Qué Economía

Agosto 2018

Sin el acaparamiento de oligopolios locales e imperialistas, viabilizado por los gobiernos K.

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, generalizar la conciencia sobre que el extractivismo se realiza únicamente como capitalismo dependiente sin importar si su gestión es neoliberal o progresista. Las diferencias entre ambas gestiones es ante todo que la última debió atender a rebeliones populares y pudo tener políticas sociales compensatorias sin afectar la alta rentabilidad del poder concentrado debido al boom de los commodities. Por otra parte, el Estado gravitó más al tener que institucionalizar el amplio descontento de abajo y embaucar a las grandes mayorías sobre la modernidad, la productividad, la integración regional, etc. Pero al mismo tiempo, organizó la criminalización tanto de los desposeídos de todo, como de quienes resisten al avasallamiento de derechos, por los extractivismos.

 

Ahora tanto el neoliberalismo como el progresismo garantizaron y garantizan:

 

Concentración del capital y globalización

1 de septiembre de 2017

Por Rolando Astarita

 

En la nota anterior decíamos que las empresas multinacionales son un motor fundamental de la globalización, y que en todos lados presionan por la libertad de comercio y del movimiento de capitales. Agregábamos que estas corporaciones gigantescas “necesitan que el planeta se conforme como un campo de maniobra en el que se despliegue a plenitud la explotación global del trabajo, aprovechando los bajos salarios y otras condiciones favorables para el capital”. En Valor, mercado mundial y globalización escribimos, en el mismo sentido, que las corporaciones más concentradas buscan que “el planeta se conforme como un campo de maniobra en el que se despliegue a plenitud la dialéctica de los capitales en proceso de valorización. Para esto reclaman seguridad jurídica, desmantelar toda traba al movimiento trans-fronteras de los capitales y el desplazamiento de todo gobierno que se interponga en sus objetivos” (p. 358).

En definitiva, se trata de garantizar “los derechos universales del capital”. Un objetivo que determina, en lo fundamental, la política de las instituciones internacionales (FMI, BM, BIS, OMC, OCDE, Consejo de Seguridad), de las alianzas militares –la OTAN en primer lugar- y de los gobiernos de las grandes potencias. Las tensiones y contradicciones entre los Estados (o gobiernos) y sus corporaciones se desarrollan dentro de este marco.

 

Parece claro entonces que la base de este impulso son las grandes unidades del capital. Estas son el resultado histórico de los procesos que Marx llamó de concentración y centralización del capital (véase El Capital, cap. 23, t. 1). La concentración hace referencia a la reinversión de plusvalía por parte de los capitales individuales, con el fin de ampliar la escala de la producción. La centralización alude a las fusiones o compras de empresas. Pero además, incesantemente los capitales son impulsados a avanzar en la concentración y centralización, so pena de perder la batalla en la lucha competitiva. Por eso, al tiempo que aumenta el poder de los capitales, se intensifican las guerras de precios –las hemos visto últimamente en el acero, petróleo, petroquímica, teléfonos celulares, líneas aéreas, paneles solares, transporte marítimo, entre otras actividades- y los fenómenos de sobreacumulación y sobrecapacidad productiva, que caracterizan a la economía mundial en los últimos años. En esta nota presentamos algunos datos que muestran el grado que alcanza hoy la concentración del capital.

 

La concentración del capital globalizado en cifras (…)

 

Destaquemos también que las multinacionales de propiedad estatal juegan un rol importante. Si bien son 1500, el 1,5% del total de las multinacionales, representan el 10% de todas las filiales. 15 de las 100 principales multinacionales no financieras a nivel mundial son estatales. También son estatales 41 de las principales 100 multinacionales de los países en desarrollo o de las economías en transición (UNCTAD). Lo cual evidencia que los Estados nacionales no han sido un impedimento a la internacionalización del capital, sino más bien lo contrario. Señalemos también que más de la mitad de las multinacionales estatales tienen su sede central en países en desarrollo o en transición; y aproximadamente una tercera parte en la Unión Europea. El país con mayor porcentajes de empresas multinacionales de propiedad estatal es China; tiene el 18% del total, 257 empresas. Le sigue Malasia, con el 5%, 79 empresas; y en tercer lugar India, 4%, 61 empresas. Los principales sectores en los que actúan las multinacionales estatales son finanzas, seguros y bienes raíces; electricidad, gas y servicios de saneamiento; transporte; minería; holdings.

 

Una conclusión que se desprende de estas cifras es que es absurdo pretender oponer a esta concentración del capital un programa de vuelta a la pequeña empresa, como acostumbra el socialismo pequeño burgués (en paralelo con sus programas estatistas nacionalistas). Estamos ante gigantescas concentraciones de capital que, como hemos visto, superan incluso -por volúmenes en el giro de negocios, por poder económico- a muchos Estados (y los Estados capitalistas, por su parte, contribuyen a la concentración globalizada del capital). La verdadera contradicción está planteada entonces entre la concentración de la propiedad en un polo, y la subsunción de miles de millones de personas como asalariadas bajo el mando del capital, en el otro. En su folleto Del socialismo utópico al socialismo científico, Engels lo explica. La idea central es: los productos son creados socialmente, pero son sometidos a una forma de apropiación que presupone la apropiación privada. Esto es, los medios de producción son creaciones sociales, y la producción es social (intervienen millones de personas), pero cada capitalista es dueño de su producto y como tal acude con él al mercado. Pues bien, en esta contradicción entre producción social y apropiación capitalista se encierra, en germen, todo el conflicto de  los tiempos actuales. Y se manifiesta en el antagonismo entre la clase obrera y la burguesía. Este es el fundamento último del programa socialista.

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2017/09/01/concentracion-del-capital-y-globalizacion/#more-7816

 

Advertimos, como dice Rolando Astarita, que "vuelve a plantearse –lo han expresado funcionarios del gobierno- la meta de ganar competitividad con salarios permanentemente devaluados en términos de la moneda mundial. Para esto, el gobierno de Cambiemos, los gobiernos provinciales y las cámaras empresarias intentarán, con la colaboración de la burocracia sindical, mantener los aumentos promedio del 15% frente a una inflación que seguramente superará el 25%. Es lo que el marxismo llama un aumento de la tasa de plusvalía, o sea, de la relación entre la plusvalía (ganancias, intereses, rentas) y el valor de la fuerza de trabajo.

 

De manera que el conflicto en torno al salario está en el centro de la agenda en las próximas semanas. El gobierno y las cámaras patronales amenazarán con la desocupación. Con una economía estancada, o en descenso, aumenta la presión del desempleo sobre la clase trabajadora. En el mismo sentido juega el chantaje de la huelga de inversiones –'si los trabajadores no aceptan tal o cual condición, no invertimos'. A su vez, la suba de la tasa de interés y la salida de capitales ponen presión para llevar adelante un 'ajuste' del gasto público. Lo que potenciará la desocupación y debilitará aún más la demanda. Agreguemos que la devaluación aumentará el peso de la deuda externa, que ha crecido sin parar en los dos últimos años.

 

Alternativamente, si la lucha de clases obligase a conceder aumentos salariales, los empresarios descargarán esos aumentos en los precios. Si a su vez la clase obrera recupera salarios con nuevas luchas reivindicativas, se entraría en una espiral inflacionaria, reflejo monetario de la agudización del conflicto entre el capital y el trabajo. Y si la inflación sigue su curso, se desembocaría en una crisis similar a la de finales de los 1980 (que legitimó ante la opinión pública las políticas del menemismo). En esos escenarios, el discurso de la clase dominante es que 'los trabajadores y su egoísmo son los culpables de la inflación'.

 

En cualquier caso, en tanto subsista el sistema capitalista, las crisis siempre la pagan los trabajadores. No es posible superarlas con medidas parciales, o votando alguna ley milagrosa que evite los padecimientos para los millones de personas sometidas a la lógica de la ganancia y del capital. Los problemas de fondo exigen soluciones de fondo, esto es, modificar las relaciones de producción subyacentes, la propiedad privada del capital".Leer

 

Observamos en:

 

 

 

Argentina, una crisis estructural

14 de junio de 2018

 

Por Rolando Astarita

 

 

Todo indica que, disparada por la corrida cambiaria, la economía argentina va rápidamente hacia una nueva recesión. En esta nota presento una serie de gráficos para ponerla en perspectiva. Esta entrada complementa lo planteado aquí, pero en un sentido más general, los análisis contenidos en  Economía política de la dependencia y el subdesarrollo.

En el primer gráfico se puede observar que luego de la caída del PBI de 2009 –en correspondencia con la crisis en los países adelantados- y de la recuperación de 2010, la economía se mantuvo estancada.(..)

Es innegable que el aumento de la competitividad de la economía argentina a partir de 2002 estuvo estrechamente vinculada a la fuerte suba del tipo de cambio, que se produjo con la crisis de la Convertibilidad (a lo que se agregó la suba de las materias primas). Y su posterior debilitamiento, a la apreciación paulatina del peso (más la caída de los precios de las materias primas, a partir de 2011). En el siguiente gráfico la evolución del Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM).

La competitividad basada en tipo de cambio real alto es sinónimo de baja de salario y empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Por eso es una vía para mejorar la inserción de la economía dependiente en condiciones de escaso desarrollo tecnológico y débil inversión. Para tener una dimensión del nivel a que llegó el tipo de cambio real en los primeros años de los 2000, si hoy se quisiera recuperar el nivel de 2006, el dólar debería pasar de los actuales $27 a $42, aproximadamente.

En cualquier caso, en la medida en que se recuperó la actividad económica (desde mediados de 2002), los efectos de la devaluación se fueron trasladando a precios y salarios, con la consiguiente apreciación paulatina del peso. Pero la apreciación del peso también se acentuó en la medida en que tanto el gobierno de Cristina Kirchner, como el de Macri, intentaron frenar la inflación anclando el tipo de cambio nominal. Por lo explicado más arriba, el deterioro de la cuenta corriente fue inevitable.

Por otra parte, si el déficit de cuenta corriente no es financiado por entrada de capitales, el país o bien pierde reservas, o aumenta su endeudamiento. Además, cuando las inversiones son de cartera, existe el peligro de una reversión brusca de los flujos, que desata una crisis cambiaria (como acaba de ocurrir) y, si se profundiza, una crisis financiera generalizada. Lo cual profundiza los problemas de la acumulación capitalista de mediano o largo plazo.

Dadas las debilidades estructurales apuntadas, el intento de sostener la demanda mediante el gasto fiscal no sólo no reactivó la economía, sino también llevó a un aumento sostenido de la deuda pública a partir de 2010-11. Y el ritmo de aumento se intensificó a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos. El siguiente gráfico muestra la evolución de la deuda pública entre 2008 y 2017.

En este marco, la salida capitalista de la crisis pasa, inevitablemente, por la caída del salario, acompañada del disciplinamiento del trabajo (pérdida de derechos sindicales, condiciones laborales, intensificación de ritmos de producción, y similares) y desvalorizaciones masivas de capitales. Desvalorizaciones que, a su vez, pondrán más presión sobre el trabajo y los sectores populares. Si bien los modos y ritmos en que se desarrollarán estos procesos dependerán de muchos factores -entre ellos, y de manera principal, de la resistencia que oponga la clase obrera- la dirección general está determinada por las causas que hemos llamado estructurales, en particular, el atraso relativo de las fuerzas productivas del capitalismo dependiente nativo. De ahí la relevancia de un programa y una perspectiva socialista como alternativa a los programas burgueses -incluidos los del nacionalismo burgués- que sólo llevarán a nuevas crisis, y frustraciones de las masas trabajadoras. Fuente: https://rolandoastarita.blog/2018/06/14/argentina-una-crisis-estructural/

 

Tengamos en claro que las transnacionales, sus estados y las elites locales pretenden ir intensificando la expoliación. Son los poderes establecidos mediante dictadura genocida y constituidos mediante creciente democracia restringida. Son criminales de lesa humanidad, también lo son nuestros presidentes y legisladores cuya representación resulta estafa. Ahondemos en porqué todes son criminales de lesa humanidad.

 

Recordemos cómo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner promovió a los planes de megamineras y petroleras. También incentivó e impuso al sistema imperialista de agronegocios mediante el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020.Lee Este último  implica mayor desertificación y envenenamiento. Sin embargo, lo positivo es que científicos y profesionales se sienten interpelados.

 

Damián Verzeñassi plantea el desafío de involucramiento de una creciente mayoría porque:"Vivimos tiempos de terrible gravedad. Es tan grave lo que vivimos que necesitamos acciones que puedan avanzar de cuajo sobre el problema. Que vayan a la raíz. Y para poder tener acciones que vayan a la raíz tenemos la responsabilidad de quitarnos nuestros prejuicios, quitarnos nuestros sinsabores, nuestros motivos para no confiar en el que está al lado nuestro, y extender la mano como extendemos el mate para animarnos a construir una realidad que nos contenga a todos".

 

 

Argentina - Glifosato: Más debate, sin miedos

12 de junio de 2018

 

Cabe preguntarse, entonces, ante las crecientes evidencias científicas y cuestionamientos sociales acerca de nuestro ejercicio profesional: ¿qué actitud debemos tomar los profesionales de las Ciencias Agrarias y afines? ¿Y cuál es el rol de las Instituciones de enseñanza e investigación, como la Universidad?"

Ante el comunicado emitido por el Centro de Graduados de nuestra Facultad, en respuesta a una nota publicada en el portal de noticias de la UNLP, donde el prestigioso equipo de investigadores del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) advierte que “el glifosato está en todos lados” [1], los docentes y graduados nucleados en la Agrupación La 22 señalamos nuestra total preocupación por la reacción del centro de graduados, y manifestamos nuestro desacuerdo con los términos y argumentaciones vertidas en su nota.

 

En la actualidad, ciertas maneras de ejercer la profesión están siendo crecientemente cuestionadas por la sociedad, preocupada principalmente por cuestiones vinculadas a la salud socio-ambiental. Los habitantes de los pueblos cercanos a las áreas productivas, los actores vinculados a la preservación del medioambiente y los consumidores, demuestran cada vez más preocupación sobre un esquema de producción basado fundamentalmente en el uso de pesticidas.

 

En este contexto el glifosato, entre otros pesticidas, adquiere una dimensión relevante debido a su uso creciente y masivo en nuestro país como insumo indispensable para sostener un esquema productivo basado en cultivos transgénicos. Así, el mercado de fitosanitarios en Argentina ha mostrado una evolución creciente y sostenida a lo largo del tiempo. En efecto, su uso aumentó de 73 millones de Kg./l en 1995, a 317 millones de Kg./l en el año 2012 (CASAFE, 2015). El glifosato concentra actualmente el 64% del total de las ventas.

 

Durante la última década además del incremento en la superficie tratada con glifosato, también se verificó un aumento en la concentración de su principio activo en las formulaciones, que pasó de 48% a una de entre 66 y 74%.

 

La Argentina se ha convertido en la Nación con mayor consumo de “glifosato” por habitante del mundo: mientras que en los Estados Unidos su uso es de 0,42 litros por habitante y Francia avanza en su prohibición, en nuestro país se utilizan 4,3 litros de este agroquímico por persona.

En marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que integra la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que el glifosato "puede provocar cáncer en seres humanos". Sin embargo, en Argentina no hubo ninguna modificación oficial respecto al registro o la clasificación del glifosato.

 

Paralelamente, el conocimiento científico acerca de los impactos generales del glifosato activo y formulado, como así también de su metabolito final Aminometlfosfónico (AMPA) ha ido en aumento. En la Cuarta Edición de la Antología toxicológica del glifosato, actualizada el 9 de abril de 2018 [2] se registran 830 artículos científicos que han sido objeto de publicación en revistas o journales científicos. Esta recopilación está ordenada por enfermedades vinculantes, sistemas orgánicos afectados, mecanismos fisio-patológicos más frecuentes y tipo de muestras a analizar.

Por otra parte, son crecientes los cuestionamientos realizados por diferentes actores sociales a la elaboración de normas y estándares de calidad, seguridad, eficacia y protección de la propiedad intelectual. Entre otras cosas, se objeta la clasificación toxicológica a través de la DL50 dado que la misma es una medida que sólo da cuenta de la toxicidad aguda de los pesticidas pero no brinda información acerca de las enfermedades crónicas que pueden estar asociadas a los mismos.

 

El trabajo del Dr. Andrés Carrasco, quien fue director del Departamento de Biología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET (organismo que dirigió) y ex subsecretario de Innovación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa, puso en cuestión este andamiaje de estudios que regularizan y aprueban tecnologías. Su investigación sobre el glifosato en embriones de anfibios detectó efectos teratogénicos que no son reconocidos por estos estudios. Y aunque Carrasco no limitó sus críticas a las formas de clasificación y registro, en ellas quedó incluida la objeción al "obvio conflicto de interés inherente al trabajo cuando las compañías que venden el producto son las mismas responsables de testear su seguridad" (Carrasco, 2011: 610).

 

Como señala Blois en su texto Ciencia y glifosato: “Interpelando órdenes: Una investigación en la prensa en el contexto argentino” (2016) [3] esta objeción impugna sesgos generales tales como el tipo de ensayo, disciplinas y mecanismos que intervienen, así como quiénes arbitran esas elecciones. Aquí el "conflicto de interés" es "inherente" al orden regulatorio tal y cómo está organizado.

 

Un orden que admite, entre otras cosas, la presencia de conocimientos confidenciales y reservados (¿Se nos oculta información?), la participación de especialistas de la industria en los comités de expertos de entidades regulatorias como la OMS y un importante lugar a las empresas en la definición de los estándares y las reglamentaciones.

Cabe preguntarse, entonces, ante las crecientes evidencias científicas y cuestionamientos sociales acerca de nuestro ejercicio profesional: ¿qué actitud debemos tomar los profesionales de las Ciencias Agrarias y afines? ¿Y cuál es el rol de las Instituciones de enseñanza e investigación, como la Universidad?

 

A nuestro juicio, los fundamentalismos negacionistas no son apropiados para la gravedad del problema. Un ejemplo de este negacionismo es, el intento de desprestigiar el conocimiento generado por destacados científicos, como el Dr. Damián Marino (investigador del CONICET-UNLP) y el equipo de trabajo del CIMA el cual muestra evidentes similitudes al tratamiento que en su momento tuviese la información aportada por el Dr. Carrasco. Entendemos también que los profesionales egresados de la Universidad Pública y de una carrera declarada de interés público, ante las evidencias crecientes de los impactos negativos del modelo agrícola vigente, debemos estar atentos a priorizar las demandas del conjunto de la sociedad y no las de algunas empresas o actores sociales puntuales.

 

Consideramos también que es un momento para reflexionar acerca del paradigma agrícola y de generar debates amplios, que convoquen a distintos actores de distintas posturas para que contribuyan a formar en nuestros graduados verdadero juicio crítico de la realidad agropecuaria y los actores vinculados a ella.

Hay muchas preguntas por responder, entre otras:

- Las cada vez más evidentes consecuencias negativas generadas por la actividad agropecuaria reconocidas entre otros organismos referentes del sector agrícola por el CIMyT, IICA, INTA y por nuestra propia facultad en el marco de la fundamentación del plan de estudios vigentes, ¿son una consecuencia inevitable de la producción agropecuaria, o bien resultado del modelo de producción que hemos sostenido?

- En el marco de las “Buenas Prácticas Agrícolas” y su aporte a la solución de problemas generados deberíamos cuestionarnos: ¿estas problemáticas son la consecuencia de la mala aplicación de las tecnologías existentes o son el producto del enfoque bajo el cual se han generado? ¿Las consecuencias negativas del modelo agropecuario pueden ser resueltas bajo las mismas lógicas que generaron esos efectos?

- Respecto de la obligación de estar a la altura de las premisas por las cuales nuestra profesión ha sido declarada de interés público: ¿el modelo agropecuario garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria? ¿Contribuye a preservar los ecosistemas que gestionamos?

- En el sentido de atender las demandas sociales ¿Cuáles son los mitos y verdades de los impactos de los pesticidas sobre la salud humana y el ambiente? ¿Los sistemas regulatorios aseguran la inocuidad para la población y los ecosistemas?

Por todo lo anterior, convocamos a la comunidad en general, a la universitaria en particular y específicamente al Centro de Graduados, a generar o acompañar las iniciativas de construcción de espacios amplios de debate que permitan avanzar en la formación de un profesional verdaderamente comprometido con el Desarrollo Rural Sustentable.

Estamos convencidos de que hoy, más que nunca, tenemos el deber de conocer y debatir profunda y responsablemente estos temas, para aportar a la sociedad herramientas adecuadas para tomar mejores decisiones respecto del modelo productivo, que consideramos central para la vida.

“LA 22”. AGRUPACIÓN DE DOCENTES Y GRADUADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.

Contacto: graduadoslista@gmail.com

Notas:

[1] Ver: https://unlp.edu.ar/investigacion/cientificos-de-la-unlp-advierten-que-el-glifosato-esta-en-todos-lados-10058
[2]http://cdn.biodiversidadla.org/content/download/116102/860216/version/1/file/Antologia+Toxicologica+del+Glifosato.pdf

[3] 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1850-275X2016000100007

Lista 22 - Graduados FCAyF

 

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Argentina - Verzeñassi: la universidad que se vendió a las corporaciones.

13 de junio de 2018

Crudo análisis del médico sobre el rol de las altas casas de estudio, con críticas al extractivismo y a los ministros de Ciencia y Agroindustria. "La cooptación de nuestras universidades es parte de la cooptación de nuestro sistema educativo que entre otras cosas tuvo como objetivo el despojarnos no sólo de los territorios ancestrales, no sólo de nuestras culturas sino de nuestros propios cuerpos. Nuestros cuerpos son parte de los territorios en disputa que estamos llamados a defender."

Por Daniel Tirso Fiorotto

Este 21 de junio celebraremos los cien años del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918. A propósito del aniversario recuperamos un discurso del médico paranaense Damián Verzeñassi, al momento de recibir la distinción Conciencia Abya yala en la sede de Agmer Paraná, junto a Rafael Lajmanovich y Nora Cortiñas.

Verzeñassi tiene a su cargo la Cátedra de Ambiente y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, es impulsor de los campamentos sanitarios, y fue el expositor argentino ante el juicio simbólico a Monsanto.

En una charla improvisada, al recibir una cerámica simbólica como reconocimiento a la labor de su grupo, el joven profesional reunió temas de la historia, la salud, la educación, la ecología, y abogó por la autonomía universitaria. "Algunos creemos que a 100 años tenemos que pensar con autocrítica lo que hemos hecho con esa universidad que se alejó del pueblo, se alejó de sus raíces y en muchos casos se vendió a las corporaciones y se vendió a las necesidad des de los gobiernos de turno", manifestó.

Vamos a transcribir fragmentos de su medulosa exposición, que en todo momento mostró advertencias sobre la situación de la universidad del siglo XXI.

 

Pensamiento hegemónico

"Acepto esta distinción no a título personal sino como parte del colectivo al que pertenezco, un colectivo que se nuclea en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, en lo que hoy es el Instituto de Salud Socioambiental, pero que nos permite encontrarnos a quienes trabajamos en la práctica final de la carrera de Medicina en la materia Salud Socioambiental; entiendo que no hay logros que no sean colectivos, los logros trascendentes son colectivos".

"Durante mucho tiempo nos han invitado a creer que los logros son individuales, y estos espacios nos ayudan a reforzar la idea de que no es posible ninguna construcción verdadera, revolucionaria si no se hace desde un colectivo o desde varios".

 

"En estos tiempos de crisis de civilización (disculpen la utilización de herramientas de la profesión médica), hay signos y síntomas que nos hacen advertir la gravedad de la situación que vivimos como especie de este planeta y particularmente en Abya yala. Signos y síntomas que están cada vez más a la vista. Quienes quieren ocultarlos, se ven obligados a usar cada vez más energías y recursos para hacerlo y ya no pueden".

"La desertificación de nuestros territorios, la pérdida de vida de nuestros suelos... esto de estar atravesando momentos en que no tenemos certeza de que nuestra comida sea alimento, y en muchos casos con la certeza de que nos enferma".

"Signos claros como universidades enteras al servicio de las necesidades de las corporaciones; cooptados nuestros espacios de formación, de reproducción de conocimientos, por un pensamiento hegemónico que se estructura a partir de la negación de lo que no es exactamente igual a nosotros. Signos todos de una forma de dominación que, entre otros, Raúl Zibechi ha denominado la dominación por despojo, que es el extractivismo".

 

Negación del otro

"Un extractivismo que nos viene atravesando y que para poder instalarse en nuestros territorios sin dudas necesitó hace 42 años dar el inicio del golpe de gracia destruyendo no la posibilidad de la continuidad democrática sino la posibilidad de... encontrar la forma de caminar juntos en la construcción de un futuro en este territorio para nosotros, para nuestros hijos, y como dice un hermano con el que trabajamos en Rosario, para los nietos de nuestros nietos".

 

"Tengo 41 años, nací sobre el fin de 1976 y no he dejado de sentir en ningún momento el orgullo de ser parte de una tierra de luchadores, una tierra de dignidades. Y en esto el rol que ha jugado José Artigas, y no en vano ha sido ocultado y negado por la historia incluso que reproducen nuestros maestros en las escuelas, creo que debe ser reconocido. Y por qué digo recuperar la figura de Artigas como una de las estrategias que necesitamos para avanzar en la deconstrucción de esta civilización del despojo, de la negación del otro: porque como decía Artigas, 'cuando un pueblo es esclavo de los intereses de las minorías empieza a sentir una certeza absoluta y en su seguridad de victoria sale de la oscuridad emocional e intelectual para enfrentar a las fuerzas que lo oprimen'. Esto que afirmaba Artigas lo sabían muy bien los que hace más de 40 años empezaron un proceso de destrucción de los espacios de formación de profesionales, de construcción y reproducción de saberes científicos que en realidad no eran más que un tipo de saberes que intentaba consolidarse como el saber, a partir de la negación del otro".

 

El mate es nuestro

"Vengo de la universidad y el reconocimiento que hoy recibimos tiene que ver con nuestro trabajo desde la universidad, y cuando comentaba a nuestros compañeros en Rosario... decíamos 'qué mal que tenemos que estar, que tengamos que reconocer a los que hacen lo que hay que hacer'. Nos están reconociendo por lo que deberíamos hacer todos y cada uno de los universitarios de la universidad pública argentina, que es poner nuestra vida, nuestro saber, nuestras fuerzas al servicio de los pueblos y no de las corporaciones y los gobiernos".

 

"Pero, porque no creemos que esto sea irreversible, porque somos conscientes de lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos, vinimos a recibir y compartir con ustedes esta tarde... El mate es nuestro. Es la forma tangible de demostrar lo que somos, hijos de esta Abya yala. Somos este territorio y nos compartimos, nos combinamos, nos rehacemos en cada mate ofrecido. Cada cebada es un gesto indiscutible de lo que este sistema necesita que no hagamos más. Es compartir. Es uno de los símbolos del compartir generoso, solidario, que hace nacer nuevas semillas; esa agua nos permite seguir intercambiando ideas, no hay discusiones irreconciliables en una ronda de mate. Y eso lo saben quienes nos han quitado hasta el mate. Parece una broma, y no lo es. Entre Ríos es un ejemplo de que no pueden, Uruguay es otro. Tenemos que rescatar este espíritu de los pueblos libres que tiene más de 200 años y que nosotros hemos aprendido gracias a compañeros de la Junta Abya yala por los Pueblos Libres que nos han permitido acceder a información y saberes que no teníamos, saberes que la universidad ha negado".

 

Lejos de sus raíces

"Estamos próximos a celebrar 100 años de la reforma universitaria, muchos de nosotros nos sentimos hijos, o nietos de la reforma universitaria. Algunos creemos que tenemos que poner en discusión qué es la reforma universitaria, 100 años después. Creemos que ha llegado el momento de sentarnos a pensar qué significa ser reformistas a 100 años del grito revolucionario de los jóvenes que en 1918 tomaron la universidad de Córdoba con la idea de desterrar el dogmatismo religioso de las aulas y se transformaron en semillas como éstas, para que florezca en América Latina y en el mundo una nueva manera de mirar el rol de las universidades en las sociedades". (El homenajeado se refería a semillas de ceibo y algarrobo que sembró junto a Nora Cortiñas y Rafael Lajmanovich en Paraná).

 

"Algunos creemos que a 100 años tenemos que pensar con autocrítica lo que hemos hecho con esa universidad que se alejó del pueblo, se alejó de sus raíces y en muchos casos se vendió a las corporaciones y se vendió a las necesidad des de los gobiernos de turno. Y por eso quisiéramos echar a la ronda de mate algunas ideas sobre qué es la reforma para nosotros hoy. Empezando por la autonomía".

 

"Es esencial que defendamos la autonomía de la universidad, pero autonomía no puede ser 'yo hago lo que quiero, lo que a mí se me antoja, no doy explicaciones de lo que hago'. Eso es lo que quieren hacer creer que es la autonomía los dueños del poder. Nos han hecho creer que no tenemos ninguna otra cosa más que reproducir lo que nos han mandado. Para nosotros autonomía es poner la universidad al servicio del pueblo y que el pueblo defina a partir de sus necesidades lo que tenemos que hacer los universitarios por dentro porque solamente así tiene sentido nuestro accionar cotidiano".

 

"Decimos esto porque entre otras cosas la cooptación de nuestras universidades es parte de la cooptación de nuestro sistema educativo que entre otras cosas tuvo como objetivo el despojarnos no sólo de los territorios ancestrales, no solo de nuestras culturas sino de nuestros propios cuerpos. Nuestros cuerpos son parte de los territorios en disputa que estamos llamados a defender. Para apropiarse de nuestros cuerpos se apropiaron de nuestras cabezas, y para apropiarse de nuestras cabezas el miedo fue parte de esa siembra nefasta que hicieron. Por eso tenemos que salir, movernos y sacarnos de encima esos miedos, sacarnos de encima todavía esas lógicas de miedo para con el otro. Necesitamos recuperar la capacidad de encontrarnos como se encontraron aquellos primeros que alguna vez se dieron cuenta que si no se juntaban no iban a poder sostener el fuego que les iba a permitir vivir".

 

Mirar los paladares

"Vivimos tiempos de terrible gravedad. Es tan grave lo que vivimos que necesitamos acciones que puedan avanzar de cuajo sobre el problema. Que vayan a la raíz. Y para poder tener acciones que vayan a la raíz tenemos la responsabilidad de quitarnos nuestros prejuicios, quitarnos nuestros sinsabores, nuestros motivos para no confiar en el que está al lado nuestro, y extender la mano como extendemos el mate para animarnos a construir una realidad que nos contenga a todos. Salir de la situación en la que estamos no es posible si seguimos mirándonos los paladares, pasándonos por los resonadores magnéticos para ver cada una de nuestras celdas y cómo vinimos hasta acá. Porque los que están enfrente a eso ya lo tienen superado".

 

"Tenemos un ministro de Ciencia y Técnica en nuestro país que no tiene empacho en decir que hay que maltratar a quienes padecen una enfermedad: la comparación (que hizo) del ambientalista con el borracho demuestra dos cosas: primero, el desprecio por el que no responde a sus intereses, y segundo, más grave, que un ministro de ciencia desprecie a quienes tienen un problema de salud".

 

"Tenemos un ministro de Agroindustria que no tiene ningún problema en decirles a sus coterráneos apicultores aguántense y adáptense porque esto no va a cambiar, en la incapacidad de ese ministro de darse cuenta que sin polinizadores no hay vida tampoco para él. Y esto no es expresión de un color, como decían antes: es expresión de una cultura y por eso la convocatoria es que salgamos a transformarnos a nosotros mismos, a encontrarnos con el otro, con el que hasta ahora quizá en las marchas, las instituciones, nos enojábamos, discutíamos, nos peleábamos pero no son nuestros enemigos. Pueden ser adversarios como dijo Balbín al despedirse de Perón".

 

Como las bacterias

"Es hora de que recuperemos la alegría de poder encontrarnos y de sabernos capaces, como lo hizo Norita y tantos como ella, de transformar el dolor en energía, de transformar la angustia en fortaleza y salir adelante abrazándonos para decirles ¡no con nosotros, no con nuestros territorios, no con nuestras vidas ni con las vidas de los nietos de nuestros nietos!

Vamos a resistir como lo han hecho las bacterias que durante miles de años han logrado sostenerse en el tiempo y en los territorios a partir no de querer que todos seamos bacterias, sino de entender los tiempos y los contextos para poder adaptarse juntas, siempre juntas, en colonias capaces de soportar aún a nuestros peores antibióticos".

9 de junio de 2018

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En consecuencia, urge generalizar la conciencia de que abajo estamos ante la ofensiva de las transnacionales, sus estados y las elites locales para intensificar la expoliación a nosotros sin importar sacrificar las vidas de millones. Son los poderes establecidos mediante dictadura genocida y constituidos mediante creciente democracia restringida. Todavía hoy se agravó más. Hemos pasado a ser gobernados directamente por el sistema imperialista con liderazgo hasta ahora de EE.UU. que programa superar su crisis estructural mediante la desposesión total y superexplotación de los pueblos de Nuestra América comenzando por Argentina con mayor organización abajo pese a la fragmentación y la gravitación del progresismo o de la conciliación con la alianza de los opresores locales e imperialistas. Reflexionemos sobre:

 

FMI más aval del G7 para

inducir la regresividad en Argentina y la región

 

10 de junio de 2018

Mauricio Macri en Canadá recibió el aval del FMI y sus principales accionistas, los integrantes del G7: EEUU, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Japón. Invitado en su calidad de coordinador del G20, el Presidente de la Argentina participó de la Cumbre de los países capitalistas desarrollados del sábado 9/6. Sin la decisión de estos países resulta impensable el acuerdo financiero entre el gobierno argentino y el organismo internacional.

 

Por Julio Gambina.

El préstamo es muy superior a la relación por tenencias de Derechos Especiales de Giro (DEG) de la Argentina, lo que evidencia la voluntad política de la hegemonía capitalista mundial por sostener el rumbo del gobierno local y su papel en la región y en el mundo. El préstamo “stand by” asciende a 50.000 millones de dólares por tres años; a los que debe sumarse préstamos de otros organismos internacionales: a) del BID por 2.500 millones de dólares; b) del Banco Mundial por 1.750 millones de dólares y c) de la CAF por 1.400 millones de dólares.

Suman en total 55.650 millones de dólares de nuevo endeudamiento público de la Argentina.[1] Son montos que deben adicionarse a los 232.952 millones de dólares de deuda externa registrados a diciembre del 2017 y a los 320.953 millones de dólares de deuda pública, también a fines del 2017.

De este modo, la deuda externa asciende ahora con estos datos a 288.602 millones de dólares, con un crecimiento del 24%. Del monto total de deuda externa correspondían al sector gobierno unos 142.375 millones de dólares, que ahora ascienden a 198.025 millones de dólares, con un incremento de 39%. La deuda pública registra ahora un total de 376.585 millones de dólares, que si hacia fines del 2017 representaba un 57,1% del PBI, ahora puede estimarse en un crecimiento en 10 puntos, algo así como el 67% del PBI.

Los datos en sí mismo expresan la gravedad de la hipoteca a que se compromete la Argentina, lo que representará una carga dolorosa sobre el conjunto de la sociedad, especialmente los sectores de menos ingresos.

 

¿Por qué tamaño apoyo financiero y político del poder mundial?

Asistimos a un momento de reordenamiento del orden mundial y vale como anécdota el final de la Cumbre del G7 en Quebec, con un Donald Trump desairando el cónclave con críticas al anfitrión, el titular del gobierno de Canadá, con acusaciones de falsedad y rechazando la suscripción del documento final.

Tuiteó el Presidente de EEUU: “El primer ministro Justin Trudeau de Canadá ha actuado de forma mansa durante las reuniones del G-7 sólo para poder dar una rueda de prensa después de que yo me fuera, en la que poder decir que los aranceles de Estados Unidos son insultantes y que “no dejará que le manejen”. Deshonesto y débil. Nuestros aranceles son una respuesta a sus impuestos del 270% en los lácteos”[2]

No hay acuerdo mundial sobre cómo superar los problemas actuales del orden global y la potencia hegemónica gobernada por Trump desarma toda la racionalidad de la mundialización construida por cinco décadas. EEUU reclama volver a discutir el orden mundial y para eso retoma concepciones proteccionistas y reposicionarse como principal beneficiario del capitalismo en tiempos de la transnacionalización. Claro que Europa no acepta mansamente un papel subordinado, como tampoco el asignado al vecino Canadá. Ni hablar de China, que no integra el G7, pero que sus políticas intervienen en la nueva geopolítica del sistema mundial, más aún con sus renovadas y crecientes relaciones con Rusia y otros países, las que afectan la estrategia imperialista.

En ese marco se destaca el rumbo asumido por Nuestramérica durante los tres primeros lustros del Siglo XXI. El territorio, que fuera el ensayo de las políticas neoliberales en los primeros años de la década del setenta del siglo pasado, se constituyó en el laboratorio de crítica e intentos de cambios de esa estrategia desde el inicio del presente siglo.

Sólo a modo de ejemplo consignemos la perdida de funciones de la OEA, quien no hace mucho solicitaba el reingreso de Cuba luego de la expulsión de comienzos de los sesenta, y que ahora el organismo dependiente de la política exterior estadounidense promueve con variadas complicidades en la región la expulsión de Venezuela.

Fue un golpe para la estrategia de la transnacionalización de la economía, la liberalización y libre movimiento de capitales, mercancías y servicios, la nueva concepción de integración alternativa propuesta desde la región y que pretendía coronarse con la CELAC. El aislamiento de EEUU en la región no podía permitirse y mucho menos la disputa global a manos de China o de un poder compartido con los socios europeos, mucho menos si algunos empezaban a proclamar el objetivo socialista. La voz de mando apuntaba entonces a retrotraer la situación al auge de las políticas de apertura y subordinación sustentadas en los años 90, los del Consenso de Washington.

Ese es el marco para los golpes blandos en la región, sea Honduras, Paraguay o Brasil, como las “guarimbas” en Venezuela que pretenden instalarse contra cualquier intento de confrontar con la lógica capitalista dominante.

Por eso la importancia de la Argentina, que por primera vez en su historia constitucional un gobierno con programa explícito de derecha asume por el voto de su población. En el imaginario del poder mundial, sea el FMI o el G7 (aun con sus diferencias), Macri expresa la posibilidad de restaurar un rumbo amigable a las inversiones y las necesidades del gran capital, y no solo para la Argentina.

No es un dato menor que Buenos Aires haya sido sede de la 11° Ministerial de la OMC en noviembre del 2017 y reciba la cumbre del G20 en noviembre y diciembre próximos, en el marco de la coordinación del ámbito durante el 2018.

Hay discusión sobre el orden mundial y Nuestramérica ofreció una perspectiva de cambio social que motivó a otras experiencias similares en otras latitudes, en Europa o el Norte de África.

Ese proceso de cambio político se mantiene abierto no solo en expresiones gubernamentales, sino en la memoria viva de los movimientos populares en la región. Es una realidad que convoca a las clases dominantes a desplegar una enorme iniciativa y con fondos suficientes para revertir ese clima de época crítico al neoliberalismo y/o al capitalismo para recuperar la ofensiva capitalista cuestionada.

No exageramos si decimos que el papel de la OEA y del FMI, organizaciones deslegitimadas y con pérdida de funciones en los últimos tiempos, renuevan su papel para subordinar a Nuestramérica en la lógica de acumulación capitalista, aún en tiempos de turbulencias y desorden en la disputa por la hegemonía.

El gobierno argentino incorpora lo propio en este programa, que suena muy bien en las expectativas de los capitales dominantes, caso de las reformas estructurales en materia laboral y previsional.

La ganancia gran empresaria exige bajar costos de producción y entre ellos el gasto social que suponen las jubilaciones y pensiones en momentos de crecimiento de la posibilidad de vida. El envejecimiento de la sociedad es un problema para los inversores capitalistas, ya que la longevidad compite con la apropiación del excedente económico. Ni hablar de los derechos laborales que resienten las mejoras de ganancias, móvil esencial del régimen del capital.

La letra chica del “stand by”

La información ofrecida es sobre metas globales y aún falta conocer el impacto concreto del ajuste comprometido a cambio del préstamo a desembolsar, que por ahora serán solo 15.000 millones de dólares. El resto se desembolsará en la medida que sea necesario, dice el Ministro de Finanzas”[3] y que se cumplan los acuerdos para bajar el déficit fiscal y la inflación, según sostiene el acuerdo firmado con el FMI.

Por lo pronto, en las metas se establece un recorte del déficit fiscal por 20.000 millones de dólares entre 2018 y 2021. Podemos imaginar que el achique afectará al gasto social, sea en presupuesto asignada a salarios y empleos en el Estado, tal como se deduce de las medidas en curso, sean el congelamiento de la planta de personal o la política de “retiros voluntarios”. No debería sorprender que educación o salud sufran reducciones o congelamientos, tal como sugiere la política presupuestaria hacia las universidades públicas o al sistema educativo en general. En el mismo sentido puede pensarse en restricciones a la salud pública.

El Ministro de Finanzas anticipa que este respaldo servirá para resolver las necesidades de financiamiento más allá de la gestión y en efecto, en 18 meses termina el gobierno Macri y el acuerdo es por 36 meses, comprometiendo a la futura gestión, que podrá ser o no del mismo signo y sesgo político.

Se pretende utilizar unos 20.000 millones de dólares para cancelar parte del stock de LEBAC que registra en su cuenta el BCRA. Si el stock es de unos 46.000 millones de dólares, el gobierno pretende morigerar el efecto de esa bomba reduciéndola a un poco menos de la mitad. Para eso, ofrecerá nuevos instrumentos y activos financieros para inducir un canje de tenencias de deuda en pesos a corto plazo por vencimientos más largos en títulos que serán muy atractivos para esos inversores especulativos.

Resulta grave la consideración de todos los temas, ya que la hipoteca en dólares hace imprevisible nuestro futuro cercano y de mediano plazo. El dólar cerró la semana en 26 pesos por unidad de dólar y nadie puede prever su evolución, con impacto en el conjunto de los precios de la economía. La inflación continuará siendo una incógnita y un modo de redistribución regresiva del ingreso en la Argentina.

Las metas de inflación del 2018 saltaron por el aire. Ya no son del 10% o del 15% tal como se corrigieron y el anuncio remite a 17% en el 2019. Ver para creer podríamos decir, ya que no existen fundamentos que avalen la seriedad de los nuevos pronósticos, mientras el dólar sube, como los combustibles o las tarifas, los alimentos y todo aquello que hace a la calidad de vida de la población.

Contentos y amargados como el tango “Cambalache”

El poder está conforme y avala, los grandes empresarios también y se explica con subas en la Bolsa y mayores valorizaciones de las empresas cotizantes en las Bolsas. Los especuladores reciben noticias de nuevos y renovados instrumentos para apostar con sus colocaciones. Los acreedores cobran e incluso diversifican sus carteras. Los que pueden trasladan a precios y suman ganancias en sus balances, con posibilidad de remitir utilidades al exterior si fuera ello necesario, o incluso fugar capitales ahora que las reservas internacionales serán reconstituidas y acrecentadas con préstamo de organismos internacionales.

En lo ideológico programático, los principales comunicadores y operadores afines al sistema y al gobierno, o a la oposición que disputa el gobierno de una política similar, explican que no había otro camino y menos mal que se actuó con rapidez. Al mismo tiempo, desestiman la crítica porque no imaginan la viabilidad de una política alternativa.

Los perjudicados son la mayoría de la población, sea por el ajuste fiscal que como señalamos afectará al gasto social, como por las reformas estructurales que se anuncian, especialmente las reformas laborales y previsionales.

En la estrategia oficial se incluye la contención o represión del conflicto social y para eso, al mismo tiempo que anunciaba el acuerdo con el FMI, convocaba a la CGT para sacarla del paro general. La CGT hablaba de convocar a paro y que solo restaba definir la fecha, sobre todo luego del veto a la legislación que establecía límites al tarifazo. Con las negociaciones entre gobierno y la cúpula sindical de la CGT, la medida de fuerza fue postergada.

La realidad de protesta social y el descontento está más allá de lo que expresa la dirección del sindicalismo tradicional y por eso desde las CTAs emergió la convocatoria al Paro General para el jueves 14/06, con movilización. Es una medida convergente con las suscitadas por otras organizaciones sindicales, entre ellos el Sindicato de Camioneros o la Corriente Federal que lideran los bancarios.

Están echadas las cartas y las iniciativas políticas confrontan. Por un lado la coherencia, aun con contradicciones y matices del poder local y mundial, “los beneficiarios”; y por otro, en el campo de “los perjudicados”, con mucha fragmentación, la dinámica de descontento y protesta que busca canales de articulación para constituirse en opción y disputar poder.

Claro que hace falta mucha argumentación para la socialización de caminos alternativos a los del poder. No se trata de recuperar programas que imaginan reformas en el marco capitalista, que es como es y no como algunos imaginan que podría ser.

El imaginario por el anticapitalismo se nutre de la subjetividad consciente, pero también de experiencias que en el presente anticipan el futuro de organización de la sociedad más allá de la búsqueda de la ganancia y en una perspectiva de satisfacción de necesidades sociales.

[1] Información obtenida del Ministerio de Finanzas de la República Argentina. En: https://www.argentina.gob.ar/finanzas (consultado el 10/06/2018

[2] Trump rompe el ‘acuerdo de mínimos’ del G7 e insulta a Trudeau. Redacción ElHuffPost del 10/06/2018. En:https://www.huffingtonpost.es/2018/06/10/trump-rompe-el-acuerdo-de-minimos-del-g7-e-insulta-a-trudeau_a_23455206/ (consultado el 10/06/2018)

[3] Finanzas explicó el acuerdo con el FMI al mercado local e internacional. En: https://www.argentina.gob.ar/noticias/finanzas-explico-el-acuerdo-con-el-fmi-al-mercado-local-e-internacional-0 (publicado el 8/6 y consultado el 10/6/2018)

Fuente: http://www.anred.org/?p=97595

 

 

Nos urge, para ser consecuentes, reparar en que el Kirchnerismo hizo posible el triunfo electoral de Macri. En efecto  presentó al neoliberal Scioli como su candidato presidencial para el balotaje  pese a haber gobernado durante más de una década y promovió el extractivismo haciendo a la maximización de la transnacionalización económico territorial.

 

Aún más consolidó el Estado al servicio de las corporaciones imperialistas y socios locales menores. Un ejemplo es Benetton como lo evidenció la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Otro ejemplo surge por la labor e inventiva encomiable y corajuda del abogado Sergio Heredia acompañando al padre de Daniel Solano.

 

 

Caso Solano

Justicia, aunque sea lo último que haga

Sergio Heredia vive en una iglesia de Choele Choel a dos mil quinientos kilómetros de su estudio. Piensa todo el día, en cómo demostrar que la desaparición de Daniel Solano, trabajador golondrina desaparecido el 5 de noviembre de 2011, fue un crimen planificado. Quiere descubrir el funcionamiento de la Justicia en el interior patagónico, en una provincia con una historia de violencia policial atroz. Su hijo menor le grita por teléfono que defina cuál es su familia verdadera, su ex mujer le pide plata para los gastos del colegio, él dice que está harto, que se quiere volver, pero que no puede dejar que la causa quede impune. Cumple un mandato familiar. “Sos abogado, tenés poder. No te olvides de los pobres”, le dijo su padre antes de morirse.

 

Por Juan Manuel Mannarino

La voz de Sergio Heredia, severa y con acento norteño, se escuchó como un estruendo en los televisores del caluroso 7 de diciembre de 2011 en Choele Cho

—¡Daniel Solano fue asesinado!

Los vecinos de ese pueblo de diez mil habitantes en el Valle Medio de Río Negro se preguntaban quién era ese hombre de traje, corbata roja y anteojos oscuros, que le hablaba a la prensa como si fuera un garante de la justicia. Quién era para decir semejante barbaridad, para contradecir la principal hipótesis de la jueza Marisa Bosco, que creía que el joven salteño Daniel Solano, de 26 años, desaparecido hacía un mes del popular boliche Macuba, estaría perdido en alguna ruta rumbo a Neuquén.

 

Cuando en Choele Choel alguien desaparece suele habérselo llevado el río frondoso y Negro. Las aguas, tarde o temprano, lo devuelven a la orilla. El cuerpo aparece y todo regresa a la normalidad. Pero ese joven no se había bañado en el río. Había ido a bailar a un boliche: a las tres de la mañana se le perdió el rastro.

 

Nadie renuncia a su vida y viaja dos mil kilómetros hacia un pueblo remoto para descubrir un asesinato. Bueno, en realidad, casi nadie.
Sergio Heredia, el hombre de traje y corbata roja, el defensor de la familia decía que lo habían desaparecido.

 

A esa persona, decía el ignoto abogado que poco tiempo después dejaría el traje y se mudaría a la parroquia del pueblo, a ese trabajador golondrina.

Gritaba: en un crimen planificado.

***

Tartagal es una ciudad petrolera de casi 80 mil habitantes, en el noreste de Salta. En los ´90, tras la privatización de YPF, más de la mitad de la población emigró y la otra sobrevivió de changas y otros oficios menores. No fue el único golpe: entre 2006 y 2009, sufrió varias veces el desborde del río Tartagal, con inundaciones y aludes que la convirtieron en zona del desastre.

 

A 970 kilómetros al sur de Buenos Aires, Choele Choel, que en mapuche significa espantajo de resaca —y refiere a las formas fantasmales que adoptan los residuos por las crecidas del río—, está ubicado sobre un margen del río Negro. Su isla 92 es el balneario más popular, y a no ser por las ráfagas huracanas de viento y las motos de los jóvenes, es un lugar apacible y silencioso, con vecinos que se saludan de una vereda a otra.

 

Entre Tartagal y Choele Choel hay 2.400 kilómetros. Una distancia que recorren miles de norteños, la mayoría de las comunidades indígenas, para trabajar en los tres momentos de la fruticultura rionegrina: la poda, el raleo y la cosecha. Quien domina el negocio de la fruta es la multinacional belga Expofrut Argentina S.A. (ex Univeg Expofrut S.A.), que terceriza en empresas como Agrocosecha —ahora llamada Trabajo Argentino— la contratación de los trabajadores.

Conocidos como “trabajadores golondrinas”, son tentados por punteros locales que trabajan para las empresas, viajan en micros de tercera línea anotados como “turistas” y no como obreros, y viven en gamelas, galpones sucios y abandonados, cerca de los campos, donde se apiñan en camas cuchetas, usando letrinas que huelen a pis concentrado, duchas sin agua caliente y cocinas con una sola llama de gas.

Cada año, más de 350 mil trabajadores golondrina recorren el país. A la cosecha de la fruta, entre el Alto y el Valle Medio de Río Negro, viajan cerca de 40 mil.

 

Daniel Solano era uno de ellos.

La tarde del 25 noviembre de 2011, golpearon la puerta del estudio de Sergio Heredia en el pueblo de Tartagal, Salta. Miembros de la comunidad guaraní de Misión Cherenta le dejaron el primer expediente de una causa que tiempo después llegaría a los cuarenta cuerpos. Estaban desesperados: un joven de los suyos había desaparecido en Choele Choel, al sur del país, donde trabajaba en la cosecha de la fruta.

 

El abogado, famoso por denunciar en la televisión local los negociados de Sergio Schoklender en Tartagal, había defendido a las comunidades indígenas en causas civiles. Nunca un crimen. No era un abogado político ni de derechos humanos sino un profesional de clase media alta que, con sus dos hermanos, tenía uno de los estudios más conocidos de su ciudad. Un abogado cualquiera.

La vida de Heredia antes del caso Solano eran días grises de un hombre de cincuenta años, divorciado con tres hijos, sin tanta emoción, sin tanto protagonismo. Frustrado, necesitaba un desquite, algún tipo de redención.

Esa noche no durmió. Y así pasaría los dos años siguientes: desvelado.

 

—El primer expediente era todo. Tenía una oportunidad única en mi vida. Si yo no viajaba, el caso quedaba impune- dice, sentado frente a la Comisaría Octava de Choele, bajo la sombra de un árbol. Allí enterró dos perros: “Suyai” y “Perón”. Fueron sus únicos compañeros en las caminatas por el pueblo.

 

En el primer expediente, según Heredia, estaba la clave del caso. Dice: a Solano lo mandaron a matar unos empresarios para que no reclamara por su salario. Habrían contratado a policías y planificaron una trampa en un boliche local. Lo hicieron en cuestión de horas. Luego la justicia y los funcionarios locales habrían desviado la pesquisa, comprado testigos para hacer creer que Solano había desaparecido por cuenta propia, a “empezar una nueva vida en Neuquén”. Nadie hubiera pensado, quizás porque en un pueblo tan chico un pacto de silencio de poderosos jamás se quiebra, que un abogado foráneo se metería con la investigación como un hecho de vida o muerte.

En 2011, Heredia se postuló en las internas del peronismo como candidato a intendente de Tartagal, pero no ganó. Quiso promover un instituto científico de enfermedades tropicales, pero perdió. Quiso investigar la corrupción de políticos, empresarios y jueces salteños, pero “el poder no lo dejó”.

 

Serán los de la comunidad los primeros en escuchar: “Daniel Solano fue asesinado”. Heredia recogerá pruebas antes de viajar. Filmará a los amigos de Solano en Tartagal y accederá a los contratos truchos que firmaban con las empresas tercerizadoras. Encontrará la cláusula que dice que “si un trabajador tiene problemas con la policía o la justicia, es despedido inmediatamente, sin derecho a indemnización”.

 

Hugo Ilario Corvalán, un obrero que trabajó en la cosecha de la fruta, le contó que, un año antes de la desaparición de Solano, no sólo lo despidieron por exigir mejores condiciones de trabajo, sino que los policías lo molieron a palos en las oficinas de sus jefes, en las oficinas de Agrocosecha. Heredia lo subirá a You Tube

 

En su muro de Facebook, el abogado se preguntará: ¿“Alguien que está lejos de su pueblo se va sin avisar antes a sus conocidos?” “¿Se va olvidándose su ropa y sus documentos en la gamela donde vivía?”. Y, al poco tiempo, responderá: “Daniel Solano no se fue a ningún lugar. Solano se escribía treinta mensajes por día con su novia y llamaba seguido a su padre. Está todo probado: el móvil de su asesinato fue una gran estafa. El tiempo nos dará la razón”.

Todo sucedió rápidamente. Heredia dispuso de dos colaboradores para la investigación: Leandro Aparicio, abogado de Bahía Blanca, y Fabio Prado Muñoz, de Choele. Al bahiense lo conoció antes en Tartagal y trabajará gratis como él, poniendo plata de su bolsillo. En mayo de 2012, a seis meses de la desaparición de Solano, Sergio Heredia dará una conferencia de prensa donde lanzará otra declaración bomba: “El caso Solano está resuelto”.

 

Dirá que Solano cobró el viernes por su trabajo de recolección de la fruta y que se dio cuenta de que en el recibo de sueldo faltaba plata. Se lo comentó a sus amigos, y a ellos les pasó lo mismo. Que los dueños de la empresa Agrocosecha, Adrián Lapenta y Pablo Mercado, planificaron su muerte entre el viernes 4 de noviembre de 2011 y el sábado a la madrugada porque se enteraron que el lunes iría a reclamar a las oficinas por “reintegros” que le pertenecían de su último salario. Dirá: no era una medida sindical, sólo un eventual reclamo: los trabajadores golondrina no tienen delegados ni están sindicalizados.

 

Dirá: si Daniel comprobaba que lo habían estafado, el hecho se convertiría en un efecto dominó que llegaría a miles de trabajadores. Dirá que por eso lo asesinaron. Que, meses antes, Agrocosecha lo había “marcado” porque Solano rechazó un ofrecimiento para ser puntero -reclutador de obreros- en el norte. “Sospechamos, también, que pudo haber visto algo más que asustó a los patrones”, dice Heredia, que pidió la detención de siete policías, apartó a la jueza Bosco, y puso la lupa en una estafa millonaria que involucra a comisarios, funcionarios, políticos y abogados. Una red mafiosa que funciona como un círculo de amigos que se hacen favores.

 

Choele Choel dividió las aguas: muchos lo apoyaron, muchos hicieron marchas para echarlo. “Soy el caso Solano, un estorbo para la crema de este pueblo”, confesó, en tono de leyenda. Se expuso sin filtros por la red. Fue abogado, periodista, documentalista, fiscal. Y un profeta excitado, en trance, como el Agente Especial del FBI Dale Cooper en la serie Twin Peaks, cuando investiga el asesinato de Laura Palmer en una comarca desconocida y siniestra.

 

Alguien fascinado consigo mismo, atrapado en sus propias palabras.

***

 

En su Facebook, donde tiene más de 4 mil amigos, Heredia posteó fotos con Gualberto, el papá de Daniel Solano (el epígrafe: “es un hombre digno, le juré que de acá no nos vamos a ir sin que nos entreguen el cuerpo de su hijo”), hay acusaciones durísimas contra la empresa Agrocosecha y la jueza Bosco (el comentario: “esa jueza corrupta tenía más de cien causas cajoneadas por apremios ilegales de los policías y encima se jubiló para evitar el juicio político”), hay vaticinios (dice: “estamos cada vez más cerca de meter a todos presos y que nos den el cuerpo”) y hay confesiones acerca de cómo arriesga su vida (comenta: “pongo mucha plata de mi bolsillo para traer a testigos de Tartagal, me he brindado con Gendarmería nacional para detener a los policías, conseguí más de cien testimonios de gente que estaba aterrada y que ahora declaran como testigos de identidad reservada, ¿de qué me acusan los poderosos?).

 

Por todo esto, Heredia fue muy criticado por por una parte de la comunidad del derecho -en Choele, esa crítica la encabezó la jueza Bosco-, cuya máxima para cualquier pesquisa es circunscribir el valor de las pruebas a un expediente.

 

Es histórico. No hay caso judicial donde los abogados usaran internet como lo usamos nosotros. Nos acusan de charlatanes y dicen que estropeamos las pruebas, pero es la única manera de presionar para que no se olviden de Solano- dice, mientras maneja su Fiat Duna, un auto que le consiguió Leandro Aparicio. Se ríe: pocas veces dejará su tono grave, su pulso dramático. Cuenta: “al Dunita se le cayó el caño de escape cuando viajaba a General Roca por un trámite de la causa. Y un policía me lo retuvo. Fue intencional. No saben qué hacer para frenarme”.

 

Heredia filma y saca fotos de todos sus movimientos. Aparicio lo acompaña. Esas imágenes se convirtieron en el documental “¿Dónde está Daniel Solano. Diario de una causa”. Ellos dos fueron directores, guionistas y productores y ahora recorren los pueblos y las grandes ciudades, como cineastas que están de gira. Algo que un jurista precavido tomaría por un error: aún sin fin de proceso ni comienzo de juicio, dicen cómo, por qué y de qué manera fue asesinado.

 

Allí cuentan la vida de Daniel Solano: el único varón de cinco hermanos, criado por su padre después de la muerte de su madre, bailarín de los carnavales, cocinero y albañil, su sueño de ser arquero de fútbol profesional, su idea de ahorrar con el sueldo de la recolección de la fruta para construirse una casa y comprar una moto. Le decían “El Nene”, “El Bebé”, “Mal Panza”. Y había terminado el secundario, como pocos en su comunidad.

 

—¿Por qué me pegan? Yo no hice nada —habrían sido sus últimas palabras, ensangrentado, en la esquina del boliche Macuba.
El documental cuenta qué es ser un trabajador golondrina, sufrir el desarraigo y vivir como ganado en las gamelas. Estar vigilado por la temida Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (B.O.R.A.), el brazo represivo de las empresas -disuelta por el actual gobierno de Río Negro a raíz del caso Solano- que los persiguen cuando cobran en las oficinas y les pegan por el solo hecho de ser indígenas y morochos.

Daniel Solano viajó desde Tartagal, como miles de aborígenes–así los llama, a veces, Heredia- que van a trabajar todos los años a la cosecha de la fruta. El sistema que los contrata los cambia cada tres meses para perpetuar la estafa y evitar que se aviven. Solano trabajó catorce meses: lo estafaron en 31 mil pesos. Si pensás en cien Solano, da tres millones. Solano era un pibe preparado, con secundario completo, se avivó de la estafa y se lo dijo a sus compañeros. No planificó un paro ni nada por el estilo. Simplemente levantó la voz para pedir por la plata que no les habían pagado.

 

—¿Sus asesinos fueron capaces de planificar el crimen en un día?

 

—Sí, se conocen todos. La empresa es socia de la policía. Un equipo parapolicial lo retiró del boliche, lo llevó en una camioneta EcoSport de la comisaría hasta la isla 92 y lo mataron ahí. Y después taparon todo. Eso lo deben hacer seguido con otras personas.

 

Preguntate cuántos casos Solano podrían existir en estos pueblos mafiosos.

 

A Heredia le gusta pensar el caso Solano como un culebrón latinoamericano. Dice que el cuñado de la jueza Bosco era el gerente de una de las empresas involucradas. La funcionaria encargada de controlar a las empresas y que fue puesta como primera abogada de Gualberto Solano por Agrocosecha, María Cecilia Constanzo, era la amante de uno de los empresarios. El jefe de la brigada de investigaciones de la policía de Choele Choel, que plantó como perejiles a compañeros de Solano y desvió la investigación, tenía conocidos en la justicia. Y así hasta el infinito. 

Heredia cree que otras dos personas desaparecidas (el paraguayo Pedro Cabaña Cuba y el trabajador golondrina jujeño Héctor Villagrán), estarían relacionadas con la causa. Que un cuñado de Solano fue clave para el encubrimiento y no se lo investigó. Que hay testigos asesinados. Que hay un personaje siniestro, Paulino Rivera, un proxeneta encubridor del crimen que tiene una chacra llamada “El negro muerto”, vinculada a negocios oscuros. Que hay gato encerrado en torno a dónde podría estar el cuerpo: en uno de los más de diez rastrillajes, se encontró la billetera de Solano en el río y luego la policía la habría hecho desaparecer.


El abogado tiene sus enemigos. Las mujeres de los policías imputados pintaron las paredes con el signo pesos: dicen que cobra un sueldo del gobierno nacional, compra testigos, propaga mentiras y ensucia el pueblo.


—Claro, Choele era Disneylandia. Esta era la provincia perfecta, un paraíso terrenal, como si no existiera una Otoño Uriarte, un Atahualpa Martínez ni el triple crimen de Cipoletti. Y los ignorantes creen que Solano trajo el infierno cuando hay decenas de pibes desaparecidos y asesinados por la policía. Les molesta que un negrito aborigen tenga abogados de primer nivel. Pero acá se acabó la impunidad.


La causa está caratulada como homicidio y hay veintidós policías imputados, trece procesados y siete policías detenidos. La estrategia de los abogados no es imputar sólo a los policías: quieren convertir el caso en una megacausa, detener más personas y avanzar en los procesamientos. No descartan pedir que se la caratule como “desaparición forzada”. Cada vez que el proceso se paraliza, los familiares realizan una huelga de hambre –ya hicieron tres-: suelen perder peso y pasan unos días internados en el hospital.


—Gualberto, el padre de Daniel, no se va a sacar las cadenas hasta que no haya respuestas —dice Leandro Aparicio, polémico, en un tramo del documental. Sus detractores los acusan de manipular a los Solano.


En la última huelga, para demostrar lo contrario, Heredia se encadenó con Gualberto y el resto de la familia. Fueron 18 días de ayuno.

***

Una notebook en una oficina de la parroquia de Choele Choel: el único reflejo de luz entre persianas cerradas, mesas y bancos repletos de expedientes, imágenes de Cristo y una cocina vacía. Sergio Heredia trabaja y vive en esa habitación pequeña, que es una caldera en verano y un freezer en invierno. Cuando llueve, el agua se cuela por las goteras y los papeles corren peligro. Es su búnker. Cristian Bonin, el párroco, le permitió quedarse. A cambio, el abogado construyó un horno de barro con el nombre de “Misión Cherenta”, en homenaje a Solano.

 

Apenas llegó, Heredia vivió en un hotel y manejó un auto Toyota. Al poco tiempo, cambió el traje por el jean, el Toyota por un Fiat Duna y los zapatos lustrados por las zapatillas John Foos. En la parroquia, donde llegó a tener custodia policial que rechazó porque dijo entorpecía sus movimientos, recibe a jóvenes que han sido golpeados por la policía y a trabajadores que lo van a buscar para que los represente por fraude laboral. Los interroga con su cámara y los sube a You Tube.

 

—Acá es tipo reality.

 

—¿Por?

 

—Mi deber es mostrar el lado oscuro del pueblo. (…)

 

Fuente: http://www.revistaanfibia.com/cronica/justicia-aunque-sea-lo-ultimo-que-haga/

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Expofrut-Univeg-Greenyard: las responsabilidades empresariales del caso Solano

18 de julio de 2018

Univeg (hoy Greenyard) era el grupo empresarial que concentraba entre otras a Expofrut Argentina. Esta última contrataba a la tercerizadora Agrocosecha que empleó y estafó a Daniel Solano y a sus 400 compañeros; ése es, para la querella, el móvil del asesinato y desaparición del joven. 

 

Por Jessica Visotsky, Eugenia De Rossi y Marcela Torres, para ANRed.

 

Un “jugador mundial”

El cambio de denominación es una práctica habitual en las empresas nacionales y transnacionales para evadir impuestos o responsabilidades más serias, como la trata o muerte de trabajadores. En el Caso Solano ya lo hemos visto, la empresa Agrocosecha S.A, donde trabajaba Daniel, cambió su nombre a Trabajo Argentino después de su desaparición. Recientemente la transnacional UNIVEG, aliada a EXPOFRUT S.A. (la empresa que contrataba a Agrocosecha primero y luego a Trabajo Argentino), ha cambiado el nombre a GREENYARD, también con sede en Bélgica  y en el mismo lugar físico donde se asentaba UNIVEG.

 

Según su página oficial, EXPOFRUT nació en 1971 “en la privilegiada zona del Alto Valle de Río Negro, Patagonia Argentina, estableciéndose en ese momento como empresa netamente exportadora, con actividades de compra y venta de fruta fresca”.

 

EXPOFRUT pasó por alianzas con grupos alemanes e italianos antes de asociarse con la Belga UNIVEG; en 1981 “una alianza con el grupo alemán REWE le permite incorporar capitales, adquirir empaques, frigoríficos y chacras, comenzando a producir y empacar su propia fruta, adicionando así más volumen a su principal actividad, la exportación”  y para 1988 negoció una alianza estratégica con el grupo italiano Bocchi, líder mundial en comercialización de frutas y verduras: “el fuerte perfil exportador de Expofrut se consolidó en 1993, cuando el Grupo Bocchi adquirió la mayoría de las acciones de la compañía. Esto permitió a Expofrut asegurarse una posición privilegiada en los mercados europeos, colocando sus productos directamente en las góndolas de los principales supermercados de la Unión Europea”.

 

Fue en 2006 que el grupo Bocchi se fusiona con el Grupo UNIVEG “cuadruplicando su volumen y adquiriendo una presencia estratégica en 4 continentes”. Para abril de 2008 “UNIVEG adquiere el 100% de las acciones de las compañías Bocchi en la división ‘Frutas y Verduras’. Este hecho unifica a ambos grupos y pone énfasis en la política unísona de Bocchi y Univeg. De esta manera, se reconoce a Univeg como ‘un jugador mundial’ en el mercado de productos frescos”.

 

Así es que a mediados de 2010, un año antes de que Daniel Solano iniciara el reclamo que lo llevó a su muerte y desaparición de su cuerpo, el Grupo Univeg “inicia en Argentina una reorganización societaria, de modo que EXPOFRUT pasa todo su negocio a una nueva compañía denominada Univeg Expofrut S.A.”.

 

Bélgica, capital de Europa

Bélgica son dos Bélgicas, la Bélgica de habla holandesa (neerlandés, más bien), la zona de Flandes, y la Bélgica de habla francesa. La Bélgica industrial y la Bélgica campesina.

Bruselas es la capital del país. Una ciudad multicultural hoy; con una gran migración de África del Norte y Medio Oriente, un número importante de ellos son de religión musulmana, las migraciones más antiguas de europeos, portugueses e italianos. Hay barrios donde el 80% de la población son migrantes. Bruselas le dicen a la capital de la Unión Europea porque ella acoge las sedes de sus “grandilocuentes” instituciones.

 

Si nos alejamos hacia  la zona de Flandes, la de habla neerlandesa, nos encontraremos con una región industrial en la que la mayoría de sus habitantes ven con simpatía las políticas migratorias del gobierno del derechista Theo Franken, Secretario de Estado para el Asilo y la Migración y abiertamente defensor del nazismo. Este funcionario ha implementado medidas de  expulsión de  inmigrantes al África que han sido torturados en los traslados bajo la política del “cleaning up” (limpieza), así como recientemente la nueva voluntad es la de encarcelar familias de inmigrantes. En este país, en este contexto, el Primer Ministro (Charles Michel) ha avalado estas políticas y a este funcionario sumamente cuestionado, definiéndolo como “duro pero justo” por la política de protección de sus fronteras. Fronteras que no existen para los capitales, pero que sí existen para las personas.

 

Si nos alejamos decíamos hacia el norte, hacia Flandes, llegamos a una localidad industrial llamada Melinas. Llegar de Bruselas a Melinas es un viaje en tren y un viaje en colectivo de casi una hora y media. Ese viaje hicimos y en la espera del colectivo compartimos algo en un puesto de comida árabe, hecha por un migrante kurdo. Melinas es básicamente un parque industrial, ahí se emplazan las grandes empresas transnacionales; ahí estaba Univeg (hoy Greenyard), el grupo que concentraba entre otras a Expofrut Argentina. En esta empresa, en el momento del asesinato de Daniel Solano, era director Fernando Oris De Roa, el actual embajador argentino en Estados Unidos (nombramiento que acaba de ser aprobado por el Senado). Expofrut contrataba a la tercerizadora Agrocosecha que empleó y estafó a Daniel Solano y a sus 400 compañeros; ese es, para la querella, el móvil del asesinato y desaparición de Daniel.

 

Fuimos hasta la empresa

Nos comunicamos telefónicamente con Greenyard un día antes para anunciar que iríamos y que llevábamos una carta de la familia de Daniel Solano y el documental realizado por los abogados de la causa, Sergio Heredia y Leandro Aparicio.  Nos notificaron que la empresa había cambiado de razón social, ahora se llamaba Greenyard. Solicitaron números de teléfono para comunicarse y pasada una hora llamaron al número que dimos para pedirnos que solicitemos una entrevista vía mail, con copia a dos correos: al director de la empresa Charles Deliedekerke y a la persona con quien hablábamos, un tanto en inglés, un tanto en un castellano interferido, su asistente. Se solicitó esa entrevista y al no tener respuesta viajamos igual hasta Melinas. En la página oficial del grupo Greenyard puede leerse, en su traducción:

“PROVEEDORES FAVORITOS DE GREENYARD: Los proveedores de frutas frescas asociados a Greenyard Fresh obtienen y exportan productos frescos procedentes de diversos países. Entre estos se encuentran las oficinas de aprovisionamiento propias de Greenyard en Brasil, Chile, Colombia y Perú, así como las empresas de nuestros proveedores preferidos: The Fruit Farm Group y Expofrut Argentina.

 

En esta misma página dice que la empresa tiene 10.000 empleados en el mundo y que facturan más de 4 millones de euros anuales. Los trabajadores golondrinas, jóvenes indígenas explotados, estafados, viviendo en condiciones inhumanas, ¿entran dentro de estos 10.000?, nos preguntábamos.

Caminamos 1 km. desde donde nos dejó el colectivo y ya cerca de la dirección a la que Google Maps nos llevaba, vemos un camión con el letrero UNIVEG y otros con el letrero GREENYARD.

 

Un gran edificio vidriado, parques con autos ultísimos modelos, estacionados, y una recepcionista a la que le manifestamos que veníamos desde Argentina a hacer entrega de una carta y un documental del Caso Solano, que nos habíamos comunicado el día anterior. Ella recordaba la comunicación. Hizo un llamado y dijo que no había ya nadie de la empresa para recibirnos. Entonces le comentamos del caso, le hablamos de Daniel, de los otros trabajadores asesinados y desaparecidos, de la estafa. La mujer se comenzó a incomodar e hizo un llamado. Nos dijo que vendría la asistente del Director.

 

Muy irritada vino esta mujer, con quien habíamos hablado el día anterior, manifestando que la entrevista no había sido dada y que estos no eran temas para conversar delante de gente que no tenía por qué enterarse.  Nos pidió que solicitemos nuevamente una entrevista, que habría habido un error en el mail y bla bla bla. Esconder bajo la alfombra, que otrxs trabajadorxs no se enteren, no osen sensibilizarse, no se solidaricen, y que puedan seguir siendo productivos.

 

Le dejamos la carta de la Familia Solano en tres idiomas (español, inglés y francés), el documental de la causa (que siempre ha estado traducido al inglés), colgamos afuera carteles de Daniel Solano y nos fuimos.

Por la noche se hizo una proyección en un espacio social en Bruselas, en un barrio de migrantes, donde un par de vecinas del barrio y jóvenes vieron el documental en su traducción al inglés, conversamos como pudimos y estrechamos lazos de solidaridad desde abajo, desde quienes hacemos los pueblos, esos lazos que son irrompibles.

 

La estafa laboral a los norteños

Los abogados querellantes siempre investigaron en dos direcciones: el crimen de Daniel Solano y la empresa donde trabajaba (Agrocosecha – Expofrut). Esto fue posible porque alguien colaboró con la investigación y le hizo llegar a los abogados los libros contables de Expofrut. Fue parte de la investigación, también, recopilar los recibos de sueldo de cientos de trabajadores norteños y notar, a primera vista, que les pagaban muy poco.

Expofrut controlaba el trabajo de los obreros confeccionando una planilla diaria en la que detallaba el trabajo de cada uno. El contrato de Expofrut con Agrocosecha implicaba que por cada $1000 que gana un trabajador, Expofrut le paga a Agrocosecha un 70% más, para aportes patronales (50%) y el 20% restante es para la tercerizadora. Es decir que cuando Expofrut paga $1700, $1000 son para el trabajador, $500 para aportes y $200 para Agrocosecha.

¿Qué hacía Agrocosecha?: en lugar de pagarle $1000 al trabajador, le pagaba $500. Con los otros $500 (que eran del trabajador) pagaban aportes. De este modo Agrocosecha, en lugar de quedarse con un 20%, se quedaban con un 70% del total pagado por Expofrut.

La forma que tenía Agrocosecha de alterar la cantidad de trabajo realmente efectuada por los obreros consistía en contabilizar menos plantas trabajadas o menos jornadas: en la planilla de Expofrut figuraba que Daniel Solano había trabajado 20 jornadas, pero en su recibo de sueldo (emitido por Agrocosecha) figuraban solo 5 días de trabajo. De este modo Agrocosecha estafaba a Expofrut a costa de los trabajadores golondrinas.

 

 Crisis civilizatoria

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, generalizar la conciencia sobre que el capitalismo hoy representa a los intereses lucrativos de uno por ciento de la humanidad. Su objetivo principal de maximizar el crecimiento constante de la rentabilidad en negocios de gran escala y corto plazo de realización ha conducido a enormes desigualdades social e internacional. Sobre la primera ilustra:

La Mega Concentración Económica de Chile

 8 de agosto de 2018

Por Jorge Molina Araneda

Resumen Latinoamericano

 

Esta es una breve radiografía de la gran concentración económica que impera en Chile, país laboratorio del neoliberalismo mundial, cuya flagrante paradoja es ser en teoría paladín del libre mercado mediante la competencia y, a la vez, aglutinar la riqueza en unas pocas familias.

De acuerdo al informe anual del Boston Consulting Group (BCG), la riqueza privada en Chile llegó a US$ 393 mil millones en 2016, lo que es un aumento de 7,7% comparado con 2015. El informe de BCG precisa que 115 familias chilenas manejan el 12,7% de la fortuna del país, lo que supone US$ 50.018 millones. Además, diversos informes muestran que en Chile hay alrededor de 11 mil familias con más de US$ 1 millón de patrimonio.

La concentración de la riqueza total es muy grande en Chile, donde el porcentaje es más alto que el promedio de la región, comparable a otros dos países con mucha concentración, como México y Brasil“, señaló el socio de Boston Consulting Group, Jorge Becerra.

Algunos datos:

Aguas Andinas; durante el primer mandato de Sebastián Piñera se enajenó el 35% de las acciones que el Estado aún tenía de esta empresa. Puesta en tela de juicio por reiterados cortes de agua en el Gran Santiago, en 2016, tuvo utilidades por $154.837.459.000. Según la Fundación Sol, un buen negocio renta en promedio 5%, uno muy bueno renta 8%, uno extraordinario 12%… Aguas Andinas rentó un 24% sobre su patrimonio.

Enel; a empresa estatal italiana, que en el país controla Enel Chile, Enel Generación (exEndesa) y Enel Distribución (exChilectra). Sus utilidades crecieron 47%, es decir, 3.778 millones de euros.

-Tres de las cinco Isapres -Banmédica (Eduardo Fernández León, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín), Consalud (Cámara Chilena de la Construcción) y Cruz Blanca (José Said)- controlan el 64% de las prestaciones de salud. De acuerdo a la Superintendencia de Salud, las utilidades en 2017  por Isapres fueron las siguientes:

Banmédica obtuvo utilidades por $21.987 millones (versus $11.183 del año 2016); seguida de Colmena Golden Cross con $17.739 millones (versus $9.668 del año 2016); Consalud recaudó $10.860 millones (versus $5.568 del año 2016); Vida Tres $8.586 millones (versus $9.564 del año 2016); Nueva Masvida $8.132 millones (versus $2.267 millones del año 2016); Cruz Blanca $3.269 (versus $11.952 del año 2016) y Alemana Salud $3 millones (versus $4 millones del año 2016).

-De la seis AFPs, Provida (del banco español BBVA) y Habitat (Cámara Chilena de la Construcción) concentran el 63% de los afiliados, con ganancias, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, el pasado 2017 de: $89.831.891.000 (Provida) y $104.079.458.000 (Habitat).

-El sector que ha sufrido el mayor grado de concentración en el último tiempo es el supermercadista a raíz del ingreso de Álvaro Saieh, quien partió comprando Unimarc y sumó cadenas regionales gracias a lo cual alcanzó una cuota del 24%. Aun así, solo dos -Líder (Walmart) y Cencosud (Horst Paulmann)- suman un 64% de las ventas.

Sector forestal; el 94% de la producción está en manos de CMPC (familia Matte) y Celco (Roberto Angelini), cuya matriz, Copec, es el principal actor en la distribución de combustibles con un 63,6%.-En las farmacias, tres cadenas (Cruz Verde, Fasa y Salcobrand) concentran el 95% de las ventas.

-En los bancos, cuatro compañías (Chile, Santander, Estado y BCI) suman el 65% de las colocaciones.

-El transporte aéreo nacional está en un 74% en manos de una sola compañía (Latam).

-Tres proveedores de telefonía móvil (Movistar, Entel y Claro) se reparten el 97% del mercado.

-Dos productores de pollos (Súper Pollo y Ariztía) acumulan el 71% de las ventas.

-CCU y Capel acaparan el 69% de las ventas de licores.

-British American Tobacco Chile (BAT Chile) tiene el 95% del mercado de los cigarrillos.

-La generación eléctrica se concentra en 74% entre Endesa, Colbún y AES Gener.

-La concentración económica de los medios de comunicación puede considerarse un duopolio comercial en manos de El Mercurio (dueño del diario del mismo nombre, Las Últimas Noticias, La Segunda y otros 23 diarios regionales) y el Grupo Copesa (dueño de La Tercera, La Cuarta y La Hora). En conjunto concentran el 95% de los diarios que circulan en el país, según un estudio de FUCATEL (2015). La principal fuente de financiamiento de los medios de comunicación es la publicidad. Hace décadas que los diarios dejaron de financiarse con sus propias ventas. La repartición de la inversión publicitaria reafirma al duopolio: el 54,8% fue a periódicos del Grupo El Mercurio y un 25,3% al Grupo Copesa.

(Fuente: Ciperchile.cl).

Estos oligopolios están estrechamente entrelazados con los grandes grupos económicos, repitiéndose en las posiciones dominantes en diferentes mercados.

El Grupo Luksic tiene una fuerte posición en bancos (Banco de Chile), bebidas (CCU), transporte marítimo (Compañía Sudamericana de Vapores), combustibles (ENEX), manufacturas (Madeco), televisión (Canal 13), radio (Play, Oasis, Tele 13 radio, Sonar) y minería (Antofagasta Minerals).

El Grupo Matte, participa en generación eléctrica (Colbún), industria forestal (CMPC), telecomunicaciones (Entel) y banca (Bice).

El Grupo Angelini, su participación está en combustibles (Copec), gas (Metrogas), forestal (Arauco) y pesca (Corpesca).

Horst Paulmann, participa en comercio al detalle: Jumbo, Easy, París, Santa Isabel, Johnson, Costanera Center, etc.

Los monopolios y oligopolios son la regla de la economía. De esta manera, un reducido grupo de conglomerados económicos toma posiciones relevantes simultáneamente en distintas áreas.

Para una economía relativamente pequeña como la chilena, el tamaño de estos grupos es extraordinariamente mayúsculo. En 2013 los ingresos de los 20 mayores grupos económicos sumaron US$145 mil millones, el equivalente al 52,61% del Producto Geográfico Bruto (PGB) total de Chile.

Las consecuencias para la economía son: baja competencia, altas barreras de entrada, facilidad para incurrir en prácticas ilegales, perjuicios en el precio y en la calidad del servicio para los consumidores, etc.

En 2013, el artículo denominado La parte del león: Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile concluyó que en nuestro país la parte del león se traduce en que el 1% acumula el 30,5% de los ingresos; el 0,1%, el 17,6% y el 0,01% cerca de un 10%.

Si precisamos un poco más la información, dentro de ese 1% más rico, el 0,1%, equivalente a 1.200 individuos, posee un ingreso per cápita que equivale a más de 1.200 veces el ingreso per cápita del 99% más pobre de la población y es casi 3 mil veces mayor que el ingreso promedio del 80% más pobre de los chilenos.

Finalmente, y a modo de corolario de lo económicamente concentrado en pocos apellidos que está Chile, este 2018 en la lista de la revista Forbes de las personas más ricas del mundo encontramos a las siguientes familias chilenas:

Luksic: de US$13.700 millones (2017) a US$16.300 millones (2018).

Paulmann: de US$4.700 millones (2017) a US$4.800 millones (2018).

Ponce Lerou: de US$3.100 millones (2017) a US$4.800 millones (2018).

Saieh: de US$2.500 millones (2017) a US$3.200 millones (2018).

Piñera: de US$2.700 millones (2017) a US$2.800 millones (2018).

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/08/08/la-mega-concentracion-economica-de-chile/

Sobre la segunda veamos implicancias:

Capitalismo y desarrollo desigual,

¿una desmentida al imperialismo?

6 de agosto de 2018

 

 

Esteban Mercadante

 La Izquierda Diario

 

Retomamos aquí la discusión sobre la vigencia de la teoría del imperialismo que venimos desarrollando en diversos artículos de Ideas de Izquierda , en este caso a partir de una acalorada polémica protagonizada en los últimos meses por David Harvey, uno de los académicos marxistas contemporáneos más prominentes.

El debate sobre las relaciones imperantes en la economía mundial actual tiene numerosas aristas, algunas de las cuales hemos plasmado en notas y entrevistas previas . En qué medida está en crisis el poderío indiscutido norteamericano y cuáles son sus implicancias , qué efectos producirá la creciente polarización política que mina el consenso neoliberal en las principales potencias , empezando por los EE. UU. gobernados por Donald Trump , son algunos de los elementos que lo atraviesan. Otro de ellos es en qué grado los cambios que produjo la internacionalización productiva de las últimas décadas , que convirtió a algunas economías que hace décadas eran eminentemente agrarias y atrasadas en polos de acumulación capitalista con considerables grados de desarrollo, se puede explicar a partir de la categoría de imperialismo.

Sobre esta última cuestión se viene desarrollando un contrapunto entre David Harvey, uno de los autores marxistas contemporáneos más conocidos, autor de numerosos volúmenes sobre El capital de Karl Marx y animador de la geografía crítica, y John Smith, autor de El imperialismo en el siglo XXI: globalización, superexplotación y crisis final del capitalismo (que hemos reseñado en otra oportunidad ) y colaborador regular de Monthly Review [ 1].

El disparador fue una afirmación realizada por Harvey en su comentario al libro de Prabhat Patnaik y Utsa Patnaik,A Theory of Imperialism . Allí afirma que:

Aquellos de nosotros que pensamos que las viejas categorías del imperialismo no funcionan demasiado bien en estos tiempos, no negamos para nada todos los complejos flujos de valor que expanden la acumulación de riqueza y poder en una parte del mundo a expensas de otra. Simplemente pensamos que los flujos son más complicados y están siempre cambiando de dirección. El histórico drenaje de riqueza de Oriente hacia Occidente durante más de dos siglos, por ejemplo, se revirtió en gran medida durante los últimos treinta años.

 

Smith ya había criticado a Harvey en su libro por no otorgar la relevancia que se merece a la explotación de la fuerza de trabajo del llamado “Sur Global” que vienen realizando las multinacionales de los países imperialistas en las últimas décadas a partir de las llamadas Cadenas Globales de Valor. En su opinión, este es el fenómeno determinante del imperialismo moderno, que explica la forma en que se desarrolló la internacionalización productiva desde los años ‘70.

 

La crítica que ahora le realiza a Harvey es doble. Por un lado, la inversión de los puntos cardinales. Donde Harvey dice “Oriente”, afirma Smith, debe leerse Sur, ya que toda la historia del colonialismo y del imperialismo es la de la explotación de lo que Smith llama, siguiendo a numerosas teorías de centro-periferia, el “Sur global”. Luego de señalar esta inversión, que es parte en su opinión de la operación que Harvey realiza –desdibujar las relaciones que estructuran al capitalismo global–, va a la cuestión nodal: la idea de que Occidente, según Harvey, y el Norte, en términos de Smith, ha dejado de extraerle riqueza al “Este”/”Sur global” es

… refutada por una mirada superficial a la más importante transformación individual de la era neoliberal –el cambio de los procesos de producción a los países de bajos salarios. Las corporaciones trasnacionales con base en Europa, Norte América y Japón lideraron este proceso, reduciendo los costos de producción y elevando los márgenes mediante la sustitución del relativamente bien pago trabajo doméstico por trabajo extranjero mucho más barato.

 

Esta es la base central de su noción de “superexplotación”. Con este concepto Smith se propone, siguiendo la elaboración de Andy Higginbottom [ 2 ], definir la existencia de una tercera forma de incremento de la plusvalía, a la par de la plusvalía absoluta y relativa definidas por Marx en El capital. Esta tercera forma consistiría en reducir los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo, que es lo que el capital trasnacional logra según Smith en los países oprimidos, transformándose en una fuente de ganancias extraordinarias que obtienen gracias a la relocalización de actividades productivas en estos países en los que pueden pagar la fuerza de trabajo más barata. La idea de superexplotación tal como la plantea Smith suscita algunos problemas, que lo pueden llevar a magnificar la magnitud del valor total de las cadenas globales generado en los países del “Sur global”, aspecto que ya discutimos en otro artículo . No obstante, su trabajo pionero en indagar cómo articular desde la teoría marxista los estudios sobre el arbitraje global de la fuerza de trabajo desarrollados por Stephen Roach y otros autores, aborda un aspecto central para entender la internacionalización productiva de las últimas décadas.

Harvey aclara en su respuesta a Smith, que él se refiere no al “Sur global” sino a China, junto a otras economías asiáticas. “Agreguemos a Corea del Sur, Taiwán y (con un poco de licencia geográfica) a Singapur, y tenemos un verdadero bloque de poder en la economía global”. Concluye que “si miramos al mundo como se ordenaba en, digamos, 1960, entonces el impresionante ascenso de Asia del Este como un centro de poder de la acumulación global resulta evidente”.

Para Harvey, una “teoría rígida del imperialismo”, no puede dar cuenta de estos fenómenos.

 

Una reversión que no se verifica

Pero no basta la constatación de estos nuevos polos de acumulación para afirmar que se han revertido los flujos globales de apropiación de riqueza, como asume Harvey. Las fuentes disponibles muestran por el contrario que la expoliación continúa, y los flujos de apropiación de riqueza mantienen la misma dirección hacia las economías imperialistas más ricas.

El estudio Flujos financieros y paraísos fiscales: combinándose para limitar la vida de miles de millones de personas [ 3 ], que cita John Smith, realiza un análisis de los flujos financieros globales. Su estimación es que las “transferencias financieras netas” entre los países desarrollados y los países en desarrollo, combinando flujos entrantes y salientes lícitos e ilícitos –“ayudas al desarrollo”, remesas de salarios, saldos comerciales netos, servicios de deuda, nuevos préstamos, inversión extranjera directa (IED), inversiones de cartera y otros flujos–. El estudio calcula que entre 1980 y 2012, los “países emergentes y en desarrollo” perdieron 3 billones de dólares en trasferencias netas hacia los países ricos.

En promedio, desde los años 2000, las transferencias representaron al año más de 8 % del PBI de los países afectados. China representa nada menos de 1,9 billones de dólares del total transferido durante esos años. En lo que hace a salida de capitales, el conjunto de los países emergentes registraron durante este período una salida de 13,4 billones de dólares, que se reducen a 10,6 billones excluyendo a China. Para que nos demos una idea, la economía de China alcanza hoy los 12,5 billones de dólares.

No es sorprendente que el flujo mantenga la misma dirección que caracteriza toda la historia del imperialismo. Los países imperialistas son la base de la mayor parte de las firmas trasnacionales (un sistema de alrededor de 90 mil firmas con 600 mil subsidiarias); en 2017, el 70 % de los flujos de IED se originó en estas economías desarrolladas (que a la vez fueron receptoras del 50 % de los desembolsos). Como vemos, las economías más ricas tienen de conjunto una posición neta inversora sobre el resto del mundo. No sorprende entonces que los frutos de dichas inversiones fluyan como giros de utilidades netos positivos nuevamente hacia los países más ricos. Al mismo tiempo, estas inversiones tienen un fuerte impacto moldeando las economías de los países dependientes en función de los beneficios del capital imperialista, lo cual confiere las “dualidades estructurales” que suelen caracterizar a estas economías atrasadas y oprimidas. Además, EE. UU., la UE y Japón son la base de operaciones también de los grandes bancos e instituciones financieras, que entre otras funciones no menores drenan riqueza del resto del mundo .

Harvey afirma que su preferencia por un esquema de “desarrollo geográfico desigual” no significa “negar que el valor producido en un lugar termina siendo apropiado en otro, y que hay un grado de crueldad en todo esto que es asombroso”. Pero el rechazo a la teoría del imperialismo desdibuja lo que son mecanismos de una apropiación sistémica, que constituyen una relación de opresión.

Lo que la internacionalización productiva nos dejó: desarrollo desigual y nuevos centros de gravedad en el capitalismo global

Aunque Smith refuta que las grandes potencias hayan retrocedido en su apropiación privilegiada del excedente producido globalmente, y demuestra la centralidad de las cadenas globales de valor para entender la dinámica de las últimas décadas, Harvey acierta al señalar un punto ciego de su esquema teórico, que es el lugar jugado por los nuevos polos de acumulación, y sobre todo China [ 4 ].

Por su parte, si Harvey plantea un elemento relevante al señalar que el desarrollo geográfico desigual es clave a la hora de analizar los cambios que puedan producirse en las relaciones imperantes en la economía mundial, falla en dar por concluida la expoliación realizada por las economías más ricas. Como afirma más matizadamente Alex Callinicos, la “jerarquía global de poder económico y militar que es una consecuencia fundamental del desarrollo desigual y combinado inherente al capitalismo imperialista no fue disuelta, sino más bien complicada por la emergencia de nuevos centros de acumulación” [ 5 ].

 

Algunos indicadores de esta jerarquía más “complicada” los tenemos en los cambios en la IED: si los países desarrollados concentraban el 90 % de su stock en el año 2000, hoy vieron caer ligeramente su presencia hasta 75 %. Esta es una de las dimensiones que muestra que algunos países dependientes ven crecer su participación subordinada en la expoliación del resto del planeta. A esto apunta Harvey cuando señala que:

Cuando leemos reportes sobre terribles condiciones de superexplotación en manufacturas en el Sur global, usualmente se revela que son firmas de Taiwán o Corea del Sur las que están involucradas, aun cuando el producto final termina en Europa o EE. UU. La sed china por commodities mineros y agrarios (granos de soja en particular) significa que las firmas de China están también en el centro de un extractivismo que está arruinando el paisaje en todo el mundo (miremos a América Latina). Una mirada superficial a las apropiaciones de tierra en África muestra que las compañías y fondos de inversión de China están por delante de todos los demás en sus adquisiciones.

China, por el tamaño de adquirió su economía como resultado de la atracción que realizó de IED dirigida a desarrollar la exportación aprovechando el reservorio de mano de obra barata, así como por la manera administrada en que la burocracia del PCCh orientó la restauración capitalista, es un producto singular de este desarrollo desigual y combinado que produjo la internacionalización productiva. Al mismo tiempo que la radicación de empresas imperialistas en ese país redundó en una formidable transferencia de la plusvalía generada por la explotación de la fuerza de trabajo de China hacia las economías ricas durante las últimas décadas, esta fue la base para una transferencia de tecnologías, desarrollo productivo y la apropiación de recursos que el Estado volcó en un proceso de fuerte acumulación de capital y, cada vez más aceleradamente, competencia en la arena global por los espacios de acumulación .

Esto se expresa en el peso adquirido por este país en la IED. Harvey nos recuerda que

… el mapa de la IED de China estaba en 2000 casi completamente vacío. Ahora un torrente de la misma atraviesa no solo el “Un cinturón, una ruta” [como se conoce la “nueva ruta de la seda”, NdT] a través de Asia en dirección a Europa, sino también el Este de África en particular y América Latina.

Efectivamente, desde el comienzo del milenio hasta 2017, la IED de China en el resto del mundo se multiplicó por 54 [ 6 ]. Hoy las empresas chinas tienen un valor inversión en emprendimientos productivos en el extranjero que es casi igual al que el capital extranjero tiene en China. La relación está cambiando de manera acelerada: en 2010 la IED extranjera en China era casi el doble que la de China en el exterior, y en 2000 la primera era 7 veces la segunda. De esta forma, si bien el gigante asiático sigue siendo una fuente de redituables inversiones para las firmas trasnacionales imperialistas, participa a la vez de manera cada vez más agresiva en ese reparto. China es hoy el segundo inversor global, después de EE. UU., y sus desembolsos representaron en 2017, a pesar de haber caído drásticamente en relación a los del año anterior, el 9 % de la IED total (la IED originada en EE. UU. representó ese año el 25 %).

La capacidad de China de competir en el desarrollo tecnológico en los sectores de punta es lo más preocupa hoy al imperialismo norteamericano. La escalada de Trump en materia comercial, que tiene el trasfondo la competencia por la primacía en estos terrenos, es un recordatorio de que el ascenso de China no podrá concretarse como un tránsito pacífico. David Harvey, por el contrario, parece opinar que el pasaje de China a convertirse en una potencia “hegemónica” (que no califica de imperialista) ya se estaría consumando, sin mayores trastornos.

 

¿Desafío o refuerzo del entramado imperialista?

Los aspectos de cambio en el balance entre las economías desarrolladas y algunos países emergentes producido por el desarrollo desigual y combinado, es mejor comprendido en el marco de una teoría del imperialismo, y no descartándola como propone Harvey. Este desarrollo desigual complejizó las condiciones de la dependencia, ampliando sus gradaciones, y permitió el surgimiento de fenómenos en transición como China, cuyo destino estará ligado al desarrollo de las tensiones que caracterizan la convulsionada situación mundial .

Que estos fenómenos, lejos de cuestionar el entramado que asegura los beneficios del capital trasnacional imperialista, lo refuerzan, lo pone en evidencia la manera en la que se integran en las instituciones como el FMI. China buscó, y logró, tener más peso en las decisiones de este organismo multilateral, que es sostén del orden monetario internacional basado en el dólar [ 7 ]. Esta es apenas una muestra de cómo los centros de acumulación emergentes resultan un “amplificador del imperialismo” [ 8 ].

El análisis de los fenómenos contemporáneos confirma la vigencia de la categoría de imperialismo; no como un fenómeno rígido o estático, sino como uno dinámico que es reconfigurado, pero no revertido, por el desarrollo desigual que caracteriza la acumulación capitalista global.

Notas:


[ 1 ] Los artículos que componen la polémica son John Smith, “David Harvey Denies Imperialism” (“David Harvey niega el imperialismo”), Roape , enero 2018; David Harvey, “Realities on the Ground” (“Realidades en el terreno”),Roape , febrero 2018, y John Smith, “Imperialist Realities vs. the Myths of David Harvey” (“Realidades imperialistas vs. Los mitos de David Harvey”), Roape , marzo 2018.

[ 2 ] Autor del libro La tercera forma de incremento de la plusvalía

[ 3 ] “Financial flows and tax havens: combining to limit the lives of billions of people”, Global Financial Integrity, diciembre 2015

[ 4 ] Claudio Katz observa este mismo problema en “Semejanzas y diferencias con la época de Marini”, Lahaine.org, marzo 2018.

[ 5 ] Callinicos, Imperialism and Global Political Economy , Londres, Polity, 2009, p. 186.

[ 6 ] World Investment Report (Reporte mundial de inversiones), Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junio 2018

[ 7 ] Vijay Prashad, “In the ruins of the present” (En las ruinas del presente), Monthly Review , marzo 2018.

[ 8 ] Patrick Bond, “Towards a Broader Theory of Imperialism” (“Hacia una teoría más abarcativa del imperialismo”), Roape , Abril 2018.

Esteban Mercatante, @EMercatante, Nacido en Buenos Aires en 1980. Es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario, es autor del libro La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo(Ediciones IPS, 2015), y compilador junto a Juan R. González de Para entender la explotación capitalista(segunda edición Ediciones IPS, 2018).

http://www.laizquierdadiario.com/Capitalismo-y-desarrollo-desigual-una-desmentida-al-imperialismo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244939

 

 

Consideremos cómo las corporaciones imperialistas con socios locales rigen en el sistema agroalimentario y agroindustrial.

UPOV 91 y otras leyes de semillas: guía básica acerca de cómo empresas intentan controlar y monopolizar las semillas

22 de octubre de 2015

 

(…)La presión internacional por privatizar las semillas

La ofensiva de las corporaciones para controlar y monopolizar las semillas se basa en múltiples estrategias. Una fundamental es poner presión sobre los países para privatizar las semillas a través de una legislación que otorgue lo que se conoce como derechos de obtentor o protección de variedades vegetales. Pero existen otras regulaciones que funcionan en la misma dirección: las leyes de patentes sobre plantas, que son cada vez más comunes, las leyes de certificación de semillas, las leyes de comercialización de semillas, y las normas de seguridad alimentaria, entre otras. Muchos movimientos sociales las llaman “Leyes Monsanto” para indicar quiénes han participado en su redacción y quiénes se benefician más a partir de ellas.

Las nuevas reglas pueden ser impuestas como leyes, decretos, órdenes ejecutivas, órdenes administrativas, regulaciones ministeriales, etcétera, pero su propósito es el mismo en todos los ámbitos: entregar derechos exclusivos a las corporaciones para controlar el suministro de semillas. En algunos casos, esto se hace muy explícito. Por ejemplo, una ley de semillas modelo para los países del Sur de África, promocionado por la agencia USAID, estipula que la agencia nacional de semillas “deberá tomar las medidas necesarias para promover el crecimiento y desarrollo de la industria de semillas”3 Aunque se podría argumentar que los pequeños productores de semillas también pueden ser parte de la industria semillera, el hecho es que los gobiernos están cediendo a las presiones de las grandes empresas y que las reglas que se imponen están claramente sesgadas a favor de los grandes y no de los pequeños productores. Un ejemplo son los requisitos acerca de las instalaciones y el personal necesarios para comercializar semillas.

También se está obligando a los gobiernos a no involucrarse en actividades de mejoramiento genético o distribución de semillas. El gobierno instaurado en Afganistán después de la invasión de Estados Unidos incluyó el siguiente requisito en la nueva ley de semillas: “el Ministerio adoptará las medidas necesarias para asegurar que la producción y comercio en todos los tipos de semillas sean realizados por el sector privado y ...deberá desligarse de toda la producción de semillas y de empresas y actividades de comercialización de semillas”.4  (…)  Leer

 

Sin embargo, todos los pueblos resisten. Comprobemos en Chile:

 

 

RAP-Chile reafirma su rechazo a la Ley Monsanto y a todo mecanismo funcional a su aprobación.

19 de enero de 2015

"RAP-Chile, junto a la campaña YNQT en Chile llama a las organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de consumidores a mantenerse unidas y alerta frente a este nuevo intento de aprobar una ley que sólo beneficia a las transnacionales del agronegocio, y que constituye una amenaza para la biodiversidad, la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria, vulnerando también el derecho a la alimentación sana que todos y todas tenemos."

 

17 de Enero de 2015

“El estudio sobre alternativas de protección jurídico-normativa y de otra índole para semillas y prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura, dado a conocer esta semana por ODEPA (Oficina de Planificación Agraria) y realizado por docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile junto a otros académicos, es una propuesta funcional a la reactivación del proyecto de Ley Monsanto (Ley de Obtentores Vegetales). No aborda el convenio UPOV 91, la principal amenaza legal que se cierne sobre la semilla, la agricultura familiar campesina y la biodiversidad”, afirma María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile, organización miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile.

 

Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas de la organización agrega: “No vamos a legitimar ningún truco del gobierno que esté orientado a ocultar o maquillar los verdaderos objetivos de la Ley de Obtentores Vegetales. Seguiremos adelante con la campaña de defensa de la semilla campesina e indígena, junto a todos los consumidores que buscan contar con alimentos sanos y quieren alimentar a sus familias con alimentos libres de transgénicos, patentes y plaguicidas.”

El tema de la semilla y su efectiva protección no ha sido una preocupación del Estado chileno en sucesivas administraciones. Pero la campaña ciudadana contra la Ley Monsanto obligó a la Presidenta Bachelet a suspender en marzo de 2014 la tramitación del cuestionado proyecto e iniciar la búsqueda de diferentes mecanismos para viabilizar ley, tales como el estudio [1]que comentamos y la redacción de indicaciones al proyecto original, dadas a conocer por el Ministerio de Agricultura en un proceso unilateral que no ha tenido carácter nacional ni ha significado una rectificación de las ideas centrales del proyecto. Tampoco lo ha hecho coherente con la soberanía alimentaria, objetivo que había señalado la propia mandataria durante su campaña electoral. 

UPOV 91 es lo central

Al revés de los consultores que realizaron este estudio, las organizaciones sociales, campesinas y ambientales tenemos muy claros los objetivos centrales del proyecto de ley de Obtentores Vegetales: promulgar el convenio UPOV 91 que cercena derechos fundamentales de los y las campesinas e indígenas, amenaza la biodiversidad y pavimenta el camino para la expansión de los transgénicos y su introducción al mercado interno. Así quedan a disposición de los obtentores (las grandes transnacionales) todas las semillas tradicionales que podrán ser “puestas a punto” o “descubiertas” para luego ser registradas a nombre de las empresas. Todos los agregados que se hagan a esta ley pretendiendo resguardar los derechos campesinos serán letra muerta frente a la preeminencia del convenio internacional, como ha ocurrido en otros países.

La decisión del gobierno de eludir la consulta indígena respecto de la Ley Monsanto y de realizar reuniones sobre las modificaciones a la ley sólo en Santiago, agravan la situación. La consultoría por su parte, de la que participa el vicedecano de la Facultad de Agronomía, Carlos Muñoz, Presidente del Comité de FitoMejoradores creado por ANPROS en 2008, limitó su investigación a un estrecho universo con baja participación campesina (un total de unos 60 participantes en dos talleres en Santiago y uno en Temuco,) que excluyó a organizaciones campesinas históricas como ANAMURI y a otras organizaciones ambientales con investigación y trabajo en el tema como RAP-AL.

RAP-AL ha manifestado públicamente que no se necesita una ley de obtentores e hizo entrega en cambio, en esta oportunidad, a la directora de ODEPA, Claudia Carbonell de las propuestas de políticas públicas a favor de la agroecología elaboradas por organizaciones campesinas, ambientales y de consumidores de todo el país en un taller realizado con ese fin en Santiago en agosto de 2014.

Privatización de la semilla

Las propuestas del estudio encargado por ODEPA apuntan en lo central a fortalecer formas de protección intelectual de la semilla, como son los registros de semillas tradicionales, y son consistentes con el contenido de la versión 2 del proyecto de Ley Monsanto que el gobierno chileno reactivará en forma pronta, al parecer sin realizar la consulta indígena. Otras propuestas de este mismo estudio, van en sentido contrario y apuntan a resguardar los derechos de los campesinos a vender, usar e intercambiar libremente la semilla, pero estas buenas intenciones pierden todo sentido si se promulga el convenio UPOV 91. La Ley Monsanto, al ser promulgada precisamente derogaría la actual ley de semillas que los consultores proponen modificar. Los académicos hacen recomendaciones sobre varios instrumentos internacionales como el Protocolo de Nagoya y el TIRFA (sobre Recursos Fitogenéticos, de FAO) pero no se pronuncian sobre el UPOV 91 ni sobre el Protocolo de Cartagena, pese a mencionar el Convenio de Biodiversidad. Cuando en 2011 el Tribunal Constitucional analizó –a pedido de 21 senadores- la legalidad del convenio UPOV 91 aprobado por el Senado, entre quienes defendieron la privatización de la semilla estuvo Carlos Muñoz, en representación del Comité de Fitomejoradores ligado a ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas.

Transgénicos y centros de origen


El estudio licitado por ODEPA aborda la relación entre la existencia de cultivos transgénicos y la protección de la semilla campesina, y
de forma implícita avala la coexistencia entre estas dos formas antagónicas de cultivo. Las consecuencias de la adscripción al Convenio UPOV 91 incluyen en la práctica la expulsión de los campesinos de su territorio, facilitando la expansión de los cultivos transgénicos y su introducción al mercado interno. 

La contaminación de los cultivos tradicionales o convencionales por transgénicos, es un riesgo real y los daños están comprobados en Chile y otros países. Sin embargo ,los consultores y agrónomos Ricardo Pertuzé, Carlos Muñoz y Dinko Covacevich no consideran que sea necesario exigir al SAG que monitoree la posible contaminación genética de los cultivos emparentados con maíz transgénico. Esa propuesta de protección fue presentada en el estudio en forma separada por M. Isabel Manzur (Chile Sustentable), Salvador Millaleo (experto en derecho indígena) y Blanche Magarinos-Rey (abogada francesa de la ong Kokopelli), quienes también integraron el equipo consultor. Los citados académicos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile se manifiestan contrarios a que los nuevos cultivos transgénicos se sometan un estudio de impacto ambiental, propuesta apoyada por los consultores disidentes. Esto, por lo demás, es parte de la actual legislación aunque no se ha elaborado el reglamento respectivo. Muñoz, Pertuzé y Covacevich sostienen que sólo el Ministerio de Agricultura debe intervenir en las autorizaciones, haciéndolo caso a caso y sin Evaluación de Impacto Ambiental.

El estudio también incluye un análisis de la legislación comparada pero omite mencionar la moratoria a los transgénicos vigente en Perú como medida de protección a la semilla. El equipo consultor no incluye la moratoria a los transgénicos entre las propuestas a ser consideradas o incorporadas y dedica escaso espacio a la relación entre la semilla y la ingeniería genética y a las consecuencias de ello.

En el curso de la presentación de esta consultoría ante la sociedad civil, la directora de ODEPA, Claudia Carbonell, confirmó que los consultores conocieron la versión 2 de la Ley de Obtentores Vegetales (Ley Monsanto), elaborada por Hugo Martínez, asesor del ministro Furche, cuyo contenido ya fue rechazado por organizaciones ambientales y campesinas en las reuniones en que se presentaron estos agregados. No entregó fechas para el reinicio de la tramitación en el Senado de la Ley Monsanto pero afirmó que el estudio y la revisión de la ley habían sido procesos paralelos.

RAP-Chile, junto a la campaña YNQT en Chile llama a las organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de consumidores a mantenerse unidas y alerta frente a este nuevo intento de aprobar una ley que sólo beneficia a las transnacionales del agronegocio, y que constituye una amenaza para la biodiversidad, la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria, vulnerando también el derecho a la alimentación sana que todos y todas tenemos. 
 

Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile

16 de enero de 2015

OLCA

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/RAP-Chile_reafirma_su_rechazo_a_la_Ley_Monsanto_y_a_todo_mecanismo_funcional_a_su_aprobacion

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Chile - El TPP, un Acuerdo pro Transnacionales:

Monsanto se apronta a gobernarnos

21 de enero de 2016

Si los parlamentos de México y Chile aprueban el Acuerdo Transpacífico TPP, se habrán hecho el harakiri. ¡Mejor se van para la casa al otro día! Porque este Tratado en realidad es una ley global elaborada en secreto por los gobiernos de 12 países comandados por Estados Unidos, junto a las trasnacionales y sus aliados locales. Ante cualquier futura ley que defienda los intereses nacionales en materia ambiental, agrícola, de salud o educación, las corporaciones –citando el tratado- podrán demandar a los Estados en un tribunal internacional, donde sólo ganan los poderosos.

 

Entre los redactores del TPP está Monsanto –la transnacional productora de híbridos, transgénicos y plaguicidas- junto a la industria farmacéutica, los fabricantes de automóviles y otras corporaciones. Pretende obtener así lo que no logra por la vía legal ni por tribunales. Un poderoso movimiento social defendió en Chile la semilla campesina e indígena logrando en 2014 detener la tramitación del proyecto de Ley Monsanto (Obtentores Vegetales). Para las organizaciones socio-ambientales que dieron esas luchas, las victorias alcanzadas por las organizaciones mexicanas defensoras del maíz son altamente valoradas y admiradas por su capacidad de alianzas y sus logros en el plano jurídico y también social.

De aprobarse este tratado, los presidentes Michelle Bachelet y Enrique Peña Nieto y los respectivos parlamentos serán los responsables históricos de una inédita entrega de la soberanía nacional. Por eso en Chile la estrategia de lucha contra el TPP incluye acosar a los parlamentarios para lograr que en el Congreso voten en contra, tras la anunciada ratificación por los presidentes, que tendría lugar en febrero próximo.

Hasta el año 2013, el negociador de temas agrícolas del TPP por Estados Unidos fue Islam Siddiqui, ex cabildero de Monsanto. Se retiró tras asegurar en la redacción los intereses de la trasnacional. El capítulo 18, de Propiedad intelectual, en su párrafo 7.2, letra d), por ejemplo, obliga a Chile y a México a ratificar la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991 (UPOV-91), de propiedad intelectual de las semillas. Eso implica derogar la actual ley de semillas y aprobar el proyecto de Ley de Obtentores, que es la traducción al castellano del Convenio UPOV 91 y pavimenta el camino a los transgénicos.

En Chile, reponer la Ley Monsanto por medio del TPP significa impedir el ejercicio del derecho ancestral al libre intercambio de semillas, y extender el registro de semillas a todas las variedades vegetales. Habrá más emigración campo-ciudad, por el colapso de la agricultura familiar campesina, y ello generará espacio para la expansión de los cultivos transgénicos y de la contaminadora industria forestal. Sin agricultura familiar campesina, que actualmente abastece las ferias libres y otros espacios de venta de frutas y verduras, los consumidores dependerán exclusivamente de los supermercados. La agroindustria dejará en el país sólo lo no exportable, y las “cadenas cortas” consumidor-productor, que se presentan como alternativas nuevas y saludables, sin agrotóxicos, abortarán.

|Biopiratería legal. En este mismo capítulo 18, el TPP impulsa la formación de expertos en el registro de patentes de conocimiento indígena sobre plantas. Los expertos patentarán conocimientos ancestrales, un procedimiento rechazado por las organizaciones de los pueblos originarios y cuyo patrimonio genético y conocimientos ancestrales han sido víctimas de la biopiratería desde hace rato. Este Tratado sigue alentando la biopiratería e ignora los compromisos del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, firmado por México.

Nueva Zelanda negoció excepciones a favor de sus pueblos indígenas derivadas del Tratado de Waitangi. Chile ni siquiera prevé la consulta indígena, según ha afirmado la Cancillería, ignorando las disposiciones del Convenio 169 de Derechos de los Pueblos Indígenas.

Una camisa de fuerza. La maraña de disposiciones genera una suerte de camisa de fuerza respecto de nuevas normas. El capítulo 2 sobre Trato Nacional y Acceso a Bienes, en su párrafo 27.10 establece un Grupo de Trabajo sobre Biotecnología que analizará “las leyes, reglamentos y políticas nacionales, existentes y propuestos”. Por ejemplo, un proyecto de moratoria a los cultivos transgénicos y uno de etiquetado de alimentos transgénicos, o políticas públicas de compras de alimentos agroecológicos/orgánicos podrían ser considerados un obstáculo al comercio y quedarían “congelados”. El Capítulo 15 es sobre Compras del Sector Público, y el Capítulo 8, sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Esas normas podrían ser vistas como acciones que van en contra de las “expectativas razonables de ganancias” de los inversores de la agroindustria. El Estado no se arriesgará a posibles demandas porque firmó el Capítulo 28 sobre Resolución de Controversias (tribunales internacionales con fallos inapelables y sesgados), y el Capítulo 9 sobre Inversiones.

La resistencia de los pueblos a este Tratado Transpacífico Pro Transnacionales ha comenzado en Chile, México, Perú y Malasia. Generar coordinación será una forma de fortalecer estas luchas, irrumpiendo con el verdor de la semilla que no pide permiso para brotar.

Lucía Sepúlveda Ruiz Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile y campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, miembros de la Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP, www.mejorsinttp.cllusr20@gmail.com

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Chile

El TPP y los derechos humanos

José Aylwin Codirector de Observatorio Ciudadano; miembro de la Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPPjose.aylwin@gmail.com

 

En octubre pasado el gobierno de Chile, junto a otros 11 gobiernos, concluyó las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, más conocido como TPP (Trans Pacifc Partnership), acuerdo comercial negociado por años en secreto cuyo objetivo es la creación del mercado más grande del planeta, con la participación de Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, México, Perú y Chile, entre otros Estados, los que representan el 40 por ciento del PIB mundial.

Junto a Estados Unidos, los promotores más activos del TPP han sido las corporaciones trasnacionales. El análisis de sus contenidos permite entender su interés en este acuerdo. Así por ejemplo, el TPP permite la extensión hasta ocho años de la protección de datos de medicamentos biológicos, impidiendo la entrada al mercado de versiones genéricas de remedios después de su primer registro. En el caso de Chile ello tendría, según la Subsecretaría de Salud, un costo de 770 millones de dólares anuales por cada año adicional a los cinco actuales de protección.

El TPP amenaza los conocimientos tradicionales al reiterar la obligación que Chile había asumido en anteriores acuerdos comerciales de ratificar la Convención Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales de 1991 (UPOV 1991), la cual establece un sistema de “protección” de los derechos de los “obtentores vegetales”, entre ellos la reproducción y la comercialización de variedades vegetales, muchas de ellas desarrolladas con base en conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. En materia medioambiental, el TPP dispone que los Estados no pueden fallar en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales por medio de una acción o inacción que afecte el comercio o la inversión, supeditando la política ambiental al intercambio mercantil.

El TPP establece la obligación de los Estados de otorgar a los inversionistas un “trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas”, y de no expropiar ni nacionalizar sus inversiones, sea directa o indirectamente, salvo que sea con un propósito público, de una manera no discriminatoria, mediante el pago de una indemnización efectiva. Para determinar si un acto estatal constituye una expropiación indirecta, el TPP considera su carácter, su impacto económico y la interferencia con “expectativas inequívocas y razonables de la inversión”, lo que deja abiertas las puertas a los inversionistas para impugnar decisiones de política pública por considerarlas expropiación indirecta. Además, se faculta a los inversionistas para llevar sus controversias con los Estados al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), lo que lesiona la soberanía de los Estados para impulsar medidas legislativas o políticas para cumplir con sus compromisos de derechos humanos, medidas que en años recientes se han visto impugnadas por corporaciones por su contrariedad a los acuerdos comerciales.

Así al 2014 había más de 600 demandas de inversionistas ante el CIADI por “incumplimientos” por parte de los Estados de sus obligaciones al amparo de acuerdos comerciales. De 269 casos concluidos el 2013, 82 involucraban a Estados latinoamericanos (es decir 30.5 por ciento), muchos de ellos en forma adversa para éstos. Esta proporción se ha incrementado dramáticamente en los años recientes, ya que de 175 casos pendientes, 74 son contra Estados latinoamericanos (un 43.5 por ciento).

Se trata de una situación que contraviene los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos con el voto de Chile el 2011, en los que se insta a “mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyen acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo por medio de tratados o contratos de inversión”.

La presidenta Bachelet ha dado su total respaldo al TPP afirmando que es “bueno” para el país. Hasta ahora la Cancillería no ha dado a conocer los estudios que avalan esta afirmación requeridos por la coalición Chile Mejor sin TPP, que agrupa a un centenar de organizaciones sociales. Tampoco ha señalado cómo se han considerado los derechos humanos para adoptar la decisión de suscribir este acuerdo.

Resulta evidente que los 24 acuerdos comerciales que Chile ha suscrito con más de 60 Estados han incidido de manera directa en el incremento de las inversiones extractivas y productivas –minería en el norte, forestación y salmonicultura en el sur, proyectos energéticos y de infraestructura a lo largo del país- en tierras y territorios indígenas. Ello por medio de la atracción de inversiones de corporaciones domiciliadas en los países con los que Chile ha suscrito estos acuerdos comerciales, y también por medio de la apertura de mercados para las empresas de capitales nacionales. Al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Chile se obligó a consultar a los pueblos indígenas las medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. No obstante ello, representantes de Cancillería han señalado preliminarmente que el TPP no requeriría de consulta indígena.

En paralelo a las negociaciones que el Estado llevó adelante en torno al TPP, el gobierno anunció el 2014 la elaboración de un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, el cual, con la participación activa de la ciudadanía, debería permitir revisar la consistencia del marco normativo y de la política pública del Estado, así como la actuación de las empresas, con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. El debate en torno al TPP no puede estar ausente en el proceso de elaboración de este Plan. Tampoco puede estar ausente en este debate el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre la conveniencia o no de la ratificación de este acuerdo comercial. Se abre entonces la posibilidad de generar un debate abierto con la ciudadanía y estos pueblos sobre la suerte del TPP, el que muchos estimamos, con fundamentos hasta ahora no escuchados, limita gravemente los derechos humanos. Esperamos que el gobierno y al parlamento así lo entiendan.

La Jornada del Campo

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Chile_-_El_TPP_un_Acuerdo_pro_Transnacionales_Monsanto_se_apronta_a_gobernarnos

En consecuencia, el contubernio de las corporaciones y estados imperialistas con los poderes locales privilegia súper negocios por sobre necesidades y aspiraciones de las diversidades de abajo. Pero estas ultimas resisten ese avasallamiento de derechos humanos, frenan esos proyectos de muerte o son derrotadas y persisten. Son la esperanza bien fundamentada de concretar cambios sociales radicales. Porque los gobiernos progresistas han conciliado y concilian con los poderes oligárquicos e imperialistas. Examinemos porqué el Nunca Más nos exige erradicar al Capital-Estado y cómo el progresismo e izquierdas reformistas lo aceptan:

 

Las élites agrarias en la política ecuatoriana

11 de agosto de 2018

 

Por Anahí Macaroff

 

La línea de fuego

 

Cuando uno se pregunta quienes ostentan el poder político en el país, desde el sentido común una primera respuesta apuntaría hacia los gobernantes, pero incluso desde el sentido común ésta resuena como una respuesta incompleta, es entonces cuando volvemos la mirada sobre las élites como un grupo reducido -no necesariamente homogéneo.

Y su característica es la de ubicarse en la cúspide de la jerarquía social a partir de una combinación de factores económicos, políticos y de prestigio que le permite ejercer el poder (Espinoza, 2015; Rojas, Tapia y Bazoberry, 2000) y controlar las instituciones -políticas, estatales, educativas, sociales- que garantizan su reproducción y permanencia tanto material como simbólica (Mills, 1993).

Este artículo propone una aproximación a las élites ecuatorianas y sus formas de participar o accionar dentro de la política que nos permita, no sólo distinguir quienes están detrás del poder sino también, qué recursos y estrategias despliegan para asegurar sus lugares de privilegios. En este sentido veremos que en ocasiones gobernantes y élites son los mismos y en otras aunque los primeros no se correspondan con los segundos, las élites encuentran maneras diferentes según la coyuntura histórica para influenciar las decisiones políticas.

 

Para entender la conformación actual de las élites realizaremos un breve recorrido histórico de las élites agrarias que indague sus mecanismos de legitimación económica y simbólica, las ideas y creencias políticas a partir de las que se constituyen sus organizaciones y con cuales intervienen en la vida política, así como los niveles de articulación y formas de relacionamiento con el Estado.

Partimos de considerar que, élites económicas y élites políticas son en gran medida causales y dependientes, ya que cuando no son a la vez élites económicas y políticas despliegan estrategias para ejercer una influencia política que garantice su acumulación económica. Es justamente el poder económico de estos grupos lo que les sirve para incidir en el campo de la política. Si bien, no son un grupo homogéneo y aparecen como un grupo reducido que en momentos actúan como un núcleo compacto; construyen un sentido de superioridad simbólica y una estructura jerarquizada que se basa en una combinación de factores culturales (raciales y étnicos) que los consolidan, no sólo cómo un grupo que ostenta riquezas, sino como un grupo distinto de la sociedad.

Y para su reproducción simbólico cultural comparten espacios de sociabilidad -Club la Unión de Guayaquil-, se reclutan y forman en los mismos colegios, universidades, empresas y ostentan una posición de poder (Mills, 1993).

Entre la composición de la clase dominante y en la combinación de factores que nos permiten hablar de élites nos vamos a referir a la “cúspide” de esta estructura representada por las grandes élites nacionales, dejando para otra ocasión su relación con élites menores de carácter más locales las cuales se encuentran discursivamente enlazadas y subordinadas a las élites nacionales.

 

Por último, hay que señalar que tal como lo demuestran los aportes de varias personas investigadoras (North, Larrea, Herrera, Guerrero, Benavides y Quevedo) en Ecuador la conformación de las élites económicas y políticas tienen un origen terrateniente que se puede rastrear desde la primera República, donde el poder económico de las élites es posible gracias a la gran propiedad de tierra y la explotación de la fuerza de trabajo indígena a través de formas serviles. Podríamos distinguir dos grupos de élites terratenientes de carácter regional. Por un lado, están la élite serrana más “tradicional”, heredera de las formas coloniales de explotación de la fuerza de trabajo indígena, el concertaje de indios en las haciendas; y por el otro lado está la élite costeña que se consolida gracias al boom de la producción de cacao primero y luego con el boom bananero, en plantaciones “más modernas” cuyo proceso de expansión está ligado a la inserción del país en el mercado mundial determinando su carácter dependiente.

 

El Estado como inversor y canalizador de los conflictos sociales

Para finales del siglo XIX las élites comienzan a organizarse en Cámaras. En 1889 se crea la Cámara de Comercio que en 1908 se transformó en Cámara de Comercio y Agricultura; en 1903 la Sociedad Nacional de Agricultura y la Asociación de Agricultores del Ecuador en 1911; y en 1906 se crea la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria (Paz y Miño, 2008). A partir de entonces las respectivas cámaras tendrán un importante rol en la negociación política con los diferentes gobiernos.

La década del 60 comienza con una caída de la exportación bananera, mientras en la sierra las condiciones serviles de trabajo en las haciendas acumulaban el malestar y descontento de los pueblos indígenas. Los gobiernos militares serán los encargados de llevar adelante las reformas impulsadas por la Alianza para el Progreso, elaboradas tras el triunfo de la revolución cubana para evitar su posible “contagio a otros países”.

Si bien los sectores más tradicionales se opusieron, las reformas agrarias favorecieron a las élites más modernas cuyos intereses y capitales transgredían el ámbito puramente regional.

La influencia de las élites sobre el Estado resultaba fundamental tanto por su capacidad de inversión, como por su rol en la gestión de los conflictos sociales. Por ello cuando tras la primera Ley de Reforma Agraria en 1964 se crea el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) “los terrateniesntes de la costa y sierra unieron fuerzas para asegurar que ni los trabajadores agrícolas ni los campesinos estuvieran representados en el Consejo Ejecutivo de IERAC” (North 1985:434-438). Con esto lograron tener cierto control sobre la distribución de tierras, especialmente en los programas de colonización del Oriente que era una vieja aspiración de los terratenientes.

Durante la segunda Ley de Reforma Agraria, las Cámaras de Agricultura y Ganadería se opondrán a la redistribución mediante un discurso centrado en la productividad que logró transformar la propuesta original de la ley, relegando a un segundo plano el tema de la redistribución. Este cambio de prioridades les permitió incluir una cláusula, según la cual -con previo aviso- se otorgaba un periodo de gracia a los terratenientes para hacer su producción más eficiente y evitar la expropiación (López 1994; North 1985).

La inversión realizada por los gobiernos militares gracias a los ingresos petroleros de los años 70 apuntaló el crecimiento de los agronegocios y la recuperación del sector bananero mediante prerrogativas del Estado, especialmente con el grupo Noboa, que incluían la venta de combustible para el transporte marítimo a precios internos, notablemente inferiores que sus cotizaciones internacionales, y que se mantendrán incluso tras las alzas de precios de 1981. Según Larrea (1987), este puede ser el elemento explicativo más importante del crecimiento de la Exportadora Bananera Noboa entre 1973 Y 1977.

 

La política de fomento estatal al modelo de los agronegocios también benefició a los grandes productores de palma, en especial el grupo de Palmeras de los Andes y DANEC, así como la Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA) vinculada a la venta de aves y fertilizantes [1] . Se inició una modernización de las élites agrarias -nuevas o renovadas- que a partir de ese momento comienzan a operar mediante la formación de grupos económicos con una visión distinta del mercado, tanto exportador como para abastecer el mercado interno. En sus nuevas prácticas, el prestigio de las élites ya no se basa sólo en el apellido de familia, sino que toma la forma de empresas agroindustriales como el mecanismo económico para desarrollar el capitalismo en nuevas zonas -como por ejemplo Esmeraldas y Santo Domingo (Benavídes y Quevedo, 2015). Esto no significa que desaparezcan los emporios familiares sino que conviven y se mezclan dos formas de operar en el control sobre importantes sectores de la economía nacional hasta la actualidad.

 

Los niveles de diversificación nos muestran una transición desde élites terratenientes y oligarquías a burguesías capitalistas se sostiene mediante actividades diversificadas que permiten el control de distintas esferas de la producción, el comercio, las finanzas, el consumo y el mismo Estado (J. Maiguashca y L. North, 1991; C. Larrea, 2005). Esta transición lleva a las élites a apoyar un retorno constitucional que les posibilite un entorno institucional e instrumentos políticos más orientados a las demandas internacionales de liberalización del mercado.

 

La democracia empresarial

El retorno a la democracia (1989) dio paso a una sucesión de gobiernos que aplicaron las políticas del consenso de Washington, especialmente a partir del gobierno de León Febres Cordero (1994-1998) del Partido Social Cristiano y representante de las élites “costeñas”. Quien durante años ocupo puestos gerenciales dentro del Grupo Noboa, fue director y presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador.

Con el neoliberalismo asistimos a la eliminación de la autonomía relativa del Estado, siendo un elemento frecuente que los presidentes de los gremios de las élites como las Cámaras de Agricultura, entre otros, pasen a ocupar puestos de alto rango dentro los gobiernos y desde allí elaboren política pública y legislación a favor de sus intereses sectoriales. Un ejemplo claro fue la privatización de las empresas estatales como la entrega a manos privadas de toda la infraestructura y las empresas estatales ligadas a la promoción agrícola, la red de silos estatales ENAC pasó a empresas privadas en las que tenían acciones los mismos funcionarios del momento [2] o la empresa de fertilizantes Fertisa que fue vendida al grupo Wong; otro ejemplo fue La Ley de Desarrollo Agrario (julio de 1994) impulsada desde la Cámara de Agricultura de la Primera Zona conjuntamente con el Instituto de Estrategias Agropecuarias (IDEA)[3] que, entre otras cosas, permitió el registro de tierras comunales como propiedad privada, la venta de tierras estatales a agricultores individuales y la libre importación y distribución de insumos y semillas. Medidas que se dan cuando la expansión de la producción de flores requería insumos y tecnologías importados.

El accionar político de las Cámaras de Agricultura no se limitaba a la colocación de funcionarios sino que también apelaban a posesionar discursos para constituir una opinión pública que respalde sus intereses. Por ejemplo, tras el surgimiento del movimiento indígena de 1990, las Cámaras de Agricultura y Ganadería contratan expertos extranjeros que les ayuden a contrarrestar los discursos y demandas indígenas estableciendo una relación entre reforma agraria y deterioro económico.

 

En 1999, la caída del precio internacional de banano provoca una crisis del sector que genera tensión entre exportadores y productores porque los primeros se negaban a cumplir con el precio oficial de la caja del banano, mientras los productores presionan al gobierno para que asegure el pago del precio oficial, las principales firmas exportadoras presentaron una demanda judicial contra el gobierno con el objetivo de que se anule el decreto mediante el cual se creó el Instituto Ecuatoriano del Banano, un organismo con atribuciones de contralor y sanción. Entre los demandantes se encuentra la compañía exportadora de banano Costatrading, cuyo dueño y gerente era el presidente del Congreso, Juan José Pons Arízaga [4] de la Democracia Popular, partido de Jamil Mahuad el principal responsable de la dolarización.

 

La crisis del banano evidenció conflictos internos entre las élites que conformaban el gobierno y el nivel de influencia política alcanzado del sector exportador que ese año se organiza en la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) -creada para defender los intereses de las grandes exportadoras de banano tanto nacionales como transnacionales [5] , hasta la actualidad AEBE se consolidó como interlocutora de los exportadores con el Estado, Sergio Seminario, primer presidente de AEBE terminará al frente del ministerio de Agricultura unos años más tarde, mostrando el poder del sector exportador durante el neoliberalismo.

 

Los sectores ligados a los agronegocios -muchos surgidos entre los 50 y 70- serán los grandes beneficiarios de este periodo y devienen en grandes grupos económicos como Pronaca, La Favorita, La Fabril, DANEC, Florexpo, Agripac, REYBANPAC, Consorcio NOBIS, Exportadora Bananera Noboa, Nestlé, entre otros, los cuales fortalecieron sus espacios de negociación con el Estado a través de las cámaras y asociaciones (Benavídes y Quevedo, 2015).

 

Las élites durante la Revolución Ciudadana

Tras más de 20 años de políticas neoliberales, la crisis económica (1999) deriva en una crisis de legitimidad política y económica. La llegada al poder de Rafael Correa (2007-2017) encarnaba –como años atrás lo había hecho Lucio Gutiérrez (2003-2006)- la esperanza de una renovación política y la promesa de recuperar la autonomía relativa del Estado.

 

El nuevo gobierno implicó la pérdida del control directo de las élites -al menos de altos cargos- dentro del Ejecutivo [6] y el despliegue de una estrategia de incidencia mediante el lobby sobre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional desde sus asociaciones gremiales como las cámaras y un elemento nuevo que fue la influencia política realizada directamente desde empresas y grupos económicos.

En el caso del Ejecutivo se dieron una gran cantidad de recambios y si bien nunca llegó a conformarse un gabinete empresarial, las élites encontraron espacios permeables y funcionarios que actuaron como nexos para canalizar sus intereses.

 

La Asamblea Constituyente fue la primera batalla legislativa en la cual se midió el peso de las organizaciones sociales y las élites para influir en el resultado de la Carta Magna. Las élites miraban con preocupación muchos elementos y derechos que fueron incluidos en este proceso, sólo a modo de ejemplo tomemos la reacción ante el Mandato 8 que abolió el trabajo por horas y la tercerización. En ese momento, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador defendió esas modalidades de trabajo e imaginó catastróficas consecuencias para la economía y el empleo en el país. Sin embargo, nueve años después con la crisis por la baja del precio del petróleo, el sector agrícola pidió flexibilizar las formas de contratación para “mantener el empleo” demanda que fue aceptada como medidas “temporales para superar la crisis” [7] .

 

La nueva Constitución abrió paso a una serie de leyes orgánicas que debían aprobarse en los siguientes años y que fueron el objeto fundamental del lobby desplegado por las élites para influir en la Asamblea Nacional, donde Alianza País mantuvo predominancia parlamentaria aunque sus posiciones no fueron siempre homogéneas. Llama la atención que el lobby no sólo fue llevado adelante desde las Cámaras, sino que, por ejemplo, durante el debate de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA), serán las mismas empresas y grupos económicos dedicados a la producción, acopio y comercialización de alimentos, como Pronaca, Supermaxi, Nestle y GRAIN que acudieron a la Comisión Interinstitucional de Soberanía Alimentaria para que adopte posturas más cercanas a la seguridad alimentaria (Rosero, Carbonell y Regalado, 2011).

 

En el caso de la Ley de Tierras, Territorios y Comunas, la Cámara de Agricultura de la 1ra. Zona elaboró su propio proyecto de ley, el cual fue acogido por la Federación Nacional de Cámaras de Agricultura y presentado por Fernando Cáceres, asambleísta de Alianza País. Aunque el proyecto no prosperó, lograron evitar que se apruebe el proyecto defendido desde las organizaciones sociales y que se promulgue una ley que respeta los privilegios de la agroindustria y donde prima la lógica productiva de los agronegocios, retomando el discurso de que la pequeña propiedad y la economía campesina no son rentables.

 

Durante este periodo, el proceso de legitimación de las élites ya no se basa únicamente en el prestigio y poder económico de las familias, sino que apelan a la construcción de un discurso que presenta sus intereses como intereses del común y para esto se valen del control que tienen sobre los medios de comunicación.

 

De este modo, las élites no dependen únicamente de tener representantes directos en el Estado, sino que pueden valerse de trabajadores públicos funcionales y en muchos casos convencidos de aplicar políticas “desarrollistas”. Un ejemplo es el Plan Semilla, que consiste en la entrega de Kits de insumos agropecuarios generando dependencia de los campesinos a las lógicas de la agroindustria y beneficiando a las importadoras de insumos como Agripac, Ecuaquímica, Pronaca/India y Del Monte, entre otras, que entre 2006 y 2016 duplicaron sus ingresos gracias a la transferencia de recursos del Estado [8] .

 

Además, en un marco de mayor transnacionalización del capital, las élites ligadas a los agronegocios de exportación (banano, flores, camarón y otros) desplegaron una fuerte campaña para presionar al gobierno a que retome las negociaciones y firme un tratado comercial con la Unión Europea. La campaña no sólo se basaba en los supuestos beneficios, sino también en las catastróficas consecuencias -ante las posibilidad de que se acaben las preferencias arancelarias- para la economía del país y los empleos si se demoraba en la firma.

 

De este modo, las élites buscaban el apoyo de la opinión pública y las clases subordinadas, bajo el discurso de que su beneficio sería el beneficio de todos. Finalmente en 2016 consiguen su cometido y al final de su gobierno Rafael Correa firma el tratado multipartes con la Unión Europea.

 

Lenín Moreno y el retorno de las élites en el Estado

Moreno quien se presentó como candidato de la continuidad, triunfa en una ajustada segunda vuelta contra el banquero Guillermo Lasso. Ya en el poder busca alejarse radicalmente de la figura de su antecesor y generar una serie de alianzas propias que le permitan sostenibilidad.

Organizaciones y sectores sociales a quienes el gobierno anterior había negado y cerrado las puertas vieron una oportunidad, sin embargo la debilidad en la que se encuentran llevó a que apenas consigan algunas concesiones y espacios marginales dentro del nuevo gobierno.

 

En cambio, las élites que al final del gobierno anterior tenían cada vez más influencia pero no representantes directos ahora cuentan con figuras propias en sectores claves del gabinete como: la ministra de Industrias Eva García Fabre; empresaria, guayaquileña cercana las Cámaras de Guayaquil y relacionada con el alcalde Jaime Nebot; El ministerio de turismo en manos de Enrique Ponce de León, director general de la cadena hotelera transnacional Decameron; Pablo Campana, yerno de Isabel Noboa Pontón dueña del grupo Nobis del cual fue directivo, al frente del Ministerio de Comercio Exterior; El Ministerio del Trabajo encabezado por Raúl Clemente Ledesma, hijo de Eduardo Ledesma, ex presidente y actual director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador; y la reciente incorporación Richard Martínez quien pasó de la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano al Ministerio de Finanzas.

 

El gobierno que arrancó sin un plan claro -más allá de la ternura [9] – donde todo parecía estar en negociación cedió rápidamente a las demandas de las élites. Uno de los espacios utilizados por las élites fue el Consejo Consultivo Productivo y Tributario [10] , instancia creada según los mismos voceros del gobierno para unir al Ejecutivo con el sector empresarial y así dinamizar la economía, crear empleos y simplificar trámites, entre otros objetivos. De las 139 recomendaciones que el Consejo entregó se aceptaron el 86%, pero como las élites no quedaron conformes y algunas de las recomendaciones tributarias no aceptadas fueron incluidas en la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal -la Ley Trole 3 [11] -.

 

En apenas más de un año, entre otras cosas, las élites han conseguido:

Reformas laborales: tras una reunión entre el ministro Ledesma y la Cámara de Comercio de Guayaquil quienes presentaron al Gobierno su propuesta de “flexiseguridad laboral”, el ministro rechazó flexibilizar, pero aprobó, mediante Acuerdos Ministeriales, siete nuevos modelos de contratos para el sector agro exportador y turístico que no son otra cosa que una flexibilización laboral ligeramente camuflada e inconstitucional.

Amnistía tributaria: bajo el argumento de la falta de liquidez, se aprueba un condonación de deudas sobre el 100% de las multas e intereses que las empresas tengan con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Esto quiere decir que a las grandes empresas nacionales y transnacionales, en el plazo de 90 días, se les perdonará un monto que podría llegar, según el mismo SRI, a 2.355 millones de dólares, de una deuda total de aproximadamente 4.600 millones.

Libre Comercio: se retoman las relaciones cercanas con Estados Unidos, tanto en temas de defensa como de comercio y política exterior on una orientación hacia la apertura comercial, en busca de nuevos tratados de libre comercio y el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI). En líneas generales son las élites ligadas al comercio internacional y la agroexportación quienes, en la actualidad determinan la política exterior y las políticas económicas del país.

Finalmente, se concluye que el Ecuador vemos que las élites políticas, de origen terrateniente, mantendrán una permanente incidencia en la política. A partir del siglo XX, la política se desarrolla paralelamente en dos mecanismos: por un lado, la presión política mediante sus representaciones gremiales, a lo cual se suma en los últimos 12 años el lobby político ejercido directamente desde las empresas y grupos económicos. Por otro lado, según la coyuntura, hay períodos donde las élites ostentan un control directo del Estado a través de colocar representantes en puestos claves del ejecutivo y el legislativo.

 

La influencia política de las élites sobre el Estado resulta clave en tanto es un elemento central para garantizar su reproducción material y simbólica, les permite cimentar ideológicamente la supremacía de un grupo social sobre el resto de la sociedad y hacer funcionales las instituciones y políticas estatales para los requerimientos de la acumulación del capital.

 

El recorrido nos permite ver que, si bien se pueden señalar periodos de crisis en la hegemonía de las élites agrarias que provocan una circulación en la cual algunos grupos pierden su posición y otros se incorporaron, no significan una renovación mayoritaria de las élites. Por ello hablamos de continuidades en la conformación de las élites las cuales se transforman y adaptan en función de las transformaciones del capital. Son los ingresos generados por la explotación agrícola, los que consolidan el primer modelo de acumulación a partir del cual se genera una diversificación capitalista a otros sectores de la economía, primero hacia el sector comercial y financiero que se profundiza en los años 70 con la conformación de grupos económico cuyo control abarca desde la importación de insumos, hasta inversiones financieras, medios de comunicación, universidades privadas y otros.

Cabe remarcar que hasta el boom petrolero, la agricultura representaba la principal fuente de ingresos del país. Con la explotación petrolera, la agricultura y agro-negocios basados en las grandes extensiones de tierra pasaron a un segundo lugar pero mantienen una importancia crucial ya que los ingresos petroleros no derivaron en una marcada industrialización ni cambiaron la condición primario exportadora del Ecuador. Por ello, más allá de la creciente diversificación, podemos hablar una “vía terrateniente” de acceso al poder político y económico.

Por último, remarcar uno de los principales efectos de la transformación en la composición de las élites en función de su adaptación al capital que es la creciente presencia de capital transnacional, lo que conlleva un cambio de comportamiento de las élites, hoy sus intereses ya no son de carácter nacional sino transnacional y se expresan en su marcado interés por los tratados de libre comercio y políticas fiscales que no limiten la salida de capitales al exterior.

*Instituto de Estudios Ecuatorianos.

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Rojas, Tapia, Bazoberry (2000) Elites a la vuelta siglo Cultura política en el Beni. La Paz Fundación PIEB

*Instituto de Estudios Ecuatorianos

Notas:

[1] PRONACA inicia sus actividades en el año de 1954, y de a poco se consolida como la principal productora de alimento para animales. Liderado Luis Bakker Villacreces, el grupo se constituye como tal en 1979 y registra 156 integrantes entre personas naturales y sociedades, 109 sociedades nacionales y 24 extranjeras; 13 de sus integrantes se hallan domiciliados en paraísos fiscales y uno figura en los Panama papers (Campaña, 2017).

[2] Entre las empresas beneficiarias se encuentran Almagro y Almagresa, entre cuyos accionistas se encuentran el propio ministro de Agricultura, Marcel Laniado, el gobernador del Guayas Jaime Nebot Saadi y José Nebot Saadi (Tamayo, S/F)

[3] La fundación IDEA es un centro de análisis y desarrollo de propuestas basadas en la Revolución Verde y la liberalización del mercado, cuyo objetivo es “fortalecer la capacidad del sector privado para analizar e identificar políticas agropecuarias en beneficio de la actividad- cuyo presidente es Neptalí Bonifaz, terrateniente serrano.

[4] En junio de 2003 la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) incautó varios bienes de Pons dueño de Costatrading, incluyendo su domicilio, por pertenecer a la lista de deudores de los bancos quebrados durante la crisis financiera de 1999. La bananera realizó un crédito en el ex Banco del Progreso del grupo Aspiazú. En 2011 nuevamente se siguieron acciones contra Pons, de acuerdo con el BCE, cuando la ahora extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) tenía bajo su administración al Banco del Progreso, inició el juicio de quiebra. Sin embargo, la empresa, para evitar las acciones de cobro, transfirió todos sus activos a nombre de la compañía Faproban S.A. y esta a su vez evitó la incautación de sus bienes al transferir los activos a la firma Sufruta S.A. Esta última continúa sus operaciones, dedicándose a la exportación de banano. El Estado procedió a la incautación de una de las haciendas de la empresa Isabelini, ubicada en la provincia de Los Ríos y gerenciada por uno de los hijos de Pons.

[5] Para esas fechas las exportaciones ecuatorianas se reparten mayoritariamente entre tres compañías que controlan el 70 por ciento de las ventas. Lideradas por Exportadora bananera Noboa con el 30 % del mercado; Reybanpac con el 21 %; y la transnacional Standard Fruit, subisidiaria de Dole Food Co, que funciona como Ubesa en Ecuador controla el 19 %. Les siguen la exportadora nacional Costatrading con el 5% del mercado y en quinto lugar la transnacional Del Monte, conocida en el país como Bandecua.

[6] La composición de su gabinete no respondía a la lógica empresarial de años anteriores, en palabras del periódico El Universo, “Los 17 ministros de Rafael Correa son casi desconocidos para la población”, aunque señala que algunos son reconocidos dentro del ámbito académico, la nota da cuenta de un recambio en las figuras políticas respecta a las décadas anteriores. En el caso de los poderes regionales y locales nuestra hipótesis para una futura investigación es que no hubo tal renovación y que muchas de las viejas figuras políticas cercanas a las élites locales se adaptaron a los nuevos tiempos e ingresaron al partido de gobierno.

[7] El mismo presidente R. Correa planteó que, en un contexto de crisis y reducción de la competitividad de los sectores empresariales, había que disminuir la rigidez en los sistemas de contratación que no reconocen las demandas de trabajo temporal, etc. Así que “estamos estableciendo formas de contrato más flexibles para estos tres sectores: construcción, agropecuario y transporte” (Rafael Correa, 26 de diciembre 2015, Enlace Ciudadano No 456, en https://www.youtube.com/watch?v=0lXJXf_ykYc).

[8] Revista Ekos, mayo 2018

[9] El Plan Ternura, fue una propuesta realizada durante la campaña electoral que consiste en brindar cuidados integrales a las mujeres en estado de gestación y a los niños recién nacidos en sus 1000 primeros días.

[10] Cuyo Comité Ejecutivo con 12 integrantes de instituciones públicas y privadas estaba compuesto por: Lucía Calderón (Conferencia Nacional de Cámaras de la Economía Popular), Richard Martínez (Comité Empresarial Ecuatoriano), Lucciola Muentes (Asociación Interprofesional de Artesanos Sin Fronteras), Iván Ontaneda (Fedexport), Edisson Garzón (Grupo ProponLe), Cristian Cisneros (Cámara Nacional de la Pequeña Industria) y los ministros de Finanzas, Carlos de la Torre; Comercio Exterior, Pablo Campana; Agricultura, Vanessa Cordero; Trabajo, Raúl Ledesma; Industrias, Eva García y el titular del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, integran el Comité Ejecutivo que deberá emprender en la constitución de las mesas sectoriales.

[11]   Así bautizada la ley en referencia a las leyes Trole 1 y Trole 2 de los años 90 que fueron momentos íconos de la luchas de los movimientos sociales contra el neoliberalismo y la privatización de los bienes estatales.

http://lalineadefuego.info/2018/08/01/las-elites-agrarias-en-la-politica-ecuatoriana-por-anahi-macaroff/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245109

 

 

Pensemos qué significa el predominio de la producción capitalista en la agricultura bajo gestión de Evo Morales-Álvaro García Linera y como procedimos a explicar la polarización económica de Chile en el agro, vayamos de la mera noticia a indagar en qué resulta que: el 85 por ciento de las tierras productivas en Bolivia, casi 30 millones de hectáreas, se encuentra en manos del empresariado agrícola, mientras que el restante, 5 millones de hectáreas, está en propiedad de las pequeñas unidades que abastecen principalmente a las ciudades.

 

¿Cómo se alcanzó semejante concentración y transnacionalización territorial?

 

 

 

Predominio de los agroempresarios capitalistas

La producción campesina no es significativa

Publicado el: 3 agosto, 2018

 

Después de 65 años de la Reforma Agraria de 1953 y a 12 años de la promulgación de la Ley de la “Reconducción comunitaria de la Reforma Agraria” por el gobierno del MAS, hoy en el campo existe un predominio de la producción capitalista en la agricultura y por lo mismo una participación campesina cada vez menos relevante en la producción agrícola. (Imagen: El presidente Evo Morales dijo el jueves que el modelo político, social y económico de Bolivia se basa en los principios del movimiento indígena originario, porque no es excluyente y menos racista, en el marco de la celebración del ‘Día de la Revolución Agraria’ que se realizó en el municipio de Yapacaní del departamento de Santa Cruz /R Zaconeta ABI)

CEDLA

 

En el libro Bolivia: Nuevos Datos acerca del desarrollo del capitalismo en la agricultura, que ofrece como novedad el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el investigador y autor Enrique Ormachea Saavedra sostiene “que la realidad en la que se desenvuelve la sociedad rural boliviana está marcada por una cada vez mayor presencia de la economía mercantil en el campo y por el predominio de la producción capitalista en la agricultura”.

 

El dato más importante en relación al predominio del capitalismo, explica, se refiere a la producción agrícola y señala que en la gestión 2012/2013, de un total de 15,6 millones de toneladas producidas, 14 millones de toneladas, es decir el 90%, fueron producidas por explotaciones agropecuarias de corte capitalista. Los campesinos sólo lograron producir 1,6 millones de toneladas, que representan el 10% de la producción agrícola total. “Estos datos confirman la progresiva pérdida de importancia del campesinado en la producción agrícola, a pesar de su enorme peso en el conjunto de las explotaciones agropecuarias del país”, informa el experto.

 

Otro aspecto de suma importancia es la pérdida cada vez más acentuada de la producción campesina en los valles y el Altiplano. “En efecto, en la gestión agrícola 2012/2013, de un total de 1,6 millones de toneladas producidas por todos los campesinos del país, el 48,5% fue producido por los campesinos asentados en los llanos (fundamentalmente aquellos de Santa Cruz), mientras que aquellos asentados en los valles y el Altiplano produjeron el 25,3% y el 26,2%, respectivamente”.

 

En el texto se destaca que el predominio de la producción agrícola capitalista se manifiesta en siete de los nueve departamentos del país (La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando). De modo que sólo en Oruro y Potosí la producción agrícola campesina mantiene aún una relativa importancia en comparación con la producción de tipo capitalista en ambos departamentos.

 

De acuerdo a la investigación de Ormachea, basada en los datos del censo agropecuario 2013, “en los grandes grupos de cultivos agrícolas, es predominante la producción de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPAS) de corte capitalista en cada uno de ellos. Salvo en el rubro Tubérculos y raíces, en el que las UPA que contratan asalariados concentran 56,8% de la producción y los campesinos, el 43,2%, en todos los demás grandes grupos de cultivos, las UPA de corte capitalista concentran porcentajes verdaderamente importantes de la producción agrícola. Cereales: 82,2%; estimulantes, especias y aromáticas: 77,9%; frutas y nueces: 70,9%; hortalizas y legumbres: 81,0%; oleaginosas e industriales: 95,6%; forrajes y fibras: 83,0%. En este sentido, si bien en cada uno de estos grupos persiste la producción campesina, ésta ya no es significativa. Entre los 50 cultivos más importantes del país, la producción campesina sólo es predominante en cuatro: cebada, haba, oca y papa”, destaca la investigación.

 

Ormachea sostiene que, a partir de los datos censales, “es posible comprobar que en cultivos que algunos investigadores suponen son campesinos (papa, haba, quinua y yuca, por ejemplo) ya se han hecho presentes relaciones capitalistas de producción, mientras que, a la inversa, en cultivos que son generalmente considerados como ‘empresariales’ (soya, sorgo, caña de azúcar y girasol) también es posible encontrar producción campesina”.

Fuente: https://www.bolpress.com/2018/08/03/la-produccion-campesina-no-es-signifcativa/

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Denuncian consolidación del capitalismo agrario en Bolivia

21 de agosto de 2017

 

Por  Alejandro Zegada/EL PAÍS

“Pese a los discursos que señalan lo contrario, no ha habido una reforma igualitaria extensiva en Bolivia desde que Evo Morales asumió la presidencia en 2006”. Así resume su investigación el académico Jeffery R. Webber, de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Queen Mary University, de Londres.

 

La investigación de Webber, recientemente publicada a nivel internacional en la Revista de Cambio Agrario, explica los procesos agrarios en Bolivia durante la década 2006-2016 a través de un análisis del balance de las fuerzas de clase del sector agrícola y los cambios en la composición de clase del bloque dominante.

Para ello, divide su análisis en dos periodos: el primero, al que le denomina “proceso de lucha insurgente” llevado a cabo entre 2006 y 2009, y el segundo, al que llama “alianza agrocapital-estatal” que se da entre 2010-2016 (aunque éste periodo sigue hasta la actualidad y se proyecta también hacia el futuro). 
El lente teórico a través del cual mira las transformaciones que se han estado dando en las alianzas de clase en estos periodos es uno desarrollado por un intelectual que el propio vicepresidente Álvaro García Linera suele citar: el marxista italiano Antonio Gramsci. 
Webber utiliza el concepto de Transformismo, de Gramsci, porque permite
“capturar tanto la forma en que las capas principales de los movimientos indígenas-campesinos han sido absorbidos, y por tanto decapitadas, por los aparatos del Estado, como la dialéctica de transformación/restauración que caracteriza el ‘proceso de cambio’ que se lleva a cabo en Bolivia”.

Proceso revolucionario cuestionado
“Inicialmente, hubo un periodo bajo el gobierno de Morales, entre 2006 y 2009, en el que la alianza de los movimientos sociales indígena-campesinos, llamada Pacto de Unidad, luchó desde abajo por una genuina transformación de la estructura de clase rural boliviana, y donde la élite agroindustrial luchó abiertamente contra el gobierno central a través de campañas de desestabilización autonomista y regionalista”, explica el académico.
En los primeros años del gobierno del MAS, el principal campo de batalla institucional fue la Asamblea Constituyente (2006-2007), periodo durante el cual “hubo la posibilidad de lograr reformas estructurales profundas en el campo”.
Sin embargo, para el año 2010 “el gobierno de Morales había derrotado al proyecto político autonómico del oriente, y esto sentó las bases para una realineación de clase en el bloque dominante”.
Según Webber, entre 2010 y 2016 “emergió una nueva alianza agrocapital-estatal, con apoyo subordinado de los sectores más ricos del campesinado en los sectores de la coca, la soya y los exportadores comerciales de quinua, entre otros. El Pacto de Unidad se fragmentó y los movimientos indígenas de tierras bajas fueron expulsados de su participación inicial en la alianza gubernamental que existió entre 2006 y 2009”.

 

Resultados “dramáticos”
Los resultados de estos cambios han sido “dramáticos”, a decir del investigador. “Fundamentalmente, las zonas estratégicas de tierras productivas han sido concentradas en las manos del capital nacional y transnacional dedicado a la producción de soya y sus derivados para la exportación”. 
Mientras, la tierra marginal, menos productiva, “contiene las zonas más densamente pobladas de la mayoría de los campesinos con escasa o ninguna tierra. Ha habido muy poca redistribución a través de la expropiación de tenencias privadas, y la poca redistribución de tierras fiscales se ha enfocado en tierra marginal de poco o ningún potencial agrario”. 
En medio de los capitalistas agroindustriales -que capturan la mayor parte de la renta agraria- y los campesinos pobres con poca o ninguna tierra, se encuentra “una capa de campesinos adinerados o pequeños capitalistas agrícolas de pequeña escala que están económicamente subordinados en cadenas de valor controladas por transnacionales a través de cultivos comerciales, y políticamente subordinados al bloque dominante representado por la coalición entre el Estado y el capital agroindustrial”.
Webber interpreta estas transformaciones en las alianzas de clase a través del tiempo a través del concepto de Trasformismo, de Gramsci. 
En su lectura de Gramsci, las “revoluciones pasivas” (como entiende a las latinoamericanas del siglo XXI), abarcan una “desigual y dialéctica combinación de dos tendencias simultáneamente presentes en una misma época: una de restauración y otra de revolución, una de preservación y otra de transformación”.
El historiador, sociólogo y latinoamericanista, Massimo Modonesi, observa que “las características transformativas de una revolución pasiva” marcan una serie de cambios respecto de periodo precedente, “pero esos cambios a la larga garantizan la estabilidad de las relaciones fundamentales de dominación, incluso cuando éstos asumen nuevas formas políticas”. 
En este sentido, “las revoluciones pasivas no implican una restauración total del antiguo orden, pero tampoco una revolución radical”, sino que, coincidiendo con Webber, “implican una dialéctica de revolución/restauración, transformación/preservación”.
Para Modonesi las capacidades de movilización social desde debajo de los primeros años “son contenidas o cooptadas (o selectivamente reprimidas)”, mientras se restaura la iniciativa política de secciones de las clases dominantes. 
Así, se establece “una forma de dominación capaz de promulgar reformas conservadoras disfrazadas con el lenguaje de anteriores impulsos que emergían desde abajo, logrando así un consenso pasivo de las clases dominadas”. 
Webber por su parte explica que, “en vez de una restauración instantánea, hay un cambio molecular en el balance de las fuerzas, drenando gradualmente las capacidades de auto-organización y de iniciativas desde abajo a través de la cooptación, garantizando la pasividad del nuevo orden, y fomentando la desmovilización, o al menos controlando las movilizaciones de las clases populares”.

 

Políticas agrarias del Gobierno
En efecto, el gobierno de Evo Morales ha tenido iniciativas en materia agraria y alimentaria. En 2007 creó la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), tiempo después se creó el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA), el de Seguridad Alimentaria y Alerta Temprana (SINSAAT II), el de Desarrollo Económico Local para la Seguridad Alimentaria (DELSA), y el Proyecto de apoyo directo para la creación de iniciativas agroalimentarias Rurales (CRIAR).


Sin embargo, las proporciones de inversión pública para el apoyo a la agricultura y ganadería son relativamente bajas comparadas con lo destinado a las actividades extractivas, y comparado también con el programa agrario del Banco Mundial en Bolivia. 
Justamente “la mayor ironía” en políticas rurales en Bolivia bajo el gobierno de Morales es que el principal programa de expansión de la pequeña agricultura, con la mayor cobertura nacional, es financiado y operado por el Banco Mundial: el Proyecto Alianzas Rurales (PAR), concebido por el Banco Mundial en 2005 y aprobado por Evo en 2007. 

Según los investigadores Diana Córdoba y Kees Jansen, el PAR responde a los lineamientos de desarrollo del Banco Mundial antes que a las prioridades del gobierno boliviano, y busca fortalecer las capacidades productivas y comerciales de los agricultores de mediano tamaño, mediante la inversión de 450 millones de dólares durante el gobierno de Evo Morales.

El periodo insurgente 2006-2009
Para Webber, la principal iniciativa del MAS en el tema agrario fue, junto con la nueva Constitución Política del Estado (pese a que terminó siendo moderada), la promulgación de la Ley 3545, llamada Ley de Reconducción Comunitaria de Reforma Agraria, en noviembre de 2006. 
Esta ley otorgaba nuevos mecanismos de registro y titulación de la tierra, introduciendo la obligación de cumplir una función económico-social (FES) de la tierra para que las grandes propiedades no sean expropiadas y redistribuidas.
Pese a todo, “las aparentes transferencias de tierra consistieron más en un cambio del estatus legal de esas tierras” que una redistribución real. 
Por su parte, según la organización Control Ciudadano, la redistribución efectiva a través del registro de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) alcanzó el año 2010 la cifra de 2,9 millones de hectáreas. De este total, la vasta mayoría de tierras redistribuidas (72,8%) fueron tierras fiscales, y sólo el 27,2% fueron expropiadas o parcialmente expropiadas a terratenientes.


Mientras, la presencia e influencia de las transnacionales soyeras y agroquímicas ADM, Bunge, Cargill, y Louis Dreyfus siguió creciendo. Y la mayor parte de los pequeños productores de soya termina vendiendo su producción directa o indirectamente a estas transnacionales.

 

Alianza agroindustrial estatal 2010-2016

Mientras la relación entre la élite agroindustrial del oriente y el gobierno del MAS fue una de antagonismo entre 2006 y 2009, desde el año 2010 ésta se convirtió en una alianza, que coincidió con la ruptura del gobierno con las organizaciones indígenas de tierras bajas, marcando una “realineación de la composición de clase del partido gobernante”.
Según Gonzalo Colque, de la Fundación TIERRA, entre 2010 y 2014 se logró un importante número de hectáreas tituladas a favor del agronegocio: 3.763 hectáreas para cada agronegocio en promedio, comparado con 1.500 hectáreas en promedio entre 1996 y 2006. 
Si bien estas extensiones que benefician a empresas grandes y medianas no son tan grandes en superficie como las de las TCO y otras propiedades comunitarias, son “cualitativamente distintas”.


Y es que las zonas estratégicas de tierra más productiva para agricultura, ganadería y silvicultura, están en las tierras bajas, donde precisamente se concentró la titulación para empresas medianas y grandes. 
Mientras, las tierras otorgadas a TCO suelen estar localizadas en los márgenes de los centros agroindustriales y de las carreteras, y tienen generalmente “poca o ninguna potencialidad agrícola”, según Colque.


Así, pese a la retórica oficial sobre la seguridad alimentaria, en la práctica el Estado ha apoyado la expansión del sector exportador controlado por las transnacionales, mientras la producción comunitaria y campesina ha decaído y no se ha convertido en una fuente importante de alimentos, empleo ni de mayores ingresos. 

“Lo que es cada vez más claro es la continuidad de la estructura agraria basada en exportaciones primarias, inversión extranjera y la santificación de la propiedad privada en la mayor parte de las zonas agrícolas, y la limitada redistribución de tierras fiscales de escaso potencial agrícola”, afirma Webber. Según el exviceministro Alejandro Almaraz, la oligarquía agraria de Santa Cruz, en alianza con el agronegocio transnacional, ha sido reinstalada en el poder a través de una original configuración del agrocapital con el Estado.

Fuente: https://www.elpaisonline.com/index.php/sociales-2/item/264946-denuncian-consolidacion-del-capitalismo-agrario-en-bolivia

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Estamos en un momento histórico de convergencia de los progresismos e izquierdas afines con las derechas sin caretas en el ocultamiento o negación de:  

 

El capitaloceno
27 de febrero de 2017

Por Renán Vega Cantor

 

Al borde del precipicio

Varias informaciones recientes indican el acelerado proceso de destrucción de la naturaleza y de trastorno climático en el mundo, así como de la miseria de millones de seres humanos, afectado por catástrofes que se pretenden naturales pero que tienen un claro origen social, aunque eso no sea evidente a primera vista. Sin pretender ser sistemáticos recordemos algunas de las noticias que se registraron en el 2016 sobre caos climático, extinción de especies, pérdida de biodiversidad y las mal llamadas “catástrofes naturales”. (...)

 

Las características del capitalismo, su lógica de funcionamiento, explican que se haya convertido en una destructiva fuerza, que ataca a la mayor parte de los seres humanos y destruye la naturaleza, habiendo originado el capitaloceno (La época del capitalismo). Algunos de los elementos centrales de su funcionamiento son los siguientes:

 

 

Con estos elementos, puede concluirse sin mucho esfuerzo que el capitalismo es insustentable a corto plazo. Como indican Fred Magdoff y John Bellamy Foster: El sistema capitalista mundial es insustentable en: (1) su búsqueda por una acumulación sin fin de capital tendiente a una producción que debe expandirse continuamente para obtener ganancias; (2) su sistema agrícola y alimentario que contamina el ambiente y sin embargo no garantiza el acceso cuantitativo y cualitativo universal de comida; (3) su desenfrenada destrucción del ambiente; (4) su continua reproducción y aumento de la estratificación de riqueza dentro y entre los países; y (5) su búsqueda por la “bala de plata” tecnológica para evadir los crecientes problemas sociales y ecológicos emergentes de sus propias operaciones34.  (...) Leer

 

 

El desafío, abajo y a la izquierda, es construir alternativas concretas al capitalismo y no esforzarse, como progresistas e izquierdas afines, por competir con las derechas explícitas en la gobernabilidad del sistema en ataque frontal a los pueblos y los trabajadores. Veamos un camino ya abierto y aplicado por las múltiples experiencias agroecológicas, también por indígenas en la Amazonía.

 

 

La biodiversidad es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición.

14 de agosto de 2018

En los ecosistemas agrícolas, el mantenimiento de la diversidad biológica es importante tanto para la producción de alimentos como para la conservación de los sistemas ecológicos necesarios para mantener la vida y los medios de vida rurales.

La biodiversidad agrícola incluye todos los componentes de la diversidad biológica de importancia para la alimentación y la agricultura: la variedad y variabilidad de animales, plantas y microorganismos a nivel genético, de especies y de ecosistemas, que sostienen las funciones, la estructura y los procesos del agroecosistema. Esta diversidad ha sido moldeada por los agricultores y las comunidades durante milenios y sigue siendo un elemento clave de las estrategias de subsistencia de los agricultores de pequeña escala de todo el mundo. La biodiversidad agrícola es un recurso fundamental para la mejora continua de variedades y razas, y es necesaria para hacer frente a los cambios climáticos, sociales.

En las últimas décadas, la agricultura ha logrado aumentos sustanciales en la producción de alimentos, pero a costa de un uso excesivo de insumos no renovables y recursos naturales, pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas, particularmente con respecto a sus servicios reguladores y de apoyo. En los próximos 40 años se necesitarán algunos cambios importantes en los sistemas de producción agrícola si queremos alcanzar los objetivos deseados de una productividad mejorada, sostenibilidad ambiental, equidad y de medios de subsistencia, salud y nutrición.

Para lograr esto, los sistemas de producción necesitarán tener una mayor dependencia de los procesos ecológicos que produzcan retroalimentaciones positivas sobre la sostenibilidad y la producción y aseguren una mejor provisión de todos los servicios ecosistémicos. Estos cambios, implicarán el uso integrado de la biodiversidad agrícola haciendo que los sistemas agrícolas logren altos niveles de productividad y ser económicamente rentables, con una necesidad menor o nula de insumos externos, costosos y cada vez más escasos.

Una mayor diversidad en los cultivos utilizados para los alimentos conduce a una mayor variedad de nutrientes disponibles en las dietas humanas. La dependencia de un bajo número de cultivos puede ocasionar la erosión de los recursos fitogenéticos y un mayor riesgo de enfermedades diseminadas cuando una variedad es susceptible a una nueva enfermedad de las plantas, lo que provoca inseguridad alimentaria.

Ya se han desarrollado varios enfoques que utilizan la biodiversidad para la alimentación y la agricultura para lograr aumentos sostenibles en la productividad y proporcionar una base ecológica más sólida para la agricultura. Muchos ganaderos usan rebaños con múltiples especies y razas para mantener una gran diversidad en las granjas y protegerse contra las adversidades climáticas y económicas. Por otro lado, se ha demostrado que la rotación de cultivos, el cultivo intercalado y el cultivo de diferentes variedades tienen efectos beneficiosos sobre el rendimiento del cultivo, la disponibilidad de nutrientes, el control de plagas y enfermedades y el manejo del agua.

Estos enfoques ricos en diversidad, junto con otros como el uso creciente de especies agroforestales, el desarrollo de huertos familiares, el uso de sistemas de arroz con peces y el mantenimiento mejorado de la diversidad de polinizadores, demuestran la contribución de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura. Al mismo tiempo, una diversidad más rica de productos de diversos sistemas de producción puede contribuir significativamente a mejorar el estado nutricional y la salud de las personas de zonas tanto urbanas como rurales de todo el mundo.

Derecho a la Alimentación  Leer

En consecuencia, a diferencia de progresistas e izquierdistas afines que privilegian negocios por sobre necesidades e intereses populares sin importarles la devastación y los genocidios provocados por los extractivismos, las luchas por las justicias social y ambiental requieren de proyectos emancipatorios. Al tener esos objetivos y saber que serán obra de los pueblos autoconcientes, miran por facilitar la ruptura de las mayorías con su vínculo más entrañable al capitalismo como es el consumismo.

Consumismo: Adicción a la infelicidad

8 de agosto de 2018

Javier Garcés Prieto, El Salto

Resumen Latinoamericano

 

El sistema económico necesita ciudadanos adictos al consumo, que aunque tienen cada vez más cosas, siguen comprando más y más cada día. Y es que la adicción a la compra no es un problema de algunas personas, sino un problema que tiene nuestra sociedad.

Los psicólogos que, en los albores de lo que hoy conocemos como sociedad de consumo, analizaban los cambios que se estaban produciendo, eran optimistas: los avances tecnológicos y la industrialización permitirían fabricar cada vez más bienes, en menos tiempo y con menos trabajo humano. Pronto todos los ciudadanos dispondrían de lo que necesitaban e incluso de adelantos que harían más cómoda su vida ordinaria: lavadora, frigorífico, etc. Cuando esto sucediera, la curva de consumo, acelerada al principio, se estabilizaría. El consumismo inicial se moderaría y, las personas dispondrían de mucho tiempo libre, en una sociedad que progresaría hacía el bienestar. En esa nueva sociedad, los ciudadanos tendrían oportunidad de buscar su auténtica realización personal a través de la cultura, las relaciones humanas, y aquellas actividades que les resultarán gratificantes.

Vista la situación de la sociedad actual, estas profecías nos parecen tan optimistas como ingenuas. Sin embargo, si lo pensamos bien, esa hubiera sido la evolución socioeconómica más lógica, ¿Quién podía pensar que los ciudadanos, que cada vez tenían más cosas, siguieran comprando más y más cada día?, ¿Cómo se podía prever que la curva del consumo subiera de forma exponencial, sin encontrar ningún punto de moderación, aunque fuera a costa de destruir en pocos años todos los recursos del planeta?

El punto clave para entender la evolución de la sociedad de consumo, es que quienes controlan el sistema económico –como ha quedado claro en la reciente crisis– no están interesados en el bienestar psicológico de los ciudadanos, ni en su realización personal. Lo que desea es mantener el mercado en constante expansión, de forma que no dejen de aumentar las ventas de las empresas y, por lo tanto, sus beneficios. Esto es lo que ha supuesto pasar de una “economía de producción” a una “economía de consumo” en la que el reto de las empresas no es producir, sino vender. El marketing y la publicidad son las piezas claves del mantenimiento de este sistema, puesto que son las encargadas de mantener a los consumidores permanentemente estimulados para incorporar a sus vidas todos los productos y servicios que se les ofrece.

Como acertadamente señalaba Maslow y otros psicólogos humanistas, a medida que las personas tienen cubierta sus necesidades básicas, buscan la motivación en otras metas más elevadas, como tener relaciones sociales gratificantes y el desarrollo de sus capacidades; esto es, en la búsqueda de la autorrealización y la felicidad. Para cambiar esta tendencia natural de las personas, y continuar manteniéndoles en su papel pasivo de consumidores, la publicidad y el marketing se ha esforzado en transformar sus valores e ideas, tendiéndole un engaño de profundas y negativas consecuencias: convencerles de que la compra es el medio para encontrar esa felicidad que buscan.

Sin duda esta manipulación esconde el mayor de los absurdos: tratar de utilizar la compra para superar el hastío y la insatisfacción que produce la sociedad de consumo. Los consumidores que –consciente o inconscientemente– se dan cuenta cada día de que su vida no es la que les gustaría, necesitan seguir comprando, aunque no necesiten lo que compran. En eso consiste la adicción a la compra: una dependencia hacia un comportamiento que no da ni felicidad ni placer, pero que se sigue realizando como si lo diera. Como dice Gilles Lipovetsky en su libro: La felicidad paradójica: “las sociedades consumistas se emparientan con un sistema de estímulos infinitos, de necesidades que intensifican la decepción y la frustración, cuando más resuenan las invitaciones de felicidad al alcance de la mano. La sociedad que más ostensiblemente festeja la felicidad es aquella en la que más falta…aquella en que las insatisfacciones crecen más deprisa que las ofertas de felicidad. Se consume más, pero se vive menos; cuanto más se desatan los apetitos de compras más aumentan las insatisfacciones individuales”.

El sistema económico necesita ciudadanos adictos al consumo, y se ha esforzado en crearlos y mantenerlos así, aunque el precio haya sido destruir la esperanza de una sociedad más humana y un desarrollo personal más pleno para todos. Por tanto, la adicción a la compra no es un problema de algunas personas sino un problema que tiene toda nuestra sociedad.

Debemos luchar por un desarrollo económico sostenible, pero también por nuestro propio bienestar y por nuestra propia realización personal. En el siglo V a.C., Tucídices decía a los atenienses: “Recordad que el secreto de la felicidad está en la libertad, y el secreto de la libertad, en el coraje”. Es lo que debemos tener los consumidores para encontrar nuestra felicidad: coraje para ser libres y para no dejarnos arrastra por las estrategias de manipulación consumistas. No podemos aceptar sin crítica los valores que interesadamente tratan de imponernos, ni resignarnos al papel de simples consumidores manipulables e insaciables que nos han asignado. Debemos lograr un nuevo modelo de consumo que aumente nuestro bienestar, sin destruir el medioambiente ni los valores humanos y sociales más positivos.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=245101

 

 

Diferenciarnos de progresismos e izquierdas afines es fundamental para no olvidar ni perdonar ni reconciliarnos con la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Verifiquemos que no sólo nos envenena, destruye tanto comunidades como ecosistemas, extermina la vida y nos extermina al quitarnos el agua sino también leamos:

 

 

Huerquen Comunicación en colectivo

huerquenweb@gmail.com

#3 – En el principio, las semillas

13 de agosto de 2018

Quizá el primer episodio de la agricultura tuvo como protagonista a una mujer, que reconoció y empezó a cultivar una variedad vegetal silvestre para alimentarse; aprendió su ciclo vital y desarrolló los rudimentos de técnicas que la humanidad perfeccionó durante más de 10.000 años.

Carlos Vicente dice que ese primer acto es probablemente el hecho cultural más maravilloso e importante en la historia del vínculo de nuestra especie con el resto de la naturaleza.

Emociona imaginar a esa mujer, a su mirada puesta en una planta y a sus manos desatando el mundo que conocemos. Desde entonces las semillas viajaron con los pueblos hacia distintos territorios y climas. Las comunidades campesinas e indígenas de todo el mundo, las modificaron generación tras generación mediante selección, cuidado e intercambio, generando toda esa enorme diversidad de variedades que nos alimenta aún hoy. Las semillas y la humanidad nos criamos juntxs en este camino de miles de años. Pero en algún momento lo hemos perdido de vista: para lxs millones que vivimos en las ciudades, a quienes la dinámica urbana nos transformó totalmente el acto alimenticio y el vínculo con la naturaleza, las semillas nos son ajenas y su destino no cuenta entre nuestras preocupaciones.

Este extrañamiento es aprovechado por las corporaciones que desde la llamada Revolución Verde y, sobre todo, desde la generación de semillas transgénicas, pretenden apropiarse de los frutos de esta labor ancestral. Detrás de toda la parafernalia tecnológica y el marketing, lo que las corporaciones ocultan es que ninguna semilla agrícola aparece en una probeta de laboratorio, y que cualquier modificación se apoya sobre miles de años de trabajo de otros. Por eso, su intención de aplicarles derechos de propiedad intelectual constituye escencialmente un robo. Mientras el porcentaje de transgénicos aumenta en nuestros campos, las corporaciones que los impulsan se fusionan cada vez más. Así, en más del 60% del área sembrada de Argentina encontramos variedades transgénicas desarrolladas por poquísimas empresas. A nivel mundial entre Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Basf y Corteva Agrociences (Dupont+Dow)concentran más del 75% de todo el mercado de semillas.

Los intentos de modificar la Ley de Semillas Argentina (nro. 20.247) según los intereses corporativos no son nuevos: A partir del lanzamiento de la soja Intacta RR2 de Monsanto en 2012 las presiones corporativas arreciaron. Hubo intentos durante el kirchnerismo, y con Macri en el Gobierno asistimos una nueva y brutal ofensiva. Lo que buscan es cercenar el llamado “uso propio”: el derecho que cada agricultor tiene de reutilizar una parte de su cosecha para volver a sembrar en el siguiente ciclo.

Pretenden transformar un derecho de todos en una “excepción” para algunxs (“pequeños agricultores” y “pueblos originarios” inscriptos en registros ad-hoc). Las empresas y sus vocerxs argumentan que con la legislación vigente se vulneran sus derechos de obtentor (una forma de derechos de propiedad intelectual reconocida en la ley actual) sobre las variedades que comercializan. Pretenden cobrar regalías cada vez que alguien use estas semillas y presionan por una nueva ley que les garantice esto: Nadie tendría derecho a replantar, ni tampoco a intercambiar, sin pagarles. Profundizando su control de la cadena agroindustrial y agroalimentaria, aumenta además su capacidad de incidir en los precios de los alimentos. Dicen que no hacerlo constituye “un obstáculo para realizar inversiones”, retomando aquel rancio argumento de que la biotecnología es indispensable para alimentar a la humanidad, y de paso mostrándose como fuente de divisas en tiempos de crisis. Como en tantos otros temas, ahora el Estado reproduce el discurso de las corporaciones que han colonizado los organigramas oficiales con sus cuadros y referentes. Lo que están cocinando no huele bien, y lo están haciendo de espaldas al pueblo, en mesas de trabajo” donde sólo se sientan “ellos”: ASA, ARPOV, AAPRESID, AACREA, SRA, Coninagro y CRA, junto con funcionarios y legisladores; y desde ahí anuncian “consensos”.

Si bien las empresas ponen el foco en los commodities de exportación como la soja o el maíz, en realidad la modificación de la ley abre la puerta hacia TODAS las variedades vegetales, que pueden así, ser blanco de biopiratería. Imagináte que alguien modifica uno de los 35 mil genes que tiene el tomate y después dice ser "el dueño del tomate”: parece de locos no? pero por ejemplo, Syngenta ya intentó hacerlo. Esta es una batalla global. Ofensivas como ésta se suceden en todos los países, y en aquellos donde pudieron imponer sus leyes de semillas pasan cosas tremendas: Persecución de agricultores; criminalización del intercambio; destrucción de cosechas; y finalmente derechos de propiedad que ponen en jaque el acceso a los alimentos para los pueblos. Desde hace 60 años vienen machacando con que la biotecnología es la clave para terminar con el hambre, pero es mentira. En este tiempo no sólo que sigue habiendo millones de hambrientxs, sino que la desigualdad y la violencia se han profundizado en nuestros territorios a medida que aumenta el poder del agronegocio. Y lo que es gravísimo: la humanidad ya perdió las ¾ partes de la agrobiodiversidad que nos alimentó por siglos; esto significa que tenemos menos tipos distintos de comida disponible, lo que nos hace más vulnerables frente a los desafíos que plantea el cambio climático.

Parece una locura que "Ley de Semillas" pueda tener un lugar en nuestras habituales reuniones con amigxs y familiares, pero sin embargo definir "qué comemos" nos ocupa y entusiasma. La distancia que la mayoría de nosotrxs tenemos con el tema es enorme, y sin embargo lo que suceda ahí va a tener impactos en lo que nos pase a cada bocado. Por el otro lado también es cierto que en las ciudades viene creciendo la preocupación sobre lo que comemos y su vínculo con la explosión de algunas enfermedades. Se fortalecen alternativas de comercialización de productos agroecológicos y crece el convencimiento de que necesitamos avanzar hacia la Soberanía Alimentaria. A veces falta ese pasito de reconocer que ésta sólo será posible con semillas libres en manos campesinas, como plantea desde hace años La Vía Campesina.

Desde Huerquen integramos desde su fundación la Multisectorial contra la “Ley Monsanto” de Semillas, un espacio amplio desde donde intentamos resistir estos intentos junto a muchxs otrxs de distintos territorios. Hay otros espacios y entidades que desde distintas formas y caminos plantean cosas similares. Quizá en este momento, donde enfrentamos un embate tan fuerte, sea tiempo de alianzas nuevas, amplias, ¿insólitas?, donde las organizaciones del campo y de la ciudad aunemos esfuerzos para frenar lo que está en marcha. La defensa de las semillas en manos de los pueblos es una pelea estratégica.

Ojalá en su curso podamos recuperar la perspectiva maravillosa de reconocernos parte de todo lo viviente, retomando ese camino de hermanxs que iniciamos con las semillas hace miles de años. (continuará)

Videos para acompañar esta nota:

> SEMILLAS ¿Bien común o propiedad corporativa? (Grupo Semillas - 2017)

> Ley de Semillas: Alerta Argentina! (Huerquen - 2015)

> ¿Por qué nos oponemos a la Ley "Monsanto" de Semillas?(Huerquen - 2016)

> Ley de Semillas en el Congreso: ¿Por qué nos oponemos a su modificación? (Huerquen - 2016)

www.huerquen.com.ar

 

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Involucrémonos con la presencia constituyente de "una fuerza para la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe que luchan por la Soberanía Alimentaria como elemento fundamental en la construcción de un nuevo modelo de sociedad basada en el Buen Vivir, la Soberanía Popular y la Justicia Social y Ambiental; y posiciona la Agroecología como modo de vida y propuesta política sustentable y solidaria en contraposición al modelo de desarrollo hegemónico capitalista, patriarcal y neoliberal que devasta nuestros sistemas alimentarios, medio ambiente, cultura, saberes y conocimientos ancestrales y adquiridos".

 

 

Declaración de IximUlew.

II Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y El Caribe.

12 de septiembre de 2017

 

La II Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y El Caribe – ALIANZA se realizó en la Ciudad de Guatemala, en los días 7 y 8 de septiembre de 2017, con la presencia de representantes de redes y colectivos regionales de organizaciones y movimientos sociales de Pueblos Indígenas, campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales, mujeres, afrodescendientes, jóvenes y trabajadores rurales y organizaciones ambientalistas. Participaron también como invitados, representantes de la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación – FAO Chile, representantes de la Red Centro Americana de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas – RECMURIC, Federación Latinoamericana de Apicultura (FILAPI), Red Centroamericana de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional – Red CASSAN, de Caribbean Farmers Network - CaFaN, de Caribbean Network of Fisherfolk Organisations – CNFO y de Radio Mundo Real (Amigos de la Tierra Internacional).

 

La Alianza declara que seguirá constituyendo una fuerza para la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe que luchan por la Soberanía Alimentaria como elemento fundamental en la construcción de un nuevo modelo de sociedad basada en el Buen Vivir, la Soberanía Popular y la Justicia Social y Ambiental; y posiciona la Agroecología como modo de vida y propuesta política sustentable y solidaria en contraposición al modelo de desarrollo hegemónico capitalista, patriarcal y neoliberal que devasta nuestros sistemas alimentarios, medio ambiente, cultura, saberes y conocimientos ancestrales y adquiridos.

 La lucha por la Soberanía Alimentaria como principio, derecho y deber construido por los pueblos, se ha convertido en una propuesta sólida para el desarrollo y cuenta con apoyo internacional de organismos, organizaciones y movimientos sociales.

La defensa de nuestros Territorios –que incluyen las tierras, los océanos, las aguas y los bosques – es innegociable y fortalece nuestra lucha contra el acaparamiento de tierras, el extractivismo, la explotación y la privatización de bienes comunes, la agricultura industrial a gran escala fomentadas por el sistema capitalista monopolista que mercantiliza la vida y precariza las relaciones laborales, debilitando las condiciones de vida de los asalariados y asalariadas. Seguiremos luchando para mantener nuestros territorios, mares y ríos libres de la contaminación y degradación causadas por la aplicación de productos químicos por el agronegocio, por los impactos de la mega-minería y de las mega-represas producidas por el modelo hegemónico capitalista.

Defendemos la autodeterminación, el Principio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los pueblos que pase por una Reforma Agraria Integral que impulse la restitución y reconstrucción territorial, rural, urbana y acuática, y la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, originarios.

 

Defendemos la Biodiversidad y la protección de las semillas nativas y criollas a partir de las prácticas y conocimientos agrícolas tradicionales de nuestros pueblos con base agroecológica, como respuesta concreta al cambio climático y a los graves problemas globales que sufre nuestra Madre Tierra. La Agroecología mitiga el cambio climático y responde a la producción de alimentos saludables con economía social y solidaria respetando la biodiversidad, la vida de los bosques y florestas, de los suelos y de las aguas. Así nos manifestamos contra todo tipo de tecnología transgénica y geoingeniería que amenazan y destruyen los ecosistemas terrestres y acuáticos y se apropian o contaminan los saberes ancestrales.


Reconocemos los aportes de las mujeres que históricamente han construido conocimientos en la agricultura, pesca, recolección y preparación de los alimentos a la sustentabilidad de la vida y a la economía de las comunidades y del mundo, incluso por su trabajo de cuidado. Denunciamos el incremento del conservadurismo en la sociedad, y, la persecución de las mujeres que luchan con grave aumento de la violencia sexual y los feminicidios.

 

Rechazamos el sistema capitalista hegemónico, patriarcal, violento, militarizado y discriminatorio, responsable por la generación del hambre y de la pobreza humana, por la degradación ambiental, por la criminalización de nuestras luchas y resistencias, y por todo tipo de violencia cometida contra la humanidad. Y reafirmamos nuestro compromiso con la equidad entre hombres y mujeres, con el respeto a los derechos de la juventud, de los pequeños productores y pescadores, y con la dignidad de la vida humana y la conservación de nuestro planeta.

El Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y saludable debe ser reconocido e impulsado por los Estados a partir de diversos instrumentos jurídicos internacionales, así como internalizado y aplicado en sus normativas nacionales para garantir la eficacia del derecho a la Soberanía Alimentaria de los pueblos. Los Estados deben impulsar el respeto a las diversidades de los pueblos y sus formas productivas ancestrales, asimismo garantizar el trabajo y empleo dignos, el salario justo basado en los principios de justicia social y dignidad humana para la sociedad en su conjunto. Por ello exigimos al gobierno de Guatemala y a los gobiernos de América Latina y el Caribe a adoptar prontamente la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural. Y proponemos asimismo establecer un Monitoreo del Derecho a la Alimentación en la próxima Conferencia Regional de FAO en Bahamas (2018)

 

La comunicación y la formación populares seguirán siendo componentes estratégicos en nuestras luchas por Soberanía Alimentaria por su rol transformador y unificador, creador de sentidos y valores que representan nuestros objetivos políticos y visibilizando los procesos de resistencia y promoviendo la construcción de propuestas con carácter colaborativo, solidario y complementario. La construcción colectiva en diferentes ámbitos y a partir de la diversidad de actores involucrados en la formación y la comunicación populares nos une en la lucha y fortalece nuestras acciones transformadoras contra los grandes medios de comunicación, responsables por la manipulación masas, la degradación social y la violencia característica del modelo de desarrollo hegemónico.

 

Nos comprometemos con el fortalecimiento de la Alianza a través de la integración de nuevas articulaciones, de la solidaridad social, de la defensa del bien común, del respeto por la autonomía y la autodeterminación de los pueblos para lograr mayor incidencia en los espacios de diálogo de saberes y formulación de políticas diferenciadas que impulsen la Soberanía Alimentaria. Y manifestamos nuestro interés en seguir incidiendo en este sentido con organismos internacionales como la FAO y en instancias globales como el CIP y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) a través del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC).

 

Asimismo, reconocemos el accionar de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre en América Latina y el Caribe y hacemos llegar estas conclusiones del panorama de la alimentación en nuestra región en la convicción de que esta Alianza es representativas de amplios sectores sociales claves para la superación del hambre y la pobreza rurales en nuestro continente.

 

Nos hacemos eco de la lucha que llevan las organizaciones campesinas e indígenas de Ecuador contra el ingreso de Transgénicos a sus territorios.

 

Y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los pueblos de Guatemala, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Haití, Paraguay y Venezuela, México, Perú que pasan por graves crisis políticas, de inseguridad social y alimentaria, despojos y desplazamiento, desapariciones, violencia seguida de asesinatos en el campo y en la ciudad impulsados por los intereses fácticos ligados a los terratenientes y demás factores de poder capitalista, con el convencimiento de que una paz duradera solamente será posible cuando se escuche la voz de las organizaciones que representan a sus pueblos.

 

¡Construyendo la Unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños para la Soberanía Popular y Alimentaria!’

 

¡Somos una herramienta que camina!

 

¡Soberanía Alimentaria para la paz con justicia social!

 

¡Defendemos la Soberanía Alimentaria como Principio y como Derecho inalienable de los Pueblos de América Latina y Caribe y de todos los pueblos del mundo!

* Iximulew: Guatemala o “Tierra del Maíz”
Ciudad de Guatemala, 9 de setiembre 2017, 11 Akábál (11 amaneceres) del Calendario Maya.

www.alianzasoberaniaalimentaria.org Leer