-La Unión de Asambleas Ciudadanas de Argentina comprometiéndose con

En consecuencia, el desarrollo de la  «reforma agraria integral» nos plantea -a los de abajo- revisar críticamente los conceptos claves para nuestra percepción y lógica de indagación en las profundidades determinantes de la sociedad y en las condicionantes de nuestra vida personal. El capitalismo e imperialismo nos ha inculcado menosprecio hacia quienes expulsa, excluye o margina y menosprecio por las fases ocultas de su crecimiento económico y su progreso. Hasta nos encadena a su funcionamiento perverso e irracional como lo prueba Japón en este momento, agitando que se abren fuentes laborales y nos somete tanto que aceptamos sus contratos basura, la alta siniestralidad del empleo o su carácter temporario. Tampoco reparamos en su insalubridad ni en sus graves consecuencias sociales y medio ambientales.

 

Precisamos romper con esta resignación que adoptamos por creerla mejor para nosotros o lo único a nuestro alcance. Sucede que aguantar la contaminación ambiental, la usurpación de espacios públicos, la destrucción o degradación de las condiciones de vida y de trabajo, etc. nos va matando de a poco y arrinconando a ámbitos cada vez más estrechos. Es crucial que escuchemos a los pueblos y comunidades (o a sus organizaciones) en resistencias contra el modelo de desarrollo o productivo que no sólo denuncian e investigan, también tienen proyectos  para reaccionar a tiempo contra la desterritorialización, la recolonización y la desertificación en avance raudo. Es hora de involucrarnos en poner fin a la acumulación de riquezas y poder de los oligopolios que genera la pobreza, el hambre y la desaparición forzada de pueblos, campesinos e indígenas.

 

Minería a cielo abierto, agua, territorio y salud

Por Pedro Arrojo Agudo(Dpto. de Análisis Económico de la Univ. de Zaragoza-España)

La falsa racionalidad económica de la desregulación neoliberal

Durante las últimas décadas se ha venido imponiendo un modelo de globalización neoliberal basado en una lógica del “libre mercado” que ha guiado las políticas de desregulación y privatización de patrimonios naturales y servicios públicos.

En este contexto global, el oráculo de la “racionalidad económica”, como todos los oráculos a lo largo de la historia, ha sido sistemáticamente manipulado por los poderes dominantes en su propio beneficio. En este caso, esa racionalidad, bajo la lógica del libre mercado, que debía promover el interés general gracias a la famosa “mano invisible” de Adam Smith, ha acabado derivando en una descarada expresión del interés particular de los grandes poderes económico-financieros. Desde esta lógica, se han justificado como motores de desarrollo y creación de riqueza las estrategias especulativas que han enriquecido a unos pocos, para finalmente precipitarnos a esta crisis económica que están pagando las arcas públicas, los millones de trabajadores condenados al paro y la sociedad en su conjunto.

En este marco de falsa racionalidad económica hay que situar la desregulación financiera ha venido acompañada por una desregulación ambiental y social que no ha hecho sino desproteger más aún a los más débiles. Se suponía que dando libertad al mercado, se promovería el desarrollo, y éste acabaría beneficiando en última instancia también a los más pobres.

Desde este enfoque, se han despreciado valores sociales, como la salud pública, valores ambientales, como la sostenibilidad de los ecosistemas, valores políticos que fundamentan la perspectiva del interés general, e incluso principios éticos que sustancian derechos básicos, como los derechos humanos. Valores que, en muchos casos, además de vertebrar la cohesión social y moral de una sociedad, proyectan impactos económicos de enorme trascendencia, tanto para la sociedad actual y como para las generaciones futuras. Por ello, hoy podemos afirmar con la crisis en la mano que esa pretendida racionalidad económica desde el imperio del libre mercado era falaz, además de inmoral.

El valor económico de la sostenibilidad en materia de aguas

Para quienes no han reflexionado suficientemente, puede resultar sorprendente que en el año 2000, después de largos debates, el Parlamento Europeo acabara aprobando, con un amplio nivel de consenso, un marco legal para toda la UE, La Directiva Marco de Aguas, cuyo objetivo central era y es recuperar para 2015 el Buen Estado Ecológico de ríos, lagos y humedales. Podría pensarse que el Parlamento Europeo está dominado por tendencias ecologistas radicales. Sin embargo, tan apenas si hay una treintena de diputados y diputadas verdes, en una cámara con más de quinientos miembros. En realidad, la explicación de esta aparente radicalidad ecologista no es otra que el predominio del “pragmatismo economicista” anglosajón. En Europa, como en otros países desarrollados, se empieza a entender que cortar un bosque a mata-rasa en nombre del desarrollo, no sólo es una barbaridad ecológica, sino un desastre económico. Sin duda, será un buen negocio para la empresa que se lleve la madera, pero será un desastre económico para el país que lo permita. Pues bien, Europa empieza a entender que sobreexplotar o contaminar un acuífero o un río, en nombre del desarrollo económico, acaba siendo un desastroso “negocio” para el país. Un desastroso negocio que, eso sí, acaban pagando especialmente caro los más débiles.

Podríamos concluir que Europa ha optado por valorar el medio ambiente, en este caso en materia de aguas, por “egoísmo inteligente”. Sencillamente, se ha acabado entendiendo que nos sale caro contaminar y destruir nuestras fuentes naturales de agua.

Por otro lado, la Directiva Marco de Aguas entiende que los ríos no pueden seguir siendo administrados como simples “canales de agua”, de la misma forma que los bosques no pueden ser gestionados como simples“almacenes de madera”. Ríos y bosques son ecosistemas vivos que generan valores y servicios de altísimo valor, más allá de ofrecernos recursos madereros e hídricos. Por ello, uno de los retos fundamentales planteados por la citada Directiva se centra en la necesidad de transitar desde los tradicionales modelos de “gestión de recurso” hacia nuevas estrategias de “gestión ecosistémica”.

Éste nuevo enfoque, que está suponiendo invertir ingentes capitales, no se puede entender si no se comprende el enorme valor económico que acaba suponiendo para un país disponer de ríos, lagos y humedales vivos, así como de acuíferos en buen estado. Sirva como referencia al respecto una simple reflexión: ¿cómo se entiende que estemos dispuestos a pagar 1000 € por metro cúbico cuando compramos agua embotellada? La respuesta es sencilla: simplemente porque entendemos que es agua saludable y de calidad… Sin embargo, no debemos olvidar que tal calidad no es otra que la que nos brinda gratuitamente la naturaleza en cantidades ingentes cada día. Calidad que destruimos en nombre de un mal entendido progreso económico.

Pero en realidad, la irracionalidad económica no está sólo en la contaminación del recurso, sino en algo aún más grave: la destrucción de los ecosistemas que generan sistemáticamente caudales de calidad y otros servicios sumamente valiosos. Por ello la Directiva Marco de Aguas, cuando habla de recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua, no se refiere sólo a la calidad físico-química de las aguas, sino a la salud del hábitat acuático y demás hábitats conectados. De esta forma, el objetivo central de la citada Directiva se centra en recuperar la biodiversidad de esos hábitats, como garantía de que el ecosistema funciona en todos los frentes, brindándonos sus valiosas funciones de depuración, de regulación natural o de sostén de vida y salud, entre tantas otras…
 

Valores sociales, culturales y éticos, más allá del valor económico

Siguiendo la comparación hecha anteriormente entre ríos y bosques, podríamos resumir todo lo dicho hasta aquí en la necesidad, aunque sólo sea por “egoísmo inteligente”, de hacer las paces con la naturaleza, centrada en este caso en la necesidad de recuperar la sostenibilidad y la salud de nuestros bosques y ríos. Si algún día conseguimos abordar y superar exitosamente este reto, cuestión que estoy seguro ocurrirá tarde o temprano, por la cuenta que nos trae, no sólo en Europa, sino también en Latinoamérica y en los demás continentes, aún quedarían por abordar retos éticos importantes. Estaríamos en tal caso ante la necesidad, ahora sí, de gestionar la madera y el agua detraídos de la naturaleza comorecursos naturales renovables que son. En el caso de la madera, entiendo que no tendríamos grandes problemas éticos. El leñador que corte los árboles que deba cortar (bajo la pertinente regulación sustentable), venderá los troncos al industrial maderero, que a su vez venderá las tablas al carpintero y éste los muebles a familias y ciudadanos… Es decir, encomendaremos la gestión del recurso madera al mercado, bajo las pertinentes regulaciones… Sin embargo, en el caso del agua la cuestión es más compleja y delicada. Privatizar ríos y acuíferos, o mercantilizar el agua y los servicios correspondientes, como pretende el Banco Mundial desde la lógica neoliberal imperante, supone un grave error. La clave está en que, mientras las utilidades brindadas por la madera son consistentemente sustituibles por bienes de capital, las principales funciones del agua no lo son. Por ello, la lógica de mercado es inadecuada y sumamente peligrosa en materia de gestión de aguas.

Lo sustantivo en materia de gestión de aguas no es la materialidad del recurso, como H2O, sino sus diversas y trascendentales funciones. En este sentido, resulta fundamental discernir las distintas categorías éticas en las que deben inscribirse los usos y funciones del agua, distinguiendo:

- El agua-vida, en funciones básicas de supervivencia, tanto de los seres humanos, como de los demás seres vivos, debe tener prioridad máxima, de forma que se garantice la sostenibilidad de los ecosistemas y el acceso de todos a cuotas básicas de aguas de calidad, como un derecho humano.

- El agua-ciudadanía, en actividades de interés general, como los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, debe situarse en un segundo nivel de prioridad, en el ámbito de los derechos ciudadanos, vinculados a los correspondientes deberes ciudadanos.

- El agua-economía, en funciones productivas, por encima de lo que podrían considerarse niveles de suficiencia para una vida digna, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad, en conexión con el derecho de cada cual a mejorar su nivel de vida. Es la función en la que se usa la mayor parte del agua y en la que se generan los problemas más relevantes de escasez y contaminación.

- El agua-delito, en usos productivos ilegítimos, que deben ser ilegales (vertidos contaminantes, extracciones abusivas…), en la medida que lesionan el interés general de la sociedad, y deben ser evitados y perseguidos aplicando con rigor la ley.
 

El agua-vida

Recientemente, la Asamblea General de NNUU reconoció formalmente, a propuesta de Bolivia, la necesidad de reconocer como un Derecho Humano el acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Por otro lado, y a raíz de una iniciativa de España y Alemania, el Consejo de Derechos Humanos de NNUU tiene abierto un procedimiento que estudia desarrollar esa declaración de forma más clara y efectiva. En todo caso, más allá de lo que acabe determinando NNUU, parece claro que el acceso a cuotas básicas de agua-vida debe situarse en el ámbito de los Derechos Humanos, y consecuentemente debería garantizarse con eficacia desde un nivel máximo de prioridad. En este caso, el criterio a desarrollar no es el de la eficiencia, guía por excelencia de la racionalidad económica, sino la eficacia. Estamos ante valores que, como “el cariño verdadero” de la copla, “ni se compran ni se venden”, sino simplemente se garantizan con máxima prioridad y eficacia. Y la responsabilidad de que así sea recae sobre la comunidad en su conjunto; es decir sobre los diversos estados y sobre las instituciones internacionales. No debemos perder de vista que los 30-40 litros de agua potable por persona y día, que se vienen sugiriendo como referencia del mínimo necesario para una vida digna, supone apenas el 1,2 % del agua que usamos en la sociedad actual. No hay argumento que justifique que 1.200 millones de personas no tengan garantizado el acceso a esa cantidad de agua potable. La pretendida falta de recursos financieros resulta inaceptable, incluso para los gobiernos de países empobrecidos; cuando más, para los gobiernos de países ricos e instituciones internacionales, que bien han encontrado miles de millones de euros para socorrer a los mismos banqueros que han provocado la presente crisis económico-financiera. Al fin y al cabo, la “fuente pública, potable y gratuita, en la plaza, cerca de casa de todo el mundo” fue garantizada en muchos países, que en su día eran pobres y ni siquiera existía el Banco Mundial. El reto no fue propiamente financiero, sino político, en el sentido aristotélico y noble del término. Simplemente, se asumió la responsabilidad pública de garantizar el agua potable y gratuita en la fuente como una prioridad, antes incluso que alumbrar o asfaltar calles y carreteras; por no hablar de gastos suntuarios o presupuestos militares.

En el ámbito del agua-vida deben incluirse también los caudales para producir alimentos básicos necesarios para la supervivencia de comunidades pobres y vulnerables. En muchos casos se trata de derechos ancestrales sobre el territorio y los ecosistemas acuáticos de los que dependen actividades agropecuarias y pesqueras imprescindibles para esas comunidades.

Por último, es necesario incluir en este espacio de máxima prioridad la preservación de los ecosistemas acuáticos, tanto en lo que se refiere al régimen de caudales (condiciones cuantitativas), como a la calidad de sus aguas y la salud de sus hábitats (condiciones cualitativas), de forma que se garantice su sostenibilidad. Se trata de afrontar en este caso un desafío ético vinculado al principio de equidad intergeneracional, asumiendo que tan sólo somos usufructuarios y no propietarios de esta naturaleza, a la que tienen tanto derecho como nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos e incluso las generaciones que no llegaremos a conocer. Ciertamente, en este caso no estamos hablando del 1,2% del agua usada por la sociedad, sino de caudales ambientales de un orden de magnitud muy superior; así como de notables esfuerzos para evitar vertidos, preservar la calidad de las aguas y conservar los hábitats acuáticos. Por ello, es necesario asumir esos caudales ambientales como agua-vida, en el máximo nivel de prioridad reservado a los derechos humanos. De hecho, la principal razón por la que 1.200 millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable radica justamente en la quiebra de esa sostenibilidad, más que en problemas propiamente de escasez.

Por otro lado, en NNUU se debate sobre la llamada tercera generación de derechos humanos: es decir, derechos colectivos de los pueblos, como el derecho a la paz, al territorio y a un medio ambiente saludable… Se trata de plantearse si nos parece aceptable, desde una perspectiva ética, que disfrutar de ríos vivos y fuentes sanas sea cosa de ricos, mientras los pobres tienen que conformarse con ríos cloaca o acuíferos contaminados como condición para conseguir el soñado desarrollo. La respuesta parece clara…En la UE, como ya se ha explicado, la Directiva Marco de Aguas sitúa la conservación de esas funciones ambientales básicas del agua en el nivel de máxima prioridad. De hecho, en el orden legal impuesto por dicha Directiva, los caudales necesarios para conservar el buen estado ecológico de ríos, lagos y humedales no se consideran “demandas ambientales”, en posible competencia con otras “demandas”, sino que se conceptualizan como una restricción a los diversos usos productivos del agua. Tan sólo las aguas de boca, que raramente llegan a poner en cuestión la sostenibilidad de los ecosistemas desde la perspectiva cuantitativa, se sitúan en un nivel de prioridad superior.

El agua-ciudadanía

Ofrecer servicios domiciliarios de agua y saneamiento supone un salto cualitativo respecto a la fuente pública potable y gratuita (30-40 litros/persona/día), como referencia física del derecho humano al agua potable. En un hogar medio de cualquier ciudad usamos entre 100 y 120 litros/persona/día. No obstante, hoy, acceder a tales servicios es considerado como un derecho que debe ser accesible a todos, ricos y pobres. Esta perspectiva de acceso universal nos podría llevar a incluirlos en el espacio de los derechos humanos. Sin embargo, entiendo que lo adecuado sería situarlos en el espacio de los derechos ciudadanos. Aunque, tanto los derechos humanos como los derechos ciudadanos deben ser accesibles a todos, los primeros no se vinculan a deber alguno, más allá del de estar vivos y querer seguir estándolo; mientras los derechos ciudadanos si deben vincularse a los correspondientes deberes ciudadanos. Nos encontramos pues ante el reto de articular un juego de derechos y deberes que sin duda es complejo y potencialmente conflictivo. En todo caso, se trata de gestionar valores, como la equidad y la cohesión social, hacia los que el mercado es insensible. Valores que, al estar vinculados al concepto de ciudadanía, se sitúan, por su propia naturaleza, en el espacio de lo que debe considerarse como “res pública”, es decir, “cosa de todos y todas”; razón por la que deben ser gestionados bajo responsabilidad comunitaria o pública.

Las instituciones públicas, al tiempo que garantizan a todo el mundo los derechos de ciudadanía, deben establecer los correspondientes deberes ciudadanos. Si se quieren garantizar servicios públicos de agua y saneamiento de calidad, será necesario, entre otras cosas, diseñar modelos tarifarios que garanticen una adecuada financiación, vertebrando la responsabilidad ciudadana desde la necesaria sensibilidad social.

En una sociedad compleja como la actual, garantizar el acceso universal a servicios de calidad, minimizando el impacto ecológico sobre los ecosistemas acuáticos, constituye un reto de envergadura. Un sistema tarifario por bloques de consumo, con precios crecientes, puede garantizar larecuperación de costes del servicio, desde criterios sociales redistributivos, induciendo al tiempo incentivos de eficiencia y responsabilidad individual y colectiva. El primer bloque de 30 o 40 litros/persona/día podría incluso ser gratuito, al menos para quienes estén bajo el umbral de pobreza. El siguiente escalón de 100 litros debería pagarse a un precio que se acerque al coste real del servicio. En un tercer escalón, el precio por metro cúbico debería elevarse de forma clara; para finalmente dispararse en el cuarto escalón, propio de usos suntuarios (jardines, piscinas,…). En suma, se trata de inducir subvenciones cruzadas, de quienes más consumen hacia quienes tienen dificultades para pagar, penalizando los consumos elevados. En este caso, a diferencia del agua-vida, donde la lógica económica queda fuera de lugar, estamos aplicando criterios de racionalidad económico-financiera, aunque es de notar que tales criterios no se corresponden con la racionalidad de mercado. De hecho, al comprar manzanas a 1,5 €/kg, con frecuencia nos ofrecerán los 2 kg por menos de 3 €. Se trata de estrategias para incentivar el consumo (basadas en las llamadas economías de escala), que buscan incrementar la rentabilidad del negocio. El modelo tarifario propuesto, sin embargo, se basa en criterios opuestos, en la medida que no se trata de hacer un buen negocio, sino de ofrecer un buen servicio público de acceso universal, desde la perspectiva del interés general.

El agua-economía

La mayor parte de los caudales extraídos de ríos y acuíferos no se dedican a garantizar derechos humanos, ni a sustentar servicios de interés general, sino que se dedican a actividades productivas que generan riqueza por encima del nivel de suficiencia para una vida digna. En definitiva, se producen excedentes que, vendidos en el mercado, permiten mejorar el nivel de vida de los productores. Estamos pues ante el derecho de intentar ser más ricos que, aún siendo legítimo, dentro de ciertos límites, no puede vincularse al ámbito de los derechos humanos ni al de los derechos ciudadanos. Y menos aún cuando, quienes pugnan por enriquecerse son ya ricos, o incluso muy ricos.

Resulta evidente que tales usos deben gestionarse desde un tercer nivel de prioridad, por detrás del agua-vida y del agua-ciudadanía. En este sentido, degradar un río o poner en riesgo la potabilidad de los caudales aguas abajo, bajo la justificación de que se impulsa el desarrollo económico, constituye una grave inmoralidad.

En este tipo de usos, guiados por objetivos lucrativos, deben aplicarse, cuando menos, criterios de responsabilidad y de racionalidad económica. Cada usuario debe responder de los costes que exige la provisión del agua que usa. Pero además, en la medida que haya escasez, debería afrontar el llamado coste de oportunidad, que no es sino el coste de escasez del recurso. En el ámbito del agua-economía, se impone, en definitiva, la necesidad de aplicar el principio de recuperación íntegra de costes, incluyendo: costes financieros (amortización de inversiones y costes de mantenimiento y gestión), costes ambientales y el coste de oportunidad, si la disponibilidad es menor que la demanda. En este caso, no existen razones que justifiquen subvenciones directas ni cruzadas; de la misma forma que no se subvenciona la madera al carpintero, ni el gasóleo al taxista.

La escasez de agua para abastecer un crecimiento ilimitado de actividades productivas no puede seguir entendiéndose como una “tragedia a evitar”, con cargo al erario público; sino como una realidad ineludible que debe ser gestionada desde criterios de responsabilidad y de racionalidad económica. Desde nuestra insaciable ambición, hemos hecho y hacemos escaso lo abundante; hacemos pequeño el planeta; y desde luego, estamos haciendo escasa el agua dulce de ríos, lagos, humedales y acuíferos. En cualquier caso, no debemos olvidar que la escasez es una característica inherente a cualquier bien económico, por definición “útil y escaso”. Se trata pues, en definitiva, de aplicar criterios de racionalidad económica (que no de mercado) al uso económico del agua. Un uso que, no olvidemos, tiene por objeto generar beneficios a los usuarios, a través de las relaciones de mercado que rigen las actividades productivas en las que se usa elagua-economía.

En todo caso, tal y como hemos aclarado anteriormente, el agua necesaria para actividades productivas no lucrativas y de las que depende la supervivencia de las comunidades más pobres, debe ser considerada como agua-vida.

También existen actividades económicas que, aun siendo lucrativas, pueden ser consideradas, en una u otra medida, como actividades económicas de interés general que generan beneficios sociales o ambientales, no valorados por el mercado. No obstante, en países como España, el argumento del “interés general” se ha manipulado tanto en materia de aguas, que es preciso revisar el concepto en cuestión. Tradicionalmente, la declaración de “interés general” se ha usado para justificar grandes inversiones públicas en obras hidráulicas, desde las tradicionales estrategias “de oferta”. A pesar de que hoy tales estrategias han quedado desfasadas, los poderosos grupos económicos que han venido controlando las políticas hidráulicas siguen manipulando este concepto desde perspectivas sesgadas que no reflejan el interés general de la sociedad actual.

Por ejemplo, en España, el regadío ha venido siendo considerado, de forma general, como de “interés general”. Sin embargo, es preciso aclarar que crece día a día la importancia relativa del agro-negocio en grandes explotaciones extensivas mecanizadas, o en modernas explotaciones intensivas, como la producción bajo plástico. Por otro lado, ha ido creciendo la proporción de explotaciones agrarias gestionadas a tiempo parcial, como actividad secundaria. Por todo ello, laexplotación familiar, que si tiene una componente social de interés general, está lejos de representar hoy la generalidad del sector.

Resultaría difícilmente justificable caracterizar el regadío del agro-negocio como una actividad de interés general. Al igual que resultaría difícil entender el interés general del regadío en explotaciones gestionadas como actividades secundarias por propietarios que generalmente ni siquiera viven en el medio rural.

Por otro lado, los graves impactos contaminantes de los modelos dominantes de agricultura y ganadería (nitratos, pesticidas, purines,…) ponen en cuestión el interés general de tales modelos.Si a ello unimos los graves impactos sociales y ambientales de grandes presas y trasvases, sobre los ecosistemas acuáticos y las poblaciones ribereñas (incluida la inundación de pueblos y valles habitados en zonas de montaña), resulta evidente la necesidad de replantear el pretendido interés general que ha venido adjudicándose, de forma indiscriminada, a las grandes obras hidráulicas vinculadas a nuevos regadíos o a la producción hidroeléctrica.

Es necesario, por tanto, establecer nuevos criterios sociales y ambientales que permitan delimitar qué explotaciones agrarias merecen hoy ser consideradas como verdaderas actividades económicas de interés general. Consolidar el tejido rural, con sus valores sociales, culturales y paisajísticos, o favorecer la consecución de determinados objetivos ambientales, serían, sin duda, argumentos de interés general en la sociedad actual. En este sentido, resulta razonable argumentar el interés general de proteger la explotación familiar agraria, en particular en el regadío. Pero sería necesario unir a ese argumento social, la exigencia de buenas prácticas agroambientales.

En todo caso, y aún aceptando la necesidad de apoyar determinadas actividades en el regadío, sería vital reflexionar sobre cómo realizar tales ayudas, de forma que se induzcan buenas prácticas y actitudes responsables. En concreto, sería preferible subvencionar directamente las correspondientes actividades productivas, en lugar de ofrecer agua subvencionada, como suele hacerse. De esta manera, con el mismo coste para la hacienda pública, se induciría un uso más eficiente y responsable del agua.

El agua-delito

Con creciente frecuencia, se hace un uso irresponsable del agua poniendo en riesgo, cuando no afectando directamente de forma grave, la salud y la seguridad pública.

• Tales prácticas, justificadas en nombre del desarrollo económico y de la creación de puestos de trabajo, suelen desarrollarse en zonas deprimidas, lo que permite ejercer un auténtico chantaje social que suele contar con la complicidad de las autoridades.

• Tales usos ilegítimos, aún en los casos en que son ilegales, suelen gozar de una aplicación laxa de la ley, amparada en una falta de conciencia e información ciudadana, cuando no en complicidades poderosas que inducen prácticas corruptas. En otros casos, la propia ley es ambigua o simplemente no contempla la peligrosidad de tales prácticas productivas.

Ciertamente, las afecciones y riesgos que pueden derivarse de prácticas de este tipo pueden ser de muy diversa entidad y trascendencia, desde riesgos o impactos de contaminación por vertidos tóxicos que afectan a la salud de las personas, a prácticas de sobreexplotación que impactan negativamente al interés general...

Este tipo de usos deben, no sólo ilegalizarse, sino perseguirse de forma eficaz con tolerancia cero. Eso sólo se conseguirá si existe un alto nivel de conciencia ciudadana que permita rechazar las habituales campañas interesadas de desinformación y los posibles fenómenos de corrupción en las autoridades competentes.

La minería a cielo abierto en cuestión: riesgos y costes socio-ambientales

La minería a cielo abierto se ha venido imponiendo como una práctica dominante en el sector, gracias a la existencia de poderosos medios mecánicos, a la disponibilidad de energía barata y al desprecio de los impactos ambientales y de salud pública. La alta rentabilidad empresarial de tales prácticas se basa en los escasos requerimientos laborales, con el correspondiente ahorro en costes salariales. No obstante, los impactos ambientales suelen ser demoledores, tanto sobre el paisaje como sobre napas freáticas, glaciares y ecosistemas fluviales, a menudo en sus cabeceras.

Por otro lado, tales impactos pueden tener consecuencias y afecciones sociales importantes. La masiva y dura intervención sobre el territorio en este tipo de explotaciones supone la ocupación de amplios territorios, afectando tierras útiles, cuando no vitales, para comunidades, generalmente pobres y vulnerables, que llegan a ser desplazadas de sus territorios. En muchos casos se están afectando incluso espacios sagrados de comunidades indígenas, agravando los impactos culturales y emocionales. En zonas áridas o semiáridas la afección social se suele producir al priorizarse el uso minero de los caudales de agua disponibles sobre los usos agrarios y las necesidades básicas de los habitantes del territorio.

Más allá de esos impactos directos sobre el territorio y las comunidades asentadas en él, las afecciones y riesgos se extienden a poblaciones que pueden llegar a vivir a grandes distancias de la explotación minera, por la contaminación tóxica o la destrucción de napas freáticas, masas glaciares, nacientes y cursos fluviales. Este tipo de impactos resulta particularmente grave en la explotación de determinados minerales y en la aplicación de técnicas especialmente peligrosas. Tal es el caso de la minería del oro a cielo abierto con uso masivo de cianuro.

En la minería a cielo abierto del oro, y de otros metales, los residuos, sumamente tóxicos, se almacenan en balsas que acaban generando riesgos sobre la salud pública por lixiviados, fugas y filtraciones sobre acuíferos y ríos, cuando no riesgos de vertido masivo por ruptura de balsas u otros accidentes. Esa contaminación suele pasar desapercibida durante mucho tiempo, en muchos casos con la complicidad de las autoridades, al no producir impactos dramáticos, de forma visible y a corto plazo, en la salud de la gente. De esta forma, el envenenamiento de la población suele ser progresivo, tanto a través del agua como de la contaminación de cadenas tróficas.

Desde el lado de las empresas mineras y de las autoridades que permiten y amparan este tipo de prácticas se suele argumentar que los residuos y productos tóxicos están perfectamente controlados en balsas impermeabilizadas.

Sin embargo, la simple experiencia empírica en todo el mundo deja en evidencia que los riesgos y afecciones a la salud pública son graves. Recientemente el Parlamento Europeo referenciaba que:

“…. En los últimos 25 años, se han registrado en todo el mundo más de 30 accidentes importantes relacionados con vertidos de cianuro … y no existe ninguna garantía real de que no vuelva a producirse un accidente semejante, especialmente teniendo en cuenta el incremento de las condiciones meteorológicas extremas, por ejemplo, intensas y frecuentes precipitaciones, tal como se prevé en el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático”.

De hecho esas balsas tóxicas, que en ocasiones se ubican en zonas con notables riesgos sísmicos, acaban quedando abandonadas, como verdaderas bombas de relojería, fuera de todo control y mantenimiento, una vez agotada la explotación. En estas condiciones, la degradación, tarde o temprano, de la impermeabilización y los riesgos de desbordamiento, o incluso de colapso, por lluvias torrenciales u otras circunstancias naturales, hipotecan el futuro de regiones enteras sometiéndolas para siempre a riesgos inaceptables.

Éstas y otras razones están llevando, de hecho, a muchos países, a dejar fuera de la ley la aplicación de este tipo de tecnologías. Este es el caso de varios países de la UE, en lo que se refiere a la minería a cielo abierto del oro basada en el uso del cianuro, al tiempo que arrecian las presiones del Parlamento Europeo, por abrumadora mayoría, para que la UE en su conjunto imponga la prohibición de estas prácticas.

En el caso europeo, los argumentos de riesgo a la salud pública se ven fortalecidos por la exigencia de la Directiva Marco de Aguas de garantizar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos. Este objetivo legal prioritario deja fuera de la ley acciones que destruyan o degraden gravemente napas freáticas, glaciares, humedales, nacientes y ríos.

La legislación europea viene por último presionando fuertemente sobre el frente de la responsabilidad económica de las empresas, particularmente en lo que se refiere a impactos ambientales. Más allá de que muchos de esos impactos y valores no sean consistentemente compensables con dinero, lo cierto es que la presión legal, en forma de restricciones, pagos ambientales y costes para prevenir problemas y catástrofes, hace que muchas de estas tecnologías dejen de ser rentables, lo que empuja a las grandes multinacionales a explotar yacimientos en países en desarrollo bajo leyes más laxas que a menudo derivan en serios problemas de corrupción.

El Parlamento Europeo acababa complementando sus argumentos para justificar la ilegalización de este tipo de prácticas y tecnologías con razones económicas “… las empresas explotadoras no cuentan con seguros a largo plazo que cubran los costes en caso de accidente o funcionamiento defectuoso en el futuro, …”. Sin duda, tales costes, en plazos muy largos, al igual que ocurre con los residuos nucleares, deberían correr a cargo de las empresas y no del Estado.

Las empresas deberían incluso generar fondos de garantía que permitan financiar las transformaciones económicas requeridas cuando la actividad minera se agote. De forma generalizada, esos ingentes fondos para reestructurar la vida económica de las comarcas mineras suelen ser públicos, como está ocurriendo en la actualidad en Europa, aunque con resultados frustrantes…

Finalmente, el Parlamento Europeo acababa constatando que“… existen alternativas al uso del cianuro en la minería …”. Aunque ciertamente, a costes muy superiores, que las empresas deberían afrontar, aunque ello implique obtener menores beneficios.

En todo caso, más allá de la ilegalización de este tipo de prácticas de cara al futuro, la reciente catástrofe de la balsa tóxica de Hungría ha disparado en Europa la alarma sobre las miles de balsas tóxicas similares que ya ha dejado la minería en nuestros países.

A mi entender, la barbarie socio-ambiental de la minería a cielo abierto en el mundo podría estar escenificando el canto del cisne de una actividad humana que atesora valores y memorias históricas entrañables. Agotadas las vetas metalíferas, la minería a cielo abierto está dibujando una caricatura brutal de la codicia y la irresponsabilidad humanas en un escenario que dibuja los perfiles ineludibles de la insostenibilidad en este campo de nuestra actividad productiva. Y todo ello en una sociedad del siglo XXI en la que se constata la crisis del paradigma renacentista de la “dominación de la naturaleza” al tiempo que emerge el nuevo paradigma de “sustentabilidad”.

Aunque sin duda pueden aparecer nuevos yacimientos, hoy desconocidos, y sin duda emergerán nuevas tecnologías que pueden abrir opciones, hoy no consideradas, la finitud del planeta se impondrá sobre nuestros delirios productivistas y sobre nuestra codicia. Sin ánimo de arrogarme capacidades proféticas, podemos estar asistiendo a un final vergonzante de la minería, que el sector y su honorable capital histórico no merecen. Debemos debatir civilizada y democráticamente como debemos transitar estos escenarios difíciles y conflictivos. Vivimos tiempos en los que se abrirán, y de hecho se están abriendo, nuevos caminos. Sin duda la regeneración y reutilización de materiales irá pasando a ser la estrategia dominante. Cada vez más metales tendrán sus menas más rentables en los desechos de nuestro desaforado consumismo.

En el caso específico del oro, probablemente lleguemos a la conclusión de que no vale la pena incrementar nuestro stock de metal disponible para los distintos usos conocidos o por conocer en el futuro, incluidos los usos suntuarios.

Conclusiones

1- Las presiones desreguladoras del modelo de globalización neoliberal imperante están introduciendo graves contradicciones e inconsistencias en la pretendida racionalidad económica que se dice defender.

2- La ciencia económica viene insistiendo en la necesidad de integrar los impactos y riesgos ambientales y sociales en los balances de racionalidad y rentabilidad económica. No hacerlo puede ser beneficioso para las empresas implicadas, pero sobre la base de cargar ingentes costes sobre el erario público y graves afecciones sobre poblaciones y especialmente sobre sectores sociales más débiles y vulnerables.

3- Más allá de la posible internalización de las consecuencias económicas de esos impactos ambientales y sociales, es necesario reconocer valores intangibles que no son consistentemente sustituibles por bienes de capital, asumiendo criterios éticos que deben condicionar el marco económico-productivo mediante normas y leyes basadas en el interés general de la sociedad. Dicho en otras palabras, no todo vale para enriquecerse, especialmente cuando quienes se enriquecen son los más ricos.

4- En concreto, en materia de aguas, es preciso distinguir categorías éticas en los diversos usos y funciones del agua, estableciendo los pertinentes criterios de gestión desde la prioridad de garantizar el derecho humano al agua potable y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, como agua-vida, por encima del agua-economía para usos productivos legítimos.

5- Desde esa perspectiva ética, debemos identificar lo que debe ser entendido como agua-delito en actividades que ponen en riesgo o afectan gravemente derechos humanos y ciudadanos, tanto de la sociedad actual, como de las generaciones futuras, combatiendo la desinformación y los chantajes socio-económicos que pretenden justificar tales prácticas.

6- La Directiva Marco de Aguas impone un nuevo marco legal en materia de aguas para todos los países de la UE presidido por el objetivo de recuperar y conservar el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos, como una restricción a los diversos usos económicos del agua. En este contexto, la minería a cielo abierto encuentra en Europa un obstáculo legal insalvable en casos de que se afecten gravemente napas freáticas, masas glaciares y nacientes fluviales.

7- La minería a cielo abierto que emplea tecnologías peligrosas, como el uso masivo del cianuro, impone costes ambientales y riesgos sobre la salud pública tan graves que han empezado a ser declarados fuera de la ley en los países con legislaciones más avanzadas en materia ambiental y de protección de la salud pública.

8- Asistimos probablemente a los últimos capítulos de una actividad humana honorable que está agotando recursos minerales que hoy sólo pueden obtenerse desde técnicas de minería a cielo abierto que imponen costes inaceptables, tanto desde el punto de vista económico, como social y ambiental. Esta crisis de insostenibilidad, sin duda, abrirá un futuro en el que se impondrá la regeneración y reutilización de materiales.

9- Debates públicos, libres y bien informados, como el promovido por la Universidad de San Juan, deben abrir el camino de la participación ciudadana en temas tan importantes para el interés general como éste. Sólo desde una opinión pública bien informada y consciente se avanzará, no sólo en el desarrollo de la necesaria legislación, sino también en la posterior aplicación estricta de esa legislación, superando las poderosas presiones que operan en este campo.

10- La ciencia debe superar la arrogancia tecnocrática que hemos venido desarrollando desde la comunidad científico-técnica, y recuperar la proverbial sabiduría del sabio que decía aquello de “sólo sé que no sé nada”, cargándonos de humildad y prudencia. En una sociedad tan compleja y cargada de incertidumbre, necesitamos abordar la gestión de riesgos desde la aplicación rigurosa del principio de precaución". 15/10/2010

Fuente: http://www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar/descargas/articulos_debate /21_20101015182849_Texto_Arrojo_Agudo.pdf

En consecuencia, el desarrollo de la «reforma agraria integral» hacia la soberanía alimentaria y el buen vivir nos exige, a los de abajo, enfocar el país-mundo (y no el bloque regional) como un sistema de ecorregiones heterogéneas tanto en culturas y comunidades como en naturaleza para reconocer en esos distintos pueblos y comunidades locales al sujeto histórico de nuestro tiempo. Pero, además, es prioritario que los saberes de los diversos de abajo se apliquen  en: -elaborar criterios sociales y ambientalesque rijan tanto a la política económica como al establecimiento de las condiciones básicas para una vida digna de una creciente mayoría.

-analizar cómo recomponer y preservar las biodiversidades, los suelos, los ecosistemas acuáticos, los ciclos y flujos de la naturaleza.

Crisis alimentaria: especulando con el hambre

Por Enrique Javier Díez Gutiérrez (Rebelión)

“Entre 2010 y 2011, los precios de los alimentos han batido récords siete meses consecutivos. Esta ha sido una de las causas de las revueltas en Túnez, Egipto, Argelia o Jordania, ante una subida de un 25% respecto a los precios del año pasado. El propio Parlamento Europeo denuncia que los altos precios de los alimentos están sumiendo a millones de personas en la hambruna y amenazan la seguridad alimentaria mundial a largo plazo, debido no a la escasez o a una menor oferta de alimentos, sino a un alza de precios provocados por la especulación de su valor en bolsa. Mientras el FMI (Fondo Monetario Internacional) asegura que “el elevado costo de la comida llegó para quedarse. El mundo quizá deba acostumbrarse a alimentos caros”.

Según diferentes especialistas, 2010 ha sido el año con una de las mejores cosechas de la historia. Según la FAO no hay riesgo de escasez en la última década y las reservas existentes para 2011 garantizan comida incluso con un déficit 13 veces mayor que el actual. No obstante, es sorprendente la inexistente relación aparente entre la cantidad real de cereales y los precios de las materias primas básicas como el trigo, el maíz o el azúcar.

Las tres causas fundamentales de este incremento desmesurado de los precios hay que buscarlas en el control que unas pocas empresas tienen del comercio agrícola mundial, imponiendo un precio, independientemente del costo real de producción; una segunda causa es la especulación bursátil con estas materias primas; y una tercera causa es la extensión de la producción agrícola de agrocombustibles.

La primera causa tiene que ver con el monopolio real de empresas como Syngenta, Dupont o Cargill, que controlan más del 70% de la oferta del cereal. A pesar de las proclamas de libertad de mercado, estos grandes grupos son los que controlan el mercado. De hecho han anunciado beneficios multimillonarios durante 2010 por la comercialización del grano.

La segunda causa tiene que ver con la inversión especulativa en materias primas, pues genera muchos beneficios y es algo muy seguro, ya que la demanda va en aumento. Desde que se especula en bolsa con materias primas básicas, como el trigo o el azúcar, los precios de los alimentos se han multiplicado de manera astronómica provocando una profunda crisis alimentaria que, ya en 2008, incrementó el número de personas hambrientas en 100 millones. En la medida en que la burbuja inmobiliaria estalló en los Estados Unidos y se profundizó en la crisis financiera, los especuladores empezaron a invertir en alimentos, empujando al alza sus precios.

El Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación denuncia que los fondos de alto riesgo, los fondos de pensiones y los bancos de inversiones -todos ellos sin interés alguno en los mercados agrícolas-, compran muy baratas las materias primas (trigo, maíz…) y esperan a que el crecimiento de la demanda haga subir los precios. Los estudios más fiables atribuyen hasta un 31% de la escalada en el precio del maíz al negocio especulativo de estos denominados “inversores financieros”. Hacen todo lo posible para que sus fondos consigan el beneficio más alto en el más corto plazo. Entre sus prioridades no figuran obviamente ni invertir en la economía real ni evitar las hambrunas.

A mediados de febrero de 2011, el Banco Mundial comunicaba que debido al incremento en los precios de la comida, el número de hambrientos se estaba acercando a los 1000 millones, cuando los últimos datos de la FAO los cifraba en 925. Y un tercio de la mortalidad infantil en todo el mundo se atribuye a la malnutrición. Además 44 millones de personas están franqueado el umbral de la extrema pobreza porque sus débiles economías familiares han sido desestabilizadas por el incremento del coste de la comida. Según la FAO, en enero de 2011, por séptimo mes consecutivo, el precio de los alimentos alcanzaba un récord histórico al aumentar un 3,4% respecto a diciembre de 2010. Sabiendo que en el último semestre de 2010, el alza acumulada llegaba ya al 44%.

Junto al control del mercado y la especulación financiera encontramos la tercera causa en el uso de cereales como agrocombustibles. El aumento del precio del petróleo ha generado el uso de combustibles alternativos como aquellos de origen vegetal. Alrededor del 15% de la producción mundial de maíz se dedica a destilar etanol, que se mezcla con gasolina para los motorizados. A pesar del duro debate por su impacto ambiental, su dudosa contribución en la reducción de emisiones y por agravar la crisis alimentaria, la UE aprobó un objetivo obligatorio para alcanzar un 10% de agrocombustibles en el transporte en 2020. Llenar el depósito de un automóvil mediano con biocombustible requiere tanta cantidad de maíz como la que una persona africana consume en un año entero.

Cada vez se dedican más tierras destinadas a cosechas para biodiesel, reduciendo la oferta destinada a la producción de alimentos para la población. Esto ha reducido los alimentos disponibles, sobre todo en los países empobrecidos. Parece que nadie se atreve a poner en tela de juicio la barbaridad de millones de toneladas de maíz que se destinan a bioetanol (el 14% del maíz mundial). Porque bajo el intocable prisma neoliberal que impera, los alimentos no tienen por qué alimentar estómagos, sino que son mercancías que deben ser cotizadas en el mercado para agrandar las ganancias.

La crisis alimentaria global sólo beneficia a las multinacionales que han transformado los alimentos en una mercancía con la que especular. Las tierras, las semillas, el agua… se están convirtiendo en propiedad de multinacionales que ponen un precio exorbitante a unos bienes que hasta hace muy poco eran públicos. La agricultura y la alimentación como sustentos básicos desaparecen en favor de la visión mercantilista: el fin último no es garantizar comida ni trabajo, sino hacer un buen negocio. Frente a la mercantilización de la vida, debemos de reivindicar el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria, a controlar su agricultura y su alimentación. No se puede especular con aquello que nos alimenta".

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León

Fuente: http://www.rebelion.org/ Ecología social/ 08-04-2011

El capitalismo hoy hegemonizado por las transnacionales -y representado localmente por el gobierno CFK- está ocupando el territorio devastándolo y encaminando hacia más subdesarrollo de Argentina. Pero hay una batalla cultural desde los grandes medios tanto del oficialismo como de la oposición de derecha para que los de abajo aceptemos el modelo extractivo como destino próspero. Con ese fin se repite el proceder de eludir la deliberación sobre el problema mediante el planteo que la cuestión se reduce al enfrentamiento entre dos bandos. Leamos:

¡Es la minería, estúpido!

Por Daniel Bosque, director de la revista Mining Press

politica@miradasalsur.com

"Como diría Clinton. Septiembre: en el debate de la Ley de Glaciares, la senadora giojista Marina Riofrío lanzó: “Acá no se está hablando de hielos sino de prohibir la minería”. Lejos de desmentirla, la mayoría de los que apoyaron la ley Filmus-Bonasso le dieron la razón. El más enfático fue Miguel Pichetto: “Esto recién empieza, después iremos por la renta minera”.
Diciembre: Cristina Kirchner reunió a 200 actores de la minería para dar un fuerte respaldo a esta industria. “Toda inversión en minería con cuidado ambiental no sólo es viable, sino aconsejable. El desarrollo minero es política de Estado”,dijo.
Empresarios contentos, siempre que olviden la Ley de Glaciares, el proyecto de ley No a la Minería de los 33 (Solanas y 30 más), que en siete provincias está prohibida la minería moderna, o las furibundas campañas “ambientalistas”, por ejemplo.
Cualquiera sabe que el mundo de hoy necesita, como el agua, minerales. No sólo oro, plata y cobre. Níquel, zinc, molibdeno, hierro, litio, manganeso, tierras raras, etc. Sin eso no funcionan chips, computadoras, autos, aviones, construcción, siderurgia, nada.

La mayoría de los argentinos suele creer que su país es un vergel, pero la geografía los desmiente: tres cuartas partes es desierto y una porción respetable, montañas. Repletos de minerales, que atraen inversión extranjera. La burguesía nacional, en minería, no existe.
América es mineral. Dilma prometió triplicar la minería brasileña. Chile y Perú pujan por liderazgos en cobre, plata y otros productos, Colombia está en fuerte despegue. Ecuador y Bolivia quieren más minería con más renta social. La Argentina minera, pese a las voces críticas, creció un 300% en la década y podría captar más de US$ 10.000 millones en nuevas inversiones en la década. Los empleos, directos e indirectos, suman 140.000.

A 15 años de Alumbrera y Cerro Vanguardia y cinco de Veladero, informes de Stamboulian y otros reputados afirman: la minería no causó cáncer en Jáchal, epidemias y sequías en Catamarca, etc. Pero no hay razón que valga para quienes buscan votos progre castigando a la minería. “La prosperidad de San Juan un día se va a acabar, los empleos y los sueldos mineros son mentira, los informes provinciales sobre sus glaciares son fraguados por la corruptela local”, etc., dice la versión local de la task force global de la antiminería, que aquí sigue el manual del ecuatoriano Carlos Zorrilla: “Hay que pegarles a los proyectos cuando están en germen; no importan los argumentos técnicos, es una cuestión política”.
Es curioso: Pino, Lilita, Filmus trinan por la minería pero hacen la plancha en el Riachuelo, que infesta a sus votantes. Y nada dicen del largo 90% del stock nacional de cianuro, que anida en Capital y GBA sin ningún control. “La minería es el demonio” y eso prende, como el rock, en los jóvenes sin cultura productiva, que desconfían del Estado y del capital.
“Hay un modelo transnacional de saqueo”, dice Maristella Svampa. Entonces, discutamos la renta minera. Pero a fondo, porque Alumbrera, por ejemplo, aporta a la Nación US$ 250.000.000/año en impuesto a las Ganancias, pero sólo el 2,54% vuelve a Catamarca por la perversa Coparticipación Federal. “La parte del león”, como de la renta sojera, la disfruta el ciudadano de Capital y GBA. Y sobre todo, los barones de la política que sostienen su carnaval de subsidios, planes sociales y gastos varios que mejor no revisar. En pdfs, ppt y words, la Antiminería insiste en que las provincias mineras son suicidas o criminales ecológicas. E impone engendros, como que el Ianiglia (de paupérrima estructura) cuente y cuide los glaciares argentinos.
Cualquiera sea la Argentina del futuro, no será posible sin minería. Una extraordinaria posibilidad que quisieran tener otros. Nadie dice que no se la controle. Ni que no se discuta su plusvalía, como acaba de hacer Chile con el nuevo royalty.
Pero eso es una cosa y otra desterrarla y constituir en la Argentina una inmensa reserva natural. “Desarrollo total de las fuerzas productivas”, Marx y Perón dixit.
Miradas al Sur Año 3. Edición número 145. Domingo 27 de febrero de 2011

Fuente: http://sur.elargentino.com/notas/es-la-mineria-estupido

El análisis de la realidad desde las resistencias o desde la rebelión contra el privilegio de los extraordinarios negocios de las transnacionales y sus socios locales sobre la vida y la dignidad de los pueblos, campesinos e indígenas, nos conduce a saber sobre cómo es cuestión de vida o muerte derrotar a este modelo de producción y desarrollo. El modelo extractivo que la presidenta Cristina Kirchner convoca a institucionalizar es genocida por:

Agua y Minería Transnacional. Desigualdades hídricas e implicaciones biopolíticas

Información General - Impactos de la Minería

Siendo múltiples y diversas las vías a través de las cuales se avanza en la apropiación desigual del vital elemento –entre ellas, la privatización y el control oligopólico de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento, la generalización de prácticas de mercantilización de la misma para consumo humano (empresas embotelladoras y de bebidas) y las estrategias de re-localización de las industrias intensivas en recursos hídricos, entre otras-, acá se procurará poner bajo la lupa las consecuencias que en tal sentido implica la minería transnacional en la actualidad.

Por Horacio Machado Aráoz*

05/04/2011. Los tiempos que vivimos parecen estar marcados por el agotamiento de la 'Naturaleza'. Desde su irrupción durante el último cuarto del siglo XX hasta la actualidad, los problemas ecológicos manifiestos a diferentes escalas socioterritoriales (local, nacional, regional y global) han ocupado un papel cada vez más destacado e insoslayable en la agenda política mundial.

La inviabilidad ecológica del patrón histórico de 'modernización económica' e industrialización seguido por las sociedades modernas se ha puesto de manifiesto en una serie de síntomas tan evidentes como preocupantes: la extinción continua y creciente de especies; la pérdida de vegetación y bosques nativos; el agotamiento de minerales y de las fuentes de energía; los acelerados procesos de erosión de los suelos y el correlativo avance de la desertificación; el aumento incesante de la producción de basuras y de emisiones tóxicas de todo tipo que contaminan el agua, el aire y el suelo; la pérdida de biodiversidad en general; el calentamiento global y el cambio climático asociado.

Todos estos procesos no sólo afectarán las condiciones y posibilidades de vida en el futuro, sino que ya en el presente están costando cuantiosas vidas humanas y el deterioro -muchas veces irreversible- de la salud de vastos segmentos poblacionales. Según las Naciones Unidas, en la década del '90 se produjeron más de 700.000 víctimas fatales ocasionadas por denominados 'desastres naturales' vinculados al cambio climático (CEPAL, 2002: 149).El número de este tipo de eventos registra un continuo incremento en cantidad, frecuencia e intensidad; correlativamente, de un promedio de 147 millones de afectados en los años '80, se pasó a 211 millones en los '90; sólo en el año 1998 se registraron 50.000 muertes y más de 300 millones de desplazados por causas socioambientales (CEPAL, op. cit.. 150). En tanto se trata de una cuestión en la que literalmente 'nos va la vida', los problemas ecológicos son una fuente cada vez más relevante y decisiva de la conflictividad sociopolítica contemporánea.

Dentro de este marco, uno de los factores de mayor trascendencia es la cuestión de la creciente 'escasez' del agua, ya que se trata de un bien natural imprescindible. Sin ella, ninguna forma de vida sería posible. El agua hace posible la fotosíntesis y los procesos de captación y circulación energética, la producción de nutrientes de la que dependen todos los seres vivos. De ella depende la vegetación y, con ellas -a través de ella-, toda la cadena alimentaria.

También cumple un papel fundamental en la absorción de carbono y la producción de oxígeno, la regulación de la temperatura, del clima en general, y en particular, de los equilibrios en la composición de los gases que hacen de la atmósfera un entorno apto para la vida. Los animales de todo tipo, incluidos los seres humanos, dependemos también directamente de su consumo: no podríamos sobrevivir más de unos pocos días sin agua. Se entiende entonces la gravedad de un escenario signado por su eventual escasez.

Dado su carácter esencial para la vida, cuesta aceptar que ya entrado el siglo XXI el acceso al agua potable no alcance a toda la población. Al impulsar su reconocimiento como un derecho humano básico, la ONU consigna que hacia 2009 casi 900 millones de personas carecen del mismo, en tanto que 2.600 millones no tienen acceso al servicio de saneamiento y más de 1,5 millones de niños menores de cinco años mueren por año como consecuencia de enfermedades vinculadas a la mala calidad del agua (ONU, 2010).

Más allá de las diversas campañas globales e intergubernamentales realizadas para extender la vigencia de este derecho, los avances en este plano se muestran muy por debajo de las expectativas y los objetivos propuestos. En contraste, el uso del agua para fines productivos en general e industriales en particular, no cesa de crecer, por lo que, al ritmo actual, se duplicaría en el lapso de 20 años, según cálculos realizados para 2025 (Barlow, 2001: 8).

En este contexto, asistimos a la creciente instalación de la 'escasez del agua' y de la 'inevitable' conflictividad por la misma, como 'problema global': gobernantes de diversos países y de distintos niveles, organismos internacionales, 'especialistas' de universidades y empresas, además de los medios de comunicación, se ocupan crecientemente de 'informarnos' sobre esta cuestión. Desde las más altas esferas del poder se afirma que 'las guerras del futuro serán por el agua', sin dar cuenta de los orígenes y motivos de la repentina crisis; ocluyendo también, con ello, el análisis sobre los patrones vigentes de uso y distribución y sobre las medidas ya impulsadas para –presuntamente- hacerle frente.

Un análisis de tal tipo, sin embargo, permitiría reconocer en esta materia la creciente configuración de un discurso global que pretende naturalizar el actual estado de 'desorden ecológico mundial' (Porto Gonçalves, 2006), desorden histórico-geográfico resultante de la mundialización de Occidente y que, en sus postrimerías, muestra como una de sus gravosas consecuencias, la intensificación -al extremo de poner en peligro la sobrevivencia de las poblaciones más vulnerables- de las desigualdades ecológicas en general e hídricas en particular, que se verifican tanto a nivel geopolítico como en el plano intergeneracional.

Entendiendo que se trata de un problema tan grave como real, aunque distorsivamente configurado, proponemos analizar la creciente 'escasez mundial del agua' como expresión de un discurso político propio de la globalización hegemónica en curso, orientado a naturalizar las graves desigualdades biopolíticas existentes en torno a la misma. El 'discurso de la escasez' encubre, a nuestro entender, el asalto mundial privatista sobre las fuentes de agua, tratándose, por tanto, de una 'escasez' políticamente producida y económicamente conveniente.

Siendo múltiples y diversas las vías a través de las cuales se avanza en la apropiación desigual del vital elemento –entre ellas, la privatización y el control oligopólico de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento, la generalización de prácticas de mercantilización de la misma para consumo humano (empresas embotelladoras y de bebidas) y las estrategias de re-localización de las industrias intensivas en recursos hídricos, entre otras-, acá se procurará poner bajo la lupa las consecuencias que en tal sentido implica la minería transnacional en la actualidad.

Atendiendo a las particulares características tecnológicas y al diseño geo-económico de dicha actividad extractiva a nivel mundial, se intentará mostrar el papel crucial que la misma desempeña en la producción espacio-temporal de las desigualdades hídricas.

Ahora bien, para explicitar la ecología política de la política hídrica implicada en la minería transnacional, será preciso partir por el necesario ejercicio de desnaturalizar la propia noción de 'agua'. [Descargar documento]

* Trabajo publicado en la revista Proyección Nº 9 Año 2010 Dossier Hábitat urbano: Dimensiones y perspectivas. Revista "Proyección" es publicada por el Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT), de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo.

06/04/2011

Fuente: http://www.noalamina.org/mineria-informacion-general/impactos-de-la-mineria/agua-y-mineria-transnacional-desigualdades-hidricas-e-implicaciones-biopoliticas

En consecuencia, el desarrollo de la «reforma agraria integral» enfrenta un proceso que -desde mediados de los setenta- expande y profundiza la pobreza por enriquecimiento creciente de las transnacionales y sus socios locales mediante: -el perpetuo pago de servicios de la deuda externa pública que es estafa y a la vez, mecanismo perverso por aumentar cada vez más para el eterno condicionamiento del país; -el apoderamiento de empresas estratégicas, sistema financiero e industrias dominantes como la automotriz; -los agronegocios y el modelo de la soja transgénica; -la megaminería a cielo abierto; -los megaemprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios; y la IIRSA.

 

El desarrollo de la «reforma agraria integral» consiste en un rumbo radicalmente opuesto que exige a la unidad en diversidad popular tomar posesión del territorio argentino-sudamericano para atender las necesidades e intereses de todos los de abajo sin discriminación de tipo alguno. Este camino ya comenzó en forma de resistencias. Al respectoDiego Ignacio Domínguez y Pablo Sabatino explican: "(…) existen estrategias productivas y apuestas políticas de distintas agriculturas (campesina, indígena, agroecológica, familiar capitalizada, etc.) que están actualmente en tensión con la agricultura transgénica. Esto significa abordar las resistencias que se tejen desde estas agriculturas. Una resistencia que no debe ser entendida como oposición defensiva a un proceso inevitable. La resistencia tiene un carácter vital, es potencia, es la posibilidad y la capacidad de producir y reproducir el propio mundo de vida. Por ello, el sentido de la resistencia “es luchar para continuar siendo ellos mismos”. Y ese “ser ellos mismos” del campesinado, no puede pensarse sin contemplar la cuestión del territorio. Por tanto, la contradicción en torno al territorio trasciende la disputa material por un espacio físico, involucrando además una disputa por su concepción como espacio de vida en donde los actores, mediante sus acciones y estrategias, y a través de la organización, producen y reproducen sus mundos sociales. En efecto, desde esta perspectiva, el concepto de territorio se ha convertido, según Leff, en un concepto político, concepto que cuestiona“los derechos del ser y las formas de apropiación productiva de la naturaleza”, convirtiéndose en el “locus de las demandas y los reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida”. La noción de política que subyace a esta relación entre territorio y mundos de vida es la de una política del devenir y la transformación, una política del ser, que según Leff  se caracteriza por valorar el sentido de la utopía en tanto derecho de cada individuo y comunidad a concebir su propio destino (…)".Leer

 

Pero, además, el desarrollo de la «reforma agraria integral» es real y efectivamente inclusivo de modo que involucra a las distintas identidades en su afirmación de sujetos colectivos de derechos y en la construcción de la democracia con justicia social. María de Lourdes Larrea aclara:"(…) La planificación del desarrollo local con inclusión social parte de la constatación de que las propuestas de desarrollo local, para ser exitosas en la construcción de la equidad, deben plantear un enfoque integral e incluyente correspondiente a la complejidad y diversidad social: de género, étnica, generacional, cultural. Del reconocimiento de las múltiples identidades propias, es indispensable pasar al abordaje crítico de las dimensiones de la inequidad que se manifiestan, por ejemplo, en el acceso y control de los recursos. La planificación con inclusión social supone también considerar las potencialidades que para la equidad tienen la cultura, las construcciones sociales y las respuestas comunitarias (...). Leer