Qué Abya Yala

Agosto 2019

Con tiranía y guerra de oligopolios vs. Autodeterminación de los pueblos por internacionalismo revolucionario.

 

 

 

Historia y presente/ Ofensiva del sistema mundo capitalista / Alternativas emancipatorias

 

Historia y presente

 

 

El término Abya Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los pueblos originarios; y en ese sentido, el poema Abya Yala Wawgeykuna (Hermanos Americanos), originario del pueblo Quechua de Argentina, hace un llamado a la unidad de los pueblos a mantener presente su origen y a continuar su camino siguiendo las huellas de sus ancestros. Tal como su título indica, Abya Yala Wawgeykuna.

 

Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos, el libro que sostienen en sus manos es un tributo a la filosofía de ese poema, pues intenta plasmar el pasado y el presente de distintos pueblos originarios: sus modos de vida, sus manifestaciones artístico-culturales, sus creencias... y al fin y al cabo, su identidad. Leer

 

Nos urge asumir el llamado a la unidad de nuestros pueblos manteniendo presente su origen común y continuar caminos siguiendo las huellas de nuestros ancestros continentales en resistencia a la colonialidad económica e ideológica. Sin embargo, en contra de este desafío emancipatorio estamos, la mayoría de nosotros debido a aburguesamiento, subyugados por quienes se apropiaron de las rebeliones populares contra el neoliberalismo y menosprecian al Abya Yala conciliando con el capitalismo e imperialismo bajo la razón de estado de que el progreso y el bienestar social sólo están dentro del sistema vigente. Han viabilizado el viraje de las insurrecciones populares hacia la conformidad masiva con sus expoliadores.

 

Entrevista a Raúl Zibechi. América Latina – Saldo negativo. Los gobiernos “progresistas” han resultado una regresión política

14 de enero de 2019

 

Los gobiernos progresistas en América Latina “han resultado en una regresión y para los pueblos indígenas han significado una doble o triple regresión, porque se les ha folklorizado. Hoy hay hombres de sombrero y mujeres de pollera en el parlamento, pero folklorizados, no representando políticamente a sus pueblos. Es una política de despojo que los fuerza a desplazarse. Y en esto no hay ninguna diferencia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos de derecha y conservadores, como el de Perú o el de Colombia. La actitud anti-indígena es una constante en ambos casos”, advierte Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escritor y acompañante desde hace más de 30 años de diversos movimientos sociales del continente.

 

Por Correspondencia de Prensa

“El saldo de los gobiernos progresistas en América Latina es negativo”, sentencia Zibechi en entrevista con Desinformémonos, luego de participar en una serie de encuentros con movimientos sociales e indígenas de Chiapas y Oaxaca, durante una breve gira por México en la que presentó su más reciente libro: Los desbordes desde abajo (Ediciones Bajo Tierra, 2018).

De la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, Zibechi señala que no representa ningún cambio para la región. Y sus consultas, opina, “son mecanismos de desarticulación de la protesta”. Habrá resistencia, dice, “pues las luchas no van a desaparecer porque haya un gobierno que sonría”.

La desarticulación de los movimientos sociales, la inclusión de cuadros de abajo en el nuevo gobierno, la imposición de proyectos extractivistas, el aislamiento de los críticos, la polarización de la prensa, el rol de Estados Unidos, entre otros, son los temas de esta entrevista.

– ¿Cuál es el saldo de los gobiernos progresistas en América Latina?

– El saldo de los gobiernos progresistas en América Latina es negativo. El saldo es Bolsonaro, el saldo es Macri, es una Venezuela destruida. El saldo es Daniel Ortega, genocida, violador. Como dijo Chico de Oliveira en Brasil, fundador del Partido del Trabajo de los Trabajadores, “el lulismo fue una regresión política”.

Y cuando decimos esto no hablamos de esos millones que salieron de la pobreza pero que ahora volvieron, no hablamos de algunas cuestiones interesantes que se hicieron interesantes, como las cuotas para las personas negras en las universidades brasileñas. Hablamos de que destruyeron la potencia emancipatoria de los pueblos porque dispersaron a los movimientos sociales, se llevaron a los dirigentes a los ministerios, se corrompieron.

No hay país con gobierno progresista en el que no haya habido casos de corrupción. El que fue vicepresidente de mi país, Uruguay, que tiene un apellido noble, Raúl Sendic, debió renunciar a la vicepresidencia por un caso de corrupción. En Argentina tiraban bolsos llenos de dinero adentro de un convento para eludir el tema de la apropiación indebida que hubo.

El saldo es negativo, pero eso no quiere decir que no comprenda a la gente que los votó, que los apoyó y que los sigue apoyando, porque frente a eso está una derecha espantosa. Pero en resumidas cuentas el saldo es negativo.

– En concreto, ¿cuál es el saldo en el ámbito económico?

– En lo económico no hubo reforma agraria, pero no hubo una reforma del sistema impositivo. No hubo reformas estructurales. Hubo una mayor renta a los sectores populares, pero esa renta fue bancarizada, financierizada, y entonces consiguieron, a través de las políticas sociales, que la gente tuviera un poco más de dinero, pero tiene además un cartoncito como el de las tarjeta de crédito o débito, que necesitan para poder sacar el dinero de las políticas sociales del banco y con eso van a los las malls o de shopping a comprar televisiones de plasma, motos, coches. Es una integración a través del consumo.

Durante el periodo de Lula en Brasil, el sector que más lucró y que tuvo las mayores ganancias de su historia fue la banca. Entonces fue una integración de los sectores populares, pero a través del consumo, y eso despolitiza, y además enriquece a la intermediación bancaria.

– ¿Y los megaproyectos en territorios indígenas?

– El extractivismo, la soja, la expansión del agronegocio, la minería, generaron un desplazamiento o acorralamiento de los pueblos indígenas. Hay un caso en Brasil que es demencial y se llama Belo Monte, que es la represa, la tercera más grande del mundo, que desvía 100 kilómetros del río Xingú, y en esa cuenca que se vacía se van a morir de hambre o van a tener que emigrar los pescadores, los habitantes de las riberas, todas las personas que vivían del río y que son pueblos originarios. Pero además, la demarcación de las tierras indígenas no se respetó.

Por otro lado tenemos el ejemplo paradigmático que es Bolivia. En Bolivia el movimiento popular tenía cinco organizaciones que hicieron el pacto de unidad, y después de la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en 2011, el gobierno empezó a dividir a las organizaciones.

Hay dos organizaciones, y esto fuera de Bolivia se sabe poco: el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), dos organizaciones históricas de los pueblos indígenas, a las que Evo Morales y Álvaro García dieron sendos golpes de Estado. Mandaron a la policía, echaron a los dirigentes legítimos y atrás llegaron, protegidos por la policía, los dirigentes afines al gobierno, al Estado. Esto es un auténtico golpe de Estado y sucedió en Bolivia.

Cuando decimos que el progresismo ha resultado en una regresión, para los pueblos indígenas ha significado una doble o triple regresión, porque se les ha folklorizado. Hoy hay hombres de sombrero y mujeres de pollera en el parlamento, pero folklorizados, no representando políticamente a sus pueblos. Es una política de despojo que los fuerza a desplazarse. Y en esto no hay ninguna diferencia entre los gobiernos progresistas y los gobiernos de derecha conservadores, como el de Perú o el de Colombia. La actitud anti-indígena es una constante en ambos casos.

– Vamos al terreno de las libertades. ¿Qué pasó en estos gobiernos con la libertad de expresión y con la libertad de manifestación? ¿Se llevaron a cabo “linchamientos” a quienes, desde la izquierda, se opusieron o cuestionaron lo que estaban haciendo?

– Durante los primeros años hubo una ampliación de libertades, de manifestación, de crítica, pero a partir de la crisis de 2008 hubo un repliegue de estos gobiernos. Una vez más Brasil es un caso paradigmático porque en junio de 2013, 20 millones de jóvenes salieron a las calles en 353 ciudades durante un mes, inicialmente contra el aumento del transporte, que es muy caro en Brasil (cada desplazamiento de autobús o metro vale entre 20 y 25 pesos mexicanos), pero terminó siendo una revuelta contra la desigualdad. São Paulo es la ciudad que tiene más helipuertos y helicópteros del mundo porque la burguesía no se digna a ir en coche por la superficie.

Esa revuelta contra la desigualdad tocó los límites del progresismo, que se limitó a repartir un poquito mejor la renta salarial, pero no la renta total y no tocó las desigualdades. Cuando surgió ese movimiento hubo un repliegue del gobierno de Dilma Rousseff, del PT y de la izquierda en su conjunto, y mandaron a la policía. Por supuesto que lo que habría tenido que haber hecho un gobierno de izquierda era ponerse del lado de la gente, pero al mandar a la policía generaron un vacío político y una desmoralización tan fuerte que de eso se vino aprovechando la derecha hasta el día de hoy. El 2013 fue un parteaguas en Brasil y en toda la región. Son los movimientos, la irrupción de la gente cansada de que le tomen el pelo, de que se burlen de ella, una de las dos o tres causas principales de la crisis de los progresismos en América Latina.

– ¿Y los medios de comunicación? ¿Qué papel jugaron y juegan?

– Sobre los medios de comunicación hay varias dinámicas. Hay países donde los Estados han ido avanzando sobre los medios de comunicación, como Venezuela, clausurándolos, domesticándolos o comprándolos. El grueso de los medios de comunicación de Venezuela son estatales o pro-estatales. El otro extremo podría ser Argentina, donde hay alrededor de 200 medios de comunicación culturales, autogestionados, digitales y en papel, como Desinformémonos en México. Esos 200 medios tienen entre cinco y siete millones de lectores mensuales, en un país de 40 millones de habitantes. Se trata de medios minoritarios, pero ya no son marginales. Más aún, cuando hay un conflicto, como cuando una fábrica de Monsanto se iba a instalar en las Malvinas Argentinas, y desde Uruguay, si se quería saber lo que pasaba, entrabas a la prensa de la derecha, La Nación, Clarín, y no aparecía nada. Entrabas a la prensa de la izquierda, como Página 12, y tampoco aparecía nada. Tenías que informarte en estos medios comunitarios o alternativos.

Estos medios ya no son una minoría marginada, sino que tienen una masa crítica, y cumplen el rol de que informan a los nuestros de lo que otros no informan.

– Hemos visto que se ha dado una polarización de los medios durante estos medios. Los que están con el gobierno, en este caso progresista, y los que tiene la ultraderecha…

Sí, claro. En Brasil está pasando algo increíble, Bolsonaro hace campaña contra la Red Globo, que es la hegemónica, y contra Folha de São Paulo, que es el periódico de las élites, y se apoya en las redes sociales y en los medios de comunicación evangélicos, que son de ultraderecha. Hay una reconfiguración de los medios muy interesante, que hay que seguirla, porque incluso Bolsonaro amenazó con clausura Folha de São Paulo, que es un escándalo, es como clausurar un diario de derecha de México. Es la misma actitud que tiene Donald Trump con los medios. Pero están emergiendo otros medios, como es el caso de los evangélicos, son una fuerza política y social que merece ser estudiada a fondo, y están compitiendo ya con la Red Globo en Brasil. Por otro lado, en la mayoría de los países existen medios como los nuestros, alternativos, pero no en todos tienen fuerza.

– Hay otros medios, que no son alternativos ni marginales, sino grandes medios de izquierda, o críticos al poder, bien colocados en sus países, como Brecha en Uruguay, o Página 12 en Argentina. ¿Qué papel juegan con los gobiernos progresistas?

– Debo decir que Brecha fue crítico antes de la llegada de los gobiernos y durante los gobiernos progresistas. Siempre hemos sido un periódico crítico. Página 12, en cambio, se hizo kirchnerista y dependió hasta hoy de recursos bajados por el Estado. Todo lo malo tiene una parte buena, y acá en México lo van a vivir. La parte mala es que los progresistas nos destruyen o nos crean muchos problemas. La parte buena es que el escenario se clarifica, ya no quedan lugares para las medias tintas, estás o no con el Estado. Cuando estás con el Estado la excusa es q ue ahora lo gobierna la izquierda, pero estás con el Estado, eso es lo principal. Y los que se mantienen en su trabajo de autonomía, de trabajo por fuera de las instituciones.

Página 12 claudicó, en los 90 fue un diario bien importante no sólo en Argentina, tenía una estética particular y un impacto con tapas de página muy potentes. Por otro lado, hay otros medios que se han mantenido fieles a su trayectoria. Yo no quiero exagerar, pero diría que Brecha, en Sudamérica, es de los pocos que ha atravesado el progresismo con muchas dificultades económicas. No vivimos de Brecha, estamos mal económicamente, pero mantuvimos la dignidad y una posición independiente, aunque hay matices. Hay algunos periodistas dentro más afines al gobierno, pero siempre críticos.

– ¿Y cuáles son los costos de mantenerse críticos, desde la izquierda, a los gobiernos progresistas?

– Los costos de mantener la postura crítica son el aislamiento, no te llaman para hacerte entrevistas, te ignoran. Hay deterioro económico personal, tenemos que buscarnos trabajitos para sobrevivir, y eso es un costo importante, pero hay que fijarnos muy bien, hay una trampa del progresismo que hemos logramos sortear, pues así cómo como la profesión periodística, en el caso de Brecha, hoy tiene un salario muy bajo, pero ha habido una renovación generacional y de género. Y hoy la mayoría de la planta son personas jóvenes y mujeres. Los que quieren ganar más se han ido con el gobierno o a crear periódicos afines al progresismo, y los que nos quedamos, bueno, pues ganamos poco, pero ahí estamos.

– ¿Lo que nos estás diciendo es que nos va a ir muy mal a los que mantengamos una postura crítica, en el caso de México, a Andrés Manuel López Obrador?

– Yo no diría “irnos muy mal”. El aislamiento es duro, pero te hace más fuerte. Y además no aspiramos a hacernos ricos. Por ejemplo en Brecha, de 35 trabajadores, habrá cinco o seis con carro, los demás vamos en transporte público, y eso me parece que es muy importante porque marca algo que en este momento es una siembra, no se ve, pero están ahí las semillas y en algún momento van a florecer.

Pero lo que está sucediendo en México hay que leerlo de otro modo por dos razones. El ciclo progresista en América Latina inició por el 2000 y terminó por el 2014, y es un ciclo que fue posible gracias a los altos precios de las commodities, del petróleo, de la soja, del mineral de hierro, porque a las burguesías en esa época de bonanza económica no les importó mucho que les subieran un poco los impuestos, y porque los sectores populares estuvieron tranquilos. Pero hoy en día vivimos la post crisis del 2018. Las clases dominantes del mundo se han hecho más bestiales, más brutales. El uno por ciento tiene una riqueza como nunca soñó tener en la historia y se han hecho mucho más intransigentes, más ultras, y están en contra de los pueblos.

El gobierno de López Obrador llega en el momento en el cual las clases dominantes no están dispuestas a ceder en nada. Hay una situación que llevará muy rápidamente al gobierno a alinearse con los intereses empresariales. Estos pocos días que llevo en México he visto algo sorprendente. Prendo la televisión y en el parlamento unos diputados del PAN ponen una manta que dice “#NoALaDictaduraObradorista”. Son terribles, pero desde el primer día ya están oponiéndose, no le dan ninguna chance. Parece que eso va a marcar: Te doblegas completamente o vas a tener una oposición implacable como tuvo Dilma en sus últimos años en Brasil.

– ¿Qué representa la llegada de López Obrador para el Continente Americano?

Me gustaría decir que representa algo para la región, pero yo creo que no representa nada, porque desde el punto de vista de la integración regional latinoamericana, no aporta nada, y desde el punto de vista de un giro a la izquierda en la región, ya no es posible, y tampoco aporta nada y porque la política exterior, por lo que yo entiendo, va a ser de alineamiento total con el nuevo NAFTA y con las políticas de Donald Trump. Entonces yo no espero nada.

Si hubiera sido diez o quince años atrás, capaz que se podría esperar algo en un clima distinto, pero hoy en día, cuando hay una guerra comercial con China y con Estados Unidos, cuando hay un encrespamiento de las relaciones internacionales y una intransigencia muy fuerte, como hace una semana que se pelearon Trump y Macron y hubo un destrato mutuo muy fuerte… pues no hay margen para ninguna otra política.

– Háblanos de los movimientos sociales dentro de los gobiernos progresistas…

– Los gobiernos progresistas han sido maestros en el arte de desactivar a los movimientos sociales y a la protesta social. Han cegado las bases sociales de sus movimientos con políticas sociales, pequeñas cosméticas que entusiasmaron a mucha gente que nunca había recibido nada. También cooptaron a los dirigentes de los movimientos.

El personal político de los gobiernos progresistas viene de abajo, los cuadros tecnocráticos que están al frente nacieron y conocen la cultura organizativa de los movimientos sociales, entonces, cuando están arriba saben muy bien qué teclas tocar para debilitar, y eso es muy peligroso.

Hay dos cosas que ponen en peligro a los movimientos sociales.

– Y el caso de México, país al que también conoces muy bien desde hace un cuarto de siglo…

– En México hay muchos movimientos potentes. Los movimientos urbanos tienen una larga trayectoria de haber sido dispersados, sobre todo por gobiernos del PRD, pero me preocupan mucho los movimientos indígenas, que son una parte minoritaria de la población, pero importantísima, y me preocupa el aislamiento y la posibilidad de golpes o represiones quirúrgicas. Me preocupa mucho que en los próximos seis años haya un proceso de debilitamiento del zapatismo y del CNI (Consejo Nacional Indígena) y de otros movimientos indígenas y populares, que son los que se han opuesto a los grandes proyectos.

Hay una operación muy fina. Las consultas que se han hecho y las que se van a hacer son mecanismos de desarticulación de la protesta. Mañana tú puedes decir que estás en contra del Tren Maya por tal o cual razón, y te van a decir que vayas y votes. En esta consulta, la del aeropuerto, hubo 1 millón y cacho de votos, pero yo creo que en las próximas consultas pueden votar más personas, y si votan más personas mayor será la legitimidad de la consulta, aunque sea ilegal, sin sustento jurídico y sin sustento de ningún tipo.

Supongamos que respeten la consulta. El mensaje que están enviando los progresistas y López Obrador es que el conflicto no vale la pena porque es riesgoso, que votando o apoyando al gobierno se van a solucionar los problemas. El mecanismo de la consulta busca encasillar y conducir la protesta al terreno de las urnas. ¿Para qué me voy a oponer a la carretera si estoy en contra y puedo votar. Y si pierdo, por lo menos pude opinar en un ejercicio democrático en el que no tuve que poner el cuerpo y la policía no me dio un golpe? Lo que se hace es deslegitimar el conflicto y deslegitimar la protesta, y eso va de la mano de aislar a los que protesten. Los que protestan aislados son rápidamente víctimas de la represión estatal. Ése es el riesgo que yo veo ahí.

Espero que la consulta no tenga la última palabra. Con la consulta los pueblos tienen dos opciones: o jugarse por la consulta, que no creo que sean tan poco hábiles, o que digan que hagan todas las consultas que quieran pero que ellos no quieren que el tren pase por ahí, que es lo que han hecho otros pueblos en América Latina.

Por suerte, en algunos casos como el de las comunidades zapatistas o Cherán, hay una fortaleza. Igual la van a pasar muy mal, creo yo y ojalá me equivoque, pero no es lo mismo pasarlo mal cuando están temblequeando a cuando estás bien y firme en tus bases, como los zapatistas.

Por otra parte, estoy seguro de que López Obrador se jubilará, no creo que se pueda reelegir, aunque me imagino que ya está pensando en reelegirse. Pasarán seis años, se irá Morena o no, pero el zapatismo va a seguir en pie, y eso es importante porque son luchas de cinco siglos que no van a desaparecer porque haya un gobierno que sonría o tenga buenos modales.

– ¿Y la resistencia?

– Habrá resistencia. Lo que han hecho los gobiernos progresistas es profundizar el capitalismo, han traído más capitalismo, más transnacionales y más monopolios. Esto de hacer mega obras en el sur es para cooptar al resto de México, porque ha sido la zona más rebelde y eso todos lo sabemos. Los pueblos van a resistir. Hay muchas personas que, como decimos en Uruguay, “no se comen la pastilla”, no se dejan engañar. La gente está alerta, además ya tienen 15 años de nuestra experiencia y saben lo que pasó en el sur. Habría que ser un poco más optimista.

– ¿Qué papel juega Donald Trump y Estados Unidos?

– Trump es más que Trump. Es la mayor intransigencia de las clases dominantes, de los ricos, y la mayor intransigencia del Pentágono, que tiene tanto peso como las clases dominantes. Esta gente se está inclinando por la guerra, por militarizar el escenario global. La guerra comercial contra China es una guerra y, comercial por ahora. La guerra va a escalar y es probable que lleguemos a guerras entre naciones con armas nucleares, eso que los zapatistas llaman el colapso.

El régimen Trump tiene aspectos del colapso, es una manifestación de la crisis del sistema, del imperialismo yanqui, pero también es una manifestación de que ellos pueden apostar al colapso antes de soltar la sartén que creen o temen que se les está escapando. Un escenario horrible. El que venga después de Trump, aunque sea demócrata, va a seguir muchos de los pasos de Trump. El gobierno de Trump no es un paréntesis, sino un viraje en las estrategias de las clases dominantes.

Estados Unidos apuesta cada vez más a la subordinación absoluta de México. Es un patio trasero del cual no van a soltar las garras y por lo tanto, en ese proyecto de tener a México subordinado, el gobierno de López Obrador les pueda venir incluso muy bien, pues esto de llevar las mega obras al sur, de facilitar el flujo de mercancías, commodities, minerales, maderas, todo lo que haya para sacar, los monopolios lo ven muy bien, y más si además consigue aplacar a una parte de la ciudadanía.

Lo que no va a conseguir este gobierno ni ninguno, por ahora, es bajar los niveles de violencia, los feminicidios, la actividad del narcotráfico, de la ilegalidad. Eso para Estados Unidos es algo importante, porque desde la guerra contra el narco apuesta a la violencia, al Plan Mérida, a la descomposición del tejido social. Todos son planes del imperio que ahora los va a ejecutar López Obrador. Con este señor además se van a cumplir los planes que profundizan el capitalismo, el monopolio, y lo que los compas zapatistas han llamado la cuarta guerra mundial, el despojo de los pueblos. Eso es lo que está a la orden del día.

– Para finalizar, ¿qué lectura le das al fenómeno migratorio que estamos viviendo estos días de Centroamérica hacia el norte?
Quiero creer que con esta marcha masiva de migrantes está naciendo un movimiento, porque antes la migración era individual, de familias, gota a gota, pero ahora es masiva y organizada. Para movilizarse 7 mil personas todas juntas hay que estar organizado. Capaz que es la primera de muchas marchas y si es así es bueno, porque la migración solitaria es fácilmente reprimible, vulnerable, pero con esta probablemente la gente haya llegado a la conclusión de que es mejor migrar en masa para estar más protegidos. No tengo claro que Trump vaya a poder impedir el paso de los migrantes por la frontera, a pesar de todas las gárgaras que hace. Es un costo político muy alto. Lo bueno es que está naciendo algo nuevo, desde abajo.
Fuente: https://www.anred.org/?p=109146

En consecuencia, ante la ofensiva del Capital Estado sea su gestión progresista o neoliberal,  nos urge asumir el llamado a la unidad de nuestros pueblos manteniendo presente su origen común y continuar caminos siguiendo las huellas de nuestros ancestros continentales en resistencia a la colonialidad económica e ideológica.

 

Descubramos porqué articular nuestras luchas con las de los pueblos originarios.

 

Declaración del Foro de los Pueblos Indígenas ante la VIII Cumbre de las Américas: En defensa del territorio y la libre determinación de los pueblos o naciones

23 abril 2018

 

Por Pueblos y nacionalidades indígenas originarios del Abya Yala 

    

"Nosotros y nosotras como representantes de los pueblos, Naciones y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en el marco y ejercicio del derecho a la libre determinación y en defensa de nuestra Madre Tierra, damos a conocer nuestras conclusiones y planteamientos como resultado del Foro de los Pueblos Indígenas, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrado en Lima el 10 de Abril de 2018."

 

El martes 10 de abril, se realizó el Foro de los Pueblos Indígenas organizado por el Pacto de Unidad, en el marco de la Cumbre de las Américas. Fue el primer acto oficial de la Cumbre y trajo el debate y análisis desde las diferentes organizaciones, líderes y liderezas que concluyó en la aprobación de la Declaración del Foro de Pueblos Indígenas frente a los jefes de Estado. El Pacto de Unidad está conformado por organizaciones que integran el proceso del Foro Social Panamazónico, que adhiere y asume como suya esta Declaración, que dejamos a continuación en su texto íntegro, agradeciendo su más amplia difusión.

 

Declaración del foro de los pueblos indígenas ante la VIII Cumbre de las Américas realizada en Lima: en defensa del territorio y la libre determinación de los pueblos o naciones

Nosotros y nosotras como representantes de los pueblos, Naciones y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en el marco y ejercicio del derecho a la libre determinación y en defensa de nuestra Madre Tierra, damos a conocer nuestras conclusiones y planteamientos como resultado del Foro de los Pueblos Indígenas, en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrado en Lima del 10 de Abril de 2018.

Considerando:

Que en nuestro continente somos aproximadamente 826 pueblos indígenas que preexistimos a los Estados y vivimos en armonía con la Madre Tierra, desde nuestros ancestros.

Que desde la invasión Europea se nos ha impuesto un modelo económico de extracción de recursos por lo que hemos sido sistemáticamente expoliados y despojados de nuestros territorio.

Que los Estados republicanos nacieron excluyendo a los pueblos originarios, con una política de asimilación cultural, con prácticas racistas, genocidas, patriarcales y monoculturales; de colonización de nuestras mentes.

Que actualmente nos encontramos frente a un modelo de desarrollo depredador y destructor donde las corporaciones buscan acumular riquezas para unos pocos, vulnerando nuestros derechos y destruyendo la Madre Tierra, a través de la imposición de mega proyectos extractivos como: la minería, hidroeléctricas, hidrocarburos, forestales, monocultivos y de infraestructura en nombre del desarrollo, que se ejecutan sin la consulta ni el consentimiento libre, previo e informado.

Que, a lo largo de la historia, los pueblos hemos resistido y luchado por el respeto de nuestra libre determinación, autonomía, y autogobierno; y por acabar con todas las formas de colonialismo y subordinación.

Que las mujeres indígenas cumplimos un rol decisivo en la protección y transmisión de nuestras identidades culturales, prácticas y saberes ancestrales, conservación de la biodiversidad, defensa del territorio y seguridad alimentaria.

Que, gracias a nuestras luchas, hemos logrado avances en el derecho Constitucional e Internacional como la Resolución 1514 (XV) de la Naciones Unidas, el Convenio 169 de la OIT de 1989, la Declaración de Viena de 2003, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la doctrina y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son de obligatorio cumplimiento para los Estados.

Que, los Estados han institucionalizado políticas y prácticas corruptas que se evidencian en la producción normativa, la gestión y administración pública, y el sistema de justicia, favoreciendo a las corporaciones transnacionales y vulnerando nuestros derechos como pueblos.

Que, a pesar de las obligaciones vinculantes del Estado en materia de derechos indígenas, persiste la criminalización del ejercicio de nuestra autoridad, funciones jurisdiccionales y defensa de derechos colectivos, a través del asesinato, desaparición física, represión penal, amenazas, acoso, estigmatización y otras formas de persecución arbitraria.

Que, los acuerdos de las siete cumbres de las Américas no han implementado acciones concretas para el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los Estados miembros.

Demandamos a los Jefes de Estado y Gobiernos de las Américas lo siguiente:
1. Que los Estados den cumplimiento efectivo a sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas, adoptadas en ejercicio de su soberanía, incluyendo tratados, medidas cautelares, sentencias y otros mandatos internacionales; derogando las normas nacionales que se oponen a tales obligaciones.

2. Que los Estados respeten y garanticen nuestros derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno; formas de vida, modelos de desarrollo, planes de vida y buen vivir.

3. Que los Estados reconozcan la personalidad jurídica de pueblos, naciones o nacionalidades indígenas, y sus formas propias de organización.

4. Que el Estado garantice la participación institucional de los pueblos dentro de la estructura del Estado, a todo nivel y con poder de decisión.

5. Que los Estados aseguren nuestro derecho a la propiedad del territorio ancestral integral, incluyendo los recursos naturales necesarios para nuestra subsistencia como el agua, bosques, tierras eriazas, etc.

6. Que los Estados adopten normas y políticas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, que incluya la prohibición de patentes de nuestras semillas y productos nativos; la priorización del consumo interno sobre la exportación, y el veto al uso de organismos transgénicos.

7. Que cesen las políticas de parcelación y titulación individual de los territorios colectivos; de fragmentación y despojo de territorios a través de políticas de conservación y establecimiento de áreas protegidas.

8. Que los Estados deroguen las normas que facilitan la pérdida de la propiedad territorial indígena a través de figuras jurídicas como: la “cesión en uso de los bosques”, la posibilidad de venta de tierras; la expropiación y servidumbre forzosa; la cesión de propiedad para la construcción de infraestructura.

9. Que los Estados cesen las políticas de colonización, invasión de los territorios indígenas, y de toda forma de violencia que afecta de manera particular a las mujeres indígenas.

10. Que los Estados implementen los procesos de participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado antes de adoptar normas, políticas, programas y medidas susceptible de afectar a los pueblos indígenas, como concesiones, autorizaciones, contratos u otros.

11. Que los Estados garanticen medidas efectivas para la participación plena de las mujeres y jovenes indígenas en la toma de decisiones de políticas públicas susceptibles de afectarles.

12. Que los Estados implementen políticas públicas de salud y educación bilingüe intercultural, incorporando en ellas la historia, cosmovisión, filosofía y saberes ancestrales como parte del proceso de descolonización y buen vivir.

13. Que los Estados respeten los saberes y prácticas ancestrales de medicina, formas de transmisión de conocimiento, expresiones culturales y artísticas, y que garanticen los medios para su desarrollo autónomo.

14. Que los Estados promuevan el derecho a los medios de comunicación indígena, redes comunitarias y el uso y acceso de las tecnologías de comunicación en nuestros propios idiomas.

15. Que los Estados adopten normas y políticas para eliminar toda forma de discriminación y el racismo institucionalizado.

16. Que los Estados investiguen de oficio y sancionen a los funcionarios y servidores públicos involucrados en hechos de corrupción, estableciendo la imprescriptibilidad de este delito y que los corruptos no vuelvan a ejercer función pública.

17. Que los Estados investiguen y sancionen ejemplarmente a las empresas -y sus titulares- involucradas en hechos de corrupción, anulando los contratos obtenidos por medios ilegales y que no se vuelvan a beneficiar de contratos o recursos públicos.

18. Que cese la criminalización y estigmatización de autoridades y miembros de pueblos indígenas por ejercer su autoridad, funciones jurisdiccionales y proteger sus territorios y demás derechos; derogando las normas de criminalización, archivando los procesos judiciales y disponiendo la libertad de las personas detenidas.

19. Que los Estados respeten y garanticen el pluralismo jurídico igualitario, es decir que respeten las decisiones de la justicia indígena como cosa juzgada y, que con participación de los pueblos, se establezcan mecanismos de coordinación con la justicia ordinaria.

20. Que los Estados promuevan la capacitación de los jueces, fiscales y policías para que conozcan, respeten valoren los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas.

Para que se fortalezca la paz de todos los pueblos indígenas de nuestra Abya Yala, rechazamos todos los actos de violencia y persecución arbitraria, militarización y estados de emergencia que vienen sufriendo nuestros pueblos de América Latina. Y en particular, queremos manifestar nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas:

– De los pueblos originarios del distrito de Chalhuahuacho (Apurimac) y Chulmivilcas (Cusco), actualmente con presencia policial y militar; y bajo estado de emergencia, por lo que demandamos su levantamiento. – De los pueblos Mapuche, Awajun, Achuar, Kichwa, por la persecución arbitraria que vienen sufriendo en defensa de sus derechos.

– Los pueblos indígenas de Venezuela, que se ven afectados por la crisis humanitaria, fundamentalmente por razones de salud y alimentación.

– De los pueblos originarios de Cajamarca, en particular de Valle Laguna Azul, quienes están condenados a 10 años de pena privativa de libertad por presunto delito de extorsión debido al ejercicio de funciones jurisdiccionales.

Dado en la ciudad de Lima el 10 de abril de 2018.

Agradecemos el envío de Luis Hallazi de IBC e Ismael Vega de CAAAP.

Leer

 

  Ofensiva del sistema mundo capitalista

 

Sigamos insistiendo que el progresismo e izquierdas electoralistas nos mantienen subsumidos en el sistema mundo capitalista que encamina hacia el exterminio masivo de la vida planetaria y por tanto de la humanidad.

 

Tengamos en cuenta que la Amazonía es fundamental para impedir esas extinciones y genocidios, también que es obra de siglos en las interrelaciones e interacciones con los pueblos indígenas:

 

Brasil: depredación y exclusión

El proyecto bolsonarista para el Amazonas

9 de agosto de 2019

 

Por Manuella Libardi
Nueva Sociedad (NUSO)

El gobierno de Bolsonaro desprecia a las minorías que habitan el Amazonas y pretende impulsar un plan de desarrollo depredador que puede impactar negativamente en el ambiente de la región.

En los primeros meses de gobierno, el presidente Jair Bolsonaro priorizó liberalizar los presupuestos para el ministerio de Defensa. De los más de 150 millones de reales destinados a este ministerio, 98% prácticamente la totalidad– va destinado al programa Calha Norte para el Amazonas, un proyecto desarrollado en la década de 1980 que respondía a una preocupación geoestratégica de los militares con la región amazónica. El proyecto Calha Norte aseguraría la presencia de infraestructuras estratégicas para la defensa de la remota y relativamente virgen frontera norte del país.

Técnicos del gobierno aseguran que no hay motivación política alguna detrás de los esfuerzos realizados este año para garantizar esos fondos y que esa asignación tiene una razón simplemente práctica: aumentar la capacidad operacional del ministerio de Defensa.

El gobierno afirma que resucitar el proyecto Calha Norte es fundamental para llevar oportunidades y dignidad a las poblaciones del norte del país, una región que abarca un territorio de 1,5 millones de kilómetros cuadrados a lo largo de ocho estados –Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia y Roraima–, un área mayor que toda Colombia.

Pero la realidad muestra que Bolsonaro y miembros de su gobierno están más preocupados por combatir las presiones internacionales que intentan impedir la explotación económica exhaustiva de la Amazonía frente a la necesidad de asegurar la dignidad de las poblaciones locales.

En febrero de este año, los ministros Gustavo Bebianno (Secretaría General de la Presidencia), Ricardo Salles (Medio Ambiente) y Damares Alves (Mujer, Familia y Derechos Humanos) viajaron a Tiriós (Pará) para discutir con líderes locales la construcción de un puente sobre el río Amazonas en la ciudad de Óbidos, una hidroeléctrica en Oriximiná y la extensión de la carretera BR-163 hasta la frontera con Surinam.

Si todavía quedaba alguna duda sobre las verdaderas intenciones del gobierno con respecto a resucitar el proyecto Calha Norte, un Powerpoint al que ha tenido acceso Democracia Abierta, presentado durante la reunión para detallar las obras anunciadas por el gobierno de Bolsonaro para la región, no deja lugar a interpretaciones. Las diapositivas dejan claro que se trata de ocupar la región amazónica con infraestructura estratégica para evitar que otro proyecto multilateral de protección de la selva, denominado corredor ecológico Triple A: Andes - Amazonas - Atlántico, pueda ser implementado en el futuro.

«Hay que implementar el Calha Norte sobre la cuenca del Amazonas e integrarlo al resto del territorio nacional, para hacer frente a las presiones internacionales por la implantación del proyecto denominado Triple A. Para ello, es necesaria la construcción de la hidroeléctrica del río Trombetas, el puente de Óbidos sobre el río Amazonas y la implementación de la carretera BR-163 hasta la frontera con Surinam», dice una diapositiva de la presentación.

Durante su campaña en 2018, Bolsonaro citó el proyecto Triple A como una amenaza a la soberanía del país. El proyecto, que se basa en una apuesta de desarrollo llamada Corredor AAA, fue propuesto hace unos años por un ambientalista colombiano con el propósito de formar un gran corredor ecológico que abarcara 135 millones de hectáreas de bosque tropical, que se extendería de los Andes al Atlántico, pasando por el Amazonas, los tres espacios que dan origen a las tres «A».

Según otra diapositiva de la presentación gubernamental, existe actualmente una campaña globalista que «relativiza la Soberanía Nacional en la Cuenca Amazónica», usando una combinación de presión internacional y también de lo que denomina «opresión psicológica» tanto externa como interna. Esa campaña moviliza a ONG ambientalistas e indigenistas, además de los medios, para ejercer presiones diplomáticas y económicas. Implica también a las minorías indígenas y quilombolas para que actúen con el apoyo de instituciones públicas de los niveles federal, estatal y municipal. El resultado de este movimiento, aseguran en la presentación, restringe «la libertad de acción del gobierno».

Por lo tanto, parte de la estrategia de burlar esa campaña globalista es devaluar la relevancia y las voces de las minorías que viven en la región, que al fin y al cabo son quienes más se van a ver afectadas por esas decisiones, tanto si en un futuro se desarrolla el proyecto Triple A como si finalmente lo hace el Calha Norte.

Entre las tácticas citadas en el documento, está la de redefinir los paradigmas del indigenismo, quilombolismo y ambientalismo a través de las lentes del liberalismo y el conservadurismo basadas en las teorías realistas. Esas son, según una diapositiva, «las nuevas esperanzas para la Patria: ¡Brasil por encima de todo!»

El desarrollo previsto 

Concretamente, la región del Calha Nova en Pará está ubicada al norte del río Amazonas, entre los estados de Amazonas y de Amapá. Las ciudades que se destacan en esa región son Oriximiná, Óbidos y Monte Alegre, todas ellas ribereñas. Para alcanzar los objetivos estratégicos, de carácter militar-nacionalista, el proyecto prevé poner en marcha obras de infraestructura que pretenden «desarrollar» la región ampliando carreteras, levantando un puente y construyendo una hidroeléctrica.

La primera parte del proyecto busca ampliar la carretera BR-163, que actualmente conecta Cuiabá y Santarém, hasta la frontera con Surinam. La extensión de la carretera pretende ligar la región a la red nacionalde carreteras y facilitar así el acceso a Manaos, Porto Velho y Caracas, en Venezuela. Esta carretera también mejoraría el acceso a las carreteras que llevan a Perú y a Bolivia.

La carretera BR-163 atravesaría el bajo río Amazonas a la altura de la región de Óbidos, donde sería necesaria la construcción de un gran puente, también previsto en el proyecto. El puente se construiría frente al puerto de Óbidos, en la parte más estrecha del bajo río Amazonas, que tiene menos de 2 kilómetros, pero cuyo canal llega a los 100 metros de profundidad. El objetivo del puente es también posibilitar que el ferrocarril EF-170 (Ferrogrão) siga acompañando la carretera BR-163 hasta el puerto de Óbidos, y por lo tanto deberá albergar una carretera ferroviaria.

La tercera fase del proyecto prevé la construcción de la central hidroeléctrica de Oriximiná, en el río Trombetas. Según indican las diapositivas, la hidroeléctrica tendría capacidad para generar energía para todo el Amazonas, con la promesa de acabar con los apagones en Manaos, Macapá y Boa Vista.

El contexto político internacional 

El proyecto Calha Norte fue desarrollado en 1985, durante el gobierno de José Sarney, cuando el contexto internacional aún era el de Guerra Fría y Brasil vivía bajo la influencia de Estados Unidos. Una de las justificaciones del proyecto fue la fuerte presencia de efectivos cubanos en Surinam, lo que, en aquella época, sugería una hipotética amenaza de corte comunista para Brasil.

Además de la supuesta amenaza comunista, otro motivo era la existencia de las guerrillas colombianas, principalmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Similarmente, el gobierno también quería combatir el contrabando en la frontera y los conflictos entre empresas mineras, garimpeiros (mineros informales) e indígenas.

En la década de 1980, el proyecto fue fuertemente criticado por las poblaciones locales, que creían que la presencia militar en sus territorios tendría un efecto negativo sobre los habitantes y los recursos naturales. Durante esa época, la Iglesia católica fue la única institución del país en oponerse oficialmente al proyecto, afirmando: «El proyecto acelerará el proceso de destrucción de la cultura indígena, además de representar un desperdicio de recursos financieros, materiales y humanos que podrían ser destinados a obras de infraestructura y apoyo a la población del Amazonas». Además, la Iglesia también denunciaba que el Calha Norte afectaría a 50.000 indígenas de 33 naciones.

La gestión del presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) coincidió con la caída del Muro de Berlín, lo que hizo que el Calha Norte bajara en la lista de prioridades del gobierno. Las obras que ya habían sido iniciadas como parte del proyecto –como hospitales– fueron desactivadas en esa época, lo que demostró que el interés final nunca había sido el desarrollo de la región, sino geopolítico.

En este sentido, desde el punto de vista de las relaciones comerciales y financieras, con la redefinición del orden internacional en los años 90, los intereses pasan a tener un carácter multipolar. Aun así, la situación global se transforma en unipolar desde el punto de vista militar, ya que con la caída de la Unión Soviética Estados Unidos pasa a ser la única potencia realmente operativa. Con esa reestructuración, la nueva política de defensa nacional brasileña pasa a incluir cuestiones como el terrorismo, el contrabando, el narcotráfico y la biopiratería en el Amazonas. Por lo tanto, al final de los años 90, en coincidencia con el final del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el proyecto vuelve a ganar visibilidad.

Pero debido a estos cambios en el orden internacional, surgen cuestiones medioambientales y de protección del Amazonas frente a la explotación, particularmente internacional, y el proyecto gana una nueva importancia, así como una nueva interpretación, durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. En esa fase, se pasa a priorizar la protección y el desarrollo económico y social de la frontera, teniendo en cuenta la sostenibilidad y también la defensa de las culturas existentes.

No bajar la guardia 

Durante sus tres décadas de existencia, el proyecto evolucionó de ser meramente militar a un ser proyecto integral que busca el desarrollo de la región y de los pueblos ribereños. Pero eso no es lo que estamos viendo hoy, como lo demuestran las diapositivas de la reunión celebrada este año. El proyecto, nuevamente reavivado por el gobierno de Bolsonaro, implica retroceder a los años 80 y restablecer tácticas que ya se mostraron fracasadas.

El desarrollo de la región es necesario, ciertamente. Los pueblos ribereños requieren de mayor acceso a la producción nacional y a la igualdad. Pero es importante recordar que la región ha sido históricamente utilizada para fines políticos que poco tenían que ver con el desarrollo y la preocupación por el bienestar de las poblaciones locales.

La información mostrada en las diapositivas evidencia el desprecio por parte del gobierno de Bolsonaro por la sostenibilidad y las minorías que habitan las regiones del Amazonas. Esto pone en evidencia una vez más que el desarrollismo de corte neoliberal no puede venir a costa de los (pocos) derechos conquistados con sangre de aquellos que continúan luchando por su existencia y también por nuestros bosques y recursos naturales.

El desarrollo de la región amazónica tendrá que llegar. Pero en ningún momento podemos bajar la guardia y dejarnos engañar por las mentiras de este gobierno, que dice estar buscando el bienestar de la gente cuando en realidad trabaja para enriquecer a unos cuantos constructores de infraestructuras y depredadores de la floresta amazónica, que amenazan con matar lo que queda del pulmón del mundo y sus humildes habitantes.

https://nuso.org/articulo/brasil-depredacion-aborigenes-amazonas-bolsonaro/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259169

 

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URGENTE24 » FOCO » ENTREVISTA

La otra cara de Río + 20

Erwin Kräutler (1): "Lula y Dilma son depredadores de la Amazonia"

14 de junio de 2012

Erwin Kräutler, el legendario obispo del Xingu, amenazado de muerte y bajo custodia policial hace seis años, afirma que el PT (Partido dos Trabalhadores) traicionó a los pueblos de la Amazonia y a la causa del medio ambiente. Él también afirma que el proyecto hidroeléctrico Belo Monte provocará la destrucción del Xingu y el genocidio de las etnias indígenas que habitan la región desde hace siglos. Desde hace 47 años en el epicentro de la guerra menos silenciosa e invisible trabada en la Amazonia, Don Erwin Kräutler es una voz poderosa en la historia de Brasil.

 

Por Urgente24

Ciudad de Buenos Aires (Urgente24). La represa de Belo Monte es una central hidroeléctrica que se está construyendo en el río Xingú en el estado de Pará, Brasil. La capacidad instalada planeada para la represa será de 11.000 MW, por lo que será la 2da. mayor hidroeléctrica brasileña (después de la gigantesca Itaipú, de 14.000 MW), y la N°3 detrás de Tres Gargantas (China), representando 11% de la potencia instalada de Brasil. El proyecto está siendo desarrollado por la compañía eléctrica estatal Eletronorte.

La oposición al proyecto tiene como íconos al jefe indio Raoni, al cantante Sting, al director cinematográfico James Cameron, y al histórico obispo del Xingu, Erwin Kräutler.

El proyecto es criticado por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos como Survival International, pues anegaría una extensa área de tierra, destruiría la selva y reduciría las reservas de peces imprescindibles para la supervivencia de distintos pueblos indígenas de la zona, como los kayapó, arara, juruna, araweté, xikrin, asurini y parakanã. También se dice que para ser viable, la represa de Belo Monte necesitaría de otras represas aguas arriba para garantizar un año de flujo circulante de agua, lo que significaría la inundación de más bosques.

 

Un primer proyecto de construcción de la represa de Belo Monte fue abandonada en la década de 1990, debido a protestas internacionales y nacionales. Pero tanto Luiz Inácio Lula da Silva como Dilma Rousseff han demostrado su intención de continuar con el proyecto.

 

El obispo

El lunes 04/06, un hombre corpulento con una cálida sonrisa y el cabello blanco, subió a un avión con destino a Brasil. En verdad, a la Amazonia, que es bastante más que Brasil porque es una causa en sí misma. La selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo: 6 millones de km2 repartidos entre 9 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Surinam y la Guayana Francesa. Ecorregión de enorme biodiversidad, se encuentra en peligro. 

Después de 40 días en Austria, su país natal, Erwin Kräutler regresó al Xingu, la zona regada por el largo río amazónico Xingu, uno de los mayores afluentes de la vertiente meridional del río Amazonas, que corre por los estados de Mato Grosso y Pará. 

Precisamente él vive en Altamira, un municipio del estado de Pará.

 

Erwin Kräutler le dijo a la periodista Elina Brum, que lo entrevistó para el semanario Época (Globo) que era todavía joven y tropezaba con el portugués, cuando descubrió asombrado que el río Rin, es "un arroyo en comparación con el Xingu". 

A los casi 73 años, Erwin suspira de nostalgia por el Xingu. Cada año, él visita 15 parroquias del Xingu. Duerme en barco o en hamaca, respeta la dieta local, a base de pescado en el almuerzo y cena, de lunes a lunes. Él había ido a Austria a buscar recursos para proyectos sociales en la Amazonia. Al regresar a Brasil, lo recibió su escolta: desde hace 6 años que el obispo del Xingu, no da un paso en Brasil sin la compañía de 4 policías que se turnan para proteger su vida. 

Erwin, quien habla tan bien griego como el lenguaje de los Kayapó, recibió y luego enterró a la misionera asesinada Dorothy Stang; hoy dia él vive en la mira de hombres armados, contratados por la élite de Pará para silenciar una voz que hace casi medio siglo defiende a los pobres y vulnerables indígenas, acechados por los depredadores de la Amazonia. 

Él ha escrito con rara coherencia, un capítulo crucial de la historia de la Iglesia Católica, especialmente los religiosos vinculadas a la Teología de la Liberación y a las comunidades eclesiales de base, en la protección de los pueblos de los bosques -y de la propia Amazonia-.  

La mayoría de las etnias indígenas y de las comunidades amazónicas que conquistaron derechos y tierras en las últimas décadas debe al menos una parte de su organización a los sectores más progresistas de la Iglesia Católica. 

 

Desde que Luiz Inácio Lula da Silva, y ahora Dilma Rousseff, decidieron ejecutar el proyecto hidroeléctrico Belo Monte, el obispo del Xingu ha sido una oposición implacable. Así, él se convirtió en una presencia incómoda para sectores del gobierno y del PT que en el pasado le concedió su apoyo, y ahora recibe el reclamo, cargado por la enorme reputación de un obispo que mantiene la coherencia desde la dictadura militar al presente, en una de las regiones más conflictivas de Brasil. Él ayudó a escribir los artículos de la Constitución de Brasil de 1988 que garantizan los derechos indígenas y dice lo que piensa: dice que el PT es "traidor", que algunas petistas son "fanáticos religiosos", que Lula y Dilma implementaron una "dictadura civil" al "hacer caso omiso de los derechos de los pueblos indígenas afirmados en la Constitución". Y que Lula pasará a la historia como "el Presidente que destruyó la Amazonia y dio el golpe en los pueblos indígenas".

 

Justo en estos días, el gobierno de Brasil celebra la reunión Río + 20, y por eso es interesante la entrevista de 3 horas de conversación que hizo Eliane Brum. 

 

Urgente24 eligió comenzar por el final de la entrevista:

-¿Cree usted que la construcción de Belo Monte, marcará negativamente la biografía de Lula y Rousseff? 

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-Si Belo Monte se concreta, Lula será recordado como aquel que destruyó la Amazonía, y golpeó a los pueblos indígenas. Es la expresión más macabra de su orgullo: hacer un monumento de sí mismo a costa de las pueblos que, a través del mismo monumento, condenó a muerte. Y en el fondo, este monumento ayudará más a extranjeros que a Brasil. Lula pasará a la historia como el que devastó el Xingu. No sólo el río, sino con los pueblos del río Xingu. Y a mí no me gustaría cargar una reputación como esa en mi espalda hasta que me muera - y más allá de mi vida en este mundo.  

 -¿Qué quiere decir con "monumento"? 

 -Lula quiere tener ese monumento en su nombre. Lula no tiene ni idea de desarrollo. Desarrollo para él es tener más dinero disponible y exportar, exportar, exportar, aumentar el PIB. Solo que esa obra no hará eco en la mejora de las vidas de las personas. Al contrario.

 -¿Cree entonces que Lula no entiende la Amazonía? 

 -Nunca la entendió. Y mucho menos entiende de  indios. Él nunca se molestó en profundizar sobre eso. Para Amazonia, sólo vino estando en campaña. Pero no tiene idea de la complejidad de la Amazonia y tampoco nunca nadie le preguntó... No se puede comparar Rio Grande do Sul y Pará Cuando visito el sur, me dicen: "Pero ¿usted dónde vive?". Yo respondo: "Altamira". Entonces dicen: "Ah, sí, ¿Altamira? Nosotros también tenemos una tía en Recife". Recife. La gente realmente no sabe dónde está el Norte. Lo confunden con el noreste. Las culturas aborígenes del lugar y las culturas indígenas son diferentes. Y se necesitar vivir aquí para entender eso. Lula nunca lo entendió - y nunca pensé que era necesario entenderlo. Y al final de su mandato, comenzó el delirio.  

 -¿Delirio? 

 -Delirio. Poder. Se deleitaba con las cifras, con las estadísticas. Aquí mismo dijo pavadas. 

 -¿Pavadas?

 -Dijo que las personas que están en contra de Belo Monte son unos "chicos y chicas que no entienden". Él dijo, también, que cuando era más joven, estaba en contra de Itaipu, porque decían, en ese momento, que inundaría la Argentina. Él se burló de el dolor y las demandas legítimas de la gente de Altamira con ideas y experiencias diferentes de las suyas. Yo dije, escuchando el discurso de él: "Dios mío, ¡eso en boca del Presidente!". 

 -¿Descalificando a quien protestaba? 

 –Los descalificó. En el año 2006 en un banquete ofrecido por el entonces gobernador de Mato Grosso, Blairo Maggi, ganador del premio "Motosierra de Oro" por su contribución a la deforestación del país, Lula también había llevado una declaración comprometedora. Identificó a los indígenas, a los quilombolas, a los ambientalistas y hasta a la Fiscalía como "obstáculos" para el progreso. Asimismo, consideró "colgantes" a los artículos de la legislación ambiental, ya que estos parámetros legales estarían trabando el desarrollo del país. Así que la orden es la no de no tener en cuenta o al menos no darle mucha importancia a los impactos sociales y ambientales. De lo contrario el país, de acuerdo con Lula, estaría condenada al estancamiento. Puede ser que el presidente se haya arrepentido posteriormente de lo dicho en forma improvisada, pero los medios ya habían informado de la metida de pata. 

 -¿Cómo ve el discurso "La Amazonia es nuestra", que parece servir para todo, incluso para destruirla? 

 -La Amazonia es nuestra... (Risas) Nunca nadie puso en duda la soberanía de Brasil sobre el Amazonas. ¿Quién lo duda? Quién va a creer en algo así como: "Ahora vienen unos estadunidenses a apoderarse...." No tiene ningún sentido. Eso no sucederá. ¿Quién ve, en sana conciencia, la configuración del mundo de hoy sabe que eso nunca sucederá. Ahora, el mismo Lula y anteriores presidentes que dijeron "La Amazonia es nuestra" se la entregaron a las multinacionales que mandan aquí. ¿De dónde vienen todas esas firmas? Son todas las multinacionales. Tiene su parte brasileña, sin duda. Es necesario tener nombre brasileño, pero el capital...   

 -Pero ese discurso xenófobo suele funcionar, ¿verdad? Transforma un otro hipotético en enemigo más grande y quita el foco de lo que realmente está en juego ... Lo vemos en todas partes, inclusive con nuestros vecinos... 

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-Sí, el nacionalismo es una bestia, ya conocemos la historia. ¿Y qué ocurrió? El nacionalismo es malo, siempre lleva al pueblo la aversión sobre lo que es de afuera. Deteriora toda la relación, porque el mensaje es: "Nosotros somos los tales, los demás no son nada". Incluso se quejan de ello, a veces, cuando andamos por ahí en otros países de América Latina. Recuerdo una reunión a la que asistí en la que todos tenían que presentarse. Yo dije: "soy el obispo de la Circunscripción eclesiástica más grande de Brasil", El Xingu es la más grande prelatura de Brasil y pensé que era importante decirlo, para que entendieran de dónde vengo. Pero me miraron con cierto desdén y dijeron:(Textual en castellano) "En Brasil, todo es lo más grande".  Los países latinoamericanos tienen un fuerte rechazo al imperialismo brasileño.

 -¿Es como si Brasil fuera "el Estados Unidos de América del Sur", verdad? Escucho esa frase por donde camino... 

 -Guardé silencio y no dije nada más. Así que sí, dentro de Brasil, creamos ese tipo de xenofobia, debemos darnos cuenta de que eso es de hace mucho tiempo, pertenece a un período histórico superado. Tenemos que cambiar nuestra cabeza para estar a la altura de este nuevo momento histórico. En un mundo que se dice globalizado no se puede vivir de esa manera. ¿Por qué no hermanarnos realmente? Aquí en Brasil gritamos nuestro disgusto contra el extranjero y cuando el brasileño va a otro lugar, siente lo mismo.

 -Usted vivió en la Amazonia el proyecto de la dictadura militar, la mentalidad del "Brasil Grande". ¿Encuentra similitudes entre el proyecto de desarrollo del Amazonia de la dictadura y el proyecto de desarrollo del Amazonas de los gobiernos democráticos de Lula y Dilma?  

 -Sí. Para mí, la única diferencia es la siguiente: hoy tenemos una dictadura civil... Electa.  

 -¿Por qué una dictadura? 

 -Dictadura es cuando alguien manda sin respetar la Constitución: "Quien manda soy yo". El paradigma es Belo Monte. Contrariamente a lo que Lula afirmó, es un proyecto impuesto. Las audiencias públicas previstas por la ley, eran meros rituales de fachada. Se montó un enorme aparato policial para intimidar a quienes están en contra de Belo Monte. Los que realmente se verán afectados por la represa no tuvieron oportunidad de manifestarse. La mayoría de ellos ni siquiera logró hacerse presente, porque no vive en la ciudad donde tuvo lugar la audiencia. Mantengo hasta ahora la creencia de que las licencias concedidas para el inicio de obra son inconstitucionales. Las cláusulas previamente establecidas por el gobierno a través del IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), como ya dije, no se cumplieron. El caos en la localidad Altamira es la prueba más elocuente de que el gobierno no respetó a una ciudad con más de 100.000 habitantes, tratándola como el basurero del mundo. Los parámetros constitucionales que aparan a  los ciudadanos en términos de salud, educación, saneamiento, vivienda, seguridad, transporte, simplemente no fueron y no están siendo respetados. Y el gobierno lo pasa por alto. No le importa. Y encima hay políticos que con la mayor cara de piedra, dice que es el precio a pagar por el progreso. La verdad es que ni él ni su familia lo pagan. Es Pará que continúa siendo tratado como "colonia", explotado y degradado, condenado a pagar en términos ambientales y de daños por su pueblo, un precio desorbitante por el "progreso" del resto de Brasil.   

 -¿Cómo es que los presidentes Lula y Dilma no habrían cumplido con la Constitución? 

 –Los artículos 231 y 232 de la Carta Magna de Brasil, se trata el tema de los indígenas, y están siendo ignorados. Las audiencias previstas en la legislación no ocurrieron. Incluso podemos probar que los indios fueron engañados. Se les prometieron audiencias y luego maquillaron de "audiencia" una reunión informal, en la que los indios fueron meros oyentes y en ningún momento se les pidió opinión. ¡Mala fe! ¡Decepción! ¡Poca vergüenza! Si el gobierno toma posiciones que son incompatibles con la Constitución, entonces el Brasil, como estado democrático y de derecho, está en grave peligro. El gobierno no está por encima de la Constitución. Si el gobierno se comporta en forma inconstitucional, estamos viviendo nuevamente en una dictadura. 

-Edison Lobão, ministro de Minas y Energía, habló de "fuerzas demoníacas contra las represas". Y Ud. ya se refirió a Belo Monte como "monstruosidad apocalíptica". Cuando se refiere a "monstruosidad apocalíptica" ¿qué está diciendo exactamente? 

–Demoníacas son las fuerzas que emplea Lobão para arrasar con el río Xingu. La destrucción no es de Dios. Y Lobão habla sin saber nada de aquí. Yo nunca lo vi aquí. Desde el Planalto se deciden las cosas. Por cierto, ésta es nuestra triste situación aquí en la Amazonia. Las decisiones siempre se toman en otros lugares, sin conocer nuestra realidad, sin pedir nada a nadie. Nuestro Pará y Amazonas están siendo tratadas como una provincia. Anteriormente Brasil era una "colonia". La metrópoli era Lisboa. Hoy la metrópoli pueden ser Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre... Y nos tratan como una colonia. Carajás es el caso más emblemático: luego de la puesta en marcha del mineral, lo que queda es un paisaje de cráteres lunares. Cuando la referencia es la riqueza natural, se dice en voz alta:. "La Amazonia es nuestra." Por el contrario, cuando el Amazonas necesita la colaboración eficaz, la solidaridad, tenemos la impresión de que no pertenece a Brasil, es otro país. Son 2 discursos contradictorios. "La Amazonia es nuestra", pero en la práctica no es nuestra; sólo es nuestra cuando necesitamos los recursos... 

Fuente: https://archivo.urgente24.com/200604-erwin-kraeutler-1-lula-y-dilma-son-depredadores-de-la-amazonia

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Devastación de la Selva Amazónica, el gran ausente del debate presidencial en Brasil

16 de septiembre 2014

La deforestación de la Selva Amazónica es un tema evitado en el proceso eleccionario de Brasil, pese a que recientes estudios muestran que la devastación del gran pulmón verde de América se ha acelerado. Esta omisión política se suma a las críticas existentes a los gobiernos progresistas de la zona que han mantenido el extractivismo como motor de desarrollo.

 

Héctor Areyuna S.

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil (INPE, su sigla en portugués) dio a conocer que el territorio amazónico de ese país perdió entre agosto de 2012 y julio de 2013 casi seis mil kilómetros cuadrados de cobertura vegetal, un área 29% superior a la devastada en los doce meses anteriores.

Este aumento en la devastación en la mayor selva tropical del mundo terminó con un ciclo de cuatro años consecutivos de disminución de la tala. Sin embargo, el área destruida en el año pluviométrico concluido en agosto de 2013 es la segunda menor desde que la desforestación se mide con la ayuda de imágenes de satélite, en 1988.

No hace falta investigar mucho para recordar la relevancia de esta eco región que involucra a varios países de Suramérica. Tiene una importancia fundamental en la lucha contra el cambio climático, pero además la destrucción de la frondosa selva ha ido arrinconando y desplazando a pueblos indígenas en aislamiento voluntario que la habitan.

Si bien, la deforestación es un tema antiguo, hoy persisten nuevas amenazas para la zona además de la agroindustria de gran escala y la ganadería, como la explotación petrolífera en Ecuador y Perú, la minería y los proyectos energéticos y de conectividad en Bolivia.

Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), lamentó que gobiernos progresistas como el de Evo Morales en Bolivia, el de Rafael Correa en Ecuador o el del Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, hayan mantenido políticas neoliberales basadas en el extractivismo.

Son parte de las políticas que lamentablemente los gobiernos progresistas han mantenido en nuestra región. Si bien se avanza en algunas políticas de democratización y sociales, eso se está haciendo hipotecando en el largo plazo. Es una preocupación grande de las organizaciones socioambientales. Nos preocupa lo que pasa hoy pero también lo que hacemos hoy y tiene repercusiones en el futuro.

La situación de desprotección se da, al menos en Brasil, en el marco de la discusión política previa a las elecciones presidenciales que el país enfrentará en octubre y que tiene como principales candidatas a la actual Mandataria Dilma Rousseff y a Marina Silva ecologista y aspirante del Partido Socialista.

Según el analista político Raúl Sohr, también experto en temas medioambientales, la situación de la Amazonía no es un tema obligado que se trate en el proceso eleccionario.

Sohr expresó que a las grandes masas de votantes preocupan inmediatamente los subsidios de vivienda, sobre todo en el nordeste; o la situación de los movimientos sin tierra.

Sin embargo, a nivel estatal e incluso de las grandes élites, la preocupación asciende ante la propuesta de Estados Unidos de internacionalizar la selva.

Estados Unidos ha planteado que si Brasil no protege esa región se podría discutir sobre la internacionalización, y hacerlo una reserva internacional que vele y cautele que no va a ser destruida, dado el inmenso impacto que tiene sobre el clima del planeta. Esto naturalmente ha alarmado a los brasileños que no quieren ninguna intervención foránea en esa zona clave de su país y en forma gradual sus gobiernos han ido tomando más en serio el tema.

Por su parte, el analista internacional Pablo Jofré, asegura que este tema cobra relevancia al haber sido Marina Silva ministra del Medioambiente precisamente durante los gobiernos del PT.

Hay que recordar que ha sido bajo el gobierno del “petismo” donde se ha logrado una mayor reversión en la deforestación. Marina Silva fue ministra de Ambiente del petismo, no ha surgido porque sí. Es una muestra clara que Marina Silva sus declaraciones las hace en virtud de esta candidatura presidencial, sin considerar que su campaña y su trabajo medioambiental tuvo mayor figuración y presencia justamente cuando fue ministra del Gobierno del PT.

Las elecciones, tendrán otro agregado en la discusión relacionada a las políticas ambientales, ya que el oficialista Partido de los Trabajadores ha iniciado una campaña, encabezada por Lula Da Silva, en defensa de la política petrolífera emprendida por el Gobierno de Dilma Rousseff.

La candidata socialista, por su parte, ha cuestionado la dirección de la estatal Petrobras y ha propuesto propuesto políticas de energía limpia basadas en el uso del alcohol.

Fuente: https://radio.uchile.cl/2014/09/16/devastacion-de-la-selva-amazonica-el-gran-ausente-del-debate-presidencial-en-brasil/

 

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¿A qué juega Evo Morales en la Amazonía?
8 de julio de 2009

Por Manuel Lima

FOBOMADE - ECONOTICIASBOLIVIA

 

El genocida peruano Alan García intentó abrir la Amazonía para que sea explotada por las transnacionales petroleras. Usó fuego y metralla para acallar a los indígenas, pero no pudo. Hoy Evo Morales, con otros métodos, quiere hacer lo mismo con las selvas de Bolivia. Esta es la denuncia del Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.

La empresa Geokinetics, un pulpo de la industria petrolera con sede en Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica, ya comenzó las labores sísmicas de exploración petrolera en la Amazonía Sur de Bolivia, afectando el territorio y a las comunidades del pueblo indígena Mosetén y Leco-Larecaja. Los planes a desarrollar también afectarán a los pueblos Chimán, Quechua-Tacana, Tacana, Ese Ejja, Toromona y Leco-Apolo, así como a colonias campesinas instaladas en el área y a poblaciones ribereñas como Rurrenabaque y San Buenaventura.

Esto fue verificado en el terreno por distintas comisiones de trabajo de la que forman parte varias organizaciones indígenas. Ya se ha iniciado la fase 1 de la exploración: se han instalado, al menos detectados, dos grandes campamentos (en Palos Blancos, Departamento de La Paz, y cerca de la comunidad Pukara, en el Departamento de Beni), abierto caminos de penetración, los vuelos de helicópteros son diarios e incesantes, lo mismo que las detonaciones, la parte más dramática del trabajo exploratorio, y con ello, la destrucción irreversible del medio ambiente, de los ríos y los bosques, de la flora y de la fauna, de la cual dependen las comunidades indígenas para la sobrevivencia de su modo de vida y su cultura.

Esta agresión evidente a todos los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía Sur de Bolivia está siendo realizada por una empresa petrolera cuyo origen es desconocido tanto para las organizaciones y pueblos indígenas como para la población boliviana en general.

A la vez, esta agresión nace del más absoluto desprecio por el derecho de consulta y el consentimiento previo de los pueblos indígenas que no fueron ni siquiera informados sobre los alcances y riesgos que trae aparejada la actividad petrolera.

Ese desprecio a los derechos humanos de los pueblos, incluye acciones de soborno a dirigentes de algunas organizaciones y comunidades indígenas, lo que agrava el cuadro de avasallamiento de las mismas, a pesar de que el propio Evo declaró que no se comprarían dirigentes como antes hacían las trasnacionales (La Razón, La Paz, 29/10/2008)

De allí, esta denuncia de carácter nacional e internacional para detener todos los atropellos ya anotados, de los cuales existen pruebas que ya no se pueden ocultar, y que es preciso condenar de la manera más enérgica, apelando a la solidaridad y a la movilización general de todos los sectores que luchan por una Amazonía para la Vida.

Evo debe decidir y actuar

Lo más increíble de todo esto es que esta agresión a los pueblos indígenas amazónicos se está verificando bajo el mandato del primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el compañero Evo Morales.

En ese marco, preguntamos y demandamos una explicación sobre la presencia de esta empresa petrolera yanqui en un área que se constituyen en la puerta de ingreso al resto de la Amazonía, territorio cuyo control y dominio es un objetivo estratégico de los norteamericanos, hecho que ya fue denunciado en innumerables ocasiones, incluso por el propio gobierno boliviano encabezado por Evo.

No entendemos cómo se acepta la presencia norteamericana cuando ha quedado demostrado por los últimos sucesos de Baguá, Perú, que esa presencia sólo conlleva muerte y genocidio para los hermanos indígenas. Los mismos intereses que representa Geokinetics en Bolivia (quien, a la vez, está instalada en el Perú) son los que han conducido a la masacre de Baguá. ¿Debemos llegar a ese extremo de violación de los derechos humanos para que la empresa petrolera yanqui salga de la región?

Aquí tampoco podemos callar que funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos boliviano han amenazado a los dirigentes indígenas con militarizar la zona, en caso que exista oposición a la exploración petrolera.

Preguntamos: ¿qué se esconde detrás de todo esto? Las informaciones públicas, conocidas hasta ahora, decían que la empresa a la cual se había concesionado los bloques petroleros de la selva era YPFB-Petroandina SAM, o sea una empresa mixta estatal boliviano-venezolana.

Ahora nos enteramos y denunciamos este sub-contrato con una empresa norteamericana que no sólo consideramos lesivo a la soberanía nacional sino que viola y burla el espíritu del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, por el cual el pueblo boliviano salió a las calles de las ciudades de El Alto y de La Paz a enfrentar al neoliberalismo en la llamada "Guerra del Gas" que ocasionó más de 60 muertos, en octubre de 2003.

Preguntamos: ¿esta es la nacionalización por la cual murieron nuestros compatriotas?

¿Por qué, en ese mismo marco, se da prioridad a un proyecto de también dudosa viabilidad técnica, sabiendo incluso que hace veinte años YPFB exploró la misma región (perforando el pozo Lliquimuni X1) y no se informó de ningún hallazgo significativo?

¿Por qué la política nacional de hidrocarburos no da prioridad a temas más urgentes como la separación de líquidos de los hidrocarburos que ya se exportan y por lo cual perdemos cientos de millones de dólares o exigen el cumplimiento de los 47 contratos a las transnacionales que siguen operando en territorio nacional?

¿Por qué esa obstinación y ese empecinamiento avasallador de personas y derechos de entrarse, a como de lugar, a la Amazonía?

Conscientes del daño ambiental irreparable que ya está empezando, tampoco podemos creer los cantos de sirena de la empresa yanqui, de Petroandina y de los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos cuando hablan de mitigar esos daños, cuando hace unos días se acaba de saber que el presidente de YPFB, Carlos Villegas, perdonó a la empresa trasnacional Transredes la deuda con el Estado y las comunidades indígenas del altiplano boliviano (La Paz-Oruro, año 2000) a raíz del mayor desastre ecológico de su historia ocasionado por el derrame de petróleo por la ruptura de un ducto a cargo de la referida empresa.

No entendemos cómo el compañero Evo que conoce de la agresión y las masacres perpetradas por la presencia norteamericana en la región del Chapare, a los cuales enfrentó como dirigente sindical durante veinte años en defensa de la hoja de coca, ahora pueda avalar la presencia de Geokinetics en la Amazonía. Preguntamos: ¿será que debemos enfrentarnos a los gringos, como él y las seis federaciones del Trópico de Cochabamba lo hicieron contra la DEA?

A la vez, no entendemos cómo el gobierno que más se ha hecho respetar contra la permanente ingerencia norteamericana en los asuntos internos de Bolivia, permita esta presencia yanqui en suelo boliviano.

¿Cómo entender que los mismos norteamericanos que han sido denunciados por las propias autoridades nacionales de conspirar para derrocar y asesinar a Evo y que han estado detrás de la Masacre de Porvenir, en Pando, donde murieron decenas de campesinos, y que ponía en marcha el Golpe Cívico-Prefectural contra el gobierno y para dividir Bolivia, ahora hayan iniciando un proceso de destrucción irreversible de los recursos naturales de la Amazonía Sur?

Por último, está claro que todo lo denunciado contradice la incuestionable labor de defensa de los derechos indígenas que nuestro presidente Evo Morales está realizando en el ámbito internacional, donde es valorado y respetado como un paladín en la defensa de esos derechos, como ya se demostró cuando Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elevar a rango de ley la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU o cuando, a propuesta del propio Evo, la referida ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.


 

Por esa misma Madre Tierra que ya está siendo agredida, contaminada y destruida, por esos mismos derechos de los pueblos indígenas que están siendo pisoteados, avasallados y desconocidos, es que imploramos a nuestro compañero presidente, en nombre de lo más sagrado, como es la defensa de la tierra y de la vida, es decir de la Amazonía, que ordene la inmediata suspensión de toda actividad petrolera exploratoria en los territorios indígenas y que expulse a Geokinetics para evitar que siga la destrucción y nuevos vejámenes a los derechos humanos y prevenir cualquier violencia.

No queremos otro Baguá, por culpa de las empresas petroleras, ni por la imposición de una visión desarrollista de explotación indiscriminada de los recursos naturales.

Queremos que se respeten los derechos consagrados y las leyes nacionales y convenios internacionales pero especialmente el paradigma de nuestro gobierno representado por el Vivir Bien, es decir vivir en armonía con la naturaleza, como vivimos siempre y como el hermano Evo proclama en los foros internacionales.

Queremos que se valoren, en ese marco, los esfuerzos de indígenas y campesinos amazónicos no sólo por preservar la vida y la naturaleza de la Amazonía, sino las opciones económicas viables que ellos impulsan, como la producción de castaña y cacao ecológico o el ecoturismo, que demuestran que el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad es el camino alternativo al modelo de acumulación basado en la extracción de recursos naturales no renovables, vigente desde la creación de la república y que ha amarrado al país a la pobreza.

En ese sentido, proponemos el debate ideológico y la reflexión consciente, y aceptamos el desafío propuesto por el propio compañero Evo Morales en la última reunión consultiva de la CIDOB de debatir, de manera abierta, franca y fraternal, estos temas y todo lo relacionado con el presente y el futuro de la Amazonía.

Un debate, urgente y necesario, que también Evo alentó con relación a la propuesta ecuatoriana, encabezada hoy por el propio Presidente Correa, de dejar el petróleo amazónico en el subsuelo, y exigir a cambio el pago de la deuda ecológica a los países industrializados, en el marco del debate mundial sobre los efectos y consecuencias del Cambio Climático.

 

Creemos que estas verdades deben ser escuchadas, que lo actuado por los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos viola todos los derechos de los pueblos indígenas y debería ser sancionado y que es preciso acabar con la presencia norteamericana en el territorio amazónico, más cuando ello sólo significa depredación ambiental, división social, degradación cultural y sometimiento a dictados de políticas que no responden a los verdaderos intereses de los pueblos.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88336

En consecuencia, estamos inmersos en disputas por territorios que significan e implican políticas económicas y concepciones ideológicas en antagonismo irreconciliable. Así debemos generalizar el esclarecimiento a quiénes. y cómo posicionarnos, enfrenta la nación Mapuche tanto en Chile como en Argentina. También sobre el imperativo de enfocar que necesitamos enfocarlo como la ofensiva del capitalismo e imperialismos contra pueblos originarios y autoorganizaciones populares que defienden sus territorios de los extractivismos.

 

Brasil: Caza al indio

17 de agosto de 2019

Decenas de indígenas son asesinados cada año en la Amazonia brasileña por invasores que buscan expulsarlos de sus tierras ricas en minerales. El último caso se produjo el 28 de julio cuando unos 50 “garimpeiros” apuñalaron hasta la muerte a un cacique de la etnia wajãpi. 

 

Por Daniel Gatti.

 

La política del gobierno de Jair Bolsonaro de “liberar” cada vez más zonas de la Amazonia a la explotación minera provocará, sin dudas, que la matanza aumente en intensidad.

El domingo 28 fue el turno Emyra Wajãpi, cacique de 68 años de la etnia wajãpi, atacado con arma blanca por decenas de mineros ilegales (“garimpeiros”) que después de asesinarlo tiraron su cuerpo a un río.

Los wajãpi son una de las alrededor de 120 etnias que viven en reservas en las zonas selváticas amazónicas desde que la Constitución de 1988 les otorgó protección y les asignó tierras supuestamente inviolables.

Son unos 1.300 y están concentrados en un territorio de 6.000 quilómetros cuadrados entre los estados de Pará y Amapá.

Hace tiempo que denuncian que los “garimpeiros” se mueven con cada vez mayor libertad en sus tierras y realizan ataques nocturnos contra sus aldeas y las de otros pueblos indígenas.

A decir verdad, a pesar de las protecciones otorgadas o arrancadas, los indígenas nunca han dejado de ser atacados.

Según el Consejo Indígena Misionero (CIMI), dependiente de la iglesia católica, en tres décadas –entre 1988 y 2018– 1.071 nativos han sido asesinados por “garimpeiros” o mercenarios a sueldo de empresas nacionales y extranjeras.

Y la Amazonia nunca dejó de ser violada. Entre 2006 y 2017 perdió cuatro millones de hectáreas de cobertura vegetal, según la ONG Global Forest Watch.

Deforestación y exterminio

Desde que bajo el gobierno de Michel Temer el Estado aceleró la apropiación de tierras indígenas para fomentar megaproyectos mineros o agrícolas, tanto una cosa como la otra (la deforestación y la desprotección de los pueblos nativos) han aumentado de manera exponencial.

Bolsonaro ya había advertido años antes de que llegara a la presidencia que algún día había que acabar con la “absurda” concesión de reservas a los indígenas y con las protecciones ambientales “ridículas” a la selva amazónica.

“Donde hay indios hay una gigantesca riqueza escondida”, dijo en 2017.

Lo reiteró en las últimas semanas. Y dijo más aún: las empresas, en su gobierno, tendrán cheque en blanco para arrancar a la tierra el oro, el manganeso, el hierro, el cobre que albergan. Y para plantar soja, of course.

Para ello hay que extirpar esas molestas e inútiles cosas verdes y marrones llamadas árboles. En junio último, el nivel de deforestación fue 88 por ciento superior que el del mismo mes del año anterior, de acuerdo a datos de organismos estatales.

Y también extirpar a los nativos, que “son tan pocos y tantos derechos tienen”.

La caza al indio ha sido prácticamente lanzada oficialmente.

Con Bolsonaro, dijo recientemente Dinamã Tuxá, coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, “se ha institucionalizado el genocidio”.

Mientras Emyra Wajãpi era acuchillado en Amapá, el presidente convocaba desde Brasilia a los “países del primer mundo, especialmente a Estados Unidos”, a asociarse con Brasil en la explotación de los recursos de la Amazonia.

Rel UITA

Más Noticias

Fuente: https://www.anred.org/?p=120418

 

 

Reflexionemos sobre qué Nora  Fernández nos propone  y posicionémonos respecto a:

 

 

 

Humanización,

remedio del parasitismo corporativo global

17 de agosto de 2019

Por Nora  Fernández (Rebelión)

 En nuestros tiempos la libertad se vende como democracia de libre mercado... libertad para que las corporaciones exploten a quien y lo que quieran, donde quieran y como quieran. Es el fin de la libertad de gente y naturaleza en todas partes.

La economía de libre mercado, una contradicción, que nos engaña haciéndonos creer que la desregulación de las corporaciones significa libertad para nosotros. Como la ilusión del crecimiento y la ficción de las finanzas han vuelto la economía volátil e impredecible, la ficción de la corporación-persona legal remplaza a los ciudadanos y hace la sociedad inestable e insostenible. Humanos, ciudadanos de la Tierra con obligaciones y derechos, remplazados por corporaciones sin obligaciones por la Tierra ni sus ciudadanos y con derechos sin límites para explotar ambos”.

(Vandana Shiva, Las mentiras de la democracia de libre mercado, 2011)

Lo que cada generación recuerda es manipulable. El poder escribe la historia, los medios de comunicación la construyen diariamente imponiendo perspectivas de lo real y lo ficticio, de lo que se dice y se silencia. El aporte crucial de pensadores independientes cuenta con limitado acceso. La lucha por un mundo mejor no ceja, pero nuestra conciencia sobre esa lucha puede manipularse. Michel Chossudovsky desnuda la globalización mostrando verdades que no encontramos en las noticias ni en los análisis de “expertos.” Los engañados son millones. Siempre es un esfuerzo válido desentrañar la verdad.

La globalización del robo

En los 1970s golpes de estado a proyectos democratizadores en Latinoamérica imponen regímenes y programas que nos vuelven al pasado en nombre del progreso. Odiar-a-la-mayoría se impone por ideología o fuerza. A partir de 1980 el Fondo Monetario Internacional (FMI) aplica al Tercer Mundo ajustes estructurales que empobrecen a millones. Les enseña en la carne que toda aspiración de justicia económica y social les será negada, impone el neoliberalismo. Frente a las avanzadas por justicia y futuro el poder contra-ataca con más opresión. Los ajustes del FMI desregulan el comercio, privatizan bienes y servicios públicos, imponen austeridad presupuestaria y bajos salarios, debilitan al estado y sepultan las aspiraciones de la población. Los ricos quieren un estado títere que frustre las avanzadas liberadoras en favor de un estado al servicio de los más, sea por procesos electorales (Guatemala 1951, Chile 1970) o revolucionarios (Cuba 1959). El modelo que se aplica al Tercer Mundo pronto se extiende al resto: los demonios escapan de la caja de Pandora. (2)

En tiempos de Reagan (1981-89) y Thatcher (1979-90) medidas de austeridad similares se imponen en el Primer Mundo, sin el FMI, con la excusa de controlar la inflación. La elevada deuda pública acumulada facilita a las elites financieras el poder de dictar políticas económicas y sociales, se llama “terapia económica.” Se deprimen los salarios, eliminan beneficios sociales y debilita el poder estatal. (2) Comienza el desmantelamiento del “Estado de Bienestar Social” que había asegurado mejor vida a sus ciudadanos y un modelo a seguir por otras naciones. El surgimiento del estado-papá, menos cruel con su gente con más derechos, evita la revolución de liberación mundial en la post-guerra. Pero en estos tiempos el estado-papá es carga y víctima fácil, tiene pocos defensores, ha frustrado las aspiraciones de la izquierda y la derecha lo odia tanto como al socialismo. La despolitización y la ideología sepultaron las luchas y los luchadores que lo hicieron nacer, el resto cree que fue resultado del “progreso.”

Desregulación, privatización, presupuestos austeros y la “liberalización” del comercio son ideología dominante, mantra que se repite bloqueando todo desafío. La meta es que la nación pierda soberanía económica, control sobre su política fiscal y monetaria, su banco central y su ministerio de finanzas. La reorganización es drástica y se impone desde arriba desmantelando instituciones estatales para imponer el tutelaje económico del gobierno paralelo de los ricos que pasa por encima de la sociedad civil. (2) Ideólogos de medias verdades son elegidos para implementar el esquema de las elites financieras. Hoy lo llamaríamos “golpe blando” al estado. No puede sorprendernos que desde entonces votamos sin que cambie nada, gobiernos con similar agenda y tutelados por las elites financieras.

Los programas de “ajustes estructurales” y las “terapias económicas” dañan a la población; el miedo a que reaccionen favorece la creación de aparatos de seguridad interna y de inteligencia militar tanto como el aumento de la represión política. En América Latina, y en el mundo, los ajustes se implementan por las buenas o por las malas -con control ideológico y partidos políticos entreguistas o con golpes militares y dictaduras, siempre con la colusión de élites locales. Si el FMI mata con hambre el aparato represivo lo hace con tortura y balas. Los pueblos resisten: en Caracas (1989) durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez son asesinadas 276 personas en las calles según dato oficial y más de 2000 de otras fuentes. Hay levantamientos similares en Tunez (1984), Nigeria (1989), Marruecos (1990), México (1993) y en Bolivia (2000) caen los gobiernos que intentan privatizar el agua. Es un genocidio económico, un colonialismo de mercado que destruye economías nacionales estableciendo regímenes represivos contra la población que los resiste. (2)

Modelo: evolución y fases

Es un modelo en “evolución” que desde la inauguración de la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1995) une al FMI y al Banco Mundial (BM) para incluir los derechos de propiedad intelectual en su agenda lo que facilita a corporaciones multinacionales la penetración de mercados locales que extiende su control global. OMC es un cuerpo intergubernamental totalitario instalado en Génova y apoyado por la ley internacional para controlar políticas económicas y sociales de cada país que existe en completa violación de la Carta de las Naciones Unidas – en particular de la Organización Internacional del Trabajo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Los países miembros de la OMC están obligados a poner en moratoria, o rescindir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No más derechos para el hombre ni la mujer. Hoy hay países que se niegan a firmar los derechos del niño. (2)

La primera fase de la aplicación del modelo incluye la destrucción de las monedas de los países y su devaluación frente al dólar, seguida de la dolarización y de salarios que no se ajustan a los aumentos de precios: empobrecen a la población como la guerra. La segunda fase incluye la liberalización del comercio (en favor de la exportación), la reforma impositiva en favor del mercado externo (impuestos al valor agregado, y similares), la privatización de la tierra (agrícola), el reciclaje de dineros sucios (ilegales) y negros (no declarados) para el pago de la deuda porque favorece a los acreedores. Hay programas de alivio a la pobreza que la reproducen y un foco en el “buen gobierno” que favorece instituciones parlamentarias sin poder y elecciones multipartidarias huecas. Son “condicionalidades” para nuevos préstamos. (2)

El estado y los colapsos

En los 1980s montos enormes de deudas de corporaciones y bancos comerciales son absorbidas por el estado, que compra incluso empresas quebradas aumentando la deuda pública. Muchos subsidios del estado se usan para financiar mega-fusiones corporativas (monopolios), tecnología para abaratar costos laborales y re-locaciones empresariales a otros países. Reformas de impuestos regresivas aseguran que los ricos paguen menos o nada y evadan ganancias no declaradas en paraísos fiscales. El tesoro de los EEUU queda en manos de bancos comerciales: bancos centrales privados prestan dinero al estado –aunque este es el único legítimo creador de dinero y no tiene por qué pagar intereses. Los bancos de reserva, en manos de un manojo de bancos privados poderosos, dominan la política monetaria del país y otras naciones y manipulan sus tasas de interés -crean dinero y deciden cuanto se paga por él. La caída de la libra esterlina (1992) muestra el poder de estos bancos. Hay consenso respecto de políticas macro-económicas porque los elegidos a altos puestos políticos son marionetas de los financistas que deciden estas políticas y aplican las que más los beneficia. Se establece un círculo vicioso de financistas que se involucran en la política y de políticos retirados en las finanzas. Peter Sutherland (ex jefe de OMC) trabaja con Goldman Sachs y Nicholas Brady (ex Secretario del Tesoro de EEUU) se retira para dedicarse al lucrativo negocio de los paraísos fiscales. Nadie grita fraude o corrupción. (2)

Entre 1987 y 1998 varias economías caen en crisis, México (1994-95) y Asia (1998) y hasta Wall Street (1987, 1997) pero la desregulación aumenta. En 1999 Clinton pasa el Acta de Modernización Financiera y termina con las regulaciones que reinan desde 1930, incluso Glass Steagall (1933). El supermercado financiero global queda en manos de Wall Street -el zorro en el gallinero-. La especulación financiera y acumulación de riqueza en las finanzas aumentan. Al mismo tiempo la economía real de EEUU sufre y se achica. El mundo occidental lo sigue. La pobreza y los bajos salarios alimentan la especulación financiera, que a su vez aumenta el empobrecimiento de la población. Pero el discurso neoliberal cuenta cuantos viven con 1 o 2 dólares diarios tratando de convencernos de que el agio neoliberal ha “liberado a los pobres.” La prensa, la televisión, el cine ignoran a la población, nos muestran ricos celebrando su “época dorada.” La mayoría, apabullada por la propaganda, no entiende el dominio rentista. (2)

Parasitismo rentista en EEUU y el mundo

En una economía rentista, explica Hudson, individuos y sectores enteros de la sociedad cobran gravámenes por propiedades y privilegios que han obtenido históricamente como herencia. El parasitismo extrae renta, los rentistas reciben dinero pero no producen nada. Es una forma destructiva de explotación que antes identificaban la mayoría de las naciones, regulándola, gravándola, manteniéndola en el dominio público para controlarla. En los últimos años y en forma sistemática, la economía parasitaria es desregulada: el uno por ciento más rico captura casi todo el crecimiento en riqueza. Esto sucede más marcadamente desde el golpe del 2008, cuando Obama decide salvar a los bancos y dejar morir la economía real. La sociedad queda endeudada a ellos, que han usado su riqueza y sus reclamos crediticios para ganar control total del proceso electoral, gobierno, poder judicial y escuelas de negocios y expertos, que los presentan como esenciales a la economía aunque son carga inútil. (3)

La historia, explica Hudson, muestra tendencias al parasitismo en conquistadores, colonizadores y privilegiados que maniobran para apropiarse de los frutos del trabajo y de la industria de la sociedad entera. El sector financiero ha tomado el poder en occidente por eso la mayoría de los ciudadanos viven apenas y pagando servicios de deuda mientras sus acreedores se enriquecen. La meta es maximizar ganancias no minimizar costos (de calles, electricidad, agua, transporte, bienes). En manos de los financistas el costo de vivir se eleva endeudando en todas partes a la población y sus gobiernos. El endeudamiento le da más poder a los financistas que pueden con mayor facilidad imponer reglas que los enriquecen más y aumenta aún más su poder. (3)

Desde el feudalismo hay una larga historia de lucha contra los rentistas pero los neoliberales los volvieron a imponerlos como “necesarios” con su ficción de “libre mercado.” En esencia la economía neoliberal sostiene que toda ganancia es legítima y que los precios de mercado, no importa cuánto de inflados, reflejan un valor real. Esto es falso pero asegura enormes ganancias y poder a los financistas. Los bancos que aumentan su capital prestando, prestan a monopolios y empresas constructoras y al hacerlo agregan costos financieros al precio real y encarecen el costo de vida.

Los intereses sobre dineros prestados aumentan por obra y magia del interés compuesto que extrae ganancias exponenciales, pero también porque los bancos tienen que cubrir gastos por los riesgos que toman prestando a quienes saben muy bien no podrán pagar. Cuando los bancos dominan al gobierno los riesgos no lo corren ellos, se los pasan a la sociedad toda. El endeudamiento de la sociedad aumenta más rápido que su habilidad de pagar y este proceso destruye la economía real al tiempo que infla y empodera a la especulativa.

¡El mundo debe 3,5 veces el tamaño de su economía! Sentados sobre una burbuja, y habiendo experimentado varios colapsos financieros, cada uno mayor que el anterior, se hace obvio que ha estamos en tiempos de regular. Los gobiernos tutelados no pueden, manejados como son por financistas y élites. (3)

En la naturaleza toda relación parasitaria implica simbiosis; los parásitos tienen que contribuir de alguna forma a la supervivencia de su anfitrión, hay balance. En la economía neoliberal la simbiosis en la relación no existe –el parasitismo se apropia de entradas necesarias para la supervivencia de su anfitrión, lo debilita, aumenta su vulnerabilidad y eventualmente lo mata. Es grave. No hay más opción que terminar con el parasitismo antes de que termine con nosotros.

Escapando del nuevo feudalismo

No podremos salir de este enredo sin entenderlo, como dice Hudson el demonio gana cuando nos convence de que es producto de nuestra imaginación. Hay que identificar culpables -bancos, compañías de seguros, corredores de bolsa y aseguradores, y saber que toda la economía no productiva aumenta los costos de la productiva y la ahoga. Los banqueros inversores de Wall Street y quienes manejan los fondos de cobertura y alto riesgo, los que atrapan compañías y las vacían robándose sus fondos de pensión, los dueños de viviendas y espacios que cobran rentas exorbitantes y los monopolistas que aumentan el costo a los consumidores por encima de los de producción son el problema. (3)

La guerra económica es una guerra. Los rentistas hacen la guerra encubiertamente porque saben que la riqueza obtenida del agio es más cuestionable que la obtenida de la producción -la primera pesa sobre la sociedad entera, la segunda pesa en diferentes grados sobre trabajadores explotados. El parasitismo engaña, controla paralizando mecanismos de defensa, negando y cubriendo sus ataques. En EEUU, dice Hudson, la política económica tiene que cambiar: aceptar que hay deudas impagables y condonarlas, imposibilitar préstamos irresponsables, cobrar impuestos sobre la renta económica y aumentar impuestos a las ganancias, crear una opción bancaria pública y financiar déficits presupuestarios a través del banco central, mantener monopolios naturales en el dominio público y proteger la ciudadanía. Proteger a la gente es necesario, nos dice, no porque sea lo justo sino porque hacerlo disminuye el costo de producir y favorece el desarrollo de la economía real. En esto Hudson se limita, proteger a la gente es crucial por justicia. Humanizarnos es clave para evitar volvernos esclavos de la producción.

La economía parasitaria dominante ahoga la economía real que nos sostiene y deshumaniza lo humano en la Tierra contribuyendo a la destrucción misma del planeta y su vida toda. La economía parasitaria le quita valor al mundo real natural que nos cobija y rodea y a los hombres, mujeres, niños y seres vivos que habitamos el planeta. No alcanza, y es deshumanizante, pensar en mejorar la situación de los presos políticos si no pensamos en mejorar la situación de todos los presos. Tampoco sirve plantearse salvar la economía real si no trabajamos hacia una economía humanizada y al servicio de los seres humanos, no una que nos supedite a ella. Hay urgencia en terminar con el parasitismo. Hay urgencia en proteger a la naturaleza, nuestro hogar, cuya destrucción implica la destrucción nuestra. Es fundamental proteger y desarrollar nuestra humanidad, esencial en nuestra existencia y básica si hemos de desarrollar las capacidades que nos hagan posible superar los desafíos que nos depara el futuro, no tan lejano. 

 

Bibliografía:

1. Vandana Shiva, The lies of free market democracy (Las mentiras de la democracia de libre mercado), 2011.https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/20111112135744718390.html

2. Michel Chossudovsky, The Globalizacion of Poverty and the New World Order (La Globalizacion de la Pobreza y el Nuevo Orden Mundial), Segunda edición, Global Research, 2003.

3. Michael Hudson, Killing the Host. How financial parasites and debt bondage destroy the global economy. (Matando al anfitrión. Como los parásitos financieros y la esclavitud de la deuda destruyen a la economía global.) ISLET, 2015.

https://www.amazon.com/Killing-Host-Financial-Parasites-Bondage/dp/3981484282 

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=259445

 

 

Valoremos que la humanización del modo de vida y sociedad-mundo arranca de nuestros arraigos territoriales y profesionales.  Constatemos en el poder judicial:

 

 

Conflictos socioambientales y

jurisdicciones ambientales

3 de agosto de 2019

Por Fernanda Sánchez Jaramillo (Rebelión)

 “El derecho es aplicación más que norma. Cuidado con inmovilizarlo en un mandato, más aún si el mandato encuentra su propia inmovilización en un texto; cuidado con la regla jurídica que deviene y queda en texto impreso. El riesgo probable está en su alejamiento de la vida”

(Paolo Grossi)

 

El extractivismo fue motor del desarrollo en los dos planes de desarrollo del ex Presidente Juan Manuel Santos, Prosperidad para todos 2010-2014 y Todos por un nuevo país 2014-2018.

Pero estas directrices económicas generaron una confrontación entre este modelo de desarrollo y las comunidades campesinas, afro e indígenas y los activistas quienes se resisten a este.

Sentencias como la del río Atrato, el río Amazonas, el río Cauca, el Oso chucho y Cerromatoso son el reflejo de esa tensión creada entre dos derechos: desarrollo y ambiente sano. De igual manera, estas decisiones evidencian el reto que enfrentan los jueces, de la Corte Suprema y la Corte Constitucional al intentar resolver esos conflictos.

Múltiples conflictos socio ambientales en el mundo hacen pensar si es necesaria y conveniente una jurisdicción ambiental para responder ante las disputas territoriales que enfrentan a comunidades, empresarios, nacionales y extranjeros, y gobiernos.

En muchos departamentos de Colombia hay conflictos ambientales en curso1, debido a la diferencia en sus concepciones sobre la naturaleza, el ambiente y el concepto de desarrollo.

Esto se refleja en sentencias tales como la STC4360 del 5 de abril de 2018, T-622 de 2016, T-45/ de 2016, STL12651 de 2017, T-733 de 2017, entre otras. En esas decisiones se encuentran diferentes nociones acerca del derecho ambiental, la justicia ambiental, el ambiente.

Para la abogada Joséphine Marie Frochisse derecho ambiental es: “el conjunto de principios y normas jurídicas que tienen por objeto la preservación, la conservación y el mejoramiento del ambiente (natural o construido) dentro y fuera de los límites territoriales de los estados. Este derecho se basa en el concepto de un derecho preventivo, que permite actuar antes de que se cometa un acto que pudiera afectar al medio ambiente, se trata de un derecho principalmente funcional e instrumental2”.

Mientras que la justicia ambiental en términos generales es: “la "búsqueda de la justicia equitativa y la protección igual bajo todas las leyes y reglamentos en materia de medio ambiente, sin discriminación con base en la raza, el origen étnico y/o la condición socioeconómica3”.

Se observa entonces el papel importante de esta rama del derecho en la materialización de la justicia ecológica a favor de las generaciones presentes y futuras.

Javier Gonzaga, académico de la Universidad de Caldas, plantea que el derecho ambiental propuso nuevas instituciones y formas jurídicas a través de las cuales se describen maneras novedosas de relacionamiento entre el ser humano y la naturaleza.

Si la justicia ambiental permite concretar el derecho al ambiente sano se plantea la pregunta de sí una jurisdicción ambiental garantizaría que esta se aplique a través del juez ambiental especializado.

Tribunales y jurisdicciones ambientales

En la actualidad, algunos países -en diferentes continentes- cuentan con tribunales para resolver conflictos de carácter ambiental. En Latinoamérica, por ejemplo, Costa Rica cuenta desde el 4 de octubre de 1995 con un Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Sus funciones son, entre otras, prevenir, establecer, compensar y sancionar por daños al medio ambiente a través de los procedimientos contenidos en la Ley General de la Administración Pública.

Entre tanto, en Brasil tras la reforma de la Constitución en 19884, la protección ambiental fue muy estimulado y después de la creación del Consejo Nacional del Medio Ambiente, adquirió más relevancia la responsabilidad por daño ambiental con la Ley 9605 del 12 de febrero de 1998.

Brasil cuenta además con una Corte Superior de Justicia que aplica una hermenéutica ambiental en casos en que enfrentan al ambiente sano con cualquier otro derecho; adicionalmente se imponen el principio de no regresividad, el principio de la función ecológica de la propiedad, el principio de protección de la diversidad e in dubio pro natura5.

Las decisiones tomadas, hace algunos años, en famosos casos6 demuestran un trabajo hermenéutico riguroso de los jueces para proteger efectivamente el ambiente:

En opinión de algunos académicos, Brasil ha hecho destacados avances en la comprensión de las cuestiones ambientales y en su legislación, en ese contexto la Corte Superior de Justicia ha tenido un papel clave para interpretar y superar retos en materia legislativa ambiental.

Pero esos aciertos en decisions jurisprudenciales son empanadas ahora por las decisiones tomados por el actual gobierno de Bolsonaro y que atentan contra la Naturaleza, pero también contra ese rol destacado de la legislación y la jurisdicción en material ambiental.

Por su parte, Venezuela cuenta con una Ley Orgánica del Ambiente que establece el manejo de las actividades que pueden dañar al ambiente y Ley Penal Ambiental, pero la protección efectiva del ambiente quedó en entre dicho con la puesta en marcha del proyecto del Arco Minero del Orinoco duramente criticado por ambientalistas del país7.

Entre tanto, en México hay autoridades ambientales a nivel federal y local. El Gobierno Federal cuenta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con una delegación en cada estado. La Procuraduría General de la República (PGR) tiene una Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente8. Allí no existen tribunales dedicados a resolver cuestiones ambientales.

En Canadá, no hay un Tribunal Ambiental nacional, pero la provincia de Ontario tiene el Environmental Review Tribunal9. Además, en ese país la mediación, mecanismo alternativo de solución de conflictos, es utilizado para dirimir estos conflictos.

También en China existen 130 cortes ambientales creadas entre los años 2000 y 2013, pero la finalidad de estas cortes es cuestionada por Rachel Stern 10 quien sostiene que estas no representan un empoderamiento de los jueces sino que trabajan de forma alineada con los intereses gubernamentales y su agenda.

En Nueva Zelanda y Australia cuentan con tribunales ambientales. Nueva Zelanda tiene la Corte del Medio Ambiente11 creada en el marco de “Resources Management Amendment Act” de 1996 y, en Sidney, Australia funciona el Tribunal Ambiental de Tierras y Medio Ambiente.

En Suecia disponen de cinco Cortes Ambientales cuya función principal es la aplicación del Código Ambiental mientras que en Colombia, al igual que en México existe una estructura nacional y regional en la materia ambiental, pero no hay tribunales ni cortes ambientales, en consecuencia, no hay jurisdicción ambiental pese a que esta ha sido propuesta desde hace muchos años.

En el año 1979 Miguel Patiño, Germán Rojas y Carlos Ruiz en su libro Derecho ambiental colombiano reflexionaron sobre la necesidad de crear la jurisdicción ambiental. En su concepto, el desarrollo del derecho ambiental se justifica por la necesidad de resolver los problemas creados como consecuencia de la alteración del ambiente, el deterioro del planeta y la afectación de la calidad de vida.

Afirmaron los investigadores: “Este tipo de jurisdicción especializada sería muy útil por el acervo doctrinario que van formando el fondo de sus fallos y decisiones, y sería la mejor contribución a un derecho nuevo, ya que constituiría un adecuado canal de expresión de su doctrina y de sus principios más esenciales y de la forma como estas se deben aplicar a situaciones concretas y subjetivamente consideradas12”.

El juez ambiental

Pero incluso teniendo una jurisdicción ambiental en Colombia su eficacia y legitimidad serían cuestionadas, como lo fue la Corte Constitucional con algunos de sus fallos sobre las Consultas Populares, entre otros.

¿Y por qué sucedería esto? Porque se evaluarían las decisiones con base no solo en sus fundamentos sino en quiénes las toman.

Y es que ser juez demanda no solo conocimiento de la materia sino virtudes como la independencia, congruencia e imparcialidad. La imparcialidad necesita de la independencia, y a su vez, la imparcialidad es presupuesto de la equidad.

“El juez para ser imparcial tiene que carecer de una presión externa –como suelen ser la circunstancia política o las amenazas- que no mediaticen la rectitud de su ánimo13”, sostienen Grande, Almoguera y Jiménez en su libroÉtica de las profesiones jurídicas.

En Colombia algunos jueces son cuestionados debido a sus afinidades con ciertos sectores económicos como es el caso del magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Cantillo quien ha tenido que declararse impedido en algunas decisiones sobre asuntos mineros14 por declaraciones que ha hecho en el pasado y en las cuales tomó postura a favor del empresariado.

Según Christopher Larkins: “La independencia judicial hace referencia a la existencia de los jueces que no son manipulables para lograr beneficios políticos, que son imparciales respecto de las partes y que forman parte de una organización judicial que como institución tiene el poder de regular la legalidad de las acciones gubernamentales, impartir una justicia “neutral” y determinar los valores constitucionales y legales importantes15”.

Pero además de la ética, obviamente necesaria, surge otro interrogante: ¿están los jueces preparados para garantizar la protección efectiva del ambiente?

José Luis Serrano, ex académico de la Universidad de Granada (España) en su libro Principios de derecho ambiental y ecología jurídica reflexionó sobre un problema relevante e inaplazable: revisar la forma en que los jueces toman decisiones en asuntos ambientales.

Serrano describió los principios de la ecología jurídica, entre ellos la teoría de la bi-condicionalidad; ecología política y ecología jurídica. La ecología jurídica es presentada como una teoría jurídica basada en la concepción de validez y la eficacia como categorías distintas.

La ecología jurídica, explica el autor, se refiere a la teoría de la complejidad del sistema jurídico, una aproximación teórica cuyo problema central será el de la desviación entre modelos normativos (tendencia esencial ecologista y las prácticas, o praxis operativas, tendencia anti-ecologistas).

Serrano indica que: “esta nueva ecología jurídica deberá su misma posibilidad a la nueva mirada ecológica sobre la vieja teoría general del derecho” y al reconocimiento de la relación bicondicional entre derecho y ecología.

Cobra importancia su tesis sobre la relación de bicondicionalidad entre el derecho y la ecología ya que: “Los sistemas jurídicos ambientales son, producto resultante de una determinada dinámica histórica de la relación entre formaciones sociales y los ecosistemas y del sistema jurídico (en la medida en que interviene sancionando conductas y creando tolerancias16”.

Al igual que el derecho ambiental es una herramienta que interviene para mediar entre los sistemas naturales y los sociales; la ecología, como paradigma, enriquece el derecho aportándole elementos metodológicos para su “refundación”.

La crisis ecológica actual demanda de los iusambientalistas despojarse de viejas ideas exegéticas para responder a las graves encrucijadas y problemáticas de la Naturaleza.

Más allá del derecho petrificado

De consolidarse una jurisdicción ambiental deberá superar la dogmática legalista formalista estrecha que impide ver más allá de la norma y que excluye otros elementos y sujetos como fuentes de producción jurídica al momento de decidir.17

Es decir que deberían considerase entonces las personas y entidades que en nombre de la Naturaleza, ríos, valles, animales, han presentado sus reclamaciones en los estrados judiciales a veces con éxito y a veces sin él.

De crearse la jurisdicción esta debe superar esa concepción estrecha, petrificada, autoritaria, servil y excluyente del derecho desprenderse de viejos mitos.

Paolo Grossi critica en Mitología de la modernidad el papel del jurista: “El jurista, tanto doctor como práctico, primera víctima de la operación política que le sometió a una total expropiación, quedó convencido, aceptó las cadenas de una pasividad completa. La víctima aceptó el papel modesto que le fue impuesto por su perseguidor y accedió a colaborar en perfecta subordinación18”.

E insiste en reclamar para el derecho una concepción más amplia, fresca y cercana a la realidad social. “El derecho no es y no puede ser la realidad simple y unilateral que pensaron nuestros antepasados del Siglo XVIII (…) Nuestros antepasados lo pensaron en el Estado y para el Estado, y de esa manera lo sometieron a un radical empobrecimiento. Respecto del conjunto de la sociedad, el Estado como aparato, como indispensable aparato de poder, constituye una cristalización; además el Estado, por varios buenos motivos, es construido como persona por la iuspublicística decimonónica y como tal separado de la sociedad ”.

Grossi es incisivo al cuestionar los fundamentos de esa mirada reduccionista del derecho y, dentro de ella, el papel del jurista por más calificado que sea: “Pensar el derecho como norma (y por ello obviamente como sanción) significa continuar concibiéndolo como poder porque significa cristalizar y agotar toda la atención sobre el ordenamiento en el momento en que el mandato se produce y manifiesta19”.

Esto se refleja en algunos de los fallos de las Cotes colombianas donde el poder del Estado y el empresariado prevalecen. Por ello fallar observando al pie de la letra la norma y desconociendo la realidad cambiante es un ejercicio estéril si se piensa en la máxima protección del ambiente y a través de este del bien común.

“En suma remitirse a la norma y al sistema de normas significa también invocar el camino de la separación entre mandato y vida, entre un mandato que se agota y se concluye en un texto y se agota en el texto y la vida que cambia y que continúa a pesar del texto y contra el texto20”, añade Grossi.

En cambio, asumir el derecho como ordenamiento jurídico invita a reconocer su complejidad y riqueza, a permitir que otros sujetos –movimientos sociales, pueblos originarios, afro, campesinos, mujeres- se conviertan en fuentes de producción jurídica y que sus visiones del mundo sean tenidas en cuenta al momento de decidir en favor de la Naturaleza, que casi siempre plantean en esos fallos como la tensión, creada por el sistema imperante, entre ambiente sano y desarrollo”.

¿Podrá la creación de una jurisdicción ambiental resolver este dilema? Esta es una pregunta difícil de responder si se tiene en cuenta que con base en algunos de los casos como en Costa Rica y China no siempre estas jurisdicciones garantizan la protección efectiva del ambiente.

Y debe desaparecer la idea de que el derecho solo se hace mediante leyes y que solo el legislador es sujeto iusproductivo capaz de transformar todo en derecho casi como un rey de Midas de nuestro tiempo (…) la exigencia es una sola quitarle a la ley su papel totalizador y socialmente insoportable que la era burguesa le ha otorgado21”.

Notas: 

1 https://www.elpais.com.co/colombia/es-el-segundo-pais-del-mundo-con-mas-conflictos-ambientales.html

Ver también: https://es.mongabay.com/2018/01/los-desafios-ambientales-colombia-ano-2018/

2 Frochisse, Joséphine. Tribunales ambientales. http://ceja.org.mx/IMG/pdf/Tribunales.pdf

3 Ibídem.

4 Artículo 225 párrafo tercero de la Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988. Que refiere: “Las conductas y actividades consideradas lesivas al medio ambiente sujetarán a los infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, independientemente de la obligación de reparar los daños causados”.

5 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-70552017000300029

6 Brasilit v State Public Prosecutor’s Office of Rio de Janeiro, MORATO LEITE, José Rubens; BORATTI, Larissa. Constitutional Environmental Protection in Brazil: Context, Legal Design and Jurisprudence (Protected Areas).7TH GERMAN-BRAZILIAN SYMPOSIUM.Heidelberg, 2015. Anais.. 2015.

7 Documento sobre el arco minero y los pueblos indígenas).

www.redalyc.org/pdf/712/71246377013.pdf

8 https://www.gob.mx/profepa y semarnat)

9 http://elto.gov.on.ca/tribunals/ert/about-the-ert/

10 Stern, Rachel, The China journal. No. 72. July 2014.

11 http://www.justice.govt.nz/environment/home.asp)

12 Patiño, Miguel, Rojas Germán y Ruiz Carlos. Derecho ambiental colombiano. Universidad Santo Tomás. Editora Guadalupe, Bogotá, 1979. Página 15.

13 Grande, Miguel, Almoguera Joaquín y Jiménez Julio. Ética de las profesiones jurídicas. Editorial Desclee, Bilbao 2006. Página 126.

14 Magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien en el Congreso de la Gran Minería de Cartagena en mayo de 2017 manifestó que “el sector minero requiere de incentivos positivos para el desarrollo de sus actividades en los territorios y que frente al tema de la seguridad jurídica del sector extractivo la Corte Constitucional ha generado excesos al reconocer los derechos de las comunidades”. De manera literal el magistrado plantea que con la nueva corte el “tema va a volver a un cauce natural en la medida que la mayoría de los nuevos elegidos son (…), gente digamos más sensata y menos progresista”, Leer
Ver también: 
https://colombiapuntomedio.files.wordpress.com/2018/04/transcripcic3b3n-alejandro-linares-corte-constitucional.pdf

15 Malem, Jorge. La corrupción, aspectos éticos, económicos y jurídicos. Editorial Gedisa. Barcelona, 2002. Página 151.

16 Serrano, José Luis. Principios de derecho ambiental y ecología jurídica. Editorial Trotta, 2007. Página 127.

17 ¿Cómo se entienden estos conceptos? Nino los explica de esta manera: Positivismo es el voluntarismo jurídico, el derecho concebido como un acto de potestad, y en segundo lugar, aquella visión de lo jurídico que mira solamente a lo exterior fenoménico y sensible, y que renuncia a observar lo nouménico** e inteligible.

Legalismo: es la identificación reductiva del derecho con la ley, resultado de la expropiación nacionalizadora que el Estado ha hecho de este, convalidada por la propia ciencia jurídica la cual reduce sus propios contenidos estrictamente al derecho positivo legislado vigente, y suprime, por otra parte, la validez de las demás fuentes jurídicas, a las que concede la iurisferencia*, o si acaso les reconoce alguna, se trata de una virtualidad subordinada que se ejerce por delegación expresa y, en todo caso, secundum legem. Legalismo es también la visión según la cual juridicidad es identificada con legalidad, con el consecuente empobrecimiento del derecho y su sujeción subordinada a la voluntad del Estado, así como la concepción del derecho desde una perspectiva política, donde la estabilidad privada de las costumbres y la jurisprudencia cede a la contingencia y sentido de oportunidad de las leyes como actos propios del imperium del Estado, a merced de la voluntad de la clase gobernante y sus criterios de conveniencia .

Finalmente, entiende Pampillo por formalismo la visión según la cual el derecho se agota en una forma legal positivizada, que por responder a una voluntad efectiva y formalizada se inviste de obligatoriedad jurídica. Nino, Carlos. Ocho lecciones sobre ética y derecho. Siglo veintiuno editores, 2013. Página 150.

18 Grossi, Paolo. Mitología jurídica de la modernidad. Editorial Trotta, 2003. Madrid.

19 Ibídem.

20 Ibídem.

21 Ibídem.

Fernanda Sánchez Jaramillo. Comunicadora social y periodista, magíster en relaciones internacionales. Este texto es avance de un capítulo de la monografía de grado en derecho.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=258964

 

 

Alternativas emancipatorias

 

 

Estamos en caminos emancipatorios si apreciamos como objetivo compartido con los pueblos originarios del Abya Yala: promover la creación de buenos vivires por cada pueblo, nación y comunidad. Sigamos aprendiendo de los pueblos originarios del Abya Yala: para establecer alternativas emancipatorias cuya puesta en práctica nos demuestran desde México.

 

México. Consejo Nacional Indígena:

la rebeldía indígena alcanza 24 estados

 

Zósimo Camacho / Resumen Latinoamericano / 7 de agosto de 2019

La lucha indígena anticapitalista se extiende por el territorio nacional. La oposición de izquierda a la “cuarta transformación” suma cientos de comunidades de 179 municipios de 24 estados. El CNI reitera que su lucha es pacífica, aunque sus territorios ya estén en disputa y bajo fuego de paramilitares.

 

·        Suman 89 las naciones, tribus y pueblos indígenas –con cientos de comunidades– adscritas al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y al Congreso Nacional Indígena (CNI).

Un documento del propio CNI, Regiones del Concejo Indígena de Gobierno. Distribución preliminar, da cuenta del crecimiento de la organización indígena anticapitalista en los albores del nuevo sexenio. Hoy tiene presencia en 179 municipios de 24 estados de la República Mexicana. Es el movimiento de los pueblos indios más numeroso desde la Revolución.

Que haya crecido en los últimos meses y años es natural, a decir de Gilberto López y Rivas, doctor en antropología por la Universidad de Utah (Estados Unidos) y maestro en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Explica que los procesos de despojo contra los pueblos indígenas se han agudizado y las comunidades han tenido que fortalecer sus resistencias apoyándose mutuamente. Argumenta que la lucha de los pueblos es profundamente anticapitalista, porque es precisamente el capitalismo el que les está despojando de sus montes, sus aguas, sus minerales. Para ellos, su oposición al sistema es un asunto de supervivencia, asegura.

Cristian Chávez González, integrante de la Comisión de Coordinación del CNI, detalla las razones del crecimiento de la organización en los últimos meses. Explica que en años previos el Congreso había suspendido sus reuniones porque las comunidades apenas estaban entendiendo qué era lo que estaban enfrentando por primera vez: una extrema violencia ejecutada por grupos armados estatales (corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno y Fuerzas Armadas) y no estatales, de manera descatada entre estos últimos, el narcotráfico.

“Cambiaron los paradigmas de la lucha, de los perpetradores de las violaciones a derechos humanos, de los saqueos, de los despojos, de las represiones. Al interior de los pueblos que conforman el CNI, y ahora el CIG, estaba ocurriendo una reorganización; se estaban rearticulando ante una nueva situación para la que nadie, ni en lo colectivo ni en lo individual, estaba preparado.”

Ahora que han entendido lo que está ocurriendo, los pueblos, tribus y naciones vuelven a reunirse periódicamente para seguir construyendo su organización nacional y acelerar la articulación de respuestas y resistencia.

Las incorporaciones de las comunidades al CNI y al CIG no son sólo declaratorias de adscripción. Los pueblos, tribus y naciones indígenas que se suman al CNI y al CIG profundizan sus resistencias, fortalecen sus gobiernos propios y construyen, de acuerdo con el contexto de cada comunidad, estructuras autonómicas. La confrontación con el Estado mexicano no es uniforme. Según los medios con los que cuenten, hay comunidades que mantienen cooperación con las autoridades formales de los tres niveles de gobierno. Otras han roto cualquier tipo de contacto y mantienen una resistencia total.

“Estar en el CNI es para nosotros la manera de conseguir nuestros sueños y reivindicar nuestros derechos de tener nuestra propia manera de gobernarnos y de decidir sobre lo que queremos hacer. Muchas de las comunidades ya tienen sus propias organizaciones desde antes, pero el CNI es nuestra casa grande”, dice el concejal me’phaa del CIG Amador Cortés Robledo, quien también es integrante del Cipo-EZ (Concejo Indígena y Popular Emiliano Zapata), cuyas comunidades de la Montaña baja de Guerrero están bajo asedio de los grupos narcoparamilitares Los Ardillos y Los Rojos.

Las entidades con mayor número de comunidades integrantes del CNI son Oaxaca, con pueblos de 46 municipios; Chiapas, de 23; Guerrero, 16; Veracruz, 15 y Puebla, 11 municipios. Le siguen Yucatán, nueve; Sonora, ocho, Chihuahua y Estado de México, con comunidades de siete municipios cada una; Jalisco, cinco, y Baja California y la Ciudad de México con cuatro cada una. Completan la lista Campeche, San Luis Potosí y Tabasco, con tres por entidad; Morelos y Sinaloa, dos, y Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo, con comunidades  de un municipio por cada estado.

Las 89 naciones tribus y pueblos a las que pertenecen estos cientos de comunidades de 179 municipios son: Cucapá, Kumiai, Castellano de Candelaria (Campeche), Maya de Campeche, Chol de Campeche, Tseltal de Campeche, Maya de Campeche, Castellano de la Costa de Chiapas, Tsotsil de la Costa de Chiapas, Chol, Tseltal de la Selva Norte, Mame, Tojolabal, Tseltal de los Altos de Chiapas, Tseltal de la Zona Fronteriza, Tsotsil de los Altos de Chiapas, Tsotsil de la Costa de Chiapas, Tsotsil de la Región Centro de Chiapas y Zoque del Norte de Chiapas.

También, Náhuatl de la Ciudad de México, Nahua de Colima, Wixárika de Durango, Chichimeca de Querétaro, Afromexicano, Me’phaa de la Montaña de Guerrero, Náhuatl del Centro de Guerrero, Náhuatl de la Montaña de Guerrero, Ñomnda de Xochistlahuaca, Ñu Savi de la Costa de Guerrero, Ñu Savi de la Montaña de Guerrero, Náhuatl de Hidalgo, Coca, Náhuatl del Sur de Jalisco, Tepehuano de Jalisco, Wixárika de Jalisco, Matlatzinca, Náhuatl del Centro del Estado de México, Náhuatl del Oriente del Estado de México, Otomí Ñatho, Otomí Ñañhú, Mazahua de Michoacán, Náhuatl de la Costa de Michoacán, Otomí de Michoacán, Purépecha, Náhuatl de Morelos, Náyeri y Wixárika de Nayarit.

Finalizan el listado: Chinanteco de la Chinantla Alta, Chinanteco de la Chinantla Baja, Cuicateco, Ikoot, Mazateco, Mixe, Ñu Savi de la Costa Chica Oaxaqueña, Ñu Savi de la Mixteca Alta Oaxaqueña, Ñu Savi de la Mixteca Baja Oaxaqueña, Ñu Savi de la Mixteca Media Oaxaqueña, Triqui de la Región Baja, Zapoteco de la Sierra Norte, Zapoteco de la Sierra Sur, Zapoteco del Istmo, Zapoteco de Valles Centrales, Zoque de Chimalapas, Náhuatl de la Mixteca Poblana, Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, Náhuatl de los Volcanes, Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, Otomí Ñañhú de Querétaro, Maya de Quintana Roo, Castellano de Wirikuta, Nahua de la Huasteca Potosina, Mayo de Sinaloa, Guarijío, Mayo de Sonora, Seri, Tohono Odham, Tribu Yaqui, Chol de Tabasco, Chontal de Tabasco, Zoque de Tabasco, Náhuatl del Norte de Veracruz, Náhuatl del Sur de Veracruz, Náhuatl de Zongolica, Otomí Ñuhú, Popoluca, Sayulteco, Tepehua del Norte de Veracruz, Totonaco de la Costa de Veracruz, Totonaco de la Sierra del Totonacapan y Maya de Yucatán.

La fortaleza de la organización indígena, a decir de María de Jesús Patricio Martínez, concejala de los pueblos nahuas de Jalisco y vocera del CIG, es que no se integran personas aisladas.

“No se integran personas solamente; son comunidades completas. Deciden su incorporación al CNI después de platicarlo para tomar la decisión.”

Acerca de cuáles son los motivos que impulsan a las comunidades a integrarse al CNI, la médica tradicional destaca en particular el despojo y la destrucción del territorio. “Las comunidades son las guardianas de los territorios, que son sagrados, no tienen valor en pesos. Por eso nos juntamos, como hermamos que somos, para resistir y oponernos a los proyectos de muerte que solamente benefician al que tiene dinero, al capital”.

Precisamente la labor del María de Jesús es llevar el mensaje y hacer crecer la organización. “El objetivo ahorita es llegar a todas las comunidades, sobre todo las más lejanas, que no han estado nunca en el Congreso Nacional Indígena. Queremos escucharlas y plantearles lo que es el CNI; decirles que buscamos que se articulen con todas las demás comunidades para apoyarn@s entre tod@s y junt@s hacernos fuertes para detener todo este despojo y todo lo que se viene contra nuestros pueblos”.

El CNI se constituyó el 12 de octubre de 1996 con los pueblos “que estamos levantados. Andamos en pie de lucha. Venimos decididos a todo, hasta la muerte. Pero no traemos tambores de guerra sino banderas de paz. Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que al reconocernos, reconocen su propia raíz”, como reza en la declaratoria de esa fecha.

Este primer congreso se realizó en la Ciudad de México como propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a todos los pueblos originarios del país para participar en el Foro Nacional Especial de Derechos y Cultura Indígenas. En representación de los rebeldes zapatistas acudió la comandanta Ramona, quien pronunció al final de su discurso la frase: “¡Nunca más un México sin nosotros!”, que fue adoptado como lema del CNI desde entonces.

La organización surgió luego de los diálogos entre el EZLN y el gobierno federal que dieron como resultado los Acuerdos de San Andrés, llamados así por haber sido firmados en San Andrés Sakamch’en de los Pobres o San Andrés Larráinzar. Dichos acuerdos no fueron cumplidos por el Estado mexicano y, posteriormente, el EZLN señalaría que los haría valer por la vía de los hechos en sus comunidades bases de apoyo. Pueblos indígenas de otras regiones del país se han sumado a esta intención.

Los pueblos que conforman el CNI asumen que su autoridad máxima es la asamblea general, donde todas las personas tienen voz y voto; y –aseguran– se rigen por siete principios: 1) servir y no servirse; 2) construir y no destruir; 3) representar y no suplantar; 4) convencer y no vencer; 5) obedecer y no mandar; 6) bajar y no subir, y 7) proponer y no imponer.

El Segundo Congreso Nacional Indígena se llevó a cabo en 1998, también en la Ciudad de México. Entre las determinaciones destacó la de impulsar, junto con el EZLN, la Consulta Nacional para el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas “y el fin de la guerra de exterminio”. El objetivo era impulsar la aprobación, por parte del Poder Legislativo federal, de los Acuerdos de San Andrés.

En 2001, en Nurío, Michoacán, se realizó el tercer Congreso Nacional Indígena. Fue el último en el que tanto el EZLN como los pueblos indios de otras regiones del país apostaron al diálogo con los tres niveles de gobierno y los tres Poderes para que cumplieran los acuerdos de San Andrés y se reconociera los derechos y la cultura indígenas.

El cuarto Congreso Nacional Indígena se realizó en 2006 en San Pedro Atlapulco, Estado de México. El principal resultado fue la adhesión del CNI a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que ratifica al movimiento como anticapitalista y en el que se señala que los pueblos ejercerán la autonomía de facto.

Finalmente, el quinto Congreso Nacional Indígena se realizó en octubre de 2016 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De este encuentro resultó la creación de un Concejo Indígena de Gobierno para México –el CIG–, del cual es vocera María de Jesús Patricio Martínez y quien se inscribió como precandidata a la Presidencia de México a nombre del CNI y el EZLN.

En los hechos fue un relanzamiento de la organización con dos resultados: el crecimiento de la organización y una andanada en contra por parte de poderes formales y fácticos como nunca en su historia. Varias de sus comunidades están enfrentándose al crimen organizado.

Carlos González, concejal nahua de Jalisco, señala que lo que resisten hoy las comunidades del CNI es “la ocupación, el despojo de los territorios y la destrucción de las culturas, las lenguas y las formas de gobierno”. Señala que es una guerra la que viven los pueblos, con saldos de desplazamientos forzados, despojos de recursos naturales, expropiaciones y contaminación de los territorios, pero también de muertos, desaparecidos y heridos.

Sólo desde que inició el presente gobierno, han sido asesinados 12 líderes indígenas adherentes a esta organización, dos más desde la publicación “La ‘guerra’ contra el Congreso Nacional Indígena”.

“La Tierra está siendo destruida de manera inmisericorde. La pervivencia de los pueblos indígenas está ligada a las condiciones de la vida humana del país y del mundo entero.”

El abogado especialista en derecho agrario explica que el CNI es el espacio que han construido los pueblos indígenas para articular a nivel nacional las formas de lucha política basadas en la movilización, la organización comunitaria e, incluso, la defensa jurídico-legal de los territorios.

Para Carlos González, la actual lucha de los pueblos indígenas rebasa al lopezobradorismo. No es una lucha centrada en su administracion, pues las condiciones de despojo y explotación vienen de tiempo atrás. Se lucha contra un sistema más que contra un gobierno. Es decir, “la tenemos más difícil”.

El activista Efrén Cortés Chávez coincide: “No es un problema contra Andrés Manuel, sino contra un sistema [neoliberal] que se implantó en México hace unos 40 años y en el mundo hace unos 60. Y eso lo ha planeado el Ejército Zapatista cuando dice que ha cambiado el caporal pero que el finquero es el mismo. Si el problema fuera sólo López Obrador, sería más fácil. Debemos tener claridad en que Andrés Manuel va a estar 6 años, pero el sistema de producción, de consumo y de explotación actual lleva ya varias décadas”.

Luchador social, expreso político y sobreviviente a la masacre de El Charco, Guerrero, Cortés Chávez considera “muy importante” el crecimiento del CNI y “muy válida” la iniciativa de los pueblos indígenas para crear el CIG. “Todas estas iniciativas son una respuesta; son parte de la lucha por la supervivencia, porque el capitalismo destruye todo: destruye la naturaleza y destruye los pueblos”.

Por su parte, el antropólogo Gilberto López y Rivas aclara que la actual resistencia de los pueblos indígenas no es ante un gobierno de izquierda. “Estamos haciendo una resistencia contra un gobierno capitalista neoliberal, que utiliza una retórica de supuesta ‘cuarta transformación’ que no es más que una simulación”.

En contrapartida, a decir del antropólogo, “la lucha que están dando el CNI y el EZLN es una lucha legal, legítima y que representa un proyecto de protección a la Madre Tierra, un proyecto de vida, que protege territorios, que lucha contra estas simulaciones de la falsa izquierda, este nuevo gobierno que impone proyectos de despojo”.

Advierte que, de nueva cuenta y como en cada sexenio, los zapatistas y los pueblos del CNI, tienen “todo en contra”: los medios masivos de información, los grupos de poder económico-empresarial, los gobiernos estatales y municipales y el gobierno federal “con el manejo de programas asistencialistas” y un nuevo estilo que confunde, porque transforma varios elementos del ejercicio del poder pero que resultan superficiales “mientras que lo de fondo permanece intacto”.

Carlos González advierte que las luchas se están agudizando. Previene contra las supuestas consultas que realiza el gobierno federal para legitimar decisiones previamente tomadas.

“Eso del ‘derecho a la consulta’ es una pifia, una gran mentira. A los pueblos indígenas no se les debería consultar sobre los proyectos que les quieren imponer. Lo que se debería hacer es construir una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos donde éstos tengan la libertad de decidir cuáles son sus prioridades de desarrollo y qué proyectos deben realizarse en sus territorios.”

Por ello, avisa que las comunidades rechazarán todo tipo de consultas: desde aquellas que ha realizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin ningún tipo de rigor ni metodología, hasta aquellas que pudieron cumplir con los estándares señalados por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). No considerarán legítima ninguna consulta que proponga despojarlos de sus territorios y que atente contra sus culturas e identidades.

Por su parte, el investigador adscrito al Centro Morelos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Gilberto López y Rivas califica de “crucial” la lucha indígena para la Revolución y la izquierda internacional.

“Representan la lucha de toda la humanidad que quiere prevalecer sobre la locura neoliberal. La lucha de los pueblos indígenas es contra un capitalismo de muerte, de destrucción; un capitalismo que acaba con la civilización humana, como está acabando con los millones de especies de los reinos animal y vegetal. Los pueblos indígenas son la conciencia del mundo.”

Servindi

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/08/07/mexico-consejo-nacional-indigena-la-rebeldia-indigena-alcanza-24-estados/

En consecuencia, la autodeterminación de los pueblos por internacionalismo revolucionario se está concretando y sus vigorosas raíces las hallamos en la:

Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra

La cumbre social sobre el cambio climático cerró ayer con una advertencia a la ONU, críticas a EEUU y la exigencia a los países industrializados de que reduzcan a la mitad sus gases de efecto invernadero de aquí al año 2020.

La Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra clausuró sus sesiones en la localidad de Tiquipaya, a 30 kilómetros de Cochabamba, en coincidencia con el Día de la Madre Tierra, que se celebra desde hace 40 años.

Presentamos el acuerdo final.

 ACUERDO DE LOS PUEBLOS
22 de abril de 2010 Cochabamba, Bolivia

Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.

De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Asímismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.

Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.

Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.

El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía: el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.

Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.

El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.

La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.

Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.

Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual.

Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:

  • armonía y equilibrio entre todos y con todo
  • complementariedad, solidaridad, y equidad
  • bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra
  • respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos
  • reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene
  • eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo
  • paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.

El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.

En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.

Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:

* Derecho a la vida y a existir;
* Derecho a ser respetada;
* Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas;
* Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;
* Derecho al agua como fuente de vida;
* Derecho al aire limpio;
* Derecho a la salud integral;
* Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos;
* Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
* Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.

La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.

Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.

La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.

Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:

* Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones.

* Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido.

* Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países.

* Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus excesivas emisiones.

* Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.

El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.

Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.

Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.

Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.

Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.

La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones.

Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.

Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.

Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.

El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.

El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.

El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.

El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.

Al mismo tiempo denunciamos cómo este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.

Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.

La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.

Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.

Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.

Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.

Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.

En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.

Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.

El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.

En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.

Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.

El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.

La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.

Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.

Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.

El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.

Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático.

Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero.

Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.

El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.

Con el fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial.

Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.

Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México.

Fuente: https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/noticias_301.htm