Qué País

Agosto 2016

Sin IIRSA como base de UNASUR.

 

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

A 200 años, los de abajo y a la izquierda, precisamos generalizar la percepción (conocimiento y toma de partido) de que el capitalismo es acumulación por exterminio y la realidad de IIRSA nos permite adquirir nociones concretas de dicho proceso.

 

Sudámerica: IIRSA: La integración a la medida de los mercados.
2006

Por Raúl Zibechi

El proyecto Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que se viene implementando en silencio, es el más ambicioso y abarcativo plan para integrar a la región al comercio internacional. Si se llevara a cabo completamente, conseguiría conectar las zonas donde se encuentran los recursos naturales (gas, agua, petróleo, biodiversidad) con las grandes ciudades y, a ambos, con los principales mercados del mundo.

El 31 de agosto y el 1 de setiembre de 2000, durante la reunión de presidentes sudamericanos realizada en Brasilia (Brasil) a instancias del presidente Fernando Henrique Cardoso, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó la propuesta "Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura de Sudamérica". Fue, de hecho, el lanzamiento de la IIRSA, un ambicioso plan para la ejecución de proyectos físicos y cambios en las legislaciones, normas y reglamentos nacionales para facilitar el comercio regional y global.

El proyecto IIRSA es un proceso multisectorial que pretende desarrollar e integrar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones en diez años. Se trata de organizar el espacio geográfico en base al desarrollo de una infraestructura física de transporte terrestre, aéreo y fluvial; de oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica, entre los más destacados. Esas obras se materializarán en doce ejes de integración y desarrollo, corredores que concentrarán las inversiones para incrementar el comercio y crear cadenas productivas conectadas con los mercados mundiales.

Para poder llevar adelante este megaproyecto es necesario remover las "barreras" físicas, normativas y sociales, lo que supone realizar grandes obras, armonizar las legislaciones nacionales de los doce países implicados en la IIRSA y ocupar los espacios físicos claves que suelen tener baja densidad de población pero guardan las principales reservas de materias primas y biodiversidad.

Un proyecto ambicioso

Un aspecto clave de la IIRSA, como lo señala el estudio del BID "Nuevo impulso a la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur", presentado en diciembre de 2000, consiste en considerar que el principal problema para posibilitar la integración física, y por lo tanto para mejorar el flujo de mercaderías, son las "formidables barreras naturales tales como la Cordillera de los Andes, la selva Amazónica y la cuenca del Orinoco"[1]. Esa misma concepción es sustentada por el ex presidente del BNDS, Carlos Lessa, quien señalo: "La cordillera de los Andes es ciertamente una belleza, pero es un terrible problema de ingeniería"[2]. Esa lógica de la naturaleza como "barrera" o como "recurso", está presente en todos los aspectos del plan.

En el Seminario Subregional organizado por el Comité de Coordinación Técnica de la IIRSA, en setiembre de 2003 en Lima, se definieron tres objetivos: apoyar la integración de mercados para mejorar el comercio intra-regional; apoyar la consolidación de cadenas productivas para alcanzar competitividad en los grandes mercados mundiales; y reducir el "costo sudamericano" a través de la creación de una plataforma logística vertebrada e inserta en la economía global. Según los principales estudios disponibles, uno de los objetivos de esta integración es poder volcar los recursos naturales de los países sudamericanos para los mercados norteamericanos y europeos.

Pero estos objetivos se observan de modo transparente en los mapas en los que aparecen los ejes de integración y desarrollo que siempre abarcan varios países [3]. Los diez ejes definidos (dos están en estudio) son: (…)

 

Territorios y mercados

Vencer las barreras físicas, legales y sociales para poder implementar la IIRSA, supone cambios profundos en la geografía, la legislación de los estados y las relaciones sociales. Se considera al continente sudamericano como la suma de cinco "islas" que deben ser unidas: la plataforma del Caribe, la cornisa andina, la plataforma atlántica, el enclave amazónico central y el enclave amazónico sur. Los ejes de integración y desarrollo atraviesan esas "islas" y rompen su unidad, lo que en el lenguaje tecnocrático se denomina como "barreras" naturales.

Desde el punto de vista geográfico, ello supone grandes obras de infraestructura para "corregir" las trabas que impone la naturaleza para hacer más fluido el transporte y el comercio y, de esa manera, reducir los costos. El eje Perú-Brasil-Bolivia, por ejemplo, busca sacar rápidamente la producción agrícola brasileña -en el enclave amazónico del Sur- por puertos del Pacífico, evitando el desplazamiento hacia el Norte por la cuenca del Amazonas. En este caso, a las obras en ríos se suman carreteras eficientes que atraviesen la cordillera andina. El recorrido natural se modifica -mediante grandes inversiones- para acelerarlo y así llegar velozmente a los mercados mundiales.

Como señala Andrés Barreda, "desde los años 80, el tráfico comercial del Pacífico desplaza al del Atlántico; de los 90 para acá, el tráfico portuario del Pacífico supera al del Atlántico; y en el año 2000, en Estados Unidos el tráfico portuario del Pacífico ya doblaba al del Atlántico. Por tanto, hay un problema en el momento en que la economía mundo se reinventa del Atlántico al Pacífico"[5]. Eso ha hecho que el canal de Panamá pierda su importancia y en su lugar aparecen estos corredores para conectar ambos océanos. En Sudamérica el "cuello estratégico", según Barreda, es Bolivia, por donde pasan cinco de los doce corredores.

Por otro lado, y siguiendo al mismo autor, la región sudamericana es una de las pocas del planeta que combina los cuatro recursos naturales estratégicos: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua. Véase que esta profunda modificación de la geografía (quizá el proyecto más ambicioso sea unir los ríos Orinoco, Amazonas y Paraná) no persigue la integración del continente sino su vinculación con los mercados globales. Puede decirse que se trata de una integración "hacia afuera", exógena, en vez de propiciar una integración "hacia adentro". Los ejes o corredores deben tener, además, ciertas características. "Para la conexión en tiempo real el Internet es básico. Para la conexión justo a tiempo, la intermodalidad es básica"[6]. Por lo tanto, los corredores deben combinar una moderna plataforma de telecomunicaciones con la infraestructura necesaria para el transporte intermodal.

La intermodalidad se asienta en la "revolución de los contenedores": el sistema es el mismo para el transporte terrestre, aéreo y fluvial y una mercancía debe poder pasar de uno a otro con fluidez, lo que impone carreteras y camiones, aeropuertos y aviones, ríos y barcos capaces de cargar grandes contenedores que ahora sustituyen el viejo concepto de almacén o depósito en el que se guardaban las mercancías. Esto se vincula al nacimiento de las "fábricas globales" que funcionan bajo la premisa just in time: se crea así una suerte de "autómata global" ya que las grandes empresas se han deslocalizado y abarcan todo el planeta en forma de red. Pero este autómata global, "integrado industrial y productivamente, mantiene ahora nuevas relaciones jerárquicas centro-periferia, pero de carácter industrial", como lo muestra la industria maquiladora[7]. El IIRSA es precisamente el eslabón sudamericano que integra al continente en este proceso, pero de forma subordinada.

Desde el punto de vista de superar las barreras normativas de los estados, la IIRSA profundiza la estrategia neoliberal de desregulación y debilitamiento de los estados nacionales. Adecuar las legislaciones nacionales a las necesidades del comercio mundial supone homogeneizar las normas. De esa manera cada región y cada país pierden sus rasgos diferenciadores y los estados pierden autonomía frente a las multinacionales y los estados del primer mundo.

Por último, deben ser superadas las llamadas "barreras sociales". Un solo ejemplo, entre decenas que se podrían traer, es suficiente para ilustrar de qué se trata: el gasoducto Coari-Manaos, con 420 kilómetros, atraviesa el río Amazonas y una de las zonas mejor preservadas de la selva. Las dos empresas más interesadas en el proyecto son la brasileña Petrobras y la estadounidense El Paso (líder mundial en el área del gas y una de las mayores del mundo en el sector energético). En 1998 Petrobras construyó la primera parte del gasoducto, con 280 kilómetros, uniendo las reservas de Urucu con la ciudad de Coari. La obra trajo grandes impactos socio-ambientales a la región: "disminuyó la pesca, afectando a las poblaciones ribereñas que dependen de los peces para sobrevivir; afectó las zonas de extracción de castaña de Pará, fundamental para la sobrevivencia de las comunidades; la población de Coari creció considerablemente, pues la ciudad alberga a los trabajadores que llegan de diferentes lugares, hubo un crecimiento fuerte de la prostitución, de la violencia y de los casos de malaria"[8]. Sólo el gasoducto Urucu-Porto Velho afectará a 13 pueblos indígenas y a cinco municipios donde el 90% de la población son indios.

En suma, el beneficio que obtienen un puñado de multinacionales supone perjuicios sociales y ambientales irreversibles, y el debilitamiento de estados de la periferia que se verán impotentes para contener estos problemas.

 

Dos casos: Brasil y Bolivia

Este proyecto de integración afecta de modo diferente a cada país y a cada región del continente pero, a grandes rasgos, pueden definirse "ganadores" y "perdedores" en función de los beneficios o daños resultantes de la implementación de la IIRSA. Uno de los problemas del proyecto es, precisamente, que ahondará las diferencias entre países, regiones y sectores sociales ricos y pobres, ya que todos se integrarán en el mercado mundial de forma desigual, en función de las "ventajas comparativas" que hoy presentan. Para ejemplificar estas diferencias tomaremos en cuenta dos países: el más pobre del continente, Bolivia, y uno de los países más industrializados del mundo, Brasil.

En Bolivia sólo es pobre la mayoría indígena. Cuenta con importantes reservas de hidrocarburos, las segundas del continente luego de las de Venezuela. Tiene además una posición geográfica clave, ya que por su territorio rico en biodiversidad -que va del altiplano andino a la selva amazónica- deben pasar cinco ejes de integración y desarrollo que unen el Pacífico y el Atlántico. Por eso la banca internacional definió en el plan El Cambio para Todos que Bolivia debía convertirse en "país tránsito del subcontinente y centro distribuidor de gas y otros energéticos"[9]. Como país de tránsito, los corredores de exportación de bienes y servicios formarán parte de importantes proyectos binacionales de generación y distribución de energía hidroeléctrica y termoeléctrica.

Según los planes definidos en la IIRSA, el país se verá abocado a la construcción de una nueva Red Fundamental de Carreteras, que dejan zonas enteras del país aisladas pero conectan las reservas de hidrocarburos con los mercados mundiales. El Eje Interoceánico Central -que une el puerto brasileño de Santos con los chilenos de Arica e Iquique- atraviesa Bolivia por el la zona central y es imprescindible para países como Brasil y Chile, que son los más interesados en impulsar el comercio bi-oceánico. El Eje Perú-Brasil-Bolivia permite unir el estado brasileño de Rondonia con el Pacífico, para sacar la gigantesca producción de soya de ese estado "aprovechando una de las pocas regiones del continente en el que el cruce de los Andes presenta menores dificultades"[10]. De este modo Bolivia es objeto de grandes inversiones que fraccionan su territorio con cinco corredores.

 

Brasil está en la situación opuesta. Este tipo de integración exógena le permitiría "avanzar en su anhelo de lograr una posición dominante en América Latina, resultado de la estrategia desarrollada desde los 80' de alcanzar el liderazgo regional a través de la incorporación a su zona de influencia de los países de su entorno geográfico más próximo: Argentina, Uruguay, Paraguay, luego Bolivia y Chile, posteriormente los demás países de la Comunidad Andina y luego toda Sudamérica, con el fin de fortalecer su economía frente al ALCA"[11].

Brasil está en condiciones muy similares a los países del primer mundo a la hora de sacar provecho de la IIRSA. En los hechos, Brasil tiene una relación con los demás países sudamericanos -con la parcial excepción de Argentina- similar a la que tienen los países del centro con los de la periferia. En primer lugar, Brasil es el más interesado en la región en poder sacar su producción industrial y del agrobusiness por el Pacífico. En segundo lugar, son brasileñas algunas de las empresas que construyen parte de la infraestructura, como la Constructora Norberto Odebrecht, que tiene inversiones en casi todos los países de la región, o como la petrolera Petrobras[12]. En tercer lugar, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es uno de los principales financiadores de la IIRSA.

El Complejo Rio Madera, que es uno de los núcleos del Eje Perú-Brasil-Bolivia, es quizá el mejor ejemplo. Carlos Lessa, ex presidente del BNDES, sostuvo que con ese proyecto "Brasil promueve su propia versión de la conquista del oeste en una zona selvática vecina a Perú y Bolivia, con su megaproyecto que ilustra los sueños de integración de América Latina, en cuyas fronteras está todo por hacer"[13]. El proyecto Complejo Rio Madera incluye dos hidroeléctricas en Brasil; esclusas para hacer navegable el río, lo que supone la eliminación de una zona de cachelas que "interrumpen" la navegación; una hidroeléctrica en el río Beni (Bolivia) y puertos para la hidrovía de los ríos Madera-Guaporé-Beni-Madre de Dios (Brasil-Bolivia-Perú). El proyecto permite "la generación de energía en cantidades significativas y a bajo costo y para la consolidación del Polo de Desarrollo del agrobusiness en la región oeste de Brasil y la Amazonía boliviana", lo que permite la reducción de los costos de transporte de granos y otros commodities[14].

El proyecto tendrá un enorme impacto ambiental, y beneficiará sólo a Brasil. "Las empresas brasileñas se constituirán en el único comprador de la toda la energía producida, imponiendo condiciones de compra, contratos y precios". El proyecto demanda una inversión de 6 mil millones de dólares, beneficiará a las brasileñas Odebrecht, Furnas Centrais Elétricas y al grupo Tedesco Maggi (el mayor exportador de soya de Brasil), que ha invertido cien millones de dólares en la navegabilidad del río Madera, "donde posee la flota más importante de barcazas y remolcadores, con una capacidad de transporte fluvial de 210 mil toneladas por mes" [15].

Observado en perspectiva, proyectos como el Complejo Rio Madera forman parte de la geopolítica brasileña de expansión hacia el oeste y de ocupación de territorios "vacíos", de control de recursos estratégicos como los hidrocarburos bolivianos, y confirma la impresión de que "los gobernantes brasileños parecen haber llegado a la conclusión de que el aumento de la competitividad brasileña en el mercado internacional depende, en gran medida, de la integración de Sudamérica"[16]. Sólo habría que agregar que se trata de una integración doblemente subordinada: a Brasil, por parte de los países sudamericanos, y del conjunto de la región al mercado y el empresariado mundiales.

 

La IIRSA en el mundo

La IIRSA aparece estrechamente vinculada al ALCA, al punto que puede decirse que son dos caras de una misma moneda. "El ALCA determina lo jurídico administrativo en forma más concreta y la IIRSA la infraestructura"[17]. Y ambos aparecen ligados a un proyecto más vasto del que forma parte también el Plan Puebla-Panamá.

Sin embargo, la IIRSA tiene una particularidad: es un tipo de integración nacida en el Sur, gestionada en gran medida por las elites del Sur, pero que beneficia a los sectores mejor insertos en el mercado internacional. El énfasis en las obras de infraestructura aparece vinculado a la necesidad de los mercados mundiales de conseguir un flujo sostenido y en aumento constante de las exportaciones de materias primas y recursos naturales. Y hacerlo de modo "competitivo", o sea reduciendo los costos. Es evidente que este tipo de desarrollo generará más pobreza y mayores desigualdades, aumentará la concentración de la riqueza a escala local y global y tendrá profundos impactos ambientales. Entre otras consecuencias negativas, la deuda externa de los países de la región seguirá creciendo y la sobreexplotación de los recursos puede llevar a que en algunas décadas los países que cuentan con petróleo o gas como su principal riqueza, acaben por agotarla sin haber obtenido ninguna ventaja.

 

Por último, y este es uno de los aspectos más preocupantes de la IIRSA, la forma como se está implementando es muy grave, ya que los proyectos se están llevando adelante en silencio. Así como en todo el continente hay un amplio debate sobre el ALCA y los TLC, los proyectos vinculados a la IIRSA se vienen realizando sin participación de las sociedades civiles ni de los movimientos sociales, sin información por parte de los gobiernos. Este estilo induce a pensar que se busca evitar el debate. En paralelo, se están construyendo los proyectos en partes para más tarde enlazarlos, lo que impide la vigilancia y control de las poblaciones afectadas y facilita que se burlen las leyes ambientales. Formalmente, la IIRSA nació en el año 2000, pero buena parte de los proyectos vienen de los años 90. El aspecto más perturbador es si la creación de esta enorme red de infraestructura no conseguirá, finalmente, imponer los mismos objetivos del ALCA pero sin ese nombre, sin debate, de modo vertical por parte de los mercados y las elites. Si esto fuera así, tal vez en unas décadas se haya consumado, de forma invisible, un gigantesco proyecto que remodela todo el continente y afecta a todos sus habitantes. Porque las elites saben, como lo muestra la experiencia reciente, que un debate abierto de sus planes, los condena al fracaso.

Fuente: http://www.servindi.org/actualidad/opinion/740

En consecuencia,  los de abajo y a la izquierda, a 200 años requerimos multiplicar los espacios comunes de deliberación y toma de decisiones que confronten en vez de subordinarse a cómo la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales disponen del país-continente y de nosotros. Es percibir (conocimiento y toma de partido) que UNASUR, mediante la IIRSA, concuerda con el extractivismo exportador o la acumulación por exterminio a favor de los oligopolios locales e imperialistas.

 

Interconexión sin integración: 15 años de IIRSA

13 de enero de 2016

 

Por Raúl Zibechi

 

Han pasado 15 años desde la creación de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y se impone un balance desde la perspectiva de su aporte a la integración.

Una ciudad de Quito arrasada por los efectos del cambio climático, cobijó el Seminario Internacional 15 Años de IIRSA, “Miradas críticas sobre la integración sudamericana”. El día que comenzaba el encuentro, martes 15 de setiembre, gigantescas nubes envolvían la ciudad que sufría 22 incendios forestales, tres de ellos en la ciudad y el resto en el sector rural colindante. La sequía causa estragos y hasta 18 barrios de la ciudad sufren racionamiento de agua [1].

El seminario fue convocado por la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, integrada por distintas organizaciones de varios países [2], que se propuso hacer un balance a la mitad del trayecto de un proyecto que fue pensado para su implementación en 30 años.

En estos 15 años el proyecto inicial sufrió algunas transformaciones. Por un lado, pasó a integrarse en la UNASUR en el consejo denominado COSIPLAN (Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento); por otro, el proyecto avanzó sustancialmente y se expandió de forma vertiginosa, lo que hace necesario un nuevo acercamiento al tema[3].

Un poco de historia

El 29 de agosto de 2000 llegaron a Brasilia los presidentes sudamericanos convocados por el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Desde un comienzo la IIRSA se planteaba como un vasto proyecto asociado al ALCA, pero con un perfil regionalista.

El propio Cardoso, partidario del ALCA, manifestaba sus diferencias con los países del norte. “Los países más ricos, los más poderosos, que son los que tienen más barreras comerciales que nos afectan, quieren ir muy rápido, sin percibir que nosotros no podemos, porque nos vamos a caer”[4].

En la reunión participaron los doce presidentes sudamericanos y 350 empresarios latinoamericanos. Cardoso sentó las bases del proyecto IIRSA y definió el objetivo de su país de “trabajar juntos”, liderando sin imponer para “resolver nuestros problemas internos, que son muchos”[5].

El geógrafo Carlos Walter Porto Gonçalves sostiene que el origen teórico y político de la IIRSA y del Plan Puebla Panamá se encuentran en dos estudios. El primero fue Infraestructure for Sustainable Development and Integration of South America realizado por Eliézer Batista da Silva en 1996 para la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Vale do Rio Doce, el Business Council for Suastainable Development Latin America, el Bank of America y la Companhia Auxiliar de Empresas de Mineraçâo[6].

El segundo se denominó Estudo sobre Eixos Nacionais de Integraçâo e Desenvolvimento, en 1997, promovido por el BNDES, el ministerio de Planeación, el banco ABN Amro, la multinacional estadounidense Bechtel, Consorcio Brasiliana y Booz Allen & Hamilton do Brasil Consultores. La lectura de quienes financian estos trabajos permite deducir los intereses que encarnan.

El concepto de ejes de integración y desarrollo sustituye al de región como núcleo de la acción gubernamental, privilegiando los flujos por sobre los territorios habitados por pueblos y naciones[7].

La IIRSA es una iniciativa que rompe con la tradición histórica de Latinoamérica como una región con personalidad propia, para situarse en el estrecho marco de América del Sur. El concepto de América Latina había nacido en el siglo XIX en contraposición a la América imperialista, pero ahora asistimos a un paulatino desplazamiento que coloca en el centro del escenario la idea de América del Sur, como destaca con acierto Porto Gonçalves.

Por el contrario, Sudamérica es una espacio geopolítico formulado por los estrategas militares ligados a la dictadura brasileña (1964-1985), como Golbery do Couto e Silva, uno de los principales teóricos de la doctrina de seguridad nacional elaborada en la década de 1950 por la Escuela Superior de Guerra. Fue además creador del Servicio Nacional de Informaciones en 1964, presidió la filial de la multinacional estadounidense Dow Chemical y fue autor del libro “Geopolítica del Brasil”[8].

Con el gobierno de Lula, Sudamérica se convierte en “un nuevo espacio de afirmación geopolítica” que coincide con la crisis hegemónica de Estados Unidos [9]. Ese viraje deja de lado el carácter antiimperialista que había generado el concepto de América Latina. El resultado es preocupante: América del Sur es el espacio en el que se expanden las grandes empresas brasileñas financiadas por el BNDES y apoyadas por Brasilia, para la realización de Brasil como potencia regional y global, mientras se acepta de hecho la hegemonía estadounidense en América Central y el Caribe.

 

Cosiplan y expansión de la IIRSA

La derrota del ALCA en 2005 y la llegada al gobierno de fuerzas progresistas y de izquierda impulsó una redefinición de la IIRSA. El COSIPLAN se creó en la cumbre de presidentes de agosto de 2009 en Quito. Desde ese momento, la IIRSA es el Foro Técnico para temas relacionados con la planificación de la integración física de la UNASUR. El Consejo está integrado por las ministras y los ministros de las áreas de infraestructura o planeamiento.

El organismo se ha dotado de un comité coordinador, grupos de trabajo y un foro técnico, designándose presidencias pro témpore rotativas por países. Hasta 2015 se han realizado seis reuniones de ministros del COSIPLAN. El Comité de Coordinación Técnica (CCT) está integrado por funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

Sin embargo, lo más notable es la importante expansión que tuvo la cartera de proyectos en los últimos años: de 335 en 2004 con 37.000 millones de dólares de inversión a 579 proyectos con 163.000 millones de dólares en 2014. La Cartera de Proyectos se amplió en más del 72% y aumentó más de cuatro veces la inversión total estimada[10]. Por otro lado, hay 106 proyectos ya concluidos y 179 en fase de ejecución.

Más de 70% del financiamiento de las obras es público y una parte importante corresponde al brasileño BNDES, aunque la crisis en ese país está disminuyendo ese financiamiento. Casi el 90% de los proyectos son del área de transporte, siendo la mitad en carreteras, que se llevan la mitad de la inversión. Casi un tercio de la inversión total está destinada a energía, en particular usinas hidroeléctricas, que son las obras más criticadas por los pueblos.

 

El eje con más cantidad de proyectos es Mercosur-Chile con 123 y 55.000 millones de dólares, lo que supone un 25% del total para uno sólo de los nueve ejes multimodales que conectan los océanos Atlántico y Pacífico. Por países, Argentina supera a todos los demás con un total de 180 proyectos que la involucran, seguida de Brasil con 106.

 

Las obras de la IIRSA generan resistencias ambientales y sociales, como lo manifiestan los conflictos en torno a las represas de Jirau y Santo Antônio en el río Madera en Brasil, las represas sobre el río Inambari en Perú y la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS en Bolivia[11]. Además muestran una nueva geografía de las luchas sociales que tienen como escenarios los corredores de la IIRSA, que desbordan los marcos del Estado-nación para situarse allí donde los flujos del capital afectan pueblos y medio ambiente.

Un relevamiento del Laboratorio de Estudio de Movimiento Sociales y Territorialidades de la Universidad Federal Fluminense, muestra que en los ejes de la IIRSA existen 1.347 poblaciones territorializadas: 664 comunidades indígenas, 247 comunidades campesinas, 146 de afrodescendientes, 139 comunidades de poblaciones tradicionales (pescadores, mariscadores, junqueros), 60 organizaciones sociales (sin techo, desempleados) y 59 organizaciones ambientales[12].

Para esas comunidades la IIRSA es una iniciativa neocolonial, una imposición vertical que nada tiene que ver con sus intereses y que supone una agresión para ellas. Este nuevo colonialismo afecta tanto a comunidades que viven en Brasil como a las que están en otros países de la región y benefician a un bloque de poder financiero e industrial en el cual el empresariado brasileño/paulista ocupa un lugar central.

 

Balance: más interconexión que integración

El centro del debate en el Seminario Internacional giró en torno a las consecuencias estratégicas del proyecto. En los diez últimos años, además de los ambientales y sociales han ido apareciendo otros focos de interés y crítica respecto a la IIRSA, como el débil impulso hacia integración generado y la falta de estrategias de largo plazo en las que se incluyan el conjunto de obras.

Jorge Acosta, coordinador de la UNASUR en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, aceptó lo que plantearon otros participantes del Seminario de que “no existe una estrategia para la integración en la región sudamericana”. Agregó que “la estrategia IIRSA aún no ha fracasado pero va mal, con muy bajos impactos y efectividad”, para concluir que si no se logra llegar a una visión general de la región seguirán imperando los marcos nacionales.

El investigador del instituto Ibase, Gerardo Cerdas, señaló que las obras de la IIRSA “se decantaron por las grandes obras de infraestructura en detrimento de infraestructuras sociales de mayor impacto para la población, evidenciando el carácter centrípeto de estas obras enfocadas hacia el comercio internacional de commodities, que hoy en día es la principal relación sudamericana con el mercado global”.

Recordó que ninguna institución de la región y ningún gobierno realizó actos conmemorativos de la creación de la IIRSA para debatir con los pueblos los avances y dificultades del proyecto. Resaltó la necesidad de “encontrar mecanismos de financiamiento autónomos, soberanos y no comerciales para pensar otro tipo de desarrollo y recuperar el debate sobre la nueva arquitectura financiera de la región”.

En su opinión se trata de una necesidad urgente ante la acelerada penetración de capitales chinos que “ponen nuevos desafíos a la autonomía sudamericana” ante su dependencia histórica de capitales externos.

El académico brasileño Fabio Barbosa dos Santos, destacó que según los números sobre las obras concluidas, en ejecución y proyectadas, la IIRSA va muy bien. Pero, en contraste, la integración no avanza. “Cuando la IIRSA se incorporó al COSIPLAN hubo un cambio al ponerse como objetivos la integración física de los países, las economías de escala y las cadenas productivas”.

Pero la construcción de infraestructura regional forma parte del “proceso de internacionalización de las multinacionales brasileñas, básicamente las grandes constructoras, apoyadas en los préstamos del BNDES que crecieron un 3.000%”.

Cree necesario desmitificar al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, ya que desde el gobierno “neutralizó la ALBA, reproduce el patrón hegemónico en el mundo, no contradice a los Estados Unidos y promueve un desarrollo regional basado en sus empresas”.

Destacó que la IIRSA no promueve la integración regional ya que alimenta a quienes se le oponen, porque la exportación de commodities nunca puede ser la base de la integración sino la complementariedad productiva. Concluyó advirtiendo que “no debemos confundir interconexión con integración”, que los 15 años de IIRSA “corresponden al período en que el Buen Vivir despunta como horizonte civilizatorio alternativo, pero ambos son irreconciliables porque la IIRSA tiene un carácter antipopular que es necesario denunciar y enfrentar”.

Finalmente, se debatió sobre el gran problema que enfrenta un proyecto como la IIRSA: las grandes inversiones en obras de infraestructura, sin definiciones estratégicas, pueden desembocar en “hacer obras por hacerlas”, beneficiando sólo a las grandes empresas y al principal Estado de la región, pero no a los países pequeños ni a los pueblos. La región no debe dejarse arrastrar por los mercados y el capital financiero, ya que corre el riesgo de convertirse apenas en una “periferia de lujo”, como señala el economista José Luis Fiori.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américascipamericas/org/es

Notas:(...)

Fuente: http://cdes.org.ec/web/interconexion-sin-integracion-15-anos-de-iirsa

 

 Crisis civilizatoria

 

A 200 años, los de abajo y a la izquierda, necesitamos generalizar el debate sobre qué proyecta el sistema mundo capitalista respecto a Nuestra América teniendo en cuenta a países, como Colombia, donde esos planes están más avanzados. De ahí la importancia de reflexionar sobre:

 

Entrevista a Renán Vega Cantor
 Febrero 2016, Bogotá, Colombia

Hay un vínculo directo entre el Plan Colombia, EE. UU. y 5.500 jóvenes colombianos asesinados

Por Mario Hernández

 

M.H.: Un momento muy especial para la vida política colombiana, el pasado jueves 4 de febrero se encontraron en Washington los Presidentes Obama y Santos, encuentro en el que también estuvo presente el ex Presidente Pastrana, en la conmemoración de los 15 años del “Plan Colombia”, realizada en la Casa Blanca. ¿Cuál es tu visión respecto del “Plan Colombia”? Tanto Santos como Obama lo dieron como un plan que tuvo resultados positivos. El ex Presidente Andrés Pastrana también, pero fue crítico de los acuerdos de paz a los que luego haremos referencia. Comencemos con el Plan Colombia.

 

R.V.C.: Cuando se analiza un hecho del presente uno tiene que pensar si se habla de resultados favorables o desfavorables, para quién o para quiénes. Por supuesto que para Estados Unidos los resultados del Plan Colombia han sido absolutamente favorables y para las clases dominantes de Colombia y el que nosotros llamamos bloque de poder contrainsurgente también. Pero para el grueso de la población no sólo colombiana, sino andino latinoamericana los resultados del Plan son terriblemente negativos. Me atrevería a decir que el Plan Colombia se podría catalogar como plan de muerte, porque en estos 15 años lo que se ha dado es una recolonización de Colombia, se ha convertido en el territorio donde las clases dominantes han feriado todo y se ha iniciado un proceso de convertir a nuestro país en la base más incondicional de los Estados Unidos.

Desde ese punto de vista uno se pregunta qué se puede celebrar.

¿Se puede acaso celebrar la muerte? Y no hablo en términos metafóricos, sino en términos reales fundados en hechos que se han dado recientemente. Tal vez en Argentina, como en otros lugares del mundo, se ha escuchado hablar de un término absolutamente banal pero que oculta muchas cosas, que es el de “falsos positivos”. Ese término significa asesinatos de Estado, que se han cometido durante estos 15 años, en una práctica sistemática que se generalizó durante el Plan Colombia, no nacieron con él pero sí durante su vigencia se convirtieron en una práctica organizada y continua que ha tenido como resultado alrededor de 5.500 asesinatos.

Durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2010, pero principalmente entre el 2002 y el 2008, cuando estalló el escándalo, se recurrió a la práctica de asesinar a jóvenes colombianos que mediante distintos artificios eran engañados y se los llevaba a distintas zonas a donde ellos vivían, se les vestía con traje camuflado, se los asesinaba y se los presentaba como guerrilleros dados de baja.

Esa práctica tiene como resultado la cifra de 5.500 muertos, una cifra que las ONG consideran la más alta de asesinatos políticos en todo el mundo en lo que va del siglo XXI. Son crímenes de Estado que están relacionados con el Plan Colombia. Estamos hablando de que en el gobierno de Uribe Vélez, cuando fue Ministro de Defensa del actual Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, se dieron directivas oficiales, en las que se comienza a poner precio sobre las cabezas de los miembros de la insurgencia, de acuerdo a su importancia dentro de la organización. Por ejemplo, para los mandos superiores, como el Secretariado de las FARC ofrecían 5.000a 10.000 millones de pesos, y de ahí para abajo se empezaba a ofrecer hasta los combatientes rasos. Aparte se daban otro tipo de incentivos, como mandos militares, altos o medios que estuvieran involucrados en el asesinato de insurgentes tenían algunas remuneraciones adicionales como vacaciones, premios económicos o se les ascendía. Eso fue convirtiéndose en un incentivo para matar colombianos. Se trataba además propagandísticamente de decir que el Ejército colombiano estaba matando guerrilleros a diestra y siniestra, cuando en realidad se trataba de jóvenes colombianos humildes que eran engañados y asesinados.

Esos son los “falsos positivos”, es interesante de donde surge ese nombre. En el Ejército colombiano se acostumbra que cuando un oficial da una orden y el subalterno le contesta “positivo”, quiere decir que la orden se acató. En este caso quiere decir que la orden de asesinar colombianos se cumplió. Pero en cuanto la prensa del mundo en vez de sacar un titular que diga “Cinco mil colombianos asesinados por el Ejército”, dicen “Cinco mil falsos positivos asesinados” se atenúa el crimen, y eso es lo que ha sucedido. Esto está relacionado con el Plan Colombia porque hay ONG de EE. UU. y Europa que han hecho investigaciones de la responsabilidad de unidades militares colombianas de altos mandos, en la realización de los llamados “falsos positivos” y la relación con los Estados Unidos, es decir que se ha investigado cuál es la formación de esos militares y dónde tomaron sus cursos. En la mayoría de los lugares donde se llevaron a cabo esos falsos positivos, los comandantes de las unidades militares, fundamentalmente con cargos superiores, en un 80/90% habían recibido instrucción de Estados Unidos  en la Escuela de Las Américas, por ejemplo.

Hay un vínculo directo entre el Plan Colombia, la participación de USA y los asesinatos. Pero este es tan sólo un elemento del Plan Colombia que de por sí ya es escandaloso. Otro elemento es que durante el Plan Colombia se acentúa el uso del glifosato como químico para destruir las matas de hoja de coca, pero eso ha llevado a la destrucción de economías campesinas, indígenas, la enfermedad y muerte de muchos colombianos en zonas campesinas. Un país tan dependiente, tan sometido como Afganistán se negó en un momento determinado a usar este tipo de químicos para fumigar los cultivos de amapola, en cambio, en Colombia esa práctica se ha seguido llevando a cabo hasta el día de hoy, aunque hace unos meses se dijo que se iba a suspender.

Un tercer elemento en el que se demuestra que este es un plan de muerte, tiene que ver con el asesinato, en un país en el que no existe la pena de muerte, de altos miembros de la insurgencia con la participación directa de tropas de los Estados Unidos. El crimen de guerra del 1° de marzo del 2008 en Sucumbíos, Ecuador, donde fueron asesinadas 26 personas, entre ellos el segundo comandante de las FARC, Raúl Reyes, 4 estudiantes mexicanos y ciudadanos ecuatorianos. Hace unos dos años un periódico de EE. UU. dio a conocer que ese operativo había corrido por cuenta directa de las fuerzas de USA.

Entonces, cuando se celebran los 15 años de este Plan, están celebrando la muerte, persecución, el exilio y represión de miles de colombianos. Me parece que es cinismo, más cuando estamos hablando de un Presidente que supuestamente está interesado en lograr la paz. Podemos decir que se trata de la paz de los sepulcros la que está celebrando.

Por supuesto, si miramos el Plan Colombia desde una óptica diferente, ha sido nefasto no sólo para Colombia sino para los países de la región. Ha significado la militarización creciente de toda la región, la construcción de nuevas bases militares, injerencia de los Estados Unidos, construcción y manejo de radares en zonas estratégicas como el Mar Caribe y la Amazonía; bases militares norteamericanas en territorio colombiano desde donde se puede agredir, controlar y vigilar a todos los territorios de la nación. Esos son algunos de los resultados del Plan Colombia.

Hay otro elemento que resulta paradójico. El debate por este Plan comenzó en el Senado de los Estados Unidos entre 1999 y el 2001 en un momento en el que había dialogo entre las FARC y el gobierno de Pastrana. En ese momento se dijo que el Plan no era contrainsurgente, sino que era para combatir el narcotráfico. Cuando se rompieron las conversaciones y luego de los atentados de septiembre de 2001, abiertamente se dijo que era un plan contrainsurgente encubierto como un plan antinarcóticos.

En términos de narcóticos el plan es un absoluto fracaso. Colombia no ha dejado de ser proveedor mundial de cocaína, a pesar de que México cumple un papel significativo. No se ha reducido notablemente el número de tierras sembradas, inclusive si se hubiera reducido, la productividad por hectárea es mayor que la que existía hace 15 o 20 años. Por lo tanto, la cantidad de cocaína que sale de Colombia al mercado mundial, incluso ha aumentado. Desde ese punto de vista el Plan ha sido un fracaso, pero obviamente el objetivo del Plan no era ése, siempre fue concebido como plan contrainsurgente.

 

 

El Estado colombiano tuvo que aportar U$S 120.000 millones para el Plan Colombia

 

 

M.H.: He recabado algunos datos de distintas publicaciones que indican que de los U$S 9.000 millones que Estados Unidos entregó como parte del Plan Colombia, el 71% fue destinado a las fuerzas armadas y de policía. Antes te comentaba sobre una entrevista que realiza la revista La Semana a Andrés Pastrana, donde reconoce que las FARC ya no son la guerrilla arrolladora de hace unos años, que han sido fuertemente golpeadas por el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas debido al Plan Colombia. Según el Pentágono, el Plan Colombia redujo el tamaño de las FAR en 2/3 en 15 años, alejando la guerrilla de los alrededores de las ciudades y carreteras principales. Sin embargo, el ex Presidente Andrés Pastrana, firmante originario del Plan Colombia, refiriéndose a las negociaciones de paz en La Habana, considera que son un triunfo para las FARC. “Lo triste es que una vez en la mesa, la guerrilla logró arrodillar al gobierno por la vía insólita de las concesiones del fuerte al débil. Lo que la guerrilla logró en la mesa es el lavado de su cartel”,dijo Pastrana, y agregó una frase muy fuerte, que me gustaría que pudieras aclararnos: “La guerrilla cambió el Diario del Che por El Padrino”.

 

R.V.C.: Primero tengo que decir que el personaje del cual usted me habla es un personaje absolutamente despreciable, por el nivel de postración frente a los Estados Unidos porque cuando hablamos de este proceso de recolonización, en el cual intervienen las facciones de las clases dominantes y el Estado colombiano, se personifica en individuos. Estamos hablando de un proyecto de clase en el cual hay individuos sobresalientes. Y en ese proceso de entrega, de conversión de Colombia en una nueva colonia de los EE. UU., Pastrana ha cumplido un papel absolutamente nefasto.

Cuando se inicia el Plan Colombia hace 15 años, el gobierno de Pastrana estaba sentado en una mesa de negociación con las FARC y en medio de esto, comienza una ingeniería para fortalecer las Fuerzas Armadas, lo cual significa que nunca estuvo interesado en una solución dialogada del conflicto armado. Mientras hablaba de paz con las FARC, estaba reorganizando el Ejército y las Fuerzas Armadas que habían sufrido durísimos golpes militares durante los ´90. Y lo que se puede ver en la perspectiva que dan los años, es que el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a sentarse en una mesa a negociar para ganar tiempo para rearmarse, pero no estaban interesados realmente en que se avanzara en el proceso de paz.

Mientras se dialogaba, el Estado colombiano firmaba acuerdos con los Estados Unidos, entre esos el Plan Colombia, pero también hubo otros menos conocidos, inclusive acuerdos secretos de intervención directa de los EE. UU. en términos militares. ¿Qué autoridad moral tiene un individuo como éste de dar lecciones si él es un personaje que encarna esa claudicación de las clases dominantes en Colombia, que en lugar de impulsar reformas sustanciales en la estructura social y económica del país, prefiere recurrir a la vía militar pensando que iban a ganar la guerra?

Lo que hemos visto durante estos 15 años es que el Estado no pudo ganar la guerra por la vía militar, aunque haya debilitado a las FARC, no las ha podido destruir y por eso tuvieron que volver a sentarse a dialogar. Porque el Estado apostó a la destrucción total de la insurgencia.

Hay un costo del Plan Colombia, pero está minimizado, la inversión directa de los Estados Unidos fue una cifra de aproximadamente 10.000 millones de dólares, pero los costos reales aproximados, son de 130.000 millones de dólares, es decir, que el Estado colombiano tuvo que aportar 120.000 millones de dólares. ¿De dónde salió este capital? De reformas tributarias, nuevos impuestos, invirtiendo en el presupuesto militar y reduciendo la inversión en el sector social, en educación, en cultura; privatizando y creando todas las condiciones para firmar Tratados de libre comercio. Por lo tanto, hay todo eso detrás del aspecto militar del Plan Colombia, del que no habla Pastrana.

Él hace unas afirmaciones absolutamente nefastas que reproducen la lógica colonial de los Estados Unidos, que considera a las FARC como un cártel de la droga. Ese es un invento norteamericano, de un embajador de los Estados Unidos en Colombia, Lewis Tamp, que acuñó el nombre de “narcoguerrilla” en 1982. Desde ese entonces el término narcoguerrilla se ha venido utilizando para varias cosas, primero para desprestigiar a la insurgencia, para decir que no tiene proyecto político, que es un cartel más; y para legitimar la lucha contrainsurgente del Estado colombiano y plegarse a los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. De allí se desprende que no hay necesidad para ellos de ninguna reforma, ni de ninguna transformación porque para ellos están muy bien, porque estamos hablando de una lucha puramente contra el narcotráfico y no de una lucha contrainsurgente, contra un movimiento que tiene reivindicaciones políticas.

 

 

Colombia es un país que se precia de ser democrático, pero ni en las peores dictaduras hay registros tan negativos

 

 

M.H.: ¿Cuáles son los daños causados a la población civil por la aplicación del Plan Colombia?

 

R.V.C.: Los daños han sido terribles. Por eso decía que cuando uno habla de los logros o fracasos de cualquier proyecto social, tiene que fijarse quiénes se benefician y quiénes se perjudican. En términos negativos, podríamos nombrar algunos de los efectos más dañinos para la población, un primer elemento profundamente nefasto es la militarización de la sociedad colombiana. El Ejército colombiano en estos últimos años ha tenido un crecimiento espectacular, hasta llegar a ser uno de los 15 ejércitos más grandes del mundo.

 

M.H.: Con 500.000 efectivos.

 

R.V.C.: Sin contar su influencia indirecta. Incide indirectamente en alrededor de 3 millones de personas, hablando de los familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas. La vida cotidiana, el hecho de negarse a reconocer reivindicaciones sociales, militarizar todos los aspectos de la vida, solucionar todos los conflictos por la vía de la represión. Estamos hablando de la expulsión de entre 6 y 7 millones de campesinos de sus tierras, en un proceso que se inició antes del Plan Colombia pero que se radicalizó durante. Hoy por hoy Colombia está entre los primeros países con el más alto índice de expulsión interna. Estamos hablando del acaparamiento de tierras por parte de nuevos y viejos terratenientes. Los campesinos eran echados por la represión y la paramilitarización y esas tierras quedaron en manos de viejos y nuevos terratenientes.

El efecto negativo que ha tenido el uso del glifosato al destruir los cultivos, destruye todo tipo de cultivo y no sólo los mal llamados cultivos ilícitos. La represión indiscriminada. Desapariciones y asesinatos de sindicalistas, de defensores de derechos humanos. Es un listado enorme en un país que se precia de ser democrático, pero incluso a veces en las peores dictaduras no hay registros tan negativos como lo que pasa en Colombia.

 

M.H.: ¿Es imaginable un papel diferente de las Fuerzas Armadas colombianas una vez firmados los acuerdos de La Habana?

 

R.V.C.: Este es uno de los elementos centrales de cualquier proceso de desmovilización e incorporación del movimiento insurgente a la vida civil, porque hay que decir que las Fuerzas Armadas colombianas han sido formadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, de la contrainsurgencia y del anticomunismo, mucho antes del comienzo del Plan Colombia. Estamos hablando de unas Fuerzas Armadas que fueron educadas en esa lógica en los últimos 70 años, es decir, que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, desde la alta oficialidad hasta los soldados rasos, han sido formados en la doctrina del enemigo interno.

El enemigo interno no es solamente el miembro armado de la insurgencia que pertenece a éste o a aquél movimiento guerrillero; enemigo interno es lo que aquí se ha llamado, con un término muy negativo, como “guerrilleros desarmados” que son (o somos) los profesores críticos del sistema, investigadores independientes, profesores de cualquier nivel educativo, dirigentes sindicales, dirigentes campesinos, prácticamente cualquier organización no armada que tenga consideraciones en contra del régimen era o es considerado como guerrillero desarmado, a los que se les aplica el mismo tratamiento que a los guerrilleros armados y el Ejército y las Fuerzas Armadas han sido los sujetos más activos de esa práctica contra la población civil.

Si queremos construir otro país es obvio que las Fuerzas Armadas tienen que modificarse en muchísimas cosas, primero tienen que reducir su tamaño, porque actualmente es exagerado y no sólo por el número de miembros sino por el gasto económico que significa para el Estado colombiano. En pocos años la carga fiscal de un ejército tan grande, cuyos efectivos se pensionan desde muy jóvenes, desde los 40 años aproximadamente, precisamente por la cuestión de la guerra, va a ser inmanejable.

Desde el punto de vista puramente económico eso tiene que modificarse, pero el otro punto tiene que ver con su función, la necesidad de que vuelvan a sus cuarteles para proteger las fronteras del país y abandonen la idea de que el enemigo está aquí, en cualquier ciudadano que habita en las ciudades o los campos colombianos. Eso requiere de una ingeniería cultural e ideológica que va a necesitar mucho tiempo, porque estas Fuerzas Armadas son terriblemente anticomunistas y cuando hablamos de anticomunismo no es que se persiga solamente a quienes se denominan como tales, sino a cualquier persona que piense diferente. Eso requiere una modificación de esa mentalidad castrense y va a necesitar muchas décadas, no será de un momento a otro.

Por eso mismo es que gran parte de las Fuerzas Armadas no están de acuerdo conque se firme un acuerdo con el movimiento insurgente, porque pierden muchos de sus privilegios, que son muchísimos, por ejemplo, en el manejo del Plan Colombia, una cantidad de manejos corruptos en donde distintos sectores militares se han quedado con millones de dólares, pero resulta que se les facilita porque son un poder independiente sin ningún nivel de control ni auditoría, entonces pueden hacer lo que quieran con esos dineros sin que tenga consecuencias investigativas o penales. Obviamente, que al cambiar la situación se va a producir un cambio en el seno de esa conducta de las Fuerzas Armadas.

 

 ¿Van a poder las FARC hacer política sin armas?

 

M.H.: En este contexto, cómo podríamos interpretar la afirmación del Comandante Timochenko, que yo pondría entre signos de interrogación: ¿Van a poder las FARC hacer política sin armas?

 

R.V.C.: Ese es uno de los grandes interrogantes porque aparte de ese carácter anticomunista de las Fuerzas Armadas, las clases dominantes de Colombia también son profundamente anticomunistas y contrainsurgentes y lo son para mantener sus privilegios y la desigualdad que caracteriza a la sociedad colombiana, que es una de las más desiguales del mundo y lo dicen las Naciones Unidas, no solo las organizaciones de izquierda. Incluso Piketty, el economista francés, lo señaló hace unos 20 días en una conferencia que dictó en una Universidad de Bogotá, que solamente el 1% de la población concentra el 20% del ingreso, y creo que se quedó corto.

Pero esto lo dice un economista que no conoce nada de la realidad colombiana, que simplemente consultó datos macroeconómicos, los confrontó con la realidad de otros países del capitalismo mundial y llega a la conclusión de que Colombia es un país terriblemente desigual.

Entonces, en realidad la cuestión de la guerra y el asesinato de los oponentes tienen que ver con mantener la desigualdad. Obviamente, los sectores políticos que quieran actuar para contrarrestar esa realidad, van a enfrentarse al hecho o al dilema de si se les va a permitir hacer política en ese sentido, o se los va a matar. Es un dilema que aumenta si uno recuerda algunos hechos históricos de los últimos 60 años en Colombia, donde distintos procesos de amnistía y desmovilización han terminado con el asesinato de guerrilleros. Como sucedió en la década del ´50 y ´60, y como sucedió después de 1984 con la Unión Patriótica. Por lo tanto, es uno de los interrogantes que genera la firma de un posible acuerdo que le ponga fin al conflicto armado.

Y hay que agregarle una cuestión fundamental, qué pasa con el paramilitarismo. Si efectivamente el Estado colombiano va a tomar medidas para desmontarlo, porque es como el brazo parainstitucional no reconocido del Estado y las clases dominantes para hacer las labores sucias que a ellos les quedan más difíciles.

 

M.H.:Días pasados, visitó en La Habana a las FARC una delegación del Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe. ¿Cuál es la posición de Uribe respecto de este proceso de paz que se está llevando adelante en La Habana?

 

R.V.C.: Yo creo que para poder darle un manejo amplio a esa pregunta tendríamos que situarnos en un contexto un poco más amplio que el actual. Tendríamos que situarnos en el año 2002, cuando Uribe Vélez gana las elecciones bajo un programa absolutamente militarista y represivo. Incluso dijo que iba a exterminar a las FARC en dos meses, luego amplía los plazos en la medida que la misma situación de la guerra demuestra que eso no es posible.

Álvaro Uribe representa la línea más militarista, derechista y más plegada al gobierno estadounidense que se ha vivido en la historia de Colombia. Él siempre apostó a la derrota de la insurgencia por la vía militar, pero eso no se logró, a pesar de la terrible inversión económica, compra de armas, modernización de las Fuerzas Armadas y la militarización de la sociedad colombiana. Entonces, aparece como un perdedor de firmarse un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado, porque se demuestra en la práctica que lo que pretendía, que era la derrota de la insurgencia, no se pudo lograr.

Él es el principal opositor de los diálogos que se llevan a cabo en La Habana, recurriendo a todo tipo de mentiras y embustes, inclusive diciendo estupideces como que Juan Manuel Santos es un representante del castro-chavismo en Colombia. O diciendo que el gobierno de Santos ha hecho una entrega del país en todos los terrenos, cosa que no tiene el más mínimo elemento real. Lo que pasa es que se siente sumamente frustrado y representantedeun sector de las clases dominantes, al cual ni siquiera hoy Estados Unidos respalda.

Su momento pasó, ahora estamos hablando de un bloque de poder contrainsurgente remozado con la hegemonía del capital financiero y no de los terratenientes y ganaderos que representaba Uribe, que ven la necesidad de que se termine rápido el conflicto para tener abierto el territorio colombiano para las inversiones de las multinacionales.

A ese mismo proyecto apuntan las dos vías, la de Uribe y la de Santos, lo que pasa es que la vía uribista significaría la continuidad de una tierra arrasada en una guerra prolongada que puede durar otras 4 ó 5 décadas. Con un agravante que no lee Uribe Vélez, probablemente por su carácter derechista y reaccionario, que en este momento hay una crisis de la economía colombiana que se puede prolongar durante mucho tiempo, que puede significar que necesariamente se tenga que invertir cada vez menos en la guerra.

El santismo ha comprendido esa situación y considera que es el mejor momento para ponerle fin al conflicto armado. El uribismo logró mantener la guerra durante 8 años porque estábamos en un ciclo ascendente de la economía colombiana, con el aumento de precios de las materias primas, el aumento de las exportaciones de petróleo, carbón y otros minerales permitieron direccionar dinero hacia el aparato de guerra.Hoy ese contexto económico está cambiando.

 

M.H.: Ha quedado por fuera de los acuerdos de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el pasado 8 de febrero, el Presidente Santos ordenó intensificar operaciones en su contra, tras un ataque de una brigada militar. Y el día posterior se conoció un mensaje difundido por el Obispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, a través del cual el jefe del ELN ofreció abrir una tregua bilateral para iniciar un diálogo de paz. ¿Qué nos podés comentar al respecto?

 

R.V.C.: Evidentemente si se llega a un acuerdo en el cual solamente firmen las FARC y el Estado colombiano, va a ser muy limitado desde el terreno estrictamente militar, de la guerra propiamente dicha, porque para que la guerra interna termine en Colombia es necesario que todas las partes de la insurgencia participen, incluyendo al ELN. Lo que sucede es que por múltiples razones, el Estado ha demorado el comienzo de diálogos de verdad y ha estado solamente en la agenda exploratoria con un objetivo básico y clásico “divide y vencerás”, se trata de dividir al movimiento insurgente y en la medida que pase más el tiempo las condiciones de negociación del ELN van a ser mas difíciles.

En la medida en que se acerque la firma o se firme un acuerdo en La Habana, las negociaciones van a ser más complicadas para el ELN, porque es difícil pensar que el Estado va a abrir una mesa paralela en la cual va a llegar a los mismos acuerdos que con las FARC, es decir, llegar a un acuerdo paralelo de justicia transicional con el ELN que no sea parecido al que firme con las FARC. Es difícil pensar eso. Es difícil pensar que vaya a nombrar una comisión especial para el ELN.

El régimen santista siempre fue claro en dialogar en medio de la guerra, lo ha hecho con las FARC y veo muy difícil que acepte la propuesta de una tregua bilateral, porque el incremento de las acciones militares tiene como objetivo debilitar las condiciones de negociación. Entonces el incremento de la fuerza destinada a reprimir al ELN tiene el objetivo de que los términos del diálogo sean más favorables al régimen y al gobierno.

 

Camilo Torres tiene mucho que decirles a los colombianos de hoy, aunque muchos de ellos no lo conozcan ni sepan quién fue

 

M.H.: Se cumplen 50 años de la caída en combate de Camilo Torres Restrepo, el cura que había nacido 37 años antes, un 3 de febrero, en el seno de una familia distinguida de Bogotá. Camilo Torres era sociólogo, sacerdote, político, cursó sus estudios en la Universidad de Lovaina donde tuvo la oportunidad de conocer a los curas obreros franceses que inspiraron el Concilio Vaticano II y la Doctrina Social de la Iglesia. De regreso a Colombia conoce a Rolando Fals Borda y juntos fundan el Departamento de Sociología en la Universidad Nacional. En el Ministerio de Educación impulsa el Movimiento de acción comunal que buscaba promover la autogestión y organización comunitaria y en el INCORA impulsó la reforma agraria. ¿Qué significado tiene en la actualidad, a 50 años de su caída en combate, la figura de Camilo Torres?

 

R.V.C.: Camilo Torres es un personaje que ha trascendido las fronteras colombianas. Se podría decir que es patrimonio del movimiento revolucionario y anticapitalista del mundo. En el momento en que muere en combate, hace 50 años, él se anticipa a muchas cosas de su época, vive en los turbulentos años ´60 que tanto transformaron al mundo y que en Colombia también tienen incidencia. Se anticipa a la Teología de la liberación, al diálogo entre marxistas y cristianos, a empuñar las armas como una decisión ejemplar para demostrar cómo se combatía al capitalismo.

Estos son hechos muy importantes, además de toda la agitación social que realiza, porque la decisión que toma de empuñar las armas es casi obligada, es resultado de la persecución a la que se ve sometido cuando se convierte en un agitador muy importante en el año ´65. Moviliza masas en todos los lugares a los que va en Colombia y esto empieza a ser visto con preocupación por las clases dominantes y el Estado que lo empiezan a acosar e incluso a amenazar. Pero también es perseguido por las jerarquías católicas de Colombia que son profundamente retrógradas y en los años ´60 eran uno de los puntales de la dominación.

Cuando muere, demuestra en la práctica lo que él llamaba “amor eficaz”, término que inventó para hacer referencia al compromiso verdadero de un cristiano. Camilo decía que un cristiano no era discursivo ni retórico, sino que era real, participando en las luchas de los pobres, construyendo la solución de sus problemas, señalando las causas de las desigualdades. Entonces, Camilo Torres tiene una agenda muy radical para la década de los ´60 que lo lleva a tomar la decisión que tomó.

Además, es el primer sacerdote que muere en América Latina empuñando las armas y participando en el movimiento guerrillero. De ahí en adelante Camilo se convierte en un símbolo que guía y alimenta luchas populares en Colombia en distintos órdenes y en un referente para el resto del mundo.

Cincuenta años después lo que habría que examinar es el legado y la vigencia del mensaje teórico y práctico de Camilo Torres, cuánto ha cambiado Colombia. Me atrevería a decir que prácticamente nada, hoy la sociedad colombiana en términos estructurales, de desigualdad, injusticia, de polarización entre pobres y ricos, vive en las mismas condiciones que conoció Camilo a mediados de la década del ´60. Tenemos una desigualdad marcada, tenemos el poder de los grandes medios de comunicación que calumniaron y desprestigiaron a Camilo Torres, tenemos las fuerzas represivas del Estado, la organización de grupos paramilitares. Todo eso ya se empezaba a vivir en la época de Camilo Torres. La intolerancia que caracteriza a la sociedad colombiana y a sus clases dominantes, la intolerancia religiosa, todas esas cosas siguen presentes en la sociedad colombiana de hoy, por lo cual podemos decir que el mensaje de Camilo Torres es muy actual, tiene mucho que decirles a los colombianos de hoy, aunque muchos de ellos no lo conozcan ni sepan quién fue Camilo Torres Restrepo.

 

M.H.: Al respecto un tema específico, ¿qué fue el Frente Unido del Pueblo vinculado a la labor política y teórica de Camilo Torres?

 

R.V.C.:El Frente Unido del Pueblo fue una propuesta muy importante y muy original de Camilo Torres. Como dijo usted al principio, Camilo venía de una familia burguesa, estudió en colegios aristocráticos, fue seminarista y luego sacerdote, en una formación ideológica, política y cultural bastante conservadora. Pero Camilo tenía una increíble sensibilidad social y eso lo llevó casi por sus propios medios a relacionarse con otros sectores, y a comprender en la década del ´60 el carácter injusto y antidemocrático del capitalismo existente en Colombia.  A raíz de eso se dio cuenta de que era necesario aglutinar a las fuerzas afectadas por ese capitalismo y esa estructura desigual de la sociedad colombiana y eso lo llevó a proponer la creación del Frente Unido del Pueblo. Con una plataforma mínima pero muy importante, donde decía que debían participar todos los sectores sociales para crear un frente de unidad que enfrentara al boque de poder, al Frente Nacional, como se llamaba a la estructura dominante de Colombia de ese momento donde liberales y conservadores se turnaban en el manejo de la política.

En 1965 hace la propuesta, funda un periódico que lleva ese nombre “Frente Unido del Pueblo” y publica varios números. Genera una movilización sin precedentes en la sociedad colombiana, que solo se puede comparar con lo sucedido en la década del ´40 con Jorge Eliecer Gaitán. Y esto asusta realmente a las clases dominantes de este país, que un sacerdote pudiera tener ese carisma, llegar tan directamente a importantes sectores de la población.

Camilo le habla a todos los sectores sociales, les da un mensaje a los estudiantes, a los comunistas, incluso a las Fuerzas Armadas, a distintos sectores sociales, con la perspectiva de armar un frente unido donde se incorporaran todos los sectores sociales golpeados por el Frente Nacional. Ese proyecto de unidad se dirige principalmente a las izquierdas de esa época y debería ser recogido por las izquierdas de nuestro tiempo, rompiendo con sectarismos para llegar a acuerdos sobre aspectos fundamentales, más allá de diferencias tácticas o coyunturales.

Esta es una oportunidad histórica

 

M.H.: El pasado viernes 21 de enero hubo un encuentro aquí en Bogotá de representantes del Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Partido Alianza Verde y progresistas, entre otros, que se reunieron con la idea de construir un frente común de cara a la coyuntura y a las próximas elecciones. ¿Qué opinión te merece este encuentro?

 

R.V.C.: Con independencia de las apreciaciones que algún sector político pueda tener sobre la eventual firma de un acuerdo que le ponga fin al conflicto armado entre el Estado y las FARC, hay que decir que ésta es una oportunidad histórica, no es algo que se presente todos los días y crea nuevas condiciones de lucha política, potencia la acción política alternativa. Pero para que esa potencia se convierta en realidad, es necesario que los sujetos sociales que representan voces alternativas o disidentes, se organicen y aprovechen esa coyuntura. Me parece una oportunidad para que las izquierdas de Colombia dejen de lado muchas diferencias, que suelen ser puramente electorales y ponerse a pensar en la construcción de un programa más de fondo, más sustancial en estas nuevas condiciones.

Uno desearía ser optimista, que las izquierdas históricas existentes aprovecharan esta coyuntura, pero eventos recientes me hacen dudar por las rencillas que se repiten en la mayoría de los casos, son terriblemente limitadas porque son principalmente de tipo electoral. No creo que en una coyuntura como la que se está presentando y las nuevas condiciones que genera, simplemente tengan como objetivo fundamental lo electoral. No digo que lo electoral no pueda ser un instrumento, pero estamos pensando en construir un bloque de poder alternativo que va más allá, que requiere volver a pensar en las reivindicaciones de distintos sectores, volver a pensar en el sindicalismo, en el movimiento campesino, en las luchas de los estudiantes. Que la o las izquierdas tengan mucho que decir frente a eso y participen en esas luchas, porque lo que ha sucedido en Colombia durante los últimos años es una terrible disociación entre lo social y lo político.

 

M.H.: El pasado 2 de febrero se reunieron 46 organizaciones sociales para plantear la iniciativa de un paro nacional, criticando la próxima reforma tributaria y a las privatizaciones, principalmente centrándose en el acueducto de Bogotá, en la situación de la industria petroquímica y en el sector educativo de la capital del país. ¿Es posible que esta iniciativa se concrete en lo inmediato?

 

R.V.C.: Hay condiciones muy favorables para la lucha social en estos momentos en Colombia. Precisamente como decía antes, está cambiando el ritmo de la economía colombiana, en términos macroeconómicos formales, la economía colombiana tuvo muchas divisas provenientes principalmente de su modelo minero exportador. Dado el cambio mundial, por la caída de los precios de esas materias primas, tenemos una situación contraria a lo que hay que agregarle que el gobierno de Santos que tanto habla de paz, en la vida real es una continuación y una radicalización del modelo neoliberal que en Colombia ya lleva un cuarto de siglo.

Esto se da en todos los terrenos, por ejemplo, respecto a las privatizaciones, las del gobierno de Santos son la continuación de lo que ha sucedido en estos últimos años, y la privatización de una empresa como Isagén se inició durante el gobierno de Uribe, no se pudo completar y se culmina durante el de Santos.

Esto sucede en todos los frentes, la neoliberalización de la educación es otro ejemplo, el gobierno de Santos impulsa proyectos que favorecen la educación privada, por ejemplo, de la educación superior universitaria. Hay un proyecto que se llama “Ser pilo paga” que significa la transferencia de recursos del Estado a las universidades privadas en lugar de darle ese dinero a las públicas. Son millones de pesos que serán transferidos a las universidades privadas del país.

Con respecto a las tierras se acaba de firmar un decreto para las llamadas “zonas agroindustriales” para favorecer al capital agrario de las multinacionales y del capital financiero nacional, en contra de los campesinos, pese a que uno de los elementos centrales de cualquier proceso de paz en Colombia es el de la reforma agraria.

Están creadas todas las condiciones objetivas para una movilización, pero también se necesita pensar en las condiciones subjetivas, en los niveles de organización y de movilización de los sectores populares. Y si se llegase a cuajar algo en ese sentido, podría pensarse en la posibilidad de un paro, porque todos los elementos están, desde el punto de vista de la situación económica y social.

 

M.H.: Inclusive un dato estadístico señala que la movilización de los trabajadores colombianos en la actualidad es cuatro veces mayor que hace diez años. Al mismo tiempo esto se vincula a que en días recientes hubo una represión contra trabajadores judiciales en el centro de Bogotá y con otras estadísticas que señalan que desde 1997 se han producido casi 14.000 violaciones a la vida, a la libertad, a la integridad contra sindicalistas y de esas violaciones, 3.089 son homicidios. Al menos esto es lo que se señaló en el Encuentro contra la criminalización de la protesta sindical y social que se realizó en noviembre del año pasado aquí en Bogotá. A lo que se agrega una guerra jurídica en el sentido de la declaración de ilegalidad de las huelgas, de las 1.623 protestas registradas desde 2010 el 41,5%, o sea, 675 han sido entorpecidas por medidas judiciales que las han declarado ilegales. Dicho esto, ¿cuál es la situación actual que atraviesa el movimiento sindical y obrero en Colombia?

 

R.V.C.: Ese movimiento es víctima, como ningún otro, de la represión y el asesinato. Nosotros tenemos el dudoso mérito de ser el primer país del mundo en asesinato a dirigentes sindicales. La cifra que usted señala es producto de investigaciones ligadas a los trabajadores, y es una realidad cotidiana que nosotros vivimos. Ser aquí dirigente sindical es un peligro público para la persona que ejerce esa actividad y se ha convertido casi en sentido común el asesinato de dirigentes sindicales. El modo de ver esto es esa contrainsurgencia de la que hablaba al principio de esta entrevista, y es que no se permite ni se tolera ninguna reivindicación social, cualquiera sea la reivindicación y por limitada que fuese, inmediatamente es calificada como producto de acciones terroristas y desestabilizadoras, incluso hay todo un lenguaje codificado que se utiliza para calificar a todo este tipo de protestas. Eso en el gobierno de Santos, a pesar de que tanto se habla de paz, no ha cambiado.

Tal vez uno de los momentos represivos que más se dio a conocer a nivel internacional fue lo que sucedió en el año 2013, cuando fue brutalmente reprimido el Paro nacional agrario, que incluso Santos llegó a decir en una afirmación cantinflesca que no había paro mientras el país estaba paralizado casi como en ningún otro momento. Aquí hay una política contrainsurgente, de rechazo a la protesta social, de rechazo a los trabajadores y desde el Estado se da desde varios frentes, por un lado, la represión directa y brutal que siempre deja heridos, muertos y personas detenidas; pero también hay una persecución jurídica que consiste en colocarle trabas legales a la protesta.

Prohibir la protesta en los servicios públicos, siendo éstos aquello que se considera vital sin importar la propiedad, entonces un periódico como El Tiempo o un canal de televisión como Caracol, son considerados servicios públicos, por lo tanto, en ellos no podrían haber huelgas, si existieran trabajadores organizados y sindicatos, porque sería calificado por los jueces como una actividad ilegal.

Es bueno para que sea estudiado por sindicatos y abogados laborales en otros países, cómo ha evolucionado de manera negativa la legislación laboral en Colombia. Desde 1918 cuando se presentó una primera oleada de huelgas el Estado colombiano emite los primeros decretos en su contra, y ahí ya aparece la idea del servicio público que en ese momento estaba restringido a los lugares donde se estaban dando huelgas, que eran los puertos, los ferrocarriles, las empresas de transportes. Pero desde ese año hasta el día de hoy, esa idea de servicio público se ha ido generalizando y cubre prácticamente todos los sectores de la actividad económica del país. En la realidad es imposible hacer huelga porque todo es considerado servicio público, así sea de propiedad privada, como sucede con empresas petroleras porque el petróleo es considerado un servicio público esencial. Si ese negocio lo usufructúa una multinacional y los trabajadores hacen paro, lo más seguro es que de manera inmediata se declare prohibida por ser servicio público.

Otro elemento que conspira contra la organización y que hace más difícil a lucha en Colombia es la paramilitarización, no es solamente la represión por parte del Estado, sino las amenazas, el acecho, el acoso y también las acciones criminales por parte de sectores organizados por las empresas, por los terratenientes y comerciantes para impedir la organización de obreros, campesinos y trabajadores. Es tristemente célebre la intervención de empresas como Coca Cola, Nestlé y otras multinacionales directamente responsables en el asesinato de dirigentes sindicales, ellos han financiado y organizado grupos paramilitares para que maten a los trabajadores.

Todo este es un contexto que debe transformarse a la hora de hablar del fin del conflicto armado en Colombia, porque la lucha social debe desenvolverse por muchas causas en donde se rompa con esa lógica represiva del Estado colombiano de prohibir la movilización, aunque formalmente en la ley exista su autorización y se diga que este es un país democrático en el que se respeta la libertad de pensamiento y de organización.

 

M.H.: Al respecto estaba consignando el caso de Húbert de Jesús Ballesteros Gómez, que en agosto de 2013 integraba la comisión de negociación del Paro nacional agrario y popular, la movilización agraria más importante que se ha dado en los últimos 30 años en Colombia y luego fue detenido.

 

R.V.C.: Detenido y está condenado a 15 años de cárcel.

 

 

Estamos llegando al fin de un ciclo de ficticia prosperidad para la clase media

 

 

M.H.: Hiciste referencia en dos oportunidades a la situación económica del país. Hay algunos datos preocupantes, la caída del precio del petróleo ha afectado fuertemente la caída del presupuesto fiscal, 5.45 billones de pesos de los cuales el presupuesto en regiones bajará en 3.4 billones, lo que representa un 30.8% del presupuesto asignado.

Otro dato es el descenso de las ventas externas durante 2015 que se ha conocido por estos días, casi un 35%. Frente a lo cual el gobierno prepara una reforma tributaria, entre otros aspectos que han trascendido de esta reforma, se habla del aumento del IVA, e inclusive dentro de esta visita que se hizo a Estados Unidos, donde se reunieron los Presidentes Obama y Santos también hubo reuniones con funcionarios económicos por parte de las principales calificadoras de riesgo, que amenazan con bajar la nota crediticia de Colombia en la medida que el gobierno no equilibre las cuentas fiscales. Este fue el mensaje que dejaron claro en Washington, al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santa María, las calificadoras de riesgo. ¿Qué podés agregar a estos elementos que tienen que ver con la situación económica que atraviesa Colombia?

 

R.V.C.: Me parece que esa es una exposición bastante completa de los indicadores. Lo que puedo agregar es que esta situación coyuntural es el resultado de una decisión de mediano y largo plazo que se tomó hace ya 25 a 30 años y que significó desindustrializar al país y optar por convertirlo en un país exportador de materias primas.

En términos estructurales de largo plazo, creo que esa es la explicación básica para entender lo que está pasando en el momento actual. Aquí, como ha sucedido en varios países de América Latina, incluso en países con distintos regímenes políticos, se consolidó la venta de materias primas, en nuestro caso principalmente mineras. La balanza comercial de Colombia, encuentra que los productos que más generaban y generan ingresos a la economía son el petróleo y el carbón; el café que durante mucho tiempo fue el principal producto, hoy es el tercero o cuarto en esa balanza comercial.

Ese crecimiento que se presentó entre 2001 y 2010 se debió a los altos precios de las materias primas. Cuando caen los precios de las materias primas, inmediatamente se ve el efecto negativo que produce que un país dependa del sector exportador más tradicional, el primario. El ejemplo del petróleo es crucial, hoy se cotiza a menos de 25 dólares el barril de petróleo colombiano, mientras que en un momento llegó a cotizarse a 90 dólares, estamos hablando de una caída catastrófica que se va a intensificar en las próximas semanas. Gran parte de lo que se había presupuestado para los años por venir, estaba relacionado con el sostenimiento de esos ingresos con un precio del petróleo elevado, pero no solamente sucede con el petróleo, también con el precio del carbón, del níquel, que han caído internacionalmente. Colombia es el principal exportador de carbón de Latinoamérica, los principales compradores son Estados Unidos y Canadá. Entonces, esto va a afectar a la economía colombiana, pero hay un factor adicional que en el listado que usted señala no se nombra y es el de la devaluación.

Resulta que el peso colombiano estuvo revaluado de manera artificial durante casi el mismo período de aparente prosperidad económica que estábamos señalando. Lo que permitió la revaluación del peso colombiano fue que este país se inundara de mercancías y tecnología producida por el capitalismo mundial, lo que incluso permitió darle cierta base social al modelo neoliberal en las ciudades, porque la clase media empezó a tener acceso al automóvil, que era un bien suntuario en otra época, a todo tipo de artefactos electrónicos. Colombia es un país inundado de celulares, es el país de América Latina en el que más celulares hay. Esa mercadería ingresó al país a un relativo bajo precio, un precio artificial que ahora está desapareciendo, entonces ahora todos esos aparatos, automóviles y todo lo que el país compró en el exterior, que es casi todo, porque aquí se compra casi el 90% de los productos agrícolas que se consumen, ahora está llegando encarecido.

Hace un año el precio del dólar era de 2.600 pesos, hoy está a 3.400. Es decir que estamos llegando al fin de un ciclo de ficticia prosperidad para la clase media. Esta clase media, además de no poder comprar más por la suba de precios, está terriblemente endeudada. Este es otro elemento de la coyuntura importante de resaltar, no solo por sus implicaciones económicas, sino porque sabemos que tiene implicaciones políticas, sociales y culturales también. Esa clase media que nunca ha sido fuerte en Colombia, pero que tuvo un momento de despegue en los últimos 12 años, ha llegado a un límite; entonces habrá que ver qué sucede con esos sectores cuando ya no tengan cómo pagar la tarjeta de crédito, la cuota del automóvil, la del departamento o no tengan cómo cambiar de celular, etc. Es un impacto que no se ha estudiado con suficiente énfasis, porque pone en discusión el agotamiento de un modelo que había dado algunas migajas a esa clase media.

 

 

El ser humano nunca renuncia a la lucha y la esperanza sirve para buscar salidas

 

 

M.H.: En uno de tus últimos trabajos, de diciembre, publicado en Rebelión.org, te referís a una categoría que entiendo es de tu autoría, que es la de “tecno-fascismo”.

 

R.V.C.: Este término lo he venido usando durante los últimos años en distintas publicaciones, muy preocupado por el impacto que la tecnología tiene en el mundo contemporáneo sobre la gente. Me importa analizar a la tecnología no como una fuerza neutra, como generalmente se suele hacer, sino como un componente más de nuevas formas de dominación. A partir de esa preocupación, me llama la atención que diversas clases sociales se hayan rendido acríticamente a la tecnología, incluyendo a grandes sectores de la izquierda mundial, partiendo de una consideración bastante discutible de las fuerzas productivas, hablando en terminología marxista. Y siendo que las fuerzas productivas nos vayan a conducir finalmente a la liberación y a un desarrollo humano teniendo en cuenta nuevas investigaciones y nuevos productos en el ámbito de la tecnología.

Sin embargo, viendo la realidad uno se encuentra con que hay sectores profundamente retrógrados en términos políticos que utilizan las tecnologías más desarrolladas para sus proyectos. Y en ese sentido es que refuerzo la idea del tecno-fascismo, que supone pensar a ese sector no solo como completamente retrógrado, conservador y reaccionario, que lo es, sin estar desligado del uso de las tecnologías más modernas y sofisticadas, incluso como nuevas formas de control.

Sería importante volver a estudiar el mismo nazismo, porque cuando se lo estudia hay una tendencia que dice que era lo más opuesto a la ciencia y a la modernidad, pero investigaciones contemporáneas muy serias han demostrado que el nazismo ha sido la variante más radical de la modernización capitalista, incluso en el ámbito tecnológico, a punto de que la tecnología se aplicó a la muerte de millones de personas en los campos de concentración, por ejemplo, el trabajo allí era la muerte industrial, la muerte programada. Los hornos crematorios usados para matar personas estaban programados industrialmente. El mismo fascismo supuso una particular utilización de la tecnología, por eso pensadores como Benjamin y su crítica al fascismo, a la socialdemocracia y a distintos sectores de la izquierda de la época que decían que había que romper con ese culto acrítico a las fuerzas productivas, que había que ver a la tecnología como un elemento contradictorio de lucha y de combate.

A mí me llama hoy la atención cómo la tecnología es un dispositivo de control absoluto de la población y vigilancia las 24 horas por medio de distintos mecanismos. Las ciudades están llenas de cámaras de video que registran todos los movimientos de las personas, en el transporte público pasa lo mismo, el teléfono celular es un elemento de control. Así sucesivamente podríamos enumerar muchos ejemplos y por eso digo que la izquierda debe repensar la tecnología.

 

M.H.: ¿Hay lugar para la esperanza?

 

R.V.C.: Digamos que por supuesto, yo creo que el ser humano nunca renuncia a la lucha y creo que eso es lo que nos diferencia de los demás animales, a pesar de tener nuestra parte de animalidad.

La búsqueda de nuevos caminos y soluciones a los problemas tiene que seguir siendo parte del horizonte humano. Recuerdo lo que decía Eduardo Galeano cuando le preguntaban para qué servía la utopía y decía que servía para caminar. Me parece que lo mismo podemos decir de la esperanza, el principio del que tanto hablaba el filósofo Ernst Bloch es que la esperanza, a pesar de las condiciones duras en las que nos encontremos, sirve para buscar salidas. Lo que pasa es que a uno le toca el papel más difícil, que es el de mostrar los problemas, esa es una característica fundamental del pensamiento crítico, pero también bosqueja y postula salidas a pesar de las dificultades.

 

M.H.: ¿Algo para agregar?

 

R.V.C.: Simplemente saludar a los medios con los que usted trabaja y a los lectores y oyentes que lo siguen. Porque me parece muy importante la labor que realiza. Si hay algo que necesitamos hoy es abrir nuevos espacios de pensamiento y de crítica ante el monopolio abrumador que tienen los medios de comunicación mundial y a escala nacional. Este también es un problema que estamos afrontando y vamos a afrontar en Colombia en el futuro inmediato, porque uno de los grandes responsables de la guerra y la tragedia que los colombianos hemos vivido en las últimas décadas, son los grandes monopolios de la información. Ellos se oponen al proceso de paz, viven una diabolización permanente de las voces disidentes, que necesitan poder expresarse si queremos construir un país decente, donde podamos hablar y se nos permita pensar distinto. En esa labor los medios de comunicación alternativos son fundamentales, por eso creo que el papel que usted realiza Mario, en Buenos Aires y en Argentina, tiene mucho valor.

Fuente: http://www.herramienta.com.ar/content/entrevista-renan-vega-cantor

En consecuencia,  a 200 años, los de abajo y a la izquierda precisamos situarnos en el progreso del sistema mundo y no sólo en la realidad del país o del continente. Es ubicarse en que el capitalismo es acumulación por exterminio al tender hacia maximizar el privilegio oligopólico sobre los derechos de los pueblos como:

 

El Acuerdo Transpacífico, la reconstitución capitalista
26 de junio de 2013

Por Fundación Solón (CEPRID)

Representantes de 11 países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se reunieron en Lima en la 17 Ronda de negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), un tratado comercial de “amplia envergadura” que garantiza a las transnacionales mayores beneficios que el mismísimo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que es más irrespetuoso de los derechos humanos y la justicia económica que las propias normas de la OMC.   

La Alianza Transpacífico (TPP), también conocida como Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, es un tratado multilateral para reducir las barreras arancelarias y no arancelarias e impulsar el comercio y la inversión en la región Asia-Pacífico, suscrito inicialmente por Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur en 2006.    

En virtud de la creciente importancia de la región Asia Pacífico, hoy motor clave del crecimiento económico mundial al concentrar casi la mitad de los flujos de comercio internacional, se han adherido al bloque seis nuevos miembros: Perú, México, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Malasia. También se han integrado como observadores Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Uruguay y España, y recientemente Paraguay solicitó membresía como “observador”.   

El TPP pertenece a la nueva generación de tratados comerciales y corporativos de “amplia envergadura” que trascienden el comercio formal (asuntos relativos al sector servicios, medidas fitosanitarias, barreras técnicas comerciales), al instituir un régimen de protección de derechos del capital privado anónimo y de las corporaciones transnacionales (propiedad intelectual e inversiones) que menoscaba los derechos humanos y el medioambiente, y compromete incluso la soberanía de los Estados.   

Los representantes del Departamento de Comercio de Estados Unidos valoraron que el acuerdo TPP “representa un logro histórico”, ya que contiene todos los elementos deseables de los acuerdos comerciales modernos y elimina todas las barreras arancelarias y no arancelarias; además aborda las preocupaciones de las nuevas industrias y tecnologías de energía limpia y la economía digital, y “es lo suficientemente flexible para ser ajustado en el futuro”.   

Al igual que el TLCAN, el ALCA en su momento y los vigentes TLCs o TBIs , el TPP está diseñado expresamente para anular al Estado, específicamente para atrofiar sus funciones regulatorias en áreas ultra sensibles como las finanzas, la industria, el medio ambiente y las compras estatales. Sin exagerar, lo que está en juego son los asuntos más básicos de la gobernabilidad democrática para cualquier Estado que se precie de “soberano” e “independiente”, advierten investigadores y activistas de todo el mundo. (1)   

El activista de Amigos de la Tierra, Bill Warren, recuerda que el ex director de la OMC Renato Ruggiero dijo hace varios años que los autores del nuevo sistema de comercio mundial estaban escribiendo una constitución para la economía mundial. “Ahora que las negociaciones de la OMC se han congelado, vemos a Estados Unidos intenta redactar una constitución para la economía mundial que es incluso más favorable para las corporaciones, y menos respetuosa de las instituciones democráticas, la justicia económica y los derechos humanos que la OMC”.   

El capítulo de protección de inversiones del TPP permite a los inversionistas demandar a los Estados ante tribunales internacionales como el  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), sin acudir antes a la justicia nacional, instituyendo de esta manera una especie de súper derechos reservados para el capital privado.  

Un reciente informe de la UNTACD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo) revela que sólo en 2012 se iniciaron 62 nuevas demandas de arbitraje de inversionistas contra Estados. Hasta ahora, los capitalistas han ganado 3.000 millones de dólares, y las demandas pendientes de resolución suman más de 15 millones.   

Warren remarca que el TPP privilegia los intereses del capital internacional, sobreponiéndose a otros valores, incluyendo los valores ambientales: “Tenemos un montón de historias terribles que contar, historias que surgieron antes que los acuerdos de inversión de los Estados Unidos, como el caso Chevron vs Ecuador, el Chernobyl de la Amazonía ecuatoriana, donde Chevron-Texaco se está rehusando a limpiar un derrame de petróleo que contaminó un área del tamaño del estado de Rhode Island”.   

“Esto no sólo ha destruido el ecosistema, sino que ha envenenado a la población local causando muertes, abortos y enfermedades rampantes. Sin embargo, el gigante del petróleo se esconde detrás del tratado de inversión bilateral Estados Unidos-Ecuador para resistir la justicia ecuatoriana y la llamada de la decencia común para reparar su mal proceder”, deplora Warren.    

“¿Realmente es el único camino para captar las inversiones que el país necesita? Nosotros pensamos que no. Hay evidencia internacional que consta que no es así. No son los países que han firmado el mayor número de tratados de libre comercio, o bilaterales los mayores receptores de inversión directa que provenga del extranjero”, sentencia José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente de Perú e investigador de la ONG CooperAcción.   

Informa Echave que Perú tiene actualmente 32 tratados bilaterales de inversión y 9 TLC que contienen también capítulos de inversión y “el número de demandas en contra del Estado peruano utilizando TBIs y capítulos de inversiones de los TLC se ha disparado en los últimos años. Ya el Perú está siendo demandado por un valor de US$6 mil millones”.   

Uno de los casos más simbólicos, por ser el primero que utiliza el capítulo del TLC con EEUU, es el de Doe Run y Renco Group, por el cual el Estado peruano está inmerso en un proceso de arbitraje en el que se le exige una indemnización de US$800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ubicado en la ciudad del mismo nombre que es considerada una de las más contaminadas del mundo. Además, “cuando hablamos de casi US$6 mil millones no estamos contabilizando los costos que significa para todos los peruanos, asumir y enfrentar estos procesos”, señala De Echave.   

Por otro lado, la Alianza LAC-Global de ONGs considera alarmante la rigurosidad de las normas de protección de la propiedad intelectual en lo referente a las patentes de los medicamentos. El proyecto en discusión menciona la posibilidad de prorrogar indefinidamente la vigencia de las patentes de las medicinas por nuevas aplicaciones o propiedades del fármaco, lo que supone una prohibición tácita de producir o importar fármacos genéricos. El punto ha sido propuesto por Estados Unidos en el Capítulo de Propiedad Intelectual y beneficia exclusivamente  a la  gran industria farmacéutica en perjuicio de los ciudadanos, denuncia la Alianza LAC-Global.   

La coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Alejandra Alayza Moncloa, enfatiza que el TPP no es solamente un nuevo TLC con EEUU sino que constituye “varios TLC adicionales de un solo golpe” que están siendo negociados de forma absolutamente antidemocrática.   

La alianza mundial de ONGs censura particularmente “el modelo de negociación del TPP, abiertamente antidemocrático, y la pretensión de promover una reforma de las reglas del comercio global a nivel internacional, una posición en contra del multilateralismo y una gravísima erosión a las reglas democráticas”.   

Nota:

1. Entrevista al analista de política comercial de Amigos de la Tierra Bill Warren por Thomas Mc Donagh y Aldo Orellana, Red por la Justicia en la Inversión Global (RJSIG). Raul Burbano, director de Common Frontiers (Canadá); Kristen Beifus, directora de Washington Fair Trade Coalition, y Manuel Pérez-Rocha, miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) e investigador del Institute for Policy Studies (IPS). (Fuente: http://nottp.webs.com/apps/blog/)   

Más información: 

www.nonegociable.pe

https://www.youtube.com/watch?v=t-m6DV8gDUE&feature=youtu.be

http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3082&S=&id=12&idE=1101&idSTo=0&idA=63728

http://bit.ly/107vohg

http://m.cnnexpansion.com/economia/2013/05/18/activistas-rechazan-en-lima-el-tpp

La Fundación Solón es de Bolivia. El nombre recoge el legado del muralista boliviano Walter Solón Romero, que en sus obras denunciaba la injusticia, los atropellos y la pasividad social frente ellos.

http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1685

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=170220

 

 

Preguntémonos en ese avance del acaparamiento mundial por las transnacionales:

 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico?
10 de Junio de 2016

Macri viaja este jueves a la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico; el ingreso de la Argentina suscitó algunas dudas respecto de la conformación de este bloque; ¿en qué consiste cada uno de estos tratados, que a veces se confunden?

El presidente Mauricio Macri viajará este jueves a Puerto Varas, Chile, para asistir a la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, de la que Argentina participará por primera vez en carácter de país observador.

El primer mandatario tiene previsto participar de una ronda de trabajo con sus pares de Chile, Michelle Bachelet; de México, Enrique Peña Nieto; de Perú, Ollanta Humala; y de Colombia, Juan Manuel Santos; y luego con empresarios de los países integrantes de la Alianza. Además, Macri brindará este mediodía un discurso en la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, en el Teatro del Lago, ubicado en Ciudad del Frutillar, en la Región de los Lagos en el sur de Chile, a la que asisten más de 300 ejecutivos, y posteriormente mantendrá un encuentro en el mismo predio con representantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y de la federación de gremios y empresarios chilenos, Sofofa. 

Por la tarde, asistirá en Puerto Varas como "observador" de la XI Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico, que integran Chile, México, Colombia y Perú, junto a otros dos países candidatos a miembros plenos, Costa Rica y Panamá, a los que busca sumarse Argentina desde que asumió Macri.

El jefe de Estado estará acompañado por la canciller Susana Malcorra; el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay; el secretario de Comercio, Miguel Braun; y el embajador argentino ante el país trasandino, José Octavio Bordón, entre otras autoridades nacionales.

Este giro en la política exterior del país ha suscitado algunas dudas y confusiones acerca de lo que implica esta alianza y el Acuerdo Transpacífico. A continuación, te explicamos en qué consiste cada uno.

La Alianza del Pacífico

Creada en 2011, la Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México, Perú y Argentina -que recientemente ha ingresado como país "observador-, mediante la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Esta alianza concentra cerca del 50% del comercio de América Latina y atrae el 41% de la inversión extranjera. Entre sus cláusulas, figuran tratados de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea -uno de ellos conocido como el Acuerdo de Asociación Transpacífico-, y la orden de eliminar el 92% de los aranceles de los productos comercializados entre los estados miembro.

El presidente Mauricio Macri viajará este jueves a Puerto Varas, Chile, para asistir a la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, de la que Argentina participará por primera vez en carácter de país observador.

El primer mandatario tiene previsto participar de una ronda de trabajo con sus pares de Chile, Michelle Bachelet; de México, Enrique Peña Nieto; de Perú, Ollanta Humala; y de Colombia, Juan Manuel Santos; y luego con empresarios de los países integrantes de la Alianza. Además, Macri brindará este mediodía un discurso en la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, en el Teatro del Lago, ubicado en Ciudad del Frutillar, en la Región de los Lagos en el sur de Chile, a la que asisten más de 300 ejecutivos, y posteriormente mantendrá un encuentro en el mismo predio con representantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y de la federación de gremios y empresarios chilenos, Sofofa. 

Por la tarde, asistirá en Puerto Varas como "observador" de la XI Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza del Pacífico, que integran Chile, México, Colombia y Perú, junto a otros dos países candidatos a miembros plenos, Costa Rica y Panamá, a los que busca sumarse Argentina desde que asumió Macri.

El jefe de Estado estará acompañado por la canciller Susana Malcorra; el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay; el secretario de Comercio, Miguel Braun; y el embajador argentino ante el país trasandino, José Octavio Bordón, entre otras autoridades nacionales.

Este giro en la política exterior del país ha suscitado algunas dudas y confusiones acerca de lo que implica esta alianza y el Acuerdo Transpacífico. A continuación, te explicamos en qué consiste cada uno.

La Alianza del Pacífico

Creada en 2011, la Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México, Perú y Argentina -que recientemente ha ingresado como país "observador-, mediante la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Esta alianza concentra cerca del 50% del comercio de América Latina y atrae el 41% de la inversión extranjera. Entre sus claúsulas, figuran tratados de libre comercio con los Estados Unidos y la Unión Europea -uno de ellos conocido como el Acuerdo de Asociación Transpacífico-, y la orden de eliminar el 92% de los aranceles de los productos comercializados entre los estados miembro.

La incorporación de la Argentina a la Alianza del Pacífico constituye uno de los ejes de Mauricio Macri respecto de su política exterior. De hecho, el mismo día que asumió, el flamante mandatario mantuvo reuniones bilaterales con los presidentes de Perú, en aquel entonces Ollanta Humala; de Chile, Michele Bachelet; y de Colombia, Manuel Santos; y el secretario de la Unasur, Ernesto Samper. La intención era enviar un claro mensaje de acercamiento de la Argentina a esta alianza, que se concretó en las últimas horas.

El Acuerdo Transpacífico

El Acuerdo Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés) es un tratado entre los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, México) con los Estados Unidos, Australia, Brunéi, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. En total, son doce países los que integran este bloque comercial, que representa alrededor del 40% del PBI (Producto Bruto Interno) mundial.

El acuerdo plantea la eliminación de barreras en áreas como las compras del sector público, la fijación de estándares para derechos laborales, propiedad intelectual y protección al ambiente. Además de la apertura en regulaciones, pymes, tecnologías digitales, cadena de suministros e integración de zonas.

Este tratado es uno de los pactos comerciales multinacionales más grandes, y conformaría la mayor zona de libre comercio del mundo. Supone la creación de mercado de más de 800 millones de consumidores. Las ganancias netas están estimadas en 295 billones de dólares al año.

¿Cuál es la estrategia del TTP?

Este acuerdo es una de las armas que utiliza los Estados Unidos para disputarle mercados a China. Frente al TTP, los países de América Latina adoptaron dos posturas contradictorias: apoyo o rechazo.

Podríamos decir que los países de la Alianza del Pacífico, que integran el TTP, se alinean económicamente con los Estados Unidos; mientras que los países que integran el Mercosur pero no formaban parte del TTP- como el caso de la Argentina, hasta ahora-, se alineaban más con los BRICS (China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica).

Los detractores del TTP (países alineados en el eje del Atlántico -Brasil, Venezuela, Cuba y Ecuador-) consideran que este acuerdo atenta contra el proyecto regional y su propuesta de apertura económica.

“Que el libre comercio beneficia a todos, todo el tiempo, es una gran falacia: hay grandes perdedores y creo que los perjuicios son mayores que los beneficios, incluso si no fuera así hay que ver quién pierde y quién gana, gana el grandote, el importador o el agroexportador, el que puede competir”, expresó en alguna oportunidad acerca de estos tratados el presidente de Ecuador, Rafael Correa.

Fuente: http://www.girabsas.com/nota/2016-6-10--cual-es-la-diferencia-entre-la-alianza-del-pacifico-y-el-acuerdo-transpacifico

 

 

Constatamos que el capitalismo cada vez más aumenta su incompatibilidad con la democracia, su privatización de los servicios públicos y su violación de todos los otros derechos de los pueblos e individuos tanto en los países periféricos como en los centrales.

 

 

 

Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP):

pérdida de derechos sin precedentes
15 de julio de 2016

 

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) es un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que pretende equiparar las normativas a ambos lados del océano. En pocas palabras, es un nuevo caballo de troya. La Comisión Europea, el Gobierno estadounidense y las grandes empresas están vendiendo el acuerdo como el antídoto definitivo contra la crisis. Sin embargo están ocultando una pérdida de derechos sin precedentes.

 

Por Ana Muro, corresponsal desde Alemania para ANRed

El tratado implica una pérdida aún mayor de derechos y más privatizaciones para la ciudadanía europea. Se pretende eliminar las barreras al comercio para crear un gran mercado que beneficie a las grandes empresas, barreras que regulan y protegen los derechos sociales y ambientales. Se está negociando en completo secreto. Desde junio de 2013, la Comisión Europea, el Gobierno estadounidense y los grandes lobbies empresariales se reúnen a espaldas de la sociedad para negociar las condiciones del tratado.

Principales consecuencias

  • Aumentarán los recortes en derechos laborales. En EEUU los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ni siquiera están reconocidos.

  • Aumentará la privatización de los servicios públicos y avanzará sobre más servicios: sanidad, educación, agua.

  • Las grandes empresas contarán con más privilegios. Si en algún momento operan en la UE y consideran que su rentabilidad no fue la esperada, tendrán la capacidad de demandar a los Estados exigiendo indemnizaciones millonarias que, por supuesto, procederán de dinero público.

- Alimentos, medicamentos y otros productos no se someterán a los controles actuales. Los europeos comerán alimentos con transgénicos, hormonas, cloro y un largo etcétera sin saberlo.

- El fracking tendrá vía libre. Esta técnica para extraer gas, tan dañina para la salud y el medio ambiente, se implantará con gran facilidad. Además se importará este gas a Europa desde EEUU, lo que pondrá en riesgo los objetivos de la UE para frenar el cambio climático.

La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), conocido en lengua inglesa como Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) o Transatlantic Free Trade Area (TAFTA) o Área de Libre Comercio Trasatlántico, es una propuesta de tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea y Estados Unidos. Actualmente se encuentra en negociaciones. Implica el aumento superlativo del poder corporativo, y la desregulación de los mercados, rebajando los niveles de protección social y medioambiental de forma drástica. También implicaría un fuerte direccionamiento y limitación de la capacidad de los gobiernos para legislar en beneficio de los ciudadanos, y un cercenamiento de los derechos de los trabajadores. El gobierno de Estados Unidos considera este tratado como un complemento de su Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica. Por su parte, la Unión Europea es duramente criticada por el secretismo con el que está llevando las negociaciones, de espaldas a la opinión pública.

Después de que un primer borrador del proyecto se filtrara en marzo de 2014, la Comisión Europea lanzó un programa para consultar a los ciudadanos interesados, aunque sólo sobre un número limitado de cláusulas.

El anteproyecto filtrado reveló que el tratado no permitiría a los gobiernos aprobar leyes para la regulación de sectores económicos estratégicos como la banca, los seguros, servicios postales o telecomunicaciones. Ante cualquier expropiación, sentencia judicial o proyecto de ley, las empresas podrían demandar a los Estados exigiendo la compensación equivalente a la disminución de beneficios potenciales más compensaciones e intereses. El tratado permitiría la libre circulación de capitales, y establecería cuotas para la circulación de trabajadores. Una propuesta previa de tratado lo constituyó el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones.

 

Antecedentes

Las barreras económicas entre la UE y EEUU son relativamente bajas, no sólo debido a su largo periodo de pertenencia a la Organización Mundial del Comercio sino también debido a recientes acuerdos como el Acuerdo de Cielos Abiertos UE-EEUU y al trabajo del Consejo Transatlántico Europeo. La Comisión Europea afirma que la entrada en vigor de un acuerdo transatlántico de comercio podría incentivar el comercio conjunto entre los respectivos bloques hasta en un 50%. Sin embargo, las relaciones económicas son tensas y existen frecuentes disputas comerciales entre las dos economías, muchas de las cuales acaban en la Organización Mundial del Comercio.

Algún tipo de Área Transatlántica de Libre Comercio había sido propuesto en los años 90 y posteriormente en 2006 por la canciller alemana Angela Merkel como reacción al colapso de las conversaciones sobre comercio mundial de Doha.

Inicialmente emprendido en 1990, poco después del fin de la Guerra Fría, la Comunidad Europea (12 países) y EEUU firmaron una "Declaración Transatlántica". En ella se llamaba a la continuación de la existencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, así como a cumbres anuales, reuniones bienales entre ministros de asuntos exteriores, y a encuentros más frecuentes entre figuras políticas y funcionarios de alto rango. Las subsiguientes iniciativas emprendidas por los líderes europeos y por el gobierno de EEUU incluyeron: en 1995, la creación de un grupo de presión de empresarios, el Diálogo Transatlántico sobre Negocios (en inglés Transatlantic Business Dialogue, TABD) por parte de autoridades públicas de ambos lados del Atlántico; en 1998, la creación de un comité asesor, el Acuerdo Transatlántico de Negocios; en 2007, la creación del Consejo Económico Transatlántico, en el cual se reúnen representantes de corporaciones que operan en ambos lados del Atlántico para asesorar a la Comisión y al gobierno de EEUU - y finalmente, en 2011, la creación de un grupo de expertos de "alto nivel" cuyas conclusiones, emitidas el 11 de febrero de 2013, recomendaban la apertura de negociaciones para un acuerdo de libre comercio de ámbito amplio. El 12 de febrero de 2013, el Presidente de los EEUU Barack Obama abogó en su intervención anual en el Discurso del Estado de la Unión por un acuerdo tal. Al día siguiente, el Presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso anunció conversaciones para la negociación del acuerdo.

 

Mandato, punto por punto

El TTIP está dividido en 15 grupos de trabajo específicos, cada uno atendiendo a diferentes áreas. El ámbito del TTIP es amplio pero de acuerdo con el mandato filtrado los aspectos más relevantes son:

  • Eliminar, tanto como sea posible, todas las "obligaciones aduaneras" entre la UE y EEUU. Esto ya ha sido prácticamente conseguido, excepto en el sector agrícola donde permanecen siendo elevadas.

  • Reducir, o incluso eliminar, lo que la jerga especializada denomina barreras no arancelarias.Esto hace referencia a las normas, reglas y regulaciones legales y constitucionales alegables de limitar la amplitud de la competencia económica, definida aquí como una libertad fundamental suprema e inalienable. Estas normas pueden ser de cualquier tipo: éticas, democráticas, legales, sociales, referentes a la salud o de orientación medioambiental, financieras, económicas o técnicas. Un artículo establece que los servicios audiovisuales no están incluidos en el acuerdo. 

  • Proporcionar a las corporaciones privadas derecho de litigio contra las leyes y regulaciones de los diversos Estados, en aquellos casos en los que dichas corporaciones sientan que tales leyes y regulaciones representan obstáculos innecesarios para el comercio, el acceso a los mercados públicos y a las actividades de suministro de servicios. Estos litigios no serán ya más establecidos de acuerdo a las jurisdicciones nacionales, sino a través de estructuras privadas de arbitraje denominadas "mecanismos de resolución de conflictos". Los artículos 23 (inversiones), 32 (normativas laborales y medioambientales) y 45 (para todo el acuerdo), requieren la creación de este mecanismo.

Los puntos conflictivos más importantes son las políticas europeas de limitación de las importaciones de alimentos transgénicos, así como la normativa de la UE relativamente más laxa sobre la regulación del sector financiero, en oposición a las leyes domésticas más estrictas de aplicación sobre los bancos estadounidenses.

 

Desregulación y ganancias

En caso de llevarse a término, el TTIP aspira a liberalizar un tercio del comercio global. Con los aranceles entre EEUU y la UE ya en niveles bajos, el Centro para la Investigación en Política Económica de Gran Bretaña estima que el 80% de las potenciales ganancias económicas derivadas del acuerdo del TTIP dependen de la reducción de conflictos de duplicidad entre normas de la UE y de EEUU en esos y en otros aspectos regulatorios, abarcando desde la seguridad alimentaria hasta las piezas de automóviles. La estrategia se centrará en sectores donde los objetivos transatlánticos comerciales y de regulación se superponen: farmacéuticos, productos agrícolas y servicios financieros. Esto asegurará que EEUU y la UE continúan siendo "creadores de estándares, en vez de seguidores de ellos" en la economía global, asegurando en consecuencia que los productores mundialmente continúan gravitando alrededor de los estándares conjuntos EEUU-UE.

El director ejecutivo de Siemens, que tiene el 70% de su fuerza de trabajo en Europa y en EEUU, ha indicado que el TTIP reforzaría la competitividad global de EEUU y de la UE reduciendo barreras comerciales, mejorando la protección de la propiedad intelectual y estableciendo unas "reglas de circulación" internacionales.

 

Soberanía nacional y Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (RCIE)

La Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (RCIE) es un instrumento que permite a los inversores crear un caso directamente contra el país que alberga sus inversiones, sin la intervención del país de origen del inversor. En diciembre de 2013, una coalición de 200 organizaciones medioambientalistas, sindicales y defensoras de los consumidores en ambos lados del Atlántico enviaron una carta a la oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos y a la Comisión Europea solicitando que los mecanismos de resolución de conflictos entre inversores y Estados fueran eliminados de las conversaciones comerciales, arguyendo que "la resolución de conflictos inversor-Estado es una vía de sentido único por el cual las corporaciones pueden retar políticas gubernamentales, pero ni los gobiernos ni los individuos obtienen ningún derecho comparable a exigir cuentas a las corporaciones".

Por otro lado, las experiencias de otros TLCs apuntan a que estos tribunales se constituyen, de facto, en una herramienta de protección sistemática de los intereses privados a costa del interés público.

Fuente: http://www.anred.org/spip.php?article12405

 

 Alternativas postcapitalistas

 

A 200 años, los de abajo y a la izquierda, necesitamos percibir cómo los pueblos están construyendo su unión sin fronteras.

 

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
 

La tercera planta de celulosa será la vencida (por el Pueblo)

 

23 de julio de 2016

 

 

Los medios de (des)información masiva ya apuntan a Gualeguaychú. Así, como es su costumbre, le hacen los mandados al poder. El plan es simple: convertimos el proyecto de la tercera planta de celulosa en “causa nacional” tal como ocurrió en 2005 con la primera, trasladamos el enemigo político del negocio al otro lado del río y de ese modo invisibilizamos a los movimientos socio-ambientales que del lado oriental del río están articulando sólida resistencia. Este tipo de nacionalismo barato debería darnos vergüenza. Es propio de quienes tienen las fronteras instaladas como sólidos muros dentro su cabeza, limitando así su capacidad de pensar, para beneplácito de quienes nos dominan y explotan desde hace siglos.

En este tema no vamos contra el gobierno en exclusividad. Sabemos que detrás de este proyecto en particular, hay fuertes intereses económicos que tocan a actores políticos de todos los pelos, incluso a aquellos que ante otras amenazas al ambiente se habían declarado públicamente “ecologistas” y hoy se llaman a silencio. Por esta razón, sugerimos a los políticos opositores no se apuren a palmearnos la espalda. Algunos lo hicieron durante la campaña que impulsamos contra Aratirí y terminaron enojados cuando nos vieron invitando a anular el voto para las elecciones nacionales.

 Decididos a detener este negocio de unos pocos que amenaza a nuestros Bienes Comunes, sabiendo de la polarización cuasi futbolera a la que tendemos los orientales cuando de temas políticamente sensibles se trata, nos proponemos informar en base a las preguntas que insistentemente nos hacen llegar los incondicionales defensores de las pasteras:

 

1- ¿La planta contamina?

2- ¿Nos oponemos a una potencial fuente de empleo?

3- ¿Acaso no usamos papel para limpiarnos el culo?

4- ¿No es cierto que la fabricación de pasta de celulosa incide positivamente en el PBI?

5- ¿Qué alternativas proponen?

6- (esta la agregamos nosotros) ¿Por qué será que se instalan tantas plantas de celulosa en estos “pagos”?

 

1- ¿La planta contamina?

 

Más allá de la segura fuente de contaminación que representa una fábrica de pasta de celulosa a esta escala -de las más grandes del mundo volcando desechos sobre un río interior-, la amenaza más grave para nuestros Bienes Comunes radica en la inminente multiplicación de eucaliptos que le provean de materia prima. Las plantaciones existentes de éstos, alimento hoy para dos inmensas fábricas que nutren a la colosal industria papelera europea, han secado buena parte de los cursos de agua subterráneos orientales. Así lo acreditan decenas de pequeños productores rurales que ven secarse cada pozo que perforan en procura del vital líquido.

Más de mil millones de eucaliptos habitan hoy en tierra oriental. La cuenta es fácil: Plantan un millar por hectárea y ya ocupan bastante más de un millón de hectáreas. Cada uno consume un mínimo de 20 litros de agua por día (eucalipto de 3 años de edad). En total: más de 20 mil millones de litros de agua por día. Es más de lo que bebe diariamente toda la población humana mundial.

Los monocultivos de eucaliptos, desiertos disfrazados de monte, son inhóspitos para las especies nativas. Carentes de fauna que los habite, el silencio reina entre esos ejércitos de árboles clonados. Las especies vegetales nativas tampoco compiten con el eucalipto.

 

No lo decimos nosotros. Lo afirman los expertos. Los siguientes son fragmentos extraídos de un informe del departamento de Montes de la FAO:

 

“se ha comprobado que en las regiones húmedas, las plantaciones de eucaliptos jóvenes, de rápido crecimiento, consumen más agua y no regulan tan bien el caudal hídrico como los bosques naturales.”

 

“A menudo los eucaliptos se plantan en terrenos donde anteriormente no habla ningún árbol. En tales circunstancias, se reduce la aportación de agua de las cuencas de captación y desciende el nivel hidrostático. El efecto es mayor cuando los árboles son jóvenes y crecen rápidamente.”

 

“Los eucaliptos no dan buenos resultados para controlar la erosión en condiciones de sequía, pues terminan con la vegetación rasante absorbiendo el agua con sus raíces y liberando toxinas.”

 

“La corta de eucaliptos a breves intervalos, especialmente si se suprime toda la biomasa, origina un rápido agotamiento de las reservas de nutrientes del suelo. Ello es una consecuencia directa de su rápido crecimiento.”

 

“El número y la diversidad de la fauna (mamíferos, aves e insectos), son menores en las plantaciones de eucaliptos exóticos que en los bosques naturales. Las plantaciones de eucalipto suelen desplazar a los ecosistemas existentes anteriormente.”

 

2- ¿Nos oponemos a una potencial fuente de empleo?

 

En absoluto. Pero no a cualquier precio. Este tipo de actividad económica, extremadamente automatizada, genera poco empleo y deja una herencia ambiental que soportarán las futuras generaciones, a quienes debemos asegurar agua y autonomía alimentaria, antes que ningún negocio aventurero de ocasión. La planta de Botnia-UPM en Fray Bentos da empleo directo a un puñado de rionegrinos –Río Negro sigue siendo el departamento con mayor índice de desempleo del país- mientras que en las plantaciones trabajan 3 o 4 empleados cada 1000 hectáreas, sólo en las etapas de plantación y cosecha; durante los 8 años que transcurren entre una y otra tarea, estos monocultivos no requieren casi atención.

¿Suma empleo esta actividad? No. Como lo prueba el último censo agropecuario, más de 10.000 familias rurales han debido emigrar a engrosar los cinturones de pobreza de las ciudades desde que los monocultivos se apropiaron de buena parte de nuestra tierra productiva –casi el 20% del total-, tanto de soja transgénica como de eucaliptos. En esas familias está la respuesta a quienes sostienen que la expansión de los latifundios es capaz de generar alguna fuente de empleo.

Es cierto que durante los 2 años que insume la construcción de la inmensa fábrica se da trabajo a miles de obreros. ¿Es suficiente motivo para expulsar del campo a miles de trabajadores rurales y arruinar nuestros Bienes Comunes

 

3- ¿Acaso no usamos papel para limpiarnos el culo?

 

Este es el planteo más ingenuo y estúpido –pedimos disculpas por el término- que nos hacen llegar los pro-pasteras. Piensan que hay una relación entre nuestro consumo de papel y la razón de existir de estas megafábricas. Parecen desconocer que los países centrales echan mano a nuestras riquezas para poder seguir manteniendo sus industrias locales rentables y su irracional despilfarro consumista. Si ellos consumieran en la escala que lo hacemos en los países periféricos, no serían necesarias tales plantas de celulosa incrustadas en nuestra rica tierra.

Durante décadas, Uruguay se proveyó de papel con una (en comparación con estas) pequeña planta que no sólo producía pasta de celulosa, sino que fabricaba el papel terminado. O sea, no era un negocio de troncos como el que resume la actividad de UPM, sino una verdadera fábrica de papel, mil veces más pequeña que las que se han instalado, suficiente para proveer el papel higiénico que consumimos los orientales y muchos otros tipos de papel más, algunos de altísima calidad, con mucho valor agregado por mano de obra auténtica. La Fábrica Nacional de Papel contaminó y contamina –si no, pregunten a los vecinos de Juan Lacaze-, pero su razón de ser está o estaba justificada.

Decir que la existencia de UPM y Montes del Plata se justifica por nuestro papel higiénico, es como afirmar que la soja transgénica y los agrotóxicos que se expanden en un millón y medio de hectáreas arruinando suelo y agua, se justifican para que podamos mojar en salsa de soja nuestros arrolladitos primavera.

 

4- ¿No es cierto que la fabricación de pasta de celulosa incide positivamente en el PBI?

 

Sí, por la venta de troncos y el agua implícita en ellos. Estas fábricas se establecen en zonas francas, por lo tanto, cuando la materia prima se introduce en ellas ya no existen más obligaciones tributarias. Decir que la pasta de celulosa es uno de los principales productos de exportación del Uruguay es una flagrante mentira. Exportamos troncos y con ellos, la tierra y agua que consumieron durante años.

 

5- ¿Qué alternativas proponen?

 

Con un poco de creatividad y disponiendo de mil millones de dólares –los que se requieren para satisfacer las demandas de infraestructura de UPM- y las consideraciones tributarias que conceden los adulones de siempre a estas trasnacionales, nos animamos a hacer más de una propuesta alternativa generadora de decenas de miles de puestos de trabajo dignos y sin riesgo para el ambiente.

 

La primera sería una REFORMA AGRARIA que devolvería a buena parte del Pueblo a su ámbito natural: EL CAMPO. Claro que para eso se deberían confiscar tierras a los amigos del poder, y sabemos que no habría voluntad política para hacerlo, tanto desde el gobierno como desde la oposición político-partidaria. Está más que probado que la clase política representa a los intereses de los poderosos, no al pueblo. En muchos casos son socios directos de sus negocios.

 

6- ¿Por qué será que se instalan tantas plantas de celulosa en estos “pagos”?

 

Si preguntamos a UPM por qué se instalan en estas tierras podemos obtener distintos tipos de respuesta; desde que les place dar oportunidades de progreso y desarrollo a otros pueblos hasta que el frío no les permite plantar en tierra propia, como lo hicieron durante siglos.

 

La verdadera razón –parecería innecesario decirlo- es que ya no quieren sacrificios para su propia tierra. Europa fue terriblemente contaminada y devastada en las primeras décadas del siglo XX. La globalización pos dictaduras permitió a las potencias europeas y a Norteamérica, como ahora a las potencias emergentes, trasladar las industrias sucias –megaminería, hidrocarburos, agroindustrias, papeleras, etc.- a los países periféricos. De ese modo han logrado recuperar buena parte de la salud de sus ríos y bosques, obteniendo materia prima de calidad a bajo costo.

 

Ellos se reservan la industrialización de calidad de las materias primas que de aquí extraen, poniéndoles el valor agregado que les permite seguir enriqueciéndose, ampliando la brecha entre países ricos y países pobres y agravando la dependencia de nuestros pueblos.

 

Allá utilizan mano de obra calificada y bien paga. Acá, además de saquearnos, nos siguen explotando casi tanto como hace 500 años.

 

Alcanzará con despertar para detener estos abusos. El Pueblo tiene la palabra y el verdadero poder. Falta que lo asuma y exprese. Sin urnas. Sin banderas. Sin miedo.

 

La tercera será la vencida, por disposición de un Pueblo despierto y conciente.

 

Asamblea Pachamama Uruguay
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www.asambleapachamama.org

 

Asamblea Nacional Permanente

en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales

www.endefensadelatierraylosbienesnaturales.noblogs.org/

 

UAC Litoral

www.uaclitoral.blogspot.com/

 

UAC

Unión de Asambleas Ciudadanas

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UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación
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(pdf cuadernillo uac:) --> 
http://go4.es/0aJa

 

 

Apreciemos la unión de chilenos con argentinos contra el proyecto binacional de Barrick Gold:

 

 

CONCLUSIONES DEL PRIMER FORO NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE MINERÍA, AMBIENTE Y SALUD, REALIZADO EN MENDOZA

 

"La actividad de Barrick Gold en Chile y Argentina

sólo deja migajas económicas, y crea un gigantesco pasivo ambiental"

7 de abril de 2006



PARTICIPARON CIUDADANOS E INSTITUCIONES DE CHILE Y ARGENTINA, QUE SE UNIERON PARA LUCHAR CONTRA LAS MINAS ANDINAS DE PASCUA LAMA Y VELADERO. LA FLAMANTE COALICIÓN REÚNE A LAS ORGANIZACIONES MÁS IMPORTANTES DE AMBOS PAÍSES.



Se realizó en la ciudad de Mendoza el primer Foro Internacional sobre Minería, Ambiente y Salud. Del encuentro participaron 120 representantes de ONGs, universidades, instituciones públicas, grupos vecinales y ciudadanos, de Chile y Argentina. Entre los muchos resultados del encuentro debe destacarse la creación de la Coalición Argentino-Chilena de Ciudadanos e Instituciones por el No a las Minas de Pascua Lama y Veladero. Pascua Lama, indicó Jennifer Ibarra, organizadora del Foro, "creó un tercer país ubicado entre la Argentina y Chile donde no existen controles ni aduanas". Agregó además que tanto las minas de oro como de uranio "comprometen seriamente la provisión de agua en valles semiáridos y desérticos". 
 

Javier Rodríguez Pardo, destacado ambientalista de la Patagonia, indicó que esta coalición "sumará los esfuerzos de argentinos y chilenos. ONGs, asambleas, barrios y ciudadanos seguiremos construyendo una muralla de resistencia contra las mineras transnacionales que están saqueando nuestros recursos al amparo de leyes que se hicieron para favorecer el saqueo". Javier Rodríguez Pardo tuvo una destacada actuación en la exitosa lucha del pueblo de Esquel, en Chubut, que le dijo no en un plebiscito a la empresa Meridian Gold. El ecologista chubutense y miembro de la Asamblea Coordinadora Patagónica insistió con el "perverso sistema de extracción creado para el saqueo de los minerales y de la biodiversidad en los pueblos del sur". Entre las organizaciones de Chile que participaron del encuentro se hallaba OLCA (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales), Autoconvocados del Valle de Huasco, Frente Anti-Pascua Lama, Colectivo Resistencia, entre otros. La delegación chilena fue muy numerosa. 


El Dr. Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y premio Nóbel Alternativo 2004 destacó que la instalación de minas de oro en la Cordillera es "inmoral" e "inaceptable" porque "destruyen nuestras fábricas de agua y de estabilidad climática" y descargan "volúmenes insensatos de metales pesados y residuos tóxicos en las cuencas altas de los principales ríos que tienen los valles del Huasco en Chile y Jáchal en Argentina". Vaticinó que la coalición creada entre chilenos y argentinos "multiplicará la lucha que llevan ciudadanos e instituciones de ambos países" y mostrará a la sociedad e incluso a los gobiernos "que los estudios de impacto ambiental realizados para Pascua Lama y Veladero son lamentables". Durante el encuentro Montenegro también abordó el impacto ambiental que produce la mina de uranio de Sierra Pintada en San Rafael, Mendoza. "Lo grave", agregó Jennifer Ibarra, "es que la actividad de Barrick Gold en Chile y la Argentina solo deja migajas económicas, y crea un gigantesco pasivo ambiental. Pascua Lama y Veladero pueden destruir las fuentes de agua más puras del planeta, y hacer colapsar economías regionales que utilizaban esa agua para riego". 

En el Foro se aprobó un documento que resume los resultados del encuentro, y que incluye -entre otros puntos- la denuncia de las presiones recibidas por periodistas y medios de comunicación social para que no difundan los graves problemas ambientales ya observables en Pascua Lama y Veladero. El Foro brindó su apoyo a los trabajadores de prensa, e hizo un llamado a las empresas mineras y a los gobiernos que las apoyan para que "respeten los valores democráticos, la libertad de expresión, y la participación ciudadana". 

El documento del encuentro denunció que la actividad minera "ya redujo en una importante superficie la Reserva de la Biosfera de San Guillermo en la provincia de San Juan" y que ahora "amenaza la ampliación de la Reserva Provincial Laguna del Diamante en Mendoza". 

El Dr. Raúl Montenegro sostuvo que la actividad minera "es experimental, pues sus modificaciones ambientales y cócteles contaminantes no están contemplados en la legislación vigente, ni tampoco existe capacidad técnica de control". Agregó además que Pascua Lama y Veladero "alteran en forma irreversible zonas andinas que mantenían la estabilidad hídrica, climática y del relieve. Muy pocos parecen preocuparse por la inestabilidad que provocarán las detonaciones y yacimientos sobre los taludes montañosos. 

Estas mineras remueven montañas completas, alteran los microclimas altoandinos, generan cócteles de sustancias contaminantes que las administraciones locales no pueden detectar, y amenazan las cabeceras de importantes cuencas hídricas en Chile y la Argentina". Agregó que en Argentina "la empresa Barrick Gold presentó estudios de impacto ambiental más rudimentarios que los realizados para Chile" y que la actuación de la Secretaría de Minería y la Secretaría de Ambiente de la Nación "no protegieron ni la salud de las personas, ni la integridad de ecosistemas vitales". Anticipó que varias organizaciones están contemplando la eventual presentación de denuncias penales contra varios funcionarios "por incumplimiento de los deberes de funcionario público". 



Finalmente, ciudadanos e instituciones de ambos países calificaron de "nefasto" el Tratado Binacional Minero Argentino-Chileno, y acordaron movilizarse conjuntamente contra las grandes empresas mineras durante la próxima celebración del Día Internacional de la Tierra, el 22 de abril. Mendoza, Marzo 28, 2006.- Nota de la redacción: Este es el comunicado oficial del foro realizado en Mendoza, Rep. Argentina, nos prometieron que próximamente nos será remitido el de San Rafael (Mza.) que se realizó en la misma fecha.

Fuente: http://www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama148.htm

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Victoria para Ambientalistas y para los Glaciares

Barrick Gold se iría de Argentina y de Chile
3 de febrero de 2016

Por Jorge Daniel Taillant (Ecoportal.net)

 

“El proceso de reducción ha sido completado de acuerdo al cronograma y el plan de suspensión temporario ha sido aprobado por las autoridades chilenas. Esto nos permitirá completar la transición hacia el cuidado y mantenimiento, y nos debería permitir reducir costos materiales en el proyecto durante el 2016”. — (de la página de Barrick Gold)

Este código eufemístico para las bolsas financieras que aparece hoy en la página de Internet de Barrick Gold indicaría que la fiesta se acabó para Barrick Gold en Argentina y en Chile, … en otras palabras, la empresa podría estar anunciando próximamente (las opiniones indican que seria en febrero del 2016) que cerraría sus puertas y se iría de Argentina y de Chile. Según voces en el sector minero, Barrick Gold, la mayor empresa minera de oro del mundo, daría por perdido el mega proyecto Pascua Lama, buscando quizás algún comprador de los activos controvertidos que se ubican sobre glaciares y ambiente periglacial en los Andes Centrales. "Cierra la puerta y se va", dijo un representante de un medio conocido que no quiere revelar su fuente hasta que Barrick Gold no haga su anuncio públicamente.

Complicaciones por contaminación, cierres judiciales en Chile por violaciones a la ley, glaciares destruidos y tapados por contaminación proveniente de la mina, comunidades movilizadas en su contra, humedales de alta montaña destruidos, accidentes fatales y varias denuncias internacionales en su contra, y quizás aun más preocupante, una ley en Argentina (la Ley de Glaciares) que hace ilegal al proyecto binacional Pascua Lama con una causa irresuelta en la Corte Suprema, han sumado demasiadas complicaciones y heridas para la gigante Barrick Gold. Es momento quizás, dicen expertos del sector, de tomar las perdidas y buscar fortuna en otra parte.

Hace ya varios años que Barrick Gold se enfrentó con el irremediable hecho que su proyecto Pascua Lama está ubicado entre, y rodeado por, más de 400 glaciares, glaciares de escombro y otros recursos de hielo perenne como es el suelo congelado (permafrost) del ambiente periglacial. Al inicio, la empresa ignoró la presencia del hielo, proponiendo dinamitar los glaciares y removerlos con topadoras para obtener el oro, porque según la misma Barrick Gold, los glaciares son un peligro para el ambiente! Cuando esta propuesta no prosperó Barrick tuvo que volver a la mesa de diseño y proponer un plan de protección de glaciares en Pascua Lama. Pero poco a poco fue descubriendo que la mineria y los glaciares, y los ambientes periglaciales, son incompatibles.

Hoy estas reservas hídricas criogénicas (de hielo) son protegidas por ley en Argentina y son cada vez más políticamente sensibles en el estado vecino de Chile donde las autoridades ambientales han tomado la iniciativa que en Argentina los funcionarios públicos y la justicia no tienen el coraje (o la voluntad) de tomar, … frenar a Pascua Lama por su contaminación. Esto intentó hacer Romina Picolotti, Secretaria de Ambiente de Argentina entre 2006-2008, por medio de su apoyo a la Ley de Glaciares, ley que apuntaba a cerrar las operaciones de la multinacional canadiense por su impacto inevitable en glaciares y ambiente periglacial en la provincia de San Juan. Esta lucha de Picolotti le costó su renuncia del gobierno por el veto de Cristina Fernandez a la Ley de Glaciares, aprobada unánimemente por el Congreso Nacional–el denominado Veto de Barrick Gold. Desde su salida del gobierno la autoridad ambiental Argentina cosecha un cero absoluto en seguimiento al tema, no habiendo hecho absolutamente nada para implementar la ley de glaciares y lograr controlar la mineria que hoy opera en zona de hielo glaciar incluyendo los dos principales proyectos mineros de Barrick Gold en San Juan, Pascua Lama y Veladero.

Pero poco después de la partida del gobierno de Picolotti, un informe del Centro de Derechos Humanos y Ambiente–CEDHA (ONG presidida por Picolotti), Los Glaciares de Barrick, reveló lo que las autoridades en San Juan Argentina niegan una y otra vez, la masiva presencia de hielo perenne en el lugar del proyecto, haciéndolo no solamente illegal por la ley federal de protección de glaciares, sino además por la misma ley provincial sanjuanina, que también protege a estos majestuosos recursos. Inclusive informes más antiguos de los propios consultores de Barrick Gold y de geólogos del IANIGLA en Argentina, ya hablaban de grandes glaciares y de extensivo ambiente periglacial entorno al proyecto y en el mismo lugar del rajo de la mina. Finalmente el inventario de glaciares del IANIGLA–que aun nadie quiere publicar en lo que consiste la zona del proyecto, realizado en colaboración con las autoridades sanjuaninas, también revela hielo en la zona de Pascua Lama, lo que comprometería judicialmente a Barrick Gold si la empresa quisiera algun día poner el proyecto en marcha.

Los problemas de arranque de Pascua Lama datan casi desde la misma puesta en marcha del diseño del proyecto, aunque el freno al financiamiento que esperaba recibir la empresa en el año 2012 tuvo un efecto mortal para el proyecto, que de otra manera quizás hubiera arrancado en aquel año. CEDHA presentó una denuncia ante los bancos US Export Import Bank de los Estados Unidos y ante EDC de Canada, ambos bancos estatales a los que Barrick Gold había pedido prestamos subsidiados para financiar las etapas preliminares de Pascua Lama. Esta denuncia junto a otras que se presentaron por otras organizaciones de Chile, Canadá, y Argentina, ayudaron a frenar el arranque del proyecto el tiempo suficiente para que la justicia chilena actuara para frenar a Pascua Lama por contaminación. Luego de esto, y no pudiendo resolver los multiples problemas de contaminación que se empezaron a confirmar, por drenaje acido a los ríos de fuente glacial, y por la contaminación de glaciares, la multinacional vio frustrado definitivamente su intento de arrancar Pascua Lama. Desde entonces, el proyecto pierde sumas multimillonarias de dinero para la multinacional y en un contexto mundial altamente negativo para la mineria, Pascua Lama ya no es una inversión sostenible. Resumidas cuentas, Barrick Gold se cansó de esperar.

Hoy parece ser que finalmente Barrick Gold estaría haciendo sus valijas para dejar en paz a los glaciares andinos por un tiempo.

Link a informe: Los Glaciares de Barrick: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2013/05/Los-Glaciares-de-Barrick-Gold-version-20-mayo-2013-SPANISH-small.pdf

Link a denuncia financiera de CEDHA contra Barrick Gold:

http://www.banktrack.org/download/equator_principles_due_diligence_review/cedha_251111_ep_due_diligence_review.pdf

*Jorge Daniel Taillant, es Director Ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CHRE/CEDHA), y ha estudiado el impacto minero en glaciares y ambiente periglacial por casi una década. Es autor de un libro publicado recientemente por Oxford University Press entitulado, Glaciares: La Política del Hielo (en Ingles, Glaciers: The Politics of Ice), dedicado a la educación sobre glaciares, y que cuenta además en gran detalle la política detrás del veto y eventual aprobación de la Ley de Glaciares, así también como las luchas políticas internas entre funcionarios públicos defensores de Barrick Gold y ambientalistas dentro y fuera del gobierno, abocados a frenar la destrucción minera de glaciares en los Andes Centrales.

 

Fuente original: http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Barrick-Gold-se-Iria-de-Argentina-y-de-Chile-Victoria-para-Ambientalistas-y-para-los-Glaciares

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=208500

 

 

Hemos advertido cuáles han sido los comportamientos de los gobiernos progresistas en ambas expresiones de la acumulación por exterminio. Ahora consideremos sólo qué sucedió respecto a Pascua Lama.

 

BarricK: con B de Bachelet y K de Kirchner
19 de Noviembre de 2013

Por Javier Llorens y Lázaro Llorens
Argenpress

Para salvar el proyecto Pascua - Lama Barrick Gold lleva adelante una audaz estrategia a ambos lados de la cordillera, consistente en efectuar modificaciones “progresistas” en la Constitución de Chile y el Código Civil de Argentina.

- Recientemente Barrick Gold, la megaminera multinacional, anunció el cese temporal de su proyecto binacional Pascua Lama, ubicado en Chile y Argentina, sobre la cordillera de Los Andes, en etapa de construcción. La noticia la dio el presidente de Barrick Jamie Sokalsky, mediante un comunicado en el que informó: “Hemos determinado que el rumbo prudente en esta etapa es suspender el proyecto, pero naturalmente mantendremos nuestra opción de reanudar la construcción y culminar el proyecto cuando se logren mejoras en los desafíos actuales. La decisión de retomar el ritmo de construcción dependerá de mejores condiciones económicas para el proyecto, las perspectivas para el precio de los metales y una menor incertidumbre asociada a asuntos legales y otros requerimientos regulatorios en Chile.”

¿Concretamente a qué se debe este cierre temporal de Pascua Lama, uno de los yacimientos más grandes del mundo, donde Barrick Gold, vinculada al grupo Rockefeller, preveía obtener no menos de 30 mil millones de dólares en oro, plata, cobre y otros metales? ¿Cuáles son los “desafíos actuales” e “incertidumbres” a los que alude Sokalsky CEO de Barrick? Al respecto se puede decir que la explotación del yacimiento binacional Pascua Lama, ubicado en la región de Acatama (Chile) y San Juan (Argentina) pende literalmente de un delgado hilo, por fallos judiciales adversos, nuevas leyes ambientales, y reclamos sociales. Tanto que solo un profundo cambio en las leyes de ambos países pueden salvarlo.

En Chile, la situación está al límite. El 26 de septiembre del 2013 la Corte Suprema de Chile, ratificó un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que ordenó suspender temporalmente las obras de Pascua Lama, a raíz de la contaminación y destrucción de los glaciares y contaminación de las aguas perpetrados por la Barrick, hasta tanto la empresa tenga un adecuado sistema de manejo del agua, y del polvo levantado por sus maquinarias. Las pruebas son tan abrumadoras que la propia multinacional, reconoció los hechos, luego de negarlos durante años. “La empresa Minera Nevada (subsidiaria de Barrick Gold) ha reconocido que ha cometido infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental por lo tanto, creemos que el fallo se ajusta a derecho”, informó la empresa a través de su abogado José Antonio Urrutia. Quien consideró el fallo adverso un triunfo, porque la Corte no había dispuesto la revocación a la Resolución de Calificación Ambiental, que hubiese deparado la cancelación definitiva del proyecto.

Este pronunciamiento de la Corte surgió de una demanda presentada por cuatro comunidades diaguitas de Chile, que habitan en el norte del país, en la provincia del Huasco, en Atacama, una de las regiones más secas del mundo. Donde las empresas mineras desde hace años vienen perpetrando todo tipo de estragos. Dichas comunidades denunciaron que la puesta en marcha de Pascua Lama había afectado seriamente los ríos y glaciares del lugar, alguno de los cuales fueron dinamitados o cubiertos de polvos.

Esto no parece haber sido casual, dado que la Barrick había propuesto nada menos que trasladar los glaciares de modestas dimensiones que existen en Chile en esa región, para poder explotar los metales preciosos diseminados en la roca que están debajo de ellos, lo que fue denegado de plano por las autoridades chilenas. No obstante la Barrick parecería haber optado por acelerar su desaparición, al no tomar precaución alguna en el manejo del polvo levantado por la operación de las descomunales maquinas que hacían el destape del tajo a cielo abierto, pese las previsiones del caso. El cual al depositarse sobre los glaciares aceleraron su derretimiento, por efecto de que su opacidad no refleja la radiación solar, sino que la absorbe. Echándole empero la culpa de ello al cambio climático, tal como hizo Barrick ante la justicia chilena.

En Chile el agua vale más que el oro

Pero la cuestión no acaba allí. A estos fallos judiciales adversos, Barrick le tiene que añadir el complejo sistema legal existente en Chile respecto el uso del agua, que se rige bajo un esquema absolutamente mercantilista y privatista, dando lugar a un disputado “mercado del agua”, entre mineras y agricultores. Situación que llevó a la Barrick Gold a romper el cerco, y traspasar la frontera hacía Argentina en busca de agua. “El líder en la industria del oro”, como se autotitula Barrick, cuando ve al oro no lo detiene ningún obstáculo, ni siquiera fronterizo. Ni tampoco legal, como se verá seguidamente.

Diseñado por los “Chicago Boys”, el “Código de Aguas” chileno fue aprobado por el ex dictador Augusto Pinochet en 1981, luego de una reforma constitucional. Se caracteriza por la compra y venta de agua sin intervención alguna del Estado, sólo por operadores privados, que ofertan cupos de agua mediante un sistema de licitaciones. Que ante la carestía crónica de ella en el norte chileno, ha hecho al agua más valiosa que el oro, con una gran cantidad de conflictos que derivan en una alta litigiosidad judicial.

“El problema central del Código de Aguas es que la parte regulatoria es demasiado débil. Para graficarlo: en Estados Unidos los derechos de propiedad del agua no son muy distintos a la fórmula chilena, pero van de la mano con una regulación pública fuerte, una autoridad legal por parte del Estado para imponer restricciones al ejercicio de los usos de los derechos privados, ya que se entiende que es necesario un equilibrio” dice al respecto, el investigador norteamericano Carl Bauer, autor del libro “Cantos de Sirena”, desde donde aborda el marco legal del manejo del agua en Chile.

Precisamente, son estas restricciones que impone el Código de Aguas chileno, destacadas por Bauer, lo que motivó a la empresa Barrick Gold a realizar un audaz emprendimiento minero binacional mundial, único en el mundo, incorporando a la Argentina para obtener de este país el agua que escasea en Chile. De allí el nombre Pascua - Lama. Así figura claramente expuesto en su proyecto publicado en su sitio web http://barricksudamerica.com/pascua-lama/. En el cual la multinacional del oro prevé: dinamitar la montaña en Chile, en la zona de Pascua; moler allí la roca, para lo cual necesita una mínima cantidad de agua para humectarla; y transportarla por un túnel hasta Argentina en la zona de Lama, para procesarla químico industrialmente y extraer de ella los metales nobles y preciosos.

El mismo se efectúa rociando la roca chilena molida, con millones de metros cúbicos de agua argentina, mezclada con cientos de miles de metros cúbicos de cianuro, para separar el mineral de la roca en forma de líquido, y recuperarlos después como sólidos en la planta fabril que se encuentra ad hoc en Lama. Quedando todos los desechos industriales contaminantes del lado argentino, en los famosos “diques de cola”, y vertederos de roca inerte, mientras la tributación quedará en Chile. Como síntesis, según el estudio de impacto ambiental que presentó Barrick Gold, por cada gramo de oro extraído en Pascua Lama, se precisará remover 4 toneladas de roca, consumir 380 litros de agua, 43,6 KWh de electricidad (similar al consumo semanal de un hogar argentino medio) 2 litros de gasolina, 1,1 kilogramos de explosivos, y 850 gramos de cianuro de sodio.

Pero la concreción de ese faraónico proyecto binacional, consistente en emplear masivamente recursos de ambos lados de la cordillera, no se pudo finiquitar porque estando en una avanzada etapa de construcción del orden del 80%, fue frenada primero por la Corte de Apelaciones de Copiapó, y luego por la Corte Suprema de Chile. “Ya se encuentran edificadas en Argentina y en Chile la mayor parte de sus obras, entre las cuales cabe mencionar: los campamentos, el muro corta fugas, la planta de drenaje ácido, las piscinas de acumulación de agua, la planta de procesamiento de minerales, el edificio de molienda, los equipos de montaje, el equipo de ensamblaje, el túnel para el transporte de mineral hacia Argentina y el camino minero de acceso al rajo, entre otros”, detalló Barrick Gold ante la justicia chilena. La cual por los daños ocasionados a los glaciares y a las cuencas hídricas, ordenó no obstante a principios de este año el cese inmediato en el avance del emprendimiento.

Barrick con B de Bachelet

Si hay algo que caracteriza a las multinacionales succionadoras de recursos naturales como la Barrick Gold, es su intrepidez, tenacidad, y adaptabilidad. Haciendo honor al aserto minero que dice que en la minería del oro, las reglas las pone el oro. A la par que la Corte Suprema de Chile emitía su falló ratificando el de la Corte de Copiapó, la Barrick como último recurso, ya habría impulsado a través del partido de la Concertación y su candidata Michel Bachelet, favorita en las encuestas, un audaz plan de salvataje de Pascua Lama. Que consistiría en esencia en una reforma de la Constitución Nacional y el Código de Aguas, dos cuestiones que según el programa de gobierno de Bachelet serán prioridades en su gobierno (http://michellebachelet.cl/programa/)

“La Nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. El Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales. Se declara las aguas como bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares” promete Bachellet en caso de acceder a la presidencia. Dejando entrever empero su hilacha pro megaminería en esa promesa, al hablar solo del derecho a las tradicionales regalías para el estado, cuando ante el agotamiento de los recursos naturales, ahora en el mundo se habla de contratos de participación.

Los encuestadores dan por descontado el arribo de Bachelet a la presidencia, dudando solo si será por nocaut en la primera vuelta, o en la segunda vuelta. A la par que su competidora Evelyn Matthei, candidata del partido oficialista, la acusa de recibir una enorme cantidad de financiamiento electoral de orígenes inciertos. Mientras que otros competidores opinan que su programa electoral es “ambiguo, poco progresista, y busca mantener el sistema neoliberal en el país”. Y por su parte el candidato del Partido Humanista Marcel Claude reprocha que “el problema no es la señora Bachelet ni la señora Matthei, sino quienes están detrás de ellos. Monsanto, Barrick Gold, las AF(J)P”. Todas ellas vinculadas al mega grupo Rockefeller.

Lo concreto es que el programa de gobierno “progre” de Bachelet, le apunta precisamente a donde le aprieta el zapato a la Barrick Gold. En él la candidata afirma: “El agua es clave. La Nueva Constitución reconocerá las aguas como bien nacional de uso público. La actividad minera debe ajustarse a las nuevas exigencias socio-ambientales y debemos mostrar al mundo que nuestra vocación por la sustentabilidad nos impulsa a establecer los mejores estándares. El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad deberá establecer los lineamientos de política para hacerse cargo de este objetivo”.

Respecto a las modificaciones del cuestionado Código de Aguas de Pinochet, como en un mensaje entre líneas para la Barrick Bachellet asegura, que “hay un tema súper importante: el Agua. Ese es un tema que se ha instalado entre los principales desafíos de Chile y lo tenemos que enfrentar seriamente. Nombraremos un delgado presidencial para que se dedique exclusivamente a desarrollar soluciones en cada región para la escases de agua”. Y como para que no quedaran dudas de la profunda imbricación entre la megaminería y el agua, en el proyecto de reforma de la Constitución, en el capítulo del “Programa Económico”, Bachelet los pone juntos a ambos. Como si se tratara de hermanos siameses, mostrando así la pata de la sota prominera; y como si el agua nada tendría que ver con la vida humana, ni otras formas de vida. (
http://michellebachelet.cl/wp-content/uploads/2013/10/Miner%C3%ADa-y-Recursos-H%C3%ADdricos-72-75.pdf)
 

Al respecto la Barrick Gold y el partido de la Concertación, han construido una relación que se fue haciendo cada vez más estrecha. Cuando fue candidata a presidenta en el 2005, refiriéndose al proyecto Pascua Lama, Bachellet aseguró que no iba permitir la destrucción de los glaciares e iba a legislar para protegerlos. Sin embargo, como denuncian al unisonó las organizaciones ecologistas de Chile, en el 2006 apenas asumió como presidenta, Bachellet no sólo no aprobó ninguna ley de protección de glaciares, sino que aprobó el estudio de Impacto Ambiental de Barrick Gold (Nevada Minera) para Pascua Lama. El mismo que según constató la justicia chilena, había sido incumplido enteramente por dicha compañía.

Para llevar adelante esa tarea pro Barrick, Bachellet designó como ministra de minería a la periodista y master en relaciones internacionales en la Universidad de Columbia, Karen Poniachik. Cuyo único antecedente era haberse desempeñado como directora de Programas Empresariales en el Council of the Americas (1995-2000) la mega cámara de empresarios multinacionales creada y presidida por el banquero David Rockefeller. Se trató de una curiosa designación, dado que Poniachik y su afortunada familia se habían exilado a Estados Unidos durante el gobierno de Allende, para regresar recién con el golpe de estado pinochetista.

 

Gracias a los buenos oficios de Poniachik, luego de una reunión privada entre la presidenta Bachellet y los ejecutivos de Barrick Gold en la Casa de la Moneda de Chile, la actual candidata a presidente chilena ratificó el polémico Acuerdo Tributario entre Chile y Argentina. "En ese acuerdo tributario, Argentina resigna el derecho esencial de un Estado a recaudar impuestos al ceder (el 75 %) la potestad tributaria en favor de Chile, en realidad en favor de la Barrick" sintetiza al respecto el periodista y ex diputado Miguel Bonasso, autor del libro “El Mal. El modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina".

Por esas delicadas faenas en beneficio de la Barrick Gold, pocos días antes de terminar su mandato, Bachellet fue agasajada en New York y premiada por Barrick Gold con la “Insignia de Oro de la Americas Society”. El evento se hizo en mayo del 2009, en una cena organizada por el “Council of the Americas”, de la cual su ministra Poniachik había sido directora.
La cena fue auspiciada por Barrick Gold y Chevron, dos empresas vinculadas al grupo Rockefeller, esta última socia de YPF en el yacimiento argentino de Vaca Muerta. Esa noche acompañando a Bachellet, en medio de trajes de confección a medida y alta gastronomía, estuvo Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista de Chile y socio político de Bachellet.

Ambos compartieron la mesa con el magnate David Rockefeller, dueño indirecto de la Barrick, cuya familia desde 1892 tiene puesta la pata sobre Chile, con la Anaconda Copper y el yacimiento de cobre a cielo abierto “Chuquicamata”, el más grande del mundo. Que pertenecía a Bolivia hasta antes de la Guerra del Pacífico, acaecida dos años antes. ”Luego de que las organizaciones contrarias a Pascua Lama se enteraron de que Bachelet iría a recibir la Insignia de Oro a Nueva York, el mayor reconocimiento que entregan ambas instituciones, se supo que ya había asistido en el 2005, antes de asumir” apuntó el periodista chileno Javier Karmy, quien resaltó que en realidad, “todos los presidentes posteriores a Pinochet conocieron a David Rockefeller”.

Barrick con K de Kirchner

Si en Chile las cosas no marchan nada bien para la Barrick, en Argentina no andan mucho mejor. En el 2008 el Congreso sancionó una ley de presupuestos mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar, que fue vetada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el 2010, en medio de una fuerte polémica, el Congreso ratificó dicha ley, hoy vigente (N° 26.639). Al resguardar a los glaciares y la zona periglaciar como reservas de agua, ella puso en jaque el faraónico proyecto de Pascua - Lama de Barrick Gold; dado que por esa norma la empresa minera tiene prohibido realizar cualquier tipo de manejo en los glaciares, la zona periglaciar, y cursos de aguas adyacentes. Justamente lo que la empresa había venido ansiosamente a buscar a Argentina, en reemplazo de lo que le faltaba en Chile.

Por esta razón, apenas la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley, Barrick Gold impulsó dos medidas cautelares ante el juez federal de la provincia de San Juan, Miguel Ángel Gálvez. Solicitando que no se apliquen los seis principales artículos de ella en los emprendimientos Pascua Lama y Veladero que tiene Barrick en la provincia de San Juan, por considerarlos inconstitucionales. Referidos a la realización de un inventario de glaciares, y auditorías ambientales en los proyectos mineros en marcha; y las sanciones a aplicar en caso de constatarse daños en los glaciares, etc.

Esos pedidos fueron resueltos en cuestión de horas a favor de la Barrick por el juez Gálvez. Quien sin ningún empacho, plagiando los mismos argumentos que la presidenta Fernández de Kirchner había usado para el veto de la primera ley de protección de glaciares, rápidamente aceptó el pedido de la cuestionada empresa. Que empecinadamente se negaba a acatar una ley dictada y ratificada por el Congreso con amplia mayoría. Demostrando así esto la inusitada capacidad de lobby que tiene Barrick Gold a ambos lados de la cordillera, y la importancia de esa ley que puso un palo en la rueda a sus proyectos mineros.

Contó para ello con el total apoyo del gobernador kirchnerista de San Juan, José Luis Gioja, impulsor como presidente de las comisiones de Minería en el Congreso, de las leyes a favor de las megamineras durante la década indigna de los ’90. Quien a su vez en supuesta defensa del federalismo, hizo que la Legislatura sanjuanina aprobara una ley exprés de protección de glaciares de su autoría, escrita con nombre y apellido, al eliminar en ella todo lo que molestaba en la ley nacional a la Barrick Gold. Incurriendo así en una manifiesta ilegalidad, dado que conforme las previsiones constitucionales, las leyes nacionales ambientales fijan un piso o requisitos mínimos, que las provincias están obligadas a respetar.

“Evidentemente la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares afectaba los intereses de aquellas empresas mineras que se encuentran operando en zona glacial y periglacial en la cordillera de los Andes” dijo al respecto la ex Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolloti. Quien denunció que debió renunciar a su puesto de secretaria durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por haberse empeñado en controlar ambientalmente a las empresas mineras. “Tanto Veladero como Pascua Lama no cumplen con la normativa ambiental y minera generando serios y peligrosos impactos para el ambiente y la salud humana” dijo Picolloti, titular de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambientales (CDHA).

De esta manera, gracias a las cautelares dictadas por el juez Gálvez, durante un año la Barrick prosiguió imperturbable con sus emprendimientos en Veladero y Pascua Lama. Hasta que en julio del 2012 la Corte Suprema de Justicia argentina, dejó sin efecto las cautelares, y ratificó la plena aplicación de la ley nacional de protección de glaciares. De esta manera la resolución de la Corte, volvió a poner en la cornisa el proyecto Pascua Lama de la Barrick Gold. Cuya esencia del lado argentino es el uso masivo de agua, para poder concretar el procesamiento químico industrial sobre la roca metalífera obtenida en Chile.

El nuevo Código Civil hecho con viejas trampas

Estos tropiezos no parecen haber amilanado a la tenaz Barrick Gold. Por el contrario, la multinacional del oro habría operado y estaría operando para relativizar los efectos de ley de protección de glaciares que pende sobre su cabeza, mediante el dictado del nuevo Código Civil y Comercial. Cuyo anteproyecto recibió súbitamente el año pasado un fortísimo impulso por parte de la presidenta Fernández de Kirchner, y está actualmente tratándose en las comisiones del Congreso Nacional, donde existen acusaciones de que está redactado para favorecer a las empresas mineras. Debiéndose apuntar al respecto que en la pirámide jurídica, un código es una ley superior que viene inmediatamente después de la constitución, al que deben sujetarse las leyes inferiores.

El ante proyecto, en el que intervinieron los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Higton, y otros juristas destacados del país, entre otras cuestiones establecía en su artículo 241, que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, al que “todos los habitantes tienen garantizado su acceso para fines vitales”. Sin embargo, según denuncian los legisladores de la oposición, para resguardar los intereses de las empresas mineras, al elevar el proyecto al Congreso, la presidenta Fernández de Kirchner habría introducido sustanciales cambios al texto, borrando de un plumazo la redacción de ese artículo 241, entre otras cosas.

“La eliminación del artículo 241 sobre derecho al agua potable en el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional junto con el derecho a reclamar daños de incidencia colectiva no parece casual dentro de un contexto en donde en los últimos meses han surgido conflictos relacionados con la actividad de la megaminería metalífera a cielo abierto, que tiene al agua, como principal insumo", dijo el senador socialista Rubén Giustiniani, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta.

Giustiniani hacía referencia así a otra modificación introducida en el artículo 240 del anteproyecto original, donde se fijan “Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes”.
En el cual también el Poder Ejecutivo efectúo mutilaciones y agregados muy sugestivos. Se establece en el mismo que el ejercicio de los derechos individuales, “debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva”. Pero a ese párrafo el Ejecutivo le mochó su terminación en el texto original, que agregaba que ello debía ser “en los términos del artículo 14” del mismo código, referido a los “Derechos individuales y de incidencia colectiva”.

En reemplazo de ello, el Poder Ejecutivó agregó que el ejercicio de esos derechos individuales “debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público”. Y en consonancia con esto, también mochó el párrafo que establecía que “los sujetos mencionados en el artículo 14 tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a participar en la discusión sobre decisiones relevantes conforme con lo dispuesto en la legislación especial.” Apartando así de un plumazo a los ciudadanos particulares a intervenir directamente en las cuestiones ambientales que pueden perjudicarlos.


A su vez para disimular el hachazo dado al artículo 241 original, referido a la garantía irrestricta al derecho al agua potable, al último párrafo del art 240 del texto original, el Poder Ejecutivo lo transformó en el art 241 que dice: “Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable.”

Sin embargo el manoseo por parte del Ejecutivo en la esencial cuestión ambiental y del agua no acabó allí, ya que también la emprendió contra el mencionado artículo 14 “Derechos individuales y de incidencia colectiva”. Al que mochó severamente, al eliminar enteramente el inciso b) referido a los “derechos individuales, que pueden ser ejercidos mediante una acción colectiva, si existe una pluralidad de afectados individuales, con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa común”, respecto la responsabilidad civil en que incurriría un contaminador. Y casualmente este el mismo derecho que esgrimieron las comunidades diaguitas en Chile, que lograron que la Justicia suspendiera la ejecución del emprendimiento en Pascua Lama de la Barrick; por lo que se podría decir que esta que se quemó con leche, cuando ve una vaca llora.

El Ejecutivo también mochó el inciso “c) derechos de incidencia colectiva que son indivisibles y de uso común” del mismo artículo. En la parte que decía “el afectado, el Defensor del Pueblo, las asociaciones registradas y otros sujetos que dispongan leyes especiales, tienen legitimación para el ejercicio de derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”. Desplegando así el Poder Ejecutivo sucesivas omisiones u obstáculos, para impedir o dificultar que particulares damnificados puedan emprender acciones judiciales contra la Barrick Gold y otras depredadoras ambientales (o de otra índole) que pudieran poner en peligro el accionar y lucro de estas.

Además en el anteproyecto se ratificaron ambiguas disposiciones del Código Civil de Vélez Sarsfield, de 150 años atrás, cuando no existía conciencia de la existencia de glaciares, zonas periglaciares, y nivología, y menos por parte de habitantes de la pampa húmeda. Dejando así una grieta abierta por la cual se pueda escurrir el agua que tanto necesita la Barrick Gold, para obtener su ansiado oro. Uno es el artículo 238, “Bienes de los Particulares”, que estipula que “los bienes que no son del Estado nacional, provincial o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derecho sobre ellos”.

El otro es el artículo 239, “Aguas de Los Particulares”, que establece que “las aguas que surgen en los terrenos de los particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas, siempre que no formen cauce natural”. El artículo se refiere al agua que mana de la tierra, y ese es el efecto que produce el derretimiento de los glaciares y zonas periglaciares. De tal manera esta agua también sería del dueño particular, que según la Real Academía, es el que tiene el dominio de la cosa.

Por lo tanto el alcance lato de este artículo, bien se podría entender como una privatización del agua de los glaciares, a favor de quienes tengan un dominio minero donde ellos se encuentran. Como es el caso de la Barrick Gold en Veladero y Pascua – Lama. Cuya obtención podrían acelerar de la misma manera que hizo la Barrick Gold en Chile, cubriendo de polvo los glaciares, echándole a la par la culpa al cambio climático, como hizo la Barrick en Chile. Y si hubiera algún reparo en cuanto a los alcances de la palabra dueño, la Barrick Gold con la ayuda del clan ultramegaminero Gioja, bien puede terminar comprando las cumbres de los Andes, a cambio de unas monedas, dado que no tendrá competencia alguna para ello.

Paradojalmente, para solucionar los problemas de la Barrick Gold en el lado chileno, donde el agua escasea enormemente, e impedir su litigiosidad judicial que ha paralizado sus emprendimientos, Michelle Bachellet propone la estatización total del agua, incluidos los glaciares. Por su parte Cristina Fernández de Kirchner en el lado argentino, donde el agua es mucho más abundante, propone una privatización implícita del agua de los glaciares. Desplegando a la par preventivamente una batería de obstáculos, con el objeto de obstar que los particulares damnificados ambientalmente por la Barrick Gold, puedan emprender acciones judiciales que impidan o paralicen sus proyectos. Tal como le sucedió en Chile. De tal manera entre los “revisores” del anteproyecto de nuevo Código Civil, parecen encontrarse principalmente la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros) el Mining Club, y la Barrick Gold.

La traducción de “rock feller” es “talador de roca”. Haciendo honor a ese nombre, el grupo Rockefeller como un conquistador moderno, parece estar empeñado en llevar a cabo esa tarea a toda costa. Para la que necesita apoderarse del agua, y así poder llevarse puesto el oro diseminado en la cima de la cordillera de Los Andes. Contando para ello con la indispensable ayuda a ambos lados de la cordillera, de Michelle y Cristina, gobernantas que parecen ser dos Malinches modernas.
Fuente: http://www.argenpress.info/2013/11/barrick-con-b-de-bachelet-y-k-de.html

 

En consecuencia, a 200 años, el capitalismo patentiza su "acumulación por exterminio"  y sólo los pueblos, desde autoorganizaciones abajo, están construyendo caminos emancipatorios. En esa unión de potencial subversivo avanza la:

 

Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica AIDESEP-APA-CIDOB-COIAB- CONFENAIE-FOAG- OIS- OPIAC-ORPIA

 

II Cumbre Regional Amazónica Vida Plena Amazónica frente al IIRSA

y Desarrollismo Mandato Guayupés (Villavicencio, 15.12.13 )

“Amazonía Indígena : Palabra Dulce, Aire de Vida”

 

Reunidos en el territorio del Pueblo Guayapés, en Villavicencio, Colombia, del 13 al 15 de diciembre del 2013, en la 2da. Cumbre Regional Amazónica, los pueblos indígenas amazónicos y las organizaciones nacionales de nueve países: Bolivia (CIDOB), Brasil (COIAB), Ecuador (CONFENIAE), Colombia (OPIAC), Guyana (APA), Guyana Francesa (FOAG), Perú (AIDESEP), Venezuela (ORPIA) y Surinam (OIS) y en diálogo con aliados de diversas entidades sociales, estatales, de derechos humanos y ambientales, hemos analizado los siguientes cuatro ejes temáticos, cuyas propuestas señalamos a continuación:

 

1.      Sustituir la mentalidad depredadora del extractivismo y desarrollismo
El desarrollismo de las industrias extractivas, orientado a asegurar el ingreso del gran capital en la región a expensas de los recursos naturales de los pueblos indígenas, vulnera los derechos individuales y colectivos; y son una amenaza en contra de la seguridad de los territorios indígenas, su autonomía, libre determinación y la vida plena de los pueblos indígenas amazónicos. Se vulneran los derechos fundamentales como la consulta previa, el consentimiento libre previo e informado y el derecho económico de los pueblos indígenas en el uso de sus propios recursos naturales. Para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial existe una amenaza latente, al dar prioridad al ingreso de industrias extractivas a sus territorios, antes que su efectiva protección. Se afectan las prácticas milenarias de conservación y aprovechamiento sostenible del bosque y recursos que los pueblos indígenas hemos conservado en una relación armónica entre lo humano y la naturaleza.

 

Proponemos 

El respeto a la autonomía y la libre determinación sobre nuestras propias formas de desarrollo y gobierno.

La seguridad jurídica de los territorios de los pueblos indígenas amazónicos; legalización de territorios no reconocidos de ocupación ancestral; y el reconocimiento de la soberanía permanente sobre los recursos naturales existentes en territorios indígenas. 

El diagnóstico de los efectos de las actividades extractivas; la identificación de los pasivos ambientales, y definición de Planes de remediación. 

Demandar a la Guyana Francesa (Francia), Surinam y Guyana la ratificación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas. 

Desarrollar la Estrategia regional de COICA de conservación y protección de territorios indígenas amazónicos. 

Efectiva protección de los territorios de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial.

Implementación de la Escuela de altos estudios de Vida Plena / Buen vivir, para el desarrollo conceptual y filosófico de la cosmovisión de los pueblos indígenas del Abya Yala. 

Solución de las demandas indígenas, como son, las del TIPNIS en Bolivia; la de los pueblos Paquizamba,ü Juruna, Arara, Kayapó Munduruku de Brasil por la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.

 

2.      Denunciar el IIRSA e impulsar una Integración que no Desintegre la Vida

Vivimos una situación extrema en nuestros territorios por efecto de los programas y proyectos que viene desarrollando el programa IIRSA en el marco de UNASUR y COSIPLAN, que beneficia a estados como los de China y EE.UU. y financiado principalmente por el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES), BM, BID y que incrementa los riesgos de despojo de los territorios de las poblaciones indígenas. Las organizaciones indígenas deben tener estrategia alternativas de lucha, no es suficiente hacer oposición, también debe existir una estrategia de negociación, que permita hacer incidencia en los estados nacionales (que son plurinacionales).

 

Proponemos 

Prevención, evaluación y seguimiento de las obras del IIRSA donde se prevé violación a los derechos indígenas y la falta de implementación del consentimiento libre, previo e informado. 

Reconocimiento e implementación de gobiernos territoriales indígenas ó de Autogobierno. 

Observatorio de comunicación regional, que permita socializar los programas y proyectos del IIRSA en los territorios indígenas, sus impactos y alternativas 

Incidir ante los gobiernos nacionales, para que respeten los tratados y convenciones internacionales indígenas y se apliquen en los proyectos que desarrollan en nuestros territorios. 

Promover mecanismos de transparencia en el accionar de los financiadores regionales con participación directa de los pueblos indígenas en estos organismos 

Incidir en las políticas de relacionamiento con el BNDES y espacios como UNASUR Y COSIPLAN, China, EEUU y la generación de políticas públicas a nivel regional, apoyados por los pueblos indígenas. 

Construir un modelo (protocolo) de consulta a pueblos indígenas, considerando el modelo Boliviano de la CIDOB y las dinámicas en cada estado nación (que son plurinacionales). 

Incidir ante la Presidencia de UNASUR con acompañamiento de ORPIA para discutir los asuntos que afectanü a los pueblos indígenas de la cuenca amazónica.  Incidir ante el BNDES, para discutir sus proyectos en nuestros territoriosü  Conformar una red indígena continental (sur, centro y norte) para hacer frente a los proyectos de IIRSA. 

Propuesta de prácticas indígenas en el manejo de recursos naturales, que sean reconocidas por los gobiernosü  Trabajar por leyes nacionales que responsabilicen judicialmente a las instituciones financieras (BID, BNDES,ü BM) por el financiamiento a empresas que vulneran derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

 

3.     Respeto a los Planes de Vida Plena de los pueblos indígenas amazónicos

Considerando los siguientes principios 

·         La importancia de reafirmarnos y valorarnos como indígenas, retomando nuestros valores y conciencia, con un código de ética en la COICA, para que cada Pueblo, seamos como rocas impenetrables ante la depredación; ya que la división en los pueblos, sería la destrucción de la Amazonía.

·         La necesidad del fortalecimiento de la identidad y espiritualidad indígena, que contagie al mundo con la palabra dulce y el aire de Vida Plena; basada en la unidad e interdependencia entre lo humano y la naturaleza; la interrelación entre el ser, el hacer y el cuidar; el retorno de la complementariedad entre hombres y mujeres; los derechos colectivos y ciudadanos de nuestros pueblos y la conexión íntima con el cosmos.

·         Lo esencial de saber lo que somos, para poder defenderlo. La Vida Plena solo es entendible, unida a los territorios, respirando y viviendo debajo de los árboles, con el agua y la naturaleza libres; escuchando a los abuelos, abuelas y las montañas; manejando la intra-culturalidad en nuestros pueblos y la interculturalidad con diálogo de saberes con todas las sociedades del mundo; abriendo círculos de palabra para retomar el verdadero aprendizaje, volviendo a los espíritus de las selvas para encontrar la alegría de la paz interior y mantener el orgullo de saber quiénes somos.

·         La emergencia para muchos de nuestros pueblos, que no podrán sobrevivir, si sigue la invasión capitalista que mercantiliza todas las formas de vida. A nosotros y al mundo, nos queda poco tiempo para garantizar la supervivencia.

 

Proponemos el siguiente Plan de Vida Plena de los Pueblos y Organizaciones Amazónicas:

 Seguridad Territorial de los Pueblos. Titulación de más de 100 millones de hectáreas como Territorios Integrales, con derechos sobre el suelo, sub suelo, bosques, aguas y otros recursos naturales. 

Estatutos colectivos por Pueblos, para que las decisiones estratégicas, sean tomadas por el conjunto de cada Pueblo; avanzando hacia las Circunscripciones Territoriales Indígenas y otras formas de libre determinación. 

Manejo Integral de los territorios titulados, en más de 170 millones de has, bajo nuestras cosmovisiones como culturas vivas y no del conservacionismo de “museo”; a través de sistemas económicos propios, de solidaridad, reciprocidad, conocimientos ancestrales, en la o la producción Agroforestal, Acuícola, Bioindustrial, para asegurar la soberanía alimentaria y tecnológica 

Implementación de Redd+ Indígena, superando la visión mercantilista de la Amazonía, fortaleciendo la resiliencia climática (que incluye mitigación y adaptación y va más allá) basada en nuestros derechos y cosmovisiones; con el manejo integral autónomo de nuestros territorios, sin piratería del carbono; y con la construcción conjunta entre Estados y pueblos indígenas, de las políticas nacionales climáticas. 

Reorientación del IIRSA, megaproyectos y concesiones extractivistas (mineras, hidroeléctricas,ü agroindustrias, hidrocarburos, biocombustibles, forestales, pesqueras), basadas en un pensamiento depredador; en base a la Consulta y Consentimiento Vinculante, como un Derecho de los Pueblos Indígenas, y no un simple procedimiento. Incluyendo la denuncia del IIRSA, desde los pueblos afectados, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU por violación de los arts. 6 (consulta) y 7 (desarrollo propio) del Convenio 169-OIT. 

Respeto a los Pueblos y a sus Planes de Vida Plena; como un derecho fundamental; que sean respetados, reconocidos y apoyados por los Estados; ser parte de los presupuestos y políticas públicas; e incluyendo a los Consejos de sabios y sabias de la Amazonia; nuestras formas de justicia y seguridad internas; y decisiones, frente a las industrias extractivas y megaproyectos, sea de no aceptarlas o de regularlas y controlarlas, e incluyendo las reparaciones socio ambientales, compensaciones e indemnizaciones que correspondan. 

Implementar un Programa Regional de Salud y Educación Propia, Intercultural Bilingüe; respetando lasü lenguas, visiones y conocimientos de cada pueblo, dando protagonismo a nuestros sabios y sabias; y que priorice la formación de las mujeres indígenas y la documentación ciudadana de la infancia. 

La implementación de un Programa de liderazgo de Mujeres y Juventud Indígena con acciones para enfrentar la desnutrición de la infancia indígena como co-responsabilidad familiar, del pueblo y los Estados; así como las Veedurías Indígenas sobre la Infancia Indígena, para protegerla de la explotación sexual, laboral, abandono y suicidios. No tendremos futuro alguno con una infancia maltratada. 

Cese de la criminalización y judicialización de los movimientos indígenas; y amnistía a los defensores y defensoras de la Vida Plena en la Amazonía. Cese de la persecución de los Presidentes de AIDESEP (Alberto Pizano) y CIDOB (Adolfo Chávez) y demás líderes y lideresas indígenas amazónicos 

Representación política indígena en los diversos niveles estatales, bajo nuestras propias formas deü representación e instrumentos políticos indígenas.

 

4.      Incidencia y Alianzas por una Amazonía Viva en defensa de la Humanidad

En hermandad entre COICA, CAOI, CICA, AMPB proponemos en la incidencia internacional siguiente: 

Participación indígena en la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco delü párrafo 248 de “El futuro que queremos” 

Retomar la agenda de Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos, en especial con el examen Periódico Universal (EPU) y Revisiones de los Organos de Control de Tratados, todos de la ONU 

Establecer la Escuela de Altos Estudios Amazónicos, para el estudio de nuestros conocimientos propios de los y la formación de líderes y lideresas capacitados en Diplomacia indígena internacional 

Estrategia de comunicación sobre las experiencias con megaproyectos, manejo de conflictos, proyectos o iniciativas ante el cambio climático y productivas  Alianzas con Gobiernos afines a nuestras propuestas como es el REDD Indígena Amazónico; y otros aliadosü que apoyan el movimiento indígena (comunidades locales, ONGs, sociedad civil)

 

Planteamos concentrar la incidencia internacional en los siguientes procesos y espacios internacionales: 

Foro Permanente de Cuestiones Indígenas (Mayo): Impulso de derechos de los Pueblos indígenas y del Redd Indigena Amazónico 

Participación en el Foro Social Pan Amazónico (FSPA) para impulsar la alianza entre pueblos indígenas y movimientos sociales de la cuenca amazónico sudamericana 

Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas (julio) en la Guyana Francesa  Pre Cop CMNUCC en Venezuela (Octubre) : Propuestas indígenas sobre territorio, derechos indígenas y cambio climático,  Convenio de Diversidad Biológica: Trabajo con la OMPI sobre derecho y propiedad intelectual indígena y la implementación del protocolo de Nagoya, sobre acceso y distribución de beneficios 

COP20 Cambio Climático: Presentación de REDD Indígena Amazónico, propuestas sobre Mecanismo de Perdidas y Daños y Pabellón Indígena  Cairo+20: Impulso de la Visión de las Mujeres indígenas en el Plan de Acción de Cairo 

Revisión de las Políticas y Salvaguardas 2014-2015 del Banco Mundial 

Foro ONU de Empresas y Derechos Humanos: Presentación de Casos, como el IIRSA. Dialogo Directo con las Empresas, Estados y Pueblos Indígenas

 

Llamamos a impulsar estas propuestas en todos los niveles organizativos indígenas amazónicos y durante las conmemoraciones de las luchas amazónicas, como las de Perú (5 junio 2009, Bagua), Bolivia (25 septiembre 2012,Chaparina), Ecuador (3 de septiembre del 2010, asesinato Bosco Wisum) y en Venezuela (4 de marzo del 2012, asesinato del cacique Sabino Romero del pueblo Yukpa).

 

La Vida al centro de la Amazonía…

No los negociados

Territorialidad, Libre determinación, Reciprocidad, Interculturalidad

 

Los Pueblos Indígenas Amazónicos, caminando sobre la huella de nuestros ancestros, desde Villavicencio llamamos a una amplia Alianza global por una Amazonía Viva

 

Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA

Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Colombia, OPIAC

 

Fuente: http://laboratoriosdepaz.org/wp-content/uploads/2014/01/Espa%C3%B1ol-Mandato-Guayup%C3%A9s-Final-16.12.13.pdf