Qué País

Agosto 2018

Sin los extractivismos, causantes de desertificación y expandidos por gobiernos K.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Indaguemos en qué consistió y consiste el crecimiento económico y progreso capitalista en Argentina:

 

La década extractiva

25 de mayo de 2013

Soja, minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos, fumigaciones, desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y represión sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y los asesinatos en el campo profundo. Diez años que dejaron heridas. 

INFORME ESPECIAL

Por Darío Aranda 


El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva.


Soja

 

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas). 

En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”. 

La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en informes de las propias empresas de agronegocios. 

El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42 millones. 

No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indígenas. 

El avance del agronegocios llega incluso a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos. 

El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada. 

En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que falta”. 

“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”, afirma el comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.

Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular”. 

Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas. 

Monocultivo de árboles 

La Ley 25.080 fue aprobado por el menemismo (1999). Subsidia todos los pasos productivos, las empresas no deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Además cuentan con devolución del IVA. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier modificación impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el régimen fiscal de las compañías). 

El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas. 

Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento). 

Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del monocultivo en la tierra colorada. 

La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas nucleadas en AFOA. 

Petróleo

Néstor Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas. También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del noventa. Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios que tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur. 

El OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó expectativas y pensaron en la posibilidad de que sea un punto de inflexión.
“El último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década del noventa”, afirmó Di Risio. 

No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un “corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Muestra de eso: la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio. 

La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la extracción con la técnica de "fractura hidráulica" (también llamado “fracking”). El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar yacimiento “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”. Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo. 

El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los Conquistadores. 

YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias. 

La semana pasada, YPF anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina). Y avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza). 

La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se está violando toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades. La Confederación Mapuche ya alertó que resistirá el nuevo avance petrolero. 

Minería

La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Informó el aumento de la exploración en un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja. 

Siempre según datos oficiales (informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003. 

Nunca antes la minería había crecido tanto. 

El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas --luego se supo que era un militante del PJ--) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería. 

El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera. 

“En estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y una producción de minerales que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del 19 de mayo pasado. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013”.

Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes". Y destacó que la premisa del Gobierno es "profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado”. 

Otro dato de importancia sectorial fue la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para pymes de servicios nacionales. Espacio gubernamental-empresario para impulsar la actividad.

La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad: la contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la explotación de yacimientos mineros. 

En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería. Esquel (2003) y Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja). 

Leyes 

En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo. 

En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Y ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas. 

El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén). 

La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en junio de 2012 que en tres años sólo se había relevado el cuatro por ciento de las comunidades y destacó que se desconocían el destino del 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”, denunció la AGN. 

La llamada “ley de glaciares” fue sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008. Se interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet. 

La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar (por una presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley. 

La norma estableció un plazo de 180 días para la realización del relevamiento. 

En marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”. 

El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Pero nunca hizo público los informes completos. 

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, febrero de 2009, donde organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera. 

A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que --en base a datos oficiales-- evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONGs. 

El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día. 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. 

Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco años. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado. 

Corporaciones 

“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción, en el Congreso Nacional. 

En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas. 

El 15 de junio de 2012, en 
un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico”. 

Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos. 


Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”). 

Como ya fue mencionado,
YPF anunció un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. 

Modelo 

Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada ha significado el avance en la restitución y recuperación de derechos conculcados y/o vulnerados desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los '90, también hay que marcar en esta década se ha abierto también un nuevo ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y denuncia:
“Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa articulación 'público-privada' por terratenientes sojeros, empresarios mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”. 

Araóz, coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”, describe que en la última década en las provincias ha crecido el (término nuevo)
“feu-deralismo extractivista”. Explica que los “ingresos” de las actividades primario-exportadoras han contribuido muy poco a avanzar en la democratización de las sociedades: "Si bien se han recuperado los niveles de empleo y se ha reducido la pobreza, también es cierto que ha crecido la proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y recursos asistencialistas”.

Resume al extractivismo como la
“combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia sustantiva”. 

Pueblos originarios
 

En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”. Habían marchado durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia). Y fueron recibidos por la Presidenta. Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio. 

Un año después, se conoció el audio de esa histórica reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad. 

Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.

Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan. ”Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene (...) Soy capaz de decirle en la cara y mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y, frente a la misma Presidenta, le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que ejecute las leyes”. 

A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por 'ganada' y otros por 'perdida'. Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este Gobierno no cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”. 

Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales. 

Represión 

El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente enTinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos. 

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”. 


En julio pasado, en Cerro Negro (cruce de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia. 

En noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de Legislatura. 

El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de planes sociales). Ayer nomás, 24 de mayo, fue el turno de comunidades Tonocoté en Santiago del Estero. 

Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años. 

Y la judicialización también está presente. Solo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas judiciales por resistir los desalojos. 

En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé --beba de 10 meses-- (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco). 

Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta. 



Ver también:
"Amanece el 25: Relato Patriótico, Modelo Colonial", por Eduardo Soler.

Otras notas de Dario Aranda en ComAmbiental:

 

El Gobierno y el modelo transgénico

El modelo agropecuario al banquillo

Endosulfán y glifosato: en juicio por las fumigaciones

 

Esquel sigue haciendo historia

Patagonia rebelde

 

Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html

 

Constatamos, a través del informe anterior, que hubo una indiferencia mayoritaria de los de abajo a esas catástrofes socioambientales en todo el país y no desconocimiento porque en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa acampó durante meses reclamando entrevista con la presidenta Cristina Fernández que explicitó su apoyo Gildo Insfran, gobernador de la provincia que consiguió reelección ilimitada como garantía de neofeudo. Leer

Volvamos al desentendimiento mayoritario sobre la multiplicación de "zonas de sacrificio" para el desarrollo capitalista. Implica rechazo mayoritario a salir del egocentrismo  y explica que se haya creído y se siga sosteniendo la mentira que durante más de una década hubo un gobierno de derechos humanos y nacional-popular.

El extractivismo es una política de estado. Así los gobiernos K-PJ continuaron afianzando lo implantado por los de Menem-Partido Justicialista que concretaron la miseria  (o desposesión total y totalitaria) planificada por la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales e instaurada por el contubernio mediante dictadura militarizada. Desde 2016 el de Mauricio Macri expande fortificando aún más los extractivismos y el Estado opresor-represor.

 

 

Argentina extractiva: el cambio era la profundización
20 de diciembre de 2016

 

Por Darío Aranda*.

El primer año del nuevo gobierno mostró continuidad y profundización del modelo extractivo. Beneficios para el agronegocios y la megaminería. Desfinanciamiento, vulneración de derecho y criminalización para campesinos, indígenas y asambleas socioambientales.

Pergamino. Corazón de la pampa húmeda, las mejores tierras de Argentina. El presidente Mauricio Macri viajó junto a su gabinete y anunció el quite total a las retenciones (impuesto a las exportaciones) agropecuarias y rebaja de cinco puntos para la soja. San Juan, provincia cordillerana. El Presidente anunció el quite total a las retenciones a la megaminería (que eran de entre 5 y 10 por ciento). Las dos medidas fueron tomadas en el primero mes de gobierno.

Macri, que llegó al gobierno con las promesas de “cambio”, mostró continuidad y profundización en las políticas extractivas.

Agronegocios

Al frente del Ministerio de Agricultura nombró a Ricardo Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), una de las entidades  productoras de soja. Su primera medida fue rebautizar el ministerio: pasó a llamarse de Agroindustria. También nombró a Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola -Aacrea-), Néstor Roulet como secretario de Valor Agregado (de CRA), Ricardo Negri como secretario de Agricultura (Aacrea -asociación de empresarios del agro-), Beatriz “Pilu” Giraudo en la flamante Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa -Aapresid-).

Aacrea y Aapresid son engranaje fundamental del agronegocios, empresarios mentores ideológicos y de lobby transgénico. Nunca sus cúpulas habían formado parte del Gobierno.

A cinco días días de asumir la presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el quite de retenciones para los productos agropecuarios. Un medida de 10.000 millones de pesos, según el gobierno. Sin embargo, desde el diario económico El Cronista estimaron, en base a la devaluación, un cifra distinta: 60.000 millones de pesos.

En un cambio con el gobierno kirchnerista (que estuvo enfrentado con sectores del campo, desde 2008), el macrismo estableció alianzas y amplió los beneficios para el agronegocio, que en Argentina toma forma de transgénicos (soja, maíz, algodón), uso masivo de agroquímicos y concentración de tierras en pocas manos.

Una muestra en ese sentido fue el envío de un proyecto para nueva ley de semillas. El sector empresario exige desde hace una década una nueva legislación, que limite el “uso propio” (práctica tan ancestral como la agricultura, que implica cosechar, guardar parte de esas semillas y volver a sembrar).

En 2012 el gobierno de Cristina Fernández intentó, en acuerdo con Monsanto, modificar la ley, pero tuvo resistencias incluso dentro del Frente para la Victoria (FPV) y no pudo tratarla en el Congreso Nacional.

En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías extendidas  (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Brett Begemann destacó que “fue una buena reunión, porque tenemos una visión común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”.

El 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: “El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso”. Afirmó que se busca “garantizar la investigación, tecnología y productividad”. El Ministerio remarcó que “desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas”.

No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores.

En el Congreso Nacional no se logró acuerdo para su tratamiento. Incluso organizaciones del agronegocios (como CRA y Sociedad Rural Argentina) rechazaron que las grandes semilleras quieran cobrar las regalías extendidas.

Se conformó la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. Se trata de medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas que cuestiona que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria “es producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores”.

En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la superficie con soja era de 12 millones de hectáreas. En 2015 fue de 20 millones, un crecimiento geométrico. La estimación oficial para 2017 marca un aumento a 20,6 millones. El maíz pasó de tres millones de hectáreas (2003) a 6,9 millones (2015). Para 2017 se aumentará a 7,3 millones. El trigo pasó de  6,3 millones en 2003 a (sojización mediante) 4,4 en 2015. Las proyecciones para 2017 es aumentar a 5 millones. En todos los casos hay uso masivo de agroquímicos y el aumento de la superficie (“corrimiento de la frontera agropecuaria”) implica avance sobre campesinos, indígenas y desmontes masivos (en Argentina se desforestan un promedio de 32 hectáreas por hora).

Campesinos

En la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF –área dedicada a la agricultura campesina e indígena–) fue nombrado Oscar Alloatti. Despidió 250 trabajadores en diez meses y realizó (bajo la órbita del ministro Buryaile) un ajuste económico que dejó el área sin financiamiento. Renunció en octubre. Y el área aún sigue acéfala.

“Hemos vivido un año durísimo y muy negativo por el embate continuo del sector empresarial hacia nuestros territorios, con mucha violencia e impunidad, notando mayor intensidad que años anteriores. Se nota el gran envalentonamiento a raíz del gran apoyo que sintieron del actual gobierno nacional, que ha respaldado al agronegonegocio y a la megaminería en desmedro del sector campesino-indígena”, afirmó Roger Almaraz, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

Ciencia

El Gobierno confirmó en sus cargos al ministro de Ciencia, Lino Barañao, y al director de Biotecnología, Martín Lema, hombre clave en la aprobación de transgénicos en el país. Barañao es reconocido promotor y aliados de las empresas de transgénicos y agroquímicos. Llegó a afirmar que el “el glifosato es como agua con sal” y, otra de sus máxima en defensa del herbicida, fue en diciembre pasado: “De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no hay peligro”.

Lema está al frente de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas (en base a estudios de las propias empresas). En 2016 aprobaron seis transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.

Minería

Por decreto número 160/2015, el 21 de diciembre de 2015 el Presidente eliminó las retenciones a las exportaciones mineras. El diputado nacional del Pro Eduardo Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de Cámara de Diputados, había adelantado la medida luego de una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell): “Esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras”. Y aclaró que entre los proyectos en carpeta sobresalen Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).

Pero el mayor exponente público de la minería no provino del Ministerio de Energía (donde depende la actividad). “La minería es una actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla. Las  posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando actividades productivas que, cuando se hacen seriamente, traen bienestar para la comunidad”, señaló el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.

Durante todo el primer semestre el Ministro de Ambiente visitó ciudades claves en el rechazo a la megaminería: Chubut (Esquel, Trelew, Rawson, Pirámides), Catamarca (Andalgalá), San Juan (Jáchal) y La Rioja (Famatina y Chilecito).

En todas las provincias Bergman repitió el mismo libreto. Propuso “debates serios, diálogo” sobre minería y señaló que el problema era la “falta de controles”. Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, explicitó cómo se define a Bergman en las asambleas socioambientales: “Es un lobbista de las mineras”.

En 2003, cuando el kirchnerismo llegó al poder, había en Argentina 40 proyectos mineros en estudio. En 2015, antes de dejar el gobierno, el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, celebró que existían 800 proyectos en estudio.

El nuevo Gobierno mantiene la misma línea e impulsa la puesta en marcha de una decena de proyectos mineros. De extracción de litio en Jujuy y Salta, Pascua Lama (San Juan), San Jorge y Potasio Río Colorado (Mendoza), Suyai y Navidad (Chubut), Agua Rica y Filo Colorado (Catamarca), entre otros. En todos los casos, existen rechazos de las comunidades locales.

“La política extractiva se mantiene. La minería es política de Estado. Los funcionarios siguen jugando para las mineras”, resume Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Hace veinte años que allí está instalada Minera Alumbrera y no ha cumplido con ninguna de las promesas (trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente). La población no quiere más minería y rechaza un nuevo proyecto (llamado Agua Rica), tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen las fuentes de agua.

En 2010 cerraron el paso a los camiones de Agua Rica. Una feroz represión cayó sobre los habitantes de Andalgalá y sobrevino una pueblada. Luego un juez local suspendió el proyecto minero y la causa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con dos acampes de los asambleístas en Buenos Aires, para que los jueces no duerman la causa). En septiembre pasado, el Concejo Deliberante de Andalgalá prohibió la megaminería en la localidad.

“Las mineras ahora tienen perfil bajo acá, saben que no son queridas, pero aparecen los políticos y dan la cara por ellos, son títeres adictos a la corrupción que les proponen las mineras. Ahí anda la gobernadora (Lucía Corpacci) diciendo que Agua Rica se hará sí o sí”, cuestiona Flores, pero antes de terminar la llamada avisa: “Acá estamos decididos a defender el territorio. Nos van a reprimir, lo sabemos, pero no van a pasar”.

En Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó en contra de la actividad, y aún se mantiene en lucha. Corina Milán es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Esquel y de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, no tiene dudas del accionar del gobierno nacional en su primer año: “Muy negativa”. Cuestionó la quita a las retenciones y destacó el “cambio de estrategia” al enviar al ministro de Ambiente, Bergman, “que repite slogans coucheados por publicistas, tratando de plantear que ‘la minería es una actividad productiva'”. Recordó que en Esquel llegó a reconocer que su objetivo era “sacarlos de la calle (a las asambleas)”.

También cuestionó que el Gobierno incluyó en el presupuesto 2017 la construcción de una planta de uranio en Chubut, sin tener en cuenta que está vigente la ley 5001 que prohíbe esa actividad.

 

Pasteras

Una lucha socioambiental que marcó la última década se dio en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) y motivó un conflicto binacional. En febrero de 2005, el gobierno uruguayo autorizó  la construcción de una planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia (luego UPM) en el margen del río compartido con Argentina. La población entrerriana rechazó el emprendimiento, con numerosas pruebas de la contaminación de ese tipo de plantas. En enero de 2006, miles de entrerrianos desbordaron el puente General San Martín (que une los dos países). La marea de gente sorprendió a los propios vecinos de la tranquila Gualeguaychú. El “conflicto por las papeleras” encontró su punto alto en la agenda nacional y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú comenzó un corte en el puente.

El presidente Néstor Kirchner visitó Gualeguaychú el 5 de mayo de 2006. En el escenario del Corsódromo, ante unas 35.000 personas, el Presidente prometió: “Es una cuestión ambiental que atañe a todo el país”. Cuestionó a los países de primer mundo por trasladar sus industrias contaminantes: “No pueden traernos como solución a la pobreza la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental”.

El Gobierno fue tomando distancia del reclamo y pactó “controles” conjuntos con Uruguay. La Asamblea de Gualeguaychú cuestionó al Ejecutivo Nacional (primero a Néstor Kirchner, luego a Cristina Fernández) por haber negociado con Uruguay y los acusaron de darle la espalda a los entrerrianos.

En diciembre de 2011, la Asamblea de Gualeguaychú emitió el comunicado “1500 días de Botnia”. El subtítulo fue “con las emisiones tóxicas, se va confirmando lo anunciado”. Puntualizó doce ítems de contaminación, derrames, dioxinas, vertidos al Río Uruguay, emisiones de gas sulfhídrico, daños en flora y aumento de la temperatura de los efluentes, entre otros.

La última escalada gubernamental fue en 2013, cuando Uruguay autorizó a UPM-Botnia a aumentar la producción a 1,2 millones de toneladas anuales (cien mil toneladas más de pasta de celulosa al año). Argentina retrucó el mismo día. El canciller Héctor Timerman hizo público el informe de científicos que confirmaba la contaminación de la pastera en el Río Uruguay. Altas temperaturas de efluentes, exceso de fósforo en el agua (36 veces más de lo permitido), pesticidas, cromo y fenoles (400 por ciento más de lo establecido por ley). El estudio era responsabilidad de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos.

Con seis años de funcionamiento, el Gobierno aseguró que la pastera contaminó con fenoles, fósforo, níquel y cromo. Y precisó que volcó por día 61 millones de litros de efluentes que superan en un 60 por ciento la temperatura permitida (32 grados sobre los 20 grados del río). Y recordó lo insólito de la manera de controlar a Botnia: las autoridades deben avisar a la empresa y, recién diez días después, los científicos podían visitar la planta.

La asamblea de Gualeguaychú apuntó contra ambos gobiernos y UPM-Botnia. Cuestionó que se hayan ocultado durante cuatro años los estudios que confirman la contaminación.

El 6 de enero de 2016, Macri se reunió con su par uruguayo, Tabaré Vázquez y le propuso “dar vuelta la página” en el conflicto por las pasteras. Acordaron un “monitoreo medioambiental de ríos y espacios comunes”. Vázquez anunció “la creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental”.

En julio, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez anunció la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en la zona del río Uruguay. Y en noviembre se dio a conocer un informe conjunto, entre Uruguay y Argentina (de la Comisión Administradora del Río Uruguay –CARU–) que confirma que Botnia-UPM contamina pero también señala que “Gualeguaychú contamina más”. Así lo divulgó el discurso oficial (de ambos gobiernos) y así lo replicaron los grandes medios de comunicación de Buenos Aires.

Horacio Melo, ex delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (entre 2005 y 2016), rechazó el informe por “inconsistente”. Explicó que el trabajo difundido “hizo “desaparecer el 90 por ciento de las exigencias” vigentes en materia de control ambiental y denunció que ambos gobiernos “utilizaron normas uruguayas dictadas exclusivamente para la empresa UPM-Botnia”.

Gustavo Rivollier, de la Asamblea de Gualeguaychú, anunció que la población está de pie para rechazar la nueva planta de celulosa y cuestionó el informe sobre contaminación: “La pulseada la ganó UPM (Botnia), qué a través de la delegación uruguaya impuso los parámetros más laxos, obviando las reglamentaciones impuestas por el Tratado del Río Uruguay, y asegurándose así un resultado fácil de dibujar por la prensa adicta, que sin ningún pudor pregonó ‘UPM no contamina’”.

Denunció que la delegación del gobierno argentina (en la CARU) prestó acuerdo para archivar decenas de denuncias sobre emanaciones gaseosas contaminantes por parte de UPM,  que se tramitaron a través de la Comisión. “Desde Uruguay se insiste con anuncios en continuar el modelo extractivo con nuevas plantas celulósicas, y desde el gobierno argentino lo miran hasta con cierta envidia. La depredación nunca cesó, pero hoy muestra los dientes por la calle sin ninguna vergüenza”, afirmó Rivollier.

 

Criminalización

Corina Milán, de la Asamblea de Esquel, destacó la preocupación por “el escenario de criminalización de la protesta social que se está planteando y que debe ser leído en sintonía con la avanzada extractivista que se promueve”.

En el mismo sentido, un centenar de organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas emitió un comunicado conjunto en noviembre. “La lucha indígena no es delito. Estigmatización y persecución al pueblo mapuche”, es el título del documento emitido por Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y organizaciones pueblos originarios.

Es una respuesta al Ministerio de Seguridad de la Nación, que en su informe de gestión acusó a los pueblos indígenas de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar pruebas).

“Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado de los organismos de derechos humanos. También denunciaron la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (provincia de Neuquén), una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencional del mundo. “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, cuestionan Amnistía Internacional, APDH, la Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro, entre otras organizaciones.

El gobierno nacional había acusado a los mapuches de “armar comunidades indígenas y tomar tierras en zonas petroleras”. El ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentan la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos de hidrocarburos.

“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.

Luchas

La comunidad mapuche Campo Maripe lleva seis meses de bloqueo a YPF-Chevron en Vaca Muerta. En un contexto de criminalización (e invisibilización) exigen el cumplimiento de los derechos indígenas (consulta previa y consentimiento libre, previo e informado). El gobierno impulsa la llegada de nuevas empresas, donde viven más de veinte comunidades mapuches. Anuncio de mayor conflictividad para 2017.

Entre el 8 y el 11 de diciembre se realizó en La Rioja el 27 Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio que reúne a organizaciones de todos el país que luchan contra el extractivismo (muchas vinculadas a la megaminería, pero también contra el agronegocios, pasteras y contaminación urbana). “En el mundo se consolidan gobiernos de derecha que ya no ocultan la decisión de destruir y saquear nuestros bienes comunes como países periféricos, pero al mismo tiempo también avanza nuestra resistencia y nuestras propuestas para construir ese mundo que queremos. Nosotros nos constituimos como una alternativa a partir de otra manera de organizarnos”, explicó Cecilia Matta, integrante de la Asamblea Riojana Capital.

Participaron más de 300 asambleas y organizaciones sociales, remarcaron los logros de este año, entre ellos el sostenimiento de la Ley 7722, que protege el agua en Mendoza (y que las empresas extractivas intentaron dar de baja), el freno a las compañías mineras en La Rioja y la paralización del proyecto Agua Rica en Catamarca. El encuentro de la UAC, considerado una “asamblea de asambleas”, finalizó con un documento que invita al optimismo: “Se potencia la construcción de una forma diferente de hacer política, impulsando la defensa del territorio y el derecho a decidir”.

Quizá el mayor hito de las luchas de 2016 de Argentina provenga de la localidad de Malvinas Argentinas (en Córdoba). En 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado la llegada de Monsanto, con su mayor planta de maíz transgénico del continente. Los vecinos comenzaron a organizarse, nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida y rechazaron la instalación de Monsanto.

Fueron cuatro años de resistencia, medio docena de represiones, judicialización, amenazas y bloqueos al predio de treinta hectáreas de la empresa. Desde 2014 estaba suspendida por un fallo judicial (solicitado por los vecinos) y por el rechazo (por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba) del informe de impacto ambiental presentado por la compañía. Pero Monsanto insistía en el proyecto, con apoyo del Municipio, la Provincia y Nación.

En septiembre circularon versiones sobre la partida de la compañía. En noviembre, la intendenta, Silvina González, confirmó que la empresa AMG Obras Civiles había adquirido el predio de Monsanto.

El 4 de diciembre hubo festejos en Malvinas Argentinas. La invitación destacaba: “Luchamos, resistimos, triunfamos. Llegó el momento de celebrar”. No es para menos. Los vecinos de la pequeña localidad cordobesa lograron lo que parecía imposible: derrotar a la mayor empresa del agronegocio del mundo.

Sobre el autor

Darío Aranda, periodista argentino especializado en extractivismo. Trabaja en el diario Página/12, la cooperativa de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), la Cooperativa La Brújula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu).

Colaboró con el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi).Escribe en el diario La Jornada de México (suplemento “Del Campo”) y es consultor de Amnistía Internacional.

Las opiniones vertidas en este artículo pertenecen exclusivamente a su autor.

Fundación Heinrich Böll, Cono Sur

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Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2016/12/20/argentina-extractiva-el-cambio-era-la-profundizacion/

 

Aclaremos, nos dominan los poderes establecidos mediante su dictadura genocida y constituidos mediante creciente democracia restringida. Son criminales de lesa humanidad.También lo son nuestros presidentes y legisladores cuya representación resulta estafa. Ahondemos en el porqué lo son.

 

Examinemos el suelo para descubrir a qué nos está conduciendo el capitalismo local cada vez más subordinado a los intereses oligopólicos. Pero, además, involucrémonos en las disputas de territorios desde diversos de abajo con las corporaciones locales e imperialistas. De modo que identificarnos con las comunidades mapuche es ir contra la desertificación causada por Benetton y por las petroleras.

 

Recordemos cómo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner promovió los planes de megamineras y  petroleras. También al sistema imperialista de agronegocios mediante el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020.Leer

 

 

El suelo en peligro: Desertificación en Argentina
15 de diciembre de 2016

 

Imagen de un terreno "desertificado" en Argentina, donde este tipo de territorios ocupan 60 millones de hectáreas [Foto vía Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina].

Cada año se degradan 41.285 km2 de tierra (la superficie de Suiza) a causa de la desertificación, un fenómeno que evoluciona en todo el mundo. Sin embargo, en Argentina es especialmente palpable: la actividad agrícola e industrial está llevando al país a una situación límite.

Argentina cuenta con 2.780.400 km2 de superficie, lo que la coloca como la octava nación con más territorio del mundo. En contraposición de esto, sólo cuenta con 43 millones de habitantes (según un cálculo estimado del gobierno nacional), hecho que clasifica el país en el puesto número 23 en el ranking mundial de población. Esto significa que hay grandes extensiones de tierra para explotar. Sin embargo, por diversos motivos, el país no hace un uso responsable de sus recursos y se avecina una fuerte expansión de la desertificación e improductividad de las grandes extensiones de tierras.

Estos problemas de degradación de los recursos naturales se dan en el contexto de una nación que los posee de forma abundante, sobrepasando la riqueza natural de muchas potencias mundiales. No obstante, diferentes actores políticos y económicos han permitido el avance de las mineras, las petroleras, la industria de la soja y la tala forestal. Las consecuencias de ello: zonas de alta productividad arrasadas simplemente para el beneficio de unos pocos.

El país pierde 650.000 hectáreas por año debido a este fenómeno, según la antigua Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (actualmente un Ministerio).

 

¿Qué es la desertificación y cómo afecta al mundo?

Cerca del 35% del territorio mundial se considera desértico, según Naciones Unidas, y eso es resultado, en parte, de la constante actividad humana sobre el suelo, que lo deja improductivo al perder todo tipo fertilidad. Esto se produce habitualmente en zonas secas que pueden ser áridas, semiáridas o subhúmedas, y que albergan a un tercio de la población global debido al cambio climático y a la explotación indiscriminada y no planificada de la agricultura.

La desertificación es el resultado de un desequilibrio a largo plazo entre la demanda humana de los recursos de los ecosistemas y la verdadera capacidad de esos recursos, que no son renovables. Bajo este panorama, los países deben apostar por la reforestación de zonas arrasadas y una explotación racional del medio ambiente. Pero, ¿es posible esto último en una economía tan extractiva como la capitalista?

Datos elaborados por la ONU en 2013 reflejan que ya hay 168 países con este problema, que cuesta 500.000 millones de dólares anuales. Además, la degradación no sólo no se reduce sino que aumenta 41.285 km2 al año, es decir, lo equivalente a la superficie de Suiza. Los países más afectados por este fenómeno son Yibuti, Somalia, Kenia, Etiopía, India y China. Por tanto, vemos que cuatro de las seis naciones más castigadas por este hecho son naciones africanas.

 

Los suelos argentinos

El 75% del territorio argentino son suelos secos (áridos, semiáridos y subhúmedos). Por esta razón, el gobierno nacional se compromete a luchar contra este problema, en 1996, en la convención realizada por la ONU para tratar dicho asunto. Pero, según un estudio realizado en 2002, se comprobó que había cerca de 60 millones de hectáreas alcanzadas por este proceso de degradación en todo el país. No fue hasta el año 2011 que se creó un observatorio para tratar este tema.

Argentina tiene el desafío de hacerle frente a un factor especialmente relevante en la desertificación que está sufriendo el país y que es la variación interanual de precipitaciones, que afecta, sobre todo, a las regiones andinas. Varios académicos ya alertaron que las provincias de La Rioja y Catamarca tienen características similares a territorios desérticos cómo los de algunos estados de África.

Además, la región más castigada es la de la Patagonia, debido al sobrepastoreo que se da en el territorio y que tiene como consecuencias una disminución del 90% de la actividad forrajera, una expansión de los arbustos, gran erosión del suelo, y la alteración de las cuencas hídricas del lugar. Así, vemos que se perdieron 8 millones de cabezas en la producción ovina, especialidad de la zona, en el período que abarca del año 1992 al 2002.

Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) advierte que todo el proceso de reforestación del lugar puede llegar a tener un coste de entre 4.500 millones y 49.000 millones de pesos argentinos debido a la imprudencia de los sistemas productivos aplicados en las provincias sureñas. También se señala que la industria petrolera causó daños por un valor de entre 832 millones y 1.542 millones de pesos argentinos. Este informe fue publicado en 1999, en la actualidad el daño puede ser mucho mayor.

Todos estos cambios tienen como consecuencia dos procesos muy peligrosos para el futuro del planeta. Por un lado, las sequías que afectan directamente a las poblaciones de los estados, especialmente en las áreas rurales donde el agua es un recurso indispensable para cosechar. Por otro lado, la aridez del suelo provoca una degradación de la tierra que pierde fertilidad y queda improductiva de forma permanente.

 

Un fenómeno que se expande

Otras regiones del país que se encuentran en grave peligro de desertificación son la zona cuyana, especialmente la provincia de San Luis donde hay una expansión agropecuaria de productos propios de regiones húmedas que genera la pérdida de fertilidad en suelos más áridos como los de dicho distrito. Aquí cobra importancia el régimen de tenencia de tierras para esta maximización indiscriminada de la producción a gran escala.

A su vez, la expansión de la frontera de la soja afecta directamente a provincias como Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero, lo que provoca la pérdida significativa de nutrientes en el suelo. Esto va de la mano de los procesos de expansión de tala de árboles y negocios similares que desarrollan muchas multinacionales dedicadas a este negocio.

Por último, la provincia de Buenos Aires presenta los niveles más altos de desertificación del país, fenómeno acompañado por una pérdida de nutrientes del suelo básicos para la producción de alimentos. Esto evidencia una falla en la planificación estratégica del país para sus sistemas de producción, algo que no sólo ha tenido un impacto ambiental sino que también ha provocado que Argentina haya perdido su soberanía alimentaria.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

Fuente: http://www.unitedexplanations.org/2016/12/15/el-suelo-en-peligro-desertificacion-en-argentina/

 

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Argentina. Las graves consecuencias del modelo extractivista: el envenenamiento y criminalización de nuestros pueblos e indígenas.

20 de octubre de 2015

·                                  

·          Por Sebastian PolischukResumen Latinoamericano/.-  A pesar de que se pretenden acallar las voces de militantes sociales, sean médicos, ambientalistas o pueblos indígenas, cada vez sale a la luz las resistencias a las desastrosas consecuencias llevadas a cabo por la minería a cielo abierto, la explotación de petróleo con el fracking (fractura hidráulica), y el monocultivo de la soja con el agronegocio, siendo precisamente un año particular de luchas contra este modelo.

 

Casos de visibilización de la contaminación de la empresa Barrick Gold en la provincia de San Juan O la lucha de médicos, abogados e indígenas que pelean contra el modelo de los agronegocios (impulsor de cultivos con semillas transgénicas y el uso de agroquímicos en la agricultura) han obligado a que en marzo la Organización Mundial de la Salud recién considere a los agroquímicos tales como el glifosato, peligroso para la salud.  Siendo un modelo que afecta y que va a la par del quite de tierras a pueblos como los qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, se mantienen firmes en su lucha  acampando por más de 8 meses en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en  defensa y por la devolución de sus tierras. Lo mismo sucede con otros pueblos como los mapuches y la comunidad Winkul Newen que resiste al avance de las petroleras, donde a Relmu Ñamku (una de sus integrantes) la justicia neuquina pretende condenarla a prisión, usando la Ley Antiterrorista.

El verdadero modelo del agronegocio: Cánceres, abortos, y malformaciones en aumento

 

Alrededor de 13.400.000 de personas en Argentina conviven con la aplicación de más de 370 millones de litros anuales de agrotóxicos en lo que hace al 60% del territorio cultivado por monocultivos como soja, que es principal producto de la economía de nuestro país[1]. Según la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones, los agrotóxicos son causantes de graves daños en el ADN, además de cáncer, alergias y enfermedades respiratorias, afectando de manera escalonada a gran parte de la población que habita con estas plantaciones[2]. El coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Ávila Vásquez aseguró que está “probado que en los poblados próximos a las áreas fumigadas el número de muertes por cáncer, que en el país es de 1 cada 5, se eleva a una cada tres y llega a una cada dos en los casos más graves”[3].

En la localidades agrícolas, como la cordobesa de Monte Maíz, Ávila Vásquez reveló que “casi el 10 por ciento de las mujeres embarazadas de entre 15 y 40 años sufrieron abortos espontáneos en los últimos 10 años, cuando la media nacional es del 3 por ciento; además de que el 3 por ciento de los niños vivos menores de 10 años habían nacido con malformaciones, mientras la media provincial era de 1,68 por ciento”[4]. Otro de los tantos ejemplos es el de la comunidad qom de Avia Terai, cercana a Sáenz Peña (Chaco), donde está la planta CFM Mandiyú Monsanto, la abogada Alejandra Gómez afirmó que en ese lugar, “el 31 por ciento de las familias tuvieron parientes con cáncer en los últimos 10 años”[5].

La intomable agua y desertificación que deja la minería a cielo abierto

En la provincia de San Juan la empresa minera Barrick Gold, provocó el 12 de septiembre, el derrame de más de un millón de solución cianurica. Profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) analizaron inmediatamente el agua de las localidades de Jáchal e iglesia cercanas a la minera Veladero. En esos estudios comprobaron que si bien el cianuro no estuvo presente en las muestras, se detectó gran cantidad de metales pesados dañinos para la salud. Según el geólogo de esa universidad Marcelo Giraud, estos componentes “superan un porcentaje muy significativo, hasta 1400 veces por encima de los máximos establecidos por la Ley Nº 24.051 sobre residuos tóxicos y la Ley Nº 24.585 de protección ambiental minera, y son valores que también corresponden a los del código alimentario argentino. Los resultados establecieron que el agua no es apta ni para consumo humano, ni tampoco para riego, ni para bebida de ganado”[6].

El intento de aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuches en su resistencia a las petroleras

 

Tanto Relmu Ñamku como Martín Maliqueo y Mauricio Rain deberán afrontar, a partir del 26 de octubre al 5 de noviembre un juicio por haber resistido a uno de los tantos desalojos que padecía la comunidad Winkul Newen, frente a la empresa petrolera Apache (hoy YPF, empresa estatal aliada a la estadounidense Chevron) en diciembre de 2012, en el que resultó herida una oficial de policía, mientras velaban a un bebé muerto por malformaciones, producto de la contaminación. Para este caso la fiscalía los imputó sin indagar en los maltratos y la violencia que la empresa y la policía ejercían contra la comunidad en reiteradas ocasiones. A Relmu la acusan de “tentativa homicidio” basándose en Ley antiterrorista (Ley 26.734) y pretenden darle más de 15 años de prisión en un juicio que va a ser por jurado, mientras que a los otros dos imputados los acusan por “daño”. Y lo grave es, como ella afirma por esta causa que: “vemos que detrás de nosotros se va a ampliar a todos los que estamos luchando y eso es lo peligroso”.

Todos estos casos son innumerables ejemplos de cómo está operando el modelo extractivista que actúa bajo la complicidad estatal, donde por más que intenten no podrán acallar la resistencia y el combate de los y las que luchan.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2015/10/21/argentina-las-graves-consecuencias-del-modelo-extractivista-el-envenenamiento-y-criminalizacion-de-nuestros-pueblos-e-indigenas/

En consecuencia, es suicida votar por el "Volveremos" u otra expresión del Partido Justicialista. Comencemos por desfetichizar al Estado y desenmascarar a la burguesía 'nacional'. Enfrentamos a:

Un Estado a la medida del extractivismo 
Las políticas de la «Minería Sustentable» 
impulsadas en América Latina desde 1990.

 

Por Federico Nacif 
Sociólogo por la Universidad de Buenos Aires Becario CONICET en 
Temas Estratégicos Integrante del Programa Socio Ambiental PIIDISA 
Universidad Nacional de Quilmes. 
Invitado/Invited: 
07/09/2015 Aceptado/Accepted: 15/10/2015

 

Resumen

Durante la década de 1990, las corporaciones mineras transnacionales relocalizaron geográficamente sus estrategias de exploración y explotación, principalmente hacia América Latina, impulsadas por tres factores relacionados: 1) la creciente demanda de metales (como insumo productivo para la industrialización del sudeste asiático y como reserva de valor especulativo); 2) los nuevos métodos y escalas de explotación (cielo abierto); y 3) el aumento de las restricciones ambientales en muchos países industriales.

 

Asistidas política, técnica y financieramente por el Banco Mundial, lograron obtener ventajosos y duraderos regímenes de inversión e imponer las reformas institucionales que los nuevos métodos de explotación requieren para su radicación. Esto es, desde un nuevo marco normativo sectorial y la organización territorial y funcional de las dependencias del Estado, hasta la introducción de las nuevas tecnologías de medición, comunicación y generación de datos y la implementación de específicos instrumentos educacionales e informativos acordes a las estrategias de persuasión y control de los conflictos sociales que las consecuencias ambientales pudieran generar.

La forma en que esta rama del capital transnacional operó políticamente para impulsar en la región un acelerado proceso de desposesión puede ofrecernos algunas claves para reflexionar sobre las formas particulares que asumieron los Estados nacionales y las condiciones sociales, ideológicas y políticas de la dependencia extractivista.

Introducción

 

En el contexto de apertura y liberalización económica de la década de 1990, el Banco Mundial impulsó sobre varios países de América Latina una serie de reformas normativas e institucionales acordes a las necesidades de la gran minería transnacional y su estrategia expansiva de carácter global. En términos generales, los nuevos esquemas regulatorios debían garantizar el libre acceso y la propiedad sobre los yacimientos mineros, la introducción de nuevas tecnologías de generación y comunicación de datos geológicos y el diseño de las estrategias de persuasión y control de los conflictos socio-ambientales que los nuevos métodos y escalas de explotación pudieran generar.

A estas reformas normativas e institucionales (superestructurales), se sumó una serie de iniciativas tanto estatales como corporativas, orientadas a garantizar, por un lado, la infraestructura necesaria para la exportación de las materias primas en general (condiciones materiales) y, por otro, los esquemas de percepción social necesarios para la efectiva radicación y sostenibilidad de los nuevos mega emprendimientos mineros (condiciones subjetivas). En conjunto, se trataba de poder implementar de manera coordinada en cada territorio nacional una serie de "instrumentos para el cambio" organizados en torno a tres áreas principales de intervención: 1) instrumentos legislativos, normativos y jurídicos; 2) instrumentos financieros y de mercado; 3) instrumentos educacionales y de información. Sólo así los grandes capitales mineros transnacionales pudieron imponer en la región efectivos regímenes de propiedad, inversión, explotación y comercialización a la medida de sus necesidades. Regímenes mineros que -con importantes excepciones como Venezuela y Bolivia- continúan vigentes en gran parte de los países de la región.

Una operación ideológica fue crucial para el éxito global de estas políticas: la sustentabilidad deja de ser comprendida como un límite natural para el desarrollo productivo; por el contrario, el desarrollo productivo debe incorporar a la naturaleza en su propia lógica de valorización para poder ser verdaderamente sostenible.

 

A partir del análisis de documentos institucionales oficiales, emitidos por organismos internacionales tanto públicos como corporativos, vinculados directa e indirectamente con la promoción y la regulación de la mega minería en América Latina, se propone reflexionar sobre la forma particular que adoptaron los Estados nacionales de la región durante la larga etapa de acumulación por desposesión que supuso el neoliberalismo. En otras palabras, se trata de indagar el particular proceso histórico por el que determinada subclase social dominante (el empresariado minero transnacional) logró acceder y apropiarse de nuestros bienes naturales comunes y disponerlos de manera estable y legítima, tanto para la especulación inmobiliaria y financiera como para la producción y exportación de insumos industriales en forma de commodities, alcanzando o consolidando una posición hegemónica al interior de los bloques sociales dominantes21. Se pretende, de esta forma, aportar elementos a los debates sobre las condiciones sociales, ideológicas y políticas que sostienen en nuestros países la inserción dependiente al mercado mundial a partir de perfiles productivos predominantemente rentísticos y extractivistas.

 

América Latina 1990: nueva mega minería, vieja inserción mundial

 

Bajo el modo de producción capitalista, la necesidad de reproducción ampliada de los países industriales lleva a la configuración de una división internacional del trabajo que se asienta sobre relaciones de dominio y subordinación entre naciones formalmente independientes (Marini, 2007). Sin embargo, esa división internacional del trabajo adquiere distintas características en los distintos períodos históricos.

 

A partir de la década de 1970, los capitales de los países centrales bajo la hegemonía del sector financiero respondieron a la caída de la tasa de ganancia abandonando los acuerdos monetarios y regulatorios de posguerra (Bretton Woods) y migrando a la periferia los tramos productivos más intensivos en mano de obra. De esta forma, la internacionalización segmentada de los procesos productivos y las consiguientes políticas de apertura económica y flexibilización laboral impulsadas por los organismos internacionales a nivel global, llevaron a los países manufactureros del sudeste asiático a iniciar un intenso proceso de industrialización, con base en bajos salarios y la incorporación de inversiones extranjeras, pero también de una activa política de planificación estatal en inversiones productivas y desarrollo científico-tecnológico22.

 

Desde entonces, el comercio mundial se articula en tres grandes bloques regionales -EEUU, Europa y Asia del Este- configurando una nueva división internacional del trabajo. La relación entre centro y periferia, tradicionalmente complementaria, asume ahora una lógica crecientemente competitiva, que se expande incluso al interior mismo de la periferia, donde las burguesías locales, carentes de un sistema industrial desarrollado, tienden a dirigir el grueso de sus inversiones a las actividades que las necesidades de reproducción de los grandes capitales transnacionales vuelven redituables (Arceo, 2011).

 

En cuanto al lugar de América Latina, las burguesías "nacionales" se incorporaron en forma subordinada a las redes del capital transnacional, consolidando estrategias de acumulación predominantemente financieras, que derivaron en fuertes procesos de desindustrialización y produjeron, en muchos casos, graves crisis económicas y de representación política. Sin embargo, con la recuperación económica de principios del siglo XXI, dada por la mejora en los términos de intercambio a favor de los insumos y alimentos que demanda la industrialización de Asia, los sectores dominantes promueven la inserción primaria de las economías locales y la competencia interestatal por la captación de mayores porciones de inversiones extranjeras directas (IED). Independientemente de las nuevas alianzas políticas regionales -con excepción de Venezuela, Bolivia y, en parte, de Ecuador- los regímenes de propiedad e inversión en recursos naturales implementados durante la década de 1990 continúan vigentes en casi todos los países de la región.

 

El capital trasnacional, por su parte, despliega en el contexto actual una estrategia global de provisión de insumos23. En su búsqueda sistemática por reducir los costos de producción y contrarrestar la tendencia a la sobreacumulación, las empresas extractivas presionan por acceder a las fuentes de materias primas, configurando así nuevos ordenamientos espaciales (Harvey, 2004). Las grandes empresas mineras, en particular, relocalizaron geográficamente sus inversiones en exploración y explotación de yacimientos mineros metalíferos, principalmente hacia América Latina. Y lo hicieron con la asistencia directa de diversos organismos internacionales (en especial el Banco Mundial) y de los Estados de sus países de origen (en especial el Estado canadiense), ingresando así en una nueva fase de acumulación por desposesión (Munarriz, 2008; Gordon y Webber, 2008).

 

Desde 2010 América Latina es la región de mayor crecimiento de IED a nivel mundial, destinada sobre todo a exploración y explotación de recursos naturales. En América del Sur, el sector primario pasó de explicar el 3 3 % del total de IED recibidas entre 2005 y 2009 al 43% de las recibidas en 2010 (CEPAL, 2012). En cuanto a la mega minería metalífera en particular, América Latina muestra desde fines del siglo pasado un notable incremento en las inversiones recibidas para la exploración y explotación en gran escala. En particular los países de América del Sur, que sólo entre 1990 y 2001 pasaron de representar el 18% del total de inversiones mineras a ser el principal destino mundial con el 39% (Bridge, 2004: 411). El desarrollo de nuevos métodos de explotación (cielo abierto), de mucha mayor escala e inversión fija que los tradicionales, fue posible por el nivel de rentabilidad alcanzada en el nuevo contexto mundial, pero también por las "condiciones ambientales menos sensibles" que, según la CEPAL, gozaría nuestra región en comparación con varios países industrializados. De esta forma, los presupuestos de exploración en América latina y el Caribe se multiplicaron más de cinco veces entre 2003 y 2010, pasando de 566 millones a 3.024 millones de dólares anuales (CEPAL, 2013: 26-28)24.

El rol evidentemente subordinado de las economías latinoamericanas al mercado mundial puede rastrearse en los propios documentos oficiales emitidos por las más altas esferas estatales de los países centrales. En septiembre de 2011, el Parlamento Europeo detalló en una resolución oficial la que considera "una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas" (2011/2056 INI). Allí reconocieron la imperiosa necesidad de un "suministro suficiente de materias primas", cuyo costo relativo es "notablemente mayor que el porcentaje referente a la nómina de los trabajadores". "Considerando que en muchos países en desarrollo la explotación de los recursos naturales no ha sido aprovechada", propusieron -dentro de una extensa lista de medidas- una cooperación estratégica entre la UE, los EE.UU. y Japón con miras a una "vigilancia mundial de las materias primas" (Parlamento Europeo, 2011), la creación en la Organización Mundial del Comercio de un "instrumento de control de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de materias primas" y el establecimiento en el seno del G-20 de un "Consejo de Estabilidad sobre las Materias Primas y las Tierras Raras". Al igual que los Estados Unidos, identifican las necesidades particulares del gran capital con los principales problemas de seguridad y defensa nacionales y regionales.

 

En la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos correspondiente al año 2010, se advierte sobre la necesidad de "mantener el acceso a las materias primas y recursos escasos", por lo que el Estado norteamericano se adjudica "el derecho de actuar unilateralmente, si fuera necesario, para defender nuestra nación y nuestros intereses" (U.S. National Security Strategy, 2010: 22). Previamente, el Servicio Nacional de Geología había desarrollado las razones económicas y políticas de fondo: "El uso y la competencia por los recursos naturales en escala global y las amenazas naturales a estos recursos, tiene el potencial de impactar sobre la capacidad de la nación para sustentar su economía, la seguridad nacional, la calidad de vida y el ambiente natural" (U.S. Geological Survey Science, 2007).

 

En cuanto a la República Popular de China, finalmente, ésta incrementó sus relaciones comerciales con América Latina de manera drástica, pasando a ocupar en los últimos años los primeros lugares como importador de materias primas y exportador de manufacturas industriales en casi todos los países de la región25. En respuesta a este fenómeno, el gobierno chino aprobó por primera vez, en noviembre de 2008, un documento que sintetiza (con otro estilo) su nueva política hacia América Latina y El Caribe: "siguiendo invariablemente el camino del desarrollo pacífico y la estrategia de apertura basada en el beneficio recíproco y la ganancia compartida, China, el mayor país en vías de desarrollo del mundo, está dispuesta a desarrollar la amistad y la cooperación con todos los países [de la región]" (citado en Bruckmann, 2012:118).

 

En definitiva, los Estados de los principales bloques regionales del comercio mundial asumen como propias las necesidades de reproducción ampliada del capital trasnacional, condicionando las relaciones de producción de la periferia. Los países de América Latina, por su parte, se especializan como proveedores de materias primas a partir de la explotación de sus ventajas naturales, configurando alianzas subordinadas con los grandes capitales transnacionales que bloquean sistemáticamente el desarrollo de las propias fuerzas productivas.

Sin embargo, las distintas ideologías desarrollistas, principal expresión política de esta impotencia histórica, identifican linealmente el desarrollo de las capacidades productivas nacionales con la expansión de las burguesías locales, que en su condición de periféricas subordinan sus intereses a las actividades que las cambiantes necesidades de reproducción de los capitales centrales vuelven redituables. Es por ello que, en las distintas etapas de la economía mundial, y con distinta suerte, estas burguesías nacionales buscaron sintetizar sus proyectos estatales reeditando periódicamente la fórmula tradicional de "orden y progreso" (Oszlak, 1997). Según esta máxima del positivismo decimonónico, sólo la endémica falta de orden social puede explicar la falta de progreso económico que acosa a los países de nuestra región26. En la actual etapa, los distintos organismos vinculados con la promoción de la mega minería -internacionales y nacionales, públicos y corporativos- también recurren a esta fórmula tradicional, tanto para justificar la necesidad de las reformas superestructurales como para explicar luego la falta de desarrollo estructural prometido.

El análisis de la forma histórica concreta conque los capitales mineros transnacionales operaron políticamente (o en términos clásicos, extraeconómicamente) para impulsar en la región un proceso de desposesión e imposición de las nuevas condiciones de producción de la nueva rama productiva extractiva (la mega minería metalífera), puede ofrecernos algunas claves para reflexionar sobre las formas particulares que asumieron los Estados nacionales y las determinaciones sociales, ideológicas y políticas de los regímenes de acumulación de la periferia latinoamericana.

Neoliberalismo y Estado instrumental

 

En el contexto de la segunda posguerra mundial, los Estados de América Latina apoyados por los organismos internacionales (principalmente la UNESCO), realizaron una serie de nacionalizaciones de importantes yacimientos mineros, guiados por los objetivos desarrollistas de reorientar una parte de esa renta diferencial hacia un proceso nacional de acumulación de capital27. De esta forma, el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), dirigido por las nuevas burguesías industriales locales subordinadas al capital productivo transnacional28, necesitaba de Estados capaces de aplicar aranceles de importación y transferir los excedentes del sector primario tradicional, garantizando la infraestructura necesaria, la represión de los costos laborales y el abastecimiento de recursos naturales en forma de materia prima. Sin embargo, luego de la "década perdida" de 1980, signada por la estatización de la deuda externa privada y los graves procesos inflacionarios, la dependencia respecto de los organismos internacionales para mantener el pago de los servicios dio lugar a las reformas estructurales impulsadas por el Consenso de Washington. En el nuevo contexto, las medidas de apertura y desregulación económicas y, particularmente, la masiva privatización de activos públicos destinada al pago de la deuda (incluidos los principales yacimientos, empresas, institutos y laboratorios mineros), sentaron las bases para la radicación de las grandes corporaciones mineras en pleno proceso de relocalización geográfica.

De esta forma, el mayor peso relativo del capital transnacional al interior de los bloques de clases dominantes de América Latina redujo las estrategias de acumulación de las burguesías locales a un sistemático ofrecimiento de todos los recursos económicos, sociales y naturales para la radicación de las inversiones extranjeras directas.

Según Hirsch, una nueva lógica de competencia por la atracción de crecientes porciones de la IED total regiría la acción de los Estados en la actualidad, que de esa forma se verían obligados a garantizar las mejores condiciones de revalorización posibles (Hirsch, 1999)29. Desde las antípodas ideológicas, llamativamente, el entonces director de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, Fernando Sánchez-Albavera, utiliza esa misma relación causal entre condiciones de producción y destino de las IED para explicar que la actual "competitividad internacional de la región" es el resultado de "las reformas mineras que se pusieron en marcha en los años noventa del siglo pasado" (Sánchez Albavera y Lardé, 2006: 10)30. Entre las grandes corporaciones mineras transnacionales, en cambio, habría "predominado la idea de establecer alianzas estratégicas" basadas en fusiones y adquisiciones por parte de las principales empresas del mundo y la firma de numerosos acuerdos con empresas nacionales (joint ventures) a cambio del acceso a las concesiones mineras y las garantías básicas de la comercialización (ídem: 47). En otras palabras, mientras los capitales individuales (en este caso, mineros) habrían dejado de competir entre sí por el acceso a los mejores yacimientos, los Estados nacionales se ven obligados a competir entre sí para atraer la mayor porción de IED minera, incorporando regímenes de inversión y sistemas jurídicos administrativos favorables al gran capital. Holloway va incluso más allá en este argumento, al sintetizar el dilema de los actuales Estados nacionales con la máxima neoliberal desregulación o crisis: "Los Estados compiten para atraer y retener una porción del capital a través de la creación de condiciones favorables para la acumulación de capital o se caen en crisis y caos" (Holloway, 2001: 66).

 

Según este tipo de interpretaciones, los esquemas legales e institucionales favorables a los intereses del gran capital trasnacional, lejos de ser un simple epifenómeno de la base económica o aún un instrumento de la clase o fracción de clase dominante, serían una suerte de obligación de la forma Estado en la actual etapa post-fordista para inmovilizar al capital global en determinado territorio y evitar así caer en peligrosas crisis fiscales. Una suerte de reedición del tradicional orden y progreso, ahora de nivel global.

 

Sin embargo, el reciente proceso de relocalización geográfica de la mega minería metalífera hacia América Latina nos muestra un vínculo inverso de esta relación causal. Al describir las causas de la relocalización minera, el mencionado informe de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL contradice su propia interpretación: los cambios tecnológicos han permitido la revalorización de depósitos que no eran rentables con las tecnologías convencionales, lo que junto con las fuertes restricciones ambientales en los países desarrollados, han inducido a una relocalización de la oferta mundial, sea para reducir los costos promedios de explotación dentro de las estrategias globales o para realizar operaciones en condiciones ambientales menos sensibles o más favorables. (Sánchez-Albavera y Lardé, 2006: 44, los resaltados son nuestros)

La estrategia de acumulación por desposesión del gran capital minero transnacional, por lo tanto, llevó a las principales empresas mineras del mundo a instalarse en los países de América Latina ricos en minerales metalíferos que, desde mediados de los años 1970, habían adoptado regímenes de acumulación predominantemente financieros. Una vez instaladas, ejercieron todo su poder político (a través de sus propios agentes de lobby, de sus Estados de origen y de los organismos internacionales relacionados con la promoción minera) para diseñar los marcos normativos y regulatorios a la medida de sus necesidades. Sin embargo, este carácter instrumental con que el gran capital minero transnacional definió las complejas superestructuras jurídicas e institucionales nacionales no es esencial. Expresa, por el contrario, la forma históricamente particular con que se condensan las relaciones de fuerza al interior del bloque social dominante y en el conjunto social (Poulantzas, 1979).

Más que una nueva forma estatal, la competencia de los países periféricos por la captación de IED no expresa más que la actual estrategia del capital transnacional y las burguesías periféricas subordinadas, para diseñar en los países dueños de recursos naturales los esquemas normativos e institucionales a su imagen y semejanza.

 

Involucrado directamente en diversos proyectos mineros de la región a través de la Corporación Financiera Internacional (en inglés IFC) y de la Agencia de Garantía de la Inversión Multilateral (en inglés MIGA)31, el Banco Mundial fue el organismo internacional encargado de impulsar el conjunto de "evaluaciones sectoriales" y "recomendaciones políticas" tendientes a alcanzar lo que consideraba "Una estrategia minera para América Latina y el Caribe"32. De esta forma, la nueva estrategia del gran capital minero sobre los países de América Latina, se proponía establecer las condiciones de apropiación y explotación de los yacimientos metalíferos, realizando en el plano normativo e institucional la violenta desposesión sobre los bienes comunes impulsada en la región desde mediados de los años 1970. Para ello, se conformó equipos evaluadores multidisciplinarios que, en función de las particularidades sectoriales históricas de cada país, diseñaron las reformas necesarias para crear los nuevos marcos normativos e institucionales que las nuevas condiciones de explotación y negocios requerían para su efectiva relocalización geográfica.

 

En toda sociedad capitalista, la reproducción de las relaciones de explotación económica y dominación política requiere de una superestructura jurídica e institucional separada de la actividad cotidiana de los capitalistas individuales, que garantice las condiciones materiales y sociales de reproducción pero bajo la apariencia de una igualdad formal entre propietarios de mercancías que concurren libremente al mercado (Hirsch, 1977). Sin embargo, esta forma Estado inherente al surgimiento y expansión del modo de producción capitalista, desarrolla una serie de funciones básicas tendientes a satisfacer los requisitos histórica y geográficamente particulares de la acumulación de capital (Altvater, 1977). En términos generales, estas funciones estatales básicas procurarían garantizar: a) las condiciones generales de producción (infraestructura y recursos naturales); b) las condiciones legales de producción (burocracia y sistema jurídico); c) la regulación y represión de los conflictos de clases (monopolio de la fuerza); y d) la expansión del capital local en el mercado mundial (relaciones internacionales)3. En este sentido, la forma particular con que un sector determinado del gran capital transnacional impulsa este conjunto de funciones a la medida de sus propias necesidades, puede valer como indicador del grado de su hegemonía económica y como aproximación hacia los rasgos principales del régimen de acumulación vigente.

 

En lo que al gran capital minero transnacional respecta, la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL describe los cuatro requisitos que habrían sido determinantes para la radicación de las inversiones mineras "de estrategia global":1) la efectiva disponibilidad de las reservas (seguridad jurídica), 2) reducidos costos de explotación que garanticen la competitividad territorial (beneficios fiscales estables, bajos costos laborales), 3) la dimensión de las operaciones que requiere la participación en el mercado global, y 4) la especialización en uno de los eslabones de la cadena de valor de la empresa minera global (abastecimiento, concentración, fundición o refinación). De esta forma, los Estados de los llamados países mineros deberían garantizar los puntos 1 y 2 (por medio de reformas normativas, institucionales y de infraestructura) y adaptarse a los requerimientos 3 y 4 para convertir sus ventajas naturales en ventajas competitivas, asumiendo como propio el objetivo de las empresas: "lograr una posición más competitiva en el mercado mundial de minerales y metales" (Sánchez-Albavera y Lardé, 2006: 17-19).

La estrategia global del gran capital minero supone así la existencia de un andamiaje jurídico supranacional (Hardt y Negri, 2002), pero que sin embargo se apoya sobre una suerte de división internacional de las funciones estatales relegando a los poderes públicos de la periferia a cumplir una función administrativa meramente instrumental.

La estrategia extractivista: concesionar la naturaleza

 

Una mirada más detallada sobre las reformas mineras impulsadas por los organismos internacionales (públicos y corporativos) sobre varios países de la región durante la década de 1990, puede ofrecernos elementos claves para nuestro análisis. En cuanto a las reformas normativas diseñadas por el Banco Mundial para los reforming countries, éstas se orientaron fundamentalmente a garantizar:

1.   El acceso a los recursos mineros: simplificando los procesos de adjudicación34, modernizando el servicio catastral y geológico y limitando las restricciones públicas;

2.   La propiedad sobre los yacimientos mineros: asegurando su carácter transferible e hipotecable y reduciendo al mínimo las causas de caducidad;

3.   La libre movilidad del capital: eliminando todo tipo de control externo sobre el mercado cambiario y las exportaciones; y

4.   La estabilidad de las inversiones: reduciendo al mínimo y fijando la carga impositiva relativa a la importación de maquinaria, ganancias, royalties e IVA.

 

Por su parte, las reformas institucionales se dirigieron al fortalecimiento y capacitación de un nuevo sector público minero que, bajo el principio de neutralidad administrativa, elimine la discrecionalidad de la política sobre los recursos públicos y sea capaz de:

1.   Promover y proteger las inversiones del sector privado.

2.   Administrar los nuevos derechos mineros adquiridos.

3.   Proporcionar la información geológica básica.

4.   Asegurar la sostenibilidad de las inversiones, evaluando los daños ambientales y las eventuales consecuencias sociales.

 

Según el propio Banco Mundial, el éxito de las "reformas macroeconómicas y sectoriales" de la primera mitad de los años 1990 se correspondía con el "aumento de la inversión privada en exploración y extracción en varios países de América Latina y el Caribe". A partir de ese momento, cada Estado debía consolidar e institucionalizar la nueva situación económica: "Lo importante ahora es convertir este boom de exploración en un desarrollo minero sostenible" (World Bank, 1996: xiii)35.

 

A estas reformas superestructurales, se sumó luego una serie de iniciativas públicas y corporativas orientadas a garantizar, por un lado, la infraestructura necesaria para la exportación de las materias primas en general, y por otro, los esquemas sociales de percepción sobre la actividad de la mega minería y su elevado impacto eco-territorial, necesarios para lograr la aceptación de los nuevos métodos y escalas de explotación, es decir, aquello que las empresas llaman licencia social:

1) Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA):

Anunciada a fines del año 2000 por los presidentes de América del Sur y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el programa se propuso rediseñar las fronteras internas del subcontinente a partir del desarrollo de la infraestructura regional (transporte, energía y comunicaciones) necesaria para garantizar la extracción y exportación de las materias primas con destino al mercado mundial (Ceceña, Aguilar, Motto, 2007)36. En parte, la relevancia de los Ejes Andino y Andino Sur radica en las importantes reservas mineras metalíferas.

2) Minería Minerales y Desarrollo Sustentable (en inglés, MMSD37):Proyecto encargado en 1999 por las principales empresas mineras del mundo a través del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), en respuesta a los resultados de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 (II Conferencia de la ONU sobre Medioambiente y Desarrollo).

En el marco de la Iniciativa Minera Global (GMI), creada en 1998 para definir las nuevas estrategias del desarrollo sostenible, esta "red de redes de la industria minera metalífera" (Antonelli, 2009: 62) se propuso identificar las distintas problemáticas del sector en torno al acceso a los recursos, la producción, el consumo, los mercados y la estructura interna de la gran industria minera. Organizado en cuatro equipos regionales (Sur de África, América del Sur, Australia y América del Norte) encargados de impulsar investigaciones y talleres, produjo en 2002 un informe final denominado "Abriendo Brechas", que junto a los respectivos informes regionales estableció los temas prioritarios que debía enfrentar el sector y las consiguientes "recomendaciones políticas" para su resolución. En términos generales, el informe reconoce la necesidad de impulsar un cambio cultural para revertir la tradicional desconfianza por parte de las "personas con las que [el sector] trata a diario", a partir de una serie de dispositivos de intervención sobre la sociedad civil (comunidades, pueblos indígenas, productores locales), con base en una división del trabajo que asigne nuevos roles a las empresas, al Estado y a las universidades (MMSD, 2002).

En definitiva, según esta visión del desarrollo sustentable, los Estados nacionales deben garantizar la infraestructura necesaria para la efectiva explotación y comercialización de los recursos naturales, de manera tal que el desarrollo de los nuevos proyectos extractivos pueda sostenerse a lo largo del tiempo. Para ello, sin embargo, es necesario invertir los términos de la relación minería/sustentabilidad: el desarrollo sustentable no es más un límite ambiental a la producción minera, sino que la producción minera es ahora una condición económica para el desarrollo sostenible de la región. En palabras del informe MMSD para América del Sur: "Este proyecto no se pregunta por la sostenibilidad de la industria [minera], sino por cómo la industria puede contribuir al desarrollo sustentable de regiones y países mineros" (MMSD América del Sur, 2002: 12).

Según esta operación ideológica, la sostenibilidad de la industria minera (medio ineludible para superar el subdesarrollo) no sólo depende de seguros marcos legales e institucionales y de favorables regímenes de inversión que compitan en la atracción de las inversiones extranjeras, sino también de la capacidad de las empresas transnacionales y los Estados nacionales para regular los conflictos que los nuevos métodos de explotación pudieran generar.

 

En un estudio reciente publicado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, fueron analizados 50 proyectos extractivos de todo el mundo (17 de ellos localizados en América Latina), para comprender "cómo los conflictos con las poblaciones locales se traducen en mayores costos operacionales para las empresas". De esta manera, los investigadores observaron entre 2001 y 2012 una "creciente tendencia a enfocar las estrategias de lucha en el empleo de la acción directa", tendencia que se muestra con especial nitidez en América Latina. Esta "escalada en violencia de los conflictos -concluye el informe- es una manifestación de la "incapacidad del poder político de mediar entre los actores en oposición". Las consecuencias económicas, por lo tanto, corren el riesgo de volverse estructurales: ante un eventual escenario conflictivo, las empresas deberán contemplar la asignación de cuantiosos recursos financieros para estar en condiciones de hacer frente a contingencias como retardos de naturaleza logística, la pérdida de productividad asociada a las pausas operacionales voluntarias o impuestas, y la repercusión negativa en el estado moral, físico y psíquico de su personal. (PNAS, 2014)

 

De esta forma, la lucha de clases bajo el modo de producción capitalista en la actualidad no sólo se expresa, en términos esenciales, a través de la contradicción principal entre capital y trabajo, sino también a través de una segunda contradicción dada entre el capital y la naturaleza (O'Connor, 2002). En términos generales, el modo de producción capitalista presupone la existencia de determinadas condiciones básicas de reproducción: mano de obra disponible (condiciones subjetivas), infraestructura (condiciones generales) y recursos naturales (condiciones naturales). En relación a estas últimas, emerge en la actualidad una nueva tendencia objetiva a las crisis de costos38, originadas por dos situaciones: 1) "cuando los capitales individuales defienden o recuperan ganancias mediante estrategias que degradan las condiciones materiales y sociales de su propia producción", y 2) "cuando los movimientos sociales exigen que el capital aporte más a la preservación y a la restauración de estas condiciones de vida" (O'Connor, 2002: 35).

Es por ello que, mientras los organismos internacionales y los Estados de las principales economías capitalistas del mundo no encaren una costosa reestructuración general que les permita aumentar la productividad y reducir los costos de producción39, los programas de evaluación y gestión de los principales organismos públicos y corporativos vinculados con la actividad minera de estrategia global se especializan en una doble función estatal básica: la administración de las concesiones y la regulación de los conflictos socio-ambientales. Según el proyecto MMSD: Para implementar los principios del desarrollo sustentable en el sector de los minerales, es necesario elaborar herramientas integradas, capaces de concentrar la atención en esta diversidad de principios y objetivos dentro de una estructura de toma de decisiones manejable. Disponemos de una amplia gama de instrumentos que incluye herramientas reguladoras, financieras, educacionales e institucionales. (MMSD, 2002: xviii)

 

La visión actualmente dominante de la globalización reconoce ahora un rol activo a los Estados locales y a las instituciones académicas en el diseño de las llamadas políticas públicas, cuya misión sería la de promover o facilitar el derrame económico/tecnológico que las inversiones extranjeras mineras de por sí no generan. A diferencia de la etapa neoliberal, los beneficios de la llamada nueva minería sustentable no pueden quedar librados a las fuerzas del libre mercado, sino que dependerán en cada caso de la eficiencia de las políticas públicas diseñadas. Es por ello que, entre los principales instrumentos de intervención diseñados por el proyecto MMSD destacan los "instrumentos educacionales", cuya ventaja principal "es su capacidad para generar conciencia" (MMSD, 2002: 37). En este sentido, a fines de 2007, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), con el soporte institucional del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI)40, aprobó la conformación de una red temática para la "Prevención, Gestión y Manejo de Conflictos para el Desarrollo Industrial Sostenible de la Minería en Iberoamérica" (GECOMIN). Conflictos socio-ambientales que, si bien no resultan "una novedad, sobre todo en los países latinoamericanos, [...] su relevancia y complejidad ha aumentado en los últimos años perjudicando el desarrollo de grandes operaciones mineras" (www.gecomin.org).

 

Bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), las corporaciones dedicadas a la explotación en gran escala de recursos naturales desarrollaron múltiples mecanismos de gestión socio-ambiental con el objetivo de acceder a los bienes naturales comunes, atendiendo por momentos algunas de las demandas más inmediatas de las comunidades aledañas para evitar los costos y los riesgos (tanto económicos como políticos) de la abierta represión. La contracara de los regímenes legales e institucionales diseñados por el Banco Mundial para el sector minero durante la década de 1990 es, por lo tanto, una estrategia empresarial de atomización de la participación social reducida a los niveles municipales o comunales. El éxito de estos esquemas, sin embargo, no radica en los crecientes volúmenes de inversión extranjera minera (causa de las reformas más que resultado), sino fundamentalmente en la efectiva transformación histórica de los bienes naturales comunes en propiedades mineras concesibles.

 

Consideraciones finales(...) Leer

 

 Crisis civilizatoria

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, generalizar que el extractivismo se realiza únicamente como capitalismo dependiente sin importar si su gestión es neoliberal o progresista. Las diferencias entre ambas gestiones es ante todo que la última debió atender a rebeliones populares y pudo tener políticas sociales compensatorias sin afectar la alta rentabilidad del poder concentrado debido al boom de los commodities. En simultáneo, el Estado gravita más al tener que institucionalizar el amplio descontento de abajo y embaucar a las grandes mayorías sobre la modernidad, la productividad, la integración regional, etc.. En especial, organiza la criminalización tanto de los desposeídos de todo, como de quienes resisten al avasallamiento de derechos, por los extractivismos.

 

El otro desafío que se nos plantea es suscitar la indagación de un creciente número de nosotr@s sobre las oficializadas como "zonas de sacrificio" y sobre la autoorganización, lucha de quienes son atacades, violentades por esa acumulación gran capitalista. Es ampliar la mirada hacia todo el país-continente e incluso mundo. Constatemos porqué concretar la unión de los diversos de abajo y sin fronteras en contra del extractivismo:

 

LA IMPOSIBILIDAD DE LA VIDA EN CHILOÉ

El Estado y el extractivismo neoliberal destruyen

la naturaleza y la vida
15 de mayo de 2016

Reproducimos el siguiente artículo de Virginia Ramos Poseck (Dra. en Ciencia Política) y Juan Carlos Gómez Leyton (Dr. en Ciencia Política).

 “Uno empieza a pensar, que somos un país que tiene una inmensa costa, más de cuatro mil kilómetros de costa y no hay una entidad seria que pueda llevar eso, que pueda hacer estudios, ver todo el tema marítimo, que no se haga daño. Si acá ustedes ven, ves tú que no hay nada, que acá cualquiera llega y saca 900 mil toneladas, o arrasa con maquinaria pesada un banco natural de almejas del que vive un pueblo chico para botar residuos industriales. Esto yo lo denuncié le hicieron reportaje y salió en la tele, de nada sirvió”.Fabián Teca. Pescador Artesanal y Procesador temporero en la Planta de Procesos Pacific Star en Quellón.

El estallido social y político protagonizado por los pescadores artesanales y ampliamente respaldado por la ciudadanía de Chiloé, más allá de los factores coyunturales que lo explican, tiene raíces en la historia reciente de la zona y del país. Específicamente, en la forma como el Estado de Chile impulsó el cultivo del salmón desde 1974 y cómo lo entregó a un proceso de industrialización acelerada en 1980. En dicho año se negoció la deuda externa de Chile, un mecanismo de esa negociación fue la entrega a la explotación industrial del salmón al capital transnacional. En aquellos años se declaró que “el mar e(ra) la promesa alimentaria para Chile”, al mismo tiempo se materializó la total liberalización de la economía nacional. Entregando, vías licitaciones, sus recursos naturales marítimos al mercado global. Dándose inicio a una nueva fase expansiva de su larga historia social y económica extractivista.

El nuevo extractivismo marítimo opera bajo el principio “laissez faire, laissez passer” exacerbado, tan propio de la forma de acumulación neoliberal. Ello implico que el Estado dejo prácticamente de actuar en los espacios marítimos concesionados, ni estableció las trabas legales adecuadas ni ejerció las fiscalizaciones ni controles necesarios que evitaran la devastación medio ambiental, territorial y humana, o sea, sobre la vida, que generó la explotación indiscriminada e irracional del salmón. En otras palabras, el Estado dejó, en los hechos, de gobernar en los territorios enajenados al capital trans-internacional. Fue reemplazado por el poder de las grandes empresas transnacionales. Las que han ejercido en la región una absoluta “soberanía productiva” tanto sobre las áreas de explotación marítima como sobre los hombres y mujeres que laboran en esas empresas.

El impacto de la industria salmonera ha sido integral en la sociedad chilota. Transformando completamente la vida y la cultura de los habitantes originarios e históricos de Chiloé. Los chilotes construyeron desde antiguo, es decir, ancestralmente, una activa cultura terrestre-marítima. El Estado, al momento de entregar el mar al capital extranjero, lo hizo como si esos espacios hubieran estado deshabitados. No fueron considerados como un espacio geo humano y cultural. Es decir, donde naturaleza y el ser humano constituían una unidad vital inseparable. La explotación y la intervención industrial masiva e intensiva del mar quebró dicha relación provocando una alteración permanente del ecosistema y de la vida de la Isla. La destrucción de la vida en Chiloé no solo tiene relación con el cambio climático, con la marea roja, o con la contaminación del mar producto de haber vertido toneladas de salmones descompuestos, sino por la constante sobreexplotación “racional” de la naturaleza por parte de la moderna industria salmonera.

Con este artículo queremos dar cuenta como la enajenación por parte del Estado de Chile del mar chilote y la industria salmonera han provocado la devastación de la vida tanto humano como marítima del borde costero del archipiélago de Chiloé. Y, sobre todo, queremos destacar y revelar la responsabilidad política e histórica del Estado como de los diversos gobiernos que lo han administrado desde 1974 a la fecha, en la destrucción de la vida en la zona. Pero, también aspiramos a llamar la atención de que no solo el Estado es responsable de esa devastación sino también la indolencia, indiferencia, apatía de la gran mayoría de las y los ciudadanos nacionales quienes a lo largo de estos años han avalado y respaldado ya sea de manera activa o pasiva la explotación irracional de la naturaleza.

Los actores de la sociedad civil como del Estado y, sobre todo, del mercado, han desoído la voz de muchos chilotes que durante años habían venido denunciando, la devastación de la vida marítima y humana por la acción de la industria salmonera. Hoy que gritan su rabia al país. Su voz se escucha. Sin embargo, durante décadas, nadie escucho ni presto la atención a lo que allí ocurría. Salvo algunos documentalistas nacionales y extranjeros, unos pocos analistas económicos y sociales y, sobre todo, los defensores del medio ambiente, mostraron y divulgaron por los intersticios y desde los márgenes de la sociedad neoliberal, el desastre que allí se estaba padeciendo. Las voces que hoy se escuchan con fuerza son también esas voces que llegan del pasado reciente. Han transcurrido 40 años desde que comenzó la devastación que hoy todos atienden y muestran preocupación. Nos podemos preguntar, con justa desazón, no será ya un poco tarde para Chiloé y su gente.

Lo más atrayente de Chiloé para el capital internacional, en la segunda mitad de los años setentas, no eran sus leyendas ni sus mitos, ni la amabilidad de gente, sino sus aguas marítimas: ideales en temperatura, PH, oxígeno y pureza ambiental para el cultivo industrial del salmón. Unido al hecho que la Isla y sus alrededores contaba con un excedente de población desocupada o semi-ocupada que prometía a las empresas contar con una mano de obra barata. Además, de una oferta permanente de harina de pescado (alimento del salmón) a muy bajo costo, producido en el mismo lugar. Hacía que el interés por instalarse en la zona fuera altamente codiciado y esperado por los inversionistas extranjeros.

El Estado y los gobernantes de la época, respondiendo a ese interés de capital extranjero concesionó a $22 el m2 de mar adyacente a la Isla. Según un dirigente sindical de la época: “de 3 pesos, la empresa aportaba 1 y el Estado de Chile 2, por tanto, era un negocio demasiado bueno para ser verdad”. El gobierno que necesitaba urgentemente dinero acelero el proceso concesiones, por lo tanto, sin mediar estudios de ninguna naturaleza, ni de impacto ambiental ni de capacidad de carga, de nada, entregó el mar a la codicia de las empresas internacionales. Y, el mar chilote fue enajenado a las empresas transnacionales. Nadie dijo nada.

El Estado, además, respaldo financieramente y logísticamente de diversos modos el desarrollo de la industria salmonera de manera directa o indirecta a través de Corfo, Fondef, universidades públicas, subsidios y con el estableciendo de nuevas oficinas de la administración pública para atender sus requerimientos logísticos y operativos; realizó inversiones en carreteras, infraestructura, proyectos hidroeléctricos, concesiones hipotecadas, etcétera. Al mismo tiempo que promulgaba leyes laxas y reducía al mínimo la fiscalización sobre las actividades extractivas de la industria salmonera. Todo contribuyo a la ampliación, consolidación y desarrollo en el tiempo de la industria salmonera sobre las bucólicas aguas chilotas.

La estrecha alianza entre lo público-estatal —representado por la Subsecretaría de Pesca, órgano estatal encargado de la jurisdicción de concesiones para cultivo de salmón, y el departamento de Defensa de Bienes Nacionales, quien debía supervisar la gestión de borde costero—, con el capital privado transnacional, posibilitó que la industria del salmón se transformara en una actividad altamente rentable. Y, un ejemplo de la iniciativa privada. Especialmente, cuando el Estado deja operar libremente y, sin ninguna intervención, al mercado.

No obstante, en 1985 el Ministerio del Medio Ambiente observó oficialmente que las jaulas de cultivo del salmón estaban afectando el mar privándolo de oxígeno. Fue una voz que no se escuchó o se relativizo la falta de oxígeno. En el entorno de las jaulas existía ya el “copépodo caligus” por el uso irresponsable del pesticida “benzoato de emamectina” así como algas tóxicas causantes de marea roja.

Si bien en el 2003 Noruega lideró el mercado del salmón y trucha y Chile le siguió en el segundo lugar a nivel mundial. Produjo 600 mil toneladas al año, US$ 2.000 millones. Para competir en el mercado global, en Chile, se sobrexplotaron las jaulas, así el 2007 los salmones estresados estaban debilitados y contrajeron el virus ISA. El crecimiento promedio anual de las salmoneras de 22% cayó en un 50%.

Los peces entonces fueron afectados por “caligidosis”, “compépodo” o “piojo de mar”, por virus ISA y por SRS o “Piscirickettsiosis”, considerado en prioridad antes del ISA como la principal causa de pérdidas en la engorda y que puede llegar a producir el 90% de la mortandad en algunos centros de cultivo. La lista y cantidad de antibióticos aplicadas en las jaulas es larga y diversa, entre ellos se encuentra el Cristal Violeta prohibido en el mundo entero por cancerígeno, las Quinolas (restringidos a nivel mundial), la Cipermetrina, prohibido en la acuicultura de Canadá por sus negativos efectos ambientales y sobre los recursos bentónicos silvestres, especialmente, los langostinos. Otro pesticida es Deltametrina, también piretroide bio-acumulable. Los que impiden la producción de mitílidos o choritos. De manera que, para evitar las enfermedades de los salmones, las empresas enfermaban la vida marítima.

Por otro lado, la producción de harina de pescado además de extinguir el jurel y la anchoveta, contribuye al sedimento que desde las jaulas de engorda se esparce hacia el mar mezclado con enormes cantidades de antibióticos. En Noruega en el año 2007 ocupaban apenas 0.02 gramos de antibióticos por tonelada de salmón, en Chile se usaron 732 gramos por cada tonelada producida, 36 mil veces más. Antibióticos que se pierden en el agua marina, son consumidos por otros peces y por los que consumen a esos peces. De acuerdo a cálculos estándar de contaminación generada por salmoneras, estimada según los suministros de alimentos artificiales que recibe la sobrecarga de salmones cautivos en balsas-jaulas, una tonelada de salmones requiere la inversión de 1,2 toneladas de alimentos artificiales (pellets de harina/aceite de pescado) y de esta alimentación se generan 800 kilogramos (Kgs.) de materia orgánica (DBO7) y 78 Kgs. de Nitrógeno (N total) los excesos de materia orgánica, por sobre las capacidades de carga de los sistemas intervenidos, han producido condiciones “anaeróbicas” en 400 puntos del Mar de la Patagonia, desde Puerto Montt a Capitán Aracena, en la Región de Magallanes, con una concentración de centros anaeróbicos en las Regiones de Los Lagos y de Aysén (1).

La sobreexplotación de jaulas, el alimento mezclado con sobredosis de antibióticos provoca sedimento, centros marinos anaeróbicos y exceso de materia orgánica rica en Nitrógeno alimento esencial de una especie del Reino de los Protistas, intermedio entre el Reino Animal y el Vegetal, la Alexandrium Catenella que no es un alga, sino el dinoflagelado más eficiente para capturar nitrógeno disuelto en la columna de agua marina, tiene la facultad de hacer fotosíntesis para alimentarse provocando o facilitando la emergencia de MAREA ROJA. Causa de las muertes actuales de diferentes especies marinas. Durante su ciclo de vida libera cistos o quistes de resistencia, “SEMILLAS” que se depositan en el sedimento marino a la espera de condiciones ambientales y nutricionales favorables que le permitan volver a proliferar. En esta ocasión este florecimiento de A. Centella proviene de quistes de resistencia depositados, en el año 2009, en el sedimento marino de esas localidades. La marea roja que se extiende ahora por dentro y por fuera de la Isla Grande de Chiloé y hasta Valdivia, es una marea roja activa en la columna de agua y “latente”, en el sedimento marino.

La versión de las 9.000 toneladas de salmones pudriéndose en las costas de Chiloé como detonantes de la crisis de la pesca artesanal, o la que acusa al cambio climático de causar las pérdidas en las empresas salmoneras y por tanto del despido de sus trabajadores, no corresponde a la verdad del proceso continuo de devastación marítima y territorial llevado a cabo por el conocido cluster del salmón, forma de organización sinérgica del proceso productivo local que el Estado eligió con miras al crecimiento económico local orientado a la exportación de materias primas puesto en práctica desde 1980 al 2011 año en que el entonces Intendente de Los Lagos declaró que “los clúster no rindieron los frutos esperados sin generar la actividad público-privada esperada”. Se aceleró la acumulación del capital financiero y las fusiones de empresas salmoneras con deudas a los bancos, respaldadas por el Estado de Chile. El mar se agota, pero no así el afán de lucro de las salmoneras que hoy muestran al mundo, su crisis en el mar del sur de Chile. Por las amenazas de depredación marítima y faltas a códigos éticos mundiales de trato a trabajadores, la transnacional Marine Harvest, especialmente, recibió la visita de la OCDE y de otras organizaciones que investigaron tales delitos. Se firmaron acuerdos de buenas prácticas, el Ministerio del Trabajo cursó multas, ni cumplidas ni pagadas.

 

Casi todos los años Chile recibe acusaciones de dumping por abusos en el proceso productivo de las salmoneras en Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile dispone de equipos de abogados especializados en defenderlas. Importantes contravenciones fueron denunciadas ante el Senado ya en el 2012. En el 2013 se llevó a cabo en Chile la mayor Feria internacional de acuicultura, con gobiernos del G15, empresas multinacionales del cultivo del salmón, con noruegos que tienen 70% de producción mundial. Las multinacionales salmoneras en Chile pidieron ser sede probablemente como blindaje seguro ante instituciones del Consenso de Washington (FMI, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de USA) por probable crisis. La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha impulsado y sigue apoyando el cultivo del salmón por considerarlo “una proteína para el futuro de la humanidad” reconociéndolo como un “bien común de Chile”. En su rol de coordinadora de la feria acuícola internacional del año 2013 la FAO pareció no tener conocimiento de la situación de sobreexplotación del mar chileno por los cultivos de salmones. Las empresas pidieron más concesiones y no han bajado la densidad de ocupación en jaulas. De 417 centros de engorda activos al año 2011 que declara la Subsecretaría de Pesca, 322 (75%) estaban afectados por Caligidosis, piojo de mar, o copépodo. Singularmente, la empresa salmonera declaró producir 450 mil toneladas en un cuarto de los centros que tenía activos. Las jaulas han sido trasladadas en nuevas concesiones en Aysén y Magallanes llevando consigo los peces y sus infecciones, sus malas prácticas ambientales, sus malos manejos sanitarios, su explotación laboral. La Subsecretaría de Pesca profetiza una producción de 1,2 millones de toneladas en los próximos años, independientemente de los tamaños y profundidades de los mares, de las corrientes marinas y de la existencia de otras actividades diferentes a las de la salmonicultura en las aguas interiores. El Estado sigue destruyendo el mar.

Para reducir sus costos de producción las salmoneras mantienen a los trabajadores, en condiciones precarias, sin protección social, a bajos salarios, hace despidos masivos para debilitar la organización de los trabajadores, no se llevan registros de accidentes en las jaulas, no se reconoce públicamente la labor de buzo, está externalizada, mueren mas de 15 buzos al mes. A pesar de la ley Lafkenche que prohíbe instalar jaulas en las costas en lugares considerados sagrados, las empresas las instalan sin permiso impidiendo el cultivo de mitílidos o choritos y otra pesca. Williches y pescadores en general quedan sin su acostumbrada forma de subsistencia. Por distintas actividades secan el terreno para ganado. Matan especies mamíferas costeras. Los trabajadores son impedidos de salir de faena, varios han muerto en el mismo lugar de trabajo. Los ejecutivos de tales empresas condenados por tribunales no cumplen sentencias. Multados por Inspección del Trabajo no pagan. La total impunidad.

Desde el 2003 comenzó el regreso migratorio de la ciudad al borde costero. Desde el año 2007 en que se declara la crisis, se despiden a más de 50.000 trabajadores, el Estado les subvenciona $111 mil por obrero contratado, sigue la cesantía, pagan a subcontratistas con temporeros para terminar su cuota de cosecha en 5 días de 18 horas, al final de ello el trabajador queda cesante.

Por tanto, la muerte del mar de Chiloé viene arrastrándose por años y junto a su mar su gente pierde sus bienes comunes, salud, educación, vivienda, subsistencia, se disgrega su tejido social y cultural. El daño causado por las salmoneras es evidente y los gobiernos insisten que “El mar es (la) promesa alimentaria para Chile” respaldándolas política y financieramente. No sólo el Estado ha respaldado a la industria salmonera sino también la banca nacional. En el año 2008, la deuda de las salmoneras con la banca ascendía a US$Mill 4.000.

 

La entonces presidenta de Chile entregó vía Corfo, US$Mill 450. Y anuncio en el discurso presidencial del 21 mayo 2008 la entrega US$Mill 600 en auxilio de dicha industria. Con el objeto de que se recontratara trabajadores cesantes otros US$Mill 500. Además, propuso abrir una línea de crédito bancaria de US$450. Para lo cual los bancos exigieron que las salmoneras hipotecaran sus concesiones pesqueras. Así en el párrafo clave de las modificaciones a la ley de pesca de 2009 (previo fuerte lobby de los banqueros), se permite que las concesiones acuícolas sean hipotecadas y con fórmulas para que la caducidad de estos permisos no se haga efectiva y puedan ser intercambiadas como cualquier producto transable entre acuicultores y entre estos y los bancos. Las salmoneras podrán usar las concesiones otorgadas por el estado como respaldo bancario a los créditos. Hipotecar bienes nacionales de uso público es: inconstitucional, porque no son inmuebles.

Hoy el capital está concentrado en 7 megaempresas. Los bancos negocian la deuda una por una. Cuando los bancos se quedan con la propiedad de las Concesiones hipotecadas dejan libre a las empresas para que vendan al precio de la deuda restante y paguen. El año 2010 los bancos remataron las concesiones a megaempresas extranjeras del salmón porque en Chile es el país que pone menos problemas a la expansión y facilita la concentración de capitales.

Empresas noruegas, canadienses, japonesas están en un proceso acelerado de concentración del capital. Especulan con el 40% de concesiones dejando el resto pasivas para venderlas cuando aumente su valor. No quieren las concesiones para otro rubro. Hacen figuras para mantenerlas, declaran al seguro infecciones en concesiones inexistentes, alteran cifras de producción en Sernapesca central. Así el 2008 se avisó que el año 2014, se produciría un proceso de reordenamiento total del mapa financiero de las megaempresas del salmón y en todos los aspectos.

La mayoría de las salmoneras están con deudas registradas entre US$500 mill y US$ 1.000 millones. Los bancos siguen reticentes a prestar más. El Banco Central (BC) en su Informe de Percepciones de Negocios de mayo 2016 dice que “Varios bancos están realizando esfuerzos importantes para evitar el deterioro de los pagos, tiene que responder por el dinero de los ahorrantes”.

Como mera información, con el derramamiento de salmones muertos en la alta mar chilota, el precio del salmón aumentó de US$3,50 a US$5,40 en el mercado global. O sea, las nueve mil toneladas de salmones infectados vertidas en el mar no fueron en vano.

En Chiloé, Aysén, Magallanes y últimamente en aguas dulces de la IX y X región, las salmoneras han mantenido sus prácticas habituales de evitar las regulaciones ambientales y sanitarias, así como la sobre-explotación de los sistemas marinos para sustentar su especulación financiera. Por esa razón, son un peligro para la vida humana.

Por último, es importante señalar que la marea roja no es causada en Chile solo y exclusivamente por el cambio climático, ni por los salmones muertos en las costas de Chiloé, factores coayudantes, que la actual crisis, pero no determinantes. La crisis actual es el resultado de cuatro décadas de malas prácticas de las salmoneras, las cuales desde su llegada a las costas de Chiloé han ido dando muerte al mar. Y, si no se detiene “la producción del salmón” será apocalíptica.

El Estado de Chile debe dejar de respaldar las deudas de las salmoneras ni permitir más su irresponsabilidad con el medio ambiente, con el territorio chileno ni con sus habitantes. Las salmoneras se apropian de bienes nacionales de la República, imposibilitan la vida humana y marítima en Chiloé y amenazan al resto del mar del sur de Chile.

 

Pero también la sociedad civil, los y las ciudadanos, los medios de comunicación, las universidades públicas, los cientistas sociales, deben abandonar la indolencia e indiferencia que ha permitido la destrucción de la vida en Chiloé como en otros lugares del país. Tomar consciencia que el extractivismo, el uso indiscriminado de los bienes comunes que nos ofrece la naturaleza, no es el mejor camino para la sustentabilidad de la vida en el territorio nacional. Debemos avanzar como sociedad en la discusión de un nuevo modelo productivo que respete la naturaleza. En otras palabras, se debe exigir el fin de la soberanía mercantil del capital tanto transnacional como nacional.

La actual rabia ciudadana chilota no puede quedar como otra manifestación coyuntural del conflicto entre el Estado, Mercado y la Sociedad. El cual lo han demostrado otros conflictos similares en la demanda parcial y particular exigiendo al gobierno de turno la solución momentánea de una situación crítica. Las cuales son, por lo general, soluciones de mercado. Para que una vez, dominada la rabia, todo vuelca a lo mismo. NO, la devastación de la naturaleza, por acción humana, es irreversible. Si no se corrige hoy, el mañana será no será.

Traiguen-Santiago, mayo de 2015

Este artículo se construye en base a la información levantada por la Dra. Virginia Ramos para su tesis doctoral: La responsabilidad social de mega-empresas y Estado en el uso y administración de bienes comunes. El caso de la intervención de la mega-industria del Salmón en los bordes costeros del archipiélago de Chiloé, Chile 1983-2013. Leída y presentado en el Programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Universidad ARCIS, 2013. El testimonio fue entregado por un pescador a Virginia Ramos, en el marco de su investigación. (1). Iinformación 2010 de SERNAPESCA cfr. Kol, Héctor, Comité de Defensa del Borde Costero Puerto Montt, La Agonía, IV parte, derribando mitos. Conferencia Universidad de los Lagos, 6 de mayo 2016.

 

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/El-Estado-y-el-extractivismo-neoliberal-destruyen-la-naturaleza-y-la-vida

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Alertan sobre el impacto que podría tener el cultivo de salmones y truchas en el mar patagónico.

2 de agosto de 2018
 

Por Laura Rocha 

Las especies exóticas siempre son una mala noticia. Así lo evalúan los integrantes del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, que publicaron un informe para advertir sobre los graves impactos que tendría el cultivo de salmones y truchas en la costa argentina si se aprueban la iniciativas que están siendo consideradas por el gobierno nacional y por la provincia de Tierra del Fuego.

El foro, compuesto por 23 ONGs señala en el documento las principales amenazas que representa este tipo de emprendimiento que consiste, básicamente, la crianza de especies en agua dulce y salada. Entre las amenazas están: el escape de salmónidos, lo que implica la introducción de especies exóticas, desde las jaulas de cultivo al ambiente natural; el abuso de antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas; la introducción y propagación de enfermedades; la acumulación de residuos sólidos y líquidos en el fondo marino o los desechos industriales que las empresas han dejado en los fiordos, como jaulas abandonadas, plásticos, boyas, cabos, etc.

El documento que se dio a conocer ayer también señala como amenaza a la presión pesquera sobre especies silvestres usadas para harina y aceite de pescado que acaban como alimento de salmónidos y a las interacciones negativas directas e indirectas con mamíferos marinos y aves, algunas de estas especies con estados de conservación delicados.

"Las especies exóticas invasoras están categorizadas como la segunda causa de pérdida de biodiversidad en nuestro planeta, debiendo ser tratadas aplicando el principio de precaución promovido por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) del cual Argentina es Estado Parte. Una referencia útil para la Argentina es la experiencia chilena, donde ​​el cultivo de salmónidos ha tenido un alto costo socio-ambiental en los ecosistemas de la Patagonia chilena", indicó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), integrante del grupo que elaboró el informe.

"Las mismas empresas que pretenden instalarse en Argentina llevan treinta años operando en Chile, donde han causado un daño de enorme magnitud en un ecosistema que no sólo es único, sino que tiene un potencial extraordinario para el turismo de naturaleza. La experiencia chilena debería servir para no replicar el mismo camino en la Argentina", argumentó Alex Muñoz, director del programa Pristine Seas de National Geographic y coautor del documento.

El informe, que se dio a conocer a la prensa, fue distribuido a las autoridades nacionales y provinciales y, la semana próxima habrá un encuentro para el intercambio de opiniones. "En base a la abundante información científica y técnica disponible, el cultivo de especies introducidas en un ecosistema tan rico y frágil como el mar patagónico representaría un error histórico que lamentaremos para siempre. Las graves implicancias ambientales de la salmonicultura, sobre todo en ecosistemas donde estas especies no son nativas, están totalmente comprobadas y son irreversibles", aseguró Claudio Campagna, presidente del Foro para la Conservación del Mar Patagónico.

Desde hace dos años se encuentra vigente la iniciativa "Innovación Acuicultura Argentina – INNOVACUA" gestionada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MinCyT), que ha firmado un acuerdo de colaboración y cooperación técnica con el gobierno fueguino para instalar una granja multitrófica integrada para el cultivo de diversas especies marinas, entre ellas, truchas (una especie de salmónido).

Por otro lado, la Argentina ha firmado recientemente un convenio con el Reino de Noruega para llevar adelante el "Proyecto de Acuicultura Nacional", y evaluar la factibilidad del desarrollo de acuicultura basada en salmones en Tierra del Fuego.

"El gobierno nacional y el de Tierra del Fuego aún podrían dar un ejemplo de responsabilidad en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros compromisos internacionales asumidos por el país y leyes nacionales que apoyan nuestra posición", explicó Ana Di Pangracio, Directora Ejecutiva Adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El informe es contundente: "En base a las razones que exponemos en este documento, nuestra principal conclusión es que la salmonicultura en la Argentina, por ser una actividad basada en especies exóticas, causaría graves impactos ambientales, sanitarios, sociales y económicos, y no cumpliría con las condiciones esenciales de sustentabilidad que requieren las iniciativas modernas de desarrollo. Por ello, recomendamos no admitir la instalación y operación de centros de cultivo de salmónidos en Tierra del Fuego ni otros sitios del litoral marino argentino".

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Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2018/08/03/alertan-sobre-el-impacto-que-podria-tener-el-cultivo-de-salmones-y-truchas-en-el-mar-patagonico/

 

Persistamos en denunciar la criminalidad de lesa humanidad del capitalismo y observar cómo las resistencias avanzan afirmando el poder comunal.

 

 

Sureste de Puerto Rico, parte integral del universo afroantillano

Colonialismo, genocidio ambiental y luchas comunitarias

4 de agosto de 2018

 

Por Rafael Rodríguez Cruz (Rebelión)

Dicen que mi generación fue de las pocas en disfrutar un poco de prosperidad en la comarca de Guayama y el sureste de Puerto Rico en el siglo XX. Algo de verdad quizás tiene la aseveración. Entre 1955 y 1972, Guayama y los pueblos del sur disfrutaron de una aparente primavera económica, resultante de la llegada del gran capital industrial moderno a Puerto Rico. Una de las industrias más importantes, para el desarrollo de mi generación, fue la Univis Corporation, que fabricaba lentes básicos en Guayama y los exportaba al mercado estadounidense. La fábrica Univis estaba en la salida hacia el pueblo costero de Salinas y, al menos hasta fines de la década de los sesenta, parecía inamovible. Al otro lado del pueblo, saliendo para Arroyo estaban las plantas textiles, incluyendo las fábricas conocidas como la Americana y Angela Corporation. La verdadera gran inversión de capital industrial, sin embargo, ocurrió en las afueras de Guayama, en el área de la laguna de Jobos y Pozuelo. Nos referimos a la llegada de la Phillips Corporation y el inicio de la fase de predominio de las industrias químicas y petroquímicas transnacionales en el sureste. El cultivo de caña vendría a ser un fenómeno del pasado, y pronto las centrales de la región dejarían de funcionar.

A pesar de la rápida transición de la agricultura a la gran industria, mi generación sintió que muy poco cambiaba en este pueblo en que, al decir de Luis Palés Matos, la gente se moría de hacer nada. La lentitud de la vida social era algo asfixiante. Guayama, con o sin la Phillips, seguía siendo Guayama. Al menos, así se sentía. Todo alrededor nuestro tendía hacia la inercia y nuestras vidas se consumían en una especie de maleficio que nos condenaba a movernos circularmente. De hecho, así era que la juventud efectuaba los recorridos de coqueteo en la plaza de recreo, durante las fiestas patronales; en un círculo perfecto en contra del reloj.

Algunos comentaristas leen apresuradamente a Palés, y le atribuyen la inercia cultural de Guayama solo a la hispanofilia de las clases dominantes. Nuestro poeta, sin embargo, era un mago de las imágenes líricas. Él sabía, por ejemplo, que la lentitud del tiempo en el sureste de Puerto Rico ya estaba allí mucho antes de la colonización. Por eso, no es recomendable leer el poema Pueblo, sin antes leer Topografía. Entre uno y otro hay una conexión de causalidad.

El sureste

Aceptemos, de entrada, que el sureste de Puerto Rico, toda esa región que va de Salinas a Patillas, es un área de contrastes extremos y magníficos. En la costa predomina la aridez y la marisma seca, al menos exteriormente. En las lomas, y de manera muy selectiva, hay zonas que parecen bosques tropicales. Este es el caso de la ladera sur de los montes de Carite, así como de las elevaciones de Guamaní y del curso del río Patillas, desde la poza de la curva hasta el lago.

En 1898, apenas ocurrida la invasión militar, el geólogo y explorador estadounidense Robert Hill visitó la región del sureste de Puerto Rico. Buscaba minerales para la explotación por las compañías de su país. A su alrededor, sólo vio un paisaje de terrenos secos, árboles de cactus, arenas y pedregales. Dotado de un poder de observación sin par, no le tomó más de un minuto en rendir juicio sobre lo que vio: «Aquí no hay minerales, pero sobra el agua subterránea; bastaría con hundir un palo en la tierra para comprobarlo». Originario de Texas, y famoso por haber descubierto los grandes acuíferos del sur de Estados Unidos, Hill sintió una experiencia de deja-vu. Estaba, a su juicio, encima de un gran acuífero, con un potencial enorme para la agricultura. Efectivamente, en 1898 Hill detectó uno de los depósitos más importantes de lo que hoy se conoce hidrológicamente como la Gran Provincia de Sur. Parte integral de los valles de acuíferos de la costa de Puerto Rico, la Gran Provincia del Sur incluye los acuíferos aluviales de Salinas, Guayama y Patillas; en conjunto, una de las acumulaciones de agua subterránea más importantes y fantásticas del Caribe.

El geólogo imperialista Hill, sin embargo, estaba más interesado en la mineralogía que en la agricultura. Por eso, no hizo muchos comentarios sobre el potencial de cultivo de caña en la región. Para él, los terrenos del sureste, descritos por muchos como áridos y estériles, eran, ante todo, ricos en humedad subterránea. Cualquier uso agrícola, por lo tanto, era posible mediante la extracción de agua de los depósitos aluviales bajo tierra. La aridez superficial, aunque visible, no era un problema insalvable. ¿No era acaso eso lo que él había recomendado para las grandes fincas de cultivo y ganado en Texas, o sea, extraer agua del subsuelo? La cuestión se reducía, pues, a qué era más costoso: sacar el agua mediante pozos modernos o crear un sistema de riego, que captar el agua de los caudalosos ríos de las montañas. Lo primero implicaba una inversión significativa de capital en maquinaria y equipo; lo segundo, se podía obtener gratuitamente del gobierno colonial. El riego, entonces, no era un requisito absoluto para la agricultura en la zona sureste, ni siquiera para la caña.

A pesar del contraste entre los llanos áridos del sureste y las montañas lluviosas del centro de la isla, la existencia de grandes acuíferos en las llanuras fue el producto magnífico de una armonía hidrogeológica que tomó millones de años en constituirse. De hecho, el mismo Hill, uno de los precursores de la geología moderna en el Golfo de México y la Cuenca del Caribe, quedó impactado con el caso de Puerto Rico. Para algunos científicos de la época, las Antillas Mayores, incluyendo nuestro país, representaban la Atlantis perdida de la mitología griega. Hill estudió la composición de las rocas en las distintas islas y dio base científica a sus teorías. Como un Da Vinci de la geología, sus descripciones del Caribe no están exentas de valor literario. Las Antillas Mayores, puntualizó en sus artículos para la revista National Geographic, semejaban una canoa invertida.  

Puerto Rico, añadió Hill, aunque hija de la misma madre que tuvo Cuba, o sea, de las revoluciones volcánicas del Caribe, se destacaba entre las Antillas Mayores por su vegetación exuberante y la variedad de paisajes. De hecho, en su opinión, Cuba tenía un aspecto geológicamente continental maduro. Puerto Rico, no; aquí todo parecía nuevo y acabado de brotar del mar. La isla, en sus palabras, era un microcosmos utópico, que deleitaba al visitante por la armonía de contrastes extremos, como si fuera una pintura alocada. De un lado, estaban las costas, excepcionalmente lineales y faltas de cayos; del otro, el paisaje general de la isla, marcado por cadenas de elevadas montañas de semblantes dentados y categóricos. La discordancia mayor, por supuesto, la daba el clima: húmedo en el norte, seco en el sur.

El agua, sin embargo, no escaseaba en ningún rincón de esta diminuta isla de 35 millas de ancho por 100 de largo. Las serradas montañas del centro de la isla, con sus suelos arcillosos, apenas lograban retener el agua de lluvia que recibían gracias a los vientos alisios. Sin embargo, las copiosas precipitaciones no tardaban en llegar, mediante un enjambre alucinador de ríos, a las costas y sus múltiples depósitos de calizas porosas absorbentes de humedad. Ahí se almacenaron por miles y miles de años. En realidad, se trataba de depósitos subterráneos geológicamente jóvenes, formados tan solo uno o dos millones de años atrás. Puerto Rico era, para Hill, expresión de la unión armoniosa de lo viejo y lo nuevo: montañas volcánicas y costas jóvenes. El agua que él notó tímidamente asomándose bajo la marisma seca del sureste se originaba efectivamente en las montañas. Los mismos terrenos esponjosos de la costa no eran sino el resultado de la acumulación milenaria de grava, piedras y otros materiales que habían llegado de las montañas por efecto de la erosión. Y si arriba no retenían el agua, abajo la acumulaban. Hacía falta una verdadera visión de conjunto, para comprender la perfecta armonía escondida tras los extremos de climas, paisajes, topografía y geología de la isla. Una armonía hidrogeológica de millones de años. Quizás sea ese, digo yo, el verdadero origen de la lentitud con que discurre el tiempo en el sureste de Puerto Rico.

Hoy, gracias a la ciencia moderna, sabemos que lo que Hill llamó “agua siempre accesible a un metro bajo la superficie” no era más que uno de los muchos valles de acuíferos del sureste de la isla. Debido a la armonía con la lluvia en los montes, el agua sobraba en ellos. Por miles y miles de años, la fuente de recarga principal de los depósitos de agua subterránea en el sureste había sido el agua montañosa que llegaba por la acción de los ríos y la fuerza de gravedad. No en balde no había lagos superficiales. La isla los llevaba por dentro en sus costas.

Naturalmente, el sureste no es el único lugar que muestra este tipo de formación hidrogeológica en Puerto Rico. Hay algunas en la costa del norte, y bien grandes. Sin embargo, aquí, en la tierra inhóspita de Palés, el asunto reviste un aspecto de magia. Debido a la altura y localización algo desplazada al sur de la Cordillera Central, el sureste de Puerto Rico está aislado del efecto humidificador de los Vientos Alisios, con sus ráfagas que soplan del noreste. En la ladera de la isla a barlovento, o sea, de cara a los vientos húmedos del noreste, ocurre lo que los geógrafos llaman lluvia orográfica: la humedad sube, se enfría y se condensa en los topes de las montañas. Por ello, abundan los aguaceros a barlovento. Con una diligencia insuperable, los vastos y anchos ríos del norte de Puerto Rico se encargan de distribuir el agua fresca de lluvia equitativamente por toda esa zona. Son un sistema de riego natural. Al sur, sin embargo, lo único que llega son vientos secos y calientes. Algunos se originan en el mar Caribe, siempre cargado de energía y calor; otros, resultan de las ráfagas del norte que remontan la Cordillera Central y, ya vacías de humedad, descienden por la ladera a sotavento, calentándose aún más. Calor si bogas, calor si no bogas. Todo por el asunto del sotavento.

Para que no falte dramatismo, los ríos del sur son cortos y pronunciados, debido a las pendientes extremas. En una dinámica hidrológica que la gente bautizó siglos atrás de «alocada», los cauces del sur se desbordan por la mañana y por la tarde se secan. Así, porque sí, sin más razón que aquella de que, como decía La Lupe, «lo que pasó, pasó». El agua baja de las montañas sin anunciarse y, en medio de todo el calor, se llevan en un santiamén lo mismo personas, animales o pueblos enteros. Por eso, hay en nuestra literatura del sur, imágenes de cauces sin ríos y de golpes de agua que ocurren en medio de un día seco y ardiente. Sea como sea, los acuíferos del sureste, con su material geológico poroso, absorben enseguida el agua que viene de los montes. Glup-Glup-Glup. Quiso la naturaleza, además, que, para preservar el agua, todo el manto de piedras, arenas y grava porosa, o sea, el cuerpo permeable del acuífero del sur, descansara sobre una cama de material geológico no poroso. Esponjosidad arriba, absorbiendo el agua; impermeabilidad por abajo, tapando el fondo. Los acuíferos del sureste de la isla no son sino esponjas de retención de agua dulce: Dadme una esponja / y tendré el agua dulce.

En la región sureste de Puerto Rico, contrario a los principios entrópicos de la física moderna, la naturaleza busca la armonía, huirle al desorden. Y ello, siempre en el contexto de extremos geográficos yuxtapuestos. Por eso, dicen los hidrólogos, que hay un fenómeno, no tanto visible como conceptualizable, que se llama el nivel freático de las aguas subterráneas del sureste. Es una medición del punto o nivel de saturación del material poroso, lo que no es sino el cuerpo mismo del acuífero. Si el nivel freático es elevado, hay agua suficiente; si es bajo, necesita recarga. Tomado en su forma más abstracta, el nivel freático es un índice de la relación del acuífero con la totalidad del medio ambiente geográfico que lo rodea, desde las montañas hasta el mar. Si el nivel freático sube, y el agua dulce rebasa la capacidad de retención del material poroso, el exceso del líquido fluye, por la ley de la gravedad, hacia las lagunas y pantanos cercanos al mar. Si por razones naturales o de actividad humana, el nivel freático baja, el agua dulce no puede prevenir la entrada del agua de mar, y se saliniza el acuífero. Es decir, toda ruptura de la armonía hidrológica trae consecuencias. En el primer caso, positivas; en el segundo, negativas. ¡Excéntricos que son nuestros acuíferos!

Resulta, entonces, que a diferencia del gran acuífero Oglalala en las llanuras de Estados Unidos, los del sureste de Puerto Rico no tienen un término final de vida. Son recargables. Su capacidad potencial de almacenaje no varía con los años. Eso, porque tanto la porosidad del material de aluvión, como su espesor, son factores constantes. Lo que puede variar es la recarga, como resultado de la entrada de agua dulce; o la descarga, por la actividad imprudente de extracción.

¡Ay, la ingratitud humana! Habría que rescribir toda la historia de Puerto Rico, para darle a los acuíferos del sureste el crédito que se merecen en la génesis de la dinámica social, cultural y económica de la región. Sin ellos, o sea, sin el agua dulce que estaba “a menos de un metro de profundidad”, no se habría dado ni la antigua producción de caña ni la gran cultura negra de la región. Pero en eso no se piensa. Excepción hecha de los acuíferos aluviales, no había en toda la región costera ni agua dulce ni potable, al menos de forma continuada. ¿Será, por eso, que algunas de las comunidades negras de Guayama y Salinas todavía tienen nombres asociados a la extracción de agua subterránea? ¿Qué otro origen puede haber tenido los nombres de barrios de esclavos, como Pozuelo y Pozo Hondo? La negritud de Guayama no es hija exclusiva del tambor.

Coloniaje y genocidio ambiental

La construcción del sistema de riego y represas del sureste, que comenzara en 1908, vino a alterar el equilibrio milenario entre los acuíferos de la región y las fuentes naturales de recarga. Ya para 1915 cinco grandes represas (Patillas, Carite, Coamo, Toa Vaca y Guayabal) suplían las necesidades de la industria del azúcar, mediante un sistema de 150 kilómetros de túneles y canales, que iban desde Juana Díaz hasta Patillas. El agua represada sería utilizada, además, para producir electricidad en varias plantas hidroeléctricas localizadas en las pendientes montañosas del sureste (Carite I, Carite II, Carite II, Toro Negro I y Toro Negro II). Solo después llegaba a las costas. El efecto inmediato del sistema de riego fue, pues, reducir las fuentes naturales y milenarias de recarga de los acuíferos de la zona sur. A lo sumo, estos se nutrían ahora de los remanentes del sistema de riego y, con suerte, de las infrecuentes crecidas de los ríos provocadas por una que otra tormenta severa. Pero ello, únicamente después de llenarse los lagos.

En la cuarta década del siglo XX comenzó el hincado de pozos profundos para la extracción de agua con propósitos agrícolas por todo el sureste de Puerto Rico. El efecto negativo de la actividad humana sobre el nivel freático de los acuíferos era ahora doble. Por un lado, se apresaban y canalizaban las aguas de los ríos; por el otro, se ponía en marcha un proceso de extracción desordenada de los arsenales subterráneos. La salinidad creciente del agua comenzó entonces a mostrar su fea cara.

Fue, no obstante, en las décadas de 1950-1970, o sea, durante los tiempos en que mi generación crecía ajena a todo (salvo a la exasperante inercia del pueblo) que comenzaron a llegar, a la región del sureste, fuerzas promotoras de un desajuste hidrológico quizás irreparable. No puedo decir que esto ocurrió calladamente. Todo lo contrario. Mi pueblo celebró en grande la llegada de cada planta industrial, de cada inversión de capital extranjero y de cada maquinaria moderna y ruidosa, por contaminante que fuera. De todas las criaturas malsanas, la que más alegría infundada provocó fue la Phillips Petroleum y su hermana la Fibers, que llegaron a mediados de la década de los sesenta. Después vinieron otras, como las farmacéuticas estadounidenses Pfizer, Elli-Lilly y Bayer. También Monsanto y Dow Chemicals. El sureste, finalmente había arribado a la modernidad. ¡Y de qué modo! Atrayendo canallas, ladrones y tahúres peores que los imaginados en el poema Pueblo de Palés.

Como era de esperarse, dada la condición colonial de Puerto Rico, las factorías químicas y farmacéuticas estadounidenses se establecieron precisamente en las zonas más sensitivas de la hidrología del sur; o sea, en los topes de los acuíferos y en las cercanías de los antiguos manglares y humedales. A primera vista, esto parece un contrasentido. El consumo de agua por estas operaciones industriales palidece en comparación con la demanda de las operaciones de la caña, ya desaparecidas. Sin embargo, con estas compañías no se trata tanto de lo que extraen, como de lo que inyectan: sustancias contaminantes y carcinógenas. En efecto, ya para 1986 porciones importantes de los acuíferos de Guayama quedaron enteramente arruinadas, debido a las concentraciones elevadas de sustancias químicas peligrosas. Y hoy, la región sureste de la isla es un foco de enfermedades terribles, en particular el cáncer, derivadas de las operaciones de estas industrias y de otras actividades industriales altamente contaminantes.

No es extraño, pues, que haya que remontarse a mi generación para hablar de un tiempo de aparente prosperidad en el sureste de Puerto Rico. La región entera sufre, en estos momentos, las consecuencias negativas de un desarrollo industrial que destruyó nuestros recursos naturales más valiosos, en particular de 1966 en adelante. Ello, en realidad, no fue sino un segundo golpe duro para la región, después de medio siglo de dominio de la producción cañera, que agotó la fertilidad natural de los suelos y trastocó la hidrología superficial. Con la caña, se trataba del uso imperialista de las aguas de los ríos para alimentar las ganancias de las grandes compañías azucareras estadounidenses en el sureste. Más recientemente, se ha tratado del uso de los acuíferos aluviales como vertederos para los desechos y contaminantes de las industrias químicas y farmacéuticas extranjeras. Entre ellas, y con un carácter híbrido aterrador, hay que mencionar a la Dow Growers, que ha convertido miles de acres de los antiguos cañaverales del sureste en campos de siembra de sus semillas química y genéticamente modificadas. No lejos de estos campos, una montaña gigantesca de residuos y cenizas de la quema de carbón por otra compañía estadounidense, la AES, contamina el aire, además de inyectar materiales tóxicos y radioactivos sobre el valle de los acuíferos del sureste. El resultado ha sido la transformación del sureste en lo que puede tildarse de un virtual corredor del cáncer.

Lucha comunitaria

No es posible tener un cuadro completo de la realidad del sureste de Puerto Rico, sin mencionar la tradición combativa de sus barrios de gente negra. Bastaría con mencionar las revueltas de esclavos negros en el siglo XIX; o las gigantescas movilizaciones de huelguistas de la industria de la caña en la década de los treinta del siglo XX. Traicionados por el sindicato reformista, las masas explotadas del sureste no tardaron en recabar la ayuda del Partido Nacionalista de Puerto Rico y, en particular, de su líder Pedro Albizu Campos. La respuesta del imperio fue implacable, reprimiendo tanto a los miles de huelguistas en la zona como al nacionalismo revolucionario. Pero, la combatividad de las comunidades del sureste de la isla nunca ha cesado. De hecho, es hoy más fuerte y prometedora que nunca.

Las comunidades negras y pobres del sureste de la isla enfrentaron una prueba mayor, como resultado del huracán María en septiembre de 2017. Por meses, los poblados costeros de Guayama y Salinas quedaron totalmente desprovistos de electricidad y agua potable. Ante eso, los diferentes grupos comunitarios y ambientalistas se unieron para garantizar, día a día, la distribución igualitaria de lámparas inalámbricas, agua embotellada y, en particular, comida. De ahí, surgió un impulso renovado para liberar a las comunidades de la dependencia en energía no renovable. Se trata, al menos inicialmente, de un proyecto comunitario, llamado Coquí Solar, que garantizaría energía limpia y gratis para una comunidad de 900 familias. Que esto ocurra, apenas a pocos kilómetros de las plantas contaminantes que producen electricidad con carbón y petróleo, es indicativo de la voluntad del pueblo de lograr la autosuficiencia energética, así como de proteger el ambiente. Y ello se viene logrando por la vía de la autogestión comunitaria.

El pasado 6 de abril de 2018 se celebró, en Salinas, el primer conversatorio titulado “Por un Posicionamiento Político, Social y Cultural Desde el Centro-Sureste”, dirigido a promover una visión militante de conjunto entre las organizaciones culturales, ambientales y de lucha del centro y sureste de Puerto Rico. Al evento, asistimos un nutrido grupo de compañeros y compañeras independentistas, así como miembros de las principales organizaciones de lucha y comunitarias. Entre estas últimas cabe mencionar: el Centro Cultural Cunyabe, el Comité Diálogo Ambiental, el Frente Afirmación el Sureste (FASE), El Comité Plaza Monumento Dr. Pedro Albizu Campos de Salinas, y el grupo Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO). Al día siguiente, en la mejor tradición de la rebeldía afroantillana, se celebró la tradicional actividad conocida como Libre Soberao, en que, desde los tiempos de la esclavitud, los negros y negras de la zona se reúnen para tocar los tambores y bailar el ritmo de la bomba. Este pasado 7 de abril, significativamente, el Libre Soberao se efectuó en los terrenos de la antigua Central Aguirre. Lo más importante es que, desde abril para acá, las distintas organizaciones se han mantenido unidas por la agenda común de luchar por la autogestión, el mejoramiento de la calidad de vida y la protección del ambiente.

¿Por qué hablar del sureste, como una región diferenciada de la isla? Simplemente porque, a pesar de su tamaño reducido, Puerto Rico entero está conformado por zonas geográficas que muestran rasgos culturales, sociales y económicos muy particulares. Este fenómeno llamó mucho la atención de Estados Unidos en 1898, y ha sido utilizado a menudo en contra de nuestras luchas emancipadoras, para desunirnos aún más. La región del sureste, con su peculiar hidrogeología, comprende uno de los llanos más extensos de la isla, en el cual prevalecen condiciones muy uniformes. Culturalmente, es la región de mayor influencia y difusión del elemento afroantillano. Económicamente, es una zona que desde 1898 ha sido explotada con arreglo a un plan regional por el gran capital monopolista estadounidense. Además de sus recursos naturales valiosísimos, el sureste exhibe una proletarización generalizada. Socialmente, es una región de elevada combatividad de la clase trabajadora que la habita mayoritariamente. De lo que se trata ahora, para las organizaciones militantes, es de promover una respuesta organizativa regional a los problemas que históricamente han prevalecido.

El joven activista Roberto Thomas, portavoz del grupo IDEBAJO (Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos) enumera, en un informe reciente, algunas de las áreas en que el sureste confronta los mayores retos: (1) aumento del costo de vida; (2) despoblamiento acelerado, debido a la rampante pobreza; (3) contaminación por la quema de carbón e infiltración de sustancias tóxicas en los acuíferos que suplen agua potable; (4) acaparamiento de miles de acres de terrenos por las semilleras Dow y Monsanto; (5) cierre discriminatorio de escuelas públicas; (6) corte de pensiones de los jubilados; (7) eliminación de derechos laborales y (8) desempleo y su secuela de bajos ingresos. Dada la naturaleza regionalmente aguda de estos problemas, la respuesta también tiene que ser abarcadora. Al respecto, nos dice Roberto en su informe:

«Después del huracán, y ante los problemas que todos y todas conocemos, hemos trabajado en el adelanto de la organización comunitaria de los barrios negros de toda la zona que va de Salinas a Guayama. Entre ellos, los poblados de El Coquí, Mosquito, Jobos, Las Mareas y San Felipe. Las comunidades mismas optaron por crear algo novedoso, que se ha venido a conocer como Oasis Comunitarios. Gracias a la naturaleza democrática y descentralizada de estos organismos, rápidamente pudimos fundar cocinas comunitarias, puntos de distribución de suministros, eventos de enriquecimiento cultural para los niños, así como días de limpieza de escombros. Todas eran necesidades urgentes después de la tormenta, y las comunidades se movilizaron para darles solución. Una idea en la que trabajamos ahora mismo es la creación de mesas de trabajo temáticas, que permitan capacitar, atender y responder a los problemas desde las propias comunidades. Se trata de mesas que ofrezcan nuevas ideas para adelantar en la solución de asuntos tales como la comida, vivienda, salud (física y mental), cultura y recreación. Queremos vigorizar el mecanismo de las asambleas comunitarias que hagan posible la participación más amplia de la gente de nuestras comunidades, particularmente los jóvenes, en el proceso de organizarse para atender y mejorar la calidad de vida». (Citado con permiso del autor.)

La cuestión de la identidad

En el centro mismo de la posibilidad de un proceso emancipador en Puerto Rico está la cuestión de la identidad. La tormenta María golpeó brutalmente al sureste de la isla, afectando sobre todo a las comunidades pobres y negras. Estas siempre fueron un punto de apoyo para las luchas libertarias, al caracterizarse por la preservación del legado de sus orígenes afroantillanos. La combatividad de los poblados del sureste no tiene parangón en la historia de las luchas proletarias de Puerto Rico. Y esto, afirmando en todo momento las raíces caribeñas de sus habitantes. En el contexto de las comunidades del sureste de Puerto Rico, con su inherente influencia afroantillana, la idea de la no-identidad boricua es un lujo, un adorno.

El sureste, por su historia y misticismo, es parte integral del universo afroantillano. No somos, pues, extranjeros en este pedazo del Caribe que habitamos. El ancla, la raíz de esa pertenencia es la negritud, entendida no ya abstractamente, sino en función de las luchas concretas de las comunidades pobres por mejorar sus condiciones de vida y afirmar la personalidad boricua. O, como diría mi compueblano Luis Palés Matos: «No conozco un solo rasgo colectivo de nuestro pueblo que no ostente la huella de esa deliciosa mezcla de la cual arranca su tono verdadero el carácter antillano. Negarlo me parece gazmoñería. Esta es nuestra realidad y sobre ella debemos edificar una cultura autóctona y representativa con nobleza, con orgullo y con plena satisfacción de nosotros mismos».

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244895

 

En consecuencia, erradicar los extractivismos es esencial a la vida planetaria y a la dignidad humana de todos los pueblos e individuos. Es el objetivo de cada vez más comunidades del Abya Yala que las enfrenta de modo irreconciliable con los progresismos y neoliberalismos, ambos involucrados en viabilizar la acumulación gran capitalista privilegiando los negocios por sobre necesidades e intereses populares.

 

Cuando nos pronunciamos en favor del protagonismo popular como clave para abrir-construir caminos emancipatorios se nos descalifica de concepción basista y local. Es menosprecio a emprendimientos deliberativos y transformadores como:

 

Caravana recorre Colombia denunciando

el extractivismo

Resumen Latinoamericano / 1 de agosto de 2018 / CI

En su nueva edición la Caravana por la Vida, el Agua y el Territorio esta vez, se realizará un recorrido de 11 días, iniciando hoy y culminando el 12 de agosto, por las tierras del centro oriente colombiano para denunciar las políticas extractivistas minero-energéticas pero también visibilizar las luchas y procesos sociales que llevan las comunidades para enfrentarle.

La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia –Redher- es una organización internacional que acompaña los procesos sociales y sus luchas en este país desde hace casi 20 años, a la vez que realiza esta serie de caravanas todos los años, por diferentes regiones. Este año se le suma el Movimiento Político de Masas Social y Popular de Centro Oriente como anfitrión.

El objetivo de la caravana este año es visibilizar la problemática minero-energética que ponen en riesgo la permanencia en el territorio de las comunidades indígenas y campesinas, contribuyendo con el fortalecimiento de iniciativas que permitan la defensa de la vida, el agua, y el territorio generando redes de apoyo y articulación entre organizaciones nacionales e internacionales.

“En la actualidad departamentos como Casanare y Arauca presentan violaciones de derechos humanos todos los días, lo que representa un alto grado de riesgo para el desarrollo de las libertades sociales y políticas y el Centro Oriente colombiano no escapa a las políticas económicas y represivas del Estado.”, declaró Redher.

Los puntos del recorrido son Meta, Casanare, Arauca, Boyacá Norte con el nevado del Cocuy y finaliza en Bogotá con un recorrido por el basurero de Doña Juana y las graves afectaciones a la salud que han creado en las comunidades aledañas.

Entre las delegaciones que conforman esta Caravana llegaron representantes de la Red de Hermandad desde Alemania, Canadá, Italia, España, Ecuador y Estados Unidos. Desde Colombia provienen organizaciones, colectivos y procesos de diferentes regiones como Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Oriente antioqueño y el propio Centro oriente.

Y así durante los 11 días restantes se seguirán construyendo planes de trabajo, compartiendo experiencias de luchas, visibilizando la verdadera situación de las problemáticas ambientales de las regiones y sus comunidades, creando redes de apoyo a lo largo de toda la región.

CI MM/CC/01/08/18/

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/01/caravana-recorre-colombia-denunciando-el-extractivismo/

 

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México - REMA: 10 años en la defensa de la vida y el territorio

27 de junio de 2018

"Luchamos para contrarrestar, visibilizar y llevar a la rendición de cuentas a quienes, de forma inhumana y violando todos los derechos humanos, hacen pedazos el territorio nacional, depredan nuestros bienes naturales,  desmantelan la comunalidad, identidad y cultura de los pueblos, dañan la salud, contaminan el medio ambiente y criminalizan o asesinan a las y los opositores que luchan contra la falsa promesa de 'progreso y desarrollo' que promueve, protege y legitima la clase política mexicana."

Nuestra lucha es simple; ¡FUERA MINERAS DE NUESTRO TERRITORIO!
Nuestras razones contundentes; ¡APOSTAMOS POR LA VIDA Y LA COMUNALIDAD!
Nuestra forma de hacerlo es; ¡ORGANIZARNOS CONTRA EL DESPOJO Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO!

Hace diez años, en junio de 2008, nació la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), con el propósito de establecer un frente nacional de lucha organizada contra el Modelo Extractivo Minero en México. Desde entonces, luchamos para contrarrestar, visibilizar y llevar a la rendición de cuentas a quienes, de forma inhumana y violando todos los derechos humanos, hacen pedazos el territorio nacional, depredan nuestros bienes naturales, desmantelan la comunalidad, identidad y cultura de los pueblos, dañan la salud, contaminan el medio ambiente y criminalizan o asesinan a las y los opositores que luchan contra la falsa promesa de “progreso y desarrollo” que promueve, protege y legitima la clase política mexicana.

Baja California Sur, Cd. de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, son los estados en los que REMA está integrado en alianza con comunidades y grupos de base, ongs,  académicos, periodistas, ciudadanas y ciudadanos quienes hemos asumido el reto de implementar una agenda común y un método de trabajo que nos permite avanzar en nuestros propósitos, sobresaliendo entre ellos, un rotundo NO a la Minería a cielo abierto, de tumba y relleno y tóxica.

Derivado de nuestro presente, con por lo menos 2 mil localidades que han declarado su Territorio Libre de Minería, revalidamos nuestro compromiso de continuar luchando contra la simulación de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado que pretende establecer el gobierno federal con procedimientos amañados y seudodemocráticos, en donde nuevamente son las empresas mineras, utilizando la sumisión de la clase política, sus principales promoventes. En ese contexto, REMA reivindica los procesos basados en la libre determinación, autonomía y autogestión comunitaria bajo el pleno ejercicio y defensa de los derechos colectivos, por lo tanto, son los pueblos quienes definen sus propios procesos y mecanismos de auto-consulta y consentimiento.

Asimismo, manifestamos nuestra oposición contra los lineamientos que desde instancias internacionales y nacionales pretenden imponer por medio de “Los Principios Rectores Empresariales”, porque son principios cargados de demagogia, con los cuales las empresas esconden y contrarrestan los daños que ocasionan, y a cambio enaltecen la Responsabilidad Social Empresarial, la minería verde o sustentable y otras incoherencias que social, ambiental y científicamente es imposible puedan probarlo, al mismo tiempo que, a través de la creación de instancias especiales como las/os “Ombudsperson”, abren falsas ventanillas para la atención de conflictos que solamente sirven para administrarlos, ante la falta de fuerza política y jurídica que tienen para llevar a las empresas y a los empresarios a la rendición de cuentas.

Refrendamos nuestro compromiso de acompañar de forma solidaria, gratuita y con lo que esté a nuestro alcance, a todas aquellas comunidades quienes deseen y crean que podemos aportar a su lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

Como REMA también asumimos la misma lucha en Latinoamérica, con nuestros hermanos del Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo extractivo Minero (M4), en donde convergen luchas desde Perú hasta Canadá, porque estamos claros que vivimos la misma problemática, ya que el Modelo Extractivo es uno de los segmentos impuestos por el sistema capitalista, que hoy se pondera en el mundo como el principal eje económico y político, a la vez que también es la principal causal del empobrecimiento social y económico de los pueblos.

Celebramos estos primeros diez años y estamos seguros que continuaremos creciendo de forma organizada.

Fraternalmente,
Red Mexicana de Afectados por la Minería

REMA

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Mexico_-_REMA_10_anos_en_la_defensa_de_la_vida_y_el_territoriointegral

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Observamos que los extractivismos permanecen silenciados e invisibilizados cuando su expansión, sobre todo, en este siglo por gestión del kirchnerismo ha maximizado la concentración y transnacionalización económico territorial de Argentina. Tal acaparamiento oligopólico e imperialista implica profundización de la desigualdad social pero también de nuestro país respecto a las potencias imperialistas. Aún peor, esta consolidación del subdesarrollo argentino y latinoamericano anda hundiéndonos en catástrofes socioambientales con creciente irreversibilidad. En efecto, el capitalismo dependiente genera ecocidios que a la vez son etnocidios y genocidios. Nos urge generalizar la percepción de cómo el sistema-mundo capitalista conduce a la vida planetaria y a la humanidad hacia sus extinciones.

 

Pero, al mismo tiempo, es crucial desentramparnos del nacionalismo popular que, además, subordina a izquierdas reformistas. Porque, ante la ofensiva del sistema mundo para el lucro del Capital, el desafío es adquirir enfoque integral del país-continente desde el marco conceptual del internacionalismo revolucionario. Significa apreciar que la imprescindible unión en diversidad arranca del aprendizaje mutuo sin fronteras, en contraste con el progresismo que condujo a valorar sólo la cara iluminada de sus gobiernos e ignorar o estigmatizar las resistencias a los extractivismos en toda Nuestra América.

 

Descubramos la cara oculta del progresismo y es que siendo capitalista coincide en lo esencial con el neoliberalismo. Veamos, el sociólogo especialista en ecología política analiza su Venezuela y pese a que se refiere a la gestión de Nicolás Maduro nos ayuda a interpretar qué está haciendo el bloque dominante con nuestro país.

 

Emiliano Teran Mantovani:

“Con el Arco Minero del Orinoco estamos frente a un suicidio”.
Publicado por Portal de la Izquierda en 4 de septiembre de 2017
 

Entrevistó Carlos Carcione. UPC de CER Latinoamericana para Aporrea.org | Domingo, 03/09/2017

Investigador y activista, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con una Maestría en Economía Ecológica de la Universidad de Barcelona, trabaja en circuitos de investigación militante, relacionados con círculos regionales en América Latina. Circuitos que tienen que ver con el debate y la lucha medio ambiental, e igualmente en el activismo que está relacionado con los movimientos ecologistas. Sobre todo con los ecologismos ligados a las luchas populares, por los territorios, por los bienes comunes, contra las desigualdades generadas por los impactos ambientales. En debate directamente relacionado con el cuestionamiento al modelo. Es parte de grupos como Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo, la Red Oilwatch Latinoamérica y otras organizaciones que acompañan luchas de comunidades indígenas, campesinas, urbanas, contra los impactos del extractivismo. Fue Mención del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Es uno de los jóvenes intelectuales y activistas comprometidos con los procesos de transformación más destacado del país.

 

Cuál es tu principal preocupación por el avance de la ampliación de la frontera extractiva en el último tiempo en Venezuela.

Hay varias preocupaciones. Pero hay una fundamental: A lo largo de la historia venezolana hemos estado planteándonos salir del modelo, o empezar a salir del modelo, hemos atravesado momentos en que se llega a crisis profundas, momentos de bifurcación, en los que está planteado salir del modelo o continuar en él. Hoy estamos otra vez en uno de esos momentos. Hay que insistir en que éste no es un debate solamente de ecologistas sino que tiene que ver con el tema de la dependencia, que tiene que ver con la soberanía, porque es un modelo de altas concentraciones de poder de los sectores que capturan la renta.

 

Entonces una preocupación fundamental es que, en esta bifurcación, se están reformulando un conjunto de acuerdos que son o que suelen ser, acuerdos de largo plazo. Lo interesante para analizar es que son acuerdos de fuerzas muy negativas para el Estado Venezolano, es decir no son acuerdos de partes con potencialidades políticas iguales, sino que estos acuerdos tienen que ver con concesiones, tienen que ver con desregulaciones, flexibilización creciente, formas de  favorecimiento al desmontaje de la visión nacionalista energética que ha tenido en su momento el presidente Chávez.  Y que estos acuerdos se van haciendo orgánicos, por ejemplo, la concreción de los acuerdos de PDVSA con el capital foráneo que ya no sólo aparecería como “accionista” sino como “prestatario”, citando a Eulogio del Pino, presidente de PDVSA.

 

Qué significa esto, y esta es la trampa de lo que yo llamo el neoliberalismo mutante: por más que en términos formales, yo estado o PDVSA sea accionista mayoritario y tu privado, transnacional, seas minoritario, si tu pones tu capital accionario y además me prestas para que yo coloque el mío, esto termina enredándose en una forma en la que en realidad tú tienes el control. Todo aquel que tiene la gran parte de la inversión, controla. Piensa por ejemplo en la participación de Estados Unidos en el FMI, en el Banco Mundial, o lo que supone el mecanismo de endeudarte, en lo que respecta al control de la relación económica o política que se tiene con respecto a las decisiones sobre los modelos económicos, de negocios, políticos, etcétera.

Por eso sostengo que el modelo que se está configurando desde hace dos años en Venezuela y la respuesta que se ha tratado de plantear es la siguiente: intentar hacer un piso mínimo, el que permitiría un flujo de caja mínimo para el gobierno y que las retribuciones se hagan de ese piso hacia arriba. En síntesis el planteamiento es subir el extractivismo en todos los ámbitos para poder retribuir con ese excedente, con lo que sería ese nuevo aumento del extractivismo,  a la ganancia y a la devolución de la inversión en esos casos.

Esto supone además,  una expansión de todos estos elementos que hacen a la arquitectura del extractivismo en Venezuela. Y que abre a otra preocupación que calza en esta situación, es toda la reconfiguración social que está ocurriendo en los territorios.

Hay que pensar por ejemplo en lo que escribía Rodolfo Quintero, toda la transformación antropológica, económica, social, cultural que se daba en los campos petroleros. Lo que está ocurriendo en Santiago de Cabrutica o en la zona sur de Monagas, todos estos cambios sociales que tiene que ver con afectación de tierras cultivables, problemas de agua severos, la migración de formas de trabajo productivo al taladro, provocando un mayor abandono de la agricultura, una agricultura extremadamente precarizada como lo está en la actualidad. Entonces lo que tienes es dos tendencias opuestas en términos de la crisis.

Una tendencia  de una enorme gravedad, con una población de muchas décadas asimilada a la economía rentista, a los sectores terciarios de distribución de la renta, y una necesidad histórica de producción interna que necesita una subjetividad que tenga alguna cultura del trabajo. Entonces tienes dos tendencias que están caminando en sentido contrario y que va a agravar la crisis. La otra consecuencia es el tema ambiental,  yo entiendo que el tema ambiental tiene poca incidencia en el país, por la fragilidad de los movimientos ambientalistas. Pero además, sobre todo por la poca información que existe sobre el problema ambiental.

Por ejemplo, el tema ambiental del agua en Venezuela es gravísimo, ahí tenemos varias bombas de tiempo. Por ejemplo lo que está ocurriendo con los embalses de Paucachinche y Camatagüa que atienden a 10 millones de personas en el país, que está proveyendo agua con más escases, por la incapacidad de potabilización. Porque viene además contaminada por diversas razones, pero entre ellas el proyecto de trasvase de agua para evitar que el lago de Valencia siguiera creciendo, pero entonces estamos tomando agua con heces aquí en Caracas, en Valencia y Maracay es peor, y esto es una bomba de tiempo política. Te voy a dar un ejemplo: en el 2014 hubo una crisis del agua en Sao Paulo en la cual Dilma Rousseff termina declarando que esa crisis se convierte en un asunto de Seguridad Nacional, por qué lo declara, porque una ciudad de más de 12 millones de personas colapsando por la escasez de agua es claramente una crisis política. Lo mismo en los Estados Unidos declara problema de seguridad nacional el tema, por ejemplo, del cambio climático.

Esta tendencia es a que se agrave porque hay negligencia e incapacidad para atenderlo. Y el extractivismo produce una agudización, una profundización de estos patrones. La expansión del extractivismo para dar un ejemplo concreto, generaría una contaminación severa del Río Socuy, que alimenta embalses fundamentales para suministrar agua a la población de Maracaibo, del Tablazo, de San Francisco, donde hay también millones de personas, ahí tienes también problemas de seguridad. Yo lo veo desde el punto social y ambiental, pero si lo tomamos del punto de vista más político hay una cosa de seguridad nacional con esta crisis.

Y el Arco Minero del Orinoco ni se diga las consecuencias. Pero es bueno mencionarlas. El 4% del agua que consumimos está en la zona norte costera donde vive el 90% de la población. Es decir nosotros dependemos de las cuencas hidrológicas del sur del país. Cuencas hidrológicas que ya están sumamente contaminadas por varias razones. Entre ellas la contaminación que producen las industrias básicas, el tema petrolero, pero también por la minería ilegal, es decir una cosa dramática, esta expansión del cianuro en las aguas. El tema del Arco Minero sería llevar a una devastación el tema del agua. Hay datos científicos de lo que llaman la huella hídrica del oro, que te dice que para obtener una onza de oro necesitas mil litros de agua. Y en el proyecto del AMO, estamos hablando de 7000 toneladas de reservas de oro que se plantea sacar.  Tal vez no las saquen completas, pero el dato sirve para tener una idea de los billones y billones de litros de agua comprometida, sólo hablando de la extracción de oro. Es decir, yo creo que no hay ninguna duda en decir que estamos frente a un suicidio socio ecológico en puertas. Una muerte lenta. Y los que contrarían estos argumentos hablan justamente de un tema de seguridad y de soberanía. Pero que tengamos agua para vivir, es el verdadero tema de soberanía y seguridad.

Me parece que el debate del extractivismo ha sido poco comprendido porque no se entiende que toca todas las aristas de la vida. La arista cultural, la arista económica, la arista geopolítica y política, la arista ambiental y  por supuesto la arista social.

Porque se supone que es en realidad la concepción del uso de la tierra y de la soberanía de los sujetos sobre esa tierra, nada más y nada menos. Entonces te diría que no sólo se trata de este nuevo avance de frontera, sino cómo se va a hacer el avance de frontera y el contexto histórico en el cual está este nuevo avance de frontera. Esto hay que detenerlo como sea.

Pero para eso hace falta politizar más el tema ecológico, que se entienda que es un tema que tiene ver con territorio, con vida. Y yo no diría solo que crezca el reclamo de las organizaciones ambientalistas sino que hay que ecologizar también las luchas populares que tienen que ver con sindicatos. Por ejemplo los sindicatos que se han movilizado, aunque el reclamo no sea estrictamente ambientalista, sino por reclamos que hacen a la salud de los trabajadores, son los sindicatos del complejo petrolero industrial de Jose. Así sea por su seguridad laboral, pero por ahí hay algo que va haciendo el vínculo.

Vamos a cambiar de tema. Cómo ves la Constituyente…

Reconociendo de mí parte lo descabellado de la propuesta de la Constituyente y los claros visos autoritaristas que se han mostrado en el gobierno, mi punto es tratar de analizar  el conjunto de actores sociales, la idea de este empate catastrófico en el que estaríamos, de una relación de fuerzas bastante similares. Al mismo tiempo la noción de la polarización gobierno oposición no explica la cantidad de actores que están en interacción en ese sentido. Creo que habría que entender, no soólo la Constituyente como una posibilidad, sino la aparición de múltiples posibilidades. Inclusive algunas inesperadas. Reconociendo un poder que quiere aprovechar la Constituyente para tales o cuales cosas negativas. Incluso sea porque el gobierno termina de derrotar a la oposición, o porque se genera un pacto, como la Constituyente ha quedado controlada por los mismos de siempre, es decir los constituyentistas elegidos, es potencialmente un peligro para hacer una reestructuración de corte neoliberal.

Pero insisto en que también hay que verla como un campo en disputa. Aunque el campo popular este fragmentado, este bastante afectado por la situación, por el nivel de confusión de lo político que se establece hoy en día. Habría que reconocer que la constituyente fue asumida por muchos activistas de la base popular chavista como una lucha. Y esto no se puede desconocer. Los pueblos tienen unos tiempos, es una paradoja, porque las necesidades de las transformaciones a veces son urgentes, pero los pueblos tienen sus tiempos.

 

El campo popular del chavismo que yo reconozco como el campo con mayores potencialidades, el que ha asumido las banderas más claramente transformadoras, revolucionarias en muchos sentidos, reivindicativas en muchos sentidos. Que son sujetos que generan críticas, que entienden los riesgos de otras alternativas, pero que también asumen el desafío del momento actual, y no lo digo intelectualmente, lo he visto en las discusiones. Ahí habría que pensar y entro directamente a la constituyente, como este desafío, denunciado hasta el cansancio del autoritarismo y de las reformas neoliberales que allí se busca, pero también comprender este proceso de disputa. Que no se puede dar un paso al costado frente a él, y ver como plantear las cosas que estamos criticando. Cómo las reformas del marco jurídico y de las probables transformaciones en la gobernabilidad tienen que ver con una reestructuración económica. Tenemos que posicionar ese tema, pero hacerlo desde ese tejido social y no desde afuera. Porque para mí lo contrario lleva a una soledad política que frena los avances.

Pero ¿en esa disputa también entran los capitales transnacionales?

Esa es una disputa de disputas. Estamos hablando de una disputa desde el campo popular. El campo popular no es homogéneo tampoco, y esas disputas se generan a lo interno, es decir vamos a debatir cuales son las potencialidades políticas que van más allá del marco jurídico de este proceso, y cuáles son los peligros que están allí.

Pero ¿por qué? Porque al menos desde el año 2014, los que venimos siguiendo el campo económico estamos viendo procesos progresivos de flexibilización económica, desregulación, tasas preferenciales para las corporaciones en la Faja Petrolífera del Orinoco, zonas económicas especiales, reestructuración de la deuda con China. No es casual por ejemplo que la reestructuración de la deuda con China en 2014, sale en gaceta, y un tiempito después sale las zonas económicas especiales. Recordemos que el FMI prestaba a cambio de reestructuraciones.

Entonces hay que preguntarse qué significa el consenso de Beijín en ese sentido.

Pero el capital internacional necesita garantizarse un marco jurídico para sus reestructuraciones, incluso el capital que no está y quiere venir. Y cómo el gobierno ha insistido, en su retórica, en su discurso, está planteando un marco de inversiones especiales para atraer al capital, para que venga a invertir en el país, y cómo eso está de la mano de una política y de unas políticas concretas que se formalizan en Gacetas, en Decretos y tal. Y cómo eso está totalmente conectado, al menos en su potencialidad, el peligro que tiene en un proceso constituyente, liquidar articulados o secciones de la Constitución que representan una barrera jurídica para una desregulación más amplia.

 

Una apropiación con la que el capital obtendría los recursos naturales o de los mercados venezolanos, y está necesitando derribar toda una normativa que existe. Y estas reformas están siendo solicitadas por el capital transnacional. Y en este punto no olvidemos el nivel de deuda que tiene Venezuela.  Recientemente un informe de la CEPAL indica que Venezuela tiene una deuda de 130.000 millones de dólares, y el mismo informe señalaba que el país lo puede sustentar. Porque justamente el tema es ese, Venezuela tiene un nivel de recursos, de “riquezas materiales, precisamente lo que sugiere la CEPAL es que puede pagar y pagar bien pero, hay que agregar que se haría hipotecando el futuro del país.

Entonces: la deuda acompaña a las peticiones del capital foráneo y hay un peligro claro dentro del marco de la constituyente, de que esas reformas terminen tocando ya el centro de la tierra, el núcleo del proyecto de la revolución bolivariana que no es solo conceptual sino que tenía que ver con un proyecto al menos anti neoliberal ya que no era anticapitalista. La pregunta es ¿a  quién hay que convocar a detener ese proyecto?, para mí al chavismo popular.

Estamos frente a una encrucijada histórica de los últimos 100 años, si el chavismo popular aprueba esto, es una desvirtuación de su propio sentido de ser histórico. Este es un peligro y el otro es: qué es lo que va a hacer el chavismo popular. Esta es parte de la disputa. Porque aquí ya no hay soluciones fáciles. Desde mi punto de vista lo que va a haber es un largo periodo de conflicto, que probablemente sea un conflicto de alta intensidad. Porque probablemente ha terminado un ciclo de batallas pero vendrán otras próximamente.

E insistir, sobre todo, en el debate del extractivismo. Porque nosotros somos una economía que se basa en que el capital foráneo extrae, nos despoja de nuestros bienes comunes, que deja una gran devastación ambiental, que deja culturalmente una dependencia de la renta, que nos deja cada vez más lejos de una cultura productiva. Que aunque yo, personalmente, creo que la idea de sembrar el petróleo es inviable, al menos como se planteaba en este proyecto, también creo que eso no significa que no se pudiera usar los excedentes para otras inversiones.

Creo que el proyecto es otro. Que hay que elaborarlo, creo que hay que seguir trabajando en la crítica sobre el modelo rentista, capitalista venezolano. Entender que el capital traza las rutas de la próxima fase económica sobre el extractivismo. Es decir el capital foráneo no va a orientar a la economía venezolana hacia un modelo producción industrial.  Va a aprovechar el potencial económico venezolano que es el extractivismo. Y eso significa que los males que hemos conocido históricamente se van a reproducir, pero en un contexto más caotizado y de colapso histórico del modelo.

Entonces el debate sobre el extractivismo no es una cuestión adicional para pensárselo con tiempo. Es un debate sobre el modelo, un debate presente.  Tiene que ver con el contexto de la dependencia. Del colonialismo. Ese es también un debate sobre los progresismos. No es sólo responsabilidad del progresismo, pero la situación actual es también reconocer que hubo políticas que no se dieron. Y esto no se puede evadir eternamente. Porque para estos debates nunca fue el momento. Al menos esto es lo que se siempre se ha dicho desde el poder.

 

Hay que hablarlo y hay que volver a insistir en el debate sobre el extractivismo y entender que no es un debate sobre la extracción. El modelo se basa en la extracción pero tiene todo un circuito de acumulación de capital que está también en la distribución, en la construcción de infraestructura, en el financiamiento, todo eso está ahí. Extractivismo es toda una arquitectura. Es el modelo de acumulación de capital a nivel nacional, es un circuito que va desde la exploración extracción y pasa luego por la venta, la captación de un excedente y todos los mecanismos de distribución que reproducen el extractivismo, que legitiman el extractivismo. Eso es lo que nos interesa analizar.

Como están los movimiento sociales y la reacción frente a este plan extractivista en América Latina.

Los movimientos empezaron a reaccionar ante una mayor politización del tema ambiental, una mayor politización del tema indígena, una valoración política de estos temas. Estos temas estuvieron durante mucho tiempo en un baúl, no eran considerados temas importantes. Y eso hay que decirlo autocríticamente como parte también de una tradición de una izquierda que no le interesó este tema por mucho tiempo. No eran sujeto de la revolución.

Y lo curioso fue que el sujeto de la revolución en Bolivia, por ejemplo, era el indígena, para darte un ejemplo. Luego los proyectos de los progresismos empiezan a prometer una transformación, empiezan a hablar del buen vivir, de los pueblos indígenas, del socialismo indoamericano, empiezan a hablar de los derechos de la naturaleza, empiezan a hablar de salir del modelo de la dependencia, elementos que tomo el gobierno de Chávez, que habló del buen vivir, lo que pasa es que terminó siendo una tarjeta de crédito. Chávez reivindica a los indígenas cuando coloca el capítulo octavo de la constitución, y reivindica la naturaleza con el capítulo séptimo, el de los derechos ambientales.

Estas demandas que eran previas, fueron tomadas por Chávez. Esto no es casual, esto viene de una corriente de lucha, por un cambio de cultura política de una nueva valoración, que no se quedó ahí. Pero los progresismos comenzaron nuevamente a relanzar el extractivismo, empezaron a profundizar este modelo, teniendo conflictos con las comunidades en todos los países, con marchas, movilizaciones y ocupaciones a veces violentas en muchos países. Aquí la lucha Yupka fue bandera. Y aunque otras luchas no salieran tan públicas igual se dieron. Hay una lucha en la península de Paraguaná, gente afectada por Cáncer. Desde los años 90 por ejemplo, contra el puerto de aguas profundas que quieren poner en la península de Araya. Aquí los pueblos indígenas se han pronunciado contra la minería ilegal y algunos contra el Arco Minero del Orinoco, y hay luchas muy fuertes porque están defendiendo su territorio.

Estas fueron luchas en la región y que aquí tuvieron poca resonancia pero esto es lo hay que cambiar. El giro político que tenemos que dar es en la identificación de los nuevos sujetos revolucionarios, si quieres verlo así. Es un sujeto campesino también, también, no es únicamente campesino, es un conjunto, es la mujer, es el indígena, es un sujeto urbano, y no por un tema de proporción porque la proporción en Venezuela, por ejemplo, es muy desigual, el sujeto urbano es más del 90%. Es tomar los saberes ancestrales, el concepto de territorio. No hay diferencias sustanciales entre el proyecto de la comuna y el proyecto que tienen los pueblos indígenas, porque es comunal también.

 

Creo muy importante y necesario recuperar la dimensión del territorio. Es como que para nosotros el espacio geográfico fuera una abstracción, eso revela un desligue con la tierra, el territorio y los bienes comunes. ¿Qué significa esto? El problema del agua podemos decir que en un caso determinado fuera un proyecto a futuro, pero no es el caso nuestro. El problema del agua en Caracas es cada vez más dramático, en Valencia, en Maracay, en el Zulia, y en casi todo el país, en Lara, en la Región Guayana, en el Oriente por el tema petrolero. Es un problema político, social, cultural, eso es necesario incluirlo en las demandas sociales políticas. Y entender que hay una posibilidad en este momento justamente por la crisis, para una subjetividad más integral, precisamente se puede unir las demandas que tienen que ver con las reivindicaciones del trabajo y las que tienen que ver con la reproducción de la vida. Este sujeto tendría una potencialidad enorme.

Hace muy poco estamos tratando de retomar el debate por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas que cuestionó recientemente Luis Brito García. El sugiere eliminar los derechos indígenas en la Constitución, pero ese debate no es solo sobre los derechos indígenas, es un debate contra la concepción que se tiene sobre el territorio, sobre el extractivismo, sobre el poder, esta todo allí. Y buena parte de lo que llamo chavismo popular, verá entonces que ese no es su proyecto. Se preguntarán, 500 años esperando, postergando y ahora viene un intelectual del chavismo a cuestionar lo que habíamos avanzado.

Fuente: http://portaldelaizquierda.com/2017/09/emiliano-teran-mantovani-con-el-arco-minero-del-orinoco-estamos-frente-a-un-suicidio/  

 

Insistamos sobre el extractivismo.  "El modelo se basa en la extracción pero tiene todo un circuito de acumulación de capital que está también en la distribución, en la construcción de infraestructura, en el financiamiento, todo eso está ahí. Extractivismo es toda una arquitectura. Es el modelo de acumulación de capital a nivel nacional, es un circuito que va desde la exploración extracción y pasa luego por la venta, la captación de un excedente y todos los mecanismos de distribución que reproducen el extractivismo, que legitiman el extractivismo. Eso es lo que nos interesa analizar".

 

En Argentina, se yerguen quienes defienden la vida y la dignidad humana de todos los diversos de abajo. Escuchémoslos: Nos manifestamos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN PERMANENTE ante el avance obsceno de los intereses transnacionales megamineros que se mueven inescrupulosamente de la mano de gobernantes corruptos de todos los estamentos del Estado que  avalan y acompañan el ilegal intento de habilitar la megaminería en nuestra provincia. Son descaradas ya las relaciones de intimidad que viven el mal gobierno y las mineras". Nos enseñan a desfetichizar el Estado y la modernidad tecnológica del productivismo que el kirchnerismo promovió.

 

 

Prensa Unión de Asambleas de Comunidades Informa

 

12 de Junio de 2018

Documento de la Unión de Asambleas Ciudadanas

de la Provincia del Chubut

Reunidos el día 2 de Junio de 2018 en la ciudad de Trelew, las Asambleas de Rawson, Playa Unión, Puerto Madryn, Esquel, Gualjaina, Costa del Lepá, Dolavon, Trevelin, Trelew y Comarca Andina,  nos reconocemos dentro de un TERRITORIO PLURINACIONAL, porque sabemos que estamos bajo las leyes del Estado Argentino, pero también reconocemos y valoramos que preexisten otras Naciones, como la Nación Mapuche, por ejemplo y otras que hoy pertenecen a esta lucha comunitaria.

Nos manifestamos en ALERTA Y MOVILIZACIÓN PERMANENTE ante el avance obsceno de los intereses transnacionales megamineros que se mueven inescrupulosamente de la mano de gobernantes corruptos de todos los estamentos del Estado que  avalan y acompañan el ilegal intento de habilitar la megaminería en nuestra provincia. Son descaradas ya las relaciones de intimidad que viven el mal gobierno y las mineras. Siendo ésta una actividad hoy prohibida en Chubut, parecería imposible que se reciban currículos en lugares públicos, privados y estatales y que dichas empresas, convivan cercanamente con nuestros gobernantes,  saludándose con un afecto que, a todas luces, manifiesta gravísimos actos de corrupción, dado que no son las mismas formas amables y de “amiguismo” para cuando somos nosotros los que queremos acercarnos para exigirles que cumplan con su función mayor, que es, nuestra representatividad.

 

La historia nos muestra que cada uno de los proyectos extractivos a lo largo de todo el territorio de Abya Yala (hoy América) se impusieron mediante la corrupción de los funcionarios de turno. Siempre la mentira, el engaño, la falta de palabra, las promesas incumplidas e, inevitablemente, el saqueo, el robo a los pueblos y el dejar, sin culpa y sin responsabilidad, el pasivo ambiental. La mugre, lo que no sirve, lo que enferma, lo que mata. En ese sentido, no es de extrañar que el proyecto de zonificación para habilitar la megaminería sea impulsado por el diputado Alfredo Di Filippo quien se encuentra involucrado en las causas de corrupción que indignan a los chubutenses.

 

Denunciamos fehacientemente que la crisis actual en la provincia es una crisis inventada solamente para abrir paso fácil a la instalación de las megamineras como única salvación. Enerva la pasividad con la que el gobierno permite el accionar del mal llamado sindicato ASIJEMIN, brazo de las corporaciones mineras y juega con las reales necesidades de trabajo de la gente. Actitud ruin e inconcebible en un estado de derecho autónomo e incorruptible. Sin embargo, ASIJEMIN, se encuentra en la provincia funcionado como una agencia de empleo para una actividad prohibida por ley, por ello EXIGIMOS que el Poder Judicial, actúe de oficio y pare, ya mismo, estos atropellos hacia la soberanía y autonomía de nuestro pueblo. Este seudo sindicato está tan cómodo trabajando en su ilegalidad que propone en un diario de tirada provincial un CO-GOBIERNO para así generar un caos mayor al que ya está generando, pues nunca tendrán la licencia social requerida, en Chubut.

 

Y esto se demostró fuertemente cuando 25.000 personas firmaron espontáneamente un rotundo NO A LA ZONIFICACIÓN Y SI A LA APROBACIÓN DE NUESTRA INICIATIVA POPULAR en menos de 10 días. Esto confirma qué es lo que NO quiere el pueblo chubutense y cuál es el peso político que tenemos como asambleas que, no duden, haremos pesar, sea del color partidario que sea el gobierno de turno. Exigimos el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley por Iniciativa Popular de las Asambleas Ciudadanas de Chubut, bastardeado en la escandalosa sesión de noviembre de 2014, mancha para la democracia que solo será subsanada con la aceptación de nuestros requerimientos.

 

Repudiamos a todos los entreguistas traidores legisladores, que deberían ser juzgados con todo el peso de la ley, por ir en contra de la soberanía del Estado Argentino y a favor de empresas extranjeras saqueadoras y contaminantes, no de manera personal, sino utilizando todo el sistema representativo que bastardean con sus actos impunes. EXIGIMOS la investigación de todos ellos y sus relaciones cuasicarnales con las empresas megamineras, como así también su parcialidad manifiesta a la hora de votar por leyes en favor de las mismas y en contra de los intereses del pueblo que deberían representar.

 

Denunciamos la falta de paz social y represión para quienes se manifiestan en contra de la megaminería en Gastre. Extorsionan a la gente empobrecida brindándole actividades de muy baja paga como lavar la ropa, cuidar los niños o limpiar sus casas. Y no dejaremos de luchar hasta que estas situaciones de violencia paren hacia nuestros compañeros. Sepan, compañeros de Gastre, que no están solos y que luchamos por que su libertad de expresión pueda ser ejercida libremente.

 

En reconocimiento y afianzamiento de que LA LUCHA ES UNA SOLA, visibilizamos y hacemos nuestra la lucha por el territorio de los Pueblos Originarios, EXIGIMOS justicia por los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, así como denunciamos la criminalización de las y los testigos de estas causas. Nos solidarizamos con el Lonko Facundo Jones Huala, preso político hoy que, nuevamente, está llevando a cabo una huelga de hambre por las escalonadas muestras de racismo hacia su persona y pueblo, no permitiéndole hacer sus ceremonias, filtrando la bibliografía que lee y excluyéndolo de hacer algunas actividades con sus compañeros de la U14 de Esquel. Por ello, exigimos su inmediata libertad y cese posterior de hostigamiento y persecución.

 

Además, en vista de la contaminación que se sufre al NE de nuestra provincia por pasivos ambientales de Río Negro, enfatizamos que la contaminación no reconoce límites políticos impuestos y ello nos sostiene para, una vez más, demandar que No queremos zonificación en Chubut. No obstante, defendemos la Ley 5001, la cual fue ganada por la lucha del pueblo chubutense en 2003, luego del aplastante 82 % por el NO A LA MINA en la ciudad de Esquel.

 

Reclamamos una confiable y transparente forma de actuar del Poder Judicial que sostenga decisiones correctas por parte del mismo respecto a la causa por espionaje a las vecinas y vecinos de Esquel y alrededores, como así también denunciamos la falta de avance y sanciones hacia los responsables.

Sabemos que en Chubut existen actividades económicamente viables y sostenibles en el tiempo, sin desmedro del ambiente en todos sus aspectos, ya sea biológico, cultural, histórico, etc. Y es a ellas a las que apuntamos como matriz productiva en nuestra provincia. Si hoy Chubut no cuenta con producciones de este tipo o solo tiene unas pocas, es porque no hay voluntad política para reconocerlas y abrigarlas dentro de un sistema que brinde ganancias en todos los sentidos a todos los chubutenses. Por ello manifestamos nuestro amor al río Chubut al que defenderemos en todos sus tramos y recordamos que es la arteria principal que nos une en todo el territorio.

 

Por otra parte, con gran alegría, recibimos en nuestra UACH un manifiesto de los jóvenes de Gualjaina y Costa del Lepá manifestándose a favor de la vida y en contra de las actividades extractivistas como la megaminería que nos quieren imponer. Por ello promovemos a todos los jóvenes a organizarse y actuar para defender el futuro de todos. Sabemos que esta lucha nos trascenderá y que debemos seguir sembrando consciencia en los niñxs, quienes son los que YA están levantando su bandera y su empoderamiento territorial.

Así también instamos y afianzamos la organización fortalecida por parte del pueblo. Confiamos en nuestra fuerza interna y sabemos que, organizados, podemos lograr grandes cambios para vidas más dignas, con trabajo, salud, seguridad, educación y armonía para con la Madre Tierra o Ñuke Mapu y así poder sostenernos como especie por miles de generaciones más, junto al resto de nuestros congéneres. De nosotros depende. Organización! Educación Popular! Asambleas y todo lo que sea necesario para defender la vida.

CON MÁS FUERZA QUE NUNCA Y CON UN CHUBUT QUE ESTÁ COMPLETAMENTE DE PIE

Y CON SUS PUÑOS EN ALTO: NO PASARÁN!!! NI AHORA, NI NUNCA!!!

 

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Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas de Comunidades


UAC Unión de Asambleas de Comunidades

Contra el Saqueo y la Contaminación

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NUEVO 2018 -->(Cuadernillo Sistematización Encuentros de la UAC -PDF-) -->https://goo.gl/7GXjqB

 

 

Reconozcamos a quienes han sido y son silenciados e invisibilizados para glorificar tanto a los líderes progresistas como a los proyectos capitalistas que ellos gestionan al mando del poder concentrado e imperialista.  Deschavar el progresismo es cuestión de vida o muerte. Consideremos que ilusionan con un sistema generador de la actual crisis civilizatoria. Pero sobre todo uniformizan en obediencia debida a un poder ejecutivo unipersonal. Tomemos nota que en Venezuela, casi en simultáneo, se instalaron dos uniones de la diversidad de abajo y son incompatibles. Una tiende a masificar en torno al gobierno de Maduro, defendiéndolo por statu quo para no hacerle el juego a las derechas e imperialismos. Otra es la de atender a la urgente soberanía alimentaria y a los campesinos e indígenas como los actores principales de ese paradigma de desarrollo mirando a las necesidades básicas de los pueblos. Procura salir de la sumisión que imperialismos visualizan como  dominio por hambre.

 

Desde la Marcha Campesina Admirable nos señalan caminos a concretar por nosotr@s en Argentina:

"Las proyecciones sobre las posibles soluciones a un problema tan de fondo, demanda que la articulación campesina se mantenga en lucha permanente. La reivindicación de las demandas de esta movilización no podrían concluir en la entrega de un documento pues las peticiones que realizan obedecen al orden del propio sistema que ordena las lógicas, relaciones de poder, recursos y manejos territoriales sensibles a la producción de alimentos.

En este sentido urge la articulación de esta lucha con otras luchas como las de la ciudad, por una alimentación sana, por el agua, y por el derecho a una vida con justicia ambiental y no sólo social".

 

 

Venezuela: Marcha Campesina Admirable, 21 días caminando

9 de agosto de 2018

 

En Venezuela, el 12 de julio – previas asambleas campesinas y a dos meses del asesinato de los compañeros campesinos Jesús León y Guillermo Toledo- un grupo de alrededor de 200 campesinos partió caminando desde Guanare en el estado Portuguesa hacia Caracas, llevando como consigna “Para resistir se debe producir”.

Por Liliana Buitrago

Esta movilización es inédita en Venezuela, son 430 kilómetros de marcha – el mismo recorrido que en poco más de cinco horas en carro realizan los alimentos que llegan a nuestros mercados desde esta zona de producción agrícola y que consumimos en la ciudad producidos por los campesinos – que han sido recorridos en 21 días caminando, a pie, a pata, con firmeza por campesinos y campesinas indignados por la situación que viven para poder reproducir la vida en sus territorios. Algo que definen como el resurgir de las cenizas del movimiento campesino, al que han intentado institucionalizar, como lo expresa Jesús Osorio, vocero del movimiento (1).

Las organizaciones que encabezan la marcha se congregan en La Plataforma de la Lucha Campesina integrada por el Frente Histórico Promotor de Trabajo Popular en el Campo, la Corriente Campesina Clasista Nicomedes Abreu, el Consejo Presidencial Campesino y la Federación Comunal de Combatientes Revolucionarios de Venezuela, entre otras organizaciones que se han venido articulando y realizando acciones colectivas.

Esta “Marcha Campesina Admirable”, como se ha autodenominado, se da en medio y a raíz de un momento de definiciones políticas importantes para el país. La crisis profunda alimentaria que somete a Venezuela tiene como origen la profundización de la propia crisis del modelo extractivista venezolano.

Esta crisis se ve materializada, en el contexto agrícola, en el agotamiento forzado y previsible de la política petrolera de la abundancia que direccionaba recursos a las importaciones de agroinsumos, los intereses geopolíticos del aparato corporativista mundial sobre los recursos naturales venezolanos que afectan el agua, los suelos y territorios para la siembra, la materialización de falsas soluciones cortoplacistas neoliberales para transformar el aparato nacional productivo, los pocos cambios en la cultura y el orden de valoración del campo y su relación con la ciudad, la no aplicación de los marcos legales asociados a la producción alimentaria y el giro de la mirada política del gobierno hacia un horizonte que pareciera no coincidir con el horizonte popular nacional de un sector importante del Poder Popular.

Las revindicaciones que lleva esta marcha que llega a Caracas el 1 de agosto de 2018 se resumen en los siguientes puntos:

Llevan como propuesta, que entregarán en un documento al Gobierno nacional, una visión sistémica y popular de la gestión agrícola que permita crear un sistema que logre controlar desde el poder popular la cadena completa de producción y distribución de los alimentos hasta su consumo final.

Las campesinas y los campesinos esperan poder incidir de forma directa sobre la crisis alimentaria en Venezuela y a su paso por los caminos de Venezuela se les han sumado compañeros y compañeras. En Caracas los esperan movimientos sociales y organizaciones que se identifican con su propuesta y lucha. La demanda central es por la Justicia Agraria.

Las proyecciones sobre las posibles soluciones a un problema tan de fondo, demanda que la articulación campesina se mantenga en lucha permanente. La reivindicación de las demandas de esta movilización no podrían concluir en la entrega de un documento pues las peticiones que realizan obedecen al orden del propio sistema que ordena las lógicas, relaciones de poder, recursos y manejos territoriales sensibles a la producción de alimentos.

En este sentido urge la articulación de esta lucha con otras luchas como las de la ciudad, por una alimentación sana, por el agua, y por el derecho a una vida con justicia ambiental y no sólo social.

El seguimiento a la marcha puede hacerse a través de las redes sociales y bajo la etiqueta #MarchaCampesinaAdmirable.

Nota:

(1) Declaraciones disponibles en: https://www.facebook.com/PeriodicoElCiudadano/videos/10155518832087470/UzpfSTY1MTExMjg3NjoxMDE1NTc4NDYwNjQ2Nzg3Nw/?q=el%20ciudadano

Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP)

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Venezuela_Marcha_Campesina_Admirable_21_dias_caminando

En consecuencia, abajo y a la izquierda, nos urge generalizar la escucha y deliberación sobre porqué se autoorganizan y luchan resistiendo a los extractivismos en todo el país-continente. De ahí la importancia de atender a:

(ENFOQUES).- Los y las invitamos a escuchar este resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia: Bájalo o descargalo   aquí: https://archive.org/download/20180726enfoques/20180726enfoques.mp3

Con una agenda propia, Radio Fogón 97.3 de El Hoyo (Chubut), FM Petú Mogeleiñ 88.7 de El Maitén (Chubut), FM Alas 89.1 de El Bolsón (Río Negro), Radio La Negra 90.1 de El Bolsón (Río Negro), El Pueblo TV Canal 3 de aire de El Bolsón (Río Negro), Conjuros a Viva Voz de El Bolsón (Río Negro), FM Los Coihues 105.5 de Bariloche (Río Negro), Colectivo Al Margen de Bariloche (Río Negro), FM Piuké 94.7 de Bariloche (Río Negro), FM Radio Encuentro 103.9 de Viedma (Río Negro), FM Pocahullo de San Martín de los Andes (Neuquén), Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn (Chubut), hacemos este resumen poniendo en juego además, el empoderamiento de encontrarnos, compartir experiencias y potenciarlas. Las de nuestras organizaciones y las de las organizaciones compañeras. Además, participan medios miembros de varias redes nacionales, como FARCO, AMARC y la RNMA en un trabajo conjunto y que potencia la voz de las organizaciones sociales que sustentan al campo Popular y sus luchas. 

 

 

Recordemos, en Venezuela, a raíz de la Marcha Campesina Admirable se advierte: “urge la articulación de esta lucha con otras luchas como las de la ciudad, por una alimentación sana, por el agua, y por el derecho a una vida con justicia ambiental y no sólo social”. Pero también que esa unión en diversidad requiere del internacionalismo revolucionario de ahí la relevancia de la:

 

Primera cumbre latinoamericana

del agua de los pueblos

15, 16 y 17 de septiembre de 2018

San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.

Los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PU.CA.R.A.) reunidos en asamblea el día 10 de marzo de 2018 en San Fernando del Valle de Catamarca (Argentina), luego de un amplio debate de propuestas tendientes a la preservación del AGUA como bien común y vital, pudimos materializar la idea y comenzamos a organizar la PRIMERA CUMBRE LATINOAMERICANA DEL AGUA PARA LOS PUEBLOS.

FUNDAMENTACIÓN

La provincia de Catamarca ha sido, al menos en Argentina, el primer territorio sometido al ejercicio del modelo extractivista, una especie de “experimento” de la mega-minería a cielo abierto. Modelo de saqueo, contaminación y depredación que se reproduce día a día a nivel latinoamericano, junto con el acrecentamiento de la división social, las “enfermedades raras” y el índice de mortandad en nuestras comunidades.

En respuesta a este avasallamiento contra nuestros derechos y los de la naturaleza, los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PU.CA.R.A.) nos vemos ante la necesidad de convocar a todas las comunidades latinoamericanas para exigir a los Estados el AGUA como derecho humano para los pueblos porque sin agua no hay vida, ninguna posibilidad de vida humana ni de cualquier otro tipo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 64/292, reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable y limpia es esencial para la realización de todos los demás derechos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General N° 15 sobre el Derecho al Agua, establecen que el “Derecho Humano al agua es indispensable para toda vida humana digna”.

Fuente: http://www.anred.org/?convocatoria=primera-cumbre-latinoamericana-del-agua-de-los-pueblos

 

Examinemos algunos de los principales componentes del ciclo del agua en la naturaleza que el capitalismo destruye y diversos de abajo sin fronteras están esforzándose por detener y erradicar a este productivismo devastador y genocida.

 

 

Los glaciares-periglaciares

 

Crónica de una muerte anunciada

Se derriten nuestros nevados

7 de agosto de 2018

 

Por Renán Vega Cantor (Rebelión)


El 12 de julio se hicieron públicos los resultados de una investigación adelantada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) sobre el estado de los glaciares que todavía quedan en Colombia. Esa investigación señala que la situación es catastrófica, hasta el punto que en los próximos 30 años van a desaparecer los últimos glaciares en nuestro país. En una especie de crónica futura del terror climático, casi con exactitud puede predecirse que Santa Isabel va a desaparecer en los próximos 10 años; el Nevado del Tolima en el 2030; la Sierra Nevada de Santa Marta en el 2040; y, el último, El Cocuy, en el 2050. El caso más preocupante de extinción acelerada es el de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tenía tres picos nevados a finales del siglo XIX, con un total de 83 kilómetros cuadrados, de los cuales hoy quedan 6.7 km2. Es decir, ha desaparecido el 92% de la nieve de la Sierra. A ese paso, en poco tiempo deberá denominarse la Sierra Seca de Santa Marta.

El Ideam constata esa tendencia destructiva: en los últimos 50 años ha desaparecido el 63% de nuestros glaciares; en 1848, ocupaban 374 Km2 , en 1960, 103 Km2 y hoy tan solo 37 Km2 . Es una tendencia irreversible, por lo que podemos decirlo, con dolor, hacemos parte de las últimas generaciones que tienen el privilegio de contemplar los nevados en el actual territorio colombiano.

Estas pequeñas masas de hielo que se encuentran en la cima de nuestras montañas más elevadas, aunque son pequeñas en comparación con glaciares de otros lugares del continente (la Patagonia, por ejemplo) y del mundo, son únicos porque se encuentran en zonas tropicales. En estos momentos en la zona ecuatorial existen glaciares en tres áreas del mundo: una en África, la otra en Nueva Guinea, en el Pacífico, y la tercera en el norte de Sudamérica (Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia), estando concentrados la mayor parte en los Andes tropicales.

Hoy en Colombia solo quedan seis glaciares, conocidos popularmente con el nombre de nevados. Dos de ellos son sierras (Santa Marta y el Cocuy) y cuatro son volcanes: El Ruiz, Santa Isabel, Tolima y Huila. En el siglo XX desaparecieron ocho glaciares en Colombia: Puracé (Cauca-Huila), Galeras (Nariño), Sotará (Cauca-Huila), Chiles (Nariño), Pan de Azúcar (Cauca-Huila), Quindío (Risaralda-Tolima-Quindío), El Cisne (Caldas y Tolima), Cumbal (Nariño).

Aunque diminutos en el caso colombiano, la extinción de los glaciares es una catástrofe, que indica la magnitud del trastorno climático en marcha. Además, tienen funciones específicas, como las de cualquier sistema natural, que vale la pena resaltar en forma esquemática:

*hidrológicas, puesto que los cuerpos de hielo actúan como reguladores de las corrientes y aportan agua a los ecosistemas contiguos, claves dentro de la ecología de especies animales y vegetales;

*climáticas, son reguladores de la temperatura en los páramos, lo que contribuye a mantener condiciones indispensables para plantas y animales y ayudan a enfriar la atmosfera;

*biológicas, contribuyen a preservar la diversidad de ecosistemas de alta montaña; *culturales, son elementos de identidad para distintos grupos humanos, cuya historia y memoria está ligada a la existencia de esos nevados, como territorio mítico, simbólico y base de su existencia. Por ejemplo, comunidades de alta montaña dependen y viven de ese ecosistema y para determinados grupos indígenas, como los de la Sierra Nevada de Santa Marta, los glaciares son sagrados.

En pocas palabras, los glaciares son mucho más que simples montañas de hielo, como una mirada tecnocrática podría concluir. Estamos hablando que van a desaparecer sistemas naturales únicos, un tesoro paisajístico de 12 mil años de antigüedad (se formaron durante la última glaciación) y un ecosistema con un incalculable valor natural y espiritual.

Los glaciares están muriendo, como resultado de varios efectos interrelacionados de las transformaciones climáticas en marcha, entre las cuales se encuentran en aumento de la temperatura, modificaciones en la nubosidad, variaciones extremas en las precipitaciones, ausencia de vientos y una mayor incidencia de la radiación. Estos factores son resultado de varios hechos, de índole local, nacional y mundial, entre los que sobresale el uso intensivo de combustibles fósiles (más automóviles, motos y artefactos intensivos en petróleo), deforestación de bosques y selvas, como resultado de la concentración de la tierra en pocas manos, en territorio colombiano, destrucción de ecosistemas para el turismo, la agricultura comercial y la expansión urbana… En fin, la producción de mercancías a vasta escala para satisfacer la sed de ganancia de unos pocos capitalistas y terratenientes de Colombia y del mundo.

Por esa lógica ecocida, en el futuro inmediato los nevados serán un recuerdo, pues nunca más los podremos recorrer, disfrutar o contemplar. Su desaparición tiene y tendrá múltiples consecuencias, entre ellas las de perder un paisaje único y asombroso. Nuestros hijos y nietos solo los podrán ver a través de las fotografías o videos que se conserven de ellos. Según el glaciólogo del Ideam, Jorge Ceballos, nuestros nevados están  “en proceso de extinción” y “debemos considerarlos como un enfermo que se va a morir y debemos preocuparnos por aprovechar el resto de tiempo que queda con ellos para conocerlos y estudiarlos, porque son únicos en el mundo”.

La pregunta es, si puede morir tan impunemente un sistema natural, como el de los nevados, y eso no significa que nosotros, como especie, también estemos muriendo, sin que nos demos cuenta, asesinados por un sistema genocida, que se llama capitalismo. Si, cómo lo conciben los indígenas Arhuacos, habitantes ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta, todos los animales, plantas, tierra, agua y aire somos iguales, la desaparición de uno de los elementos (la nieve) es una pérdida irreparable, con la que nosotros también perdemos como especie.

Publicado en papel en El Colectivo (Medellín), agosto de 2018.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244992

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Argentina: Grave amenaza minera a los glaciares y al agua

mayo 2014

Los glaciares argentinos y con ello las reservas sólidas de agua dulce, están gravemente amenazados por las actividades de las transnacionales mineras. Ayude a las Asambleas de Ciudadanos de diferentes provincias afectadas por la megaminería a presionar a las autoridades para que no den paso al nuevo proyecto de una ley tramposa que no protege fielmente los ambientes glaciares y periglaciares.

Las Asambleas de ciudadanos afectados exigen la ratificación de la “Ley de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar” y la urgente anulación de un tratado binacional argentino-chileno. Las áreas de glaciares son ecosistemas vulnerables que constituyen las reservas sólidas de agua dulce, cuyos aportes regulan las descargas de las cuencas glaciares, que son utilizadas para el consumo poblacional, la agricultura y la hidroelectricidad. Sin embargo, la industria minera amenaza estos recursos de agua, al acelerar el proceso de pérdida de nevados, contaminar y agotar las fuentes de agua. La megaminería metalífera a cielo abierto afectará no sólo a las provincias cordilleranas sino a las cuencas que se extienden a ambos lados de los Andes. Millones de personas serían perjudicadas por el impacto de la actividad minera en la cordillera. Recientemente el senado argentino dió media sanción a un proyecto de ley a gusto de las corporaciones mineras. Bajo el amparo de esta ley las empresas mineras estarían habilitadas para intervenir libremente en todo el territorio de la cordillera andina, precordillera y estribaciones, incluyendo sus altas cumbres, cuna de las nacientes de ambas cuencas, la Atlántica y la del Pacífico. De sancionarse esta ley impulsada por el senador Daniel Filmus que se tratará hoy en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, las corporaciones transnacionales contarían a su favor con una herramienta legal deliberadamente vaga, difusa y plagada de trampas. Esta ley traidora de los intereses nacionales se complementa con el tratado de integración argentino-chileno, por el cual se cede a las empresas mineras transnacionales una franja de territorio de más de 200.000 kilómetros cuadrados, a lo largo de toda la Cordillera de los Andes. Las mineras podrán operar en las altas cumbres, ahora legitimadas. El proyecto de ley presente permite deambular por toda la cordillera con la actividad minera facilitando entre otras cosas, el uso irrestricto del agua, esté del lado que esté. Esta situación se ha venido dando desde hace varios años durante la etapa de exploración de los yacimientos: Pascua Lama (Barrick Gold), El Pachón (Falconbridge), Vicuña (Río Tinto) y Amos-Andres (también de Río Tinto), todos en la cordillera cercana a la provincia de San Juan. Por eso hay que anular en forma urgente este tratado binacional y no otorgar más permisos sobre la cordillera argentino-chilena. Anteriormente, la "Ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglaciar" (ley Nº 26.418), aprobada por unanimidad en el Congreso el año pasado, fue vetada por la presidente de la Nación. Las organizaciones ambientales exigen que la Cámara de Diputados atienda este primer proyecto de ley que dicen se ha “cajoneado”. ¿Qué hacer frente a la invasión de estas empresas? Informarse y participar. Firme hoy mismo una carta de protesta que encuentra más abajo, que se envía automáticamente a las autoridades competentes. La megaminería a cielo abierto genera daños irreparables a la tierra, el agua, la flora, la fauna y la vida de los seres humanos. Vea aquí unos videos sobre el caso. 

Fuente: https://www.salvalaselva.org/peticion/481/argentina-grave-amenaza-minera-a-los-glaciares-y-al-agua

 

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Argentina: expertos advierten sobre el impacto de la minería en los glaciares andinos

Tres investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron un estudio comparativo de imágenes aéreas para conocer los cambios producidos en el ambiente de los Andes desérticos en los últimos 17 años.

El principal objetivo de la investigación fue dimensionar el impacto de las minas Veladero y Pascua Lama, ubicadas al noroeste de la provincia de San Juan, sobre los glaciares y diversas geoformas del ambiente glaciar y periglaciar de esas latitudes. La glacióloga Ana Paula Forte, integrante del equipo, dialogó con Agencia CTyS-UNLaM sobre los resultados.

 

“El impacto -señaló Forte- es pronunciado. Los glaciares y manchones de nieve han sufrido importantes retrocesos durante los últimos 17 años, de tal manera que un significativo número de manchones de nieve permanente han desaparecido. Mientras, el ambiente periglaciar, por estar más ampliamente desarrollado en la zona, ha sufrido la mayor cantidad de afectaciones”.

Según la investigadora, la minería ha intervenido claramente en el ambiente glaciar y periglaciar, afectando parte de las nacientes de uno de los dos principales recursos hidrológicos que es el río Jáchal. En esa línea, sostiene que la sola instalación de las minas ya implicó cambios en los cursos hídricos de la región, y que ese impacto no ha sido evaluado por un estudio serio tanto en los caudales como en la hidroquímica del agua.

A través de imágenes satelitales, los investigadores observaron distintas intervenciones sobre el ambiente glaciar y periglaciar a partir de la instalación y desarrollo de la actividad extractiva. En primer lugar, registraron que el proyecto minero está ubicado sobre una zona donde se desarrolla permafrost, es decir, sobre un suelo que permanece por debajo de 0° C por dos años consecutivos.

 

Tajo abierto

Por otro lado, comprobaron que la zona donde se ha realizado la extracción de mineral a tajo abierto (open pit) se encuentra sobre áreas donde previamente existían procesos físicos característicos del ambiente glaciar y periglacial; que las escombreras (enormes masas de material estéril) se ubican sobre laderas con procesos de solifluxión (proceso geomorfológico característico de zonas de clima periglaciar consistente en el desplazamiento masivo y lento por gravedad de formaciones arcillosas u otros tipos de suelo sobre el permafrost). También precisaron que los caminos de tierra para el paso de camiones intervinieron geoformas glaciares y periglaciares.

Los integrantes del equipo y becarios de Conicet, Cristian Villarroel, Flavia Tejada y Ana Paula Forte, realizaron el estudio de forma independiente y en armonía con la Asamblea Jáchal No Se Toca, ONG que denuncia desde hace años el desarrollo de la minería a cielo abierto en una región donde se despliega un ambiente de tipo glaciar y periglaciar y que, además, se encuentra en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, que es el curso hídrico más importante de las poblaciones del norte de la provincia de San Juan.

Recientemente, el estudio aportó datos para la causa que investiga el incumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar por parte de ex funcionarios del Estado, entre ellos, el investigador de Conicet y ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Ricardo Villalba (uno de los 15 científicos argentinos que integraron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, que junto a Al Gore, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007).

 

Polémica

El investigador fue procesado por no haber cumplido en tiempo y forma con el Inventario Nacional de Glaciares, instrumento indispensable para conocer los cuerpos de agua a proteger, que tendría que haber sido presentado en marzo de 2011 para aquellas zonas consideradas “prioritarias”, pero que, cuando ocurrió el primer derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold, en setiembre de 2015, todavía no se había terminado.

La metodología del registro de geoformas también despertó la polémica por haber excluido a los glaciares de menos de una hectárea y a las geoformas características del ambiente periglaciar. Sin embargo, el doctor Villalba argumentó que se basó en estándares internacionales de mapeo de glaciares, y que las pequeñas geoformas no se comportan como reservas hídricas relevantes. (Nota de la Redacción: El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, afirmó hace días que el glaciólogo Villalba, procesado por el juez federal Sebastián Casanello por abuso de autoridad al inventariar glaciares, cumplió “estrictamente con sus deberes” y fue “injustamente procesado”).

Al respecto, Forte menciona: “El hecho de que los glaciares de menos de una hectárea no puedan ser estimados como reservas hídricas no tiene ningún sustento científico. Hay muchas geoformas pequeñas y dudo que no tengan un aporte hidrológico. En efecto, he visto trabajos que demuestran su importancia en otras partes del mundo. Vale la pena realizar una tarea así acá también”.

La glacióloga explica que, en la región en disputa, se despliegan los Andes Desérticos, partes de la cordillera sometidas a alta radiación solar, escasas precipitaciones y extrema aridez. Aquí, los glaciares se caracterizan por ser fríos, secos y pequeños, las bajas temperaturas hacen que el movimiento del hielo sea lento y que se encuentren expuestos durante prolongados períodos de tiempo a intensas radiaciones solares. Estas geoformas cumplen la función de reservorio para las dos cuencas hídricas que nacen allí: Jáchal y San Juan.

 

Incongruencias

Los estándares internacionales a los que refiere Villalba, como el empleado por el proyecto Glims (Global Land Ice Measurements from Space), tienen como objetivo medir el impacto del cambio climático a escala global en grandes masas de hielo. Según Forte, estos patrones debieran discutirse en escenarios locales como San Juan, en los que cada cuerpo de agua cobra relevancia.

En este contexto, la exclusión de este tipo de geoformas resulta incongruente con los fines de la ley. “En lugares como la Patagonia y los Alpes -ejemplifica Forte- se aplican metodologías de inventario en los que se registran glaciares mayores a una hectárea. Allí es razonable porque se trata de ambientes húmedos con glaciares enormes. En cambio, los ambientes áridos se caracterizan por tener muchas geoformas menores y un mayor desarrollo de ambiente periglaciar”.

Si bien Forte indica que el trabajo que realizó Ianigla es muy valioso como puntapié, ya que se trata del primer inventario de glaciares y geoformas periglaciares que se realiza en muchas regiones del país, expresa que la ley de presupuestos mínimos no puede limitar su aplicación a lo registrado hasta ahora, cuando todas las geoformas del ambiente glaciar y periglaciar deberían ser incluidas, sin importar sus dimensiones.

En ese sentido, reflexiona: “Estoy segura de que las cosas hubieran sido diferentes si no se hubiera concentrado toda la labor en un solo grupo de trabajo, ya que cada ambiente es particular; no es lo mismo el ambiente cordillerano en el noroeste argentino (Andes Desérticos), que la región de Cuyo (Andes Centrales) o los Andes húmedos patagónicos. Cada ambiente tiene sus propias geoformas y cada población sus prioridades, creo que ése era el espíritu de la ley”.

El fallo del juez Casanello sostiene que, de haberse cumplido la norma, los sucesivos derrames de cianuro podrían haberse evitado, al igual que la actividad extractiva en esa región. En esta línea, Forte considera que el mayor limitante radica en la presión de los intereses económicos sobre organismos de control y aplicación de las leyes, y en la falta de diálogo con las comunidades y sus necesidades.

 

En resumen

Hace dos años que se desarrolla la causa que investiga el accionar del Estado en el desembarco de la minera Barrick Gold en San Juan, empresa responsable de contaminar el río Potrerillos con grandes cantidades de cianuro, en al menos dos oportunidades.

Por esta causa, los últimos tres secretarios de Medio Ambiente de la gestión anterior, Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, quedaron procesados a fines de noviembre por incumplir la Ley de Glaciares, vigente desde 2010.

Específicamente, el juez federal Sebastián Casanello los imputó por “retardar la publicación de los cuerpos de hielo inventariados y modificar los presupuestos mínimos de protección de los glaciares”.

Entre los imputados, se encuentra el Doctor Ricardo Villalba, investigador superior de CONICET y ex director de Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En este caso, fue acusado por no haber incluido en su relevamiento a los hielos de tamaño menor a una hectárea, y no haberlo realizado en el plazo en que correspondería culminar el inventario.

La comunidad científica se solidarizó inmediatamente con el investigador, y cuestionó el accionar de la organización de vecinos, damnificados y ambientalistas por arremeter contra el organismo del sistema científico que había impulsado originalmente la Ley de Glaciares.

Días posteriores a estas imputaciones, se archivó una causa, que se llevó a cabo en juzgados provinciales, por el segundo derrame de la minera canadiense. En este caso, el juez de Jáchal, Pablo Ortija, argumentó que durante el segundo derrame no hubo contaminación de cuerpos de agua.

Los Andes

Fuente: https://www.nodal.am/2018/01/argentina-investigadores-advierten-impacto-la-megamineria-los-glaciares-andinos/

 

Los humedales

 

El Paraná NO se toca parananosetoca@gmail.com

7 jul. 2017 escribió:

Amigos : Sabemos de la importancia de conservar nuestros humedales ? en la camara de diputados de la nacion hay un proyecto de ley que de aprobarse ,se le otorgaria  a estos ambientes tan ricos e importantes para nosotros las herramientas necesarias para su conservacion .Tenemos que visibilizar el pedido a nuestros representantes para que aprueben esta importante ley .Contamos con tu apoyo ? gracias !!

 

Humedales

Maldito pantano

 

INFORMES — POR CECILIA DRAGHI EL 15/08/2014

 

Hasta hace poco, en todo el mundo se los combatía y eran sinónimo de las peores pestes, a pesar de que son sitios de reserva y purificación de agua, que amortiguan inundaciones y mitigan los efectos del cambio climático. Hoy se los revalorizó, y la Argentina discute en el Congreso Nacional proyectos para su preservación y manejo sustentable.        

Tal vez creemos que no los conocemos, pero raramente esto suceda. Están por todos lados, aunque todos juntos no llegan a ocupar ni el 10 por ciento de la superficie del planeta. Es posible hallarlos en las altas cumbres o en las llanuras, en zonas heladas o tropicales, en regiones casi desérticas y en vergeles paradisíacos. Y, lo más curioso, es que varían mucho su aspecto según el momento en que se los visita. Existen desde tiempos inmemoriales, gozaron de muy mala fama y se les achacaron las peores pestes. Recientemente, se los revalorizó y se busca recuperarlos de todo el daño recibido. Aun más, una convención internacional, conocida como Ramsar, se reúne con representantes de 168 países del mundo, entre ellos de la Argentina, para protegerlos.

 

Se trata de los humedales, esos particulares tipos de ecosistemas con suelos saturados por agua o, incluso, inundados durante períodos relativamente prolongados, que resultan estratégicos. Unos 2.161 lugares de todo el mundo han sido reconocidos como “Sitios de importancia para la conservación de los humedales”; y de ese total, unos 21 están en la Argentina. Algunos de ellos son la reserva porteña Costanera Sur; los esteros del Iberá, en Corrientes; la laguna de los Pozuelos, en Jujuy; el Parque Nacional Laguna Blanca, en Neuquén, o el Glaciar Vinciguerra y turberas asociadas, en Tierra del Fuego.

“Entre el tres y ocho por ciento de la superficie del planeta está ocupada por humedales, según distintas estimaciones. En la Argentina abarcan, aproximadamente, el 23 por ciento de su superficie. Más allá de cuántos sean, tenemos una amplia variedad ubicada en diferentes alturas, latitudes, longitudes y con diversos climas”, precisa Roberto Bó, responsable del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales (GIEH) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (Exactas-UBA).

Recientemente, se acaban de hacer los últimos trazos de un proyecto muy esperado.

 

“Por primera vez, se hizo una regionalización de humedales de la Argentina. Además de elaborar un mapa, se caracterizó cada una de las regiones y subregiones identificadas”, precisa Rubén Quintana, profesor del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de Exactas-UBA. “El país fue dividido inicialmente en 10 regiones, algunas de las cuales a su vez fueron fragmentadas en subregiones. El número total de ellas es, en definitiva, 25, cuantifica Bó, y no deja de destacar: “Es clave saber qué tenemos, dónde lo tenemos y cómo lo tenemos”. Por eso, el próximo paso es hacer un inventario nacional detallado de todos los humedales. De algunos de ellos, como los que se ubican en el corredor fluvial Paraná-Paraguay, ya se lo ha elaborado dentro de un proyecto de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Precisamente, esos sistemas de humedales alimentados por los ríos Paraná y Paraguay desbordan agua. En cambio, otros situados en la Puna o en la Patagonia son algo así como un oasis en el desierto. “En la cuenca del Paraná y del Plata sobra agua, pero a veces nos olvidamos de que las dos terceras partes de la superficie de la Argentina son áridas o semiáridas”, destaca Quintana.

En el 75 por ciento del territorio nacional, el agua es esquiva. Y los humedales permiten saciar la sed, aunque en algunos lugares sea sólo durante una parte del año. Tal es el caso de los ubicados en los Andes Centrales, que suelen congelarse en invierno, rodeados de suelos prácticamente desnudos. En verano, estos humedales son utilizados como sitios de pastoreo. Otro tanto ocurre en los mallines que convierten áreas de la estepa patagónica en praderas productivas, con agua que no proviene de lluvias sino del derretimiento de los hielos de la cordillera.

 

En el noroeste, centro oeste y sur de la Argentina, los humedales salpican de vida a no pocos páramos. “En estas regiones, los humedales constituyen parches en una matriz de paisaje terrestre, y si bien no suelen ser de gran extensión, presentan una gran importancia a nivel local y regional, ya que son los lugares donde se acumula el agua necesaria para consumo de las comunidades locales, desarrollo de actividades agropecuarias, recarga de acuíferos subterráneos y hábitat de vida silvestre. También, proveen vegetación para alimento de fauna silvestre y ganado, y paisajes de importancia para el turismo y la recreación”, subraya en su informe la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

 

Al sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego, con climas más húmedos, estos ecosistemas adquieren aspectos peculiares, como los turbales, que acumulan materia orgánica muerta (turba), y son clave para la regulación del clima, la hidrología y el sostenimiento de la biodiversidad.

 

Aunque todos ellos son considerados humedales y muchos se encuentran incluidos en sitios Ramsar, cada uno difiere en su aspecto. Las Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca son distintas al Glaciar Vinciguerra situado en latitudes australes, así también lo es la Bahía bonaerense de Samborombón. E incluso el mismo humedal no siempre muestra el mismo paisaje. “La Reserva Natural de Otamendi hoy se ve de una forma, y dentro de dos años puede ser de un modo totalmente diferente. Todo estará relacionado con el nivel que presenten las aguas”, observa Inés O’Farrell, vicedirectora del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA). Ella, como parte del equipo de Limnología de Exactas, estudia este humedal desde hace quince años con muestreos en lagunas e imágenes satelitales, verificando sus transformaciones.

 

“En los años 1997-98, con el fenómeno climático de ‘El Niño’ se produjo una gran inundación con gran desarrollo de plantas flotantes. Las aguas eran muy claras con profuso desarrollo de aves, coipos y otros animales. En tanto, en el 2009, se registró una ‘Niña’ tremenda. La laguna casi se seca, quedaba un relicto de ojo de agua, muy pocas aves, nada de plantas flotantes, ni mamíferos. Un cambio total”, compara O´Farrell, desde su laboratorio en la Ciudad Universitaria.

 

Vigía PAMPA

Hoy, la laguna Grande de Otamendi y otros espejos de agua son vigilados las 24 horas. Cada cinco minutos, sensores meteorológicos y ambientales situados en boyas de diseño nacional envían información en tiempo real a un servidor del Proyecto Argentino de Monitoreo y Prospección de Ambientes Acuáticos (PAMPA2), a cargo del CONICET.

“Datos en vivo de la temperatura del aire y del agua, vientos, nivel hidrométrico, conductividad, sólidos suspendidos, entre otros, son registrados por sensores meteorológicos y ambientales ubicados en seis boyas en cinco lagunas de la Región Chacopampeana. El objetivo es monitorear a largo plazo los cuerpos de agua, que son muy buenos registradores de las modificaciones climáticas en general”, precisa Irina Izaguirre, coordinadora del nodo Exactas de esta iniciativa en la que participan siete instituciones nacionales.

 

Al ser sensibles a los efectos del clima, estos ecosistemas sirven como centinelas a nivel científico. “La Red GLEON (Global Lake Ecological Observatory Network) monitorea lagos de todo el mundo en forma continua desde hace tiempo, y el proyecto PAMPA2 estará integrado dentro de esta red internacional”, anticipa Izaguirre, directora del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, profesora de Limnología en Exactas e investigadora del CONICET.

 

No sólo cuentan con esta información continua y estandarizada, registrada por los sensores, sino que una vez al mes los científicos recogen muestras de agua en esas lagunas y luego las analizan en el laboratorio. “Se toman muestras de fitoplancton y de zooplancton, y se realizan estudios fisicoquímicos de nutrientes, clorofila y carbono orgánico disuelto, entre otros”, puntualiza Izaguirre desde el laboratorio de Limnología. Allí también, escritorio por medio, Haydeé Pizarro, profesora de Ecología y Desarrollo en Exactas e investigadora del CONICET, estudia cómo afectan a estos cursos de agua ciertas actividades humanas. “En particular –puntualiza–, estoy trabajando en el efecto del glifosato, el herbicida más usado en el mundo para el cultivo de algunos granos, que a veces de forma intencional o accidental llega a estos cuerpos de agua y afecta su calidad”.

 

En los sistemas naturales Pizarro toma muestras, pero también ha creado sus propias “lagunas” artificiales en la porteña Ciudad Universitaria para hacer ensayos experimentales. ¿Qué impacto genera el glifosato? “Produce un enorme deterioro de la calidad del agua, pues aumenta muchísimo el fósforo”, subraya, y enseguida ejemplifica: “Muchas especies mueren, y otras se desarrollan mucho más, como algunas cianobacterias, que suelen aparecer en situaciones extremas o en cuestiones relacionadas con la contaminación. Estas cianobacterias se expanden más, y a la vez, pueden usar el glifosato como fuente de fósforo para su desarrollo”.

 

Una relación difícil

Desde hace milenios, el hombre viene haciendo uso de los humedales. Y el vínculo con estos sistemas ha tenido no pocas idas y vueltas. En ocasiones, aprovechó equilibradamente sus beneficios, otras veces los combatió, transformó o devastó. “Por ejemplo, se estima que en los Estados Unidos se perdieron más de un 50% (87 millones de hectáreas) de sus humedales originales; los porcentajes podrían ser iguales o mayores para otros países”, grafica un informe oficial argentino. El delta del Mississippi, en Norteamérica, es un ejemplo de destrucción que siempre se muestra como caso testigo de lo que no se debe hacer. “Allí se llegó al extremo de eliminar la mayor parte de la llanura aluvial del río debido a los endicamientos realizados. Además, se construyeron muchas represas que obstaculizaron el paso de los sedimentos, con el consiguiente impacto sobre la dinámica de formación de islas en su delta. El deterioro económico, ecológico y social es tal que hoy la población pide su restauración”, observa Quintana, quien destaca la importancia de tener este modelo en cuenta para no afectar el Delta del Paraná. “La hidrovía, que implicó el dragado y rectificación de algunos tramos del río, aceleró la erosión de los albardones de las islas”, plantea.

 

Los humedales no son sistemas acuáticos, ni terrestres. Y esto ha costado entenderlo. “Suele creerse –sugiere Bó– que todo ambiente inundable es poco productivo, malo para la gente y hay que transformarlo. El principal problema que tenemos en la Argentina es que se compara a los humedales con los ambientes pampeanos y se los quiere homologar con ellos. Al convertirlo en un sistema terrestre se pierden las funciones del humedal”. Por ejemplo, si el Delta se aceptara tal como es, a todos nos iría mejor. “En el Paraná todos los años, en algún momento, el agua crece y, gracias a ello, es que se puede pescar mucho y bien. Cuando baja, se puede, por ejemplo, llevar vacas a engordar, aprovechando los nutrientes que ha traído el río y la alta productividad vegetal generada. Pero habría que hacerlo sólo entonces, y no necesariamente pretender que los animales pastoreen todo el año. Si se endica y no se permite el ingreso del agua en determinados momentos del año, poco a poco se perderá la fertilidad natural del suelo”, señala Bó.

 

Esta costumbre de trastocar los humedales viene de lejos, cuando su mala fama ayudaba a pretender llevarlos a “buen terreno”. “Los humedales fueron lugares marginales, asociados con mosquitos y pestes. Eran considerados zonas que se debían drenar para así convertirlos en áreas productivas a imagen y semejanza de las tierras agrícolas terrestres. De este modo se eliminan todos los bienes y servicios que de por sí brindan”, agrega Quintana, investigador del CONICET.

 

La lista de sus funciones es larguísima. Los humedales sirven como primera línea de defensa contra las tormentas, reducen el impacto de las olas; retienen sedimentos y nutrientes; mitigan los efectos del cambio climático. Algunas plantas de estos ecosistemas como Eichhornia spp. (jacinto de agua), Lemnaspp. (lenteja de agua) y Azolla sp. (helecho de agua) son capaces de absorber y ”almacenar” metales pesados, como el hierro y el cobre, contenidos en las aguas residuales, según un documento de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

 

“Son –enumeran los especialistas– sitios de reserva y purificación de agua, amortiguan inundaciones, constituyen sumideros de carbono, numerosos peces los utilizan para cumplir allí parte del ciclo de su reproducción, además de ser el hábitat de distintas especies de aves”.

 

De hecho, la Convención Ramsar –por el nombre de la ciudad iraní donde se firmó en 1971–, “nació por la preocupación de aquellos científicos y naturalistas estudiosos de aves acuáticas, incluyendo a los cazadores de patos, que veían que los humedales estaban siendo degradados y disminuían así sus trofeos de caza. A lo largo de los años esta concepción tuvo un vuelco y hoy se pretende preservarlos por su importancia ecológica, social y económica”, remarca Quintana.

 

Próximos pasos

“La Convención sobre los Humedales (Ramsar) promueve la realización de inventarios, los cuales brindan información de base para conocer cómo funcionan estos ecosistemas y cuál es su estado de conservación”, especifica Laura Benzaquen, del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

 

En este sentido, Quintana resalta que “el primer mapa de regionalización –recientemente finalizado y a presentar en la Convención Ramsar– es una herramienta de gestión importante para ir al segundo paso, que es el inventario nacional de humedales”.

 

Por su parte, el científico Bó afirma: “Por suerte, hoy el tema de los humedales es más reconocido y más valorado que antes. Ahora se discute en el Senado de la Nación una propuesta de ley de presupuestos mínimos para su conservación. Esa ley tiene que ver con planificar y ordenar estos ecosistemas, y para ello se debe saber qué se tiene, cómo se lo tiene y dónde está”.

 

Dos legisladores nacionales de distintas corrientes políticas solicitaron a los científicos asesoramiento técnico para la elaboración de sendos proyectos. Uno es de la senadora Elsa Ruiz Díaz, del Frente para la Victoria, y el otro es del senador socialista Rubén Giustiniani. “Según pensamos, estas dos iniciativas se convertirán en una sola ley”, asevera Bó, uno de los especialistas consultados, al igual que Quintana, quien agrega: “Ambos proyectos proponen presupuestos mínimos, es decir, las consideraciones mínimas que todas las provincias deberían acordar para la preservación y el uso sustentable de los humedales. No sólo señala la cantidad de superficie a conservar sino también la forma para hacerlo, incluyendo medidas de manejo y restauración”.

 

Este marco legal, similar en la filosofía al de la ley de Glaciares o de Bosques, según Quintana, “es importante porque, ante un avance en la destrucción de un humedal, permite al ciudadano común hacer una presentación judicial basándose en los presupuestos mínimos”.

 

Olvidados, ignorados, combatidos, detestados, admirados, transformados, destruidos, codiciados, revalorizados; los humedales están vivos y cada vez más presentes en la agenda del mundo y de la Argentina. Se hicieron oír, aunque no hablan. Ocupan más lugar, a pesar de que algunos han desaparecido. Es que su historia dice más acerca de la humanidad que de ellos. Todo lo que la ciencia pueda descifrar de estos ecosistemas es poco; al lado de todo lo que los humedales revelan de nosotros mismos.

 

 

 

La escasez y contaminación del agua se extiende a lo largo y ancho del país-continente a causa de los extractivismos y sus mega infraestructuras.

 

 

Problemática del agua en Jujuy – 2018

 

En una provincia donde las cuatro regiones, Puna, Quebrada, Valles y Ramal, presentan diferencias considerables de disponibilidad de agua y la mitad de la superficie recibe precipitaciones inferiores a 300 mm./año, el agua se almacena en forma superficial (lagos, lagunas, ambientes glaciares y periglaciares, etc.), subterránea (acuíferos longitudinales y cuencas) y biogeológicos*(bosques nativos, vegas, etc.) que entregan cotidianamente el bien común y evitan desastres ambientales como remociones en masa.

La deforestación y la contaminación antrópica y natural, suman a las consecuencias del cambio climático amenazas del disecamiento de amplias zonas pobladas o la pérdida como recurso de agua potable o limpia para sus actividades agropecuarias y la vida silvestre.

 

La contaminación minera, nunca remediada, afecta la cuenca de Pozuelos y ríos como el Cincel, Liviara, Yacoraite, Grande y hasta el San Francisco; drenajes ácidos de minas, cianuro, mercurio, hidrocarburos y otros, discurren aguas abajo sin solución. Esto se suma a los basurales a cielo abierto oficiales o clandestinos que drenan sus lixiviados a los cauces.

 El desecamiento de los salares producto de la explotación evaporítica del litio (habiendo otros métodos sustentables) es hoy la mayor amenaza de una provincia que provee de agua al agro y la población humana en mayor proporción de las reservas criogénicas afectadas por el cambio climático.

 

En la agenda mediática casi ni se habla de esto, mientras funcionarios públicos acompañan a mineras a las Comunidades Indígenas procurando seducirlos con promesas de empleo y dádivas que después se cumplen mínimamente (ver reclamo de Santo Domingo) cambiando su vida productiva ancestral por efímeros ingresos a cambio de destruir su hábitat y la pérdida de su agua, para siempre, y luego expulsados a ciudades como refugiados ambientales, afortunadamente muchas resisten El dinero no se multiplica, la hacienda sí.

 

 Los pobladores urbanos viven lejos de esta disputa y suponen que no los afectará, cuando tengan que comprar el agua que consumen, gastando parte de sus ingresos, ya será tarde.

 

El estado, los partidos políticos y la academia no sólo no intervienen sino que son cómplices de esta avanzada extractivista y las denuncias duermen en los cajones judiciales, por ahora.

 

Organizaciones de 2° grado indígenas, alguna organización social y gremial y Juntos Podemos en un ambiente sano, la asamblea ambiental de Jujuy, apoyan a las Comunidades que a través de sus Asambleas exigen la consulta previa, libre e informada, con consentimiento posterior y desisten de los espejitos de colores.

 

Lic. Néstor Omar Ruiz – Perito Ambiental

*La Antropología Geológica genera nuevos vocablos explicativos.

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Chile - Consejo de Pueblos Atacameños:

La minería del litio genera escasez de agua

15 de junio de 2018

Este miércoles 6 de junio se iniciarán los alegatos del recurso de protección interpuesto por el Consejo de Pueblos Atacameños, que solicita dejar sin efecto el acuerdo entre Corfo y la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), al no realizar una consulta indígena como lo solicita el Convenio 169 de la OIT que fue ratificado por Chile.

 

La acción judicial fue interpuesta luego que el 17 de enero, Soquimich y Corfo suscribieron dos contratos en los que se triplicaron las cuotas para explotar, procesar y vender litio, los que se firmaron sin consultar a las comunidades indígenas, a lo que obligaría el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La presidenta de la Comunidad de Solor, Ana Ramos, aseguró en la Prueba de ADN que "el Estado chileno nos ha vulnerado el derecho a ser consultados" y criticó que el país "no ha resguardado los bienes naturales. Ellos están atentando contra el hábitat de un pueblo, de una cultura, que es parte del territorio chileno".

El abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, Jaime Madariaga, precisó a Radio ADN que se genera "escasez del agua" y que "ese es el grave problema.

 

Hay que entender que la minería del litio es la minería del agua. Lo que se hace es sacar agua del Salar de Atacama, evaporarla y lo que queda es el litio y otros minerales. La escasez de agua que hay en la zona es enorme". ADN 91.7 Leer


 

 

El emprendimiento individual que no delega en los usurpadores de la representación política social.

 

 

 

Martín Nunziata, el hombre que se hizo experto ambientalista en el Delta a fuerza de sufrir la contaminación

“En Tigre fueron cambiando los intendentes, pero no pasó nada”.

6 de agosto de 2018

 

Se fue a vivir al Delta en 1978 en una especie de “exilio interno”, quedó impresionado con la creciente contaminación y los problemas ambientales y se terminó convirtiendo en uno de los mayores especialistas del país en el tema. La asamblea a la que pertenece renunció al Comité de Cuenca del Río Reconquista por la inacción del gobierno de Vidal en el área.

Por Verónica Engler

Cuando llegó a vivir a la Primera Sección del Delta bonaerense (en Tigre), hace cuarenta años, Martín Nunziata ni se imaginaba que en muy poco tiempo se convertiría en una especie de ambientalista avant la lettre. En aquella isla a la que se mudó, y en la que todavía vive junto a su esposa, comenzó a desarrollar un conocimiento inestimable sobre lo que significa ese lugar no sólo para las personas isleñas. Es que además de su belleza paisajística, el Delta proporciona servicios ambientales que garantizan una mejor calidad de vida a los millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires, gracias a su capacidad de atenuación de inundaciones, sequías y recarga de acuíferos; su capacidad de depuración de aguas contaminadas y provisión de agua; y su capacidad como sumidero de carbono, emisor de oxígeno y regulador del cambio climático global, entre otras bondades. “Realmente me doy cuenta de que hemos concentrado más información que la que le suele dar el Estado a sus propios ministros o funcionarios”, afirma en relación al trabajo que viene realizando con la Asamblea Delta y Río de la Plata, y previamente con otras organizaciones como Pro Delta. Nunziata peregrina el Delta en lancha desde que se instaló en la isla, pero también recorrió buena parte del conurbano bonaerense del Continente para conocer otras zonas en donde las cuencas representan problemas cotidianos fundamentales. Así, pudo aliarse con grupos diversos para aunar militancias por territorios más saludables para las mayorías. Los reclamos que encabezó llegaron hasta la Corte Suprema de la Nación. Nunca se negó a compartir lo que sabe, a dar su parecer, a dialogar, a debatir, pero a comienzos de este año, finalmente, la Asamblea a la que pertenece, junto a otras organizaciones sociales, decidió renunciar a la participación ciudadana en el Comité de Cuenca del Río Reconquista (Comirec), un ente gubernamental que, entre otras cuestiones, debería planificar las acciones siempre postergadas para sanear las aguas de ese río que recorre más dieciocho municipios bonaerenses.

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¿Por qué Martín Nunziata? | Un pionero del ambientalismo

Por Verónica Engler

–La Asamblea Delta y Río de la Plata, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, decidieron este año abandonar el Comirec. ¿Me puede explicar cuál era la función de las organizaciones en ese Consejo y por qué finalmente renunciaron?

–Renunciamos en febrero. Al inicio de la gestión de Cambiemos pedimos audiencia con (la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia) Vidal para saber cuál era su posición respecto de la contaminación del río Reconquista. Nos derivaron al Ministerio de Infraestructura, fuimos a La Plata, y hablamos con un funcionario, (Edgardo) Cenzón (NdR: actualmente investigado por cuentas offshore, en el affaire conocido como los Paradise Papers), que a los diez minutos de recibirnos miró el reloj y nos dijo “me disculpan, tengo otra reunión”. Cenzón fue el primer presidente del Comirec de la era macrista, pero a los diez meses renunció. Por eso nosotros pensamos que este tipo de organismos tiene que estar presidido por gente con capacidad académica, con control de organizaciones sociales, para que se verifique que efectivamente en el tiempo se van cumpliendo las acciones planeadas, y no esté sujeto a cambios políticos. Luego de la renuncia de Cenzón, nombraron a Juan Pablo Piccardo. A él las organizaciones le planteamos que queríamos la publicación en la página web del organismo de todo lo que le decíamos, porque venimos hace muchos años denunciando un montón de incumplimientos, y pensábamos que nos estaban usando desde el Comirec para que les demos la licencia social. El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) les exige eso (la consulta con organizaciones de la sociedad civil), para darles el dinero, y nosotros estamos en contra de lo que están queriendo hacer. Como nunca publicaron nuestra postura y lo que expresamos al respecto, nos fuimos. Nos hemos reunido más de veinte veces con Mara Anselmi, que fue directora ejecutiva del Comirec hasta el 2018, y no pasó nada en relación a las cuestiones que planteamos.

–¿Cuáles son las cuestiones que ustedes vienen planteando en relación al río Reconquista?

–El último crédito del BID para el saneamiento de la cuenca del río Reconquista es de 287 millones de dólares para el primer tramo, porque el total va a ser de más de seiscientos millones. Hemos rebotado, después de estudiarlo, varios de los planes y siempre dijimos lo mismo. Por ejemplo, el aporte más grande de contaminación que tiene el río Reconquista es el arroyo Morón, y el arroyo Morón no está dentro de los plantes de saneamiento. Entonces ya se está mintiendo de entrada, que fue lo mismo que pasó con el anterior (crédito que se tomó). Estos dineros que se piden, como los 400 millones de dólares que se habían pedido para iniciar el plan de Unirec (Unidad de Coordinación del río Reconquista) en 1996, pasaron a ser deuda externa, o sea que el conjunto de la población va a pagar por algo que no se resolvió y, por el contrario, trajo consecuencias de agravamiento, como el caso de la contaminación. No- sotros, que ya tenemos esa experiencia, lo que decimos básicamente es que sanear es evitar que se contamine, parar la contaminación en origen. Y las acciones para lograr eso son de control, no se trata obras de ingeniería que implican tirar millones y millones de metros cúbicos de cemento, sino básicamente de que el Estado controle. Hay que exigir que las industrias hagan sus plantas de tratamiento, y controlarlo. Por supuesto que hay que establecer plazos, brindar apoyo y asistencia tecnológica, según la dimensión de la empresa, para que se logren adaptar. Cuando se va a imponer realmente un control fuerte de volcamiento de efluentes es necesario distinguir entre gran industria y pequeña industria, para ofrecerles las ayudas pertinentes para que se conviertan. Esto es así, no es que nosotros querramos empezar con controles y bajar cortinas para que la gente se quede sin laburo. Pero hay que ser rigurosos, ir al control de los volcamientos de efluentes, para lo cual se necesita una red de monitoreo a lo largo del Reconquista. Esa es una función que la tiene que hacer cada municipio con la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y no está hecho, la red de monitoreo no existe.

–Para que se entienda, ¿me podría contar cómo se gesta la Unirec y de qué manera se desarrolla ese plan de control de inundaciones y saneamiento de la cuenca para el cual se pidió un préstamo de 400 millones de dólares?

–La Unirec fue un ente creado ad hoc, autárquico, con recursos propios, y tenía asignado 400 millones de dólares, que provenían del Banco de Japón, el BID y fondos de la provincia de Buenos Aires. La obra consistía en control de inundaciones, por un lado; y en el saneamiento, mejorando la calidad de agua en el tiempo, en un proceso de 20 años. Eso feneció en el 2016, porque empezó en 1996, y estamos mucho peor que antes. Porque nunca tocaron la cuestión de fondo, que era parar las contaminaciones en el origen, fundamentalmente las industrias, pero también el tema de las cloacas, que depende de los estados municipales y provinciales. En Tigre, por ejemplo, que ha crecido muchísimo, todo el agua que sale de las “plantas de tratamiento” de los barrios privados va por las alcantarillas al río, y está absolutamente colapsado todo el sistema de cloacas, porque han construido edificios y countries. Acá fueron cambiando los intendentes, pero no pasó nada. A (Ricardo) Ubieto nunca le importó eso; (Sergio) Massa junto con (Daniel) Scioli firmaron un acta de compromiso para el saneamiento del río Reconquista si ellos llegaban a ser uno intendente y el otro gobernador, lo firmaron con diez intendentes del conurbano bonaerense a lo largo de la cuenca cuando era presidente Néstor Kirchner. Nunca estuvimos en mejores condiciones, se suponía, para haber logrado el saneamiento de la cuenca, porque el presidente era del mismo palo que el gobernador y el intendente que después salieron electos. Bueno, lo de Massa y Scioli fue realmente terrible porque además nos combatieron, porque se juntó ahí el tema de los barrios privados, y Massa terminó siendo un promotor de los barrios privados.

–¿Qué se hizo con los 400 millones de dólares en esos 20 años?

–Se gastaron en sueldos muy jugosos, consultorías y se hizo obra, pero básicamente de hidráulica, de rectificación del cauce. En lo que se refiere a saneamiento no se hizo absolutamente nada. Rectificar quiere decir sacarles los meandros al río, que es como si yo dijera “te voy a hacer una operación para que vos en vez de tener todas esas vueltas de intestinos, te conecto desde el estómago un caño hasta el esfínter y chau, sale todo”. Obvio que vos te vas a morir, porque no asimilás nada. El intestino tiene más de una función que puede ser asimilación de lo que necesita el organismo y por supuesto largar todo aquello que es tóxico. Los meandros lo que hacen es darle la capacidad al río de depuración, en tanto en vez de ser un caño dispuesto hacia una fuente mayor, empieza a pegar vueltas y esa distancia que opera en esas curvas, hace todas las transformaciones físico-químicas que el río necesita para auto depurarse. Si hay mucha materia orgánica en el río (proveniente de la aguas residuales domésticas), eso va a tener una putrefacción que genera una demanda biológica de oxígeno, y si hay mucha materia orgánica, se produce anoxia porque consume el oxígeno del agua, y así se genera la mortandad de peces. Y si a ese cóctel se le agregan los resultados de todos los procesos industriales de más de doce mil industrias, que era las que había por entonces en la década del 90, el cóctel químico que hay en el agua es tremendo. Hoy no hay un catastro oficial, pero son unas veinte mil industrias sobre la cuenca del río Reconquista, hay curtiembres, frigoríficos, siderurgia, galvanoplastía, fábricas de neumáticos, todos esos procesos industriales terminan en el agua.

–Pero ¿estas obras no son perniciosas, según lo que usted acaba de explicar?

–Son perniciosas porque enfocan, en el mejor de los casos, al control de inundaciones. Cuando se hace una obra hidráulica lo único que se busca es evacuar rápidamente dándole más capacidad de transporte al río, al rectificar, profundizar y ensanchar. Pero lo único que se hace es impedir que se produzcan todos los fenómenos que se tienen que producir cuando el humedal retiene agua. Por eso se dice que los humedales controlan las inundaciones, porque la retienen y la van largando lentamente, y eso además tiene un efecto purificador. Pero el problema es que en el caso de las inundaciones, en vez de usar los valles de inundación (los humedales) que tienen que ver con cada cuenca, esas tierras pasan a otro tipo de uso, que pueden ser en muchos casos barrios privados. ¿Y qué hacen los barrios privados? Solucionan el problema de la inundabilidad modificando la cota del suelo, empiezan a rellenar y ahí se produce un desmadre total. Es un grave error, porque cuando se hace eso, después cuando llueve se inundan por adentro (es decir, los lugares que quedan por fuera de las zonas elevadas de los barrios cerrados) y tienen que poner estaciones de bombeo, porque se está modificando el escurrimiento natural. El escurrimiento natural es evaporación del agua, precipitación, y luego, por pendiente, escurrimiento hacia las fuentes de agua. Si se levantan los bordes y se rompen los valles de inundación (humedales), lo que se provoca son inundaciones porque la lluvia ya no encuentra pendiente, sobre todo en ríos de llanuras, como estos, y se queda adentro produciendo inundaciones, como pasó en Luján y en La Plata.

–¿Cuáles son los objetivos de la Unirec que usted dice que no se han cumplido?

–No se hicieron obras ni planes para controlar la contaminación doméstica industrial; tampoco se construyeron nuevas plantas de tratamiento de líquidos y residuos cloacales. Se suponía que iban a realizar una caracterización y disposición de lodos del fondo del río, pero los fondos del río los sacaron con dragas y fueron a parar a Nordelta, que se rellenó en parte con barro contaminado. No hubo plan de recuperación de ecosistema; ni plan de acción para el control de la contaminación hídrica con la cuenca. No existió el plan de acción social, que comprende la educación sanitaria y ambiental. Tampoco hubo mejoramiento para la red de monitoreo y de alerta. Y la ironía es que en 2001, cuando era gobernador (Carlos) Ruckauf, sacaron en los diarios que se habían realizado el noventa por ciento de las obras. ¡Era totalmente mentira! Tengo todo el material donde decían cómo iban a ser las etapas durante los veinte años que se proyectaba el plan, que finalizó en el 2016. Se suponía que el río Reconquista iba a tener pecesitos y te ibas a poder bañar en el río. Pero de eso, nada.

–Las obras de ingeniería destinadas a las inundaciones parecen no haber solucionado mucho. Pero con respecto al tema de saneamiento usted dice que no se hizo nada, por lo que la contaminación del agua en el Delta debe haber aumentado mucho.

–Empeoró un montón. El río Reconquista y el Riachuelo desembocan en el mismo estuario, uno lo hace a través del río Luján, y el otro directamente al Río de la Plata, por lo tanto toda la franja costera del Río de la Plata está sujeta a una fuerte contaminación. En particular el río Reconquista le aporta el treinta por ciento de la contaminación, incluye metales pesados de todo tipo, es una cosa impresionante. Y acá en el Delta lo que pasó fue que en el año 2000 se produjo el desvío total por el Canal Aliviador (Pista Nacional de Remo). La contaminación empezó a ir por ahí, con un río Reconquista rectificado, profundizado y ensanchado. Todo eso que se desvía termina acá, en el río Luján. Y esto está sujeto a la hidrología, afectado por los vientos, las mareas astronómicas, dos veces por día el río baja hacia el Río de la Plata y dos veces sube. Entonces, el agua negra que viene bajando por el río Luján hacia el Río de la Plata, cuando crece en sentido inverso viene hacia los ríos donde estamos nosotros, la pluma de contaminación llega al kilómetro 10 de los ríos de la Primera Sección del Delta. Es decir, no es que haya aumentado la contaminación, pero se la difundió sobre el Delta, que antes no tenía esa contaminación. Hicieron la Pista Nacional de Remo, la contaminación la desviaron cinco kilómetros aguas arriba y se produjo esto, el agua contaminada va y viene, lograron echar a perder el río Luján, porque no estaba como está ahora. Esta obra empeoró todo, hicimos manifestaciones para protestar y denunciamos esto ante la Justicia, es una causa que tiene once cuerpos. En el 2007 recurrimos a la Corte Suprema a través de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Pero la Corte se declaró incompetente por ser un río de la provincia de Buenos Aires. Fue una vergüenza. Sin embargo fuimos al Tribunal Latinoamericano del Agua, y se expidió a favor de lo que nosotros estábamos denunciando: el río está efectivamente contaminado, eso es un peligro para la salud no solamente de los isleños, esto afecta al Delta y al Río de la Plata.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/133271-en-tigre-fueron-cambiando-los-intendentes-pero-no-paso-nada

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