Qué Economía

Agosto 2016

Sin desmantelamiento de lo público, de ANSes y de PAMI a favor de la economía global de casino.

 

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

A 200 años, es hora de percibir (conocer y tomar partido respecto a) el exterminio que el sistema mundo capitalista genera al privilegiar la alta rentabilidad de oligopolios por sobre necesidades y aspiraciones de los diversos de abajo. Ahora, esta política económica de priorizar el lucro de los poderes establecidos con terrorismo de estado sin preocupación alguna por la vida de las grandes mayorías, por amplio consenso, es atribuida al gobierno de Mauricio Macri e incluso se lo designa restaurador del neoliberalismo, con lo cual es caracterizado como completamente distinto a los gobiernos K. No hay conciencia generalizada sobre:

¿Democracia o capitalismo?
6 de enero de 2014

 Por Boaventura de Sousa Santos *

Al inicio del tercer milenio, las fuerzas de izquierda se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo, y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso. En estas líneas voy a centrarme en el primer desafío.(...)

 

Desde 1970, los Estados centrales han estado manejando el conflicto entre las exigencias de los ciudadanos y las exigencias del capital mediante el recurso a un conjunto de soluciones que gradualmente fueron dando más poder al capital. Primero fue la inflación (1970-1980); después, la lucha contra la inflación, acompañada del aumento del desempleo y del ataque al poder de los sindicatos (desde 1980), una medida complementada con el endeudamiento del Estado como resultado de la lucha del capital contra los impuestos, del estancamiento económico y del aumento de los gastos sociales originados en el aumento del desempleo (desde mediados de 1980), y luego con el endeudamiento de las familias, seducidas por las facilidades de crédito concedidas por un sector financiero finalmente libre de regulaciones estatales, para eludir el colapso de las expectativas respecto del consumo, la educación y la vivienda (desde mediados de 1990).

Hasta que la ingeniería de las soluciones ficticias llegó a su fin con la crisis de 2008 y se volvió claro quién había ganado en el conflicto distributivo: el capital. La prueba: la conversión de la deuda privada en deuda pública, el incremento de las desigualdades sociales y el asalto final a las expectativas de una vida digna de las mayorías (los trabajadores, los jubilados, los desempleados, los inmigrantes, los jóvenes en busca de empleo) para garantizar las expectativas de rentabilidad de la minoría (el capital financiero y sus agentes). La democracia perdió la batalla y sólo evitará ser derrotada en la guerra si las mayorías pierden el miedo, se rebelan dentro y fuera de las instituciones y fuerzan al capital a volver a tener miedo, como sucedió hace sesenta años.

 

En los países del Sur global que disponen de recursos naturales la situación es, por ahora, diferente. En algunos casos, por ejemplo en varios países de América latina, hasta puede decirse que la democracia se está imponiendo en el duelo con el capitalismo, y no es por casualidad que en países como Venezuela y Ecuador se comenzó a discutir el tema del socialismo del siglo XXI, aunque la realidad esté lejos de los discursos. Hay muchas razones detrás, pero tal vez la principal haya sido la conversión de China al neoliberalismo, lo que provocó, sobre todo a partir de la primera década del siglo XXI, una nueva carrera por los recursos naturales. El capital financiero encontró ahí y en la especulación con productos alimentarios una fuente extraordinaria de rentabilidad. Esto permitió que los gobiernos progresistas –llegados al poder como consecuencia de las luchas y los movimientos sociales de las décadas anteriores– pudieran desarrollar una redistribución de la riqueza muy significativa y, en algunos países, sin precedentes. Por esta vía, la democracia ganó nueva legitimidad en el imaginario popular. Pero, por su propia naturaleza, la redistribución de la riqueza no puso en cuestión el modelo de acumulación basado en la explotación intensiva de los recursos naturales y, en cambio, la intensificó. Esto estuvo en el origen de conflictos –que se han ido agravando– con los grupos sociales ligados a la tierra y a los territorios donde se encuentran los recursos naturales, los pueblos indígenas y los campesinos.

 

En los países del Sur global con recursos naturales pero sin una democracia digna de ese nombre, el boom de los recursos no trajo ningún impulso a la democracia, pese a que, en teoría, condiciones más propicias para una resolución del conflicto distributivo deberían facilitar la solución democrática y viceversa. La verdad es que el capitalismo extractivista obtiene mejores condiciones de rentabilidad en sistemas políticos dictatoriales o con democracias de bajísima intensidad (sistemas casi de partido único), donde es más fácil corromper a las elites, a través de su involucramiento en la privatización de concesiones y las rentas del extractivismo. No es de esperar ninguna profesión de fe en la democracia por parte del capitalismo extractivista, incluso porque, siendo global, no reconoce problemas de legitimidad política. Por su parte, la reivindicación de la redistribución de la riqueza por parte de las mayorías no llega a ser oída, por falta de canales democráticos y por no poder contar con la solidaridad de las restringidas clases medias urbanas que reciben las migajas del rendimiento extractivista. Las poblaciones más directamente afectadas por el extractivismo son los campesinos, en cuyas tierras están los yacimientos mineros o donde se pretende instalar la nueva economía agroindustrial. Son expulsados de sus tierras y sometidos al exilio interno. Siempre que se resisten son violentamente reprimidos y su resistencia es tratada como un caso policial. En estos países, el conflicto distributivo no llega siquiera a existir como problema político.

De este análisis se concluye que la actual puesta en cuestión del futuro de la democracia en Europa del Sur es la manifestación de un problema mucho más vasto que está aflorando en diferentes formas en varias regiones del mundo. Pero, así formulado, el problema puede ocultar una incertidumbre mucho mayor que la que expresa. No se trata sólo de cuestionar el futuro de la democracia. Se trata, también, de cuestionar la democracia del futuro. La democracia liberal fue históricamente derrotada por el capitalismo y no parece que la derrota sea reversible. Por eso, no hay que tener esperanzas de que el capitalismo vuelva a tenerle miedo a la democracia liberal, si alguna vez lo tuvo. La democracia liberal sobrevivirá en la medida en que el capitalismo global se pueda servir de ella. La lucha de quienes ven en la derrota de la democracia liberal la emergencia de un mundo repugnantemente injusto y descontroladamente violento debe centrarse en buscar una concepción de la democracia más robusta, cuya marca genética sea el anticapitalismo. Tras un siglo de luchas populares que hicieron entrar el ideal democrático en el imaginario de la emancipación social, sería un grave error político desperdiciar esa experiencia y asumir que la lucha anticapitalista debe ser también una lucha antidemocrática. Por el contrario, es preciso convertir al ideal democrático en una realidad radical que no se rinda ante el capitalismo. Y como el capitalismo no ejerce su dominio sino sirviéndose de otras formas de opresión, principalmente del colonialismo y el patriarcado, esta democracia radical, además de anticapitalista, debe ser también anticolonialista y antipatriarcal. Puede llamarse revolución democrática o democracia revolucionaria –el nombre poco importa–, pero debe ser necesariamente una democracia posliberal, que no puede perder sus atributos para acomodarse a las exigencias del capitalismo. Al contrario, debe basarse en dos principios: la profundización de la democracia sólo es posible a costa del capitalismo; y en caso de conflicto entre capitalismo y democracia debe prevalecer la democracia real.

* Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal. El texto corresponde a la Décima carta a las izquierdas del autor.

Traducción: Javier Lorca.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-237107-2014-01-06.html

 

 

Destaquemos: "la actual puesta en cuestión del futuro de la democracia en Europa del Sur es la manifestación de un problema mucho más vasto que está aflorando en diferentes formas en varias regiones del mundo". Tenerla en cuenta nos ayudará a superar la focalización en Macri que puede llevarnos a suponer que CFK es la alternativa. Hasta hoy estamos subsumidos en la creencia mayoritaria que democracia es votar cada dos años y mantener el orden establecido desde arriba que vemos como el más conveniente. No nos preguntamos para qué y quiénes. Sin embargo, con Macri comienza a ser patente -para muchos de nosotros- que la prosperidad de los grandes capitales se sustancia en nuestros crecientes empobrecimientos y encarcelamientos. También en la actualidad aumentan las organizaciones populares que resisten y denuncian la devastación planetaria a causa del avance capitalista.

 

 Boaventura de Sousa Santos  nos dice:"Hoy es evidente que, en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista toca la capacidad límite del planeta Tierra. (...)Paulatinamente, se va constatando que los factores de la crisis están cada vez más articulados y son, al final, manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se presenta como crisis civilizatoria. Todo está vinculado: la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis energética, la especulación financiera sobre los commodities y los recursos naturales, la apropiación y la concentración de tierras, la expansión desordenada de la frontera agrícola, la voracidad de la explotación de los recursos naturales, la escasez de agua potable y la privatización del agua, la violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus tierras ancestrales para abrir camino a grandes infraestructuras y megaproyectos, las enfermedades inducidas por un medioambiente degradado, dramáticamente evidentes en la mayor incidencia del cáncer en ciertas zonas rurales, los organismos genéticamente modificados, los consumos de agrotóxicos, etcétera".

 

 

 

¿Extractivismo o ecología?

10 de febrero de 2014

Por Boaventura de Sousa Santos *

Al inicio del tercer milenio, las fuerzas de izquierda se debaten entre dos desafíos principales: la relación entre democracia y capitalismo, y el crecimiento económico infinito (capitalista o socialista) como indicador básico de desarrollo y progreso. En estas líneas voy a centrarme en el segundo desafío (sobre el primero, ver “¿Democracia o capitalismo?”, en Página/12 del 6 de enero pasado).

Antes de la crisis financiera, Europa era la región del mundo donde los movimientos ambientalistas y ecologistas tenían más visibilidad política y donde la narrativa de la necesidad de complementar el pacto social con el pacto natural parecía tener gran aceptación pública. Sorprendentemente o no, con el estallido de la crisis tanto estos movimientos como esta narrativa desaparecieron de la escena política y las fuerzas políticas que más directamente se oponen a la austeridad financiera reclaman crecimiento económico como la única solución y sólo excepcionalmente hacen una mención algo simbólica a la responsabilidad ambiental y la sustentabilidad. Y, de hecho, las inversiones públicas en energías renovables fueron las primeras en ser sacrificadas por las políticas de ajuste estructural. Ahora bien, el modelo de crecimiento que estaba en vigor antes de la crisis era el blanco principal de las críticas de los movimientos ambientalistas y ecologistas, precisamente, por ser insostenible y producir cambios climáticos que, según los datos de la ONU, serían irreversibles a muy corto plazo, según algunos, a partir de 2015. Esta rápida desaparición de la narrativa ecologista muestra que el capitalismo tiene prioridad no sólo sobre la democracia, sino también sobre la ecología y el ambientalismo.

Pero hoy es evidente que, en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista toca la capacidad límite del planeta Tierra. En los últimos meses, varios record de riesgo climático fueron batidos en Estados Unidos, la India, el Artico, y los fenómenos climáticos extremos se repiten con cada vez mayor frecuencia y gravedad. Ahí están las sequías, las inundaciones, la crisis alimentaria, la especulación con productos agrícolas, la creciente escasez de agua potable, el desvío de terrenos destinados a la agricultura para desarrollar agrocombustibles, la deforestación de bosques. Paulatinamente, se va constatando que los factores de la crisis están cada vez más articulados y son, al final, manifestaciones de la misma crisis, que por sus dimensiones se presenta como crisis civilizatoria. Todo está vinculado: la crisis alimentaria, la crisis ambiental, la crisis energética, la especulación financiera sobre los commodities y los recursos naturales, la apropiación y la concentración de tierras, la expansión desordenada de la frontera agrícola, la voracidad de la explotación de los recursos naturales, la escasez de agua potable y la privatización del agua, la violencia en el campo, la expulsión de poblaciones de sus tierras ancestrales para abrir camino a grandes infraestructuras y megaproyectos, las enfermedades inducidas por un medioambiente degradado, dramáticamente evidentes en la mayor incidencia del cáncer en ciertas zonas rurales, los organismos genéticamente modificados, los consumos de agrotóxicos, etcétera. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible realizada en junio de 2012, Río+20, fue un rotundo fracaso por la complicidad mal disfrazada entre las élites del Norte global y las de los países emergentes para dar prioridad al lucro de sus empresas a costa del futuro de la humanidad.

En varios países de América latina, la valorización internacional de los recursos financieros permitió una negociación de nuevo tipo entre democracia y capitalismo. El fin (aparente) de la fatalidad del intercambio desigual (las materias primas siempre menos valoradas que los productos manufacturados), que encadenaba a los países de la periferia del sistema mundial al desarrollo dependiente, permitió que las fuerzas progresistas, antes vistas como “enemigas del desarrollo”, se liberasen de ese fardo histórico, transformando el boom en una ocasión única para realizar políticas sociales y de redistribución de la renta. Las oligarquías y, en algunos países, sectores avanzados de la burguesía industrial y financiera altamente internacionalizados, perdieron buena parte del poder político gubernamental, pero a cambio vieron incrementado su poder económico. Los países cambiaron sociológica y políticamente, hasta el punto de que algunos analistas vieron la emergencia de un nuevo régimen de acumulación, más nacionalista y estatista, el neodesarrollismo, sobre la base del neoextractivismo.

Sea como fuere, este neoextractivismo se basa en la explotación intensiva de los recursos naturales y, por lo tanto, plantea el problema de los límites ecológicos (para no hablar de los límites sociales y políticos) de esta nueva (vieja) fase del capitalismo. Esto es tanto más preocupante en cuanto este modelo de “desarrollo” es flexible en la distribución social, pero rígido en su estructura de acumulación. Las locomotoras de la minería, del petróleo, del gas natural, de la frontera agrícola son cada vez más potentes y todo lo que se interponga en su camino y obstruya su trayecto tiende a ser arrasado como obstáculo al desarrollo. Su poder político crece más que su poder económico, la redistribución social de la renta les confiere una legitimidad política que el anterior modelo de desarrollo nunca tuvo, o sólo tuvo en condiciones de dictadura.

Por su atractivo, estas locomotoras son eximias para transformar las señales cada vez más perturbadoras de la inmensa deuda ambiental y social que generan en un costo inevitable del “progreso”. Por otro lado, privilegian una temporalidad que es afín a la de los gobiernos: el boom de los recursos naturales no va a durar para siempre y, por eso, hay que aprovecharlo al máximo en el más corto plazo. El brillo del corto plazo oculta las sombras del largo plazo. En tanto el boom configura un juego de suma positiva, quien se interpone en su camino es visto como un ecologista infantil, un campesino improductivo o un indígena atrasado, y muchas veces es sospechado de integrar “poblaciones fácilmente manipulables por Organizaciones No Gubernamentales al servicio de quién sabe quién”.

En estas condiciones se vuelve difícil poner en acción principios de precaución o lógicas de largo plazo. ¿Qué pasará cuando el boom de los recursos naturales termine? ¿Y cuando sea evidente que la inversión de los recursos naturales no fue debidamente compensada por la inversión en recursos humanos? ¿Cuando no haya dinero para generosas políticas compensatorias y el empobrecimiento súbito cree un resentimiento difícil de manejar en democracia? ¿Cuando los niveles de enfermedades ambientales sean inaceptables y sobrecarguen los sistemas públicos de salud hasta volverlos insostenibles? ¿Cuando la contaminación de las aguas, el empobrecimiento de las tierras y la destrucción de los bosques sean irreversibles? ¿Cuando las poblaciones indígenas, ribereñas y de los quilombos (afrobrasileños) que fueron expulsadas de sus tierras cometan suicidios colectivos o deambulen por las periferias urbanas reclamando un derecho a la ciudad que siempre les será negado? Estas preguntas son consideradas por la ideología económica y política dominante como escenarios distópicos, exagerados o irrelevantes, fruto de un pensamiento crítico entrenado para dar malos augurios. En suma, un pensamiento muy poco convincente y de ningún atractivo para los grandes medios de comunicación.

En este contexto, sólo es posible perturbar el automatismo político y económico de este modelo mediante la acción de movimientos y organizaciones sociales con el suficiente coraje para dar a conocer el lado destructivo sistemáticamente ocultado del modelo, dramatizar su negatividad y forzar la entrada de esta denuncia en la agenda política. La articulación entre los diferentes factores de la crisis deberá llevar urgentemente a la articulación entre los movimientos sociales que luchan contra ellos. Se trata de un proceso lento en el que el peso de la historia de cada movimiento cuenta más de lo que debería, pero ya son visibles articulaciones entre las luchas por los derechos humanos, la soberanía alimentaria, contra los agrotóxicos, contra los transgénicos, contra la impunidad de la violencia en el campo, contra la especulación financiera con productos alimentarios, por la reforma agraria, los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales, los derechos indígenas y de los quilombos, el derecho a la ciudad, el derecho a la salud, la economía solidaria, la agroecología, el gravamen de las transacciones financieras internacionales, la educación popular, la salud colectiva, la regulación de los mercados financieros, etc.

 

Tal como ocurre con la democracia, sólo una conciencia y una acción ecológica vigorosas, anticapitalistas, pueden enfrentar con éxito la vorágine del capitalismo extractivista. Al “ecologismo de los ricos” es preciso contraponerle el “ecologismo de los pobres”, basado en una economía política no dominada por el fetichismo del crecimiento infinito y del consumismo individualista, sino en las ideas de reciprocidad, solidaridad y complementariedad vigentes tanto en las relaciones entre los seres humanos como en las relaciones entre los humanos y la naturaleza.

* Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal.

El texto corresponde a la “Undécima carta a las izquierdas” del autor.

Traducción: Javier Lorca.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-239508-2014-02-10.html

En consecuencia, a 200 años es hora de percibir o conocer y tomar partido respecto a que, como nos advierte Ana Esther Ceceña en "Dominar la naturaleza o vivir bien: disyuntiva sistémica" (14/11/2011), estamos viviendo un:

 

Momento de bifurcaciones

El capitalismo ha tocado sus límites de posibilidad. Su capacidad destructiva sobrepasa con mucho sus potencias creativas, generando una situación de inestabilidad sistémica propicia tanto para catástrofes como para bifurcaciones, como las que analiza Prigogine para el campo de la física e Immanuel Wallerstein para el de las ciencias sociales. El capitalismo ofrece un camino conocido, con reglas aprendidas, con certezas, pero cuyo desenlace es siniestro. Se sabe que el desarrollo, la acumulación, la libertad de mercado y el crecimiento son los jinetes de la extinción de la vida. Desde hace 500 años son esos jinetes los que hegemonizan los procesos sociales. Nos han enseñado a pensar y a hacer como ellos. Nos han inculcado el miedo a la incertidumbre y a lo desconocido; el miedo a un orden complejo (¡caos!) o no dirigido (¡anarquía!). Sin embargo, incluso la ciencia alerta sobre la situación de alto riesgo en la que nos ha colocado la linealidad y la traslimitación ecológica (WWF). El capitalismo no caerá solo. O lo detenemos o nos arrastra a todos en la carrera. Planteamientos como el del mundo-en-el-que-caben-todos-los-mundos, del Sumak qamaña, del sumak kawsay, de la autonomía, del vivir bien o del buen vivir son una apuesta sin certeza. Es necesario inventarlos, a pesar de sus largas raíces. Durante 500 años desaprendimos la complementariedad y nos empapamos de competencia aun si lo hicimos resistiendo y luchando. El mundo cambió tanto que tampoco sería suficiente recordar nuestros modos ancestrales; tenemos que imaginar, crear y experimentar nuevos. Dentro del capitalismo no hay solución para la vida; fuera del capitalismo hay incertidumbre, pero todo es posibilidad. Nada puede ser peor que la certeza de la extinción. Es momento de inventar, es momento de ser libres, es momento de vivir bien. Leer

 

En nuestro desafío de ir desentrampándonos del capitalismo ocupa un lugar predominante desfetichizar al Estado y comprenderlo como garante de la acumulación por exterminio que concreta el poder económico transnacional y transnacionalizado. Explicar su funcionamiento, fundamentalmente, desde los setenta nos remite a enfocar la deuda externa pública.

 

Julio C. Gambina, en "Sobre la deuda externa pública de la Argentina ¿Qué hace el gobierno y que debiera hacerse?" 14 de abril de 2003, nos explica: "la cuestión de la deuda externa tiene solución en el marco de la política. No es un tema esencialmente «económico». Con la deuda externa se ha facilitado la transferencia de recursos desde la Argentina al exterior y ha sido además, un mecanismo indispensable para favorecer la concentración de riqueza y de poder. Las clases dominantes han utilizado el endeudamiento externo público para transferir al conjunto de la sociedad el financiamiento de la acumulación concentrada del plusvalor generado con el trabajo social y eso es poder político. Desde la perspectiva de las clases subalternas se reconoce que el límite a una propuesta alternativa está en la posibilidad de conformar un proyecto político que anteponga la satisfacción de las necesidades populares por delante de las demandas de los acreedores externos. Todo camino en ese sentido implica la confrontación con las clases dominantes y de su proyecto transnacionalizador. Por ello, un proyecto alternativo tiene perspectiva antiimperialista y anticapitalista. La conflictividad social y política dinamizada desde fines de 2001 anima a pensar en la posibilidad de rupturas de una hegemonía por el ajuste y la regresiva reestructuración capitalista que está vigente en la Argentina desde mediados de los 70. A su vez, es la posibilidad de reinstalar la potencialidad de la propuesta socialista". Leer

 

 

En búsqueda de aproximarnos a dilucidar un tema estructural en el debate económico como es la deuda externa pública consideremos el siguiente artículo de Julio C. Gambina.

 

Argentina – deuda pública: una asignatura pendiente en el debate
21 de marzo de 2010

 Por: Julio C. Gambina

Se termina el verano y queda la discusión, impensada hace poco tiempo, de un tema estructural en el debate económico: la deuda externa pública.

Es importante porque es un tema estructural de las últimas 4 décadas y que tiñe la coyuntura. Decimos esto a pocos días de otro aniversario del Golpe del 76 (24 de marzo), donde la deuda fue el mecanismo económico privilegiado de una restructuración regresiva de la economía, la política y la sociedad. Precisamente, el 23 de marzo estaremos presentando en el edificio recuperado para la “memoria” donde funcionó la ESMA, un libro que escribimos en conjunto con Osvaldo Bayer y Atilio Boron sobre los fundamentos del terrorismo de Estado, donde destacamos el papel del endeudamiento para reorganizar las relaciones económicas en este tiempo, con privatizaciones, desregulaciones, liberalización económica y múltiples formas de disciplinamiento para asegurar ganancia y dominación de capitales concentrados insertos en la transnacionalización.

La deuda y su análisis es una asignatura pendiente, por eso importa el debate, aunque ahora en la agenda de los medios todo parece reducido a pagar con reservas o con fondos que surjan del presupuesto nacional. La voluntad legislativa mayoritaria es por el pago de la deuda. Así se verificó con el voto conjunto del oficialismo y la oposición (por derecha) para la reapertura del canje de deuda operado en el 2005. Que aún no se haya materializado no elude la voluntad conjunta y mayoritaria para favorecer cancelaciones de deuda. A ello debiera sumarse el pago al Club de París, puesto de manifiesto en diversas declaraciones públicas de autoridades nacionales. Son caminos para normalizar la inserción internacional en un sistema financiero en crisis, bajo las orientaciones de un restaurado FMI y en el marco de las disposiciones del G20.

Si se retoma un debate profundo se recuperará una riquísima historia de cuestionamiento al mecanismo de la deuda en la conformación del capitalismo contemporáneo, local o global. La afirmación es válida, incluso más atrás en el tiempo. Para ello hay que remontarse al papel del crédito de la Baring Brothers durante los 80 primeros años de intento por construir un país independiente (válido para pensar en tiempos de Bicentenario). La deuda pública argentina, inaugurada con el empréstito de la Baring generó las condiciones de la dependencia con el capitalismo global hegemonizado por Inglaterra. En las ocho décadas de vigencia del crédito, tres de ellas el país estuvo en default, sin embargo en todo el periodo la deuda fue parte sustancial del condicionamiento de política económica.

La deuda condicionó en el Siglo XIX el desarrollo nacional autónomo y volvió a reincidir en sus efectos en los años 70´ del Siglo XX. La Argentina otorgó, con el endeudamiento público, funcionalidad a un capitalismo necesitado de hacer fluir fondos excedentes del capitalismo central que no encontraban rentabilidad ante la recesión en el capitalismo desarrollado de fines de los 60´ y comienzos de los 70´. Una funcionalidad similar ofrecieron los países dependientes en aquellos años de crisis de rentabilidad del capital. Puede verificarse en América Latina y otras regiones del sur del mundo. El papel del endeudamiento deliberado del sur en los 70´ fue una forma de contrarrestar los problemas estructurales del capital más concentrado en escala mundial. No es novedad lo que afirmamos, pues el papel de la deuda pública es consustancial con el origen del régimen del capital. Los Estados se hicieron fuertes en base a empréstitos de la sociedad para emprender sus proyectos, de guerra expansiva o defensiva, de expansión económica y evolución, de promoción de los mercados internos y externos, claro que esos recursos luego debían devolverse. Así surgió la necesidad del régimen tributario (con más extensión pueden leerse estos argumentos en los estudios sobre la acumulación originaria de Carlos Marx).

Si los Estados se endeudan, estos deben buscar los recursos para cancelar sus obligaciones. La deuda genera los recursos tributarios en una cadena viciosa, donde la recaudación tiene destino en la interminable (¿imposible?) cancelación de deuda, y la deuda refuerza ingresos insuficientes que exigen nuevos y mayores tributos o renovación y ampliación de préstamos. Pensemos en la regresividad del sistema tributario construido en la Argentina de los años de la dictadura para acá, para entender quién financia al Estado, o dicho de otra manera, quien ha pagado hasta ahora la deuda. Lo señalado va más allá de los negociados que existen detrás de una deuda largamente pagada por un pueblo que bien podría asumirse como acreedor, más que deudor. El problema debería ser más de quienes se consideran acreedores de una deuda ilegitima e ilegal en su origen y que, producto de complicidades múltiples, se ha transformado en una “deuda de honor”, al decir de quienes expresan hoy una voluntad de pago.

El capitalismo instaló ese sentido común de “honrar las deudas”, generando las culpas de deudores imposibilitados de pagos por el mismo funcionamiento del sistema. ¿Cuántos créditos prendarios o hipotecarios no pudieron cancelarse por modificaciones de funcionamiento del sistema económico? (Ídem con préstamos a pequeños y medianos empresarios o productores) ¿O por condiciones lesivas de políticas monetarias o financieras? Propias de devaluaciones o restricciones crediticias asociadas a objetivos de política económica de desprecio de intereses no hegemónicos en el régimen del capital.

Justicia demorada

La vida cotidiana, producto de una memoria sostenida desde el movimiento popular, devuelve la imagen de militares que acuden al banquillo de los acusados. ¿Qué pasa con los Martínez de Hoz, los Machinea o Cavallo? Todos ellos mencionados en el dictamen del juez Ballesteros de hace apenas una década (Junio, 2000). O de otro modo, ¿qué pasa con toda la complicidad bancaria empresarial del endeudamiento generalizado por 4 décadas y usufructuarios de comisiones, intereses y beneficios económicos de un mecanismo que condenó a millones de personas a la indigencia o la pobreza estructural, a la miserabilización de la vida en la Argentina , o en otras latitudes de América latina o el mundo?

Debatir la deuda pública argentina es discutir la ley de entidades financieras del 77, la ley de inversiones externas, ambas de la dictadura, pero también el pacto minero entre Chile y Argentina en los 90 para la explotación de la cordillera, o el permiso para el desarrollo de los organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura. No se puede ignorar que la cosecha récord de este año, con tendencia al monocultivo a partir de confirmar que más de la mitad de la cosecha será de soja, para alimentar animales de otras parte del mundo, mientras se afecta la soberanía alimentaria local. ¿Cuándo serán convocados a la Justicia los responsables de este reaccionario cambio estructural de la Argentina ? ¿Alcanza con demandas y sentencias sobre militares? ¿Quedará exento el poder económico y sus cómplices en el régimen político?

Podríamos ser considerados ingenuos si esperamos respuestas sistémicas que enjuicien su propia lógica. Es evidentemente una cuestión política, de poder. Lo que nos lleva a la cuestión de la crisis política vigente en la Argentina. De nuevo, bajo otras circunstancias el dilema del 2001, que en rigor, se arrastra desde la disputa por el poder en los 60´ y 70´. La balanza de la disputa se inclinó para transnacionalización del capitalismo en la Argentina , terrorismo de Estado mediante.

La disciplina del terror funcionó, con desapariciones, torturas, asesinatos, exilios y variadas formas de represión (algunas continúan); replicándose luego bajo mecanismos económicos sociales, la inflación y la hiperinflación, el desempleo, subempleo y la precarización continua (presente en nuestro tiempo). Esto es consecuencia de la dictadura, del endeudamiento, del poder económico. Las ganancias del presente tienen antecedentes en el pasado reciente, en los años de plomo y en un tiempo de desestructuración de la organización popular.

Resulta imprescindible el enjuiciamiento de los responsables. ¿Es utópico? ¿Es posible? Como sostuvimos, es una cuestión de poder popular, y por ello debe cambiarse la lógica del análisis y la acción política del colectivo social mayoritario afectado por el funcionamiento de las reglas hegemónicas de la economía. Cuando sosteníamos la anulación de las leyes de la impunidad nos decían que era imposible. Nos empeñamos en ese accionar y con la acumulación política popular del 2002 fue realidad la anulación. Pero sin ley previamente presentada ello no hubiera sido posible. La lógica del capital reclama honrar las deudas profundizando el estado de desigualdad creciente y superexplotación de la mayoría trabajadora del pueblo.

Cambiar la lógica del poder es el desafío de la época para construir una política alternativa. Un poder alternativo. Algunos amigos me señalan la imposibilidad de avanzar por ese camino en la realidad de nuestros días. Es un argumento que nos condena a políticas defensivas contra el avance de mayores males expresados por quienes imaginan el retorno de las políticas explícitas de los 90´.

Es la crisis del capitalismo la que nos anima a impugnar el régimen del capital e intentar constituirnos en animadores de un proyecto emancipador, de liberación, que contacte con procesos similares de la región latinoamericana y caribeña. Es cierto que un gran paso viene constituido por el rechazo al discurso hegemónico en la década pasada.

Ahora se requiere transitar el camino del cambio estructural revirtiendo las causas generadoras de los efectos regresivos ampliamente conocidos, entre las que se encuentra el endeudamiento. Insistamos una vez más: la deuda es funcional al capitalismo. Las crisis de la deuda han llevado a negociaciones y renovaciones, aún con quitas de capital, para terminar debiendo más y comprometiendo recursos públicos crecientes para restañar los problemas de rentabilidad del régimen del capital en crisis.

Participación popular para decidir

Es tiempo de consultar a la población. En el 2003, en pleno default parcial de la deuda (2001-2005) se convocó una consulta popular sobre tres cuestiones. Los resultados fueron elocuentes para 2.100.000 personas participes de la encuesta. El 98% se pronunció contra la militarización. El 96% rechazó el ALCA. Finalmente el 88% manifestó su adhesión al No Pago de la Deuda. Una cifra menor que los otros asuntos, muestra que se trata de un tema complejo, pero ese porcentual supone un activo de 1.900.000 personas manifestando su voluntad contraria al pago de la deuda. Fue una manifestación soberana. ¿No es tiempo de convocar a una nueva consulta popular sobre el endeudamiento, su pago o no?

Que el pueblo decida, con toda la información y el tiempo para pensar la coyuntura desde la estructura conformada históricamente. Es una cuestión del presente y del futuro. Es cierto que una medida de no pago supone confrontaciones políticas con el poder económico local y mundial. Ante ello muchos sostienen que resulta imposible, que ni Venezuela decidió no pagar la deuda. Es cierto, sostengo, aunque debe reconocerse el esfuerzo en el ALBA por la nueva arquitectura financiera en la región, la salida del CIADI de Bolivia y la Auditoría de la Deuda en Ecuador. En general comparto los argumentos que me contraponen, pero creo que alguien tiene que colocar un discurso alternativo, sino, “solo se puede hacer lo que se puede”, y una buena discusión es que es lo que se puede, pues el camino “posible” abonó el camino que llevó a Macri al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2007. Más que aciertos en la propuesta del empresario, lo que ocurrió fue un voto castigo a la centroizquierda y sus límites en la administración de Buenos Aires.

 

Hay quienes creen que al plantear propuestas alternativas a las sostenidas por el Gobierno se identifica a la actual administración con las propuestas llevadas adelante en los 90´. Lo que intento es colocar el debate de la deuda desde su origen, no señalar que no hay matices en los gobiernos constitucionales. Sólo desde allí es que se puede pensar en mecanismos “políticos” de construcción alternativa. Soy más preciso, no sirve hoy comparar Venezuela con Argentina, porque desde Caracas, junto a Bolivia, Ecuador y Cuba se inició un proceso complejo de objetivo articulado por otra sociedad. No es el camino de Brasil, Argentina o Uruguay. En aquellos países se ha constituido un sujeto colectivo, o se intenta construir para avanzar en un rumbo alternativo, socialista, del Siglo XXI, comunitario, o como se lo quiera llamar.

¿Qué sujeto se construye en Argentina, Brasil, o Uruguay? En este último existe una base política en el Frente Amplio, y social en el PIT-CNT, en el cooperativismo de vivienda, en el movimiento estudiantil, todos con trayectoria combativa por décadas y quizá, la estrategia nacional actual puede concebirse como una etapa de transición. Para pensar y a responder principalmente por el movimiento popular uruguayo. La situación en Brasil es más compleja por historia de la sociedad y del movimiento popular. El PT decidió una alianza más amplia para gobernar sin precisar nuevos desafíos de radicalización del proceso político. Insistamos también que es un debate brasileño, aunque afecta, por cierto, a todo el continente.

 

 ¿En Argentina, qué? La base gubernamental de sustentación política central está en el PJ y la CGT y quizá en alguna de las centrales empresariales. No es la constitución de un sujeto por las transformaciones, aunque existen sectores que apoyan al oficialismo con tradición y pertenencia al campo del cambio político e incluso por la revolución. Uno de los elementos en que sustento mi posición parte de que el oficialismo no termina de reconocer a la CTA , su personería y papel en la construcción de nueva subjetividad por el cambio, o la aceptación de nuevos sindicatos que proliferan en una lucha despareja contra la impunidad de las patronales.

No se trata sólo de consignas, o de ser simplista, como algunos indican. Son argumentos para la polémica en la perspectiva de construir sujetos para el cambio político en el país, en la perspectiva de avanzar en el proyecto emancipador que recorre una parte de la región Latinoamericana y Caribeña. Fuente: http://encuentrosindical.org/?p=1907

 

 Crisis civilizatoria

 

A 200 años,  es hora de percibir (conocer y tomar partido respecto a) el exterminio que el sistema mundo capitalista genera al privilegiar la alta rentabilidad de oligopolios por sobre necesidades y aspiraciones de los diversos de abajo. En ese camino de ir construyendo emancipación de Nuestra América del capitalismo es crucial deschavar a los gobiernos progresistas. Examinemos:

 

De la violación del Mandato Minero al festín del siglo XXI

30 de julio de 2016

Por Alberto Acosta y Francisco Hurtado Caicedo(Rebelión)

 “Una de las mayores desgracias de un país petrolero,

caído en manos de compañías extranjeras,

consiste en ser un país de sordos, mudos y ciegos”.

Jaime Galarz, El festín del petróleo [3] , 1972

 

El correísmo quema sus últimos cartuchos. Traicionando sus principios originarios da paso a la flexibilización laboral, a varias privatizaciones -incluso de proyectos emblemáticos como son, por ejemplo las recién construitas y tan promocionadas plantas hidroeléctricas-, entrega los grandes campos petroleros en explotación a empresas transnacionales, concesiona por medio siglo los puertos marítimos a empresas extranjeras y, además, escenifica el festín minero del siglo XXI.

Esto completa un giro de casi una década: el actual gobierno si bien apuntó en el 2007 al post-neoliberalismo, ahora retorna al neoliberalismo. La posibilidad de construir un Ecuador post-extractivo es asunto del pasado. Hoy se reprimariza la economía, se extiende la frontera extractiva, sobre todo abriendo la puerta a la megaminería, con sus graves impactos sociales y ambientales.

 

El desaforado pasado neoliberal minero

En los años 90 los gobiernos aceptaron créditos de organismos multilaterales condicionados, entre otras razones [4] , a promover un marco jurídico e institucional que facilite la extracción masiva de minerales. En 1991 se aprobó una ley de minería que eliminó varios controles estatales a la actividad, entre ellos, fijó valores insignificantes para patentes de conservación y producción de las concesiones mineras otorgadas.

 

Así, en 1995, el Banco Mundial financió el proyecto PRODEMINCA para modernizar la actividad minera, mejorar la gestión ambiental y tener claridad sobre la disponibilidad de recursos minerales en el Ecuador. Tal medida permitía explorar y explotar minerales en todo el territorio, sin importar la afectación a centros poblados, territorios indígenas, producción campesina, fuentes de agua, áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas ni los bosques protectores (Sandoval Moreano et. al 2002).

Ese impulso a la minería transnacional creó conflictos territoriales, provocando reacciones de defensa comunitaria para proteger los ecosistemas afectados en varias parroquias rurales. Algunos de estas resistencias locales lograron expulsar a las transnacionales o al menos dificultaron sus operaciones. Por ejemplo, entre 1995 y 1999 se expulsó a la empresa Bishimetals del Valle de Íntag en Imbabura; así mismo, la empresa Río Tinto Zinc enfrentó conflictos con comunas rurales en Bolívar, Cañar, Azuay y Loja, que derivaron en su salida del país (Latorre 2012).

 

A pesar de esto, desde el año 2000 empezaron a consolidarse las mayores pretensiones de las empresas mineras. Se reformó la mencionada ley de minería para permitir la divisibilidad del título minero. Igualmente se estableció el pago de un dólar por hectárea al año como derechos superficiarios al inicio, para llegar apenas a 16 dólares por hectárea al año en la fase de explotación; también se estableció cómo única causal de caducidad de una concesión la falta de pago de patentes (dejando de lado otros criterios, como sociales y ambientales). Incluso se estableció la libre explotación de materiales de construcción; y las regalías prácticamente se eliminaron. [5]

También se sustituyó el concepto de minería artesanal por minería en pequeña escala. Según esta norma, minería en pequeña escala constituía aquella concesión de hasta 150 hectáreas mineras, con una extracción minera de 100 toneladas al día y una inversión de hasta un millón de dólares. Esta nueva definición pretendía encubrir a un número significativo de inversiones mayores que nada tienen que ver con la verdadera minería pequeña, artesanal o de subsistencia (Acosta 2009).

Como resultado, hubo una “hemorragia” de concesiones mineras, creando una perniciosa acumulación de concesiones en muy pocas manos. Este es uno de los factores que explicaba la enorme especulación en la compra-venta de títulos mineros y la consecuente obtención de cuantiosas ganancias por algunos grupos económicos. Los concesionarios, mientras tanto, no debían presentar planes de exploración ni de explotación. Los estudios de impacto ambiental, si los había, eran mediocres y solo cumplían con el trámite burocrático. La consulta previa también constituyó una mera formalidad tanto así que las empresas mineras prefirieron dividir a las comunidades y en varios casos agredieron a quienes pretendían oponérseles (Acosta y Sacher 2012).

Estas reformas buscaban atraer inversión privada para proyectos de envergadura. Al ser muy bajas las patentes, el Estado podía esperar algún ingreso vía impuestos en la etapa de explotación. Una expectativa que no siempre se cumple, pues las empresas mineras son expertas -con varias prácticas fraudulentas- en esconder sus verdaderos ingresos para minimizar impuestos. “Esto lo ha demostrado, para el caso chileno, Orlando Caputo, experto en temas mineros, quien fuera representante de Salvador Allende en el Comité Ejecutivo y Gerente General de Codelco” (Acosta 2009, 97).

En Ecuador, complementando esta apertura hacia la minería a gran escala o industrial, el área concesionada para minería se expandió considerablemente: para 2006 abarcó un 20% del territorio ecuatoriano, aproximadamente 5’629.751 hectáreas; aumentando así la tensión territorial, social y ambiental al impactar nuevas áreas protegidas, regiones de bosques protectores, territorios indígenas, zonas de vestigios arqueológicos, tierras agrícolas, fuentes de agua y zonas de producción agropecuaria. En no pocos casos estas características se reunían en una sola concesión minera (Acosta 2009).

 

En síntesis, se promovió el ingreso de empresas extranjeras para que desarrollen nuevos proyectos o amplíen proyectos existentes, sin que exista una agenda social o ambiental en relación a los impactos de estos proyectos sobre los ecosistemas y sobre las relaciones sociales de las poblaciones locales. Con el mismo cuento de siempre, se presentó a la actividad minera como la condición casi sine qua non para conseguir el “desarrollo nacional”. Sin inversión extranjera no hay futuro, repetían hasta el cansancio los neoliberales (Acosta 2009).

Cabe mencionar que casi la totalidad de la inversión en minería se concentraba entonces en empresas canadienses. La presencia activa de estas empresas, apoyadas abiertamente por su embajada ha sido un rasgo característico del impulso a la minería en la época neoliberal. Vale anotar, también, que estas empresas han sido cuestionadas por sus estrategias para viabilizar sus inversiones, por el uso de dineros públicos que reciben para esto y por los graves impactos socio-ambientales que provocan (Acosta 2009).

Las mineras canadienses que trabajaban en Ecuador y que, por su tamaño, no superaban el rango de junior, en muchos casos realizaron el trabajo “sucio” para luego vender sus concesiones a empresas mayores, las senior, que esperan concretar la fase de explotación (Acosta 2009). Por ejemplo, el Proyecto Mirador inicialmente estuvo a cargo de la junior Corriente Resources Inc. de capitales canadienses y ahora, para la explotación, fue adquirida casi totalmente por un consorcio chino. Estas intervenciones empresariales, en ocasiones bajo repertorios violentos, provocaron una reacción social que con los años se articularía a nivel nacional.

 

Articulación de movimientos de resistencia

Entre 2000 y 2006 se articuló lo que Sara Latorre (2012) denominó un movimiento nacional ecologista y popular anti-minero. Entre 2000 y 2002 varias luchas aisladas empezaron a articularse y cobraron dimensiones nacionales e internacionales tanto por el apoyo de organizaciones no gubernamentales como por la arremetida de las empresas mineras, especialmente en Íntag, los páramos cercanos al Parque Nacional Cajas y la Cordillera del Cóndor. Por segunda ocasión la organización social de Íntag, en 2005, expulsó a la canadiense Ascendant Cooper de sus campamentos, y en el último semestre de 2006 varios hechos simultáneos provocaron la suspensión de actividades mineras en varios proyectos.

Entre agosto y octubre de 2006 al sur de Morona Santiago hubo un paro contra la hidroeléctrica Hidroabanico S.A. que pretendía proveer de energía al Proyecto Mirador en la cordillera del Cóndor. Para noviembre de 2006 varios centros Shuar expulsaron a la empresa Lowell del territorio Warints y a Explorcobres S.A. de sus campamentos en Rosa de Oro y Sevilla Don Bosco. Estas acciones contribuyeron a que varias organizaciones locales se articularan en la Coordinadora Nacional de Defensa de la Vida y la Soberanía (CNDVS) y el Frente de Resistencia Sur a la Minería a Gran Escala (FRESMIGE), que convocaron a un paro bi-provincial en Morona Santiago y Zamora Chinchipe y la decisión de expulsar a las empresas mineras (Latorre 2012).

El 2 de diciembre de 2006 intentaron expulsar a la empresa Ecuacorriente S.A (ECSA) de su campamento en Tundayme, pero el destacamento militar de la zona reprimió la protesta, hiriendo y deteniendo a varias personas (Handal López 2007). Ese mismo día en Íntag las comunidades organizadas detuvieron y desarmaron a paramilitares contratados por la empresa Ascendant Cooper en su intento de retornar a sus campamentos (Zorrilla 2014).

Todos estos hechos articulados a nivel nacional y con vínculos internacionales, presionaron a que el gobierno de Alfredo Palacio suspendiera las actividades mineras en Imbabura, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Latorre 2012). Así, las luchas anti-mineras del 2006 muestran el conflicto socio-ambiental que las concesiones para minería a gran escala provocan, incluso en las etapas de exploración, pues a esa fecha, ningún proyecto alcanzaba todavía la fase de explotación.

Este complejo momento de resistencia nacional contra la minería coincidió con la emergencia política del movimiento PAIS y su campaña electoral, que derivó en la elección de Rafael Correa como presidente. Hay que relievar que su plan de gobierno, entre otras propuestas, planteó revisar la política extractiva, la posibilidad de transitar a un post-extractivismo, y la necesidad de una asamblea constituyente que corrija las aberraciones del neoliberalismo en las décadas anteriores (Movimiento PAIS 2006). Es decir, la posibilidad de que el Estado asuma su responsabilidad frente a la violencia y al despojo por parte de empresas mineras, facilitadas por los gobiernos neoliberales.

 

De la Asamblea Constituyente de Montecristi al Congresillo y su ley de minería

En los dos primeros años del actual gobierno de Correa, dos momentos políticos distintos pero paralelos se enfocaron en la extracción de minerales.

Vamos punto por punto. Al inicio del nuevo gobierno en enero del 2007 se intentó terminar con el festín minero neoliberal. Se buscó un acercamiento con los grupos que resistían a la minería. Se propuso un gran diálogo nacional minero. Y se trabajó para responder a la minería a pequeña escala, artesanal y de subsistencia, causante de graves impactos socio-ambientales, mientras se buscaban salidas para frenar la hemorragia de concesiones mineras para minería industrial.

Sin embargo, estos empeños no fueron satisfactorios. Uno de los autores de estas líneas reconoce que en su gestión como ministro de Energía y Minas, de enero a junio del 2007, por más esfuerzos que realizó [6] , no logró parar y desmontar dicha hemorragia [7] . Un freno temporal a esa situación lo encontró su sucesor en dicha cartera de Estado.

 

Ante esa dificultad, la resistencia popular y sus demandas encontraron respuestas de fondo en la Asamblea Constituyente. Así, gran parte de asambleístas a quienes el pueblo encomendó el poder constituyente trabajaron en una propuesta, liderada por el propio presidente de la Asamblea Constituyente, quien había sido ministro de Energía y Minas y anteriormente había trabajado en niveles de dirección de la empresa estatal de petróleo, es decir, por alguien que –parafraseando a José Martí- conoce el monstruo del extractivismo desde sus propias entrañas.

Como resultado, y buscando dar respuesta a esta caótica situación, la Asamblea Constituyente expidió, el 18 de abril de 2008, el Mandato Constituyente No. 6 -mejor conocido como Mandato Minero-. Este mandato resultó de complejas deliberaciones y discusiones, sobre todo al interior de la bancada oficialista y del gobierno de Correa. Este mandato constituyó la respuesta político-jurídica a las demandas y reivindicaciones que el movimiento ecologista popular anti-minero expresaba en rechazo a la minería industrial a gran escala, tras dos décadas de luchas y resistencia (Acosta y Sacher 2012).

 

El mandato minero extinguió las concesiones, sin compensación económica alguna, que incurrían en las siguientes causales [8] :

a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley respecto a inversiones y pago de patentes.

b) Ausencia de procesos de consulta ambiental ni de consulta a pueblos y nacionalidades indígenas.

c) Afectación a fuentes y nacimientos de agua.

d) Afectación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bosques protectores y sus zonas de amortiguamiento.

e) Acaparamiento de tierras, prohibiendo que una misma persona, empresa y sus subsidiarias tuviesen más de tres concesiones.

f) Las concesiones entregadas a ex-funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Además, se suspendió la entrega de nuevas concesiones -una moratoria minera- hasta expedir un nuevo marco normativo para la actividad.

Anotemos también que las minas en producción fueron excluidas del mandato para no crear incertidumbre ni desempleo. Así mismo no se incluyó la minería de pequeña escala y artesanal; pero esto no significó que se desconociera sus graves problemas (Acosta y Sacher 2012).

El mandato buscaba corregir las aberraciones que caracterizaron el potencial manejo de las reservas minerales más grandes. Cuando se aprobó el Mandato Minero, sólo el 7% de las concesiones estaban en fase de exploración y explotación, el resto prácticamente era para la especulación. Con el mandato se deseaba normar la actividad minera industrial a partir de un amplio debate nacional (Acosta y Sacher 2012). Es más, el presidente de la Asamblea Constituyente -primer ministro de Energía y Minas del Gobierno de presidente Correa- en su primera intervención desde el pleno, para completar su tarea de coordinación y aprobación del Mandato Minero, fue categórico al decir:

Yo les invito a reflexionar sobre lo que vamos a hacer ahora, votamos con la mano en la historia, pero pensando en el futuro, o votamos poniendo la mano en el bolsillo, defendiendo los intereses de las transnacionales. Es más, plantearía algo compañeras y compañeros, si pudiera y si tuviera los votos, plantearía, que en el Ecuador erradiquemos la minería metálica a cielo abierto, la gran minería metálica a cielo abierto. Pero a lo mejor no tengo los votos y soy realista, por qué no planteamos una consulta popular para que el pueblo defina su futuro sin miedos… [9]

Como complemento del mandato, la Asamblea Constituyente amnistió a cientos de defensores de derechos humanos. Personas criminalizadas por las empresas mineras, petroleras, floricultoras o madereras para desalentar la organización social que defiende la vida, fin último de toda esta lucha. También fueron amnistiadas las víctimas de la represión en Dayuma [10] (en el ámbito petrolero), en contra de la voluntad del propio presidente Correa (Aguirre 2008). Con estas amnistías se reconoció que varios defensores de Derechos Humanos eran políticamente perseguidos con el desproporcionado inicio de procesos judiciales, sobre todo penales, en su contra para intentar desmantelar la resistencia al extractivismo (Reyes, Jaramillo y Nasimba 2010).

 

Sin embargo, la vida del mandato minero fue efímera. En los siguientes días y meses el propio Correa expresaría su posición a favor de la minería industrial a gran escala. Así se alejó de las reivindicaciones sociales anti-mineras en las cuáles, entre otras, sostuvo su campaña electoral y plan de gobierno de 2006.

 

Así, el 22 de abril de 2008 -cuatro días después de expedirse el mandato minero- se aprobó el Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en la ley de Gestión Ambiental (Decreto Ejecutivo No. 1040). Este decreto convirtió a la consulta ambiental constitucional en un proceso de socialización previo a la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental como mecanismo formal para autorizar licencias ambientales en proyectos que afectan el ambiente, incluyendo proyectos mineros. Entre sus fines solo se menciona contar con criterios de la comunidad afectada y si hay oposición de las comunidades a realizar un proyecto, éste siempre podrá realizarse por autorización del Estado y en contra de la población afectada (Art. 22 del decreto).

Este decreto también marca el inicio, desde el ejecutivo, de varias acciones y omisiones que ya no sólo concretan un marco jurídico e institucional que facilite la extracción masiva de minerales, sino que además consolidan al Estado como promotor directo de distintos proyectos mineros públicos y privados a gran escala, como Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, Panantza San Carlos en Morona Santiago, Río Blanco y Quimsacocha (actualmente Loma Larga) en Azuay. Pero, debe quedar claro que el Estado es el gran promotor de la megaminería, no el ejecutor. Los proyectos mencionados, catalogados como proyectos estratégicos por el gobierno de Correa, están todos a cargo de transnacionales, sobre todo chinas. Hay unos cuantos proyectos de menor envergadura a cargo de la empresa estatal minera: ENAMI , como son Llurimagua en Íntag, e Ingapi y Urcutambo en las parroquias rurales de Quito, Pacto y Gualea; esto no significa que estos proyectos vayan a ser ejecutados por esta empresa .

Recordemos también que el 6 de mayo de 2008 en un acto público en la Plaza Grande ante gremios de mineros, y antes de cumplirse un mes de haberse expedido el Mandato Minero y mientras estaba sesionando la Asamblea Constituyente, el presidente Correa manifestó que el movimiento PAIS y el gobierno nacional apoyan la minería “responsable”, sostenida en tecnología de punta, responsabilidad social y recuperación adecuada de la renta minera.

Ese acto constituyó el anunció del envío de un proyecto de ley de minería para, supuestamente, corregir la especulación de concesiones mineras de la década de los 90 y 2000; pasado neoliberal que debía superarse. El Gobierno aseguró que permitiría no sólo la minería artesanal y de pequeña escala, sino también la actividad minera de mediana y gran escala. Agregó también que la resolución del conflicto existente se sostiene en el cuidado ambiental y el control de las actividades mineras. [11]

 

Como resultado de ese posicionamiento prominero del Gobierno de Correa, el Mandato Minero fue ejecutado parcialmente por el entonces Ministerio de Energía y Minas. Tan es así, que la Defensoría del Pueblo del Ecuador, en el año 2009, confirmó que no se ejecutaron los artículos que revertían las concesiones que afectaban fuentes y nacimientos de agua, áreas protegidas y bosques protectores, tampoco las que no realizaron ni consulta ambiental ni indígena, ni las que generaban acaparamiento de tierras. [12]

 

Así, grandes extensiones de tierra concesionadas a empresas transnacionales no fueron revertidas al Estado, más bien continuaron sus actividades pese a la moratoria establecida por el Mandato Minero.

El presidente en persona impulsó la aprobación de la nueva ley de minería en un proceso apresurado, con varias amenazas a la lucha anti-minera, sin un verdadero debate nacional ni una real participación ciudadana. Ni siquiera la oposición de las comunidades locales afectadas por la actividad minera, del movimiento indígena, del movimiento ambiental y de otros sectores logró abrir la puerta al diálogo nacional.

Así, a nueve meses de expedido el Mandato Minero, sobre su propio incumplimiento, en enero de 200 9 la Comisión de Legislación y Fiscalización (el llamado Congresillo) expidió la nueva ley de minería. No hubo control alguno de su cumplimiento por parte del Congresillo, conformado por miembros de la propia Asamblea Constituyente que aprobó el Mandato Minero, que sucedió a la Asamblea Constituyente y que estuvo en funciones hasta la elección de la nueva Asamblea Nacional.

 

Desde entonces, el presidente Correa, una y otra vez, arremete en contra de los críticos de la minería, en especial sobre las comunidades a las que directamente se vulneran sus derechos humanos y de los ecosistemas en los que habitan. El presidente ecuatoriano Rafael Correa, sin un debate serio ni con argumentos, califica a la resistencia extractivista como “ecologistas infantiles”. Correa incluso ha demostrado sus niveles intolerancia al decir que:

 

 hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, (…) los que nos hacen perder tiempo también son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasemos discutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomnio [sic]. [13]

Cabe mencionar que la postura de Correa no difiere con otros gobiernos de la región. En Colombia el neoliberal presidente Juan Manuel Santos recurrió a la figura de “la locomotora minera” como muestra de que la minería arrastraría a su país al ansiado “desarrollo”, atropellando cualquier intento de crítica, cual fiel locomotora. En Bolivia, su vicepresidente Álvaro García Linera, con un discurso agresivo, insultante y sin argumentos, tildó a los críticos del extractivismo de “troskistas verdes”.

 

Estos gobernantes no debaten con argumentos, sino que caricaturizan, amenazan y descalifican a los contrarios, impidiendo cualquier discusión mucho más profunda. Más bien actúan cual Santa Inquisición, apuntalada con los infaltables expertos de los cenáculos extractivistas.

Ahora, si bien la nueva ley superó algunas flexibilidades y aberraciones del marco jurídico anterior e instrumentó un control a la minería con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), ésta no se ciñe completamente a los principios de la Constitución de Montecristi y menos aún a los principios fundamentales del Mandato Minero. Lo que exacerba los conflictos territoriales que provocan las concesiones mineras denunciados por las comunidades.

Aparte de no cumplir con el Mandato Constituyente, incluso la misma ley, que tiene elementos inconstitucionales, como lo puntualizaremos más adelante, no ha sido totalmente acatada. Respecto al pago de patentes de conservación se emitió un Acuerdo Ministerial indicando que el pago podía hacerse hasta marzo de 2009 pero con el valor establecido en la ley anterior (la nueva ley estableció un pago de 5,45 dólares por hectárea, mientras antes se pagaba dos), y que luego de aprobarse el reglamento se reajustarían los pagos. Tal Acuerdo Ministerial favoreció a los tenedores de grandes superficies de terreno en concesión. Además, sin que se haya emitido el nuevo reglamento ni firmado los nuevos contratos de explotación -como manda la nueva ley-, se autorizó a las mineras más grandes (mayores acaparadores de concesiones), a reiniciar actividades. Tampoco se respetó el plazo para que el poder legislativo conozca el proyecto de Ley de Fomento, Participación, Capacitación a la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Luego, la ley confunde a las consultas previstas en los artículos 398 (la ambiental) y 57 numeral 7 (la de pueblos y nacionalidades indígenas) de la Constitución, unificándolas. Y sobre el derecho colectivo de pueblos y nacionalidades indígenas a la consulta, no considera que debe ser previa, pues se realiza al aprobarse los estudios de impacto ambiental, y no antes de entregar concesiones, es decir sobre hechos consumados en los cuales no cabe oposición (Chicaiza 2010).

Por otra parte, aunque prohíbe actividades de prospección en áreas protegidas, zonas urbanas, centros poblados, zonas arqueológicas y bienes declarados de utilidad pública, no incluyó ni zonas rurales pobladas ni territorios indígenas, arriesgando las tierras de producción campesina y la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas al permitir la prospección de sus territorios por cualquier persona o empresa, sea nacional o extranjera. Tampoco resolvió el conflicto sobre concesiones otorgadas en ecosistemas de alta sensibilidad como páramos, humedales y bosques tropicales, dejando de lado los Derechos de la Naturaleza, recién reconocidos constitucionalmente (artículos 71, 71, 73 y 74 de la Constitución de Montecristi), así como el principio de precaución sobre actividades que amenacen afectar el ambiente (Chicaiza 2010).

Además, la ley resuelve el conflicto que generan las concesiones entre la propiedad de la tierra y del subsuelo a favor de los concesionarios mineros delegados por el Estado. Pese a que la Constitución de 2008 reconoce la propiedad individual de la tierra y la propiedad colectiva de territorios indígenas, así como la propiedad comunitaria y estatal; la Ley de Minería declara de utilidad pública a todas las tierras ubicadas dentro o fuera de las concesiones mineras y que sean necesarias para la minería (Hurtado Caicedo 2015).

Esta declaratoria de utilidad pública permite la constitución de servidumbres como mecanismo formal para traspasar la propiedad de la tierra a derechos exclusivos de las empresas mineras, obligando a las personas, familias y comunidades a abandonar sus tierra durante la explotación a cambio de compensaciones económicas sólo por el valor de cambio de la tierra, sin considerar otras pérdidas materiales o inmateriales, ni reparaciones integrales por los Derechos Humanos vulnerados, sus valores de uso (Hurtado Caicedo 2015).

Lo llamativo de la declaración de utilidad pública y su mecanismo de servidumbres es que es idéntico al previsto en la ley de minería de 1991 y sus reformas, ley neoliberal a la que Correa, luego del mandato minero, afirma haber superado.

Es más, el conflicto territorial entre los propietarios del suelo y la propiedad del subsuelo a favor del Estado es histórico [14] y existe constitucionalmente desde la Constitución de 1929. Mientras que la decisión de favorecer en dicho conflicto a las empresas mineras, nacionales o extranjeras con la declaración de utilidad pública y mecanismos que limiten o suspendan la propiedad de las personas, familias y comunidades afectadas por concesiones, existe desde la Ley General de Minas de 1937, y ha sido ratificado en las leyes mineras de 1961 y 1974 que preveían como mecanismo la expropiación y desde 1985 se incorpora la servidumbre de abandono temporal, figura legal ratificada en 1991 y 2009 (Hurtado Caicedo 2015).

La actual ley de minería además faculta que, para evitar constituir servidumbres, las empresas puedan llegar a “acuerdos” con las personas y familias que deben abandonar sus tierras (Hurtado Caicedo 2015). Así las empresas suelen desarrollar compra-ventas forzadas y fraudulentas que en varias ocasiones se han denunciado por organizaciones de derechos humanos (CEDHU y FIDH 2010), y que en el caso del Proyecto Mirador en la parroquia rural de Tundayme ha sido confirmado por la Contraloría General del Estado [15] , sin que eso haya generado sanción alguna a la empresa ECSA, menos aún suspensión de sus actividades ni responsabilidades administrativas, civiles o penales.

La ley de minería también afectó al derecho de los trabajadores, pues de manera regresiva una ley ordinaria modificó al Código del Trabajo (que es ley orgánica), reduciendo el pago de utilidades de los trabajadores mineros del 15% al 3%. Además, de manera perversa, se usa tal violación a los derechos laborales pues se obliga a las empresas a entregar ese 12% al Estado, con lo cual éste logra afirmar que se recupera más del 50% de la renta extractiva minera. Se saca del bolsillo de los trabajadores un valor al Estado, sin que sea una afectación impositiva adicional a las ya previstas por el marco normativo anterior. Recursos que podrán ser canalizados por el Gobierno para obras en las zonas afectadas, como un mecanismo para convencer a las comunidades con el fin de que acepten la minería.

Aunque la Constitución dice que el Estado podrá “excepcionalmente” y “en los casos que establezca la ley” delegar a la iniciativa privada las actividades en sectores estratégicos como la minería, tal excepción devino en norma. La ley no define cuando se podrá delegar, dejando a interpretación arbitraria la “excepcionalidad” de cada concesión. De ahí que resulta necesario reflexionar sobre los espacios de discrecionalidad que la propia Constitución ha dejado abiertos para ser resueltos en otras leyes.

Además, la disposición final segunda de la ley dice que sus disposiciones “prevalecerán sobre otras leyes y sólo podrá ser modificada o derogada por disposición expresa de otra ley destinada específicamente a tales fines”. Así se le otorga a la ley de minería “privilegios” en relación a la jerarquía normativa prevista constitucionalmente.

Al respecto, según la Constitución (art. 133) en el Ecuador hay leyes orgánicas y ordinarias. En esa medida, según la propia Constitución, la Ley de Minería es una ley ordinaria y no puede modificar ni prevalecer sobre leyes orgánicas. Tampoco podría hacerlo respecto a otras leyes ordinarias, sino de acuerdo a los principios generales del derecho, es decir en cuanto sea especial respecto al asunto de que se trate. En cuanto a la reforma, no hay fundamento jurídico para que esta ley tenga un régimen sui generis y no se reforme como todas las leyes, expresamente, por una ley que explícitamente reforme sus contenidos, o tácitamente, si una nueva ley de igual o superior categoría jurídica incluye preceptos distintos a los previstos en ella.

Resta decir que esta ley, además de las aberraciones ya comentadas, otorga varios incentivos a las empresas que develan el papel del Estado como promotor de la minería en vez de proteger a las comunidades y ecosistemas afectados: libertad de prospección; los títulos de concesión minera constituyen títulos valores y pueden transarse en el mercado; cada concesión minera puede tener hasta 5000 hectáreas en fase de explotación; protección penal de sus actividades frente a la posibilidad de que pequeños mineros realicen explotación en sus concesiones, entre varios otros (Chicaiza 2010).

 

En síntesis, la Ley de Minería es el acto político-jurídico con el cual el gobierno nacional actual puso fin a las pretensiones del Mandato Minero, dejando de lado las reivindicaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas por la minería, en especial a la falta de acceso y transparencia en la información, la entrega inconsulta de concesiones, el consecuente despojo de la tierra, la afectación a ecosistemas frágiles y los impactos sociales y ambientales que se derivan de estas actividades.

Arguyendo al interés y soberanía nacional, la recuperación de renta extractiva y la tecnología de punta como posibilitadora de una -supuesta- minería responsable que -en teoría- ayude a superar la pobreza, se aprobó una ley que viabiliza el despojo de tierras que empobrece a las comunidades en cuyos territorios los proyectos mineros adelantan sus actividades, y que arriesga a ecosistemas de los que dependemos para reproducir la vida.

Frente a este compleja realidad, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presentó el 17 de marzo de 2009 una demanda de inconstitucionalidad a dicha ley ante la Corte Constitucional. Su argumento más fuerte fue la ausencia de consulta pre-legislativa, reconocida como derecho en la Constitución de 2008, sumado a la afectación a los territorios indígenas específicamente por la declaratoria de utilidad pública y el mecanismo de servidumbres, que como se mencionó, es una herencia neoliberal (INREDH s/f).

 

El 31 de marzo del mismo año, los sistemas comunitarios de agua de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete junto a otras comunidades de Azuay presentaron otra demanda de inconstitucionalidad, denunciando la violación al derecho colectivo de consulta pre-legislativa y los Derechos de la Naturaleza. La Corte Constitucional tardó un año en resolver estas dos demandas, que fueron acumuladas en un solo proceso (INREDH s/f).

Recién el 18 de marzo de 2010 la Corte Constitucional resolvió el caso de inconstitucionalidad de la ley de minería. Si bien reconoció la inexistencia de un proceso de consulta pre-legislativa -argumento que provocaba la inconstitucionalidad de toda la ley- la Corte declaró válido el proceso de información y participación que la Asamblea Nacional promovió antes de su aprobación pues, según la Corte, “ante la ausencia de un cuerpo normativo que regule los parámetros de la consulta pre legislativa [dicho proceso] se ha[bía] desarrollado en aplicación directa de la Constitución”. [16]

Además, de manera atípica, declaró la constitucionalidad de todos los artículos demandados por inconstitucionales condicionando su aplicación siempre y cuando no se apliquen en territorios indígenas, afroecuatorianos y montubios. Según esta Corte de Transición –cuyo origen también carece de sustento constitucional-, para poder realizar actividades mineras, debería primero cumplirse con la consulta previa, libre e informada prevista en el Art. 57 numeral 7 de la Constitución y según las reglas que para el efecto emitió la misma Corte. Sobre la violación a Derechos de la Naturaleza no hubo mención. Y se consideró que, respecto al mecanismo de despojo de tierras, no existía vulneración a los Derechos Humanos, legalizando su aplicación directa en comunidades afectadas que no se auto identifican como indígenas.

En síntesis, esta ley minera violenta el marco constitucional en tanto :

- Vulnera los Derechos de la Naturaleza y el derecho a la salud, al poner en peligro los ciclos naturales regenerativos de ecosistemas frágiles y del agua;

- No busca el buen vivir al promover la minería a cielo abierto y a gran escala que rompe el equilibrio entre comunidades y entorno natural;

- Atenta contra los derechos humanos a la propiedad de la tierra, a la vivienda y al trabajo al arriesgar los medios de vida de los que dependen la población campesina e indígena;

- No cumple con el mandato constitucional de la consulta prelegislativa, tal como lo reconoció la propia Corte Constitucional de Transición cuando declaró la constitucionalidad condicionada de la dicha ley;

- Finalmente desvirtúa el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano pues ignora y denigra la oposición fundamentada de las nacionalidades indígenas a que sus territorios sean afectados irreversiblemente por la minería.

Así, el Gobierno, desde enero de 2009, ha adelantado una política extractiva minera que hoy no sólo abre la fase de explotación para dos proyectos de minería a gran escala (empezando con Mirador y Fruta del Norte), sino además una serie de acciones e inacciones cuyo camino a junio de 2016 implica la actualización del catastro minero por parte de la ARCOM y la apertura a un proceso de remate de nuevas concesiones para minería a gran escala en todo el territorio del Ecuador.

Cabe agregar que el Ministerio de Minería espera que a 2025 ingresen 8 mil millones de dólares en inversión privada para el sector minero y se generen 800 millones de dólares de ingresos fiscales por año, considerando el probable inicio de la explotación de minerales en los proyectos Mirador -2,3 millones de libras de cobre- y Fruta del Norte -7 millones de onzas en oro y 9 millones de onzas de plata- para el año 2018 (Acosta y Cajas Guijarro 2015). Cabría anotar que en estos cálculos no se consideran todos los costos, como son los subsidios ocultos, los costos del agua y la electricidad, y menos aún los costos por la pérdida de actividades productivas existentes, por ejemplo. Tampoco se consideran los impactos sociales y ambientales que resultan de estas actividades.

 

Con la “revolución ciudadana” se impone la megaminería

 Como se ha visto, la política extractiva del correismo neutralizó la respuesta de la Asamblea Constituyente, que con el Mandato Minero dio un paso sustantivo para empezar a superar el extractivismo. Esto fue posible por la legitimidad del Gobierno, explicable también por la aprobación de la Constitución, así como por varias acciones y reformas post-neoliberales que empezaron a instrumentarse. En este entorno se encuentra una explicación de por qué se debilitó el movimiento popular que comenzaba a enfrentar la megaminería a nivel nacional (Latorre 2012).

Entre la terminación de la Asamblea Constituyente y el 12 de enero de 2009, el Gobierno intentó con relativo éxito -vía propaganda- legitimar una “minería responsable” y deslegitimar a comunidades afectadas por la minería a gran escala, pues se oponían al “desarrollo” y a “la superación de la pobreza”. Así, extraer minerales devino en discurso hegemónico en amplios segmentos de la sociedad, pese a que la operación de las mineras, su despojo de tierras, y los impactos socio-ambientales que genera siguen siendo los mismos. Inclusive se llegó a hablar -sin empacho alguno- de la “minería del Buen Vivir”.

Desde esta perspectiva, la ley de minería se convirtió en un acto de buena fe del Estado ecuatoriano en favor de las empresas mineras. Sin embargo, las mismas empresas criticaron en su momento su contenido que, desde su perspectiva, no les permitía continuar con inversiones en el país y alcanzar la fase de explotación y presionaron por reformarla.

Y en este escenario abiertamente pro-minería algunas comunidades protestaron. Así, en 2009 el Estado respondió con violencia en contra de las comunidades que continúan exigiendo suspender los proyectos mineros [17] . Entre el 5 y el 8 de enero de 2009 surgieron varias movilizaciones contra la aprobación de la ley de minería, que motivaron la represión policial y la detención de líderes indígenas y campesinos, entre ellos Carlos Pérez en Cuenca y Ángel Ullaguari en El Pangui, Zamora Chinchipe. Desde entonces, y hasta la actualidad, nuevos procesos de criminalización han sucedido, ahora promovidos directamente por el Estado, para neutralizar la creciente resistencia contra los proyectos mineros (Chicaiza 2010). Criminalización y represión gubernamentales que constituyen una suerte de prerrequisito de la megaminería.

Frente a esta situación de escalada represiva y en el contexto de la posible aprobación de la Ley de Aguas, en septiembre de 2009 la CONAIE se movilizó y obligó al gobierno a aceptar el diálogo, lo que no impidió que continuara la represión: Bosco Wisuma, profesor Shuar, murió herido por una bala durante un operativo policial que reprimió la movilización Shuar cercana a la ciudad de Macas, mientras el Ministerio del Interior negociaba con los dirigentes de las protestas [18] .

El Estado aprobó también la Ley de Seguridad Pública y del Estado (10 de septiembre de 2009) que, entre otras cosas, permite crear zonas reservadas de seguridad alrededor de los sectores estratégicos, configurar ordenamientos jurídicos extraordinarios y permite que las fuerzas armadas brinden seguridad privada a empresas extractivas y frente a posibles amenazas (Hurtado Caicedo 2010). Así se legaliza la posibilidad de que empresas transnacionales mineras sean resguardadas por la fuerza pública y en contra de la población que debe lidiar con los impactos socio-ambientales que provocan.

Así las cosas, cuando la Corte Constitucional de Transición, atropellando la Constitución, dio luz verde a la ley de minería, el Gobierno consiguió que el marco legal e institucional aprobado en 2009 quede inalterado. A partir de entonces varias empresas major se interesaron por proyectos mineros en el Ecuador. Los casos más emblemáticos son el del Proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor y el del Proyecto Llurimagua en Íntag.

En junio de 2010 la matriz Corriente Resources en Canadá fue adquirida por el consorcio chino CCRC-Tongguan e inició su licenciamiento ambiental presentando su estudio de impacto ambiental para fase de explotación. Para el 24 de febrero de 2012, el Ministerio del Ambiente otorgó licencia ambiental para fase de explotación y el 5 de marzo de ese mismo año, esta empresa firmó con el Ecuador el contrato de explotación, quedando autorizada para empezar a construir la mina y planta de beneficio (El Universo 2012).

Todas estas acciones se dieron pese a que la Contraloría General del Estado, días antes de la firma del contrato, emitió observaciones sobre el Proyecto Mirador, en especial, el incumplimiento del mandato minero sobre las concesiones de Ecuacorriente S.A. y Explorcobres S.A., y el reconocimiento de un proceso forzado y fraudulento en la compra de tierras por parte de ECSA entre 2006 y 2009 que habría desplazado al Barrio San Marcos en Tundayme (Hurtado Caicedo 2012).

En 2012, otra empresa china, la Junefield, adquirió la propiedad del Proyecto Río Blanco ubicado en Molleturo, empresa que retomaría la negociación con el gobierno para llegar a la fase de explotación. Mientras que la canadiense INV Minerals, en diciembre de ese año, adquirió el proyecto Quimsacocha, que pasó a denominarse Loma Larga (para distraer a la opinión pública) por un costo de 30 millones de dólares. Esta empresa en marzo de 2013 inició la fase de exploración avanzada en los páramos de los cantones Cuenca, Girón y San Fernando (El Comercio 2015).

En 2014 la empresa sueco-canadiense Lundin Gold adquirió el proyecto Fruta del Norte a la empresa Kinross – Aurelian (El Comercio 2015). Y en el año 2016 esta empresa firmó el contrato de explotación convirtiéndose en el segundo proyecto de minería metálica industrial a gran escala en el Ecuador.

Además la ENAMI, como lo anotamos antes, asumió el desarrollo de tres proyectos mineros en las provincias de Imbabura y Pichincha. En Íntag, provincia de Imbabura, cantón Cotacachi, retomó el proyecto Llurimagua para continuar con la fase de exploración y firmó un convenio con la estatal chilena CODELCO. En la provincia de Pichincha, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la ENAMI lleva adelante los proyectos Urcutambo e Ingapi, ubicados en las parroquias rurales de Gualea y Pacto, pese a la negativa de las comunidades, que en el caso de Pacto fue expresada vía consulta comunitaria con un rechazo masivo a la actividad (El Universo 2014).

Este nuevo momento de actividad de las empresas mineras ha estado acompañado por dos acciones paralelas: la primera, las reformas a la ley de minería e incentivos tributarios, exigencia de las empresas mineras; y la segunda, la continuidad de la política de militarización y criminalización sobre quienes defienden Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza. Entre otras acciones violentas registramos los desalojos efectuados por el Estado al aplicar procesos de servidumbre en contra de población campesina e indígena directamente afectada por concesiones mineras.

En 2013 la Asamblea Nacional, ante las presiones de las empresas mineras, aprobó algunas reformas a la ley de minería, que entre otras cosas flexibilizan los actos administrativos previos a obtener autorización ambiental, sustituyendo varios de ellos por declaraciones juramentadas a cargo de la empresa minera; permiten que el Estado concesione directamente territorios a empresas extranjeras públicas. También se incorporó la posibilidad de firmar contratos de prestación de servicios con empresas extranjeras, se liberalizó la comercialización de minerales, y se determinó que la obligación de presentar estudios de impacto ambiental en proyectos de minería a gran escala es sólo para la fase de explotación. [19] En definitiva se impusieron los interés transnacionales por sobre el cacareado discurso de la soberanía nacional.

A estas reformas se sumaron además varios incentivos tributarios en beneficio de las inversiones de las grandes empresas mineras en el país. Los proyectos mineros se han beneficiado a través de disposiciones generales o específicas. Mencionemos los siguientes beneficios otorgados de manera general para todo tipo de inversiones [20] :

- Reducción del impuesto a la renta del 25% al 22%.

- Exoneración de anticipo del impuesto a la renta en los 5 primeros años.

- Varias deducciones para calcular el impuesto a la renta.

- Exoneración de IVA para bienes y servicios exportados.

- Exoneración del Impuesto de Salida de divisas para operaciones de financiamiento externo.

- Estabilidad de normativa tributaria mientras duren los contratos de inversión.

A estos beneficios se suman otros incentivos específicos para el sector minero, con énfasis en las inversiones para minería a gran escala:

- Un nuevo cálculo del precio base para la aplicación de los ingresos extraordinarios y regalías.

- IVA de 0% para oro adquirido por titulares con licencia de comercialización.

- Reintegro del IVA pagado para exportaciones mineras

- Estabilidad de normas tributarias por el tiempo que dure el contrato, en este caso, de explotación.

Estas reformas desdibujan la intención del Gobierno de recuperar la renta extractiva dispuesta por la Constitución, y muestran un proceso similar de flexibilización paulatina al ocurrido en la década de los 90 con los condicionamientos de los organismos multilaterales, esta vez por la presión directa de las empresas transnacionales. La aprobación del mencionado marco jurídico, “enriquecido” con una serie de beneficios adionales, ha permitido que varias empresas continúen con sus actividades mineras y que, como se ha mencionado dos de ellas firmen ya sus contratos de explotación con el Estado (ECSA y Lundin Gold).

En paralelo, los casos de Íntag y Mirador, así como las muertes violentas de Freddy Taish y José Tendetza muestran la violencia provocada por la minería a gran escala (CEDHU 2015).

Desde que ENAMI asumió el proyecto Llurimagua en Íntag, y con apoyo del Gobierno, se ha dado paso a un cercamiento armado de la zona por parte de la Policía Nacional. Se persiguió y criminalizó a uno de sus dirigentes, Javier Ramírez, sentenciado injustamente ante una denuncia presentada por la ENAMI (Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial 2015).

Por otra parte, el 7 de noviembre de 2013, durante un operativo militar para detener actividades de minería ilegal, Freddy Taish, Shuar, fue asesinado. La nacionalidad Shuar y la CONFENIAE [21] responsabilizan a los militares de este asesinato. Y un año más tarde, el 30 de septiembre de 2014, José Tendetza, dirigente Shuar opuesto a las actividades de ECSA, fue hallado muerto, después de ser torturado, cerca de la zona de influencia del proyecto Mirador. En ambos procesos penales, y pese a que s e trata de muertes violentas, no se ha determinado responsabilidad penal contra nadie. Así esta política extractiva tiene vinculaciones con la muerte violenta de tres indígenas Shuar, todos asociados a la resistencia anti-minera por la defensa de sus territorios y ecosistemas (Plan V 2014).

Resta decir que ECSA a fines de 2015 solicitó a la ARCOM la constitución de servidumbres para varias hectáreas de terreno que no había podido comprar. Ya en junio de 2014 la empresa demolió la escuela y la iglesia del barrio San Marcos alegando que estaban dentro de su propiedad privada, y en septiembre y diciembre de 2015 y febrero de 2016 desalojaron 26 familias de manera imprevista y a la fuerza, por orden de la ARCOM. Estos desalojos fueron ejecutados por funcionarios públicos, policías y personal de seguridad de la empresa ECSA (Colectivo de Investigación y Acción Sicosocial 2016).

Así, el Gobierno desde la expedición del decreto ejecutivo 1040, pasando por la Ley de Minería y sus reformas, la Ley de Seguridad del Estado y los incentivos tributarios, sumado a la propaganda política que intenta legitimar la “minería responsable”, ha permitido que se dé inicio a la explotación masiva de minerales metálicos, y que por lo tanto reaparezcan nuevamente procesos violentos de persecución, cercamientos, asesinatos y despojos de tierra en los territorios en donde se empiezan a desplegar estos proyectos. Por otra parte, el avance vertiginoso de los proyectos mineros aquí mencionados, coincide con el inicio de este nuevo festín minero que busca subastar concesiones a lo largo del territorio del Ecuador. Y de hecho esto amplía el conflicto territorial ya existente.

 

Se avanza en el festín minero del siglo XXI

Casi ocho años después de la expedición del Mandato Minero, la Corte Constitucional, ante las acciones de incumplimiento presentadas en 2010 por la FOA y UNAGUA y en 2012 por CEDHU [22] y Acción Ecológica, recién el 6 de abril de 2016 emitió su sentencia argumentando que dicho mandato, pese a ser reconocido como ley orgánica y contener normas claras y expresas de carácter general, actualmente no son exigibles pues la aprobación de la ley de minería modificó el marco jurídico vigente. Esto, a decir de la Corte, provocó contradicciones entre las normas del mandato y las normas de ley pero que no pueden ser resueltas vía acción de incumplimiento si no en tribunales ordinarios. [23]

Además, la Corte determinó que no se han vulnerado Derechos Humanos y desechó las dos demandas de inconstitucionalidad. Así la Corte Constitucional por segunda vez decidió en favor de la política extractiva del Gobierno. Con esto se intent ó cerrar el debate nacional sobre la megaminería minimizando los continuos atropellos en contra de los Derechos Humanos de las comunidades actualmente afectadas y por cierto también en contra de los Derechos de la Naturaleza. [24]

Esta decisión constitucional, aparte de ser resuelta después de 6 años de presentada la primera demanda, coincide con la reactivación del catastro minero nacional y el inicio de la subasta y remate de nuevas concesiones en el Ecuador.

La actualización del catastro minero de 2016 resulta de la sustitución de títulos mineros ocurrida previa y paulatinamente desde 2009, y que en alguna medida liberó de concesiones al Sistema Nacional de Áreas Protegidas con excepción de los Parques Nacionales Yacuri y Cajas, así como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza. Sin embargo, fuentes y nacimientos de agua así como bosques protectores y zonas de amortiguamiento siguen aún concesionadas. De esta manera, a 2012 el 4,5% del territorio nacional se encontraba concesionado, es decir 1,21 millones de hectáreas mineras, aunque con una mayor incidencia en las provincias de Azuay, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Acosta y Sacher 2012).

Este catastro minero, como se dijo, fue actualizado y publicado nuevamente días después de la sentencia de la Corte Constitucional sobre el incumplimiento del mandato minero, apareciendo nuevas concesiones mineras disponibles adicionales a las ya concesionadas, y el 25 de mayo de 2016 el Ministerio de Minería dio inicio a un proceso de subasta y remate de dichas concesiones en todo el territorio continental del Ecuador.

El proceso de concesión se ha previsto por fases en las distintas zonas de planificación del gobierno central (ver el mapa a continuación), y el catastro minero muestra las concesiones (bloques verdes) que están en trámite y por tanto disponibles para ser adquiridas por cualquier empresa o persona natural, a parte de las ya concesionadas (borde rojo). 

Así, 8 años después de la expedición del Mandato Minero y a casi una década de estar en el poder el Gobierno de Alianza País, se abrió la puerta a la megaminerìa. No se intenta evitar los conflictos territoriales provocados por el extractivismo y respetar los Derechos Humanos de las comunidades afectadas. No se protegen los ecosistemas cumpliendo con lo que disponen de los constitucionalizados Derechos de la Naturaleza.

De hecho con el reforzado extractivismo megaminero se reprimariza aún más la economía sin dar paso al tan promocionado cambio de la matriz productiva. El Gobierno de Correa alienta no sólo cinco proyectos estratégicos de minería a gran escala, sino que tiene en la mira convertir al Ecuador en un país minero. Se habla, inclusive, de establecer las conocidas “zonas de sacrificio” en donde se desarrollarían proyectos mineros, en especial en las provincias del Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, a las que podría sumarse Loja.

Para lograrlo se impulsa un festín de concesiones mineras, que pone en riesgo el conjunto de derechos reconocidos constitucionalmente. Para empezar no se garantiza ninguna consulta previa efectiva, en la que se respeten todos los derechos de las comunidades. La entrega de las concesiones se hará bajo una modalidad de subasta en la que sólo participan oferentes del capital transnacional y el Estado. Y todo esto en las postrimerías de un Gobierno que pasará a la historia como el mayor promotor de la megaminería en el país.

Recordemos que el presidente Correa, en el año 2011, comparó unas primeras “pepitas de oro” con el primer barril de petróleo que fue transportado triunfalmente en junio de 1972 al Templete de los Héroes del Colegio Militar Eloy Alfaro en Quito, al afirmar que -mostrando dichas pepitas de oro- “este es el primer barril de petróleo, esto es análogo al inicio de la era petrolera, vamos a pasar a una nueva era, la era minera...” [26]

Unas palabras finales

Sólo con una acción política sostenida, en diversos niveles: comunitarios, municipales, provinciales y nacional, con sólidas alianzas internacionales, se detendrá en Ecuador el festín minero del siglo XXI, como un primer paso indispensable para impulsar una transición postextractivista. Las posibilidades para enfrentar de mejor manera los conflictos socioambientales relacionados con el extractivismo sólo surgirán sobre la base de la organización social y una creciente conciencia social sobre las amenazas de la megaminería. Las capacidades en la organización social, a pesar de los esfuerzos divisionistas y represivos del extractivismo correista, están aún disponibles. Y la conciencia ciudadana ha aumentado mucho en estos últimos años.

 

Habrá que alentar la coordinación de las acciones de resistencia y construcción de alternativas. Esto implica el establecimiento de múltiples alianzas sobre la base de una creciente solidaridad, sobre todo una solidaridad efectiva de las ciudades y el campo, orientándola a ampliar y a sumar la mayor cantidad posible de esfuerzos que se despliegan en otras luchas sociales. En concreto, el reto es tejer todas las luchas de resistencia al extractivismo en una acción democrática colectiva, sumándolas a las acciones para construir el Buen Vivir.

 

Es urgente también romper masivamente con una concepción extractivista “fetichizada” . En este empeño hay que vincular a estos proyectos extractivos con aquellas grandes obras que los viabilizan, por ejemplo con el sector energético y el de infraestructuras para el transporte de los mismos minerales. El inicio de la megaminería justifica gran parte de los proyectos hidroeléctricos en marcha así como la consolidación de algunas redes de carreteras y la concesión de puertos a empresas transnacionales, no así la transformación de la matriz productiva y menos aún la mejora de las condiciones de vida de la población.

Para frenar el festín minero y alentar la construcción de una país democrático, la palabra la tienen todos los sectores comprometidos con estos objetivos, estén o no directamente afectados por las actividades extractivas.- 

Bibliografía:(...)

A. Acosta es Economista ecuatoriano. Investigador de la FLACSO Ecuador. Ex-ministro de Energía y Minas (Enero-junio 2007). Ex-presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta constituyente (octubre 2007 – julio 2008). Ex-candidato a la Presidencia de la República (2012-2013).  

F. Hurtado Caicedo es Abogado ecuatoriano por la PUCE. Especialista superior en Derechos Humanos por la UASB. Estudiante de la maestría en Sociología por FLACSO. Defensor de Derechos Humanos y parte del Colectivo Yasunidos.

Notas
:(...)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215028

En consecuencia, a 200 años es hora de percibir o conocer y tomar partido respecto a que el extractivismo o acumulación oligopólica por exterminio sostiene a las potencias imperialistas en su ataque a todos los pueblos planetarios porque incluso en los de esos países implanta su maximización de la explotación laboral y su Estado de excepción. Aún más el enriquecimiento cada vez mayor de una minúscula minoría de la humanidad se da también mediante el sistema de la deuda externa pública. Reflexionemos sobre:

 

Cómo el Sur ha pagado por las crisis del Norte y por su propia sumisión

18 de junio de 2016

Por Eric Toussaint

17 de junio de 2016

A partir de los años 1820, los gobiernos de los países latinoamericanos, recién salidos de las guerras de independencia, se lanzaron a una ola de préstamos. Los banqueros europeos buscaban con entusiasmo ocasiones de endeudar a estos nuevos Estados pues eso les era extremadamente beneficioso |1|. En un primer momento, estos préstamos sirvieron a los esfuerzos de guerra para garantizar y reforzar la independencia. En los años 1820, los préstamos externos tomaban la forma de títulos de la deuda emitidos por los Estados por el intermedio de banqueros o de corredores de bolsa en Londres. Luego, a partir de los años 1830, atraídos por los altos rendimientos, los banqueros franceses se hicieron muy activos y entraron en competencia con la plaza financiera de Londres. En el curso de los decenios siguientes otras plazas financieras se sumaron a la competencia: Francfort, Berlín, Anvers, Amsterdam, Milán, Viena… La forma utilizada por los banqueros para prestar a los Estados limitaba los riesgos a los que se exponían puesto que en caso de suspensión del pago de la deuda, eran los tenedores de títulos los directamente afectados. Habría sido de otra forma si los banqueros hubieran prestado directamente a los Estados |2|. No obstante, cuando estos banqueros adquirían ellos mismos una parte de los títulos que vendían o que otros banqueros vendían se encontraban con dificultades en caso de no pago. Por otra parte, la existencia de un mercado de títulos al portador permitía a los banqueros llevar a cabo múltiples manipulaciones que les procuraban un rendimiento elevado. El recurso al endeudamiento exterior se reveló contraproductivo para los países concernidos en particular porque esos préstamos habían sido contratados con condiciones muy favorables para los acreedores. Las suspensiones de pago fueron numerosas y dieron lugar a represalias por parte de los países acreedores que utilizaron en varias ocasiones la intervención armada para obtener el reembolso. Las reestructuraciones de deuda sirvieron normalmente a los intereses de los acreedores y de las grandes potencias que les apoyaban e hicieron entrar a los países deudores en un círculo vicioso de endeudamiento, de dependencia y de “desarrollo del subdesarrollo”, por retomar una expresión del economista André Gunder Frank |3|

 

El arma del endeudamiento fue utilizada como medio de presión y de subordinación de los países endeudados. Como subrayaba Rosa Luxemburgo en 1913, los préstamos “constituyen el medio más seguro para los viejos países capitalistas de mantener bajo su tutela a los países jóvenes, de controlar sus finanzas y de ejercer una presión sobre su política exterior, aduanera y comercial” |4|. Felizmente, México, en dos ocasiones, salió de forma victoriosa de la confrontación con sus acreedores (en 1867 bajo la presidencia de Benito Juarez y, más tarde, en la onda de la revolución mexicana dirigida por Emiliano Zapata y Pancho Villa que decretaron la suspensión de la deuda en 1914). Brasil igualmente se enfrentó con éxito a sus acreedores entre 1933 y 1943, lo mismo que Ecuador en 2007-2009, sin olvidar Cuba respecto al Club de París a partir de 1986.

 

Cuando se prepara una nueva crisis de la deuda de América Latina, es fundamental sacar enseñanzas de los dos últimos siglos. No hacer esto equivale a condenarse a revivir los dramas del pasado.

 

La deuda externa como arma de dominación y de subordinación

La utilización de la deuda externa como arma de dominación jugó un papel fundamental en la política imperialista de las principales potencias capitalistas a lo largo del siglo XIX y prosigue en el siglo XXI bajo formas que han evolucionado. Grecia, desde su nacimiento en los años 1820-1830, estuvo sometida por completo a los dictados de las potencias acreedoras (en particular Gran Bretaña y Francia) |5|. Haití, que se había liberado de Francia en el curso de la Revolución francesa y había proclamado la independencia en 1804, fue de nuevo sometida a ésta en 1825 por la deuda |6|. Túnez endeudada fue invadida por Francia en 1881 y transformada en protectoradocolonia |7|. La misma suerte fue impuesta a Egipto en 1882 por Gran Bretaña | 8|. El Imperio otomano, a partir de 1881, fue sometido directamente a los acreedores (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia…) |9|, lo que aceleró su estallido. China fue forzada por los acreedores a conceder concesiones territoriales y a abrir por completo su mercado en el siglo XIX. La Rusia zarista fuertemente endeudada habría podido constituirse también en presa de las potencias acreedoras si la revolución bolchevique no hubiera llevado en 1917-1918 al repudio unilateral de las deudas. De las diferentes potencias periféricas |10| que podían potencialmente acceder al papel de potencias capitalistas imperialistas en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, el Imperio Otomano, Egipto, el Imperio ruso, China y Japón, sólo este último logró la mutación |11|. En efecto, Japón no recurrió prácticamente al endeudamiento exterior para realizar un importante desarrollo económico y transformarse en una potencia capitalista imperialista en la segunda mitad del siglo XIX. Japón conoció un importante desarrollo capitalista autónomo como consecuencia de las reformas del período Meiji (iniciado en 1868). Importó las técnicas de producción occidentales más avanzadas de entonces, a la vez que impedía la penetración financiera extranjera en su territorio, rechazando recurrir a préstamos exteriores y suprimiendo en el país las trabas a la circulación de los capitales autóctonos. A finales del siglo XIX, Japón pasó de una autarquía secular a una expansión imperialista vigorosa. Por supuesto, la ausencia de endeudamiento exterior no fue el único factor que permitió a Japón dar el salto hacia un desarrollo capitalista vigoroso y llevar a cabo una política internacional agresiva, alzándole al rango de las grandes potencias imperialistas. Otros factores que sería demasiado largo enumerar aquí operaron igualmente pero es evidente que la ausencia de endeudamiento exterior jugó un papel fundamental |12|. A contrario China, que hasta los años 1830 llevaba a cabo un desarrollo muy importante y constituía una potencia económica de primer nivel |13|, al recurrir al endeudamiento exterior permitió a las potencias europeas y a los Estados Unidos marginarla y someterla progresivamente. Aquí también intervinieron otros factores, como las guerras impuestas por Gran Bretaña y Francia para imponer el libre comercio y la exportación forzosa a China del opio, pero el recurso a la deuda externa y sus nefastas consecuencias jugaron un papel muy importante. En efecto, para reembolsar préstamos extranjeros, China tuvo que sacrificar concesiones territoriales y portuarias a las potencias extranjeras. Rosa Luxemburg menciona, entre los métodos empleados por las potencias capitalistas occidentales para dominar a China el “sistema de la deuda pública, de préstamos europeos, de control europeo de las finanzas con la consecuencia de la ocupación de las fortalezas chinas, la apertura forzada de puertos libres y la concesión de ferrocarriles obtenidas bajo la presión de los capitalistas europeos” |14|. Joseph Stiglitz, casi un siglo después de Rosa Luxemburgo, remite igualmente a ello en su obra La gran desilusión.

 

Las crisis de la deuda externa de América Latina del siglo XIX al siglo XXI

 

Desde su independencia en los años 1820, los países de América Latina han conocido cuatro crisis de la deuda. La primera se declaró en 1826, producida por la primera gran crisis capitalista internacional que comenzó en Londres en diciembre de 1825. Esta crisis de la deuda se prolongó hasta los años 1840-1850. La segunda comenzó en 1876 y terminó en los primeros años del siglo XX | 15|. La tercera comenzó en 1931 como prolongación de la crisis que había estallado en 1929 en los Estados Unidos. Se acabó a finales de los años 1940. La cuarta estalló en 1982 ligada al giro tomado por la Reserva Federal de los Estados Unidos en materia de tasas de interés combinado a la caída de los precios de las materias primas. Esta cuarta crisis terminó en 2003-2004 cuando el aumento de los precios de las materias primas aumentó enormemente las rentas en divisas. Los países de América Latina se aprovecharon también de tasas de interés internacionales que bajaron enormemente como consecuencia de las decisiones de la FED, seguida por el BCE y el Banco de Inglaterra a partir de la crisis bancaria en el Norte que comenzó en 2008-2009.

 

Se prepara una quinta crisis como consecuencia de la fuerte bajada de los precios de las materias primas que comenzó en 2013-2014 y de la evolución de la economía de las principales potencias imperialistas -que incluyen hoy a China (perspectiva de un aumento de las tasas de interés decidida por la FED, estallido de la burbuja bursátil… provocando una repatriación de los capitales hacia los Estados Unidos, Europa y quizás China). La crisis que ya afecta de lleno a Puerto Rico |16| es un signo premonitorio, pero son sobre todo Venezuela y Argentina quienes corren el riesgo de dar una gran amplitud a una nueva crisis cuando estalle, con la particularidad de que una parte de su deuda está suscrita con China, nuevo actor mayor en América Latina. Los orígenes de estas crisis y los momentos en que estallan están íntimamente ligadas al ritmo de la economía mundial y, principalmente, de los países más industrializados. Cada crisis de la deuda ha estado precedida de una fase de sobrecalentamiento de la economía de los países más industrializados del Centro, en el curso de la cual ha habido superabundancia de capitales, una parte de los cuales ha sido reciclada hacia las economías de la Periferia. Las fases preparatorias del estallido de la crisis, durante las cuales la deuda aumenta con fuerza, corresponden al final de cada ciclo largo expansivo de los países más industrializados, salvo en el caso presente, pues, esta vez, no se puede hablar de ciclo largo expansivo excepto en lo que se refiere a China (y otros BRICS). La crisis está generalmente provocada por factores externos a los países periféricos endeudados: una recesión o un krach financiero golpeando a una o varias de las principales economías industrializadas, un cambio de política de las tasas de interés decidido por los bancos centrales de las grandes potencias del momento. Lo que se afirma anteriormente está en contradicción con la narración de las crisis que domina el pensamiento económico-histórico |17| y que es vehiculizado por los grandes medios y los gobernantes. Según la narración dominante, la crisis que estalló en Londres en diciembre de 1825, y se extendió a otras potencias capitalistas, resultó del sobreendeudamiento de los Estados latino-americanos; la de los años 1870, del sobreendeudamiento de América Latina, Egipto y del Imperio otomano; la de los años 1890 que estuvo a punto de provocar la quiebra de uno de los principales bancos británicos, del sobreendeudamiento de Argentina; la de los años 2010, del sobreendeudamiento de Grecia y más en general de los “PIGS” (Portugal, Irlanda, Grecia, Spain/España).

 

Las crisis de la deuda y las ondas largas de la economía capitalista internacional

Hay una relación entre el estallido de estas cuatro crisis y las ondas largas del capitalismo. Las ondas largas del desarrollo capitalista desde comienzos del siglo XIX han sido analizadas por varios autores, entre ellos Ernest Mandel que proporcionó una aportación sustancial, en particular en cuanto a la incidencia del factor político sobre el desarrollo y el desenlace de las ondas largas, aportación que queda por completar |18|. Ernest Mandel propone la datación siguiente para las ondas largas desde el final del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX |19|: crecimiento fuerte a partir de 1793 terminándose en la gran crisis de 1825 crecimiento lento de 1826 a 1847 con fuerte crisis en 1846-47 crecimiento fuerte de 1848 a 1873 con crisis fuerte en 1873 crecimiento lento de 1874 a 1893 con crisis bancaria en 1890-1893 crecimiento fuerte de 1894 a 1913… Las fases de expansión fuerte, igual que las fases de expansión lenta, están subdivididas en ciclos más cortos que varían de 7 a 10 años y acaban en crisis.

Tras un krach financiero de la Bolsa de Londres en 1825, la primera crisis moderna de sobreproducción de mercancía (1826) abre el camino a una onda larga de expansión lenta (1826-1847) y a la primera crisis de la deuda de América Latina (que comienza en 1826-1827). La segunda crisis estalla en 1873 como consecuencia de un krach bursátil en Viena seguido de otro en Nueva York. Se sigue de ella una larga depresión de las economías industrializadas de 1873 a 1893 y la crisis de la deuda de América Latina del decenio 1870. Como consecuencia de la crisis de Wall Street en 1929, la depresión de los años 1930 de la economía mundial desemboca en la crisis de la deuda de América Latina que estalla al mismo tiempo pero que desemboca en un escenario diferente que las precedentes crisis. En efecto, como consecuencia en particular de la decisión de no pago de la deuda por parte de catorce países del continente, esta crisis de la deuda desemboca en un auge industrial de larga duración en los países más importantes (en particular Brasil y México) en contradicción con la crisis de los países del Centro. La cuarta crisis que comenzó en 1982 fue provocada por el efecto combinado de la segunda recesión económica mundial (1980-1982) de la postguerra, de la bajada de los precios de las materias primas (que está ligada a esa recesión) y de la subida de las tasas de interés decidida por la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1979. Las cuatro primeras crisis duraron de 15 a 30 años. La quinta se prepara. Han afectado al conjunto de los Estados independientes de América Latina y del Caribe casi sin excepción. En el curso de esas crisis, fueron frecuentes las suspensiones de pago de la deuda. Entre 1826 y 1850, durante la primera crisis, casi todos los países suspendieron su pago. En 1876, once países de América Latina estaban en suspensión de pago. En los años 1930, once países del continente decretaron una moratoria. Entre 1982 y 2003, México, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Cuba y otros suspendieron el reembolso en un momento u otro, por un período de varios meses o de varios años.

 

La suspensión decretada por Argentina entre finales de 2001 y marzo de 2005 por un montante de alrededor de 90 000 millones de dólares permitió un crecimiento económico sostenido. En la mayoría de las ocasiones, las suspensiones de pago son seguidas de reestructuraciones de deuda favorables a los intereses de los acreedores. Los ejemplos de Estados periféricos que repudian victoriosamente sus deudas son muy raros pero existen. Es el caso de México durante el mandato del liberal Benito Juarez, el primer presidente indígena de América Latina |20|. México, que suspendió el pago de la deuda odiosa en 1861, logró expulsar al cuerpo expedicionario francés en 1866 tras cuatro años de duros combates y la imposición de un emperador europeo, Maximiliano de Austria. En 1867, México repudió la deuda reclamada por Francia. Igualmente raros son los casos en que un Estado ha organizado una auditoría de la deuda a fin de poner en cuestión su pago. Fue en particular el caso de Ecuador en 2007-2008. Sus ejemplos son ricos en enseñanzas. (….)

 

Según Michel Husson, “Desde la publicación del libro de Mandel, la economía mundial se ha transformado profundamente. Con el ascenso de los países llamados “emergentes”, se asiste a un verdadero “cambio radical del mundo” cuya medida se puede tomar con la ayuda de algunas cifras. Así, los países emergentes han realizado en 2012 la mitad de las exportaciones industriales mundiales, cuando su parte no era más que del 30% al comienzo de los años 1990. Desde el comienzo de los años 2000, el total de la progresión de la producción industrial a escala mundial ha sido realizada en los países emergentes. El capitalismo parece así encontrar un segundo aliento relocalizando la producción en países que registran ganancias de productividad importantes, y en los que el nivel de los salarios es muy bajo” (…) “Razonar sobre los “viejos” países capitalistas o sobre el conjunto de la economía mundial, ya no es lo mismo: el crecimiento de la producción (incluyendo de la producción industrial), las ganancias de productividad y el desarrollo de la clase asalariada están desde comienzos del siglo XXI en el Sur. Hay en esto más que una desincronización que se podría poner en la cuenta de factores específicos” (…). “En definitiva, lo que es cierto para los viejos países capitalistas del Norte, a saber la incapacidad de poner en pie los fundamentos de una nueva “onda larga expansiva”, no parece aplicarse plenamente a toda una serie de países que reagrupan después de todo a una fracción significativa de la población mundial. Se podría, al límite, hablar de una onda larga expansiva en lo que les concierne. Que se trate de un modo de crecimiento que hace aumentar las desigualdades y bárbaro (que evoca por otra parte el auge de la Inglaterra del siglo XIX) es otra cuestión: el punto decisivo es que en los países concernidos, la acumulación del capital y el crecimiento del empleo asalariado dan pruebas de un dinamismo impresionante”. Añado por mi parte que la fase de expansión fuerte de los países emergentes (con China a la cabeza) y de un número importante de países en desarrollo da signos de pérdida de energía o de agotamiento desde 2014-2015 mientras que las economías de los viejos países industrializados permanecen empantanadas en la continuación de un crecimiento lento. Una de las ideas que el presente artículo adelanta, es que hay una relación estrecha entre las fases de expansión fuerte del capitalismo global y la acumulación de deudas en los países periféricos (y en este caso América Latina) estimuladas en particular por la voluntad de las economías capitalistas más fuertes de aumentar los flujos de capitales hacia la periferia (quiero precisar que hay que colocar ahora a China entre las economías capitalistas más fuertes). El giro de la fase de crecimiento fuerte desemboca generalmente en una crisis de la deuda en los países de la periferia, se podría decir sin exagerar que “provoca” una crisis de la deuda. En el período histórico actual, vivimos un período bisagra (sin crecimiento fuerte en las viejas economías capitalistas) que podría desembocar en una nueva crisis de la deuda de América Latina y de otros países periféricos (en África y en Asia), -los primeros en ser afectados serán los países que dependen en gran medida de la exportación de materias primas para reembolsar su deuda- añadiéndose a la de los países periféricos en el interior o en los márgenes de Europa (Grecia, Portugal, España, Irlanda, Chipre, Ucrania, otros países del exbloque del Este, etc.) o de la esfera de los Estados Unidos (Puerto Rico da el ejemplo). Bibliografía: (….)

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/213561.pdf

 

 

Discutamos acerca de cómo el sistema bancario va optimizando la subsunción a él de toda la sociedad y todas las personas. Es decir, "todos seremos dependientes de la banca y el sistema financiero, anulando o dificultando en extremo nuestra autonomía individual y colectiva".

 

Inclusión financiera y dominación de espectro completo
16 de abril de 2016

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

Siendo la inclusión financiera una de las principales iniciativas neoliberales, es difícil aceptar el escaso debate existente entre quienes se proclaman enemigos de ese modelo centrado en el dominio del capital financiero. El Banco Mundial (BM) es el principal impulsor de la inclusión financiera, con el objetivo de que toda la población del mundo sea dependiente del sistema bancario que, en paralelo, se propone eliminar el dinero físico.

El argumento inicial consistió en que la inclusión financiera es necesaria para el combate al lavado de dinero y al narcotráfico. Luego el mismo banco fue agregando nuevos argumentos, muy similares a los que utiliza para el combate a la pobreza. En 2015, en su página web decía: Dos mil millones o 38 por ciento de los adultos en el mundo no utilizan servicios financieros formales y un porcentaje aun mayor de pobres no tiene cuenta bancaria (http://goo.gl/3Tf0Nt).

El BM defiende la tesis de que la inclusión financiera contribuye a reducir la pobreza, a empoderar a las mujeres e impulsar la prosperidad compartida. Entre sus objetivos figura que todos los ingresos y gastos de los sectores populares se realicen por vía electrónica y promueve que las prestaciones sociales no se paguen en efectivo, sino a través del sistema bancario, como ya viene sucediendo en varios países.

A corto plazo, el BM se propone llegar a otros mil millones de personas que hoy se encuentran excluidas del sistema financiero, utilizando incluso la palabra clave, exclusión, para dar la impresión de que son personas carenciadas y que el acceso a los servicios financieros es clave para su inclusión como ciudadanos (http://goo.gl/NCpYqp). El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, impuso metas para brindar acceso universal a los servicios financieros a todos los adultos en edad de trabajar a más tardar en 2020.

El objetivo es avanzar en la bancarización en los países emergentes y del sur del mundo. En Estados Unidos y en Europa las personas que no tienen cuenta bancaria son menos de 20 por ciento, cifra que trepa en América Latina a 50 por ciento y en varios países de África supera 80 por ciento de la población.

Lo que resulta llamativo, por decir lo menos, es que los gobiernos progresistas hayan adoptado esta política sin abrir previamente un debate. En Brasil, el salario creció 80 por ciento entre 2001 y 2015, pero el crédito individual aumentó 140 por ciento. El resultado es un crecimiento exponencial del consumismo y del endeudamiento de las familias: en 2015, 48 por ciento de sus ingresos se dedicaban al pago de deudas, frente a 22 por ciento en 2006.

La inclusión financiera es el primer paso para la eliminación del dinero físico, con lo que todos seremos dependientes de la banca y el sistema financiero, anulando o dificultando en extremo nuestra autonomía individual y colectiva. Es una modalidad micro de la dominación de espectro completo. En varios países, como Uruguay, ya se imponen limitaciones a la cantidad de dinero a extraer de los cajeros automáticos y este año los viajes en taxi deberán ser pagados con tarjetas de débito o crédito.

En Alemania hay una campaña contra la extinción del dinero físico bajo el lema El efectivo te protege de la vigilancia del Estado. Varios grupos políticos condenaron las limitaciones al dinero efectivo. El diputado del partido verde Konstantin von Notz explicó las razones en su Twitter: El efectivo nos permite permanecer en el anonimato durante las operaciones del día a día. En una democracia constitucional, es una libertad que tiene que ser defendida (http://goo.gl/CD53LE).

Los datos muestran una clara divergencia en el comportamiento de los alemanes respecto a otros ciudadanos de países desarrollados. Sólo 18 por ciento de los pagos en Alemania se hicieron con tarjetas en 2013, comparado con 59 por ciento en Reino Unido, 54 por ciento en Estados Unidos y 50 por ciento en Francia. Cuatro de cada cinco facturas las pagan con billetes y monedas (http://goo.gl/CD53LE).

Encuentro dos razones para que la inclusión financiera y la desaparición del dinero físico no sean parte de los debates necesarios en el pensamiento crítico latinoamericano, en las izquierdas y en los movimientos populares.

La primera es la opción por no cuestionar las bases actuales del capitalismo, o sea, poner en la mira al uno por ciento, aunque los discursos digan otra cosa. El capital financiero juega un papel central en el mundo actual y disputarle poder implica jugar fuerte, al punto de poner en riesgo la conservación de los sillones presidenciales y los beneficios que suelen tener los dirigentes políticos, ya que ese sector cuenta con enorme capacidad para provocar crisis y precipitar la caída de cualquier gobierno.

Atravesamos un periodo de acomodamiento de las izquierdas y del progresismo al sistema. Es más fácil criticar al imperialismo en abstracto que trabajar con las propias bases sociales que están entrampadas en el consumismo –y por lo tanto con el capital financiero a través de la banca– para que superen la cultura del consumo. La derrota cultural del campo popular ha llevado a desestimar el conflicto como fuente de los cambios y a sobredimensionar la cuestión electoral.

La segunda afecta de lleno al pensamiento y a los pensadores críticos. Puede definirse como la incapacidad de ir contra el sentido común, adaptarse a la realidad y no poner en cuestión las ideas hegemónicas entre los sectores populares por falta de compromiso con ellos. Es imposible avanzar si no se es capaz de nadar contra la corriente, lo que evidentemente implica cierto aislamiento, tanto de las instituciones estatales como de la parte de la población que aún cree en ellas.

Si el capital consigue consolidar un tipo de sociedad basada en el consumo de masas, habrá solucionado la principal traba para su dominación: la existencia de heterogeneidades estructurales y sociales. Aunque una parte de la izquierda cree que son resabios del pasado, sin tianguis, tequio y reciprocidad no podemos siquiera soñar con superar el capitalismo.

thtp://www.jornada.unam.mx/2016/04/15/opinion/017a1pol
Fuente:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=211204

 

 Alternativas postcapitalistas

 

A 200 años, es hora de percibir (conocer y tomar partido respecto a) el exterminio que el sistema mundo capitalista genera al privilegiar la alta rentabilidad de oligopolios por sobre necesidades y aspiraciones de los diversos de abajo.  Pero también es crucial recordar y revisar críticamente al gobierno CFK para impedir la continuidad del embaucamiento sobre el carácter de gobierno nacional-popular y contrapuesto al de Macri que conduce a falsa alternativa capitalista. Por ejemplo es atender los siguientes artículos.

 

Contrastes: deuda y modelo

13 de julio de 2012


Para este año el presupuesto prevé destinar a pagar deuda pública, amortizando capital e intereses, seis veces más de lo destinado a Educación y Cultura y doce veces más que lo destinado a Salud.  Diariamente la deuda se lleva 605 millones de pesos, o sea 25 millones por hora, pero sigue creciendo. Mientras,  Telecom factura 35.789 pesos por minuto, General Motors 23.148 pesos por minuto y la Barrick, 12 mil pesos cada sesenta segundos. 


Por Fabiana Arencibia-Red Eco 

(...)Veamos la relación de los intereses de deuda presupuestados con los gastos públicos. Según como leamos el presupuesto serán las conclusiones que saquemos. 
Si comparamos los intereses con los Gastos Totales (Administración gubernamental, Servicios de defensa y seguridad, Servicios sociales, Servicios económicos), la relación es del 8,9 % . O sea que de cada 100 pesos gastados casi 9 van a pagar intereses. 
Pero si los comparamos con uno de los rubros de estos Gastos Totales, el de “Servicios Sociales”  presupuestados para 2012 (son $ 303.000 millones destinados a Salud, Asistencia social, Seguridad social, Educación y cultura, Ciencia y técnica, Trabajo, Vivienda y urbanismo, Agua potable y alcantarillados) esta relación aumenta a un 15 %.  O sea que por cada 100 pesos destinados a cubrir estos gastos sociales, se destinan 15 para pagar intereses de deuda.  
Y si vamos aun más al detalle veremos que para Educación y cultura se asignan partidas presupuestarias por $ 38.478 millones, menos que para pagar intereses. La comparación con lo destinado a Salud es aun peor. Se prevé por presupuesto 2012 $ 17.934 millones por lo tanto la cancelación de solamente los intereses de deuda se llevarán dos veces y media el presupuesto destinado a salud.   
Si ambas comparaciones las hacemos con el total de deuda, o sea amortización de capital y pagos de intereses, la relación empeora aun más. Los cerca de $  221.000 millones de pesos presupuestados para estas cancelaciones de deuda publica representan  6 veces lo destinado a Educación y 12 veces lo destinado a salud.

En estos días se desarrolla el conflicto entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, ambos del mismo signo político (al menos por ahora). El gobernador bonaerense Daniel Scioli asegura no poder pagar los aguinaldos de los empleados públicos y propuso fragmentarlo en cuotas, ante la negativa de Nación de girarle los fondos.  Rápidamente llegó la critica de la presidenta a esta medida y le reclamó que aprenda a gestionar. Pero lo que nos interesa destacar -mas allá de este conflicto entre diferentes sectores dentro del kirchnerismo- es lo que trae el economista Julio Gambina en una de sus notas: “al mismo tiempo que se comunicaba la imposibilidad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires para cumplir con el pago a los empleados públicos y a los proveedores, el Directorio del Banco Central de la República Argentina aprobó la afectación de 4.165 millones de dólares de las reservas internacionales para cancelar deuda pública en el tercer trimestre del 2012”  

La plata que no se toca 
Los recursos previstos para cancelar deuda pública salen de los ingresos presupuestados. Dos son las partidas más importantes de estos los ingresos. Una es la de los Impuestos y otra es la de las Contribuciones a la Seguridad Social.
El mayor tributo es el IVA  que, como impuesto al consumo es por lo tanto regresivo porque paga lo mismo el que más tiene que el que menos tiene.

Respecto a los fondos que recauda el Anses representan casi un 30%  del total de ingresos presupuestados. Pero este dinero, como lo hemos dicho, no debería ser parte del presupuesto porque son recursos de los trabajadores jubilados actuales y los futuros. No son recursos fiscales son recursos previsionales recaudados por cuenta de los trabajadores activos y pasivos.
Mientras, el gobierno argentino sigue endeudándonos para, según su argumento, no verse obligado a recortar gastos sociales y poder desplegar medidas  anticíclicas que enfrenten no sóo  la crisis mundial que no cesa sino también el inicio de una etapa recesiva en nuestra economía. 

Pero hay quienes no están tan afectados. Según detalla el periodista Carlos Del Frade,  en el  último número de la revista Mercado  figura el ranking de las 1000  empresas que más vendieron durante 2011 y cuyo volumen representa nada menos que el 72,1 por ciento del PBI.  Casi las tres cuartas partes de las principales doscientas firmas son de origen extranjero. Dentro de las cuales Telecom factura 35.789 pesos por minuto; General Motors 23.148 pesos por minuto y la Barrick, 12 mil pesos cada sesenta segundos.
En el caso de la General Motors, es parte de uno de los sectores que han obtenido ganancias récords en los últimos años. Sin embargo se conoció a principios de este mes que los trabajadores suspendidos en esta rama de la industria serian cerca de 5000. La industria automotriz es de las más concentradas, son una docena de terminales automotrices que monopolizan el mercado, pertenecientes en su totalidad a capitales extranjeros
Como contracara, según datos de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) actualmente existen 8.800.000 (el 53,6 por ciento de la fuerza laboral) que están en situación de precariedad. Sus ingresos promedio no llegan a los $3.000, quiere decir que perciben 100 pesos por día, 4 pesos por hora y 7 centavos cada sesenta segundos.  Si seguimos en esta lógica de razonamiento,  el 76 por ciento de los  jubilados cobran la mínima de  1687 pesos mensuales: 56 pesos por día, 2,33 pesos por hora,  menos de 4 centavos por minuto.

 

Dudas 
No preguntamos nuevamente cómo podrá seguir adelante un modelo que se sostiene en base a una economía altamente concentrada y extranjerizada.  Un modelo que se financia en una  parte importante con mayor endeudamiento. Un modelo que avanza sobre el diseño de una economía basada en el extractivismo.  Un modelo para el cual los años de bonanza  sirvieron esencialmente al  capital concentrado y extranjerizado que acumuló  ganancias y se las llevó al exterior. Un modelo que si bien ha otorgado algunos beneficios sociales no ha modificado elementos de la estructura económica ni productiva. Un modelo que se profundizó como agroexportador y que no logró reemplazar las importaciones con un esquema industrial nacional. Un modelo en el que, más allá de las estadísticas oficiales, muestra crecimiento de la pobreza y la desocupación. Donde ha caído el poder adquisitivo por la inflación no reconocida en los índices oficiales y porque los aumentos salariales logrados en paritarias de los trabajadores en blanco se los come, además, la retención de ganancias y el no haber aumentado el tope por el cual muchos trabajadores dejan de percibir las asignaciones familiares. Un modelo donde la tasa de empleo no registrado sigue anclada en casi un 40 %, aumenta los “monotributistas” como forma de trabajo encubierto y el trabajo tercerizado. Un modelo en el que la tasa de ganancia del capital (o sea la rentabilidad sobre el capital invertido) en la década 2002-2010 se muestra superior a la del menemismo/neoliberalismo  1993-2001 (37,2% contra 24,8%). 
¿Qué pasará con la deuda contraída con la Anses cuando ese dinero sea necesario para hacer frente al pago de los jubilados? ¿Se seguirá transitando por los caminos del endeudamiento sin que suceda lo mismo que provocó la salida de la convertibilidad a la que se la defendía como permanente e inmejorable?¿ No es acaso el tema del endeudamiento – y no del “desendeudamiento” - otro de los pilares estratégicos en el “modelo” que desde el gobierno se presenta como el mejor que ha tenido nuestro país?

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=8484&Itemid=44

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El default de la deuda intra-estado

10 de septiembre de 2015

 

Por Lic. Héctor L. Giuliano

 

Oficialismo, oposición política y grandes medios de comunicación repiten a coro y constantemente que la Argentina se ha venido des-endeudando bajo la administración Kirchner pero esto no es cierto y tales afirmaciones configuran un grosero engaño a la opinión pública y, consecuentemente, al pueblo argentino.

Este mito del des-endeudamiento viene a caballo de la política sistemática seguida por la administración K de pago de la deuda con terceros – acreedores privados y organismos financieros internacionales – mediante recursos tomados de casi todas las cajas del Estado, contra entrega de títulos públicos que actúan como “vales de caja” sin capacidad de repago.

Todos se jactan de un supuesto des-endeudamiento pero lo que ninguno dice – clase política, medios y economistas del establishment – es quién, cuándo y cómo va a devolver esta enorme masa de dinero a los organismos del Estado que han sido “empapelados” con bonos impagables; con el agravante que tales entes no le han prestado ni le prestan al Tesoro fondos propios sino fondos administrados que son de terceros: fundamentalmente dinero de los jubilados de la ANSES, reservas del BCRA y depósitos del BNA.

EL MITO DEL DES-ENDEUDAMIENTO.

La Deuda Pública del Estado Central ha venido aumentando durante la gestión K a un promedio de 10.000 MD[i] por año.

Según datos del Ministerio de Economía (MECON) la deuda era de unos 150.000 MD (152.600) al momento de la asunción de Néstor Kirchner – mediados del 2003– y llegaba a los 233.200 al 31.12.2014 (último dato oficial): 221.700 MD de deuda performing o con cumplimiento del pago de intereses y 11.600 MD por bonos no presentados al megacanje Kirchner-Lavagna del 2005-2010 (Holdouts).

A esta cifra, empero, hay que sumarle la deuda no computada de los cupones ligados al PBI – entre 10/15.000 MD – y los excedentes estimados a pagar a los holdouts por los juicios perdidos en Nueva York y diversas jurisdicciones del mundo, que agregarían otros 10/15.000 MD por concepto de sentencias y arbitrajes, intereses acumulados, punitorios, honorarios y gastos.

Contando estos dos rubros (20/30.000 MD) y las nuevas obligaciones que se vienen colocando durante el corriente año a través del nuevo “festival de bonos” en curso la Deuda Pública estaría actualmente en el orden de los 260.000 MD o más.

Sin considerar aquí el total de intereses a pagar en el futuro, que según el MECON es de 75.000 MD pero que en la práctica constituye una suma permanente y creciente porque la totalidad de los vencimientos de capital se cubre íntegramente con nuevas obligaciones (novaciones de deuda) y además se toma deuda adicional.

El año 2014 el stock de la deuda pública aumentó en 19.000 MD y para el corriente ejercicio – según Presupuesto 2015 – está previsto que la deuda aumente en otros 18.000 MD.

Por eso decimos:

  1. que no es cierto que la Argentina se esté des-endeudando porque la deuda pública sigue aumentando fuertemente,
  2. que el país no se ha liberado del problema de la deuda porque continúa bajo la trampa de deuda perpetua – por refinanciación sistemática de sus vencimientos de capital y por la continua toma de más deuda – y
  3. que la administración K, después de más de diez años de gestión, ha venido batiendo récords de pago de servicios de la deuda con terceros no para independizarse del sistema de endeudamiento estructural que padece nuestro país sino para volver a endeudarse en el mercado local e internacional de capitales.

 

Y el gran instrumento para viabilizar este proceso de re-endeudamiento es la Deuda intra-Sector Público o Deuda intra-Estado.

 

La deuda intra-estado.

 

El 61 % de la deuda del Estado Central – 136.000 MD sobre la deuda performing oficial de 221.700 – está en manos del propio Estado.

Esto es así porque la administración Kirchner adoptó la política de pago de la deuda con terceros utilizando fondos que saca de toda una serie de organismos públicos.

En el caso argentino y bajo el gobierno K los principales prestamistas del Sector Público son tres:

 

Pero además de estos tres organismos toda una larga serie de otros entes públicos viven prestándole dinero al gobierno[ii]:

a) AFIP-Administración general de Ingresos Públicos, b) AGP-Administración general de Puertos, c) BICE-Banco de Inversión y Comercio Exterior, d) CMEA, e) CAMMESA-Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., f) IAF-Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, g) INDER-Instituto Nacional de Reaseguros, h) Lotería Nacional, i) FFSIT-FF (Fondo Fiduciario) Sistema de Infraestructura de Transporte, j) FFRH-FF Recuperación Hipotecaria, k) ENARSA-Energía Argentina SA, l) FFFIR-FF Federal de Infraestructura Regional, m) FAH, n) FFRE-FF de recuperación de Empresas, o) FFRH-FF de Recuperación Hipotecaria, p) FFPEV-FF para eliminar la Violencia, q) INDER-Instituto Nacional de Reaseguros, r) PAMI-Programa Asistencial Médica Integral (!), s) PROCREAR-Programa de Crédito Argentino, t) SRT-Superintendencia de Seguros de Trabajo, y otros entes públicos y/o semi-públicos.

Estos préstamos de la Deuda intra-Estado usualmente se hacen contra letras/bonos que en la práctica equivalen a desvíos de fondos de sus destinos específicos y no tienen capacidad de repago demostrada.

Es decir, que son un “paga-Dios” que sirve para cubrir vencimientos que son así traspasados al Fisco por vía de operaciones de rescate o recompra de las obligaciones con terceros sin posibilidad alguna de restitución de esos fondos prestados.

El grave problema de la descapitalización y desfinanciamiento producido por toda esta masa de obligaciones impagables intra-Sector Público – un desequilibrio fiscal estructural que se cubre con refinanciaciones permanentes – es abiertamente soslayado por la clase política – oficialismo y oposición – por la clase dirigente en general y por los economistas del establishment en particular.

 

Proyecciones y perpectivas.

Tener deuda interna e intra-Estado, en lo inmediato, obviamente es mejor que tener deuda externa con terceros, pero ello no elimina la cuestión de fondo del re-endeudamiento y toma de nueva deuda sin capacidad de repago (con el sector público y con el sector privado), sobre todo si se tiene en cuenta cuál es el objetivo final de este macro-sacrificio de recursos y activos financiero-fiscales.

Es el símil de un préstamo coercitivo u obtenido bajo presión a familiares o amigos para pagarle obligaciones a un tercero, con el agravante ya citado que el Tesoro se está apropiando así de fondos que no son propios del Estado y que tienen finalidades o destinos diferentes al pago de la Deuda Pública.

 

La cuestión de la Deuda intra-Estado no es neutra – no se trata de un “pagaré” donde acreedor y deudor son la misma persona y, por ende, su falta de cumplimiento o default no tiene consecuencias sobre las Finanzas Públicas: es plata que se tiene que devolver.

El costo financiero de la Deuda intra-Estado conlleva la descapitalización del BCRA, el desfinanciamiento del sistema previsional que administra la ANSES, la merma de créditos prestables al sector privado productivo por parte del BNA y un sistemático desvío de fondos presupuestarios de sus destinos específicos.

 

La presidenta CFK – en su discurso del 26.8.2014 (donde auto-calificó la gestión Kirchner de “pagadora serial”) – dijo que en el decenio 2003-2012 la Argentina pagó 173.700 MD a sus acreedores.

Pero la deuda pública, pese a tales pagos, no bajó en relación al stock existente al inicio de su gestión sino que, por el contrario, aumentó fuertemente durante el período.

La explicación de este “fenómeno” – saldo inicial de 150.000 MD al 2003 menos 174.000 MD de pagos de la Deuda durante 10 años contra saldo final de 233.000 MD (ó 260.000) al 31.12.2014 – muestra claramente que todos esos “pagos” fueron en realidad cancelaciones efectuadas íntegramente con nuevas deudas – pagando “deuda con deuda” – tal como se sigue haciendo hasta la fecha en forma sistemática (exactamente al revés de lo que dice el ministro Kicillof), a la vez que se toma deuda adicional.

Esta utilización masiva de la Deuda intra-Estado ha venido siendo realizada por la administración Kirchner para cumplir escrupulosamente la Deuda Pública con Terceros a costa de traspasarle las obligaciones impagables al Fisco: algo así como ofrecerle a los acreedores el ideal de que el deudor – en este caso, la Argentina – se “trague” su propia deuda (vía rescates o recompras); cosa que la administración K fue instrumentando todos estos años a través del sistemático pago de obligaciones en moneda extranjera con reservas internacionales del BCRA y pagos de obligaciones en pesos con toma de fondos contra colocación generalizada de títulos dentro de la Administración del Estado.

El des-endeudamiento con terceros vía transferencia del grueso de la deuda al propio Estado deudor deja abierta, a la vez, la posibilidad – una “posibilidad” que ya se está ejecutando – de una reducción parcial y gradual de la misma aunque no por cobertura o cumplimiento sino al contrario, por su licuación e impago:

  1. A través de la renovación permanente de las obligaciones intra-estatales a su vencimiento – con bajas tasas de interés o directamente sin intereses – y/o practicando condonaciones parciales.
  2. A través de la licuación de la Deuda en Pesos ajustada por CER – que está en manos de la ANSES – de modo que por sub-indexación de tales ajustes esa deuda intra-sector público tenga una reducción progresiva tanto en su valor real como expresada en dólares (conforme a la metodología internacional).[iii]
  3. Paralelamente, el diferimiento de la aplicación de la movilidad jubilatoria del 82 % y la muerte de jubilados/pensionados – con el consiguiente ahorro de pagos y retroactivos (directamente vinculados a la edad de los beneficiarios) – también iría descargando con el tiempo gran parte de la Deuda intra-Estado de y con la ANSES.

Este mecanismo no eliminaría totalmente la deuda intra-sector público pero atenuaría su peso vía licuación e impago de compromisos, sirviendo así funcionalmente, en la práctica, como “préstamo-puente” para – descargando obligaciones con terceros – volver a tomar nueva Deuda Externa.

La clave de toda esta operatoria reside entonces en que ahora la mayoría de la deuda del Estado Central es Deuda intra-Estado, que dicha deuda traspasada es impagable y que merced a este mayúsculo “desagote parcial” de obligaciones con terceros a costa del desfinanciamiento público la administración K y el nuevo gobierno electo quedan cada vez más en condiciones de lograr el objetivo del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 y de la Hoja de Ruta Boudou del 2008, consistente en retornar al mercado internacional de capitales, precisamente para volver a endeudarse.

Notas:

 

[i] Las siglas MD/M$ significan Millones de Dólares/Pesos y se expresan siempre con redondeo, por lo que puede haber mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

[ii] No se incluye aquí – aclaración muy importante – el total de la Deuda Pública Nacional, que comprende también las deudas de Provincias/Municipios, Empresas Públicas/Organismos Nacionales/Fondos Fiduciarios (FF), Banco Central (BCRA) y juicios contra el Estado con sentencia en firme; cuyo monto consolidado no se conoce porque no es informado por las autoridades.

[iii] Por definición, toda devaluación del peso – sea por minidevaluaciones graduales (como en la actualidad) o por macro-devaluaciones (como en Enero de 2014) –   implica una licuación o reducción del valor de las obligaciones en moneda local expresadas o computadas en dólares.

Hoy – datos al 31.12.2014 – el 35 % de la deuda performing (222.000 MD) está en pesos (equivalente a 78.000 MD) y el 65 % está en moneda extranjera (144.000 MD), de modo que la “licuación” de la deuda en pesos por esta vía ha tenido una fuerte incidencia al atenuar el monto del incremento anual de la deuda pública total.

El año pasado – siempre según la información del MECON para el cierre del 2014 – el aumento de la deuda durante el ejercicio fue de 37.400 MD (40.100 MD de nuevo financiamiento menos amortizaciones/cancelaciones por sólo 2.700 MD) pero la disminución producida por la devaluación sobre la deuda en pesos fue de 15.300 MD (16.400 agregando ajuste por CER y otros conceptos menores), de modo que el aumento de la deuda resultante quedó así en 19.00

Fuente: http://proyectosegundarepublica.com/2015/09/10/el-default-de-la-deuda-intra-estado

 

 

Sin embargo, nuestra lectura de la realidad se ha restringido a los gobiernos, cuando estos deben gestionar las condiciones propicias a la creciente rentabilidad de los capitales por un lado  y por otro, obedecen a la tendencia principal en el desarrollo del sistema capitalista. Rolando Astarita nos ayuda a interpretar ambas en 1) y 2) respectivamente.

 

 

1) Relaciones sociales y el “giro a la derecha”

 

5 de noviembre de 2015

 

Por Rolando Astarita

A partir del resultado de la elección del 25 de octubre, la caracterización, dominante en la izquierda es que el país ha virado a la derecha (aquí). La idea se presenta bajo diversas formulaciones. Una que goza de mucha aceptación, sostiene que el kirchnerismo perdió terreno porque derechizó su discurso y presentó un candidato “demasiado conservador e hijo del menemismo”. A su vez Macri habría tenido la habilidad de camuflar sus inclinaciones neoliberales, presentándose con rasgos continuistas y adoptando un discurso más estatista (por ejemplo, prometiendo que no reprivatizaría YPF).

Estos análisis son comunes en la izquierda K. Allí se sostiene que Cristina Kirchner cometió un error táctico al elegir como candidato a Scioli; y que la manera de derrotar a Macri pasa por radicalizar el discurso pro-Estado, frente a la orientación pro-mercado de Cambiemos. Pero también sectores de la izquierda que llaman a votar en blanco comparten la matriz de ese análisis. Sostienen que las políticas estatistas –“precios cuidados”, subsidios, tarifas de servicios públicos controladas, cepo cambiario, retraso del tipo de cambio frente a la inflación, además de algunas estatizaciones- habrían sintetizado la fase “a la izquierda” del gobierno K, que ahora habría girado “a la derecha”, proponiendo a Scioli. Y este viraje habría servido en bandeja el triunfo a Cambiemos.

La historia parece bien armada, pero tiene el inconveniente que no puede explicar por qué los candidatos que encarnaban de forma más pura el estatismo K sacaron menos votos que Scioli. El ejemplo del ministro de Economía, Axel Kicillof, es paradigmático: obtuvo 40.000 votos menos que la fórmula presidencial. Y hay muchos otros casos donde los candidatos más identificados con el kirchnerismo “puro” obtuvieron iguales, o peores, resultados que Scioli.

 

Una explicación distinta: el estatismo burgués no es alternativa

La explicación que propongo es distinta de la que he reseñado más arriba. La idea es que los candidatos K perdieron terreno porque el estatismo burgués hace agua por todos lados. Más específicamente, el problema central es que no logra dar salida al estancamiento de la acumulación (o sea, de la inversión) en Argentina, ni a las crecientes dificultades que enfrenta la economía de conjunto. Por ejemplo, la caída de reservas del Banco Central es insostenible, y no hay forma de continuar tomando deuda al 10% en dólares, o vendiendo los verdes a futuro; ni hay manera de seguir retrasando el tipo de cambio para “controlar” la inflación (típica receta “a lo Martínez de Hoz”, por otra parte). Y como este, hay muchos otros ejemplos.

Pero el problema no atañe simplemente a algunos desequilibrios en la macroeconomía, ya que tiene que ver con la imposibilidad de escapar de la “coerción” que imponen las relaciones sociales subyacentes. Relaciones sociales que se manifiestan en las leyes del mercado (la ley del valor) y en la lógica con que actúan los capitales, sean grandes o chicos, nacionales o extranjeros. Por eso, el estatismo burgués despliega una secuencia típica, en sus rasgos esenciales, y responde a una lógica hasta cierto punto objetiva. El punto de partida siempre lo da el funcionario lleno de ínfulas, que cree poder gobernar, desde sus altos poderes estatales, el curso de los precios y las inversiones, de las ofertas y las demandas. Pero la realidad es que en la sociedad capitalista esto es imposible. La misma evolución de YPF de los últimos años, para dar solo un ejemplo, lo pone en evidencia (¿o por qué YPF, bajo control del Estado, no ha dejado de aumentar los precios de las naftas? ¿No tendrá algo que decir la ley del valor? ¿Dónde quedó la pretensión de excluirla del chaleco de fuerza de la consecución de rentabilidad?).

Por eso, llega un punto en que las políticas del estatismo burgués empiezan a dar resultados cada vez peores. Más todavía, en la medida en que las economías están más internacionalizadas (y Argentina no es excepción, ver aquí), los límites de estas políticas aparecen más rápido y se hacen más y más evidentes. Por eso, ya en 2011, y cuando el kirchnerismo comenzó a plantear que había que reducir los subsidios a los servicios y aumentar las tarifas, decíamos que eso era admitir que no podía controlarse lo que se decía manejar. Y si bien luego la política de los subsidios dio otro giro hacia su mantenimiento, la cuestión siguió planteada, y vuelve a surgir a cada paso (y la encarará el próximo gobierno, sea de Scioli o Macri). Como también aparecen los problemas vinculados a la fuga de capitales, o la falta de inversión, o las altas tasas de interés, o el déficit fiscal creciente (Marangoni, mano derecha de Scioli, reconoció que es el 7% del PBI e insostenible). Por eso, los arreglos con el CIADI, con el Club de París, con Chevron, no son eventos raros, y ni siquiera “traiciones”, sino la expresión concentrada de las presiones que derivan de las relaciones de propiedad dominantes. Scioli y Macri, así como el desempeño electoral de los Kicillof, se explican en este escenario. Los personajes son cuestiones menores; expresan, en última instancia, fuerzas que no dominan a voluntad.

Es por estas razones que en 2011 planteamos que los “giros a la derecha” en los regímenes estatistas burgueses estaban precedidos de la acumulación creciente de contradicciones.  Decíamos:

“… paulatinamente se acumulan desequilibrios, surgen cuellos de botella y aparecen crecientes problemas de productividad, en uno u otro sector. Los capitalistas que sobreviven con subsidios invierten poco y no amplían su capacidad productiva; los costos son crecientes, y los precios no se adecuan con la rapidez o flexibilidad que lo exigen los capitales. Además, la falta de inversión en sectores claves distorsiona más aún la estructura productiva, o se hace sentir en la balanza comercial. Los casos de la producción energética, o la industria de la carne y frigorífica en Argentina, son demostrativos de esta dinámica. De esta forma, los desequilibrios en los sistemas de subsidios y precios administrados desde el Estado se reproducen a escala ampliada a medida que avanza la acumulación del capital.

“En definitiva, no se logra lo que se decía buscar, un desarrollo relativamente armónico de las fuerzas productivas, con distribución progresista de los ingresos. Por eso, llega algún punto en que es imposible mantener el esquema. Generalmente, esto ocurre en coyunturas específicas, como pueden ser crisis capitalistas (internas o externas), que agravan las condiciones de reproducción del capital y de recaudación fiscal. También puede contribuir la salida de capitales, un deterioro de la competitividad del tipo de cambio, o alguna combinación de estos factores (u otros). (…) El principio básico del capitalismo termina imponiéndose: la tasa de ganancia rige la decisión de inversión, por más discursos “científicos” que quisieron negarlo. (…) Ahora el énfasis pasa a estar en el aumento de la productividad y bajar costos. (…) Lo importante, para lo que nos ocupa, es que el giro significa que no se ha dominado al mercado. En la óptica de la izquierda radical esto se interpreta como un “giro a la derecha”, pero en realidad, está en la lógica del capitalismo. El gobierno K es un gobierno capitalista, al frente de un Estado capitalista, y nadie tenía que esperar peras del olmo” (véase aquí).

Hoy agregaría que, naturalmente, Scioli no es una pera del olmo, sino el resultado genuino del estatismo burgués senil y carente de toda alternativa.

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/

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2) La internacionalización de la economía en perspectiva

8 de octubre de 2015

 

En los últimos años se ha señalado, repetidas veces, que la economía argentina se ha extranjerizado. Por ejemplo, hace algunos años Pablo Manzanelli y Martín Schorr escribían en Página 12: “En cuanto al nivel de extranjerización, en 1993 un cuarto de las 200 empresas más grandes del país eran controladas por el capital extranjero y explicaban el 23 por ciento de las ventas totales. Tras el intenso proceso de desnacionalización del entramado empresario en la década de 1990 y su consolidación en la posconvertibilidad, en 2009, 117 compañías transnacionales pasaron a ocupar el ranking de las 200 líderes, alcanzando a representar más de la mitad de la facturación.

Si bien las inversiones foráneas se expanden a lo largo del tejido económico, es muy acentuada en los mercados con ventajas comparativas y/o institucionales de privilegio, que son los más beneficiados durante la posconvertibilidad. Tales son los casos de las ramas asentadas en el procesamiento de recursos básicos con escaso grado de transformación local como minería, hidrocarburos, agroindustria, commodities industriales y la armaduría automotriz” (“Dolores de la posconvertibilidad”, 30/01/12). Schorr enfatizó el punto en el debate que tuvimos sobre los legados del gobierno K (aquí).

También Rafael Malthus Ruiz señalaba el fenómeno, a mediados de 2009: “La apertura de la economía y las privatizaciones abrieron el juego a las compras y ventas y al aterrizaje de grupos extranjeros en los 90. La primera oleada de ventas, que incluyó la mayoría de las privatizaciones, ocurrió entre 1993 y 1995. Luego hubo otro gran período de ventas, entre los años 1996 y 1998. En esos años, holdings, fondos de inversión y empresas se quedaron con marcas emblemáticas como Villavicencio, Terrabusi, Bagley y Canale, petroleras como Comercial del Plata y EG3, bancos como el Río, el Francés o el Roberts, automotrices como Sevel, la refinería Astra, la fábrica de pinturas Alba, y bodegas como Peñaflor, Trivento, Norton, Navarro Correas, Etchart y Graffigna. Empresas europeas como Repsol, Telecom, Telefónica, Endesa, Gas Natural, Electricité de France (EDF) y el grupo Suez coparon el mercado de servicios públicos. Las dos últimas ya se fueron del país. La avanzada brasileña se quedó con Loma Negra, Alpargatas, Quilmes, los frigoríficos Swift, CEPA, Quickfood y Col-Car y la petrolera Perez Companc, que fue absorbida por la estatal Petrobras. El banco Itaú se quedó con el Buen Ayre, y la siderúrgica Acindar, que pertenecía a la familia Acevedo, fue absorbida por la brasileña Belgo Mineira. Ambas forman parte ahora del grupo Arcelor Mittal. La firma agroindustrial Los Grobo, con el fin de expandirse en el Mercosur, incorporó como socio al grupo PCP. Fue la primera firma en recibir capitales extranjeros durante la presidencia de Cristina Kirchner”.

Malthus Ruiz decía asimismo que grupos mexicanos y chilenos habían entrado en el país: Cencosud, que controla Jumbo, Disco, Easy y Súper Vea, compró Blainstein. Falabella adquirió Pinturerías Rex; el grupo chileno CCU compró Bieckert, Imperial y Palermo; y Bethia compró Milkaut. En cuanto a los mexicanos, Telmex se quedó con CTI, Techtel y Ertach; Bimbo compró Fargo; Televisa compró Editorial Atlántida (“Desnacionalización de empresas”, La Nación, 21/06/2009). Otros autores también han subrayado que la economía argentina se ha extranjerizado.

 

Una tendencia mundial con impulso en el capital

La extranjerización de la economía argentina parece entonces innegable. Sin embargo, no se trata de un fenómeno local, ya que se inscribe en la tendencia a la internacionalización del capital. Esto es, el punto de partida para explicar la desnacionalización de la economía argentina no son las políticas “nacionalmente débiles” de los Kirchner, los Menem o cualquier otro gobierno, sino la naturaleza del capital. En palabras de Marx, “la tendencia a crear el mercado mundial está dada directamente en la idea misma del capital. Todo límite se le presenta como una barrera a salvar” (Grundrisse, p. 360, t. 1, edición Siglo XXI). Las políticas particulares están “atravesadas” por este universal.

En otros términos, es la dialéctica –la ley interna del movimiento- del capital: el fin y la condición de su existencia es la valorización del valor, y esto encierra el impulso incesante a ampliar mercados, a proletarizar, a subsumir fuerzas productivas bajo su mando, por encima de cualquier frontera. Por eso, la escala del análisis no debe ser la nación, sino el mismo capital. Esto significa que no hay que buscar la razón de ser de la globalización en algo exterior al capital, ni su causa en circunstancias más o menos contingentes, como conspiraciones, inclinaciones ideológicas de tales o cuales gobiernos, y semejantes. Estos factores actúan sobre los ritmos y formas, pero no sobre la tendencia de fondo. (…)

Fuente: https://rolandoastarita.wordpress.com/2015/10/08/la-internacionalizacion-de-la-economia-en-perspectiva/#more-5975

 

 

En fin, a 200 años es fundamental que nosotros -los de abajo y a la izquierda- modifiquemos de raíz a nuestras ideologías. Fue por no hacerlo que los gobiernos K lograron amplio consenso entre partidos políticos, movimientos sociales e intelectualidad de izquierda. Pero también explica que si bien hubo otras izquierdas que no se involucraron en la trampa del balotaje no fueron capaces de generalizar la lógica situacional en el sistema mundo capitalista y enfocar la lucha de los pueblos de Nuestra América contra el ataque contemporáneo del capital maximizado en su concentración-centralización. Reflexionemos sobre la siguiente propuesta:

 

 

 

Transiciones hacia un nuevo regionalismo autónomo*

febrero 2013


 

Por Eduardo Gudynas**

Agradezco las discusiones desarrolladas en el Grupo Permanente de Trabajo,

 especialmente los comentarios recibidos de

Edgardo Lander, Javier Gómez y Klaus Meschkat al presente texto.

 

Desde una perspectiva global, América del Sur sigue siendo una gran proveedora de materias primas. Para muchos, ese papel tiene consecuencias muy positivas, en tanto los altos precios de esos productos y la demanda sostenida permiten mantener el crecimiento económico. Pero también es cierto que esos estilos de desarrollo encierran serios impactos sociales, económicos y ambientales, y que, por ahora, siguen sin resolverse en su esencia los problemas de pobreza, marginación o violencia en el continente. Esas y otras limitaciones motivan la exploración de alternativas frente a este desarrollo y, muy especialmente, frente al avance del extractivismo. No solo se busca reducir los efectos negativos, sino trascender la propia esencia de las actuales ideas dominantes sobre el desarrollo. Son, por lo tanto, propuestas de “alternativas al desarrollo”. El presente capítulo analiza la dimensión internacional de esas propuestas, en particular para el caso sudamericano. Se estudia cómo debería reordenarse la integración sudamericana y cuáles deberían ser las posturas ante la globalización, para permitir un proceso de reducción de la dependencia extractivista. Este es un abordaje indispensable para cualquier opción alternativa continental, ya que el contexto internacional impone condiciones que, por un lado, limitan esos ensayos alternativos y, por otro, refuerzan y reproducen las políticas convencionales. El enfoque de alternativas al desarrollo sigue el marco conceptual del modelo de transiciones, presentado anteriormente (Gudynas, 2011), que incluye un conjunto amplio de medidas orientadas a erradicar la pobreza y detener la destrucción de la Naturaleza. Las secciones expuestas a continuación estudian estos componentes en América del Sur. Se insiste en la necesidad de construir un nuevo regionalismo autónomo y emprender una desvinculación selectiva de la globalización, donde varias secciones se basan, y se complementan, en un análisis reciente en Gudynas (2012). (…)

 

Dimensión internacional de las alternativas al desarrollo 

Las alternativas al actual desarrollo extrovertido y primarizado  requieren cambios sustanciales, tanto hacia el interior de los países, como en sus relacionamientos continentales y globales; por  lo tanto, dichas alternativas deben buscar superar, por ejemplo,  la dependencia extractivista, e incluir cambios en esas dimensiones internacionales. Las actuales políticas de desarrollo no están  acotadas al interior de cada país, sino que en todos los casos se  articulan, refuerzan y reproducen en contextos internacionales.  En ese sentido, si no se consideran esos contextos internacionales,  cualquier propuesta de alternativa será incompleta. Las propuestas que vienen siendo consideradas en los últimos  años se enmarcan en las llamadas “transiciones hacia alternativas al desarrollo”.

 

El concepto “alternativas al desarrollo” se contrapone al de “desarrollos alternativos”. Este segundo concepto  alude a reformas de distinto tipo que, sin embargo, mantienen la  esencia del desarrollo contemporáneo, entendido como progreso  lineal, modernizante, de base esencialmente material, centrado en la apropiación de la Naturaleza, mediado por la ciencia y la  técnica, y apuntan al crecimiento económico como generador  clave del bienestar. Desde esta perspectiva, el bienestar se logra  mediante ingresos monetarios y consumo. Una de las expresiones más claras de estas posturas se expresa en el extractivismo,  que se ha diseminado en casi todos los países latinoamericanos.  La apuesta por las explotaciones mineras, petroleras y los monocultivos es presentada como necesaria para aumentar las exportaciones, atraer inversiones y, desde allí, alimentar el crecimiento  económico. Es evidente que, en estos estilos, los componentes  internacionales son factores determinantes; esto es, las demandas  globales de materias primas o los flujos internacionales de capital. En cambio, las “alternativas al desarrollo” cuestionan el propio  concepto de desarrollo y abandonan esas posturas para transitar  hacia nuevas alternativas.

 

Consecuentemente, en esa búsqueda  se otorga un papel central a las salidas postextractivistas. Estas  alternativas deberán ofrecer medios para remontar las condiciones globales y, a la vez, generar un nuevo marco internacional que  las haga posibles.  Las transiciones hacia las alternativas al desarrollo que se discuten, en este marco, incluyen un conjunto diverso de políticas,  estrategias, instrumentos y acciones, en distintos planos, desde el  económico al social. Ejemplos enfocados en el postextractivismo  ya han sido presentados en otros sitios (por ejemplo, Gudynas,  2011). Estos son introducidos como “transiciones”, para reconocer, de esta manera, que deberán construirse en varios frentes.  Algunos de ellos tendrán que enfrentar obstáculos sustantivos  y necesitarán una amplia base de consenso democrático, en la medida que no pueden ser impuestos. Como ha sido discutido  en otros documentos, estas transiciones son, al mismo tiempo,  postcapitalistas y postsocialistas, y apuntan a que el bienestar  humano y la conservación de la Naturaleza recuperen su centralidad. Los cambios en discusión implican mucho más que un mero  redireccionamiento del comercio internacional o la industrialización, ya que defienden otros patrones de producción y consumo. Indiscutiblemente, uno de los aspectos a considerar es el contexto internacional. Las opciones de cambio deben encarar factores como los flujos de capital o los altos precios de las materias  primas.

 

Por ello, las transiciones hacia alternativas al desarrollo  requieren que su base conceptual ofrezca opciones novedosas  sobre integración regional y globalización. El abordaje internacional de estas transiciones se basa en los  siguientes postulados:  

 

 

1)      Los cambios nacionales deben ser coordinados entre conjuntos de países, para hacerlos posibles y asegurar su permanencia. La salida del actual patrón productivo, basado en el extractivismo y las exportaciones, requiere diversas estrategias y medidas nacionales, que implican desde altas y eficientes exigencias  sociales, ambientales y territoriales, hasta una reforma tributaria.  Para evitar que el país que aplique esas medidas quede aislado,  sufra de asimetrías o enfrente dumping social y ambiental desde  las naciones vecinas, es indispensable que los grupos de países  vecinos tomen el mismo rumbo. A su vez, las medidas de transición se sostendrán en el tiempo si se coordinan y armonizan en  el continente. 

2)      Recuperación de la autonomía frente a la globalización.  Dado que la globalización convencional encierra muchas de las  estructuras y procesos que imponen o condicionan el desarrollo,  es necesario recuperar las capacidades para desacoplarse de esa  subordinación. Factores como los precios de las materias primas, las demandas globales, la institucionalidad multilateral o las corporaciones transnacionales, son parte de esa globalización.  En ese sentido, un objetivo esencial debe ser alcanzar la autonomía  frente a la globalización, ser capaces de lograr desvinculaciones en  aquellas áreas en las que se considere necesario, y en los casos en  los cuales persistan los vínculos globales, que éstos sean de otra  cualidad y sirvan a otros tipos de estrategias. Este proceso se presenta aquí como una “desvinculación selectiva de la globalización”.  

3)      Transitar a un “regionalismo autónomo”, bajo una reorientación económica, productiva y comercial a escala continental.  Puesto que las transiciones que proponemos incluyen una reducción sustancial de la extracción de recursos naturales, es fundamental un reordenamiento productivo y económico, en el que  otros sectores adquieran mayor relevancia, en especial el agropecuario y la industria. Pero estos sectores deberían reordenarse bajo  una escala regional, para potenciarse, lo que demanda un nuevo  tipo de integración. Este nuevo regionalismo se basa en las aptitudes ecológicas y productivas de las distintas biorregiones en el  continente, su complementación, la estructuración de cadenas de  producción con eslabones compartidos entre los países, políticas  sectoriales supranacionales y otras medidas. En tanto es un nuevo  regionalismo, que además debe apuntar a desacoplarse de la globalización, se lo presenta aquí como “regionalismo autónomo”. A partir de este marco conceptual, en las secciones siguientes se exponen algunos de los componentes destacados de un  nuevo regionalismo sudamericano, para permitir las transiciones de salida al extractivismo. Como complemento, en la Tabla,  se presenta una selección de medidas específicas para lograr  estos cambios. (…)

 

* Del libro “Alternativas al Capitalismo/ Colonialismo del siglo XXI

Fundación Rosa Luxemburgo

Grupo permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo.

1era edición: Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala

Compilación: Miriam Lang, Claudia López y Alejandra Santillana Fundación Rosa Luxemburg, Oficina de la Región Andina

Impreso en Quito-Ecuador, febrero 2013

**Eduardo Gudynas es ecólogo social, investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), docente universitario y colabora con distintas organizaciones sociales.

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/166924.pdf

 

En consecuencia, a 200 años es hora de percibir o conocer y tomar partido respecto a que nuestro destino de pueblos planetarios y de la Madre Tierra está siendo aniquilado por una minúscula minoría de la humanidad. Es hora de pensar en:

 

Transiciones hacia un nuevo regionalismo autónomo*

Por Eduardo Gudynas**

(…) Cambios nacionales articulados con alternativas regionales 

Las transiciones hacia alternativas al desarrollo incluyen un conjunto amplio de medidas en varios frentes, que se deberían aplicar de manera coordinada entre ellas. Sobre la base de esa visión de conjunto, es posible comenzar el análisis que recupere, como ejemplo, algunas de las que son presentadas como medidas de “emergencia” y “urgencia”, para enfrentar cuanto antes las consecuencias más graves del desarrollo dominante actual. Éstas incluyen una aplicación rigurosa de las exigencias sociales y ambientales de los emprendimientos productivos, una corrección ecológica y social de los precios, y reformas tributarias sobre los recursos naturales.

 

Medidas de este tipo son postuladas para la transición del actual “extractivismo depredador” a un nivel sensato de actividades extractivas. Si estas medidas son aplicadas por un país, en forma unilateral, sus posibilidades de éxito son bajas, ya que fácilmente sería aislado de los flujos comerciales y financieros, varios emprendimientos productivos se mudarían a otros países, en búsqueda de exigencias más ligeras, y se reduciría el ingreso de inversiones. Estos y otros factores impactarían seriamente en la economía nacional. A su vez, países vecinos podrían flexibilizar todavía más sus requerimientos sociales y ambientales, para captar más inversores (aunque este tipo de dumping supondría mayores impactos sociales y ambientales). Por ello, es necesario que las medidas transicionales, como aquellas enfocadas en elevar las exigencias socioambientales o que internalicen las externalidades en los precios, sean llevadas adelante por conjuntos de países. Si esas mayores exigencias son defendidas por varios países, se reducen las opciones para las corporaciones transnacionales o los compradores globales y, en consecuencia, aumentan las capacidades de negociación para las naciones sudamericanas.

 

El problema radica en que una coordinación de exigencias “hacia arriba” es casi imposible en los actuales marcos regionales. Los gobiernos, en general, están flexibilizando sus requerimientos “hacia abajo” y, como consecuencia, los bloques regionales en sus dinámicas actuales, no pueden revertir ese proceso. Por lo tanto, es indispensable generar un nuevo tipo de integración regional, que permita instalar altas exigencias sociales, económicas y ambientales, en conjuntos de países. Esto incluye la coordinación y armonización de los requerimientos, procedimientos equivalentes de monitoreo y control, y canales adecuados de acceso a la información y participación. Entre las medidas más urgentes, se encuentra el establecimiento de estándares sociales y ambientales mínimos regionales, para la explotación minera o petrolera. Este tipo de coordinación también debe prestar especial atención a las zonas de frontera y las cuencas compartidas entre países. Diversos emprendimientos extractivistas de alto impacto se ubican en esas zonas (es el caso de la minera Pascua Lama, en los Andes de Argentina y Chile), o bien existen impactos transfronterizos (por ejemplo, las represas brasileñas en el río Madera afectarán a Bolivia). Estas medidas transicionales se deben complementar con otras que, a su vez, pertenecen a otros campos. Así, es necesario recuperar las capacidades de regulación y control sobre los flujos de capital, no solo en cuanto a sus destinos productivos, a fin de superar el actual énfasis extractivista, sino para evitar usos especulativos. Este objetivo también debe ser realizado de forma articulada por grupos de países, para evitar que cualquier nación quede aislada. Las actuales instituciones financieras regionales son la base para estos cambios, ya que manejan importantes financiamientos, muchos de ellos, de capitales propios del continente; no obstante, dichas instituciones deben abandonar sus actuales prácticas convencionales y optar por otras más transparentes, enfocadas en proyectos que cumplan altos estándares sociales y ambientales, de largo plazo, mejor articulados con las políticas públicas, etc.

 

Un nuevo regionalismo para recuperar la autonomía

Las medidas transicionales que se ejemplificaron anteriormente, expresan, tanto en sí mismas como en su conjunto, una perspectiva conceptual muy distinta a las ideas prevalecientes de un “regionalismo abierto”, en el que la integración continental es un proceso que ofrece mediaciones para adentrarse en la globalización. Esta última es una postura esencialmente comercial, que otorga poca relevancia a los aspectos socioambientales o a la intervención estatal. Es cierto que las posiciones sobre comercio e integración de muchos países son distintas; pero si se observa con atención, detrás de esas diferencias se encontrarán las coincidencias en el regionalismo abierto cepalino, en administraciones tan distintas como la de Chile o Brasil. Un esquema de regionalismo abierto y, en especial, los TLC (tratados de libre comercio, como los firmados por Chile, Perú y Colombia con EE.UU.), hacen imposible una transición hacia las alternativas al desarrollo. Esta incompatibilidad se debe a que ese regionalismo se enfoca en aspectos comerciales, no otorga la relevancia necesaria a los componentes sociales, ambientales y políticos, y no permite articular los sectores productivos de los distintos países, etc. Tampoco ofrece alternativas para lidiar con la globalización, sino que apunta a profundizar los vínculos con ella. Al contrario, las medidas transicionales que proponemos buscan cambios sustanciales en los componentes socioambientales y el desacoplamiento de la globalización. El regionalismo abierto no asegura marcos institucionales supranacionales que puedan servir para coordinar regulaciones socioambientales y la producción, y esto es indispensable para salir de la dependencia extractivista (Gudynas, 2005). El concepto alternativo defendido en las transiciones es el de un “regionalismo autónomo”. Resultó de los primeros análisis sobre alternativas en el Cono Sur, que estaban más enfocadas en el desarrollo sostenible (Gudynas, 2002). De alguna manera, se opone al concepto cepalino, pues subraya la importancia de la autonomía frente a la globalización. La integración continental debe organizarse de forma que contribuya a la autonomía, y esto implica organizar la economía y la producción bajo otras condiciones. Se busca romper con la dependencia global, ya que ésta es un factor clave en la reproducción de un desarrollo subordinado, y un impedimento para la generación de alternativas. Este nuevo regionalismo, asimismo, permitiría reducir las exportaciones de materias primas, por medio de reconversiones productivas compartidas entre distintos países. Esta es una estrategia regional muy distinta. Plantea que la apropiación de materias primas tenga como principal destino las necesidades y demandas continentales, y puesto que éstas son mucho más modestas que las actuales demandas globales, reforzaría la reducción extractivista. Así, la tasa de extracción de recursos sería menor y allí donde se mantiene, estos recursos podrían ser aprovechados por más largo tiempo a nivel regional. A su vez, esos recursos deberán estar directamente dirigidos a cadenas productivas, sean agroalimentarias como industriales, nacionales o regionales. Con esto, sería posible romper con el actual vínculo tortuoso de exportar a otros continentes enormes volúmenes de recursos naturales para, seguidamente, comprarles sus manufacturas. En el regionalismo autónomo se parte de una perspectiva territorial basada en biorregiones. Estas son entendidas como regiones delimitadas por atributos ecológicos, sociales y productivos, que cubren más de un país, y se expresan en las grandes escalas continentales; ejemplos son los páramos, el Altiplano, Chaco o Pampas.29 Cada una de estas bioregiones posee ciertas aptitudes productivas, entendidas como aquellas que resultan de las mejores opciones de aprovechamiento de los recursos naturales con los menores impactos socioambientales. En lugar de imponer usos productivos sobre la Naturaleza, bajo esta perspectiva es la producción la que se tiene que adaptar a las posibilidades ecológicas de cada biorregión. Sobre la base de estas condiciones, se pueden establecer complementariedades y articulaciones productivas entre las diferentes biorregiones. De esta manera, el regionalismo autónomo no rechaza el comercio internacional, pero lo reordena a partir de las complementariedades y articulaciones de la producción entre esas diversas biorregiones. La relevancia del comercio global se reduciría y aumentaría la proporción del comercio intrarregional. Paralelamente, la composición del comercio, bajo estas medidas transicionales, permitiría reducir drásticamente la proporción de recursos no renovables y aumentar la de alimentos y manufacturas. Sin duda, ese tipo de comercio, a su vez, estará limitado por sus costes energéticos y ambientales, e involucrará distancias menores. Bajo el regionalismo autónomo, los sectores productivos se organizan con eslabones o componentes compartidos entre los países. Su propósito es no repetir las asimetrías comerciales entre proveedores de materias primas y vendedores de manufacturas o bienes de capital. Expresado de otra manera, el papel de exportadores primarizados, como primer paso en cadenas globales de commodities o cadenas globales de valor, perdería su prevalencia; y, en cambio, se fortalecerían las redes productivas dentro del continente. Este nuevo regionalismo encierra varias consecuencias en distintos sectores. Las vinculaciones comerciales con otros continentes se reducen drásticamente, a medida que aumentan las complementaciones dentro de la región. Eso requiere contar con estrategias continentales en agroalimentos, y la soberanía alimentaria pasa a ser una meta regional antes que nacional. Los recursos energéticos se utilizarán regionalmente antes que globalmente; por ello, es indispensable contar, asimismo, con una política energética supranacional. (Véase artículo de Pablo Bertinat, en este libro.) Propuestas similares se pueden derivar para otros sectores, desde este mismo tipo de razonamiento. Así, el regionalismo autónomo tiene algunas resonancias con las ideas de autosuficiencia a escala nacional, o de “vivir con lo nuestro” (para utilizar palabras del argentino Aldo Ferrer, 2002), aunque en este caso, aplicadas a grupos de países. Finalmente, no hay que olvidar que estas y otras medidas indicadas anteriormente se complementan con aquellas explicadas en la sección anterior. La implantación de este nuevo regionalismo para apuntalar las transiciones hacia las alternativas al desarrollo impone cambiar las actuales posturas gubernamentales. Es necesario dejar atrás la insistencia en el papel de proveedores de materias primas. Para el efecto, será necesario coordinar la producción en varios sectores, entre varios países; y esto solo es posible con algún nivel de supranacionalidad. Ello supone dar un giro importante en las posiciones actuales que, aunque alaban la integración, rechazan las obligaciones supranacionales. Plantea desafíos, en particular para Brasil, ya que debería eliminar las medidas que reproducen relaciones de subordinación dentro del continente, para permitir la articulación de su industria con las de los países vecinos, y comenzar a negociar acuerdos vinculantes con sus vecinos.  (…)

 

Un necesario cambio de rumbo

Las alternativas al desarrollo, tal como se las entiende en el presente artículo, deben necesariamente superar las condicionalidades que impone la globalización actual, y para lograr esto deben ser construidas por conjuntos de países. En ese sentido, esta dimensión internacional es un componente indispensable para estas alternativas. Aquí se ofreció una breve revisión de distintos componentes en esas alternativas, que tienen implicancias directas en el escenario internacional. Estos componentes implican abordar diversos espacios, desde la coordinación y articulación de medidas nacionales con otras análogas en los países vecinos, un marco conceptual alternativo sobre el regionalismo, hasta una desvinculación frente a la globalización. Las distintas medidas se articulan entre sí para avanzar hacia la erradicación de la pobreza, mejorar la calidad de vida y garantizar la protección de la Naturaleza. Un proceso de cambios de este tipo debería permitir reducir las asimetrías entre los países sudamericanos, y encaminar la convergencia hacia un continente sin pobreza, que asegure los derechos de la Naturaleza. Un resultado inicial de las transiciones propuestas aquí desembocaría en una caída en el volumen de los recursos naturales exportados. La composición de las exportaciones también cambiaría y se reduciría la proporción de bienes naturales. En las primeras etapas, una meta alcanzable para la región andina es bajar del actual 85% a menos de 50%. Simultáneamente, los destinos también se modificarían: se reducirían aquellos extracontinentales, para enfocarse en los mercados continentales, en donde la proporción de comercio intrabloque –que en el caso de los países andinos no supera el 10%– debería elevarse a más de 50%. A partir de los diferentes componentes examinados en las secciones anteriores, es posible derivar medidas concretas; algunas de ellas se presentan en la Tabla. Ese breve resumen muestra que existen muchas opciones posibles; varias de ellas se expresan en medidas concretas, por lo tanto, pueden ser implementadas rápidamente. Como puede verse, los cambios propuestos abordan no solo la extracción de recursos, sino el tipo de producción que se priorizará y cómo se la organizará regionalmente. Las transiciones postuladas en este capítulo, asimismo, forman parte de un cambio sustancial en el abordaje de la globalización. Ha prevalecido una mirada que considera la globalización comercial y financiera como un hecho positivo, lo que ha provocado limitaciones sobre los Estados-nación y las políticas democráticas nacionales (en buena medida, esto corresponde al “trilema” de la globalización de Rodrik, 2007).

La perspectiva que aquí se defiende consiste en fortalecer el entramado de las políticas democráticas para, desde allí, regular al Estado, al mercado y, con ello, a la inserción internacional. Está claro que esto demandará otro tipo de equilibrios entre los necesarios elementos de supranacionalidad y las particularidades de cada país. Es apropiado advertir que cualquiera de los aspectos internacionales analizados, por sí solos, no desencadenarán la transición alternativa; éstos son condiciones de necesidad o posibilidad de transformaciones que se deben operar también en otros planos, como las concepciones del bienestar, los patrones de consumo y hasta el propio ordenamiento político. En otras palabras, estas transiciones muestran las facetas internacionales en un programa de cambio radical de los actuales basamentos culturales, políticos y éticos. Bajo este propósito, la necesaria reformulación de la integración sudamericana no es un lujo para un futuro lejano y debe ser asumida inmediatamente. El estilo de desarrollo actual y, en especial, el dominado por un extractivismo depredador, se vuelven insostenibles en sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. A su vez, la volatilidad y fragilidad de la globalización exige que los países de América del Sur comiencen a explorar estrategias de autosuficiencia y autonomía a escala continental. El continente posee todos los recursos y las capacidades para lanzarse a labrar su propio camino.

* Del libro “Alternativas al Capitalismo/ Colonialismo del siglo XXI

Fundación Rosa Luxemburgo

Grupo permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo.

1era edición: Fundación Rosa Luxemburgo/Abya Yala

Compilación: Miriam Lang, Claudia López y Alejandra Santillana Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina de la Región Andina

Impreso en Quito-Ecuador, febrero 2013

**Eduardo Gudynas es ecólogo social, investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), docente universitario y colabora con distintas organizaciones sociales.

Fuente: http://www.rebelion.org/docs/166924.pdf

 

 

Podemos pensar que el regionalismo autónomo está fuera de nuestro alcance y es irrealizable. Pero ya los  Pueblos Indígenas de Abya Yala están andando en ese rumbo y convocan a toda la humanidad.

 

 

 

"DEFENDIENDO EL FUTURO DE NUESTRAS NACIONES"

Nosotros, los representantes de los Pueblos, Naciones y Nacionalidades indígenas de Abya Yala, en el marco y ejercicio del derecho a la libre determinación, y en defensa de la Madre Tierra,  damos a conocer nuestra posición frente a la VII Cumbre de Jefes de Estado y Gobiernos de las Américas, a celebrarse en Panamá del 10 al 11 de abril de 2015.

CONSIDERANDO

Que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos, o que son propugnadas aduciendo a razones de origen nacional odiferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales: son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas.

Que los Pueblos Indígenas hemos sido sistemáticamente discriminados desde la invasión de los europeos a Abya Yala, quienes, apoyados en las Bulas Papales de 1455 y 1493, justificaron la doctrina del descubrimiento para, de esa forma, cometer genocidio de más de 90 millones de indígenas y el despojo de nuestras tierras, territorios y recursos naturales. Que las actuales repúblicas significan la continuidad de las injusticias impuestas a través del sistema legal a los pueblos indígenas de Abya Yala.

 

Que los actuales Estados de América erradiquen la desigualdad, discriminación y colonización de los Pueblos Indígenas, establecido en la Resolución 1514 del 14 de diciembre de 1960; el Convenio 169 de la OIT de 1989; la Declaración de Viena de 2003; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, y el Documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de la Asamblea General de la ONU de septiembre de 2014, entre otros.

Que en Abya Yala, persiste el asesinato, desaparición física y persecución de líderes y lideresas de los pueblos indígenas, por la defensa de sus tierras, territorios y recursos, encaminados a la imposición de programas y megaproyectos tales como: la minería, hidroeléctricas e hidrocarburos en nombre del desarrollo y del interés común, que se ejecutan sin el consentimiento libre, previo e informado.

Que las Seis Cumbres de las Américas no han contribuido con sus metas a erradicar la pobreza, la exclusión y la desigualdad, sino que han permitido el desarrollo de nuevas formas de colonización, en ocasiones, a través de la democracia electoral, otras veces con el espejismo del desarrollo económico y con el comercio salvaje de los recursos comunes de la humanidad. Estas declaraciones han quedado en meras intenciones, ya que la situación de los más de 50 millones de indígenas no ha variado en nada, al contrario, se recrudece la violación a nuestros derechos colectivos humanos.

 

Ante las consideraciones expuestas por la V Cumbre de Pueblos Indígenas de Abya Yala, "Defendiendo el Futuro de Nuestras Naciones", DEMANDAMOS a los Jefes de Estado y Gobiernos de las Américas lo siguiente:

 

1- Las reformas constitucionales, legales y administrativas que faciliten a los estados el ejercicio efectivo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.


2- Cumplir con el derecho del consentimiento libre, previo e informado antes de la adopción y ejecución de cualquier programa o mega proyectos que afecte a nuestros territorios.


3- Desarrollar e implementar, el Buen Vivir en las políticas sociales, culturales, económicas de los pueblos indígenas, como principio rector de derecho colectivo humano.


4- Eliminar la discriminación en todos los sistemas educativos e incluir el aporte de nuestro conocimiento en la historia, ciencias, artes, filosofía e identidad.


5- Implementar la educación Bilingüe Intercultural a fin de reflejar la identidad cultural, garantizando la participación activa en la vida nacional, reconociendo la diversidad lingüística.


6- Proteger y restaurar sitios sagrados, incluyendo la repatriación de los efectos culturales y ceremoniales que pertenecen a los pueblos indígenas, apoyando plenamente acciones unificadas para educar y asegurar las expresiones de arte y cultura.


7- Adoptar en las políticas de salud, la visión holística de los pueblos indígenas, de modo que no se aprueben proyectos de desarrollo en territorios que puedan afectar la salud de los pueblos, sean o no indígenas.


8- Rechazar todos los proyectos energéticos que supongan la violación de derechos colectivos humanos, en especial, aquellos que conlleven el desplazamiento forzoso.


9- La titulación, demarcación, saneamiento y protección de nuestras tierras, territorios y recursos.


10- Rechazar el uso de nuestras tierras, territorios y recursos hídricos y bosques en los proyectos de cambio climático que permiten, a los países desarrollados evadir la responsabilidad de reducir emisiones contaminantes.


11- Promover y adoptar el derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas, y en este sentido, desarrollar los regímenes autónomos necesarios que permitan a la niñez, mujer, juventud y organización de los pueblos de Abya Yala, ser los sujetos del desarrollo, la democratización y gobernanza sobre nuestras tierras y recursos naturales, reconociendo la jurisdicción indígena.


12- Exigimos a todos Jefes de Estado reunido en la VII Cumbre de las Américas el cumplimiento de todas nuestras exigencias contenidas en esta declaración, cumpliendo con los estándares de derechos humanos establecidos en los Convenios y Tratados Internacionales del que todos los Estados son parte.


13- Derecho a las comunicaciones, redes comunitarias y el uso y acceso a las tecnologías de comunicación en nuestros propios idiomas y lenguas.


14- Que la voz de la juventud indígena de Abya Yala sea incorporada en los diferentes procesos de debate a fin de dar nuestras aportaciones y punto de vista como jóvenes, así como a la niñez y a la mujer de nuestros territorios indígenas para el bienestar de nuestra cosmovisión.
 

Para que se fortalezca la Paz en todos los pueblos de nuestra Abya Yala es necesario abolir las Leyes que propugnan el racismo, la falta de respeto, discriminación y violación de todos los derechos de los Pueblos Indígenas y reconocer y dar cumplimiento a los diferentes Tratados y Convenios Internacionales que reconocen los derechos de los Pueblos Indígenas.

Dado en la ciudad de Panamá el 9 y 10 de abril de 2015.

Aprobado por unanimidad con el voto de más de 300 Delegados Indígenas de Sur, Centro y Norte América.

Cumbre Indígena de las Américas Marzo 10, 2015

Ciudad de Panamá, Panamá

 

Un Llamado Urgente Indígena para la Acción Colectiva para Proteger y Restaurar lo Sagrada A Todos los Miembros de la Familia Humana

La Cumbre Indígena de las Américas

Ciudad del Panamá, Panamá

Abril 10, 2015

 

Según el conocimiento y sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, todos los miembros de la familia humana son parte del antiguo Círculo Sagrado de la Vida. Dado que todos somos parte éste Círculo Sagrado de la Vida, todos somos los Pueblos Indígenas de nuestra Madre Tierra. Esto hace que cada ser humano sea responsable del bienestar de los otros seres humanos y de todos los seres vivos sobre la Madre Tierra.

 

Por lo tanto, ya sea que los gobiernos, las corporaciones multinacionales y las diferentes agencias internacionales de desarrollo que nos rodean estén o no dispuestas a participar con nosotros en este momento en la implementación de “La Cuarta Vía”, está claro que los pueblos Indígenas y sus aliados están avanzando en la reconstrucción y la reunificación de las Américas y del más allá, a través de las leyes naturales y los principios rectores que son inherentes a su Cosmovisión y formas de Gobierno tradicionales.

 

Nosotros somos los portadores de las antiguas profecías y de una visión clara de un futuro prometedor de justicia y prosperidad colectiva para el Continente Americano. Esta nueva civilización global en proceso de nacimiento fue prevista por nuestros ancestros y respeta por completo las Leyes Naturales, los Derechos de la Madre Tierra y la Unidad y Diversidad de la Familia Humana. Esta nueva primavera espiritual será una realidad, con tanta seguridad como que el sol se levanta cada mañana.

 

Tenemos una base espiritual fuerte de principios y valores culturales incorruptibles, los cuales nos permitieron sobrevivir y resurgir de un largo invierno espiritual con mayor fortaleza y sabiduría que nunca. Este largo invierno espiritual estuvo muchas veces lleno de la más terribles crueldades, violencia, injusticia, abuso y genocidio.

 

A pesar de esto, a lo largo del Continente Americano, una cantidad cada vez mayor de nuestros parientes Indígenas están despertando hacia su identidad espiritual y están sanando sus relaciones sagradas con unos y los otros, con todos los miembros de la Familia Humana alrededor de la Madre Tierra. Una gran mayoría de todos los habitantes del hemisferio Occidental tienen algún grado de herencia Indígena.

 

Junto con otros pueblos Indígenas y miembros de La Familia Humana, tenemos desarrolladas las capacidades culturales, espirituales, científicas, tecnológicas, industriales, sociales, económicas y agrícolas necesarias para co-crear y reconstruir nuestras Familias, Tribus y Naciones, con aun mayor fortaleza que nunca.

 

Nuestros Pueblos Indígenas de la Madre Tierra poseen un creciente capital social y económico colectivo además de vastos recursos naturales, para poder hacer realidad nuestros más grandes sueños y visiones. Esto incluye la protección, la preservación y la restauración de nuestra Amada Madre como la herencia sagrada de todas las generaciones que están por venir!

 

Además, está claro que estos recursos colectivos se convertirán en una fuerza espiritual y económica importante en el proceso de nuestro empoderamiento, no sólo en América, sino en toda la Madre Tierra.

 

Estamos en el ahora y estamos destinados en el futuro a desempeñar un papel cada vez mas significativo como líderes mundiales en la protección de los recursos de la Madre Tierra. Nos aseguraremos de que cualquier explotación de los recursos naturales de la Madre Tierra que no sean sostenibles, no importa la cantidad de ganancias que estas signifiquen, no llevarán acabo.

 

Nuestros lugares sagrados y la vida saludable de nuestra amada Madre Tierra no se venden ni se explotan bajo ningún precio.

 

Nosotros, los Pueblos Indígenas del Águila del Norte (Canadá y los EE.UU.) contamos con los recursos materiales para apoyar directamente a nuestros parientes indígenas del Cóndor del Sur (América Latina) en el desarrollo de sus recursos colectivos, como ellos lo deseen. El Cóndor del Sur igualmente cuenta con recursos importantes para compartir con el Águila del Norte. Nuestra mayor fortaleza aún por realizarse plenamente es nuestra unidad espiritual y cultural.

 

Mediante la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación digital así como tecnologías verdes correspondientes, en armonía con nuestras vastas capacidades sociales, económicas, culturales y espirituales, estamos manifestando, como había sido prometido, un futuro de justicia social, ambiental y económica para todos los miembros de la Familia Humana y de nuestra amada Madre Tierra!

 

El principal desafío que se nos presenta como Pueblos Indígenas y como Familia Humana en la reconstrucción de las Américas y más allá, es la falta de unificación. Esta falta de unidad ha sido causado directamente por el genocidio y el colonialismo. Este genocidio y colonización ha dado lugar a un trauma no resuelto entre las generaciones y la opresión internalizada de no poder ser plenamente reconocido y respetado.

 

A medida que nos movemos hacia adelante con valentía y prudencia, con mayor amor, compasión, justicia y unidad, estamos reconectando a nuestra base espiritual y cultural duradera e inquebrantable para la curación, la reconciliación y la acción colectiva de "Protección y Restauración de lo Sagrado", en toda la Madre Tierra.

 

Con la comprensión de esta base espiritual y cultural para una acción llena de nuestros rezos, sabiduría y unificada, todo lo necesario para nuestra victoria final aparecerá con certeza en los momentos y lugares adecuados, tal y como fue predicho por los Nuestros Ancestros.

Dado en la ciudad de Panamá el 9 y 10 de abril de 2015.

Aprobado por unanimidad con el voto de más de 300 Delegados Indígenas de Sur, Centro y Norte América.

Cumbre Indígena de las Américas Marzo 10, 2015

Ciudad de Panamá, Panamá

 

Fuente: http://www.fwii.net/profiles/blogs/declaracion-de-la-v-cumbre-abya-yala-defendiendo-el-futuro-de-nue