios contratados por el Gobierno.

El pasado 9 de septiembre la Corporación Podion y la Alianza Colombia Libre de Fracking denunciaron ante el Consejo de Estado, que el Gobierno y la empresa Drummond estaba incumpliendo la orden del alto tribunal de no utilizar este método de explotación petrolera.

De acuerdo con la denuncia, Drummond actualmente se encuentra explotando 15 pozos de gas en el Cesar. Según Luis Enrique Orduz, Coordinador de la Alianza Colombia Libre de Fracking, “con la medida cautelar del Consejo de Estado el Gobierno debió suspender no solo el trámite de licencias, sino también todos los contratos suscritos para yacimientos no convencionales” [4].

Energías limpias son el futuro

Ha llegado el momento de decirle adiós a la energía con base en combustibles fósiles, es el momento de aunar esfuerzos en el desarrollo de energías alternativas no agresivas con el planeta.

Esta evolución energética no la van a realizar los mismos que han provocado la crisis legislando a favor de las multinacionales extractivistas; el cambio sólo se dará cuando la gente a una sola voz asuma su responsabilidad histórica, y exijan una política en favor de las mayorías y proteccionista del ambiente.

 

Notas:

[1] Países que han dicho No al fracking. https://mundo.sputniknews.com/mundo/201809101081876999-fracking-prohibicion-paises-del-mundo/

[2] "En Colombia no se hará fracking". https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/en-colombia-no-se-hara-fracking-la-promesa-de-ivan-duque-en-campana-presidencial/20190215/nota/3864510.aspx

[3] Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014).

[4] ¿Están haciendo fracking en Colombia?. https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/podrian-estar-haciendo-fracking-en-colomiba/46675

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261075

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Vaca Muerta no es la Meca: sigue el fuego

 

Por Hernán Scandizzo, Observatorio Petrolero Sur

A raíz de las llamas producidas por una fuga en Loma de la Lata Oeste desde el 15/9, la llegada de especialistas de EEUU y el despliegue de gendarmería, entrevistamos al periodista Hernán Scandizzo de OPsur.
Nos confirma que no solo el fuego continúa, sino que las causas no han sido aclaradas ni las consecuencias evaluadas teniendo en cuenta la cercanía de los lagos.
También nos plantea la necesidad de detener el avance de la explotación de hidrocarburos, en particular el fracking, sistema de extracción actual no convencional, al menos de modo transicional en cinco zonas de preservación: cercanía de cuencas hídricas, tierras para la producción de alimentos, territorios indígenas, zonas urbanas o periurbanas, y áreas naturales protegidas, hacia una modificación de la matriz energética.
Por otro lado, abordó la situación de lxs trabajadores en cuanto a la reforma laboral aplicada al sector vinculada a la precarización y productividad, que ya se ha cobrado la vida de 8 obreros.

Fuente: https://radionauta.com.ar/2019/09/30/vaca-muerta-no-es-la-meca-sigue-el-fuego/

En consecuencia, la «contrarreforma agraria integral» del sistema mundo capitalista implica un entramado de relaciones dictatoriales, cooptadoras y mercantilizadas que fuerzan o seducen en el "como si" todo fuese lógico, normal. Pero estamos en emergencia socioecológica y sanitaria.

 

Capitalismo y cambio climático:

dos caras de una misma moneda

3 de octubre de 2019

Por Ailin Piuquén Umpiérrez Varela

Opinión

El mundo nos da señales. Nos advierte. Nos muestra, en distintas dimensiones, -social, política, económica, cultural, ambiental- que atravesamos una crisis.

 

¿Quién se atreve a decir que la situación es de tranquilidad?, ¿Quién niega que el mundo está en un momento de ebullición? Nos centraremos analizar aquí la crisis ambiental global y la forma que asumen algunas de las luchas y movilizaciones a lo largo y ancho del globo.

 

Transitamos, dentro del sistema capitalista, su fase financiera-global, donde la clase dominante, personificada en la “Moderna Aristocracia Financiera”, tiene como objetivo la maximización de las ganancias, a costas de la explotación sin límites de la naturaleza, de los trabajadores y de las trabajadoras.

 

Esta fase se caracteriza por la concentración y centralización del capital a una escala global, teniendo como grandes protagonistas a las cities financieras (Wall Street, Londres, Shanghai, etc), a los fondos y bancas de inversión, y a las plataformas de internet como ordenadoras de una economía articulada en red. Algunas de sus herramientas claves son el manejo de dinero especulativo en alta escala, la digitalización del capitalismo, invirtiendo el excedente en el desarrollo de lo tecnológico, como el 5G, la Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), etc.

 

Según datos de Oxfam, en enero de 2017 solo 8 hombres poseían la misma riqueza que los 3.600 millones de personas, que conforman la mitad más pobre de la humanidad. El 82% de la ganancia del mundo quedó en el 1% de la humanidad, mientras que un 1% controla el 50% de esa riqueza en igual período.

 

Solemos creer que cuando hablamos de calentamiento global o cambio climático, nos referimos a un futuro lejano. La realidad es que estamos viviendo un momento de crisis ambiental global, producida por la explotación sin límites de nuestra Madre Tierra.

 

Ya no es novedad ver glaciares que año tras año pierden grandes cantidades de superficie, huracanes y tsunamis que se llevan por delante enormes porciones de territorio, focos de incendios en las selvas más importantes, sequías intensas en lugares donde anteriormente eran regiones húmedas. El problema está en naturalizar estos hechos o leerlos como parte de un destino apocalíptico inmodificable.

 

Cuando ahondamos en el análisis, nos surgen las siguientes dudas ¿Quiénes son los responsables de esta situación ambiental preocupante que vivimos? ¿Cómo se produjo y se sigue agudizando este deterioro de nuestra Tierra? ¿Cuál es la salida para recuperarlo?

 

Hay distintas miradas al respecto, y por lo tanto varias respuestas a estas preguntas. Algunos dirán que la culpa es de todos y todas por igual, que la acumulación de actos individuales y la falta de conciencia ambiental es la que atenta contra la Tierra. Otros querrán explicarlo a través de cuestiones técnicas productivas acerca de cómo reducir el impacto ambiental, la huella de carbono o argumentando una sobrepoblación. Nosotros afirmamos que hay un culpable, y que ese culpable tiene nombre y se llama Capitalismo.

 

Los datos son devastadores y angustiantes: según Visual Capitalist las emisiones de dióxido de carbono (CO2) aumentan a nivel récord cada año (a razón de 1,7% interanual), siendo China (27,2%) y Estados Unidos (14,6%) los que más aportan porcentualmente en gases invernaderos a nivel global. Estos gases son generados principalmente por las grandes industrias y los millones de automóviles que existen en el mundo.

 

A medida que los gases invernaderos aumentan, la superficie de bosques y selvas disminuyen. A principios del siglo XX, contábamos con 50 millones de km2 de áreas boscosas y se redujo a 40 millones de km2. Para poder dimensionar este dato de alguna forma, vamos a poner un ejemplo: los 10 millones de km2 perdidos equivalen a la superficie de todo el continente europeo. Ahora bien, ¿Cómo se pierden selvas y bosques? Por la deforestación al servicio de los Agronegocios, demostrando la falta de equilibrio de este sistema de explotación y la matanza de nuestra casa: la Madre Tierra. La ecuación es sencilla, mientras más CO2 se produce, y menor cantidad de bosques haya, mayor será el calentamiento global.

 

Iman Ghosh, en un estudio realizado para Visual Capitalist, dice que por cada hora en el mundo se desperdician 55 millones de botellas plásticas; esto formaría una montaña más alta que la estatua brasileña del Cristo Redentor de Brasil. Por día son 1.300 millones de botellas plásticas, formando una montaña de aproximadamente 324 metros.

 

Según datos de la ONU, por causas de contaminación del aire, del agua y contaminaciones químicas, en el mundo mueren aproximadamente 12,6 millones de personas al año.

 

Situación en Latinoamérica

 

La lucha por la defensa del ambiente en Latinoamérica está siendo reprimida de manera escandalosa. Global Witness, presentó un informe que reveló que Latinoamérica es la región más peligrosa para los defensores ambientales y de la tierra, ya que afirma ser la región con más asesinatos del 2018, reportándose para ese año 83 muertes. Colombia lidera la estadística con la cifra de 24 asesinatos, seguido por Brasil con 20, Guatemala 16, México 14, Honduras 4 y Chile 2.

 

Párrafo aparte se merecen los incendios ocurridos en la Amazonia, territorio que genera el 20% del oxígeno mundial. Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, se redujeron las operaciones de fiscalización ambiental además de una disminución del 34% de las multas aplicadas por el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente) permitiendo una libertad de acción a las empresas que explotan la tierra brasileña, sin un control del Estado.

 

Bolsonaro en nueve meses de gobierno lanzó al mercado 353 agrotóxicos que ponen en riesgo a la población brasileña, envenenando la tierra y así también a los alimentos que se producen. Según Gerson Teixeira, expresidente de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria, Bolsonaro, lanzó al mercado durante 200 días más productos agrotóxicos que los que aprobó la Unión Europea (UE) para dichas sustancias en un período de ocho años. Es fácil saber cuánto le importa nuestro pulmón verde al señor presidente.

 

Y el caso reciente de Argentina, también es para destacar. A fines de agosto de este año, el presidente Mauricio Macri modificó la Ley de Residuos Peligrosos a través de un decreto, el cual permite la flexibilización de los permisos para la importación de basura en un contexto en el que Estados Unidos precisa encontrar un nuevo destino para sus residuos, debido a que China cerró, a comienzos de este año, las puertas de la importación de los desechos estadounidenses y europeos. De esta manera, nos convertiremos como muchos han dicho, en el “basurero del mundo”.

 

Pensando las tareas militantes

 

El Capitalismo es esencialmente un sistema deshumanizante. Define a la naturaleza como “recursos naturales”, herramientas al servicio de una sociedad capitalista; define a los y las obreras como “recursos humanos”, descartables, donde nuestra vida solo vale si trabajamos para ellos. Pero ni las personas, ni la naturaleza son “recursos”, no son meros medios al servicio de un sistema de acumulación. Por ello, resulta urgente la reconstrucción del tejido social y la relación de los seres humanos con la Madre Tierra, y para esto, ningún sistema que divida a la sociedad bajo el concepto de propiedad, logrará esa relación.

 

El Movimiento Ambientalista, ha traspasado las fronteras de los Estados Nación, generando movilizaciones gigantescas en un mismo día en todo el globo. Según Global Climate Strike, durante la semana comprendida del 20 al 27 de septiembre, se movilizaron 7,6 millones de personas en todo el mundo, en su mayoría estudiantes. Y se realizaron 6135 eventos en 185 países.

 

Como dice Giménez (2019) “Hay una realidad que nos lleva a dos caminos posibles: o vamos hacia un mundo con mayor exclusión y explotación, o transitamos hacia un mundo desmercantilizado, con capacidad de desarrollar resiliencia, integrado glocalmente -desde lo local a lo universal y de lo universal a lo local-, comunitariamente, con perspectiva social y para el beneficio de las mayorías.”

 

El Movimiento Ambientalista debe comprenderse en términos revolucionarios. Esto significa que tiene que luchar en pos de destruir al sistema capitalista, debe luchar contra el enemigo del pueblo que es el 1% de la Élite Mundial, culpable de la Crisis Ambiental Global y de los males de la sociedad, y al mismo tiempo desarrollar una sociedad que sea construida por los intereses de las mayorías, desde el Pueblo y para el Pueblo. Generando nuevas relaciones de producción utilizando la ciencia y la tecnología disponible para la producción sustentable, y sin contaminación.

 

La sociedad post-capitalista deberá estar basada en los valores de la igualdad, solidaridad, justicia social, y deberá ser profundamente ambientalista. Debe convocar al futuro, construyendo nuevas relaciones sociales, en la que nos medie lo humano y no las mercancías, generando soluciones locales a los problemas globales, construyendo conciencia colectiva en donde el bienestar de la sociedad sea lo principal, una sociedad de iguales, sin opresores ni oprimidos.


ailin.umpi21@gmail.com

Bibliografía

 

- Oxfam (2018). El 1 % más rico de la población mundial acaparó el 82 % de la riqueza generada el año pasado, mientras que la mitad más pobre no se benefició en absoluto. Recuperado de: https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2018-01-22/el-1-mas-rico-de-lapoblacion-mundial-acaparo-el-82-de-la

 

- Gimenez, P. (2019). Reflexiones sobre el nuevo escenario argentino en Caciabue, M. y Arkonada, K. (comps.) Más allá de los monstruos. Entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Río Cuarto, Córdoba, Argentina: UniRio Editora.

 

- Global Climate Strike. Huelga Climática Global: 20-27 de septiembre de 2019 Recuperado de: https://globalclimatestrike.net/

 

- García Linera, A. (2017). Medioambiente e igualdad social. Recuperado de:http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/05/18/medioambiente-e-igualdad-social-por-alvaro-garcia-linera/

 

- Global Witness. (2019). ¿Enemigos del Estado?. Recuperado de: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter_

 

- Ghosh, I. (2019). All the World’s Carbon Emissions in One Chart. Recuperado de: https://www.visualcapitalist.com/all-the-worlds-carbon-emissions-in-one-chart/

 

- Pirotta, I. (2019). El autoritarismo de Jair Bolsonaro y las consecuencias de su política ambiental. Perfil. Recuperado de:https://www.perfil.com/noticias/opinion/opinion-ignacio-lautaro-pirotta-el-autoritarismo-de-jair-bolsonaro-y-las-consecuencias-de-su-politica-ambiental.phtml

 

- Routley, N. (2019). This is how humans have impacted the world's forests. Recuperado de:https://www.weforum.org/agenda/2018/08/the-human-impact-on-the-world-s-forests/

 

- Ghosh, I. (2019). Visualizing the Scale of Plastic Bottle Waste Against Major Landmarks. Recuperado de:https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-scale-of-plastic-bottle-waste-against-major-landmarks/

 

- Hayon, A. (2019). El decreto para importar basura reactivó las críticas a la gestión de residuos en el país. Página 12. Recuperado de: https://www.pagina12.com.ar/216981-el-decreto-para-importar-basura-reactivo-las-criticas-a-la-g

  

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/202489

 

 

 Bloqueo de la lucha de clases

 

Examinemos cómo el Foro Agrario Nacional denuncia y fundamenta contra el sistema global de agronegocios pero creen que el Estado puede actuar a favor de los pueblos, campesinas/os e indígenas. Es decir, no tiene en cuenta a la «contrarreforma agraria integral» del sistema mundo capitalista.

 

Syngenta y el Agronegocio

no pueden alimentar a lxs argentinxs

8 octubre 2019

 

 

Por Foro Agrario Nacional

 

    

Lxs productores familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios son quienes sostienen la alimentación de nuestro pueblo y lxs que pueden garantizar la Soberanía Alimentaria

 

 “Sabemos que el modelo agroindustrial domina la producción y el desarrollo agrícola a nivel mundial en contra de la humanidad y de la madre tierra, en beneficio de los grandes grupos económicos. Estamos convencidos y convencidas de que, sobre la base de otro modelo, nuestro modelo agroecológico, se asienta la esperanza de la humanidad y el buen vivir con la madre tierra, en beneficio de la población, partiendo de las organizaciones de base y desde el impulso de los Estados Nacionales que se enfrentan al neoliberalismo y neocolonialismo”

Documento 0 del Foro Agrario

Desde El Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular queremos expresar nuestro cuestionamiento a la propuesta de Syngenta de realizar una donación de un 1% de la producción agro alimentaria al Programa Alimentario pronto a implementarse y que ha sido presentado el día 7 de octubre.

Porque Syngenta junto a un puñado de corporaciones, entre las que se destaca también Bayer-Monsanto, es la responsable de la expulsión de miles de campesinas y campesinos a las grandes ciudades durante las últimas décadas y ellos son hoy uno de los principales sectores que padecen el crimen del hambre en la Argentina.

Por este motivo denunciamos que quienes son los principales responsables del hambre intenten “compensar” con una donación de un 1 % el daño que han producido.

Mucho más cuando la principal producción de la cadena que esas corporaciones representan son soja y maíz transgénicos, dos commodities agrícolas cultivados como forraje para animales y fumigados con millones de litros de agrotóxicos. Ya a comienzos de este siglo las organizaciones sociales rechazamos el plan “soja solidaria” que pretendía paliar el hambre existente en esos momentos y logramos que el mismo fuera desmantelado por ser una respuesta inadecuada desde el punto de vista nutricional.

También manifestamos nuestra preocupación por la participación en esta propuesta de la Coordinadora de Industrias de la Alimentación (Copal) que nuclea a la industria alimentaria más concentrada que comercializa en mayor medida ultraprocesados, también responsable de buena parte de los problemas nutricionales que sufre nuestro pueblo.

La propuesta para enfrentar el hambre debe ser avanzar en la justicia distributiva y en la emergencia actual recurrir a las producciones de campesinas y campesinos, agricultores familiares y pueblos originarios que son el principal sustento de la producción de alimentos para todas y todos los argentinos.

También consideramos fundamental la intervención del Estado en la comercialización de granos y carne, regulando la misma y generando las instancias necesarias para que las cadenas realicen los aportes impositivos progresivos necesarios para generar recursos genuinos para la implementación de políticas públicas orientadas a la producción de alimentos.

Como lo hemos manifestado claramente durante nuestro Foro los días 7 y 8 de mayo nuestra propuesta es desarrollar políticas públicas organizadas en tres EJES:

1. El desarrollo de un modelo productivo alternativo, no extractivista, sobre la base de la Soberanía Alimentaria y entendiendo a la Tierra como Hábitat y Territorio.

2. Políticas públicas específicas por sector, que a su vez se encuadran en la misma base que mencionamos anteriormente.

3. Una institucionalidad basada en un Estado planificador para garantizar la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo, con la articulación participativa y descentralizada entre el Estado, las organizaciones de productorxs y otras organizaciones del sistema agroalimentario y atendiendo particularmente a las reivindicaciones de los pueblos originarios, las mujeres y los jóvenes.

Comprometidos a seguir colaborando para terminar con el hambre en nuestro país nos ponemos a disposición para avanzar en estas acciones urgentes y en la implementación de las políticas necesarias para lograr las transformaciones estructurales que nuestro país necesita.

Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Syngenta-y-el-Agronegocio-no-pueden-alimentar-a-lxs-argentinxs

 

 

Aplaudimos que el Foro Agrario Nacional se pronuncie:

 

 

El Foro Agrario rechaza

la modificación de la Ley N.º 7722

de la provincia de Mendoza

diciembre 21, 2019 

 

Desde el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular expresamos nuestro repudio a la modificación de la Ley N.º 7722 de la provincia de Mendoza que se realizó en tiempo record en el 20 de diciembre.

Fundamentamos nuestro rechazo en las siguientes razones:

– La modificación permitirá el avance de la megaminería en la Provincia y abrirá la puertas para que la multinacionales mineras desembarquen y profundicen el saqueo.

– La Ley N.º 7722 es un emblema de la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios y su agua y ninguna de las condiciones que permitieron su aprobación se ha modificado.

– Por el contrario la provincia atraviesa estos últimos años una crisis hídrica que se agravará sin lugar a dudas de avanzar estos proyectos extractivos.

– Desde el Foro Agrario hemos convergido más de 50 organizaciones para construir “Una Argentina con Soberanía Alimentaria, apostamos a un modelo de producción diferente, agroecológico, no extractivo, sano; en territorios integrados social, económica y culturalmente que constituyan un hábitat sostenible para todas y todos”. El extractivismo minero es una de las grandes amenazas para la Soberanía Alimentaria y para la posibilidad de producir alimentos saludables localmente.

– Las principales fuentes de generación de recursos que tiene la provincia, como son la producción agrícola y el turismo se verán amenazados pro el avance de la megaminería.

En nuestro documento fundacional hemos sostenido que “Nuestros territorios no pueden ser zonas de sacrificio en función de las necesidades y demandas de los centros de poder global; debemos ser las propias comunidades las que decidamos el destino de eso que el mercado llama “recursos” y nosotras y nosotros llamamos bienes comunes naturales”. Esas comunidades son las que desde hace años vienen defendiendo la vigencia de la Ley 7722.

– Defendemos el Derecho Humano al Agua y no como mercancía y el uso que realiza la actividad minera del agua junto a las toneladas de residuos tóxicos que produce representa, como ya se ha demostrado en múltiples situaciones, una amenaza que no podemos permitir.

Exigimos que las autoridades escuchen al pueblo mendocino movilizado y que retrotraigan esta medida viciada de nulidad por ilegítima e inconstitucional.

 Fuente: http://foroagrario.org/el-foro-agrario-la-modificacion-de-la-ley-n-o-7722-de-la-provincia-de-mendoza/

 

 

 

Generalicemos la percepción (conciencia y posicionamiento respectivo) de la realidad extractivista con gravitación esencial en la «contrarreforma agraria integral».

 

 

 

Extractivismo: expresión del sistema

capitalista-colonial patriarcal

 

María del Rosario Ayala Carrillo*, Emma Zapata Martelo* y Ramón Cortés Cortés

 

Resumen: El extractivismo en la minería mexicana es un fenómeno de herencia colonial y capitalista que afecta de manera diferente a mujeres y hombres debido a las relaciones patriarcales y de explotación establecidas. En el artículo se analiza la manera en que el extractivismo ha impactado en las mujeres y sus cuerpos. Una de las premisas es que, para la acumulación por desposesión, el sistema capitalista-colonial-patriarcal ha requerido apropiarse de los cuerpos femeninos y sus productos tanto biológicos (hijas e hijos como mano de obra) como materiales (trabajo asalariado y doméstico) y territoriales (recursos naturales). Se analiza cómo la minería despoja a las mujeres y permite la acumulación por desposesión de acuerdo con las exigencias del colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, pasando sobre los derechos básicos de las mujeres.

 

Capitalismo: máxima expresión de extractivismo y despojo

El capitalismo, cimentado en la violencia y el despojo de la naturaleza, utiliza a los seres humanos y sus modos de vida para alcanzar su expansión a través del extractivismo y la acumulación continua. No existe modernidad sin colonialidad ni capitalismo sin extractivismo (Parra-Romero, 2016). Composto y Navarro (2014: 34) señalan la forma de operar del capitalismo : Necesita transformar la naturaleza en un mero medio de producción y todos los procesos vivos que le son inherentes en potenciales mercancías; y destruir todas aquellas relaciones sociales, constelaciones culturales y lenguajes de valoración no mercantiles para subsumirlas en la lógica unidimensional del mercado, el individualismo y la ganancia privada. Actualmente estos procesos se han exacerbado a niveles que ponen en riesgo la vida humana y natural del planeta. El modelo capitalista, inserto dentro de los Gobiernos, se promueve a través del discurso de desarrollo y modernidad. Santos (2014: 13) señala que el discurso desarrollista “se escucha como un ruido ensordecedor, de máquinas, de árboles que caen, de ríos que se agotan, de animales que lloran y de familias angustiadas”. Con este discurso, pronunciado desde hace más de quinientos años, se ha saqueado el continente con la promesa de acabar con las carencias y construir un mundo más equitativo. Sin embargo, lo que ha tenido lugar es un genocidio liberal que ha acabado con pueblos enteros calificados como subdesarrollados para quedarse con sus territorios (Santos, 2014).

 

En la minería mexicana, incluso se acusa a las y los pobladores de retrógrados y primitivos por no aceptar que las empresas transnacionales lleven “progreso”, “trabajo” y “bienestar” a sus territorios, exploten sus tierras y extraigan sus recursos. El Estado, en contubernio con las empresas transnacionales, permite la explotación, el extractivismo y la expropiación del derecho de los trabajadores, mujeres y hombres, de vivir dignamente (Merchand, 2013), sin ningún compromiso con el bienestar social de los territorios explotados. Por el contrario, la lógica se limita a explotar los recursos naturales y humanos y extraer el máximo beneficio para reproducir el capital económico (Zibechi, 2014). El Estado legaliza la explotación in situ y promueve el flujo de fuerza de trabajo desde las áreas rurales próximas a las minas (Merchand, 2013), que frecuentemente afecta a las personas más pobres, según la lógica capitalista incapaces de aprovechar y explotar esos recursos.

En palabras de Harvey (2004), la acumulación por desposesión se hace posible mediante la liberación de un conjunto de activos, incluida la fuerza de trabajo a un coste muy bajo y en algunos casos nulos, sin importar si se trata de mujeres, hombres o incluso niños y niñas. Dice Merchand (2013: 115): “la acumulación de pocos solo es posible gracias a la expropiación de muchos […], la propiedad privada en manos de algunos solo es posible con una mayoría desposeída, carente de garantías”.

 

En el extractivismo minero, además del colonialismo y el capitalismo, que lo permean, también influyen otras variables, como el género. Gartor (2015) señala que las relaciones de explotación y apropiación de los territorios implican también la de los cuerpos y las formas de vida. Pé- rez (2014) indica que el feminismo visualiza el sistema socioeconómico actual como capitalista, heteropatriarcal, neocolonialista y antropocéntrico. El capitalismo opera en el mercado y en lo público, mientras que el patriarcado opera en lo privado-doméstico, en las casas; aunque no hay una separación real entre ambos, pues mantienen una relación dialéctica. El primero conlleva una explotación de clase a través del trabajo asalariado y el patriarcado, una opresión de género materializada en el trabajo doméstico. Las mujeres están sometidas a ambos (Pérez, 2014).

 

Apropiación de los cuerpos femeninos y sus productos El capital, que no puede desarrollarse sin los medios de producción y la fuerza de trabajo, no afecta de la misma manera a mujeres y hombres porque es patriarcal y, como tal, jerarquiza las vidas concretas. Composto y Navarro (2014) señalan que, para poder acumular, el capitalismo debe separar a las personas de sus medios de producción y reproducción, a fin de convertirlas en fuerza de trabajo “libre”, susceptible de ser explotada. Así las mujeres son objetivadas como un recurso natural y material, como un objeto con valor económico, pero fácil de desechar. Las mujeres son un producto, una mercancía que puede ser poseída, comprada, tomada o violentada. Según la lógica del capitalismo, ellas se han incorporado a diversas actividades según las necesidades e intereses del mercado económico. Se aprovecha su mano de obra a través del trabajo remunerado, no como una decisión emancipadora, sino como una necesidad, como una estrategia de supervivencia para ellas y una estrategia de mercado para el capitalismo. Explotadas como mano de obra, solo tienen razón de ser en cuanto producen ganancias para las empresas a través del trabajo mal pagado.

 

En el caso específico de la Minera San Xavier,1 en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, el trabajo de las mujeres ha sido muy importante para dos vertientes del extractivismo. Por un lado, en el mantenimiento de la fuerza de trabajo, pues ellas son quienes proveen los cuidados, preparan los alimentos, limpian y realizan otras actividades que permiten que los trabajadores, varones y mujeres, puedan dedicar por lo menos ocho horas diarias al trabajo en la mina. Como amas de casa, hacen el trabajo reproductivo y de cuidado gratis. Un trabajo que las empresas no pagan, pero del que se benefician directamente, pues es indispensable para man tener y renovar la mano de obra. También están presentes en prostíbulos que pululan en zonas mineras y son víctimas de la trata al servicio de empleados y obreros de la industria minera (Bermúdez et al., 2014; Cortés et al., 2016). Por otro lado, se explota su fuerza de trabajo, ya que ellas se emplean como trabajadoras de la minería, sobre todo en trabajos de intendencia y como personal administrativo, a diferencia de los hombres, que operan maquinaría u ocupan puestos en los laboratorios.

 

La superexplotación del trabajo femenino implica un pago por debajo de su valor, la intensificación del trabajo productivo y reproductivo y la superposición de hasta tres jornadas laborales. Las empresas no asumen y ni siquiera visualizan los costes para las mujeres. De este modo se niegan estructuralmente las condiciones necesarias para reponer su desgaste, sobre todo porque se las puede reemplazar fácilmente (Composto y Navarro, 2014). Según esta lógica, el valor de las personas está dado por su trabajo, en cuanto objetos que pueden ser explotados. La enfermedad o incapacitación para trabajar les resta todo valor y pasan a representar una carga, que debe ser asumida de manera privada por las familias, especialmente por las mujeres. En el caso de la minería en México, las mujeres son quienes se hacen cargo de los enfermos de uno y otro sexo que deja la minería en sus múltiples formas (enfermedades venéreas, problemas pulmonares, de riñones y contaminación, entre otras), como demuestra el trabajo de Salazar y Rodrí- guez (2015). Trabajar en la minería implica condiciones sociales, económicas, geográficas y físicas desfavorables para las mujeres, lo que constituye un aspecto de lo que en una entrevista (Navarro y Linsalata, 2014) Federici ha definido como la crisis de la reproducción, en la que la gente está siendo desposeída de los bienes más básicos para su reproducción, ya sean la tierra, los servicios, los trabajos o cualquier forma de ingreso, incluso el obtenido con el trabajo corporal, la salud y la propia vida.

 

Territorios y recursos naturales

Las mujeres tradicionalmente han tenido menor acceso al ingreso que los hombres. Para ellas, poseer bienes naturales es importante y estratégico (Federici, entrevista con Navarro y Linsalata, 2014). En la minería, el papel de las mujeres se ha analizado desde dos perspectivas: 1) De forma pasiva, en la problemática del despojo. “Las mujeres aparecen apartadas de esta labor de conquista, salvo como acompañantes de sus maridos” (Sabuco, 1997: 67). Participan muy poco, y cuando lo hacen, solo apoyan las decisiones y las negociaciones de los hombres. Muy pocas son ejidatarias2 y poseedoras de la tierra. Y, aun cuando lo son, no tienen voz; su voto está a favor de la mayoría: cuando se toma una decisión, la apoyan, pero no tienen voz activa para decidir o refutarla (Cortés, 2017). 2) Otras participan en los movimientos sociales en contra de la minería. No es casual que ellas sean las primeras en movilizarse para reclamar su tierra, ya que son las encargadas de proveer alimentos y cuidar la salud y el bienestar de la familia, con la desventaja de no contar con los recursos naturales, tales como la tierra, el agua y el bosque, además de carecer de ingresos monetarios. Todo ello dificulta sus labores y las vuelve presas fáciles del capitalismo depredador.

 

Reflexiones finales

Se ha dicho que el capitalismo implica la extracción y explotación de recursos naturales y humanos, así como que promueve la privatización y mercantilización de la vida, y que para lograr la acumulación por desposesión necesita un contubernio con el Estado.

 

El capitalismo no puede desligarse del colonialismo ni del patriarcado; los tres se retroalimentan. El extractivismo y la explotación han afectado de diferente forma a mujeres y hombres, sobre todo porque, junto al capitalismo colonialista, está el patriarcado, que vulnera a las mujeres e invisibiliza las condiciones en que viven y se “desarrollan”. El cuerpo de las mujeres ha sido apropiado en diferentes aspectos: en el binomio producción-reproducción, ellas se han incorporado a los trabajos más explotados y peor remunerados, mientras que siguen realizando las actividades reproductivas y los trabajos sin ingresos, que promueven y mantienen el bienestar familiar y social. Están presentes en burdeles donde se favorece el alcoholismo y la violencia. Atienden enfermedades causadas por la minería y su entorno, como las derivadas de las relaciones sexuales sin protección. Así el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado se sustentan mediante el extractivismo, el despojo y la explotación de territorios y también de cuerpos. Detrás de todo esto, están las luchas por los territorios, por los derechos humanos, por los medios de subsistencia, la conservación de las formas tradicionales de vida, el respeto a la naturaleza, la conservación del territorio como espacio geográfico, la identidad, el arraigo y las formas de vida de las personas. Incluso por la conservación del paisaje: en el caso de la minería a cielo abierto, en San Luis Potosí, donde había un cerro solo queda ahora un socavón en que no podrá prosperar actividad productiva alguna porque ya no hay tierra. El cerro, emblema de su territorio y de su identidad, ha sido fagocitado por la minera. Bibliografía

Fuente: https://dialnet.unirioja.es

En consecuencia, la «contrarreforma agraria integral» del sistema mundo capitalista implica crecimiento en el acaparamiento de los bienes comunes que está garantizado no sólo por desterritorialización, exclusión, desprotección y criminalización de los desposeídos sino también por la democracia restringida cada vez más autoritaria según avanza la resistencia de los pueblos a ser avasallados en sus derechos. Por esto:

 

Nuevo Gobierno, más extractivismo

18 de diciembre de 2019

Por Darío Aranda

Lavaca.org

 

 

Minería, agronegocios, fracking, glifosato: símbolos de un modelo que ha generado resistencias a lo largo de las últimas décadas en Argentina. Alberto Fernández nombró a funcionarios alineados con las corporaciones mineras, transgénicas y petroleras. No hay grieta entre gobiernos para fomentar el modelo extractivo. 

Alberto Fernández continuará la política de Mauricio Macri: la explotación de recursos naturales, con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Lo había adelantado en la campaña electoral. Y lo ratificó en el armado de su Gabinete. Desde el Ministerio de Ciencia hasta Agricultura, de la Secretaría de Minería a YPF. Los funcionarios cambian, el extractivismo continúa. Los antecedentes de los ministros de las áreas claves para el modelo extactivo

Roberto Salvarezza, Ciencia 

 

Fue presidente del Conicet entre 2012 y 2015. Estuvo alineado en la política científica marcada por su amigo Lino Barañao. El entonces Ministro influyó para que lo elijan al frente del Conicet. Eran tiempos de un presupuesto en ascenso para el sector científico, donde no solía haber manifestaciones en el edificio de Godoy Cruz al 2300 (Palermo), sede del Ministerio. “Hubo un incremento del financiamiento, que nos ha parecido beneficioso pero también paralizó cualquier postura crítica. Se dio aval a una política científica a cambio de más recursos. Entonces no sorprende que Barañao justifique el uso de agroquímicos, los compara con los antibióticos y ningún científico le salga al cruce (…) Es de una enorme irresponsabilidad no ver las consecuencias de fomentar este modelo de ciencia”, describió la investigadora del Conicet y la UBA Mirta Varela en diciembre de 2015.


Barañao y Salvarezza tuvieron coincidencias en impulsar un modelo de ciencia que quedó plasmado en el documento oficial llamado Plan Argentina Innovadora 2020, presentado en 2013 en Casa de Gobierno, basado principalmente, en la «biotecnología» -no mencionan la palabra «agronegocio»-, la megaminería -oro, plata, litio- y el fracking de YPF.


También tuvieron una coincidencia menos publicitada: ambos atacaron y desprestigiaron al científico Andrés Carrasco, que en 2009 había confirmado el efecto letal del herbicida glifosato.


Carrasco era uno de los más reconocidos científicos en su especialidad -había sido presidente del Conicet y era director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA- cuando cometió el pecado de no quedarse encerrado en su laboratorio ni de contentarse con un paper científico, que sólo lee un círculo mínimo de académicos. Denunció el efecto del agrotóxico en un diario de tirada nacional y comenzó a visitar distintas ciudades del país, acompañado por asambleas socioambientales y pueblos fumigados.

Barañao lo descalificó en programas de televisión y congresos públicos de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa). Salvarezza fue más sutil. Lo boicoteó dentro del sistema científico, bloqueando posibles subsidios, desprestigiándolo ante pares y, la última estocada, como observador cómplice de una comisión que le negó la promoción en el escalafón científico del Conicet, cuando Carrasco -en 2013- había solicitado su promoción de Investigador Principal a Superior. Lo evaluaron tres personas. Una especialista en filosofía budista -Carmen Dragonetti-, un científico ligado a las empresas de agronegocios -Néstor Carrillo- y un académico denunciado por su rol durante la dictadura -Demetrio Boltoskoy-.

Carrasco se reunió con Salvarezza. Cuestionó lo insólito e irregular de la comisión evaluadora. Y exigió una reconsideración. Incluso propuso nombres de científicos ajenos a cualquier conflicto de intereses. «Al presidente del Conicet (Roberto Salvarezza) le cabe toda la responsabilidad de haber firmado la resolución que niega mi promoción. Ni siquiera echó una mirada sobre cómo fue el procedimiento. Él sabe que al firmar convalidó la injusticia», denunció Carrasco a fines de 2013. Y apuntó al modelo científico: «El Conicet está absolutamente consustanciado en legitimar todas las tecnologías propuestas por corporaciones, modelos de hacer ciencia que implica un profundo y progresiva asociación con la industria. Ellos (Barañao y Salvarezza) promueven un modelo de investigadores al servicio de empresas, de patentes, de formación científica con transferencia al sector privado».

Carrasco falleció el 10 de mayo de 2014. Salvarezza, ni ningún otro funcionario del Conicet, le contestó su pedido de reconsideración del dictamen de promoción.

Salvarezza se distanció de Barañao con la llegada del macrismo. En 2017 hizo campaña junto al kirchnerismo para ser diputado nacional, cargo que obtuvo.
Siempre reivindicó la ciencia cómo aliada de la minería, de la explotación de litio, del agronegocio y de la explotación petrolera. Aunque en las últimas entrevistas (ya como Ministro de Ciencia de Alberto Fernández) se aggiornó: ahora también menciona el cuidado del ambiente y el «diálogo» con las organizaciones territoriales. Propuesta similar a la que tuvo en su inicio de gestión Sergio Bergman, secretario de Ambiente de Macri.

Luis Basterra, Agricultura 

 

Gildo Isfrán es gobernador de Formosa desde hace 24 años. Cumplió otros ocho años como vicegobernador. Acaba de asumir su séptimo mandato. El primero fue en 1995. Controla el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los medios de comunicación y todo lo que pueda ejercer un mínimo control sobre las políticas de gobierno. Policías y punteros políticos ejercen un aparato de vigilancia y represión contra los opositores. Solo los que no pisaron Formosa pueden ignorar esto.


Insfrán es oficialista de todos los gobiernos nacionales. Su mayor exposición estuvo dada en noviembre de 2010, cuando la policía provincial reprimió a la comunidad qom Potae Napocna Navogoh -La Primavera- y produjo dos asesinatos: el abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. El conflicto se nacionalizó cuando la comunidad acampó durante meses en la porteña Avenida de Mayo y 9 de Julio.

En junio de 2011, cuando estaba en plena campaña para ser diputado nacional, Luis Basterra describió la realidad formoseña: «Insfrán encaró una profunda transformación en la provincia, dejando de ser olvidada, con altísimas potencialidades que son hoy una realidad concreta». Ya como diputado,
Basterra fue la mejor espada de Gildo Insfrán en el Congreso Nacional. Hizo numerosas defensas de su jefe político. En 2013, con el conflicto aún latente del Pueblo Qom, Basterra fue uno de los impulsores de una solicitada en defensa de Insfrán: «Un nuevo ataque al Gobierno Nacional encarnado esta vez hacia el pueblo y gobierno de Formosa”. Firmada por los legisladores de Formosa que responden al Gobernador, rechazaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos con argumentos insólitos: «Un feroz ataque mediático en el marco de una campaña sistemática hacia todos aquellos gobernantes y líderes populares que desde siempre apoyaron y sostienen a este modelo nacional”. Acusaba a los medios de comunicación de «esconder la política inclusiva más abarcativa del país hacia las comunidades aborígenes”.


El escrito calificaba a Gildo Insfrán como un defensor de los derechos indígenas y retrucaba a los críticos: «Desprecian la voluntad popular, representada por ocho de cada diez formoseños que apoyan este modelo, porque en definitiva (lo denunciantes) no son democráticos”. Luego de las elecciones de octubre pasado, cuando Insfrán obtuvo su séptimo mandato consecutivo, Basterra celebró: “El pueblo nuevamente reconoció el modelo formoseño que encara el Gobernador y acompañó el modelo de país que queremos. Ganó la democracia, ganó la voluntad popular”. Basterra juró como diputado en el Congreso Nacional el 4 de diciembre de 2019. En su cuenta de Twitter exhibió el video del momento y en su escrito fue elocuente: «Sí, juro. Por la patria, por nuestra provincia de Formosa y por nuestro gran gobernador y conductor Gildo Insfrán».

También jugó un papel central en el avance del algodón transgénico cuando era ministro de Producción de Formosa y luego, como vicepresidente del INTA. En 2008 el gobierno nacional aprobó la primera semilla de algodón. Fue luego de que las cámaras empresarias del sector, con impulso de los gobiernos de Formosa y Chaco -principal zona algodonera- firmaran un acuerdo para «el desarrollo sustentable» de las nuevas semillas.

«Lo que el productor siembre finalmente va a poder cosechar. Y si partimos de semillas que son de calidad y certificadas, que es lo que nosotros como provincia venimos haciendo desde hace bastante tiempo, se garantiza que el esfuerzo del productor tenga una producción acorde», celebró Basterra el 21 de agosto de 2009, en el marco de una reunión para difundir el uso de las semillas de algodón transgénico. Y afirmó: «Argentina pueda acceder a la máxima genética que existe en el mercado mundial, vinculado a algodones que tienen cualidades sobresalientes, como en el caso de aquellos que son resistentes a plagas y a herbicidas».
 

El algodón transgénico reemplazó casi por completo al cultivo tradicional. Y aumentó la dependencia de los productores a la compra de insumos, en dólares. La empresa beneficiada es la dueña de la semilla y proveedora de los agrotóxicos: Monsanto.

Desde la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados Basterra siempre se mostró dispuesto a tratar una nueva ley de semillas, solicitada por las grandes multinacionales del agro y rechazada por los sectores campesinos. Y reclamó una ley de «fitosanitarios» (no los llama agroquímicos ni muchos menos agrotóxicos), para dar «seguridad jurídica a la producción agropecuaria».

Albeto Hensel, Minería 

 

En plena campaña electoral Alberto Fernández afirmó que su modelo para minería sería San Juan, donde la minera Barrick Gold opera el proyecto Veladero e impulsa Pascua Lama, emprendimiento binacional frenado por una medida judicial en Chile. Su enorme poder quedó en evidencia cuando Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de glaciares (2008). Alberto Fernández era Jefe de Gabinete.


Enrique Martínez, entonces presidente del INTI y parte del oficialismo, lo bautizó como «el veto Barrick». Finalmente, dos años después la ley volvió a aprobarse en el Congreso Nacional.

Las asambleas socioambientales de San Juan y de toda la cordillera desmienten desde hace años las falsas promesas de «progreso» de mano de la minería. Jáchal en San Juan y Andalgalá en Catamarca son la prueba viva del desastre minero.

Barrick Gold también ocasionó el mayor desastre minero de la historia de Argentina. El derrame del 13 de septiembre de 2015 transcendió por mensajes de WhatsApp de trabajadores mineros a sus familias en Jáchal, donde alertaban que no tomen agua. En un primer momento el gobierno provincial y Barrick Gold negaron el derrame. Cuando ya no pudieron ocultarlo, Barrick reconoció el derrame de 15.000 litros de agua con cianuro, pero aseguró que no llegó al río y desmintió la contaminación. Una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que llegó al río. Dos días después, intervención judicial mediante, Barrick Gold reconoció que derramó al menos 1.070.000 litros de “solución cianurada”.

En 2018, La Asamblea de Jáchal accedió a un estudio de aguas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y confirmó la contaminación con mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto. Los análisis, solicitados por la Municipalidad de Jáchal, fueron realizados por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo en el río La Palca, que recibe sus aguas de los ríos Potrerillos y Las Traguas, que pasan directamente por la mina Veladero. La Palca aporta el 70 por ciento del caudal del río Jáchal.

La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5). Los análisis de la Universidad de Cuyo muestran un incremento del 5000 por ciento en mercurio, del 18.000 por ciento en manganeso y del 50.000 por ciento en aluminio.

A pesar de la situación en San Juan, Alberto Fernández nombró como secretario de Minería de Nación a Alberto Hensel (que ocupaba el mismo puesto, pero en la provincia). Una veintena de asambleas socioambientales (encabezada por las de Jáchal No Se Toca y El Algarrobo –de Catamarca–) escribieron una carta pública al Presidente:
«Nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar nuestra preocupación ante la designación de Alberto Hensel. Resulta al menos inoportuno tener en cuenta a un reconocido lobbista megaminero para que cumpla función pública, lugar reservado para quienes deben representar los intereses de la gente, no de las corporaciones transnacionales».

«Hensel sostiene la impunidad de Barrick Gold por sus innumerables derrames contaminantes en Veladero, es el mismo que discrimina a grupos ambientalistas diciendo que ni siquiera se debe debatir con ellos, el que impidió que el pueblo de Jáchal se exprese en una consulta popular, el que coopta instituciones desde su cargo plenipotenciario otorgado por el gobernador Sergio Uñac, el mismo que ya reconoció que busca la destrucción de la Ley de Glaciares», denuncian en el escrito público.
 

Además de las asambleas de San Juan y Catamarca suscriben organizaciones de Córdoba, Santa Cruz, La Rioja, Chubut, Jujuy, Mendoza y Salta, entre otras. Afirman que Jáchal es más pobre que antes de la minería, su economía regional ha sido destruida, y que la minería solo generó contaminación y abuso de poder. Exigen recuperar el perfil agroindustrial y turístico de la provincia. «La corporación megaminera es vergonzosa en San Juan, el papel desempeñado por los funcionarios es patéticamente repulsivo. No podemos evitar sentirnos insultados cuando se premia a esta clase de políticos y se pone como ejemplo el manejo feudal de esta provincia», denuncian las organizaciones en su carta a Alberto Fernández.

Guillermo Nielsen, YPF 

 

Es un economista/consultor muy conocido dentro del ámbito de las finanzas, pero muy poco en la sociedad. Comenzó en la noeliberal Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), fue gerente del Grupo Socma (familia Macri), director del Anses durante el gobierno de la Alianza y en 2005, referente en la negociación de la deuda externa argentina. Estuvo luego en el espacio político de Sergio Massa: fue precandidato a Jefe de Gobierno porteño. Es hombre de consulta de Alberto Fernández desde 2005.


En octubre pasado Nielsen presentó su plan de «blindaje» para Vaca Muerta. Difundido por la prensa con eufemismos – «medidas para atraer inversiones» y «seguridad jurídica»-, se trata de ventajas para las grandes empresas petroleras: libre disponibilidad de los dólares, exportar libremente (sin sujetarse a la obligación de priorizar el mercado interno), estabilidad tributaria (que no se modifique ningún impuesto a futuro), eliminación de impuestos para importar y contratos especiales que faciliten las demandas al país en tribunales internacionales.

En Vaca Muerta viven y trabajan desde hace generaciones más de veinte comunidades mapuches, que exigen se cumpla la normativa vigente que obliga al Estado a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades de cualquier actividad que pudiera afectarlas
.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén resumió los poderes detrás del petróleo: «No hay ninguna duda de que Vaca Muerta es la alianza entre multinacionales, gobierno nacional, sindicato petrolero y gobierno provincial. Es la forma de perpetuar políticas extractivistas, asistencialistas y discriminatorias hacia los pueblos originarios».

Adelantó que la próxima semana presentarán un espacio multisectorial que plantea como punto de partida que «Vaca Muerta no es el futuro -como plantean los gobiernos y empresas- sino que se trata de políticas de saqueo, contaminación y muerte». Como segundo aspecto plantearan iniciativas de transición energética por fuera de los combustibles fósiles. Tecero: el reconocimiento de los derechos indígenas -vigentes en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos-, que respete las jurisdicciones indígenas para definir políticas de desarrollo territorial.

Antes de finalizar la entrevista aclaró, por las dudas, lo obvio: «Si las petroleras intentan avanzar, vamos a resistir en nuestros territorios, como lo hicimos con los anteriores gobiernos».

Juan Cabandié, Ambiente 

 

El Presidente creó el Ministerio de Ambiente y nombró al frente a Juan Cabandié, sin ningún antecedente en la materia. Aún no se hizo público quiénes serán sus colaboradores.


Las asambleas socioambientales recordaron un twitt de Cabandié del 19 de septiembre de 2010: «En tema minería hay que ser medidos. Chile vive de la extracción de cobre y nadie se queja. Sí a la minería cuidando el planeta».

Pasaron nueve años: quizá el flamante Ministro cambió de parecer. Pero hay eufemismos que las asambleas socioambientales, pueblos indígenas y campesinos ya no toleran: «Minería sustentable y con cuidado ambiental», «fracking seguro», «buenas prácticas agrícolas» (para fumigar con agrotóxicos hasta la vereda de las casas). Todas frases hechas para fomentar las explotaciones de recursos naturales.

Para las poblaciones en lucha contra el extractivismo sucede, como en derechos humanos frente a la dictadura militar, que no hay términos medios: se está con las mineras o con las poblaciones locales, con las petroleras o con los mapuches, con los agrotóxicos de Bayer/Monsanto o con las víctimas de las fumigaciones. En poco tiempo se sabrá de qué lado se ubica el nuevo ministro. 

 

De Monsanto a Puente Pueyrredón 

 

Felipe Solá era secretario de Agricultura de Carlos Menem cuando en marzo de 1996 firmó la aprobación de la soja transgénica con uso de glifosato, de Monsanto. Fue el primer país de América del Sur en autorizar los transgénicos. Y lo hizo en tiempo récord: sólo 81 días y en base a estudios de la propia empresa. No hubo investigaciones públicas ni independientes que probaran la inocuidad de la soja ni del herbicida asociado al cultivo.


Fue un punto de inflexión. Ese hecho cambió para siempre el modelo agrario argentino. De ser una especie marginal, la soja se transformó en monocultivo de exportación. Más de 20 millones de hectáreas. Entre las consecuencias: desmontes, desalojos, represión y criminalización sobre campesinos e indígenas, contaminación de aguas, empobrecimientos de suelos y enfermedades relacionadas con el uso de agrotóxicos, entre otras consecuencias.


Solá carga también con otro antecedente muy grave contra los sectores populares: el 26 de junio de 2002, cuando era gobernador de Buenos Aires, la policía bonaerense inició una cacería humana en Avellaneda, que quedó en la historia como la Masacre de Puente Pueyrredón. Los efectivos bajo su mando asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki e hirieron con balas de plomo a 33 personas.

El Poder Judicial condenó a los policías, pero nunca avanzó sobre los responsables políticos de ese hecho. Las familias y amigos de Santillán y Kosteki exigen el juzgamiento de quiénes dieron la orden de reprimir. Lo mismo hacen organizaciones sociales, entre ellas el Frente Darío Santillán, actualmente dividido en varios sectores. «Entiendo que hay mucha gente que tiene esperanza en el nuevo Presidente, pero otros tenemos una mirada diferente», advierte Alberto Santillán, padre de Darío, al inicio de la charla. Cuestiona que Alberto Fernández haya recibido a Eduardo Duhalde y lo haya reivindicado como «el bombero» que sacó a la Argentina de la emergencia. «Esa persona apagó la vida de mi hijo y de Maximiliano», resume. Explica que conocía la amistad entre el Presidente y Solá, pero quería creer que haría algo distinto. «Evidentemente los de la clase política siempre se cobijan entre ellos y no les importa que hayan estafado al pueblo, si reprimieron, si mataron. Es la confirmación de que nada va a cambiar», lamenta.


Remarca que Solá también tiene responsabilidad por «la enorme cantidad de enfermos y muertos» que provoca el modelo sojero. Y pide poder nombrar al flamante Ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni: «Se ufana de haber reprimido a muchos compañeros. Comparte la doctrina de Patricia Bullrich. Es lamentable que esté al frente de la policía bonaerense». Afirmó que es una muestra de que seguirá habiendo represión.

También se mostró «decepcionado» por rol de sectores sociales y militantes que antaño reclamaban por Darío y Maxi, luego hicieron campaña por Alberto Fernández y ahora toleran que Solá sea parte del Gobierno. «Duele que compañeros que conocieron a Darío, que me acompañaron en los 26 de junio, que gritaban pidiendo justicia, ahora están en el mismo espacio que los asesinos de Darío y Maxi. Duele. ¿Qué pasa por sus cabezas? ¿Qué sienten en sus entrañas? Debieran bajar la bandera de Darío y, como organización, cambiarse de nombre», reclama.

Advierte que seguirán reclamando por el juzgamiento de los responsables políticos de la represión de Puente Pueyrredón: «Nuestra búsqueda de justicia y cambio social, trabajo y educación la vamos a seguir haciendo desde la calle. No traicionamos a nuestros caídos. Vamos a seguir luchando para que sus sueños, por los que dieron la vida, se hagan realidad».

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=263640

 

 

 Alternativas emancipatorias

 

Apreciemos cómo se autoorganizan y luchan en Chile y Colombia.

 

Chile. El ojo popular denuncia las violaciones de

los derechos humanos y organiza el porvenir

 

Andrés Figueroa Cornejo / Resumen Latinoamericano / 10 de diciembre de 2019

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y en la jornada 53 días desde el inicio del levantamiento social en Chile, en la Plaza de la Dignidad de Santiago fueron los ojos. Agrupados, multiplicados, trazados sobre cartón. Los ojos, la humanidad y su sentido más sagrado. La medida de la justicia, ojo por ojo, y el espejo, retorno y reconocimiento. El ojo y su pupila insomne, la puntería y la traducción de la luz. El ojo que, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha sido lesionado o mutilado a más de 350 personas.

Durante la tarde de este 10 de diciembre, la Coordinadora por los Derechos de los Pueblos (una articulación de colectivos, defensores de los DDHH, piquetes jurídicos, asambleas territoriales, etc.), luego de realizar un periplo por el centro de la ciudad, arribó a la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia.

 

“Nacimos para dar respuesta a la violación sistemática de los DDHH producida por el régimen de Sebastián Piñera y de sus dos ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, a partir del 18 de octubre”, explica Roberto Dorival, miembro de la Coordinadora y activista histórico por la lucha, defensa y promoción de los DDHH en el país.

“Creemos que el movimiento tradicional de DDHH ha sido sobrepasado por la actual coyuntura, debido a una lógica que entiende que los DDHH sólo se violan en tiempos de dictadura, no dando cuenta de que en los 30 años de democracia tutelada han continuado los abusos, la impunidad y se ha coexistido con un andamiaje dictatorial”, dice Dorival y añade que “Los mismos jóvenes que apoyaron a Pinochet allá en Chacarillas por el año 1977, son ahora los que están gobernando el país. Son los civiles de la tiranía quienes continúan perpetuando la herencia dictatorial. Por eso nos apuntan a los ojos. Por eso desde el poder se aplica el método tristemente conocido en Colombia de los ‘falsos positivos’, como la aparición de cuerpos de personas calcinadas que han sido encontradas luego de cruentos incendios de grandes establecimientos comerciales y que fueron asesinadas con antelación, tal como lo demuestran los informes forenses”.

 

Roberto Dorival indica que el Estado “se ha tornado mucho más sofisticado en sus maniobras. Para eso envió a funcionarios policiales a ‘estudiar’ fuera de Chile. Y es por ello que decimos que el movimiento tradicional de DDHH tiene que ponerse al día. Ahora bien, confiamos en que despierte y comprenda que nuestra lucha es una tarea permanente e independiente del gobierno de turno. Las administraciones de la Concertación y de la Nueva Mayoría también aumentaron los presupuestos de las policías, también facilitaron la destrucción extractivista de la naturaleza y de las comunidades en ella; también militarizaron criminalmente al Wallmapu y a la resistencia del pueblo mapuche”.

 

-¿Cómo volver nacional la Coordinadora?

“Concentrándose en la base, en las asambleas territoriales, populares y ciudadanas. En todos los espacios que se da nuestro propio pueblo, deben surgir las articulaciones por la defensa de los DDHH. Para la actividad de hoy, Los ojos del Pueblo acusan al Estado terrorista, creamos un evento en Facebook con esa consigna. Allí pueden contactarse quienes se consideren un aporte en esta dimensión de la lucha”.

En la Plaza, los manifestantes fueron duramente reprimidos. Temprano, Piñera se refirió a los DDHH haciendo un fuerte hincapié en los ‘daños’ sufridos por la policía militar y, cómo no, silenciando los resultados de las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, otras entidades mundiales y todas las nacionales en orden a denunciar la brutal violencia con que el gobierno ha intentado destruir las protestas sociales.

Por otra parte, sin dejar las calles, son muchos los grupos sociales que han resuelto enmontañarse en la organización territorial, poblaciones y barrios, establecimientos educacionales y lugares de trabajo, con el objetivo de convertir la energía popular acumulada en formas superiores de articulación y resistencia.

La crisis económica global ya inicia sus expresiones en Chile mediante la caída de la inversión y el estancamiento o franca baja en todos los índices macroeconómicos. Igualmente, el Fondo Monetario Internacional recién se refirió a que la intensificación de la guerra económica entre China y Estados Unidos tendrá repercusiones especialmente negativas en las economías latinoamericanas más expuestas, como Chile y Perú. Al respecto, la economía chilena, precisamente, en materia de exportaciones e importaciones, se explica por sus lazos sanguíneos con China y EEUU, primero, luego países de la Unión Europea y, finalmente, algunas naciones de la región.

Frente a ese panorama, los sectores más atentos del movimiento popular buscan su fortalecimiento acelerado ante el despliegue de nuevos momentos de la crisis en curso que, tal como ocurre secularmente, los poderes que gobiernan pretenden que pague la inmensa mayoría social.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/12/10/chile-el-ojo-popular-denuncia-las-violaciones-de-los-derechos-humanos-y-organiza-el-porvenir/

 

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No existe la minería sostenible ni responsable,

eso es un discurso corporativo

16 mayo 2019

 

Por Contagio Radio

 

 

Una entrevista sobre las implicaciones ecológicas, sociales y humanas de los megaproyectos Minero-Energéticos en Colombia.

En el mes de Octubre una comisión de líderes sociales colombianos estuvieron de gira por Europa con el apoyo y organización de Friends of the Earth International. Tras ubicarse Colombia, junto a Honduras y Palestina, como uno de los tres países prioritarios de la organización a causa de la situación de violación de derechos humanos, emprendieron camino en esta gira Danilo Urrea, miembro de CENSAT Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia, Blanca Nubia Anaya del Movimiento Social Ríos Vivos en defensa del Sogamoso en Santander y Jonathan  Ospina del Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca – COSAJUCA – en el departamento del Tolima.

Nos reunimos con la comisión para ahondar en el estado de la situación y presentar las violaciones colectivas a los derechos de los pueblos que están teniendo lugar en el país por la participación del capital transnacional en la construcción de megaproyectos.

Colombia se ha caracterizado por décadas por su actividad económica de tipo extractiva. La extracción y exploración de hidrocarburos como principal fuente de ingresos nacionales, se vio sin embargo, consolidada junto al énfasis en los proyectos minero-energéticos a gran escala como uno de los pilares de desarrollo económico en el plan nacional de desarrollo 2014-2018.  ¿Qué implicaciones ha tenido esta afamada «locomotora minero-energética “en los territorios donde se ubican dichos proyectos?

Danilo: Señalaría un aspecto, sí es cierto que el modelo se consolidó entre 2014 y hasta 2018 por el plan de desarrollo, pero la viabilidad del modelo y su incursión firme en el país las entrega la política de “seguridad democrática” durante la presidencia de Uribe, en la que se hizo todo por atraer la inversión extranjera directa, causando 4 millones de desplazados, 5 millones de hectáreas de tierra tomadas por el paramilitarismo.  Es la seguridad democrática la que garantizó el modelo, Santos, el presidente actual, lo que hizo fue darle un impulso a esas garantías para el capital transnacional. Pero ya eso estaba bien consolidado.

Jonathan: Este modelo ha hecho que haya un desconocimiento de las comunidades en los territorios por parte del estado, desde la centralidad. Al perseguir esta estrategia de desarrollo, se han causado nuevos y numerosos conflictos con las comunidades, conflictos por la tierra y por el ambiente. Lo que se ve amenazado es la tradición y la permanencia en el territorio.

¿Es posible hacer minería a gran escala sostenible, responsable y respetuosa de los derechos?

Danilo: No existe la minería sostenible ni responsable. Es un discurso corporativo, que incluso ha calado en todo el sistema de Naciones Unidas que ha garantizado que a través de esos discursos lleguen a territorios específicos con esas falacias.

 Es contradictorio. La misma actividad es de tipo extractivo. De explotación. No puede ser sostenible ni sustentable. Desde la mirada científica es contradictorio. Tampoco es responsable. De lo único que es responsable es del desplazamiento, de la criminalización de la lucha, de la contaminación de agua, de enfermedades respiratorias y estomacales. Lo demás es una falacia. Todo el modelo de responsabilidad social empresarial, que ha sido montado alrededor de la minería, es un favorecimiento del modelo corporativo. Porque una responsabilidad social corporativa que se hace por ejemplo responsable de pagar las fiestas patronales del Tolima para que la gente se comprometa a permitir la entrada  de la transnacional, o de pagar la construcción de escuelas en las que se les enseña a los niños indígenas que se tienen que convertir en mineros por fuera de toda su concepción tradicional y ancestral, un puesto de salud donde ni siquiera hay energía necesaria para poner a funcionar las máquinas para realizar exámenes y atender a la población, son claramente sólo lavados de imagen corporativo para lograr exención de impuestos como está comprobado hasta la saciedad en el caso colombiano. Por todo eso, ese modelo de responsabilidad social y el discurso de minería sostenible es sólo una estrategia para garantizar la entrada más fácil de los proyectos y las mineras a los territorios. (VER: El drama de la salud de las comunidades de La Guajira por la minería de El Cerrejón)

Y en últimas para liberar también al estado de su responsabilidad como garante de las condiciones para el desarrollo de los territorios y la vida de las personas.

Danilo: Suplantación ficticia del estado.

Y además dividen a la población para ganar adeptos. ¿Cómo hicieron por ejemplo en Cajamarca para reunir a la mayoría en contra del proyecto de minería de oro?

Jonathan: Sólo tuvimos 15 días  para organizar a la gente. Sobre minería ya habíamos hablado por muchos años. Para todos era claro que Cajamarca en su mayoría iba a votar No a la minería. Ese día de la votación, ofrecieron paseos para irse a otros lados, en otros casos ofrecieron 400.000 pesos para retener cédulas y después las devolvían al final de las votaciones. A pesar de esas maniobras de último minuto, nuestro proceso de información y sensibilización ya tenía efectos irreversibles. Los pequeños grupos que estaban a favor de la minería eran porque tenían contratos u otros beneficios directos con la empresa.

Colombia transita por un proceso de construcción de paz. Ya con la ley de víctimas, y después del acuerdo de paz, se comenzó a implementar y reforzar en Colombia la política restitutiva, reparativa y de redistribución de tierra.  Pero todo eso va en paralelo compitiendo con la “Locomotora Minero-energética” y con políticas o leyes como la ZIDRES- Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social- . ¿Uds. creen que esta competencia de políticas se constituye en un impedimento efectivo para la paz?

Danilo: En primer lugar es importante señalar que es un error tratar los temas agrarios  en el marco de los planes de desarrollo territorial integral. Cuando hablamos de desarrollo rural, se habla de la tierra en términos de explotación, de lo productivo. Diferente a cuando hablamos de lo agrario. Más allá de ésto, el obstáculo real es que todo el andamiaje normativo de Colombia está en contravía del acuerdo. Por ejemplo las ZIDRES van a crear clústeres productivos, es decir que la única vía será integrar a las Zonas de Reserva Campesina con las ZIDRES como anexo para fortalecer los megaproyectos en la zona. Esta anexión implica que las zonas campesinas, van a ser devoradas por el modelo corporativo que dirige las ZIDRES. Esa fue una jugada brillante del gobierno, ya que ahora todo ese esquema normativo y las políticas de desarrollo rural van a ser validadas y legitimadas en su totalidad por los Planes de Desarrollo Territorial – PDET-, que son parte del acuerdo de la Habana. No dejan ventana ni chance de articular de ninguna forma alternativa los territorios rurales y las actividades productivas. Todo queda atrapado en el modelo corporativo.

Se ha discutido ya ampliamente, que tras la retirada de las FARC de los territorios, éstos quedan totalmente libres para que el gobierno y las multinacionales entren con sus megaproyectos de minería o agricultura intensiva y monocultivo. ¿Puede ser que la ausencia de las FARC conduzca a una catástrofe natural y social en territorios que por tradición habían sido intocables por la protección del grupo guerrillero?

Blanca: De hecho en varias comunidades, la misma gente no ha querido que la guerrilla se vaya. La gente tiene miedo. Ha habido muchas amenazas a pobladores diciendo que apenas se vayan las FARC los van a ajusticiar.

Danilo: Es importante dejar claro que nosotros respaldamos cien por ciento el acuerdo como posibilidad de terminar un conflicto armado de tan larga data. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que se quiere implementar como paz. Las comunidades han construido paz desde siempre desde sus mismas formas de habitar el territorio, en una dirección totalmente diferente al modelo corporativo impuesto por el gobierno.

Nosotros como firmes defensores del proceso de paz, sabemos la importancia de la reconciliación como primer paso para construir paz. Pero la reconciliación debe ser completa. También debe haber reconciliación con la naturaleza. La guerra también ha sido declarada a la vida no humana. Reconocer, reparar y enmendar el camino es parte de la construcción de la justicia ambiental para una paz integral.

Ustedes representan procesos colectivos locales de resistencia y rechazo a los megaproyectos minero-energéticos. En Cajamarca se llegó a ese punto culmen con la consulta popular en la que el 97% votó en contra de la mina de Oro “La Colosa”. En Sogamoso, la represa siguió su curso como proyecto pero es conocido que la resistencia de la comunidad ha obligado a gobierno y a empresa a hacer un pare y negociar con la gente ¿Cómo fue el proceso colectivo del pueblo para llegar a esos puntos determinantes en la defensa del territorio?

Blanca: En Sogamoso, no ha sido nada fácil, duramos 6 meses en protesta y en paro organizado en uno de los parques de la localidad. Nuestras condiciones fueron muy difíciles. En últimas la sede de la CUT-Central Unitaria de Trabajadores- fue la que nos prestó techo y refugio sobre todo para nuestros ancianos y niños. Tal fue nuestra resistencia que la empresa ofreció 1.300 millones de pesos (39.000 euros) para solucionar la situación. Pero eso no era ninguna solución. Somos más de 2000 familias, y no se nos ofrecen tierras para cultivos ni soluciones de vivienda. Tras seis meses rompimos la huelga pues no aguantábamos más a sol y a lluvia todos los días. Seguimos movilizándonos y exigiendo. Requerimos apoyo internacional.

Jonathan: Un año antes de la llegada del proyecto “La Colosa”, ya existían algunas organizaciones sociales. Con la llegada de la minera y su gran campaña de prensa y su discurso de progreso económico en las jornadas de socialización con la comunidad, ya comenzaron con gran escepticismo a organizarse los mismos pobladores en comités como el Comité Ambiental en Defensa de la Vida -CADV-. Se formaron redes locales, municipales, departamentales, nacionales e internacionales en apoyo a la causa. Se utilizó muchísimo el “voz a voz” y se generaron iniciativas de movilización ciudadana como las marchas-carnaval. También se produjeron materiales, cartillas, y contenidos de tipo informativo y didáctico en las que se lograron explicar todas las implicaciones de la minería a cielo abierto a gran escala.

De igual forma nos asesoramos con abogados y fuimos muy activos en usar todas las herramientas jurídicas para no sólo hacer respetar el derecho a la consulta previa, sino el hecho de hacer valer la presencia de representantes de la comunidad en sesiones de consejos locales o nacionales y mantener vivo el tema de la minería en el agenda pública.

Y después de la consulta, la empresa también se agarró de argumentos jurídicos para deslegitimar los resultados. El argumento de que habían ya adquirido los derechos de explotación tras haber obtenido la licencia para exploración durante 10 años, fue utilizado decididamente por la minera para argumentar su negativa a dejar el territorio. ¿Cómo se alegó contra esos argumentos?

Jonathan: En primer lugar, esos argumentos no tienen un peso jurídico real. En la legislación colombiana, la licencia para exploración no concede de manera automática la licencia para explotación. Es una mera expectativa. Entonces la empresa no tenía ningún derecho adquirido real. No cuentan con licencia ambiental y con los resultados de la consulta tampoco la obtendrán.

Danilo: En todo caso, los resultados de la consulta sí son vinculantes. Lo que pasa es que hay un vacío jurídico. Esos mecanismos de participación están garantizados en la constitución, pero no hay gran desarrollo en su reglamentación. Por esta razón después de los resultados hay un gran bloqueo porque no hay claridad de cómo implementar o seguir el proceso. En eso se excusa el gobierno Colombiano para no actuar de acuerdo a la voluntad de los votantes. Sin embargo, sí existe la jurisprudencia de la corte constitucional que indica que toda decisión de los entes territoriales debe ser previamente consultada y que los resultados de las consultas son vinculantes.

La verdadera pregunta es cómo se están interpretando los desarrollos de la corte constitucional y las discusiones alrededor de éstos. Y eso va para largo.

Entonces en el caso de Cajamarca ¿tampoco se ha implementado?

Jonathan: El proceso de implementación en principio sigue tres etapas. El local,  luego el departamental y por último el nacional. Los consejos municipales tienen que reglamentar los resultados de la consulta en el ordenamiento territorial, entonces en Cajamarca, el consejo municipal sacó el decreto por el cual adopta los resultados de la consulta popular pero lamentablemente lo hizo a espaldas de la comunidad  y quedó un decreto muy  vulnerable que puede ser atacado en cualquier momento  por la empresa. Pero bueno, desde lo local ya se puede decir que se implementó. En el nivel regional, la Corporación Autónoma del Tolima – CORTOLIMA- falta que le quite los permisos ambientales a la empresa; los que tiene de exploración. Y de orden nacional falta que los ministerios le quiten los títulos mineros. 80% del territorio en Cajamarca está titulado como territorio minero, entonces seguimos exigiendo que esos títulos se deroguen, pues si la actividad minera está prohibida pues no tendrían por qué estar activos. Al día de hoy la empresa sigue como titular de los territorios, tienen seguridad privada.  La empresa expresó que estaría esperando la resolución del tema minero y allí retornarían o se irían; en un total desconocimiento de la voluntad de Cajamarca.

¿Cómo ha sido la situación en relación a la seguridad e integridad de los líderes sociales que defienden los territorios de los mega proyectos y las grandes empresas?

Danilo: En Colombia ha habido un cambio del dispositivo de criminalización en los últimos diez años y el cambio no significa que se haya dejado de usar la forma clásica que es el asesinato y el encarcelamiento. En los últimos diez años hubo todo un desbloqueo de las tecnologías del poder y cambiaron a tener otras estrategias como la deslegitimación del trabajo de la gente. Tiene que ver con mostrar a esas personas como que tienen problemas diversos, más allá de lo que se refiere a su trabajo y tiene que ver con un intento de presentar a los líderes y lideresas como si hicieran parte de grupos insurgentes. Aun cuando eso no se lleve a escenarios penales, genera bastante desconfianza en la población local. Este nuevo dispositivo de criminalización ha tenido un resultado. La estigmatización ha sido producto de una muy buena coordinación entre los medios que están asociados a las empresas privadas y a éstas que a su vez aportan dinero a esos medios.

Blanca: Cuando empezó a entrar con fuerza la empresa en el territorio para construir la represa, sucedieron 4 asesinatos de líderes. Aún siguen esos y otros casos en la completa impunidad. Así mismo tenemos compañeros y compañeras a quienes les han ensuciado su imagen de manera tal que es casi imposible poder recuperar la credibilidad o confianza por parte de los demás. Es muy lamentable. Apenas ven cabezas visibles en la resistencia y defensa de la causa, se implementan varias estrategias para afectarlos. En el peor de los casos, desaparición o asesinato.

Jonathan: En Cajamarca sucedió lo mismo, el asesinato de 3 líderes, dos en 2013, otro en 2014. Según las investigaciones siempre se ha arrojado que los crímenes fueron aislados y desvinculados de su protagonismo en la lucha por la defensa del territorio, sin embargo, se han encontrado también inconsistencias en estas investigaciones. Además también ha habido muchas amenazas al movimiento y sus líderes por parte de grupos paramilitares; en otros casos por personas desconocidas.  La empresa incluso ha tenido históricamente escándalos de vínculos con grupos paramilitares en otras partes del mundo, en Ghana o Sudáfrica, por ejemplo.

Causa curiosidad que las amenazas realizadas por el grupo paramilitar “Las Águilas Negras” utilicen el mismo lenguaje y discurso utilizado por la empresa: El famoso discurso del progreso. Existen muchos indicios que ponen a pensar que realmente existen nexos entre estos grupos y la empresa, teniendo en cuenta que la empresa tiene convenios de seguridad con cuatro batallones de alta montaña del ejército. Es bien sabido por todos cómo no sólo en Cajamarca, los grupos militares han trabajado de la mano con grupos paramilitares. La misma fuerza pública además ha sido de los principales actores que han vulnerado los derechos de los líderes y las comunidades en defensa del capital y los megaproyectos asociados. Este año volvieron a intentar nuevos asesinatos; hubo disparos por parte de una persona desconocida. Se trató que la investigación se hiciera de una manera efectiva pero no hay respuesta ni intención explícita de investigar a fondo. Vemos que los derechos se vulneran constantemente no sólo por los directamente involucrados en las agresiones sino por parte del estado entero al no tener voluntad ni disposición para investigar y esclarecer los hechos. Muestra de ello la impunidad total en la que quedan todos estos casos.

¿Qué mensaje principal quieren dejarle a nuestros lectores y cómo se pueden vincular y participar para lograr el mejoramiento de la situación?

Jonathan: Visibilizar los casos. Que no se quede la información en los territorios. Difundir la información. Presionar al gobierno colombiano en dirección a que respete la democracia participativa, los derechos y que implemente las medidas para que se dejen e vulnerar éstos de manera sistemática. Así mismo hacemos un llamado a que las personas cuestionen y cambien sus prácticas del día a día. El consumo excesivo e innecesario está conduciendo a que las empresas vayan a los países “subdesarrollados” para extraer los recursos naturales y así garantizar que otras personas en otros países vivan lo más cómodamente posible a costa de la vida de otras personas. Si cambiamos nuestras prácticas  de consumo no habría necesidad de ir a otros países a explotar y extraer sus recursos hasta acabar con los territorios. Antes de comprar o desechar algo, hay que pensar que otras personas están sufriendo o perdiendo la vida para que ese producto o servicio esté al alcance.

Blanca: Toda la explotación que se hace, se hace de recursos naturales que no son renovables. El agua es vital para sobrevivir. La gente debe ser consciente de que cuando un bombillo está prendido innecesariamente, es el agua la que se está acabando, cuando usamos y botamos mucho papel, también. Al atentar contra el agua, atentamos contra la vida misma. La gente debe despertar y enterarse de dónde y cómo se producen las cosas que adquieren o tienen.

 

Danilo: Lo principal es tener una mirada crítica frente al modelo global de producción y consumo y lo que implica que una sociedad participe en el modelo de producción y consumo de otras sociedades. En el fondo, la discusión debe ser cómo una situación como la Colombiana, depende de una presión internacional muy fuerte; desde los pueblos de otros países. Se debe saber que no es una democracia la que se vive en Colombia, que la idea de que Colombia ha vivido como la democracia más antigua de Suramérica es una idea falsa. Es una creencia justificada en un modelo legal pero falsa. Creo que como mensaje quiero decir que en Colombia no hay garantías democráticas para el ejercicio de la defensa del bien natural y el territorio y que hasta que no cambie esa concepción de las sociedades europeas de que Colombia es una democracia, no va a ser posible intervenir para acabar con el modelo de dominación, que es un modelo de dominación oligárquico, de una clase social sobre las otras y sobre la naturaleza. El mensaje sería que hay que construir una democracia basada en la autodeterminación de la gente.

Publicado originalmente en Contagio Radio.

Desinformémonos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Documentos/No-existe-la-mineria-sostenible-ni-responsable-eso-es-un-discurso-corporativo

 

En consecuencia, la lucha para desarmar la «contrarreforma agraria integral» del sistema mundo capitalista requiere la construcción de la democracia obra de los pueblos autoconcientes de qué transformaciones radicales necesita y cómo hacerlas.

 

El amplio consenso mundial de atender a la emergencia climática es una oportunidad de multiplicar espacios en común para la deliberación de los pueblos sobre las causas de tan catastróficas situaciones socioambientales. Porque las graves perturbaciones climáticas son síntomas de la crisis ecológica y civilizatoria que la vida planetaria sufre por el sistema mundo capitalista. Justamente la defensa de los territorios y los bienes comunes naturales se realiza para impedir la continuidad en la destrucción de los subsistemas (geosfera, atmosfera, hidrosfera y biosfera) y sus interacciones que hacen posible la vida planetaria. Enfrenta a las transnacionales cuyas instituciones (BM, FMI, OMC, G20…) imponen el orden mundial a su favor. Enfrenta el gobierno-Estado en sus distintas juridicciones y los poderes económicos locales que llevan a cabo los extractivismos destructores tanto de ecosistemas como de comunidades. Procura instalar en la agenda pública que todos los extractivismos se hacen mediante envenenamientos y exclusiones sociales originando enfermedades discapacitantes y mortales. También profundizan la pobreza estructural y por tanto, la desnutrición y el hambre. Que son otras formas de aniquilar el presente y futuro del país-continente.

 

GaneQuienGane o GobierneQuienGobierne se afirma en unir las diversidades de abajo que están autoorganizadas luchando por las justicias social y ecológica teniendo en cuenta el binomio indisoluble entreambas. Las articula para erradicar los extractivismos y expandirlas generalizando la toma de conciencia de que los extractivismos desertifican en todos los sentidos del término y profundizan la verdadera polarización existente entre quienes componen la minúscula minoría acaparadora tanto de riquezas como de poder y quienes estamos subsumidos en una creciente pobreza por el capitalismo local del sistema mundo y los imperialismos (con las elites locales como socios menores) que ocupan legalmente nuestra economía y nuestros territorios mediante los extractivismos. Por eso, las defensas de territoritorios y bienes comunes naturales están construyendo la soberanía popular y plurinacional en Argentina al hacerse cargo de recuperar o establecer las soberanías territorial, alimentaria, energética e hídrica. Encaminan hacia la liquidación de los latifundios y el régimen capitalista de propiedad que privilegia a los monopolios por sobre los pueblos.

Se basan en el poder de crear y entretejer comunalidades rurales, urbanas y rurourbanas.

 

 

Descubramos que podemos crear comunalidades y buenos vivires desde ahora como otra política.

 

 

 

Comunicado del EZLN y

apoyo a los nuevos Caracoles

3 de octubre de 2019

 

Por Rebelión

Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México.

Con nosotras, nosotros, zapatistas, en nuestros corazones caminó también la palabra, la historia y el ejemplo de nuestros pueblos, de nuestros niños, ancianos, hombres y mujeres. Fuera encontramos casa, alimento, oído y palabra. Nos entendimos como sólo se entienden entre sí quienes comparten no sólo el dolor, también la historia, la indignación, la rabia.

Entendimos, así, no sólo que los cercos y muros sólo sirven para la muerte, también que la compra-venta de conciencias de los gobiernos cada vez es más inútil. Ya no engañan, ya no convencen, ya se oxidan, ya se rompen, ya fracasan.

Así salimos. El Mandón quedó atrás, pensando que su cerco, cercados nos mantenía. De lejos vimos sus espaldas de Guardias Nacionales, soldados, policías, proyectos, ayudas y mentiras. Fuimos y regresamos, entramos y salimos. 10, 100, 1000 veces lo hicimos y el Mandón vigilaba sin mirarnos, confiado en el miedo que su miedo daba.

Como una mancha sucia quedaron los cercadores, cercados ellos dentro en un territorio ahora más extendido, un territorio que contagia rebeldía.

Nos presentamos ante ustedes con nuevos Caracoles y más municipios autónomos rebeldes zapatistas en nuevas zonas del sureste mexicano.

Ahora tendremos también Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista. En la mayoría de los casos, estos centros serán también sede de caracoles, Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (marez).

Aunque con lentitud, como debe ser según su nombre, los 5 caracoles originales se reprodujeron después de 15 años de trabajo político y organizativo; y los MAREZ y sus Juntas de Buen Gobierno también tuvieron que hacer crías y ver que crecieran. Ahora serán 12 caracoles con sus Juntas de Buen Gobierno.

Este crecimiento exponencial, que hoy nos permite salir nuevamente del cerco, se debe fundamentalmente a dos cosas:

  • Una, y la más importante, es el trabajo político organizativo y el ejemplo de las mujeres, hombres, niños y ancianos bases de apoyo zapatistas. De manera destacada, de las mujeres y jóvenes zapatistas. Compañeras de todas las edades se movilizaron para hablar con otras hermanas con o sin organización. Los jóvenes zapatistas, sin abandonar sus gustos y querencias, aprendieron de las ciencias y las artes, y así contagiaron a más y más jóvenes. La mayoría de esa juventud, principalmente mujeres, asumen cargos y los empapan de su creatividad, ingenio e inteligencia. Así que podemos decir, sin pena y con orgullo, que las mujeres zapatistas no sólo van delante para, como el pájaro Pujuy, marcarnos el camino y no nos perdamos: también a los lados para que no nos desviemos; y atrás para que no nos retrasemos.
     

  • La otra es la política gubernamental destructora de la comunidad y la naturaleza, particularmente la del actual gobierno autodenominado “Cuarta Transformación”. Las comunidades tradicionalmente partidistas han sido lastimadas por el desprecio, el racismo y la voracidad del actual gobierno, y han ido pasando a la rebeldía abierta o escondida. Quien pensó que con su política contrainsurgente de limosnas, dividiría al zapatismo y compraría la lealtad de los no-zapatistas, alentando la confrontación y el desánimo, dio los argumentos que faltaban para convencer a esos hermanos y hermanas de que es preciso defender la tierra y la naturaleza.

El mal gobierno pensó y piensa que lo que la gente espera y necesita son limosnas monetarias.

Ahora, los pueblos zapatistas y muchos pueblos no zapatistas, así como los pueblos hermanos del CNI en el sureste mexicano y en todo el país, le responden y demuestran que está equivocado.

 

Entendemos que el actual capataz se formó en el PRI y en la concepción “indigenista” en la que los originarios anhelan vender su dignidad y dejar de ser lo que son, y que el indígena es pieza de museo, artesanía multicolor para que el poderoso oculte lo gris de su corazón. Por eso su preocupación de que sus muros-trenes (el del Istmo y el mal llamado “Maya”) incorporen al paisaje las ruinas de una civilización, para que deleiten al turista.

 

Gracias a las hermanas, hermanos y hermanoas de México y del mundo que participaron en los encuentros y semilleros a los que convocamos en este tiempo, nuestra imaginación y creatividad, así como nuestro conocimiento, se abrieron y se hicieron más universales, es decir, más humanos. Aprendimos a mirar, escuchar y hablar lo otro sin burla, sin condena, sin etiquetas. Aprendimos que un sueño que no abarque el mundo, es un sueño pequeño.

 

Lo que ahora se da a conocer y es público, fue un largo proceso de reflexión y búsqueda. Miles de asambleas comunitarias zapatistas, en las montañas del sureste mexicano, pensaron y buscaron caminos, modos, tiempos. Desafiando el desprecio del poderoso, que nos tacha de ignorantes y tontos, usamos la inteligencia, el conocimiento y la imaginación. (...) Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261100