Qué Estado

Agosto 2016

Sin seguridad jurídica de las transnacionales contra las comunidades en disputa de territorios.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

A 200 años, constatamos que el capitalismo no sólo hoy es acumulación por exterminio al acaparar los bienes comunes que son imprescindibles a la vida de todos los seres y a la dignidad humana. Sino también ha conseguido una efectiva manipulación psicológica y social. En efecto, justifica la militarización territorial de la siguiente manera:

 

Preparan al Ejército para defender recursos naturales
25 de febrero de 2007

En un giro doctrinario, se alistará para la protección de las reservas de agua dulce.

 

Por Daniel Gallo (La Nación)

"La guerra por los recursos" es el nombre oficial de la nueva doctrina militar. Un conflicto por el agua dulce es la mayor -y posible- amenaza que el Ejército visualiza para la Argentina en las próximas décadas. Por eso cambió este año sus normas de combate, mediante un trabajo teórico que proyectó las posibles amenazas hasta el año 2025.

En esa labor doctrinaria, que ya destacaron públicamente tanto la ministra de Defensa, Nilda Garré, como el presidente Néstor Kirchner, se afirma que "la posibilidad de conflicto con otros Estados por la posesión de recursos naturales es altamente probable".

En la práctica, la modificación de los planes militares implicará el cambio de ubicación de los comandos de los tres cuerpos de Ejército y la creación de unidades menores, en un período de tres años.

La reorganización establece la idea de que la defensa de los recursos naturales deberá hacerse, llegado el caso, ante una fuerza enemiga superior en tecnología, cantidad de tropas y poder de fuego. Ante la eventualidad de tener que enfrentar a una potencia, se prevén respuestas defensivas que, en teoría, incluyen hasta la guerra de guerrillas para hostigar a la fuerza invasora.

Importantes fuentes militares comentaron que efectivamente se puso en marcha el Plan Ejército Argentino 2025. Y que el primer paso fue el traslado del comando del II Cuerpo desde Rosario a Curuzú Cuatía. Los mandos del V Cuerpo pasarán desde Bahía Blanca a Comodoro Rivadavia el año próximo, y en 2009 el III Cuerpo abandonará su sede en Córdoba para instalarse en San Luis.

"Es una doctrina nueva ideada por nosotros, que no es una copia de doctrinas de otros países como antes", explicó un general.

 

En el trabajo se recomienda que la Argentina "deberá desarrollar organizaciones militares con capacidad para defender a la Nación de un enemigo convencional superior. Para ello deben prepararse los elementos para hacer frente a operaciones dinámicas, sin frentes, sin tiempo suficiente de preaviso, con organizaciones de pequeña magnitud, con apoyo territorial preparado de antemano y capaces de organizar los recursos humanos y materiales locales en función del conflicto".

 

Durante muchos años se debatió en el país para qué están las Fuerzas Armadas. Se afirmó entonces que el período de paz regional, a partir de la fuerte interrelación económico-social con los vecinos, dejaba sin funciones a las tropas. Pues bien, dentro del Ejército también se pensó la función de esa fuerza proyectada al año 2025 y los mandos castrenses encontraron las posibles amenazas sobre recursos naturales y diseñaron la respuesta. Uno de los más importantes generales reseñó el pensamiento: "Ese será el tipo de conflicto que podemos tener".

El eje de los estudios del Ejército está colocado en la reserva de agua dulce subterránea conocida como Acuífero Guaraní, que abarca 220.000 kilómetros cuadrados en la Mesopotamia argentina, más de 800.000 kilómetros cuadrados en Brasil, y sectores en Uruguay y Paraguay. En la visión militar, la disputa por ese recurso natural es la mayor posibilidad de que el país entre en un conflicto bélico.

Y no se trata de una referencia dicha al paso, sino de un plan de batalla posible en un escenario de invasión que será el eje de todos los ejercicios del Ejército en los próximos años.

Si bien el proyecto sobre 2025 lleva varios años en estudio, las circunstancias políticas habilitaron su puesta en marcha. El año último fueron múltiples las reformas que empezaron a diseñarse sobre la estructura militar desde las autoridades políticas. LA NACION adelantó cada uno de esos planes, que incluyen reorganizaciones de unidades de las tres fuerzas, nuevas estructuras de comando apoyadas en el Estado Mayor Conjunto y directivas militares diferentes, dictadas por el presidente Kirchner. En ese ambiente de cambios, el Ejército tuvo espacio para promover su propia reforma.

La doctrina de guerra por los recursos tiene su base en la posición estratégica defensiva que impuso el Gobierno como directiva militar. La Casa Rosada estableció así la idea central; en el Edificio Libertador se ideó la forma de materializar ese concepto. Y, además de las maniobras militares tradiradicionales, la doctrina puesta en marcha dependerá de la actitud de la población civil.

"Será necesario prever durante la paz todos los aspectos relativos a la coordinación e integración entre fuerzas militares y la población local para oponerse al enemigo con mayor eficacia", es la referencia que puede encontrarse en el nuevo pensamiento militar. (…)
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/886564-preparan-al-ejercito-para-defender-recursos-naturales

 

 

Descubrimos cuál es la real y efectiva disputa de territorios en:

 

 

La década extractiva

25 de mayo de 2013

Soja, minería, monocultivo de árboles y petróleo. Desalojos, fumigaciones, desmontes y tierra en pocas manos. Judicialización y represión sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Las corporaciones y los asesinatos en el campo profundo. Diez años que dejaron heridas. 

INFORME ESPECIAL

Por Darío Aranda 

El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en 2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento). Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos, desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las corporaciones. Balance de una década extractiva.


Soja

 

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba 12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas cultivadas). 

En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56 por ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”. 

La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en informes de las propias empresas de agronegocios. 

El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, provincias, universidades y empresas, fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42 millones. 

No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre territorios campesinos e indígenas. 

El avance del agronegocios llega incluso a límites inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos. 

El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57 por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada. 

En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto (organizaciones con buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo que falta”. 

“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra, monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”, afirma el comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.

Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a favor de la economía popular”. 

Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas. 

Monocultivo de árboles 

La Ley 25.080 fue aprobado por el menemismo (1999). Subsidia todos los pasos productivos, las empresas no deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Además cuentan con devolución del IVA. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años (cualquier modificación impositiva, que afecta a todos los ciudadanos, no modifica el régimen fiscal de las compañías). 

El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas. 

Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes (ambas con ocho por ciento). 

Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema del monocultivo en la tierra colorada. 

La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada por el Congreso en noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas nucleadas en AFOA. 

Petróleo

Néstor Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos Menem). En octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas. También se renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y profundización del neoliberalismo de la década del noventa. Hubo renovación de concesiones y amplios beneficios para los actores transnacionales, donde se les mantuvieron todos los amplios beneficios que tenían”, afirmó Diego Di Risio, del Observatorio Petrolero Sur. 

El OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó expectativas y pensaron en la posibilidad de que sea un punto de inflexión. “El último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la década del noventa”, afirmó Di Risio. 

No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un “corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Muestra de eso: la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es en Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio. 

La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la extracción con la técnica de "fractura hidráulica" (también llamado “fracking”). El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al desarrollo de técnicas para explotar yacimiento “no convencionales”, que se encuentran en una “roca madre”. Es necesaria la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo. 

El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón y Los Conquistadores. 

YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de gestión 2013-3017”. En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias. 

La semana pasada, YPF anunció la firma de un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca neuquina). Y avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta (Mendoza). 

La Confederación Mapuche de Neuquén denunció que se está violando toda la legislación indígena (provincial, nacional e internacional) que obliga al “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades. La Confederación Mapuche ya alertó que resistirá el nuevo avance petrolero. 

Minería

La Secretaría de Minería de Nación emitió el 13 de enero de 2012 un comunicado: “Histórica inversión (minera)”. Informó el aumento de la exploración en un 664 por ciento en los últimos ocho años. El comunicado remarcó que “el récord histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad” y explicó que ”el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja. 

Siempre según datos oficiales (informe “La minería en números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003. 

Nunca antes la minería había crecido tanto. 

El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la Presidenta hizo una puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y cuestionó a los ambientalistas --luego se supo que era un militante del PJ--) y reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería. 

El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de camiones de Alumbrera. 

“En estos últimos diez años la minería fue uno de los sectores que más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y una producción de minerales que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la agencia estatal Telam del 19 de mayo pasado. El título es claro: “Década minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013”.

Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un nivel de crecimiento sin precedentes". Y destacó que la premisa del Gobierno es "profundizar la visión de considerar a la Minería como política de Estado”. 

Otro dato de importancia sectorial fue la constitución de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), en 2012, con la participación de las provincias mineras, con el fin de favorecer el desarrollo regional generando empleos y oportunidades para pymes de servicios nacionales. Espacio gubernamental-empresario para impulsar la actividad.

La megaminería es cuestionada por medio centenar de asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad: la contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales (“bienes comunes”), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro desean para los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y políticos decidan, sin escuchar a las poblaciones, la explotación de yacimientos mineros. 

En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si aceptaban o rechazaban la megaminería. Esquel (2003) y Loncopué (Neuquén, 2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por ciento de los votos. Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja). 

Leyes 

En la última década el Congreso Nacional, con mayoría oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al extractivismo. 

En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena los procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Y ordena relevar, en tres años, todos los territorios indígenas. 

El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta noviembre de 2013. A casi seis años de la sanción, hay provincias donde aún no ha comenzado el relevamiento (Neuquén). 

La Auditoría General de la Nación (AGN) alertó en junio de 2012 que en tres años sólo se había relevado el cuatro por ciento de las comunidades y destacó que se desconocían el destino del 70 por ciento de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa. “El Programa de Relevamiento Territorial ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”, denunció la AGN. 

La llamada “ley de glaciares” fue sancionada dos veces. Fue aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008. Se interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la megaminería. Fue vetada por la Presidenta el 10 de noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet. 

La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar (por una presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley. 

La norma estableció un plazo de 180 días para la realización del relevamiento. 

En marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el “primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”. 

El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente de la Nación. Pero nunca hizo público los informes completos. 

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (más conocida como Ley de Bosques) se sancionó el 28 de noviembre de 2007. Pero la Presidenta tardó catorce meses en reglamentarla. Lo hizo luego del alud que inundó y destruyó parte de la ciudad de Tartagal, febrero de 2009, donde organizaciones sociales y académicos apuntaron a la tala selectiva por venta de madera y por la actividad petrolera. 

A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado, Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre presentaron un informe conjunto en el que --en base a datos oficiales-- evaluaron el nivel de cumplimiento de la Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y 2011 se desmontaron 932.109 hectáreas. Santiago del Estero (399.660), Salta (222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con mayor deforestación”, afirman las ONGs. 

El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se deforestaron 1.145.044 hectáreas. 229.009 hectáreas por año, 627 hectáreas por día. 26 hectáreas por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. 

Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco años. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado. 

Corporaciones 

“No soy la Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción, en el Congreso Nacional. 

En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas periodísticas. 

El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter transgénico”. 

Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el 27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86 por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de agrotóxicos. 

Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”). 

Como ya fue mencionado, YPF anunció un “preacuerdo” con la estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles), 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y campesinos. 

Modelo 

Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada ha significado el avance en la restitución y recuperación de derechos conculcados y/o vulnerados desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de guerra de los '90, también hay que marcar en esta década se ha abierto también un nuevo ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y reprimidas, por policías provinciales, por la Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas desde una perversa articulación 'público-privada' por terratenientes sojeros, empresarios mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”. 

Araóz, coautor del libro “15 mitos y realidades de la minería transnacional en Argentina”, describe que en la última década en las provincias ha crecido el (término nuevo) “feu-deralismo extractivista”. Explica que los “ingresos” de las actividades primario-exportadoras han contribuido muy poco a avanzar en la democratización de las sociedades: "Si bien se han recuperado los niveles de empleo y se ha reducido la pobreza, también es cierto que ha crecido la proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de punteros políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y recursos asistencialistas”.

Resume al extractivismo como la “combinación de la depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia sustantiva”. 

Pueblos originarios 

En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”. Habían marchado durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia). Y fueron recibidos por la Presidenta. Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal demanda de los pueblos indígenas: el territorio. 

Un año después, se conoció el audio de esa histórica reunión. La Presidenta advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades y les pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad. 

Fue la confirmación de que el modelo extractivo (ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio indígena. El discurso de la Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También llamó a ser “realistas” y “sensatos”.

Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra Paz Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San Juan. ”Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones porque no es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene (...) Soy capaz de decirle en la cara y mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos un territorio avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe y, frente a la misma Presidenta, le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y provincial que ejecute las leyes”. 

A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por 'ganada' y otros por 'perdida'. Para los pueblos indígenas es una década ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este Gobierno no cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a las multinacionales mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”. 

Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa. La sistemática violencia del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales. 

Represión 

El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió violentamente enTinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases lacrimógenos para todos. 

La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC, que reúne a asambleas de todo el país) declaró el estado de altera y movilización. “La respuesta de los gobiernos cómplices de las transnacionales ha sido la represión (…) Las amenazas y los maltratos hacia las resistencias populares a la brutal megaminería no finalizan (…) La brutalidad y las amenazas provenientes del Estado nacional y los estados provinciales, no cesa. Las empresas mineras pretenden avanzar sin más, imponiendo su política de ganancias y destrucción”. 

En julio pasado, en Cerro Negro (cruce de rutas 40 y 60), la policía de Catamarca y grupos de choque reprimieron a asambleístas que rechazan la megaminería y bloqueaban el paso de camiones de Minera Alumbrera. En un hecho insólito en democracia, 56 militantes fueron forzados por la policía a dejar la provincia. 

En noviembre pasado fue el turno de Rawson, donde patotas promineras, de la Uocra y punteros políticos golpearon con cadenas y palos a asambleístas en la puerta de Legislatura. 

El sábado 11 de mayo pasado reprimieron a asambleístas de Famatina (La Rioja), que resiste el avance de la megaminería. El miércoles 22 de mayo, la policía de Chaco reprimió un corte de ruta en Castelli (realizado por comunidades qom y organizaciones sociales que reclamaban por la forma de distribución de planes sociales). Ayer nomás, 24 de mayo, fue el turno de comunidades Tonocoté en Santiago del Estero. 

Sólo un puñado de las decenas de represiones de los últimos años. 

Y la judicialización también está presente. Sólo en el NOA hay 150 activistas socioambientales judicializados. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas contabilizó 347 integrantes del Pueblo Mapuche judicializados en Neuquén por defender el territorio. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC) precisa que 500 campesinos enfrentan causas judiciales por resistir los desalojos. 

En los últimos años cinco años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé --beba de 10 meses-- (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco). 

Tanto la violencia contra asambleas socioambientales como los asesinatos de campesinos e indígenas tienen un denominador común: el silencio de la Presidenta
. 

Fuente: http://www.comambiental.com.ar/2013/05/la-decada-extractiva.html

En consecuencia, a 200 años el sistema mundo capitalista no sólo desterritorializa a comunidades y pueblos aplastándolos en su estar siendo culturas sino también les quita toda posibilidad de vivir al dejarlos sin agua o sin poder obtener o producir sus alimentos.

 

Del Sahara a Canadá, la industria minera y petrolera

priva a las poblaciones de un bien vital, el agua

25 de julio de 2016

Por Olivier Petitjean

Basta!

 

"Desde el Sáhara argelino a las montañas andinas la cuestión del agua suele ser el centro de las protestas contra los proyectos mineros o de sondeos de hidrocarburos".

Algunos querrían mantenernos en el siglo XIX y no sólo en el ámbito del derecho laboral: la propuesta de abrir nuevas minas o de autorizar la fractura hidráulica en Francia es producto de la misma lógica de regresión social y medioambiental en nombre del beneficio de algunos. Un nuevo informe publicado hoy [30 de mayo de 2016] por nuestro Observatoire des multinationales [Observatorio de las Multinacionales] con el apoyo de France Libertés saca a la luz el peligro que representan para este bien vital que es el agua las minas y los sondeos petroleros o de gas, a los que ya se había acusado de contribuir al desajuste climático.

 

En los países andinos los campesinos y los indígenas luchas contra los megaproyectos mineros en la cima de sus montañas. En Australia se establece una alianza muy poco habitual entre agricultores y ecologistas contra la explotación del «gas de esquisto» que necesita recurrir a la fractura hidráulica. En Brasil y Canadá los residentes locales y las autoridades acusan de incuria a las empresas mineras tras la ruptura de embalses mineros que contenían aguas residuales tóxicas. En Argelia la población del sur del Sáhara se rebela contra la llegada del gas de esquisto. También en Francia varios colectivos ciudadanos denuncian unos proyectos de nuevas minas, aunque a día de hoy las antiguas minas abandonadas siguen contaminando su entorno. Todas estas luchas tienen un punto en común: el agua.

 

Algunos querrían mantenernos en el siglo XIX o hacernos volver a él y no solo en el ámbito del derecho laboral, también en el dominio de las «industrias extractivas». Desde la década de 2000 el planeta ha conocido una verdadera explosión de nuevas minas y nuevos sondeos petroleros y de gas bajo el efecto del crecimiento de China y de los países emergentes, pero también de la demanda de economías supuestamente «inmateriales» (basadas en las tecnologías de la comunicación y de la información) que son, sobre todo, cada vez más consumistas y no igualitarias. Basta con pensar en los minerales y la energía necesarios para producir y utilizar los smartphones y las redes sociales. Y en la propia Francia muchos industriales y políticos defienden en nombre del crecimiento la apertura de nuevas minas o el desarrollo del gas de esquisto.

 

Sin embargo, tras los complacientes discursos «responsables» de las empresas, la realidad de las minas y del petróleo a menudo sigue presentando la misma cara que en una época que nos gustaría creer superada: una realidad de inseguridad y de contaminación que afecta tanto a los trabajadores como a las personas que viven en el lugar, una realidad de violencia y de conflictos sociales, de connivencia política y de millones de dólares o de euros que se acumulan en las sedes sociales de las multinacionales en París, Londres, Nueva York o Toronto.

 

Amenazas a un bien vital:

El informe "Eau et industries extractives: la responsabilité des multinationales" [Agua e industrias extractivas: la responsabilidad de las multinacionales] publicado por el Observatoire des multinationales con el apoyo de France Libertés estudia uno de los impactos de las industrias extractivas: su impacto sobre el agua (ver aquí). Las no siempre bien conocidas consecuencias directas e indirectas de las minas y de los sondeos sobre los recursos en agua no dejan de revestir una importancia capital puesto que el agua es esencial para la vida y la salud de las poblaciones, al igual que para la integridad de los ecosistemas, y puesto que las repercusiones de las explotaciones extractivas se pueden sentir durante mucho tiempo. Por esa razón, desde el Sáhara argelino a las montañas andinas la cuestión del agua suele ser el centro de las protestas contra los proyectos mineros o de sondeos de hidrocarburos.

Este informe es producto de un trabajo de investigación de varios meses, basado sobre todo en informes sobre el terreno concernientes a proyectos extractivos, realizados sobre todo por multinacionales francesas, y los conflictos que suscita desde Australia a Colombia, pasando por Túnez, México, Estados Unidos, Canadá e incluso Francia. Saca a la luz las múltiples maneras en las que el sector extractivo (minas, petróleo y gas) afecta a los recursos de agua, así como la falta de adecuación de las reglamentaciones vigentes, la falta de conocimientos científicos y la inconsistencia de las respuestas aportadas por las empresas concernidas.

La contaminación empeora:

El impacto que las industrias extractivas tiene sobre el agua no tiende a atenuarse gracias a una «modernización» de las técnicas, todo lo contrario. Los recientes avances en el sector extractivo, como los hidrocarburos no convencionales (gas de esquisto, arenas bituminosas…), presentan unos riesgos significativamente mayores para los recursos de agua. Lo mismo ocurre con los proyectos mineros en zonas cada vez más recónditas, como las cumbres de las montañas andinas, o que implican triturar y tratar cada vez más cantidad de roca para explotar unos filones cada vez más modestos. Existe el riesgo de que la crisis por la que atraviesa actualmente todo el sector extractivo sirva de pretexto para recortar aún más en muchos países las regulaciones sociales y medioambientales, que ya está muy debilitadas.

En un momento en que el gobierno francés y los industriales planean abrir nuevas minas en la Francia metropolitana y en que algunas personas defienden el desarrollo del gas de esquisto en Europa, esta constatación debería servirnos de advertencia, tanto más cuanto que parece que no se han aprendido bien las lecciones del pasado. Entre otros muchos, el ejemplo de Salsigne* en la región francesa de Aude demuestra que los antiguos emplazamientos mineros franceses siguen contaminando todavía hoy el agua y el medioambiente. Sin embargo, la reforma en curso del Código Minero, de la que es responsable el ministerio de Economía y Finanzas de Emmanuel Macron, ignora olímpicamente estos retos. A pesar de ello, es imperativo abrir el debate.

* Salsigne fue la principal mina de oro de Francia, cerrada en 2004 tras un siglo de explotación, y la primera mina de arsénico del mundo. La contaminación del agua debido al arsénico es altísima en toda la región: ver aquí

- Traducción del francés por Beatriz Morales Bastos.

Rebelión

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214781&titular=del-sahara-a-canad%E1-la-industria-minera-y-petrolera-priva-a-las-poblaciones-de-un-

 

 

En la realidad concreta de Argentina, el gobierno-Estado en todas sus jurisdicciones garantiza que las transnacionales (y socios locales) usen enormes volúmenes de agua sin importar las poblaciones. De ahí nuestro desafío, abajo y a la izquierda, de involucrarnos en:

 

 

“El agua vale mucho más que el oro”
8 de noviembre de 2008

 

Con una carpa frente al Congreso, ayer terminó la semana de protesta y difusión sobre los efectos sociales, económicos y ambientales de la industria extractiva. Organizaciones sociales piden derogar las leyes mineras y proteger los recursos naturales.

 

Por Darío Aranda

 

Argentina cuenta con cinco mil kilómetros de cordillera, una decena de yacimientos mineros metalíferos en explotación y 50 emprendimientos a gran escala en exploración. También existen innumerables denuncias por contaminación, un centenar de pueblos que rechazan la actividad y una carpa blanca, frente al Congreso, con una certeza: “El agua vale mucho más que el oro”. Impulsado por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de articulación de 300 organizaciones, militantes de todo el país ayunaron toda la semana y escracharon al Seminario Internacional Argentina Oro 2008, una ronda de negocios que reúne a empresas internacionales, gobiernos provinciales y funcionarios nacionales que impulsan la actividad. “El 70 por ciento del agua dulce del país proviene de la cordillera, esas montañas son la fábrica del recurso más indispensable que necesitamos para vivir. Esas montañas, y esa agua, están siendo contaminadas por la minería”, advierten desde la UAC.

 

Ya no existe la clásica imagen de túneles oscuros en las montañas, con mineros, picos, palas y pepitas de oro. Para extraer metales se utiliza maquinaria de última tecnología, gigantes palas mecánicas, monumentales explosiones y enormes piletones con sopas químicas. Además de la utilización de inmensas cantidades de agua, siempre en zonas semidesérticas. Testigos de esa situación, los pueblos cercanos a los yacimientos trajeron esa realidad a la ciudad de Buenos Aires. Con la consigna “Contra el saqueo y la contaminación”, carpas, carteles, banderas, ayunantes y mucha información; cartillas, trípticos, videos, audios, libros y charlas con especialistas. “Se cumplió con el objetivo de dar visibilidad a una lucha silenciada en las grandes ciudades. Se pudo comprobar, con información, que la minería a gran escala no produce trabajo, no genera riqueza para el país, derrocha millones de litros de agua y contamina”, explicó a modo de balance Cristina Mandale, ayunante mendocina e integrante de la UAC.

 

Las exportaciones mineras del país se multiplicaron en la última década. Según datos oficiales de la Secretaría de Minería, en 1993 Argentina exportaba 15,8 millones de dólares. Después de aprobada la nueva legislación de la actividad, durante el menemismo y aún vigentes, el cambio fue drástico: en 2007 se exportaron 3500 millones de dólares. Al amparo de las leyes, las empresas no pagan impuestos a los combustibles (el que todos pagan cuando cargan nafta), ni sellos ni tasas para la importación. En los primeros cinco años no pagan impuestos nacionales, provinciales ni municipales.

 

Durante toda la semana, las Asambleas Ciudadanas también denunciaron que las mineras no pagan impuestos a las Ganancias ni Ingresos Brutos, no pagan IVA ni impuestos por ingreso de maquinarias y gozan de estabilidad fiscal por treinta años (cualquier modificación, por ejemplo el impuesto al cheque, que pagan todos los argentinos, o el corralito de 2001, no los afecta). Las empresas no tienen retención a las exportaciones (como sí tienen, por ejemplo, los productos agropecuarios), por lo cual mayores exportaciones no significan mayores ingresos a las arcas del Estado. Al paquete de normas beneficiosas, el sector minero lo llama eufemísticamente “régimen minero confiable”.

Paras las mismas leyes, las UAC utilizan otra definición: “Saqueo”. Y lo gritaron el miércoles en la puerta del lujoso hotel Emperador, sede de la ronda de negocios Argentina Oro 2008, auspiciada por Barrick Gold (la empresa mundial del sector), Minera Alumbrera (caso testigo de minería en Argentina, con innumerables acusaciones de contaminación) y las embajadas de Canadá y Suecia. El escrache incluyó pintadas, radio abierta y máscaras que representaban la muerte producto de la contaminación. El comité ejecutivo del seminario internacional está encabezado por el presidente de Alumbrera, Julián Rooney, procesado por el presunto delito de contaminación. Y el presidente honorario del encuentro es el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, férreo impulsor de la actividad en la provincia, con el yacimiento Veladero en explotación y el binacional Pascua Lama en construcción.

 

En el encuentro se explicitó que Argentina es sindicada como una de las vedettes del sector. Con 75 por ciento de sus recursos inexplorados y regalías de sólo el tres por ciento, empresas de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia, Suiza, Sudáfrica y China huyen de sus países por los controles ambientales e impositivos estrictos, y señalaron a Argentina y la región como el destino de la década. En el seminario, el gobierno nacional festejó que tiene en carpeta 59 proyectos metalíferos y augura que, para 2015, habrá 18 proyectos de gran escala en plena explotación.

 

“El Gobierno afirma que las AFJP son un saqueo. ¿Y por qué no dicen lo mismo de la minería, donde el robo es más evidente?”, resaltan los ayunantes en Plaza Congreso, y equiparan industrias extractivas: “La soja, las pasteras y mineras son parte de un mismo modelo que privilegia ganancias por sobre las personas y la naturaleza”.

El secretario de Minería, Jorge Mayoral, se mostró locuaz en el seminario Argentina Oro. “El crecimiento sostenido de la producción nacional de oro, sumado a la puesta en marcha de nuevos emprendimientos productivos, insertará a nuestro país en el club de los nueve mayores productores auríferos del mundo en los próximos cinco años”, festejó en su discurso al cierre del encuentro aurífero. Mayoral también remarcó que la producción del metal aumentó 70 veces en los últimos años, aseguró que Argentina es el segundo productor de oro de Sudamérica (y 14 en el mundo) y precisó que las principales provincias productoras son Catamarca, San Juan y Santa Cruz.

El caso testigo de la minería metalífera en Argentina es el yacimiento Bajo la Alumbrera, en Catamarca, donde remueve 340 toneladas de roca por día. Por cada tonelada de roca obtiene seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan de que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en toda la Argentina. Los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.

Un aspecto fundamental es el uso de un bien escaso como el agua. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1100 litros por segundo, casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. El agua utilizada es irrecuperable. No hay tratamiento posible para que vuelva a ser aprovechable. Otras cifras del emblema minero nacional: cuatro derrames tóxicos comprobados y una decena de denuncias por contaminación.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-114686-2008-11-08.html

 

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

A 200 años el sistema mundo capitalista progresa arrasando pueblos y comunidades según distintas modalidades.

 

México: Guerra disfrazada de consulta

25 de julio de 2016

Por Silvia Ribeiro

"Los demandantes impugnaron la imposición de una consulta, con el objetivo de que el tribunal reconsidere la anulación del permiso de siembra de soya transgénica".

La siembra de soya transgénica en la península de Yucatán es muy grave por gran cantidad de razones: viola derechos de las comunidades y pueblos originarios de la región, amenaza sus territorios y fuentes de sustento, como la apicultura; promueve la deforestación; implica un despliegue inusitado de agrotóxicos, con altos impactos a la salud, al medioambiente y a la biodiversidad, y pone en riesgo un ecosistema único de suelos kársticos de alta permeabilidad, a cenotes y cuerpos de agua subterráneos, lo que a su vez llevará a alta contaminación del agua potable con glifosato, agrotóxico declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud.

Algunos de estos factores y otros adicionales llevaron a que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y el entonces Instituto de Ecología emitieran dictámenes negativos a la liberación de soya transgénica en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. También a que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas expresara una larga lista de serias preocupaciones al respecto. Pese a esto y contra la expresa oposición de comunidades, apicultores, técnicos y pobladores de la península, la Comisión de Bioseguridad (Cibiogem) y la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) autorizaron a Monsanto en 2012 la siembra de 235 mil hectáreas de soya transgénica, en estos y otros estados del país.

Desde entonces, varias asociaciones de apicultores, comunidades y organizaciones no gubernamentales, que incluyen a la coalición MA OGM y Greenpeace, presentaron amparos contra este permiso. Las maniobras de empresas e instituciones gubernamentales implicaron un tortuoso camino que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, a finales de 2015, resolvió suspender la siembra hasta que se realizara una consulta con las comunidades indígenas de Campeche y Yucatán.

Siendo un triunfo que la Corte reconociera que este aspecto había sido violado, el abogado Jorge Fernández Mendiburu señaló que era una victoria envenenada, porque el fondo de las demandas, por daños al ambiente y salud, habían sido descartados. Además, si no le son favorables, las autoridades pueden no tomar en cuenta el resultado de las consultas, como ha sucedido en otros conflictos en territorios de comunidades indígenas, como la tribu yaqui contra el acueducto Independencia, los rarámuri contra el gasoducto en Barrancas del Cobre y otros.

El proceso en Campeche y Yucatán que está en una primera fase de acuerdos previos sobre cómo realizar la consulta, está siendo desde ya objeto de burdos ataques y agresiones por autoridades, apoyadas por las empresas. La misión de observación que se constituyó a pedido de las comunidades, denunció que Sagarpa, Cibiogem y la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas no respetan el proceso, convirtiendo lo que serían sesiones de información en actos de propaganda a favor de los transgénicos, permitiendo la entrada a agricultores y miembros de campos menonitas, a favor de los transgénicos, que crean un ambiente de amenaza.

En Hopelchén ocuparon el lugar de la reunión, impidiendo de facto la entrada a las comunidades que deben ser consultadas (ver aquí).

Greenpeace denunció también que algunos llegaron en camionetas de las trasnacionales semilleras(ver aquí).

Destacan en ese deplorable contexto las declaraciones de Yuri Peña, de Ecosur, presidente del Consejo Consultivo de Cibiogem –del que para muestra basta este botón–, quien instó en una de las reuniones a las comunidades mayas a liberarse del miedo a los transgénicos, alegando que si Europa los rechaza es porque son ignorantes. Ante tal falacia de forma y contenido, más de 70 estudiantes de doctorado y doctores investigadores de Ecosur escribieron una carta pública, explicando que sus declaraciones no representan ni a esa institución ni a su comunidad científica y declaran que “…existe suficiente evidencia científica en cuanto a los riesgos potenciales que la siembra de transgénicos representa para la sociedad y en específico para la seguridad alimentaria, la economía y la naturaleza de México, así que llamamos a hacer uso del principio de precaución y no permitir la siembra de semillas transgénicas en nuestro país”.

Atinadamente agregan que si bien los científicos tienen un papel para traducir honestamente temas complejos para su compresión general, decisiones como ésta exigen tomar en cuenta muchas otras perspectivas y conocimientos (ver aquí).

Mientras prosigue esta guerra disfrazada de consulta, en Quintana Roo, el juez sexto de distrito sentenció este año que también en ese estado se había violado el derecho a la consulta. Miembros del Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, integrado por indígenas, campesinos, apicultores y ejidatarios del pueblo maya del poniente de Bacalar, con el respaldo del Colectivo Apícola de los Chenes, EDUCE, la coalición MA OGM y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), ya presentaron un recurso de revisión de esa sentencia.

Raymundo Espinoza, abogado en este caso y asesor de la ANAA, señaló que si bien es cierto que se viola el derecho a consulta –que aparece en todos los casos como un trámite que se puede subsanar para seguir adelante con la siembra– aludir sólo a este aspecto, pretende eliminar las cuestiones que preocupan a los pueblos. Por ello los demandantes impugnaron la imposición de una consulta, con el objetivo de que el tribunal reconsidere la anulación del permiso de siembra de soya transgénica, verdadero propósito de la demanda (ver aquí).

No es lo mismo consulta que consentimiento previo, libre e informado. Y ninguna comunidad, ni campesino o apicultor maya consiente con los transgénicos.

La Jornada

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Mexico_Guerra_disfrazada_de_consulta

 

 

Reflexionemos sobre lo anterior teniendo en cuenta que:  "El cuidado del maíz siempre ha estado entretejido a la vida de los pueblos en México y Mesoamérica como un elemento esencial, pero nunca separado de la milpa –que incluye frijol, calabaza, jitomate, quelites y muchas otras plantas–, ni de las asambleas, de las fiestas y celebraciones de las comunidades que de diversas formas marcan las estaciones y los cambios, afirman y reavivan los lazos con la naturaleza, la tierra, el territorio. Presencia tan fuerte que sigue viva en las ciudades, donde el maíz es alimento principal de la población".

 

 

México: En defensa del maíz, otra vez

16 de mayo de 2016

Por Silvia Ribeiro*

El 20 y 21 de abril de 2016 comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil, que somos parte de la Red en Defensa del Maíz, nos reunimos para analizar, compartir, revisar y trazar caminos por la defensa de los pueblos del maíz.

Recordamos el primer Foro en defensa de maíz, convocado en 2002, como ahora, por Ceccam y otras organizaciones y comunidades preocupadas por el entonces reciente hallazgo de contaminación transgénica en maíces campesinos en Oaxaca. Desde entonces, comunidades y organizaciones hemos venido afirmando una diversidad de resistencias y formas de proteger el maíz de la contaminación, estableciendo una auténtica moratoria popular contra los transgénicos, desde campos y ciudades.

Otras organizaciones, que eligieron la defensa legal, lograron amparos y medidas que retrasaron los permisos de siembra y en 2013 una demanda colectiva logró la suspensión legal de la siembra experimental y comercial de maíz transgénico en México, proceso que sigue en pie, aunque sufrió un revés en marzo 2016, con una sentencia que volvió a autorizar la siembra de maíz transgénico experimental. Este punto fue analizado con preocupación, ya que las empresas, apoyadas por las autoridades, seguramente intentarán nuevamente sembrar y vender maíz transgénico a gran escala, aumentando las fuentes de contaminación.

 

El encuentro, que contó con participantes de los cuatro puntos cardinales del país, afirma en su declaración: “Seguiremos impidiendo que entren a nuestras regiones o a nuestras comunidades semillas ajenas o de asistencia, porque estamos empeñados en mantener una moratoria de facto a la entrada de maíces transgénicos a nuestras regiones. Eso ha impedido hasta ahora que la invasión transgénica se haya generalizado. Como medida preventiva urgente seguiremos manteniendo la alerta roja, poniendo toda la atención posible al desarrollo de nuestros cultivos en la milpa, y no permitiremos que nadie de fuera (ni ONG, ni empresas y mucho menos el gobierno) venga a nuestras regiones a querer descontaminar. Sólo nosotros decidiremos cómo hacerlo.” La Red en Defensa del Maíz hace años viene compartiendo diversas formas de observación campesina de las diferencias que pueden surgir en las milpas, así como reflexión comunitaria sobre cómo entra la contaminación y cómo prevenirla.

 

El cuidado del maíz siempre ha estado entretejido a la vida de los pueblos en México y Mesoamérica como un elemento esencial, pero nunca separado de la milpa –que incluye frijol, calabaza, jitomate, quelites y muchas otras plantas–, ni de las asambleas, de las fiestas y celebraciones de las comunidades que de diversas formas marcan las estaciones y los cambios, afirman y reavivan los lazos con la naturaleza, la tierra, el territorio. Presencia tan fuerte que sigue viva en las ciudades, donde el maíz es alimento principal de la población. Todo esto se reconoció y afirmó, enfatizando además la necesidad de mantener las formas de agricultura tradicional y de agroecología contemporánea, ante la avalancha de agrotóxicos y semillas híbridas que se imponen junto a engañosos programas de gobierno, que crean dependencia y destruyen el equilibrio y defensas naturales de suelos y cultivos. Esa debilidad aumenta la vulnerabilidad social y natural frente al embate transgénico de las empresas trasnacionales.

 

El encuentro se manifestó también en apoyo a las demandas contra la soya transgénica que las comunidades y organizaciones de Yucatán, Campeche y Quintana Roo están llevando contra Monsanto y el gobierno puesto que la soya (y en especial la genéticamente modificada) amenaza la vida, la agricultura y la economía campesina de los pueblos mayas, permite el acaparamiento de tierras y expulsa poblaciones, contamina el ambiente al estar asociada al aumento de uso de agrotóxicos, atenta contra la apicultura, actividad ancestral de la que dependen miles de familias, pone en peligro a colonias enteras de abejas y a los ecosistemas de la Península.

 

Otro tema de alerta fueron las leyes que intentan privatizar e ilegalizar las semillas campesinas, amenaza que aumenta con la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. El encuentro rechazó también otras amenazas que convergen en los territorios, desde el intento de privatizar la tierra y el agua (por medio de leyes secundarias de la reforma energética y anteriores), a proyectos carreteros, urbanos, energéticos y agrícolas, apoyando a su vez la resistencia que florece desde lo local ante casi todos ellos. También denunció que las consultas que hacen para intentar acallar las protestas son un engaño, ya que no existe obligación de acatar sus resultados. Por ello exigen que se respete el derecho alconsentimiento libre, previo e informado, no la simple consulta.

Ante la realización en México de la décimo tercera Conferencia del Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (CDB), en diciembre 2016 en Cancún, se consideró imperativo demandarle al CDB que se prohíba la siembra de maíz transgénico en toda Mesoamérica, por ser un riesgo inaceptable a la biodiversidad y a la soberanía alimentaria en todo el mundo.(http://redendefensadelmaiz.net/)

Muchos son los caminos de la defensa del maíz y este no fue ni el primer ni el último encuentro. Como bien expresa Ramón Vera, la defensa de los pueblos del maíz es unhorizonte perpetuo (Ojarasca 229, mayo 2016). Seguiremos caminando.

*Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

La Jornada

Fuente:  http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Recomendamos/Mexico_En_defensa_del_maiz_otra_vez

 

 

Apreciemos porqué y cómo tomar partido, abajo y a la izquierda, en la disputa de territorios contra las transnacionales y sus socios locales.

 

 

Declaración de OCMAL en el Día Mundial Contra la Megaminería
23 de julio de 2016

Desde hace más de 6 años que diversas comunidades vienen reuniéndose y compartiendo simbólicamente el día Mundial Contra la Megaminería como una muestra de que el agua y la vida valen más que cualquier mineral.

Como Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL, red sustentada por más de 40 organizaciones que diariamente resisten a los impactos sociales, ambientales, políticos y culturales que va dejando la minería a gran escala en los territorios, nos sumamos este 22 de julio de 2016 a la conmemoración del Día Mundial Contra la Megaminería.

Valoramos y celebramos enormemente esta instancia, ya que permite converger y reafirmar la lucha permanente que diversas comunidades y organizaciones levantan y sostienen. Asimismo, posibilita la oportunidad de encontrarnos en un mismo camino que unifica nuevas alternativas al modelo.

El extractivismo minero ha ido dejando una huella ecológica imborrable en América Latina, reservas ecológicas de gran valor han sido devastadas, así como mantos acuíferos, glaciares, montañas, páramos y territorios de alta complejidad en flora y fauna. Sin duda alguna, hablar de minería, es hablar de desechos tóxicos y las comunidades afectadas bien saben de esto. La actividad minera emite cinco veces más gases de efecto invernadero por dólar de producción que el promedio de todos los sectores de la economía, lo que la convierte en una de las más contaminantes del planeta.

La oposición a todo este saqueo ha ido cobrando cada vez más fuerza en todos los rincones de la región. La defensa de los territorios es un componente central que ha caracterizado el proceso de expansión minero que se ha llevado a cabo en Latinoamérica, pero las comunidades siguen en pie de lucha por defender sus bienes comunes. Condenamos enérgicamente las muertes y violaciones a Derechos Humanos que sistemáticamente se vienen ejecutando contra líderes y lideresas ambientales, y que han cobrado la vida de muchos y muchas compañeras.

Solidarizamos con todas las comunidades y organizaciones que diariamente construyen nuevas alternativas y hacemos un llamado urgente para detener el avance de la megaminería en la región y el planeta, y a replantearnos con premura nuevas alternativas que promuevan el buen vivir.

Por una Latinoamérica sin megaminería y la defensa del buen vivir

Observatorio de Conflictos Mineros OCMAL

www.conflictosmineros.net Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Declaracion_de_OCMAL_en_el_Dia_Mundial_Contra_la_Megamineria

En consecuencia, a 200 años los de abajo precisamos comprender que:

   

La defensa del territorio es por la vida
27 de mayo de 2016

"La Milpa es un referente común, amplio y múltiple para las familias e individuos campesinos de una misma comunidad, mientras que su siembra, percibida como mero procedimiento técnico a innovar desde una perspectiva externa, la desagrega y descontextualiza, contribuyendo a alterar para siempre procesos ancestrales vinculados a ese referente."

 

Por Miguel Ángel Mijangos (1)

¿Por qué defender el territorio?

Dentro del contexto en el cual trabajamos, la palabra defensa siempre nos lleva a pensar en acciones para la protección o salvaguarda ante un peligro latente o eminente, y muchas veces nuestras reacciones suelen pensarse para uno mismo o lo más cercano de nuestro entorno. No obstante, cuando hablamos del territorio y las amenazas que sobre él se vislumbran, nuestras acciones y pensamientos sobre su defensa suelen adquirir una dimensión multifactorial y compleja; los interpretamos o relacionamos en función de nuestros propios contextos o circunstancias, de tal manera que podemos reaccionar desde lo local hasta lo global según el caso.

La dimensión del territorio nos lleva a tener muchas y marcadas diferencias sobre cómo lo interpretamos y por ende, igual se diversifican las acciones para defenderlo ante amenazas dadas o potenciales. No es casual entonces que existan y coexistan múltiples actores -mujeres y hombres-, quienes definen sus estrategias de acuerdo a sus propias características y condiciones, y por ello hay quienes las realizan a través de las leyes o lo jurídico, así como también los hay con enfoques citadinos o urbanos, al igual que a partir de lo rural o como sucede también con los pueblos originarios, quienes bajo sistemas de gobiernos locales basados en “los usos y costumbres” definen diversas acciones para la defensa.

 

En términos generales, podemos afirmar que existen y se recrean miles de diferencias entre las acciones y estrategias que se realizan sobre “defensa”, de acuerdo a las condiciones y particularidades de los sujetos para con su territorio.

Derivado de esas características, en algunos casos las y los sujetos o entidades sociales suelen apropiarse del “territorio” a partir de una demarcación o límite geográfico o político, pero generalmente son expresiones sociales que se encuentran separadas o atomizadas unas de otras, como sucede por ejemplo con los municipios o los distritos políticos, en donde la “acción social y colectiva”, no siempre encuentra pluralidad en orden y para la gobernanza (2), aunque por supuesto siempre hay excepciones a la regla.

En otros casos, aun dentro de ciertos “límites geográficos”, y a pesar de tratarse de espacios que han sido “reconocidos o entregados” por otros -por ejemplo los núcleos agrarios-, son las acciones colectivas y comunitarias las que a través de sus expresiones sociales y culturales lo “demarcan en gobernanza”, encontrando su propio crecimiento cultural y espiritual, de tal manera que existen vínculos territoriales de coexistencia para con los bienes naturales, como la tierra, el agua, el viento, la flora y la fauna, sin que sea limitativa a éstos su conexión, así como también es ahí donde se establecen las conexiones espirituales, religiosas y cósmicas, las cuales por supuesto, prácticamente nunca están separadas de lo terrenal. Quienes mejor expresan esta condición “territorio/sujetos” son sin duda alguna los pueblos originarios. (...)

En contrasentido… ¿qué pasa cuando a través de la resistencia de las y los sujetos, se organizan acciones para la defensa del territorio ante las amenazas que los ocupan? El sujeto y su colectivo refuerzan y fortalecen sus lazos identitarios, depuran su sentido de pertenencia y con ello se adhieren aun más a sus bienes colectivos concentrados al interior del territorio, ese territorio que definen y delimitan geopolíticamente o que delimitan con o sin linderos, pero que recrean en su cotidianeidad terrenal, espiritual y celestial y que, en conjunto, otros conocen como cosmovisión.

Derivado de lo anterior partimos de una premisa: No hay sujetos colectivos sin territorio. En otras palabras, sin territorio él/los sujetos son incapaces de recrear la totalidad de los elementos que permiten construir un proceso identitario sólido y capaz de articularse a otro y con otros en solidaridad; por lo tanto, se ven forzados a romper su propia naturaleza de lo comunitario que responde al sujeto social colectivo, y en consecuencia, aflora el individualismo y el sujeto se vuelve incapaz para ejercer sus propios procesos relacionados a la libre determinación y de auto-adscripción, a la vez que le cuesta mucho más su construcción espiritual; por lo tanto, es más fácil que se encuentre desconectado de sus creencias, deidades, religiosidad y por ende menos capaz de construir una CULTURA COLECTIVA PROPIA .

Es por ello que deseamos señalar que cuando hablamos de la defensa del territorio, por supuesto va implícito y está interconectado el sujeto colectivo, que no el sujeto individual. Defender el territorio implica defender el sentido de pertenencia y el proceso identitario de los sujetos colectivos, al igual que defender el sentido identitario es a la vez defender el territorio.

Caso Wixárikas contra la empresa First Majestic: En la Isla del Rey nacieron los Wixárikas, y desde ahí inician sus peregrinaciones hasta el Cerro del Amanecer, en San Luis Potosí, donde recrean el nacimiento del Sol. El cosmos huichol puede considerarse etnocéntrico. Todo el mundo es una “gran casa”, Una comunidad (kiekari). Las fuerzas o elementos de la naturaleza son considerados deidades, al mismo tiempo que sus antepasados y parientes de los huicholes. El centro del mundo se ubica dentro del territorio huichol. La cosmovisión Wixárika no separa tajantemente entre los ámbitos de la naturaleza, de la sociedad y de lo sobrenatural o sagrado. La empresa minera amenaza con destruir ese lugar sagrado y si ello sucede moriría el pueblo Wirárika, pero también el mundo entero.

No debe sorprendernos que la defensa del territorio sea siempre de tipo multifactorial, puesto que el territorio es quien acuerpa la propia vida; ahí es donde nace la naturaleza; ahí se forman los sistemas ecológicos gracias a la combinación de elementos biológicos, físicos y químicos que suelen ser transformados por la acción del uso de los sujetos sociales (patrimonio biocultural). Por lo tanto, el usufructo también crea vida nueva y diferente dentro de un territorio, vida en donde de por sí ya la hay, pero también si durante su uso se pierde el enfoque y la visión de la importancia de lo multifactorial, entonces puede también generarse la muerte.

 

En ese sentido, si coincidimos en que la defensa del territorio es multifactorial y no está asociada a una acción en particular sobre el territorio en su sentido amplio, sino a partir de sus vínculos con los sujetos que lo usufructúan, pensamos entonces que será más fácil comprender e identificar qué tipo o cuáles son las amenazas que rondan por el territorio y con ello, amenazan y ponen en riesgo la propia vida de sus componentes, entre estos a los propios sujetos colectivos.

Enlistemos algunos casos para la reflexión y provocación:

  • ¿Los agroquímicos amenazan al territorio? O sólo al sujeto que los utiliza o a quien los consume a través de los productos que se originan con ello?

  • ¿El consumo y/o la siembra de transgénicos amenazan los procesos identitarios de los pueblos y por lo tanto, también al territorio?

  • ¿La ley de hidrocarburos amenaza al territorio?… ¿amenaza a la nación? ¿O es el modelo extractivo, es decir, la forma en la que se explota el petróleo la amenaza real?

  • ¿La privatización de los bienes naturales destruye la identidad de los pueblos?

  • ¿Cuidar a la naturaleza a través del “pago de servicios ambientales” amenaza el territorio?

  • ¿Los subsidios, por ejemplo el programa de Combate contra el Hambre o el programa Oportunidades ahora denominado Prospera o el Procampo son una amenaza al territorio, a la identidad y por lo tanto a la cultura?

Por supuesto, el anterior es un listado muy corto en comparación con la gran cantidad de procesos que hoy y desde hace años están amenazando al territorio, sin dejar de observar que en varios lugares ya no son meras amenazas,  sino que ha iniciado la destrucción del mismo.

Sin embargo, en ese mismo contexto, debemos observar que justo bajo esas mismas circunstancias de amenazas y hechos reales, es donde también se recrean procesos para la defensa territorial desde posiciones integrales e integradoras, porque primordialmente se plantean bajo un enfoque inequívoco: La defensa de la vida.

 

La legalización del despojo

En toda Latinoamérica y no sólo México, vivimos una larga trayectoria de cambios políticos y de políticas que han estado ratificando y consolidando a los actuales sistemas de poder que hoy ya tienen en total subordinación y dependencia a naciones enteras. Desde nuestro punto de vista, ello no ha sucedido por casualidad, por errores de rumbo o por falta de dirección en los mandos superiores o gobernantes, sino todo lo contrario; hay una clara tendencia de “ir acomodando” paulatinamente todo aquello vinculado con los bienes naturales para la adquisición de ganancias, de construir condiciones para crear monopolios estructurales bajo la lógica del poder/fuerza por sobre la soberanía y la democracia, así como la apuesta cuasi idiota, de que este planeta puede aguantar todas las atrocidades que podemos ocasionarle, en aras del progreso y desarrollo, a partir del afamado desarrollo tecnológico. El capitalismo vil a todo lo que da.

Actualmente varios análisis nos llevan a ubicar por lo menos cuatro causales que consideramos forman parte de la columna vertebral de lo que padecemos hoy:

  1. Las Reformas a las constituciones nacionales latinoamericanas bajo el eslogan comercial de las llamadas “reformas estructurales”, en donde se pone de manifiesto una serie de iniciativas de leyes que abonan a “la legalidad” del usufructo insostenible de los bienes naturales de las naciones y el consecuente despojo del territorio que se encuentra totalmente articulado al franco adelgazamiento de los derechos humanos individuales y colectivos.

  2. La Alineación de las naciones para que asuman como “única e inequívoca forma de progreso y desarrollo” al proceso económico conocido como globalización, que no es más que reafirmar al ya conocido sistema capitalista, sistema que hace apenas unas cuatro décadas dejó de ser ejercido por las naciones, para ahora ser implementado a través de los corporativos empresariales y sus dueños, quienes son seres incapaces e insensibles ante su mayor resultado, que no único: el incremento de la desigualdad social.

  3. El Debilitamiento de los gobiernos como estado/nación, para ocupar un rol sumiso ante el poder económico de capitales privados, ha llevado a que abandonen a los sujetos y sus circunstancias -incluidos sus bienes naturales-, como punto central para el progreso, para ahora dar prioridad a la “inversión/dinero/especulación” como única condición para el cambio social. En el caso mexicano ello se traduce en la ruptura total del pacto social logrado durante el proceso de la revolución iniciada en 1910.

  4. El Incremento y fortalecimiento de las fuerzas de “seguridad” nacional e internacional, incluyendo la creación de grupos de choque, paramilitares y grupos armados que actúan en contubernio con el gobierno y el crimen organizado, y que son utilizados o azuzados para destroncar las protestas, movilizaciones y resistencias que este mismo modelo depredador genera. A este destronque se le conoce políticamente como “la criminalización de la protesta social”.

 

La alineación de estos cuatro elementos ha ocasionado que hoy tengamos una franca tendencia a la eliminación de la vida colectiva. Esa tendencia es mencionada atinadamente por el Papa Francisco en su encíclica como “la cultura del descarte”; es decir, lo que no sirve a los intereses corporativos y financieros simplemente se desecha. El modelo global rompe el bien común organizado, atenta contra la cultura fruto de la creación por el usufructo y sabiduría de los pueblos, destruye permanentemente la naturaleza como espacio espiritual y de confort, y por ende, su único destino es el “vil despojo” del humano en conjunto con lo que lo rodea. El modelo global casi funciona perfectamente, y aunque varias voces lo pongan hoy en contradicción, la verdad es que a los intereses y objetivos para los que fue creado, funciona de maravilla. Por ello, aunque estemos ciertos y seamos racionales respecto a lo que nos ocurre, casi es imposible que -de forma individual o como colectivos-, no estemos inmersos en muchos de los componentes mismos que le dan vida propia al sistema global capitalista.

 

Al modelo global lo han hecho ley para, de esa forma convertirlo, en un proceso de vida para cuasi 7 mil millones de personas, quienes lo retroalimentamos de manera cotidiana bajo el frenesí del consumo y de los servicios para que, de esa manera, el sistema continúe operando a la perfección a pesar de la insatisfacción, opresión y despojo que nos ocasiona.

 

En síntesis… el sistema capitalista se afianza de forma hegemónica y homogeneizadora bajo la denominada política de la globalización, misma que ha encontrado en el extractivismo y el monopolio oligárquico, una forma de vida que se retroalimenta mediante el dominio, la fuerza y la imposición. No tiene alma, ni territorio, ni espíritu, ni deidades, ni moral, menos aun ética y por ello no le importa que su destino concreto sea acabar con la vida. Ese es el sentido actual del Modelo Extractivo. Este es, a su vez, la expresión más relevante de la globalización y es altamente “eficiente” a los fines para lo cual fue creado.

Sin embargo, la lógica de la competitividad y el libre mercado no atenúa sus secuelas y daños, por el contrario… el libre mercado exacerba al máximo sus componentes haciéndolo depredador de sí mismo; por lo tanto, consideramos que ese modelo no cambiará salvo se presenten por lo menos tres condiciones:

  • Que se agoten los bienes naturales “estratégicos” que lo alimentan

  • Que la ciencia y tecnología encuentre nuevos recursos que sustituyan a los actuales.

  • Que se genere un estallido social que modifique sustancialmente el modelo energético en el cual hoy estamos inmersos.

Recursos naturales o bienes naturales

El título ya sugiere una discusión de fondo y forma, pero en su apreciación más simplista queremos enfocarnos al hecho de que en el actual modelo global, la naturaleza y sus elementos -todos-, han sido convertidos en productos financieros, y por lo tanto, con valor mercantil para ser explotados bajo la tecnología de mayor avanzada mundial, tecnología que al mismo tiempo es la más irracional y destructiva que ha creado el ser humano.

 

El modelo extractivo no mira a los bienes naturales en su conjunto, sino al recurso natural específico, porque ese le proveerá de inmensas ganancias y cuando ese recurso haya sido agotado, la ciencia y “desarrollo” habrán encontrado un nuevo componente que pueda suplirlo y con ello continuar con su frenesí extractivo o peor aún, como ya sucede hoy en día, crear vida de laboratorio, sintética o manipulada genéticamente que contribuya a la construcción de monopolios, a la vez que otorgue un mayor control económico global.

Agua, minerales, gas esquisto o gas de lutitas, viento, biodiversidad, semillas y petróleo son los grades componentes que el modelo extractivo requiere para continuar con la dominación de los capitales sobre las naciones. Sin embargo, lamentablemente no sólo se trata de los bienes como elemento/insumo, sino del modo y la forma tan destructiva como son extraídos, generando millones de toneladas de tóxicos que se vuelen montañas inmensas de pasivos ambientales, los que por supuesto no están contabilizados en la fórmula financiera de los corporativos, porque si así fuera, literalmente el modelo extractivo actual sería incosteable económicamente.

 

Un ejemplo cercano sobre ello sirve para mostrar lo anterior: “La empresa Goldcorp en Carrizalillo, Guerrero, a través de la técnica de extracción a cielo abierto, obtiene, 28 kilogramos de oro al día, pero por cada tonelada de piedras y tierra SOLAMENTE extrae MEDIO GRAMO DE ORO,el resto se convierte en “desechos y desperdicios” llenos de metales tóxicos y otros contaminantes, los cuales afectarán el ambiente por lo menos durante 500 años. Para sacar sus 28 kilos de oro diarios empresa también utiliza 250 MILLONES de litros de agua y le agrega, igual cada día, 18 TONELADAS de cianuro de sodio. En contrasentido, ya se avizora que la propuesta de la nueva ley de aguas en México garantice no más de 50 litros de agua por persona al día. La irracionalidad hecha ley garantiza mayor acumulación y concentración de ganancias para los que de por sí ya tienen riqueza económica, mientras que al resto de la población esas leyes le administran precariamente el uso de los bienes naturales básicos.

 

La defensa de la vida es la fuerza de las resistencias

Es obvio que el despojo se sufre en carne propia; se despoja al ser humano de su salud; se le despoja de su identidad y cultura; se le despoja del ambiente limpio y sano; se le despoja de la naturaleza y la biodiversidad; se le despoja de la comunalidad; se le despoja de la tierra, del agua, del viento, y se le despoja y desplaza del territorio muchas veces con apoyo del crimen organizado.

No obstante, cuando las mujeres y hombres viven esas circunstancias, también suelen encenderse o activarse nuevas disposiciones y actitudes para la defensa de la vida y en contra del despojo y el desplazamiento.

Aún cuando en ese contexto, las resistencias suelen presentar diversas características, básicamente la principal diferencia radica en que no es lo mismo resistir ante el potencial ingreso de unmegaproyecto a un territorio, a resistir e intentar sacar de su tierra un megaproyecto ya instalado y funcionando, sobre todo porque en el segundo caso ya se tiene encima no sólo a la empresa, sino a todo el Estado y su marco jurídico que para ello ha creado, el cual, como ya hemos señalado, literalmente está diseñado y establecido para facilitar el despojo del territorio y de los bienes naturales de los pueblos.

 

En el escenario de las resistencias, quizás las que más nos preocupan y ocupan, son las masivas resistencias de conciencia pero que no se traducen en acciones recurrentes y cotidianas, porque consideramos que no es suficiente ser consciente de la problemática que enfrentamos si no realizamos acciones directas y concretas que pretendan lograr un cambio parcial o total sobre esa problemática. De esta diferencia entre pensar y actuar a la vez, es donde surge el activismo, surgen los activistas, aquellas y aquellos que se suman a esta lucha desde lo local hasta lo global en contra de la globalización y el modelo extractivo. Conocer, saber y hacer, son hoy tres facetas necesarias de una responsabilidad social que va más allá de la simple participación ciudadana abstracta, y si la responsabilidad se logra en alianza con otras y otros, se abona a la defensa de la comunalidad, al sentido de pertenencia y en consecuencia a la solidaridad.

Como última reflexión… ¿cómo hacer que las diversas y diversidades de la luchas se integren en un sólo frente y dejemos de ser luchas monotemáticas? Requerimos que una sola conciencia asuma esta lucha global “a favor de la vida”, por lo tanto, juntarnos es la vía, pero cómo hacerlo es el reto que tenemos enfrente.

 

Notas:
(1) Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP, A. C.), asociación civil que trabaja en la región de la Montaña de Guerrero y en la región Istmo/Zanatepec de Oaxaca, sobre procesos de planeación territorial participativa, manejo adecuado de bienes naturales y estrategias para la defensa del territorio. PIAP es integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería -REMA-, Red que a su vez se integra al Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero -M4-.
(2) Otro ejemplo ocurre en las ciudades: dentro de una colonia dada, se forman territorialidades que suelen dar forma a barrios en los que por ejemplo, grupos de jóvenes se apropian de espacios para el desarrollo de sus propios procesos, sin que ello haya pasado por definiciones u acciones del conjunto de quienes ahí habitan. En este tipo de casos el espacio público suele ser administrado por el gobierno local, pero pocas veces por los ciudadanos, lo que genera apropiaciones del mismo desde otra lógica y perspectiva.
(3) En un sentido simple aunque a la vez complejo, se entiende por territorialidad; la gobernanza, es decir, la organización y conducta que cierto grupo social determina para un territorio o zona determinada.

M4

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/La_defensa_del_territorio_es_por_la_vida

 

 Alternativas postcapitalistas

 

A 200 años, abajo y a la izquierda, la realidad concreta de desunión tanto en Argentina como en Nuestra América nos interpela a la revisión crítica de las  experiencias en resistencias al sistema y en caminos alternativos. Examinemos:

 

1)Una convocatoria justa e imprescindible para otro país posible.

 

Argentina: Cuando luchar por la semilla es luchar contra el capitalismo
23 de julio de 2016

 

La reforma de la Ley de Semillas que promueve el gobierno de Macri busca reconfigurar los mecanismos de producción y propiedad de las semillas. Una discusión a espaldas de los reales afectados.

 

Por Carla Poth / Espacio de Lucha Territorial Río Bravo

Hace unas semanas el Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile comunicó que en breve se haría público el anteproyecto elaborado desde esta cartera para la modificación de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, vigente desde 1973.

Este es uno de los muchos intentos de modificación que, desde 2012, buscan reconfigurar los mecanismos de producción, comercialización y propiedad de las semillas en nuestro país. Una vez más, y como en todos los intentos anteriores, la discusión de este proyecto ha sido generada a espaldas de quienes seremos directamente afectados.

Se podría pensar que la reforma de esta ley de semillas es un cambio más entre las múltiples leyes y programas lanzados para el agro, primero por el kirchnerismo y ahora por las políticas macristas. Sin embargo, observaremos que en este debate hay cosas más grandes en juego. Porque la semilla es uno de los bastiones de un modelo de agronegocio que ha reconfigurado las formas de acumulación del capital en el agro en los últimos 40 años, desplegando nuevas estrategias de explotación y dominación hacia las clases trabajadoras.

 

¿De qué hablamos cuando hablamos de agronegocio?

El agronegocio es un modelo de producción a escala global que supone la implementación de renovados mecanismos de apropiación de la naturaleza, las semillas y las vidas humanas.

Con una estructura concentrada en pocas empresas que realizan la siembra, recolección, almacenamiento y comercialización, el modelo del agronegocio se constituye en una cadena agroalimentaria que se encuentra controlada por grandes empresas transnacionales productoras de los insumos centrales del modelo agrario: las semillas genéticamente modificadas asociadas a los agroquímicos.

Hoy Monsanto, Dupont, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agrosciences controlan el 60 % del mercado global de semillas y el 76 % del mercado mundial de agroquímicos, definiendo las dinámicas de producción de las regiones agrarias en todo el globo.

En Argentina este modelo se consolidó en 1996 cuando, luego de la generación de una serie de regulaciones para la liberación de semillas transgénicas, Felipe Solá aprobó la soja Roundup Ready, resistente al herbicida glifosato de la empresa Monsanto que se esparció entre los productores.

A partir de allí, en un abrir y cerrar de ojos, este cultivo pasó de sólo 4 millones de hectáreas sembradas, a cerca de 9 millones en la campaña 1997/98, superando las 20 millones de hectáreas en 2015, transformando a la Argentina en el tercer productor mundial de transgénicos, luego de Estados Unidos y Brasil, con más de 30 nuevas semillas genéticamente modificadas para el uso agrario (de soja, algodón, maíz y papa). Todas ellas tolerantes a agroquímicos.

El resultado de esta expansión ha sido la eliminación de más de dos millones de hectáreas de bosques nativos, la sustitución de cultivos centrales para nuestra alimentación como el girasol, y el desplazamiento de la ganadería, y el consecuente encarecimiento de los alimentos. Ha consolidado un proceso migratorio de los pequeños productores agrarios expulsados de sus tierras hacia los cordones más pobres de las grandes urbes y ha eliminado sistemáticamente el empleo rural (requiere de dos trabajadores por cada 500 has de producción) contribuyendo a su precarización.

Finalmente ha construido un genocidio silencioso que afecta a un tercio de la población argentina (13 millones de habitantes de áreas rurales) con enfermedades como alergias, cáncer, abortos espontáneos y deformaciones.

El agronegocio como política de Estado

Este modelo se ha expandido, consolidado y profundizado a través de una serie de políticas de Estado que, desde la década del 90, muestran la connivencia sistemática de los diversos gobiernos con el agronegocio.

Ayer fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernandez los presidentes que, con el Programa Estratégico Agroalimentario 2010-2020 buscaban incrementar las hectáreas y toneladas producidas. Fueron quienes perpetraron la represión constante a las comunidades indígenas Qom que reclamaban sus territorios expropiados para la producción sojera.

Ellos promovieron la constitución de un sistema científico (con Lino Barañao como Ministro de Ciencia y Tecnología) que promovió la producción de semillas transgénicas según las necesidades de las grandes empresas biotecnológicas, consolidó la privatización del conocimiento a través de convenios y patentes y persiguió a los investigadores que denunciaron las enfermedades provocadas por este modelo. Fueron la cabeza de un gobierno que permitió los sicarios que asesinaron a Cristian Ferreyra, luchador campesino.

Hoy Mauricio Macri es el presidente que ha incentivado la expansión del modelo a través de la reducción de las retenciones agrarias que han garantizado la multiplicación de las ganancias concentradas. Es el presidente que apuesta, a través de la ratificación del ministro kirchnerista, a la continuidad de una ciencia que siga callando una verdad a voces: la ganancia se las llevan unos pocos, la enfermedad, el hambre y la muerte nos las quedamos nosotros. Es el presidente que se ufana de insertarnos al mundo, obligando a profundizar los mecanismos de expropiación de nuestros recursos, consolidando más derechos de propiedad intelectual. Es el presidente que busca acabar la tarea iniciada hace cuatro años: reformar definitivamente la ley de semillas al dedillo de las grandes corporaciones.

 

Por qué es una necesidad decirle NO a la nueva ley de semillas

Si el proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura se aprobara, este modelo de producción encontraría las bases para continuar expandiéndose. Y con ello, la posibilidad de generar alimentos de una manera económica, política y ecológicamente sustentable habría desaparecido.

Esta ley erosionaría el derecho de los productores de guardar sus propias semillas, volviendo ilegales prácticas campesinas milenarias, ejerciendo el poder de policía sobre la diversidad alimentaria. Así, esta red que ha sido la fuente de más del 70% de la comida que consume la humanidad, el sustento básico de las clases trabajadoras y los más pobres de este mundo, sería desarticulada.

Y con esto, nuestra soberanía alimentaria, entendida como el derecho a una alimentación sana, equilibrada, suficiente y culturalmente apropiada, sería una reivindicación sin futuro. La posibilidad de pensar en un mundo de igualdad y sin cadenas, se vería en el tacho. Porque mientras las clases explotadoras tienen dinero para comprarse alimentos sumamente costosos sin agrotóxicos; nosotros, que a duras penas llegamos a fin de mes, tenemos que comer los alimentos fumigados con más de 300 millones de litros de agrotóxicos al año. Mientras ellos pueden elegir vivir sanamente, las clases trabajadoras enfermaremos y moriremos con glifosato en sangre (entre otros agrotóxicos como glufosinato, 2-4D, etc) y seguiremos comiendo esos millones de litros de venenos, que encontramos en las verdulerías, en los kioscos, en los comedores de escuelas.

La lucha contra la privatización de las semillas es mucho más que la lucha contra el agronegocio. Es mucho más que la lucha por un ambiente sano, o por el resguardo de la semilla. Es la lucha contra un sistema capitalista que busca oprimirnos, controlarnos y dominarnos, imponiéndonos formas de enfermar, y de morir, haciéndonos descartables. Es la lucha por nuestra propia vida, la de nuestros compañeros y nuestros hijos.

Por esto, decirle no a la reforma de la ley de semillas requiere del trabajo y el esfuerzo mancomunado de todas nuestras fuerzas políticas. Las luchas de las Madres del Barrio de Ituzaingó Anexo, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, de la Asamblea Malvinas lucha por la vida, las organizaciones campesinas y los cientos de asambleas y organizaciones, en nuestro país y en todo el continente, nos vienen marcando el camino para avanzar en la construcción de formas productivas y políticas emancipatorias. Las experiencias de Colombia, Chile y Perú, que ya rechazaron las reformas a sus leyes de semillas, nos muestran que la unidad de la fuerza lleva a buenos puertos.

Es nuestro desafío y responsabilidad trabajar en las escuelas, en las universidades, en los barrios, en las fábricas, en las calles en pos de comprender que alimentarse debe ser un sinónimo de alimentarse sanamente, que decidir qué comer es también un acto político en el que se ponen en juego formas de explotación... o formas de emancipación. La lucha de clases debe contener, problematizar y enriquecer estas cuestiones que se vuelven centrales para la subsistencia de las clases trabajadoras. Porque de este principio depende, incluso, nuestra propia capacidad de seguir luchando por un mundo sin cadenas.

* El Espacio de Lucha Territorial Río Bravo forma parte de la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas (noalanuevaleymonsantodesemillas@gmail.com)

La Izquierda Diario

 

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_Cuando_luchar_por_la_semilla_es_luchar_contra_el_capitalismo

 

 

 Pero siendo antisistémica resulta ineludible su articulación con las luchas:

 

 

Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados
2 de septiembre de 2015

 

El próximo 15, 16 y 17 de Octubre de 2015 se realizará el 3º Congreso Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El Congreso esta destinado a médicos, estudiantes y público en general y es de libre acceso, sin costo

Programa del 3º Congreso haga click aqui=3º Congreso Programa (697)

Breve historia

Desde el año 2001 se comienzan a sentir voces de pobladores de pueblos y barrios periféricos de ciudades grandes que denuncian que se enferman de una manera diferente y grave. Poco a poco médicos de estos pueblos y barrios se suman a la denuncia y expresan que sus pacientes se enferman de cáncer, trastornos endocrinos, inmunológicos y reproductivos de una manera nueva y que antes de que se empezara a fumigar como se hace ahora, en los cultivos transgénicos, esto no pasaba. En Agosto de 2010 se convoca a un Encuentro Nacional de Médicos de pueblos Fumigados, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, para tratar de conocer y analizar lo que observaban estos médicos, ya que para la academia, como para los ministerios de salud, no existían un problema vinculado a la exposición a plaguicidas. Concurren más de 300 profesionales de 12 provincias y muchos científicos del CONICET muestran sus investigaciones que reafirmaban el vinculo entre agroquímicos y daño a la salud. Se elabora una Carta a la Presidente de la Nación, otra a la Mesa de Enlace de Entidades agrarias y se elabora un Informe del Encuentro. También se crea la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, para difundir la información científica independiente que se reúna sobre el tema y para apoyar a los pequeños equipos de salud que defienden el derecho a la salud de sus vecinos.

En Junio de 2011, se realiza el 2º Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario; en el marco del 1º Congreso de Salud Socio-ambiental. En este Encuentro se reafirman los conocimientos y experiencias acumuladas y se elabora una declaración dirigida a los partidos políticos que disputan elecciones presidenciales.

Contexto Actual

En 2015, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido lo que muchos médicos, afectados y vecinos sabíamos desde hace años: los pesticidas que más se utilizan en Argentina producen cáncer. Glifosato y 2.4 D, los herbicidas más consumidos son cancerígenos humanos. A pesar de ello, 200 millones de litros-kilos de glifosato se consumen por año en la Argentina, generando una dosis potencial de exposición de 5 l-k por argentino por año. En las zonas agrícolas el monocultivo de soja (y en menor medida de maíz) se extiende en 25 millones de hectáreas en donde viven 12 millones de personas, los niveles de exposición (ya no potencial) se elevan a 30 – 60 l-k por persona, por año.

Los estudios realizados en más de 25 pueblos, de menos de 15.000 habitantes, en provincia de Santa Fé, Córdoba y Entre Ríos muestran que la primera causa de muerte es el cáncer (30% o más) desplazando por mucho a los problemas cardiorespiratorios (en Argentina la primera causa de muerte es cardiovascular con el 26% y la segunda el cáncer con el 20%); que las incidencias y prevalencias de cáncer en general triplican a las que se reconocen en la ciudades, que los enfermos oncológicos son más jóvenes que lo esperable, que los problemas respiratorios y endocrinos duplican las prevalencias esperadas y que el impacto en salud reproductiva es inocultable.

La perdida de embarazos deseados a través de abortos espontáneos e inexplicables tiene una tasa que va del 10% al 22% en mujeres de edad reproductiva en 5 años y las tasas de niños que nacen con malformaciones son el doble y a veces el triple de las tasas esperables o que se ven en todo el resto del país.

Sin embargo, los gobiernos provinciales de las provincias sojeras y de las que pretenden serlo también (Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, Salta y Formosa), y el gobierno nacional parecen no escuchar el dolor de las familias rurales, pero aprovechan la apropiación de parte de las rentas agrarias a través de retenciones e impuestos como fuente de financiamiento a los gastos del estado. Pero desgraciadamente el negocio de la soja en un negocio toxico, que destruye el ambiente, desplaza poblaciones y enferma a las personas, además de producir granos y alimentos contaminados con venenos que producen cáncer y demás patologías.

El sistema se sostiene sobre la base de negar y ocultar el impacto en la salud agraria repitiendo afirmaciones publicitarias de las empresas multinacionales (que proveen pesticidas y semillas transgénicas), acerca del carácter atóxico de sus agrovenenos (como que se puede beber Round Up sin peligro y que el glifosato es como agua con sal).

En los últimos 20 años se naturalizó producir alimentos o sus insumos básicos utilizando cantidades crecientes de venenos, como una práctica normal o habitual, como si los herbicidas o las insecticidas no actuaran sobre los humanos, como si nuestros sistemas biológicos fueran totalmente distintos o procedieran de un camino evolutivo totalmente diferente al del resto de los seres vivos de nuestro planeta. Producimos y consumimos alimentos cargados de residuos de  venenos que generan enfermedad y nos alejan de la seguridad alimentaria.

Los intereses comerciales del mercado del alimento nos niegan el derecho al alimento sano, en cantidad suficiente y accesible para todas las personas como un derecho humano esencial y ponen en crisis nuestra soberanía alimentaria.

Necesidad del 3º Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados

Después de 4 años, en los que se generó mucho más conocimiento científico mundial y con más datos locales que reafirman nuestra observación; los profesionales de la salud y los investigadores nos reunimos para intercambiar nuestras experiencias y conocimientos adquiridos, de manera de poder ser más eficaces en defender la salud de nuestras poblaciones y a escuchar colectivamente el relato de los afectados en nuestra patria.

Esta vez es la Facultad de Medicina de la UBA la que nos alberga y acoge. Nuestras Universidades públicas deben estar siempre listas para estudiar, debatir y asumir los problemas reales de nuestro pueblo, y nuestras universidades democráticas deben tener la obligación moral de decir las cosas por su nombre: si los “fitosanitarios” matan y producen cáncer, son agrotóxicos y debemos restringir la exposición de las poblaciones (de niños y mujeres en primer lugar) a las mismas para proteger su salud.

Agradecemos a Facultad de Medicina de la UBA y a todos los investigadores nacionales que con su trabajo dieron sustento a la determinación del carácter cancerígeno del glifosato. Entre ellos al grupo de investigadores de Medicina de la UBA encabezado por Andrés Carrasco, a tres grupos científicos más de Exactas de UBA, quienes junto a 6 equipos de investigadores de otras universidades públicas aportaron la ciencia argentina al IARC-OMS en la determinación del carácter cancerígeno del glifosato.

El reclamo de los pobladores de los pueblos fumigados del interior del interior de la Argentina crece y se multiplica como la cantidad inexplicables de enfermos y muertos de enfermedades terribles. Muchos pueblos han logrado ordenanzas municipales que relativamente los protegen de la exposición a agrotóxicos,  necesitamos visibilizar este conflicto que enfrenta a formidables intereses económicos del agronegocio con el derechos a la salud y al ambiente sano de poblaciones anónimas e ignoradas.

La situación se agrava en entornos de campesinos ancestrales y pueblos originarios donde el impacto sobre la población desposeída es terrible. Este 3º Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados busca visibilizar esta situación y llevar este reclamo desoído y minimizado, a la opinión pública nacional y a las autoridades políticas del estado.

Autoridades del Congreso

Directores

Dr. Medardo Avila Vazquez, médico pediatra y neonatólogo, docente de Medicina de UNC y Coordinador de la Red Universidatia de Ambiente y Salud / Me´dicos de Pueblos Fumigados

Li. Miryam Gorban, Lic. en Nutrición, Profesora Titular de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Fac. de Medicina de UBA.

Coordinador

Dr. Nicolás Loyacono

Secreatria de Prensa

Enf. Mercedes Mendez

Secretaria de Relaciones con la Comunidad

Dra. Elisa Sementuch

Organizadores del 3º Congreso

Red Universitaria de Ambiente y Salud / Médicos de Pueblos Fumigados

Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Medicina de la UBA

FESPROSA (Federación Sindical de Profesionales de la Salud)

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Adhieren

Red de Acción en Plaguicidas para América Latina (RAP AL)

Colectivo Andrés Carrasco y Campaña SI a la Vida y NO al Glifosato

Red de Abogados de Pueblos Fumigados

Red Ecosocialista.

Fuente: http://www.reduas.com.ar/congreso-nacional-de-medicos-de-pueblos-fumigados/

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Nuevas trampas transgénicas y la emergencia de la ciencia digna
26 de julio de 2016

Por Silvia Ribeiro

Lo mejor de los transgénicos es que en todo el mundo han despertado una enorme reacción en su contra. Aunque las transnacionales que los manejan gastan cientos de millones de dólares en propaganda, corrupción de científicos y gobiernos, para tratar de convencernos de que son inocuos y hasta mejores que las semillas híbridas, no lo logran.

La mayoría de la gente, en cualquier parte del mundo, prefiere no comer transgénicos. Muchos no pueden evitarlo, porque no saben qué alimentos los contienen: las empresas han hecho todo lo posible para que ni siquiera se etiqueten. Pero aún así, la actitud de rechazo continúa, aunque los transgénicos sean impuestos en campo o alimentos, no existe resignación.

Esto podría parecer nimio, pero es una enorme ganancia para nuestro campo, porque no solamente significa prevenir y protegerse de los impactos de los transgénicos, además es un estupendo ejemplo de resistencia a la colonización de la mente. Cuando no aceptamos una situación, aunque sea impuesta por la legalidad o la fuerza, siempre seguiremos buscando la manera de salir de ella. Es una gran diferencia con la llamada “Revolución Verde”, que logró asentar en la mayoría de la gente el mito de que semillas híbridas, agrotóxicos y maquinarias eran señal de progreso y le darían de comer a la humanidad, lo cual nunca sucedió, pero desataron una ola de contaminación, acaparamiento de tierras y desplazamiento de parcelas campesinas.

Junto al rechazo a los transgénicos, crece también una crítica más profunda al sistema alimentario agroindustrial, a las corporaciones que se apropian de nuestros cuerpos y territorios, que nos llenan de tóxicos agua, tierra y alimentos, incluso a la propia tecno-ciencia que les dio origen, no sólo porque haya sido Monsanto que creó el primer transgénico. Hay un cuestionamiento cada vez más extendido a esa tecno-ciencia reduccionista que elimina la complejidad, los factores sociales, culturales, ambientales o cualquier otro que impida convertir su investigación en productos para la ganancia.

Por todos estos factores de críticas crecientes, la industria biotecnológica hace ahora grandes esfuerzos para deslindar a los nuevos transgénicos de la resistencia social. Para empezar tratan de cambiarles el nombre, alegando que por usar otras formas de biotecnología que pueden no insertar nuevo material genético, no son “trans”-génicos.

El término que han elegido para referirse a estas nuevas biotecnologías es “edición genómica”, una forma que quieren que parezca inocua, como cambiar una letra o una palabra en un texto, que pretenden no afectaría gran cosa. Aquí engloban tecnologías, como nucleasas con dedos de zinc (ZFN), nucleasas sintéticas (TALEN), micro ARN, ARN de interferencia o metilación dependiente de ARN y CRISPR, entre otras. No voy a detallar las particularidades de estas técnicas, pero al igual que con los transgénicos, se trata de ingeniería, no de métodos naturales, es manipulación deliberada de la composición genética de seres vivos, sea cortando o desactivando funciones de los genes o agregando otros.

Estas nuevas biotecnologías han ido surgiendo por la búsqueda de nuevas herramientas más eficaces para la manipulación genómica, en su vasta mayoría motivada por el afán de lucro de empresas. De cierta forma son un reconocimiento implícito de lo que siempre hemos dicho sobre la ingeniería genética aplicada a los transgénicos: que es una técnica burda, que no tiene control de las consecuencias que provocan en las interacciones entre los genes, en los organismos o los ecosistemas.

Pero al ser manipulación de genomas, todas esas nuevas biotecnologías conllevan también impactos y consecuencias imprevistos, ya que el conocimiento sobre las funciones de los genes y sus interacciones siguen teniendo grandes vacíos.

La mayoría de estas nuevas tecnologías están basadas en biología sintética, es decir, ya no usan genes de seres vivos, sino genes sintetizados en laboratorio que pueden o no replicar los que existen, por lo que agregan toda una nueva serie de impactos posibles y desconocidos.

De todas ellas, hay dos tecnologías de alto impacto que es importante conocer: CRISPR-Cas9 y una aplicación particular de ésta, que son los llamados “conductores genéticos”.

CRISPR, por sus siglas en inglés, significa “repeticiones palindrómicas cortas agrupadas e interespaciadas regularmente” y es una construcción sintética que imita una forma de defensa natural de las bacterias. Cas9 es un sistema de doble “corte” de la cadena de ADN para silenciar o agregar otros genes.

Esta tecnología apenas se hizo funcional en 2012, pero tiene dos aspectos que hicieron que se diseminara muy rápidamente: es barata y es más exacta que las técnicas que se usan con los transgénicos. En éstas era imposible determinar en qué lugar del cromosoma se insertaba un constructo genético. CRISPR-Cas9 permite reconocer un gen específico y cortarlo, deshabilitando ese gen, o insertar otros.

Aunque parezca más exacta, la tecnología no es tan precisa como la quieren presentar. Como explica el Dr. Jonathan Latham, de Independent Science News, creer que precisión equivale a control es un gran error, particularmente en sistemas vivos como el ADN: “Supongamos que yo, que no hablo chino, quisiera eliminar de forma precisa un carácter de un texto escrito en chino, o una línea, o una página. Tendría un cien por ciento de precisión, pero ningún control sobre los cambios en el significado. La precisión, por tanto, sólo es útil en la medida en que va acompañada de comprensión, y ningún biólogo puede afirmar que en este momento entendamos el ADN – ¿si no por qué lo seguimos estudiando?” (J. Latham, El mito de la precisión de CRISPR).

No existen en ningún país regulaciones de bioseguridad adecuadas a estas nuevas biotecnologías ni se conocen qué impactos pueden tener sobre salud o medioambiente. La industria biotecnológica, desde sus mayores corporaciones, está ahora intentando convencer a la Unión Europea y Estados Unidos que cualquier planta u organismo que se manipule con estas nuevas tecnologías, solamente están “editados genómicamente” y por tanto no necesitan pasar por las regulaciones de bioseguridad. Ya lo consiguieron en el caso de un champiñón manipulado con CRISPR para no volverse marrón al cortarlo, que se vende desde este año en Estados Unidos sin que el público tenga idea de ello. En Europa la presión de la industria para no pasar por regulación o que no se considere transgénico es aún mayor porque hay 17 países que prohíben transgénicos.

Una aplicación particularmente preocupante de CRISPR-Cas9 es la construcción de conductores genéticos (gene drives en inglés). Esto es una forma de hacer transgénicos para manipular especies silvestres, y asegurar que los genes modificados pasen siempre a la generación siguiente. Con los cultivos transgénicos existe ya el problema de la contaminación, pero éstos deben ser plantados cada año y además, las plantas no transgénicas, al no reconocer los genes extraños, tienden a eliminarlos en algunas generaciones.

Esta nueva construcción genética –organismos con conductores genéticos– asegura que el gen permanezca en todas las generaciones subsiguientes. Si es por ejemplo un gen para hacer que sólo nazcan machos (desde plantas y mosquitos a cualquier mamífero) se podría extinguir toda una especie. Aunque lo presentan como opción para eliminar “especies dañinas”, es un arma muy peligrosa en manos de quiénes fácilmente pueden definir todo lo que molesta a sus negocios agrícolas u otros, como dañino o plaga. (Ver artículo de Jim Thomas, ETC)

Son tecnologías, cuyo espectro de acción es tan amplio y las consecuencias tan devastadoras, que es necesario trabajar por su prohibición.

En ese sentido, la extendida crítica social hacia los transgénicos es una base de apoyo, necesitamos ahora desarmar las nuevas armas de lenguaje con que nos quieren confundir las empresas y los científicos que trabajan para ellas.

La reciente declaración de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL) sobre nuevas tecnologías, apunta a ello. “Cuestionamos la seguridad de esta tecnología, que juega con la manipulación genética a pesar del gran desconocimiento que existe sobre su funcionamiento, y sobre los efectos que su aplicación podrían desencadenar a nivel celular, del organismo de la salud humana y del ambiente. No pedimos para estas nuevas tecnologías la aplicación de normas de bioseguridad ni el desarrollo de estrictas evaluaciones de riesgo, sino la suspensión de toda la experimentación en este campo.

Cuestionamos el exagerado rol que se da a “la ciencia” y al sistema científico tecnológico en el proceso de toma de decisiones relacionado con la adopción de estas nuevas tecnologías, pues sabemos que la investigación científica encarna las mismas relaciones de poder que se dan en la sociedad, y que las principales líneas de investigación son decididas por quienes las auspician y financian.”

Silvia Ribeiro, Investigadora del Grupo ETC

Desinformémonos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Nuevas_trampas_transgenicas_y_la_emergencia_de_la_ciencia_digna

 

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Chile - Valle del Huasco: Fuera Pascua Lama! NO al desastre ambiental!
27 de julio de 2016

 "Las comunidades exigimos el cierre definitivo del proyecto Pascua Lama, la revocación de su permiso ambiental y una declaración del Estado que prohiba la megaminería en la naciente de las aguas y sobre ecosistema glaciar".

PASCUA LAMA: EN UN DÍA BARRICK LANZARÁ AGUAS CONTAMINADAS SIN CONTROL E INMINENTE DESASTRE NATURAL NUCLEAR

El día más temido por las comunidades ha llegado y exigen cierre definitivo.

La amenaza y peligro en que tiene envuelta a la comunidad del Valle del Huasco la empresa Barrick Gold, tras el nuevo desastre ambiental en su proyecto Pascua Lama, en donde una avalancha destruyó y dejó completamente inoperativa la Planta de Tratamiento de Aguas contaminadas (ARD) imposibilitando con ello la “limpieza” de las aguas contaminadas que se vierten directamente al río El Estrecho (afluente del Río Huasco); es aún mayor de lo que se intuía hasta el momento: A parte de no tener como tratar las aguas contaminadas y de ya haberse salido del área de control una cantidad, a la empresa se le acaba la capacidad para guardarlas y contenerlas este miércoles 20 de julio, día en que comenzará a lanzar toda la producción de agua contaminada directamente al río Estrecho (Afluente de Río Huasco). A esto, hay que sumarle la posible amenaza por contaminación radioactiva de la cual se han enterado las comunidades.

 

Respecto de las aguas, ha sido la misma empresa quién ha dado a conocer esta situación en un “Plan de contingencia” entregado a la Superintendencia de Medio Ambiente el pasado 29 de junio en donde dice de forma expresa: “Al 24 de junio de 2016, la disponibilidad en las piscinas de acumulación de aguas de contacto es de aproximadamente 35.000m3, que a razón de 1.382 m3/ día (16 l/s, flujo promedio de ingreso por cámara BE 2) de agua de contacto, alcanzaría para 25 días de gestión de aguas, sin descargar, es decir hasta el 20 de julio de 2016 [1].

Según como ha circulado en prensa y dicho por la misma empresa, luego de la avalancha de la cual las comunidades se enteraron de manera informal y un mes después de los hechos, han ocurrido alrededor de 12 avalanchas más en el área, por ende es de toda lógica que ha sido imposible el emprendimiento de cualquier trabajo de reconstrucción de la Planta de Tratamiento y de las conexiones con las piscinas de Acumulación, entre otros daños. Es así como estamos en el peor escenario del Plan de Contingencia entregado por la empresa el que dispone: “En caso que se requiera descargar aguas de contacto sin tratamiento (falla operativa de la Planta DAR) y la infraestructura del sistema de manejo de aguas no esté completamente operativa: Se descargará desde la cámara BE 2 directamente al río el flujo completo de agua de contacto, aproximadamente el 20 de julio , (hacemos presente que a esta fecha el flujo de agua de contacto en la cámara BE 2 es aproximadamente 16 l/s” [2].

Cabe recordar, que la Cámara que denominan como BE2, no es más que la mismísima “Cámara de Captación y Restitución” – a la cual le han cambiado el nombre- y por la cual fuera sancionada la empresa en el 2013, por haberla construido sin permiso y por estar lanzando agua contactada directo al Río Estrecho. Fue una de las obras por las que la Superintendencia de Medio Ambiente consideró que la comunidad del Valle del Huasco estaba en amenaza, mandando a clausurar y soldar su compuerta. ¿Con la autorización de quién la trasnacional se dará el lujo de lanzar las aguas contaminadas a la población aguas abajo? ¿Por qué la comunidad del Valle del Huasco debe pagar hoy por un peligro y hechos que avizoró hace 15 y por los cuales se opuso a esta amenaza en la naciente de sus aguas? ¿Por qué la comunidad debe seguir haciendo caso de lo que mandate un Estado que más se preocupa de las inversiones extranjeras que el bien de sus conciudadanos?, son algunas de las preguntas que nacen desde el Valle del Huasco a estas alturas.

Riesgo Nuclear:

Como si fuera poco, el mismo informante que diera a conocer a la comunidad que tras las avalanchas ocurridas en el proyecto, no sólo se habrían contaminado las aguas con metales pesados y químicos sino que estas estaban en riesgo también por dos camiones de petróleo COPEC que fueron arrastrados hasta el río, hecho que ha resultado cierto, ha puesto en conocimiento a la comunidad de que las avalanchas “también se llevaron y quebraron 2 densímetros nucleares los cuales cumplirían una función en la Planta y por lo que incluso han estado viniendo profesionales de Alemania al lugar hace un tiempo”.

Esta información es gravísima y preocupante, para ello sólo cabe recordar el escándalo y preocupación que suscito en las autoridades un caso de un robo de uno de estos instrumentos en una obra en la Región Metropolitana el reciente enero pasado. En aquella oportunidad el Seremi de Salud de la Región Metropolitana “(…) llamó a la precaución debido al peligro de radioactividad que puede tener el densímetro. Al mismo tiempo, las consecuencias por una mala manipulación de este artefacto son variadas. Si el objeto se golpea, rompe, corta o es perforado los daños pueden ser nocivos para la persona” [3]. En la misma oportunidad, “declaró que los riesgos que puede producir el uso no especializado de un densímetro nuclear son inmediatos como quemaduras profundas en la piel, nauseas, vómitos, alteraciones digestivas y molestias generales asociados a una gastritis”. Mientras que a mediano o largo plazo, las partículas que irradia el objeto producen alteraciones en el organismo, pudiendo generar incluso cáncer. De hecho los daños, no solo son para la persona que lo manipule equivocadamente, sino que también puede afectar al medio ambiente con radiación, que podría durar hasta 30 años” [4].

Para las comunidades este es un riesgo enorme e inconmensurable para todo el Valle, en donde ahora sus ecosistemas, población y sus aguas pueden estar contaminados también con radioactividad. No ponen en duda la información que han recibido, ya que la gran mayoría de las más de 18 denuncias que llevan ingresadas en la Superintendencia han sido originadas de rumores e información de trabajadores que ha llegado a la Asamblea por el Agua del Guasco Alto y hoy todas estas denuncias han emprendido investigaciones por parte de los entes fiscalizadores ya que han resultado fidedignas.

La información a la que han tenido acceso reviste tal gravedad que exigirán que a la brevedad “vengan los servicios correspondientes, la Brigada de Crimen Ambiental de la PDI y la Superintendencia de Medio Ambiente a fiscalizar el proyecto, y vengan con equipos y expertos para ver cuál es el radio de la radiactividad, si esta alcanzó las aguas, y que informen de manera verídica a la población el peligro en el que se encuentra.

En el mismo sentido, llaman a prestar atención por parte de las autoridades a que la empresa está contratando cuadrillas de jóvenes y hombres en el pueblo de Chollay para ir a limpiar la nieve caída por la avalanchas así como los desastres ocurridos entiéndase camiones, estanques y todo tipo de material arrastrado, quienes no están siendo informados de esta amenaza y peligro al cual podrían estar expuestos.

La gravedad del incumplimiento también refiere a que estos elementos no fueron declarados en el Estudio de Impacto Ambiental, a la comunidad nunca se le aviso que el proyecto constaría con este tipo de peligrosos elementos y cabe preguntarse si acaso la autoridad del país estaba al tanto. Que así fuera sería gravísimo. Al respecto las comunidades declaran: “Exigimos también que la Superintendencia de Medio Ambiente inicie un nuevo proceso sancionatorio por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Pascua Lama, donde investigue toda tenencia de elementos nucleares por parte de esta empresa así como de si contaba con los permisos mínimos correspondientes [5], a pesar de que sabemos que en la RCA no estaba autorizado”.

Para la población, hoy hay un solo responsable: El Estado de Chile que priorizó la inversión extranjera, que es casi nula y se malgasta en los pasillos de la corruptela, en vez de haber velado por el resguardo de su población ante un proyecto y trasnacional criminal. Y con una convicción infranqueable apuntan al Gobierno declarando: “Siempre dijimos que este proyecto era inviable sobre todo con Barrick a la cabeza, hoy más que nunca y con más razones que nunca las comunidades EXIGIMOS EL CIERRE DEFINITIVO DEL PROYECTO PASCUA LAMA, LA REVOCACIÓN DE SU PERMISO AMBIENTAL Y UNA DECLARACIÓN DEL ESTADO QUE PROHIBA LA MEGAMINERÍA EN LA NACIENTE DE LAS AGUAS Y SOBRE ECOSISTEMA GLACIAR”.

Notas:

[1] Barrick. Plan de Contingencia junio 2016. P 2.

[2] Barrick Plan de Contingencia junio 2016.p.6.

[3] Noticia La Tercera: “Conoce los riesgos que puede producir la mala manipulación de un densímetro”. Recurso disponible en: ver aquí

[4] Ibídem.

[5] http://www.atcp.cl

Fuente y foto: Red Latina sin Fronteras

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Argentina: Que cierre la Mina Veladero, explotada por Barrick Gold
13 de abril de 2016

 

Es urgente e importante que el proyecto minero se clausure porque la justicia ya confirmó que en la zona de operaciones Barrick Gold contaminó cinco ríos con cianuro y mercurio. ¿Qué más tenemos que esperar?

Para Gobernador de San Juan, Sergio Uñac

Estimado Gobernador: por favor, solicito que clausure el proyecto minero Veladero a cargo de la empresa Barrick Gold.

La justicia ya confirmó que la misma contaminó cinco ríos con cianuro y mercurio en la zona de operaciones, ¿qué más tenemos que esperar?

¿Por qué es esto importante?

Es urgente e importante que el proyecto minero se clausure porque la justicia ya confirmó que en la zona de operaciones Barrick Gold contaminó cinco ríos con cianuro y mercurio.

El Ministerio de Minería provincial (autoridad de aplicación de la ley de residuos peligrosos, ley 24051) tiene la facultad de multar, suspender o clausurar el emprendimiento a causa de lo ocurrido.

Además, el proyecto viola la Ley de Glaciares por estar en área protegida por la misma, así como también está dentro de la Reserva de San Guillermo, declarada reserva de Biósfera por la UNESCO.

Como si algo faltara agregar, además de la contaminación y la destrucción de glaciares, Barrick Gold utiliza 9 millones y medio de litros de agua por día, los datos surgen de la autorización del Departamento de Hidráulica de San Juan para el funcionamiento de la mina. Paradójicamente, la provincia está en emergencia hídrica hace más de cinco años. 
El agua vale más que el oro, hoy es escasa y para que nuestra especie (y las demás con las que habitamos la tierra) sobreviva es elemental.

Es hora de pensar en la vida, en el agua y en el ambiente.

¡Clausura ya!

FIRMA ACÁ

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Campanas_y_Acciones/Argentina_Que_cierre_la_Mina_Veladero_explotada_por_Barrick_Gold

 

2) Una denuncia clave sobre el capitalismo contemporáneo para ver la degradación democrática del balotaje que nos condujo al gobierno de Macri.

 

Los Estados siguen siendo víctimas del abuso corporativo: ¡No a Chevron!

25 de julio de 2016

"El caso Chevron – uno de los más emblemáticos a nivel mundial- es una muestra patente de la forma en la que los Estados son víctimas del sistema de justicia internacional; y, cómo esas mismas corporaciones siguen gozando de impunidad en todo el planeta."

Las organizaciones abajo firmantes consideramos evidente que el pueblo ecuatoriano ha sido víctima de Chevron, del sistema de arbitraje internacional y de los perniciosos tratados bilaterales de inversión.

Recordemos los hechos de este juicio histórico de más de dieciséis años:

El caso Chevron – uno de los más emblemáticos a nivel mundial- es una muestra patente de la forma en la que los Estados son víctimas del sistema de justicia internacional; y, cómo esas mismas corporaciones siguen gozando de impunidad en todo el planeta.

Entre 1990 y 1993, la petrolera Texaco, actualmente Chevron, planteó siete juicios de carácter comercial en contra del Estado ecuatoriano y de la empresa pública Petroecuador.

Bajo el sistema judicial ecuatoriano, la parte denunciante o interesada en un proceso tiene la obligación de impulsar un proceso judicial. Esos seis casos comerciales nunca fueron impulsados por la petrolera.

Por otra parte, los afectados por el daño ambiental causado por las operaciones de Texaco (hoy Chevron), en el año 1993, plantearon un juicio en contra de la petrolera en las cortes del Estado de Nueva York.

Como una estrategia de la petrolera, para lograr que los jueces de los Estados Unidos desestimen la demanda de los afectados ecuatorianos, entre los años 1994 y 1998, procedió a celebrar un acuerdo de remediación ambiental con el Estado ecuatoriano y la petrolera estatal Petroecuador, durante ese periodo Texaco realizó trabajos para la supuesta remediación ambiental[1]. Con ese contrato y la posterior acta de liberación de responsabilidades, Chevron pidió a los jueces de Estados Unidos que desestimen la demanda realizada en Ecuador.

Para el año 2003, el caso se radicó en Ecuador; y, una vez que se empezaron a generar pruebas contundentes que inculpaban a la petrolera, ésta optó por plantear un arbitraje internacional en contra del Ecuador, acusándolo de denegación de justicia. Según la petrolera, hasta el año 2006, habían transcurrido 15 años, y esos juicios no se los había concluido. En verdad la petrolera nunca impulsó esos procesos judiciales.

El Estado planteó distintos argumentos jurídicos y técnicos ante los árbitros, ya que consideró que se estaba desconociendo al sistema de justicia de un país soberano. Es más, se aplicaba un convenio bilateral de protección de inversiones de forma inadecuada y retroactiva. Finalmente, el panel de arbitrajes ordenó que el Estado ecuatoriano le pague a Chevron la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES DE DÓLARES.

Por su parte los afectados, conformados por más de 30.000 indígenas y campesinos, agrupados en la Unión de Afectados por Texaco, UDAPT, lograron que la justicia ecuatoriana condene a Chevron a pagar más de 9.500 millones de dólares para reparar, en lo que es posible, el daño causado por la petrolera.

Es evidente que el sistema de justicia internacional en éste caso, de arbitraje internacional, está construido para proteger a las corporaciones, desconociendo en muchos casos a los sistemas de justicia domésticos y soberanos de cada Estado.

Es real que tanto éste arbitraje, como los otros dos casos, conocidos como Chevron I y Chevron III, fueron planteados por la petrolera como represalias o retaliación en contra del Estado ecuatoriano, por permitir el procesamiento del juicio ante el sistema de justicia ecuatoriano.

Es injusto pero real, que hoy el Estado ecuatoriano, le adeuda a la petrolera Chevron la suma de 96.355.369,17 dólares, más intereses. Pero al mismo tiempo es real y más que justo que la petrolera le adeuda a los afectados la suma de 9.521.000.000,00 de dólares americanos.

No puede por una parte exigirse al Estado a cumplir con una deuda injusta y por otra parte negarse a cumplir con una deuda legítima.

Por estas consideraciones, reclamamos:

Llamamos a las distintas organizaciones sociales conformar un frente común de lucha ante este atropello a los derechos humanos de los ciudadanos, para exhortar al Estado ecuatoriano a cumplir con la orden judicial ecuatoriana, es decir, a pagar dichos recursos a los afectados por las operaciones de Texaco, y no entregarle los recursos a la petrolera. Que los recursos que Chevron intenta extirpar a los ecuatorianos, se pueden quedar dentro del Ecuador, pagando a los afectados por Chevron.

Extendemos este llamado para exigir que se respete la orden judicial ecuatoriana y la sentencia, respectivamente; y, que el crédito que mantiene actualmente el Estado a favor de la petrolera, sea inmediatamente transferido a los afectados para que éstos puedaniniciar lo antes posible los planes y proyectos de reparación ambiental y social.

Rechazamos toda pretensión de someter la justicia ecuatoriana a los dictámenes injerencistas de los tribunales internacionales de inversión. Recordamos que la sentencia en contra de Chevron ha sido ratificada por el sistema judicial ecuatoriano y bajo ninguna circunstancia un tribunal extranjero puede constituirse en una cuarta instancia. Ello derivaría en la supresión de la soberanía y el sometimiento de nuestros países a intereses económicos y políticos extraños a las necesidades de nuestros pueblos.

Exigimos a las instancias correspondientes que actúen en derecho. Y nos unimos a las legítimas demandas de los más de 30 mil afectados ecuatorianos, indígenas y campesinos, exigiendo que se respete la sentencia y el embargo.

Centro de Derechos Económicos y Sociales – CDES, Ecuador
Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos -LATINDADD
Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe

ORGANIZACIONES ADHERENTES:(...)
OMAL
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Los_Estados_siguen_siendo_victimas_del_abuso_corporativo_!No_a_Chevron

 

Pero contextualizando el Estado en Sudamérica y en el propio país constatamos que el sometimiento estatal a transnacionales responde, por ejemplo, a la falsedad de UNASUR y al gobierno de Rafael Correa en contra de las organizaciones populares que están construyendo tanto  resistencia al extractivismo como alternativas emancipadoras. Aclaremos, antes de desarrollar algunas de esas pruebas, respecto al papel de Argentina que al presentar la Asociación Justicia Legítima (en mayo de 2013) Gils Carbó aseguró que “Justicia Legitima va a ser diferente porque no va a trabajar en beneficio de sus miembros sino de toda la sociedad”.“No va a ser sólo una asociación de magistrados y funcionarios. Justicia Legitima va a estar integrada por trabajadores judiciales, organizaciones y ciudadanos que quieran trabajar por una transformación de la instituciones judiciales en beneficio de la sociedad”. La Procuradora afirmó que los integrantes de la organización "creen en el cambio de una nueva justicia para la democracia". También el kirchnerismo caracterizó, con amplio consenso, a la Corte Suprema como opuesta a la de Menem.

 

 

Argentina: El fallo de la Corte Suprema a favor de Chevron
7 de junio de 2013

 

Por Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

I. Hace unos días la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en un dictamen referido al embargo de los bienes de Chevron en territorio argentino pedido por la justicia ecuatoriana y aceptado por el juez Elcuj Miranda en primera instancia y confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, dijo que el pedido "librado por el juez ecuatoriano en tanto que la medida allí dispuesta -dictada en el marco de un procedimiento en que no se aseguró la defensa de los sujetos afectados- es manifiestamente contraria al orden público argentino".

Agregó que "El interés público de la actividad desarrollada por los recurrentes [Chevron] y la trascendencia económica del embargo me llevan a la convicción de que la decisión apelada puede producir agravios de carácter irreparable a intereses esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo económico del país. Así el caso involucra una cuestión de gravedad institucional". Dijo también la Procuradora que los sujetos embargados eran "sociedades constituidas en la República Argentina y en el Reino de Dinamarca", lo que implica que tienen "personalidad jurídica propia y distinta de la de sus accionistas directos e indirectos, según lo estipulado por la legislación nacional".

La Corte Suprema de Justicia, por amplia mayoría y siguiendo el dictamen de la Procuradora, hizo lugar al recurso extraordinario presentado por Chevron y falló a favor de la transnacional petrolera dejando sin efecto el embargo. Hubo un sólo voto en contra, aunque la prensa oficialista, por ejemplo Página 12, escribe que el fallo se adoptó por unanimidad.

La Corte sostuvo que el embargo, por 19.021.552.000 dólares, "se extendía a las sociedades subsidiarias de Chevron Corporation, en particular a las aquí demandadas Chevron Argentina SRL e Ingeniero Roberto Priú y los titulares de sus cuotas sociales".

Dijo también la Corte : "La decisión tomada por la Justicia del Ecuador de imponer medidas cautelares sobre los bienes de las sociedades demandadas, en razón de haberse decretado sin audiencia previa, la inoponibilidad de su personalidad jurídica, las ha privado de este derecho, con afectación de principios que integran el orden público internacional argentino (arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional), circunstancia que obsta al cumplimiento de la carta rogatoria". La Corte citó además el artículo 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que, entre otros requisitos para que una sentencia extranjera pueda ejecutarse, exige: « que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino » y « que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa ».

Los argumentos del dictamen de la Procuradora y del fallo votado por la mayoría de la Corte son jurídicamente insostenibles : referirse al artículo 17 de la Constitución Nacional, que habla de la inviolabilidad de la propiedad y de la confiscación de bienes es una extrapolación totalmente fuera de lugar : con una medida cautelar de embargo no se está violando el derecho de propiedad y menos aún confiscando bienes. Y la alusión al artículo 18 de la misma Constitución (derecho a la defensa en juicio), porque no se habría cumplido con el requisito del artículo 517 del Código procesal, también es insostenible, pues como señalaron el juez que decretó el embargo, la Cámara que lo confirmó y el juez Fayt que votó en contra en la Corte Suprema « las subsidiarias tienen el derecho de ser oídas en el proceso de Ecuador porque así lo establece la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares".

Pero el dictamen de la Procuradora y el fallo de la Corte olvidaron además la mejor tradición jurisprudencial argentina e internacional en materia de empresas transnacionales en lo que se refiere a la identidad de intereses de la casa matriz y las subsidiarias.

En efecto, la Corte Suprema Argentina dijo en 1973 que cuando el status jurídico de la filial hace aparecer a ésta como una entidad independiente es preciso «levantar el velo» de la ficción jurídica y establecer la realidad económica, de modo que la sociedad matriz no pueda eludir sus responsabilidades (Corte Suprema Argentina, sentencia del 31/7/73 en el caso "Parke Davis").

También en 1973, la misma Corte Suprema, en el caso Swift Deltec, dijo que cuando la sociedad matriz deja insolvente a la filial y esta quiebra burlando los derechos de sus acreedores, entre ellos sus asalariados, corresponde extender los efectos de la quiebra a la sociedad matriz a fin de que esta se haga responsable ante los acreedores de la filial.

En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido que las multas por infracción a las reglas de la competencia aplicadas a una sociedad subordinada con la nacionalidad de un Estado miembro, deben extenderse a la sociedad dominante que tiene la nacionalidad de un Estado tercero (Sentencia del 21 de febrero de 1973).

De modo que, despejada la hojarasca jurídica insustancial del dictamen de la Procuradora y del voto mayoritario de la Corte, queda al descubierto el verdadero fondo político-ideológico neocolonial expresado claramente por la Procuradora en su dictamen: "El interés público de la actividad desarrollada por los recurrentes [Chevron] y la trascendencia económica del embargo me llevan a la convicción de que la decisión apelada puede producir agravios de carácter irreparable a intereses esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo económico del país. Así el caso involucra una cuestión de gravedad institucional".

A lo que se suma que el dictamen de la Procuradora y el fallo de la mayoría de la Corte consagran la impunidad de los crímenes económicos y ambientales cometidos por las sociedades trasnacionales, que se escudan tras cambios de nombre o tras filiales reales o ficticias, ignorando el principio fundamental de la identidad de intereses y de la responsabilidad solidaria de la casa matriz y de sus filiales o subsidiarias.

II. Entre los años 1964 y 1992, la compañía petrolera transnacional Texaco construyó y operó pozos y estaciones de producción petrolera en la región norte de la Amazonía Ecuatoriana. Se le concedió un territorio de 1.500.000 hectáreas de selva donde viven o vivían varias comunidades indígenas.

Texaco no utilizó las técnicas adecuadas para evitar la contaminación ambiental sino, para maximizar sus ganancias, usó otras técnicas más baratas diseñadas en Estados Unidos, lo que le permitió economizar unos 8 mil quinientos millones de dólares. El resultado es que aún hoy decenas de miles de pobladores sufren las consecuencias ambientales (contaminación de las aguas y del suelo) y sanitarias (aumento sustancial del número de cancerosos, etc.).

En 1993 se inició la demanda ante un tribunal de Estados Unidos, una acción colectiva o acción de clase iniciada por el Frente de Defensa de la Amazonia en nombre de varios miles de víctimas. El juez aceptó la competencia basándose precisamente en que las técnicas de explotación empleadas habían sido diseñadas en Estados Unidos. Pero dicho juez falleció y el criterio en materia de jurisdicción cambió hasta que en 2002, nueve años después de iniciada la demanda, quedó firme la decisión de incompetencia de los tribunales estadounidenses.

Entonces se inició el juicio en el Ecuador en mayo de 2003 en la ciudad de Lago Agrio. Los demandantes incluyen colonos y cinco nacionalidades indígenas: Siona, Secoya, Cofán, Huaorani y Kichwa del oriente divididas en 80 comunidades sumando más de 30.000 afectados.

El reclamo de reparación se estimó en 27 mil millones de dólares contra Chevron Texaco, pues en 2001 Texaco fusionó con Chevron, asumiendo el nuevo consorcio todas las obligaciones.

La sentencia definitiva de los tribunales ecuatorianos condenó a Chevron a pagar 19.500 millones de dólares destinados a la limpieza de la región.

Este es el origen de los embargos pedidos por Ecuador en distintos países, entre ellos Argentina, para intentar el cobro de la suma reclamada.

Es una conducta habitual de Chevron contaminar la región donde opera para reducir los costos.

III. El embargo levantado por la Corte Suprema era visto como un obstáculo para la concreción del memorando de entendimiento celebrado entre YPF y Chevron en setiembre de 2012.

Según La Nación del 5 de junio, el 27 de marzo de este año, Galuccio, Director Ejecutivo de YPF le mandó una carta a los litigantes : "En nuestra opinión, las medidas promovidas por ustedes son absolutamente perjudiciales para la Argentina y podrían tener un efecto negativo en la inversión y el empleo en el país. Por eso rechazamos la afirmación que realizan en vuestra carta sobre que dichas medidas no afectan los planes de YPF. Y creemos que la única forma de evitar un enorme daño a nuestro país es el cese de tales medidas en la República Argentina".

Sobre el Memorando de entendimiento YPF-Chevron escribimos, entre otras cosas, en Argenpress el 17 de setiembre de 2012:

… »El acuerdo establece “el interés mutuo para desarrollar un cluster de hidrocarburos no convencionales, a través de un proceso de investigación y desarrollo de proyectos conjuntos”. ..

… »Estas negociaciones son coherentes con la invariable política seguida desde hace años hasta la actualidad, de facilitar la explotación de los recursos naturales agrícolas (sojización) y minerales (minería a cielo abierto, etc.) por parte de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, con el resultado de graves daños ecológicos y sin repercusión positiva apreciable para el país en el plano económico (ínfima participación en los beneficios) y social (desaparición de muchas pequeñas explotaciones rurales, deplorables condiciones de trabajo en las minas, por el ejemplo en el “Estado independiente” Barrick Gold, a caballo de la Cordillera de los Andes entre Argentina y Chile, etc) »…. 

… »¿Qué son los yacimientos no convencionales, que despiertan tanto el interés de esas grandes empresas? Son arenas bituminosas, petróleo y gas de pizarra o esquisto (shale gas y shale oil) y gas de arenas profundas/ compactas (tight gas es decir reservas de gas y petróleo intersticiales en formaciones rocosas o mezcladas con arena, diferentes de los yacimientos convencionales constituidos en napas. Su explotación requiere técnicas recientes y la utilización de grandes cantidades de agua y químicos de alta toxicidad »….

… »Los más grandes yacimientos no convencionales conocidos en Argentina son los de Vaca Muerta, en Neuquén, que abarca una zona de 30000 km2, 12000 de los cuales controlados por YPF. Objeto del acuerdo con Chevron… »


Pero aparte de la enorme inversión y del tiempo que habría que esperar para llegar a un eventual autoabastecimiento energético, se plantean dos cuestiones cruciales : a) la ambiental y b) la posibilidad de negociar en forma transparente defendiendo el interés nacional con las grandes empresas y, ya en la etapa de la explotación, realizar un riguroso control ambiental de las técnicas empleadas y económico de la producción real y de los beneficios, con una equitativa participación estatal en estos últimos…. »


… »a) En cuanto a la cuestión ambiental, un artículo de OPSUR (Observatorio Petrolero Sur) distribuido el 19 de marzo ¿Novedad o el horror potenciado? (http://www.opsur.org.ar/blog/2012/04/19/fractura-expuesta). publicado también en Argenpress el 23 de abril, se refiere al serio problema ambiental que plantea la explotación de los yacimientos no convencionales y describe la resistencia que en todas partes se desarrolla contra dicha explotación y las medidas gubernamentales de moratoria para frenar la aplicación del sistema de fractura hidráulica : en el Estado de Quebec, Canadá, en el Estado de Nueva Gales del Sur, Australia, en Sudáfrica donde el Gobierno ordenó el cese de dicha explotación hasta que se hagan los correspondientes estudios , en Francia, donde una masiva movilización popular en 2011 logró que se aprobara una ley que prohíbe la técnica de fractura hidráulica… ». 


… »Como puede apreciarse la explotación de los yacimientos no convencionales implica riesgos ambientales muy considerables.


… b) La otra cuestión crucial que está planteada es, dado lo que es público y notorio en materia de corrupción en la Argentina actual, frente a empresas transnacionales con una capacidad de corrupción prácticamente ilimitada y una gran experiencia práctica en la materia, quiénes y cómo defenderían de manera inflexible los intereses económicos y ambientales nacionales. Para poder crear las condiciones de resistir un “cañonazo” de algunos millones de dólares de las petroleras transnacionales habría que cambiar totalmente los modos de gestión, a fin de asegurar la total transparencia, un control institucional democrático y un verdadero control social y popular. Nada de lo cual existe actualmente. 


De modo que, en este estado, sólo cabe esperar que Chevron, como lo hace habitualmente en todo el mundo y como ya lo hacen otras grandes transnacionales en Argentina , saqueará el patrimonio nacional y provocará, sin reparo alguno, un vasto desastre ambiental »….

Con otro agravante : Argentina está totalmente desguarnecida jurídicamente en caso de conflicto con una empresa transnacional, pues durante los diez años de gestión de la « década ganada» no se HA HECHO NADA PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN :

Siguen vigentes las leyes de inversiones extranjeras y de expropiaciones dictadas por la dictadura militar y su Ministro de Economía Martínez de Hoz, los decretos menenistas 1055/89, 1212/89 y 1589/89 de desregulación petrolera, los 54 tratados comerciales bilaterales celebrados y ratificados durante el Gobierno de Menen no han sido denunciados y ni siquiera renegociados y Argentina sigue adherida al CIADI, que organiza tribunales arbitrales bajo la égida del Banco Mundial.

La vigencia de los tratados bilaterales implica la renuncia a la jurisdicción nacional, renuncia a la que el Gobierno trata de darle permanencia mediante su introducción en las reformas proyectadas al Código Civil (artículos 1657 a 1665).

(ARTÍCULO 1657.- Arbitraje institucional. Las partes pueden encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u otras entidades nacionales o extranjeras cuyos estatutos así lo prevean. Los reglamentos de arbitraje de las entidades administradoras rigen todo el proceso arbitral e integran el contrato de arbitraje.)

ARTÍCULO 1658.- Cláusulas facultativas. Se puede convenir: a) la sede del arbitraje;…., etc. etc.).

De modo que el fallo de la Corte Suprema a favor de Chevron no merece ser celebrado, sino todo lo contrario. En primer lugar porque es un golpe bajo contra las víctimas de Chevron en Ecuador y en segundo lugar y no menos importante, porque contribuye a facilitar la política entreguista, antinacional y contraria a los intereses populares del actual Gobierno de Argentina.

Fuente: http://www.argenpress.info/2013/06/argentina-el-fallo-de-la-corte-suprema.html

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El paisaje agrario en Ecuador y la resistencia de los campesinos

26 de julio de 2016

 "La Escuela de Agroecología “Julio Saltos Bravo” intentó replicar el modelo de la escuela de agroecología del MST y de otras experiencias de América Latina. Ésta se basa en los principios de la educación popular y de la economía política para acercarse a la realidad agraria. Así que durante tres días al mes los campesinos son convocados en una finca de algún compañero que lleva varios años trabajando la agroecología. Ahí se “imparten” clases teóricas sobre economía política, agroecología política, ecología política y poder popular por parte de educadores populares de diferentes lugares del Ecuador y de Latinoamérica."

 

Por Mariana Blanco Puente

Bajando por los Andes Ecuatorianos hacia el Pacífico, se encuentra la Costa del Ecuador, una zona tropical llena de contrastes. Es la región más poblada del país donde se ubica la ciudad de Guayaquil, un puerto con una fuerte dinámica económica y comercial que sirvió como uno de los primeros enlaces comerciales para la exportación de materia prima. Esta región fue de las primeras zonas que entró en la dinámica económica mundial a través de las haciendas cafetaleras y cacaoteras que instalaron en estos territorios una dinámica de acumulación de tierras para la exportación de productos agrícolas.

Pasada la fiebre del café y del cacao llegó la fiebre del banano, que modificó miles de hectáreas del paisaje agrario costeño en cientos de miles de kilómetros de haciendas bananeras, instalándose como el primer productor y exportador de América Latina. Hoy en día la Costa del Ecuador es la región del país con mayor extensión de monocultivos para la exportación y para el consumo interno; banano, palma africana, cacao, arroz y maíz amarillo, lo que hace que también sea la región con mayor consumo de agroquímicos a nivel nacional. Por todo el territorio predominan las casas comerciales de químicos para la agricultura de empresas como Agripac y Fertisa que promocionan sus productos a través de ingenieros agrónomos.

 

A esta dinámica se suman los agronegocios para el consumo interno, grandes empresas que hacen el papel de intermediarios en la producción, como las piladoras de arroz o la empresa Pronaca. Ambas proporcionan las semillas, los créditos para la producción y los insumos, para posteriormente comprar la producción a los campesinos, es decir, mantienen el control de toda la cadena productiva, dejando al campesino como un jornalero en su propia tierra.

Este paisaje agrario se combina con las fincas de los campesinos costeños que se identifican como montubios, y que mantienen en sus fincas cultivos para el autosustento como el plátano, la yuca, el camote, el maní, la papaya, la guanábana y otros frutales. Son estos campesinos los que menos beneficios obtienen de este modelo agrario en la Costa y sin embargo son los que más contribuyen a la producción de alimentos para el consumo interno y la soberanía alimentaria.

 

Organizándose hacia la agroecología

En este contexto de dominación y de agronegocios surge la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL), a raíz de la ruptura con una organización de terrratenientes que controlaban las políticas agrícolas de la zona. A partir de este punto los campesinos montubios cambiaron su esquema de producción y se fueron adentrando hacia la agricultura orgánica en primera instancia y posteriormente hacia la agroecología. Varios proyectos comenzaron a gestarse desde ahí, por ejemplo mercados agroecológicos donde los campesinos pueden vender sus productos directo a los consumidores evitando a los intermediarios; el Festival por la Soberanía Alimentaria que se realiza el 16 de octubre en la ciudad de Guayaquil; una caja comunitaria que da pequeños créditos para la producción campesina; una cooperativa de insumos orgánicos que sirve para financiar los proyectos de la organización.

Entre estos uno de los proyectos que se impulsó fue a la Escuela de Agroecología. Después de varios años de realizar capacitaciones en agricultura orgánica y agroecología, y bajo el ejemplo de la Escuela Latinoamericana de Agroecología del MST, las escuelas de formación en Cuba y la Escuela Nacional de Agroecología de Ecuador, la FECAOL decidió abrir la Escuela de Formación Agroecológica “Julio Saltos Bravo” para dar solución al tema de educación política y técnica entre sus mismos campesinos.

La primera promoción de la escuela estaba formada por mujeres y hombres campesinos de la organización que ya participaban en las diferentes actividades y que tenían una necesidad de seguirse formando en temas de agroecología. Para la segunda promoción, la FECAOL hizo una estrategia política con miras a la difusión de la agroecología en todas las provincias de la región, lo que logró que esta vez se involucraran campesinos de organizaciones de la provincia del Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí y Santa Elena, casi todas las provincias de esta región. Así, se incluyeron en las discusiones las problemáticas particulares de cada una de las provincias, por ejemplo las fumigaciones por parte de las bananeras en Los Ríos y El Oro, la dinámica de la siembra entre los maiceros de Manabí; el despojo de tierras y agua en Santa Elena; y los problemas productivos de los arroceros en el Guayas. De igual forma estas discusiones permitieron encontrar problemáticas generales entre todas las provincias, por ejemplo el endeudamiento de los campesinos por los créditos para la producción que da el gobierno; el abuso de los intermediarios y las dificultades en la comercialización campesina; el robo y despojo de tierras por parte de los hacendados; y la escasez de agua para los pequeños campesinos por el acaparamiento de los caudales por las grandes haciendas.

Así, se fue generando un enlace entre campesinos de toda la región que ha derivado en otras actividades a largo plazo como las Cumbres Agrarias de la Costa, la Cumbre Nacional Agraria y escuelas de agroecología en cada de una de las provincias de la Costa.

 

Los campesinos como educadores

La Escuela de Agroecología “Julio Saltos Bravo” intentó replicar el modelo de la escuela de agroecología del MST y de otras experiencias de América Latina. Ésta se basa en los principios de la educación popular y de la economía política para acercarse a la realidad agraria. Así que durante tres días al mes los campesinos son convocados en una finca de algún compañero que lleva varios años trabajando la agroecología. Ahí se “imparten” clases teóricas sobre economía política, agroecología política, ecología política y poder popular por parte de educadores populares de diferentes lugares del Ecuador y de Latinoamérica.

Pero estas sesiones no son una clase tradicional en donde el educador brinda conocimiento y los campesinos lo reciben, por el contrario, este conocimiento se va construyendo a partir de la discusión con ellos, del contexto específico de cada uno y de las problemáticas concretas en cada uno de sus territorios. Esto obliga a cambiar el esquema de la educación e impulsa a que los campesinos reflexionen sobre sus realidades, sus problemas y las posibles soluciones que pueden tener estos a través de la agroecología y los proyectos que se plantean desde la misma.

Después de las discusiones más teóricas, otros compañeros campesinos con experiencia práctica en agroecología, normalmente los anfitriones de las fincas, comparten sus conocimientos prácticos con los nuevos educandos. Ahí se muestra cómo se puede sembrar sin utilizar agroquímicos, cómo preparar fertilizantes y pesticidas naturales, aprovechar las fases de la luna, reciclar semillas, recuperar conocimientos sobre plantas medicinales, cómo hacer apicultura y cómo diseñar fincas agroecológicas para aprovechar de mejor manera las condiciones de cada terreno y territorio.

Aquí el educador es el propio campesino con experiencia práctica de años de cultivar y experimentar en su propia tierra, hablándole al campesino en sus propios términos y viendo los resultados de esas prácticas en la realidad. Esta metodología de Campesino a Campesino tiene una gran resonancia en este contexto, ya que quienes suelen monopolizar el conocimiento sobre la producción agrícola son los ingenieros agrónomos que trabajan para el Magap –Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca- y para las empresas de agroquímicos instaladas en la región.

Otro elemento que completa la educación y las actividades en la escuela es la parte cultural basada en las “místicas”. Es una manera de recuperar la cultura de cada una de las provincias de la Costa y de los pueblos campesinos que forman la escuela. En esta ocasión los pueblos Montubios y los Huancavilcas tenían la posibilidad de intercambiar conocimientos sobre sus tradiciones, sus alimentos, sus fiestas y su cultura en general. Muchas de estas situaciones eran teatralizadas por los campesinos para mostrar situaciones de la vida cotidiana mezcladas con problemáticas del campo.

Un aspecto que hay que resaltar y que le otorga mucha fuerza a la Escuela es su autonomía. Esta escuela de agroecología es gestionada en su totalidad por los propios campesinos que la forman, es decir ellos mismos se transportan hacia los lugares y llevan comida o dinero para comprar los alimentos de los tres días del módulo. Dentro del módulo son ellos mismos quienes se organizan en comisiones de trabajo para organizar los espacios, hacer la comida, organizar las actividades, asegurarse que los horarios se cumplan y limpiar los espacios una vez que se acaba el módulo. Este proyecto es completamente autónomo y eso le da un sentido de pertenencia hacia los campesinos, es pues una escuela de campesinos para campesinos.

 

Y ¿para qué sirve una escuela de agroecología?

La segunda promoción de la Escuela de Agroeocología de la FECAOL dio un paso más en la organización de los campesinos en la Costa del Ecuador, permitiendo alianzas entre 5 provincias y encendiendo pequeñas llamas de resistencia y lucha contra el sistema agroalimentario en la región. Los educandos de estas escuelas ahora serán los encargos de replicar esta escuela en cada una de sus provincias, además de que se están planteando ya mercados agroecológicos donde los productores pueden vender directamente a los consumidores en diferentes ciudades.

Varios proyectos se están pensando, pero de las cosas más importantes que se lograron en la Escuela fue generar una conciencia en los campesinos sobre el modelo agrario en el que están insertos y cómo la agroecología puede ser una alternativa viable para solucionar los problemas de los campesinos ecuatorianos.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_paisaje_agrario_en_Ecuador_y_la_resistencia_de_los_campesinos

 

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La deuda agraria a debate

Primer Encuentro de Cumbre Agraria en Ecuador

28 de julio de 2016

Por Esteban Daza e Isabel Salcedo (OCARU)

 

Contextualizando el proceso de Cumbre Agraria Ecuador

Por más de un año se han venido reuniendo, en diferentes municipios del territorio ecuatoriano, varias organizaciones de indígenas, de campesinos y de trabajadores agrícolas; autoconvocados por la crisis que atraviesan sus economías, se han movilizado para discutir las problemáticas que les afectan y para plantear una serie de soluciones para resolverlas. 

El Ecuador entró en una etapa de modernización capitalista, aproximadamente desde la década de los años cincuenta; sin embargo, tanto la reforma agraria y los proyectos neoliberales para el agro, como la actual “revolución agraria” no han logrado pagar la deuda económica, política y social que han acumulado los diversos gobiernos con las sociedades rurales. 

Durante el gobierno de Rafael Correa, se han visto emerger nuevas movilizaciones sociales que demandan atención. En los dos últimos años, dichos procesos organizativos y de movilización se enfrentan a una crisis económica provocada por la caída de los precios del petróleo, a un terremoto de 7,8 grados que devastó la zona costera del Ecuador y que evidenció la pobreza en la que viven las comunidades del campo y, a una coyuntura electoral que no toma en cuenta a la dinámica agraria generada por las economías campesinas, entre sus propuestas.  
  
Es en este marco, en el que se inscribe
uno de los mandatos que las organizaciones del campo han promovido por más de un año, ir hacia una Cumbre Agraria Nacional, como proceso permanente de movilización social, que tenga como horizonte político la disputa del sentido del campo, replanteándose la Reforma Agraria por la Soberanía Alimentaria.

En busca de un Acuerdo Agrario Nacional

El jueves 21 de julio, a las 10.00 de la mañana, un sol de justicia presidía el horizonte de las demandas y propuestas de sectores campesinos, indígenas, montubios, pequeños y medianos productores, trabajadores y consumidores de la ciudad.  La marcha dirigió sus pasos desde el MAGAP (Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca) hacia la Facso, Facultad de Comunicación de la Universidad Central, donde cerca de mil personas se encontraron en el acto inaugural presidido por los dirigentes de la mesa directiva de la Cumbre.

Más de 500 organizaciones participaron de un total de 20 precumbres donde tuvieron voz representantes e integrantes de CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana), Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador), CEOSL (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres), CEDOCUT (Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores), CONFEUNASSC (Confederación del Seguro Social Campesino), FECAOL (Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral), Tierra Vida y ASTAC (Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros agrícolas y campesinos).

El agua, la tierra, las semillas y agrobiodiversidad, modelo productivo, mercado e intercambio, fortalecimiento organizativo, educación, seguro social campesino, salud, trabajo agrícola y situación de los jóvenes en el mundo rural convocaron a los diferentes sectores para un debate necesario y urgente en la construcción de propuestas y alternativas para el campo.

Productos del campo y artesanías diversas de cada provincia, formaron parte de un colorido escenario en el intercambio de semillas durante la feria celebrada el 21 y 22 de julio. Las organizaciones presentes tuvieron la oportunidad de compartir y exponer sus productos en un acercamiento de saberes desde el campo a la ciudad. 
Severino Sharupi, Dirigente de Tierra y Territorio de CONAIE, indicó que el Acuerdo Nacional Agrario, como objetivo principal del Primer Encuentro permitirá la unidad de las organizaciones del campo, de indígenas, de productores y de trabajadores donde se reflejen los diferentes compromisos. 

El encuentro de dos días finalizó con las resoluciones de las mesas de trabajo que fueron plasmadas en una concurrida plenaria donde se reiteró: la no firma y cese de las negociaciones del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, exigencia de espacios de comercialización dignos, el no ingreso de semillas transgénicas,  la defensa y libre circulación de las semillas, derogatoria de la Ley de Tierras, entre otras demandas (pueden leer el contenido completo en:
https://cumbreagrariaecuador.wordpress.com/2016/07/23/cumbre-agraria-ecuador-plantea-el-acuerdo-agrario-nacional-aan/)


Al tratarse de un proceso continuo y dinámico, este Primer Encuentro abre las puertas a un debate agrario nacional que seguirá en los diferentes territorios.
 

OCARU, julio de 2016

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214942

En consecuencia, abajo y a la izquierda, urge percibir (conocer y tomar partido) respecto a:

Territorialidad vs acaparamiento
3 de mayo de 2013

(…)Como bien define GRAIN al referirse al proceso de acaparamiento de tierras (1), la adquisición de tierras puede tomar la forma tanto de arriendo como de concesión o compra directa y, en el caso del acaparamiento de tierras agrarias, ha implicado una profundización de la “financierización” de la agricultura, por la cual poderosos actores financieros y económicos están aumentando su control de los recursos naturales, desplazando y destruyendo al campesinado y a otras comunidades rurales. GRAIN da cifras – del Banco Mundial – para el acaparamiento de tierras con destino a la producción de alimentos para exportación: se han arrendado o vendido 56 millones de ha en 2008-2009, mientras que el Proyecto Land Matrix las ubica en 227 millones hasta 2012.

En esta espiral acaparadora, los fondos financieros han cobrado creciente protagonismo, tales como los fondos de pensiones, los fondos soberanos o de propiedad estatal, los fondos de capitales privados, los fondos de cobertura. Según GRAIN, de los cerca de 100.000 millones de dólares que los fondos de pensión invierten en mercancías de exportación, entre 5.000 y 15.000 millones se destinan a la adquisición de tierras de cultivo, cifras que se calcula se duplicarán para 2015.(2) A su vez, varios Estados juegan fuerte apoyando y promoviendo los negocios y, como en otras instancias, en esta nueva vuelta de tuerca los organismos multilaterales son la palanca facilitadora de los contratos (ver artículo sobre el BM en este boletín).

Frente a esta arremetida del capital que deja fuera a los más desposeídos, a las comunidades locales, a los grupos más vulnerables, que vacía los significados que dan contenido e identidad, se levanta el concepto de territorio, que contiene otros valores que trascienden al mercado y abarcan una dimensión más profunda, diversa y colorida de la vida humana y social. En esa misma línea conceptual se habla de “territorialidad”. Jean Robert, en su artículo “Guerra a la subsistencia. Crisis económica y territorialidad”,(3) le confiere un sentido que trasciende el clásico reclamo por la tierra para abarcar “un territorio con su agua, sus bosques o sus matorrales, con sus horizontes, su percepción de ‘lo nuestro’ y de ‘lo otro’, es decir de sus límites, pero también con las huellas de sus muertos, sus tradiciones y su sentido de lo que es la buena vida, con sus fiestas, su manera de hablar, sus lenguas o giros, hasta sus maneras de caminar. Su cosmovisión.”

El avance de la apropiación impone sus propias reglas, negándole los derechos de quienes sí pueden contar las historias de sus territorios como muestra de su genuina titularidad. “Si ésta es tu tierra ¿dónde están tus historias?”, le dijo un indígena del pueblo Gits’kan en British Columbia, Canadá, a un representante del gobierno durante un arduo proceso ante la justicia para conseguir la demarcación de sus propios territorios. El acaparamiento de tierras no solamente no tiene historias de esas tierras para contar sino que arrasa con ellas. Es el negocio puro y duro, donde ganan los más poderosos y siempre pierden los más vulnerables.

Como expresamos, el acaparamiento reviste muchas formas; la ocupación de vastas extensiones para el agronegocio ha sido el fenómeno más llamativo de estos últimos años, pero también se siguen destruyendo enormes superficies para la exploración y explotación de petróleo o para abrir grandes minas a cielo abierto, se inundan ecosistemas para permitir la instalación de mega represas, se pierden bosques de mangles para crear granjas camaroneras, se instalan “desiertos verdes” de monocultivos de árboles.

Y no solamente destruyendo. Hay una forma más sutil y perversa de apropiación, que llega con un buen disfraz de conservacionismo: los proyectos REDD son también una forma de acaparamiento de los territorios en la medida que despojan a las comunidades de su hábitat, de sus medios de vida y a la larga de su identidad.

 

En la resistencia al acaparamiento, la territorialidad de los pueblos se transforma en bandera, en una lucha contra el materialismo descarnado que suele ir acompañado de violencia y despojo; en una lucha de contenidos y significados, a la búsqueda de lo colectivo y la solidaridad.

Artículo basado en:

(1) “El acaparamiento de la tierra agraria: otra amenaza para la soberanía alimentaria”, GRAIN, ver aquí

(2) PensionFunds: Key Players in the Global FarmlandGrab, GRAIN, junio de 2011, ver aquí

(3) Guerra a la subsistencia. Crisis económica y territorialidad, Jean Robert, Fobomade, ver aquí

MOVIMIENTO MUNDIAL POR LOS BOSQUES TROPICALES

Boletín Mensual - Número 189 - Abril de 2013

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Territorialidad_vs_acaparamiento

 

 

 

Tratemos de definir, aún más, el enfrentamiento entre dos modos de vida y de relación con Nuestra Madre Tierra.

 

                                                                                          

 

Neoextractivismo vs. la defensa integral de los territorios

19 de abril de 2013

                                               

 "Una de las figuras principales de este modelo neoextractivista es el Estado, que juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes por medio de políticas sociales. El neoextractivismo refiere más que a una actividad concreta a una forma de extracción: todas aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de bienes naturales y (casi) sin mediar proceso son trasladados lejos de la zona de origen..."

12/03/13

 

Así, mientras asistimos a estas complicidades políticas legalizadas, en otras partes del mundo se sanciona una vez más a Monsanto por su responsabilidad en la intoxicación química de un agricultor francés. Con esto no queremos reforzar esas viejas ideas de un “norte” civilizado y democrático y un “sur” bárbaro y corrupto. Estas sentencias sólo nos demuestran que las corporaciones se maquillan para cada ocasión: mientras en Estados Unidos y Europa ya se tiñeron el cabello y hablan de economías verdes y servicios ambientales, en América Latina, África y gran parte de Asia los discursos del progreso aún no parecen estar del todo deslegitimados y los pueden seguir usando.

Ninguna de estas visiones pone en entredicho las bases netamente económicas sobre las que camina el sistema y en cambio se enmarcan dentro del neoextractivismo. ¿Otro neo más? La mayoría de las veces los prefijos nos sientan bien: re, co, alter, anti, meta, trans… Pero también están los otros, los que nos caen mal y parece que el neo encabeza la lista mientras mega le sigue de cerca. Es una cuestión de escalas.

Una de las figuras principales de este modelo neoextractivista es el Estado, que según el uruguayo Eduardo Gudynas “juega un papel más activo, y logra una mayor legitimación por medio de la redistribución de algunos de los excedentes por medio de políticas sociales”. El neoextractivismorefiere más que a una actividad concreta a una forma de extracción: todas aquellas actividades que remueven grandes volúmenes de bienes naturales y (casi) sin mediar proceso son trasladados lejos de la zona de origen. Minería, petróleo, gas, represas, monocultivos (de cereales o forestales), agroindustria, ganadería o pesca intensiva, etc. entran dentro de esta categoría y logran seguir aumentando la concentración. De entre ellas la minería es la que puede acabar con la mayor cantidad de recursos no renovables en menor tiempo. Es la más insustentable. Sin embargo esta actividad extractiva está en la cabeza de todas las agendas políticas latinoamericanas: desde México hasta Argentina pasando por Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil y Uruguay (por mencionar solo a los progresistas). Apenas El Salvador está planteándose por estas fechas prohibir de forma permanente las actividades mineras. En un país pequeño, tan densamente poblado y con una fuerte escasez hídrica esa prohibición sería lo más acertado.

Todo depende, como dijimos, de las escalas. Aire, agua, tierra y energía son los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza y también los cuatro elementos sobre los que el capitalismo avanza en estos tiempos a toda velocidad. Y es que incluso si esa redistribución fuera realtampoco se justificarían los daños sociales y ambientales que estos megaproyectos dejan en los territorios: Ocupaciones (para)policial y (para)militar, despojos, contaminación, abusos de todo tipo contra las poblaciones locales.

 

Por estos tiempos el concepto de territorialidad se está utilizando de nuevo como base y sostén para defender física y teóricamente esos espacios que habitamos. Jean Robert dice que “a lo mejor, muchos no saben que, con ello, están inventando un potente concepto analítico nuevo para hablar de una vieja realidad que tiene que ver con el cultivo, la cultura, las costumbres y también la hospitalidad y, por supuesto, la subsistencia, palabra deshonrada por el mal uso que le dieron los lingüistas y economistas ‘de arriba’”. Un concepto parecido podría ser el de biocultura, mismo sobre el que los pueblos huicholes de México están reafirmando legalmente la defensa de su centro sagrado en Wirikuta ante la minería y las agroindustrias. Y es que está visto que para lograr una defensa integral de los territorios primero necesitamos reconocer cuáles son los territorios en los que se establecen esas luchas. El ideológico es quizás el más profundo de ellos. Volviendo a citar a Robert, “lo que vivimos ahora es el efecto de sueños de poder desproporcionados y de omnisciencia desencadenados de sus ataduras tradicionales. Al caer sobre la tierra como desechos, amenazan el sentido común de la gente, que es percepción de la proporción, de la escala, de la justa importancia de las cosas y de los límites de las fuerzas propias. (…) Hoy en día, este contrario de la territorialidad se llama desarrollo urbano y se enseña en las universidades como diseño arquitectónico”.

Las resistencias no cesan, no descansan y no paran de crear alternativas a estos modelos. ¿Cómo no hacerlo cuando incluso los tribunales internacionales favorecen los derechos de las trasnacionales en lugar de hacer prevalecer los derechos colectivos de los pueblos? Un rápido vistazo sobre el más importante de ellos puede aproximarnos a una conclusión: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue creado en 1966 como una rama del Banco Mundial para fomentar el flujo internacional de inversiones. No será muy difícil acertar a quiénes beneficiará en las disputas.

De las falacias del neoextractivismo hay una que se sigue usando todavía hoy y no deja de llamar nuestra atención: “sólo se oponen pero no proponen”. En este corto tiempo que llevamos escribiendo sobre bienes comunes hemos presentado varias propuestas (de esas que para algunæs no existen). Sin irnos muy lejos mientras en pleno siglo XXI los pequeños agricultores siguen siendo quienes alimentan al mundo, las agroindustrias -con un distorsionado discurso de fin de las hambrunas-, sólo han logrado sembrar desertificación, enfermedades y especulación financiera

Desde Grain nos recuerdan que “reencontrarnos con la agricultura como arte, como camino para la fructificación y como base de la cultura de nuestros pueblos es un desafío clave para la humanidad”. Lo que nos dignifica es nuestra capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas cotidianas y eso es un poco lo que se proponen desde los proyectos que buscan reencontrar la armonía que alguna vez hubo entre humanidad y naturaleza. Y no hace falta evocar imágenes de taparrabos para lograr esos fines. Los huertos urbanos y la permacultura son propuestas que se están trabajando en las ciudades y que valoran ambos fines: sustentabilidad y autonomía. Un caso concreto se da en las afueras de Buenos Aires, Argentina donde se atestigua un auge de aldeas ecológicas.

Ya el año pasado Boaventura de Sousa hacía un buen resumen sobre las conclusiones a las que se llegaron desde la Cumbre de los Pueblos (aquella que se dio en paralelo a la oficial Río+20). “Primero, la centralidad y la defensa de los bienes comunes de la humanidad como respuesta a la mercantilización, privatización y financierización de la vida, implícita en el concepto de ‘economía verde’. Entre los bienes comunes están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, ríos, océanos, lagos, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques y las plazas, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el conocimiento, el calendario, Internet, HTML, los productos distribuidos con licencia libre, Wikipedia, la información genética, las zonas digitales libres, etc. (…) Segundo, el pasaje gradual de una civilización antropocéntrica a una civilización biocéntrica (…) Tercero, defender la soberanía alimentaria (…) Cuarto, un vasto programa de consumo responsable que incluya una nueva ética del cuidado y una nueva educación para el cuidado y el compartir (…) Quinto, incluir en todas las luchas y en todas las propuestas de alternativas las exigencias transversales de profundización de la democracia y de lucha contra la discriminación sexual, racial, étnica, religiosa, y contra la guerra”.

 

Un panorama parecido se presentó este año en la Declaración de la Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile en la que se propuso recuperar derechos y bienes naturales, promover el paradigma del buen vivir, trabajar por la autogestión, la autoorganización y la soberanía alimentaria.

Las luchas y resistencias en las calles han sido y son necesarias para afirmarnos en los territorios. Gracias a este tipo de acciones el pueblo oaxaqueño, en México, logró detener el megaparque eólico Mareña Renovables que quería instalarse en el Istmo de Tehuantepec. Gracias a las alianzas que se tejen con medios digitales muchas de estas luchas se multiplican. En los últimos tiempos asistimos día con día a manifestaciones virtuales en apoyo a legítimos reclamos en territorios más o menos remotos (casos Dragon Mart Cancún,ciudades modelo en Honduras o Shell, culpable de contaminación en Nigeria, etc.) Pequeñas acciones, algunas que incluso vienen desde las administraciones públicas y todas ellas nos parecen bienvenidas, una vez más por la escala en la que se dan y por su replicabilidad.

 

Cada quien desde sus espacios de conocimiento están aportando a la construcción de alternativas posibles, deseables y palpables de sus formas de entender el Buen Vivir: ese concepto amplio y generoso del que nos gusta sentirnos parte y que incorpora pluralidad, plenitud, convivencia, armonía… Para empezar a definir(nos) siempre ayuda recordar lo que no es. Estas propuestas no son un remiendo del “desarrollo lineal e infinito”. Para Rebecca Hollender precisamente “la viabilidad del Buen Vivir viene de su capacidad de ir más allá del crecimiento económico como sinónimo, mecanismo e indicador del desarrollo y de aceptar la realidad y limitaciones físicas de los ecosistemas y el carácter finito de los recursos naturales de nuestro planeta. Su viabilidad, igualmente, viene de su capacidad de reconocer que la diversidad no sólo es importante en la Naturaleza, sino en nuestras sociedades y culturas también”.

Todas las alianzas posibles son bienvenidas. Todas las complicidades también. El hecho de lograr flexibilidad y respeto como partes necesarias de la ecuación nos ayuda a construir alternativas desde lo local, vincularlo con lo regional y llegar hasta lo global. Retomando los ejemplos arriba citados, si los medios digitales llegaron para quedarse bueno será entonces que sigamos promoviendo la unión y solidaridad de esos espacios que permiten que pequeñas acciones se reproduzcan geométricamente con los altavoces de la Red. Eso y que “con un solo click” salvaremos el mundo no son sinónimos, pero tampoco creemos justo denostar estas acciones que aportan a una (tantas veces) aclamada amplificación de legítimas demandas. Hoy más que nunca están al alcance de nuestras manos. Elegir dónde y qué consumimos o qué compartimos en redes sociales son todas ellas acciones políticas que por pequeñas que sean aportan a “ese cambio que queremos ver en el mundo”.Si volvemos a esto de los prefijos nos quedamos con las micropolíticas capaces de incidir en las macroestrcuturas para recrear alternativas vivibles.

@SurSiendo

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Ecoportal

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Neoextractivismo_vs._la_defensa_integral_de_los_territorios