Qué Estado

Agosto 2018

Sin leyes antiterroristas ni pena de muerte extrajudicial ni cárceles bajo estado de excepción de los gobiernos K.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Pensemos que se caracterizó como gobierno de derechos humanos pues en 2003 Néstor Kirchner impulsó la aprobación del proyecto de anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que desde hacía años venía presentando Patricia Walsh como diputada de Izquierda Unida. Dos años después esas leyes fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. De resultas hubo más de mil militares procesados por violaciones a los derechos humanos, más de 500 condenados, y decenas de hijos de desaparecidos recuperaron su identidad. Ya sin el freno de esas leyes, la Justicia desplegó en estos años de manera incesante las investigaciones por delitos de lesa humanidad, declarados imprescriptibles. Pero fue gracias a la constancia de movilización de los organismos de derechos humanos y sobre todo de los ex detenidos-desaparecidos por la dictadura que debieron revivir sus penurias brindando testimonios en todos los juicios porque todavía hoy después de más de una década de gobiernos K se mantienen los archivos en secreto. En este contexto interpretemos la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López en septiembre de 2006.

 

Para distinguir el gobierno K como de derechos humanos no importó el enriquecimiento del matrimonio Kirchner que por su condición de abogados -en vez de defender a los desaparecidos por la dictadura- aprovecharon la circular 1050 de Martínez de Hoz. Al respecto Marcelo López Masia manifiesta: (...)En un viaje a Río Gallegos, contactamos al doctor Aguilar Torres, único abogado de la capital provincial, junto a Rafael Flores, que presentaba hábeas corpus por los detenidos durante la dictadura. También, estos letrados accionaban a favor de los numerosos exiliados chilenos que habían huido del país trasandino tras el golpe pinochetista.

 

Pero ¿Qué era Finsud?

"Periodismo para todos" desconoce que esa financiera (que no existe desde hace varios lustros) estaba integrada en los papeles por un conjunto de pequeños comerciantes locales (vendedores de repuestos de auto, bicicleteros y dueños de locales de ropa) que eran meros mascarones de proa de los verdaderos dueños del capital.

La provincia estaba en manos de la Fuerza Aérea y quienes la manejaban eran los verdaderos prestamistas que ponían el dinero para que funcionara Finsud (se sospechaba que eran fondos del propio estado que se utilizaban en la por entonces popular bicicleta financiera).

Como la inflación era altísima y se pagaban tasas del 100 por ciento anual para los depositantes, el costo de los billetes prestados subían al 120 o 150 por ciento cada doce meses, debido a la inhumana Circular 1050 dictada por José Alfredo Martínez de Hoz.

Kirchner ejecutaba a los deudores quienes no solo ya habían perdido su casa, sino que también corrían riesgo de perder cualquier otra pertenencia (como automóviles, terrenos u otros departamentos) ya que la deuda comenzaba con el inmueble hipotecado pero luego se extendía a todo el patrimonio del atribulado contrayente.

El "lupo" les decía, "yo te arreglo este quilombo, pero tenés que cederme la propiedad".

De esa forma, los K y los militares se hicieron ricos en pocos años. Cabe recordar que el matrimonio incorporó más de 20 propiedades por aquellos días de plomo.(...) Leer

 

Tampoco interesó su uso de la intendencia de Río Gallegos y luego de la gobernación de Santa Cruz para armados de negocios a favor de su familia ni la represión que ejerció en la provincia.

 

Con biografía contrastante, Hebe de Bonafini (aparecía como la más revolucionaria de los dirigentes del movimiento de los derechos humanos) estrechó relación con, y se puso al servicio incondicional de, las presidencias K. Volvió la espalda a:

 

Gatillo fácil, represión y década K
1 de octubre de 2013

Por Rolando Astarita

 

En el día de ayer, en el barrio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, Eric Milton Ponce fue baleado por un miembro de la policía bonaerense, David Cavaleiro. Al momento de escribir esta nota, Eric se encuentra en terapia intensiva, y su estado es grave.

El motivo “de superficie” del acto criminal, fue la discusión por una cuestión banal; por lo que los medios se apresuraron a calificar la acción de Cavaleiro de “irracional”. La razón de fondo, sin embargo, es otra. Se trata de un caso más de gatillo fácil, que se inscribe en una lógica de larga data, y en su profundización (ver aquí y aquí). El endurecimiento del discurso del gobierno CK, el nombramiento de Milani como jefe del Ejército, de Marambio al frente del Servicio Penitenciario Nacional, de Granados como ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, la represión en Neuquén a los que protestaban por el acuerdo de Chevron, o la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, no son hechos aislados.

Para comprender el significado de lo que está ocurriendo, es importante ir a los datos y a la historia de la década K. Con este objeto, reproduzco en lo que sigue algunos de los datos y conclusiones más relevantes del “Informe de la situación represiva 2003-2013”, de la CORREPI (consultar http://www.correpi.lahaine.org/).Recomiendo a los lectores del blog leer completo este informe. Aquí van entonces algunos datos.

Balance de una década

Según el informe, entre el 25/05/2003 y el 25/05/2013, esto es, durante la década de gobierno del matrimonio Kirchner, fueron asesinadas con el gatillo fácil, las desapariciones y la tortura en cárceles y comisarías 2280 personas. Aclaremos que se trata sólo de los casos denunciados a la CORREPI.

“Ningún gobierno, desde diciembre de 1983, exhibe un índice semejante”. Existen tres modalidades básicas: por un lado, el gatillo fácil, responsable del 38% de las muertes. En segundo término, los fusilamientos realizados por las fuerzas de seguridad, que se presentan como enfrentamientos. En tercer lugar, la detención legal o ilegal de personas, las torturas en comisarías, seguidas de muerte y la desaparición de las víctimas. En este último respecto, CORREPI contabiliza unos 200 casos de desapariciones. En muchos casos, los asesinatos se presentan como suicidios o peleas entre internos. “Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse de los cuerpos los tiran a un río, a un basural, o los dejan cerca de las vías de un tren para simular un accidente”. Jonathan Lezcano, Ezequiel Blanco, Alejandro Flores, Luciano Arruga, Jorge Julio López, Iván Torres, Adolfo Garrido, Raúl Baigorria, son algunos de los desparecidos.

CORREPI dice que se trata de las tres modalidades básicas de una forma represiva que tiene por objetivo imponer el control social sobre las grandes mayorías, que deben ser disciplinadas para que acepten, como natural, su subordinación a la clase dominante. La forma represiva está por eso dirigida principalmente a los sectores más pobres y oprimidos de la sociedad, y dentro de ellos, a los jóvenes. En este contexto, la presidenta Kirchner envía su mensaje de aliento y amparo a las fuerzas de seguridad: “no puede ser que la policía detiene, detiene y detiene, y la Justicia libera, libera y libera”.

A lo anterior, debe sumarse:

El proyecto X, de espionaje sobre las organizaciones políticas de izquierda y populares, instrumentado por la Gendarmería.

La infiltración de la Policía Federal en organizaciones populares, como la Agencia Walsh.

La sanción de siete leyes anti-terroristas desde 2003.

Las condiciones infrahumanas en que son mantenidos los presos, con aplicación sistemática de torturas y vejaciones de todo tipo.

La intervención militarizada, con Gendarmería o Prefectura, en la represión de luchas sindicales o populares. Como ejemplos: prefectura contra trabajadores de la industria pesquera en Mar del Plata, Gendarmería contra petroleros en Santa Cruz, Prefectura en el conflicto del Casino Flotante, en la ciudad de Buenos Aires; la ocupación por Gendarmería del Hospital Francés, también durante el conflicto sindical; la represión permanente a los trabajadores del INDEC.

El hostigamiento, persecución y amenazas a militantes y activistas sindicales y sociales, o defensores de derechos humanos, por el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales (muchos de ellos aliados y amparados por el gobierno K), incluidos los militantes de la CORREPI.

La tercerización de la represión con patotas. “Con una frecuencia superior a sus antecesores, el gobierno ha recurrido a grupos de choque paraestatales para intervenir en los conflictos que por su magnitud, apoyo popular o perseverancia, necesita resolver con urgencia sin manchar el nombre de la gestión ni contribuir a la deslegitimación de las fuerzas represivas: la patota”. Existen para este fin grupos integrados por organizaciones afines al gobierno. En otros casos, interviene en la represión -por ejemplo, de conflictos laborales- personal de agencias privadas de seguridad, o patovicas, contratados por las patronales, que tienen vía libre para actuar.

Estos hechos están en correspondencia lógica con un “modelo de desarrollo con inclusión social” en que el 15% de la fuerza laboral está desocupada o subocupada; en que más del 35% tiene trabajos precarizados e informales; en que un millón de jóvenes no estudia ni trabaja; en un país en que más de 8 millones de personas carecen de agua de red, y 21 millones no tienen cloacas. Esto en un país que ha crecido, según los datos oficiales, “a tasas chinas”. Más en general, los datos que presenta el informe CORREPI deberían servir para la reflexión acerca de la naturaleza de clase del Estado, y del gobierno que lo encabeza.

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Gatillo fácil, represión y década K

 Fuente: https://rolandoastarita.blog/2013/10/01/gatillo-facil-represion-y-decada-k/

 

 

Observamos la degradación de Bonafini al protagonizar operaciones acordes con el programa K como la de viabilizar la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López para bloquear los juicios a los genocidas al atemorizar de testimoniar. No bien aquélla se produjo Hebe declaró sospechar de él por vivir en un barrio de policías. Eso fue en septiembre 2006. En 2013 dio cauce a la conciliación con los militares y a la intervención militar en el control e inteligencia sobre las poblaciones. Pensemos sobre:

 

 

Bonafini-Milani y una polémica de 2001

17 de diciembre de 2013

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Por Rolando Astarita

En su edición de diciembre la publicación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Ni un paso atrás, trae una entrevista de Hebe Bonafini con el general César Milani. La nota está titulada “La madre y el general”, y ha sido presentada como un “encuentro histórico”.

Para los lectores del blog que no viven en Argentina, informo que el gobierno de Cristina Kirchner ha promovido recientemente a Milani al cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejército, y ahora busca su nombramiento como general en Jefe. Pero encuentra obstáculos, ya que Milani está involucrado en causas judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Entre ellas, por la desaparición del Alberto Agapito Ledo, soldado conscripto oriundo de La Rioja. Al momento de su desaparición, en 1976, Ledo era asistente de Milani, y se lo hizo figurar como desertor, a igual que ocurrió con otros soldados desaparecidos. Milani también está acusado por los hermanos Ramón y Alfredo Olivera de haber participado en el traslado de su padre y de otros detenidos a sede judicial y de haberles realizado apremios ilegales. Estas acusaciones están avaladas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (cercano al gobierno). El CELS asimismo informa que Milani sería uno de los responsables de la privación ilegítima de la libertad de Oscar Plutarco Shaller, un periodista de La Rioja, que ahora vive en Cuba. El premio Nobel Pérez Esquivel también ha pedido que no se ascienda a Milani en tanto continúe involucrado en estas causas.

En la entrevista Milani se defiende de esas acusaciones, diciendo que nunca torturó ni secuestró, y que todo se trata de una operación de los “multimedios monopólicos” y de la oposición, que busca perjudicar a la Presidenta. Bonafini consiente. En ningún momento insinúa siquiera que las acusaciones a Milani están sostenidas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo de La Rioja, por ex detenidos, el CELS y Pérez Esquivel. Bonafini y Milani también acuerdan en que el Ejército “participe activamente de un proyecto nacional” y trabaje en barrios y villas. “Hebe, con ayuda de ustedes, el Ejército está dispuesto a ir por todos los cambios”, dice Milani. Y considera la posibilidad de hacer “algo con la Universidad de las Madres. Algún seminario o algún curso”.

Es importante ubicar estas declaraciones en la senda del discurso de Milani cuando juró como Jefe del Estado Mayor, el pasado 3 de julio, y anunció su intención de poner al Ejército al servicio “de la defensa y el desarrollo nacional”. Proyecto con el que Bonafini acuerda, y es avalado por casi la totalidad de la izquierda kirchnerista. Para estos sectores, la aceptación de Milani es un “costo” que hay que digerir, en aras de avanzar en la “unidad pueblo – Ejército”. Esto es, una forma de colaboración de clases entre los explotados y una de las principales instituciones del Estado capitalista, a fin de incrementar el poder de esta última. Lo que se juega aquí es un programa burgués que pasa no sólo por la legitimación de las fuerzas armadas ante la población, sino también por colocarlas en un rol político más relevante. En este respecto, se diferencia del proyecto liberal con relación a las fuerzas armadas que expresa, por ejemplo, La Nación. Este último pide terminar con todo tipo de cuestionamiento a lo actuado por los militares en los 1970, y visualiza para el Ejército un rol menos comprometido con la política cotidiana. Lo cual no impide que históricamente el sector liberal haya sido columna vertebral de sangrientas dictaduras militares en Argentina. Por eso, podemos decir que se trata de dos proyectos igualmente reaccionarios.

 

Volviendo ahora a la posición de Bonafini, estamos en la estación final de un largo proceso de renuncia de las posiciones que fueron fundacionales de Madres de Plaza de Mayo. Esto es, la entrevista no es un rayo en día sereno. Por eso, me parece apropiado publicar aquí la crítica que realicé a Hebe Bonafini con motivo de su apoyo del ataque de Al Qaeda a las Torres Gemelas, en 2001. Por supuesto, las circunstancias son distintas, y también lo es la posición de Bonafini: en 2001 todavía era impensable que saliera en defensa de un personaje como Milani. Sin embargo, en aquella crítica señalaba que la presidenta de la Asociación de las Madres ya adoptaba posiciones nacionalistas y reaccionarias, que desnudaban un proyecto de sociedad con el que personalmente no tenía nada que ver. Cuando hablo de un proyecto de sociedad me refiero a una noción de lo que debería importar en una sociedad libre de opresión y explotación. La exaltación nacionalista la mayor parte de las veces es funcional a proyectos autoritarios de sociedad, incluso brutalmente represivos. Hay una lógica de hierro entre la estrategia de “cerrar las filas del frente nacional”, y terminar defendiendo a represores, lúmpenes corruptos y burócratas de todo tipo, para atacar a la izquierda, a los activistas obreros y del pueblo, y a los críticos. La cumbre es un Milani dictando cursos universitarios en derechos humanos, y sus víctimas silenciadas. Esa dinámica, nacionalista y reaccionaria, se potencia, naturalmente, cuando se actúa con el criterio del “vale todo”. Por este camino, la defensa, o no, de derechos humanos, pasa a ser una cuestión de mero oportunismo (ver aquí). Reafirmo también lo que dije en aquel momento: nadie tiene derecho a arrogarse la representación de los desaparecidos. Menos aún, si se quiere, cuando se está lavando la cara de un acusado de participar en el genocidio de los compañeros.

Reproduzco entonces aquí aquella crítica y renuncia a la Universidad Popular Madres de la Plaza de Mayo. Esta crítica fue respondida por Bonafini con una sarta de insultos, del tipo acusarme de ser agente de los radicales (lo que motivó una respuesta de mi parte).  

 

Crítica al discurso de Hebe Bonafini y renuncia a la UPMPM (16 de octubre de 2001)

En lo que sigue no me voy a referir a las consecuencias políticas e ideológicas -completamente perniciosas- del atentado del 11 de septiembre con relación a la clase obrera y la lucha de los oprimidos. Al respecto, hicimos un análisis que publica Debate Marxista N°3. Aquí me voy a limitar a criticar los argumentos presentados por Bonafini en su discurso en ocasión de la clase especial y pública “Sobre la guerra imperialista” de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo.

El razonamiento de Bonafini procede según los siguientes pasos: en primer lugar, identifica al capitalismo con Estados Unidos. Esto es, para ella el capital no es una relación social, sino un país, incluido su pueblo y todos los que viven en él. En segundo lugar, identifica la lucha contra el capital con la matanza de capitalistas, que, como ya dijimos, han sido identificados con los habitantes de Estados Unidos; de ahí que diga que el 11 de septiembre “no murieron pobres” sino “enemigos”. En tercer término, identifica a los enemigos del capitalismo con los “pueblos” que se alegran por la muerte de los estadounidenses. Sobre esto – y su ideal de “venganza”, que trato luego- Hebe Bonafini construye su apología del ataque del 11 de septiembre, explica su brindis y su alegría por lo ocurrido.

Estos razonamientos se expresan desde pretendidas posiciones socialistas y progresistas. Pero no tienen nada que ver con el socialismo. En primer lugar, porque jamás el socialismo planteó que la superación del capitalismo consiste en matar burgueses. Mucho menos que consistiera en matar al conjunto de las poblaciones que viven en los países capitalistas más poderosos. Para el socialismo, la superación del capitalismo implica la abolición de la propiedad privada del capital; en absoluto es sinónimo de la desaparición física de los capitalistas. Pero además, para la concepción socialista se trata de una lucha que realizarán las masas explotadas, que por eso mismo deberán independizarse y diferenciarse de los líderes y regímenes explotadores, sean éstos capitalistas o precapitalistas. Por lo cual el socialismo jamás podría confundir a Ben Laden con un revolucionario, ni a un régimen como el de los talibanes con el “progreso y la civilización”.

En segundo lugar, porque el socialismo jamás ha defendido la matanza indiscriminada de personas. En este respecto, somos conscientes de que la revolución socialista no será un camino de rosas. La idea de la transformación pacífica de la sociedad capitalista en socialista es una utopía, como lo demuestran trágicamente las experiencias de Chile, Indonesia y tantas otras. Cuando los pueblos quieren tomar su destino en sus manos, enfrentan invariablemente la más violenta de las represiones, y deben responder con los medios necesarios. Pero las acciones de este tipo serán adoptadas en tanto sean imprescindibles y serán limitadas a objetivos precisos. En esto rescatamos el enfoque con que Marx analizó y defendió en su momento el empleo de la violencia por parte de los Comuneros del París insurrecto de 1870-71, y el abismo que los separaba del proceder de sus verdugos. Marx destacaba que los Comuneros fusilaron rehenes sólo después de que la burguesía se negara repetidas veces a avenirse a un canje de prisioneros y sólo cuando se vieron acorralados y atacados por todos los frentes. E incluso en esa instancia las muertes fueron limitadas. Nunca la Comuna se propuso la muerte a mansalva ni la tortura de prisioneros. Por contrapartida, la muerte indiscriminada fue el proceder y la política de la burguesía, ávida de aplastar en sangre la rebelión de los trabajadores. Fue la burguesía la que sí asesinó “en masa a sangre fría”, la que demostró “desdén en la matanza para la edad y el sexo” e “indiferencia ante la matanza de personas completamente ajenas a la contienda” (los entrecomillados son de Marx). Una manera de actuar que se repitió en todas y cada una de las grandes represiones de la burguesía contra las masas explotadas. Que se manifiesta también en la indiferencia que tienen el Gobierno de Estados Unidos y todos los que lo apoyan para matar  indiscriminadamente en Afganistán, en Irak, en Sudán y en tantos otros lugares. Pero, insistimos, éstos no son los métodos de la lucha obrera y socialista que reivindica el marxismo. Porque no nos colocamos a la altura de esos carniceros sin límites es que no somos indiferentes “ante la matanza de personas completamente ajenas a la contienda”, ni nos alegramos o brindamos por lo ocurrido en las Torres y por la suerte corrida por los pasajeros de los aviones estrellados.

Bonafini también afirma que el ataque del 11/09 constituye una “venganza” por los desaparecidos y torturados, por los oprimidos y atacados por el imperialismo. “Vengar” significa causar daño a personas como respuesta a un ataque recibido; es “pagar con la misma moneda” para sacarse una espina y tomar revancha.

Pues bien, hay que decir que el objetivo del socialismo no es la “venganza”. Para aclarar este punto, sigamos hasta el fin esta lógica de la “venganza”: implica que si el enemigo tortura, nosotros torturaremos; si el enemigo secuestra, nosotros secuestraremos; si el enemigo explota, nosotros explotaremos a los antiguos explotadores cuando “la tortilla se dé vuelta”. O sea, reproduciremos toda la mierda de esta sociedad, punto por punto, en cuanto tengamos el poder para hacerlo. En conclusión, postularíamos una nueva sociedad burocrática y represiva. Esta es la matriz de todo stalinismo, éste es el camino más rápido para llegar a los campos de concentración “en nombre del socialismo”, a las torturas de los opositores “en nombre del socialismo”, a las muertes masivas perpetradas por los Khmer rojos “en nombre del socialismo”.

Nada de esto es socialismo. Una vez más, nuestra “venganza” será acabar con la explotación, con la miseria, con la humillación y el agravio de miles de millones de seres humanos, acabando con la propiedad privada de los medios de producción. Lo que, por supuesto, es muy distinto a querer matar gente y destruir edificios por “venganza”.

Pero hay más. Hebe Bonafini exalta el peor de los nacionalismos. Hace culpable a todo un pueblo, el norteamericano, porque “calló y aplaudió las guerras” y afirma que las guerras existieron “porque el pueblo norteamericano las aplaudió”. Conclusión, las guerras son culpa colectiva de un pueblo. Una vez más, el sistema capitalista es absuelto, en la particular explicación “socialista” de las guerras de Bonafini (¿y acaso pretende también que todas las guerras desde el siglo 16 en adelante fueron culpa del pueblo norteamericano?). Como también son librados de toda responsabilidad los gobiernos y regímenes burocráticos, no capitalistas (¿la guerra entre Camboya y Vietnam fue culpa del pueblo norteamericano? ¿la guerra de los soviéticos en Afganistán?). Las contradicciones sociales y económicas que llevan a los conflictos armados entre países son dejadas de lado, porque lo que importan son las culpas de los “pueblos”. Pero siguiendo con este razonamiento, debería señalarse como culpables colectivos por crímenes de guerra a los pueblos de todos los países industrializados. ¿No sería entonces progresiva una guerra bacteriológica en gran escala, que acabe de una buena vez con todos esos “culpables”?

Pero además, una característica de todo nacionalista es que limita sus argumentos “al otro”, y no mira hacia “su” pueblo. Como no nos atan los prejuicios nacionalistas, aplicaremos la argumentación de Hebe Bonafini a los argentinos. ¿Acaso no fue Argentina agresora de Paraguay, país al que devastó de la manera más brutal? ¿No fueron argentinos los que exterminaron a las poblaciones indígenas autóctonas? ¿No fueron argentinos los que protegieron a los peores genocidas de la historia, los nazis refugiados después de la guerra? ¿No fueron argentinos los que aplaudieron al gobierno que protegía a esos asesinos? ¿No son argentinos los que honran la memoria de los genocidas de los indígenas o de los paraguayos? ¿No son argentinos los que votaron por el gobierno que apoyó los ataques de Estados Unidos a Irak y su bloqueo? ¿No son argentinos los que discriminan -masivamente- a bolivianos, peruanos y a gente de raíz indígena? Conclusión, el pueblo argentino de conjunto es culpable. Por lo que es hora de brindar por nuestra propia muerte colectiva.

Ni hace falta señalar que todo esto no tiene nada que ver con las concepciones socialistas. Pero lo más lamentable es que Bonafini repite así la lógica del enemigo, que criminaliza pueblos, culturas, colectividades enteras (como se hace a diario en los grandes medios). Es la forma de razonar también de los regímenes retrógrados de Medio Oriente, de los talibanes y de Ben Laden. La coincidencia en el método (matanza indiscriminada) tiene su sustento en la coincidencia en la exaltación del odio nacionalista. El programa de este “progresismo” se reduce así al castigo de pueblos enteros, declarados “culpables” ante el inapelable tribunal de la historia en que se han erigido Ben Laden y todos los que lo apoyan, por un lado, y Bush y todos los que lo apoyan por el otro. Una vez más, ya no como socialistas, sino como simples partidarios del progreso humano, no tenemos nada que ver con esto.

Por último, Bonafini se atribuye ser la voz de los desaparecidos. “Somos la voz de nuestros hijos”, dice en su discurso, comprendiendo por “nuestros hijos” el colectivo de los compañeros desaparecidos. En este punto, hablo de manera muy personal como ex-detenido desaparecido. Hasta ahora nunca lo había hecho, pero me siento impulsado a hacerlo porque hay cosas que superan todo lo tolerable. Hablo para decir que, habiendo sido torturado por las fuerzas de la represión, jamás me planteé como objetivo la venganza personal, ni aplicar el “ojo por ojo y diente por diente” a mis torturadores. Mi “venganza” sigue siendo la lucha por una sociedad sin clases, no por reproducir lo podrido y brutal de esta sociedad en el cuerpo de otros. Pero, en segundo lugar, y por encima de lo personal, afirmo esto en nombre de amigos y compañeros de militancia que desaparecieron: ninguno de ellos expresó -por lo menos hasta el momento de su desaparición- las ideas que hoy Bonafini se cree autorizada a verter en su nombre. Más en general, y con todo el respeto que merece la trayectoria y la lucha de Hebe Bonafini, estoy convencido de que nadie tiene el derecho, por más que haya luchado por los derechos humanos y por más que haya sufrido, a hablar en nombre de tantos compañeros, que por lo demás tuvieron posiciones bastante diversas y hasta opuestas en muchos respectos. Si Bonafini asegura que no es “falsa” y que dice lo que piensa, tampoco como socialista tengo “pelos en la lengua” para decir lo que pienso. Y lo que pienso es esto: es hora de que cada cual hable por sus propias posiciones o las de la tendencia política a la que pertenece. Que nadie pretenda encumbrar sus opiniones con el supuesto manto de autoridad que da el sacrificio de los compañeros desaparecidos. Lo considero un procedimiento inaceptable que, por otra parte -y una vez más- me recuerda las peores prácticas stalinistas.

En vista de todo lo anterior, es necesario concluir que estamos ante divergencias que atañen a los principios mismos de las concepciones socialistas que defiendo. Mi colaboración y participación en la Universidad de las Madres se realizó en tanto creía que había una base común, en objetivos y pensamientos sociales, a pesar de diferencias de enfoques en muchos aspectos de política o táctica. Es claro, además, que el carácter de nuestra participación en la Universidad (que no es asimilable a la participación en cualquier otra institución de enseñanza) implica necesariamente compartir esa base. La posición de Hebe Bonafini que acabo de examinar -apoyada por las más altas autoridades de la Universidad- elimina ese terreno común sobre la que creía apoyar mi colaboración. Por esta razón, y en tanto no se rectifiquen estas posturas que acabo de criticar, he decidido dejar de dictar clases en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo.

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“Bonafini – Milani y una polémica de 2001”

 

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2013/12/17/bonafini-milani-y-una-polemica-de-2001

En consecuencia, la militarización y aplicación de leyes antiterroristas por el gobierno de Mauricio Macri se basa en el Estado represor que los gobiernos K perfeccionaron y reforzaron. Recordemos:

Milani, Chevron, Sbattella
16 de julio de 2013

Por Rolando Astarita

En los últimos días hubo una serie de noticias que son de difícil digestión para los que sostienen que el gobierno K está operando una transformación revolucionaria (“liberación nacional”, “lucha contra los grupos concentrados”, y similares) del país. Noticias que se pueden sintetizar en tres nombres: Milani, Chevron y Sbattella. Dado que este blog lo lee gente que no vive en Argentina (en promedio, el 40% de las visitas diarias son del exterior), sintetizo a qué me refiero.

 

Milani (o acerca de la naturaleza represiva del Estado)

El general César Milani fue nombrado recientemente jefe del Ejército, por la presidente Cristina Kirchner. Milani está denunciado por haber participado en la represión durante la dictadura militar. Ex presos políticos lo vinculan a la desaparición, en Tucumán, en 1976, del soldado Alberto Ledo, que era su asistente. Milani estaba especializado en inteligencia en el batallón de Ingenieros 141, de la provincia de La Rioja, y fue enviado en comisión a la provincia de Tucumán, entre febrero de 1976 y febrero de 1977. En esa época el Ejército llevaba adelante el Operativo Independencia, contra el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ledo, que según testimonios, habría sido simpatizante del ERP, desapareció en Tucumán, a donde había tenido que acompañar a Milani. Su madre, Marcela de Ledo, integra la asociación Madres de Plaza de Mayo de La Rioja. Milani también está mencionado por un ex detenido, Ramón Olivera, en el libro Nunca Más, de la Rioja. Olivera explicó que Milani participó de la detención de su padre, y que luego él mismo estuvo detenido en un centro clandestino. Desde allí fue llevado ante un juez por Milani, quien estuvo presente durante la declaración. Además, Milani está sospechado de haber participado en Inteligencia durante la dictadura militar. Asimismo, está denunciado por participar en el levantamiento de los carapintadas, en los años 80, contra el gobierno de Alfonsín.

 

Frente a estos datos, Madres de Plaza de Mayo, línea Bonafini, guarda silencio. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, dijo que no correspondía pedir el desplazamiento de Milani. El Centro de Estudios Legales y Sociales, a su vez, antes había dicho que no tenía información que pudiera vincular a Milani con la represión. Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS son organismos defensores de derechos humanos oficialistas. El Nunca Máses un material muy conocido, y su legitimidad nunca fue cuestionada por alguno de estos organismos (acerca de los K-criterios para evaluar lo actuado bajo la dictadura, ver aquí).

 

Pero no se trata sólo de la participación de Milani durante la dictadura, o el alzamiento carapintada. Desde 2007 Milani está a cargo (y hoy retiene esta función) de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor. Allí trabó estrecha relación, según todas las informaciones disponibles, con la ministra de Defensa Nilda Garré (quien a su vez está muy cercana al CELS). Recordemos que Nilda Garré ha sido denunciada por su participación en el llamado Proyecto X. Se trata de una unidad de la Gendarmería Nacional, que fue creada para organizar una base de datos de militantes, mediante el espionaje y la infiltración en organizaciones sociales y políticas. Estos datos fueron luego utilizados en juicios contra militantes. Las instrucciones contenidas en el proyecto, elaboradas en 2009, destacan la importancia de vigilar a todos los que pudieran crear “situaciones de alteración del orden público”. Según la abogada Myriam Bregman, defensora de derechos humanos y militante del PTS, el Proyecto X tiene como objetivo la persecución de activistas sociales y políticos. El propio comandante de Gendarmería, Héctor Schenone, reconoció ante la Justicia la existencia del Proyecto. Hoy existe una causa abierta, que está avanzando (según Bregman). A pesar de esto, la presidenta Kirchner acaba de decir que el Proyecto X “es inexistente” (discurso del 9 de julio, en Tucumán). Los organismos de derechos humanos oficialistas, y el progresismo K, no desmintieron a la presidenta. En cualquier caso, existen fuertes elementos para vincular a Milani con un enfoque global de vigilancia y recolección de datos, que luego son utilizados en la persecución judicial de la militancia. El área de Inteligencia del Ejército recibió sustanciales incrementos presupuestarios en los últimos años.

 

En este análisis debe incorporarse, además, la reforma, de diciembre de 2011, de la Ley Antiterrorista. Esta reforma derogó la figura de “asociación ilícita con fines terroristas”, pero elevó al doble las penas de los delitos que se hubieran cometido con “la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” (artículo 41). De esta manera se deja abierta la puerta para que manifestaciones o huelgas sean calificadas como actos terroristas, como han manifestado muchas organizaciones sociales o políticas de izquierda. El gobierno se defiende diciendo que la ley establece que no se castigarán las protestas que se hagan en defensa de derechos humanos y sociales. Sin embargo, muchos abogados argumentan que las modificaciones introducidas abren el campo para interpretaciones, y habilitan a la criminalización de la protesta social.

Todo lo anterior debe vincularse también con la decisión del Gobierno de responder al problema de la seguridad poniendo el acento, crecientemente, en la represión y la punición. El enfoque tradicional del progresismo, que hace hincapié en las raíces sociales del problema, pasa ahora a segundo plano. El ministro de Seguridad de la Nación, de hecho, es Sergio Berni, un militar en actividad, que goza del favor de la presidenta. Cristina Kirchner, además, ha acusado a los jueces por ser demasiado suaves en la aplicación de penas. Un discurso que hasta ahora el progresismo K consideraba propio de la derecha. De manera que la designación de Milani, el ocultamiento de su accionar durante la dictadura, o el levantamiento carapintada, debe leerse en esta secuencia de hechos. No es trueno en día sereno.

 

Chevron (de nuevo, son sólo negocios)

En notas anteriores sostuve que la estatización de YPF no debía interpretarse en clave de “liberación nacional”, sino en términos de negocios entre capitalistas; esto es, negocios sustentados en la apropiación de plusvalía (ver aquí y aquí). En esas notas, y contra el discurso oficialista (“estatización de YPF sinónimo de Patria recuperada”) planteé que se trataba de una renegociación de los términos de la explotación del negocio.

 

Pues bien, en el día de ayer, 15 de julio, se conoció el decreto que crea el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Según el mismo, están alcanzadas por este régimen las empresas que inviertan 1000 millones de dólares, o más. Las que lo hagan, podrán comercializar libremente, luego del quinto año, en el mercado externo el 20% de la producción (resultado de esas inversiones), sin tener que pagar derechos de exportación. Además, en caso de que la producción nacional no alcance a cubrir la demanda, y las exportaciones se destinen a cubrir la demanda interna, el precio no será inferior al precio de exportación, sin retenciones. Las compañías también tendrán derecho prioritario a obtener divisas a través del Mercado Único y Libre de Cambio (aceptemos que es un eufemismo) por hasta el 100% del precio obtenido en el mercado interno.

Naturalmente, se sigue discutiendo si con esto será suficiente para que las empresas inviertan en extracción de petróleo y gas, y hay muchos “detalles” que deberán ser aclarados (por ejemplo, a qué tipo de cambio cotizarán los dólares que entren por inversiones). Sin embargo, lo relevante es que todo esto parece desmentir la tesis-verso de “YPF recuperada, Patria liberada”. El tema aquí no es el patriotismo, sino son los negocios y la rentabilidad. La realidad es que la falta de inversiones provocó una caída, en la última década, del 60% de las reservas de gas y del 20% del petróleo. Desde 2003 la producción de petróleo cayó 30%, y la de gas 20%. Dado que, además, faltó inversión en hidroelectricidad, aumentó el consumo de combustibles, con lo cual se agravó el déficit de la balanza energética (sería de 6000 millones de dólares en 2013). No sé qué cuento contarán ahora aquellos economistas que afirmaban que, principio del acelerador mediante, bastaba con fomentar el consumo para que hubiera inversión (ver la crítica a esta postura aquí y aquí). Lo cierto es que la acumulación de capital -esto es, la reinversión de plusvalía- se rige, como en cualquier país capitalista, por el olor de las ganancias. El acuerdo con Chevron no hace más que ratificarlo. Con respecto a este último, otro dato significativo para la tesis-verso “YPF recuperada, Patria liberada”: en los medios ha trascendido que el acuerdo se pone bajo jurisdicción de tribunales de EE.UU..

Sbattella (o el intríngulis de la acumulación de capital)

José Sbattella es el titular de la Unidad Anti Lavado. Según informaciones periodísticas, no desmentidas hasta el momento, Sbattella mantuvo hace poco al menos dos reuniones con funcionarios de cumplimiento de las normas antilavado de dinero, y técnicos bancarios, para pedirles que no informaran las operaciones sospechosas que se hicieran con vistas al blanqueo de capitales que puso en marcha el Gobierno. Aparentemente, los oficiales antilavado y técnicos, así como los responsables bancarios, se negaron al pedido, dado que les podría caber responsabilidad penal por no denunciar estas operaciones.

 

Ubiquemos esta sed por dinero sucio por parte del Gobierno: en la última década la economía argentina recibió una gigantesca renta, que puede calcularse entre los 120.000 y 150.000 millones de dólares, por la mejora de los términos de intercambio. Pero desde 2005 se fugaron del país más de 80.000 millones de dólares. En varias notas en este blog he planteado que esto configura una gigantesca transferencia de excedente, que es la clave de la acumulación y el desarrollo capitalista. En la última década no hubo un proceso de acumulación estructuralmente sólido, o una transformación cualitativa de la economía argentina, que es tecnológicamente atrasada y dependiente. Y esto no se arregla convocando al lavado de dinero. Sólo a un irremediable lumpen burgués se le puede ocurrir semejante “solución”.

Más en general, este año el desempleo aumentó al 7,9%; otro 8% de la población económicamente activa está subocupada. En total, 2,7 millones de personas, el 15,9% de la fuerza laboral, están desempleadas o subocupadas. El 35% de los trabajadores está en la informalidad. La mitad de los asalariados gana menos de $3500 por mes. Entre un 20 y un 27% de la población (según los cálculos no INDEC), está en la pobreza. Y gracias a la no actualización del impuesto a las ganancias, ha desaparecido una parte significativa del aguinaldo (entre el 45% y 80%) para el 35% de los asalariados. Las respuestas por parte del gobierno a esta realidad se llaman Milani, Chevron, Sbattella. Tienen un sentido, y son expresiones de un contenido esencial. Por supuesto, también está el relato para construir una gesta heroica (“revolución, liberación”) con el pasado de Milani, con el Proyecto X o con el lavado de dinero. Es que nunca deberíamos olvidar que el lumpen burgués parece no tener límites.

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7“Milani, Chevron, Sbattella”

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2013/07/16/milani-chevron-sbattella/

 

 

Ubiquémonos en que "Santiago Maldonado estaba en la comunidad mapuche Pu Lof por un sentir crucial de quien se plantea entender el mundo, su acuciante injusticia y su urgente superación: la solidaridad".

 

Profundicemos el cuadro de situación: El Grupo Benetton posee, desde Esquel hasta El Maitén en Chubut, la estancia Leleque de 183.100 hectáreas. Sólo 1.200 hectáreas fueron desalambradas y recuperadas por organización y lucha Mapuche desde marzo de 2015. El 13 de marzo de 2015 se dio inicio a un «Proceso de Recuperación Territorial Productiva a la multinacional Benetton, en el sector Leleque Ranguilhauo-Vuelta del Río» por parte de las Lof en resistencia del Departamento Cushamen, Chubut. El objetivo de esta acción es aportar a la Reconstrucción Política-Filosófica de la Nación Mapuche (Declaración Pública Pu Lof, 13/03/15)”. Leer

 

Necesitamos construir solidaridad abajo para resolver el conflicto de "dos realidades: un empresario multimillonario extranjero dueño de 900 mil hectáreas, y una pequeña comunidad de campesinos, hijas, nietos, madres, pastores, que ven imposibilitado el desarrollo de su vida material porque, dicen, esas montañas que miran hace siglos son ahora italianas. Y sobre sus cumbres blancas se alza todo un entramado de leyes, jueces, policías, gendarmes, medios de comunicación y balas para que así sea".

 

Solidaridarizarnos es comprender que: "No es una cuestión mapuche, tehuelche o del pueblo comechingón, es una cuestión de todos los barrios, de todos los techos, de todos los pueblos. Es una cuestión de clase… Pero, ¿qué pasa con lo superestructural? ¿Qué hay sobre la tierra?".

 

 

Santiago Maldonado y la tierra

2 de agosto de 2018

Por Mauro Berengan*

Esta nota pretende recordar las raíces estructurales de las cuales se deriva la lucha de Santiago Maldonado, su presencia en el sur y su joven muerte. Implica esto no caminar las (adrede) empantanadas sendas de versiones esgrimidas sobre el caso. Mas valga dejar en claro la convicción de que fue gendarmería en su violenta e ilegal represión la responsable directa de su desaparición y luego de su muerte. Las pruebas siempre estuvieron como consta en la excelente reconstrucción publicada por Rafael Saralegui el 11 de septiembre de 2017 en el portal Chequeado. Como dice Saralegui, en el caso Maldonado “confluyen intereses económicos de grupos extranjeros, convertidos en los más grandes latifundistas del país; reclamos ancestrales de los pueblos originarios, alianzas políticas impensadas, operaciones de prensa, operaciones políticas, amenazas, aprietes, espías, policías, gendarmes y protagonistas del Poder Judicial que se encuentran tironeados por sus propias convicciones y las ambiciones personales”. Volver a poner los pies en la tierra es entonces fundamental para esclarecernos.

Santiago Maldonado estaba en la comunidad mapuche Pu Lof por un sentir crucial de quien se plantea entender el mundo, su acuciante injusticia y su urgente superación: la solidaridad. Y corren tiempos/sistemas en que la solidaridad no es bien vista, menos cuando se dirige a las víctimas de un poder central, estructural, material, histórico.

La cuestión Mapuche, la cuestión de los pueblos indígenas, y en fin la cuestión de todos los pueblos, es la cuestión de la tierra. El peruano José Carlos Mariátegui supo plantearlo hace ya 70 años con total claridad y actualidad imperecedera: “La crítica socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo… Sin tierra no hay comunidad, ni alimento, ni vida. Después será lo demás. Los deslumbrantes ríos, montañas y praderas que rodean la Ruta 40 del desalojo tienen dos realidades: un empresario multimillonario extranjero dueño de 900 mil hectáreas, y una pequeña comunidad de campesinos, hijas, nietos, madres, pastores, que ven imposibilitado el desarrollo de su vida material porque, dicen, esas montañas que miran hace siglos son ahora italianas. Y sobre sus cumbres blancas se alza todo un entramado de leyes, jueces, policías, gendarmes, medios de comunicación y balas para que así sea. La pregunta crucial es ¿de qué lado ubicamos nuestra solidaridad? Santiago la ubicó en la comunidad, y le costó la vida.

 

La tierra, la nación y el Estado

La población indígena de todo el continente sufre el saqueo ininterrumpido de su tierra. No es pasado remoto de chiripá,  boleadora y conquistador como Billiken o Lanata pretenden transmitir, es presente angustiante. En las sierras del Perú, en el Amazonas del mineral, en el impenetrable chaqueño o, en este caso, en la Patagonia neuquina el saqueo continúa con los hijos de los hijos. Dice nuevamente Mariátegui en sus siete ensayos de interpretación sobre la realidad peruana: “La supervivencia de un régimen de latifundistas produjo, en la práctica, el mantenimiento de latifundio. Sabido es que la desamortización atacó más bien a  la comunidad. Y el hecho es que durante un siglo de república, la gran propiedad agraria se ha reforzado y engrandecido a despecho del liberalismo teórico de nuestra Constitución y de las necesidades prácticas del desarrollo de nuestra economía capitalista”.

La cita es perfectamente válida para nuestro país: el estado argentino nace sobre el cementerio indígena para crecer en el latifundio. El famoso Shopping Center Patio Bullrich de la ciudad de Buenos Aires era la lujosa oficina de la inmobiliaria de Adolfo Bullrich en la que se comerciaban las tierras conquistadas tras las masacres de las Campañas del Desierto. La compañía inglesa Tierras del Sur adquirió entonces más de un millón de hectáreas de las cuales, ya a fines del siglo XX, Benetton compraría su mayoría. La ministra de seguridad mata en su apellido.

Pero el valor de la tierra crece y cambia. Aquí, en la provincia de Córdoba, se manifiestan disímiles ejemplos. En las Sierras cordobesas, antes improductivas, se acrecentaron en las últimas décadas los desalojos por emprendimientos turísticos o de viviendas de élite; el cerro Chapelco y otras maravillas naturales de la región dan nuevos bríos a las quitas de tierras a sus históricos habitantes. Y en las ciudades, con el proceso llamado de gentrificación, sucede algo similar: valga recorrer aquí en Córdoba el barrio Güemes y, al inverso, el barrio-ciudad Ciudad de los Cuartetos.

Ser rico hoy es habitar la ciudad evadido de ella. Ser pobre es padecerla. Nuevamente el problema, en el fondo, es la propiedad de la tierra y su acceso, así como la acumulación y mercancía que de ella hacen los grandes capitales. No es una cuestión mapuche, tehuelche o del pueblo comechingón, es una cuestión de todos los barrios, de todos los techos, de todos los pueblos. Es una cuestión de clase… Pero, ¿qué pasa con lo superestructural? ¿Qué hay sobre la tierra?

La nación es la cultura, la interpretación del mundo que aúna a la comunidad, los saberes y haceres compartidos. Sobre la tierra hay, en primer término, naciones. Mas cultura y tierra van de la mano, o de los pies, pues las cosmovisiones nacen de ella y las llevamos aunque estemos en el mar. Nos dice Rodolfo Kusch: “Detrás de toda cultura está siempre el suelo. No se trata del suelo puesto así como la calle Potosí en Oruro, o Corrientes en Buenos Aires, o la pampa, o el altiplano, sino que se trata de un lastre en el sentido de tener los pies en el suelo, a modo de un punto de apoyo espiritual, pero que nunca logra fotografiarse, porque no se lo ve”. La nación Mapuche habita la Patagonia de ambos lados de la cordillera desde siglos atrás: el Puel Mapu, de este lado, y el Gulu Mapu hacia el Pacífico. La presencia mapuche en el Puel Mapu está documentada al menos desde el siglo XVII, junto a la de otras muchas naciones que habitaban el posterior suelo argentino. Sin embargo la gran prensa, cuya solidaridad está del lado opuesto a la de Santiago a punto tal que requeriría una nota específica respecto de sus falsedades y hasta disparates, insistió que los mapuches “son chilenos”, construcción discursiva sedimentada en años de socialización hasta formar parte del sentido común conservador de nuestro país. Pero Chile y Argentina, valga repetir la obviedad, son Estados muy posteriores a la nación Mapuche, y el supuesto propietario del capital es (era) italiano, lo que parece no representar conflicto alguno a la opinión pública. La complejidad de lo cultural queda solapada en las más viles construcciones mediáticas repetidas hasta con orgullo por quienes no ven en la solidaridad más que la limosna. Nuevamente Kusch lo resume así: “El panorama cultural americano es penoso. Por una parte se da la gran ciudad, requerida por un cosmopolitismo forzado, sostenido por una clase media evadida de la realidad, que campea entre empresarios y novedades importantes, y por el otro lado la pequeña ciudad en la cual el resentimiento lleva a un folklorismo extremo”.

Sobre la tierra, sobre la nación, hay Estados. De sus tantas acepciones, pensemos aquí al Estado como un conjunto de instituciones que regulan la vida de la población en determinado territorio. Para la vida necesitamos salud, educación, transporte, seguridad (que conlleva el monopolio de la violencia), etc.; organizado en tres poderes y tres niveles, ese es el rol de las instituciones del Estado moderno. Parece básico pero lleva aquí al menos a dos problemáticas. 1) ¿Qué sucede si no se cumple? Si el hospital no me cura, si la escuela no me educa, ¿quién es el responsable? Rápidamente pensará usted: quien dirige el Estado. Entonces ¿si una fuerza de seguridad del Estado me reprime y me desaparece? El Estado argentino tiene en su haber un extenso currículum en represiones y desapariciones, por ello quizás tantas fibras fueron tocadas en este caso, y por ello deben responder los responsables políticos del caso. 2) ¿Cuál es el alcance de sus instituciones y leyes? Si Argentina es un Estado-nación ¿Qué sucede con las naciones anteriores al Estado? Pues el Estado reconoce las naciones preexistentes, pero dice ser un estado nacional, una cultura común ¿Entonces? ¿Qué hago con mi nacionalidad mapuche si habito el Estado-nación argentino? ¿Cuál es la cultura argentina? Mientras en España vascos y catalanes luchan por serlo con procesos independentistas, y en Argentina el Estado reprime las naciones preexistentes en un continuum de otredad sarmientina, Bolivia dio el ejemplo al mundo aceptando constitucionalmente que no es un Estado nación, sino un Estado Plurinacional que reconoce la autonomía de sus múltiples naciones.

Como dijimos, el Estado argentino nace con el latifundio y fue es y será su garante. Es la constitución liberal de la que habla Mariátegui para su país. Sobre ese suelo latifundista, sobre ese Estado garante, se difumina la nacionalidad, la cultura de la “civilización o la barbarie”, de lo europeo sobre lo americano, de la clase media cosmopolita, del eterno mito del desarrollo y el progreso frente al estar siendo del indio. Las tres patas completan la mesa que mató a Santiago Maldonado: la tierra, la cultura y el Estado para pocos.

La pregunta

Como vemos, los laberintos supraestructurales de las leyes, las nacionalidades, los Estados, las pertenencias, el sentido común, las construcciones de la prensa, las tendencias políticas de gobernantes y gobernados nos llevan a un sinfín de discusiones sobre las que se han montado los dimes y diretes de la desaparición de Santiago. No solo de pistas falsas está hecho el encubrimiento. La movilización y la pregunta lograron mantener en escena su desaparición, pero quizás la lucha de Santiago, la lucha del pueblo por la tierra, fue sí invisibilidad o trastornada en ejes supraestructurales como siempre se hizo, desde la evangelización colonial, que buscaba la tierra bajo las alas de la cruz, hasta nuestros días. Esa es su victoria. Es necesario volver a Mariátegui, volver a la comprensión profunda del conflicto, volver a la tierra para ser vida, para volcar nuestra solidaridad de mayorías del lado del oprimido, para transformarlo todo, para nunca dejar de preguntarnos qué sucedió con Santiago Maldonado.


Material Consultado

Mariátegui, Carlos: “Ensayos, reflexiones emancipatorias”. Linkgua-digital. Barcelona. Pág. 27.

Kusch, Rodolfo: “Geocultura del hombre americano”. Ed. Fernando García Cambeiro. BsAs. Págs. 67 y 74.


 

Dossier Santiago Maldonado, elaboración colectiva de La luna con gatillo, Resumen Latinoamericano, Contrahegemonía web, Lobo suelto y La tinta.

 

*Integrante de Contrahegemonía web

 

Fotos: Colectivo Manifiesto para La Tinta

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/02/santiago-maldonado-y-la-tierra/

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Involucrérnonos, abajo y a la izquierda sin fronteras, en las disputas de territorios a los terratenientes Benetton, John Lewis, Carlos Pedro Blaquier,...  y a petroleras, megamineras, pools de siembra, corporaciones del agronegocio...Es bregar por la autodeterminación de los pueblos de Argentina y del Abya Yala comenzando por desfetichizar al Estado burgués pero sobre todo parte esencial de un capitalismo dependiente.

 

Chile: Declaración de la Conferencia Nacional Mapuche

17 de agosto de 2018

 

CONFERENCIA NACIONAL MAPUCHE SOBRE EL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN, TRATADOS MAPUCHE Y COMISIÓN DE ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO.

 

Nosotros los Mapuche participantes y adherentes al derecho a la libre determinación, con fecha 09 de agosto de 2018, nos hemos reunido en la ciudad de Temuco diversas delegaciones de: Coquimbo, R. Metropolitana, El Bio Bio, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos que configuran el Wallmapuche, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, fecha instaurada por Naciones Unidas declaramos lo que sigue:
 

1.      - Las delegaciones Mapuche ratificamos el derecho a la libre determinación y asumimos este derecho colectivo como una ruta propia y exclusiva para determinar nuestro destino inmediato como Pueblo. En este sentido, y recordando la realización de la Primera Sesión de la Asamblea Constituyente Mapuche en noviembre de 2016, evento que nos exhorta a todos los Mapuche a seguir profundizando sobre las condiciones elementales y previas para definir y determinar un proceso orgánico en la implementación del derecho a la libre determinación.

2.      - Reafirmamos nuestro compromiso y desplegaremos las acciones nacionales e internacionales diplomáticas para hacer cumplir los Tratados Mapuche celebrados con el Estado Chileno, tal como lo establece el derecho internacional contenido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Derechos que nos permitirán resolver definitivamente los asuntos relativos al territorio y sus recursos.

3.      - Reafirmamos la necesidad imperiosa de establecer una“Comisión de Esclarecimiento Histórico en Wallmapuche” con el objeto de disponer de un estándar de la verdad, efectuar la reparación e indemnización correspondientes y construir una “paz firme y duradera” en la convivencia entre Mapuche y no Mapuche.

4.      - Subrayamos que las tensiones y controversias en la relación entre el Pueblo Mapuche y el Estado Chileno se deriva de la política de domesticación, colonialismo con el Pueblo Mapuche. Así como la toma, ocupación y confiscación del territorio y sus recursos, conculcación del derecho a la libre determinación y últimamente han aumentado las tensiones, especialmente con la política de militarización del Wallmapuche con el despliegue sin control del “Comando Jungla” produciendo persecuciones, hostigamientos, torturas, detenciones, allanamientos y en definitiva una criminalización sistemáticas a personas Mapuche que luchan por la restauración de los derechos colectivos.

5.      - Las delegaciones Mapuche hemos tomado la decisión de invitar a un diálogo al Gobierno Chileno para abordar determinados asuntos, cuya invitación se efectuará oportunamente y se formalizará mediante una comunicación.

 

Ñizol Gulam- futa Wuilly Mapu – Región - Los Ríos - Los Lagos y Aysén
Futa Tawun Paillako – Región de los Ríos
Organización Nacional Ad – Mapu –
Consejo de Todas Las Tierras
Lof Lonkoyan – Puren
Lof Temuicui Autonoma
Lof Coliñir – Region Metropolitana
Unión de Comunidades Mapuche - Lumaco
Lof Pillomallin - Imperial
Lof Penchulef - Galvarino
Lof Ranquilko – Bajo Malleco
Lof Chañapi – Conaripe
Lof Malalhue - Lanco
Lof Mañiuko - Galvarino
Lof Cudihue – Curaco – Imperial
Lof Raguintuleufu – Imperial
Lof Antonio Peñaipil – Galvarino
Lof Pehuenko – Pehuenche Lonquimay
Lof Trihue – Imperial
Lof Huaiquilao Morales – Lautaro
Lof Pantano – Traiguen
Lof Agustin Compakantu – Lanco
Lof Malchewe –Pnaguipulli.
Wallmapuche, Temuco, Chile 09 agosto 2018, Pukem Kuyen

Conferencia Nacional Mapuche
Temuko, 9 de agosto de 2018

Wallmapu Futa Trawun

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Chile_Declaracion_de_la_Conferencia_Nacional_Mapuche

 

 

Interesémonos en qué se plantean los de abajo en países de Nuestra América con mayor desarrollo del Estado terrorista y el narcotráfico.  "Abordar el problema de la violencia en México como una cuestión de pacificación y de reconciliación entre los habitantes es una cuestión que no transita por el despliegue de los aparatos represivos del Estado, ni mucho menos. Antes bien, es una óptica que privilegia la puesta en marcha de programas y políticas encaminadas a la recuperación de un sentido de valor por la vida y la humanidad".  Pero:

 

 

¿Negociar con los cárteles del narcotráfico en México?

16 de agosto de 2018

 

Por Ricardo Orozco

Rebelión

El pasado martes 7 de agosto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la plataforma de gobierno encabezada por Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo el primer Foro por la Pacificación y la Reconciliación Nacional (Foro Escucha), de diecisiete proyectados —además de veinticuatro consultas específicas por sectores poblacionales como personas en situación de reclusión, migrantes, refugiados, comunidades indígenas. El propósito de realizar dichos eventos es, de acuerdo con el presidente electo y su gabinete, el generar un espacio de diálogo en el que sea posible identificar propuestas que respondan a las prioridades de cada sector poblacional y región, en torno a la pacificación y de México y la reconciliación nacional entre sus habitantes.

La idea detrás de este ejercicio de diálogo es en realidad sencilla: el gobierno electo parte del entendido de que, en las tres administraciones federales anteriores, el andamiaje estatal y su maquinaria gubernamental fueron actores contribuyentes al agravamiento de las condiciones de violencia que han asolado a la población durante dieciocho años: ya sea porque se hizo uso activo del ejercicio de la violencia en contra de la ciudadanía por medio de instituciones como en ejército, la marina y los distintos cuerpos policíacos o, en su defecto, tanto porque Estado y gobierno fueron omisos ante la profusión de la misma como porque Estado y gobierno optaron por eliminar del espacio de discusión, de planeación e implementación de políticas públicas para atajar al crimen organizado y los actos violentos con él vinculados, a los principales afectados por el fenómeno en cuestión.

De ahí que si bien es cierto que a la par del incremento de hechos violentos en México aumentó sustancialmente, también, el número de espacios y mecanismos diseñados para realizar diagnósticos constantes, permanentes sobre la situación de violencia en la que viven los mexicanos y las mexicanas en su cotidianidad, los Foros Escucha estén buscando diferenciarse de todo ensayo y error anterior o similar apelando a dos hechos concretos. El primero tiene que ver con la concepción de los Foros Escucha como espacios en los que, esta vez, es la ciudadanía, las victimas sobre todos, quienes tienen el rol central en la discusión. El segundo, por su parte, tiene que ver con el entendido de que estos diálogos sí van encaminados a construir una agenda programática que tenga como fin, por lo menos en principio y en términos vagos, la implementación de una amnistía para quienes el crimen organizado ha capturado en sus redes y el Estado ha abandonado, reprimido o criminalizado.

Expuestas así las cosas, en teoría sí hay variaciones importantes del presente ejercicio respecto de otros realizados desde que la guerra en contra del narcotráfico fuera lanzada a finales del sexenio de Vicente Fox Quezada, y relanzada con una nueva proyección espacial y bélica al comenzar la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Ya de entrada, el que el enfoque que ahora esté primando sea el de la pacificación y la reconciliación nacional, antes que las perspectivas de seguridad pública y nacional, es un cambio sustancial que en realidad va más allá de un simple cambio de palabras para tratar el mismo tema con estrategias similares.

Colocar en el centro de la discusión el mantenimiento de un tejido social robusto, orientado hacia la construcción de vínculos sociales, políticos, económicos y culturales que permitan a los individuos dejar de percibir a los otros como enemigos a los que hay que violentar y/o exterminar no es, después de todo, algún tipo de variante de los argumentos que desprecian todo cuanto suceda a la ciudadanía siempre y cuando la estabilidad de los intereses instalados en el andamiaje estatal no se vea afectada por esos hechos. Abordar el problema de la violencia en México como una cuestión de pacificación y de reconciliación entre los habitantes es una cuestión que no transita por el despliegue de los aparatos represivos del Estado, ni mucho menos. Antes bies, es una óptica que privilegia la puesta en marcha de programas y políticas encaminadas a la recuperación de un sentido de valor por la vida y la humanidad.

Algunos problemas serios, profundos, no obstante lo anterior, se presentan en este esfuerzo por atajar el paso a la avasallante violencia que se vive en el país. El primero de ellos y el más importante es, sin duda, que al no tenerse presente la diferencia fundamental que existe entre violencia social y violencia criminal, la plataforma de gobierno de López Obrador está partiendo de la ilusión de que al solventarse la primera la segunda se verá minada, disminuida, controlada. Y lo cierto es que ello no es así.

El hecho que mejor representa esta deficiencia en el diagnóstico del presidente electo y su gabinete es que los diálogos propuestos tienen como interlocutores principales a los sectores poblacionales correctos: la ciudadanía, antes que la burocracia del Estado, por un lado; y a las víctimas de un sinnúmero de crímenes (muchos de ellos cometidos por el propio Estado, como en los casos de desaparición forzada, homicidios extrajudiciales, tortura…), por el otro. La cuestión es, no obstante, que ser interpelado e interpelar a estos sectores abona en algo a contener a la expansión de la violencia social, más deja de lado, intocada, a la violencia criminal.

Y es que, en efecto, en la violencia social, a diferencia de la criminal —en donde el móvil de la misma es una suerte de amalgamiento entre un ejercicio de poder específico y grandes márgenes de acumulación y concentración de capital, por la vía de actividades delictivas—; los sujetos no tiene como motivantes primeros, fundamentales, ni la pretensión de ejercer un tipo de poder orientado al sostenimiento de ventajas de mercado dentro de la actividad comercial criminal ni el desarrollar esa misma actividad criminal como un fin en y por sí mismo. La violencia social, por lo contrario, se define por márgenes muy amplios y muy profundos de interiorización y normalización de distintas formas y ejercicios de violencia que, en última instancia, son los causantes tanto de una desvalorización de la vida, en general; y de la vida social, en particular; cuanto de la aceptación del ejercicio mismo de la violencia como un tipo de recurso legitimo para que cualquier individuo se relacione con sus pares.

Por eso, de cierto modo, el que los Foros por la Pacificación y la Reconciliación Nacional se estén enfocando en la ciudadanía que día a día tiene que lidiar con enfrentamientos armados, con secuestros, con homicidios y feminicidios, con asaltos, con torturas, con desmembramientos, con asesinatos en masa, con desapariciones, hace tanto sentido: porque, al final del día, lo que se busca es lidiar con los grados de interiorización y normalización de la violencia que ya experimenta la propia sociedad, aunque no sea ella misma la autora material e intelectual de las balaceras, los descuartizados, las disoluciones en ácido o los desollamientos.

El caso aquí es que aunque lidiar con la violencia social es relativamente fácil (sin menospreciar la magnitud y la complejidad del problema), toda vez que su tratamiento incluye una serie de correcciones materiales: políticas, económicas, culturales, por medio de las cuales los habitantes logren desarrollar su vida sin carencias y en el marco de vínculos comunitarios sólidos; enfrentarse con la abrumadora tarea de atajar o siquiera controlar (ya no se hable de disminuir) la violencia ejercida por el crimen organizado, en general; y por los carteles del narcotráfico, en particular; no pasa por correcciones de políticas públicas como esas, pues los motivantes de su actuar se encuentran en esos intersticios entre poder y acumulación/concentración de capital que por las vías no-criminales el mercado legal les niega.

Un ejercicio que quizá arroja una mejor visibilización sobre las deficiencias de origen de la estrategia de López Obrador para pacificar y reconciliar a los mexicanos y las mexicanas consigo mismos, tiene que ver con voltear a observar los casos históricos en los que otras sociedades de América y del resto de las periferias globales han tenido que atravesar por procesos similares: ya sea por causa de un conflicto armado con un enemigo extranjero, por el desarrollo de conflictos armados internos del tipo de guerrillas o guerras civiles y similares o derivados.

Los casos de Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y Guatemala), entre los años setenta y ochenta del siglo XX, por ejemplo, son buenos referentes que muestran las diferencias, las tensiones y los intersticios presenten en dinámicas y mecanismos de pacificación y reconciliación nacional entre violencia social y violencia criminal. Y es que, si se los observa en conjunto, más allá o al margen de las particularidades propias de cada suceso, lo que se alcanza a apreciar con nitidez es que en cada evento fue necesario ir más allá del tratamiento de la violencia social y negociar, en estricto, con esos otros actores que no formaban parte de ese ejercicio de violencia, sino de otros más específicos.

En todos ellos, por supuesto, es posible encontrar actos criminales: matanzas, asesinatos en masa, desapariciones, torturas, descuartizamientos. Sin embargo, no es el determinar si los grupos que cometían dichos actos son equiparables, hoy, a los cárteles del narcotráfico en México (en realidad no hay similitud alguna) el tema de la discusión. Más bien, lo que aquí importa es reconocer que en los casos de pacificación de Centroamérica, los actores responsables de esa violencia que no era, en estricto, violencia social: la Contra, en Nicaragua; el Movimiento de Liberación Nacional y las Patrullas de Autodefensa Civil, en Guatemala; La Fuerza Armada de El Salvador, en El Salvador; fueron parte fundamental de las negociaciones, si bien no para lograr una pacificación y una reconciliación nacionales, sí para detener la escalada de la violencia.

Ahora bien, el punto determinante aquí es que, en todos estos ejemplos, el campo de disputa en cuestión tenía que ver con el ejercicio de un poder público, estatal-gubernamental, y no con el desarrollo de actividades comerciales de carácter delictivo, como el trasiego de estupefacientes, la trata de personas, la venta de órganos, el tráfico de armas, etcétera. Para Centroamérica, estas actividades fueron, en algún momento y no en su totalidad, mecanismos temporales de financiamiento, de poder y/o de posicionamiento estratégico frente al enemigo. Sin embargo, no eran un fin en y por sí mismas, que exigieran de cada actor dar continuidad al desarrollo de las mismas con independencia de quien resultase vencedor en la disputa por el control del Estado y su aparato de gobierno.

Ello, por supuesto, facilitó el llegar a puntos de negociación en los que ambos bandos se hicieron concesiones lo suficientemente importantes como para detener el conflicto armado en el que se habían involucrado: posiciones en los poderes del Estado, celebración de elecciones a modo, concesiones empresariales, ejecución de políticas públicas por encargo, gobiernos nacionales compartidos (lo que eufemísticamente se llama pesos y contrapesos). Es decir, el ejercicio del poder público, aquí, se consolidó como el instrumento por medio del cual se hizo posible que cada bando consiguiera, en mayor o en menor medida, hacerse de las ventajas competitivas que mejor les funcionaran y que mejor mantuviesen y potenciasen sus intereses.

Por eso, en el caso de México, lo que permanece como un vacío en la estrategia de López Obrador para pacificar al país es el nulo reconocimiento de que si bien lidiar con la violencia social —apuntalando correcciones a causas estructurales de la misma, como la desigualdad, la corrupción, el empobrecimiento la represión y criminalización estatal— es un necesario e insorteable primer paso para reducir los alcances del crimen organizado en el tejido social, ello no basta para reducir la profusión de violencia causada por los cárteles del narcotráfico (y otras agrupaciones del crimen organizado), tanto en sus disputas intracárteles e intercárteles como en las que conciernen a su resistencia a las acciones gubernamentales orientadas a minar sus intereses.

De entrada, los márgenes de acumulación y concentración de capital involucrados en las actividades a las que se dedican los cárteles del narcotráfico son lo suficientemente amplios y voluminosos como para que un par de políticas sociales y económicas del gobierno central les represente una salida fácil y redituable de su negocio. Y en seguida, los espacios de poder conquistados a lo largo de tres sexenios son tan densos que aceptar un simple desplazamiento de ellos no sólo pone en juego ese poder conquistado, sino la estructura misma de la red criminal en escalas locales, nacionales, regionales e internacionales.

En cierto sentido, si se tuviese que mesurar cuantitativa y cualitativamente el impacto que causan, por un lado, la violencia social; y por el otro, la violencia criminal; lo primero que se obtiene es que si bien la primera es más densa y difusa, la segunda es la que en la cotidianidad tiene un impacto condicionante —aunque coyuntural la mayor parte de las veces—, en los grados de interiorización y normalización de niveles de violencia cada vez más atroces, más inhumanos. No es la cotidianidad de la violencia social, después de todo, en donde se experimentan desollamientos, decapitaciones, incineraciones públicas, disoluciones en ácido y ejecuciones colectivas. Estos distintos grados de crueldad (inhumanidad, si se quiere) sólo se experimentan ahí en donde otras formas de violencia son las que avasallan a la población; y en donde las actividades del crimen organizado en su modalidad de cárteles del narcotráfico juegan un rol central en su socialización.

Quizá esté demás hacer mención de ello por lo evidente que es el hecho en sí mismo, pero es claro que aunque sí es necesario sanar el dolor de la sociedad mexicana, brindarle paz y unidad (social antes que nacional), con sanarla, con pacificarla y unirla no se van a resolver ni las disputas al interior de los cárteles ni las que se dan entre cárteles antagónicos ni las que se desprenden de su batalla en contra de los intereses gubernamentales que los debiliten. Menos aún detendrá el uso geopolítico que potencias globales (Estados Unidos) confieren a la guerra continental contra el narcotráfico, como mecanismo de control regional; su utilización por parte del propio andamiaje estatal-gubernamental para fragmentar a la sociedad o su empleo al servicio de los grandes capitales para deshacerse de las resistencias a las que se enfrentan.

La pregunta de fondo que sigue vigente y aún sin responder en todo esto es, entonces, ¿vamos a negociar con los cárteles del narcotráfico?

Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Mexicano de Análisis de la Política Internacional

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245328

En consecuencia, el capitalismo se caracteriza por violencias varias y las está intensificando al avasallar derechos humanos y sembrar masacres, asesinatos. En nuestros países se convoca a la unidad como la única forma de derrotar a quienes imponen, o se esfuerzan por, la opresión. Pero hay uniones abajo que son fundamentales a los cambios radicales y otras que privilegian el statu quo menospreciando a  organizaciones e iniciativas populares.

 

Partamos del análisis donde se señala "que a La Corriente le resulte inaceptable e incomprensible la actitud con la cual fue recibida esta movilización por parte del ejecutivo nacional. Que luego de cuatrocientos kilómetros de recorrido ininterrumpido a lo largo de más de veinte días la marcha se haya encontrado con un piquete policial que le impidió acercarse al Palacio de Miraflores y que, luego de horas de espera, se les informara que el presidente Nicolás Maduro no los recibiría en el momento sino en un momento posterior".

Venezuela: Es tiempo de unidad para defender las conquistas campesinas y luchar por lo que falta.

Comunicado de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Resumen Latinoamericano*, 2 de agosto 2018.

La Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora saluda y felicita a los hombres y mujeres que digna y valientemente realizaron la #MarchaCampesinaAdmirable. Sin lugar a dudas, esta movilización implicó un esfuerzo enorme, legítimo por demás, por hacer visible de modo directo a las principales autoridades del gobierno bolivariano un conjunto de realidades, problemas, atropellos que viene sufriendo el sector campesino, los cuales han sido suficientemente denunciados por distintas vías, institucionales y públicas, sin que se obtenga la respuesta firme y contundente que se espera. Es un signo positivo, síntoma de vigor y fortaleza, que desde las bases chavistas, populares, se asuma la movilización, la interpelación y la crítica a la institucionalidad como práctica política. Es ésta una forma de reafirmar el espíritu y compromiso revolucionario y de contribuir a construir y dar vitalidad a la democracia revolucionaria. Sin pueblo organizado y movilizado, crítica y conscientemente, difícilmente pueda una revolución avanzar en la conquista de sus propósitos históricos.

De allí que a La Corriente le resulte inaceptable e incomprensible la actitud con la cual fue recibida esta movilización por parte del ejecutivo nacional. Que luego de cuatrocientos kilómetros de recorrido ininterrumpido a lo largo de más de veinte días la marcha se haya encontrado con un piquete policial que le impidió acercarse al Palacio de Miraflores y que, luego de horas de espera, se les informara que el presidente Nicolás Maduro no los recibiría en el momento sino en un momento posterior, es poco menos que indignante. Habiendo ocurrido horas antes un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y un conjunto de constituyentistas, lo cual fue, sin duda, un signo favorable, ¿por qué no atender a los y las marchistas en Miraflores? ¿por qué no corresponder a su esfuerzo y, respetuosamente, con espíritu de solidaridad revolucionaria y compañerismo, abrir un espacio para escuchar sus planteamientos, oír sus críticas, sus propuestas, allí, cara a cara, sin intermediaciones, en diálogo franco y directo? Se espera, según se informó a un grupo de integrantes de la marcha, que el presidente se reúna con los y las marchistas en el día de hoy. La expectativa, en ese sentido, continúa.

Es un mensaje contradictorio para el chavismo que en Miraflores se den encuentros para el diálogo con sectores de la empresa privada, de la banca, de la oposición política, y que esto no ocurra de la misma forma con un sector del campesinado que ha realizado, además, un importante esfuerzo de movilización pacífico, claramente definido como solidario y consecuente con la revolución bolivariana, con el gobierno bolivariano y con el presidente Maduro. Porque no se trata de un asunto menor lo que pone sobre la palestra pública la #MarchaCampesinaAdmirable, no se trata de una protesta por meras reivindicaciones sectoriales: se trata de un tema central para la economía del país, se trata de la defensa de la política agraria legada por el Comandande Hugo Chávez, que ha venido siendo severamente atacada en los últimos años por sectores que pretenden restaurar el modelo agrario anterior a la ley de tierras de la revolución bolivariana.

En un complejo momento para la revolución bolivariana, sometida al asedio del imperialismo con un bloqueo y un conjunto de sanciones económicas que tienen como uno de sus objetivos quebrar la moral y la unidad del pueblo venezolano por la vía del desabastecimiento de alimentos y la hiperinflación, no debería eludirse ni posponerse el debate sobre el modelo productivo, sobre la urgente necesidad de avanzar en la conquista de la soberanía alimentaria y de actuar con medidas urgentes en esa materia. Y mucho menos debería eludirse ni posponerse ese debate con el sector clave en ese tema: el campesinado.

En ese sentido, la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora hace un llamado al gobierno nacional a que se abran finalmente las compuertas para un debate franco, transparente, sin guiones ni cortapisas, de cara al país, sobre estos aspectos neurálgicos para la vida y la continuidad de la revolución bolivariana. ¿Cuál es la política agraria que asumiremos en esta etapa crítica de la vida nacional? ¿Cuál es el modelo agrario que privilegiará la revolución de cara a la superación de la crisis económica y productiva? ¿Se evaluará a profundidad la situación de paralización o baja productividad de las empresas del Estado en el área agrícola y alimentaria para determinar causas, castigar responsables y activar un plan de reimpulso de las mismas? ¿Se construirá un plan serio, con metas a corto, mediano y largo plazo, para avanzar en la impostergable democratización de la tierra? ¿Se asumirá una política clara y contundente para combatir las mafias agrarias y la corrupción enquistada profundamente en la institucionalidad del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y municipales, así como en el sistema de justicia en todos los niveles y en los cuerpos de seguridad del Estado? ¿Se dará libertad plena a los cientos de campesinos y campesinas actualmente sometidos a regímenes de presentación, con causas abiertas ante la justicia y medidas cautelares como forma de combatir la presión y amedrentamiento de que son víctimas? ¿Se investigarán a fondo los más de trescientos casos de sicariato ocurridos en la lucha por la tierra y los atropellos y violaciones a los derechos humanos de los campesinos y las campesinas cometidos por los cuerpos de seguridad?

En este contexto, La Corriente hace un llamado a todo el movimiento campesino del país a que avancemos en el logro de la máxima unidad. La defensa de las conquistas campesinas y del legado agrario del Comandante Chávez así nos lo exige. Es imprescindible unificar los esfuerzos y construir una agenda de trabajo y lucha común, debatida y consensuada por todas las fuerzas campesinas organizadas, que nazca de un debate popular profundamente democrático. En este sentido, convocamos a toda la dirigencia campesina, a los hombres y mujeres que en cada territorio están en lucha por la democratización de la tierra y dan la pelea por la producción de alimentos, a una Gran Asamblea Nacional Campesina a realizarse el 11 de agosto en el estado Yaracuy. Vamos al encuentro, al diálogo de la gente, de nosotros y nosotras, los y las iguales. Que salga de nuestro esfuerzo una ruta común para continuar defendiendo nuestras conquistas y luchando por lo que falta. Desde la Corriente Revolucionaria Bolíva y Zamora estamos convencidos(as) de que éste es el camino y continuaremos haciendo nuestros modestos esfuerzos por avanzar en esa dirección.

 ¡Por la defensa del legado agrario del Comandante Chávez!

¡Por la justicia y contra la impunidad!

¡Defender las conquistas y luchar por lo que falta!

 Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/02/es-tiempo-de-unidad-para-defender-las-conquistas-campesinas-y-luchar-por-lo-que-falta-comunicado-de-la-corriente/

 

 

Consideremos una unión de los diversos de abajo: "La marcha campesina movilizó una gran solidaridad a su alrededor. Como si algo de muchos estuviera allí representado, como si ese caminar desde Portuguesa hasta Caracas hubiera excedido a quienes decidieron que esa era la acción correcta para este momento. La #MarchaCampesinaAdmirable, así nombrada con los días, operó como aglutinadora de demandas postergadas, atragantadas".

 

Las lecciones de la #MarchaCampesinaAdmirable

(Por Marco Teruggi)

Resumen Latinoamericano, 2 agosto 2018

La marcha campesina movilizó una gran solidaridad a su alrededor. Como si algo de muchos estuviera allí representado, como si ese caminar desde Portuguesa hasta Caracas hubiera excedido a quienes decidieron que esa era la acción correcta para este momento. La #MarchaCampesinaAdmirable, así nombrada con los días, operó como aglutinadora de demandas postergadas, atragantadas.

Se pueden pensar varias razones para explicarlo. En primer lugar, el tema en sí: desde comienzos de este año, y con episodios del año anterior, la cuestión campesina ha emergido en algunas agendas y medios de comunicación. Sucedió con casos públicos como la serie de desalojos en Barinas a inicio del 2017, la escuela rural quemada en Portuguesa, los 32 campesinos detenidos en la comisaría de El Vigía, las noticias periódicas de atropellos, el caso del sicariato de dos campesinos en Barinas en el mes de mayo, y las dificultades de la Comuna El Maizal para conseguir insumos para producir.

Las situaciones de injusticia, junto a la capacidad de articular respuestas comunicacionales, construyeron solidaridades alrededor de los campesinos, de una lucha histórica, contra el latifundio, por la democratización de la tierra y la producción. Se logró desandar en parte la matriz tendiente a sostener que los campesinos son roba-créditos, improductivos, y revendedores de tierras. Legitimidad entonces, central.

En segundo lugar, junto con este apoyo por una causa justa, la solidaridad se produjo como si la marcha campesina hubiera dicho algo que muchos piensan: que es necesario rectificar determinadas políticas, activar mecanismos de democracia protagónica, escuchar, movilizarse ante un escenario de retroceso que se expresa en lo urgente del cotidiano, así como en tendencias sobre puntos estratégicos. Una voz se hizo muchas voces, se vio en el recorrido, y, en particular, en Caracas.

*

No existen recetas para las revoluciones, menos aún para los tiempos de asedio de guerra que amenazan con quemar lo conquistado. Puesto a arriesgar una hipótesis diría que es necesario presionar, movilizar, para frenar las tendencias conservadoras/ restauradoras que trabajan desde el interior del proceso, y avanzar sobre nuevos puntos. Dentro de la unidad del chavismo, el apoyo a Nicolás Maduro -algo que los campesinos de la marcha repitieron hasta el cansancio.

Se trata de un ejercicio complejo, por la dificultad del escenario y los oportunistas que acechan. ¿Si no se realiza ese ejercicio democrático de movilización entonces qué? ¿Quedarse a la espera de respuestas que no llegan? ¿Dejarse desalojar y sicariar? En el caso campesino se consiguieron respuestas -parciales- gracias a las presiones por varias vías. De lo contrario seguramente no hubieran existido. Una movilización como la marcha campesina es un síntoma de vitalidad del proceso.

*

Las respuestas a la marcha fueron varias. En el caso comunicacional, el apoyo/cobertura se expresó por parte de diferentes medios de comunicación que vienen trabajando sobre este tema, y de comunicadores que desde dentro de medios del Estado trataron el asunto. Ese trabajo fue clave. No existe posibilidad de victoria sin fuerza comunicacional -existen varias formas de medir las victorias, varias victorias posibles en una misma lucha.

Por otro lado, se observó un silencio en muchos medios de comunicación estatales, evidenciando la inamovilidad de la línea comunicacional oficial: nada que cuestione la matriz de un gobierno que enfrenta con todos sus esfuerzos la agresión imperial tiene espacio en pantallas. Era lo predecible.

En cuanto a las respuestas en las cercanías de Miraflores la jornada del miércoles dejó dos imágenes centrales y una en espera. Por un lado, Diosdado Cabello, como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, con su peso como figura de la revolución, recibió a una delegación de la marcha. Por otro lado, fue puesto un cordón de policía sobre la avenida Urdaneta, cerrando el paso al Palacio de Miraflores, punto final de la movilización. Ese acto tuvo un impacto simbólico, y trajo preguntas/interpelaciones. Por ejemplo: si el gobierno, en particular el presidente, dialoga con banqueros, empresarios, opositores, lo hace ante cámaras, ¿por qué la resistencia para sentarse a escuchar a quienes son parte central del proceso revolucionario, a gente de a pie, campesina, que lo reconoce y apoya?

La imagen en espera es la de Maduro: ¿recibirá a los campesinos?

*

Queda un tema, el central en este caso: la política agraria. La marcha campesina, y, en términos generales, el movimiento campesino, ha planteado varios cuestionamientos a la política agraria en curso.

Uno tiene que ver con las orientaciones centrales, donde se privilegia a la agroindustria, una decisión que se traduce en la falta de apoyos al campesinado que les permita desarrollar/ampliar la producción/distribución/comercialización en una situación económica tan compleja. Una orientación que se articula con las respuestas a medias que da la institución en muchos rescates, lo que se une a su vez a la continuidad de los atropellos: desalojos, persecuciones judiciales, complicidad de cuerpos de seguridad del Estado.

El debate alrededor de la política agraria está en el centro de la mesa. Este punto no se solucionará en un acto con la marcha campesina, ni la posible reunión con el presidente Maduro. Se trata de un punto neurálgico del debate económico en esta etapa de la revolución, de orientaciones tomadas, unidas a la situación de crisis de las empresas estatales como Agropatria, Pedro Camejo, o la poca capacidad de las instituciones dentro del Ministerio de Agricultura que deberían apoyar la producción campesina.

La pelea es peleando, y no habrá respuesta mágica ni inmediata. La marcha campesina ratificó que la inmovilidad ayuda a quienes buscan revertir lo que se alcanzó con tanta lucha. En el caso campesino costó más de 300 muertos. La solidaridad alrededor de la marcha, y sus posibles efectos desencadenantes, ya son una victoria. Queda mucho por delante.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/02/las-lecciones-de-la-marchacampesinaadmirable-por-marco-teruggi/

 

 

Reflexionemos sobre la otra unión de los diversos de abajo en Venezuela que se dio a raíz del intento de magnicidio casi en simultáneo con la llegada a Caracas de La #MarchaCampesinaAdmirable.

 

 

Las autoridades de Venezuela cuentan detalles

sobre el atentado fallido contra Maduro

Resumen Latinoamericano / 5 de agosto de 2018 / RT

 

El ministro de Comunicación e Información del país latinoamericano afirmó que la mayoría de los que están detrás del atentado han sido detenidos.

El atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo preparándose durante seis meses, informó a RIA Novosti el ministro de Comunicación e Información del país, Jorge Rodríguez.

“La rápida reacción por parte de la seguridad del presidente Maduro no solamente permitió su evacuación, sino que rápidamente fueron capturados varios de los autores materiales, en flagrancia”, dijo Rodríguez y agregó que ahora se están revelando “todos los detalles de esta operación que tiene al menos seis meses de planeación“.

 

Tres explosiones

Según el ministro, en total hubo tres explosiones en el atentado fallido de este sábado. “Una explosión es un dron frente a la tarima presidencial, otro dron que se levantó y explotó hacia el lado derecho de la tarima, (…) y un tercer dron explotó en las inmediaciones de un edificio al sur de la tarima”, detalló.

Asimismo, Rodríguez afirmó que la mayoría de los autores intelectuales del ataque están detenidos. “La gran mayoría de los autores están detenidos“, dijo el ministro.

 

Atentado fallido

La tarde de este sábado se produjo una serie de explosiones en el momento en que el presidente de Venezuela daba un discurso en Caracas durante el acto de conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Tras las explosiones, el anillo de seguridad presidencial reaccionó rápidamente para proteger al mandatario con escudos ‘kevlar’. Como resultado de las explosiones, ocho uniformados de la GNB resultaron heridos, mientras que el jefe de Estado y su gabinete salieron ilesos del atentado y fueron evacuados.

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/05/las-autoridades-de-venezuela-cuentan-detalles-sobre-el-atentado-fallido-contra-maduro/

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Hagamos propia a la convocatoria de la Coordinación Nacional Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora: “Convocamos a toda la dirigencia campesina, a los hombres y mujeres que en cada territorio están en lucha por la democratización de la tierra y dan la pelea por la producción de alimentos, a una Gran Asamblea Nacional Campesina. Vamos al encuentro, al diálogo de la gente, de nosotros y nosotras, los y las iguales. Que salga de nuestro esfuerzo una ruta común para continuar defendiendo nuestras conquistas y luchando por lo que falta”.

Enfrentamos:

 

El Estado de contrainseguridad

con coro electoral en América Latina

11 de agosto de 2018

Por Jaime Osorio (Rebelión)

 

Introducción

En el análisis del Estado en el capitalismo dependiente se comenten los mismos errores que se hacen presentes cuando se analizan las economías de la región. Se sostiene que el Estado es inmaduro; que sufre falta de desarrollo, porque sus instituciones se presentan débiles o con poca estabilidad; existiría un Estado de derecho frágil o simplemente asistimos a una ausencia de leyes.

En posiciones más extremas se asume que no existe Estado, sea por la inmadurez de lo estatal; o porque no habría nación, y por ende no existiría un Estado-nación, sino una dispersión de naciones sin integración; o porque la comunidad política no se ha constituido, o porque conformada ha sido destruida por la voracidad del capital.

En unos casos se hace presente una incomprensión de la originalidad del capitalismo dependiente, sin diferenciar los espacios nacionales de dominio y poder presentes en el sistema mundial capitalista. En otros, y añadido a lo anterior, prevalece una concepción del Estado que privilegia el sentido de comunidad por sobre las relaciones de poder y de dominio de clases. En cualquier caso los análisis se llevan a cabo teniendo como pauta las formas, modalidades y procesos que presentan los Estados del capitalismo desarrollado.

Aquí argumentaremos desde una perspectiva diferente. En el capitalismo dependiente existe Estado, y sus formas y operaciones son maduras y son las posibles en esta forma de capitalismo. El elemento fundamental que otorga sentido al Estado lo constituyen las relaciones de poder y dominio de clases sociales, sus conflictos y luchas, así como el sentido de comunidad posible de generar en esas condiciones.

 

Nos interesa en este escrito precisar el tipo de crisis político-estatal que se vive actualmente en América Latina. Para ello nos detendremos en ciertas determinaciones del Estado dependiente. Desde esa base consideraremos los cambios en la correlaciones de fuerza entre capital y trabajo a nivel del sistema mundial y regional, que permitieron al capital una feroz ofensiva sobre el mundo del trabajo, y que tomó la forma de dictaduras militares y de Estados de contrainsurgencia en esta región en los años sesenta a ochentas. La rápida reanimación de los movimientos populares – y abierto el periodo calificado como de transición a la democracia-, permitió la emergencia de gobiernos populares y de gobiernos progresistas. Analizamos las razones de su debilitamiento, así como del agotamiento de la forma de gobierno abierto con aquella transición, y que ha llevado a la conformación de una nueva forma de gobierno: el Estado de contrainseguridad con coro electoral, señalando características y objetivos. Por último realizaremos algunos señalamientos sobre el triunfo de López Obrador en las elecciones presidenciales en México en julio pasado y las razones que explican un proyecto a contrapelo de las tendencias predominantes en la región.

 

1.- Determinaciones del Estado

1.1.-El Estado como condensación de relaciones sociales de dominio y poder de clases.

El capital es una relación social que articula de manera simultánea relaciones sociales de explotación y relaciones sociales de dominio y poder. Así como no es posible comprender la explotación sin considerar las relaciones políticas de dominación y poder, -que permiten la emergencia de agrupamientos sociales despojados de medios de producción y de medios de vida, por medio de la violencia, la coerción y el dominio de clases-, de la misma forma no es posible explicar las relaciones de dominio y poder condensadas en el Estado ajenas a las relaciones sociales de explotación, procesos que el capital, ya hemos señalado, busca velar.

Las relaciones sociales de explotación y dominio entre capital y trabajo conforman clases sociales, con intereses en conflicto, lo que determina la vida en común y sus diversas dimensiones en el capitalismo. No es por casualidad, en este sentido, que el último capítulo de El capital, inconcluso por cierto, sea justamente “Las clases”. (Marx. 1973, t. III, 817), tema con el que buscaba culminar los primeros libros señalados en sus planes de trabajo de 1857, y que era, al mismo tiempo, el puente para lo que seguía, el libro referido justamente al Estado. (Marx: 1971, t. I, 29-30, 203-204).

Sobre esta estructuración de las relaciones, el Estado capitalista puede “retirarse” de la escena inmediata de la explotación, pudiendo presentarse como una entidad por encima de la sociedad. No es necesario que la policía despierte y encamine a los trabajadores a sus centros de trabajo. Estos lo harán por decisión personal, marcada por el despojo de medios de producción y de vida. Como tampoco es necesario que la policía vigile la producción y la apropiación de plusvalor, oculta en el pago del salario, que aparece como el pago de todo el trabajo. De estas formas el Estado puede aparecer ajeno a la explotación, lo que mistificará a su vez el poder y la dominación de clases sobre clases1.

 

No hay espacio teórico ni histórico para posicionar al Estado en una dimensión exterior a las clases sociales y sus enfrentamientos, que no sean las mistificaciones que en el capitalismo aquel asume, lo que hay que explicar, pero dicha explicación no puede partir eliminando o dejando en lugares secundarios lo fundamental de su naturaleza, su condensación de relaciones de poder y dominio de clases y de comunidad ilusoria2. Yes la condensación de relaciones y los proyectos e intereses de clases que en esas relaciones predominan los que le otorgan a la organización de la vida en común su impronta particular.

Decir que la forma valor es la que predomina en nuestro mundo social, pero sin las referencias de clase que ello implica, es hablar de abstracciones, pero quedándose atrapado en ellas, sin sopesar el peso de las mistificación clasista que expresan. Desde las clases sociales la vida en común alcanza sentido, integrando y desmistificando aquello que el capital desintegra y mistifica.

 

1.2.- ¿Quiénes detentan el poder político? y ¿cómo se ejerce ese poder?

El análisis del Estado no puede eludir el interrogante respecto a quienes detentan el poder político, es decir, cuáles intereses de clase son los que organizan la vida en común. La respuesta común, la burguesía, o el capital, es demasiado general cuando se considera que esa clase cuenta con fracciones de clase (bancaria/financiera, industrial, agraria, minera, comercial) y con sectores (gran, mediano o pequeño capital). La respuesta debe ser capaz de identificar los intereses de qué fracciones y/o de qué sectores de la burguesía son los que prevalecen en situaciones históricas específicas, donde las políticas estatales tienden a favorecer más a algunos capitales en desmedro de otros, lo que reclama comprender cómo se conforma el bloque en el poder, esto es, qué fracciones y/o sectores de la burguesía cuentan con ventajas en impulsar sus proyectos, y cuáles hegemonizan el poder político.

 

Pero tan importante como la pregunta anterior es precisar también el cómo se ejerce el poder, esto es, cuál es la forma de Estado o forma de gobierno que prevalece, en donde alcanza sentido determinar si se domina por medio de votos o por medio de bayonetas, y con qué relevancia; si existe parlamento y división de poderes; si existe o no prensa y medios de comunicación con autonomía o están controlados; si operan mecanismos de representación; peso de los aparatos armados en la vida pública, etc.

Las preguntas sobre quienes detentan el poder y como dicho poder se ejerce se encuentran estrechamente asociadas. Hacia fines del siglo XX e inicios del siglo XXI el tema de la “transición a la democracia” se constituyó en eje de debates y análisis políticos en América Latina. Pero en esta caracterización se privilegiaba uno de los interrogantes señalados, el cómo se ejerce el poder. Y la multiplicación de consultas electorales, alentó una mirada sesgada, la que daría paso posteriormente a los estudios sobre la “calidad de la democracia”, dando por sentado que ésta ya estaba en marcha en la región.

 

Al desligar el cómo se ejerce el poder de la pregunta quienes detentan el poder, no se ponderó que las propias fuerzas sociales y/o políticas que en momentos previos reclamaron y alentaron dictaduras militares o gobiernos civiles autoritarios contrainsurgentes, eran las que ahora reclamaban o participaban del discurso de la apertura democrática. Y que las políticas económicas que propulsaron muchos de los nuevos gobiernos civiles (que no incluye a los llamados gobiernos populares) eran las mismas que prevalecían en los gobiernos militares o contrainsurgentes. En pocas palabras, al no integrar las preguntas no se contó con herramientas para comprender los límites de la democratización en marcha, ni los intereses de clase que terminaron fijando su impronta en esos procesos.

 

1.3.- Estado y aparato de Estado

La mistificación de las relaciones de poder y dominio de clases que implica la forma Estado se ve alimentada a su vez por la cosificación de dichas relaciones, asumiendo la forma de aparato de Estado, un conjunto articulado y jerarquizado de “cosas”, como instituciones, personal que ocupa posiciones en esas instituciones y de un cuerpos de leyes.

A mayor concreción, la capacidad de mistificación del Estado en tanto aparato de Estado se fortalece. Las instituciones del aparato de Estado, el personal que ocupa los cargos relevantes y los papeles en que se concentran las leyes, no nos dicen que son “cosas” atravesadas por intereses de clases. Su lenguaje y su discurso versa, por el contrario, sobre los intereses de la nación y de la sociedad en su conjunto.

 

No es un asunto menor en el tema de la mistificación de la vida social el que la burguesía en particular sea la primera clase dominante que tiende a delegar la administración del aparato de Estado en manos de otras clases, por lo que no le es necesario, en general, que de manera directa sean miembros de las clases dominantes los que se instalen en los principales cargos de las instituciones del aparato de Estado, como postuló la corriente instrumentalista (Miliband:1970), para explicar cómo es que el Estado lleva a cabo los intereses de las clases dominantes3. Ello no niega que ocurra, pero no es un procedimiento rutinario. Más bien opera en condiciones excepcionales4.

 

El hecho que cada cierto tiempo las autoridades que encabezan el aparato de Estado, y las fuerzas políticas que representan, pueden ser renovadas en consultas electorales por ciudadanos y no por clases, alimenta el imaginario que no subyacen poderes de clase en medio de esas periódicas renovaciones, sea de fuerzas políticas, sea de personeros. Además el aparato de Estado permite sin mucha mediación que se establezca la identificación de las autoridades del aparato como quienes detentan el poder político, con lo cual se obscurece justamente el asunto de las clases cuyo poder político prevalece en la sociedad5.

 

En las elecciones y en la constante renovación de autoridades en el aparato de Estado no está en juego de manera inmediata el poder político prevaleciente en la sociedad. Esto nos señala que el aparato de Estado es el aparato de un Estado específico, con relaciones de poder y dominio de clases cuya vigencia no se encuentra en juego en los procesos electorales.

 

2.- Determinaciones del Estado dependiente

En el seno del sistema interestatal mundial, el Estado dependiente es un Estado subsoberano. Esto significa en lo inmediato un poder estatal subordinado a otros poderes estatales. Lo anterior implica romper con la ecuación de la ciencia política tradicional que establece “Estado es igual a soberanía”. Esta formulación desconoce la heterogeneidad económica y estatal que el capitalismo conforma a nivel del sistema mundial. A su vez implica romper con la idea que carencias en materia de soberanía suponen incapacidades para el ejercicio del poder político por parte de las clases dominantes locales.

 

La condición subsoberana del Estado dependiente no es sino la contracara de la existencia de un sistema mundial en donde operan mecanismos de intercambio desigual entre economías y regiones, que implican cesión de valor desde el capitalismo dependiente hacia el mundo desarrollado, por la configuración de una tasa media de ganancia internacional en donde los precios de producción de los bienes que exportan las economías dependientes se ubican por debajo del valor generado, en tanto los precios de producción los bienes de las economías desarrolladas se ubican por arriba del valor generado. También transferencias de valor en igual dirección por la apropiación de ganancias de inversiones extranjeras; por el pago de intereses de deuda pública y privada; por renta tecnológica, etc., todo lo cual da vida a formas de capitalismo diferenciadas, siendo la forma del capitalismo desarrollado y la forma del capitalismos dependientes las más relevantes.

 

Las modalidades de inserción en el mercado mundial y de reproducción del capital que se generan en el capitalismo dependiente, unido a las pérdidas de valor por los mecanismos arriba señalados, alientan que las clases dominantes en el capitalismo dependiente generen modalidades de explotación que reclaman apropiarse de parte del fondo de consumo y de vida de los trabajadores para transferirlos al fondo de acumulación del capital. A esta modalidad particular de explotación se le denomina superexplotación (Marini: 1973), la cual se ve posibilitada por la presencia de enormes contingentes de población excedente, generados por la propia dinámica de la acumulación dependiente.

 

El predominio de la superexplotación bajo sus diversas formas agudiza los conflictos sociales y debilita las relaciones que generan sentido de comunidad en el capitalismo dependiente. Esta es una de las principales razones que provoca que en la historia política de los Estados latinoamericanos tiendan a predominar formas autoritarias de muy diverso signo, y de las dificultades de aquellos de asentarse de manera perdurable en formas democráticas, o semidemocráticas, para ser más rigurosos. No es falta de desarrollo político el por qué esto acontece, sino que es la expresión de las formas particulares de reproducción del capitalismo dependiente y de las modalidades de dominio que reclama.

 

En una economía sustentada en la expoliación de condiciones de vida básicos para el grueso de su población y sometida por sus clases dominantes hegemónicas a procesos de despojo de valor hacia las economías desarrolladas, se deriva una agudización de los conflictos sociales y de la lucha de clases, dado el desarrollo de las clases sociales propias del capitalismo y de sus enfrentamientos. En estas condiciones el Estado dependiente tiende a convertirse en un eslabón débil de la cadena de dominación mundial del capital, que pone de manifiesto de manera permanente la actualidad de la revolución6.

 

La agudización de los conflictos sociales en el capitalismo dependiente y la agudización de la superexplotación tienen como correlato que el Estado de derecho y el peso de la ley sean socavados y se apliquen a discreción. Las leyes no escritas tienen por el contrario un peso significativo en la vida social. Las instituciones del Estado a su vez manifiestan fragilidad, pero no por inmadurez, sino por las particularidades que presenta la imbricación de lo económico y lo político. Todo lo anterior es necesario para sostener la condición subsoberana en el sistema interestatal, las particulares formas de explotación en el plano local y las transferencias de valor hacia el capitalismo desarrollado. De esta forma la subsoberanía y la superexplotación son soportes de la acumulación y dominio a escala mundial para el capital.

 

Ante la fragilidad de las instituciones del aparato de Estado, alimentada también por las recurrentes crisis de legitimidad de las autoridades, se genera la tendencia a que la clase reinante asuma mayores espacios de acción. Es en este cuadro que se desarrollan en el Estado dependiente las condiciones para la regular emergencia de mandos autoritarios y de gobiernos encabezados por liderazgos carismáticos y por caudillos políticos.

El hecho que la reproducción de los capitales más dinámicos en el capitalismo dependiente realicen de manera predominante el plusvalor en los mercados exteriores o en mercados internos de alto poder adquisitivo, dando las espaldas a las necesidades de la población trabajadora local, alimenta la incapacidad de las clases dominantes locales de generar proyectos nacionales frente a los poderes que prevalecen en el sistema mundial.

En la misma lógica opera la enorme presencia de capital extranjero en las economías dependientes bajo la forma de inversiones directas, muchas de ellas operando en sectores ejes en los distintos patrones de reproducción de capital que hemos conocido. Esa presencia no es resultado de imposiciones, sino de alianzas de sectores y franjas locales de las clases dominantes con burguesías foráneas. Esto propicia en el Estado dependiente una suerte de descentramiento, en donde el poder político local debe contemplar los intereses de aquellos capitales, lo que redunda en lo ya señalado: la incapacidad de las clases dominantes locales de conformar proyectos con una perspectiva de desarrollo nacional.

 

Esta limitación de las clases que detentan el poder en las economías dependientes abre constantes fisuras que alientan la emergencia de fuerzas políticas con proyectos que reclaman mayor autonomía nacional y mayor soberanía, las que siendo demandas democráticas, en las condiciones de articulación de las economías dependientes con las economías desarrolladas, se constituyen en demandas que apuntan a subvertir la posición subsoberana en el sistema de dominio mundial.

 

La inexistencia de estructuras productivas complejas y la temprana monopolización de la economía en sus muy diversos sectores, propician en las economías dependientes el rápido surgimiento de sectores del gran capital que pasan a predominar en la economía y en el Estado, reforzando la pobre diversificación de la estructura productiva y la débil diversificación y fuerza de fracciones de clase y de sectores dominantes.

 

Ante el peso de patrones de reproducción de capital volcados a los mercados exteriores en la historia económica regional, prevalece en el capitalismo dependiente una suerte de esquizofrenia política en las clases dominantes de la región, en donde ante la necesidad de estar abiertas a los mercados exteriores y limitar medidas proteccionistas, operan defendiendo posiciones liberales en lo económico, sosteniendo sin embargo posiciones conservadoras en el terreno político y social. Esto, que ya se expresa en la segunda mitad del siglo XIX, sigue presentándose con fuerza desde el último tercio del siglo XX a nuestros días, con gobiernos conservadores en el campo político y liberales en lo económico, con hitos relevantes con la presencia de dictaduras militares y gobierno civiles contrainsurgentes. El surgimiento de gobiernos populares y progresistas en el siglo XXI morigeró esta tendencia, la que vuelve a ganar vida tras la derrota electoral o bien vía golpes blandos en estos últimos gobiernos.

 

3.- Cambios en la correlación de fuerzas entre clases

3.1.- Severas derrotas del mundo del trabajo

Desde la década de los setentas del siglo XX se presentan una serie de procesos que manifiestan y aceleran el cambio en la correlación de fuerzas a nivel mundial y regional entre capital y trabajo, en perjuicio de este último. Algunas de sus expresiones más significativas lo constituye el establecimiento de dictaduras militares en gran parte de la región sur de América Latina, y en particular el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile, la puesta en marcha del gobierno encabezado por el general Augusto Pinochet y la pronta aplicación de políticas económicas neoliberales.

También se debe mencionar la marcha de políticas estatales contrainsurgentes en la mayoría de las sociedades latinoamericanas; el creciente avance de las políticas neoliberales en otras regiones, alentadas por los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, en este último caso tras una prolongada huelga y la derrota de poderosos sindicatos mineros del carbón; el derrumbe de la Unión Soviética y la desintegración del llamado campo socialista; la constante pérdida de prestaciones sociales, lo que pondrá fin al Estado benefactor en Europa Occidental y Estados Unidos, y a sus remedos en el capitalismo dependiente latinoamericano; cambios en los procesos de trabajo y avance de la precarización de los empleos; creciente peso del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y del Banco Central Europeo para impulsar políticas de ajuste, con severos golpes a los niveles de ingresos, de empleo y seguridad social de la población asalariada mundial.

Es en el cuadro de una severa derrota del mundo del trabajo que el capital pone en marcha nuevas divisiones internacionales del trabajo, nuevas revoluciones científico-tecnológicas, unido a la baja de salarios, incrementos de jornadas laborales, e inestabilidad en los empleos, como fórmulas para resolver la tendencia de larga duración a la caída de la tasa de ganancia.

 

3.2.- Sus efectos en el Estado dependiente latinoamericano

En América Latina la derrota del mundo del trabajo implicó la puesta en marcha de un nuevo patrón de reproducción de capital, el de especialización productiva, bajo políticas económicas neoliberales, que alentaron la venta de empresas públicas al capital privado, nacional y extranjero, el retiro de prestaciones sociales, agudos descensos salariales y el incremento del desempleo, amén de reformas laborales que restaron fuerza a los sindicatos, incrementos de jornadas y deterioro general en las condiciones de trabajo.

En el terreno político la última década del siglo XX es un periodo dominado por la llamada transición a la democracia en América Latina, con el reemplazo de gobiernos militares o gobiernos civiles autoritarios por gobiernos civiles emanados de consultas electorales, tras cambios y reformas para acelerar la constitución de nuevos partidos políticos o bien la legalización de viejas organizaciones; creación de padrones electorales, así como de organismos encargados de velar por la equidad de campañas..

Este giro, que implicaba pasar del súbdito (menor de edad político) al ciudadano (un sujeto político mayor de edad), tenía como trasfondo la búsqueda por las autoridades político-estatales de una nueva modalidad de legitimidad. Ante el fin de las prestaciones sociales desde el Estado, por el auge neoliberal, las autoridades buscaban ahora el reconocimiento de la sociedad al mando político por la vía de hacerla responsable de las decisiones políticas.

Desde fines del siglo XX, pero con mayor claridad y fuerza en los inicios del siglo XXI se hizo sentir una temprana recomposición de diversos sectores sociales, dada la represión desplegada para aplicar las nuevas políticas, desde estudiantes, mineros, pueblos indígenas, obreros, desempleados, empleados públicos, profesores, etc. América Latina vivió en este tiempo uno de los periodos más convulsivos, con expresiones en tempranas renuncias y destitución de autoridades presidenciales, y de enorme inestabilidad institucional, resultado de la puesta en marcha de políticas privatizadoras y de ajuste contrarias a los intereses del grueso de la población, lo que precipitó crecientes movilizaciones.

Una de las expresiones de esta temprana rearticulación popular fue el ascenso al gobierno de fuerzas políticas creadas de manera reciente, contrarias al avance de las políticas neoliberales y que reclamaban políticas más cercanas a las necesidades de los sectores populares. Todo ello acontecía en medio de masivas protestas y movilizaciones. Es así como América Latina termina la primera década del nuevo siglo con a lo menos tres gobiernos populares, el de Hugo Chávez en Venezuela , el de Evo Morales en Bolivia y el de Rafael Correa en Ecuador, así definidos por la base social de apoyo que los erige, y por las políticas y programas que ponen en marcha.

Junto a los llamados gobiernos populares se constituyen a su vez gobiernos progresistas, que sin la radicalidad de las movilizaciones y exigencias que dieron vida a los primeros, recogen demandas para limitar las agresivas ofensivas de los capitales hegemónicos, no siempre con resultados claros en la materia, y que ponen en marcha a su vez numerosos programas sociales en favor de las franjas más pobres y de sectores obreros y de la pequeña burguesía asalariada.

Todo ello se ve favorecido por el excepcional momento que viven las exportaciones latinoamericanas de materias primas y alimentos en el mercado mundial, en la primera década del siglo XXI, particularmente estimuladas por la demanda de China, economía que vive en esos años momentos de una enorme expansión, y de partes industriales dirigidas a los Estados Unidos.

Junto a los casos más emblemáticos de gobiernos de este tipo, como los encabezados por Ignacio Lula de Silva en Brasil, y de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, un sinnúmero de otras fuerzas y personeros con grados muy disímiles en materia progresista y en tiempos diversos triunfan en Paraguay, Uruguay, Ecuador, Chile, Honduras, Panamá y El Salvador, lo que permite la creación de una política con dimensiones regionales que se plantea mayores autonomías frente a Estados Unidos, en política exterior, y en acuerdos comerciales intrarregionales y financieros7.

4.- Razones del agotamiento político

No se puede desconocer el papel que han jugado Estados y capitales del mundo desarrollado en los afanes por debilitar, cuando no defenestrar los procesos políticos gestados en la región en este tiempo, aliados a sectores de las clases dominantes locales. La destitución de los presidentes de Honduras, Paraguay y Brasil, en tiempos diferentes, no son ajenas a lo antes señalado, así como las maniobras golpistas en Bolivia, Venezuela y Ecuador.

También se ha puesto énfasis en el fin del excepcional periodo económico que vivió la región en la primera década de este siglo como elemento clave para explicar el debilitamiento de los gobiernos progresistas y de los gobiernos populares. Sin desconocer la significación de los puntos anteriores, considero que no se ha otorgado suficiente peso a las razones internas referida a lo que estos gobiernos hicieron y dejaron de hacer y que alimentaron su fragilidad.

Para el caso de los llamados gobiernos progresistas, y en particular para los casos de Brasil y Argentina, un asunto central se encuentra en el predominio de proyectos políticos que privilegian la conciliación de clases, esto es, alentar programas para mejorar las condiciones de vida particularmente de la población ubicada en la pobreza, y elevar salarios, generar empleos (con nuevas universidades, entre otras), y otras prestaciones sociales que beneficiaron a franjas obreras y de la pequeña burguesía asalariada, manteniendo cuando no incrementando, sin embargo, importantes prerrogativas a las fracciones y sectores más poderosos del capital, con tibios o nulos proyectos que retuvieran alguna cuota de las cuantiosas ganancias que percibían.

Estos proyectos políticos no podían sino generar fragilidades para los gobiernos en el corto o mediano plazo, por la dificultad de mantener equilibrios frente a demandas y presiones sociales contradictorias. Esta razón es la que subyace en la pérdida de apoyos que sufren los gobiernos progresistas desde unos y otros agrupamientos, los que terminarán por agudizarse para cuando la capacidad de sostener las políticas de equilibrio se reducen ante la baja de los ingresos que se captaban por las exportaciones.

 

Si a la política de conciliación se añaden las denuncias por casos de corrupción8, alcanza sentido la desmovilización y desafección de los sectores populares cuando el Congreso destituye a la presidenta Dilma Rouseff en Brasil, o que propicia la derrota electoral de las fuerzas kirchneristas en las elecciones presidenciales en Argentina. Con posterioridad se generan importantes movilizaciones y protestas, pero ello no permite ocultar el sintomático repliegue y la desmovilización inicial.

 

Los llamados gobiernos populares, a pesar de diferencias importantes, comparten a su vez debilidades consustanciales a la concepción misma de lo que estos gobiernos consideran representar y expresar9. Existe el error común de asumir el triunfo electoral como conquista del poder político, o bien como parte de un proceso que se enfila en esa dirección, y que se logrará en la medida que se mantengan dichos triunfos y se ganen mayores posiciones en el aparato de Estado. En algún momento –se supone- se producirá un punto de bifurcación. Y ello acontecerá sin necesidad de romper con la institucionalidad imperante10.

 

Esta idea matriz termina condicionándolo todo, en tanto la acumulación de fuerza social de los dominados debe terminar expresándose en fuerza electoral y en los tiempos que la disputa electoral establece, y debe discurrir por los canales institucionales. De esta forma las dinámicas de los movimientos sociales terminan siendo encorsetada a esos tiempos y espacios, lo que provoca desgaste, agotamientos y repliegues.

En estas condiciones los sectores dominantes desarrollan una guerra de desgaste, ya que la propia institucionalidad imperante en el aparato de Estado es un territorio político que entraba la marcha de procesos y proyectos rupturistas. Nadie puede desconocer lo mucho realizado por estos gobiernos. La pregunta clave, sin embargo, es si no se contaban con fuerza social disponible para tareas mayores. Porque el no lograr metas mayores puede tener como consecuencia que mucho de lo ganado se pierda bajo nuevas autoridades de gobierno. Allí está lo que acontece en estos días en Ecuador, tras el triunfo de Lenin Moreno, su distanciamiento de Rafael Correa y sus ofensivas contra los logros de la llamada revolución ciudadana.

 

Amarrados a la ruta establecida, el desgaste político de los gobiernos populares aparece como un camino previsible. Es en este cuadro que inciden la caída de precios de las exportaciones y los recursos de los gobiernos. Pero no está aquí la razón de fondo de sus debilidades.

Con los repliegues y desmovilizaciones generadas en la región, como resultado de los problemas presentes en los gobiernos progresistas y populares, no tiene nada de extraño el avance electoral y político de fuerzas de derecha, las que han aprovechado los espacios otorgados, o posibles de arrebatar, así como la disgregación y atomización de amplios sectores que conformaban antigua fuerza disponible y la desorientación propiciada en amplios sectores sociales.

 

5.- Hacia el Estado de contrainseguridad con coro electoral 11

5.1.- Crisis de la democracia liberal representativa y de sus remedos en América Latina

En el mundo desarrollado, particularmente en Europa Central y en Estados Unidos, el triunfo de la gran burguesía productiva y financiera y sus golpes al mundo del trabajo han propiciado que a poco andar se presente la crisis de la democracia liberal representativa, forma de gobierno que madura con posterioridad a la segunda guerra. Las bases que la hicieron posible fue el resultado de significativos cambios en los procesos de reproducción del capital, la multiplicación de la productividad y la generación de nuevos y diversos valores de uso. En ese cuadro, potenciar el consumo de los trabajadores pasó a constituir una necesidad vital para el capitalismo desarrollado, a fin de generar los mercados para realizar la plusvalía, lo que se propició por incrementos en los salarios, nuevas prestaciones sociales y programas de mayor seguridad social. El llamado Estado Benefactor comenzaba a tomar forma.

Pero también se encuentran razones políticas de la mayor relevancia en este giro civilizatorio del capital en el mundo desarrollado. La segunda guerra implicó un avance inesperado del socialismo real en términos territoriales. Una franja nada despreciable de Europa Oriental pasó a formar parte de la Unión Soviética, al tiempo que en China la revolución daba un salto significativo en su poderío con la primera explosión atómica en 1947.

Frente a estas amenazas, las clases dominantes de Europa Occidental y de los Estados Unidos debieron incrementar los programas sociales y los ingresos de su población trabajadora, sobre bases que eran compatibles con la reproducción capitalista, a fin de disminuir los peligros que aquella fuese ganada por los discursos de la revolución y el socialismo. Pero ese periodo llegó a su fin con la aguda guerra de clases que el capital desató en las últimas cuatro o cinco décadas en todo el mundo, tras la caída de la tasa de ganancia, y el posterior derrumbe del campo socialista, lo que alentó un radical deterioro de las condiciones de trabajo, de seguridad y de vida para el grueso de la población trabajadora, proceso que aún prosigue y que hace de la precarización laboral la norma, en medio de un nuevo reordenamiento del sistema mundial capitalista.

 

A estos elementos se suman en todo el sistema la expansión de la acumulación por la vía de actividades ilegales y la multiplicación de dinero sucio, propiciando que las fronteras con la reproducción legal del capital se haga cada vez más difusa12.

 

En este terreno minado, la clase reinante y la clase política no han escapado a la descomposición imperante, apuntalando la imbricación de operaciones legales e ilegales, favoreciendo procesos de corrupción de todo tipo, en donde se ven involucrados desde altos mandos del aparato estatal y funcionarios de todos los niveles.

Todo ello ha alentado una desconfianza creciente hacia funcionarios que administran el aparato de Estado y dirigentes políticos, propiciando crisis de legitimidad del mando político, otra de las expresiones de la crisis de la forma de gobierno. A ello se suma que el puente de los partidos políticos como instancia de representación se ha debilitado, cuando no fracturado, tendiendo a convertirse en cotos de grupos de poder, de burócratas y funcionarios, cada vez más preocupados de sus negocios con recursos públicos.

 

No hay terreno de la democracia liberal representativa y del remedo de democracia en América Latina que no se haya visto golpeado y debilitado, alentando el desencanto de franjas crecientes de la población con la política. Todos estos elementos se hacen presentes también en la crisis político-estatal en las sociedades del capitalismo dependiente. Sólo que en estas sociedades, en rigor, no se puede hablar de crisis de la democracia liberal representativa, porque simplemente esta forma de gobierno sólo alcanzó a presentar remedos y sombras en la región.

Y muchos de los signos de la crisis político-estatal de la democracia liberal representativa alcanzan mayor agudeza en la organización política del capitalismo dependiente, como la corrupción de funcionarios públicos y la difusa frontera entre clase reinante, clase política y aquellas franjas del capital que se reproduce en operaciones ilegales. Odebretch se ha convertido justamente en el paradigma de corrupción y degradación de sectores del gran capital y de altos funcionarios públicos en la región, en este caso para ganar sustanciosas licitaciones públicas. A esta corrupción se asocia la impunidad del alto personal del aparato de Estado.

 

5.2.- El Estado de contrainseguridad con coro electoral: respuesta a la crisis13

La crisis de los remedos de democracia en la región, la destitución de los presidentes en Honduras (2009), Paraguay (2012), y Brasil (2016) por medio de golpes blandos, la crisis de los gobiernos populares de Venezuela y Bolivia, cada vez más cercados por movilizaciones internas y por el acoso internacional, e incluso el ascenso de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina, en un proceso de avasallamiento mediático, económico y judicial contra el gobierno anterior (Beinstein: 2018), ponen de manifiesto que el periodo abierto con la llamada transición a la democracia ha llegado a su fin en la región, y que asistimos a una reconfiguración de las formas de gobierno que emergieron de aquel proceso, con la puesta en marcha de una nueva forma, el Estado de contrainseguridad con coro electoral.

Una de las razones que explican la fuerza con la que madura esta nueva forma de gobierno en la segunda década del siglo XXI, y que ya presenta antecedentes en la década previa, tiene relación con un nuevo estadio de desarrollo de la fracción burguesa productora y exportadora de materias primas, alimentos y de partes industriales ligados a las industrias automotriz y electrónica y al ensamble, así como de la fracción bancaria y financiera, ambas en estrecha relación con capitales extranjeros, resultado de la enorme expansión de sus actividades e ingresos en la primera década del siglo actual.

El Estado de contrainseguridad con coro electoral también es resultado de los embates de aquellas fracciones y del capital internacional con inversiones en la región en contra de las políticas sociales de los gobiernos populares y progresistas, lo que lleva al conjunto del capital a redoblar esfuerzos para recuperar la gestión del aparato de Estado, buscando poner término a aquellos gobiernos, y a reforzar en toda la región las políticas de seguridad, concebidas en un sentido amplio, no sólo para hacer frente al crimen organizado o la delincuencia, sino también, en lugar destacado, a las fuerzas sociales, organizaciones y líderes que cuestionan las políticas del capital. Es así una respuesta a las exigencias económicas y políticas del capital, lo que reclama nuevas derrotas del mundo del trabajo y de los sectores populares. .

En esta nueva forma de gobierno se mantienen las consultas electorales, pero bajo procedimientos de mayor control, sea de las fuerzas que participan, de los candidatos, y de los resultados14, para reducir los peligros de sorpresas como los gobiernos populares y los progresistas. Esto reclama derrumbar la credibilidad y poner fin político a organizaciones que amenacen la paz social y electoral que los grandes capitales reclaman. También destruir –cuando no eliminar15- a líderes sociales y políticos que pueden encabezar respuestas de masas. La posible “eliminación” de Lula da Silva de las boletas para elegir presidente en Brasil es parte de esta nueva lógica, como lo fueron la destitución de presidentes; de igual forma puede interpretarse la poderosa ofensiva mediática de desprestigio que se ha desplegado contra Cristina Fernández, no sólo para derrotarla electoralmente, sino para destruirla como opción para futuras contiendas.

En el Estado de contrainseguridad con coro electoral se busca alcanzar mayor control de la sociedad por mecanismos en donde se incrementa la percepción de inseguridad pública; a través de elevar el miedo a la presencia y acción de enemigos de la paz social y de los valores de “la comunidad”; de descalificar y reprimir la resistencia social, procedimientos que buscan desarticular las organizaciones populares y desmovilizar a la sociedad, restarle iniciativa y justificar la vigilancia y la intervención policial y militar. Para ello es necesario que la prensa y otros medios de comunicación, particularmente púbicos, sufran embates que limiten sus actividades, al tiempo que se incrementa el peso de la prensa y la televisión afín a los intereses sociales que se busca que prevalezcan.

Al mismo y como respuesta a la carencia de oportunidades laborales, se destacan las bondades del autoemprendimiento, de pasar de trabajador a “socio” de alguna marca, como choferes de Uber, repartidores de alimentos o de mensajería, donde los “socios” no sólo no reciben salarios ni prestaciones sociales, sino que además pagan algún porcentaje de sus ingresos para continuar siendo partícipes del negocio.

La nueva forma de gobierno presenta muchos puntos en común con el Estado de contrainsurgencia, como perseguir o eliminar a quienes critican las políticas en marcha o denuncian la corrupción, la impunidad o abusos de autoridades civiles o militares16; establecer nuevas leyes en materia de seguridad pública17; la reorganización de fuerzas policiales, de aparatos de inteligencia y seguridad y de las Fuerzas Armadas18 y mayor presencia en calles y ciudades19, y la puesta en marcha de nuevos sistemas de control y vigilancia de los opositores20. También de nuevos acuerdos con los aparatos de inteligencia, de seguridad y con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Junto con impedir la repetición de experiencias como los gobiernos populares y progresistas, bajo la nueva forma de gobierno también se busca el logro de otras metas para avanzar en los proyectos del gran capital local y trasnacional, como redoblar la marcha en las políticas de ajuste en nuevas reformas laborales y en la reformulación de las pensiones; proseguir la venta a capitales privados de bienes y recursos públicos, y construir nuevos acuerdos regionales con otros mercados para ensanchar los campos de acción del gran capital exportador de la región.

Los pasos para configurar la nueva forma de gobierno no puede sino generar rechazos en amplios sectores de la población, por la afectación que propicia en sus condiciones de vida; por la militarización de calles y ciudades y por la criminalización de los movimientos sociales y dirigentes; por la secuela de muerte de civiles, acusados en general de formar parte de bandas de delincuentes, sin que tribunales civiles puedan meter mano en los procesos. De manera más acelerada en unos casos, y más lenta en otros, esta nueva forma de gobierno se concretiza en el conjunto de la región, poniéndose en marcha las diversas dimensiones que la caracterizan. El incremento de la violencia estatal será una condición necesaria para que alcance formas maduras, y con mayores razones si se considera que los movimientos populares en la región han sido golpeados y en muchos casos puestos en repliegue, pero en ningún caso desarticulados.

Nota final 1

Al avance del Estado de contrainseguridad con coro electoral y la degradación en general de la vida pública, se suma la crisis de proyectos alternativos al capitalismo, lo que incrementa la desorientación política y el imaginario de un futuro con sentido.

Enfrentar estos procesos no pasa por añorar tiempos pasados. Los Estados benefactores en el mundo desarrollado y sus políticas sociales y de seguridad social respondieron a un momento de la reproducción capitalista y de la lucha de clases que ya no es posible repetir. Sus remedos en el capitalismo dependiente también ya agotaron su historia, al igual que los remedos de democracia.

Nota final 2

El contundente triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales en julio pasado en México, y del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, constituye un paso a contrapelo de las tendencias prevalecientes antes expuestas.

Es el primer triunfo electoral en la historia política de México de una fuerza de izquierda en elecciones presidenciales. No sólo eso, el triunfo ha sido en una contienda con una participación de votantes por arriba de los promedios anteriores, y con una margen de apoyo inusitado: el 53 % de todos los votos. Ello ha llevado que los partidos tradicionales hasta ahora imperantes, léase el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional (PAN) hayan quedado en minoría en el Parlamento en ambas cámaras, las de diputados y senadores, y haya perdido los cargos de gobernadores y las mayorías también en los parlamentos estatales.

¿Qué de particular ocurre en México que explica esta situación excepcional? Se pueden enumerar muchos asuntos: los agudos niveles de inseguridad que prevalecen en amplios territorios del país; escándalos por procesos de corrupción donde la clase política y las autoridades de gobierno se han visto involucradas; el empeoramiento de las condiciones de vida del grueso de la población; la división de las clases dominantes que llegaron hasta el final electoral con dos candidatos, en un sistema que no cuenta con segunda vuelta electoral.

Pero todo esto y mucho más se queda en la superficie del proceso. En México se ha asistido a una verdadera rebelión ciudadana, que ha implicado que el grueso de la población ha roto con fetichismos, trampas ideológicas y ataduras culturales que por lo general tienden a producirse masivamente en momentos muy particulares de las luchas sociales. Ni las amenazas de los grandes empresarios, ni las catástrofes anunciadas han hecho retroceder a los votantes en su opción por el cambio.

Más allá de las decisiones del futuro gobierno, amplios sectores de la población se manifiestan dispuestos a empujar porque las transformaciones prometidas tomen forma. Y esto abre un escenario nada común.

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Notas:

1.- Para abandonar la noción de poder en el Estado, Ávalos distingue entre autoridad y poder (Ávalos: 2015a, 203), en donde la primera se ejercería sobre seres libres, en tanto el segundo sería un mando despótico sobre siervos y esclavos. Pero en El capital se demuestra que la libertad del obrero es justamente su sometimiento al poder despótico del capital (Marx:1973, 267-268), ya que en su desnudez de medios de producción puede renunciar a un capital, para terminar ofreciéndose a otro, lo que muestra la ficción de libertad que posee (Ibid, 486). Toda su vida está sometida al capital (Ibid, 518). Sólo asumiendo la ruptura entre economía y política en el capitalismo, que favorece la mistificación, podría señalarse que en la esfera económica hay poder, pero en la esfera política individuos libres que deciden sobre la vida en común.

2.- Dice Marx que “(…) el poder del Estado no flota en el aire”. Y remite a clases: “Bonaparte representa a una clase, que es además, la clase más numerosa de la sociedad francesa: los campesinos parcelarios”. (Marx: 1980, t. I, 489). Este material, y otros escritos políticos que siguen a sus obras maduras, constituyen para Ávalos “análisis coyunturales (...) en lo que el plano de lo político se concibe como el terreno de la transcripción (sic), ciertamente contradictoria y sesgada por lo efímero (sic), de intereses de clase”. (Ávalos: 2007, 34), en su interés por minimizarlos, al no corresponderse con la propuesta estatal que ofrece.

3.- Adscribiéndose a esta corriente, y para explicar las transformaciones estatales en las últimas décadas, Ávalos señala que “el aparato de Estado fue conquistado (…) por la lógica del capital” y que “la antigua máquina burocrática del Estado benefactor” ha sido “desplazad(a) por una dinámica empresarial” (Ávalos: 2015a, 123). Es un “exterior” el que “conquista y desplaza”, y. el Estado, aun integrando el aparato, en su propuesta es ajeno a las clases.

4.- Frente al arribo del empresario Donald Trump al gobierno de Estados Unidos se pueden mencionar otros triunfos electorales recientes que manifiestan esa condición excepcional.Pero ni Angela Merkel ni Emmanuel Macrón, por ejemplo, son miembros de las burguesías alemana ni francesa.

5.- En la solución de Ávalos de integrar el aparato al Estado (2015b: 56), alimenta a su vez esta confusión. Los expresidentes de México como Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, serían integrantes de las clases dominante, junto a los Slim, Azcárraga y Larrea. Identificar Estado y aparato permite dar sustento a la tesis que el poder político se puede alcanzar ganando posiciones en el aparato de Estado, sueño de toda política reformista. Pero entre el aparato de Estado y el Estado existe un hiato social y político. Es por ello que fuerzas sociales y personajes con mayores o menores conflictos con el capital pueden arribar al aparato (como Allende, Chávez o Morales), sin que ello implique que alcanzaron al Estado y con ello el poder político.

6.- El tema, que nos lleva a los problemas de las revoluciones anticapitalistas en la llamada periferia del sistema mundial capitalista, lo he desarrollado inicialmente en el libro Explotación redoblada y actualidad de la revolución.Refundación societal, rearticulación popular y nuevo autoritarismo. UAM/Itaca, México, 2009. Un nuevo desarrollo se encuentra en el libro Sistema mundial, intercambio desigual y renta de la tierra, UAM/Itaca, 2017, México, cap. I, “El despliegue del capital en el Estado-nación y en el sistema mundial”.

7.- Procesos de los cuales se excluyen México, Colombia, Perú y Chile, los dos primeros por la presencia de fuerzas políticas tradicionales o derechistas en los gobiernos. Chile, por la fuerte dependencia de su comercio exterior con Estados Unidos en esos años y por mantener lejanía con experiencias que recuerden los años de la Unidad Popular, a pesar que personeros progresistas llegan a la presidencia.

8.- No es que no hubo corrupción. Pero el despliegue mediático local e internacional para dar cuenta del problema muestran que la cruzada contra la corrupción ha cargado sus tintas contra los gobiernos populares y progresistas en la región. (Romano: 2018).

9.- Aquí habría que excluir a Ecuador, en donde la idea de construir socialismo no tuvo mayor audiencia.

10.- El reformismo neogramsciano reinterpreta la guerra de posiciones formulada por Gramsci, postura que ganó peso en las décadas de los golpes militares en la región, particularmente reflejada en la obra de Portantiero (1977). En años recientes encuentra en la obra de Álvaro García Linera una importante retoma, aderezada con “el último” Poulantzas. (García Linera: 2015).

11.- “En la tragedia griega el centro del escenario lo ocupaban casi siempre los héroes (…). La vida cotidiana tenía reservado (..) un espacio subalterno y sin rostro: el del coro”. (Nun: 1989, 11). Con “coro electoral” quiero destacar el peso secundario de los ciudadanos y de las elecciones en la nueva forma de gobierno.

12.- Producción y venta de drogas y estupefacientes de todo tipo, tráfico de órganos, tráfico de personas, tráfico de armamentos, de material para fisión nuclear, blanqueo y lavado de dinero en actividades inmobiliarias, masivas operaciones fraudulentas por internet, apropiación de información en redes sociales y venta, son algunas de las nuevas actividades de la acumulación del capital.

13.- Es común señalar que nos encontramos en un periodo de crisis estatal, y se han multiplicado las nociones que buscan dar cuenta de dicha crisis:“fragmentación” o “desintegración” del Estado (Roux: 2010 ), “disolución” del Estado (Ávalos: 2010 ), a la que éste agrega recientemente la de “crisis de la estatalidad”, como resultado del quiebre del principio del Estado Leviatán y del Estado Res pública (Ávalos: 2015a, 237-238), lo que pondría en discusión la autoridad del Estado, y su capacidad de expresión de las decisiones ciudadanas, en una vuelta de tuerca a la supuesta capacidad estatal de expresar esas decisiones. En el seno del capitalismo no es posible que la vida en común se pueda desarrollar sin Estado. La manifestación de problemas de seguridad, como en México, no han paralizado los procesos de reproducción del capital ni el dominio de las clases ligadas a éste. Con lo anterior no se pretende señalar que –en México en particular, desde donde se han formulado los términos anteriores - no ocurre nada. Simplemente poner de manifiesto que las nociones empleadas, como “fragmentación” del Estado, y peor aún, “disolución” del Estado, conducen a serios equívocos teóricos y políticos. El Estado feudal se puede “fragmentar”, lo que hizo posible, por ejemplo, que la revolución china fuera ganando poderes parciales en la larga marcha. Pero el Estado capitalista es un poder altamente centralizado, lo que impide que se le pueda destruir y reemplazar por partes.por un nuevo poder. Por otro lado los Estados capitalistas no se “disuelven”. De esta forma serían innecesarias las revoluciones. Por ello es que su fin pasa justamente por la destrucción de sus relaciones, en procesos de revolución.

14.- La seguridad electoral refuerza la tendencia a la realización de todo tipo de maniobras y fraudes, desde la compra de votos, engaños cibernéticos o simple manipulación de boletas y de recuentos. La reelección de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, tras un escandaloso fraude en las elecciones de 2017, forma parte de viejas historias en las nuevas condiciones.

15.- Fórmula contrainsurgente que el Estado colombiano ha aplicado de manera efectiva en las últimas décadas, asesinando a dirigentes sindicales obreros y campesinos, líderes sociales y dirigentes guerrilleros que han pasado a la vida institucional.

16.- Aquí se ubica la elevada cantidad de periodistas mexicanos asesinados en los últimos años. También el reciente asesinato en Brasil (14 de marzo del 2018) de la legisladora del PSOL, Marielle Franco, tenaz opositora a la presencia de militares en Río de Janeiro, y a los crímenes de las fuerzas de seguridad en las favelas.

17.- A fines de 2017 se aprobó en México una nueva Ley de Seguridad Interior, que otorga mayor presencia y operatividad a las Fuerzas Armadas, tras la intervención del Ejecutivo en estados o municipios. La nueva ley, aprobada con la oposición de organismos locales e internacionales de derechos humanos, deberá ser sancionada por la Suprema Corte de Justicia, por decisión del presidente Peña Nieto.

18.- A solicitud del presidente Macri en marzo de 2018, el Ministerio de Defensa creará una unidad especial, la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR), conformada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas, para apoyar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el cuidado de los recursos naturales, asunto que refiere a la presencia de organizaciones mapuches en zonas boscosas del sur del país, entre ellas el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que reclaman su derecho a las tierras que ocupan, y en donde ya hubo enfrentamientos el 2017. Lo relevante de esta decisión es que permite operaciones de las Fuerzas Armadas al interior del territorio, lo que no ocurría desde las dictaduras militares en los años ochenta (Beinstein: 2018). En la misma línea, en octubre de 2017 el gobierno brasileño aprobó la creación de un nuevo Ministerio Extraordinario de Seguridad Pública, que agrupa a todas las fuerzas del orden, bajo el mando del hasta entonces Ministro de Defensa. Tribunales y fiscales militares investigarán la muerte de civiles durante las operaciones armadas.

19.- El 16 de febrero de 2018 Michel Temer declaró la “intervención federal” en el Estado de Río de Janeiro, entregando a un general el mando sobre militares y policías.

20.- En 2017 se informó que los aparatos de inteligencia del Estado mexicano espiaban a periodistas críticos, infiltrando con un mensaje SMS sus celulares con el sistema Pegasus, adquirido a Israel, que permite que cámara y micrófono queden bajo control de la seguridad estatal. En Chile, como parte de la Operación Huracán, iniciada en septiembre de 2017, Carabineros detuvo a ocho dirigentes mapuches acusados de quemar iglesias y camiones en La Araucanía. Más tarde se descubrió que la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros no sólo espió a periodistas de diversos medios que seguían el caso, que se prolongó meses, sino que “sembró” conversaciones en los celulares de los detenidos, para ofrecerlos como prueba de culpabilidad y de pertenecer a una organización subversiva y criminal. En marzo de 2018 el Director General de Carabineros y el Director de Inteligencia de la institución, conocedores del montaje, debieron presentar su renuncia.

Jaime Osorio. Profesor/investigador. Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245150

En consecuencia, tanto Jaime Osorio como el Foro de Sao Paulo se basan en la realidad actual del capitalismo y en los relatos propagandísticos de los progresismos e izquierdas afines. Pero no han escuchado ni escuchan a las organizaciones populares en lucha por las justicias social y ambiental. Emiliano Teran Mantovani, al tenerlas en cuenta por ser ecólogo político, advierte:

 

Las nuevas condiciones materiales que se han desarrollado en los últimos tres lustros –agudización de las crisis urbanas, avances de la frontera extractiva, crecimiento absoluto de los metabolismos sociales, sistemas sociales más complejos y emergencia de nuevos grupos de poder, vigorización de las economías informales, crecimiento y sofisticación de grupos delincuenciales urbanos y rurales, avance geopolítico de China y Rusia en la región, entre otros factores–, apuntan al potencial crecimiento de conflictos, revueltas sociales e intensas disputas territoriales por los bienes comunes y los territorios.

Los mecanismos de construcción de consenso social por medio de la distribución masiva de las rentas del extractivismo, que caracterizó en muy buena medida a los gobiernos progresistas y en general a este ciclo político regional determinado por el boom de las commodities.

 

América Latina en el cambio de época:

¿normalizar el estado de excepción?

23 de marzo de 2018

 

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

 

 A Marielle Franco, Sabino Romero, Berta Cáceres, Santiago Maldonado, Macarena Valdés, Yolanda Maturana. A todas y todos los que nos arrebataron, los que murieron por la vida

  

Panoramas inciertos y cambio de época en América Latina

Tiempos complejos y difíciles se viven para América Latina en la actualidad, de reflujo para las izquierdas y los progresismos, y de intensificación de las múltiples contradicciones sociales, políticas, económicas y geopolíticas que caracterizan la región. A estas alturas, antes que seguir preguntándonos si se ha cerrado un ciclo, parece más pertinente y estratégico tratar de revelar cuáles son las formas generales que pueden tener los nuevos tiempos que se están configurando.

Las cosas, en efecto, ya han cambiado. Las nuevas condiciones materiales que se han desarrollado en los últimos tres lustros –agudización de las crisis urbanas, avances de la frontera extractiva, crecimiento absoluto de los metabolismos sociales, sistemas sociales más complejos y emergencia de nuevos grupos de poder, vigorización de las economías informales, crecimiento y sofisticación de grupos delincuenciales urbanos y rurales, avance geopolítico de China y Rusia en la región, entre otros factores–, apuntan al potencial crecimiento de conflictos, revueltas sociales e intensas disputas territoriales por los bienes comunes y los territorios.

Los mecanismos de construcción de consenso social por medio de la distribución masiva de las rentas del extractivismo, que caracterizó en muy buena medida a los gobiernos progresistas y en general a este ciclo político regional determinado por el boom de las commodities, han sido afectados de manera importante (aunque de forma diferenciada dependiendo el país). Esto ha sido así por los efectos de corto y mediano plazo que provocó el período de recesión económica detonado desde la crisis mundial 2008-2009, pasando por el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas iniciado en 2014 hasta la actualidad.

Esto tiene importantes implicaciones políticas, que no pueden ser sólo evaluadas en el corto plazo, ante una ‘recuperación’ económica regional en 2017: el atornillamiento y la profundización de la dependencia a los sectores primarios, los altos niveles de endeudamiento externo público y privado, y los límites estructurales en la capacidad de respuesta de las economías de la región, entre otros factores, minan las bases económicas que han permitido un tipo de gobernabilidades “inclusivas” que, en diversos grados, se expresaron en el ciclo progresista.

Ante esto, parece redimensionarse y cobrar aún mayor relevancia el rol de la violencia como mecanismo de poder estatal y para-estatal, y de intermediación en las disputas económicas y ecológicas en la región.

En el horizonte se vislumbran al menos dos factores determinantes en el desarrollo de este cambio de época:

  •  Por un lado, los ingredientes para una nueva crisis global, con iguales o mayores dimensiones de la desencadenada diez años atrás, persisten. Destacan las tendencias al ‘estancamiento secular’ de la economía mundial (FMI dixit ) , la incertidumbre sobre la economía china, el fin de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos ( ‘quantitative easing’ o QE ) o la ya cada vez más anunciada burbuja global de los precios de los activos –¿la madre de todas las burbujas?
    Estos elementos, como ha ocurrido en otros procesos históricos en América Latina, pueden operar como detonantes de nuevos ciclos de crisis.
     

  • Por otro lado, y en consonancia con esta situación global, América Latina está siendo atravesada con mayor profundidad por la confrontación internacional entre los Estados Unidos (y sus aliados) y China y Rusia (y sus aliados), resaltando la aceleración de la lógica belicista y militarista del Gobierno norteamericano, con su explícita idea de “ Preservar la paz mediante el uso de la fuerza ” ( PILLAR III Preserve Peace Through Strength [1] ) y su persistente y progresivo re-posicionamiento militar en la región (directo o indirecto), con especial foco en Venezuela.

El fin de ciclo se estructura desde arriba como contención: ¿el estado de excepción como norma?

El conjunto de factores descritos parecen apuntar a una temporalidad en la región donde se van instalando y consolidando el escenario y las lógicas de una situación extraordinaria o de emergencia, que sirven de pilares a la normalización y permanencia de regímenes de excepción. Esto amerita evaluarlo con mucho cuidado en la medida en la que proliferan normativas de emergencia y nuevas doctrinas de seguridad nacional, donde prevalecen los criterios de eficiencia política en detrimento del estado formal de derechos sociales consagrados.

A su vez, toman un nuevo auge las narrativas beligerantes en las cuales resalta la tipificación de amenazas y el ‘enemigo público’ a combatir, lo que da carta blanca a las fuerzas militares y cuerpos de seguridad para actuar con “mano dura” y celeridad, a penetrar todo tejido social e institucional para enfrentar estos “desafíos” a los “intereses de la nación”. Todo esto va poniendo en suspenso las ya subordinadas, frágiles y agredidas ‘democracias’ latinoamericanas.

 

Pero es necesario insistir que no se trata únicamente de la reformulación de políticas impulsadas por viejos gobiernos de derecha u otros recién instalados, luego del desplazamiento de gobiernos progresistas. Estas dinámicas de excepcionalidad y beligerancia atraviesan tanto a conservadores como a progresistas. En cada caso varía, ciertamente. Sin embargo, antes que evaluar estos procesos sólo como propios de los gobiernos conservadores, es necesario resaltar cómo también van permeando y determinando de manera creciente la política de los progresismos, cómo inciden significativamente en sus regímenes de gobernabilidad, y por tanto, en el perfil del cambio de época que se configura desde arriba. En cualquiera de los casos, prevalece la razón de Estado, la conservación del poder y la búsqueda de viabilidad política para ejecutar las reestructuraciones y flexibilizaciones económicas que están en desarrollo en esta nueva fase del extractivismo en América Latina.

 

En Argentina, en el contexto de la declaración de la Emergencia en Seguridad Pública a partir de 2016, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, anuncia una "nueva doctrina" del ejercicio de la autoridad en la cual “el Estado es el que realiza las acciones para impedir el delito" [2] . Mediante una modificación al Código Penal se buscaría darle más garantías a la policía –pues "sólo" se les permite disparar en legítima defensa − y otorgarle funciones de seguridad interior al sector militar.

 

En Brasil, tras el reciente decreto de militarización de Río de Janeiro –medida tomada ante la ‘emergencia’ para ‘combatir el crimen organizado en la ciudad’−, el gobierno de facto de Michel Temer declaró que este plan servirá como un "laboratorio" para todo el país, por lo que no descartó que las fuerzas armadas sean desplegadas en otras regiones [3].

 

En Venezuela, en medio de la situación de alta conflictividad política y geopolítica, y de colapso económico, se ha impulsado una creciente militarización de todos los ámbitos de la vida y la instauración, de hecho y de derecho, de un estado de excepción en el país. El mismo se ha convertido en condición permanente dada su ejecución por medio de decretos oficiales emitidos desde enero de 2016 – declarando el “ estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional ”– , los cuales son prorrogados continuamente hasta nuestros días. El Decreto N° 2.849 del 13 de mayo de 2017 [4] indica que podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, con algunas salvedades.

 

En Colombia, donde el estado de excepción constituye un instrumento ordinario de la política gubernamental y de las estructuras jurídicas desde hace ya varias décadas, el escenario post-acuerdo (desde noviembre de 2016) no supone la interrupción del proceso de militarización imperante, la asistencia militar por parte de los EEUU, ni la intensa represión social y desaparición de activistas que está en desarrollo en el país [5] .

 

El caso mexicano es también conocido, en el cual se instaura de facto un régimen de excepcionalidad desde la declaración de “Guerra contra el narcotráfico” en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) – que ha dejado miles y miles de muertos − hasta la reciente promulgación de la controvertida Ley de Seguridad Interior (diciembre de 2017) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ordena la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se identifiquen amenazas a la seguridad interna.

 

En Honduras, país que refleja de manera dramática estas lógicas imperantes en Centroamérica, se va desarrollando un incremento de la militarización desde el Golpe de Estado ejecutado en 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, lo cual se va intensificando a partir de 2012-2013 (durante la presidencia de Porfirio Lobo) con la ampliación de funciones que el Ejército cumple en relación al control de la seguridad ciudadana y la creación de laPolicía Militar de Orden Público (2013) [6] . A raíz de las intensas protestas sociales que se produjeron ante las irregulares y dudosas [7] elecciones presidenciales de diciembre de 2017, que dieran como ganador a Juan Orlando Hernández (JOH), se declaraba el estado de excepción y la suspensión de varias garantías constitucionales en 18 departamentos del país, lo que en definitiva dejó más de una veintena de muertos, adjudicados por ONU a una fuerza excesiva y letal por parte de los cuerpos de seguridad de Honduras , en particular de la policía militar [8] . Cabe añadir que JOH declaró que América Latina debe prepararse y “adelantarse” ante posibles atentados terroristas [9] , lo que va en consonancia con la progresiva reinstauración de las doctrinas de seguridad nacional en esta sub-región.

 

Una semana después de iniciada la presidencia de Horacio Cartes en Paraguay (agosto de 2013), se procedió a la reforma de la Ley 1337/99 de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, lo cual otorgaba al presidente vía decreto, sin acuerdo del Parlamento y por el tiempo que éste considerase conveniente, la facultad de militarizar zonas enteras del país con el objetivo de “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial” [10] . La medida hacía alusión al combate de grupos armados, como el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), a quienes se le atribuyese el asesinato de cinco personas en Tacuatí, ese mismo mes de agosto. Las órdenes de militarización se asignaron a los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, destacando el rol de la “ Fuerza de Tarea Conjunta ” (FTC), unidad especial asignada para estos fines, principalmente en el norte del país.

 

La configuración de regímenes de excepción no debe ser interpretada únicamente como un proceso centralizado, homogéneo y estable. Se trata también de la combinación de zonas de “paz” y de consumo, y algunas políticas de asistencia social, con lo que podríamos entender como estados de excepción selectivos, que se van estableciendo local e incluso flexiblemente, dependiendo de diversos factores coyunturales y de los diferentes focos de resistencia y movilización social que puedan provocar los acontecimientos. Conviene destacar a su vez, que el desencadenamiento de nuevos sucesos entendidos como “perturbaciones”, pueden ser utilizados como la “evidencia” o “confirmación” de la existencia de una amenaza a la seguridad nacional, lo cual sirve para establecer, consolidar, reforzar e incluso radicalizar estas tendencias generales de excepcionalidad.

 

En estas claves pueden ser evaluados, por ejemplo, el decreto de estado de excepción que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, estableció a fines de enero de 2018 en San Lorenzo y Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas (frontera con Colombia), a raíz del atentado con un carro bomba ocurrido frente a una estación de la Policía, lo que fue calificado por Moreno como un ataque “terrorista” atribuido al narcotráfico [11] . Del mismo modo, durante dos meses se estableció el estado excepción en la provincia amazónica Morona Santiago, a raíz del levantamiento de la comunidad indígena shuar contra las actividades mineras en su territorios a mediados de diciembre de 2016[12] (gobierno de Rafael Correa), mientras que el ministro del Interior, César Navas, indicaba que la presencia militar se mantendría en la zona atenta ante cualquier eventualidad; o bien, similar decreto en el cantón Zaruma (provincia fronteriza de El Oro) en septiembre de 2017, gravemente afectada por la minería ilegal [13] .

 

Destacan también varias declaraciones de estado de emergencia en Perú, las cuales se van volviendo permanentes y normalizándose en ciertas localidades andinas, como ocurrió en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara (Apurimac) y Capacmarca (Cuzco), donde, a raíz de protestas contra las empresas mineras [14] , se suspendían varios derechos constitucionales y se autorizaba a la Policía Nacional a mantener el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. A su vez, en septiembre de 2016 se decretaba el estado de excepción en tres distritos de Huancavelica, Ayacucho y Cuzco, con el objetivo de combatir a los “remanentes terroristas” y los cárteles del narcotráfico en la zona [15].

 

Otros ejemplos de formas selectivas de regímenes de excepción pueden situarse con la militarización de los territorios ancestrales del pueblo mapuche (Wall Mapu), en poder de grandes empresas extractivas forestales, latifundistas y capital transnacional, con el consiguiente crecimiento de la criminalización de las movilizaciones indígenas. Del mismo modo, cabe evaluar la evolución de las lógicas de militarización urbana ante una potencial proliferación de saqueos y estallidos sociales como los ocurridos en enero de 2017 en México, a fines de febrero de 2018 en Bogotá y otras ciudades de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá y Quindío (Colombia), y en Colón, en marzo 2018 (Panamá) .

 

Por último, pero no menos importante, el rol de los desastres ambientales en la instauración, consolidación y/o radicalización de los estados excepción en la región puede ser significativo, si tomamos en cuenta el incremento de su incidencia ante la crisis ambiental global. Esto ha ocurrido de formas parciales en varios países –por ejemplo, con l a explosión del volcán Cotopaxi en agosto 2015, que implicó declaración de estado de excepción a nivel nacional y la orden de movilización de todas las fuerzas armadas en el Ecuador [16] −, aunque un caso emblemático es el de Puerto Rico, donde se reimpulsa y busca normalizarse el estado de excepción instalado desde la crisis de la deuda de 2006, a raíz de las devastadoras consecuencias del paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017.

 

En el contexto traumático de este desastre , uno de los mecanismos para normalizar el régimen de excepción ha sido la firma a mediados de diciembre de 2017 de la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, que le otorga los poderes necesarios al gobernador y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para reorganizar el conjunto de instituciones y dispositivos de las instituciones estatales e impulsar medidas de reestructuración económica, mediante orden ejecutiva emitida conforme a las disposiciones de la Ley, por un período de 10 años [17] .

 

Estos procesos no deben ser leídos únicamente en clave nacional-estatal, en la medida en la que pueden operar en articulación con la política exterior de las potencias en disputa en la región, principalmente de los Estados Unidos, que instala nuevas bases militares o “task forces” en diversos países (especialmente en Perú, Paraguay, Colombia y Argentina) o impulsa maniobras conjuntas de fuerzas militares (como las operaciones militares que desarrolló con Brasil, Colombia y Perú en la frontera amazónica de estos tres países en noviembre de 2017).

 

El juego sigue abierto: ¿un nuevo ciclo de luchas en tiempos de beligerancia?

Estas dinámicas descritas no son en ningún sentido lineales, irresistibles y homogéneas. Si bien revelan la conformación y el avance progresivo de figuras y marcos formales de excepcionalidad ‘desde arriba’, estas no sólo aparecen como decretos, sino también como dispositivos biopolíticos que buscan penetrar los tejidos socio-territoriales, la vida cotidiana de los latinoamericanos, por medio de lógicas militar/policiales de control, sitio, vigilancia y represión social. Se articulan también con estrategias de lo contingente, de lo informal y persiguen adaptarse a las variadas condiciones territoriales existentes. Pero esto también se debe a la volatilidad y complejidad del escenario. Al hecho de que todo esto sigue siendo un juego abierto, inestable, en ciertas formas regionalizado y en disputa.

 

El cambio de época en América Latina también expresa que estamos ante una nueva correlación de fuerzas, no sólo determinada por el reposicionamiento de sectores y corrientes conservadoras, la emergencia de nuevos actores y subjetividades, el agotamiento de ciertos horizontes y modos de hacer política, o por la intensificación de las tensiones geopolíticas; sino también por lo que los actores en disputa están dispuestos a hacer y poner en juego para lograr sus objetivos. Son tiempos de altos riesgos y peligros.

 

En estos escenarios, el fin de ciclo no necesariamente supone una era “post-progresista”, sencillamente porque los progresismos, como un modo de hacer política, no van a desaparecer, del mismo modo en que el ciclo progresista nunca fue un período “post-neoliberal”. Aunque el progresismo ya no es el gran rasgo de peso en la región, seguirá teniendo presencia en la disputa política latinoamericana.

 

Pero ante esta situación no se trata, nuevamente, aumentar la colección de gobiernos de centro-izquierda, o crear mayor presencia de nominaciones y discursos progresistas. Vale las preguntas, ¿qué es y será el progresismo en este cambio de época? ¿Será exactamente el mismo de 10-15 años atrás? ¿Cómo serviría este progresismo al conjunto de luchas que desde abajo intenta impulsar re-existencias y alternativas a los modelos imperantes? En este sentido, es necesario evaluar:

  •  Por un lado, cuáles son las posibilidades de concreción de sus objetivos de posicionamiento político y de realmente impulsar una agenda “progresista”, en esta particular correlación de fuerzas actual.

  • Por otro lado y por consiguiente, de ser exitosos, ¿cómo ensamblarían sus modos de gobernabilidad y sus patrones de acumulación extractivistas ante las duras dinámicas de crisis económica y beligerancia global? ¿Prevalecerían y se intensificarían los pragmatismos, las lógicas de seguridad y orden interno, los mecanismos de cooperación con sus aliados geopolíticos en esta especie de Guerra Fría que vivimos a escala global?

Es en estas claves que creemos que también deben ser interpretadas las mutaciones y giros políticos de Lenin Moreno en Ecuador, el probable fraude electoral en Honduras en diciembre de 2017, la forma que va tomando el Gobierno Bolivariano en Venezuela, el posible encarcelamiento de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, o los condicionamientos a las posibilidades de éxito electoral e incluso gubernamental de Gustavo Petro en Colombia y Andrés Manuel López Obrador en México.

 

Todo esto deja abiertas múltiples interrogantes vitales: ¿cuál es la agenda de las izquierdas, o si se quiere, de los diversos movimientos contra-hegemónicos, ante estos tiempos de reflujo, pragmatismo, securitización, sobrevivencia política de los gobiernos y reestructuraciones económicas en la región? A fin de cuentas, ¿quiénes son los principales afectados por las lógicas de excepción y “seguridad nacional” que van avanzando en la región, sean de cuño conservador o progresista? ¿Cuál es la postura ética de la izquierda ante esto, o incluso, qué significa ser de izquierda en estos tiempos de beligerancia? ¿Cuál sería el programa contestatario ante esta coyuntura? ¿O es que se afirma que ya no es posible un programa tal?

 

El agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones. Muy duras, probablemente. Pero precisamente la intensificación de las contradicciones que constituyen esta vibrante y muy activa región del mundo, abre al mismo tiempo las posibilidades para la masividad de un nuevo ciclo de luchas, posiblemente con nuevas modalidades, narrativas y formatos que, en su emergencia, discutan críticamente con la ya tradicional propuesta impulsada por los progresismos.

 

Pero lo fundamental es no olvidar que el estado de la correlación de fuerzas estará siempre determinado y atravesado por las luchas desde abajo que, dependiendo de la impronta y masividad de las mismas, puede mejorar las condiciones de disputa, la gestión común de la vida, las posibilidades de transformación social, e incluso incidir en la composición política del Estado en un período determinado.

 

Ante el caos, la guerra y la excepcionalidad, el principio es la comunidad, la comunalidad, la resiliencia, la reproducción de la vida y la defensa territorial. Múltiples experiencias siguen ofreciendo horizontes de actuación, de referencia: la Guardia Indígena del Cauca (Colombia), las fogatas y las guardias comunitarias en Cherán y los caracoles zapatistas (México), las Oficinas de Seguridad de los indígenas yekwana en el río Caura, la experiencia de la comuna El Maizal y los campamentos de pioneros (Venezuela), las Rondas Campesinas de Cajamarca (Perú), las resistencias contra la minería por parte de la comunidad de Intag (Ecuador), y un largo etcétera. Todas son semillas de transformación social; son referentes y planes piloto ante los tiempos de confusión y caos que crecen.

Tiempos duros se visualizan en el horizonte. Sí. Pero si hay un tiempo para incidir en el curso de los próximos acontecimientos, es éste.

Caracas, marzo de 2018

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador asociado al Centro de Estudios para el Desarrollo (CENDES), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’.

Notas

[1] https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf

[2] Pardo, Daniel. Qué es la "nueva doctrina" de seguridad de Mauricio Macri y por qué genera preocupación en Argentina. BBC Mundo. 12 de febrero de 2018. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43012434

[3] Telesur. Temer amenaza con militarizar otras regiones de Brasil. 28 de febrero de 2018. Disponible enhttps://www.telesurtv.net/news/temer-amenaza-con-militarizar-otras-regiones-brasil-20180228-0028.html

[4] http://dctos.finanzasdigital.com/Gaceta-Extraordinaria-6298-Extension-Estado-Excepcion.pdf

[5] Fundación Paz y Reconciliación. El perfil de los líderes asesinados. El Espectador. 2 de marzo de 2018. Disponible en https://colombia2020.elespectador.com/opinion/el-perfil-de-los-lideres-asesinados

[6] http://pmop.ffaa.mil.hn/

[7] García, Jacobo. La OEA pide nuevas elecciones en Honduras mientras el órgano electoral hace presidente a Juan Orlando. El País. 18 de diciembre de 2017. Disponible en https://elpais.com/internacional/2017/12/18/america/1513557348_630202.html

[8] Oficina del Alto Comisionado – ONU. En Honduras las protestas por las elecciones se reprimieron con fuerza excesiva y letal - informe de la ONU. 12 de marzo de 2018. Disponible en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22799&LangID=S

[9] EFE. JOH espera que Honduras no sea objeto de ataques terroristas. La Prensa. 28 de agosto de 2017. Disponible en http://www.laprensa.hn/honduras/1101831-410/honduras-atentados-terroristas-joh-barcelona-

[10] Brom, Diego. La militarización ya es ley en Paraguay. Página 12. Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-227383-2013-08-23.html

[11] Telesur. Ecuador: Declaran estado de excepción en San Lorenzo tras explosión. 27 de enero de 2018. Disponible en https://www.telesurtv.net/news/Ecuador-Declaran-estado-de-excepcion-en-San-Lorenzo-tras-explosion-20180127-0030.html

[12] Masapanta, Daisy. ECUADOR: Termina estado de excepción en Morona Santiago. CAOI. 15 de febrero de 2017. Disponible en http://www.coordinadoracaoi.org/web/extractivismo/ecuador-termina-estado-de-excepcion-en-morona-santiago/

[13] AFP. Decretan estado de excepción por minería ilegal en el sur de Ecuador. El Tiempo. 14 de septiembre de 207. Disponible en http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/decretan-estado-de-excepcion-en-ecuador-por-mineria-ilegal-130826

[14] El Comercio. Las Bambas: declaran en emergencia a 3 distritos de Apurímac para evitar actos de violencia. 16 de agosto de 2017. Disponible en https://elcomercio.pe/peru/apurimac/declaran-emergencia-3-distritos-apurimac-evitar-actos-violencia-noticia-450779

[15] El Universal. Gobierno peruano declara estado de excepción en 3 distritos por terrorismo. 11 de septiembre de 2016. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/09/11/gobierno-peruano-declara-estado-de-excepcion-en-3-distritos-por-terrorismo

[16] Constante, Soraya. Correa declara el estado de excepción por la erupción de un volcán. El País. 17 de agosto de 2015. Disponible en https://elpais.com/internacional/2015/08/15/actualidad/1439662969_985121.html

[17] Atiles-Osoria, José. Proyecto de ley del “Nuevo Gobierno de Puerto Rico”: Estado de Excepción interno y la desposesión generalizada. La Pupila. 25 de octubre de 2017. Disponible en http://lapupila.net/proyecto-de-ley-del-nuevo-gobierno-de-puerto-rico-estado-de-excepcion-interno-y-la-desposesion-generalizada/ ; Cintrón, Joel. Naomi Klein en Puerto Rico: “No es shock, es el trauma lo que se ha estado explotando”. CPI. 26 de enero de 2018. Disponible en http://periodismoinvestigativo.com/2018/01/naomi-klein-en-puerto-rico-no-es-shock-es-el-trauma-lo-que-se-ha-estado-explotando/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=239373