Qué Democracia

Noviembre 2019

Con subordinación al Plan Colombia. De ahí Códigos Contravencionales donde fuerzas policiales pueden juzgar/castigar y las leyes antiterroristas. Los K les legalizaron y Macri les desarrolló.

 

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía/Bloqueo de la lucha de clases/Alternativas emancipatorias

 

 

Legalidad-legitimidad de la gran burguesía

 

Nos urge, abajo y a la izquierda, salir de demonizar o idolatrar al presidente de turno y generalizar, entre les diverses de nosotres, una visión holística de cómo el capitalismo mundial (en sociedad con el local) nos enyuga.

 

Un Plan Colombia para Argentina y América Latina
25 de abril de 2017

La «Escuela de las Américas», que sirvió como escenario para adiestrar a los militares asesinos y torturadores de América Latina con el objetivo de que asestaran los golpes dictatoriales en cada uno de nuestros países, Estados Unidos ha cambiado y mejorado su estrategia intervencionista.

Por radio La Negra
Luego de la experiencia de la «Escuela de las Américas», que sirvió como escenario para adiestrar a los militares asesinos y torturadores de América Latina con el objetivo de que asestaran los golpes dictatoriales en cada uno de nuestros países, Estados Unidos ha cambiado y mejorado su estrategia intervencionista.
El paso de la Escuela de las Américas dejó varios millones de panameños muertos, dato que ninguno de nosotros parecemos recordar. Es que el asesinato no se hizo por manos directas de marines estadounidenses, sino por las manos de las propias fuerzas militares panameñas. Sí, millones.

Las dictaduras sirvieron, no sólo para frenar la creciente organización popular que se daba en nuestros países, sino que además, para poder instalar políticas económicas como el neoliberalismo, que rompía con las políticas proteccionistas que habían dejado toda una serie de gobiernos e impulsos obreros organizados en sindicatos y que llevaban a la industrialización y crecimiento. Con la apertura a las importaciones, las industrias nacionales cayeron fuertemente, el sindicalismo tomaba fuerza y la represión no se hizo esperar. El Rosariazo, el Cordobazo y varios otros levantamientos populares fueron la respuesta popular, que junto a las organizaciones populares, intentaron detener esta avanzada capitalista.

Hoy, la izquierda aparece como desarmada, y en todo caso, lejos de poder montar una insurgencia capaz de responder militarmente a una represión por parte de gobiernos títeres de los intereses empresariales. Pero la presión (económica y política) hace que surjan respuestas populares. Esto lo saben muy bien quienes han estudiado la historia. El Plan Colombia, es eso, una nueva estrategia intervencionista yankee, que ingresa ya no violentamente como un golpe, sino suavemente como una democracia dura.

Hay una imagen que lo grafica, y es que si se mete a una rana en una olla de agua fría y se pone esta a fuego lento, la rana nunca se dará cuenta de que se está cocinando, y por eso no hará lo que haría si uno pone a una rana en una olla con agua caliente: saltar fuera de ella. Se quedará adormecida, hasta que pronto esté cocida sin darse cuenta.

 

El Plan Colombia, se desarrolló en ese país, y fue allí porque era una situación que podía ser el peor de los escenarios posibles. En Colombia subsisten varias guerrillas armadas y con fuerte arraigo popular desde hace ya más de cuarenta años. Estados Unidos ha intentado exterminarlos con avanzadas militares como la famosa emboscada de Marquetalia, pero ni así lograron detener el crecimiento del movimiento armado insurrecto.

Desde el año 2000, Estados Unidos entró en Colombia con otra estrategia: Un Plan para la Paz. Así, a diferencia de la estrategia de los setenta, los protagonistas no serían los militares, sino los policías. Ya no se realizarían cambios visiblemente estructurales, sino a nivel de municipios y provincias. La incorporación de nuevos Codigos Contravencionales que transforman a las fuerzas policiales en actor político capaz de juzgar y castigar sin necesidad de otras divisiones de poderes, aúna en la policía el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y las fuerzas de choque.

 

Esta estrategia se intentó implementar hace ya varios años en nuestro país, y afortunadamente, en varios municipios se logró frenar, demostrando su inconstitucionalidad. Pero si no existe la necesidad social de endurecer los códigos, esto se fabrica con medios masivos de comunicación y con estrategias de aumento de la violencia liberando y habilitando a bandas paramilitares y de narcotráfico.

 

México vive esta situación hace ya varios años. Igualmente pasa en Brasil con las favelas. Luego, se introduce el término acuñado por los yankees «narco guerrilla», y se engloba a toda la oposición, a la izquierda y a estas mismas bandas delictivas en un mismo bando, habilitando la intervención de Estados Unidos para asegurar la gobernabilidad.

 

Los medios masivos necesitan instalar un acostumbramiento e insensibilidad frente a la violencia, a la muerte, a la falta de derechos básicos, porque es lo que hace «que la rana no salte de la olla», y aunque parezca raro, incluso siendo ellos mismos el gobierno, es por esto que se pone como agenda la violencia. Violencia que es repicada por muchos de nuestros medios en forma de denuncia, pero que lamentablemente no hace más que fijar los ojos y oídos de todos en lo que ellos quieren que veamos y oigamos.

Seguiremos hablando sobre El Plan Colombia. Pero nos gustaría quedarnos con algunas preguntas: ¿Cómo podemos contrarrestar una maniobra semejante? ¿Es que acaso ya no podemos hacer nada para revertir esta situación? ¿Y si pensáramos cuáles han sido sus herramientas para entender cómo funciona su estrategia? ¿Cómo medios alternativos, comunitarios y populares, podemos fijar otra agenda, una nuestra?¿Cuál sería?¿No existen organizaciones populares que hayan logrado romper con las lógicas que ellos necesitan para instalar su modelo? ¿Qué es lo que han hecho para lograrlo?

Adelantándoles que no todo está perdido, y que muchas más preguntas que respuestas seguramente tendremos, nos despedimos proponiéndoles investigar sobre este tema

Fuente: https://www.anred.org/2017/04/25/un-plan-colombia-para-argentina-y-america-latina/

 

 

 

Indaguemos cómo el capitalismo e imperialismo establece la seguridad 'democrática' de sus grandes negocios y el acaparamiento de tierras ricas en bienes comunes naturales.

 

 

El Plan Colombia,

15 años de guerra de Estados Unidos en Colombia

Entrevista a Camilo González Posso

  1 de febrero  de 2016.

Hernán Ricardo Murcia – DesdeAbajo, Bogotá D.C.

Cuál es su opinión tras quince años de la implementación del Plan Colombia y qué le ha dejado al país.

El Plan Colombia, en realidad, ha tenido varios componentes en varias épocas. Comenzó como un plan de guerra antidrogas y después del 11 de septiembre de 2001 con el atentado en New York, se convirtió en un plan anti terrorista, en una política que en Colombia se llamó contra – narcoterrorismo. Pero el centro del Plan Colombia, fue el reforzamiento de la política anti insurgente, parte de una geopolítica de Estados Unidos con el propósito de tener una plataforma frente a la evolución política en la región, ante el fenómeno del ascenso del bolivarismo, de Chavéz; fue a su vez una respuesta al periodo de auge de las FARC y del movimiento guerrillero de los años 90.

En realidad tuvo una primera versión en Colombia al inicio de la administración Pastrana, como un plan de intervención social, con un componente cívico para las acciones militares, pero con un énfasis social. Pero rápidamente se transformó en instrumento de la intervención de los Estados Unidos en Colombia, en alianza con las fuerzas armadas, de posicionamiento de toda una nueva doctrina de seguridad. Ese es el verdadero origen.

 

El balance que podemos hacer depende de las lecturas. Si se lee desde el punto de vista de la política antidroga, la guerra antidrogas no obstante, avances – logros en interdicción, en combate a carteles, en una serie de elementos tácticos – de conjunto como estrategia antidrogas fracasó a nivel internacional. Fracasó como militarización de la política antidrogas y eso fue incluso reconocido por la administración Obama de manera verbal, aunque ya en los términos prácticos nunca la lograron sacar de las manos de los protagonistas y negociantes de la guerra.

 

Pero la guerra antidrogas demostró que no apuntó realmente a la solución de esa problemática y que se convirtió en realidad en la cobertura para estrategias de seguridad.

En el caso colombiano, el verdadero sentido fue el respaldo, al gobierno, a la institucionalidad colombiana, para contener a la insurgencia, para neutralizar a movimientos que pudieran empatar con el nacionalismo latinoamericano.

 

Entonces los balances se pueden hacer sobre la efectividad de la contrainsurgencia y en este plano se puede decir que la alianza de los Estados Unidos con el Estado colombiano, logró avances después del año 2000. El Plan Colombia les permitió la ofensiva, retomar iniciativas, neutralizar el avance de la guerrilla y cambiar la correlación de fuerzas en Colombia. Bajo la sombra del Plan Colombia y el Comando Sur se reestructuraron las fuerzas militares y de policía en Colombia. Se reorganizaron las brigadas y batallones de montaña. Se profesionalizó el ejército y se definieron operaciones tácticas sostenidas en territorios antes vedados. El presupuesto de guerra y defensa nacional se triplicó como parte del PIB y el pie de fuerza alcanzó el mayor nivel en la historia de seis décadas de contrainsurgencia.

Desde el punto de vista de contraguerrilla fue clave la incorporación de los Estados Unidos con inteligencia, equipamiento, dirección estratégica, con el uso de las fumigaciones en la guerra antidrogas para los planes anti insurgentes. El balance de guerra es favorable para los intereses de los Estados Unidos y del gobierno colombiano en el escenario de la confrontación armada.

Pero desde el punto de vista del conjunto de la situación del país esas dos guerras, la de la droga y la contrainsurgente tiene costos negativos en derechos humanos y en bienestar para el pueblo de Colombia. En estos temas el balance aun no ha sido suficiente y para hacerlo bien se debe reconocer que los Estados Unidos han sido una fuerza activa en el conflicto colombiano, una fuerza motora de la guerra y no un colaborador externo. Estados Unidos ha sido corresponsable de la guerra en todos los sentidos incluyendo sus éxitos en contraguerrilla y su parte en los costos humanos con los 10 millones de víctimas.

En Colombia se habla de conflicto armado interno por lo que define el Derecho Internacional Humanitario para conflictos sin carácter internacional; eso puede ser cierto en tanto no hay una guerra declarada entre estados, pero siendo un conflicto en el escenario colombiano es un conflicto en el que ha intervenido Estados Unidos de manera directa, militar, política, socialmente con el Plan Colombia y como un actor del conflicto.

 

¿Influyó el embajador William Brownfield en esta situación?

Los embajadores de los Estados Unidos en Colombia, han tenido influencia directa, pero en realidad esto ha sido más bien una política del Comando Sur, del Departamento de Estado, una política de seguridad de los Estados Unidos, una política bipartidista. Así surgió el Plan Colombia, no es un invento criollo o de un embajador aquí en la 26 en Bogotá.

 

El Plan Colombia es una elaboración estratégica importante, que tuvo en cuenta el contexto latinoamericano, que en el camino hizo un diagnóstico de un peligro inminente por el ascenso del bolivarismo y las posibles conexiones con las FARC. Eso fue el campanazo de alerta.

 

Hay anécdotas, entre otras que se escribió en inglés y mucho después de aprobado en Estados Unidos, fue traducido al español. Existen curiosidades como las que escribe el expresidente Pastrana, con sus crónicas y memorias, donde él muestra de qué manera se puso de acuerdo con los gobernantes de los Estados Unidos, como habló con Clinton y luego con Bush, para perfeccionar todo este asunto, como redactaron los borradores en detalle, para hacerle ajustes y conexión con la problemática colombiana y con los intereses más inmediatos del gobierno colombiano en un momento crítico para las fuerzas armadas. No porque las FARC o el ELN, estuvieran ad portas del poder, sino porque se estaba mostrando una incapacidad de las fuerzas militares colombianas para neutralizar efectivamente iniciativas que estaban teniendo las FARC en regiones de Colombia, particularmente en el sur del país. En medio de este panorama de debilidad de la contrainsurgencia en el sur y avance del paramilitarismo en el norte se elaboraron estas respuestas y alianzas estratégicas con los Estados Unidos.

Aciertos y desaciertos de la política antidrogas, desde la implementación del Plan Colombia

Pues la verdad el Plan Colombia como política antidrogas ha tenido resultados muy pobres. El enfoque de ese plan, si se mira la distribución de sus recursos, estuvo fundamentado en la idea de combatir la oferta en el eslabón de la producción; eso sin que hubieran descuidado labores de interdicción y otros elementos en toda la cadena. Pero en realidad la gran apuesta fue el combate al cultivador, que además era lo funcional con la política contra insurgente para vaciar los territorios, producir desplazamientos allí donde había una conexión de cultivos, con economía de la guerra de las guerrillas, quitarle las finanzas a la guerrilla. Este enfoque tiene que ver con diagnósticos realizados, entre otros, por especialistas de la guerra asociados al Banco Mundial.

Entonces se enfocaron y le dieron gran importancia a la persecución, criminalizaron al campesino, al productor. Por otro lado recurrieron a las fumigaciones con glifosato que en realidad eran un elemento de guerra. Es la utilización de una sustancia tóxica, de un veneno al servicio de la guerra. El factor más importante en esta estratégica, no era matar la mata, sino generar terror en la población, a costa de daños muy grandes para la población civil, sin ninguna consideración con las normas del DIH, ni con los códigos de manejo de plaguicidas o de agrotóxicos, incluso establecidos por la FDA o por los fabricantes.

Aquí, en Colombia hubo una operación militar que las organizaciones de derechos humanos y de paz denominamos desde el principio como una guerra química. Ese es un capítulo que tiene que evaluarse y establecer las responsabilidades por este crimen de guerra y de lesa humanidad.

 

La fumigación aérea con glifosato mezclado con POEA y CosmoFlux no tuvo las características del agente naranja, pero la metodología general si fue similar a los aprendizajes en Vietnam, que además tiene una marca de tragedia y deshonra para quienes lo hicieron teniendo en cuenta que Colombia ha sido en único país del mundo en donde durante quince años se ha hecho una guerra con tóxicos desde el aire contra la población civil, para destruir no solamente las plantaciones de coca, sino para destruir las condiciones de existencia de esas comunidades y supuestamente disuadirlas para que le retiraran el apoyo a la guerrilla.

 

Entonces el balance del Plan Colombia, tiene que hacerse teniendo en cuenta, la fumigación de 1,600,000 hectáreas rociadas con glifosato, con efectos también en la salud que han sido denunciados en demandas colectivas de miles de campesinos, que han sido desestimadas, pero que han tenido un impacto efectivo. Incluso hay sentencias de la Corte Constitucional que señalan que efectivamente hay asociación entre la fumigación, daño a la salud y el desplazamiento.

 

Con el Plan Colombia los estrategas externos y locales escogieron como prioridad la guerra al campesino productor, en lugar de tener políticas sociales de atención del campesino que se ve obligado a refugiarse en el cultivo de la hoja de coca o de la marihuana para poder sobrevivir. Esa política se mostró completamente insuficiente, parcial. Lo que hizo fue fomentar el efecto globo o la migración de cultivos entre regiones, la migración a otros países, la regionalización en el área andina de todo el cultivo y la cadena de narcotráfico. Entre tanto los los grandes hilos del negocio fueron descuidados.

Esta claro que los factores determinantes de todo el fenómeno en el narcotráfico, no están en el campesino cultivador ni en la relación de ellos en algunas partes con la economía de la cocaína, sino que esa multinacional está más asociada a dinámicas internacionales. El gran negocio del narcotráfico se fundamenta en el prohibicionismo y tiene sus eslabones fundamentales en la distribución y en el lavado de activos y no en el cultivador. El desenfoque de la guerra antidroga ha sido un error histórico que afectó a cerca de 400 mil familias de manera directa en el transcurso de los quince años. Algunos estimativos, hablan de más.

Pero eso significa que se negó una alternativa de desarrollo, una alternativa real de bienestar para el campesinado colombiano, para involucrarlo en una estrategia de guerra, que tenía como objetivo la población misma y no objetivos legítimos.

Podemos ver cual es la realidad del mercado actual de sustancias sicotrópicas: hay desplazamiento de mercados como sucede con cualquier mercancía y por supuesto las anfetaminas y otra serie de sustancias han cogido auge. Hay ciclos generacionales en relación a la cocaína o la marihuana, pero lo cierto es que de conjunto el tema de la cocaína y la marihuana continua vigente como gran negocio a nivel mundial y también como problema de salud.

Hay un viraje en la política, el presidente Obama comenzó ese viraje hablando de erradicar la estrategia de guerra, en materia de drogas y pasar a una concepción distinta. Se ha quedado corto y sigue primando la posición prohibicionista y represiva, pero esa expresión es indicativa de que se agotó esa estrategia y que tiene que abrirle campo a otras realidades. En Estados Unidos hay otras tendencias en relación a política de drogas y a la regulación en salud sin prohibicionismo; eso es lo que se está abriendo campo y no guerra de drogas. Cada vez se reconoce más que lo necesario es una política social y sanitaria en materia de drogas. En esta dirección se ha pronunciado el Ministro de Justicia de Colombia en los foros internacionales que preparan la cumbre de las Naciones Unidas sobre drogas que se realizará en abril de 2016 con un vergonzante reconocimiento del agotamiento del militarismo droga – adicto.

Ese giro en algunos discursos oficiales indica el fracaso de la política de guerra antidroga y corrobora que en Colombia la guerra antidroga en realidad fue la mampara para una guerra definida como anti narcoterrorista.

 

¿El Plan Colombia, influyó en la consolidación del paramilitarismo?

Pues si uno mira, el Plan Colombia concentró los esfuerzos en la guerra anti subversiva. Esa fue la orientación de la intervención de Estados Unidos con apoyo a la inteligencia, con instrumentos de innovación tecnológica, nuevos sistemas de información, incorporación de unidades móviles con helicópteros y fuerzas aerotransportadas. Todo ese paquete fue orientado en contra de la guerrilla y colocaron en un tercer nivel lo relacionado con los narcoparamilitares. A las llamados Bacrim las consideraron un asunto de policía e hicieron una división de tareas bastante curiosa: frente al narcotráfico y los nuevos paramilitares la policía y los carabineros y frente a la subversión las fuerzas militares.

Esa débil acción frente a los paramilitares, no obstante que se manejaba el discurso antidrogas, ha sido parte de las tolerancias que han tenido el Estado colombiano y Estados Unidos y que ha permitido el avance y la reproducción de estas estructuras.

Es un asunto contradictorio porque por otro lado esta política presionó rupturas de alianzas entre instituciones estatales y el narcotráfico. Es decir que hubo presiones desde los Estados Unidos para que el gobierno y los sectores del poder en Colombia rompieran la alianza con el paramilitarismo y con los narcoparamilitares. Digamos que sí se pasó de la etapa en la que se hacia la guerra desde la alianza privilegiada con el narcotráfico y los paramilitares a una etapa en la cual se buscaba institucionalizar la fuerza pública y se privilegiaba la alianza con los Estados Unidos. Pero en la realidad se ha dejando un margen grande de tolerancia que se ha expresado durante este tiempo en vasos comunicantes entre gobernantes, unidades de la fuerza pública, de policía y militares, con el narcotráfico, alianza que garantiza la reproducción del negocio. Sino tuvieran una complicidad, en los territorios, en las políticas de instituciones y en gobiernos, no tendrían tanta fortaleza el narcotráfico, los narcoparamilitares y los poderes legales que se lucran de toda la cadena y del lavado de activos.

Entonces no hay que desconocer los cambios de estrategias. Primero fueron las políticas de alianza con el narcotráfico y los paramilitares, en un periodo marcado por la guerra fría para combatir el comunismo que se prolongó hasta mediados de la década pasada. Después, con los replanteamientos tardíos de seguridad en el período de post guerra fría, las doctrinas y prácticas de intervención se fueron ajustando a la guerra antiterrorista, pero en este segundo periodo podemos decir que hay omisiones, tolerancias y prioridades militares que dejan mucho espacio al narcoparamilitarismo.

 

Uso de mercenarios por parte de Estados Unidos en el Plan Colombia

La implementación del Plan Colombia, supone en muchos aspectos la privatización de la acción militar. Es la moda de la tercerización y los contratistas de servicios para la guerra. Con el Plan Colombia, por ejemplo, llegaron los que manejan las avionetas y los helicópteros, los que son proveedores de armas, muchas empresas que tienen mercenarios y que tienen características favorables para acciones encubiertas o de bajo perfil. Con menos control y menos visibilidad de la responsabilidad estatal en relación a los derechos humanos.

Desafortunadamente son empresas multinacionales de seguridad, que se han conformado con los retirados y expertos de las guerras en medio oriente y en Afganistan o antes en Vietnam y que han formado todas estas agencias de guerra, que son parte de la privatización de la guerra y de las fuerzas armadas.

Entonces ese componente ha estado presente también en el Plan Colombia, con una nueva forma de mercenarización que ha marcado mucho todo este periodo de guerra.

 

¿Por qué se dio toda esa mercenarización y no fueron las fuerzas reguladores estadounidenses que actuaron en el Plan Colombia?

Lo que pasa es que las estrategias militares de guerra han cambiado y ya el elemento central de la estrategia no está en la infantería, ni está en las fuerzas de terreno. Ese componente pasó a ser secundario, lo que no quiere decir que no hayamos tenido aquí misiones muy numerosas. En algunos momentos había 500 militares autorizados, pero en realidad hay asesores y contratistas de todo tipo. La embajada de Estados Unidos en Colombia, se convirtió en un búnker de estrategia militar. En este periodo el tema central es el tema de comando, es la dirección estratégica, la inteligencia y la tecnología.

La aplicación de esas nuevas tecnologías, abarca campos como la robótica, el uso de unidades aerotransportadas. Entonces el manejo de esa información, de los mapas generales del conflicto, la asistencia directa al comando de la conducción de la guerra, es la clave y es lo que ha sido la nueva orientación de los Estados Unidos. Se llama guerra sin sangre norteamericana, es decir lo más alejados del escenario de la confrontación directa, aplicando al máximo las nuevas tecnologías para la guerra. La insustituible labor en terreno la asumen contratistas, comandos élite importados y varios centenares de miles de soldados y policias colombianos.

Pero ya sabemos que Colombia no ha tenido una elaboración autónoma de estrategias y podríamos decir que esta guerra antisubersiva, fue estratégicamente ganada por el estado colombiano en alianza con los Estados Unidos. El componente decisivo fue la dirección y mando en ciencia y tecnología que le imprimieron los EEUU y una oficialidad local formada en sus escuelas y con experiencia en terreno.

 

¿El Plan Colombia permitió posicionar a los EEUU en el Cono Sur, para la creación de 5 nuevas bases militares?

Colombia si ha actuado como una gran base para la acción y la estrategia de EEUU en el posicionamiento del continente. Después del desmantelamiento de la base de Manta en Ecuador, Colombia adquiere más importancia, no mediante el establecimiento de bases, sino el uso de las bases existentes para los requerimientos estratégicos de los EEUU. Desde las bases en Colombia el Comando Sur logró un radio de acción regional muy importante a través de los sistemas satelitales y con equipos con capacidad para llevar tropa a largas distancias, incluso hacía Africa y otros lados, su así lo llegara a dictar la lógica de seguridad para el control de recursos y el apoyo a aliados.

Es decir que Colombia ha sido una posición que tiene condiciones geográficas y políticas estratégicas valoradas por los EEUU para considerar a sus gobiernos como los aliados más fieles. Es una relación privilegiada que ahora se une a las relaciones muy estrechas con México para fortalecer los esquemas de seguridad regional.

 

Quince años del Plan Colombia

 

Se cumplen los quinces años del Plan Colombia en el momento en que se están firmando unos acuerdos de paz. Según el balance que hacen algunos sectores importantes en el congreso de EEUU y en el Departamento de Estado, es un ejemplo exitoso al lado de los fracasos en Irak o Afganistan, de lo que ha sido la política se seguridad de los EEUU.

Pero desde el punto de vista de los objetivos declarados, formalizados en el Congreso de los EEUU como guerra antidrogas y como consolidación de la democracia el Plan Colombia ha tenido resultados muy dudosos. Pero, sin menospreciar la necesidad de los balances, el punto ahora es ver hacía el futuro la responsabilidad y la política de los EEUU en Colombia. Lo fundamental es que los EEUU, así como fueron un componente de la guerra, ahora se asuman como un componente de la paz. No como un beneficiario de la reconstrucción al estilo de lo ocurrido en Irak en donde los estrategas de Bush planearon la guerra y al mismo tiempo los negocios post ocupación. Hasta el vicepresidente de los EEUU en ese momento tenía todos sus contratistas listos, antes de que destruyeran Irak con una mentira, para después hacer los negocios.

Creo que aquí habría que discutir una nueva alianza, sobre otras bases, como el respeto a la soberanía, una alianza para la reparación, desde el reconocimiento de la responsabilidad de los EEUU por los efectos de la guerra en todos los sentidos, Una nueva alianza que prometa una era de paz, sobre la base de contribuir a un desarrollo con equidad y con fortalecimiento de las capacidades productivas, intelectuales, tecnológicas de todo tipo. La aspiración en el post conflicto debe ser que EEUU se comprometa a una política de paz constructiva y de beneficio especialmente para el pueblo colombiano. Es una petición de deseo, pero las ilusiones a veces tienen necesidad de convertirse en fuerzas morales y políticas.

 

Fuente: http://www.indepaz.org.co/el-plan-colombia-15-anos-de-guerra-de-estados-unidos-en-colombia/

 

En consecuencia, la «contrarreforma agraria integral» se concreta con una sucesiva transformación de la lucha de clases en guerra contra los pueblos implícita en el Plan Colombia. Reflexionemos sobre:

La segunda fase del

Plan Colombia en acción
28 de marzo de 2008

 

Raúl Zibechi

 

Es muy probable que el bombardeo del ejército colombiano contra el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano haya sido la primera acción de envergadura del Plan Colombia II, estrenado hace un año con un gigantesco presupuesto que multiplica por cinco los fondos destinados al Plan Colombia I. El objetivo de la segunda fase consiste en una Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social para el periodo 2007-2013. Las inversiones se elevan de 10 mil 700 millones de la primera fase a 43 mil 800 millones para la segunda, una cifra alucinante que sólo podrá ser compensada por las expectativas de las multinacionales –las grandes beneficiarias– de conseguir grandes ganancias en Colombia.

Más allá de las declaraciones, todo indica que la segunda fase del Plan Colombia no estará dirigida hacia lo que declaran sus promotores, como ya sucedió con la primera fase. Un buen ejemplo es lo que viene sucediendo con los cultivos de coca. Es cierto que el volumen de cultivos parece haber disminuido en Colombia, pero se mantiene estable en los últimos años, y en una década las exportaciones de cocaína a Estados Unidos no han decrecido y registraron un récord en 2007. Según diversos análisis, lo que está sucediendo es una difusión de los cultivos a otras regiones y a otros países. Más aún, las técnicas de los exportadores se vienen perfeccionando con la construcción de decenas de semisubmarinos que pueden transportar hasta 12 toneladas de cocaína cada uno. La Guardia Costera estadunidense informa que este año espera capturar hasta 120 submarinos de los narcos frente a los 23 capturados en los últimos años. La proclamada guerra contra las drogas es un fracaso inocultable.

Por otro lado, la prensa colombiana informa estos días que los paramilitares están de retorno luego de unas breves vacaciones. El grupo más activo se denomina ahora Águilas Negras. Cuenta con unos 4 mil efectivos procedentes de paramilitares que no se acogieron a la desmovilización auspiciada por el gobierno de Álvaro Uribe y por nuevos efectivos reclutados por los narcotraficantes, con los cuales estos grupos tendrían especial afinidad. Días atrás lanzaron amenazas de muerte contra los movimientos sociales convocantes de la marcha del 6 de marzo en homenaje a las víctimas del paramilitarismo. Una parte considerable de esos grupos actúa cerca de la frontera con Venezuela.

Respecto de la guerrilla, aunque debilitada está lejos de ser derrotada, y aunque ha sido duramente golpeada en varias regiones, su principal retaguardia, en las selvas del sur, se mantiene intacta. Ahí fracasó estrepitosamente el Plan Patriota, que pretendió desalojar a las FARC de una región que conocen y controlan hace tiempo. En resumidas cuentas, el Plan Colombia I consiguió algunos resultados, pero está lejos de ser un éxito, por lo menos en función de los objetivos declarados. Sin embargo, tanto el Plan Colombia I como su segunda fase están dando muy buenos resultados en dos aspectos no declarados y ni siquiera mencionados lateralmente en la propuesta: los negocios marchan viento en popa y la desestabilización de la región ha escalado varios pasos.

En efecto, el llamado “clima de negocios” que se respira en las principales ciudades del país, que se resume en las inversiones extranjeras directas, revela que Colombia se ha convertido en uno de los destinos preferidos de las multinacionales de la minería, los hidrocarburos y el agronegocio. Hoy se coloca sólo detrás de México, Brasil y Chile en su capacidad de captar inversiones. Se asegura que la mayor seguridad es lo que explica esta afluencia de capitales. En realidad, gracias a la intensificación de la guerra promovida por el Plan Colombia hay ya 4 millones de desplazados, 10 por ciento de la población del país, que están siendo expulsados precisamente de aquellas zonas apetecidas por el negocio multinacional. Puede decirse que la política del desplazamiento forzado es funcional, y necesaria, para el aterrizaje de las multinacionales.

El Plan Colombia II pretende actuar de modo decisivo sobre las dos fronteras calientes: Venezuela y Ecuador, además de profundizar la penetración en la región del Cauca, donde opera el movimiento indígena colombiano, el único actor social capaz de plantarle cara a la guerra y a las multinacionales. Ello augura un futuro inmediato más que complejo para el subcontinente. La acción militar del primero de marzo puede ser apenas la primera de una serie destinada a desbordar la guerra interior más allá de las fronteras, siguiendo los pasos de los cultivos de coca. No se trata de una desviación sino de un efecto deseado. La política hegemónica de Washington pasa por la desestabilización de los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, pero también por acotar las iniciativas provenientes del Mercosur. De ahí la reciente propuesta de Brasil de crear un Consejo de Seguridad de Sudamérica, que incluye sólo a los 10 países de la región.

Según el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, se trata de una iniciativa brasileña que de forma explícita excluye a Estados Unidos. La iniciativa comenzó a ser diseñada durante la crisis militar entre Ecuador, Venezuela y Colombia y se propone el control de las fronteras, la lucha contra grupos ilegales y la posibilidad de participar en operaciones de paz como las que encabeza Brasil en Haití, en la que participa un amplio contingente militar de la región. Otras versiones aseguran que la creación del Consejo de Seguridad regional fue pactado en la reciente visita de Condoleezza Rice a Brasil, ya que Washington seguiría interesado en que el país de Lula modere los ímpetus de Venezuela y Bolivia.

Aún es pronto para saber cuál de las dos lecturas es la más cercana a la realidad. Sin embargo, ya sabemos que la segunda fase del Plan Colombia está destinada a barrer con aquellos que desde los movimientos y los gobiernos se oponen, aun parcialmente, a la política de “dominio de espectro total” diseñada por las multinacionales y el imperio.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2008/03/28/index.php?section=opinion&article=023a1pol

 

 

Subrayemos: "Ya no se busca exportar hacia el sur un modelo biopolítico de centralidad que permita el desarrollo paulatino de la periferia, sino, todo  lo contrario, de exportar al sur un modelo de marginalidad que permita convertir a los latinoamericanos y latinoamericanas en los nuevos «hispanos del sur» es decir un contingente de trabajadores ya no disciplinados sino seducidos por la fascinación de una cultura consumista que no permita desarrollar proyectos de vida libertarios".

 

 

 

El Plan Colombia una estrategia neocolonial

en América Latina.
Pacarina del Sur [En línea], año 3, núm. 10, enero-marzo, 2012.

 

Martha Cecilia Gutiérrez[1]

Este artículo muestra cómo las políticas militaristas utilizadas por el gobierno de Estados Unidos en el continente se inscriben en una lógica neocolonial que intentan mantener el control económico, político y social sobre el continente. Los acuerdos de cooperación firmados en el marco del plan Colombia, constituyen una clara violación de la soberanía y se constituyen en una amenaza permanente para la paz y la estabilidad de la región.

 

Marco en el cual se inscribe el plan Colombia

En junio de 2000 el presidente norteamericano Bill Clinton, formuló una propuesta para luchar contra el narcotráfico y «garantizar la Paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado colombiano». El debate de esta política coincidió con la intensa campaña electoral, en la que los Republicanos acusaban a los Demócratas de su excesiva pasividad frente a dos realidades, que exigían un replanteamiento estratégico por parte de la Casa Blanca: el crecimiento de los cultivos de coca y las negociaciones de paz emprendidas por el presidente Andrés Pastrana Arango desde 1998 con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). [2]

Los demócratas presionados por la mayoría republicana en el congreso, aceptaron finalmente una nueva propuesta, la cual se conoce con el nombre de “Iniciativa Regional Andina”, la cual proponía dos estrategias. Una explícita, relacionada con la oferta de drogas en el continente, para la cual plantearon la disminución de áreas cultivadas mediante la destrucción química o biológica del 50% de los cultivos de coca y amapola, y otra, dirigida al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas colombianas para su lucha contra las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 

De esta manera, los acuerdos anteriores firmados entre los gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton para diseñar una política conjunta para el fortalecimiento del Estado, fueron dejados de lado y los norteamericanos se adelantaron a decir que su política antinarcóticos no era negociable, colocándose en contra de las negociaciones de paz, que en aquel momento se estaban desarrollando entre el presidente Pastrana y el secretariado del estado mayor conjunto de las FARC en la zona del Caguán, acabando prácticamente con el proceso de negociación, que de por sí, presentaba ya numerosos inconvenientes debido a la falta de compromisos reales de cada una de las partes involucradas en la negociación.[3]

Con la pérdida de las elecciones de los demócratas que tenían como candidato Al Gore y el triunfo de George W. Bush, la propuesta política dio un nuevo viraje y el Plan Colombia logro su aprobación sin mayores restricciones. Los Republicanos presionaron la aprobación de un «Plan Colombia cargado de contradicciones, en donde se intentaba reconciliar enfoques mutuamente excluyentes en torno al vínculo entre las drogas y la paz»[4] Pero los estadounidenses estaban dispuestos a utilizar nuevamente el mecanismo de reconocimiento que da Estados Unidos a los países que no acatan las directrices de la lucha contra el narcotráfico en el continente, conocido como “la carta de certificación” [5] del país, y que seguramente no sería otorgada en aquel año, si la política del plan que ellos proponían no lograba ponerse en marcha. Esta situación presionaba a Colombia para aceptar dicha propuesta, pues su rechazo la dejaría por fuera de las políticas económicas. [6]

 

Estrategia económica del plan

Algunos académicos sostienen que este plan se inserta en la reconfiguración de los diseños globales y en  particular con la posición dominante de Estados Unidos sobre el resto de  América. Pero además, que el Plan Colombia es un buen ejemplo de la complicidad entre los gobiernos locales de los hoy llamados “países emergentes” del ex tercer mundo y los diseños imperiales (económicos y militares) de los gobiernos del  primer mundo.[7]

La nueva reconfiguración de los poderes económicos a nivel mundial obligó a los Estados Unidos a buscar nuevos aliados, de manera que pudiesen ampliar y fortalecer un entorno político favorable a las invasiones militares y a los tratados de libre comercio que se pondrían en marcha de manera paralela en la región de América Latina con el objetivo de garantizar la sobrevivencia de un Imperio que comenzaba a sentir la crisis de su propio modelo económico. Pero además, existía un interés político por mantener controlados sus espacios de dominación, especialmente cuando se empezaban a plantear ideas decoloniales en los países del sur, planteando una ruptura con el Imperio y con las formas de vida que durante siglos han sido impuestas, a través del modelo de modernidad/colonialidad.

Frente a este postulado podemos concluir que el plan Colombia se corresponde con la estrategia de colonialidad, encajando perfectamente en los nuevos diseños globales puestos en práctica por el modelo neoliberal, en donde la acumulación capitalista se pone por encima de las vidas humanas “marcando la diferencia colonial que distinguía culturas superiores de culturas inferiores, hoy en cambio, lo que ha perdido valor es simplemente la vida humana”.[8]

 

Precisamente, los argumentos del plan Colombia se enmarcan en una nueva geopolítica que ya no es comprensible en términos del Imperialismo, pues corresponden a un dispositivo no moderno sino posmoderno de la colonialidad del poder. Ya no se busca exportar hacia el sur un modelo biopolítico de centralidad que permita el desarrollo paulatino de la periferia, sino, todo  lo contrario, de exportar al sur un modelo de marginalidad que permita convertir a los latinoamericanos y latinoamericanas en los nuevos “hispanos del sur” es decir un contingente de trabajadores ya no disciplinados sino seducidos por la fascinación de una cultura consumista que no permita desarrollar proyectos de vida libertarios. En este contexto, el desplazamiento de la centralidad ha producido una nueva avanzada de la derecha norteamericana, que busca reposicionar a Estados Unidos en el escenario del poder a nivel mundial. Como alternativa a su crisis, han planteado una especie de neo nacionalismo aislacionista, apoyándose en el bloque continental hoy llamado ALCA, en el que los trabajadores y consumidores, son concebidos como una simple prolongación de los hispanos de la segunda generación (o latino-estadounidenses).

 

Como estrategia de dominación  el Plan Colombia no es una mera repetición de las pretensiones imperialistas del pasado, sino que hace parte de un diseño global mucho más complejo, en el cual se combinan elementos de expansión militarista con fuertes distancias aislacionistas. La anexión de América Latina al modelo hegemónico de producción, ya no se realiza bajo la forma del capitalismo liberal clásico. Difiere, entre otras cosas, en que opera sin necesidad de apelar al “contrato social” y se concentra en la expropiación ya no solo de mano de obra barata, sino de conocimientos subalternos que antes se catalogaban como “pre modernos” y ahora se convierten en conocimientos importantes para el mercado global. Es decir, que la incorporación de las periferias a la economía del sistema-mundo continúa pasando por la “vía colonial” pero asumiendo ahora formas diferentes.

El Plan en el Nuevo Orden Global

El nuevo orden global proclamado por el gobierno de Estados Unidos para proteger sus intereses en el mundo, impuso un modelo de lucha contra el terrorismo a nivel mundial, convirtiendo a los “ciudadanos/as de a pie” en potenciales terroristas y justificando por la vía militar el control sobre amplios territorios del planeta, especialmente en aquellas zonas estratégicas para la explotación de los recursos naturales; la utilización de la biodiversidad por parte de la gran industria farmacéutica; la explotación de recursos mineros (especialmente del petróleo) y el control de grandes áreas destinadas a la libre circulación de mercancías.

El presidente Uribe que asumió la presidencia en 2002, interiorizó esta propuesta y puso en marcha un modelo de seguridad en la que combinaba muy bien dos componentes del plan: el económico y el militar. De esta manera, los dineros girados a través del plan Colombia en sus primeros diez años de existencia, unos 60 mil millones de dólares, permitieron la adecuación del ejército colombiano a los nuevos retos del siglo XXI, garantizando la modernización del aparato represivo y la instalación de la tecnología norteamericana destinada al espionaje y la contra inteligencia en el continente. Para garantizar la disminución del narcotráfico y la derrota de las guerrillas, el ejército colombiano asumió la conducción de la guerra en dos frentes: un frente ideológico y un frente militar.

a) En el frente ideológico puso en marcha una campaña mediática a través de las cadenas televisivas y periódicos nacionales, ganándose el apoyo y la simpatía de la población civil, mediante las acciones cívico y militares llevando servicios médicos, odontológicos, y haciendo donaciones para infraestructuras en las zonas más apartadas del país, en donde se desarrollaban sus acciones militares.

b) En el frente militar se planteó una reestructuración al interior del ejército para modernizar e incrementar las operaciones militares, contando con el apoyo de las corporaciones privadas, contratadas por el gobierno de los Estados Unidos. La operación de «reingeniería» del ejército implicaba, colocar varios de sus frentes bajo las órdenes directas del comando sur del ejército de los Estados Unidos, asegurándose de paso un mayor control militar sobre la región, mediante el dispositivo de nuevas bases militares continentales. [9]

La primera fase de su ejecución se realizó en el departamento del Putumayo[10] y progresivamente se fueron ampliando las operaciones a otras regiones del país. La modernización del aparato militar implicó la creación de unidades de acción rápida con radares de alta potencia, entre los cuales se han referenciado los siguientes: Radar de Asiento en la Isla de San Andrés; Radar de asiento en Riohacha; Radar y base terrestre en Marandúa y Vichada, Brigada 24 del ejército en Putumayo; Brigada Oriental del ejército en Puerto Carreño y el departamento de Vichada; Radar y base terrestre en San José de Guaviare y escuela de entrenamiento de Barrancón; Brigada del ejército en Caquetá; Base militar de Tres Esquinas en Putumayo; Brigada de Patrullaje fluvial en Puerto Leguízamo (Putumayo); Radar con base terrestre en Leticia Amazonas, Base militar en Tolemaida ubicada en el departamento del Tolima con 18 helicópteros HV-1N. [11]
 

Después de 9 de años de ejecución del plan y de un amplio desarrollo de las fuerzas militares colombianas, el gobierno de Álvaro Uribe terminó aceptando la propuesta del Comando Sur de los Estados Unidos, para instalar y utilizar las bases militares de Palanquero, Apiay, Malambo, Cartagena, Tolemaida, Larandia y Bahía Málaga. De todas ellas, la más importante es la base de Palanquero por su situación estratégica y las instalaciones de que disponen, para ello se apropió un recurso de cercano a los 46 millones de dólares.[12] Estas bases se convertirán en puntos de apoyo para transportar tropas y equipos de guerra a cualquier parte de Suramérica, Centro América, el Caribe y países de África Occidental. Según la investigadora Eva Golingerel,[13] el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha señalado que, “la base militar de Palanquero apoyará el trabajo del Comando Sur y facilitará la ejecución de operaciones militares en el continente”, debido a su posición geográfica y su cercanía con Venezuela. El acuerdo suscrito el 30 de octubre de 2009 por el ministro de relaciones exteriores de Colombia (Jaime Bermúdez)  y el embajador Estadounidense William Brownfiel, ha generado numerosas voces de protesta tanto al interior de Colombia , como en los países vecinos debido a que este acuerdo posibilita las operaciones de Estados Unidos en territorio colombiano sin mayores dificultades en un radio de operaciones bastante amplio, poniendo en serio riesgo la estabilidad y las relaciones de Colombia con sus vecinos en el continente. Otro de los temas complicados del acuerdo se refiere a la inmunidad del personal estadounidense, debido a que no podrá ser juzgado por las autoridades colombianas en caso de cometer crímenes dentro del territorio nacional, incluso aquéllos cometidos fuera de sus funciones.

La instalación de estas nuevas bases militares en Colombia, se suman a las cinco bases existentes en Latinoamérica y el Caribe, una en Guantánamo (la base más antigua donde mantiene a 850 militares); la base de Soto Cano, en Palmerola Honduras con 500 militares estacionados, que apoya las actividades antinarcóticos desde donde realizan proyectos de asistencia cívica, apoyo a desastres naturales y monitoreo en los cielos y aguas de la región; la base de Comalapa, en el Salvador tipo FOL[14], utilizada para detectar el tráfico de drogas marítimo; una base en Aruba el mar Caribe y una base en Curazao, con 230 militares para monitorear el mar Caribe. Este despliegue militar por el continente hace parte de la estrategia del comando sur para los años futuros, en donde se propone la construcción de una serie de círculos envolventes sobre el continente, coordinados por las bases militares ya instaladas y desde donde se monitorea el movimiento de tropas, la recepción y el suministro de información, etc. Estos círculos serían: [15]

1.  El círculo formado por las islas del Caribe, el Golfo de México y Centroamérica, que cubre los yacimientos petroleros más importantes de América Latina y que se formaría con las bases de Guantánamo, Reina Beatriz, Hato Rey, Lampira, Roosevelt, Palmerola, Soto Cano, Comalapa y otros tantos puestos militares de menor importancia.

2.   El círculo que rodea la cuenca Amazónica que iría desde el canal de Panamá, coordinándose con las bases de Larandia, Tres Esquinas, Caño Limón, Marandúa, Riohacha, Iquitos, Pucallpa, Yurimaguas y Chiclayo. Movilizando tropas hasta Bolivia, e instalando nuevas bases militares en Brasil y en la punta de Argentina.

3.   La última frontera o la capa envolvente más externa, está conformada por los ejercicios militares en los océanos Pacífico y Atlántico y en el Mar Caribe: en todo lo que circunda a América Latina.[16]

En los últimos años se han realizado ejercicios sistemáticos, que les permite realizar un patrullaje constante alrededor de América Latina y mantener allí una presencia más o menos permanente. “Son ejercicios que tienen un carácter secuencial, evolutivo, y que marcan en verdad un circuito de frontera que, por ser externa a las aguas territoriales de los países correspondientes, queda a cargo, nuevamente, del gendarme mundial”. [17]Toda esta operación militar sobre el continente tiene como objetivo fundamental, garantizar la seguridad al imperio, y permitirle un mayor control sobre todos los recursos, los cuales estarían disponibles en caso de necesitarlos para su supervivencia.

 

Resultados del Plan

Frente al balance del plan Colombia en sus primeros diez años (2000- 2010),  existen varias investigaciones al respecto, entre ellas podemos mencionar las realizadas por: la GAO (Government Accounting Office) de los Estados Unidos presentada en el año 2008, Wola, [18] y el TNI,[19] en donde se plantean algunos puntos para la evaluación del Plan en las fases I y II, en los componentes de erradicación e interdicción de cultivos ilícitos, y sobre la derrota militar a las guerrillas en Colombia; en los cuales se habrían invertido 6.100 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, y más de 120 billones de pesos por parte del gobierno colombiano, lo equivalente a 60.000 millones de dólares. Teniendo en cuanta los análisis hechos por varias organizaciones no gubernamentales, los resultados del plan Colombia podrían resumirse de la siguiente manera:

  • Las metas de reducir la producción de coca a la mitad no se cumplieron y Colombia sigue siendo hoy el principal exportador de cocaína a los Estados Unidos, disputándose ese puesto con México.

  • El gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, asestó duros golpes a la guerrilla de las FARC, logrando una disminución de su capacidad política y militar.

  • Los programas de “desarrollo alternativo” apoyados con recursos de cooperación internacional no lograron romper con el esquema de la producción para las grandes empresas de palma africana y otros productos de exportación capitalista, dejando a los pequeños productores de hoja de coca con más dificultades económicas que posibilidades de éxito.

  • Los programas de apoyo al fortalecimiento en la justicia han tenido resultados importantes, pero aún persisten problemas de lentitud y efectividad en las investigaciones y el juzgamiento a los grupos paramilitares, unidades del ejército involucrados en actos criminales, parapolíticos y altos funcionarios del Estado acusados por actos de corrupción.

  • El plan Colombia contribuyo en la reconfiguración del poder político de las elites y del Estado. Las continuas exportaciones de cocaína y otros estupefacientes, durante más de 25 años, acumularon una masa enorme de bienes y capitales. Situación que permitió el ascenso de una clase social criminal- reaccionaria – la clase de empresarios, ex empresarios y testaferros  de la cocaína, cuyo enorme poder económico y militar  tenían que reflejarse necesariamente en la política y en la transformación del Estado.  El régimen de Álvaro Uribe Vélez, marca el momento en el que la clase pasa de ser emergente y detentadora de unos poderes regionales, a formar parte del poder nacional.

  • El alto costo financiero y en vidas humanas de la guerra. “En 2010 se estima que los muertos entre soldados, policías, guerrilleros, y paramilitares son unos 21 mil. Los civiles no combatientes muertos unos 14 mil. Y todo esto sin contar los combates que se libran que no involucran a las fuerzas de seguridad (otros miles)”. [20]

  • Regionalización del conflicto colombiano que se inicia precisamente con el Plan Colombia, cuando el Congreso de Estados Unidos (2001) aprueba la financiación para los centros de Operaciones Avanzadas (FOL) en Ecuador, Aruba, Curazao y el Salvador.

Pese a este tipo de críticas, para el gobierno de Colombia los resultados son alentadores, pues se ha logrado un mayor control de territorio, un afianzamiento de la gran industria capitalista mono exportadora, y una disminución significativa del poder operativo de las guerrillas. En virtud de estos resultados a finales de noviembre de 2007, el gobierno de Colombia realizó la III Conferencia de Cooperación Internacional, en donde presentó una propuesta de continuidad del Plan Colombia, basada en que:

“Las condiciones de seguridad democrática han mejorado significativamente, la economía está fuerte y se sustenta en una macroeconomía sana. Así, se ha promovido el desarrollo y la reducción de la pobreza y la desigualdad. La implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez ha permitido generar las condiciones de seguridad necesarias para recuperar la confianza nacional e internacional en las instituciones y en la economía, llevando a que hoy el país cuente con un ambiente propicio para la inversión local y extranjera”. [21]

 

A partir del informe gubernamental y con muy poca participación de la sociedad civil en las deliberaciones, se presentó a la comunidad internacional la estrategia de “Fortalecimiento de la Democracia y el desarrollo Social (2007- 2013)”, en donde se propuso “consolidar los logros y avanzar aún más en los objetivos fundamentales de fortalecimiento de la democracia, la superación de las amenazas contra la estabilidad democrática, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza”. [22] En los documentos presentados se describen algunos aspectos de la estrategia de cooperación para los próximos años, incluyendo el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), órgano de la Presidencia de la República de Colombia apoyado por la Embajada de los Estados Unidos y el Comando Sur, desde donde se dirigirán las acciones para:

·         Garantizar la legitimidad, gobernabilidad y presencia del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional recuperadas por las Fuerzas Militares y la Policía.

·         Desarrollar acciones integrales de tipo económico y social para complementar la Política de Defensa y Seguridad Democrática en el marco de la Recuperación Social del Territorio.

 

El fundamento teórico y operacional del denominado “Centro de Coordinación de Acción Integral”, fue presentado por el ex Ministerio de Defensa de Colombia, hoy presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, anunciaba que para el segundo período de gobierno del presidente Uribe (2006-2010) se pondrá en marcha “una Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD), a través de la cual se afianzarían los logros más importantes del primer cuatrienio y se avanzará en la recuperación final de las zonas donde aún persista presencia de grupos terroristas y narcotraficantes”. [23]

 

Con esta propuesta el gobierno deseaba consolidar la política de seguridad democrática buscando: a) Potenciar la experiencia adquirida en la combinación entre el componente militar y la acción integral para la recuperación social y militar del territorio y b) Avanzar en la consolidación territorial, enfocando los esfuerzos militares con la lucha contra el narcotráfico. Para desarrollar esta nueva estrategia de consolidación territorial, el acuerdo militar con Estados Unidos contempla un trabajo de coordinación inter-agencial que se fundamenta en una «Doctrina de Acción Integral» (DAI), la cual debe entenderse como:

“Un conjunto de principios que deben orientar la acción coordinada de la fuerza legítima con la acción social del Estado y la sociedad civil. El objetivo es ejecutar, en los próximos 3 años, recursos del sector de la defensa en proyectos de bienestar comunitario en zonas donde aún no ha llegado el resto del Estado y ya se encuentra la Fuerza Pública. Esta no reemplaza la acción social del Estado pero le permite al esfuerzo social ganar tiempo”. [24]

Frente a estos desafíos, el Comando Sur de Estados Unidos ha diseñado una  propuesta de “colaboración inter-agencial”[25] que se corresponden con la propuesta de la Doctrina de Acción Integral (DAI) y con el Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI), mencionado por el Ministerio de Defensa Colombiano. Aunque el Comando Sur ha sido enfático en señalar que el enfrentamiento entre Estados en el continente es casi imposible, ha planteado otros problemas y desafíos que pueden poner en peligro la seguridad, la estabilidad y la prosperidad, entre ellos: “la pobreza y desigualdad, la corrupción, el terrorismo y los delitos relacionados con el tráfico de drogas” catalogados como desafíos hemisféricos en donde se hace necesario intervenir, particularmente en la cordillera de los Andes señalada como uno de los grandes proveedores de la heroína que se consume en los Estados Unidos.

 

La continuidad de la política de seguridad en el gobierno de Santos

El continuismo que prometió Juan Manuel Santos en su campaña por la presidencia de Colombia, es una realidad con poquísimas excepciones. El modelo político es el mismo de Álvaro Uribe, es decir, está sustentado en la llamada seguridad democrática, orientado en su lucha contra el terrorismo y negativa a una salida política y negociada del conflicto armado interno.  Frente al modelo económico la propuesta es más de lo mismo, un modelo neoliberal basado en las exportaciones de materias primas y la apertura al  «libre comercio» a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC). En el terreno de las disputas de poderes regionales y locales, es decir entre la burguesía tradicional que simboliza la centralidad nacional encarnada en Juan Manuel Santos y las elites regionales vinculadas a los poderes mafiosos, las elecciones de 2011 permitieron reafirmar algunas tendencias nefastas para Colombia, entre ellas, “la continuidad de los poderes mafiosos a través de sus delfines en algunas gobernaciones y alcaldías del país”. [26] Así mismo, “algunos temas en los que van a evidenciarse cambios son en los de relaciones internacionales”. Se percibe ya una postura más conciliadora buscando reconciliaciones con sus vecinos. Para ello, nombró a María Ángela Holguín canciller de Colombia, con un talante distinto a sus antecesores nombrados en el gobierno de Uribe. Con esta posición el gobierno, “ha buscado una modificación de relaciones exteriores poniendo un ojo especial en la región de América Latina y Europa, intentando dar la impresión de no estar muy atado a la agenda política de los Estados Unidos”. [27]

 

Según Gonzalo Medina la propuesta de Santos es más discurso que realidad. “Es más de encubrir lo que ha sido característico de quienes han detentado el poder en Colombia […] se le ha tratado de dar mucho realce a algo que tiene más una pretensión clientelista”. Es decir, el discurso de Juan Manuel Santos, según el análisis de Medina, busca dar legitimidad política al “Partido de la U”, e intenta amainar los efectos contraproducentes que tuvieron los gobiernos de Uribe y encarrilar la diversidad de opinión hacia un único rumbo. Quizás lo más novedoso hasta el momento en la política del actual Presidente Santos, ha sido el cambio de rumbo en las relaciones con los países vecinos. El aislamiento internacional dejado por Uribe generó graves y profundos traumatismos en los principales gremios exportadores de carne y leche de la costa Atlántica, además de una situación bastante tensa en la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) por causa de las bases militares. Indudablemente, en el gobierno de Santos la política internacional ha sido muy distinta, y hoy los intereses de los capitalistas colombianos  están centrados en  los tratados de libre comercio y el reposicionamiento de una burguesía tradicional ligada al comercio, por ello es entendible la integración con algunos países del continente, en particular con Chile,  México, Panamá y Perú, con quienes se intenta construir la Alianza Pacifico- Sur, aspirando a situarse al frente del desarrollo de América Latina para convertirse en  interlocutores económicos de la región a nivel mundial.

 

Notas:

[1] Doctora en Filosofía, Paz y Democracia, Universidad Jaime I, Castellón, España.

[2] Congress, U.S.A., 2000.

[3] El proceso de paz se inicia formalmente en el año 1998 y termina en 2002. Los diálogos de paz fueron acompañados por gobiernos de varios países, organizaciones multilaterales, organizaciones no gubernamentales (Ongs) y sectores de la sociedad civil colombiana y extranjera.

[4] Ramírez Gomes, 2003.

[5] Es importante mencionar, que este mecanismo ha sido cuestionado por evaluaciones internacionales realizadas por algunos demócratas, quienes han señalado que tanto en el caso de Colombia, Afganistán, Bolivia, Perú y otros países productores, el modelo represivo utilizado para acabar con el problema del narcotráfico no ha generado resultados positivos con respecto a la disminución de las áreas sembradas de coca y por el contrario su aplicabilidad ha contribuido en el agravamiento de los conflictos internos y la generación de inestabilidad e inseguridad para las regiones productoras.

[6] Gutiérrez, Martha (2011), Plan Colombia: Una mirada desde la paz, España.

[7] Walsh, 2003.

[8] Mignolo, 2000.

[9] Vargas, 2003.

[10] Los Departamentos de Putumayo, Guaviare, Caquetá, son  habitados  por indígenas y campesinos, que por su tradición cultural han desarrollado una relación especial con los usos alternativos de la hoja de coca y que hoy son víctimas de la extrema pobreza y de redes de narcotraficantes que mantienen una economía ilegal en la región, trafican con pasta de coca y armas y mantienen ejércitos privados especialmente a través de los grupos de paramilitares en el sur del país.

[11] Salazar Pérez, 2002.

[12] Otero Prada, 2010.

[13] Golingerel, 2009.

[14] Forward Operation Locations (FOL).

[15] Ceceña, 2004.

[16] Hasta ahora la percepción que se tenía era la de ejercicios circunstanciales y esporádicos y en parte por esa razón no se les había concedido demasiada importancia.

[17] Ceceña, 2004.

[18] Morales Oyarvide, 2010.

[19] De Rementería, 2010

[20] Morales Oyarvide, 2011.

[21] Presidencia de Colombia, 2006.

[22] Presidencia de Colombia, 2006.

[23] Presidencia de Colombia, 2006: 13.

[24] Presidencia de Colombia, 2006: 13.

[25] «La Estrategia de comando para el año 2016 del Comando Sur de los Estados Unidos  (USSOUTHCOM, por su sigla en inglés) proporciona el método para alcanzar nuestra visión y convertirnos en una organización conjunta interagencial líder que procura apoyar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de las Américas» (Stavridis, 2007: 1).

[26] Corporacion Nuevo Arco Iris, 2011.

[27] Valencia, 2011.

 

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Plano Sur (2011): “Santos I o Uribe III”, en A pulso por América Latina. http://plano-sur.org/index.php. Consultado el 12 de diciembre de 2011.

Presidencia de Colombia (2006). Plan de consolidación. Bogotá: Presidencia de la Republica de Colombia.

Ramírez Gómez, Mauricio (2003). Plan Colombia. ¿O plan "B", ante un fracaso en la negociación? Bogotá: Observatorio de la economía latinoamericana.

Salazar Pérez, Robinson (2002). Los avatares del plan Colombia, plan dignidad y el plan puebla a panamá. México: s/ed.

Valencia, León (2011). “Primer año de Juan Manuel Santos en el Gobierno”, periódico El Tiempo. Disponible en http://www.eltiempo.com. Consultado el 12 de diciembre de 2011.

Vargas, Ricardo. (2003). Drogas, conflicto armado y desarrollo alternativo, una perspectiva desde el sur de Colombia. Bogotá: Acción Andina Colombia.

Walsh, Catherine (2003). “Las geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder”. Entrevista a Walter Mignolo, Chile, Revista de la Universidad Bolivariana.

 

 

[div2 class="highlight1"]Cómo citar este artículo:

GUTIÉRREZ, Martha Cecilia, (2012) “El Plan Colombia una estrategia neocolonial en América Latina”, Pacarina del Sur [En línea], año 3, núm. 10, enero-marzo, 2012. ISSN: 2007-2309.

Consultado el Lunes, 28 de Octubre de 2019.

. Disponible en Internet: www.pacarinadelsur.comindex.php?option=com_content&view=article&id=372&catid=14[/div2]Fuente: Pacarina del Sur - http://www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/372-el-plan-colombia-una-estrategia-neocolonial-en-america-latina? - Prohibida su reproducción sin citar el origen.

Fuente: http://www.pacarinadelsur.com/home/abordajes-y-contiendas/372-el-plan-colombia-una-estrategia-neocolonial-en-america-latina?

 

 

 Bloqueo de la lucha de clases

 

Nos interpela, abajo y a la izquierda, Colombia como avanzada del contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales. Al respecto Olimpo Cárdenas Delgado señala: necesitan la guerra para sacar adelante sus meganegocios, para tener un control social, para justificar el gasto militar, y su propuesta económica extractivista. (...) Lo más preocupante sigue siendo la proliferación de grupos armados de tinte paramilitar, en su mayoría están en cabeza del Clan del Golfo y de los carteles mexicanos del narcotráfico que se encuentran en el país; además, de otra cantidad de grupos como los autodenominados caparrapos que se mueven en la zona del Bajo Cauca y Noreste Antioqueño y que están dominando todos esos territorios que tienen características estratégicas para la inversión de multinacionales mineras o para el negocio del narcotráfico. También, en el Chocó y en el pacifico nariñense que es en donde más están desarrollados estos conflictos y concentrados estos grupos, disputándose zonas bien sea por el control de las economías que ellas produce. (...)

El paramilitarismo no es un fenómeno, es una política de Estado e imperialista con fines de control insurgente y para garantizar las grandes inversiones y negocios del Capital transnacional.

Sin embargo, reflexionemos sobre el título de la nota siguiente.

 

Colombia: » El conflicto no es sólo armado

sino social, económico y político»
16 de septiembre de 2019

Entrevistamos a Olimpo Cárdenas Delgado referente del Congreso de los Pueblos de Colombia. El objetivo de la misma es dar a conocer a los y las lectoras un panorama del conflicto en la actualidad, destacando las reconfiguraciones que adopta continuamente y las estrategias que los gobiernos utilizan para obstaculizar el desarrollo de los procesos sociales y populares que buscan formas alternativas a la violencia.

 

Por corresponsal popular para ANRed

Cuando se habla de Colombia en Argentina, las personas suelen tener presente que ha existido un conflicto en el que el narcotráfico es un elemento muy importante, información casi siempre mediada por lo que se muestra en muchas series de televisión. Además, muchas personas piensan, tanto acá como en el resto del mundo, que la firma del acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC ha constituido la conclusión del conflicto interno que tantas décadas ha azotado a Colombia. Sin embargo, lo cierto es que todavía no hay paz en Colombia y el conflicto social, económico, político y armado persiste y se profundiza cada vez más. Las consecuencias del mismo siguen poniendo en riesgo las diferentes comunidades que habitan el territorio colombiano y por otro lado, siguen sosteniendo a los distintos actores que se benefician del mismo.

Para ampliar y profundizar sobre esta situación, el capítulo argentino entrevistó a uno de sus referentes, de la conducción política de su movimiento:

 

Olimpo Cárdenas Delgado

Hace parte del equipo nacional de derechos humanos y paz del movimiento social y político Congreso de los Pueblos de Colombia. Su trabajo de interlocución lo realiza con un amplio número de organizaciones que tienen esas áreas de trabajo como centro de su acción política y social. En la actualidad, hace parte de una de las articulaciones más importantes en esa materia: Defendamos la paz, una gran estructura diversa en el espectro político e ideológico que viene liderando las acciones más importantes con incidencia nacional e internacional en materia de paz y derechos humanos. Defendamos la Paz (DLP) fue responsable de impulsar la movilización multitudinaria que se llevó a cabo el 26 de Julio en cientos de ciudades y territorios de Colombia y el mundo, en contra de los asesinatos de líderes y lideresas sociales en este país.

 

Correponsal popular: Olimpo, nos gustaría que nos pudieras dar una mirada panorámica del Conflicto en Colombia, que nos brindes los elementos que consideras necesarios para comprender el sostenimiento de dicho conflicto, por tantos años, en nuestro país.

 

Olimpo Cárdenas Delgado: Yo creo que es muy complejo reducir y sintetizar la problemática colombiana en materia de conflicto, pero hay que intentar hacerlo. El conflicto no es sólo armado, sino social, económico y político.

Primero hay que señalar los aspectos de la crisis del sistema socio-económico del país, que está basado a nuestro juicio, en una aplicación a fondo del modelo neoliberal que profundizó la desigualdad. Se dice que Colombia podría estar en el 3 ó 4 lugar entre los países más desiguales del mundo, hay ricos muy ricos y pobres miserablemente pobres. Entonces, en este país hay una situación propicia para las confrontaciones de clases, un caldo de cultivo permanente para el nacimiento y desarrollo de diferentes expresiones de la guerra y la lucha armada, de manera que ese es un elemento que lo voy a poner como principal porque normalmente no se tiene en cuenta a la hora de proponer negociaciones de paz y de solución política a los conflictos colombianos, y sería un elemento a considerar para analizar el último periodo histórico de nuestro país.

Hoy la coyuntura es el tema de la paz y los derechos humanos, o mejor, del incumplimiento al acuerdo de paz de la Habana y de la violación sistemática de los derechos humanos. Las posturas institucionales del estado colombiano, y el nuevo gobierno, que es de ultra derecha, es de negación del conflicto armado o la reducción de este a una suerte de armisticio, de dejación de armas a cambio de nada; no se quiere reconocer el acuerdo, sino que se habla de la derrota militar de las organizaciones insurgentes revolucionarias, que se alzaron en armas justamente por las razones de desigualdad social y económicas y la falta de garantías para la participación política. En síntesis, el Estado colombiano y las clases elitistas nunca han reconocido ni reconocerán el origen político y social de la insurgencia. En este sentido el Estado impone una matriz política y comunicacional en la que lo único que deben hacer las guerrillas es dejar o entregar las armas y punto. Las armas solo deben estar en manos del estado. Se niega, por otra parte, el abuso de las fuerzas militares sobre la población y las organizaciones populares y la acción conjunta de estas con los paramilitares.

Nuestra mayor tragedia, es que mientras tenemos un genocidio permanente contra las organizaciones sociales y populares, y de la oposición al régimen por parte del estado y sus organismos, el resto del mundo cree que el conflicto ya fue superado. Ese fue el resultado y la idea que quedó tras el acuerdo con la guerrilla más antigua del continente que lideraba un conflicto armado de más de 50 años, o sea las FARC. También otro elemento que no es cierto, es que fuera la única guerrilla y la más antigua porque también existe el ELN, que tiene prácticamente el mismo tiempo de antigüedad y aún se encuentra en armas. Al haber llegado las negociaciones que se dieron en la Habana a la firma de un acuerdo, se posicionó la idea de que se superaban todos los problemas del país. Entonces, sobre la base de estos elementos, que simplifican el conflicto en Colombia, hoy lo que tenemos es una situación de exacerbación de las violencias que lo provocan.

 

Estamos viviendo un genocidio político de líderes y lideresas sociales. Desde la firma de los acuerdos hasta el día de hoy se superan los 750 líderes y lideresas sociales asesinados y poco más de 150 excombatientes de la guerrilla de las FARC. Si tenemos en cuenta que en menos de 3 años se ha presentado un genocidio de tal magnitud, entonces, habría que preguntarse ¿qué es lo que en este país se puede acordar, que se puede negociar? Es muy importante que a nivel mundial se conozca lo que está sucediendo en Colombia, que es todo lo contrario a alcanzar la paz.

 

Hoy podemos decir, que se llegó a un acuerdo con un gobierno y no con el Estado colombiano. Por supuesto, que, de acuerdo a la regulación internacional, en esta materia, los acuerdos se suscriben con el Estado, sin embargo, lo que hemos visto es que el nuevo gobierno que preside Iván Duque desconoce el acuerdo y manifiesta que ese no fue un acuerdo de Estado, sino, un acuerdo de gobierno, al ser percibido así ellos no se sienten en la obligación de cumplirlo. Uno de los emblemas de su campaña electoral era “hacer trizas el acuerdo” y efectivamente lo están haciendo trizas. Hay que decir que este gobierno representa los intereses del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por tener nexos con el paramilitarismo entre muchos otros delitos, por tanto, no creemos que haya voluntad política para avanzar sobre la implementación de los acuerdos con las FARC ni en la continuidad del proceso de paz con el ELN.

 

Por otro lado, Colombia está atravesando por una situación muy crítica, en donde no solo la situación económica, política y social sigue en detrimento del bienestar de sus pueblos, sino que la violencia se incrementó. Ahora la insurgencia de las FARC está desarmada, y sin capacidad política para responder al actuar del gobierno. Hoy día, en los territorios la agudización del conflicto se da por una proliferación de grupos armados, que, en mayor medida, representan a la estructura paramilitar están por todo el país y el Estado mira para otro lado. También la problemática del narcotráfico continúa siendo un flagelo para las comunidades, la erradicación forzada, la aspersión del glifosato y el hostigamiento de las fuerzas armadas, bajo el mando y la injerencia Estadounidense con la excusa de que Colombia volvió a ser el primer productor mundial de cocaína. En tanto, las comunidades siguen viviendo en medio de este conflicto sin ninguna opción para el desarrollo de sus economías propias y sus planes de vida.

 

¿Qué otros actores participan del proceso de paz?

En Colombia, hay una insurgencia que inició un proceso de negociación, de diálogo con el Estado, es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que como consecuencia de lo que sucedió con las FARC, parece que ha tenido un crecimiento. Del ELN se decía que era la segunda insurgencia del país, por ser de menor tamaño y por el enfoque más político que militar. Efectivamente era la segunda guerrilla si tomamos en cuenta el tamaño, la cantidad. Esta guerrilla, como decía, también inició un proceso de negociación con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y fue interrumpido por el actual presidente Iván Duque. Este es un gobierno al mando del Uribismo y por tanto, conciben que la guerra se gana en el campo militar y no a través de un diálogo político. Pero es porque necesitan la guerra para sacar adelante sus meganegocios, para tener un control social, para justificar el gasto militar, y su propuesta económica extractivista. Desde que Iván Duque llegó le ha pedido al ELN desmovilizarse, desarmarse y reincorporarse a cambio de nada; para retomar la mesa de negociación exige el gobierno Duque que el ELN entregue unos supuestos secuestrados que ni el mismo Estado sabe quiénes ni cuántos son. Lo que el gobierno no concibe es sentarse a dialogar con terroristas, es decir, que este gobierno no reconoce a las insurgencias como actores políticos. Lo que también deja por fuera de toda negociación los cambios estructurales, las reivindicaciones sociales y la participación de las comunidades y victimas de toda esta guerra propiciada por el régimen de gobierno. En resumen, lo que Iván Duque le propone a la insurgencia del ELN es la “rendición”. Desde hace más de 8 meses esos diálogos están suspendidos. Hoy vemos que la consecuencia de esto es que el ELN antes que disminuirse o debilitarse por el contrario ha crecido y ocupado algunos territorios que antes eran de control político de las FARC. Sin embargo, lo más preocupante sigue siendo la proliferación de grupos armados de tinte paramilitar, en su mayoría están en cabeza del Clan del Golfo y de los carteles mexicanos del narcotráfico que se encuentran en el país; además, de otra cantidad de grupos como los autodenominados caparrapos que se mueven en la zona del Bajo Cauca y Noreste Antioqueño y que están dominando todos esos territorios que tienen características estratégicas para la inversión de multinacionales mineras o para el negocio del narcotráfico. También, en el Chocó y en el pacifico nariñense que es en donde más están desarrollados estos conflictos y concentrados estos grupos, disputándose zonas bien sea por el control de las economías que ellas producen o bien sea por la producción directa de la cocaína y la salida al mar pacifico.

En el norte de Santander, en el Catatumbo frontera con Venezuela, están presentes también el EPL, que es una pequeña guerrilla con una complejidad muy grande. Algunos la reconocen aun como una guerrilla insurgente y otros, como un simple cartel o grupo narcotraficante. En esa zona, también está presente el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC, los grupos Paramilitares y las fuerzas militares. Todos estos actores antes mencionados, también operan en el pacifico colombiano tanto en Nariño como en Choco, Cauca, el sur de Bolívar, Norte de Santander, frontera con Venezuela y Arauca. En todas estas zonas actúan las fuerzas militares, los grupos Gaula de inteligencia de la policía y el ejército. Ellos están ahí también para lucrarse de ese negocio que es el narcotráfico. Por lo tanto, podemos decir que hay conflicto armado para que haya narcotráfico. El conflicto armado es estructuralmente un conflicto por intereses económicos.

 

Para quienes no conocen la complejidad del conflicto en Colombia, cómo podrías explicar el fenómeno del paramilitarismo

No es un fenómeno, es una política de Estado e imperialista con fines de control insurgente y para garantizar las grandes inversiones y negocios del Capital transnacional. En Colombia tienen décadas de haber sido utilizados como estrategia contrainsurgente, lo hizo en los años 50, y luego en los años 80 más de la mano de los terratenientes y luego de los grandes carteles de la droga. Lo que pasa es que algunos de estos grupos se le salieron de las manos al Estado y crearon sus propios grupos como El Clan del Golfo. Éste es un grupo principalmente paramilitar, lo que pasa es que los grupos que eran netamente paramilitares, es decir, que su objetivo principal era la contención de la revolución insurgente que sostenían esa lucha apoyados por el Estado y sus fuerzas militares, dejaron esta prioridad para dedicarse más al negocio del narcotráfico, así como de otras economías como la megaminería y el agronegocio. Eso no quiere decir que hayan dejado de actuar como grupos contrainsurgentes, siguen haciendo la doble labor. Todos estos grupos paramilitares también se han fragmentado en una cantidad de bandas y de grupos como el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, entre otras, que hacen este doble trabajo, ejerciendo así un control muy amplio del territorio y confrontado únicamente por la insurgencia.

 

¿Cuál es el rol que han tenido las multinacionales en el desarrollo del conflicto?

Nosotros desde los movimientos y organizaciones sociales, desde la prensa alternativa y desde la investigación social, hemos señalado claramente el actuar de las trasnacionales en el conflicto. Estas tienen una actividad directa contra los procesos de defensa del territorio, de los procesos ecologistas y de los procesos de liderazgo social que actúan en defensa de la soberanía. Es tan claro que tienen las manos metidas en la financiación del paramilitarismo y la lucha contrainsurgente que en algunos países han sido condenados a pagar grandes sumas como sanciones económicas, por ejemplo la Chiquita Brams, empresa de los Estados Unidos por su apoyo a estructuras paramilitares; hay procesos contra la OXY, una de las petroleras más poderosas aquí en Colombia, también por su apoyo al paramilitarismo y así te podríamos citar numerosos casos. Nosotros sabemos que en prácticamente donde quiera que se desarrolla un megaproyecto, hay un procedimiento y un patrón de comportamiento, se desaloja el lugar, para ello se desplaza a los campesinos, y se deja libre el territorio para el megaproyecto; primero pasan los paramilitares y estos otros grupos, masacrando lideres o desplazando a la población campesina, afrodescendiente e indígena y luego, llegan las fuerzas militares para apropiarse de estos territorios que luego son entregados a las empresas de la élite colombiana o trasnacionales. Esto representa el modelo económico neoliberal, que arranca con una preponderancia del sistema financiero que se apropia absolutamente de todo, con una segunda fase que es la economía extractivista. Colombia no es otra cosa, que el proveedor de materias primas que ocupa el lugar que el imperialismo le ordenó en la economía mundial.

 

 

¿Qué pasa con las personas desplazadas y despojadas de sus territorios? ¿Cómo afecta el conflicto a la sociedad en general?

El conflicto armado, y la estrategia del régimen para enfrentarlo causó más de siete millones de desplazados, es Colombia el segundo país con más desplazados en el mundo. Sin embargo la sociedad no se percata de la tragedia humanitaria. Ese es otro problema grande que tenemos, y es que, por vía de otro poderoso aparato de dominación, digamos el aparato ideológico del Estado, que son los medios masivos de comunicación, la sociedad colombiana está polarizada. Lamentablemente, en los últimos años ha ganado la visión de la salida militar o lo que nosotros hemos denominado “la paz light”. Con el anterior gobierno de Juan Manuel Santos algunos consideraron que este fue período de paz, sin embargo, nosotros consideramos que fue lo contrario. Ha sido en este periodo donde se logra desarmar a una insurgencia poderosa, sin hacer las transformaciones sociales y sin implementar las disposiciones que se habían logrado con la negociación. Por el contrario, lo que vemos hoy es un discurso guerrerista posicionado y la profundización del modelo neoliberal.

No podemos olvidar que es en el gobierno de Santos donde se reforzaron las políticas contra los derechos laborales, el sistema de pensiones, los derechos territoriales, y las políticas contra los campesinos y las comunidades rurales. Es decir, por un lado Santos sonreía para la foto como premio nobel y por otro, seguía golpeando a las clases populares. Tampoco, podemos dejar de señalar que el asesinato y persecución de líderes y lideresas sociales comenzó en el Gobierno de Santos, sin demostrar ninguna voluntad política para contenerlo. Durante el último período del gobierno de Santos hubo, al menos, unos 400 asesinatos de líderes y lideresas sociales. Por eso, nosotros no lo podemos ver como un gobierno de paz ni democrático.

Nosotros estamos viviendo en el peor de los escenarios políticos, porque se ha doblegado a todo el liderazgo social, los procesos de movilización mas fuertes han tenido que enfrentar no solo el asesinato y la represión, sino también el desconocimiento de los miles de acuerdos a los que se ha llegado con el Estado luego de paros y movilizaciones. En los territorios ya no solo se desplaza, sino que se posicionan esos actores armados de derecha y narcotraficantes y en algunos lugares se perciben como si fuera algo bueno. Los medios masivos de comunicación también han jugado un papel muy importante en la negación de esta realidad, para las personas que viven en las grandes ciudades el conflicto no existe, no pasa nada. Incluso, cuando hay un paro o movilización por parte de los indígenas, los afro o los campesinos, que bloquea las carreteras, lo que encontramos es una molestia de los ciudadanos y una legitimación del uso de la fuerza contra los que protestan, no conseguimos generar la indignación de la sociedad contra todas estas políticas de muerte y esto es por el papel enmascarador que cumplen los medios hegemónicos. Nos enfrentamos a muchas dificultades, no obstante, eso no quiere decir que el pueblo haya dejado de movilizarse, de confrontar y de seguir fuerte en esta lucha por la vida.

 

 

Frente a todo este panorama que nos has planteado ¿qué vendría a ser el proceso de paz en Colombia?

El proceso de paz vendría a ser un fracaso. Porque no se entiende la paz como un asunto integral de reorganización social, económico y político de la Nación, sino un acuerdo entre las fuerzas militares del Estado y las insurgencias, y no tiene en cuenta las reivindicaciones de la gente. Por ahora ese proceso, para quienes estamos movilizándonos y organizados, pasa principalmente por detener el genocidio político del que estamos siendo víctimas y después, por la implementación de los acuerdos firmados en la Habana con las FRAC y la reactivación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. En este último punto está planteado un debate, porque entre las fuerzas democráticas que nos movilizamos por el cese de los asesinatos de líderes y lideresas sociales y por retomar las negociaciones con el ELN, tenemos algunas diferencias. Algunas personas o sectores liberales pretenden que se llegue rápido a una negociación con el ELN, en los mismos términos que se hizo con las FARC. Hay una crítica fuerte hacia el Estado para que respete los acuerdos, pero quienes nos movemos en procesos sociales y populares como el Congreso de los Pueblos, lo que hemos dicho es que la paz debe ser con justicia social y ambiental, y esto último implicaría otro tipo de negociación. Entonces, es difícil hacerles llegar a la sociedad en general esta convicción que tenemos, nosotros decimos: “paz hay, pero si hay educación, salud, vivienda, empleo, si para la explotación y el saqueo de los bienes comunes, la creación de hidroeléctricas que afectan a los ríos y a las comunidades…”.

 

Entonces cuando nosotros empezamos a decir que la paz no es solamente el desarme, el “silenciamiento de los fusiles”, entonces ahí empieza el debate.

Nosotros creemos, por lo menos, desde el Congreso de los Pueblos y algunas otras organizaciones como la Cumbre Agraria y otros procesos, que sí es necesario que se reactiven los diálogos con la insurgencia del ELN, pero este diálogo no debe ser solamente entre el Estado y la insurgencia, sino que debe facilitarse y validarse en diálogos regionales con las comunidades y con los actores que existen en cada uno de los territorios, que como vimos no se reducen a las guerrillas. Son las comunidades las que saben hacia donde quieren caminar en sus territorios, las comunidades tienen muchas propuestas y tienen proyectos de vida digna. En ese sentido, nosotros validamos el proceso de paz y los diálogos, pero siempre y cuando sea con reales transformaciones sociales. Y eso comienza con la participación directa de la sociedad en general y de las comunidades más afectadas, esto es democratizar el proceso de paz. Lo que no admitimos o en lo que no creemos es que un proceso de paz manejado por las élites que siempre han dominado en el país y que han impulsado las guerras vaya a ser una paz democrática y duradera, como decimos nosotros una “paz con justicia social”.

 

¿Qué va pasar con el incumplimiento de los acuerdos con las FARC? y ¿en qué va la mesa de negociación con el ELN?

Pues con el proceso con las FARC hay un sentimiento de derrota, es importante aclarar en qué sentido decimos esto. En los distintos espacios donde nos movemos se resaltan los puntos del acuerdo que iban dirigidos a resolver la problemática de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, la justicia transicional, entre otros. Estos avances es muy importante defenderlos, pero uno tiene que reconocer por ejemplo, y en eso hemos fracasado, que la ideología de la élite latifundista colombiana ha sido incorporada por un amplio sector de la sociedad que sin tener acceso a la tierra defiende la idea de que “la propiedad de la tierra no se puede tocar y que los que la han comprado se la merecen y se la han ganado trabajando”, cuando sabemos que la realidad el latifundio en el país ha sido logrado con el derramamiento de mucha sangre de nuestros pueblos. Detrás de eso, como es de esperarse, están ganaderos, agroexportadores, terratenientes y paramilitares. Las mismas trasnacionales que quieren y necesitan mucha tierra para desarrollar los megaproyectos. Entonces, ese punto que es uno de los más importantes está muy atrasado, no se ha avanzado prácticamente en nada. Quedaron de distribuir tres millones de hectáreas y hasta ahora no se ha hecho nada. En sustitución de cultivos, no solamente no se inició la sustitución de cultivos ni se proveyeron los recursos para ello, sino que el Estado adelantó fumigaciones, lo hizo bajo las ordenes de los EEUU, ahora se está impulsando que se apruebe la fumigación con glifosato y vemos que la Corte Constitucional tiene unas posturas muy tibias frente a esto, por ejemplo ha dicho que “no, que no se debe fumigar con glifosato, pero sí, sí se podría si se hace controladamente”. Es decir, nuevamente el gobierno uribista, o el uribismo manejando a su albedrío las instituciones del Estado. Las mismas instituciones que algún momento nos han dado un poco de aire a las organizaciones sociales.

Lo de Justicia Especial para la Paz (JEP), esa parece que la ganamos, pero fue del absurdo al ridículo. El presidente Iván Duque objetó la JEP, y perdió. Perdió en todos los terrenos, sin embargo, ahí siguen pataleando, a pesar de que en la JEP hay filas de miles de actores del conflicto: empresarios, altos mandos militares, generales, parapolíticos, es decir, de toda clase está llegando a cubrirse bajo la protección de la JEP, porque les conviene, ya que, si llegan a la JEP y dicen algo de verdad, se reducen las penas por los delitos cometidos. Entonces, a pesar de que el gobierno de Uribe hace todo lo posible por destruir la JEP porque sabe que van a llegar a él, y no lo logra, lo cierto es que a la JEP no se le ha permitido tampoco desarrollar su trabajo.

En cuanto a la negociación con el ELN uno ya no sabe que es lo mejor para ellos y para el país. Nosotros creemos en la salida política al conflicto, pero no en los términos que quiere el gobierno. Si el acuerdo va ser planteado igual como se hizo con las FARC pues va a ocurrir lo mismo. Se va a firmar algo que después no se quiere implementar. Además como dije antes la negociación no debe ser solo entre el gobierno y el ELN, sino también con nosotros, con las comunidades y la sociedad.

 

¿Se perdió la confianza en el proceso de paz?

Sí, estamos ante una situación en donde no se tienen las garantías de un Estado derecho y tampoco hay un jefe de estado. En Colombia, hemos tenido una debilidad muy grande y es que aquí no ha habido estadistas, aquí lo que hay es representantes de los terratenientes, de los ganaderos, de los empresarios, de los comerciantes, pero no hemos tenido estadistas que materialicen el bienestar para los pueblos, la nación, la sociedad civil. Entonces, imagínate si se firma un acuerdo con este gobierno y viene el otro y dice: “no, yo no reconozco el anterior acuerdo, no me gusta y yo voy a hacer otra cosa diferente”, no tenemos políticas de Estado realmente. Lo que estamos viviendo es una burla permanente de las élites para con los procesos históricos revolucionarios y sociales de este país.

 

¿Cómo pueden participar las comunidades y movimientos sociales en la construcción de ese proceso de paz dónde intervengan los diferentes actores del conflicto?

Esa parte es muy complicada. Se ha intentado una cantidad de propuestas, especialmente por los pueblos y comunidades que habitan los territorios más afectados por la violencia: los pueblos indígenas, afrodescendientes y las organizaciones campesinas. Estos tres sectores de la sociedad, están posicionados en algunos territorios y tienen algo de control territorial y autonomía, tienen autogobierno. Han sido los más golpeados por el paramilitarismo y las fuerzas represivas del Estado. Una de sus propuestas principales ha sido la de impulsar “diálogos regionales de paz”, fundamentados en la defensa del territorio. Pero estos gobiernos que hemos tenido lo que han dicho es que la política de paz es exclusiva del presidente de la república. Entonces, tienen digamos así, el monopolio de la paz, de hecho, Santos dijo “las llaves de la paz las tengo yo”, abrió la puerta a la participación de la sociedad cuando quiso y como quiso. Este presidente dice “no hay llaves para la paz, aquí es rendición y listo”. Realmente a estos gobiernos, a estas élites, no les interesa en lo más mínimo la opinión y la participación de la sociedad y muchísimo menos de la sociedad organizada. Hay propuestas serias y buenas para el desarrollo en los territorios que seguramente si se llevan adelante puedan tener resultados contrarios a los intereses del gobierno. Por eso, lo que se quiere es evitar que cualquier iniciativa que nazca de los pueblos y sus organizaciones haga parte de ese proceso.

 

¿Cuáles son esas propuestas que han surgido de los territorios desde esa visión de paz con justicia social?

Los indígenas tienen sus resguardos, que son territorios colectivos, y en ellos desarrollan sus políticas y autogobierno, ellos mandan en sus territorios, tienen incluso legislación propia y tienen guardias indígenas para la defensa de la madre tierra. Los afros también tienen territorios colectivos, están conformando sus guardias cimarronas y posicionando cada vez más, lo que son los gobiernos mayores. Dentro del campesinado, en este momento, se está dando una lucha muy fuerte, que incluso ya ganó a nivel mundial, en Naciones Unidas, y es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho. Aquí en Colombia, toda esa lucha por la autonomía territorial causa pavor, pero ha venido tomando fuerza y hay varios territorios campesinos en este país que están llevando la propuesta de los territorios Agroalimentarios. Estos al igual que los territorios indígenas y afros buscan el autogobierno y la defensa de la soberanía alimentaria. Entonces, sí hay experiencias y propuestas territoriales de poder popular y que por supuesto, a la institucionalidad del Estado no le interesa darle lugar porque esas propuestas son todo lo opuesto al modelo neoliberal y extractivista.

Además, porque los procesos sociales históricos que se han peleado por cambiar este país y por construir la paz en los territorios han logrado pequeñas pero a la vez grandes batallas en la búsqueda de autonomía y poder popular. Entonces, nosotros creemos que el camino no está en una guerra frontal contra el establecimiento, sino por el trabajo en los territorios con las comunidades.

 

Dentro de las propuestas de la sociedad civil, en todo este proceso de paz, acá en Argentina supimos de la “Mesa social para la paz” ¿en qué va ese proceso?

La Mesa social para la paz ha sido una de las tantas iniciativas que se han generado en Colombia. En el último tiempo se ha ido transformando hacia un espacio que se llamó primero “Por la paz” y ahora, ese espacio ha cambiado hacia algo que se llama “Defendamos la paz”.

La Mesa social para la paz fue una iniciativa que caminó de la mano de más de ochenta organizaciones sociales, populares y ONGs. Tenía como propósito: fortalecer las propuestas de las comunidades para la participación en la construcción de paz; el debate interno de la mesa era si ese proceso debía ser solo para participar del proceso de negociación Gobierno-ELN o era también para trabajar directamente con la sociedad en general, así no hubiera mesa de negociación. Eso fue el proceso social de la Mesa social para la paz, pero como se pararon las negociaciones con ELN, se fue disminuyendo, se fue marchitando y dio paso a una Mesa, más amplia y plural, con otros sectores, incluso que llamamos de “centro”, este espacio se llamó “Por la paz”. Hoy tenemos una propuesta todavía más grande “Defendamos la paz”, que tiene sectores de la derecha Santista, los defensores del acuerdo de paz de Santos y que también piden el reinicio de las negociaciones con el ELN.

 

Por último, cuéntanos un poco más sobre este genocidio político del que nos hablaste ¿Quiénes son los líderes y las lideresas sociales? ¿Quiénes son los responsables de estos asesinatos?

Voy a iniciar por quiénes son los líderes y las lideresas sociales, para no entrar en equívocos, el Estado colombiano habla de una treintena de categorías de líderes, siempre nos quieren confundir diciendo que “liderazgos hay de toda clase” y que “cualquiera pues es un líder o una lideresa”. Ese es el enredo y el debate al mejor estilo uribista en el que nos quieren meter, para decir que un líder empresarial o un líder de la derecha es un líder social.

 

Hay que dejar absolutamente claro que cuando nos estamos refiriendo a líderes y lideresas sociales, estamos hablando de las bases sociales de nuestros movimientos y ¿quiénes son? Son todas esas personas que históricamente se han organizado en los territorios para defenderlo, para construir su propia forma de vida.

·         Estamos hablando, por ejemplo, del Coordinador Nacional Agrario, el CNA que tiene más de cien organizaciones campesinas en su interior, que hablan de soberanía alimentaria, de protección de las semillas, de territorios agroalimentarios, de protección del agua, de acueductos comunitarios, estamos hablando es de eso.

·         Estamos refiriéndonos a los líderes y lideresas afro que se han peleado los territorios colectivos para tratar de desarrollar lo que sus ancestros llamaron palenques, que tienen el mismo espíritu de autonomía, autodeterminación y de desarrollo cultural y social, donde lo económico no está ligado a la ganancia individual sino al desarrollo colectivo.

·         Nos referimos a las organizaciones indígenas y la defensa histórica que han tenido de los bienes comunes y la madre tierra.

·         Los líderes y las lideresas sociales son también aquellas personas que se dedican a la defensa de las víctimas del conflicto armado, son las organizaciones de mujeres que han venido reivindicando los derechos al aborto legal y seguro, a la autodeterminación, a que cesen la violencia contra las mujeres y los feminicidios, a dar el debate de género y paridad en toda la sociedad.

 

Esos son lideresas y líderes que están asesinando. Es decir, cuando nosotros decimos “líderes y lideresas sociales” nos estamos refiriendo a un sector de la sociedad que quiere transformar el  statu quo, que quiere un país en donde se posibilite la construcción de sujetos y sujetas políticas capaces de autodeterminarse, con conciencia política para la transformación de sus entornos y con capacidad de decisión sobre sus proyectos de vida. Ahí también están los y las estudiantes, los jóvenes, todos aquellos que están pensando en otra cosa diferente a llenarse los bolsillos destruyendo la naturaleza y los bienes comunes de las futuras generaciones.

 

Teniendo esto claro entonces nos podemos imaginar quiénes son los responsables de estos asesinatos. Todo al que no le convenga, al que no le guste ese modo de desarrollo de la humanidad y que tenga el poder económico, político y militar para poder silenciarlos.

Entonces en ese orden de ideas pues ¿a quienes tenemos con esas características? Los tenemos con unos niveles básicos: Los sicarios, los asesinos directos, las fuerzas militares, pero los tenemos con un nivel de sofisticación también, que son las instituciones del Estado. Otra forma de silenciarlos es encarcelándolos. Si no los pueden matar entonces los involucran en procesos de criminalización de la protesta social, los judicializan y los meten a la cárcel. A muchos líderes asesinados los han involucrado también en procesos de crimen organizado para justificar su muerte, para que parezca un “ajuste de cuentas”, por poner un ejemplo. En esta lista también podemos poner a los que tienen el dinero y se les perjudica por un megaproyecto, los defensores de los bienes de la naturaleza aparecen como enemigos del progreso y por tanto, hay que sacarlos del medio para continuar con el negocio, si no los pueden matar buscan que les saquen una Ley para limitar su protesta.

 

El genocidio del campo social y popular no es solamente el asesinato físico, sino también otro tipo de genocidio, llamemos un ideologicidio. Se está profundizando en las medidas que criminalizan, persiguen, judicializan a quienes se pronuncian en contra de los intereses de los poderosos y esto vemos que es un fenómeno global. Estamos enfrentando tal vez uno de los momentos más duros del terrorismo de Estado, esto no es nuevo en Colombia. Desde hace muchos años se vienen asesinado líderes y lideresas sociales. El solo sindicalismo, en los últimos 30 años ha sido víctima de más de 3200 asesinatos. Imaginemos que esto pasara en Argentina hoy día, seguramente que se hablaría de terrorismo de Estado, de dictadura. Entonces, estamos hablando es de una burguesía atornillada en el poder, de una oligarquía asesina, que tiene absolutamente el control de todas las instituciones del Estado y paraestatales, para posicionarse y borrar del mapa a quién lo contradiga.

 

Olimpo, muchas gracias por esta entrevista ¿quisieras agregar algo más?

Sí, me gustaría terminar diciendo que a pesar de que esta es una lectura muy negativa, muy dura de nuestra realidad. Esto es para dejar claro que no estamos en una Colombia en paz, ni viviendo en un paraíso. Sin embargo, No podría dejar de compartir algo interesante que nos ha pasado en el último tiempo. La semana pasada, el 26 de Julio se movilizaron millones de personas en repudio contra los asesinatos a los líderes y lideresas sociales. Esos millones de personas que nos movilizamos, y digamos los que hoy estamos siendo perseguidos también estamos siendo quienes le estamos poniendo el cascabel al gato, es decir, este país lo salvamos solo nosotros. Estamos con la confianza de que lo vamos a lograr, más temprano que tarde, pero lo vamos a hacer. Y lo más importante es que también vemos una reactivación de la lucha social. Le vamos a seguir disputando el poder a las élites, tal vez nos vayan ganando hasta ahora, pero creo que la confianza está en el pueblo, tenemos que ser una alternativa para construir el país que soñamos “un país en paz con justicia social”.

Esta entrevista se llevó a cabo el 29 de Julio de 2019.

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Fuente: https://www.anred.org/2019/09/16/colmbia-el-conflicto-no-es-solo-armado-sino-social-economico-y-politico/

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, comenzaremos a desestructurar el poder real y efectivo de la «contrarreforma agraria integral» si cuestionamos a la democracia representativa y a nuestra creencia en las elecciones.

Quien gobierna ahora son las corporaciones transnacionales: Gustavo Castro
1 de junio de 2016

Agencia SubVersiones

Por Aldo Santiago y Heriberto Paredes
Mapa de GeoComunes

Decidimos darnos la oportunidad para conversar con Gustavo Castro, uno de los principales actores en la lucha contra el modelo extractivista, en México y en Centroamérica, a través de diversas organizaciones y redes como Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). El camino fácil sería ahondar en torno a su papel como testigo protegido en el caso del asesinato de Berta Cáceres, el pasado 2 de marzo de 2016, sin embargo, nuestra apuesta es por comprender los argumentos de la lucha contra este modelo de muerte, que ha dejado una destrucción en la región mesoamericana sin comparación.

En esta entrevista, Castro nos habla de lo que sucede en términos de megaproyectos, tanto energéticos como de infraestructura para que los primeros sean viables. También aborda el contubernio de gobiernos y empresas de todo tipo en el negocio del extractivismo. Habla específicamente de lo complejo que ha sido para el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) hacerle frente a la imposición de un modelo que pone en venta al país sin importar el costo humano y de destrucción de la naturaleza que esto implica.

He aquí, pues, la conversación que sostuvimos con él, misma que compartimos íntegra. Que sean sus palabras y las distintas investigaciones las que dibujen el contexto en el cual se encuentra la región mesoamericana:

 

Queremos hablar, más una cuestión del contexto regional. De lo que queremos hablar es de la producción energética, en específico, del trabajo que haces en Otros Mundos y otras redes de Mesoamérica. ¿Qué arrojan estos resultados de monitoreo que pueden haber hecho mapeamiento acerca de este programa llamado SIEPAC, quiénes estarían detrás de él y cuáles son las maneras en que se está implementando?

Bueno, creo que este elemento explica también el contexto del asesinato de Berta Cáceres, porque en el marco de los tratados de libre comercio, que prácticamente todos los gobiernos de América Latina han hecho con Estados Unidos y Canadá, Europa o incluso otros países de Asia, los gobiernos están –de alguna manera– obligados a modificar todas sus legislaciones para garantizar la inversión extranjera. En este marco de los tratados de libre comercio, los gobiernos tienen que modificar leyes para adaptarlas, tienen que modificar, por ejemplo, ley minera, ley de aguas, ley de inversión extranjera, ley de hacienda, etc. Esta es una parte de las modificaciones que tienen que realizar como destrabar también aranceles: que las empresas puedan entrar a los países sin pagar impuestos, pero el otro elemento fundamental es: la inversión no va a llegar, según los gobiernos, –bueno, según también las empresas transnacionales– si no tenemos la infraestructura que necesitamos para llegar y se encuentran entonces con una región mesoamericana con una infraestructura muy pobre.

“Atestiguar cómo tiran árboles y devastan los montes es como ver morir una parte de tu ser; el cerro es parte de nuestra vida” explican los tepoztecos en resistencia contra la ampliación de la autopista en Morelos.

Lo primero que empieza entonces, el Plan Puebla Panamá (PPP), entonces así llamado, era generar la infraestructura necesaria para que llegaran las inversiones a la región, empezando por carreteras, empezando por energía. Eran como los dos pilares en donde el PPP gastó la mayoría de los recursos, las empresas no van a llegar si no tienen comunicación, la empresa no va a llegar si no tienen carreteras, si no tiene puertos, si no tiene aeropuertos, si no tiene vías de acceso y el segundo elemento es la energía, las empresas dicen ¿cómo vamos a poder implementar un proyecto minero que gasta muchísima energía y agua sin los cables, sin incluso la capacidad de instalar los megawatts, la región mesoamericana no es la adecuada para que lleguen así plantas, por ejemplo, de automotrices, incluso también, grandes extensiones de monocultivo, como la palma aceitera, como también grandes complejos turísticos de élite, incluso como explotación petrolera, de gas, gasoductos, polioductos, etc. Se requiere cantidades enormes de energía.

Entonces viene un primer proyecto muy grande de parte del PPP de reconstruir represas para poder ofrecer energía suficiente a las inversiones. Pero no solamente represas, también todo lo que se llamó el sistema de integración energética para Centroamérica implicaba homogeneizar el cableado y también que cada uno de los países pudiera desregularizar sus leyes energéticas para hacer una sola regulación. En aquel entonces, fue España quien financió muy fuerte este proceso, pero se requería generar todo un sistema de energía y también un gran negocio. ¿Quién iba a ser el órgano regulador del sistema energético? ¿quiénes iban a ser los que lo iban a operar y vender esta energía a las grandes empresas que iban a llegar a invertir? Lo otro es, tenemos que generar nuevas fuentes de energía, que no sólo son represas, sino que también empezaron con eólicos, ese gran negocio para atraer las inversiones es el tratado de libre comercio que muy poco nos damos cuenta de que esta gran cantidad de megaproyectos que llegaron a la región se debe a esta apertura comercial que empiezan a abrir los gobiernos, absolutamente todos.

 

En este contexto se junta otro elemento que me parece fundamental y es que, en el marco del protocolo de Kyoto, los gobiernos que tienen que reducir altos índices de contaminación de gas y de efecto invernadero, en Europa y Estados Unidos, se les ofrece o inventan los mecanismos de desarrollos limpio, lo que significa que los gobiernos y las empresas dicen, bueno, en lugar de reducir los gases de efecto invernadero en Europa, lo que voy a hacer es invertir en un mecanismo que va a ofrecer un desarrollo limpio al planeta y entre ellos están las represas. Porque se justifica o se pretende justificar que las represas son un desarrollo limpio y es una energía limpia, tratando de oscurecer y sepultar el resultado de la Comisión Mundial de Represas, que en el 2000 –financiado por el Banco Mundial (BM) y redes internacionales– concluyeron que las represas eran la energía más sucia, que habían desplazado entre 60 y 80 millones de personas en todo el mundo, que se han construido más de 55 mil grandes represas, que el 60% de las grandes cuencas en todo el mundo han sido represadas, que los efectos sociales-ambientales han sido de una magnitud impresionante y que, además, eso ha implicado endeudamiento a los gobiernos.

 

El Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena contempla la construcción de 38 «microrepresas» como una propuesta que busca «eficientar» los 1,500 km de la cuenca más importante de Colombia, único país incluido tanto en el Plan Mesoamérica como en la integración sudamericana (IIRSA). En junio de 2015 comenzaron a inundar más de 8 mil hectáreas de tierra de uso agrícola, provocando devastación ambiental a causa de la descomposición vegetal. Foto: Aldo Santiago

No se esperaban el resultado de este estudio. Tratan de sepultar a la Comisión Mundial de Represas que ellos mismos financiaron y crearon y entonces empiezan a generar un nuevo discurso diciendo que la energía de represas es una energía limpia, energía sustentable y también para compensación de bonos de carbono con los países del norte. Entonces esto fortalece todavía más las represas, no solamente en Honduras, que es como el caso de Agua Zarca, que el COPINH tienen una lucha muy fuerte, sino en toda América Latina, hay cantidad de represas y cantidad de luchas y de resistencia tratando de detener y contener el discurso de que las represas es energía limpia y sustentable, pero que sirve para muchos intereses en las empresas constructoras de represas, intereses en el mercado de carbono y eso, obviamente, va impactando cada vez más en territorios indígenas, campesinos, cuencas, comunidades, criminalización –como en el caso de Berta.

 

Y en este marco, hablando de la región, ¿qué papeles tienen los distintos actores? Para poder hacer un listado de quiénes son los interesados en estos proyectos, empezando por las empresas privadas transnacionales, instituciones financieras, pero también el Estado hondureño. ¿Qué papel tiene cada uno para insistir tanto en la construcción del proyecto?

Esa es una buena pregunta, porque es una cadena de intereses, obviamente uno de los principales interesados son los bancos que prestan y que prestan porque tienen ganancias jugosas por intereses en muchos megaproyectos en el mundo. Y ahí nos encontramos al Banco Mundial. El BM también es un gran negocio, también los gobiernos en AL están sumamente endeudados por el BM por supuestos proyectos de desarrollo; otro segundo banco que está interesado, bueno, también sabiendo que detrás del BM están las grandes potencias que son las principales financiadoras del BM. Otros de los bancos, son los bancos privados, sobre todo, bancos europeos o japoneses o cualquier tipo de banco que entrega financiamiento a los gobiernos y las empresas que van a invertir en un proyecto hidroeléctrico. Otro tercer interesado, son las empresas constructoras, que obviamente reciben todos estos beneficios de créditos blandos, de subsidios o incluso también de muchas ganancias, independientemente de si la presa va a funcionar o no va a funcionar, y todavía más cuando la empresa se queda no solamente como constructora de la represa sino generadora y vendedora de la electricidad.

Entonces, vender la energía a los puertos, aeropuertos, canales secos, empresas, mineras, etc., pues es un gran negocio. O venderla a la red centroamericana de energía, ahí hay otro interés.

Otro nivel es la misma oligarquía local, los mismos empresarios locales que adquieren de alguna manera concesiones y que están involucrados en este tipo de acciones y de intereses. Y ahí vienen muchísimos intereses, como por ejemplo, algunas empresas que logran la concesión para la venta de un equipo, que son especialistas en las turbinas, en mantenimiento, etc., hay montón de intereses metidos de todo tipo que hay una especie de contubernio. Los bancos, obviamente, adquieren muchísima ganancia por interés, ya sean bancos privados o la banca multilateral e igual el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que no tiene ninguna norma operativa como lo tiene el BM o el BID –que al mismo tiempo tampoco funcionan del todo– que diga, vamos a dar un financiamiento siempre y cuando tal empresa cumpla con el impacto ambiental, consulta a pueblos indígenas, que se verifique la violación a los derechos humanos, una serie de normas para poder prestar, el BCIE no las tiene, entonces con el PPP, cuando empezó la reacción en el año 2000 y hubo un confrontamiento muy fuerte con el BM por los proyectos que estaba financiando y que eso iba a implicar impacto socioambiental, lo que hizo también es, derivó también al BID que sería el banco de desarrollo multilateral continental, como hay banco intercontinental africano, asiático; el BM se coordina con el continental que es el BID, por ahí empezaron a funcionar y a pasar muchos de los financiamientos.

 

Cuando se puso la tensión ahí, entonces esos financiamientos pasaron al BCIE que es banco menos conocido, que tiene menos normas operativas y por ahí empezaron a salir y canalizarse muchos de los financiamientos sumamente controvertidos, a proyectos incluso con afectaciones terribles a indígenas y campesinos y en este caso de la muerte, del asesinato de Berta Cáceres, precisamente es el BCIE el que está metido.

Entonces al mismo tiempo se involucran gobiernos, porque los bancos multilaterales son los gobiernos responsables de dar el dinero y también de otorgar el financiamiento, ¿bajo qué criterios están los gobiernos entregando financiamiento a las empresas transnacionales para supuestos proyectos de desarrollo cuando el resultado son masacres, asesinatos, desplazamiento de población indígena y campesina? En esta cadena de financiamiento hay, tanto gobiernos del norte que financian los grandes bancos multilaterales, bancos privados, gobiernos de América Latina, de Centroamérica en el caso del BCIE. Obviamente los gobiernos centroamericanos son socios, México es socio, Japón es socio, España es socio, muchos de los países son socios. Bueno, los países que dan dinero a un banco de desarrollo local o regional tienen prioridad sobre las inversiones o préstamos que se van a hacer a las empresas que se van a hacer, los gobiernos están guardando los intereses de sus propias transnacionales, de tal manera que cualquier gobierno europeo que entregue al BM, BID o BCIE, obviamente sus empresas tienen prioridad para poder adquirir empresas que se están privatizando, fusionar concesiones, licitaciones para construir represas, oleoductos, gasoductos, etc., y uno de los conflictos que va a haber próximamente es el gasoducto que piensan construir y que va a pasar por toda Oaxaca, Chiapas, hasta Guatemala, El Salvador, Honduras, obviamente a llevarse pueblos enteros, comunidades y demás, bajo el supuesto desarrollo con lo que va a implicar de afectaciones al medio ambiente.

 

Quería definir algunos datos sobre la cuestión de los bancos, del flujo de dinero tenemos esta cuestión de todos los países que podemos mencionar, pero por ejemplo, intentando conectar datos, cuando se habla en Estados Unidos de que en los últimos años el tráfico de la cocaína que va para allá pasa por Honduras más que por otros lugares. Y también con cosas que han sucedido últimamente, con esta cuestión de los Papeles de Panamá, que muestra como todo es un gran lavado de dinero. ¿Cuál es la relación para que haya tanto dinero para enviar a estas regiones y qué tanta influencia tiene este sector en el aumento de la violencia en toda la región?

Hay varias líneas que lo explican, una de ellas es la justificación del terrorismo, del crimen organizado en la región, que ciertamente, si fuera por tierra el tráfico, forzosamente tiene que pasar por Honduras porque es parte de toda la región centroamericana, y esa puede ser una justificación, sin embargo, me parece que no podemos dejar de lado la necesidad de los gobiernos de garantizar las inversiones de las empresas en la región, para lo cual, la criminalización es necesaria. Los recursos, como Plan México (también conocido como Iniciativa Mérida), destinados a contener la movilización social, son enormes.

Los gobiernos han modificado todas sus leyes para criminalizar cualquier protesta social, de tal forma que lo que antes era un derecho humano –la libre expresión–, ahora es difamación, o la libre expresión de ideas, la movilización social, pacífica, constitucional, ahora es crimen organizado, ahora es bloqueo a las vías de comunicación, ahora es incluso terrorismo, incluso es secuestro, porque no pudieron pasar los funcionarios o por cualquier cosa ya es secuestro y eso implica tantos años de cárcel. Los gobiernos tienen que garantizarle a las empresas eso, entonces la justificación militar y policiaca bajo el terrorismo, bajo el crimen organizado –si bien hay razón en ello– también tienen doble filo, también el otro objetivo es criminalizar, detener una protesta social.

También reflexionamos sobre el origen de esto y en el marco de los tratados de libre comercio, las empresas llegan con un seguro de inversión, no cualquiera llega así, de tal forma que se ha logrado hacer una especie de tribunales supranacionales, donde las empresas pueden demandar a los gobiernos cuando incumplen el tratado de libre comercio y hay varias formas de incumplir, ya sea que un gobierno bloquea, pone un arancel, o incluso pone un subsidio al sector nacional –a eso le llaman competencia desleal–, o hay una ley que le prohíbe o que no le facilita a la empresa invertir, entonces hay bloqueos arancelarios y no arancelarios, pero hay otro más importante para ellos, porque los gobiernos han logrado modificar la estructura nacional a nivel legislativo, judicial, etc., sino que, la gente, los pueblos que se organizan para protestar y en donde el concepto de expropiación, las empresas y los tratados de libre comercio han logrado ampliar este concepto de expropiación, de tal manera que si yo llego a tú país y me quitas una inversión, una concesión, pues tú me pagas, me quitas mi pozo petrolero que ya me habías dado, o una concesión de gas o de represa o de mina, aunque argumente el gobierno afectaciones al medio ambiente, al agua, a derechos humanos, a cualquier cosa, la empresa dice: tú me estás bloqueando la inversión, tu me quitas tantos años de ganancia que tu me los vas a pagar y esas demandas están al día en los tratados de libre comercio, donde los gobiernos tienen que defenderse incluso ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), que es el mecanismo de disputa entre las inversiones entre empresas y gobiernos.

Entonces las empresas acuden al CIADI del BM cuando consideran que sus inversiones están siendo afectadas. La mayoría de las últimas demandas de las empresas transnacionales en el CIADI, casi el 40% tienen que ver con la industria extractiva, petróleo, gas; cuando un país dice, detengo tu pozo petrolero o expulso a tu empresa petrolera, por lo cual muchos países han querido salirse, como lo es Argentina, Bolivia, Venezuela, salirse del CIADI como el espacio de disputa por las inversiones transnacionales en los países del sur, como más de 200 mil millones de dólares en puras demandas de las empresas transnacionales contra 60 países de África y América Latina.

Eso dimensiona que, si los gobiernos quieren respetar los derechos humanos o hacer eco de las demandas de los derechos humanos y eso implica eliminar una concesión, conlleva una demanda de millones de dólares por parte de una empresa, como lo ha sufrido Ecuador, como lo ha sufrido Costa Rica cuando dijo no a la mina de oro, cuando dijo, también El Salvador, no a la mina de oro. Las empresas van a una demanda, y si el pueblo, las organizaciones se movilizan, el concepto de expropiación se amplia y le llaman una expropiación indirecta, el gobierno dice, es la gente la que está bloqueando la carretera y la empresa transnacional dice, pues es tu gente, tu me la pones en orden, tu, de alguna manera, como no tienes una legislación o mecanismos políticos para contener esa protesta que me está afectando mis inversiones, va la expropiación indirecta y yo te estoy demandando; entonces a los gobiernos les sale más barato criminalizar y meter a la cárcel a los luchadores, que pagar millones y millones de dólares a esa empresa.

Y estamos hablando, tan sólo del caso del caso de El Salvador, de Costa Rica o de Ecuador, de millones de dólares por un caso, supongamos Honduras, que tiene decenas y decenas de concesiones mineras y el gobierno dice, las mineras se van porque el pueblo no quiere, o las represas se van; o México, que en los últimos sexenios se han entregado 45 mil concesiones con 95 millones de hectáreas del país, que implica la mitad del territorio nacional. Con que el gobierno diga, de las mil mineras que están en operación ahora, que diga 500 se van porque están afectando al medio ambiente, indígenas y campesinos, bueno 500 son muchas, ponle 5 entre las empresas canadienses más grandes: el gobierno no tendría dinero para pagar tanta demanda y los intereses de estas demandas, tendría que vender el país 20 veces para poder pagar eso

Estamos hablando de muchísimas más concesiones mineras, concesiones de represas que hay en todo el país, de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de gas, de petróleo, de fracking, de concesiones para turismo, de licitaciones gubernamentales de todo tipo, es toda la venta del país. El gobierno no tendría la capacidad de ninguna manera de contener, en términos financieros, demandas, si el gobierno dice, vamos a respetar derechos humanos, vamos a respetar medio ambiente. Entonces lo que están haciendo los gobiernos es criminalizar, es más barato, meto al bote a uno, a otro a la cárcel, reprimo, que millones en demandas tan sólo por una empresa minera, cuando la dimensión de lo que se ha vendido, y eso se repite en Guatemala, concesiones de petróleo, carreteras, de minería, de hidroeléctricas, igual Honduras y así nos podemos ir por toda América Latina, razón por la cual se ve cómo todos los gobiernos están modificando, lo que siempre se ha llamado las políticas de ajuste estructural, están modificando las estructuras de sus países para garantizar a las empresas extranjeras todas las inversiones, la extracción de todos los recursos de AL, donde el principal elemento de disputa es el territorio.

 

O sea, las corporaciones necesitan para cualquier cosa, territorio, para instalarse, minas, presas, oleoductos, gasoductos, fracking, gas, plantaciones de monocultivo, grandes ingenios, plantas de autopartes, grandes inversiones de turismo de élite que en las playas destroza manglares, es decir, necesitan territorio, grandes cantidades de territorio, y ahí están los pobres, ahí están los indígenas, los campesinos. Además, para poder hacer posible está inversión, requieren más territorio porque necesitan extraer el agua, la energía, etc. La disputa en AL es el territorio y yo creo que es lucha que se está viviendo actualmente y que es la que va a ir empujando en la medida en la que los tratados de libre comercio van avanzando, y ahora peor, en la medida en que el tratado transpacífico se va implementando y que es el tratado más ambicioso que hay hasta ahora.

Para aterrizar en Honduras: esta situación de la modificación de la normatividad de los países es muy representativa en Honduras después del golpe de Estado, inclusive ya llegaron a afectar zonas con proyectos modelo y en otros caso como zonas económicas especiales, ¿cuál es ese nuevo perfil de Estado-corporación?

Eso es impresionante, lo que está pasando, después del golpe, lo que pasa en Honduras es la apertura total a la entrega de concesiones mineras y muchos otros megaproyectos, y la aprobación, incluso de los que están ahora en el gobierno, de las llamadas ciudades modelo y que acá en México se llaman zonas económicas especiales (ZEE), que es un país dentro de otro país. Garantizar a las transnacionales todo lo que requieran para la extracción, por ejemplo, de México, se va a requerir visa especial para entrar a una ZEE, van a tener su propia estructura, sus propias leyes, su propia autonomía, incluso no van a pagar impuestos, van a tener acceso a puertos, van a tener conexión también entre las tres ZEE que se plantean en México. Puede haber zonas enormes de autopartes, van a tener viviendas, hospitales, va a ser como un país dentro de otro país. Y van a tener todo el financiamiento de la banca multilateral y de los bancos para poderle ofrecer a las empresas, darle mayor valor agregado a su producción y sacarla al mercado asiático.

No es novedad, hay muchas experiencias de zonas económicas especiales, incluso el BM dice que no son la panacea, que ni siquiera han funcionado, sin embargo van intentando, insistiendo, en que ese modelo, precisamente, de corporación-nación, en donde existe un reflejo más claro de que en este nuevo modelo económico, nos encontramos donde las corporaciones han adquirido todo el poder de toda la estructura del Estado multilateral y nacional, de ahí las campañas a nivel mundial de desmantelar el poder de las corporaciones en Europa, Estados Unidos, en Asia, en América Latina, porque lo que se está viendo es que las corporaciones han asaltado el poder, han asaltado la estructura del Estado, han asaltado la ONU y que de repente la clase política y empresarial se fusionan. Gobiernos que son empresarios, gobiernos que son empresas, empresarios que son políticos, políticos que son empresarios, ya no hay diferencias y obviamente legislan y también gobiernan en función de sus intereses, de sus propias empresas, de sus propios proyectos de inversión.

Y el caso de las Ciudades Modelo es eso, es como un país dentro de otro país, rompiendo y resquebrajando la soberanía nacional.

En este contexto tan apabullante, tan complicado, ¿qué le queda al movimiento social y a las organizaciones como el COPINH, por ejemplo? ¿cuáles son los márgenes de acción que tu podrías señalar? Porque una cosa es verlos desde el interior de la organización –que puede tener un horizonte específico– pero todo este análisis macro sobre las políticas del extractivismo, ¿qué le puede quedar a organizaciones como ésta o como otras?

Hay varias posiciones, hay quienes piensan y consideran que los movimientos sociales tienen que asaltar el poder y tomar la dirección política de sus gobiernos, para otros eso ya no es necesario, ya no es posible ni tampoco es viable, pero hoy los movimientos sociales se encuentran en esta disyuntiva: si parte de la identidad de los movimientos sociales es convertirse en un partido político y convertirse en clase política y disputarle a los políticos y a la clase político-empresarial, empresarial-político –que es lo mismo–, la estructura del Estado y desde ahí hacer algo o se puede modificar, para otros esa vía ya no existe, ya es imposible, ya hay una falta de credibilidad de las instituciones del Estado, del aparato del Estado y de que este capitalismo tenemos que modificarlo desde otra lógica, desde otra vía.

El COPINH estuvo en esta disyuntiva en el golpe [de Estado], si el COPINH entraba al proceso electoral o no y no le entró, afortunadamente, creo yo. En la medida en que el movimiento social se convierte en clase política, me parece que ahí ya hay una disfunción y un rompimiento del movimiento social. Yo considero que la identidad del movimiento social no es ser clase política ni partido político, pero otro proceso que se está gestando con mayor fuerza es: no solamente hay que resistir y eso hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo, y digo lamentablemente porque enfrentar a este capitalismo y sus inversiones implica, como ya lo vimos en el caso de Berta, asesinatos, desplazamientos, represión, presos…y…hay que hacerlo.

Una de las estrategias que se están realizando en otros movimientos es ir blindando territorios y entonces tener el control territorial, no disputar solamente un proyecto que ya está hecho, sino generar también un proceso de prevención en donde los pueblos dicen, aquí es un territorio liberado como lo vemos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y en el M4 que es el Movimiento Mesoamericano contra el Extractivismo Minero, donde la estrategia es tenemos que generar prevención para generar territorios libres, libres de estos megaproyectos, que no es cosa fácil tampoco obviamente, ni tampoco contener que los buitres lleguen al territorio pero sí se ha logrado que en muchos de los casos, generar procesos organizativos de tal manera que blindan los territorios a la llegada de otras inversiones, ya sean minas petróleo, fracking, oleoductos, gasoductos, pero eso implica un proceso de conciencia grande.

Y además de la resistencia, de estar deteniendo, vayamos construyendo una alternativa, eso es bien difícil, pero es la más bonita, me parece la más interesante, cómo podemos generar en lo local proyectos de autonomía y proyectos de vida digna distintos a la dinámica del capitalismo. Y para eso hay que inventarlos, nadie tiene la última regla ni la última receta pero que nos plantea el gran reto en cada una de las regiones, necesitamos construir procesos políticos, sociales, económicos, distintos, no bajo la lógica de la competencia, no bajo la lógica de la explotación, con otro tipo de valores y también de realidades, que hay que experimentar y que hay que probar y con ensayo y error, como sea, y que empiezan a pulular en muchos lados en América Latina.

Que no significa para nosotros buscar una sola alternativa, como decir, vamos a acabar con una hegemonía capitalista y vamos a poner otra hegemonía que se llame…porque creemos que en cada pueblo hay distintas formas de hacerlo, según sus idiomas, sus costumbres, su región, su geografía, su historia, su propia forma de construir esa felicidad, esa realidad distinta y que nacen de distintas formas, son muchas alternativas, no es una.

Nosotros le llamamos alternatos, que es que nace de lo local de cada uno de los pueblos y son muchas vías y formas distintas, en eso sí podemos encontrar unidad, no homogeneidad, no caer otra vez en la homogeneidad de decir, todos vamos por el socialismo del siglo XXI y qué es eso, no pues acá le llamamos de una manera, acá buen vivir, acá buen convivir, otros le llaman en Chiapas lekil kuxlejal, cada quien le llamará como quiera, pero con criterios antisistémicos, con criterios distintos a esta acumulación del capital, porque, bien decía Berta, ya no hay tiempo, ya no tenemos tiempo. Yo creo que la humanidad está en juego, que nos estamos acabando el planeta a un ritmo tan acelerado que si no buscamos ya alternativas distintas, lo que estamos viendo, y es una amenaza nuestra, en nuestro planeta, en nuestra humanidad, que necesitamos construir, desde abajo, otros brotes de vida distinta. Yo creo que este es el reto que nos encontramos en América Latina, para el COPINH, y de hecho cuando yo voy para el COPINH esa era la idea, ellos me invitan porque además de una resistencia feroz, frontal, impresionante que ellos tienen, la reflexión consistía en cómo generar al mismo tiempo que la resistencia, alternativas locales de vida distintas al capital, al capitalismo atroz, como además de esta resistencia degastante podemos ir generando vida y podemos generar otras relaciones distintas, donde se incluye a la vida entera, se incluye al agua, al alimento, procesos de felicidad locales que plantean un antídoto a esta realidad que estamos viviendo. Fuente: https://subversiones.org/archivos/123760

 

 Alternativas emancipatorias

 

Nos urge, abajo y a la izquierda, desestructurar la «contrarreforma agraria integral» como poder de dominio sobre nuestras posibilidades de vida. Precisamos ante todo generalizar el balance crítico a los gobiernos e intelectuales progresistas para ayudar al esclarecimiento de porqué:

Crear comunas para ganar la calle

22 de octubre de 2019

 

Por Iñaki Gil de San Vicente (Rebelión)

 

1.- Lecciones de la historia

Roberto Perdía ha publicado un texto muy oportuno sobre cómo combatir el capitalismo y a la vez sobre cómo avanzar en la prefiguración del socialismo en la medida de lo posible teniendo en cuenta que nos hacen malvivir en una prisión a la que el capital llama «democracia». El libro, con un título que lo sugiere todo: Prisioneros de esta democracia (Argentina, agosto 2018) que con el Nº 1 inaugura la serie de Cuadernos de Formación de Resumen Latinoamericano, un paso fundamental conociendo el amplio espectro de colectivos y personas a las que llega este prestigioso medio digital que también se difunde en lengua inglesa.

La actualidad del libro y el acierto de Resumen Latinoamericano, son innegables: asistimos a lo que puede ser el reinicio de una nueva oleada de luchas en un capitalismo que ha generalizado las peores “formas democráticas” de explotación, y también lo ha hecho con las dictatoriales. La sublevación nacional catalana, ecuatoriana, haitiana…; la revuelta permanente de los chalecos amarillos; el resurgir de la lucha de clases en EEUU con formas y contenidos idénticos a los que también emergen en otros Estados; la recuperación popular en Nuestramérica y en varios países norteafricanos…, son solo algunos indicios del despertar del fantasma del comunismo.

Incluso en Euskal Herria, en donde aparentaba reinar esa «normalidad social» tan ansiada por el reformismo, vuelve la lucha de clases en sus formas clásicas y actuales. Roberto Perdía ofrece una alternativa contraria a aquella consigna de «sacar el conflicto de la calle, y llevarlo al parlamento»: organizar y expandir el conflicto en la calle mediante la recuperación de la territorialidad obrera y popular autoorganizada en comunas, para desde ellas y si se viera necesario, llevar el conflicto al parlamento, pero siempre supeditado a la lucha de clases. La reconstrucción del territorio social - «ganar la calle»- es uno de los secretos de la nueva oleada de luchas que vuelven a ulular como una bella sinfonía roja.

Ganar la calle exige autoorganizar el nuevo territorio material y simbólico en el que el pueblo obrero recrea su autoconciencia, sobre las cenizas del anterior que el capital destruyó con su contraofensiva mundial lanzada en los ’80 del siglo pasado. Si pudiéramos hacer ahora una síntesis de la historia de los movimientos revolucionarios desde finales del siglo XVIII, conectándolos con las luchas populares de las ciudades y comunas medievales desde el siglo XIV, y con toda la experiencia de las comunas precapitalistas, volveríamos a ver la importancia decisiva del territorio material y simbólico en el que la humanidad explotada se autoorganiza. Llamémosles comités, asambleas, anteiglesias, concejos, ayuntamientos, casas-grandes, comunas, consejos, soviets, repúblicas…, por debajo de esas diferencias fluye la vitalidad del territorio social en el que se autoorganiza el poder de los y las explotadas por la propiedad privada.

Resumen Latinoamericano ha sabido evaluar la dinámica de las contradicciones del capital para encargar a Roberto Perdía este N.º 1 de sus Cuadernos de Formación, mérito –que no acierto- que nos permite abrir un libro que la izquierda europea y en especial la de aquellos países responsables por su historia y por su presente de la sobre explotación de otros pueblos, debe leer con lupa autocrítica ya que viene a ser, por un lado, un compendio de las aportaciones de las fuerzas revolucionarias de Nuestramérica; y por otro lado una valiosa aportación creativa a los debates y a las prácticas que vuelven a escena tras el augurado fracaso del reformismo que se ocultaba debajo del pomposo nombre de «Socialismo del Siglo XXI»

No debemos estudiar esta obra por simple moda de solidaridad progre, al estilo de las Ongs bienintencionadas, porque para tan poco no hace falta rigor autocrítico ninguno. Necesitamos hacerlo porque la lucha entre el capital y el trabajo es una a nivel mundial, y aunque las distancias entre, por ejemplo, Euskal Herria y Argentina sean grandes, sin embargo, la burguesía vasco-española se enriquece ahora mismo gracias a que el euro imperialismo asegura la transferencia de valor entre ambos extremos, empobreciendo al de allí y enriqueciendo al de aquí.

O sea, a la lucha vasca también le afecta para bien o para mal según avancen o retrocedan las de nuestras hermanas y hermanos de clase argentinos. Por esto es necesario estudiar sus aportaciones teóricas porque descubriremos muchas prácticas comunes que surgen de esa unidad mundial básica que identifica a las clases explotadas. Ahora bien, lo primero que debemos evitar es el error del eurocentrismo, de creer que el resto del mundo debe seguir a pies juntillas los senderos que el proletariado occidental abrió y por los que transita mal que peor. Para evitar este error de consecuencias trágicas, hemos de estudiar la historia concreta de los pueblos machacados desde, al menos, la irrupción del colonialismo en la segunda mitad del siglo XV.

Roberto Perdía nos resumen los momentos decisivos en la formación de lo que ahora denominamos Argentina desde mediados del siglo XVI, resaltando la resistencia tenaz de los pueblos originarios y de sus formas comunales que se negaban a entregar sus tierras y culturas, sus identidades, a los invasores, recordando la rebelión andina de finales del siglo XVIII. Ahora mismo, cuando hemos seguido segundo a segundo la enésima sublevación del pueblo de Ecuador contra el imperialismo, el FMI y sus lacayos, vemos la continuidad profunda de las resistencias contra el «genocidio constituyente» -feliz expresión que el autor retoma- como la base de la Argentina actual que fue tomando cuerpo gracias a traiciones sucesivas de las oligarquías criollas que defraudaron los deseos populares de 1810 de una independencia plena no sólo de España sino de otras potencias, fundamentalmente de Gran Bretaña.

En el Congreso de Tucumán de 1816 se analizó crear un poder incaico con capital en Cuzco, posibilitando una amplia tierra liberada con el nombre de Provincias Unidas de Sud América. De haber triunfado este proyecto revolucionario, el destino de Sud América y probablemente de toda Nuestramérica hubiera sido muy diferente. Pero las clases ricas regionales buscaban sus propios y exclusivos Estados, provocando luchas fratricidas instigadas también por potencias extranjeras. La constitución de 1853 fue el resultado de aquellos cambalaches de las clases ricas, porque:

«Más allá de la libertad para usar el puerto, los representantes de esos mismos sectores no tenían mayor interés en cambiar las condiciones sociales y económicas existentes. Minimizaron la participación protagónica de los sectores populares. Los indígenas, los negros y los criollos pobres sembraron con su sangre los territorios nuestro-americanos para que aquellos comerciantes realizaran sus intereses» (p. 36)

La exposición de las lecciones de la historia no se limita sólo a la Argentina. Hemos visto cómo el autor citaba la gran rebelión andina dirigida por Condorcanqui de 1780. También nos recuerda la revolución haitiana iniciada en 1791, que en 1805 aprobó la Constitución más radical hasta el momento, y que en 1825 el colonialismo francés llevó 25 barcos de guerra a Haití, para obligarles a pagar una «reparación» por las pérdidas francesas, antigua potencia ocupante: hasta 1883 el pueblo de Haití estuvo pagando el «precio» de su libertad. Cita el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 en el que Bolívar había puesto tantas esperanzas, y que fue boicoteado por Estados Unidos, Gran Bretaña…, y por las burguesías latinoamericanas que ya entonces les obedecían. Y el autor escribe: «Al regreso de sus delegados, Bolívar les pregunta: ¿Tenemos gobierno y ejército únicos? Ante su respuesta negativa, murmuró: ¡Hemos fracasado!» (p. 36)

Varias veces, Roberto Perdía insiste en que fueron aquellas derrotas de los proyectos contrarios a las potencias colonialistas las que impusieron el contenido dependiente del capitalismo de Nuestramérica: «Es por ello que conquista, colonia, independencia, inmigración, población y cultura nativa no son un pasado ya superado de nuestra historia. En su desarrollo dialéctico forman parte de un presente que no ha sido capaz de sintetizarlas asumiendo el rol que tuvo cada una de ellas. Esta es otra de las características de este estado-nación. En él se expresan estas limitaciones del pasado que influyen en nuestra menguada independencia nacional, en el casi inexistente respeto de los pueblos nativos y en la crisis e inviabilidad de sus instituciones actuales» (p. 37)

2.- Crítica del posibilismo

Estas son los condicionantes sociohistóricos que debemos tener en cuenta para entender lo que se plantea en el libro. Por ejemplo, los efectos de la crisis sistémica, civilizatoria, que mina al capitalismo tienen una dureza concreta con el pueblo obrero de Argentina precisamente por los condicionantes vistos. La crítica que se hace de la democracia burguesa es implacable, y durante esa crítica vamos viendo cómo podemos aprender de la experiencia argentina a pesar de las enormes diferencias sociohistóricas arriba apuntadas, porque Roberto Perdía resalta una característica de la democracia burguesa común a Argentina y a Euskal Herria: las promesas que hacen los partidos electoralistas y que lo más probable es que no sean cumplidas, que queden en promesas o peor aún, en mentiras dichas para engañar a incautos. El autor hace muy bien utilizando un ejemplo crudo: «el cínico reconocimiento de Carlos Menem: “Si hubiese dicho lo que iba a hacer, nadie me hubiese votado”» (p. 59). Hay que recordar que Carlos Menem fue presidente de Argentina entre 1989 y 1999, aplicando políticas de austericidas que empobrecieron al pueblo y enriquecieron a una burguesía corrupta.

La democracia burguesa se sostiene en buena medida sobre la mentira y la manipulación, también en Argentina y en Euskal Herria. Solamente la izquierda revolucionaria dice lo que piensa hacer en el parlamento si es que ha decidido ir a ese instrumento del capital, y si puede decirlo abiertamente sin sufrir represión. La sociología electoral, el mercado del voto, la tele política y la manipulación psicológica de masas conocen a grandes rasgos el precio medio del voto convenientemente “trabajado” por la industria del control social de masas que sabe buscar en el big data lo que necesita. Roberto Perdía, en base a los más recientes estudios al respecto, nos advierte de que:

«Según recientes investigaciones realizadas en la Universidad de Cambridge, con 100 “likes” se puede conocer la personalidad, la orientación sexual, el origen étnico, la opinión política, la religión, grado de inteligencia, consumo de drogas y constitución familiar de una persona. Con 150 “me gusta”, mediante un algoritmo, se podría conocer y predecir el comportamiento de una persona mucho mejor de lo que puede hacerlo su pareja. Con 250 “likes” de Facebook, ni el propio interesado sabe lo que la estructura informática puede conocer de dicha persona» (p.71).

La manipulación psicopolítica tiene instrumentos desconocidos hace treinta años que permiten a las fuerzas burguesas más poderosas guiar parte de la irracionalidad de la estructura psíquica colectiva hacia el fortalecimiento del sistema. ¿Quiere esto decir que la izquierda ha de renunciar para siempre a la intervención electoral como parte supeditada a la estrategia revolucionaria? Una demostración de la validez del texto de Roberto Perdía la encontramos casi al final cuando desarrolla tres reflexiones sobre la idoneidad o no de luchar dentro de la democracia burguesa. Ahora debemos esperar porque para comprender la profundidad de los tres puntos, antes debemos seguir la lógica que los sostiene. Y una primera e inexcusable medida que debemos realizar, es el rechazo explícito del «posibilismo»:

«Los cultores de dicho posibilismo se reivindican pragmáticos y realistas, que “hacen lo que se puede…”. De un modo irónico, cínico y resignado, esa idea se ha instalado en la calle bajo la expresión: “Es lo que hay”. Cargados de lúdicos diagnósticos de la realidad, siempre eligen “el mal menor…”. Guiados por esos principios, terminan siendo lógicos reproductores del sistema que cuestionan y critican, Carentes de una verdadera autocrítica, no ponen en duda sus pensamientos; y sólo esperan enancarse en la lógica resistencia de los pueblos para reiterar –una vez más- ese inconducente “posibilismo”» (p. 75).

El reformismo, el posibilismo y el pragmatismo son tres corrientes políticas que surgieron a finales del siglo XIX en Alemania, Francia y EEUU, y que con el tiempo han confluido en una sola. Después, al calor de las órdenes y de las ofertas de la industria cultural, la casta intelectual ha multiplicado las ofertas: ya sabemos en qué han quedado tantas promesas de lograr definitivamente la «hegemonía de los nuevos sujetos sociales» para transformar la realidad sin lucha revolucionaria. El autor ha resumido en nueve puntos las constantes del posibilismo argentino, en la pág. 76; pensamos que aprenderemos mucho si las adaptamos a Euskal Herria:

Primera: «El no cuestionar realmente los mecanismos de explotación capitalista vigente, es una parte vital de la matriz de ese pensamiento en materia económica; y una de las razones de su fracaso, que termina consolidando el saqueo de nuestra riqueza y la explotación de los trabajadores». El reformismo posibilista y pragmático quiere aumentar votos y escaños, y hablar de la dureza de la explotación asalariada o no asalariada pero imprescindible para la burguesía, puede espantarlos; la solución es sermonear sobre democracia, derecho, justicia… de manera abstracta y polisémica para fascinar a sectores de la pequeña y hasta mediana burguesía; la lucha sistemática en fábricas, escuelas, servicios, barrios, etc., contra todas las explotaciones concretas en las que se materializa la unidad y lucha de contrarios entre el capital y el trabajo, cuando se realiza, es abandonada en manos del sindicato y de las organizaciones secundarias, y nunca llevada a las instituciones, al parlamento… para no asustar al voto potencial.

Segunda: «El extractivismo y el consumismo son dos aspectos inseparables de su proceder político-económico». Una de las fuentes de la acumulación originaria de capital en Euskal Herria fue el extractivismo de mineral de hierro entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Ahora ha vuelto otro «extractivismo»: el de la fuerza de trabajo cualificada que tiene que buscar explotadores en el extranjero que les den más salario porque los de la burguesía vasco-española son una miseria. La ideología consumista no combatida por el reformismo, refuerza la alienación de esos jóvenes que en vez de luchar en y por su pueblo y clase, se escapan buscando un explotador «más justo», pero sin integrarse en la lucha de clases del pueblo que los recibe.

Tercera: «La concentración y extranjerización económica y los privilegios del capital financiero, fueron efecto de sus políticas». En la Euskal Herria peninsular la izquierda vasca fue el centro motor de la resistencia al capital financiero y a la desindustrialización que éste exigía. Ahora lo es también en muchas explotaciones concretas sin olvidar las aportaciones de grupos de izquierda estatal; pero el nuevo reformismo electoralista ha abandonado la estrategia independentista y socialista que daba perspectiva histórica y coherencia programática a todas las expresiones concretas de resistencia precisamente cuando la nueva crisis mundial exige una decidida praxis concienciadora.

Cuarta: «Un cierto fetichismo del Estado lleva a considerarlo como el factor prácticamente excluyente de los cambios a producir». La destrucción del Estado del capital es una exigencia ineludible, simultánea a la construcción de un poder obrero y popular transitorio basado en la democracia socialista, Comuna lo llamaron Marx y Engels desde 1871. Las naciones oprimidas, interesadamente neutralizadas como «naciones sin Estado», tenemos la urgente necesidad de construir nuestra Comuna como único recurso para avanzar al socialismo.

Quinta: «Como legítimos herederos del pensamiento de la modernidad eurocéntrica, consideran a las ideas de “progreso” y “desarrollo” (fundado en los datos sobre “crecimiento económico”) como claves de la sociedad y de la vida humana». El pueblo trabajador vasco llevó hasta mediados de la década de 1980 una titánica lucha contra el plan de instalar cuatro centrales nucleares en un área de 17.234 km2, bajo control español. De haber triunfado el plan, entonces sería la zona más nuclearizada del mundo, teniendo en cuenta que a muy pocos km funcionaba la central de Garoña. La ideología del “progreso” y del “desarrollo” legitimaba tamaña barbaridad hecha fracasar por el pueblo. Aquella larga lección ha dejado una conciencia ecologista práctica apreciable en muchos comportamientos sociales, pero el paso a la retaguardia del independentismo socialista, perdiendo vigencia actual, más la presión casi aplastante de las nuevas formas capitalistas, así como otros factores, favorecen la recuperación del desarrollismo.

Sexta: «El tema de la corrupción por parte de algunos dirigentes progresistas, hábilmente manejado desde ese gran corruptor que es el sistema capitalista y sus personeros, es un acto de traición a lo que dicen representar y proclaman querer realizar». En la Euskal Herria bajo dominación española, el eufemismo denominado «transición democrática» desde la dictadura militar a la monarquía impuesta por los militares, logró que centenares de “progresistas” e incluso luchadores antifranquistas se convirtieran en poco tiempo en defensores de esa monarquía militar al ser cooptados como funcionarios, trabajadores públicos, etc., de las nuevas instituciones regionales que el capital necesitaba urgentemente para aparentar el cambio. Las abundantes corrupciones clásicas ocultaron esa degradación corrupta de la progresía que se integró con buenos sueldos en la “democracia” impuesta olvidándose de la democracia real. Ahora mismo, una de las causas de la profunda crisis política en el Estado español nace de la alta corrupción que pudre a la política oficial y a la gran burguesía, y de la pequeña corrupción de los nuevos reformismos y grupos de extrema derecha capaces de todo con tal de sentarse en un sillón.

Séptima: «También nos meteremos en la frustración que deja este modo de pensar y actuar en las cuestiones político-institucionales, con una democracia representativa alejada del pueblo, sus aspiraciones y necesidades». A grandes rasgos, en Euskal Herria sur, ha habido tres momentos de frustración: uno, cuando el reformismo se arrodilló ante la monarquía impuesta por la dictadura, legitimándola, lo que hizo que cientos de antifranquistas, socialistas y comunistas se hundieran en el desconcierto y otros se corrompieran, como hemos visto arriba. Otro, cuando una parte de la izquierda abertzale se descompuso desde la segunda mitad de la década de 1980 y sectores se integraron en el aparato de Estado, desplome paralelo al de grupos menores de izquierda revolucionaria. Y el tercero, la que han padecido cientos de militantes al imponerse la «nueva estrategia». En las tres frustraciones se descubre la quiebra del referente político estratégico que guiaba a sus militancias y que vieron cómo la nueva política se acomodaba a la «democracia representativa».

Octava: «Su paso deja el saldo de una débil y auténtica organización y protagonismo del pueblo. Ello impide el despliegue de sus potencialidades y olvida aquél viejo principio de que ¡Sólo el pueblo salvará al pueblo!». En todas partes sucede lo mismo: cuando la organización o partido referencial se hunde, gira al centro, parte de su militancia queda perpleja, desconcertada…y con frecuencia desiste y abandona la militancia. Según sea la historia, memoria, conciencia y contexto, se tardará un tiempo para que la lucha vuelva a los niveles anteriores.

Novena: «Tampoco debemos eludir la consideración del abismo que media entre su discurso cargado de “buenas intenciones”, junto a una práctica que termina por reproducir el sistema imperante». No hace falta que nos extendamos en las “buenas intenciones” del posibilismo que promete de todo en la campaña electoral, pero que se olvida de lo prometido a los pocos días, intentando mantener o recuperar la confianza del electorado prometiéndole nuevas maravillas.

Vemos cómo son aplicables en lo esencial a Euskal Herria las nueve características del progresismo posibilista argentino, y con diversas precisiones lo son también para Occidente siempre y cuando hablemos de izquierda revolucionaria. Un estudio más sutil y concreto debemos hacer cuando el autor, Roberto Perdía, se detiene en los logros democráticos de Cuba, Bolivia, Venezuela, Argentina en 1945-55, y la primera Constitución de la provincia del Chaco de1951, que no podemos siquiera sintetizar en su quintaesencia porque nos llevaría demasiado tiempo al tener que analizar las diferencias cualitativas de todos ellos con Euskal Herria: nos dividen y oprimen dos Estados que nos trocean en tres territorios con muy distintas administraciones con leyes, sistemas contables, educativos, administrativos, etc., muy diferentes; las leyes que nos imponen están pensadas para impedir toda centralidad nacional; no tenemos representatividad internacional alguna, etc.…, mientras que Cuba, Bolivia, Venezuela y Argentina ya eran Estados independientes antes de esas valiosas experiencias.

3.- Construir territorio comunal

Para los pueblos oprimidos que debemos destruir el Estado ocupante y crear un poder comunal cualitativamente diferente, Roberto Perdía hace aportaciones vitales sobre la territorialidad del poder comunal, sobre el anclaje de la autoorganización en un territorio que la clase trabajadora quiere liberar. La raigambre en el territorio es decisiva porque es uno de los mejores marcadores del avance, estancamiento o retroceso de la lucha popular. Un pequeño centro social de barrio, una cooperativa de producción y consumo, una asamblea vecinal, una asociación de cultura relacionada con alguna o algunas asambleas de taller o fábrica, un radiotelevisión local autogestionada, un colectivo de educación sexual, una gimnasio de autodefensa anti patriarcal y antirracista, una universidad popular conectada con algún centro educativo oficial…, son primeros avances en la autoorganización que pueden dar contenido y forma a lo que supone la comuna:

«La Comuna supone un tipo de organización que va más allá de las propuestas para una reforma estatal, de raíz eurocéntrica, que el progresismo viene formulando […] lo estratégico es la organización del pueblo, y lo que se propone en su organización en esta perspectiva comunal. Pensar el futuro desde la lógica de las comunas, es hacerlo teniendo en vista la comunidad, y no el mercado. Para hacerlo realidad, además de la voluntad explícita puesta en esa dirección, se requiere un largo tiempo de lucha y organización […] La construcción de la comuna adquirirá peso reivindicativo y dimensión política, en la medida en que se logra avanzar en la territorialización de las luchas sociales» (pp. 118-119)

Territorializar una lucha social quiere decir conectarla con otros grupos que también actúan en ese espacio urbano, en la vida en el barrio popular, etc.; en suma, el espacio productivo-reproductivo inmediato en el que se libran esos y otros conflictos, en síntesis: «dominar la calle» en sentido general, que es el espacio decisivo en el que se deciden los primeros momentos de la victoria de la rebelión contra la tiranía. Por territorio comunal debemos entender aquellas zonas en las que la autoorganización de colectivos ha permitido y a la vez exige su autogestión directa, de base y horizontal para que esa autoorganización se expanda. Un colectivo o red de grupos que no se autogestione, que no se gestione desde su interior y según su proyecto estratégico, está condenado a la desaparición o a la integración en el sistema al que dice combatir.

Al fin y al cabo, gestionarse así mismo es y exige el ejercicio de la autodeterminación, de decidir sin injerencias ni condicionantes externos, qué se quiere hacer y cómo hacerlo. Pero más temprano que tarde se demuestra que un territorio social autoorganizado, autogestionado y autodeterminado no sirve de nada cuando se desahucian viviendas, se cierran locales liberados, el poder impone la gentrificación y la policía permite la droga y la delincuencia mafiosas pero reprime a la juventud y a colectivos sociales, el terror patriarcal prolifera a falta de medidas en contra, las empresas destrozan la ecología urbana, el poder municipal rechaza toda propuesta vecinal exigiendo servicios y espacios públicos, …Ante estos y otros ataques del capital, el territorio popular empieza a descomponerse por falta de autodefensa.

Llegados a este punto, Roberto Perdía hace muy bien en advertirnos sobre la trampa que se esconde debajo de la inmensa mayoría de las medidas burguesas, sean reaccionarias o reformistas, contra el empobrecimiento inherente al capitalismo. La territorialización comunal puede detenerse y retroceder hasta su extinción si el poder lograr imponer la trampa de las «ayudas contra la pobreza». Muchos organismos del capital, la ONU, el Estado, oficinas públicas, grandes bancos y empresas, grupos religiosos, etc., actúan «contra la pobreza» desde el asistencialismo más neutro que no ataca la causa: el capital. Nos parece muy pertinente la crítica del autor al Ingreso Ciudadano Universal, y a su variante el «ingreso universal» a todos los «ciudadanos», como “soluciones” que no solucionan nada y desarman la conciencia del proletariado. También tiene razón el autor cuando insiste en que el rechazo a estos métodos de cooptación no implica la absoluta negativa a utilizar críticamente los sistemas asistenciales del Estado y otras instituciones burguesas: se trata de un uso crítico destinado a impulsar la estrategia de doble poder, del «poder dual»:

«De todos modos, la ideas que formulamos no niegan el aprovechamiento de estas políticas asistencialistas por parte del actual Estado. Por el contrario, se propone crear alternativas que le arranquen todas las concesiones posibles a este sistema estatal, mientras va construyendo otra modalidad de vínculos entre las personas y de éstas con la naturaleza, su pachamama.

El sujeto, el más dinámico territorialmente hablando, es en realidad un sujeto histórico en transición que, en la medida que vaya organizando al pueblo de un determinado territorio, irá adquiriendo significación política y capacidad de trasmitir su experiencia a otros sectores.

Por eso, la idea comunal no se agota en el territorio de los actuales desposeídos; es una propuesta que se extiende hacia la perspectiva de construir las ciudades comunales, y el propio estado comunal.

Eso, que podemos denominar la construcción de un poder dual, se inscribe en lo que podemos denominar su vocación de poder. Desde el vamos a poner en ejercicio la voluntad de gobernar y legislar sobre un determinado espacio físico; y más allá que no cuente con la institucionalidad estatal, va tensionando hacia la construcción de su propia institucionalidad. Eso es la acumulación constituyente, o construcción del poder popular» (pp.123-124).

La territorialización del poder popular aumenta en la medida en que más y más grupos, colectivos y movimientos pertenecientes al pueblo obrero se integran en el «Bloque de Poder» que, como su propio nombre indica, se autodefine como una fuerza que construye poder popular a la vez que destruye poder burgués, es decir, que pone en el centro la famosa «cuestión del poder». Vemos que existe un abismo entre las inquietudes de la progresía occidental por la “democracia” y la dirección directa del «bloque del poder» hacia la llave de la libertad: el poder comunal. O si queremos decirlo más crudamente: la democracia abstracta y hueca contra el poder de la clase trabajadora, y más en concreto, el poder de la mujer trabajadora dentro del poder del pueblo obrero. Roberto Perdía dedica cuatro páginas (pp. 124-127) a la cuestión del poder sociopolítico de la mujer trabajadora y a la urgencia de unir el mundo de la reproducción con el de la producción:

«Si logramos fundir ambas cuestiones en torno a la idea de la reproducción de la vida y la búsqueda de la felicidad, en lugar del poder y del dinero, es probable que estemos alumbrando un mundo mejor, con un feminismo popular que haga que el nuevo poder esté determinado por una mirada femenina […] Las organizaciones sociales y el poder popular, por medio de las Comunas, pueden ser los lugares de prueba donde estas cuestiones muestren, con el paso del tiempo, sus primeros y más efectivos logros. Esto es parte de la revolución cotidiana que, aspiramos, se pueda poner en marcha» (p. 127).

El «bloque de poder» avanzará en la medida en que se extienda, por un lado, la revolución cotidiana por entre los entresijos de la dominación patriarco-burguesa, carcomiéndola en sus raíces; y, por otro lado, aumente el poder de base de los grupos militantes en su avance territorial:

«En este sentido no se propone la idea tradicional de una “zona liberada”, tal como se lo entiende en la lucha guerrillera de tipo rural. Aquí se propone otro tipo de mecanismo: se trata de construir “zonas políticamente autónomas”, donde el poder popular esté radicado en la propia expresión del pueblo territorialmente organizado, para sus acciones en materia de producción, salud, educación, vivienda y la necesaria autodefensa de sus derechos e instituciones.

En definitiva, se trata de la puesta en práctica del sistema de doble poder. Uno, el construido actualmente vigente; otro, el constituyente, asentado en el pueblo que va organizando un nuevo sistema institucional que le permita atender sus necesidades cotidianas.

Esta construcción no supone negar los vínculos con otro tipo de organizaciones por reivindicaciones sectoriales, que pueden llegar a abarcar todo el territorio nacional (agua, medio ambiente, minería, bosques, glaciares, defensa de los pueblos originarios), ni tampoco con estrategias que tengan por objetivo la organización y respuesta de la población frente al sistema opresor (frentes sociales y políticos, huelgas, procesos insurreccionales).

Aquí se hará referencia a lo que ocurre en el territorio local, los municipios y la organización barrial, donde –hoy- nos interesa desarrollar las categorías de ese Bloque de Poder para la construcción del poder comunal.

Es aquí donde destacamos la organización de los desocupados, los trabajadores en “negro”, los del trabajo informal. En esta construcción se hará visible lo que tenemos dicho sobre el rol significativo de la mujer. Todos estos sectores, prácticamente excluidos del actual sistema, pueden constituirse –como trabajadores de la economía popular- en el sujeto social más dinámico del territorio local» (pp. 129-130).

Nadie debe creer que el poder comunal es un movimiento exclusivo de los sectores de la economía sumergida e informal, de las y los trabajadores desempleados. No: «Además de los sectores ya descriptos, ese Bloque de Poder–que también es un poder de clase- supone la participación de los trabajadores organizados en el mismo territorio (sindicatos, comisiones internas, cuerpos de delegados, agrupaciones)». (p. 130) Como poder de la clase trabajadora, la comuna adquiere un contenido revolucionario antagónico con el Estado burgués, y con sus instituciones, contradicción que se agudizará en la medida en que el Bloque de Poder integre tanto a pequeños comerciantes, profesiones liberales, etc., con las precauciones que ello exige conociendo el comportamiento histórico de estos «sectores medios», y a los pueblos originarios, a las naciones oprimidas.

Roberto Perdía se cuida muy mucho en caer en el error del espontaneísmo que niega la necesidad de la dialéctica entre organización revolucionaria y autoorganización popular:

«Es por ello que, de ninguna manera, se puede escindir ese poder local de la perspectiva general. Eso demanda una plataforma común, una organización de tipo revolucionario, donde se articulen las perspectivas locales no sólo entre sí, sino junto a otros mecanismos de lucha y organización que lo hagan participativo de una transformación nacional y regional. De ahí que esa construcción territorial no sólo no sea opuesta, sino que puede transformarse en principal animadora de otras formas de lucha anti-sistema […] La cuestión es organizar en el territorio local el antagonismo social y político contra el actual modelo y sus lacras, que caracterizan a la sociedad de clases del capitalismo. […] Se trata de un modelo de construcción diferenciado del autonomismo esencialista o de un progresismo reformista. Se trata de ir prefigurando el futuro en la construcción cotidiana. […] El Che planteaba que en la construcción del Poder Popular, era necesario desarrollar los “gérmenes de socialismo” que están presentes en el pueblo, atendiendo a las expectativas del mismo» (p. 133).

4.- Resumen

Las aportaciones de Roberto Perdía dan un salto adelante después de lo anterior, que es mucho, lanzándonos once características muy sintéticas que recorren las experiencias del Poder Popular llevadas a su nivel teórico:

Una: «Se trata de la organización de sectores populares». Las dos clases fundamentales del capitalismo son la burguesía y el proletariado; pero existen también la mediana y pequeña burguesía, las mal llamadas «clases medias», el campesinado, etc. Cada clase o fracción de clase se muestra de forma muy diferente según la historia de sus sociedades concretas, complejidad que se multiplica al existir la opresión patriarco-burguesa y la nacional; pero siempre existe una unidad y lucha de contrarios entre el capital y el trabajo en lo universal. Para abarcar esta diversidad de formas en las que se presenta y actúa la clase proletaria, se han creado conceptos flexibles y abarcadores –sectores populares, pueblo obrero, pueblo trabajador, nación trabajadora, masas populares, etc.- que deben ser entendidos en su específica lucha sociohistórica, pero que a pesar de eso siempre nos remiten a ese antagonismo mundial. Por esto, las comunas integran la rica complejidad de los «sectores populares», al igual que los soviets y los consejos conectados en el territorio integran las múltiples formas de lucha de clases entre el trabajo y el capital.

Dos: «Que lo hacen en función de sus variadas reivindicaciones de todo tipo». Es la interrelacionada multiplicidad de las explotaciones, opresiones y dominaciones que sufren las muchas formas en las que se presenta en concreto la humanidad trabajadora, la que explica las «variadas reivindicaciones de todo tipo» que objetivamente tienden a coordinarse en los territorios en los que actúan las comunas, consejos, soviets, asambleas, comités, etc. Inicialmente, son relaciones puntuales, tácticas y circunscritas a la lucha particular; pero con la concienciación que da la experiencia y la teoría, se avanza hacia una coordinación estratégica, que es la verdaderamente teme el Estado. “Casualmente” una de las características del reformismo es negarse a impulsar esa unidad estratégica que respeta la autonomía de las luchas, boicoteándola o rompiéndola, e incomunicando totalmente cada lucha de las demás, para así llevarla al redil burgués.

Tres: «Que constituyen sus derechos confrontando con el poder constituido». Es la práctica la que enseña qué es el derecho concreto que se plasma en el derecho y la justicia popular como antesala del futuro derecho socialista. Por ejemplo, el derecho popular de señalar en la calle, públicamente, a violadores, racistas, fascistas, corruptos, explotadores, etc.; este derecho concreto del pueblo es justo lo contrario del derecho burgués a la mentira que ejerce a diario con su prensa y sus medios de alienación. El derecho al aborto libre y gratuito, a la educación, sanidad, transporte, infraestructuras…, sólo se descubren en su materialidad cuando se lucha por ellos. La burguesía siempre intenta falsificar o borrar la historia que enseña que los derechos concretos sólo se han conseguido con la intervención rectora del pueblo trabajador, asustando así al capital y obligándole a ceder, Por esto es tan importante que la comuna mantenga actualizada la memoria histórica y la teoría revolucionaria.

Cuatro: «Que construyen de un modo autónomo, respecto al poder estatal de su marco territorial; esto no significa ignorar al Estado, sino mantener la autonomía en medio de esa tensión permanente». El proceso que va de la autoorganización a la autodefensa, que transita por la autogestión y la autodeterminación, se desarrolla fuera del control del Estado, aunque como ya se ha dicho intentando utilizar todo aquello que pueda ser utilizado para reforzar la comuna. Siempre hay que dudar de cualquier promesa estatal porque siempre tiene la intención de dividir y desanimar para, una vez logrado, atacar con más fuerza hasta destruir los derechos conquistados.

Cinco: «Que en ese territorio van construyendo expresiones de un poder dual respecto al propio poder estatal constituido». Un pequeño colectivo barrial organiza algunas denuncias que tienen éxito: se forma un contrapoder local con capacidades reducidas. Con menos errores que aciertos, amplía su implante territorial y sus razones, ayudando a crear un movimiento que empieza a ser una autoorganización comunal. Surge un problema grave: una transnacional quiere convertir un terreno en su vertedero de residuos en donde la comuna tenía pensado crear un centro social multiuso: surge una crisis de poder dual, o de doble poder en una cuestión decisiva para la comuna, pero también para la gran empresa. El centro social es imprescindible para vencer a la droga y a la incultura, para hacer reuniones, para todo…En fases de ascenso popular, la creación de contrapoderes es frecuente según la relación de fuerzas, pero pocos de ellos logran confluir en un potente movimiento estructurado de poder dual, que tal vez pueda llegar a ser la antesala de la revolución.

Seis: «Que ese poder dual va creciendo en varios sentidos: articulando diversos intereses reivindicativos (salud, educación, vivienda, producción, entre otros) y avanzado políticamente sobre el poder estatal de dicho territorio, sin negar la posibilidad de llegar a construir sistemas de seguridad o autodefensa propios que pongan freno al monopolio de la violencia estatal o paraestatal». La posibilidad de crear autodefensa se convierte en necesidad desde el momento en el que la burguesía se percata del peligro real de los iniciales contrapoderes. La violencia estatal dosifica sus represiones en estos primeros momentos, pero es muy frecuente que lance la violencia paraestatal, los matones de la patronal, el neofascismo y el fascismo, los grupos paramilitares… todos ellos controlados por el Estado. Son muchas las formas de autodefensa: pacífica, no violenta, desobediencia civil y boicoteo pasivo, utilización de la legalidad, movilizaciones de masas, etc.… pero su efectividad última, en el momento decisivo, depende tanto de cómo estén insertas en una estrategia que interrelaciona todas las formas de autodefensa, y de cómo el poder dual esté organizado y decidido a llevar hasta el final su autodefensa total en la situación extrema.

Siete: «En esa construcción es donde las compañeras han demostrado su capacidad de participación protagónica, que habrá que incentivar y asegurarle que no se obture su presencia en los niveles de dirección». Las mujeres trabajadoras han sido y son muchas veces las personas que fuerzan con sus iniciativas que las resistencias den un salto cualitativo hacia adelante, abriendo la nueva y más radical fase de lucha ofensiva; también han sido las que frecuentemente han asumido los sitios defensivos más peligrosos. No hace falta decir que, además, su tarea interna en las huelgas, en los movimientos, en las marchas populares, etc., es decisiva. Pero la historia la escriben los hombres, sobre todo los académicos de derechas, y eso se nota en el momento de conocerse el protagonismo de las mujeres trabajadoras.

Ocho: «Los excluidos del sistema, los asalariados y trabajadores de todo tipo son sus componentes sociales básicos, porque son ellos los que tienen la posibilidad de cuestionar la reproducción del actual sistema». Como hemos dicho arriba, la diversidad múltiple en las que se expresa la humanidad explotada por el capital, al final de su análisis nos remite siempre a la clase esencial, el proletariado, que es el componente social básico del poder comunal en su avance a Estado comunal, según lo define Roberto Perdía. Esta precisión es crucial porque sin ella caemos en los muchos reformismos que aseguran, por un lado, que “el proletariado ha muerto” sustituido por los muy diferentes entre sí “nuevos sujetos sociales”, con lo que desaparece la lucha de clases; y, por otro lado, aseguran que por ello mismo es imposible desarrollar la propuesta novena que hace el autor:

Nueve: «Para asegurar la continuidad de esta perspectiva de acumulación, su construcción no debe ser ajena a la tríada: producción, distribución, consumo (de la producción para el mercado a la producción para la comunidad)». Una crisis particular de doble poder, de poder dual, siempre es corta porque o vence el proletariado o el proletariado es vencido. Para multiplicar las fuerzas de los sectores populares que siguen a la clase obrera, se ha confirmado que ésta ha de hacerse dueña del circuito entero que empieza en la producción y acaba no en la ampliación del beneficio capitalista, sino en el consumo comunal, que decide qué parte de lo producido vuelve a la producción para mejorar aún más las condiciones de vida del pueblo. Este dilema siempre surge en las cooperativas, en las fábricas recuperadas, en cualquier comuna que quiera ser una «isla socialista en un creciente archipiélago de islas socialistas». Lo tiene muy difícil porque se enfrentan sin apenas poder sociopolítico a la raíz del capitalismo: producir bienes, valores de uso, sin propiedad privada y sin mercancía, aunque sea a muy poca escala: pero hasta ese pequeño embrión es un peligro inaceptable para la burguesía.

Diez: «Otras cuestiones que no podrán faltar a la hora de articular los intereses comunes en el territorio, están vinculados a: La apropiación popular del sistema de salud; las políticas en materia de salud; hábitat y vivienda; en la realización de las políticas de género y juventud; en la recuperación del territorio de manos del narcotráfico; en el desarrollo de las necesidades de autodefensas». No creamos que son necesidades exclusivas del mal llamado «tercer mundo»: la devastación social generalizada la está llevando a primer orden en el imperialismo, en donde el empobrecimiento ya es admitido como estructural y creciente. La muy reaccionaria Academia Sueca ha dado los Nobel de economía a tres técnicos en caridad y asistencialismo de limosnas a los «pobres», para aparentar que el capitalismo puede mejorar el drama de varios miles de millones de personas en el mundo.

Once: «Por último, cómo vincular la edificación del poder comunal y su relación con el municipio y las elecciones locales». Sobre esta cuestión tan debatida siempre, el autor nos propone las exigencias mínimas para lograr una participación electoral eficaz partiendo de la experiencia argentina y latinoamericana en buena medida:

A.     «Cuando existe una fuerza social suficientemente desarrollada social, política e ideológicamente, para comprender el rol de esa participación en el espacio geográfico (municipio, departamento, provincia, nación), en el que se da esa competencia. En este caso, colocamos la importancia del poder social acumulado como una cuestión básica para determinar si hay condiciones para la participación electoral. Pero, además, resulta necesario que esa fuerza esté política ideológicamente preparada para dar ese paso. No son pocos los ejemplos históricos de fuerzas que dilapidaron su caudal de representación social y política en aras de una participación donde terminaron diluyéndose y entregando cuadros para terminar, ese acto, consolidando la continuidad de lo que decían combatir.

B.      Dado que es muy común que esa participación se de en el marco de un frente, alianza o coalición electoral, habrá que asegurarse que la misma no tenga posiciones antagónicas con nuestro proyecto y nos permita una participación protagónica, que respete la fuerza que se representa y la posibilidad de expresar la matriz de ese pensamiento revolucionario. Ello supone dos temas, que habrá que medir en cada caso. En primer lugar, que la campaña electoral pueda ser un período de acumulación de fuerzas que, por guardar coherencia con nuestro pensamiento, permita sostenerse más allá del acercamiento propio de la campaña electoral, que suele dispersarse terminado el acto electoral. El segundo aspecto tiene que ver con la posibilidad de conseguir algún nivel de representación, en ese caso de asegurarse la posibilidad que la misma tenga la posibilidad de expresar los intereses construidos socialmente.

C.     Otra posibilidad de participación aparece como conveniente o necesaria cuando las elecciones no son más que la “escribanía” que institucionaliza el poder social y político alcanzado. Dos típicos ejemplos históricos de esta actuación son, en el nivel nacional, las elecciones que colocaron al gobierno de Héctor Cámpora en 1973, y en Nuestra América el caso de Hugo Chávez en Venezuela en 1998.

En concreto, y bajo las condiciones actuales, parece muy difícil la participación orgánica de las diferentes organizaciones denominadas sociales, aunque su función es política, en los procesos electorales más amplificados: Nacionales o Provinciales». (pp. 177-178)

Recordemos que el libro que reseñamos y estas tres reflexiones sobre si participar o no en las instituciones burguesas, se basa sobre todo en la experiencia argentina y en menor medida, aunque también, en la latinoamericana. Teniendo esto presente, sin embargo, es innegable la actualidad del problema por varios motivos: uno, en todas partes la burguesía vacía de poder efectivo a las instituciones elegidas por sufragio y concentra el poder real en los aparatos de Estado y cada vez más en poderes para y extra estatales, además de que potencia la independencia de las grandes corporaciones transnacionales y sus lobbies, tejiendo redes de poder flexible entre fracciones burguesas estatales inaccesibles al poder testimonial del sufragio parlamentario.

Además, el desarrollo de la industria de la manipulación psicopolítica de masas refuerza y a la vez oculta el vaciamiento de las instituciones burguesas, creando nuevos obstáculos que frenan la concienciación revolucionaria según criterios ya superados. Por no extendernos, la desestructuración social que está imponiendo el capital al romper la centralidad espacio-temporal de la cotidianeidad obrera y popular típica de la fase keynesiana y Taylor-fordista, multiplica las nuevas dificultades de la izquierda para recomponer la conciencia de clase para sí en el capitalismo presente.

En este contexto es suicida seguir con los planteamientos electoralistas anteriores a finales del siglo XX. Una de las muchas virtudes de este primer cuaderno de formación de Resumen Latinoamericano es que, como hemos dicho al comienzo, muestra cómo se pueden actualizar desde la perspectiva de la comuna una de las mejores bazas históricas de la humanidad explotada: la recuperación de la territorialidad material de la conciencia, ahora que el capital se lanza a la desterritorialización absoluta –aunque imposible- para imponer la –también imposible- desmaterialización absoluta del sistema en base al mito de la supuesta “cuarta revolución tecnocientífica”.

Frente a tanto engaño que fascina al reformismo, y que en realidad le hunde aún más en el agujero negro del electoralismo parlamentarista tal como existía hasta la década de 1980, la reconstrucción de los espacios materiales de la cotidianeidad proletaria y de los sectores populares es una tarea urgente y necesaria. Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=261691

En consecuencia, la «contrarreforma agraria integral» nos exige desestructurarla mediante territorialidades comunales que partan de las singularidades colectivas cuyo origen está en resistir y abrir alternativas al capitalismo. Olimpo Cárdenas Delgado nos advierte, en su artículo Colombia: « El conflicto no es sólo armado sino social, económico y político»:

 

(...)Hay que dejar absolutamente claro que cuando nos estamos refiriendo a líderes y lideresas sociales, estamos hablando de las bases sociales de nuestros movimientos y ¿quiénes son? Son todas esas personas que históricamente se han organizado en los territorios para defenderlo, para construir su propia forma de vida.

·         Estamos hablando, por ejemplo, del Coordinador Nacional Agrario, el CNA que tiene más de cien organizaciones campesinas en su interior, que hablan de soberanía alimentaria, de protección de las semillas, de territorios agroalimentarios, de protección del agua, de acueductos comunitarios, estamos hablando es de eso.

·         Estamos refiriéndonos a los líderes y lideresas afro que se han peleado los territorios colectivos para tratar de desarrollar lo que sus ancestros llamaron palenques, que tienen el mismo espíritu de autonomía, autodeterminación y de desarrollo cultural y social, donde lo económico no está ligado a la ganancia individual sino al desarrollo colectivo.

·         Nos referimos a las organizaciones indígenas y la defensa histórica que han tenido de los bienes comunes y la madre tierra.

·         Los líderes y las lideresas sociales son también aquellas personas que se dedican a la defensa de las víctimas del conflicto armado, son las organizaciones de mujeres que han venido reivindicando los derechos al aborto legal y seguro, a la autodeterminación, a que cesen la violencia contra las mujeres y los feminicidios, a dar el debate de género y paridad en toda la sociedad.

 

Esos son lideresas y líderes que están asesinando. Es decir, cuando nosotros decimos “líderes y lideresas sociales” nos estamos refiriendo a un sector de la sociedad que quiere transformar el  statu quo, que quiere un país en donde se posibilite la construcción de sujetos y sujetas políticas capaces de autodeterminarse, con conciencia política para la transformación de sus entornos y con capacidad de decisión sobre sus proyectos de vida. Ahí también están los y las estudiantes, los jóvenes, todos aquellos que están pensando en otra cosa diferente a llenarse los bolsillos destruyendo la naturaleza y los bienes comunes de las futuras generaciones.

 

Teniendo esto claro entonces nos podemos imaginar quiénes son los responsables de estos asesinatos. Todo al que no le convenga, al que no le guste ese modo de desarrollo de la humanidad y que tenga el poder económico, político y militar para poder silenciarlos.(...)Fuente: https://www.anred.org/2019/09/16/colmbia-el-conflicto-no-es-solo-armado-sino-social-economico-y-politico/

 

 

Repitamos a Roberto Perdía  para tener en claro el cómo construir el poder popular de hacer realidad a los buenos vivires abajo.

 

1)«En este sentido no se propone la idea tradicional de una “zona liberada”, tal como se lo entiende en la lucha guerrillera de tipo rural. Aquí se propone otro tipo de mecanismo: se trata de construir “zonas políticamente autónomas”, donde el poder popular esté radicado en la propia expresión del pueblo territorialmente organizado, para sus acciones en materia de producción, salud, educación, vivienda y la necesaria autodefensa de sus derechos e instituciones.

En definitiva, se trata de la puesta en práctica del sistema de doble poder. Uno, el construido actualmente vigente; otro, el constituyente, asentado en el pueblo que va organizando un nuevo sistema institucional que le permita atender sus necesidades cotidianas». Leer

Volvamos a Gustavo Castro cuando nos precisa sobre la ocupación económica territorial del Abya Yala (Leer )

 

(...)Estamos hablando de muchísimas más concesiones mineras, concesiones de represas que hay en todo el país, de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de gas, de petróleo, de fracking, de concesiones para turismo, de licitaciones gubernamentales de todo tipo, es toda la venta del país. El gobierno no tendría la capacidad de ninguna manera de contener, en términos financieros, demandas, si el gobierno dice, vamos a respetar derechos humanos, vamos a respetar medio ambiente. Entonces lo que están haciendo los gobiernos es criminalizar, es más barato, meto al bote a uno, a otro a la cárcel, reprimo, que millones en demandas tan sólo por una empresa minera, cuando la dimensión de lo que se ha vendido, y eso se repite en Guatemala, concesiones de petróleo, carreteras, de minería, de hidroeléctricas, igual Honduras y así nos podemos ir por toda América Latina, razón por la cual se ve cómo todos los gobiernos están modificando, lo que siempre se ha llamado las políticas de ajuste estructural, están modificando las estructuras de sus países para garantizar a las empresas extranjeras todas las inversiones, la extracción de todos los recursos de AL, donde el principal elemento de disputa es el territorio.

 

O sea, las corporaciones necesitan para cualquier cosa, territorio, para instalarse, minas, presas, oleoductos, gasoductos, fracking, gas, plantaciones de monocultivo, grandes ingenios, plantas de autopartes, grandes inversiones de turismo de élite que en las playas destroza manglares, es decir, necesitan territorio, grandes cantidades de territorio, y ahí están los pobres, ahí están los indígenas, los campesinos. Además, para poder hacer posible está inversión, requieren más territorio porque necesitan extraer el agua, la energía, etc. La disputa en AL es el territorio y yo creo que es lucha que se está viviendo actualmente y que es la que va a ir empujando en la medida en la que los tratados de libre comercio van avanzando, y ahora peor, en la medida en que el tratado transpacífico se va implementando y que es el tratado más ambicioso que hay hasta ahora.(...)

Una de las estrategias que se están realizando en otros movimientos es ir blindando territorios y entonces tener el control territorial, no disputar solamente un proyecto que ya está hecho, sino generar también un proceso de prevención en donde los pueblos dicen, aquí es un territorio liberado como lo vemos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y en el M4 que es el Movimiento Mesoamericano contra el Extractivismo Minero, donde la estrategia es tenemos que generar prevención para generar territorios libres, libres de estos megaproyectos, que no es cosa fácil tampoco obviamente, ni tampoco contener que los buitres lleguen al territorio pero sí se ha logrado que en muchos de los casos, generar procesos organizativos de tal manera que blindan los territorios a la llegada de otras inversiones, ya sean minas petróleo, fracking, oleoductos, gasoductos, pero eso implica un proceso de conciencia grande.

Y además de la resistencia, de estar deteniendo, vayamos construyendo una alternativa, eso es bien difícil, pero es la más bonita, me parece la más interesante, cómo podemos generar en lo local proyectos de autonomía y proyectos de vida digna distintos a la dinámica del capitalismo. Y para eso hay que inventarlos, nadie tiene la última regla ni la última receta pero que nos plantea el gran reto en cada una de las regiones, necesitamos construir procesos políticos, sociales, económicos, distintos, no bajo la lógica de la competencia, no bajo la lógica de la explotación, con otro tipo de valores y también de realidades, que hay que experimentar y que hay que probar y con ensayo y error, como sea, y que empiezan a pulular en muchos lados en América Latina.

Que no significa para nosotros buscar una sola alternativa, como decir, vamos a acabar con una hegemonía capitalista y vamos a poner otra hegemonía que se llame…porque creemos que en cada pueblo hay distintas formas de hacerlo, según sus idiomas, sus costumbres, su región, su geografía, su historia, su propia forma de construir esa felicidad, esa realidad distinta y que nacen de distintas formas, son muchas alternativas, no es una. (...)