Qué País

Abril 2017

Con reforma agraria integral contra la desterritorialización-reterritorialización transnacional o neocolonial.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, percibir que la "década ganada" como los gobiernos progresistas denominan a su gestión del Consenso de commodities se concretó como:

Acaparamiento de tierras en América Latina

4 de noviembre de 2013

Por Sally Burch

El acaparamiento de grandes extensiones de tierras, conocido en inglés como land-grabbing, fenómeno que surgió principalmente en la última década y que se acentuó a partir de la crisis alimentaria del 2008, está transformando radicalmente la estructura agraria en el mundo, desplazando al campesinado y reforzando la agroindustria. Lo que se propone abajo es la sindicalización de los movimientos agrarios de resistencia y al mismo tiempo, su universalidad.

 

Entrevista con Cristobal Kay - En África y Asia, este fenómeno corresponde principalmente a acuerdos entre Estados, donde un gobierno acuerda la compra o arriendo de grandes extensiones –cien, doscientas mil hectáreas o más-, en otro país, para producir alimentos bajo su propio control y exportarlos, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de su población.

 

En América Latina, sin embargo, el proceso ha asumido una característica distinta, según explica Cristóbal Kay, especialista en desarrollo y reforma agraria. Y es que en nuestro continente, no son otros Estados sino principalmente las grandes empresas translatinas las que están invirtiendo en países vecinos. En entrevista con ALAI, Kay advirtió que, cuanto más avanza este proceso, más complejo se vuelve pensar en una reforma agraria en los países afectados.

Académico especializado en teoría del desarrollo, que estudió primero en Chile e Inglaterra, y hoy es profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Cristóbal Kay nos recordó que en América Latina este fenómeno tiene sus raíces en la llamada década perdida de los años 80, con las políticas neoliberales. Cuando los Estados disminuyeron sus políticas de crédito y asistencia técnica al campesinado y bajaron los aranceles a la importación de alimentos, la economía campesina quedó marginada y muchos campesinos tuvieron que buscar otras formas de ingreso, cuando no acudir a la migración. En cambio los sectores rurales que salieron beneficiados fueron aquellos productores agrícolas capitalistas que tenían acceso a las inversiones y los conocimientos necesarios para entrar en los nuevos mercados de exportación, con nuevos productos como el brócoli, hortalizas, frutas, palma africana aceitera.

 

Este hecho, relata Kay, “cambió totalmente la estructura agraria, llevando hacía un proceso de concentración de tierras y, también, hacía un proceso de capitalización del agro… Se expandieron estas empresas agrarias, muchas veces incorporando a tierras campesinas, o deforestando la amazonia, llegando a nuevas fronteras agrícolas, creando también una serie de efectos negativos para la ecología de esos países”. Esta nueva estructura agraria funciona con mano de obra temporal, sin estabilidad laboral y con salarios muy bajos, o donde hay cultivos muy mecanizados, como la soya, crea muy poco empleo. “En medio siglo, desde 1960 hasta 2010, el cultivo de la soya pasó de 260 mil hectáreas a más de 42 millones. O sea, se multiplicó varios cientos de veces”, señala el investigador.

 

Sigue nuestra conversación sobre estos temas, en la cual Kay nos contó cómo en América Latina el actual proceso de acaparamiento de tierras sigue parámetros novedosos a nivel mundial, puesto que se trata esencialmente de empresas latinoamericanas de un país que invierten en otro país latinoamericano.

 

CK: Son grandes compañías que ya controlan cincuenta mil hectáreas, o cien mil hectáreas, por ejemplo de Argentina; que hacen después inversiones en Paraguay, o Uruguay, especialmente para soja, o para pasto y ganadería. Y Brasil hace lo mismo: hay muchos empresarios agrícolas brasileños que ya hace como tres o cuatro décadas atrás, han comprado tierras en la parte oriental de Bolivia, en Santa Cruz, en las tierras bajas de Bolivia, y hoy en día controlan quizás un tercio de las tierras del Oriente boliviano. Controlan como el 40 ó 50% de la producción de soja de Bolivia.

Paraguay, es el caso más dramático. En este país, casi dos tercios de toda la producción de soja es controlada por capitales, inversionistas, terratenientes, de origen brasileño -la mayoría-, pero también una parte importante de argentinos. Entonces se plantea allí un problema de soberanía nacional, porque gran parte de esas inversiones de compra de tierra por parte de los brasileños y los argentinos se da en la zona fronteriza con esos países. Y, el cultivo de la soja es el más importante de Paraguay, entonces controlando dos tercios de la producción de soja -no tengo una cifra exacta-, pero es como controlar quizá el 40% de toda la producción agropecuaria de ese país, por parte de esos capitales latinoamericanos.

Ahora, muchos de esos capitales latinoamericanos están asociados con capitales internacionales. Por ejemplo, con el famoso financista George Soros. Soros tiene una empresa que financia las compras de tierras a través de una empresa en Argentina, y hace inversiones a gran escala, con grandes maquinarias.

Entonces, hay algunos capitales extranjeros, pero no es la fuerza motriz de este cambio; la fuerza motriz viene de los propios capitales de algunos países latinoamericanos. Incluso países pequeños como Chile, que tiene cierta ventaja en la industria forestal. Hay un grupo forestal chileno que tiene más de un millón de hectáreas, de las cuales la mitad está fuera de Chile, en Argentina, Brasil y Paraguay. Como ya no hay más tierras para reforestar en Chile, estos capitales chilenos invierten en otros países latinoamericanos, en los que todavía hay cierta abundancia de tierra. Ahora, esto también tiene su impacto ecológico, especialmente con el monocultivo de eucalipto, que absorbe mucha agua, y el pino; y entonces no se puede cultivar después, es muy difícil volver a usar la tierra para otro uso agropecuario.

ALAI: Estas inversiones en tierra, ¿están vinculadas también a la especulación del sector financiero?

CK: Sí, porque la ventaja es que la tierra no pierde su valor, es una buena inversión fija, especialmente si los precios agropecuarios siguen subiendo, y es muy probable que los precios agrícolas nunca van a bajar de nuevo a los niveles pre-crisis del año 2008. Pero la especulación viene más bien con estos nuevos cultivos, como decía, la palma aceitera, palma africana, con la soja y también con la caña de azúcar. Estos tres cultivos se pueden llamar ‘cultivos comodín’. Un colega de La Haya, Saturnino Borras, lo llama ‘flexcrops’, que se puede traducir al castellano como ‘cultivo comodín’, porque se los puede dedicar a varios usos, ya sea como aceite, ya sea como comida, o para biocombustible. Y allí viene la ventaja, es decir, depende de los precios de los alimentos: si están bajos, dedican la caña de azúcar o la soja al etanol. Entonces especulan de acuerdo a cómo van los precios internacionales para cada uno de los productos. Eso le da esa flexibilidad al capital, y el capital siempre trata de maximizar la ganancia y la renta, usando los mercados internacionales.

 

ALAI: ¿De toda esta situación que acaba de describir, cómo ve las implicaciones a futuro? ¿De qué hay que preocuparse? ¿Qué alternativas podrían plantearse frente a esa situación?

CK: Estos nuevos capitales que acaparan tierras, extensiones de 100 mil hectáreas, y algunas llegando hasta a 1 millón de hectáreas, son cantidades de tierras inimaginables históricamente, van mucho más allá del antiguo latifundio. La diferencia es que son capitales no exclusivamente agrarios, sino que muchos de estos nuevos inversionistas vienen de la agroindustria, de la industria forestal, de la industria del procesamiento de la caña de azúcar, de la palma africana. O incluso, en el caso de capitales extranjeros, de capitales mineros o financieros; y capital comercial, incluso hay supermercados que invierten. Entonces, ya no es solamente un capital agrario, sino un capital que se origina de varias fuentes, que controla la cadena productiva. Es como toda una cadena de valor que está totalmente integrada y controlada por ese capital corporativo, que tiene tremendo poder, porque conoce el mercado internacional, tiene acceso a las últimas técnicas productivas, tiene la capacidad de financiar maquinaria, cosechadoras e industrias procesadoras.

Frente a eso, a un mercado libre, los gobiernos no tienen la capacidad de negociar o de buscar acuerdos más favorables para los países. Hay quizá algunas restricciones menores.

En cuanto a las implicaciones de este proceso, como ya mencionaba, desplazó a ciertos sectores campesinos, creó conflictos con pueblos indígenas, tal cual lo hacen algunas inversiones mineras, aunque estos casos son menos conocidos. Y es que en muchas de esas zonas que los gobiernos dicen que están vacías, que son tierras estatales, ya había poblaciones locales, indígenas, que estaban radicadas en esas zonas, y que con estas inversiones van siendo desplazadas.

 

En el tema de qué visión del futuro, pensando especialmente si uno quiere hacer una reforma agraria, yo creo que hoy en día es más complejo realizar una reforma agraria, porque el campesinado ya no enfrenta al antiguo señor feudal con el cual tenía una relación patronal clientelar. Pero había un enemigo claro -por así decirlo- con el cual uno podía realizar su lucha social: contra los patrones, contra los terratenientes que habían estado en esa zona hace siglos ya, desde la colonia, con el antiguo latifundio. Ahora son grupos inversionistas, muchas veces sociedades anónimas. Entonces, ¿cómo tener una política para tratar de expropiar o redistribuir la tierra, frente a un capital que puede vender las tierras fácilmente o moverse a otro lugar?

 

Además, ahora ya no se trata de expropiar tierra improductiva, no cultivada, como antes con el latifundio. No, estas son empresas capitalistas, con grandes inversiones de alta productividad, de alta tecnología, totalmente integradas al mercado internacional; entonces también los gobiernos son muy reacios a tocar a esas empresas.

Por lo mismo, hoy las reformas agrarias tendrían que ser mucho más participativas, tendrían que tener en mente las necesidades de las comunidades indígenas, tener una opción también de género, de incorporar a las mujeres en el proceso de la reforma agraria, lo que no se hizo en la reforma agraria de las décadas de los 50, 60 y principios de los 70, y también, por supuesto, tener toda una visión ecológica, que en la reforma agraria de los 50 los 60 no existía. Entonces, con toda esta nueva situación, es mucho más complejo tener un programa real, masivo de reforma agraria.

Consecuentemente, para enfrentarse a esos grandes conglomerados, como Monsanto, la lucha social ahora tiene que ser de un movimiento también transnacional. Como, por ejemplo, es el caso de la Vía Campesina. Hay que tener un movimiento campesino que esté interconectado e interrelacionado y que se globalice, se transnacionalice, aunando esfuerzos en cada país con esa lucha, más bien global, contra los transgénicos, contra el gran capital financiero y planteando sus propuestas a nivel de la comunidad internacional -a través de las Naciones Unidas, como la FAO, etc., porque es allí donde se mueven las fuerzas políticas.

Y aliándose con los movimientos ecologistas, con los movimientos que quieren mantener la biodiversidad genética, con los movimientos que van contra los supermercados, los movimientos que quieren fortalecer los mercados locales, las culturas locales, por un paisaje que no sea de monocultivo, etc. Allí, aunando esfuerzos entre sectores rurales con sectores sociales urbanos, crear una alianza política transnacional, para lograr cambiar este modelo de monocultivo y depredador. Es una visión, pero por suerte que hay varios pasos intermedios para lograr eso.

Fuente: https://www.cta.org.ar/Acaparamiento-de-tierras-en.html

 

 

Advirtamos que los gobiernos K, como todos los otros progresistas de Nuestra América, nos convencieron que estábamos en crecimiento económico y en combate a la pobreza, cuando lo cierto era que promovían nuestra ruina y sometimiento a la globalización financiera, minera, petrolera, agroalimentaria, agroindustrial, inmobiliaria e hipermercadista.

 

 

 

Acaparamiento de tierras y bienes comunes.

Perspectivas y dimensiones del fenómeno en Argentina - Amigos de la tierra Argentina.
31 de marzo de 2016

 

 

1. Resumen del documento

En la Argentina, la tendencia al acaparamiento de tierras a gran escala y de riquezas naturales es un fenómeno que si bien es difícilmente medible, cada vez genera mayores conflictos sociales y ambientales que contestan fuertemente al modelo de desarrollo extractivista-exportador. El documento divide el acaparamiento de la tierra en diferentes sectores: por agronegocios, plantaciones forestales, por minería a gran escala, para fracking y del espacio urbano, analizando los territorios donde se han producido, las causas y consecuencias de cada uno. Analiza también la existencia de un marco legal que toca directa o transversalmente la cuestión de la tierra, a veces reforzando y otras conteniendo pobremente el avance del acaparamiento.

 

El acaparamiento de tierras se inscribe en un modelo de desarrollo promovido por el Estado, a nivel federal, provincial y local, reforzado por los últimos gobiernos progresistas que todavía le defienden como un motor fundamental del “crecimiento económico” del país y como una “contribución para combatir la pobreza”. Este modelo es cada vez más cuestionado por los impactos sobre las comunidades y el territorio, porque reproduce los mismos procesos productivos, las mismas relaciones de poder y los mismos impactos socio-ambientales. Así, frente al avance de la megaminería, agronegocios, plantaciones forestales y petroleras sobre los territorios rurales argentinos, la resistencia de organizaciones sociales, campesinos e indígenas ha sido fuerte. La respuesta estatal y empresaria ha sido siempre la represión.

 

El texto denuncia la respuesta estatal represiva y la violación a los derechos de las poblaciones, indígenas o no, que resisten las actividades extractivistas y el acaparamiento, cuestionando incluso la gestión de los bienes comunes y el modelo de desarrollo impuesto y su sustentabilidad. Las movilizaciones se inscriben así, en un movimiento no sólo de resistencia sino, de manera más amplia, en la construcción de nuevos paradigmas.

 

2. Elementos factuales y analíticos

El informe sitúa los acaparamientos que ocurren en la Argentina en el marco teórico global del extractivismo latinoamericano. Éste, promovido de diversas formas (reforma normativa, subvención financiera), incluye no sólo a las actividades estrictamente extractivas (sector de minería y petróleo), sino también a otras (como agronegocios y biocombustibles) que fomentan la lógica extractivista al consolidar el monocultivo.

Por una parte, frente a las tensiones sobre los mercados, el crecimiento de la población mundial y el cambio climático, algunos Estados con recursos limitados para satisfacer las necesidades de su población buscan asegurar su soberanía alimentaria y energética. Por otra parte, los actores del mundo financiero ven en los recursos naturales una fuente de inversiones. Esto es especialmente importante en la Argentina desde la crisis financiera de 2001. A las nuevas tecnologías y nuevos actores se suma también la financierización de la naturaleza como elemento determinante. Es decir, el poder creciente del sector financiero sobre el control de los bienes naturales comunes. En consecuencia, se reduce todavía más la responsabilidad de las empresas, aumenta las injusticias sociales, fragmenta la compleja unidad sobre la que reposa un ecosistema y acentúa la crisis ecológica. En Argentina, el acaparamiento por agronegocios–basado principalmente en el cultivo de la soja transgénica – es particularmente preocupante ya que se expande a través del desalojo y la expropiación de las mejores tierras, configurando un campo sin agricultores, sin ganaderos, sin gente. “El 2% de las empresas agropecuarias controla el 50% de la tierra en el país, en tanto que el 57% de las explotaciones agropecuarias controla el 3% de la tierra” (Sili M y Soumoulou L, 2011). Aunque esta cifra abarca situaciones muy diferentes según las regiones en las que ocurre, refleja la alta inequidad de la división de las tierras en el país.

 

El nuevo modelo agrícola argentino, totalmente ligado a los mercados internacionales, se funda en la concentración de tierras en las manos de unos pocos grandes empresarios, lo que lleva a la desaparición de pequeños y medianos productores. Eso va acompañado de una extensión de las tierras cultivadas para estos fines, especialmente de la soja, en lugar de los espacios de ganadería y otros cultivos alimentarios o plantaciones forestales, avanzando también sobre monte nativo, humedales y áreas peri-urbanas como manifiestan los casos mencionados en el informe. Aparece también la relación entre el acaparamiento de territorio urbano y el medio rural, mediante el excelente rendimiento de la soja transgénica, que permite se vuelquen fondos a otros activos como los inmuebles. La extracción minera y más recientemente el boom de los hidrocarburos no convencionales no escapan a esta lógica de apropiación de los recursos naturales, que va en contra de la gestión democrática de las comunidades sobre éstos. Los actores corporativos reproducen así la misma lógica en cualquier sitio. Siempre se trata de ordenar el territorio según intereses del poder económico, en pos de un modelo expulsivo, extractivista y desarrollista; el cual resulta profundamente insustentable. Al analizar la legislación vigente, el informe señala que existen vacíos en materia de derecho ambiental en la legislación del país, y que si bien, existe reglamentación con vocación de proteger a las poblaciones y a los territorios susceptibles de acaparamiento, las normas muchas veces se tornan difusas, contradictorias y escasas. Por otro lado, la falta de voluntad política para resguardar los bienes comunes y el derecho a la tierra, da lugar a una ineficiente sujeción al marco legal, con aplicaciones parciales, tardías o directamente inexistentes. Un hecho constante en los proyectos de acaparamiento es la ausencia de consulta a las poblaciones evitando la legislación sobre las consultas obligatorias. A propósito, los autores consideran que insistir en el reconocimiento de un marco de derechos humanos, derechos ambientales y específicamente de derechos de los pueblos originarios es fundamental para contrarrestar esa relación asimétrica de poder. La movilización de la sociedad civil frente al acaparamiento está siendo fundamental para el reconocimiento de derechos y para defender a su comunidad, a su tierra y a su ambiente y para reivindicar “la democratización del control de los bienes y recursos naturales”. Algunos ejemplos demuestran la importancia de la movilización social, como en el caso de las prohibiciones, proyectos de ley y moratoria contra el fracking.

 

3. Opinión sobre el posicionamiento del autor

Amigos de la Tierra Argentina junto a otras organizaciones promueve espacios de encuentro y debate sobre la gestión de los bienes comunes y el territorio. De esta forma, el informe insiste que la lucha contra este modelo de desarrollo debe ir más allá de la mera resistencia apostando a una articulación de las luchas, una reivindicación de los espacios públicos y comunitarios, fortaleciendo en rol de la sociedad civil. La estrategia extractiva es considerada contraria a los valores de una política democrática y por lo mismo, las movilizaciones deben transitar de la resistencia a la construcción de nuevos paradigmas, por ejemplo, incorporando conceptos como el Buen vivir, un modo de vida en armonía y diversidad con la Pachamama, concepciones incorporadas en el último tiempo en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Resulta indispensable incorporar éstos y otros aportes y saberes ancestrales de los pueblos originarios para construir una sociedad basada sobre la solidaridad, el respeto por el territorio y la participación en la construcción de una sociedad mejor. No obstante, no se trata solamente de recuperar lo ancestral, sino de ser creativos al re-crearnos como habitantes del siglo XXI en los nuevos desafíos que nos representa la supervivencia en el planeta Tierra.

 

Fuente: http://www.landaccessforum.org/wp-content/uploads/2016/03/Amigos-de-la-Tierra-Argentina.pdf

 

 

Pensemos que, en nombre de un modelo productivo e industrial, todos los gobiernos progresistas se sumaron a arraigar la reprimarización continental mediante el extractivismo exportador y orientado fundamentalmente hacia beneficiar a China.

 

 

Extractivismo en América Latina. El Consenso de los Commodities

11 de septiembre de 2016

 

Por: Maristella Svampa 

El Consenso de los Commodities cerró la etapa del mero ajuste neoliberal y abrió a otro ciclo económico en América Latina

 

En los últimos años, América Latina realizó el pasaje del Consenso de Washington (CW), asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los Commodities (CC), basado en la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), productos alimenticios (maíz, soja y trigo)y biocombustibles (1).

En términos de consecuencias, el Consenso de los Commodities es sin duda un proceso complejo, vertiginoso y de carácter recursivo, que debe ser leído desde una perspectiva múltiple. Así, desde el punto de vista económico, se traduce por un proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar su reorientación hacia actividades primario-extractivas o maquilas, con escaso valor agregado. Según la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en 2011 las materias primas agrícolas, mineras y commodities derivados representaron el 76% de las exportaciones de la Unasur, contra sólo el 34% del total mundial. Las manufacturas de alta tecnología, en cambio, representaron el 7% y el 25%, respectivamente (2). A su vez, el efecto de reprimarización se ve agravado por el ingreso de China, país que de modo acelerado va imponiéndose como socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región (3).

Desde el punto de vista social, el CC conlleva la profundización de la dinámica de desposesión –según la expresión popularizada por el geógrafo David Harvey– esto es, el despojo y la concentración de tierras, recursos y territorios, que tienen a las grandes corporaciones, en una alianza multiescalar con los diferentes gobiernos, como actores principales. No es casual que la literatura crítica de América Latina considere que estos procesos apuntan a la consolidación de un estilo de desarrollo neoextractivista (4), el cual suele ser definido como aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras del capital hacia territorios antes considerados como improductivos.

El neoextractivismo desarrollista instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios, y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, expulsando o desplazando comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana. La megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no convencional o shale gas, con la tan cuestionada metodología de la fractura hidráulica o fracking), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, en fin, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), constituyen sus figuras emblemáticas.

Un rasgo decisivo del neoextractivismo desarrollista es la gran escala de los emprendimientos, lo cual nos advierte también sobre la envergadura de las inversiones –se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas–. Por ejemplo, para el caso de la minería a gran escala, por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos (5). En Perú, país por excelencia de la megaminería transnacional, ésta ocupa apenas el 2% de la Población Económicamente Activa (PEA), contra un 23% en la agricultura, el 16% en comercio y casi el 10% en manufacturas (6).

Por otro lado, la actual etapa puede leerse tanto en términos de rupturas como de continuidades en relación al anterior período del CW. Recordemos que el CW puso en el centro de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, lo cual redefinió al Estado como un agente meta-regulador. Asimismo, operó una suerte de homogeneización política y discursiva en la región. De modo diferente, en la actualidad, el CC coloca en el centro la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo cual permite el despliegue y la coexistencia entre gobiernos progresistas, que cuestionaron el consenso neoliberal, con aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo.

Por último, el CC posee una carga político-ideológica, pues alude a la idea de que existiría un acuerdo –tácito o explícito– acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista, producto de la creciente demanda global de bienes primarios. Así, tal como sucedía en los años 1990, el discurso dominante es que "no hay otra alternativa”, lo cual apunta a poner coto a las resistencias colectivas, sobre la base de la "sensatez y razonabilidad” que ofrecerían las diferentes versiones del capitalismo progresista, al tiempo que busca suturar la posibilidad de pensar otras opciones de desarrollo, instalando así un nuevo umbral histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas. En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical se inscribiría en el campo de la antimodernidad, de la negación del progreso, del "pachamamismo”, del "ecologismo infantil”, cuando no de un "ambientalismo colonial”, fogoneado siempre por agentes extranjeros.

Conflictividad y resistencias

Si bien en un principio el CC tendía a ser tácito y elusivo, al calor de los conflictos fue adoptando una dinámica más explícita y agresiva. En efecto, el CC viene asociado, de manera inherente, a la explosión de conflictos territoriales y socioambientales que enfrentan de modo asimétrico a gobiernos y corporaciones versus comunidades y asociaciones de vecinos. Dichas movilizaciones en defensa del territorio, la biodiversidad y el ambiente ilustran el surgimiento de un nuevo entramado organizacional, de carácter plural, que abarca desde comunidades campesino-indígenas, asambleas de vecinos, multisectoriales, colectivos culturales, hasta ONG ambientalistas y activistas, algunos provenientes del campo profesional y académico.

Un ejemplo emblemático del aumento de la conflictividad es la megaminería a cielo abierto. Actualmente no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en 2010 había 120 conflictos mineros, que afectaban a 150 comunidades; en 2012, éstos ya alcanzaban el número de 161, involucrando a 212 comunidades. En mayo de 2013 había 185 conflictos activos, 6 de ellos transfronterizos, que involucran a 268 comunidades a lo largo de la región (7).

Este contexto de conflictividad contribuye a la judicialización de las luchas socio-ambientales y a la violación de derechos que, en no pocos casos, como en Perú, Panamá y México, culmina en asesinatos de activistas. Así, a comienzos de 2012, en Panamá se registraron fuertes episodios de represión que costaron la vida a dos miembros de la comunidad indígena Ngäbe Buglé. En Perú, desde la asunción de Ollanta Humala –julio de 2011–, se produjeron 25 muertos por represión, principalmente en la región de Cajamarca, donde los pobladores se encuentran movilizados contra el Proyecto Conga, un emprendimiento minero que amenaza con la destrucción de importantes fuentes hídricas.

Pero la criminalización y la represión no son prerrogativas exclusivas de los gobiernos conservadores. Por ejemplo, en Argentina, luego de diez años de conflictos en diferentes provincias, invisibilizados por el oficialismo progresista, el levantamiento popular de Famatina, en enero de 2012, logró romper con el encapsulamiento y colocar en la agenda nacional la megaminería. Sin embargo, luego de que el gobierno nacional hiciera explícito su apoyo a dicha actividad, volvió a operarse el re-encapsulamiento de la problemática minera a la lógica criminalizadora de las provincias, seguido de una oleada represiva que tuvo su récord en Catamarca (siete represiones en 2012), e incluyó recientemente –el 11 de mayo pasado– una represión en Famatina. Asimismo, la política de hostigamientos y asesinatos, ligada a la expansión de la frontera sojera y al proceso de acaparamiento de tierras, afecta de modo recurrente a los pueblos originarios, tal como lo ilustra la Comunidad Qom, en Formosa, que contabiliza 6 muertos desde noviembre de 2010.

Otro caso destacable es el del gobierno de Rafael Correa, el cual bajo la figura de "sabotaje y terrorismo” lleva procesadas 213 personas, muchas de ellas ligadas a las resistencias contra la megaminería, habilitada a partir de 2009.

Progresismo y progreso

¿Es la cuestión ambiental todavía un punto ciego para los gobiernos progresistas? ¿O en los últimos tiempos y al calor de los nuevos conflictos es posible afirmar que hubo un cambio de escenario? En realidad, a pesar de que en las últimas décadas las izquierdas –sean socialdemócratas, populistas o anticapitalistas– llevaron a cabo un proceso de revalorización de la matriz comunitario-indígena; pese a las afinidades electivas existentes entre las cosmovisiones de los pueblos originarios y ciertas corrientes del ambientalismo, aquellas continúan adhiriendo a una visión productivista y eficientista del desarrollo, muy vinculada con la ideología del progreso y la confianza en la expansión de las fuerzas productivas.

Por otro lado, todos los gobiernos progresistas buscan justificar el extractivismo afirmando que es la vía que permite generar divisas, que luego son reorientadas a la redistribución del ingreso y al consumo interno, o bien hacia actividades con mayor contenido de valor agregado. Este discurso cuyo alcance real debería ser analizado caso por caso, busca oponer de modo reduccionista la cuestión social (la redistribución) con la cuestión ambiental, al tiempo que deja afuera discusiones complejas y fundamentales que enlazan de modo estratégico las problemáticas del desarrollo, el ambiente y la democracia.

En este sentido, se destacan principalmente cinco cuestiones.

·         Primero, que en el marco del CC, los gobiernos progresistas latinoamericanos optaron claramente por un "extractivismo depredatorio”, en palabras del investigador Eduardo Gudynas, tal como lo ilustra la enorme multiplicación de programas de desarrollo basados en proyectos extractivos (gas, petróleo, minerales, soja) a gran escala, cuyo destino es la exportación, y cuyas consecuencias sociales, ambientales, culturales y políticas, son sistemáticamente denegadas o minimizadas.

·         Segundo, la imposición de una visión productivista y sacrificial del territorio desemboca en la negación virulenta de otras miradas/lenguajes de valoración sobre el territorio y en la implementación de estilos de desarrollo que modifican y amenazan sustancialmente las condiciones de vida de las poblaciones.

·         Tercero, la asociación entre extractivismo depredatorio y trastocamiento de las fronteras de la democracia aparece como un hecho recurrente: sin licencia social, sin consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del Estado o aún con ella, los gobiernos tienden a vaciar no sólo de contenido el ya bastardeado concepto de sustentabilidad, sino también a manipular las formas de participación popular, buscando controlar las decisiones colectivas.

·         Cuarto, en el marco del CC y en nombre de las "ventajas comparativas”, los gobiernos promueven un modelo de inclusión anclado en el consumo, en el cual la figura del ciudadano consumidor sobredetermina el imaginario del "buen vivir”, en clave plebeya-progresista.

·         Quinto, el acoplamiento de corto plazo entre avance del Estado, crecimiento económico y modelo de ciudadano consumidor aparece como condición de posibilidad del éxito electoral, lo cual refuerza el rechazo a pensar cualquier hipótesis o escenario de transición y de progresiva salida del extractivismo a mediano y largo plazo.

En este sentido, uno de los escenarios más paradójicos es Bolivia. Es necesario recordar que en el gobierno de Evo Morales convivían desde el inicio un discurso eco-comunitarista y una vocación neodesarrollista. Dicha tensión remite a las dimensiones presentes en el proyecto de cambio: una, la narrativa indianista, centrada en la creación del Estado Plurinacional y en el reconocimiento de las autonomías indígenas; la otra, la narrativa nacional-popular, marcada por una dimensión estatalista, reguladora y centralista, así como por un modo de concebir la participación, vinculada a un liderazgo personalista. Finalizada la etapa de confrontación con la oligarquía de Santa Cruz, al inicio del segundo mandato (2010), el gobierno boliviano apuntó a profundizar el modelo desarrollista con base extractivista, a través del anuncio de una serie de megaproyectos estratégicos, basados en la expansión de las industrias extractivas, desde la explotación del litio, la megaminería en asociación con corporaciones transnacionales y el agronegocio, hasta, en fin, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y carreteras.

Aunque hubo varios episodios que anticiparon una colisión entre la narrativa indigenista y la práctica extractivista, el punto de inflexión fue el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a raíz de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio. El TIPNIS es desde 1965 una reserva natural y desde 1990 territorio indígena, hábitat de pueblos amazónicos. La cuestión era sin duda compleja, pues si por un lado la carretera respondía a necesidades geopolíticas y territoriales, por otro lado lo central era que los pueblos indígenas involucrados no fueron consultados. Asimismo, resulta inevitable pensar que la carretera será la puerta de entrada de nuevos proyectos extractivos, que traerán consecuencias sociales, culturales y ambientales negativas, con o sin Brasil como aliado estratégico.

La escalada del conflicto incluyó varias marchas desde el TIPNIS hasta La Paz, además de un oscuro episodio represivo y la articulación de un bloque multisectorial entre organizaciones indígenas rurales, sociales y ambientalistas, con el apoyo de ingentes sectores urbanos. Finalmente, en 2012 el gobierno de Evo Morales cedió y decidió llamar a una consulta a las comunidades del TIPNIS. Realizada ésta, el informe oficial señaló que el 80% de las comunidades consultadas aprobaron la construcción de la carretera. Sin embargo, un Informe de la Iglesia Católica, elaborado junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia en abril de 2013, indica que la consulta "no fue libre ni de buena fe, además no se ajustó a los estándares de consulta previa y se la realizó con prebendas” (8).

El conflicto del TIPNIS arroja dos importantes conclusiones que deben ser leídas en clave latinoamericana: en primer lugar, en un marco de escalada del conflicto, en contextos tan virulentos y politizados –donde el carácter recursivo de la acción lleva a que los diferentes actores se involucren en una lucha encarnizada– la posibilidad de realizar una consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios –según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– se enrarece inevitablemente, y la definición de sus procedimientos, mecanismos y temas, termina siendo muy controversial. En segundo lugar, el conflicto del TIPNIS blanqueó por completo el discurso gubernamental respecto de lo que éste entiende por desarrollo, algo que se encargó de hacer el vicepresidente Álvaro García Linera en su libro Geopolítica de la Amazonía (9).

Para Linera, sin extractivismo no habría cómo sostener las políticas sociales, lo cual significaría el fracaso del gobierno y la inevitable restauración de la derecha. De este modo, queda claro tanto en qué lugar ideológico se ubican las resistencias –los críticos del neoextractivismo son acusados de promover un "ambientalismo colonial”–, como cuál es el tipo de desarrollo asociado al actual programa de descolonización, el que sin duda se sitúa muy lejos de las aspiraciones eco-comunitarias declamadas por Evo Morales durante el primer mandato y muy lejos también de las discusiones filosóficas y políticas acerca del "vivir bien”.

Contexto represivo

La deriva hacia una lectura conspirativa de las resistencias no es empero patrimonio exclusivo del gobierno boliviano. En realidad, allí donde hay un conflicto ambiental y territorial, mediatizado y politizado, que pone de relieve los puntos ciegos de los gobiernos progresistas respecto de la dinámica de desposesión, la reacción suele ser la misma. Sucede desde 2009 en Ecuador, sobre todo con la megaminería y, más recientemente, en Brasil, a raíz del conflicto suscitado por la construcción de la megarrepresa de Belo Monte. En ambos casos los distintos oficialismos optan por el lenguaje nacionalista y el escamoteo de la cuestión, negando la legitimidad del reclamo y atribuyéndolo, sea al "ecologismo infantil” (Ecuador), cuando no al accionar de ONG extranjeras (Brasil).

Aunque sin mayores debates (el término mismo de "neoextractivismo” se halla fuera del horizonte retórico del oficialismo), algo similar sucede en Argentina, donde el progresismo selectivo del gobierno no se aplica para el caso de la megaminería ni mucho menos para la soja. Si volvemos, por caso, al levantamiento en Famatina, éste tuvo un efecto paradójico: sea por desconocimiento o por mala fe, lo cierto es que desde las plumas del oficialismo se alentó una lectura que dejaba el conflicto entrampado en los contextos provinciales, cuando no en los esquemas binarios, en la batalla política que el gobierno kirchnerista libra con el multimedios Clarín. Sin embargo, el posterior realineamiento entre poder político y poder económico terminó por blanquear, esta vez de modo explícito y en la voz de la Presidenta, a la megaminería como parte legítima e integral del proyecto oficialista.

En suma, a diferencia de los primeros años, el CC dejó de ser un acuerdo tácito que vincula de modo vergonzante neodesarrollismo liberal con neodesarrollismo progresista. Al calor de los diferentes conflictos territoriales y ambientales y de sus dinámicas recursivas, los diferentes gobiernos progresistas terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista, en defensa del extractivismo, acompañado de una práctica criminalizadora de las resistencias, que alienta el contexto represivo. Este sinceramiento entre discurso y práctica que ocurre incluso en aquellos países que más expectativa política de cambio habían despertado –como Bolivia– ilustra la evolución de los gobiernos progresistas hacia modelos de dominación más tradicionales (en mucho, ligados a la clásica huella nacional-estatal), así como obliga al reconocimiento del ingreso inquietante a una nueva fase de retracción de las fronteras de la democracia.

Notas:

1. Utilizamos aquí el concepto de commodities en un sentido amplio, como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento.
2. http://unctadstat.unctad.org/
3. Véase Sergio Cesarin, "China en América Latina”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, número especial "El fin del Primer Mundo”, mayo-junio de 2012.
4. Véase Eduardo Gudynas, "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo”, (autores varios), Extractivismo, política y sociedad, CAAP - CLAES, Quito, 2009. Véase también Héctor Alimonda (coord.), La Naturaleza colonizada. Ecología, política y minería en América Latina, CLACSO-CICCUS, Buenos Aires, 2011, y Gabriela Massuh (editora), Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina, Mardulce, Buenos Aires, 2012.
5. Colectivo Voces de Alerta, 15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en Argentina,Editorial El Colectivo-Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2011.
6. Autores varios, Mitos y realidades de la minería en el Perú. Una guía para desmontar el imaginario extractivista, Programa Democracia y Transformación Global, Lima, 2013.
7. http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/. Véase también OCMAL, 2011.
8. www.paginasiete.bo/2013-04-16/Nacional/Destacados/6Nac00216.aspx
9. Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz, noviembre de 2012. Disponible en: www.alames.org/documentos/amazoniaAGL.pdf.

Fuente: http://www.aporrea.org/actualidad/a233904.html

 

En consecuencia, la «reforma agraria integral» es un desafío no sólo para campesinos e indígenas sino también para la diversidad social que compone a los pueblos del país-continente y para las naciones del Abya Yala. Tal conclusión se refuerza analizando:

 

Territorialidad de la dominación.

Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)1

 22 de febrero de 2008

 

Por Ana Esther Ceceña - Paula Aguilar - Carlos Motto

Observatorio Latinoamericano de Geopolítica Territorialidad de la dominación Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)

 

Territorios diseñados

la legibilidad de una sociedad proporciona la capacidad para la reingeniería social de gran escala… James Scott, Seeing like a State

 

La Tierra se va transformando con la historia que le imprime marcas, le coloca fronteras y diques, la contiene o, en ocasiones, la potencia y la libera. La Tierra contiene una y mil historias en los cauces de sus ríos, en sus manchas selváticas, en sus desiertos, montañas y glaciares.

La exuberante selva del Amazonas, que hoy se retrae para dar paso al “progreso” capitalista, fue producto de miles de años de asentamientos que fueron creando la terra preta, tierra mejorada y fértil que permitió ir extendiendo la mancha verde de millones de especies.

 

Un número cada vez más grande de investigadores ha llegado a la conclusión de que la cuenca del Amazonas […] Lejos de ser la tierra virgen intemporal y con un millón de años de antigüedad que muestran las postales, […] es el resultado de una interacción histórica entre el medioambiente y el ser humano. (Mann, 2006: 378). …durante mucho tiempo unos pobladores inteligentes, que conocían trucos que nosotros aún estamos por aprender, utilizaron grandes parcelas de la Amazonia sin destruirla. Ante un problema ecológico, los indios lo resolvían. En vez de adaptarse a la naturaleza, la creaban. Estaban en pleno proceso de formación de la tierra cuando apareció Colón y lo echó todo a perder. (Mann, 2006: 410).

 

La vida se escribe sobre la tierra, geografiando, como nos recuerda Carlos Walter Porto Gonçalves. Y si bien algunas sociedades lograron crear el maíz, el pejibaye, la terra preta y un sinfín de híbridos, variantes y tecnologías que enriquecían el fortalecimiento y diversificación de especies, otras, como la occidental capitalista, se han ocupado de simplificar la naturaleza buscando su ordenamiento o su legibilidad. Dentro de estas últimas, la naturaleza se pone al servicio del progreso, y para ello tiene que ser inteligible y legible. Es necesaria la transformación de la naturaleza mediante criterios de orden y eficiencia, trocando o simplificando sus códigos de comportamiento para adecuarlos a las herramientas de lectura y apropiación desarrolladas por la clase dominante:

 

El discurso utilitarista reemplaza el término “naturaleza” con el término “recursos naturales”, focalizándose en aquellos aspectos de la naturaleza que pueden ser apropiados para el uso humano [...] las plantas valiosas devienen “cosechas”, mientras que las especies que compiten con ellas son estigmatizadas como “maleza” y los insectos que las ingieren como “plaga”. (Scott, 1998: 13)

 

La agricultura es, después de todo, una reorganización radical y una simplificación de la flora para adaptarla a objetivos humanos. (Scott, 1998: 2)

 

La manera como las diferentes sociedades conciben, entienden y escriben la tierra se relaciona con los modos de organización social en sí mismos, con las relaciones de socialidad y de poder que les son propias. Sociedades plurisujéticas, que reconocen la multiplicidad de agentes sociales, tienen un modo de relacionarse con la naturaleza y crear el territorio muy distinto al de sociedades como la capitalista, que tiende a la objetivación para establecer su dominio. La objetivación de la naturaleza y el territorio conduce a su racionalización o, en otras palabras, a su apropiación racional. Una vez que el territorio, la naturaleza y la sociedad adoptan carácter de objetos pueden ser organizados funcionalmente..

 

Los planes de ordenamiento del territorio americano

Tanto las capacidades tecnológicas como los alcances políticos determinan las condiciones y el ambiente en el cual se definen las dimensiones y posibilidades de uso y ordenamiento de los territorios. El neoliberalismo, como proyecto de solución de una crisis que tocaba todos los ámbitos de las relaciones capitalistas, llegó acompañado de su propia manera de apropiarse los territorios y refuncionalizar el espacio.

 

Los planes económicos

La batalla de Estados Unidos por mantener una hegemonía amenazada por las versiones orientales del capitalismo lo llevó a revitalizar la vieja (1823) pero totalmente vigente doctrina Monroe (América para los americanos) y a voltear hacia el continente como auténtica plataforma de guerra, así sea guerra comercial, frente a la competencia del exterior. Tímidamente, este nuevo diseño continental inicia por los territorios más cercanos: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) marca las pautas de una expansión que se irá ampliando geográficamente y profundizando dimensionalmente. Del comercio se pasará a la infraestructura, a las políticas económicas, a la normatividad, a las comunicaciones y…. a la seguridad. De América del Norte se salta hacia Sudamérica, el Caribe y América Central, siempre con especial cuidado de incluir las zonas que pueden ser catalogadas como estratégicas no sólo dentro de uno de los tratados, planes o proyectos sino en varios a la vez. Así ocurre con la región tropical de América, que abarca desde el sur de México hasta la Amazonia, y que está comprendida en el TLCAN, en el Plan Puebla Panamá, en el Plan Colombia, en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD), en la IIRSA y, como toda América, en el temporalmente abortado proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

 

Estos megaproyectos se han ido desplegando poco a poco sobre el territorio latinoamericano. El TLCAN funcionó como mecanismo de recuperación de la competitividad estadounidense para enfrentar el bloque que se había formado en la cuenca asiática, pero simultáneamente fue una experiencia comercial, de inversiones, jurídica y demostrativa, que constituyó la base sobre la cual se diseñaron el resto de los tratados impulsados en el continente, entre los que habría que destacar, por su envergadura, el ALCA. Una vez echados a andar los planes estratégicos directamente económicos (TLCAN, CAFTARD, TLC Chile-USA), precedidos por profundas transformaciones de los marcos constitucionales nacionales que desprotegieron los acervos patrimoniales y la soberanía de las naciones sobre los bienes que por naturaleza, geografía e historia les pertenecían, se avanzó hacia la cobertura de áreas fundamentales que no habían podido ser incluidas en esos primeros tratados.

Los planes de control militar

Un segundo momento en estos planes estratégicos combina intereses económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus dotaciones materiales, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes. Así es como el control de algunas rutas porosas de negocios no regulados y altamente rentables, junto con el interés de penetrar la cuenca amazónica y supervisar la conexión entre el norte y el sur del continente, en esa pequeña cintura donde América se quiebra, por un lado, y por otro la impronta de combatir insurgencias de larga historia, lleva al establecimiento del Plan Colombia, que hoy abarca desde la frontera entre Colombia y Panamá hasta el sur de Perú, aunque con la reciente autoexclusión de Ecuador. Los megaproyectos de infraestructura El tercer momento, aunque temporalmente sobrepuesto, como los otros, es el que busca trazar nuevas rutas, adecuadas a la geografía económica del siglo xxi: las nuevas venas abiertas hacia el imperio que responden a nuevas necesidades y a una diferente selección de las materias primas y los llamados recursos estratégicos. Caminos que conecten los grandes centros de producción y consumo del mundo, que abaraten y aceleren los traslados y que al mismo tiempo refuercen la vigilancia y el control sobre los mismos es el objetivo. Hacer fluir el corazón de las selvas o las profundidades de las minas hacia los centros industriales y, a la inversa, llevar el espíritu industrial y competitivo hasta el centro de las selvas y  minas. Agilizar los desplazamientos diversificando sus medios: ferrocarriles, autopistas, ríos, canales y cables de fibra óptica. Transformar el territorio. Adecuarlo a las nuevas mercancías, a las nuevas tecnologías y los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y… productivo. Ese es el modo capitalista de entender la naturaleza y relacionarse con ella.

 

Objetivos prácticos habían animado al utilitarismo matemático, que parecía promover la perfección geométrica como el signo distintivo de un bosque bien administrado, al tiempo que el ordenamiento racional de los árboles ofrecía nuevas posibilidades para el control de la naturaleza (Lowood, Henry, en Scott, 1998: 15)

 

Hacer de las nuevas rutas lugares de trabajo instalando plantas ensambladoras a lo largo de los caminos o utilizando barcos-fábrica; hacerlas adecuadas al movimiento de petróleo, gas y minerales tanto como al de información; multiplicar los usos de la naturaleza haciendo del agua medio de traslado y mercancía; establecer nuevos ordenamientos lógicos y, en la práctica, nuevas fronteras. Eso contiene esta otra modalidad de planes estratégicos infraestructurales. Dentro de esta línea, dos planes que se anuncian como iniciativas locales independientes y de cuño autóctono, tienen la curiosa virtud de abarcar desde la zona más austral hasta México, vinculando y reorganizando todo el espacio latinoamericano. Curiosamente también, aunque tenían diversos antecedentes sueltos, fueron presentados ambos como planes articulados en el año 2000: el Plan Puebla Panamá (PPP) y el proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA). El Plan Puebla Panamá (PPP) El PPP, lanzado como tal por Vicente Fox en su campaña electoral, agrupó varios proyectos anteriores dándoles un sentido nuevo:

 

1. El megaproyecto del Istmo de Tehuantepec, que intentaba suplir o, más bien, complementar al de Panamá. Este corredor o canal del Istmo de Tehuantepec, que fue objeto de un proyecto anterior al de Panamá, abortado por la Revolución mexicana, se planea a inicios de los años noventa como un canal multimodal (carretera, ferrocarril e hidrovías2) de nivel internacional, a la vez que un cinturón maquilador capaz de terminar de ensamblar las partes provenientes de distintos lugares del planeta y convertirlas en las mercancías fi nales que abastecerán en su mayoría el mercado estadounidense pero con salidas hacia los otros dos importantes mercados del planeta: la cuenca asiática y Europa. Simultáneamente este corredor se vislumbra como una frontera o dique para detener a los migrantes centroamericanos e impedir que sigan camino hacia Estados Unidos, estableciendo casi un paso fronterizo nuevo.

 

2. El corredor biológico mesoamericano (CBM), proyecto del Banco Mundial para reconstruir los pasos de especies entre el norte y sur del continente, dictando las normas de su tratamiento futuro. Es decir, ordenándolos de acuerdo con los criterios de legibilidad, efi ciencia y productividad mencionados arriba. Los dos puntos neurálgicos de este corredor se encuentran en la Selva Lacandona (México) y en la Selva del Darién (Panamá). Ambos constituyen encrucijadas bióticas donde confl uyen especies de biomas diferentes y se generan nuevas especies o nuevas variantes de las ya conocidas. Puntos fundamentales para garantizar la reproducción y multiplicación de las dos manchas selváticas que se encuentran al norte y sur de Centroamérica (Sureste de México y Cuenca amazónica) y que, en conjunto, conforman el mayor y más diverso yacimiento genético del planeta.

 

3. Simultáneamente, el Plan Puebla Panamá agregó nuevas iniciativas como la de integración energética desde Panamá hacia Estados Unidos. El aumento constante del consumo energé- tico de Estados Unidos fue uno de los elementos centrales de la redefi nición de sus políticas hacia el resto del mundo, orientando tanto los tratados comerciales y las medidas de ajuste y desregulación promovidas a través del Fondo Monetario Internacional (fmi) y del Banco Mundial (bm), como las iniciativas de guerra. El Reporte del Grupo de Desarrollo de la Política Nacional de Energía afi rmaba, en 2001, que:

Las estimaciones indican que en los próximos 20 años el consumo de petróleo de USA se incrementará un 33%, el consumo de gas natural por pozo más del 50% y la demanda de electricidad ascenderá un 45%. Si la producción americana de energía crece al mismo ritmo en que lo hizo en durante los 90s, enfrentaremos una brecha cada vez mayor. (NEPD, 2001: x)

 

Y esta deficiencia crítica, que colocaba a Estados Unidos en una posición de altísima vulnerabilidad, llevó a repensar la funcionalidad de los recursos del Continente y a trazar planes de gran envergadura que dieran materialidad a las venas abiertas de las que hablaba Eduardo Galeano, bajo la forma de oleoductos, gasoductos y redes de generación (hidroeléctricas sobre todo) y transmisión de energía eléctrica.

 

4. Y, finalmente, el PPP se propuso la conformación de un mercado de trabajo único para las maquiladoras, aprovechando toda la fuerza de trabajo barata que pudiera provenir de los 64 millones de habitantes de la zona, marcadamente pobres y con un alto porcentaje de población indígena. Todos estos proyectos requieren, indudablemente, de un avituallamiento comunicacional. Completar, modernizar e integrar las rutas y puertos para garantizar los traslados ágiles y baratos, con telecomunicaciones que permitan su control y seguridad, fue quizá la propuesta más visible del PPP. Quizá también, junto con las hidroeléctricas, la más combatida. Este Plan ha tenido un rechazo amplio que permitió la conformación de organizaciones campesinas y de la sociedad civil a nivel mesoamericano. Pero si bien esto ha obstaculizado su avance en términos generales, hoy el PPP se amplía incorporando a Colombia, con toda su carga militarista, y algunos de sus proyectos han ido prosperando unilateralmente o se han trasladado, por lo menos parcialmente, hacia otros planes. Tal es el caso de la iniciativa de integración energética recientemente incluida en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

 

Los planes de seguridad

Con la ASPAN da inicio un nuevo tipo de planes estratégicos o megaproyectos, que subsumen los criterios económicos en los de seguridad, justifi cando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de las soberanías nacionales. Si bien estas soberanías se encontraban ya seriamente cuestionadas por la creación de una normativa supranacional, de nivel superior a las legislaciones internas de las naciones implicadas en los tratados de libre comercio, los planes de seguridad tienden a crear complicidades y supranacionalidades en todas las actividades de prevención, combate, y control del narcotráfico y el terrorismo, manteniendo peligrosamente la ambigüedad con la que estos han sido reconocidos como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Se trata de planes pensados desde una perspectiva militar que inician por un reconocimiento de los territorios y de ahí diseñan estrategias de control global. Las fronteras se redefinen de acuerdo con los objetivos de seguridad y las normatividades correspondientes responden ya no a los criterios de bienestar de la población, de cuidado del patrimonio de la nación como en otros tiempos, sino a los de control y disciplinamiento.

Es el nuevo Leviatán que se levanta sobre los vestigios de la democracia, a veces escasamente conquistada, y sobre la autodeterminación de los pueblos. Integraciones como la de ASPAN, que extiende el homeland (territorio interno) estadounidense por el norte hasta tocar los glaciares, pasando por los yacimientos de petróleo, de metales estratégicos, y por los bosques canadienses, y por el sur hasta la frontera con América Central, abarcando nuevamente la zona de yacimientos petroleros, las minas, la única selva tropical húmeda del norte de América, y el territorio que más trabajadores migrantes o maquiladores aporta para el desarrollo de la economía del gran coloso, se complementan con planes que se implantan para el combate al narcotráfi co, pero que tienen muchas otras derivaciones y fuertes implicaciones de soberanía y jurisdicción. El Plan México, gemelo del Plan Colombia, se perfila como el soporte fi nanciero a las actividades de readecuación de policías, militares y paramilitares mexicanos por parte de los instructores de operación e inteligencia norteamericanos, de equipamiento de estos cuerpos, pero también de actuación directa de los cuerpos de seguridad estadounidenses en territorio mexicano. Aun antes de aprobarse la dotación de recursos, las evidencias de la puesta en acción del Plan se van multiplicando día a día.

Las nuevas fronteras sudamericanas

La iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), que parece estar diseñando nuevas fronteras internas para el Sur del Continente, se anuncia públicamente en agosto-septiembre de 2000 en una reunión auspiciada por Fernando Henrique Cardoso en Brasilia, con la presencia de los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El BID fue creado en 1959 para apoyar el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, justo cuando la revolución cubana empezaba a abrir nuevos cauces.

 

En 1961 se lanza la Alianza para el Progreso (ALPRO), iniciativa contrainsurgente que intentaba impedir otra experiencia como la de Cuba, junto con la siniestra USAID como su brazo operativo, con un objetivo similar al del BID pero con dos líneas de financiamiento: la del desarrollo económico y social y la militar. Hoy ya no se habla de la ALPRO sino del ALCA, el PPP y la IIRSA, pero la USAID y el BID siguen funcionando y, en términos generales, el marco sigue siendo el mismo, aunque los objetivos específi cos y las modalidades operativas son otros.

 

Megaproyecto de enormes implicaciones, el IIRSA pretende “…construir un nuevo paradigma para el desarrollo de la infraestructura regional, sustentado sobre los requerimientos de la demanda…” (Fonplata, 2007. Cursivas nuestras), logrando posicionarse ágilmente en los mercados europeos y los del Asia Pacífico, y en los dos flancos territoriales de la economía estadounidense. Para lograr todo ello, y ante la esquizofrenia de tratar a la naturaleza a la vez como objeto del deseo y obstáculo, el territorio sudamericano ha sido subdividido de acuerdo a sus virtudes económicas y estratégicas. Destacan dos regiones por su actividad industrial y concentración poblacional, es decir, por la fuerza de trabajo real y potencial que ofrecen, y el resto por las dádivas de la naturaleza, puesto que se trata de poner en ruta la explotación de yacimientos hidrocarburíferos, minerales, genéticos, acuáticos y también agropecuarios. Justamente porque la IIRSA está pensada a partir de la demanda tiene un diseño centrífugo, extractivo, de expulsión de riquezas hacia los centros de demanda. De la misma manera que el Plan Puebla Panamá se construye desde Panamá hacia Estados Unidos, la IIRSA se piensa desde el centro hacia las costas o hacia los ríos que fluyen rumbo al mar.

No obstante, como bien nos recuerda Raúl Zibechi, es un proceso de doble orientación, en el que no hay que dejar de considerar las lógicas regionales, a pesar de que la dinámica global está marcada por los intereses y perspectivas del gran capital mundial y de su centro hegemónico. Así, en el caso de IIRSA “[se trata] de una integración doblemente subordinada: a Brasil, por parte de los países sudamericanos, y del conjunto de la región al mercado y el empresariado mundiales.” (Zibechi, 2006) En este proyecto los puertos se convierten en piezas clave de organización regional. Puertos en las costas, pero también sobre los ríos de gran caudal, como puede observarse en el mapa (pág. 19). En total se han diseñado ocho ejes transversales y dos longitudinales, con un enfoque profundamente estratégico que determina que algunas regiones particularmente importantes por su dotación de recursos se encuentren bajo el manto de dos o tres ejes simultáneamente. Una visión económica formal, que a la vez considera los intereses regionales, indica como ejes principales los de la zona del Cono Sur que concentran la mayor parte del Producto Interno Bruto (PIB) sudamericano; sin embargo, a partir de una visión estratégica los ejes principales son el Amazonas y el Capricornio, por sus riquezas naturales, y sus conexiones a través del río Madera hasta Beni y de la Hidrovía Paraguay-Paraná.

¿Modernización capitalista o bifurcación? La idea de construir una infraestructura integrada, en un territorio de las dimensiones y variedad del sudamericano, no deja de sorprender por su audacia y por la irresponsabilidad con que los operadores técnicos del megaproyecto se desentienden de los enormes daños (impactos) ecológicos que implica. Mucho menos se observan las transformaciones sociales y geopolíticas que acompañarán la construcción de estos ejes, si ocurre. La visión corta de empresarios y gobernantes locales, que ven en IIRSA una oportunidad de éxito económico y político relativamente fácil, no parece estar vislumbrando los cambios estructurales que conlleva el trazado de una nueva geografía para América del Sur.

 

Los intereses de las empresas transnacionales involucradas en convertir ese vasto territorio en mercancías y ganancias; los intereses militares que buscan abrir los pasos para vigilarlo y controlarlo desde dentro y desde fuera; los intereses locales de quienes sacrifican todo por un pequeño “nicho” que les reporte una pequeña –comparada con la de los inversionistas extranjeros- ganancia; confluyen todos en la idea de “progreso”, que supone la concepción de la naturaleza como objeto externo apropiable. “Esa lógica de la naturaleza como ‘barrera’ o como ‘recurso’…”, que Zibechi (2006) encuentra “en todos los aspectos del plan”, efectivamente caracteriza las proyecciones presentes y futuras de la readecuación sudamericana a esta nueva fase, depredadora hasta el suicidio, de la modernidad capitalista. La “sobremodernidad”, de la que habla en otro contexto Marc Augé, en la que se pierden incluso los mismos sentidos históricos de la reproducción capitalista.

Territorios enteros serán inundados por las represas (MAB, 2007; FOBOMADE, 2007); aumentarán las enfermedades mentales y el cáncer producidos por la alta tensión de las hidroeléctricas (denuncias de la Patagonia); la producción de biocombustibles llevará al crecimiento de plantaciones de caña o de soja transgénica, con el reforzamiento de regímenes de esclavitud (Mendonça, 2007) y con la contaminación y enfermedades de trabajadores (Misión Internacional de Observación a Paraguay, 2006); el saqueo de las minas destruirá las montañas, dañará los glaciares, desertificará bosques y envenenará ríos y lagos (Esquel, Pascua Lama, Catamarca); sistemas ecológicos enteros serán dañados (Foro Ecologista de Paraná-Coalición Ríos Vivos, 2002); y los territorios, con sus ríos y lagos, serán privatizados.

 

Pero nada de esto ocurre sin resistencia. Estamos ante una batalla de ideas, de territorios, de modos de vida y de concepciones del mundo. Nada está asegurado para IIRSA. Nada está asegurado tampoco para el futuro de los pueblos. Esta es una historia que está esperando ser escrita.

 

© Observatorio Latinoamericano de Geopolítica 2007 Esta publicación es parte de los resultados de investigación del Observatorio Latinoamericano de Geopolí- tica (www.geopolitica.ws) auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo (www.rls.org.br). Integran el Observatorio Raúl Ornelas, Paula Lucía Aguilar, Carlos Motto, Paula Porras, Rodrigo Yedra, Guadalupe Guadarrama y Sergio Serrano, bajo la coordinación de Ana Esther Ceceña. Coordinación editorial: Asociación Nuestra América (www.nuestraamerica.org) Impreso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el mes de noviembre de 2007.

 

Leer

 

 

Constatemos la impunidad de los gobiernos progresistas en constituir Unasur con eje central en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

 

 

 

IIRSA: mucho de pasado desarrollista y

poco de futuro sustentable

El artículo hace parte la investigación La IIRSA o la Integración Física Suramericana como dilema eco-sociopolítico, que el autor desarrolló como becario CLACSO-ASDI durante el año 2013.

 

Por Antonio De Lisio*

La Iniciativa es un sistema que busca mejorar la conectividad del “corazón” de la América del Sur con el objetivo de mantener el modelo primario exportador de los países de la región. El problema no sólo es la presión sobre la naturaleza sino también la exclusión que estos megaproyectos generan en las poblaciones locales. Con este modelo, sigue quedando pendiente la implementación de políticas de desarrollo propias que se ocupen de una integración hacia adentro.

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) aparece oficialmente en las declaraciones de la Unión de Naciones del Sur (Unasur) como uno de los resultados de la Primera Reunión de Presidentes Suramericanos realizada en la ciudad de Brasilia en el año 2000, convocada por el presidente Fernando Henrique Cardoso y contó con la participación de sus homólogos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela. La IIRSA en la práctica es un conjunto de proyectos dirigidos a la construcción de la infraestructura física, especialmente de represas hidroeléctricas como las planificadas en el río Madeira, y de vías de transporte terrestre y fluvial, como la Transamazónica Sur, la hidrovía Paraguay-Paraná, que destacan en una cartera de 31 proyectos estructurantes y 87 proyectos individuales.

Sobre todo en el campo del transporte, la idea de la IIRSA no es nueva, ya que en el distante año 1967, el Hudson Institute publicó “The Long-Range Potential of Latin America: A Year 2000 Ideology”, documento en el que su autor, J. Karlik, proponía el desarrollo de un sistema integrado de transporte para mejorar la conectividad del “corazón” de la América del Sur, para así garantizar la explotación de los ingentes recursos naturales interiores de alta relevancia mundial. Esta propuesta se formuló en uno de los más conspicuos think tank norteamericanos, en una década en la que los gobiernos suramericanos se mostraban decididos a aumentar la ocupación del interior de los países: primero Kubitschek con la creación de Brasilia, posteriormente Belaúnde Terry, con la Carretera Marginal de la Selva, y Paz Estenssoro con la construcción de la vialidad entre el altiplano boliviano y Santa Cruz. También fue el decenio de las reformas agrarias en Colombia y Venezuela, procesos en los que se privilegiaron los sistemas de riego y el otorgamiento de fondos, especialmente para intensificar la colonización de Los Llanos de la cuenca del río Orinoco. Luego, dos décadas después, se formula la estrategia nacional brasileña de “Eixos Nacionais de Integraçâo e Desenvolvimento” (ENID), asumida como prioridad de la Constitución brasileña de 1988.

Todas estas acciones estuvieron dirigidas a mantener el modelo primario exportador de los países suramericanos, que los gobiernos de hoy parece intentan mantener con la IIRSA. Se sigue anclado en los planteamientos que resaltan la riqueza natural del interior suramericano, contenedor privilegiado, tanto por cuantía como por calidad, de cuatro recursos naturales: hidrocarburos, minerales, biodiversidad y agua, que tanto antes como ahora resultan fundamentales para el comercio mundial. La Iniciativa en el fondo mantiene la idea de territorios-contenedores, de cornucopias de la abundancia, mostrándonos que no hemos superado el síndrome territorial de El Dorado, el mito fundacional colonial que ha venido acompañándonos como una especie de desconcierto sobre la riqueza, el crecimiento, el progreso, el desarrollo, todos esquivos desde hace más de 500 años.

La insostenibilidad de IIRSA

En la actualidad, de acuerdo al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), la IIRSA se estructura en los siguientes Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs): Andino, Andino del Sur, Capricornio, Hidrovía Paraguay-Paraná, Amazonas, Interoceánico Central, Mercosur-Chile, Perú-Brasil-Bolivia, Del Sur y Escudo Guayanés. En estos se pretenden implantar los proyectos de infraestructura (Figura 1), que a nuestro juicio han sido concebidos con falencias ambientales, sociales y territoriales que limitan las posibilidades para propiciar el desarrollo duradero.

La Iniciativa ha sido concebida atendiendo los valores de mercado, dirigidos especialmente a potenciar el intercambio de bienes y productos de Suramérica con los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico, debiéndose resaltar que un factor clave es facilitar el comercio entre Brasil, país atlántico y la principal economía del continente y la sexta a nivel mundial, con China, la segunda economía mundial y la de mayor crecimiento sostenido en los últimos diez años. La acometida IIRSA está dirigida a lograr un comercio más fluido, precios más bajos, economías de escala, concentraciones empresariales (clusters), reducción de costos, entre otras. Durante los quince años transcurridos desde el consenso sobre la Iniciativa se han seguido las orientaciones formuladas por los multilaterales Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA), que conformaban la Secretaría Técnica original de la misma. En el COSIPLAN de la Unasur, creado en el año 2009 y que en la actualidad maneja los proyectos IIRSA, no se ha hecho esfuerzo alguno de reorientación.

Tal como cuestiona Margarita Florez: “Hay una prédica gubernamental de la conveniencia de la IIRSA desde el punto de vista económico. Pero nadie ha preguntado sobre la conveniencia ambiental y social de estos proyectos, a pesar del discurso y de la preocupación oficial sobre el cambio climático”.

En COSIPLAN/Unasur se maneja el supuesto de que la infraestructura, predominantemente de transporte y energética, se constituye en un factor clave para la integración política y desarrollo suramericano. Los proyectos estarían dirigidos a superar las llamadas “barreras físicas” (un eufemismo que evita hablar de las interrupciones para el flujo de las mercancías), que dificultan el acercamiento de mercados y la apertura de nuevas oportunidades comerciales. Así, formalmente planteada, luce como una propuesta reduccionista, exclusivamente ingenieril, ya que obvia el hecho de que la infraestructura, para su participación en el crecimiento económico, “depende de la estructura jerárquica de las regiones, su composición industrial, los niveles de población, la movilidad del capital y el trabajo, entre muchos otros factores”. Entonces, si sólo se invirtiera en transporte y energía, dejando los restantes aspectos de lado, resulta imposible lograr meta alguna del desarrollo.

Los territorios muestran facilidades de infraestructura porque son prósperos, y no al revés como dicen en COSIPLAN, que tendrán prosperidad debido a la infraestructura. De concretarse el conjunto de proyectos IIRSA, el subdesarrollo suramericano se convertiría en la mejor expresión de la llamada “maldición de los recursos naturales” sobre la que han advertido diversos economistas, y que enmarca una relación sociedad-naturaleza más cercana al neo-extractivismo desarrollista y a la reprimarización de la economía que a los principios del desarrollo alternativo regional.

En este marco de reflexión, a continuación se discuten algunas de las limitaciones más destacadas de IIRSA para propiciar el futuro sostenible en el continente.

Los impactos ambientales

La cartera de proyectos que se manejan en la Iniciativa están presionando en las unidades eco-geográficas de relevancia regional: Chaco, Los Andes, Amazonía, Pampas, Mata Atlántica, cruzadas por los grandes ríos suramericanos y contenedoras de la relevante biodiversidad continental de relevancia mundial (ver Figura 2). Entre los impactos ambientales identificados de la IIRSA aparece la deforestación propiciada especialmente por la construcción y ampliación de la vialidad.

De acuerdo con los datos presentados, los corredores IIRSA se desarrollan en su gran mayoría en áreas con predominancia de formaciones boscosas. El único corredor en el que no se alcanza por lo menos el 50% de cobertura arbórea es el Arco Norte Boa Vista-Georgetown, pero debiéndose advertir que el área muestra la mayor cantidad relativa de cobertura por cuerpos y cursos de agua, el otro componente del medio natural particularmente sensible a los impactos IIRSA. Sin embargo el problema no sólo es la presión sobre la naturaleza, preocupa la exclusión que estos megaproyectos generan en las poblaciones locales, asunto que abordamos seguidamente.

Las desigualdades sociales fronterizas. La pobreza, freno de integración

Los proyectos IIRSA se extienden entre países limítrofes que muestran fuertes asimetrías sociales. Estas desigualdades impiden beneficios similares a ambos lados de la frontera de las mejoras de la infraestructura. Estas, contrariamente, pueden convertirse en un factor de conflicto que atenta contra cualquier intención de integración. Este es un aspecto que en COSIPLAN no se ha tomado debidamente en consideración, ya que los EDIs cruzan realidades nacionales y subnacionales con resaltantes diferencias en términos de pobreza, como se puede apreciar en la figura correspondiente (Figura Nº 3).

Los valores muestran que existen diferencias notables entre las entidades subnacionales de los países que comparten proyectos, debiéndose tener particularmente en cuenta las diferencias transfronterizas entre:
Sur de Brasil - Norte de Uruguay.
Suroeste Brasil - Este Paraguay y Bolivia.
Norte y Noroeste de Brasil y Sur y Sureste países andinos.
Norte Argentina - Oeste Paraguay y Bolivia.

El sesgo y la desarticulación regional

Como elemento clave para la comprensión de los desequilibrios fronterizos, se debe resaltar que Brasil intenta imprimirle un gran impulso a la IIRSA como parte de la política territorial nacional dirigida a consolidar al país comoglobal player. En los restantes países, en unos más que otros, no se logra esta visión territorialmente articuladora compleja y multidimensional. La Iniciativa avanza como proyecto continental especialmente en los sectores fronterizos donde la economía y la población brasileñas tienen mayor presencia. Así, mientras la frontera sur con Uruguay, Argentina y en menor proporción con Paraguay está altamente ocupada, la que comparte con los países andinos, a excepción de Perú, está poco poblada, y en el caso del Escudo de las Guayanas está prácticamente despoblada. Esta contrastada situación de la frontera interior brasileña, de más 17.000 kilómetros y que envuelve a más de medio millar de municipios económica y demográficamente disímiles de ese país, ayuda a explicar por qué Unasur/COSIPLAN promueve la densificación y hasta superposición de los EDIs-IIRSA hacia el sur, dejando al norte guayanés y andino-caribeño en situación de marginalidad (Figura 4). De los 31 proyectos estructurantes de IIRSA sólo 5, equivalentes al 16%, se localizan al norte del río Amazonas.

En la búsqueda de mayores facilidades para que los productos brasileños lleguen a los mercados asiáticos, en la IIRSA se privilegia la interconexión interoceánica de la costa atlántica y la costa pacífico suramericanas, propiciando la ruptura de la unidad eco-geográfica andina al poner a gravitar a los sectores cordilleranos de Perú y Ecuador en los Ejes Amazónico, Interoceánico y Capricornio, mientras los Andes septentrionales colombo-venezolanos quedan prácticamente en situación marginal. Bolivia, por su parte, pareciera convertirse más en un cruce de ejes, de paso entre los océanos y menos en una unidad nacional subdividida en entidades subnacionales con identidades múltiples pero siempre propias, siendo quizá las más emblemáticas precisamente las andinas, especialmente las que se extienden sobre el Altiplano Boliviano o Meseta del Titicaca, la expresión más acabada de la geografía cultural boliviana. Chile, en esta nueva geopolítica económica, parece perder cualquier raigambre geo-cultural andino cordillerana y al priorizar para las regiones andinas chilenas la conexión con el Eje Mercosur-Chile. Los Andes se convierten entonces desde la perspectiva Unasur/COSIPLAN en un conjunto de retazos, sin que exista claridad en cómo recomponer un rompecabezas con cada vez más piezas superpuestas como el excluyente EDI Brasil-Perú.

En este mismo sentido, no hay que dejar de mencionar la desconexión que propicia la IIRSA del Escudo Guayanés, creando un Eje aparte para el noreste de Brasil, el sureste de Venezuela, Guyana y Suriname, a pesar de que eco-socialmente, en función de la identidad cultural de los pueblos originarios y de los problemas de deforestación y extractivismo maderero que acosan estas tierras, se vinculan a la región amazónica suramericana.

Conclusión

La nueva territorialidad productiva comercial exportadora que intenta IIRSA con las mejoras de vialidad, navegación y el aumento del suministro eléctrico, promueve la integración hacia afuera, de los países suramericanos con el mercado internacional, más que la integración hacia adentro. La Iniciativa se está convirtiendo en un instrumento de enajenación eco-socio-territorial para las localidades que pierden el poder de decisión sobre el aprovechamiento de sus bases ecológicas de sustento. Esta pérdida de poder de decisión a nivel local genera los “vacíos” del desarrollo en el continente, y para llenarlos no son suficiente nuevas infraestructuras que cruzan localidades reducidas a simples sitios de paso de las carreteras e hidrovías implementadas fundamentalmente para el transporte de commodities dirigidos el mercado internacional. La Iniciativa desdibuja las unidades eco-geográficas de un continente que es a la vez Andino, Amazónico, Guayanés, Platense, Chaquense. No se ha querido entender que un programa de desarrollo de infraestructura podría apalancar el porvenir suramericano sólo en la medida en que las mejoras en la comunicación y el suministro energético se acrisolen en esta amalgamada pero única matriz geográfica, ecológica y social.

Esta diversidad aún espera por las acciones de articulación regional necesarias para alcanzar el hasta ahora esquivo devenir sustentable del continente. Hoy con la IIRSA las opciones para el desarrollo alternativo se encuentran mediatizadas por gobiernos aferrados a la “economía” marrón del insostenible consenso de loscommodities. El cambio político que significó el arribo al poder de presidentes de pensamiento progresista en los últimos 15 años, lastimosamente, no ha resultado en la generación de las propuestas de desarrollo ecológicamente viables, socialmente incluyentes, económicamente duraderas y territorialmente integradoras para un continente que es tan Atlántico y Pacífico como Caribe y Patagónico. Todavía esperamos la implementación de políticas de desarrollo propio. La IIRSA tal como está concebida dista mucho de ser una oportunidad para el esperado futuro sustentable de un continente que aún mantiene como reto para el porvenir, generar las opciones regionales que permitan superar el dilema entre la gran la riqueza natural y la grave pobreza social de la mayoría de nuestras localidades.
* Geógrafo. Msc Ciencias del Ambiente por París VII. Doctor en Arquitectura Mención Acondicionamiento Ambiental por la FAU-UCV. Profesor Titular FAU-UBA. Investigador CENDES. Ex Director CENAMB. Ex Secretario Ejecutivo UNAMAZ

Fuente: http://www.vocesenelfenix.com/content/iirsa-mucho-de-pasado-desarrollista-y-poco-de-futuro-sustentable

 

 Crisis civilizatoria

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, percibir que los gobiernos progresistas están contra nuestra construcción de buenos vivires convivires. Han participado protagónicamente en garantizar:

 

La dominación de espectro completo sobre América
30 de enero de 2014

Por Ana Esther Ceceña (Rebelión)

 

 

Desde 1998-2000, después de una revisión amplia y exhaustiva de los asuntos militares en los 50 años anteriores y con vistas a la planeación estratégica correspondiente a los desafíos, amenazas y condiciones del siglo por venir, el Comando Conjunto de Estados Unidos emite un documento conceptual que resume experiencias, objetivos, riesgos, capacidades y saberes, todos encaminados al rediseño de las rutas, mecanismos y variantes de la consolidación de Estados Unidos como el líder indispensable, como la potencia hegemónica indiscutible (Joint, 1998 y 2000). Diferentes voceros del Departamento de Estado y del de Defensa señalan que se trata de un momento de oportunidad histórica, en buena medida por el colapso del campo socialista, en el que Estados Unidos tiene la posibilidad y las condiciones para constituirse cabalmente en líder planetario y anuncian su plan estratégico para asegurarse que así sea.

 

El reparto y supervisión del mundo

Se vuelve a establecer la delimitación territorial del planeta en cinco regiones que en total lo abarcan todo y que en ese momento se reafirman bajo la supervisión de cinco diferentes Comandos de las fuerzas armadas de Estados Unidos. [3] Un poco de tiempo después, en 2001 después de los eventos de las Torres Gemelas en Nueva York, se agregaría el Comando Norte a cargo directamente de una seguridad interna que abarca no sólo su propio territorio sino toda el área de América del Norte. Cabe señalar que al paso de una década se cuenta ya con nueve Comandos, [4] garantizando una supervisión más detallada de las tierras, mares, glaciares y poblaciones que componen el planeta Tierra en su conjunto.

 

La geografía del disciplinamiento global

Equipos de especialistas a su vez, trabajaron en la identificación de problemáticas diferenciadas en el campo del disciplinamiento en términos geopolíticos y aportaron una caracterización que distingue tres grandes regiones (Barnett, 2004), hacia las que se diseñan políticas diferentes:

1. Los aliados. El área desarrollada agrupada en organismos de gestión internacional y comprometida en el establecimiento y cumplimiento de las normativas que aseguran la marcha del sistema y el respeto y resguardo de la propiedad privada.

 

2. El área de riesgo o ingobernable. Un amplio grupo de países e incluso de zonas marinas que es reconocido como "brecha crítica" en el que siempre hay riesgo de colapsos, de insubordinación frente a las reglas establecidas por los organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, rebeliones frente al modo de gestionar las controversias entre Estados y empresas transnacionales (ETN) en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), de indisciplina en términos de gobernabilidad, etc. Se señala ésta como una región conflictiva, parcialmente ingobernable y susceptible de poner en riesgo a las áreas aledañas a la manera de ampliación de la zona podrida o que puede poner en riesgo de colapso al sistema mundial, aunque no fuera más que circunstancialmente. Por tanto, es una región que debe concitar la mayor atención y debe mantenerse bajo supervisión e incluso, si es el caso, intervención oportuna y eficiente. Esta es la región de mayor tamaño entre las tres identificadas y es la que guarda la mayor cantidad de riquezas de la Tierra: el cinturón biodiverso, las aguas, petróleo y otros energéticos, minerales y culturas.

 

3. La bisagra. Es una región importante en sí misma tanto políticamente como por sus riquezas pero se le ubica como el eslabón o punta de lanza en el convencimiento o recuperación de los países de la brecha crítica. La componen países semidesarrollados o emergentes, como se suele caracterizar, respetuosos de las reglas del juego aunque en ocasiones con dificultades para seguirle el paso a las políticas internacionales (casos de renegociaciones de deudas o similares), pero interesados en mantenerse dentro de las dinámicas de lo establecido. Con los países de esta región es posible confiar en acuerdos diplomáticos, políticos y económicos sin necesidad de intervenirlos directamente mediante la fuerza. De diferentes maneras todos tienen un peso regional definitivo y serían capaces de hacer transitar las normatividades globales a través de adecuaciones, canales y compromisos de nivel regional. Entre los países de esta franja se encuentran Brasil, Argentina, India, Sudáfrica, Rusia y China.

 

La sociopolítica del disciplinamiento global

La idea central de las guerras del siglo XXI es la del manejo de la asimetría, una vez roto el equilibrio de poderes con el colapso del campo socialista. La construcción del enemigo se desliza de los entes institucionales a los inespecíficos, creando un imaginario de guerra ciega. El enemigo identificable o convencional disminuye su status al de amenaza regional y por ahí pasarán Irak, Libia, Irán y Venezuela, cada uno entendido como potencial cabeza de región, así como cualquier tipo de coalición en la que estos participen (ALBA, OPEP, Petrocaribe, etc.). Es siempre un polo articulador de poderes alternativos u hostiles a Estados Unidos y su american way of life convertido en política internacional. Para este enemigo la respuesta es el aislamiento y la demonización, o la aplicación de una fuerza sobredimensionada para destruirlo y, sobre todo, humillarlo. El caso prototipo es el de la operación en Irak. El enemigo no institucional es difuso, relativamente invisible, ajeno a las reglas de las confrontaciones de poderes y en cierto sentido indescifrable. Es, desde un vietnamita aparentemente inofensivo al que sólo se le ve el sombrero y nunca la cara, hasta mujeres y niños de una comunidad que se inconforman con la construcción de una represa generadora de energía eléctrica, o masa urbana en contra de la elevación del precio del transporte, de quienes se piensa que pueden poner una bomba, fabricar armas químicas o biológicas en laboratorios caseros, o que pueden movilizar amplios contingentes para oponerse a las políticas y proyectos hegemónicos. El peligro llega hasta el grado de que estos pequeños e insignificantes enemigos, que aparecen en cualquier rincón o se cuelan por cualquier agujero, pueden poner en riesgo el sistema mismo. Por eso se busca atacarlos antes de que se coloquen en posición de fuerza disuadiendo lo que resulte sospechoso de convertirse en tal enemigo. Tapar todos los poros y no dejar resquicio al enemigo dice el misal militar estadounidense (Joint, 1998).

 

Dominación de espectro completo

El mapa conceptual estratégico del sujeto hegemónico se construyó, como decíamos, en torno a la idea de aprovechar, o no perder, el momento de oportunidad histórica, evidentemente irrepetible, para la emergencia de Estados Unidos como líder mundial. Sin guerra fría, sin poderes equivalentes que confrontar, aunque con una conflictiva general sumamente compleja y generalizada, Estados Unidos rediseña sus metas, sus espacios, modifica o adecúa sus mecanismos, genera exigencias tecnológicas, recompone los equilibrios entre trabajos de inteligencia, de persuasión y de combate, redefine los puntos críticos y explora los esquemas de aproximación pero sin renunciar en ninguna medida a lo que desde ese momento denomina la "dominación de espectro completo" (Joint, 1998 y 2000).

 

La mayor novedad de esta concepción estriba en su virtud para articular y dar sentido general único a las estrategias sectoriales, parciales, específicas, temporales y más limitadas que se desplegaban desde diferentes emisores o agentes de la política de seguridad y de búsqueda de la supremacía de Estados Unidos en todos los campos. No se inventó nada nuevo pero se pensó el problema de manera integral y eso cambió los términos y las prioridades. Se sistematizó, con detalle científico, cada uno de los niveles o espacios del espectro donde pudiera parapetarse un potencial enemigo. Espacio exterior, espacio atmosférico, aguas, superficie terrestre, bajo tierra; espacios públicos y privados que deberían ser penetrados mediante mecanismos panópticos (cámaras en las esquinas, en los bancos y oficinas, chips espías, sistemas de datos centralizados, etc.). Vida cotidiana, vida productiva, pensamiento y acción.

Barrios populares con políticas diferenciadas de las de los barrios clase media o clase alta, estratificación competitiva, transporte, dotación de servicios, etc., todos puntos de observación y de manejo de poblaciones.

 

Con dos objetivos generales: garantizar el mantenimiento del capitalismo y dentro de él la primacía de Estados Unidos; y garantizar la disponibilidad de todas las riquezas del mundo como base material de funcionamiento del sistema, asegurando el mantenimiento de sus jerarquías y dinámicas de poder. [5] En otras palabras, insistiendo, impedir la formación de fuerzas individuales o coligadas capaces de significar un contrapeso al poder de Estados Unidos autoasumido como líder mundial; impedir o disuadir cualquier tipo de insubordinación o rebelión que ponga en riesgo al sistema o los intereses centrales de sus protagonistas principales, entre los que se cuenta la libertad para disponer sin límites de territorios y vidas.

 

La ambiciosa geografía de esta estrategia de disciplinamiento abarca todo el globo y el espacio exterior, pero, dada la conformación territorial del planeta y la concepción del mundo como campo de batalla, tiene como territorio base, como territorio interno, al Continente Americano.

 

América Latina en la geopolítica del espectro completo

 Considerando el carácter insular del continente, las abundantes y diversas riquezas que contiene y calculando también las limitaciones reales de un Estados Unidos restringido a su propio territorio, América Latina pasa a ser un área estratégica para crear condiciones de invulnerabilidad relativa o, por lo menos, de ventaja del hegemón con respecto a cualquier poder que se pretenda alternativo. De ahí la concepción de la seguridad hemisférica, casi simultánea a la de seguridad nacional, que es una traducción moderna de la doctrina Monroe. Cuidar el territorio para disponer de sus riquezas y para impedir que otros lo hagan (Ceceña, 2001). Los tres pliegues de la ocupación continental La hegemonía se construye en el espectro completo, un espectro lleno de pliegues que se superponen y se desdoblan para ir tejiendo la historia. La construcción de hegemonía es así un proceso de alisamiento y combinación de esos pliegues y de formación de nuevas topografías del poder. No basta un resguardo militar si no se abren las compuertas económicas y nada de esto es posible sin la instalación de un imaginario posibilitante. El primer peldaño de la hegemonía consiste en universalizar la visión del mundo, el american way of life, para permitir fluir de manera relativamente ágil las políticas económicas que favorecen la integración hemisférica bajo este manto y los acervos de las más poderosas empresas instaladas sobre el Continente. Concretamente la hegemonía se manifiesta en la implantación, institucionalmente consensual aunque los pueblos puedan expresar su rechazo, de un conjunto de políticas, proyectos, normas y prácticas mediante las cuáles se organiza el territorio [6] en su conjunto. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, a la luz del rediseño de las estrategias hegemónicas globales, entraron al siglo XXI con cambios profundos. 30 años de neoliberalismo habían permitido erradicar casi totalmente las legislaciones y prácticas proteccionistas y eso propiciaba un tendido mayor de los grandes capitales transnacionales que habían ido apoderándose de los mercados absorbiendo o destruyendo empresas locales. Se requerían nuevas infraestructuras para ir más lejos y, a la vez, nuevas legalidades y disciplinas que legitimaran el despliegue y que controlaran a los inconformes, que se movilizaban crecientemente (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007).

 

  1. Alisando el pliegue económico. En 1994 entra en vigor el primer tratado internacional, regional, de libre comercio (Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)), que indicaría las pautas de un ambicioso proyecto de integración continental (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)), que después de su fracaso circunstancial en 2005 en Mar del Plata ha ido consumándose poco a poco por subregiones. Nuevas normativas para el tránsito de los capitales por encima de cualquier pretensión de soberanía o resguardo del patrimonio nacional, con la protección adicional del Banco Mundial a través del CIADI, en el que en casi todos los casos los estados son derrotados por las empresas particulares. El entramado de tratados de libre comercio e inversión que se ha urdido sobre el Continente representa un reacomodo total del pliegue económico, hasta hace no tanto acostumbrado a restringir la entrada de capitales extranjeros y a reservar áreas estratégicas como base de sustento de la nación. Hoy son esos capitales los que ponen las reglas, los que marcan dinámicas, los que corrompen gobiernos y los que se apoderan del territorio.

     
  2. El pliegue territorial. Adicionalmente a las apropiaciones individuales, locales perpetradas directamente por las empresas, en 2000 se lanzan dos proyectos de reorganización territorial buscando una apertura casi total hacia el mercado mundial y una racionalización/ampliación de la producción energética para sustentar el ritmo de crecimiento del Continente: el Plan Puebla Panamá (PPP), ahora Proyecto Mesoamericano y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), ahora COSIPLAN-IIRSA. Los más ambiciosos proyectos de infraestructura de que América tenga memoria, concebidos como soporte de una creciente exportación de commodities, en gran medida producidos por las grandes transnacionales de la minería, la madera/celulosa y los energéticos, en simultaneidad con la extensión de las plantaciones de soya, palma y caña de azúcar, entre otras, ya sea para alimentar al ganado, para la generación de biocombustibles o para usos industriales. Se induce con estos megaproyectos una nueva geografía, marcada por canales de comunicación y generación de energía, que irán seguidos de empresas principalmente extractivas y que dibujan un nuevo mapa político interno, con nuevas fronteras y nuevas normatividades.
     
  3. El pliegue militar, irrenunciable ante situaciones generalizadas de despojo y violencia social que concitan diferentes manifestaciones de resistencia y rechazo, se desata con el Plan Colombia, primero de su tipo, que permite una presencia militar de Estados Unidos en el centro de Latinoamérica. A la reorganización de lo económico territorial, que implica ya un dislocamiento de legalidades sobre territorios y pueblos, se suma una iniciativa de huella pesada (heavy footprint) en el terreno militar. La iniciativa, flexible y versátil para adaptarse a los escenarios cambiantes aunque sin perder la ruta estratégica, marca el área latinoamericana y caribeña estableciendo una amplia red de bases militares (Ceceña, Yedra y Barrios, 2009; Ceceña, Barrios, Yedra e Inclán, 2010) y bases de operación antinarcóticos; patrullajes navales crecientes y constantes antes y después de la reconstitución de la IV Flota en 2008; ejercicios conjuntos que van naturalizando la presencia de tropas estadounidenses y homologando criterios entre fuerzas armadas de la zona; una generalización de códigos civiles criminalizantes y de las llamadas leyes antiterroristas que introducen la figura del sospechoso y la tolerancia cero; un conjunto de acuerdos o iniciativas de seguridad subregionales, todas ellas con la participación de Estados Unidos, que dan cobertura al derramamiento del Plan Colombia hacia estas áreas como ya ocurre en México y Centroamérica con la denominada Iniciativa Mérida (Ceceña, 2006 y 2011).

     

En conjunto, la estrategia hegemónica contempla posicionar capitales, disponer de los recursos más valiosos, multiplicar y abaratar costos con regímenes de outsourcing, implantar cultivos de aprovechamiento industrial, la mayoría de las veces con modos agrícolas altamente predatorios y, en esencia, usar el territorio a su criterio, de acuerdo con sus necesidades e intereses, como espacio propio de fortaleza interna y de defensa frente al resto del mundo. Los mecanismos combinan diplomacia, política, asimetría y fuerza y varían de acuerdo con los desafíos internos y la visión y condiciones globales de lucha por la hegemonía. La pinza está puesta desde lo económico-territorial hasta lo militar, con una ofensiva transversal que circula en el nivel de los imaginarios, los sentidos comunes virtualizados y políticas culturales colonizadoras.

 

Dónde está América Latina

El siglo XXI ha visto una América Latina y Caribeña rebelde, llena de movimientos descolonizadores en todos los terrenos y de amplitud diversa. Desde movimientos por la construcción de una sociedad postcapitalista, enmarcados dentro de las nociones del mundo en el que caben todos los mundos zapatista hasta la de la vida en plenitud o buen vivir de los pueblos andino-amazónicos, y un conjunto de dislocamientos sociales por la autogestión, la participación directa o la democratización en varios ámbitos, o de movimientos políticos que desde las instancias de gobierno han colocado algunos dispositivos de freno y aun de alternativa al sistema de poder como la creación de espacios de integración con criterios solidarios y no competitivos, la búsqueda de instancias de solución de controversias con capitales depredadores o nocivos, la develación de las deudas odiosas u otros similares.

 

Poblaciones que se organizan para defender sus costumbres, parafraseando a E. P. Thompson, aparecen por todos lados corroyendo el orden establecido y el que está en proceso de establecimiento. La situación parece la de una guerra sin cuartel en la que los dispositivos de seguridad, a veces precedidos, a veces acompañados por paramilitares, mercenarios, guardias privadas, es decir, por fuerzas armadas ilegales o irregulares, con adscripciones confusas pero con grados de intervención y de impunidad muy elevados, combaten a la población que defiende sus derechos. Oponerse a la explotación de una mina se ha convertido en causa de cárcel mientras matar a los oponentes no tiene ninguna consecuencia. Atentados desestabilizadores como el golpe de estado en Honduras, la movilización separatista de la media luna en Bolivia, el intento de golpe en Ecuador y todos los que se han puesto en juego en Venezuela, uno tras otro desde hace más de diez años, forman parte ya de la mecánica geopolítica habitual. Se están construyendo procesos de postcapitalismo en un escenario de guerra y hay que estar preparados.

 

La del siglo XXI es una guerra a la vez abierta y encubierta, específica e inespecífica y con modalidades multidimensionales que combinan variantes menos bélicas como los ataques financieros con otras como las de conmoción y pavor. El escenario latinoamericano y caribeño no parece ser el adecuado para un ataque como el de Irak o Afganistán. En este escenario lo que ha operado, además de la introducción de mercenarios o comandos especiales clandestinos, es una escalada de posicionamientos físicos que han ido cercando las zonas identificadas como estratégicas empezando por el canal de Panamá, bien resguardado de inicio por las posiciones del Plan Colombia a las que ahora se suman muchas otras (mapa 1) (Ceceña, Yedra y Barrios, 2009); la zona del Gran Caribe (mapa 1) (Ceceña, Barrios, Yedra e Inclán, 2010) y la región circundante a la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina (mapa 2) (Ceceña y Motto, 2005). (….)

 

 

El giro tecnológico

Una de las importantes ventajas asimétricas con que cuenta Estados Unidos es tecnológica, tanto en el campo de la producción civil como, de manera superlativa, en lo militar. Comunicaciones militares, técnicas de encriptamiento, protocolos, armas, aviones, teledirección, teledetección, armas químicas y biológicas, tecnología nuclear y todas sus derivaciones e innovaciones. Con esta base se llevan a cabo la prevención y los trabajos de inteligencia que evitarían las guerras porque desactivarían o destruirían a los potenciales enemigos antes de que pudieran convertirse en una amenaza real. Así también concurren en la aplicación de fuerzas sobredimensionadas en operaciones de conmoción y pavor y otorgan una ventaja material y logística en cualquier tipo de incursiones. El elemento más novedoso, aunque no necesariamente el más decisivo, es el miniavión no tripulado, comúnmente denominado dron. Los drones han sido utilizados ya desde hace tiempo por Estados Unidos en operaciones especiales tanto de monitoreo y detección como de ataque. Su ligereza, imperceptibilidad y relativo bajo costo los convierte en una herramienta con tendencia a masificarse pero además en un negocio jugoso. Israel es ya productor y exportador de esta tecnología, Brasil está comprándole el know how para iniciar su producción localmente y podría pensarse que los drones dejan de ser un elemento de ventaja por su multiplicación. No obstante, lo importante son las funciones que pueden cumplir los avioncitos y eso depende de su contenido. Los equipos de detección tienen posibilidades múltiples. Los equipos miniaturizados de ataque son exclusivos del Pentágono, por el momento y en la miniaturización parecen también tener una distancia relevante con el resto de los escasos productores. Los drones abaratan la guerra y contribuyen a ir aligerando la huella militar sobre los territorios. Las bases de lanzamiento que requieren son tamaño micro y eso permitiría hacer más invisible la situación de guerra generalizada en que inevitablemente ha desembocado el capitalismo. El equilibrio latinoamericano caribeño y sus derivas Si bien los escenarios de guerra del Medio Oriente, tan complejos y explosivos, son los que ocupan la atención en los medios, la batalla interna que se libra en América es sumamente intensa e indudablemente decisiva. Tiene la virtud de haber abierto rutas de pensamiento y construcción de modalidades de organización social no sólo confrontativas sino distintas, y por tanto alternativas, a las que ofrece el capitalismo.

 

El paso hacia el no-capitalismo, con cualquiera de las denominaciones que se le den, tiene todos los obstáculos y es y será objeto de todas las presiones, amenazas y ataques. Operativos de desestabilización de todos tipos, intervenciones directas, intentos de golpes de estado, masacres de poblaciones disidentes o insurrectas, imposición de políticas y normativas, bloqueos, conflictos fronterizos y muchos otros dispositivos de contrainsurgencia, entendida en el sentido amplio del término. Todo eso hará el camino difícil y tardado, pero no imposible. Es ahí donde Mariátegui vuelve a sonar con fuerza. Ni calco, ni copia. No se puede derrotar a la guerra con guerra sino con la construcción de un mundo de paz, dignidad y respeto. Y esa es la ruta que se abre paso, con vertientes diversas, en América Latina y el Caribe. Por eso la ofensiva no dejará de intensificarse.

Bibliografía citada:(…) Fuente: http://www.rebelion.org/noticias/2014/1/180149.pdf

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, precisamos que la «reforma agraria integral» sea una reestructuración económico territorial de Nuestra América con origen en un encuentro de nuestros pueblos a través de la deliberación y toma de decisiones sobre el destino común de carácter anticapitalista, anticolonial, antirracista, antipatriarcal, antisexista y de lucha tanto por la vida en general como por la humanidad de todas nuestras diversidades.

 

Nuestro rumbo emancipatorio surgirá de la clara confrontación social e internacionalista con las transnacionales, sus socios locales, sus estados imperialistas y nuestros estados. Tal generalización de la conciencia abajo de porqué son nuestros enemigos y cómo otro mundo es posible la iremos elaborando por comunicación entre nosotros mirando por desacostumbrarnos de la cultura e ideología dominantes. De resultas de nuevas relaciones entre nosotros caminaremos constituyendo democracia a la plebeya.

 

Repitamos qué nos aporta Ana Esther Ceceña en esa senda:

 

"El paso hacia el no-capitalismo, con cualquiera de las denominaciones que se le den, tiene todos los obstáculos y es y será objeto de todas las presiones, amenazas y ataques. Operativos de desestabilización de todos tipos, intervenciones directas, intentos de golpes de estado, masacres de poblaciones disidentes o insurrectas, imposición de políticas y normativas, bloqueos, conflictos fronterizos y muchos otros dispositivos de contrainsurgencia, entendida en el sentido amplio del término. Todo eso hará el camino difícil y tardado, pero no imposible. Es ahí donde Mariátegui vuelve a sonar con fuerza. Ni calco, ni copia. No se puede derrotar a la guerra con guerra sino con la construcción de un mundo de paz, dignidad y respeto. Y esa es la ruta que se abre paso, con vertientes diversas, en América Latina y el Caribe. Por eso la ofensiva no dejará de intensificarse.

Leer 

 

 

Consideremos argumentos de cómo los gobiernos progresistas e izquierdistas de Sudamérica del siglo XXI han afianzado el apoderamiento de nuestros países por la alianza de los capitales y estados imperialistas con los locales. También son nefastos en ahuecar y distorsionar las militancias e ideas revolucionarias. Ejemplifiquemos con el de un partido de izquierda:

 

 

Divergencias y compatibilidades entre forma política y acumulación de capital

Lo que el neoliberalismo no pudo, el MAS lo está logrando

26 de septiembre de 2016

 

Por Huascar Salazar  Lohman

 

Durante los últimos años, la política estatal boliviana promovida por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), se ha mostrado cada vez más, y de manera explícita, cercana a intereses de nuevas y viejas élites dominantes. Muchas de las medidas que han permitido esto, a diferencia de la época neoliberal donde la dominación se enfrentó a una amplia resistencia popular, se volvieron viables gracias a las nuevas formas de organización del mando estatal que se erigieron con la llegada de Evo Morales a la presidencia y con las consecuentes transformaciones político-económicas que se suscitaron en los siguientes años. En este breve texto se ensaya una explicación sobre la manera en que la forma política desde la cual se estableció el gobierno de Morales instauró una narrativa y una práctica que penetró y desarticuló las fuerzas que otrora resistieron la política neoliberal, logrando convertir a la estructura socio-económica boliviana más permeable al gran capital.

 

En el marco del ríspido debate latinoamericano en torno a lo que se ha denominado “gobiernos progresistas”, un piso común de una vertiente crítica que cuestiona seriamente el accionar de estos gobiernos es el carácter anti-popular, anti-comunitario y pro-capital transnacional que éstos han asumido en el transcurso de los últimos años, más allá de los confusos discursos que emanan desde las altas esferas gubernamentales. Sin embargo, todavía no queda claro si estos gobiernos produjeron una vía de continuidad para el neoliberalismo o si más bien se constituyeron en rupturas a dicho proceso.

 

En este trabajo argumento que con la llegada del Movimiento Al Socialismo al gobierno boliviano se frenó la agenda neoliberal, en tanto modelo sociopolítico impulsado desde 1985 por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de los gobiernos de turno. Sin embargo, esto sucedió en la medida en que el neoliberalismo se mostró altamente incompatible con las formas populares –y en gran medida autónomas– de organización de la vida social en el país, las cuales mostrarían su fuerza en el ciclo de insurgencia popular que se inició el año 2000. En este sentido, lo que poco a poco hizo el MAS fue producir y gestionar una nueva síntesis social que asumió varios de los objetivos del gran capital que el neoliberalismo quiso impulsar previamente sin éxito. Para lograrlo, el nuevo gobierno fue asumiendo una retórica, ciertas prácticas y una estética –que fueron apropiadas de los mismos sectores populares de los cuales en algún momento el MAS y su líderes hicieron parte– diametralmente distintas a las neoliberales, pero que permitieron allanar el camino al despliegue del capital en ámbitos sociales que otrora eran profundamente reactivos a las relaciones centradas en el valor de cambio.

 

A continuación se muestran las dificultades que el neoliberalismo tuvo para imponerse como un modelo sociopolítico en Bolivia, para luego dar cuenta de la manera en que el gobierno del MAS logró impulsar los objetivos capitalistas desde una dinámica sociopolítica totalmente distinta a la neoliberal anterior, para finalmente plantear algunas reflexiones en torno a esta forma presente de la política boliviana.

 

Lo que el neoliberalismo no pudo…

Desde la implementación del famoso Decreto Supremo 21060, símbolo de la política neoliberal boliviana, hasta los años de rebelión popular (2000-2005), pasaron casi quince años, en los cuales se flexibilizaron las condiciones laborales, se privatizaron las empresas nacionales, se desregularon los mercados; en fin, se puso en funcionamiento todo ese paquete de medidas derivadas del “Consenso de Washington”, que intentaban apuntalar una economía de mercado y reorganizar la institucionalidad estatal con ese objetivo. Era el momento de la embestida del gran capital. Bolivia no fue una excepción en la implementación de la receta de libre mercado promovida por los organismos financieros internacionales; y durante varios años pareció que ese modelo se consolidaría (Fernández 2004; Kohl y Farthing 2007).

 

Sin embargo, en el año 2000, con la denominada “Guerra del Agua”, la propuesta neoliberal entró en una profunda crisis y se inició un ciclo de luchas populares que contendrían su avance. En ese momento se hizo evidente que la consolidación neoliberal en términos macro; es decir, como la estructuración de un mando político que trata de organizar la vida social del país en torno al mercado, había sucedido en paralelo a una reorganización de fuerzas populares que se fueron estableciendo como antagónicas al nuevo modelo.

Vale la pena pensar la reorganización de estas fuerzas sociales a partir de dos dimensiones:

 

· Primero, aquélla que es muy evidente en una sociedad altamente abigarrada como la boliviana, donde la estructuración objetiva y subjetiva de la reproducción de la vida social no se sostiene plenamente –y en muchos casos, ni siquiera principalmente– en torno a una racionalidad de la modernidad capitalista. Durante los primeros quince años del neoliberalismo, se fueron articulando, re-articulando, y, primordialmente, potenciando, desde un ethos particular, entramados comunitarios altamente reactivos a la propuesta neoliberal.

 

· La segunda dimensión –que se complementa con la primera– es aquélla que plantea Verónica Gago: el “neoliberalismo desde abajo”, i.e. aquellas condiciones que el propio neoliberalismo, por su lógica y dinámica pero sin ser su objetivo, habilita y desde donde empieza a operar una “poderosa economía popular que mixtura saberes comunitarios autogestivos e intimidad con el saber-hacer en la crisis como tecnología de una autoempresarialidad de masas” (Gago 2014: 12)[1]. Es decir, si bien los entramados comunitarios urbanos y rurales en Bolivia tienen una larga y potente tradición organizativa más allá del propio neoliberalismo, la puesta en escena de este modelo habilitó ciertos cauces de acción que, a nombre del libre mercado, inmediatamente fueron apropiados por esos entramados, para potenciarse en su hacer y en sus diversas formas de lucha.

Todo ese potenciamiento popular se fue estableciendo en contradicción con la nueva política económica centrada en el mercado, pero también se hizo evidente su incompatibilidad con el “neoliberalismo desde arriba”. La política neoliberal que representa no sólo una lógica, sino también una narrativa, sostenida en el individualismo, en el intento de valorización de todo medio de reproducción de la vida, en la defensa del capital transnacional, etc.; se fue enfrentando, cada vez más, a una política gestada desde abajo, la cual pone en el centro de su hacer la producción de valores de uso, que a su vez sólo es posible gracias al cultivo y cuidado de relaciones colectivas centradas en la reproducción de la vida; léase, por ejemplo, la gestión comunitaria de sistemas de agua en las ciudad de Cochabamba que se intentó expropiar y poner a disposición del capital transnacional, lo que generó una de las movilizaciones más emblemáticas en el mundo contra este modelo de economía de mercado.

Así pues, durante quince años de neoliberalismo no sólo se potenció una fuerza popular para resistir al embate de este modelo, sino que, a partir de esa profunda incompatibilidad entre formas liberales y comunitarias de organización de la vida social y política, se establecieron las bases materiales y simbólicas que permitieron relanzar y desplegar un horizonte comunitario-popular, desde donde se lucharía por la reapropiación colectiva de la riqueza social (Gutiérrez 2015: 32).

 

Como dice Gutiérrez: “En Bolivia […] miles y miles de hombres y mujeres protagonizaron, entre 2000 y 2005, una oleada de movilizaciones y levantamientos que quebraron la hasta entonces hegemónica trayectoria neoliberal de reorganización de la vida y la producción, estableciendo un enérgico límite a la continuación del despliegue de dicho itinerario” (Gutiérrez 2009: 23). Durante esos seis años, fueron múltiples los levantamientos y movilizaciones que contuvieron y deformaron el avance neoliberal; desde la Guerra del Agua (2000), hasta la caída de Carlos Mesa (2005), pasando por la Guerra del Gas (2003) y otras rebeliones de gran magnitud. Empero, cuando el MAS llegó al gobierno los términos desde donde se había establecido la lucha cambiaron y aparentemente todo se volvió más ambiguo. (Gutiérrez 2009; Salazar 2015).

 

… El MAS lo está logrando

 

Si entendemos que el neoliberalismo, como forma de organizar la vida en una sociedad, es un medio para maximizar la acumulación ampliada del capital y no un fin en sí mismo; el capitalismo, en tanto lógica, ha demostrado ser profundamente flexible y poco dogmático –en contraposición a gran parte de la intelectualidad que lo defiende– si ese medio no cumple su función. En este sentido, el capitalismo suele relanzarse pragmáticamente en torno al fin de la acumulación ampliada y desmedida de valor de cambio. Lo que también hemos visto es que la forma estatal de la política suele acompañar y, en muchos casos, gestionar esos lanzamientos y relanzamientos que hace el capital de sí mismo. Veamos cómo esto operó en el gobierno de Morales.

 

El año 2003 y como consecuencia del gran levantamiento popular que posteriormente se conocería como la “Guerra del Gas” y que resultaría en el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada –presidente símbolo del neoliberalismo–, las múltiples voces en torno a la movilización popular establecerían lo que se denominaría la “Agenda de Octubre”. Esta agenda propugnaba la reapropiación de los hidrocarburos y la refundación del país, además de varios otros temas, muchos de ellos relacionados con la producción de una serie de vetos al estado y el despliegue de formas comunitarias de vida, concebidas desde la autonomía política (autonomías, territorios indígenas, etc.). Esa agenda, que se asumió como bandera de reivindicación y eje articulador de la lucha, impediría reestablecer el neoliberalismo como horizonte estatal viable para cualquier gobierno posterior –Carlos Mesa lo intentó de manera moderada, sin embargo su gobierno se vería prontamente interrumpido por la movilización popular–. Por este motivo, cuando Evo Morales accedió a la presidencia, era simplemente impensable la reivindicación de cualquier deriva neoliberal.

 

Durante los primeros años del gobierno del MAS, las distintas organizaciones comunitarias del país trataron de imponer una serie de límites a la forma estatal de la política y a sus determinantes productoras de jerarquías y dominación. Quizá el esfuerzo más evidente en este sentido fue el que se desplegó antes y durante la Asamblea Constituyente, realizada entre los años 2006 y 2007. Aquellos esfuerzos venidos desde abajo tenían como objetivo plasmar horizontes de lucha propios y en muchos casos no estadocéntricos, aunque esto pudiese implicar poner en riesgo la estabilidad del gobierno[2]. Es decir, los sectores populares en lucha, concibieron al gobierno de Morales como medio necesario pero descartable –de ser el caso– para alcanzar sus propios horizontes: el fin no era la estabilidad del gobierno, ni conceder a éste todos los privilegios y prerrogativas sobre la posibilidad de plasmar esos horizontes (Salazar 2015).

Sin embargo, a medida que el MAS se fue estableciendo en la institucionalidad estatal, si bien en un inicio se vio obligado por la presión popular a asimilar varias de las reivindicaciones de las distintas organizaciones populares, desde la propia convocatoria a la Asamblea Constituyente –en la que el MAS renunció a la posibilidad de que esta instancia no esté regida por la democracia liberal–, el partido de gobierno fue asumiendo como interés primordial su consolidación en la estructura de poder estatal, aunque esto pudiese implicar alejarse tendencialmente de los intereses de los sectores populares. Si se revisan los pormenores que se suscitaron en torno al gobierno boliviano en los primeros años de gobierno del MAS, se produjeron profundas contradicciones y tensiones entre gobernantes y sectores populares, tal como sucedió, como un ejemplo entre muchos más, cuando el gobierno resignó cualquier posibilidad de una Reforma Agraria y constitucionalizó el latifundio en el marco de una negociación post-constituyente con la derecha oligárquica del país.

Así pues, para consolidar el poder estatal, el gobierno de Morales estableció las alianzas necesarias con los viejos y nuevos sectores dominantes interesados en reconstituir un orden de dominación estable pero en torno a sus intereses. Es así que poco a poco el gobierno asumió como propios los horizontes de las grandes transnacionales mineras e hidrocarburíferas, los de la rancia oligarquía terrateniente y los de otras burguesías que fueron asumiendo cada vez más fuerza, como la minera o la cocalera (CEDLA 2009; Díaz 2012; Fernández 2012; Salazar 2015).[3] Pero el MAS no reconstituyó el estado neoliberal, era impensable dada la correlación de fuerzas existente en ese momento. Lo que hizo fue impulsar –y mostrarse indispensable para este fin– una nueva síntesis social centrada en un estado fuerte y con gran capacidad de incidencia en la economía nacional y que, además, fuese capaz de promover los distintos objetivos de las clases dominantes pero esta vez no desde la implementación de un patrón de libre mercado, sino a través de una amplia mediación estatal y  de una gestión directa de buena parte de esos intereses, utilizando para ello una narrativa y una estética producida por los movimientos sociales pero apropiada por el gobierno y traducida a una gramática estatal que permitió legitimar aquellos intereses dominantes.  

 

Buena parte de esta apropiación de discursos de lucha está sustentada en la equiparación semántica entre “desarrollo capitalista” y “vivir bien”. El gobierno insiste en que aquellos componentes del desarrollo capitalista, como el extractivismo o la construcción de grandes proyectos de infraestructura para el flujo de mercancías y capital global, es una condición deseable y necesaria para impulsar un proyecto comunitario como el “vivir bien”. Un ejemplo de ello fue la retórica de la “Nacionalización” de los hidrocarburos producida por el gobierno, reivindicación histórica del pueblo boliviano reafirmada en la Agenda de Octubre, aunque esa nacionalización del MAS no hizo más que beneficiar al gran capital transnacional (Fernández 2012). Esas narrativas y prácticas, sumadas a un acentuamiento  del ejercicio represivo del gobierno contra las organizaciones populares que defendían sus horizontes de lucha, permitieron neutralizar la fuerza social –cosa que el neoliberalismo no había logrado– y desplegar una política estatal óptima, dadas las condiciones bolivianas, para el gran capital.

 

Del neoliberalismo a la forma grotesca de la política

La nueva dinámica estatal que se configuró en torno al MAS no sólo es una que promueve la expansión del capitalismo en el país, sino que lo hace desde un lugar muy particular. A diferencia del neoliberalismo de las décadas pasadas, que buscaba amplificar la capacidad de acumulación ampliada de valor a partir de una serie de principios y lógicas de libre mercado, pero profundamente incompatibles con las abigarradas estructuras sociales bolivianas –además de haber sido torpemente implementadas–, el nuevo gobierno ha logrado producir una forma política de ejercicio del poder que permite que el capitalismo permeé efectivamente distintos niveles de la vida social boliviana –como las tramas comunitarias–, de una manera en que ni el neoliberalismo ni los anteriores “modelos de desarrollo” lo habían logrado. En síntesis, lo que el gobierno del MAS promueve no es un modelo neoliberal clásico, sino, más bien, un modelo de capitalismo de Estado que tiene la particularidad de asumir como objetivo la producción de condiciones para la expansión del capital de una manera que el neoliberalismo no pudo hacerlo.

Esto ha sido posible gracias a una estrategia estatal de desactivación de las luchas a partir de una retórica y una trama simbólica que, podríamos decir, estatizó las reivindicaciones populares y las neutralizó bajo el manto de la política pública, a lo que se suma la puesta en escena de una política paternalista sostenida en subvenciones, pero siempre desde lenguajes similares a los que anteriormente permitieron la construcción de sentido subversivo en torno a los horizontes de deseo de distintos sectores populares.

Es a esto a lo que denomino como «forma grotesca de la política». En términos conceptuales, «lo grotesco» es recuperado por Armando Bartra del trabajo de Bajtin para hacer referencia a una estrategia del pueblo llano para subvertir la dominación “mediante la apropiación paródica de los usos, instituciones, símbolos y valores del orden dominantes” (Bartra 2011). En Bolivia vivimos lo grotesco invertido, un grotesco como estrategia estatal de apropiación de discursos y símbolos populares para reconstituir un orden hegemónico y legitimado de la dominación, en torno a la expansión de las relaciones capitalistas. La prioridad del MAS no es reproducir los discursos y la lógica neoliberal tal como la conocimos antes, su preocupación está puesta en conservar y profundizar su poder a partir de una política que consolide sus alianzas con las clases dominantes para estabilizarse en el gobierno, y si para esto tiene que tener un discurso marxista, indigenista o friedmaniano, da lo mismo.

Bibliografía

Almaraz, Alejandro, et al. 2011. La MAScarada del poder. Cochabamba: Textos Rebeldes.

Bartra, Armando. 2011. “Tierradentro: sujetos y desarrollo en la revolución boliviana.” en Armando Bartra Tiempo de mitos y carnaval. Indios, campesinos, revoluciones. De Felipe Carrillo Puerto a Evo Morales. México D.F.: Itaca.

CEDLA. 2009. “Ley Minera del MAS. Privatista y anti-indígena.” en Control ciudadano. Boletín de seguimiento a políticas públicas. La Paz. N. 24.Díaz, Vladimir. 2012. “La minería bajo del dominio de las transnacionales.” en Petropress. Cochabamba. N. 25.

Fernández, Roberto. 2004. FMI, Banco Mundial y Estado neocolonial. Poder supranacional en Bolivia. La Paz: Plural/UMSS.

Fernández, Roberto. 2012. “El reacomodo del poder petrolero transnacional en Bolivia.” en Alejandro Almaraz, et al. La MAScarada del poder. Cochabamba: Textos Rebeldes.

Gago, Verónica. 2014. La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular. Buenos Aires: Tinta Limón.

Gutiérrez, Raquel. 2015. “Insubordinación, antagonismo y lucha en América Latina. ¿Es fértil todavía la noción de ‘movimiento social’ para comprender la lucha social en América Latina?” en Raquel Gutiérrez. Horizonte comunitario-popular. Antagonismo y producción de lo común en América Latina. Cochabamba: SOCEE.

Gutiérrez, Raquel. 2009. Los ritmos del Pachakuti. Levantamiento y movilización en Bolivia (2000-2005). México: Sísifo/Bajo Tierra/ICSH.

Kohl, Benjamin y Farthing, Linda. 2007. El bumerán boliviano. La Paz: Plural.

Salazar, Huascar. 2015. “Se han adueñado del proceso de lucha”. Horizontes comuntario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS. Cochabamba: SOCEE/Autodeterminación.

Schavelzon, Salvador. 2012. El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente. La Paz: CLACSO/IWGIA/CEJIS/Plural.

Valencia, María y Égido, Iván. 2010. Los pueblos indígenas de tierras bajas en el proceso constituyente boliviano. Santa Cruz: CEJIS/IWGIA/AECID/HIVOS.

Webber, Jeffery. 2011. From rebellion to reform in Bolivia. Class struggle, indigenous liberation, and the politics of Evo Morales.Chicago: Haymarket Books.

Este artículo fue publicado inicialmente en la revista South Atlantic Quarterly (Volumen 115, Número 3, Julio de 2016), como parte del Dossier “Against the Day” coordinado por Verónica Gago y Diego Sztulwark, a quienes se agradece la invitación y todas las sugerencias.

NOTAS

[1] Considero muy útil esta diferenciación que hace Gago (2014) de un “neoliberalismo desde arriba” y un “neoliberalismo desde abajo”. Por lo general se suele priorizar el primero desde una visión de totalidad, mientras que no se suele dar cuenta de lo que las personas empiezan a hacer para resistir y reproducir la vida en ese contexto de dominación. Para el caso de Bolivia sería muy interesante entender más ampliamente lo que sucedió en el periodo neoliberal desde esta perspectiva.

[2] La Asamblea Constituyente fue un momento en el que el antagonismo social se hizo cristalino, por un lado se encontraba el Pacto de Unidad que aglutinaba a las principales organizaciones indígenas y campesinas del país, por el otro lado estaba una derecha oligárquica y en el medio el MAS, quien finalmente operó para que los intereses de esa derecha quedaran plasmados en la nueva Constitución Política del Estado (Valencia y Égido 2010; Salazar 2015). Para una profundización amplia sobre la Asamblea Constituyente, sugiero consultar el trabajo de Salvador Schavelzon (2012): El nacimiento del Estado plurinacional en Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente.[3] Al respecto sugiero consultar, entre muchos trabajos, el texto de Jeffery Webber (2011): From Rebellion to Reform in Bolivia. También: La MAScarada del poder (Almaraz et al., 2011).

Fuente: http://www.bolpress.com/2016/09/26/lo-que-el-neoliberalismo-no-pudo-el-mas-lo-esta-logrando /

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Necesitamos, abajo y a la izquierda, percibir en qué consisten nuestras diferencias e incompatibilidades con el progresismo y las izquierdas afines. Examinemos qué explica Álvaro García Linera:

(...)El segundo problema que estamos enfrentando los gobiernos progresistas es la redistribución de riqueza sin politización social. ¿Qué significa esto? La mayor parte de nuestras medidas han favorecido a las clases subalternas. En el caso de Bolivia el 20% de los bolivianos ha pasado a las clases medias en menos de diez años. Hay una ampliación del sector medio, de la capacidad de consumo de los trabajadores, hay una ampliación de derechos, necesarios, sino, no seríamos un gobierno progresista y revolucionario. Pero, si esta ampliación de capacidad de consumo, si esta ampliación de la capacidad de justicia social no viene acompañada con politización social, no estamos ganando el sentido común. Habremos creado una nueva clase media, con capacidad de consumo, con capacidad de satisfacción, pero portadora del viejo sentido común conservador.

¿Cómo acompañar a la redistribución de la riqueza, a la ampliación de la capacidad de consumo, a la ampliación de la satisfacción material de los trabajadores, con un nuevo sentido común? ¿Y qué es el sentido común? Los preceptos íntimos, morales y lógicos con que la gente organiza su vida. ¿Cómo organizamos lo bueno y lo malo en lo más íntimo, lo deseable de lo indeseable, lo positivo de lo negativo? No se trata de un tema de discurso, se trata de un tema de nuestros fundamentos íntimos, en cómo nos ubicamos en el mundo. En este sentido, lo cultural, lo ideológico, lo espiritual, se vuelve decisivoNo hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario, si no hay una profunda revolución cultural.

Porque es muy cierto que podemos levantarnos y unirnos, como decía el compañero, cuando explicaba lo de la democracia espasmódica, que me encantó esa frase, está bien, en un momento de espasmo y arrebato nos unimos, deliberamos y tomamos decisiones, pero luego uno regresa a la casa, regresa al trabajo, a la actividad cotidiana, a la escuela, a la universidad, y vuelve a reproducir los viejos esquemas morales y los viejos esquemas lógicos de cómo organizar el mundo. Y qué hemos hechos. Claro, mi participación en la asamblea fue un espasmo, pero no fue profundidad que democratizó mi ser interno. ¿Cómo llevar la democratización de la asamblea, como espacio, como experiencia colectiva, a una democratización del alma, al espíritu de cada persona, en su universidad, en su barrio, en su sindicato, gremio, barrio? Ese es el gran reto. Es decir, no hay revolución posible si no viene acompañada de una profunda revolución cultural. Y ahí estamos atrasados. Ahí la derecha ha tomado la iniciativa. A través de medios de comunicación, de control de universidades, de fundaciones, de editoriales, de redes sociales, de publicaciones, a través del conjunto de formas de constitución de sentido común contemporáneas. ¿Cómo retomar la iniciativa? Esta angustia la comentábamos con el Presidente Evo, cuando leíamos que muchos de nuestros hermanos que son dirigentes sindicales, o que son líderes estudiantiles, como una especie de ascenso social ven cuando llegan al Parlamento, o se convierten en dirigentes, es la culminación de una carrera social. Tienen derecho, después de haber sido siglos marginados de poder político, imaginarse que pueden ser dirigentes es un hecho de justicia. Pero muchas veces, es más importante ser un dirigente de barrio, ser un dirigente de universidad, ser un comentarista de radio, ser un dirigente de base, que ser autoridad. Porque es en el trabajo cotidiano con la base donde uno gesta la construcción de sentido común. Y cuando vemos camadas enteras, cuando vemos a nuestros hermanos saliendo del barrio, de la comunidad, del sindicato, para buscar con derecho legítimo ser autoridad, luego queda un vacío y ese vacío lo llena la derecha. Y luego tendremos entonces, un buen ministro o un buen parlamentario, pero tendremos un mal sindicalista, un mal dirigente universitario, en general predispuestos a someterse a la derecha. Vuelvo a decir, cuando uno está en gestión de gobierno es tan importante un buen ministro o parlamentario como un buen dirigente revolucionario sindical, barrial, estudiantil, porque ahí también se hace la batalla por el sentido común.

Una tercera debilidad que estamos presentando los gobiernos progresistas y revolucionarios es una débil reforma moral. La corrupción es clarísimo que es un cáncer que corroe la sociedad, no ahora, sino hace 15, 20, 100 años. Los neoliberales son ejemplo de una corrupción institucionalizada, cuando amarraron la cosa pública y la convirtieron en privada. Cuando amasaron fortunas privadas robando fortunas colectivas a los pueblos de América Latina. Las privatizaciones han sido el ejemplo más escandaloso, más inmoral, más indecente, más obsceno, de corrupción generalizada. Y eso hemos combatido. Pero no basta. No ha sido suficiente. Es importante que, así como damos ejemplo de restituir la res publica, los recursos públicos, los bienes públicos, como bienes de todos, en lo personal, en lo individual, cada compañero, Presidente, Vice-Presidente, Ministros, Directores, parlamentarios, gerentes, en nuestro comportamiento diario, en nuestra forma de ser, nunca abandonemos la humildad, la sencillez, la austeridad y la transparencia.

Hay una campaña de moralismo insuflado últimamente en los medios. En el caso de Bolivia decimos: ¿Qué ministro, qué viceministro, qué Diputado del pueblo, tiene una compañía en Panamá Papers? Ninguno. Pero en cambio podemos enumerar Diputados, Senadores, candidatos, Ministros, de la derecha que en fila inscribieron sus empresas en Panamá para evadir impuestos. Ellos son los corruptos, ellos son los sinvergüenzas y nos acusan a nosotros de corruptos, sinvergüenzas, que no tienen ninguna moral. Pero, hay que seguir insistiendo en la capacidad de mostrar con el cuerpo, con el comportamiento y con la vida cotidiana lo que uno procura. No podemos separar lo que pensamos de lo que hacemos, lo que somos de lo que decimos.(...) Leer

 

Comprobamos que el ideólogo de las izquierdas asociadas con el progresismo mantiene concepciones análogas a las del capitalismo. Por ejemplo: posicionamiento en que el dirigente es imprescindible para que los de abajo rumbeen 'bien'; afirmación en que la superación de la pobreza es individual y por ascenso a pertenecer a las capas medias; e idea de que la dignidad humana se reduce a capacidad de consumo. También la atención privilegiada en destacarse ejemplo y coherente como individuo para ocultar la promoción gubernamental del extractivismo que hizo a la consolidación e intensificación del subdesarrollo de nuestros países.

 

Por el contrario, caminos emancipatorios provendrán del protagonismo popular en ir creando otra sociedad desde ahora y por disputas de los variados territorios a lo largo y ancho del país-continente que ya se dan contra la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Falta constituir la unidad de esa diversidad por reconocer el capitalismo (implícito en ese contubernio) como sistema a derrotar para los buenos vivires convivires abajo mediante adquisición de:

 

 

 

El sentido comunal de la crítica al extractivismo

20 de mayo de 2015

 

            

Por: Emiliano Terán Mantovani

 

Como los conquistadores del Far West americano, el capitalismo avanza hacia el desierto”.

José Natanson

 

Como si fueran equivalentes Estado, Gobierno y Administración. Como si el Estado fuera el mismo, como si tuviera las mismas funciones de hace 20, 40, 100 años. Como si el sistema fuera también el mismo y mismas las formas de sometimiento, de destrucción. O, para ponerlo en términos de la Sexta: las mismas formas de explotación, represión, discriminación y despojo. Como si allá arriba el Poder hubiera mantenido invariable su funcionamiento. Como si la hidra no hubiera regenerado sus múltiples cabezas.

 

Subcomandante Galeano (EZLN), abril 2015

 

 

Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.

 

El movimiento salvaje del capital ha convertido al sistema capitalista contemporáneo en una especie de Frankenstein. Se trata en efecto, de un régimen de biopoder global muy asimétrico, pero que se despliega en un sistema de altísima complejidad e incertidumbre, con crecientes manifestaciones caóticas, de múltiples bifurcaciones, inestabilidades, fragmentaciones y volatilidades, sin precedentes en su historia; un proceso que recuerda también la metáfora de Marx en el Manifiesto Comunista, aún más pertinente para nuestros tiempos, del brujo que se vuelve impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Bajo los pies de todo el juego geopolítico actual, de la guerra mundial por los recursos, de todas las pugnas territoriales de poder que hoy se desarrollan, se reproduce un orden metabólico incontrolable, como lo ha planteado István Mészáros.

 

En este sentido, y con respecto a los sistemas extractivistas latinoamericanos, ¿qué impacto tendrá para éstos, sus pobladores, sus territorios, el desarrollo de esta crisis civilizatoria, en relación a los distintos niveles de vulnerabilidad de la región? ¿Cómo leer las mutaciones regresivas del «ciclo progresista» en los últimos años, a la luz de la dinámica de caos sistémico global? ¿Cómo se vincula esto, con los notables cambios en los órdenes metabólicos de nuestros países de la última década, que en diversos casos, como el venezolano, hace manifiesto los límites y el agotamiento de sus modelos de “desarrollo”?

 

De esta compleja coyuntura histórica, se desprenden también otra serie de preguntas fundamentales, ¿cuáles son pues, los horizontes positivos, programáticos, éticos, políticos de la crítica al extractivismo? ¿Hacia dónde apunta? ¿La crítica al extractivismo debería servir para apuntar al “desarrollo” de una “economía nacional” industrializada? ¿El centro de los objetivos es mejorar la producción, la productividad, y engordar el sector secundario? Ante las crecientes manifestaciones de caos sistémico, ¿hacia dónde se dirige la crítica?, ¿quiénes gestionan en los países o territorios de América Latina, las transformaciones y paliativos ante el agravamiento de la crisis global? ¿Qué podrán ser capaces de ofrecer los Estados extractivistas (periféricos) ante esta situación?

 

La “primavera” progresista, viva y movida en la década pasada en muchos países de la región, que avivó los debates sobre el neoextractivismo, se ve cada vez más lejos en el retrovisor, y es opacada por los nubarrones visibles en el horizonte. Las cosas van cambiando a un ritmo sostenido.

 

Los anhelados Estados de bienestar, parecen formas políticas coyunturales de un momento del desarrollo histórico capitalista, de una serie de condiciones, que no parecen poder repetirse en la actualidad. ¿Cómo se conjuga la soñada industrialización, con los límites de la expansión de los procesos de reproducción ampliada de capital, a escala planetaria?, ¿cómo queda el afán de “desarrollo nacional” ante el hipotético «fin de los ciclos Kondratieff»[1]?, ¿a cuánto tiempo, y en qué escalas geográficas va a ser posible planificar?, ¿cuál es nuestra capacidad para atenuar los notables grados de vulnerabilidad sistémica que posee la región, ante situaciones difíciles?, ¿qué formas van tomando las disputas territoriales y qué capacidad puede mantener el Estado para monopolizar su poder en territorio nacional? Y en este sentido, ¿qué papel político pueden jugar las diversas formas de extractivismo delincuencial[2] que operan en América Latina?

 

Ante semejantes amenazas, incluso a la propia posibilidad de vida humana en el planeta, el sentido ético-político de la crítica al extractivismo centra su mirada en la reproducción de la vida y sus ciclos, en el más amplio sentido de la palabra ―no sólo vida humana―. Se trata de una moneda con sus dos caras: una que busca desnudar al extractivismo mostrando sus límites y consecuencias, poniendo en evidencia sus narrativas y aspectos programáticos, y la falsa idea de que “no hay alternativas”; la otra, intenta visibilizar que no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer «la soberanía popular-territorial», si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centra en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común.

 

Caos sistémico y territorios en resistencia: la biopolítica de los comunes

 

El desafío a los capitalismos extractivos, al ser éstos órdenes metabólicos transterritoriales[3], son no sólo horizontes políticos del campo rural, campesino o indígena, sino también urbano. El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no sólo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata. Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un concepto biopolítico de lo común: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4] para la reproducción de la vida.

 

Esta noción potenciadora de la crítica al extractivismo tiene importantes implicaciones políticas que es necesario resaltar.

 

·         En primer lugar, ante escenarios de caos sistémico, de gran complejidad y alta incertidumbre, en los cuales los entornos pueden cambiar rápidamente (en términos políticos, sociales, climáticos, etc.), el principio de orden es la comunidad y lo comunitario. Si los sistemas se caotizan, son las fuerzas sociales territoriales las que tienen principalmente el alcance y la capacidad de resistir y/o transformar las múltiples perturbaciones que afectan la reproducción de su vida cotidiana. Es en lo molecular donde lo común puede luchar contra los estragos del caos capitalista.

 

 

La lógica de expansión geográfica, de crecimiento geométrico y fractal del sistema capitalista, no se da sólo en la superficie del campo social, ni únicamente por medio de la intervención del trabajo vivo humano, como se ha planteado generalmente desde las teorías antropocéntricas del valor; sino se desarrolla fundamentalmente a partir de la búsqueda permanente de dominación de la propia reproducción de la Vida y sus ciclos. A parte de la dominación sobre el trabajo vivo humano, la captura energética que produce el movimiento del capital y sus circuitos de acumulación se obtiene también de la producción de vida de los demás componentes de un ecosistema. Incluso el trabajo vivo humano se alimenta de éstos. Es imposible abstraer el plusvalor de la vida ecológica.

 

Estas omisiones son reflejo de la concepción de la economía humana como un meta-sistema, en vez de considerarlo como continuación del proceso reproductivo de la Vida. La centralidad del trabajo humano objetivado, ha dejado de lado otros productos no humanos constitutivos de la vida social –no sólo los residuos, sino los diversos procesos de transformación de energía que alimentan a otros componentes–, los cuales se subsumen al primero.

El sistema capitalista pues, antes que un orden metabólico “social”, es primero un orden metabólico territorial. Produce sus propios ecosistemas, en los cuales instituye, de manera simultánea, formas de dominación sobre los humanos y sobre la naturaleza. Aliena la riqueza ontológica de la vida[5] para hegemonizar la forma dinero.

Hay una relación muy estrecha (pero invisibilizada, o muy poco atendida) entre energía y valor –valor definido ahora, en su amplio sentido ecológico–. Las omisiones tradicionales sobre dónde está la energía, la riqueza, o dónde se produce el valor, no solo están muy vinculadas con las causas de la crisis ecológica global, sino que la visibilización de estas formas bio-económicas, tiene relación con las posibilidades de potenciar formas de autonomía material para pueblos, en la medida en la que se recuperan, rescatan o expanden formas de producción, aprovechamiento y uso de energías de escalas moleculares, descentralizadas, provenientes de la riqueza propia de los ecosistemas que constituyen la vida social.

 

La energía pues, no está sólo en los macro-procesos energéticos –aunque estos son los hegemónicos–, no sólo es la que aparece reflejada en las estadísticas de los informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de la OPEP, de la BP, o de los ministerios de energía de nuestros países. Hay múltiples procesos moleculares de producción de energía en numerosas formas de la vida cotidiana, muchas de las cuales están íntimamente vinculadas con diversas formas de resistencia (directas o indirectas) a la dominación capitalista, con tramas comunales y cooperativas, y/o con prácticas ecologistas que buscan revertir los procesos depredadores del sistema moderno.

En este sentido, podemos hablar de energías insurgentes o disidentes, en la medida en la que su producción biopolítica crea y posibilita prácticas sociales más allá del capital[6]. Son una especie de lógicas populares de «permacultura» que, con variados alcances, ofrecen vías para la producción de lo común, y referentes materiales para enfrentar las consecuencias de la crisis civilizatoria y el caos global.

Cinco principios de la biopolítica de los comunes

 

A partir de lo antes expuesto, proponemos cinco principios fundamentales en relación a energía, caos sistémico y producción de lo común:

a.   Tenemos que apropiarnos de nuevas escalas de valor y nuevos conceptos de riqueza: nuevos parámetros en la representación del valor, que tengan un carácter biocéntrico, que permitan no sólo desmantelar el aparato argumental que justifica al extractivismo, sino reformular nuestros patrones de vida cotidiana, nuestros horizontes políticos, nuestros procesos de producción de subjetividad, y nuestras capacidades materiales de autogestión, en la medida en la que desarrollamos nuevas relaciones ecosistémicas, que sean ecológicamente productivas, y que se potencian a partir de la gestión cooperativa.
 

b.  Comunismo resiliente: la producción de lo común es imperiosa ante el caos sistémico. Junto con la conciencia de la crisis civilizatoria, y de sus posibles consecuencias socioterritoriales, está el concepto de resiliencia, que nos remite a la capacidad de una comunidad/ecosistema, de soportar y recuperarse ante perturbaciones significativas del mismo. En este sentido, es fundamental recuperar los procesos que hacen posible la reproducción de la vida social y mantenerlos cerca de nuestros territorios, como lo propone Rob Hopkins[7]. Difícilmente se puedan pensar procesos de transformación y resistencias sociales más allá del concepto de resiliencia.
 

c.  Otras soberanías: comunizar, ocupar y reapropiar: reconocer que los ecosistemas básicamente funcionan de manera cooperativa y no jerarquizada, y que los bienes comunes para la vida no pertenecen exclusivamente a nadie, no basta para producir lo común. El tipo de relación y gestión común que se produce entre los sujetos, y su relación con los ecosistemas debe ser ejercido. De esta forma, si se trata de un open source, de una empresa de propiedad mixta, de una okupa, o de una comuna venezolana legalizada por el Estado socialista, es secundario. No interesan primordialmente los aspectos formales o nominales de estas gestiones, sino la potencialidad política popular de ejercer la soberanía y lo común sobre el territorio y los bienes para la vida, sea por vías de acción directa o bien por negociaciones vistas desde el «poder obediencial».


d.     
Comunizar a partir de la reproducción de la vida: como lo ha reconocido Silvia Federici, la centralidad de la política y la economía, ha girado en torno al campo de los medios de producción, dejando de lado lo que ha denominado los «medios de reproducción de la vida», un campo que no sólo ha sido llevado fundamentalmente por la mujer, sino que también ha sido el ámbito de la vida social donde suelen reproducirse las formas de lo común[8]. Es por tanto esencial, recuperar la reproducción de la vida como elemento central de la política.
 

e.      Las diversas tradiciones de lucha, las diversas formas de lo común: cada territorio, cada nación, tiene tejidos y formas cooperativas y comunitarias diversas, con cosmovisiones, parámetros y complexiones diferentes. Pueden tener viejas tradiciones ancestrales o ser más contemporáneas y fragmentadas como los grandes ámbitos urbanos. Son estas las características ecosistémicas que definen cada una de estas luchas, sus puntos de partida, y no así lo es un libreto pre-establecido, aunque es importante compartir algunos horizontes ético-políticos de lucha. Hemos insistido, por ejemplo, para el caso venezolano, que la subjetividad contrahegemónica más potente y masiva de la historia del capitalismo rentístico es el «chavismo», y que esta es una fuerza que se constituye ontológicamente de abajo hacia arriba, aunque esto haya sido presentado generalmente al revés[9], y aunque diversas tramas corporativas intenten capturar su potencia popular-insurgente. Como lo han reconocido Negri y Hardt, uno de los escenarios decisivos de la acción política hoy implica la lucha en torno al control o la autonomía de la producción de subjetividad[10]. Cada experiencia de producción de lo común, se enfrenta no sólo a la conflictividad geopolítica, a la crisis civilizatoria, sino también a la micropolítica de agresión sobre estos procesos contrahegemónicos de subjetividad, de corporalidad, de creación de nuevos sentidos comunes. He ahí uno de los grandes desafíos para estos procesos de transformación, en todas sus escalas, que se vive con enorme intensidad en la Revolución Bolivariana.

 

Caracas, mayo de 2015

 

Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

 

Referencias bibliográficas:(...)

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/169743

 

 

 

Observamos que los gobiernos tanto progresistas como conservadores garantizan la expansión del extractivismo en sus países y la legitiman con similares prácticas. Es una prueba valiosa que los de abajo debemos cambiar radicalmente no sólo el modo de producción y reproducción sino también el Estado.

 

 

Extractivismo: la convergencia Santos-Correa

31 de octubre de 2016

 

El presidente Santos, en un discurso ante el empresariado petrolero reunido en Colombia contó cómo el presidente Correa de Ecuador le aconsejó enfrentar la resistencia extractivista. Consejos que Santos destacó, aceptó, y valoró tanto que los compartió con los empresarios petroleros. Quedó confirmada la CPC: una convergencia progresista – conservadora.

12 de Octubre del 2016

 

Por Eduardo Gudynas

En repetidas ocasiones en los últimos años se ha alertado que las estrategias extractivistas de los gobiernos progresistas caían hacia prácticas semejantes a las que se empleaban en países bajo administraciones conservadoras. Y de la misma manera, a lo largo de estos años, se alzaron las defensas progresistas que insistían que esas afirmaciones eran una exageración sin evidencia, y que no existían similitudes ni vínculos con las corrientes conservadoras. Todas esas defensas se derrumbaron días atrás cuando el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, relató como el presidente ecuatoriano Rafael Correa le aconsejó cómo enfrentar a los ambientalistas “fundamentalistas” e inyectar dinero en las comunidades para que sean “cómplices” de los extractivismos.

Aquel debate sobre las similitudes de las prácticas gubernamentales extractivistas se basaban en síntomas muy claros. Los gobiernos progresistas para imponer emprendimientos mineros, petroleros o agrícolas de alto impacto, apelaban a flexibilizar controles ambientales, toleraban los impactos sociales, o incluso recortaban derechos ciudadanos. Problemas que ocurren en Ecuador, y se repiten, entre otras naciones en Bolivia o Venezuela, también bajo administraciones progresistas, pero que se parecían a muchas prácticas conservadoras. Muchos rechazaban que existieran esa similitudes.

Sin embargo, pocos días atrás tuvo lugar un hecho extremadamente importante para desentrañar toda esta cuestión. El presidente Santos, en un discurso ante el empresariado petrolero reunido en Colombia contó cómo el presidente Correa de Ecuador le aconsejó enfrentar la resistencia extractivista. Consejos que Santos destacó, aceptó, y valoró tanto que los compartió con los empresarios petroleros. Quedó confirmada la CPC: una convergencia progresista – conservadora.

El escenario político y empresarial

Ahora las ONG vienen a defender el ambiente, vienen a “atacar” a cualquier empresa, subrayó el presidente Santos.  Y para enfrentar toda esa problemática, a los fundamentalistas, Santos ofreció la receta que le aconsejó el presidente Correa...

Analicemos el caso, comenzando por describir el contexto en el cual se realizaron estas revelaciones. Todo ocurrió en el acto de inauguración del II Congreso Internacional de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el pasado 29 de setiembre de 2016. Esa asociación nuclea a corporaciones como Chevron, Exxon, Oxy, Pacific, Petrobras, Repsol, Shell y Total, y sus ejecutivos estaban presentes en la sala. El evento contó con 500 asistentes registrados, y el tema en discusión era el “futuro del petróleo y el gas”.

En esa ocasión, Santos defendió el proceso de paz colombiano, y la vez intercalaba informaciones y opiniones sobre el sector petrolero en su país (1). Es así que enumeró los problemas que enfrenta ese sector, y que en el orden que les dio fueron la caída de los precios internacionales, la protesta social y los bloqueos, las licencias ambientales demoradas, y la competitividad. Reconoció que hay protestas sociales y las vinculó con un ambientalismo “fundamentalista”. Ahora las ONG vienen a defender el ambiente, vienen a “atacar” a cualquier empresa, subrayó el presidente. Enseguida reconoció que “infortunadamente, no nos digamos mentiras, la industria petrolera está de primera” en esa lista, “está en la mira”. Y para enfrentar toda esa problemática, a los fundamentalistas, Santos ofreció la receta que le aconsejó el presidente Correa. Allí está la impactante revelación.

Las enseñanzas de Correa a Santos

Esto es lo que dijo Santos: “Yo hablaba con el presidente Correa del Ecuador, sobre las consultas y las protestas, él me decía: mire yo tengo una población muy difícil, en ese sentido, la mayoría, 50% indígenas, muy antipetroleros, e inclusive el gobierno ha sido muy hostil a la industria petrolera en muchos sentidos, así lo percibe mucha gente, pero yo hice algo que ha sido muy, muy efectivo, y es algo muy práctico. Que en lugar de ir, perforar, y después ir a hablar con las comunidades, lo hago a la inversa. Antes de perforar, antes de hacer cualquier cosa, voy y hablo con las comunidades y les pregunto, ¿cuáles son sus necesidades? ¿ustedes qué quisieran? ¿qué es lo que necesitan? Entonces las comunidades se ponen de acuerdo: mire, necesitamos esta carretera, necesitamos este hospital, necesitamos esta cosa. Ah, bueno, esto es posible si podemos perforar aquí, y entonces eso va a producir los recursos para esto. Que eso cambia totalmente la mentalidad, la agresión de las comunidades, a la complicidad de las comunidades. Eso me lo decía el presidente Correa. Y eso fue muy importante para continuar nosotros en el ejercicio de la exploración y la sísmica en Ecuador.

Con esto quedaron expuestas muchas cosas. La primera es que la administración ecuatoriana tiene una clara estrategia para enfrentar a lo que ellos también califican como ambientalistas “fundamentalistas” o a las comunidades indígenas, los “anti-petroleros”. La segunda es que esas prácticas le gustaron mucho a Santos, y las valora como un ejemplo a seguir por su propio gobierno dentro de Colombia para superar la resistencia ciudadana a los extractivismos. Le gustó tanto que ya le adelantó a todo el empresariado petrolero colombiano que usará los instrumentos de Correa. O sea, el progresismo le enseña a los conservadores cómo imponer los extractivismos. No puede haber una evidencia más clara que esta, reconocida por un presidente, de la existencia de una CPC, una convergencia progresista conservadora.

Las prácticas gubernamentales sean de uno u otro régimen político convergen, por un lado hacia el control político de los extractivismos para legitimar ante la opinión pública y el electorado la importancia de ese tipo de explotaciones, y por el otro lado, hacia controlar o anular la resistencia ciudadana. Los progresismos y los conservadores aprenden unos de los otros, y más allá de los discursos, conciben de similar manera a las oposiciones ciudadanas y convergen hacia similares prácticas. Todo ese intercambio podría llevar a preguntarse si Santos sería el más “progresista” de los gobernantes conservadores, o si Correa representaría al más “conservador” entre los que se autoproclaman como progresistas.

La intimidad del control extractivista

También tiene una enorme importancia la declaración de Santos en mostrarnos cómo explica Correa, en la intimidad, la problemática sobre el extractivismo. En efecto, Correa parece creer que su gobierno “dialoga” con las comunidades, que antes de iniciar un proyecto extractivista se acerca a hablar con ellas, y que las escucha. Es un entendimiento contrario tanto a lo que señalan muchos actores locales como a un examen del desempeño gubernamental. Basta pensar en el conflicto que todavía persiste en cuanto a la explotación petrolera en el Yasuní o la imposición de emprendimientos mineros.

Estamos ante prácticas que convierten a la compensación económica en un mecanismo de control y apaciguamiento político.

Pero además se reconoce otro punto sobre el que se ha alertado desde la teoría sobre los extractivismos: los gobiernos usan intencionalmente las compensaciones económicas como un instrumento para justificar los extractivismos, para amortiguar la resistencia ciudadana, e incluso para dividir a las organizaciones locales. El gobierno ecuatoriano diría a las comunidades locales que para cumplir sus pedidos, por ejemplo de carreteras u hospitales, sólo sería posible si hay extractivismo, según lo que cuenta Santos. Y se apela al dinero, sea en obras o en pagos, para que la “agresión” se convierte en “complicidad”, desnudándose la base conceptual de muchas prácticas: pagar por la aceptación.

Esas son ideas que deben ser cuestionadas. Es evidente que las responsabilidades estatales en proveer servicios básicos son fines en sí mismos, y no pueden ser reducidas a una mera consecuencia de un extractivismo exitoso. Y de la misma manera, el entregar obras o dineros para que la gente no protesta dista mucho de una verdadera política en justicia social o ambiental. Estamos ante prácticas que convierten a la compensación económica en un mecanismo de control y apaciguamiento político. Tanto se ha insistido con esas ofertas monetarias que, hay que reconócelo, muchas comunidades locales están divididas. Y también hay que entender esa situación, ya que para muchos comunarios sumidos en la pobreza por décadas, esas mejoras en infraestructura o una ayuda en dinero, pueden tener un enorme impacto en sus vidas. Pero todos esperaríamos que un gobierno no se aprovechara de la condición de pobreza para negociar aceptaciones cómplices, y menos que una administración que se dice de izquierda, apelara a mercantilizar todavía más la vida social y la naturaleza.

Aunque estamos frente a una CPC, no se debe caer en otras confusiones. Es que progresismo y conservadurismo siguen siendo distintos; no es lo mismo el régimen político de gobierno ecuatoriano que el observado en Colombia. Pero en algunas cuestiones claves, tales como el papel de los extractivismos como motor del desarrollo, convergen hacia similares planes de acción, parecidas herramientas políticas, económicas e incluso semejantes posturas culturales. Se descalifica a quienes alertan o cuestionan tildándolos de “fundamentalistas”. Es por ello que puede hablarse de una situación CPC, donde la convergencia está en los instrumentos y prácticas. Pero los marcos conceptuales bajo las cuales son presentadas siguen siendo diferentes, y las metas son distintas.

A su vez esta confluencia sirve para reforzar la distinción entre izquierdas y progresismos (2). Es que la utilización de ese tipo de prácticas y acciones para imponer los extractivismos son factores que explican el cambio de las izquierdas iniciales a los progresismos actuales.

Finalmente, desde el punto de vista de los movimientos sociales no puede pasar desapercibido que este discurso de Santo expresa cristalinamente que para su gobierno, así como para el de Correa, la resistencia ciudadana no es una cuestión de minorías, sino que se ha vuelto tan potente, e incluso eficaz, para terminar siendo un gran dolor de cabeza de ambos gobiernos. Es muchos casos, esa resistencia ciudadana cuestiona las bases conceptuales del desarrollo, expresado tanto en extractivismos progresistas como conservadores. Por lo tanto, esos discursos que la tildan de minorías infantiles, no tienen ningún sustento, y ellos lo saben, lo que es de enorme importancia. Debemos tomar nota de esta situación.

Notas

1. El discurso de J.M. Santos está disponible por el servicio de prensa presidencial en https://www.youtube.com/watch?v=b870ezpLm3Y&feature=youtu.be

2. Sobre la distinción entre progresismo e izquierda, ver en Plan V, la entrevista “Los gobiernos 'progresistas' son otro tipo de bicho político”, 4 marzo 2015, http://www.planv.com.ec/historias/entrevistas/gobiernos-progresistas-son...

Además, “El agotamiento del progresismo y los relanzamientos izquierdistas”, por E. Gudynas, 7 octubre 2015, http://www.planv.com.ec/ideas/ideas/el-agotamiento-del-progresismo-y-rel...

Fuente: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/extractivismo-la-convergencia-santos-correa

En consecuencia, tanto los gobiernos progresistas como los neoliberales condenan a los pueblos de Nuestra América a sufrir el extractivismo exportador y ser expulsados-desposeídos de poder construir buenos vivires. Al igual que Argentina, la Bolivia de Evo Morales y Alvaro García Linera está arrasando con las posibilidades de «reforma agraria integral» al destruir tanto comunidades como ecosistemas. El capitalismo está eliminando los sistemas soportes de la vida y enfermando, masacrando en las que designa "zonas de sacrificio". En contraposición las comunidades ruruurbanas, campesinas e indígenas( junto con activistas  en procura de buenos vivires abajo) son quienes bloquean este avance genocida. Al mismo tiempo nos interpelan a no quedarnos en la percepción inmediata o descripción de hechos y preguntarnos sobre: beneficiarios-perdedores, extracción o ruptura ecológica al costo de qué... 

 

 

Bolivia - Tariquía: Reserva natural frente a la ofensiva petrolera
30 de marzo de 2017

 

El despojo a comunidades indígenas y campesinas que viven en medio o cerca de actividades petroleras, es un proceso que se ha expandido y profundizado en el país los últimos años. La agudización del modelo extractivista y un modelo energético basado en la explotación de combustibles fósiles, implica para poblaciones enteras, invasión neocolonial que devasta territorios y los transforma en espacios para el negocio petrolero.

 

Tariquía, es una reserva natural que está atravesada por cuatro bloques concesionados a empresas como PETROBRAS y BG. Muchos de sus pobladores enfrentan y resisten ahora a una maquinaria estatal, la cual ha permitido no sólo abrir legalmente áreas protegidas a actividades hidrocarburíferas, sino que actualmente está tratando de convencer a las comunidades sobre los beneficios que hipotéticamente llegarían con dichas actividades: dinero = progreso = desarrollo.

Este supuesto desarrollo que traen las regalías petroleras a las ciudades y otros lugares, por lo general en forma de cemento o canchas de fútbol con césped sintético, tiene su origen en la sed de otras comunidades, la sequía, la muerte trágica y dolorosa de bosques y especies enteras en otros territorios.

 

Tariquía: reserva estratégica y protectora de las fuentes de agua

En declaraciones a la prensa, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, afirmó que los ambientalistas que se movilizan contra las exploraciones petroleras en Tariquía lo harían por “intereses políticos” y, más allá, sin un “mínimo de conocimiento técnico”. Aseguró que dicho lugar no era una zona de evaporación, uno de los argumentos de las/os defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT). Estas declaraciones desconocen en todo caso hechos fundamentales señalados desde fines de los 80, por instituciones de investigación: que la Reserva fue creada como tal por su importancia hídrica y su ecosistema único existente en el país. 

 

 Impulsada por grupos ecologistas y campesinos que viven en lugar, preocupados todos por la tala indiscriminada en la zona realizada por ajenos a las comunidades, la RNFFT se encuentra entre Bolivia y Argentina, abarcando dos ecoregiones: el Bosque Tucumano Boliviano y el Chaco serrano, ecosistema de Yungas Andina, que se extiende hasta Argentina. “Es la única reserva de Bolivia dentro de este ecosistema”, señalaba en 1998, la investigación impulsada por Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA), institución que co-administró la reserva hasta 2002. Si bien hay otras formaciones en la Reserva, la selva montana, que cubre casi el 90% de ésta, es húmeda y con la mayor diversidad (Ayala Bluske, Ibíd.: 55-56).

 

Como parte del gran sistema hidrográfico de La Plata, la Reserva, según los estudios de PROMETA y del Plan de Manejo del 2000- 2004, es catalogada como zona estratégica:

…estratégica desde el punto de vista hidrográfico, ya que en su seno, y gracias a la selva que actúa como un poderoso regulador hídrico, se originan numerosos ríos y arroyos que forman parte de la Subcuenca Norte de la Cuenca superior del Río Bermejo, la que a su vez pertenece a la Cuenca del Plata (Ayala Bluske, 1998: 47)

La reserva de Tariquía, junto a la de Sama y el Aguaragüe, “protegen las fuentes de agua más importantes” (Ibíd.: 18), así como “protege la zona más representativa de la Selva Tucumano- Boliviana” (Ibíd.) Según el biólogo Donovan Osorio, la zona sería un área de recarga hídrica.

 

Laureles, lapachos, nogales, cedros, así como antas, zorros de monte, pavas, guacamayos, jaguares, osos jukumari, carpinchos, tarucas, ocelotes, lobitos de río, loros aliceros, pumas. En suma, según el Plan de Manejo, existirían por lo menos 1075 especies de plantas superiores, 169 especies de mamíferos grandes y pequeños, 253 especies de aves, 62 especies de anfibios y reptiles y 65 especies de peces contabilizados hasta 2004. Todos ellos pueblan la extensión de la Reserva, trece están en la lista de especies en peligro de extinción.

Por la importancia de esta región, -al ser única y la más extensa en su ecosistema en el país, al tener un estatus internacional de vulnerable, al depender sus pobladores de la buena salud de sus cuencas-, la RNFFT se creó para conservar la biodiversidad del ecosistema de yungas andino, así como para “regular los caudales hídricos” de los ríos Bermejo y Grande en Tarija. (Ayala Bluske, 1998)

 

Actualmente existen 22 comunidades campesinas,organizadas en sindicatos agrarios dentro la reserva, relacionadas con las aproximadamente 33 comunidades de la zona externa a la RNFFT, conocida como “de amortiguación”. Estas comunidades viven de la ganadería y la producción agrícola. Existe como característica histórica de la región, la práctica de la ganadería trashumante, que significa trasladar al ganado a pastar a varios niveles de altura, de acuerdo a la época. (Ayala Bluske, 1998) Estas familias, por lo general tienen propiedades colectivas o pro indiviso. También se ha registrado emprendimientos exitosos en apicultura.

 

En los 90, de acuerdo a los informes de PROMETA y al Plan de Manejo del 2000-2004, se señalaba que las amenazas principales para la reserva eran: la extracción forestal, la expansión de la frontera agrícola, la pesca con dinamita y sustancias tóxicas y las actividades petroleras.

 

La ofensiva petrolera

La lucha actual de comunidades campesinas en Tariquía por no permitir la actividad petrolera en la Reserva, está inscrita en la ampliación del extractivismo petrolero hacia zonas que son los últimos bastiones de ecosistemas amenazados, ciclos y mundos de vida de comunidades indígenas o campesinas, cientos de especies de flora y fauna.

El investigador Jorge Campanini, en entrevista, afirma que en Bolivia desde fines del 2014, se produce un golpe de timón a la política hidrocarburífera, al emitir el gobierno una serie de reglamentos que abren paso a una ofensiva petrolera hacia áreas protegidas y parques nacionales.(Audio: Entrevista a Jorge Campanini)

Ya del 2007 al 2012, un lapso de 5 años, se calculaba que en Bolivia, la frontera petrolera había crecido siete veces, es decir, se pasó de 2.1 millones de hectáreas el 2007, a 24,7 millones de hectáreas el 2012, (769% de incremento), 

comprometiendo en ese entonces 11 de las 22 áreas protegidas del país.

 

Los Decretos Supremos 2298, 2366 y 2400 aprobados todos por el presidente Morales consecutivamente en el transcurso del año 2015, establecen no solo la apertura de áreas protegidas y parques nacionales a actividades petroleras e hidrocarburíferas, sino que implantan nuevas normativas y parámetros ambientales, así como la modificación del derecho a la Consulta Previa, atribuyéndose el estado, el derecho de decisión en caso de que no obtuviese respuesta de las comunidades afectadas, (pudiendo ocurrir esto último por resistencia de dichas comunidades a estos proyectos extractivos).

En la actualidad se puede hablar de más de 30 millones de hectáreas abiertas a las actividades petroleras según Campanini. Sin embargo, no sólo se trata de las áreas protegidas y parques nacionales, y por consecuencia territorios indígenas sobrepuestos a éstos, sino de una serie de reglamentaciones que flexibilizan normativas y derechos reconocidos como el de la Consulta Previa.

La modificación a la reglamentación ambiental avanzó más el 2016, es así que ahora, afirma Campanini, se amplía la lista de actividades petroleras que no necesitan licencia ambiental o consulta: a finales del año pasado, [2016] se ha emitido un nuevo Decreto Supremo que lo que hace es ampliar la lista de actividades que no requieren licencia ambiental o no requieren consulta, por ejemplo, dentro de la gestión, la prevención y el control ambiental. Es decir, hay actividades hidrocarburíferas, como por ejemplo la magnetotelúrica, entre otras actividades de exploraciones preliminares o complementarias a una gran exploración, que ahora no necesitan y no requieren para nada pasar por los requerimientos ambientales de rigor.

 

El Plan de Manejo a principios de los años 2000 señalaba, entre las amenazas en ciernes para la reserva, que alrededor del 50% de la reserva Tariquía se hallaba concesionada para actividades petroleras. Se menciona al bloque Churumas, el pozo Cambarí y el Pozo San Antonio, como parte de proyectos de exploración sísmica dentro de la reserva.

 

Los bloques San Telmo y Astillero, en disputa actual en la Reserva Tariquía, (el primero está como zona no tradicional, es decir zona donde no había habido ninguna actividad petrolera previa), fueron ya desde el 2007 declarados como áreas reservadas de interés hidrocarburífero a favor de YPFB, mediante los Decretos Supremos 29130 y 29226 respectivamente, lo cual daba algunas pistas, ya en los dos primeros años del gobierno del Movimiento Al Socialismo, del derrotero que tomaría, posteriormente, la política de exploración y explotación petrolera e hidrocarburífera.

(Audio 2: Entrevista a Jorge Campanini)

Es en 2011 cuando se autoriza que PETROBRAS realice un estudio que determinaría si se podía llevar adelante proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera en San Telmo y Astillero. El informe de PETROBRAS de 2012, según Campanini, certificó 4.4 TCF de gas y miles de millones de barriles de condensado.

Cabe puntualizar que la RNFFT, figura entre las áreas que el decreto 2366 de 2015 abría por ley a las actividades petroleras.

DATOS: Según datos del gobierno las áreas San Telmo y Astillero tendrán una extensión de 210 hectáreas, calculándose que tendrían 3.4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural.

De ser exitosos los resultados, se calcula que se invertirá en San Telmo 610 millones de dólaresy en Astillero 608 millones de dólares.

La firma de un contrato para el siguiente paso de exploración y explotación con permiso de la Asamblea Legislativa, continúa explicando el investigador del CEDIB, demora, y es en los años que van del 2015 al 2017, cuando se firman dos convenios entre PETROBRAS y el gobierno, donde los bloques San Telmo y Astillero quedangarantizados para la empresa brasileña, a pesar de que no existe un acuerdo final.

Las autoridades afirman que la afectación por la actividad petrolera será mínima entre un 0.03% y un 00.4 de la reserva, (muy poco territorio a cambio de muchos beneficios, dicen). El mismo ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, había afirmado que las afectaciones serían “nada frente a los beneficios que los recursos puedan proveer de estas áreas”.

Argumentos parecidos esgrime el gobierno, en casos como el del Proyecto Hidroeléctrico El Bala – Chepete.

Sin embargo, como se observa en los mapas, las concesiones petroleras San Telmo, Astillero, así como la de Churumas, afectan directamente la zona núcleo de la Reserva, de protección estricta, y a zonas donde viven especies como el jukumari u oso andino, y el jaguar, entre otras, declaradas en peligro de extinción.

 

Los bloques San Telmo y Astillero, no son los únicos en la RNFFT. La Reserva tiene cuatro proyectos petroleros. El investigador Jorge Campanini explica que el Bloque Churumas, proveniente de la época neoliberal y homologado en el gobierno del MAS, está concesionado a la empresa Chaco, provocando la preocupación en los pobladores. De la misma forma en el Bloque Huacareta, al extremo norte de la reserva, la actividad petrolera es ejecutada en una pequeña parte por BG, que no es sino la empresa Shell, ampliamente cuestionada y rechazada en todo el mundo por los casos de corrupción y contaminación que ha ocasionado.

Y, si la versión gubernamental sostiene que se tratará de ínfimas afectaciones al territorio, algo que en realidad no se ha demostrado en el caso de otros casos de exploración y explotación petrolera en distintas áreas protegidas, ¿por qué los pobladores de la reserva no fueron debidamente informados desde un principio?.

 

Resistencia al despojo y a la actividad petrolera, y los métodos del estado para imponerla

El que autoridades de estado no hayan transmitido a tiempo la información completa ni consultado a las comunidades directamente afectada en la Reserva, -que es ya una característica del actuar estatal en éste y otros proyecto extractivos y de megainfraestructura-, provocó el estado de alerta y luego la movilización de las comunidades campesinas en Tariquía.

En julio de 2015, una vez aprobado el decreto 2366, representantes de Tariquía, declararon desconocer y no haber sido informados por el gobierno sobre la apertura de actividades de exploración y explotación petrolera en la reserva. Por lo menos 10 comunidades se reunieron aquella ocasión, para firmar una carta mediante la cual exigían a las autoridades ser informadas al respecto.

 

La información a la población de la reserva sobre antiguos o nuevos proyectos de prospección y explotación petrolera, es tan escasa, que muchos especulaban sobre si habrían existido ya actividades hidrocarburíferas en Tariquía.

El Director departamental de Tarija, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Julio Guerrero, afirmó a fines de 2015, que las comunidades de Tariquía habían aceptado los proyectos de exploración petrolera, porque les traerían beneficios mediante compensaciones económicas. La población a través de su sindicato campesino, exigió una reunión de información y debate para el 15 de noviembre de 2015, con los ministros del área, que debió realizarse en Tariquía, sin embargo, las autoridades no asistieron presentando cartas de excusa.

Contrariamente a lo que sostenía Guerrero, 10 comunidades de la Reserva Tariquía, en Magna Asamblea, el 27 de marzo de 2016, emitieron una Resolución para RECHAZAR DE MANERA UNÁNIME el proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos en la reserva. Dirigentes y pobladores de Tariquía habían evidenciado en visitas a zonas y parques nacionales vecinos del Chaco, que a pesar de las promesas empresariales y gubernamentales, la actividad hidrocarburífera no había llevado beneficios a las comunidades, y, por el contrario, si había agudizado la sequía y contaminación de suelos y agua. Por tanto, pidieron respeto de las autoridades a su decisión.

 

En este mismo lapso de tiempo, varios y diversos grupos de vecina/os de la ciudad de Tarija, comenzaron a organizarse para rechazar los proyectos petroleros en la Reserva, y apoyar a las comunidades en Tariquía. Hubo grupos relacionados con derechos humanos, jóvenes de la pastoral, mujeres, entre otra/os, quienes en su gran mayoría son voluntarios. También se plegó gente de la gobernación departamental.

Christian, de la pastoral señala que su grupo se preocupó porque se dieron cuenta que la provisión de agua de la ciudad de Tarija depende de la lluvia que se forma en Tariquía, De la misma forma que, señala, en Tariquía se depende de lo que en las ciudades se haga con los ríos que también pasan por la reserva.

 

Existe una especie de simbiosis entre la gente dela reserva y la gente de la ciudad, donde ambos vivimos de lo del otro. Lo que vayamos a hacer en el valle central en Tarija les afecta directamente a ellos, porque nuestro río Guadalquivir va y alimenta directamente las aguas del Rio Grande en Tarija, entonces lo que hagamos en la ciudad les afecta a ellos, y lo que ellos hagan en su ecosistema en el bosque en Tariquía nos afecta a nosotros, entonces nace una suerte de lucha conjunta donde los compañeros se paran fuerte. (Testimonio brindado en evento público organizado por el Cedib y Territorios en Resistencia, febrero 2017, en Cochabamba)

 

En esta perspectiva, cuentan los activistas, solicitaron por su parte información a diferentes instancias estatales desde 2014, sin embargo, tampoco obtuvieron respuestas.(Audio 3: Testimonio Christian, activista en defensa de la RNFFT)

 

Según las personas que participan en las redes urbanas, el gobierno optó por ingresar a la reserva con un proyecto caminero, esperado por muchos años por los habitantes de Tariquía. Sin embargo, dicha vía, también se convirtió en el mecanismo mediante el cual el gobierno comenzó a difundir el proyecto sin un proceso claro de información ni de consulta a las comunidades que viven en la reserva. De otro lado también se usa a proyectos productivos para imponer los proyectos hidrocarburíferos:

No hace mucho entra el estado al municipio de Padcaya y comienza a socializar los proyectos CRIAR, donde existe una contraparte de la comunidad y una contraparte del estado, y pueda comprar maquinaria y puedan desarrollar de manera un poco más la actividad agropecuaria, pero el estado les dice “como ustedes son reserva no pueden acceder a este tipo de proyectos”, porque ellos ya se habían opuesto a cualquier tipo de actividad de hidrocarburífera en un Voto Resolutivo, tras de que el estado entra a intentar hacer firmar estos documentos en blanco, entonces ellos se oponen y les niegan el acceso a estos proyectos, y así a muchos otros (Testimonio ofrecido en el evento público organizado por el CEDIB y Territorios En Resistencia, febrero de 2017 en Cochabamba)

Incluso, afirman, el gobierno llevó panetones y regalos días antes de navidad, para poder ingresar a la reserva y difundir alguna información de los proyectos hidrocarburíferos.

El gobierno, a pesar de la oposición de las comunidades, como describía el investigador Jorge Campanini, firmó en noviembre de 2016 un convenio con PETROBRAS, denominado “Contratos de servicios petroleros para las áreas San Telmo y Astillero”.

 

Ante este panorama, ya a principios de 2017, se llevaron a cabo movilizaciones de los grupos urbanos y comunarios de Tariquía, en el centro de la ciudad de Tarija, donde también participó gente de la gobernación departamental, a pesar de una postura más abierta de esta instancia el 2015 respecto a la actividad petrolera en áreas protegidas[7].

Las movilizaciones de los pobladores de la RNFFT, volvieron a exigir en enero de 2017, información clara respecto a los proyectos de actividad petrolera en Tariquía, evidenciando de nuevo que hasta este año, no se había puesto a consideración de los directamente afectados los detalles de dichos proyectos.

Si bien el ministro de hidrocarburos, Luis Sánchez, había anunciado la posibilidad de hacer una consulta a las comunidades, a la par, el gobierno inició una campaña contra las organizaciones que apoyan la resistencia campesina en la Reserva.Abundaron las acusaciones de las autoridades contra la institución dependiente de la iglesia, Cáritas, acusándola de promover el conflicto[8], así como la descalificación pública de los argumentos de la gente que se opone a la actividad petrolera en la zona. El ministro Sánchez declaró que las personas opuestas a la exploración y posible explotación en los bloques San Telmo y Astilleros eran mentirosas y “anti-tarijeñas”.

 

De otro lado, al tratar de convencer a los pobladores de Tariquía de las bondades de los proyectos petroleros, autoridades de estado han llevado a éstos, a observar directamente trabajos de exploración inicial magnetotelúrica de otros proyectos cercanos, afirmando que éste método es no intrusivo ni destructivo, lo cual sólo es una parte de la verdad completa.

Afirma Campanini, que los trabajos con tecnología magneto telúrica, además de haber sido legalizados como actividad que no necesita licencias ambientales ni consulta, (o sea, les otorgaría directamente una categoría de dispensación tres), son, casi siempre, solo un paso previo y a veces prescindible de las agresivas exploraciones sísmicas 2d ó 3d.

Los intentos de dividir a las comunidades de base, las verdades a medias, las descalificaciones a activistas, así como las promesas de desarrollo para el departamento y la Reserva a través de las regalías petroleras, confirman hechos sustanciales: que los recursos generados por la explotación petrolera que deberían beneficiar al departamento no han generado una forma distinta de concebir el desarrollo ni la economía, sino han agudizado una manera contaminante y destructiva de explotación que está basada en la devastación socioambiental.

¿Desarrollo y beneficios para quiénes?

El ministro Sánchez, afirma que por culpa de los “activistas políticos” que impiden el desarrollo de los proyectos petroleros en San Telmo y Astillero, Tarija perdería 2.877 millones de dólares.

 

No obstante, la reciente nota de prensa del diario El País, de Tarija, “Indígenas compran el agua y la comparten con sus animales”, es un reciente testimonio esclarecedor de mujeres indígenas que sobreviven entre pozos petroleros en el Chaco Boliviano: deben comprar agua para ellos, su familia y sus animales, ya que, a pesar de vivir sobre pozos del “oro negro”, no tienen acceso ni siquiera a un derecho básico como el agua. La deforestación por la actividad petrolera también les obliga a ir a buscar leña a otros lugares, porque, paradójicamente, siendo nominalmente dueña/os del territorio, tampoco tienen posibilidades de conseguir garrafas de gas licuado de uso doméstico.

 

¿Quiénes pierden realmente?

La lógica extractivista, como hemos visto, aduce que a cambio de una pequeña afectación, se darán beneficios económicos a través de compensaciones económicas o dinero proveniente de la explotación petrolera, ¿Pero, es “pequeño” el daño, cuando se trata de ecosistemas dependientes entre si, y cuando las exploraciones y posible explotación se realizarán en la zona núcleo de alta fragilidad ecológica?

Las “compensaciones” en muchos casos también han servido para corromper y acallar resistencias.

La ofensiva petrolera que ahora se instaura en la Reserva Tariquía, avanza en varias otras reservas y áreas protegidas.

Las supuestas soluciones estatales a nuestra dependencia de la energía fósil, -las hidroeléctricas-, no constituyen en realidad ninguna salida. Sin embargo, el proyecto hidroeléctrico Cambarí en el corazón de Tariquía, se cierne como otra amenaza grave para la reserva.

Aunque algunas instituciones y comunidades en Bermejo, -provincia Arce, Tarija-, aceptaron la explotación en la reserva, la resistencia de los comunarios continúa, enfrentando las formas en que el estado ingresa a las comunidades.

Es una lucha desigual por la reserva que protege las fuentes de agua más importantes de Tarija, donde, pese a la contaminación, la deforestación y los proyectos petroleros, aún dejan su huella los jaguares.

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NOTAS

[1] Aún no existe una reciente actualización del Plan de Manejo.

[2] El director del Sernap en Tarija Además sostuvo que el daño ambiental sería mínimo, en un 10% de la superficie total de la reserva. (http://enlace.comunicacion.gob.bo)

[3] Según la nota de El País, especies como el jaguar, amenazadas por la cacería indiscriminada, se han visto obligados a esconderse en la zona núcleo de la Reserva, zona también amenazada a su vez por el proyecto hidrocarburífero. (http://www.elpaisonline.com)

[4] “Limborio Méndez dijo que existe la versión popular de que hace tres años atrás se realizó en Chiquiaca – O´connor “una exploración de la que nadie se enteró”. Por este motivo piensan que el Gobierno ya sabe que hay muchas posibilidades de encontrar hidrocarburos en la zona. (http://blogverdebolivia.blogspot.com/)

[5] A este respecto surgieron cuestionamientos a la actividad del SERNAP, institución que debería en teoría resguardar las áreas protegidas, puesto que por el contrario, anunciaron la socialización de los proyectos de exploración y explotación petrolera en Tariquía.( http://www.elpaisonline.com yhttp://www.cedib.org/ ).

[6] Las comunidades de San Pedro Chillahuatas, Volcán Blanco, San José, Acherallitos, Junta Nuclear, Puesto Rueda, Sindicato Agrario, Motoví y Pampa Grande.

[7] El gobernado Adrián Oliva, a la par de pedir una consulta en Tariquía, también había afirmado el 2015: “El departamento tiene problemas para la generación de ingresos y, por otro lado, tiene áreas que son protegidas, y que hay que conservarlas. Con el debido cuidado se puede intervenir en ellas, porque si el área de acción es menor al 4% no estamos afectando las mismas, más bien estamos garantizando que mañana hayan más recursos” (http://www.paginasiete.bo/)

[8] La Diocesis de Tarija rechazó estas acusaciones, aceptando que apoya la divulgación y cumplimiento de la Encíclica Papal Laudato Si´ del Papa Francisco (Aclaración Pública, marzo 2017)

Chaski Clandestino

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Bolivia_-_Tariquia_Reserva_natural_frente_a_la_ofensiva_petrolera

 

 

Convenzámonos que las enseñanzas y transformaciones radicales surgen de las luchas contra:

"La lógica socioterritorial del capital, al irse expandiendo y al ir subsumiendo de manera formal y real territorios y formaciones sociales, va destruyendo instituciones sociales y formas de organización del trabajo de las formaciones sociales en las que se impone; al mismo tiempo que modifica las estructuras espaciales de cada territorio al imponer la territorialidad capitalista del patrón de reproducción de ese contexto histórico geográfico específico.  (...)

 

"Es muy importante analizar la resistencia al despojo, a la explotación, a la subordinación, al dominio y al control que impone el capital. Es importante analizar las luchas de resistencia, los sujetos que las realizan, las formas y modos como las formaciones sociales (movimientos sociales, campesinos, pueblos indios, etc.) se oponen y se niegan a ser subordinados, dominados y controlados por el capital".

 

 Ante la ofensiva mortal del capital es hora que recuperemos o construyamos territorialidades de buenos vivires convivires desde cada lugar de trabajo o de vida cotidiana.

 

 Frente a la imposición violenta de la territorialidad neoliberal en el campo mexicano de manera general y en la costa Nahua de Michoacán en particular se va creando:

"Conflicto que busca poner en práctica la antigua exigencia zapatista de «tierra y libertad» y que hoy las comunidades indígenas traducen como «territorio y autonomía». Tierras y territorios que defienden junto con su modo de vida comunal y su legítimo derecho a la autonomía.

Conflicto que necesita ser estudiado a profundidad para conocer no sólo los actores que lo impulsan, sino los discursos y mecanismos concretos que utilizan para producir el espacio y ejercer el poder".

 

 

 

Despojo y resistencia, autonomía y violencia en el conflicto socioterritorial

de Santa María Ostula, Michoacán, México

 

Por Emiliano Díaz Carnero Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM

XIII Coloquio Internacional de Geocrítica El control del espacio y los espacios de control Barcelona, 5-10 de mayo de 2014

 

(…)La lógica socioterritorial del capital

El geógrafo anglosajon David Harvey (2001), apoyado en la teoría marxista, sostiene que el capitalismo necesita intensificarse y expandirse para seguir acumulando capital. Para aportar a la tesis de Harvey y para ser más preciso en el análisis particular, propongo retomar las categorías de subsunción formal y real propuestas por Marx (2009), así como la categoría patrón de reproducción de capital propuesta por Osorio (2004) para afirmar que: el «capitalismo» necesita subsumir territorios y formaciones sociales para reproducirse como sistema, como modo de producción y como modo de reproducción social orientado única y exclusivamente a acumular capital. Se proponen las categorías de subsunción formal y de subsunción real como herramientas para analizar y explicar la reproducción del capitalismo y la reproducción de capital en términos generales, así como las formas específicas que adopta en cada territorio y formación social en particular según las necesidades específicas de cada patrón de reproducción de capital.

 

El «capitalismo» como primera condición necesita imponer en cada territorio y formación social la subsunción formal, es decir, imponer por la vía de la violencia las condiciones materiales objetivas del modo de producción específicamente capitalistas. Es decir,  “la escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo” (Marx, 2000, p. 892). Y su consecuente conversión en asalariados. Por eso es formal, porque sólo es un cambio de forma en la explotación. Este planteamiento enriquece lo que Marx y Engels ya habían señalado en el Manifiesto “Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes” (1970, p. 26 y 27). Argumentos que sirven de premisas para lo que denomino expansión de la lógica socioterritorial del capital. Son las condiciones materiales objetivas del modo de producción específicamente capitalista, que impulsan (y presuponen) el despojo o la llamada acumulación originaria por un lado, y por el otro, la relación monetaria, salarial, entre una clase con medios y herramientas de producción y otra clase sin éstos, lo que en este trabajo se denomina lógica socioterritorial del capital.

 

Lógica que genera territorialidades específicas de «capitalismo» según las necesidades de cada patrón de reproducción. Ya una vez establecidas las condiciones materiales objetivas del capital, es decir, la subsunción formal o la lógica socioterritorial del capital según el análisis socioterritorial, el capital comienza el proceso de subsunción real del trabajo y la tierra. Proceso que consiste según el argumento que aquí se expone, en modificar las estructuras espaciales e instituciones sociales de cada formación social según las necesidades de cada patrón de reproducción de capital. Modificando la organización de la producción, transformando todas las relaciones de producción y por tanto, la territorialidad de cada formación social, lo que incluye todas las relaciones sociales al interior de cada formación social. Lo cual se logra a través de la introducción de las innovaciones tecnológicas del desarrollo de las fuerzas productivas que le permitan incrementar la productividad e intensificar la producción, al mismo tiempo que posibilitan el aprovechamiento de recursos naturales que anteriormente no eran tecnológicamente explotables o que eran utilizados de una forma limitada o solamente diferente.

 

Proceso que tienen efectos determinantes en la división territorial e internacional del trabajo. A estos múltiples procesos responde lo que Harvey llama, de manera muy general, intensificarse y que para este autor, es la territorialidad específica de cada patrón de reproducción de capital. Ahora bien, la categoría de patrón de reproducción de capital es desarrollada por Jaime Osorio y “apunta a dar cuenta de las formas cómo el capital se reproduce en periodos históricos específicos y en espacios económico-geográficos y sociales determinados, sean regiones o formaciones económicas sociales” (Osorio, 2004, p. 36). En ese sentido, dicha categoría “permite establecer mediaciones entre los niveles más generales de análisis y niveles menos abstractos o históricos concretos” . Al mismo tiempo que “permite historizar el movimiento de la economía a luz de las modalidades que asume la reproducción en diferentes momentos históricos, sea en el mundo imperial o en el dependiente, en el marco de sus interrelaciones”. En este trabajo abordamos la territorialidad del patrón de reproducción de capital neoliberal, o en otras palabras, la territorialidad neoliberal. Que caracterizaremos más adelante.

 

En síntesis, la lógica socioterritorial del capital responde en términos generales a la concreción de la subsunción formal. Y la territorialidad de cada patrón de reproducción de capital responde a las formas particulares que cada patrón de reproducción adopta según las características histórico-geográficas y culturales de cada formación social y el desarrollo de las fuerzas productivas. En otras palabras, la territorialidad de cada patrón de reproducción representa el esfuerzo del capital de concretar la subsunción real al modificar todo el orden social y las relaciones de producción de cada formación social. Lo que incluye: la relación social determinante (ya sea la tierra, el trabajo o el capital), la naturaleza y toda la base material que produce estructuras espaciales e instituciones sociales. Elementos que en conjunto constituyen las relaciones de producción material y de reproducción social de cada formación social.

 

La territorialidad social

Ahora bien, desde el punto de vista del análisis socioterritorial aquí propuesto, la «territorialidad» es algo que nos permite entretejer las relaciones entre la tierra, el poder, la economía, lo político, lo cultural y lo jurídico con la soberanía, la justicia, el conflicto, la violencia, la producción social del espacio y la organización socioterritorial de cada formación social; y que por lo mismo condiciona y determina la reproducción social. Lo anterior, constituyen los elementos que alimentan la definición aquí expuesta de «territorialidad». La cual se entiende como “el conjunto de prácticas y acciones sociales de una formación social específica que producen material y simbólicamente el espacio. Dándole significaciones particulares a la tierra, construyendo una relación social determinada y determinante que establece un orden social que produce estructuras espaciales e instituciones sociales que regulan la vida social en el espacio bajo control de la formación social que realiza dichas prácticas y acciones. Protegiendo y defendiendo las condiciones materiales que permitan la reproducción de dichas prácticas y acciones que definen y caracterizan específicamente a esa formación social”. Espacio bajo control de una formación social definido como territorio y que es entendido como “la base y condición material y simbólica que determina la reproducción social”.

 

Esta definición larga puede ser sintetizada como el conjunto de prácticas y acciones de una formación social que produce estructuras espaciales e instituciones sociales y que denomino «territorialidad social». Y es una «territorialidad social» porque es específica de cada formación social y no intrínseca de la especia humana como lo plantea Sack (1986). Y si la «territorialidad social» es producida por cada formación social, dicha producción está determinada no sólo por su historia y el desarrollo de sus fuerzas productivas, sino por las concepciones ontológicas que tengan del mundo dichas formaciones sociales. Las fuerzas productivas condicionan la producción material y su reproducción. Condicionan lo material, lo objetivo: la economía política; el derecho, la norma y su aplicación. La concepción ontológica de la realidad condiciona la producción simbólica y su reproducción social. Condiciona la cosmovisión, la estética, lo subjetivo que socialmente se hace objetivo y que se manifiesta como cultura. Esta concepción ontológica que se manifiesta en la cultura de los pueblos, determina su concepción teleológica del mundo y los objetos. Determina el porqué y el paraqué de su que- hacer social, de su práctica. En conjunto, las fuerzas productivas como la concepción ontológica del mundo, condicionan la ideología y las prácticas sociales de dichas formaciones sociales.

 

Por lo anterior, la «territorialidad social» es parte de la producción social del espacio que la geografía estudia a través del análisis socioterritorial. La categoría socioterritorial es una herramienta de análisis, que nos permite dar cuenta de estas dos dimensiones: la social y la espacial. La dimensión social se ve reflejada en las instituciones sociales y las relaciones sociales históricas que están detrás de dichas instituciones. Y la dimensión espacial se ve reflejada en lo territorial, que implica la producción social histórica de las estructuras espaciales según la cultura y economía política de cada formación social.

 

La lucha entre territorialidades

La lógica socioterritorial del capital, al irse expandiendo y al ir subsumiendo de manera formal y real territorios y formaciones sociales, va destruyendo instituciones sociales y formas de organización del trabajo de las formaciones sociales en las que se impone; al mismo tiempo que modifica las estructuras espaciales de cada territorio al imponer la territorialidad capitalista del patrón de reproducción de ese contexto histórico geográfico específico. La expansión e intensificación de la subsunción formal y real del capital modifica la producción socioterritorial de cada formación social que va destruyendo a su paso. Lo que es más evidente al momento de estudiar la estructura agraria o de propiedad de cada país, que hace referencia a los conflictos agrarios; así como las relaciones sociales, las instituciones sociales y las estructuras espaciales de cada formación social, que hace referencia a los conflictos socioterritoriales y que presupone e incluye los conflictos agrarios. Sin embargo, la expansión de la lógica socioterritorial del capital y las territorialidades que cada patrón de reproducción de capital va produciendo y reproduciendo no se imponen de manera pacífica en los territorios de las diversas formaciones sociales. Se impone a través de la violencia, a través del “hierro y la sangre” diría Marx.

 

Por lo que es muy importante analizar la resistencia al despojo, a la explotación, a la subordinación, al dominio y al control que impone el capital. Es importante analizar las luchas de resistencia, los sujetos que las realizan, las formas y modos como las formaciones sociales (movimientos sociales, campesinos, pueblos indios, etc.) se oponen y se niegan a ser subordinados, dominados y controlados por el capital. Por lo anterior, el análisis socioterritorial estudia la lucha entre territorialidades, entre las territorialidades de cada patrón de reproducción de capital y las múltiples territorialidades de las diversas formaciones sociales que el capital busca subordinar . Analicémoslo desde el campo mexicano y la costa Nahua de Michoacán.

 

El campo mexicano

En México, el despojo y explotación de la expansión de la lógica socioterritorial del capital o del modo de producción específicamente capitalista se comenzó a configurar tras la guerra de Independencia y la Constitución de 1824; y se materializó a mediados del siglo XIX tras la llamada “época de Reforma” y sus leyes, en especial la llamada “Ley de Desamortización”. Marco jurídico, político y social que respondían a las necesidades específicas del patrón de reproducción de capital agro exportador que iniciaba en el México independiente y que se articuló con el comercio internacional del sistema capitalista; por lo que tenía que transformar las estructuras espaciales e instituciones sociales del mercantilismo económico colonial que existía para adaptarse a los avances tecnológicos de comunicación, transporte e infraestructura de la época. Patrón agro exportador que permitió la inserción de México al mercado mundial ya en esa época específicamente capitalista, al mismo tiempo que impulsó el despojo de las tierras comunales y la posterior concentración de la misma en pocas manos, generando grandes latifundios que comúnmente son conocidos como las grandes haciendas porfiristas. Configurando lo que denomino “la territorialidad de la hacienda capitalista”. Haciendas que tenían en su propiedad y control el 85.15% del territorio nacional según el censo de 1910. Las cuales incluían comunidades enteras dentro de sus inventarios. Comunidades que eran obligadas a trabajar bajo diferentes formas de explotación para el patrón, para el hacendado -el dueño de los destinos de los miembros de dichas comunidades. Una de esas formas era el peonaje, el cual lo realizaba el llamado peón acasillado que se veía permanentemente endeudado con el patrón a través de la tienda de raya.

En síntesis, fue el interés de intensificar la relación con el mercado mundial a través del patrón agro exportador el que impulsó el despojo masivo y la territorialidad de la hacienda capitalista. Proceso concretado a través de la violencia liberal de la época que fue disfrazada como progreso y modernidad por el sistema político y jurídico del liberalismo mexicano que tenía a Díaz como su máximo representante. Lo que evidencia y reafirma la relación economía-violencia-política señalada por la economía política (Engels, 1979).

 

Pero este proceso fue detenido por la Revolución mexicana, la cual puso en marcha una reforma agraria. Reforma que tiene muchas aristas que necesitan ser analizadas. Las raíces de los actuales conflictos sociales en el campo mexicano: la indefinición pendiente de la reforma agraria impulsada tras la revolución mexicana. La lucha de los pueblos originarios y los peones acasillados que pelearon junto a Zapata en la Revolución mexicana obstaculizaron el proceso de expansión de la lógica socioterritorial del capital y de la territorialidad de la hacienda capitalista.

 

La recuperación de las tierras y territorios comunales, así como la reforma agraria impulsada desde el zapatismo tenía como objetivo la restitución de las tierras y territorios a las comunidades indígenas y la creación de municipios realmente democráticos. Buscaba hacer efectiva la exigencia de “tierra y libertad” del campesino pobre y de los pueblos originarios. Tierras y territorios, en conjunto, ya que incluye los montes, bosques y aguas. Visión claramente expresada en el punto seis del Plan de Ayala, que a la letra dice: “…los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal, entrarán en posesión de esos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derechos a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.” Este punto central del Plan de Ayala del Ejército Libertador del Sur (ELS) de 1911 manifiesta no sólo la visión integral que se tiene del territorio que se remonta a la antigua concepción nahua y mesoamericana del Altepetl, el calpulli y el Tlalicalli. Sino que hace referencia a esa resistencia histórica de larga duración de los pueblos originarios y que los campesinos surgidos de la destrucción de las haciendas porfiristas hacen suya hasta nuestros días. Tierras, montes y ríos, elementos materiales y simbólicos que los y las integrantes de los ejidos y comunidades del país siguen defendiendo “con las armas en las manos”, como dice el Plan de Ayala. (…)

 

A manera de cierre o conclusión

En México, más del 50 por ciento del territorio nacional es propiedad de ejidos y comunidades. Configuración socioterritorial producto de más de 500 años de luchas de campesinos e indígenas que van desde la resistencia a la conquista europea, pasando por la Revolución mexicana hasta los actuales movimientos sociales que luchan por la autonomía indígena (el Congreso Nacional Indígena, los neo zapatista, entre otros). En estos territorios se concentran el 80 por ciento de las selvas y bosques, así como los recursos naturales que las empresas trasnacionales desean. El actual patrón de reproducción de capital neoliberal en México está centrado en actividades extractivas como la minería; la urbanización y especulación inmobiliaria; en el turismo; y en la construcción de infraestructura de comunicaciones, trasporte, energía y comercio; entre otras. Patrón de reproducción de capital neoliberal que produce su propia territorialidad, la cual denomino territorialidad neoliberal y que es impulsada por el dominio de clase del Estado mexicano y la lógica socioterritorial del capital. Territorialidad neoliberal que produce y reproduce sus propias instituciones sociales y estructuras espaciales que le permiten controlar territorios y ejercer su dominio social. Pero que choca y entra en conflicto con múltiples territorialidades de ejidos y comunidades indígenas que tienen sus propias instituciones sociales y estructuras espaciales, generando lo que denomino “lucha entre territorialidades”.

El conflicto social de Ostula responde a un nuevo tipo de conflicto social que denomino “conflicto socioterritorial”. Conflicto socioterritorial que es producto de la imposición violenta de la territorialidad neoliberal en el campo mexicano de manera general y en la costa Nahua de Michoacán en particular. Conflicto que tiene un origen agrario, pero que está indisolublemente ligado al ejercicio del poder y la autonomía. Conflicto que busca poner en práctica la antigua exigencia zapatista de “tierra y libertad” y que hoy las comunidades indígenas traducen como “territorio y autonomía”. Tierras y territorios que defienden junto con su modo de vida comunal y su legítimo derecho a la autonomía.

Conflicto que necesita ser estudiado a profundidad para conocer no sólo los actores que lo impulsan, sino los discursos y mecanismos concretos que utilizan para producir el espacio y ejercer el poder. Elementos que darán respuesta a las interrogantes ¿de quién es la tierra?, ¿quién detenta el poder?, ¿cómo ejerce el poder quien lo detenta? y la más importante para el análisis socioterritorial ¿cómo produce el espacio quien tiene la tierra y quien detenta el poder? Respuestas que no podré exponer acá por falta de tiempo, pero que son objeto del análisis socioterritorial de la lucha entre territorialidades que realizo en mi investigación de doctorado. Muchas gracias. Bibliografía:(...)

Fuente: http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Emiliano%20Diaz%20Carnero.pdf

 

 

Enfrentamos hoy  la culminación del proceso multidimensional por el cual los monopolios derrotan a los trabajadores y pueblos. La 'democracia' lo fue construyendo. ¿Cómo? Mediante la legalidad y legitimación de  políticas económicas mirando sólo por maximizar la expoliación de esos capitales y estados imperialistas en contubernio con los locales. Nos urge, entonces, generalizar la toma de conciencia de que el Estado-nación nos impone, desde nuestros orígenes de país-continente, la territorialidad colonial y lo consigue bloqueando  "las territorialidades diversas de la sociedad nacional" continental.

 

"La conquista y colonización europea del continente americano sirvió para arrebatar la tierra y sus recursos a los pueblos indígenas que habitaban estos lugares, y para poder hacerlo, fue preciso construir un dispositivo ideológico capaz de justificar semejante barbarie en la conciencia y en el ordenamiento jurídico impuesto por los usurpadores". De modo que el desafío actual, abajo y a la izquierda, es constituir un frente cultural como unión de las diversas luchas reivindicativas a lo largo y ancho del país-continente. El objetivo es instalar la deliberación y toma de decisiones sobre esos problemas fundamentales pero esto requiere ante todo poner en cuestión las subjetividades producidas por el capitalismo y en especial por el kirchnerismo al situar las mayorías en falsos conceptos y enfoques respecto tanto a la contemporaneidad como del pasado nacional e internacional. Les reforzó sus acostumbramientos enajenantes como lo son el estatismo y el consumismo. Les infundió subordinarse a la conciliación de clases o sea les inculcó  someterse de buen grado a quienes la saquean e incluso las masacran. Las convenció de la tranquilidad de estar invadida por el estado policial militarizado (gendarmería, prefectura) aun cuando sea prisión a cielo abierto bajo control de quienes son fundamentales para las causas principales de su inseguridad de vida. Las incentivó a rechazar los conflictos territoriales de oposición al avance del extractivismo y de los mega emprendimientos turísticos, comerciales e inmobiliarios. Por supuesto, también las opuso a las luchas reivindicativas de trabajadores. Porque el kirchnerismo se basó en fomentar la paz encubridora de la violencia implícita en el capitalismo o sistema mirando en exclusivo por los intereses de monopolios a costa del empobrecimiento y ruina crecientes tanto del país como de sus pueblos e individuos. Reflexionemos sobre:

"Precisamente es el hecho colonial que deviene en el hecho constitutivo y fundante de nuestras sociedades y Estados contemporáneos y es en este proceso violento que se establecen los mecanismos y dinámicas iniciales que conforman las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de diferenciación de clases, castas y estamentos sociales, bajo criterios de superioridad e inferioridad, que orientan la forma en que opera la lucha por la tierra en los actuales Estados-nación del Abya Yala , llamado también América".

Retomemos porqué, abajo y a la izquierda, debemos desprendernos de la lógica electoralista (o de conciliar con la democracia que instituye el orden gran capitalista e imperialista a costa de crecientes  pobreza estructural, exclusión social y devastación del país-continente ) y porqué empeñarnos en constituir un frente cultural:

"Los conceptos son espacios de disputa política y su significado es construido en el forcejeo de las relaciones sociales mediadas por el poder, donde los sujetos sociales se posicionan a partir de su propia experiencia histórica. En el contexto de la lucha de clases, los sujetos sociales disputan el poder asignarle significado a la realidad desde su propia intencionalidad contrapuesta, con evidentes ventajas para las clases dominantes, siendo así que el dotar de significación a los conceptos que se imponen en lo cotidiano es un ejercicio del poder: el poder de significar, de interpretar y de imponer".

 

Analicemos el porqué involucrarnos en las disputas por territorios/territorialidades en la afirmación de derechos y solidaridades de las diversidades de abajo.

 

 

La lucha por la tierra es la lucha por el territorio:

una perspectiva decolonial de la lucha campesina, indígena y originaria en América latina

Por Carlos Vacaflores Rivero-JAINA/UNESP Presidente Prudente

vacaflores.carlos67@gmail.com

Resumen

La reivindicación fundamental de los movimientos campesinos en Latinoamérica fue usualmente caracterizada como la conquista de la tierra, entendida ésta como la parcela agrícola familiar; pero los movimientos campesinos contemporáneos manejan ahora un discurso que hace evidente su concepción de lucha por un territorio, ya sea éste en la perspectiva del territorio con cualidad política del estado plurinacional, o bien como el territorio campesino en la disputa con el territorio del agronegocio. En todo caso, ya no se trata de sólo una reivindicación de parcelas agrícolas familiares, sino que las mismas deben estar articuladas a una condición diferente de reconocimiento de derechos colectivos en el seno del estado-nación. Este aparente tránsito de la lucha campesina por la tierra a la lucha por el territorio, suele ser interpretado como una construcción intelectual reciente de los movimientos campesinos, en una suerte de tránsito de una movilización pre-política hacia otra más propiamente política.

Sin embargo, en este artículo argumentamos que la lucha por el territorio es una condición inherente a todos los Estados-nación modernos, cuya naturaleza de origen colonial nunca fue superada, y cuyos criterios de estratificación social en base a jerarquías construidas a partir de la diferencia étnica siguen operando para la territorialización de la diferencia con fines de dominación, ocultando la imposición de la territorialidad del estado-nación por sobre las territorialidades diversas de la sociedad nacional.

1. La lucha por la tierra en nuestros estados coloniales

La disputa por la tierra ha tomado una notoria especificidad en América Latina en las últimas dos décadas, pues de reivindicar la tierra como parcela para trabajarla, los movimientos campesinos e indígenas han pasado a reivindicar un territorio, con todas las implicaciones conceptuales y políticas que este tránsito discursivo impone. Por ejemplo, para el caso de Brasil, Oliveira caracteriza la lucha contemporánea por la tierra como una lucha contra la apropiación privada de la misma, en la perspectiva de un paso hacia la posesión colectiva de los medios de producción, y cuya práctica demuestra que “no basta apenas la propiedad colectiva, es preciso el control, pose y administración colectiva de esos medios de producción; en una palabra: toda la soberanía a las asambleas de los trabajadores” (OLIVEIRA, 1991:15). Esta parece ser una diferenciación conceptual entre tierra y territorio. Sin embargo, si bien aparenta ser una novedad de estos tiempos, no lo es, ya que el reclamo de un espacio territorial es una reivindicación tan antigua como el proceso de conquista y colonización del continente americano, pero que en el transcurso de la historia de formación de los actuales países latinoamericanos este hecho se oculta detrás de la consolidación del Estado-nación moderno, naturalizando así la destrucción y negación de la diversidad identitaria y territorial que es intrínseca a la población, y las necesidades de expresión política de estas estructuras identitarias diferenciadas que se fueron ocultando bajo mecanismos modernos y liberales de adscripción al Estado, es decir, a partir de la ciudadanía individual y de la propiedad privada, desprovistas de cualquier connotación política que significase un desafío a la concepción dominante de organización política y territorial de la sociedad moderna.

¿Pero por qué es pertinente considerar la necesidad de expresión territorial de las estructuras identitarias diferenciadas?, ¿acaso el Estado-nación y su estructura territorial no es marco suficiente para resolver la cuestión de la ciudadanía y la representación política? Porque los movimientos campesinos e indígenas de Latinoamérica plantean en las últimas décadas sus reivindicaciones con una perspectiva explícita de territorio; y no podemos olvidar que el origen del campesino latinoamericano esta directamente ligado a los pueblos indígenas, cuya condición de pueblos implica una identidad cultural, organizativa y territorial que no pudo ser destruida por la colonia ni la república, por un lado; y por otro lado a los esclavos negros, cuya resistencia histórica produjo la figura de los territorio libres, como los quilombos y asentamientos de campesinos sin tierra (FERNANDES, 2000).

Este origen nos remite, también, a la división del trabajo a partir de criterios raciales, siendo los indios y esclavos los trabajadores brutos del campo, de las minas, de las plantaciones; y los europeos eran los dueños de las tierras, capataces y autoridades, naturalizando así un orden social que luego en la república fue sancionado con la existencia de ciudadanos de primera y segunda, siendo los indios y los esclavos los que forman el contingente de dudosa ciudadanía de segunda. Aquí cabe aclarar que en este artículo usamos el concepto de campesino como una categoría que reconoce el proceso colonial de formación del campesinado, y a lo que hoy llamamos campesino es fruto de un largo y penoso transitar histórico de transformación de pueblos a indios, de pueblos a esclavos, de indio a campesino, o de esclavo a campesino, de campesino a indígena y originario, o a agricultor familiar, pequeño productor, etc. en un permanente juego de nuevas designaciones desde el discurso dominante para ocultar una y otra vez la potencia política de las masas dominadas .

Con el paso del tiempo estos trabajadores de la tierra, indios y esclavos, y posteriormente migrantes pobres de Europa y Asia, se convirtieron en los campesinos de la modernidad, pero manteniendo sus formas de vida como pueblos, o bien reconstituyendo identidades colectivas comunitarias y sus experiencias de lucha a pesar de los esfuerzos de homogenización cultural y desarticulación de la identidad étnica del proyecto ciudadanizador del Estado-nación.

Por eso la lucha campesina reivindicó siempre la noción del territorio, pues se trata del territorio indio usurpado por el invasor o la posibilidad de erigir un territorio libre del régimen colonial esclavista. Este reclamo fue siempre re-interpretado por la clase dominante bajo la más conveniente noción de tierra como parcela de producción agropecuaria, nada mas, ya que al excluir la posibilidad política que implica el territorio, se mantienen las condiciones que permiten la dominación colonial de las clases señoriales. La lucha por la tierra es una característica central de las sociedades de clases, en las que la cuestión agraria se caracteriza por una tendencia a la concentración de la tierra y su consiguiente dinámica de desigualdad y/o inequidad en su acceso: algunos tienen mucha tierra, y muchos no la tienen o la tienen de forma insuficiente como para satisfacer sus necesidades de reproducción socioeconómica. Recurro aquí a la noción de inequidad porque la lucha se da en el seno del Estado-nación, donde los ciudadanos, en tanto miembros de una misma comunidad política nacional, tienen supuestamente derechos y obligaciones iguales, por lo tanto, el acceso a la tierra debería estar regulado por el Estado de tal manera que no quepa lugar a inequidades entre ciudadanos a la hora de su acceso. Más esto no ocurre así en la realidad, y después de algunos siglos de haberse impuesto el Estado-nación como vehículo privilegiado para llevar adelante el proyecto de la modernidad, (SANTOS, 1997), éste no ha logrado construir, mucho menos llevar a la práctica, un sistema razonable de igualdades entre sus ciudadanos, y más bien a nombre de una equidad e igualdad formal y enunciativa, se ha naturalizado la desigualdad y la inequidad entre clases, estamentos, castas, regiones, etc. (GONZÁLES, 2006).

Para nuestros países de origen colonial, la explicación de la sociedad de clases del tipo burgués-proletario pareciera insuficiente cuando se constata una alta correlación entre condición de clase y condición étnica-cultural; lo cual es evidente al observar la lucha social, particularmente la lucha por la tierra, que se establece entre los descendientes del conquistador europeo y los descendientes de los indios y esclavos. Los migrantes pobres europeos que llegan tardíamente a las colonias, tienen otras posibilidades de desarrollo debido precisamente a su condición étnico-cultural que los predispone hacia una asimilación relativamente más fácil hacia el estamento dominante, en el que no requieren de un proceso violento de mestizaje cultural ni biológico como mecanismo de ascenso social, de manera que no es extraño encontrar historias de suceso vinculadas a los antiguos migrantes pobres de origen europeo transformados en los nuevos capitalistas de nuestros países, lo cual sería bastante más extraño para el caso de los descendientes de indios y esclavos negros, a no ser que se sometan a la enajenación y rechazo de su origen étnico-cultural. Para el caso del Brasil, por ejemplo, Darcy Ribeiro (2008:212) hace notar a partir del análisis del censo de 1950 las condiciones diferenciadas de ascenso social entre los negros descendientes de los esclavos y blancos estrangeiros, “…e visível que esses estrangeiros, vinculados ao Brasil nas últimas décadas como imigrantes, encontraram condicoes de ascensao social muito máis rápida que o conjunto da populacao existente, porém enormemente mais intensa que o grupo negro”.

Esta situación provee pautas sobre la condición diferenciada de formación de clases en nuestros países de origen colonizado, y donde el uso de las categorías de colonialismo, colonialismo interno y colonialidad revierte una enorme potencia explicativa a la hora de su comprensión, como veremos más adelante en relación a la colonialidad. La comprensión de la inequidad en el acceso a la tierra en nuestros países implica además considerar la violencia con que ésta se acompaña, completamente naturalizada además cuando se aplica contra los indios y campesinos sin tierra, tanto en el despojo sin consideraciones como en la política explícita de los gobiernos para evitar la aplicación de estrategias de redistribución de tierras para resolver el problema de las poblaciones campesinas y sus necesidades de apoyo público para el desarrollo económico. No se trata sólo de una condición concentradora inherente al desarrollo del capitalismo en una perspectiva de “competencia leal bajo reglas del mercado”, es además una condición psicológica naturalizada que permite operar la violencia explícita y legitimada contra las identidades colonizadas y subalternas en la dinámica estructurante de la sociedad. En el continente americano, nuestros países se disputan el liderazgo a la hora de establecer los índices más altos de inequidad en el acceso a la tierra (FERNANDES, 2000), situación que se arrastra desde su creación como Estados-nación a principios del siglo XIX, y que es heredada a su vez de la experiencia colonial del continente.

Precisamente es el hecho colonial que deviene en el hecho constitutivo y fundante de nuestras sociedades y Estados contemporáneos (RIVERA,1993; GARCIA, 2005; URQUIDI, 1990), y es en este proceso violento que se establecen los mecanismos y dinámicas iniciales que conforman las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de diferenciación de clases, castas y estamentos sociales, bajo criterios de superioridad e inferioridad, que orientan la forma en que opera la lucha por la tierra en los actuales Estados-nación del Abya Yala , llamado también América.

El objetivo de este artículo es bosquejar un recorrido por ese camino de disputa del sentido de la lucha social en el campo agrario de Latinoamérica. Para eso, nuestra metodología se basa en revisar referencial teórico sobre lucha campesina y colonialidad producido para el contexto de Bolivia y Brasil, con autores como S.Rivera, P.Gonzales Cassanova, A.Quijano, D.Riveiro, A.U.de Oliveira, y otros; complementadas con algunas obras que describen una perspectiva latinoamericana, como Piñeiro y Chonchol, por ejemplo, y otros autores que trabajan la perspectiva geográfica, como B.M.Fernandes, C.Raffestin, ó M.Santos; para con esas referencias construir un argumento desde la perspectiva geográfica y decolonial que explique la lucha campesina e indígena contemporánea en Latinoamérica.

2. Sobre el origen colonial de las concepciones raciales de superioridad e inferioridad
La conquista y colonización europea del continente americano sirvió para arrebatar la tierra y sus recursos a los pueblos indígenas que habitaban estos lugares, y para poder hacerlo, fue preciso construir un dispositivo ideológico capaz de justificar semejante barbarie en la conciencia y en el ordenamiento jurídico impuesto por los usurpadores. Tal es así que los españoles y portugueses justifican su “derecho natural” para despojar la tierra a los nativos y apropiarse de la misma a partir de inventar la noción, hasta entonces inexistente, de “raza” (QUIJANO, 2003), con la que se explicita objetivamente la diferencia entre europeos e indios para clarificar quien es el conquistador y quien el conquistado, quien es el civilizador y quien debe ser civilizado, inaugurando así un ciclo de identificación de castas sociales asociadas a las características fenotípicas de la población, asignándole una supuesta superioridad a los europeos blancos respecto de una supuesta inferioridad de los nativos indios (RIVERA, 1993), cuyas repercusiones en el orden social, económico, territorial, político y cultural se proyectan hasta los tiempos actuales (GARCÍA, 2005). Desde esta construcción ideológica colonial se procedió a efectivizar la conquista, por la vía del genocidio y limpieza del territorio, en unos casos; o bien por la vía del sometimiento violento de la población nativa y apropiación de su espacio territorial, conocimiento productivo, organización y fuerza laboral, en otros casos. Así, el continente americano se puede diferenciar por una estructura básica que proviene de estas dos modalidades de conquista y colonia. Estas modalidades de colonización dieron lugar a sistemas de producción también diferentes, emblemáticamente expresados en los sistemas de plantaciones, chacras y en el de haciendas (PIÑEIRO,2004) cuyas características diferenciadas radican en el mantenimiento o no de la población nativa con sus estructuras comunitarias para su explotación como mano de obra forzada, como ocurrió en el caso de las haciendas (provenientes de las titulaciones, repartimientos y encomiendas) (URQUIDI,1990) característica de las zonas montañosas del continente; o bien en la incorporación de mano de obra esclava en las grandes propiedades limpiadas de indígenas, como es el caso de las plantaciones y chacras característica de las grandes planicies de Sudamérica (FERNANDES, 2000; MORISAWA, 2006; PIÑEIRO, 2005).

La independencia de los nuevos Estados-nación americanos en el siglo XIX no cambia esta estructura básica, ya que la rebelión que da lugar a la llamada Guerra de la Independencia no es de la población indígena sometida, sino de los criollos y mestizos que le disputaban a su metrópoli el derecho a los privilegios coloniales hasta entonces reservados sólo para los peninsulares. Es más, un par de décadas antes de la guerra de la independencia de las colonias españolas, los españoles, criollos y mestizos se unieron para derrotar militarmente las rebeliones indias de Tupac Amaru y de Tupac Katari en los Andes, que exigían un nuevo sistema de igualdades y convivencia respetuosa entre indios y blancos, afectando, claro está, los principios que sustenta el régimen de explotación y desigualdad que permite a los españoles, criollos y en menor medida los mestizos acceder a riqueza a costa de la explotación del indio (VALENCIA, 1960).

Estas rebeliones canalizaron el reclamo y la violencia del indio, haciendo tambalear el poder español en la colonia, aunque luego fueron reprimidas duramente por la coalición de españoles, criollos, y mestizos, dando lugar a masacres ejemplarizadoras de los indios levantados, marcando así la imposibilidad de resolver el problema de la dominación por vía de la concertación o de la convivencia de las “dos repúblicas” (RIVERA, 1993), estableciendo un patrón de comportamiento repetitivo a lo largo de la historia de nuestros países con sucesivas y permanentes rebeliones y respectivas represiones, de manera que no sorprende que la conformación de los nuevos Estados se haya hecho sobre la continuidad de la diferenciación negativa y explotadora entre blancos y los indios y negros.

3. De la tierra al territorio
Los conceptos son espacios de disputa política y su significado es construido en el forcejeo de las relaciones sociales mediadas por el poder, donde los sujetos sociales se posicionan a partir de su propia experiencia histórica. En el contexto de la lucha de clases, los sujetos sociales disputan el poder asignarle significado a la realidah0d desde su propia intencionalidad contrapuesta, con evidentes ventajas para las clases dominantes, siendo así que el dotar de significación a los conceptos que se imponen en lo cotidiano es un ejercicio del poder: el poder de significar, de interpretar y de imponer (FERNANDES, 2008). La evolución histórica de la lucha campesina en Latinoamérica es descrita por algunos autores como una suerte de complejización de su sentido político (PIÑEIRO, 2004), partiendo desde una condición pré-política hacia otra más propiamente política, en una comprensión de la evolución y articulación de las demandas campesinas desde aspectos simples y elementales de la convivencia colonial hacia contenidos más complejos de reivindicación política en su articulación colectiva al Estado-nación en épocas recientes.

Siguiendo esta lógica de comprensión lineal moderna, corremos el riesgo de percibir a las sociedades campesinas como transitando desde una condición intelectual de simplicidad hacia otra de complejidad en su capacidad de comprensión de la realidad, como podría interpretarse la evolución discursiva de la demanda campesina que antes exigía tierra y ahora exige territorio, y que de hecho se impone como explicación dominante desde el discurso de la política pública, sugiriendo por ejemplo, que la reforma agraria consiste solamente en la dotación de tierra para la producción agropecuaria. Por suerte Piñeiro (2004) nos advierte ya en su obra que la lucha campesina se da en un contexto sociopolítico muy adverso, que en la época colonial y principios de la republicana prácticamente no contaba con espacios para manifestarse si no era a través de las revueltas y sublevaciones, que más temprano o más tarde terminaron con la derrota militar, sellando la extrema dificultad de poder posicionar su proyecto político.

No es sino hasta que los procesos de reforma agraria de la segunda mitad del siglo XX, con el auge de la tractorización e introducción de las semillas mejoradas de la revolución verde, que se consolida la conquista de algunos derechos ciudadanos individuales que permite la ilusión de una mayor articulación de los campesinos al Estado y al mercado, vía la ciudadanización del indio convertido en campesino, con lo cual la lucha por la tierra toma un carácter de acceso individual a la parcela agrícola. El desencanto de este modelo sobreviene rápidamente después de los primeros años de implantadas las reformas agrarias, ya que las promesas del desarrollo del campesino vía la revolución verde y la articulación al mercado no tuvieron los efectos esperados, principalmente porque los campesinos no tenían ningún control sobre las políticas públicas de desarrollo, y a partir de esta limitación el Estado y todo su aparataje no podía ser usado para el desarrollo de los campesinos; aunque sí era usado por la clase dominante para beneficiarse como sector agroempresarial con créditos, apoyo técnico y políticas favorables.

Desde la óptica de los campesinos, era evidente que la inclusión ciudadana vía el dispositivo de los derechos ciudadanos individuales y la vinculación al mercado no era suficiente, ya que de alguna manera seguía funcionando la estructura de exclusión y dominación en el seno del Estado, exigiendo replantear la comprensión de la naturaleza del problema del atraso del campesino, con lo que se reposiciona la lectura de la naturaleza colonial de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales del Estado, en un retorno a la perspectiva de la lucha por el territorio, cuyas manifestaciones más evidentes fueron las movilizaciones de los pueblos indígenas en las décadas del 80 y 90, reclamando al Estado el reconocimiento al derecho a un espacio territorial donde puedan reproducirse como pueblos.

La comprensión campesina de esta lucha, en Bolivia por ejemplo, fue expresada bajo la bandera de tierra-territorio en la década de los 80 y 90, que luego evoluciona hacia la idea del Estado plurinacional comunitario con autonomías campesinas e indígenas en los 2000. Lo que se pone en cuestión con esto, es el conjunto de supuestos sobre los cuales se erigen los Estados-nación en nuestro continente. El concepto tradicional de Estado, en tanto entidad política, define al mismo como una entidad compuesta por una población, un gobierno y un territorio (SCELLE en GOTTMANN, 1973:14; RAFFESTIN, 1993). El supuesto es que la población de un país correspondería a una sola comunidad política, es decir a una nación, armonizada por la estructura de representación política que le provee la condición de ciudadanía, a partir de una lógica de organización jerárquica del territorio nacional que provee los niveles territoriales correspondientes de representación política para conformar un gobierno con participación de los representantes de todas las unidades territoriales subnacionales. A su vez, la condición ciudadana garantiza la participación de todos los ciudadanos de cada unidad territorial subnacional en el gobierno nacional a través de las estructuras de representación política vía partidos políticos.

Al estar resuelto el problema de la adscripción del individuo a la comunidad política nacional a través de la ciudadanía, la consolidación del territorio nacional en la lógica del Estado es suficiente y absoluta. El territorio, según esta concepción, es sólo la “porción del espacio definido por las leyes y la unidad de gobierno” de un Estado (GOTTMANN, 1973), y por tanto no es posible aceptar otro territorio dentro del territorio nacional, porque eso sería violar la soberanía del Estado. Bajo este entendido, y en el supuesto de que todos los habitantes del territorio gozan de iguales derechos ciudadanos individuales que garantizan su adscripción a la nación, el territorio nacional es suficiente, absoluto, único e incontestatable, y es dentro de este territorio nacional que se organizan las propiedades de tierra bajo la normativa que produce el gobierno nacional que representa a todos los ciudadanos. Esta concepción de territorio, estrechamente ligada a la concepción hegemónica de organización política de la sociedad, condiciona una comprensión dominante del acceso a la tierra en tanto propiedad privada, solo tierra para trabajar, donde el problema se reduce a hacer más eficiente la redistribución de la misma entre los ciudadanos, y claro, lo que se discute es la propiedad individual de la tierra, no el territorio, porque eso estaría resuelto indubitablemente en el nivel del Estado-nación. Esta condición explica en principio el manejo dominante del concepto de “tierra” sólo como parcela de trabajo o propiedad agrícola. Sin embargo, la realidad de la composición social y el origen colonial de nuestros países no pueden ser ignorados, esta sigue estructuralmente allí, y como en cada ciclo histórico de encantamiento de la dominación, este llega a un punto de crisis que no permite mantener más los principios hegemónicos y surgen nuevamente los atavismos de nuestra historia social y política.

Silvia Rivera (1993) se preguntará sobre la razón de que las reivindicaciones de corte indigenista resurgen cada vez con la misma renovada vitalidad de antaño, a pesar de haberse sentenciado innumeras veces su desaparición con la implantación de modelos novedosos de homogenización cultural y política. Igualmente se preguntarán angustiados los convencidos de la primacía capitalista el por qué de la persistencia del campesinado en estos tiempos donde esta incomoda clase se tendría que haber acabado. El convencimiento de la clase dominante de su derecho legítimo de propiedad sobre el territorio conquistado, construido en la conquista y colonia del continente, sigue plenamente vigente en la idiosincrasia contemporánea de nuestras sociedades latinoamericanas, y la implicación de esta creencia es absolutamente marcante en la configuración social y política actual de nuestros países. Para la clase dominante, el territorio nacional es de su propiedad por derecho de conquista, así de sencillo, en la misma lógica feudal pero reubicada a tiempos modernos con un discurso democrático. No fueron los campesinos sin tierra, de origen plebeyo, indio, o esclavo, los que invirtieron fortuna en conquistar y colonizar el territorio. Esta comprensión es necesaria para mantener el orden colonial, sólo que debe ser impuesta como sentido común para orientar un devenir fluido de la sociedad y del Estado. Pero este sentido común empieza a resquebrajarse en la década de los 90 a partir de las limitaciones que muestra el modelo neoliberal impuesto a nuestros países en la década de los 80 como la receta de continuidad del modelo desarrollista de las décadas de los 50, 60 y 70 para lograr el desarrollo nacional.

La extrema dificultad para participar en las decisiones políticas por parte de los sectores subalternos, entre los cuales están los campesinos e indígenas, llevó también a una crisis de los sistemas tradicionales de representación política, nominalmente los partidos políticos; y a un cuestionamiento de la condición de ciudadanía construida sobre los supuestos liberales de los Estadosnación modernos. De a poco fue creciendo una comprensión cada vez más clara de que el Estado-nación y su estrategia de desarrollo no estaban pensados en el desarrollo de toda la sociedad, a lo sumo los beneficios podrían gotear hacia la población excluida en dosis cada vez más pequeñas. Es lógico que la identidad indígena resurja nuevamente en este periodo para exigir de nuevo el derecho a constituirse como sociedades plenas y tomar control de su propio destino, en un espacio territorial propio, por derecho de propiedad pre-existente a los actuales Estados, desafiando abiertamente la noción del derecho de propiedad por conquista. Esta emergencia es fundamental para promover en la conciencia de los sectores subalternos una revisión de los supuestos de la organización de la sociedad en los Estados-nación y en el seno de los modelos de desarrollo dominantes, y rápidamente se cae en cuenta de que lo que está en cuestión es una disputa por el territorio nacional entre estamentos sociales separados colonialmente.

En los países de fuerte presencia indígena, que disputa el derecho propietario original del territorio, se condensa el discurso de la tierra-territorio, del territorio indígena, y finalmente de la plurinacionalidad como condición de reorganización del territorio del Estado; y en los países de composición social sin una aparente presencia significativa de lo indígena, como Argentina y Brasil, la expansión de modelos de desarrollo que arrasan con la población rural campesina exige también una respuesta en base a la comprensión de la disputa del territorio nacional, que al igual que el caso indígenacampesino, de lo que se trata es de concebir un Estado que garantice la pertenencia al espacio territorial nacional a la población que tiene condiciones diferenciadas de reproducción social, económica y cultural. Para el caso de Brasil, el proceso de ocupación de tierras que realizan los campesinos sin tierra es comprendido como un acto de resistencia frente al Estado controlado por las clases dominantes que aplican políticas contrarias a la reproducción de las familias campesinas, y esta resistencia trae implícita una noción de espacio territorial donde el Estado garantice la reproducción campesina (FERNANDES, 2008) Así, en principio, en la noción campesina no se trata de fraccionar o desconocer de pleno el territorio nacional, sino que se trata de efectivizar la condición ciudadana de todos los individuos en el espacio territorial nacional. De esta manera, se construye una conciencia no sólo de la posibilidad de existencia del territorio campesino o el territorio indígena, sino de una necesidad política ineludible en la reconfiguración del Estado para que este asuma en la realidad lo que en términos enunciativos ya prometió hace tiempo. Se trata, en cierta manera, de exigirle al proyecto de la modernidad que cumpla sus promesas.

4. La territorialización de la identidad para la dominación

La división de castas para organizar la sociedad produce el fenómeno del mestizaje, y la división del trabajo bajo criterios raciales, asignándole a los indios el estigma de la inferioridad, y a los europeos la cualidad de lo superior, de manera que el mestizaje biológico y/o cultural vino a ser el único vehículo para escapar del polo negativo de la oposición indio-blanco, por tanto de ascenso social, estableciendo una compleja gradación fenotípica de la población que tuvo su correlato con las ocupaciones laborales y los espacios territoriales asignados a estas identidades, siendo que los cargos de mando y poder, ubicados en las ciudades, estaban reservados para los miembros de la cúspide de la jerarquía social, los blancos, siendo los mandos medios reservados para los criollos, los oficios artesanales para los mestizos, y el trabajo de la tierra a cargo de los indios (GARCÍA, 2005; RIVERA, 1993; PIÑEIRO, 2004; YAMPARA, 2005). En aquellos lugares donde se introdujo el trabajo esclavo, los negros estaban destinados a una casta social incluso más baja, con su correlato laboral. Así, mientras el territorio no estaba bajo el control político del señor europeo, era susceptible de conquista. Para los indios, para los trabajadores sin tierra, o para los esclavos fujidos era inconcebible pensar en erigir un territorio libre de la influencia del sistema colonial, y cuando se daba su existencia era posible solo en la efímera rebelión, o en la profundidad del territorio inexplorado, o en la medida en que estén bajo el control político del europeo, susceptibles siempre de ser atacados y destruidos por el poder colonial (FERNANDES, 2000). De esta manera, en los espacios donde se reproducía el trabajo indígena y esclavo, libre o subordinado, se establecía el territorio de los inferiores, el territorio dominado o destinado a ser dominado, el territorio a ser usurpado, dándose así la territorialización de las identidades (DELANEY, 2005) en una perspectiva de estructuración espacial de la desigualdad social para la dominación y explotación colonial.

Con la imposición de la perspectiva europea de colonización se establece un complejo sistema de territorialización de la dominación y de la explotación, asignándole al espacio rural donde viven las comunidades indígenas, los trabajadores sin tierra y los esclavos una cualidad territorial equivalente al espacio “salvaje”, “atrasado”, “incivilizado”, por lo tanto susceptible de recibir una labor civilizadora por parte de los que constituyen el mundo civilizado, es decir, de los blancos. Es la territorialidad de la dominación colonial, donde el estamento dominante impone un significante al territorio y su estructura. Son los blancos los que controlan el poder de la argumentación y de la posibilidad de nombrar las cosas, controlan el Estado y sus aparatos ideológicos, y construyen una conciencia común que naturaliza esta concepción. Dice Gonzáles Casanova (2006) que las clases dominantes del actual sistema capitalista cuentan con un capital de conocimiento con bases científicas muchísimo mayor que bajo otros sistemas de explotación anteriores, y su nivel de conciencia sobre el funcionamiento del sistema es muy alto, con lo cual despliega acciones y estrategias que le permiten establecer condiciones favorables para mantener las estructuras de dominación, desigualdad y explotación de la manera más conveniente posible para sus intereses de clase. Esta gran capacidad y poder les permite eventualmente tomar control de los procesos de cambio que empujan las clases subalternas, vaciarlos de los elementos peligrosos, y redireccionar estos cambios hacia condiciones que aparentan mejorar pero que no afectan en esencia los privilegios de su clase, es decir, cambiar para que nada cambie.

No es casualidad que los campesinos rebeldes que luchan por la tierra sean los descendientes, directos o simbólicos, de los indios y los negros; y que los propietarios de grandes latifundios y funcionarios del Estado sean los descendientes, directos o simbólicos, de los españoles y portugueses conquistadores, pues la raíz de todo esto está en la contraposición entre colonizadores y colonizados, dirá la socióloga boliviana Silvia Rivera (1993). La lucha social muestra en la América, sobre todo india pero también en los países con poblaciones de origen esclavo, una alta correlación entre la condición de clase y la condición étnica de los individuos, desafiando la concepción tradicional de Estado-nación y ciudadanía que se había impuesto hegemónicamente después de la guerra de la independencia. A esta condición, asociada a la supuesta inherencia de la superioridad e inferioridad de las razas, denominamos como la colonialidad (RIVERA, 1993; GONSALEZ, 2006) El Estado-nación, criatura de la modernidad, fue el vehículo privilegiado para llevar a cabo las promesas de la modernidad, construido sobre el mito de la igualdad entre los seres humanos que conforman la “comunidad política imaginada” que se constituye en un territorio soberano. (SANTOS, 1997) La fórmula europea para lograr esto, fue superar la diversidad de identidades étnicas de los grupos humanos que estarían conviniendo en constituir el Estado y conformar una sola identidad nacional, por sobre todas las otras identidades previas (MORAES, 1986) para lo cual la modernidad declaró la irreversible declinación de las comunidades étnicas tradicionales para dar lugar a una nueva forma de organización de la comunidad nacional bajo el principio de la ciudadanía (SANTOS, 1997, p.316) que implicaba dotar de igualdad de derechos de todos los ciudadanos, sin distinción de etnia, clase o religión.

En América esta fórmula, aplicada como modelo de formación de los Estados-nación, sirvió para deslegitimar a las naciones y pueblos indígenas y someterlos a una condición cultural y organizativa según cánones de la cultura conquistadora dominante, la europea española y portuguesa, naturalizando con la idea del Estado-nación la dominación y explotación de las poblaciones indígenas y esclavas por los civilizados blancos, condición que se ha venido a denominar como el Estado monocultural de una sociedad multinacional (GARCÍA, 2005 p.29). En los países de la América española la población, lejos de haberse homogenizado por procesos de ciudadanización y mestizaje, se mantiene heterogénea, y se mantiene jerarquizada en base a las identidades construidas en el proceso colonial (YAMPARA, 2005; RIVERA, 1993, GARCIA, 2005). La experiencia reciente de Bolivia para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política del Estado sirve para observar claramente la persistencia inalterable de las estructuras de origen colonial del Estado y la sociedad.

El proyecto de refundación del Estado en base a los planteamientos y demandas de autonomía indígena y campesina se vieron fuertemente enfrentados con el sujeto social del Estado-nación: el mestizo, contraponiendo dos agendas que disputan la concepción del cambio: «autonomía indígena-originaria campesina» versus «autonomía departamental», ambos vinculados directamente con el reconocimiento del orden comunitario plurinacional y con el reconocimiento del orden capitalista de dominación colonial de la propiedad privada individual, respectivamente.

En los territorios donde prevaleció la Hacienda como sistema de producción, la construcción del Estado-nación se hizo en base a la destrucción de las identidades comunitarias étnicas, basadas en la comunidad de parentesco de pueblos indígenas, y para efectivizar la dominación política el régimen colonial destruyó toda posibilidad de articulación de la capacidad política de estos pueblos, aplicando una serie de medidas de desarticulación de los pueblos, pero manteniendo sus células mínimas de estructuración del trabajo para su explotación: la comunidad, y rebajando hasta este nivel la posibilidad de relacionamiento con la autoridad española, siempre cuidando de subalternizar y suplantar los liderazgos comunitarios indígenas, con lo cual se atomizó y despolitizó la posibilidad de la acción política indígena (RIVERA, 1993; DIAZ-POLANCO, 2003) En los territorios donde se despoblaron de indígenas y se usó el trabajo esclavo, se cuidó de evitar la conformación de estructuras comunitarias de los trabajadores, mucho menos su territorialización, ya que era muy claro para los latifundistas que estas eran los núcleos de gestación de la acción política de los oprimidos. Los quilombos y los grupos de salteadores de caminos formados por esclavos negros o blancos que logran escapar de las plantaciones coloniales en el actual territorio brasilero (MORISAWA, 2001; FERNANDES, 2000) son ejemplos de la formación de estructuras comunitarias del mundo agrario para hacer frente a la adversidad desde la subalternidad.

La atomización y desarticulación de las estructuras comunitarias fue objeto constante de las políticas de Estado para viabilizar la dominación de la población indígena y esclava, y las reformas agrarias y su concepción de dotación de propiedades privadas individuales a los productores campesinos también responde a esta lógica liberal de estructuración del Estado-nación.

5. La lucha es por el territorio

La lucha por la tierra es, en la experiencia de los campesinos latinoamericanos, una tarea que excede la simple redistribución de la tierra, ya que ese tipo de reformas no pudieron dotar al campesino de verdaderas posibilidades de desarrollo que le permitan salir de sus condiciones estructurales de atraso, marginación, explotación y pobreza. Ya en la colonia se debatía en las movilizaciones y rebeliones indígenas andinas la necesidad de resolver el problema social consolidando la república de indios y la república de españoles (RIVERA, 1993) en una clara alusión al reconocimiento de la soberanía indígena en el seno de una organización jurídica estatal compleja. La revolución boliviana de 1952 estuvo muy marcada por las demandas de consolidación de los territorios y naciones indígenas (HUIZER, 1978) y en el proceso constituyente reciente se consagra una constitución política que reconoce un Estado Plurinacional Comunitario (BOLIVIA, 2009), lo mismo que en la nueva Constitución Política del Ecuador, en el seno del cual es posible reconocer la cualidad política de las estructuras comunitarias campesinas como fuente legítima y legal de representación política e implementación de políticas públicas de desarrollo local y regional.

En la colonia portuguesa existen varios ejemplos de rebeliones de regiones donde las clases dominantes regionales, compuestas de criollos, junto con la población explotada, indios, negros y mestizos pobres, se levantaban contra el imperio portugués, y en algunos casos lograron prosperar con la implantación momentánea de gobiernos regionales propios que establecieron medidas radicales, como la abolición de la esclavitud, expulsión de portugueses, redistribución de la riqueza, la igualdad entre los  hombres, lo cual siempre terminó siendo el motivo de la alianza de los sectores criollos dominantes levantados con los portugueses para controlar a los esclavos y trabajadores pobres (MORISSAWA, 2001). No es sólo la posibilidad de la acción política en el seno de un esquema de Estado, sino que la producción en pequeña escala, como la campesina, también requiere de un entorno comunitario que le provea los recursos necesarios para la reproducción económica y social del campesino. El conocimiento productivo, la institucionalidad local necesaria para gestionar el uso y acceso a recursos productivos, el intercambio de insumos productivos, la reciprocidad posible para prestar y recibir oportunamente insumos productivos, en fin, sólo un entorno comunitario hace posible el poder construir colectivamente la posibilidad de tener a disposición insumos productivos en los momentos oportunos, cosa que sería muy difícil o hasta imposible para un pequeño productor en un entorno dominado únicamente por relaciones mercantiles.

La «forma comunitaria de vida» produce un núcleo cultural diferenciado, es fuente de diversidad y diversificación de lo social, en términos culturales, de arreglos institucionales, de conocimiento, de artefactos e instrumentos producidos y construidos, de cultivos y tipos de animales criados, y así estos núcleos diferenciados a partir de su adaptación a los entornos ambientales se constituyen en formas peculiares de constitución de sociedad desde lo local hacia lo regional y hacia lo global, con una territorialidad característica propia que encierra en si misma el germen de un potencial de desarrollo humano, cultural, económico y social cuyos límites los podría colocar la propia voluntad del pueblo o entidad social en cuestión.

Sin embargo, este potencial es restringido por la dominación y la explotación a que están sujetos las identidades campesinas e indígenas, con su territorialidad e institucionalidad propia, por el capitalismo y su montaje territorial del Estado-nación moderno hegemónico. Por eso el simple acceso a la parcela productiva no es condición suficiente para garantizar el acceso a una mejor condición de vida de la familia campesina, sino que esta parcela debe estar inserta en un contexto que le permita su viabilidad económica, cultural, social y política, es decir, en un entorno tal que la forma de vida campesina indígena no sólo sea reconocida como una forma legítima y válida en sí misma, con todas sus características intrínsecas, sino que además sea apoyada por el entorno social y político para acceder a los bienes y servicios que produce una sociedad organizada estatalmente. Esto implica una nueva concepción de Estado, alternativa en todo caso a la concepción hegemónica del Estado-nación que impone su propia estructura y lógica a todas las estructuras sociales de su jurisdicción; una nueva concepción en la cual sea posible la expresión vital de las lógicas autóctonas de las sociedades locales y regionales. La disputa de esta concepción tiene, en todo caso, amplias posibilidades, tantas como las historias particulares de cada país y sociedad, cuyas historias particulares de constitución, formación y lucha social ya proveen posibles horizontes alternativos. La lucha por la tierra adquiere así un horizonte de lucha por el territorio, por un espacio vital donde se garantice la reproducción social de los grupos humanos en una perspectiva de mejorar sus condiciones de vida, ejercer sus derechos en forma constante y en base a los criterios y visiones propias del grupo.

6. Consideraciones finales

En la cabeza de los movimientos campesinos latinoamericanos (indios, esclavos, sin tierras, peones, etc.) siempre ha estado claro que el objetivo de la lucha es la rearticulación de ellos mismos como sujetos excluidos de los estados coloniales, en la legitimidad y legalidad de la sociedad nacional, y la demanda de tierra es hecha en el entendido que la misma está inserta en un espacio territorial que garantiza su derecho legítimo a existir, es decir, para el campesinado el concepto de tierra como “espacio de trabajo” no se abstrae de su contenido político de territorio. En el caso de los países donde la población indígena no ha sido diezmada con el genocidio colonial, y su presencia contemporánea es muy significativa, como el caso de Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala o México, sin duda que estas estructuras sociales cuyo origen se remonta a los tiempos prehispánicos ya se constituyen en entidades legítimas de concreción de la comunidad política específica para articularse al Estado. La figura del Estado Plurinacional y Comunitario surge en los casos de Bolivia y Ecuador, donde las autonomías indígenas y campesinas emergen como figuras jurídicas reactualizadas para el contexto de los nuevos Estados nacionales, pero esta vez plurinacionales. Es la idea de las dos repúblicas manejada por las rebeliones indígenas andinas del siglo XVIII reactualizada para estos tiempos.

La posibilidad de concreción de las autonomías campesinas, es así un espacio real en el nuevo marco jurídico, que para el caso boliviano está prevista en su nueva Constitución Política del Estado (BOLIVIA, 2009) e implica la posibilidad de redescubrir la territorialidad campesina que se produce en la práctica cotidiana de las comunidades campesinas, y formalizar creativamente estas territorialidades en un esquema estatal que reconozca las mismas y les asigne jurisdicción, recursos y competencias como para que les permita aplicar políticas de desarrollo desde el control y la decisión de la población local, en una clara estrategia de descolonización del territorio al dotarle de posibilidades de construir y ejercer un esquema autónomo de vinculación al gobierno nacional. Más aún, la noción de territorio campesino no se circunscribe sólo a la realidad del mundo indígena en el Abya Yala, sino que es una noción que se impone en el seno de todos los contextos estatales y societales de nuestros países, desde cuya argumentación se disputa la concepción dominante de territorio nacional de origen colonial, y desafía los supuestos de la igualdad, equidad y libertad en la conformación de los Estados-nación erigidos bajo principios liberales de ciudadanía individual, ignorando los derechos colectivos de entidades sociales, culturales o étnicas que luchan por acceder a los derechos ciudadanos que formalmente pregona el pacto social del Estado moderno.

El derecho de las comunidades campesinas a existir y vivir bajo la plena articulación a la sociedad y al Estado en un territorio que no esté expuesto a la vorágine devastadora del agronegocio es una condición central de la reconstitución de nuestros países. Aunque parezca ser una novedad en el ocaso de la modernidad capitalista, la lucha por el territorio es en realidad una lucha antigua inherente a la condición de colonialidad del proyecto civilizatorio de la modernidad, y la lucha por la tierra siempre estuvo cargada de esa connotación de espacio de reproducción social, económica, cultural y política para los campesinos y los indígenas en el seno de un Estado-nación, pero en cuya condición de construcción de la nación no se parta de la negación y destrucción de la diversidad, sino más bien en su reconocimiento y potenciamiento como parte de la articulación y estructuración de la sociedad.

Referencias:(...)

Fuente: http://www.uff.br/vsinga/trabalhos/Trabalhos%20Completos/Carlos%20Alfredo%20Vacaflores%20Rivero.pdfhttp://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140820034027/CapitalismoTierrayPoderII.pdf Leer

 

 

Ejemplifiquemos con Jujuy sobre cómo la democracia vigente nos mantiene alejados o dispersos de los verdaderos problemas en común. Envuelve a todo el país y hasta al mundo en que la peor contradicción con la democracia es la prisión de Milagro Sala. Así se conforma parte relevante de la polarización entre kirchnerismo versus macrismo. Ambos bandos la propulsan  y es falsa porque los dos se pelean por ser quienes establecen la gobernabilidad del sistema oligopólico de saqueo y expoliación.

 

Pero lo cierto que nos compete a todos los de abajo y a la izquierda es la lucha de la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres porque, en acuerdo con Carlos Vacaflores Rivero , sostenemos:

"La «forma comunitaria de vida» produce un núcleo cultural diferenciado, es fuente de diversidad y diversificación de lo social, en términos culturales, de arreglos institucionales, de conocimiento, de artefactos e instrumentos producidos y construidos, de cultivos y tipos de animales criados, y así estos núcleos diferenciados a partir de su adaptación a los entornos ambientales se constituyen en formas peculiares de constitución de sociedad desde lo local hacia lo regional y hacia lo global, con una territorialidad característica propia que encierra en si misma el germen de un potencial de desarrollo humano, cultural, económico y social cuyos límites los podría colocar la propia voluntad del pueblo o entidad social en cuestión".

De modo que es doblemente criminal la racionalidad de CFK, de Morales, de Macri y de todos los representantes del gran capital local e imperialista sobre la valorización territorial por desplazar a las comunidades privilegiando las corporaciones petroleras, mineras, agroindustriales. Por un lado arrasa con ese potencial de diversidad humana hasta el extremo de implantar ecocidios-genocidios-etnocidios. Por otro, las intervenciones a gran escala en la Madre Tierra tienden a ser irreversibles porque  rompen equilibrios ecológicos que se crearon a lo largo de milenios. Además no quedan restringidos localmente y afectan los subsistemas que posibilitan la vida planetaria.

 

Incluso desde más de una deKada debemos poner en cuestión al saber científico y tecnológico que hizo, por ejemplo, cuanto pudo por instalar la mega minería de litio desestimando las territorialidades indígenas de siglos en las salinas.

 

Involucrémonos en qué nos advierte la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres.

 

 

 

Argentina - Jujuy: “Basta de saqueo a la Pachamama”
31 de marzo de 2017

Siete días de caminata, 300 kilómetros y decenas de comunidades originarias que reclamaron al gobierno de Jujuy que respete los derechos indígenas y rechazaron la megaminería en sus territorios. Organizada por comunidades nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, cuestionaron la avanzada de actividades extractivas y denunciaron la represión sobre quienes defienden las tierras indígenas.

 

La extensa marcha finalizó el jueves en la capital provincial. En el marco de la jornada del 24 de marzo, unieron la bandera de “memoria, verdad y justicia” con la consigna indígena de hace décadas: “Basta de saqueo a nuestra Pachamama”.

 

Las banderas al frente de la marcha resumieron los motivos: “Por el agua y el territorio”, “no a la minería”, “por la vida en nuestros territorios”, “no a la ley 5915”. Partieron el 16 de marzo de la localidad de Casira, pasaron por La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca y Tilcara. El 21 fue el turno de una ceremonia del agua en Purmamarca y el encuentro con comunidades kollas y atacama de Susques y la Cuenca de Guayatayoc (que resisten a la minería de litio). El miércoles 22 fue el turno de las localidades de Volcán y Bárcena. Y el 23 finalizó en San Salvador de Jujuy.

“Repudiamos la continuidad y profundización de políticas netamente mercantilistas, neoliberales, de saqueo, represión y exterminio de nuestros pueblos indígenas”, afirma el comunicado de la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, espacio de articulación nacido en 2016 y que, ya desde el nombre, marca distancia de comunidades y ONG que participan del gobierno de Gerardo Morales.

Los referentes indígenas caminaron largas horas por la ruta. Eran niños, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos. Al llegar a otras comunidades se realizaron asambleas para informar los alcances de la ley cuestionada, la avanzada de empresas mineras y también se analizaron situaciones puntuales de cada comunidad. Se descansaba por las noches y a primera hora se volvía a marchar, con nuevos delegados (de las comunidades visitadas) que se sumaban a la marcha. Estuvieron presentes el Pueblo Kolla, Atacama, Omaguaca y Ocloya, entre otros.

 

El gobierno de Gerardo Morales aprobó en mayo de 2016 la Ley 5915, conocido como “de servidumbre” para el paso de electroductos y proyectos de generación de energía. Autoriza a empresas a ingresar y hacer uso del territorio indígena, sin respetar las leyes (tanto nacionales como internacionales) que establecen la consulta y el consentimiento de los pueblos originarios.

Las comunidades indígenas no tienen dudas de que se trata de una avanzada sobre los derechos y territorios indígenas. Lo entienden como un paso más para facilitar el avance minero y, precisan, es violatorio de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.

Al asumir la gobernación, Morales nombró al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas a Natalia Sarapura, conocida activista kolla, del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), que recibió apoyos de algunas comunidades pero también críticas por formar parte de un gobierno que impulsa el extractivismo en territorios indígenas.

 

Ante las denuncias por la Ley 5915, Sarapura reconoció que fue sancionada sin respetar la participación indígena y convocó a una audiencia en diciembre pasado. “Ha sido una normativa que trajo controversia y preocupación. Por esa razón se decidió convocar a una asamblea de presidentes de comunidades y autoridades legislativas. Estamos dispuestos a escuchar las preocupaciones de las comunidades”, explicó la funcionaria en diciembre.

 

En la audiencia fue mayoritario el repudio a la ley, pero el Gobierno igual la sostuvo. La Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres remarcó que exige la derogación de la norma y no una “supuesta participación” sobre lo ya sancionado. “Es una norma que atenta contra los derechos de pueblos originarios por inconsulta, inconstitucional y de despojo. Es un vía libre encubierto para el avance de empresas extractivas”, resumió Enrique González, uno de los voceros de la marcha indígena.

 

Una estrategia de los gobiernos provinciales y nacional es modificar las leyes indígenas y ambientales que puedan ser frenos al avance del modelo extractivo. La Secretaría de Minería de Nación ya reconoció los intentos de modificación de la ley de glaciares, en Córdoba se pretende una nueva norma que permita más desmontes y en Río Negro se intenta avanzar en un nuevo “código de tierras fiscales” (que avanza sobre territorios mapuches).

Las comunidades indígenas de Jujuy resaltaron su preocupación por la gran sequía que afecta a la zona de la Puna y la Quebrada, y denunciaron el intento de la explotación minera “Chinchillas” (de explotación de plata y plomo, de la empresa Golden Arrow) y la minería de litio (con enormes uso de agua y contaminación). También precisaron desalojos y criminalización de la comunidades Cueva del Inca y Pucará en Tilcara (en beneficio de empresarios turísticos), exigieron la entrega de títulos comunitarios y reiteraron, una vez más, la contaminación y violación de derechos de la empresa Minera Aguilar (de la multinacional Glencore-Xstrata).

El gobierno de Morales suele utilizar dos slogans: “Pachamama yo te cuido” y “Jujuy es Pachamama”. El kolla Enrique González, desde la marcha indígena, lo cuestionó: “Las palabras del gobierno suenan a hipocresía y a folklorismo superficial y vacío, ya que las políticas aplicadas promueven la desaparición de nuestras formas de vida tradicionales”.

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Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/Argentina_-_Jujuy_Basta_de_saqueo_a_la_Pachamama