Qué Mundo

Abril 2017

Con La Vía Campesina sin liderazgo del progresismo por unirse a los Pueblos del Abya Yala y a otras organizaciones de abajo.

 

 

 

 

SITUACIÓN/ CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Recordemos, en 2012, la coordinadora Latinoamericana de organizaciones del campo (CLOC – Vía Campesina) de la región Andina caracteriza a los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Ecuador como democráticos, populares y revolucionarios:

 

 

Bolivia, declaración política de la Cumbre Andina sobre
la reforma agraria y soberanía alimentaria

 

19 de septiembre de 2012

 

Con la presencia de más de 200 delegados de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia, se llevó a cabo durante 3 días, del 11 al 13 de Septiembre del 2012, en la ciudad de La Paz, República Plurinacional de Bolivia, La cumbre Andina sobre reforma agraria y soberanía alimentaria, convocada por la coordinadora Latinoamericana de organizaciones del campo CLOC – Vía Campesina de la región Andina. La cual contó con la participación del señor vicepresidente de Bolivia – Álvaro García Linares, de los señores embajadores de Ecuador y Nicaragua, entre otras personalidades. De la misma manera se contó con la presencia de la comisión continental de la campaña global por la reforma agraria.

 

La realización y desarrollo de la cumbre andina sobre reforma agraria y soberanía alimentaria, posibilitó un profundo análisis colectivo sobre los avances y retrocesos en las políticas agrarias en cada uno de las naciones andinas, constatando que en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, con el ascenso de gobiernos de carácter democrático, popular y revolucionarios, se están efectuando cambios dirigidos a reversar las políticas neoliberales que se promulgaron a partir de los años 80 y 90, siguiendo los postulados del fondo monetario internacional, el banco mundial y el banco interamericano de desarrollo – BID, la cual conllevo a una profunda crisis social y política, que se manifestó en el aumento acelerado de la pobreza, miseria, migración, privatizaciones, concentración sobre la propiedad de la tierra, especulación financiera, desempleo, corrupción y militarización de la sociedad. Estos cambios que han partido de movilizaciones y luchas sociales, se ven materializados en la creación de nuevos marcos constitucionales, que garantizan a la mayoría de la población sus derechos fundamentales como también los de la madre tierra, que a su vez se están materializando en nuevas formas de participación y decisión social sobre su futuro.

 

No obstante, estos avances, existen diferentes obstáculos que no han permitido acelerar algunos procesos de cambio como el dirigido a profundizar las reformas estructurales, como la reforma agraria que permita la democratización de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de las políticas, que garanticen plenamente la soberanía alimentaria de los pueblos.

Por otro lado, en Colombia y Perú se observa una profunda crisis social en el campo, cuyo origen esta relacionado directamente con la reconcentración de la propiedad de la tierra en el caso colombiano, cuyas cifras indican que el 62% de la propiedad se encuentra concentrada en menos del 0,4% de los propietarios. Estos índices han tenido que ver con la expropiación violenta ejercida en las ultimas 3 décadas en contra del campesinado, durante la cual fueron desplazados mas de 5’000.000 de campesinos y 10’000.000 de hectáreas despojadas forzosamente. El conflicto minero ambiental que se viene agudizando, como es el caso de Perú, que esta afectando a los territorios indígenas y campesinos, específicamente en Conga – Cajamarca, que a su vez incrementa los niveles de conflictos contra las transnacionales y los agronegocios que han venido últimamente acaparando tierras habilitadas con sistema de riego y se prepara desde el gobierno una ley, que según las organizaciones campesinas, beneficiara a estos sectores de la gran agroindustria comercial.

 

Desde nuestras perspectivas como organizaciones, miembros de la CLOC Vía – Campesina región andina, en el marco de esta cumbre de reforma agraria y soberanía alimentaria, nos planteamos continuar trabajando por el fortalecimiento organizativo de nuestras bases, la formación, la articulación de mujeres y jóvenes, la no violencia contra las mujeres, la defensa de los derechos de los campesinos y campesinas, el medio ambiente, el agua y la biodiversidad y la recuperación de las semillas nativas, así como la lucha frontal contra los agronegocios, agrotóxicos y transgénicos, el gran latifundio y la concentración especulativa de la tierra y las transnacionales mineras, entre otros.

 

Fortalecer nuestras luchas y la unidad latinoamericana:

Desde la cumbre andina sobre reforma agraria y soberanía alimentaria los participantes hacemos llegar nuestra voz de solidaridad e indignación por las violaciones de los derechos humanos, asesinatos, desplazamientos, encarcelamientos y en general la criminalización contra los campesinos, sus organizaciones y sus dirigentes, como en el caso de los campesinos de Honduras, Paraguay, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil y Argentina, quienes vienen resistiendo y movilizándose en contra de estos atropellos. A la vez que condenamos de manera contundente el golpe de estado en Paraguay realizado al presidente Lugo.

 

De igual manera, saludamos los nuevos proyectos de integración del ALBA, CELAC y UNASUR que rompen con el hegemonismo imperialista de los Tratados de Libre Comercio – TLC, que colocan en desventaja y sumisión a los países que se someten a ellos. Como también el proceso ALBA de los movimientos sociales en construcción que abre nuevos horizontes desde los pueblos de América Latina hacia su emancipación.

Expresamos nuestro apoyo al inicio de los diálogos en Colombia entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional en la búsqueda de una solución política al conflicto armado que vive este país, hacia una paz duradera y estable para los colombianos y la región andina.

Desde la CLOC –Vía Campesina, región andina, Llamamos a fortalecer los procesos organizativos nacionales e impulsar la más firme solidaridad con los campesinos y pueblos del mundo que luchan por alcanzar la plena libertad y soberanía. Así mismo, la unidad Latinoamericana y la patria grande que soñaron nuestros libertadores.

 

Por ultimo, queremos socializar las principales estrategias emanadas de la cumbre, que buscan direccionar nuestra campaña por la reforma agraria y la soberanía alimentaria:

1. Fortalecimiento de las organizaciones campesinas, miembros de la CLOC – Vía Campesina de la región andina.

2. Potenciar la escuela andina de formación política itinerante.

3. Lucha frontal contra los transgénicos, paquetes tecnológicos y agrotóxicos.

4. Fortalecimiento de la comisiones sobre reforma agraria y derechos humanos.

5. Desarrollar procesos de intercambio de experiencias sobre reforma agraria y soberanía alimentaria en cada uno de los países de la región.

6. Creación de un observatorio de conflictos agrarios, dirigido desde la CLOC andina.

7. Adelantar jornadas de movilización y lucha contra el acaparamiento de tierras en la región.

8. Conformación de un tribunal sobre conflictos agrarios en la región andina.

9. Impulsar iniciativas de Leyes Alternativas Agrarias desde cada país.

10. Proponemos realizar con otras fuerzas sociales la cumbre de agua y medio ambiente.

11. Promover la agroecología de campesino a campesino como propuesta al nuevo modelo de producción y desarrollo agrario integral.

12. Fortalecer la identidad y cultura de los pueblos, y la defensa de sus territorios.

13. Realizar encuentros, festivales, trueques y demás iniciativas que permitan el rescate de las semillas autóctonas y mercados locales.

14. Llevar a los IALAS la propuesta de creación de laboratorios que faciliten la investigación y mejoramiento de semillas y especies.

POR LA TIERRA Y LA SOBERANIA DE NUESTROS PUEBLOS

AMERICA LUCHA

Fuente: https://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/reforma-agraria-mainmenu-36/1464-bolivia-declaracion-politica-de-la-cumbre-andina-sobre-la-reforma-agraria-y-soberania-alimentaria

 

 

Constatemos cómo el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linares convergió, con todos los otros gobiernos de Sudamérica, en promover la ocupación económico territorial del sistema global de agronegocios.

 

 

 

Recibimos y con gusto publicamos este texto elaborado por el Bloque Oscar Alfaro – Movimiento Guevarista, de Tarija, que analiza los objetivos políticos y económicos de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, esbozando además un programa para reorientarla a favor del “verdadero sujeto responsable de la soberanía y seguridad alimentaria que constituyen las comunidades indígenas- originarias campesinas de Bolivia”.

A este análisis, que compartimos, añadimos sólo la convicción que para conseguir este fin sea necesario anteponer a cualquier reivindicación agraria la total liquidación del latifundio, su reapropiación por las comunidades para que éstas sean la base de empresas agropecuarias públicas productoras de alimentos y una política de incentivos a la asociación entre pequeños productores campesinos. Sin ello será imposible impedir que el latifundio y la agroindustria vayan determinando precios, vaciando el campo, amenazando el medioambiente y la soberanía alimentaria y convirtiéndose como ahora en sujeto referente de las políticas agropecuarias.  

 

La cumbre agropecuaria sembrando Bolivia convocada por el gobierno abre las puertas a la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz para desaparecer al pequeño productor familiar campesino  y poner en riesgo la seguridad alimentaria del país, con sus demandas ya conocidas como: la ampliación de la frontera agropecuaria, la eliminación de la FES(función económica social de la tierra) para apropiarse de tierras fiscales y de territorios indígenas o profundizar la negociación de tierras, la incorporación de biotecnología en otros productos(transgénicos), y primar la exportación de productos.

Desde la reforma agraria del 1953 se inicia la marcha al Oriente, con el cual tanto allegados al Gobierno de entonces como extranjeros se favorecen de tierras, créditos, y apoyo estatal para desarrollar el sector agropecuario desplazando a indígenas de tierras bajas, en la década de los 80 con la crisis minera, se fortalece a los sectores de producción agroexportadores entre ellos los soyeros.

Ante la marcha de tierra y territorio;  en 1996 surge la ley INRA para proceder al saneamiento y la redistribución de tierras y respeto del derecho propietario demanda de campesinos e indígenas, pero nuevamente esta medida sirve solamente para legalizar grandes y medianas propiedades en manos de una oligarquía legalizando únicamente las TCO que siempre estuvieron en manos de las comunidades y no revirtiendo las tierras de privados para su redistribución por lo que el problema de fondo continua.

La Ley del Fondo de Reactivación Económica (FERE, 2000) reduce impuestos a la empresa agropecuaria a 0,25 %, haciendo que estos sectores se enriquezcan sin contribuir al Estado.

En la década de las 90 épocas de las privatizaciones en nuestro país se consolida y fortalece este sector otorgándole créditos a partir de la banca privada y apoyo en crisis directamente por el Estado, como la apertura a los mercados de la comunidad Andina de Naciones, aranceles preferenciales etc.

La nueva CPE del Estado Plurinacional, legaliza el derecho propietario de las grandes haciendas sin límite de tamaño que existían hasta febrero de 2009  y con la ley de reconducción comunitaria no modifica el patrón agroexportador vigente y se continúa fortaleciendo las políticas agropecuarias para favorecer a este sector burgués fuerte económica, política y elitista que no apoya al Estado a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria ni de soberanía alimentaria, tampoco efectúa aportes al Estado, ni es generador de empleo dado a que el sector soyero por ejemplo genera apenas el 5% de empleo de todo el sector agropecuario, por el uso de maquinaria y semilla transgénica que reduce al mínimo la utilización de mano de obra, mas ante el riesgo de uso de glifosato producto altamente toxico que junto a los transgénicos no tiene procedentes en la afección a la salud de la especie humana así como a la madre tierra; en consecuencia son un sector explotador y extractivo de los recursos naturales y de la mano de obra.

Esta práctica aprovecha los relativos bajos precios de la tierra en el país, los controles ambientales absolutamente laxos y una estructura agraria regional que permite la gran propiedad ociosa (en muchos casos, de tierras obtenidas gratuitamente del Estado) y su aprovechamiento especulativo, convirtiéndose en atractivo para empresarios, brasileños y argentinos estén actualmente produciendo el 50% de la producción de soya permitiendo fuga de capitales y poniendo en riesgo la soberanía del país. 

Los agroindustriales efectúan la explotación irracional de los recursos naturales (deforestación), la apropiación de tierras fiscales e indígenas originaria campesinas, destrucción del medio ambiente, la privatización y concentración de la tierra, la dependencia económica de las grandes empresas, el monopolio que exprime a productores campesinos familiares, incrementando la brecha entre ricos y pobres u obligando al campesino a migrar a la ciudad.

En tanto que nuestras importaciones crecen marcando en el 2014 récord en importación de alimentos por 812 mil toneladas compradas de países vecinos por un total de 688 millones de dólares, y la migración campo ciudad que según el censo 2012 vuelca la población a las áreas urbanas en un 67.3 urbanos y reduciendo a 32,7 la población rural,  acercándonos cada vez más a una crisis alimentaria.

Siendo esta la verdadera problemática del sector y por ende de la dependencia y fragilidad económica del país en el tema productivo si no es la deficiente  producción para autoabastecimiento o consumo interno; pero en lugar de cubrir el mercado interno pensamos no en calmar el hambre del pueblo, sino en exportar para favorecer intereses financieros de empresas transnacionales, se ha posibilitado la introducción de transgénicos a diestra y siniestra, no existe un control del manejo de agroquímicos nocivos para la salud no sólo de los productores sino de toda la población consumidora, como de la madre tierra, propiciando el ingreso de productos de otros países en detrimento de los nuestros.

Desde siempre y en todos los gobiernos se ha favorecido al sector agro empresarial del oriente, postergando a los verdaderos proveedores de la canasta familiar como son los productores campesinos, las leyes y todos los mecanismos antes y hoy se orientan para favorecer a este sector, ahora a nombre de seguridad alimentaria pretenden favorecerse nuevamente con políticas gubernamentales, acaso la soya es un producto de primera necesidad en la canasta familiar; las familias pobres prescinden del consumo de carne pero nunca prescinden del consumo del maíz, papa, haba entre algunos, esos productos que llenan la olla de los pobres; pero las medidas nunca están orientadas para favorecer a estos otros productores, solo se los considera para bajar los precios, haciendo que los mismos incidan para la migración campo ciudad.

La cumbre convocada para favorecer al sector empresarial no debe constituirse en un evento de socialización de medidas de políticas públicas a los cuales el campesino refrendara con su asistencia, sino más bien el espacio donde el Gobierno Plurinacional elegido por el pueblo apoye efectivamente al verdadero sujeto responsable de la soberanía y seguridad alimentaria que constituyen las comunidades indígenas- originarias campesinas de Bolivia.

Por lo cual las propuestas para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población ante la crisis de caída de los precios del petróleo es favorecer al sector del campesinado por primera vez en la historia de Bolivia en cambiar si, las leyes como lo expresó el Vice Presidente para:

·         Posibilitar el acceso a tierra a los pequeños productores agrícolas campesinos, la eliminación de corrupción en el INRA que posibilita que latifundistas se apropien legalmente de la tierra, a la  verdadera reforma agraria.

·         Garantizar la tierra y territorio indígena y posibilitar mecanismos de sostenibilidad   

·         Acceso al agua, a semillas naturales a créditos a pequeños productores

·         El derecho a definir las políticas públicas agrícolas y agroalimentarias.

·         Precios justos en los mercados agrícolas acordes a los costos de producción

·         Regulación para la producción agroindustrial considerando los derechos de la madre tierra

·         Rechazo a la introducción de biotecnología y transgénicos porque atenta con las semillas y producción local que garantiza la vida de las personas y evita la dependencia económica

·         La implementación de la producción ecológica, como vía para eliminar la dependencia tecnológica y garantizar la vida de productores y consumidores.

·         La protección del mercado interno de las importaciones agrícolas y alimentarias que atentan la producción local.

·         Prioridad a la producción interna diversa para mercado interno frente a la exportación

·         Autorice a los países/uniones a protegerse contra las importaciones a precios demasiado bajos.

·         Gestión y manejo de cuencas y suelos

·         Recuperación del germoplasma nativo de especies existentes en el territorio nacional, establecimiento de banco de germoplasma nativo y la patente del Estado de las semillas  y productos locales

·         Producción de peces en ríos y estanques  de agua por seguridad alimentaria

·         profundización de educación ambiental e implementación de legislación de control del medio ambiente sobre todo en áreas urbanas

·         Monitoreo y evaluación ambiental a todas las empresas productoras y comercializadoras

·         Control riguroso de agroquímicos que se comercializan en el mercado y asistencia técnica en manipulación a productores.

·         Control en fronteras para ingresos de productos de contrabando y fuga de semillas y germoplasma local

·         Generar políticas de incentivos para el campesino productor mediante estudios y orientaciones de mercado por cosechas.

·         Control de toxicidad a los productos y asistencia técnica a los productores para producción sana y prohibición  a la venta libre de productos nocivos a la salud humana y la madre tierra

·         Apoyo a la producción integral de productos estratégicos ancestrales (quinua, maíz, coime, maní, etc.)  para reconstituir las matrices agroalimentarias comunitarias campesinas e indígenas (como la recuperación y certificación de semillas criollas de alimentos nutritivos y valorando los conocimientos locales y prácticas ancestrales) garantizando mercados locales (desayunos escolares)

·         Regulación y control a la circulación de productos importados nocivos a la madre tierra, bolsas plásticas, pesticidas, etc. para evitar la contaminación de suelos, agua y preservar la calidad de vida de los habitantes  y de la madre tierra.

Fuente: http://www.luchadeclases.org.bo/nacional/movimiento-campesino-e-indigena/874-la-cumbre-agropecuaria-sembrando-bolivia.html

 

 

Verifiquemos que, como en Bolivia, el gobierno de Rafael Correa confronta con las organizaciones campesinas, indígenas y sociales para imponer al sistema global de agronegocios.

 

 

Se realiza Cumbre Agraria en Ecuador

Participan representantes de organizaciones campesinas, indígenas y sociales

 

Resumen Latinoamericano/ 18 de Enero 2016.-  A nombre del Consejo de Gobierno de la CONAIE, de las diferentes organizaciones convocantes, reciban un cordial y atento saludo a usted y los miembros de la organización a la que representa.

 

Como es de conocimiento general, la Asamblea Nacional aprobó el pasado jueves 7 de enero, el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, con lo que se espera únicamente el veto del Presidente de la República. La posición de la mayoría de las organizaciones campesino indígenas fue criticar el proyecto de Ley por no recoger los proyectos y propuestas presentadas por los sectores organizados; y porque lo que el debate, y lo que finalmente se aprobó, no abre ningún proceso de reforma o revolución agraria ni democratiza el sistema jurídico-institucional del régimen agrario vigente en el país; más bien todo lo contrario: promueve, entre otros, un mercado de tierras que impide el acceso y la tenencia de este bien en manos de pequeños productores de alimentos y no garantiza la reconstitución de los territorios ancestrales de comunidades indígenas, montubias y afrodescendientes. A esto llamamos un “paquetazo agrario” normativo e institucional, que busca generar las condiciones para afianzar la mercantilización de los bienes naturales al servicio del capital.

Ante esta arremetida por parte de la Asamblea al sector agrario, a los pequeños y medianos productores con la aprobación de esta ley, que es un instrumento de especial relevancia para el futuro de las poblaciones y de diversos sectores sociales, y la inexistencia de consensos mínimos respecto de las diversas posturas de las organizaciones sobre el contenido de esta ley, creemos necesario CONVOCAR de manera urgente a un Encuentro Agrario, con el fin de analizar los contenidos centrales de la ley aprobada por la Asamblea Nacional y definir una posición de consenso frente a la misma; posición desde los diferentes sectores sociales organizados y no organizados, intelectuales, trabajadores, obreros, profesores, jubilados entre otros. Esto como parte de un proceso a mediano y largo plazo orientado a la consolidación de la Gran Cumbre Nacional Agraria y Popular para avanzar en el análisis, debate sobre el tema agrario en el país y la construcción de alternativas y estrategias en defensa de la Soberanía Alimentaria.

Este Encuentro Agrario se desarrollará el día martes 19 de enero del año en curso, a las 09h00 en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, ubicada en la calle Toledo N 22-80, Edif. Mariscal Sucre, piso 1.

Organizaciones convocantes:
CONAIE, ECUARUNARI, TIERRA Y VIDA, FEUNASC, OCARU, COLECTIVO NACIONAL DE DIRECCION,
COMISIÓN NACIONAL DE AGROECOLOGÍA, FECAOL, FORO HIDRICO, ASTAC, PUEBLO KITU KARA

Fuente: http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/01/19/se-realiza-cumbre-agraria-en-ecuador-participan-representantes-de-organizaciones-campesinas-indigenas-y-sociales/

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Ecuador - Encuentro Agrario:

"Los campesinos que alimentamos al pueblo ecuatoriano seguimos relegados":

Severino Sharupi, CONAIE

22  de enero de 2016

 

El día martes 19 de enero, tuvo lugar el Primer Encuentro Agrario rumbo a la Cumbre Agraria Nacional. Más de un centenar de compañeros y compañeras de diferentes organizaciones sociales, campesinas e indígenas se reunieron en la Universidad Andina, en la ciudad de Quito. Los objetivos del encuentro consistieron en: analizar el texto aprobado de Ley de Tierras, alimentar el debate agrario, construir alternativas y estrategias en defensa de la Soberanía Alimentaria y coordinar acciones hacia la convocatoria de la Cumbre Agraria.

 

Gracias a las organizaciones convocantes: Conaie, Ecuarunari, Tierra y Vida, Feunassc, Ocaru, Fian, Colectivo Nacional de Dirección, Comisión Nacional de Agroecología, Fecaol, Foro Hídrico, Astac y Pueblo kitu Kara, se encendió el debate ante la necesidad urgente de una discusión en torno a cómo la Ley de Tierras expresa el modelo de dominación en el agro.

El encuentro estuvo marcado por tres exposiciones magistrales y una gran plenaria de propuestas; elementos que permitieron al final de la jornada definir estrategias y resoluciones para alcanzar los objetivos planteados. 

“Agricultura Familiar Campesina e Indígena”, es el título de la exposición con la que François Houtart (Investigador en el IAEN) abordó, desde un enfoque sociológico, el problema agrario en el mundo actual. Su discurso
identifica cuáles son los efectos de la introducción del capitalismo en el campo cuyos impactos inciden en la pérdida de la Soberanía Alimentaria, la desaparición del campesinado y destrucción de la sociedad rural; elementos que le permiten hacer una lectura crítica sobre el proyecto de Ley de Tierras.

En un análisis del contexto de la recién aprobaba Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, Houtart insiste en que: “La Agricultura Industrial es negativa mientras que la Agricultura Familiar Campesina es positiva y que la Ley prevé la coexistencia de los dos modelos". Entre sus conclusiones, destaca la necesidad de solicitar un censo agrario, proponer comisiones de estudios sobre daños ambientales en los monocultivos y
una propuesta de reforma agraria que construya el conjunto de la sociedad rural.

Esteban Daza, investigador del Observatorio del Cambio Rural, presentó lo que ha denominado l
os mitos sobre el proyecto de Ley de Tierras, entre los que destaca tanto la lógica de redistribución de tierras como la institucionalidad que se crea para apoyar lo que el Estado entiende como política social.

Daza
muestra cómo la redistribución de tierras no es otra cosa que la continuidad del mercado de la tierra administrado por el Estado, pues en varios articulados de la ley se evidencia que el precio de la tierra, tanto para la compra como para la venta, se fundamenta en el avalúo comercial de la zona.

Bajo el título, “Los sistemas comunitarios en el proyecto de Ley de Tierras”, Floresmilo Simbaña (Dirigente de la CONAIE), hace alusión a que: 
“en la Ley de Tierras se confunden dos regímenes jurídicos totalmente distintos: tierra y territorio; y no se hace referencia a los sistemas comunitarios como diferentes formas del régimen de propiedad.”

Después de una ronda de preguntas y varias exposiciones desde el público presente, se organizaron las actividades para la jornada de la tarde que consistía en llegar a una serie de acuerdos entre los participantes. 

Finalizado el almuerzo, las diferentes organizaciones volvieron a reunirse en el Paraninfo de la Universidad para consensuar las siguientes resoluciones sobre el Encuentro Agrario:

Firman:

CONAIE
ECUARUNARI
TIERRA Y VIDA
FEUNASSC
COLECTIVO NACIONAL DE DIRECCION
COMISIÓN NACIONAL DE AGROECOLOGÍA
FECAOL
FORO HÍDRICO
ASTAC
PUEBLO KITU KARA

Boletín elaborado por: Nataly Torres (FIAN) e Isa Salcedo (OCARU).

OCARU

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Ecuador_-_Encuentro_Agrario_Los_campesinos_que_alimentamos_al_pueblo_ecuatoriano_seguimos_relegados_Severino_Sharupi_CONAIE

 

En consecuencia, la «reforma agraria integral» y la soberanía alimentaria dependen de las luchas de abajo y de sus concepciones favorables a ir creando buenos vivires convivires abajo:

 

Ante el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Defensa de la vida y la naturaleza vs empresas transnacionales
9 de agosto de 2016

Por Jesús González Pazos (Rebelión)

 

Nos situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas que, según Naciones Unidas, se celebra el 9 de agosto y, al mismo tiempo, todavía recordamos el asesinato el pasado día 3 de marzo, en Honduras, de la activista lenca Berta Cáceres. Pero, si bien su muerte y la de otros líderes/as ha dado pie a un incipiente interés internacional por lo que está ocurriendo con las personas defensoras de la naturaleza, tenemos que reconocer que ésta es todavía una guerra de baja intensidad que se mantiene en gran medida oculta. Y esto dado que, cada vez más, está dirigida en todo el mundo desde los intereses económicos de las empresas transnacionales. Es por ello, y a pesar del cierto eco internacional del asesinato de la dirigente indígena, que no se ha conseguido aún visibilizar otro dato que sobresale en esta dura estadística, como es el hecho de que quienes proporcionalmente más muertes y represión están sufriendo y, por tanto, quienes protagonizan por encima de otros sectores la defensa de la naturaleza, son los pueblos indígenas.

En cierta forma, seguimos pensando que la lucha por la defensa del medio ambiente, por la tierra, es sólo patrimonio de occidente, de algunas de sus instituciones y de sus organizaciones medioambientalistas. Pero no es así y los dramáticos datos lo atestiguan: de los más de 1000 asesinatos cometidos entre los años 2002 y 2014 contra quienes defienden el medio ambiente, el 40% fueron personas indígenas. Y todo pese a que estos pueblos son un escaso 5% de la población total del planeta. Pero lo anterior sólo sobre informes conocidos y contrastados, ya que los estudios dicen que hay un alto número de asesinatos de los que nunca se llegan a tener noticias.

Para entender mejor esta situación es necesario comprender la concepción que estos pueblos tienen sobre sus tierras y territorios. Ellos defienden que “nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos; nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos y humedales, con sus lugares sagrados donde viven los dioses protectores, con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas es un ente vivo que nos da la vida, nos provee agua y aire; nos cuida, nos da alimentos y salud; nos da conocimientos y energía; nos da generaciones y una historia, un presente y un futuro; nos da identidad y cultura; nos da autonomía y libertad. Entonces, junto con el territorio está la vida y junto a la vida está la dignidad; junto al territorio está nuestra autodeterminación como pueblos.” Esto es lo que determina con absoluta claridad que hoy sean los pueblos indígenas quienes sostienen la mayor carga en la defensa de la naturaleza, especialmente al entender que esa visión y defensa choca frontalmente con la idea y utilidad que a estos espacios otorgan hoy gobiernos y transnacionales. Así, la mayoría de los homicidios de defensores y defensoras están directamente vinculados con las denuncias y protestas contra megaproyectos de desarrollo y contra extractivas mineras, forestales o hidroeléctricas.

El sistema capitalista, en su fase actual neoliberal, ha entregado con total impunidad la naturaleza a las transnacionales extractivas. No ya sólo por el hecho de que toda la normativa nacional e internacional hoy se establece para proteger las inversiones y negocios de éstas, sino también por el hecho de que esa legislación y/o impunidad supone en la mayoría de los casos la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos. De esta forma, se puede afirmar abiertamente que la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, se ha convertido en el nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Y esa lucha, aunque invisibilizados sistemáticamente, son los pueblos indígenas quienes la protagonizan.

Las empresas transnacionales tienen cada día un mayor poder económico y éste lo convierten en poder político. O dicho de otra forma, con ese enorme poder económico pueden someter al político para que éste defina nuevas normas, o adapte las existentes. El objetivo siempre es el mismo: obtener condiciones ventajosas para sus negocios y para el aumento consiguiente de sus beneficios. Pero, si bien ésta es una constante del sistema neoliberal en todos los órdenes y sectores económicos, es especialmente grave cuando entra en el juego la naturaleza. Los impactos más agresivos contra ésta, en su gran mayoría, son radicalmente ignorados o disimulados tras grandilocuentes declaraciones internacionales y pequeñas concesiones/donaciones sociales a las poblaciones más directamente afectadas por la contaminación y degradación causada.

Para el caso específico de los pueblos indígenas, recordemos, aquellos que más agresiones incluido número de asesinatos sufren, las empresas transnacionales, dicho de forma políticamente correcta, irrespetan los estándares internacionales de protección a los derechos humanos que les atañen más directamente. Dicho de otra forma más clara, se está desarrollando un contexto de violaciones sistemáticas de derechos, especialmente sobre los territorios o el obligatorio de consulta a estos pueblos ante cualquier gran proyecto de desarrollo a ejecutar en sus tierras. Estas empresas hoy se benefician impunemente de los favorables sistemas jurídicos y legislativos hasta, prácticamente, convertirlas en entidades intocables. A partir de ahí, su abanico de actuaciones van desde la presión a los poderes políticos para la definición de doctrinas y normas en beneficio de sus intereses empresariales, la corrupción y sobornos para esto mismo, o el control y uso de cuerpos policiales y paramilitares para la represión de la protesta.

Así, además de las muertes individuales, los ejemplos dramáticos de afectación negativa por parte de las transnacionales, principalmente las extractivas pero también forestales y otras, sobre diferentes pueblos indígenas recorren el planeta. Y en este doloroso ranking América Latina sigue siendo considerada como la región del mundo más peligrosa para quienes ejercen la defensa de la naturaleza; países como Brasil, Colombia, Honduras o México encabezan esta lista y el 99% de las violaciones colectivas o de los asesinatos quedan impunes. En la misma línea hoy en día, y no es cosa del pasado colonial como pudiera pensarse, siguen produciéndose casos de pueblos desaparecidos o en práctico proceso de extinción como consecuencia de los impactos de las actuaciones de empresas transnacionales. Se aducirá que son “daños colaterales” en aras del progreso, pero lo cierto y denunciable es que son fehacientes violaciones de los derechos humanos. No puede admitirse que esos derechos y la dignidad de las personas se sigan poniendo en la misma balanza que los intereses económicos y siempre salgan dramáticamente perdiendo.

Hasta las propias Naciones Unidas han reconocido y denunciado en diferentes momentos y documentos esta situación. En este sentido, Relatores Especiales de este organismo internacional han señalado que las actividades de las industrias extractivas son fuente de numerosos conflictos. Igualmente, reafirman que este tipo de acciones de empresas trasnacionales en territorios indígenas violan constantemente diferentes derechos y han llamado a los gobiernos a cumplir con su responsabilidad de protección de éstos frente a los intereses económicos de las empresas. Evidentemente, unos y otros hacen continuos oídos sordos a este tipo de llamamientos.

Berta Cáceres, indígena, feminista y defensora de los derechos humanos y medioambientales, había recibido en 2015 el premio Goldman, considerado como el Nobel del medio ambiente. En este año 2016, Máxima Acuña, indígena quechua (Perú) recibió el mismo premio por su lucha contra el megaproyecto minero en Conga, de la transnacional estadounidense Newmont Mining Corporation.

“Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando por los compañeros que murieron en Celendín y Bambamarca y por todos los que estamos en lucha en Cajamarca”, afirmó Máxima al recoger el galardón, pese a haber sufrido sistemáticamente la violencia de funcionarios locales que actúan en connivencia con la empresa minera y con las autoridades peruanas.

Como señalábamos al inicio, nos situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas y éstos, más allá de grandes declaraciones, siguen planteando al sistema dominante y a los gobiernos del mundo la disyuntiva entre los intereses de las empresas transnacionales o la defensa de la vida y la naturaleza.

Jesus González Pazos. Miembro de Mugarik Gabe

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215369

 

 

Son luchas de las diversidades de abajo contra las transnacionales y los estados imperialistas en contubernio con sus socios locales. Que como la opresión capitalista es de  carácter totalitario y multifacético  interpela a los distintos desde sus peculiares lugares o sensibilidades como ejemplifica “La desposesión de la vida cotidiana”:

 

 

 

El Seminari Crític de Economia Taifa publica el informe “La desposesión de la vida cotidiana”

Las claves del despojo global
9 de agosto de 2016

Por Enric Llopis (Rebelión)

 “Mientras asistimos a la mayor desposesión de derechos y recursos que afecta especialmente a la población más vulnerable, se está generalizando un discurso que pretende animarnos a salir de la crisis con esfuerzo, empeño y buena disposición, siempre en clave individualista”. El informe número 11 del Seminari d’Economia Crítica “Taifa”, dedicado a “La desposesión de la vida cotidiana”, analiza las claves del despojo, para lo que toma como punto de partida las nuevas orientaciones del capitalismo mundial y se centra en la merma del sistema fiscal en el estado español, los procesos de desindustrialización, la liquidación del Estado del Bienestar y las desigualdades, la mercantilización del sistema de salud y los entresijos de la factura eléctrica, entre otros puntos. “El sector público se vacía y los servicios sociales se debilitan o desaparecen”, apunta el informe de 144 páginas publicado en junio de 2016.

El capítulo final del documento –“Las estrategias invisibles de subsistencia ante la crisis económica”- aborda las consecuencias del modelo en la vida corriente de la población. Según la Encuesta de presupuestos familiares, el gasto medio de los hogares cayó entre 2007 y 2013 un 27,1% (en términos constantes). La debacle fue incluso mayor de lo que se podría augurar si se considera la mengua de los ingresos familiares. Éste es el resumen: la crisis y los mecanismos de desposesión han pasado factura. Según el informe FOESSA de integración social y necesidades sociales de 2010, el 16% de la población española reconocía tener una dieta inadecuada por la falta de recursos económicos. Además, un 4% (1,9 millones de personas) padecían “insolvencia” alimentaria, por la que no podían afrontar las necesidades de nutrición básica. El Síndic de Greuges llegó a cifrar en 50.000 (sólo en Cataluña) los menores con privaciones en la alimentación por la pobreza de sus familias. El defensor del pueblo catalán agregó que 751 niños sufrían malnutrición infantil. El Seminiari Taifa constata además, a partir de informaciones del diario El País, que sólo en 2009 la empresa proveedora del suministro eléctrico detectó 9.000 “enganches” a la red en el País Valenciano.

A escala global se reproduce la tendencia predatoria y la concentración de la riqueza en pocas manos. Intermón-Oxfam ha revelado, de acuerdo con informaciones de Credit Suisse, que el 1% de la población mundial acumula una riqueza mayor que el 99% restante; y que en 2015 se podía equiparar la riqueza de 62 personas con la de 3.600 millones de seres humanos (la mitad más pobre de la humanidad). Eran 62 personas que habían incrementado su patrimonio un 45% en un quinquenio. Al tiempo que se produce esta evolución, la OIT señala que en 2014 había más de 201 millones de personas desempleadas en el planeta, lo que suponía 31 millones de parados más desde los inicios de la crisis. Asimismo, se ha impuesto con toda su fortaleza el “casino” global. De acuerdo con las cifras del Banco de Pagos Internacionales, el dinero ficticio creado en el mundo financiero multiplica por más de diez los bienes y servicios. Y el capital ficticio continúa aumentando de manera sustancial.

¿Dónde se localizan los recursos? La economía sumergida en el estado español se estima en torno a los 253.000 millones de euros (entre el 19% y el 29% del PIB, aunque el porcentaje más citado es el del 24,6%). Se trata de uno de las cifras más elevadas de la UE, que además podría haber aumentado durante la crisis (entre 2008 y 2012) en 60.000 millones de euros. El fraude fiscal en la UE se calcula en torno a un billón de euros, y España se sitúa en los primeros lugares de la UE-15 en este apartado, según el informe del Grup d’Economia Crítica “Taifa”. “Son los más ricos, los más poderosos económicamente quienes defraudan más”, resaltan los autores del estudio. El 86% de las personas con fortunas superiores a los 10 millones de euros evaden sus obligaciones fiscales. A ello se agregan casos conocidos de elusión tributaria como el de Inditex, que canalizaba las operaciones de comercio electrónico mediante una sociedad –irlandesa- con domicilio fiscal en Dublín. El documento “La desposesión de la vida cotidiana” recuerda que la transnacional abonaba así el 12,5% del impuesto de sociedades, un tipo muy inferior al 30% que debería pagar en España. Por otro lado, 33 de las 35 sociedades del IBEX 35 cuentan con filiales en paraísos fiscales, de las que apenas facilitan información. La presión fiscal sobre estas grandes empresas “es excepcionalmente baja y llegan a pagar un 3,5% sobre el total de los resultados”, abundan los economistas del Grupo Taifa.

Otro proceso que ha acelerado la crisis es el de la desindustrialización del estado español. En 1970 España ocupaba la novena posición mundial en producción manufacturera, con una cuota del 2,3% global. El porcentaje ha caído actualmente al 1,7%, lo que sitúa a España en el lugar número 14 de la ratio mundial. La producción manufacturera representaba el 30% del PIB a principios de los 70 y el 22% de los puestos de trabajo, porcentajes que han descendido hoy al 12% y 13% respectivamente. En cuanto al capítulo quinto del informe, “la gestión del desempleo: menos y peor trabajo, y más beneficio”, los autores subrayan que las reducciones de plantilla continúan en la actualidad y que los mayores porcentajes se registran en las grandes empresas: el 75% de las sociedades con al menos 500 empleados han realizado despidos. Menos personas realizan más trabajo que antes de la crisis. La OIT se ha hecho eco de esta tendencia, al advertir que las nuevas tecnologías están sustituyendo al trabajo humano a un ritmo “muy rápido y preocupante”.

El informe “La desposesión de la vida cotidiana” pone también el acento en los procesos de exclusión laboral. Según la empresa de trabajo temporal Manpower, son tres millones de personas las que en el estado español tienen pocas posibilidades de acceder al mercado laboral. Se trata de un mercado “gestionado de tal manera que quienes no cumplen suficientemente los criterios empresariales de ocupabilidad dejan de existir como fuerza de trabajo”, subrayan los economistas. El 42% de los parados de larga duración tienen más de 45 años. Además, según la Encuesta de Población Activa (EPA), más de dos millones de parados se hallan en situación de subempleo, ya que trabajan menos horas de las que quisieran. En cuanto a la duración de los contratos, el 12% de la generación de empleo durante 2015 fue a tiempo parcial, capítulo en el que España cuenta con el récord del mundo respecto a la población joven. Los números de la precariedad pueden espigarse en múltiples fuentes. En España hay más de seis millones de personas ocupadas con sobrecualificación (el 30% del empleo total), según la OCDE. El informe “Estado del trabajo decente en el mundo” de la OIT también apunta que uno de cada cinco trabajadores en el estado español son pobres. La categoría de “trabajador pobre” (quienes perciben por debajo del 60% de la renta media) pasó del 18% al 22,2% entre 2000 y 2014.

En “La sociedad del cansancio” el filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul Han destaca que la explotación a la que uno mismo hoy se somete “es mucho peor que la externa, ya que se ayuda del sentimiento de libertad; esta forma de explotación resulta mucho más eficiente y productiva debido a que el individuo decide voluntariamente explotarse a sí mismo hasta la extenuación”. Sobre la comunicación en el mundo capitalista, también sometida a procesos de despojo, el informe del Seminari “Taifa” recoge las palabras con las que el antipsiquiatra marxista, David Cooper, se dirigió a los jóvenes en mayo del 68: “En 1871 los comuneros de París, antes de disparar contra las tropas, dispararon contra los relojes, destrozando todos los relojes de París. Con ello, acababan con el tiempo de los otros, con el tiempo de los patrones”. El grupo de economistas hace hincapié en la “descontextualización” y la “aceleración hasta el paroxismo de la ‘inmediatez’” a la que conducen las nuevas tecnologías de la información. “Está sucediendo, te lo estamos contando”, fue durante mucho tiempo el lema de la CNN. Por último, enfatiza el documento, “la crisis ha exacerbado las diferencias entre los ganadores y los perdedores”. Entre los 34 países miembros, la OCDE señala a España como uno de los que presentan un peor coeficiente de desigualdad (Gini). De hecho, sólo seis países muestran peores resultados: Estonia, Grecia, Israel, México, Reino Unido y Estados Unidos.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21534

 

 Crisis civilizatoria

 

Tomemos conciencia que todavía hoy el progresismo pretende cautivarnos como la alternativa de los pueblos frente a los gobiernos desenmascaradamente de derecha. Partamos de confrontar discursos e informaciones de la percepción inmediata con las realidades concretas:

 

El candidato oficialista Lenín Moreno le ganó el ballottage al banquero Guillermo Lasso

Ecuador frena la ola neoliberal en América latina

 

Ignacio San Román

Página/12

 

La educadora popular y activista ecuatoriana Fernanda Vallejo participa en un acto de la ONG Perifèries en Valencia

“Se han desmontado pueblos enteros para explotar las minas”
3 de abril de 2017

 

Por Enric Llopis (Rebelión)

 “¿Pueden suicidarse los pueblos?”, se preguntaba el sociólogo Atilio Borón en un artículo publicado el 31 de marzo en el periódico Rebelión. Concluía que así ocurrió en Argentina tras la llegada a la presidencia de Mauricio Macri: en año y medio se liquidaron las conquistas sociales de toda una década, y la aplicación de un ajuste “salvaje” aumentó en 1,5 millones el número de pobres. La reflexión venía motivada por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del dos de abril en Ecuador, que enfrentan al candidato oficialista Lenín Moreno, de Alianza País, y al derechista Guillermo Lasso, del Movimiento Creo. Parecidas advertencias a las de Atilio Borón se plantearon en un manifiesto suscrito por economistas de once países, entre otros el estadounidense James K. Galbraith. Tras una década de “importantes avances económicos y sociales” (la que siguió a la victoria de Correa en los comicios presidenciales de diciembre de 2006), los economistas recuerdan que la pobreza se redujo un 32% en Ecuador entre 2006 y 2014. Señalan asimismo una distribución más equitativa de los ingresos petroleros (principal rubro exportador de Ecuador), lo que llevó por ejemplo a que la inversión en salud medida en porcentajes del PIB se duplicara en la década siguiente.

Pero una parte de los movimientos populares realiza un análisis diferente. María Fernanda Vallejo (Quito, 1966) trabaja en la educación popular y para adultos desde hace más de dos décadas. En conversación tras un acto organizado por la ONG Perifèries en Valencia, caracteriza como “muy desarrollistas y coloniales” a los gobiernos del presidente Rafael Correa. “En diez años podrían haber propuesto otras líneas de generación de ingresos y matrices energéticas, que no fueran el petróleo y las represas hidroeléctricas”, subraya. ¿Y en cuanto a la alternativa, Guillermo Laso, expresidente del Banco de Guayaquil? La activista sostiene que Ecuador se halla ante un “callejón sin salida”. Ciertamente, “esa otra derecha posneoliberal es terrible, pero lo que tenemos tampoco resulta mucho mejor; se están creando las condiciones para criminalizar a los pueblos en resistencia y operar un despojo en beneficio de las compañías extractoras”. En ese punto no observa un cambio fundamental.

El crudo marca la agenda en este pequeño país de 283.561 kilómetros cuadrados de superficie. En julio de 2016 el ejecutivo anunció una nueva reserva petrolífera, la mayor parte dentro del parque amazónico Yasuní, que podría aportar según cifras oficiales 19.500 millones de dólares de ingresos adicionales. Unos meses después, el 30 de noviembre la OPEP acordó en una reunión mantenida en Viena una reducción del 4,45% (1,2 millones de barriles diarios) de la producción petrolífera de los países miembros. La medida apuntaba al sostenimiento de unos precios cuya caída comenzó a finales de 2014. Para Ecuador, la rebaja anunciada implicaba reducir la producción en 26.000 barriles de petróleo al día. Otro ejemplo de la relevancia de los hidrocarburos se observa en el larguísimo litigio entre el Estado ecuatoriano y la petrolera Chevron-Texaco. La multinacional estadounidense operó en el país entre 1964 y 1990, periodo en el que según fuentes gubernamentales derramó 64 millones de petróleo y contaminó 480.000 hectáreas de selva amazónica, lo que afectó a 30.000 apersonas, 80 comunidades indígenas y 2.000 especies de fauna.

Pero no se trata sólo del petróleo. En noviembre de 2016 el Ministerio de Minería de Ecuador hizo entrega de 22 nuevos títulos mineros a empresas como Ecuador Fortescue SA, Green Rock Resources, Odin Mining Ecuador, Carnegie Ridge Resources, Proyectmin y Megarmi. Se trataba de la primera convocatoria para minerales metálicos en los regímenes de mediana y gran escala, por la que los inversores podían solicitar entre 500 y 5.000 hectáreas mineras. Un mes después la Agencia Efe informó de la rúbrica de un contrato entre el ejecutivo ecuatoriano y la minera canadiense Ludnin Gold, con el objetivo de explotar un yacimiento de oro y plata en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, al sureste del país. En esta iniciativa denominada “Fruta del Norte” se anunció una inversión de 1.000 millones de dólares, para poner en valor lo que el ejecutivo consideró “uno de los yacimientos auríferos sin desarrollo más importantes de Latinoamérica y del mundo”.

María Fernanda Vallejo ha trabajado en el aprendizaje y la capacitación “campesino a campesino”, sobre todo en la región interandina de Ecuador con las comunidades Kichwa, la mayoritaria del país con más de 328.000 miembros. En un acto organizado por la ONG Perifèries la educadora popular ha presentado la investigación “Donde habita la esperanza, la tierra la cuidan ellas”, de la que es coautora. ¿Es hoy Ecuador un territorio de oportunidades para las grandes empresas? ¿O prima por el contrario el Sumak Kawsay o “Buen Vivir”, establecido en los artículos 275 a 278 de la Constitución de 2007? Pide al lector que se imagine una minería a cielo abierto en un ecosistema “megadiverso” y “superfrágil”, como una estribación de montaña que acoge selva húmeda tropical y de la que brotan fuentes de agua. La minería requiere en su proceso productivo enormes perforaciones en la montaña, “comerse la selva y las fuentes hídricas”. “No es una amenaza, está ocurriendo ya”. La activista recuerda que esto ocurre en un país, Ecuador, con la mayor biodiversidad por metro cuadrado del mundo. “Te comes un pedazo de bosque y devoras un ecosistema completo”, añade.

Y no exagera. En las áreas más biodiversas de la jungla, en media hectárea pueden habitar hasta 70.000 especies de insectos; además el país acoge 1.600 especies de aves sólo en el territorio continental, cuatro de las cinco subfamilias de orquídeas a escala mundial y 350 especies de reptiles. En Ecuador viven 14 nacionalidades indígenas, cada una con su lengua, entre las que destaca como segunda en relevancia la Shuar (cerca de 80.000 personas). “El país mantiene actualmente una guerra interna con los Shuar, su territorio se encuentra militarizado”, apunta María Fernanda Vallejo. Uno de los puntos álgidos del conflicto se produjo en diciembre de 2016, cuando el gobierno declaró el estado de excepción en la provincia de Morona Santiago, tras un enfrentamiento entre miembros de la comunidad Shuar y efectivos de la fuerza pública en la localidad de Nankints, que se saldó con un policía muerto y siete heridos. Los hechos se produjeron en el campamento minero de San Carlos-Panantza (325 kilómetros al sur de Quito), donde actúa como concesionaria la minera china ExplorCobres SA. Pocas fechas después, 45 organizaciones sociales de todo el mundo manifestaron su solidaridad con las poblaciones indígenas y, además de lamentar las víctimas, señalaron algunos antecedentes. Así, la comunidad Shuar de Nankints (Morona Santiago) ya fue desalojada por efectivos militares en agosto de 2016 para allanar el camino a ExplorCobres SA. Al intentar recuperar su territorio, éste fue militarizado. “La empresa debió perder las concesiones por incumplir el Mandato Minero de 2008”, criticaron las organizaciones sociales, ya que no se consultó previamente a los pueblos indígenas afectados.

Antes de que se comiencen a explotar las minas -en el proceso de exploración-, “ya se producen problemas serios por la contaminación, el desmonte y sobre todo los despojos y desalojos forzados de poblaciones”, explica la antropóloga. Y todo ello, “después de la ‘larga noche neoliberal’, en este punto no se ha dado un cambio fundamental”. La activista podría apoyar su explicación en algunos discursos del presidente Correa. “Cuando tengamos estos cinco proyectos, Ecuador será una potencia minera”, afirmó durante una visita a la iniciativa Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe. Se refería a los proyectos San Carlos-Panantza y Mirador (cobre) y Fruta del Norte, Río Blanco y Loma Larga (oro). “Vamos a hacer minería responsable, a utilizar los recursos naturales con inteligencia y sensatez para vencer a la pobreza”, afirmó el presidente en marzo de 2016.

El Estado de Ecuador, “en nombre de lo ‘público’, del ‘bien común’ y de generar ingresos para que la gente no se muera de hambre, puede declarar un territorio de ‘utilidad pública’, pagar un precio irrisorio por esas tierras y colocar el dinero en una cuenta bancaria; la comunidad propietaria puede rehusar, pero la fuerza pública se dirige a la zona y les dice que se vayan: así se han desalojado y desmontado pueblos enteros, con su iglesia y todo”, explica la educadora popular. Pero “cuando lo pueblos Shuar decidieron ocupar el territorio sacrosanto de la minera, se habló de ‘invasión’”. El desarrollo argumental culmina en una pregunta: “¿Merece la pena desalojar el territorio indígena para obtener los recursos con los que entregarles una escuela y una vivienda fuera de sus tierras?” La activista subraya que ése es el objetivo. “¿Son tan minoría y tan insignificantes que el resto del país merece que les vayamos sacando de allí, porque de su territorio lograremos el dinero para construir escuelas y colegios?”, se pregunta. La conclusión resulta escasamente halagüeña: “El modelo se continúa aplicando de manera violenta, y no hay garantías de una cierta sostenibilidad, ni siquiera de los beneficios sociales hasta ahora obtenidos”.

En noviembre de 2016 el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, visitó Ecuador. Uno de los puntos principales de la agenda fue la inauguración de la mayor central hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair, en la provincia de Napo, que cubrirá el 30% de las necesidades energéticas de Ecuador. La macroactuación, cuyo coste se eleva a 2.245 millones de euros, se financiará principalmente con cargo a capital chino (del Eximbank) y en menor parte por el Gobierno de Ecuador. Desde 2010 el ejecutivo promueve ocho iniciativas hidroeléctricas en el país con la participación empresarial de China, Rusia y Brasil, que incluye la financiación bancaria de estos tres países. La visita de Xi Jinping es una señal de las estrechas relaciones económicas entre China y Ecuador, que se extiende -más allá de la adquisición del crudo- a la construcción de centrales hidroeléctricas, carreteras o la actividad minera. La deuda de Ecuador con China –principal acreedor del país- asciende al 8% del PIB y se ha multiplicado por mil en la última década.

Pero María Fernanda Vallejo llama la atención sobre el impacto en las poblaciones campesinas e indígenas de las grandes infraestructuras. El informe de 2017 de Acción Ecológica, organización con 30 años de trabajo en materia de Derechos Humanos, concluye de modo rotundo: “El Estado ha amenazado, hostigado, criminalizado y hecho uso abusivo de la fuerza y la legislación antiterrorista, contra los pueblos indígenas que ejercían su derecho de reunión y protesta pacífica, en particular durante el Paro Nacional de agosto de 2015”. Otra de las denuncias apunta a que el gobierno ha promovido la explotación del crudo en áreas protegidas, por ejemplo el Parque Nacional Yasuní; ello implica el abandono de la iniciativa Yasuní-ITT de conservar el petróleo en el subsuelo. El documento de Acción Ecológica también señala la extensión de la minería a gran escala en áreas de gran biodiversidad, como Junín, en el noroccidente; y la cordillera del Cóndor, en el suroriente. En los dos casos se registraron denuncias por violaciones de derechos humanos cometidos por empresas mineras y fuerzas del orden. Además, la consulta a los pueblos indígenas para la explotación de los recursos petroleros y mineros “no ha sido libre, previa ni informada”.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224849

 

 

Cuestionemos nuestra confianza en los gobiernos progresistas en vez de  identificarnos con los pueblos autoorganizados que les dieron origen, posibilitaron medidas a favor de las más urgentes necesidades abajo y siguieron alumbrando, pese al Estado represor, caminos emancipatorios.

 

 

Derechos de la Naturaleza frente a la imposición de la minería a gran escala en Ecuador.

Más allá de las ilusiones constitucionalistas
20 de febrero de 2015

 

"Más allá del reconocimiento jurídico-formal de los derechos de la Naturaleza en la Constitución, ha sido la acción legítima y directa de las comunidades y organizaciones la que ha frenado el saqueo minero. Pero el costo ha sido alto: heridos e incluso muertos durante las protestas o en las áreas de conflicto; cientos de encarcelamientos, juicios por terrorismo organizado, sabotaje y otros delitos contra la seguridad del Estado; múltiples violaciones de derechos humanos que han quedado en la impunidad."

 

Por Lina Solano Ortiz*

Por motivos de tiempo mi presentación se limitará al caso de la resistencia a la mega minería en Ecuador, primer país en introducir en su Constitución Derechos de la Naturaleza, para evidenciar como la movilización social impulsó el reconocimiento jurídico de dichos derechos, y como su aplicación se ve restringida y limitada por contradicciones en el propio texto constitucional, por la legislación posterior a su aprobación y por los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales, correspondiendo nuevamente al movimiento popular luchar para que estos derechos se hagan efectivos.

 

Sectores organizados y comunidades campesinas e indígenas en varias provincias de Ecuador han venido resistiendo a la minería desde hace décadas, pero a partir del 2005 comienza un proceso que llevará, a mediados del 2007, a las más grandes protestas contra la imposición de la mega minería, y a generar un verdadero movimiento de las comunidades en exigencia de la salida de las compañías y la anulación de sus concesiones entregadas en forma inconsulta.

 

En 2006 Ecuador va a un proceso electoral luego de un período de gran conflictividad social que llevó al derrocamiento sucesivo de 3 gobiernos. El partido Alianza País, apoyado por el centro y la izquierda, triunfa en las elecciones con la propuesta de instalar una Asamblea Constituyente para “refundar la nación” reformando la Constitución. Rafael Correa es electo Presidente con la promesa de que la “larga noche neoliberal” llegaba a su fin y de recoger las demandas populares, entre ellas las del movimiento contra la mega minería que había tomado dimensiones nacionales cuando varios campamentos mineros fueron desalojados por las comunidades campesinas e indígenas a finales de 2006, en especial en el sur de la Amazonia ecuatoriana.

 

En enero de 2007 surge la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS, coincidiendo con el inicio del gobierno de Correa, cuyo primer ministro de Energía y Minas fue el Alberto Acosta, quien conocía muy de cerca el conflicto entre las comunidades y las transnacionales mineras, por lo que se esperaba que hiciera algo frente a la demanda de nulidad de las concesiones, pero él más bien priorizó los intereses del gobierno.

 

En junio de 2007 se realiza un Levantamiento Nacional contra la minería que fue brutalmente reprimido, iniciándose además decenas de juicios penales contra los manifestantes, mostrando claramente cuál iba a ser la línea a seguir por parte del gobierno de Rafael Correa.

Para finales del 2007 se instala la Asamblea Constituyente presidida por Alberto Acosta y con una amplia mayoría gobiernista, mientras la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía, y otros sectores, continuaban movilizados. En el caso de la CNDVS a través de los denominados Diálogos por la Vida, con lo que se logró colocar el tema minero como uno de los centrales en la Asamblea Constituyente, a tal punto que entre los Mandatos que emitió estuvo el No. 6 conocido como Mandato Minero, que fue expedido en abril de 2008 frente a la presión de nuevas medidas de hecho que las comunidades reunidas en CNDVS realizaron.

 

Este denominado Mandato Minero se constituye en un importante antecedente del reconocimiento de los derechos de la Naturaleza, no sólo porque es un instrumento jurídico de una Asamblea instalada con plenos poderes, sino porque jamás fue aplicado a los mega proyectos de minería como era la aspiración de las comunidades.

 

El Mandato Minero establecía claramente que los proyectos que no hubieran tenido proceso de Consulta Previa, que se encontraran dentro de Áreas Protegidas, Bosques Protectores o sus zonas de amortiguamiento, sitios de nacimiento de agua, entre otras causales, quedaban extinguidas “sin compensación económica alguna”. En cumplimiento de este Mandato, el Ministerio de Energía y Minas debió proceder contra todos los proyectos de mega minería, cosa que jamás sucedió, al contrario el gobierno declara de interés nacional los proyectos: Mirador, Pananza-San Carlos, Fruta del Norte, Quimsacocha y Río Blanco.

 

Posterior al desacatado Mandato Minero, se aprueba la Constitución en la que se reconocen los Derechos de la Naturaleza y otras importantes demandas como el derecho humano al Agua, que han quedado lamentablemente como letra muerta, debido a que la propia Constitución limita y restringe los derechos reconocidos al dar al Estado central competencias exclusivas sobre los Recursos Naturales, en especial sobre aquéllos determinados como “sectores estratégicos”, entre los que están las minas. En la práctica esto ha significado que las comunidades sean excluidas completamente de las decisiones sobre sus territorios.

 

Si bien en el artículo 398 de la Constitución se mantiene la obligación de consultar a las comunidades sobre todas decisión o autorización estatal que afecte al ambiente -más todavía si se trata de comunidades indígenas-, sin embargo, en este mismo artículo se añadió que “Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”, es decir, la decisión de las comunidades no es vinculante.

Otro ejemplo de como en la misma Constitución existen contradicciones que limitan y restringen los derechos reconocidos a la Naturaleza es lo relacionado con las Áreas Protegidas. En el Art. 407 se establece: “Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal" Pero: "Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.” A través de este subterfugio es que el gobierno aprobó el año pasado, con la mayoría de asambleísta de su partido, la explotación de los campos petroleros en el Parque Nacional Yasuní, uno de los sitios de mayor biodiversidad del planeta y territorio de pueblos indígenas amazónicos no contactados.

 

Estos son sólo algunos ejemplos, de una Constitución plagada de bonitas palabras como Pachamama (Madre Tierra) o Sumak Kawsay (Buen Vivir), pero también de contradicciones destinadas a impedir la exigencia y ejercicio de los derechos que dice reconocer.

Luego de que fue aprobada la Constitución a finales del 2008, inmediatamente se aprobaron leyes declaradas como urgentes, entre ellas la de Minería en enero de 2009 en medio de la protesta de las comunidades y la represión y judicialización de los manifestantes como respuesta del gobierno.

 

La ley de minería aprobada, entre otras cosas, la declara de interés nacional, dando con ello todas las garantías a las empresas mineras, las cuales pueden, por ejemplo, disponer del agua no sólo que esté dentro de su área de concesión sino en sectores aledaños. Según esta ley también se puede hacer actividades mineras en cuerpos de agua y en zonas protegidas.

 

A la nefasta ley de minería se suman otros instrumentos legales que hacen impracticables los derechos constitucionales reconocidos a la Naturaleza, como son la ley de Aguas, que declara, entre otras cosas, como autoridad única del agua a la instancia estatal denominada Secretaria Nacional del Agua SENAGUA, así una empresa minera puede solicitar concesiones de agua directamente a este organismo y no se requieren consultar a las comunidades. Y para evitar la reacción popular, se aprobó un nuevo Código Orgánico Integral Penal que endurecen las sanciones contra la protesta social, a pesar de que el artículo 98 de la Constitución reconoce el derecho a la resistencia.

Para completar este nefasto marco legal, en los últimos días de diciembre de 2014 se aprobó la Ley Orgánica de Incentivo a la Producción, mediante la cual, entre otros “estímulos” a la inversión minera, se congelarán las tarifas tributarias a la fecha de firma de los contratos con el Estado, y, para captar mayores inversión en el sector, se establece que las nuevas inversiones no pagarán impuesto a la renta por 10 años.

 

De esta manera, a pesar del reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución, las corporaciones continúan haciendo su voluntad. Ya han obtenido enormes ganancias sin haber siquiera empezado la explotación de los minerales, gracias al negocio de la especulación, compra y venta en las bolsas de valores en Canadá. Varios de los proyectos declarados de interés nacional fueron vendidos por compañías canadienses a otras empresas de ese país o a consorcios chinos, como el caso de los proyectos de cobre Mirador y Pananza-San Carlos, ubicados en el sur de la Amazonía. De todas estas millonarias transacciones en las bolsas de valores de Canadá, Ecuador no ha recibido un solo dólar.

 

Otra muestra de cómo el reconocimiento de Derechos de la Naturaleza no impide el saqueo minero son los procesos de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) y licenciamiento por parte el Ministerio de Ambiente. En el caso del proyecto de oro Río Blanco de la empresa china Junfield, ubicado en una zona de páramo, el año pasado fue aprobado su EsIA y ni siquiera se cuenta con estudios serios, confiables y actualizados sobre el agua superficial y subterránea del área que será impactada. La preocupación aumenta más al conocerse que la empresa está pidiendo en concesión a SENAGUA 3 veces más agua de la que consta en el EsIA aprobado. Y hay que subrayar que en aplicación del Mandato Minero las concesiones de este proyecto debieron ser revertidas al Estado en el 2008. Cabe entonces preguntar ¿dónde quedan los principios como el de precaución, así como el “interés nacional”de proteger el ambiente establecidos en la Constitución ecuatoriana?

Todo este panorama preocupa si se piensa que el mayor porcentaje de inversión en minería actualmente es de corporaciones de China, país con el que Ecuador se ha venido endeudando en forma vertiginosa en los últimos años. Hace pocos días Rafael Correa regresó de una gira por ese país con el ofrecimiento de nuevos préstamos por 7 mil millones de dólares para inversión, esto en medio del desplome de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Ecuador, que además en gran parte está ya comprometido a China a través del mecanismo de venta anticipada de crudo.

 

En conclusión, ha sido fundamentalmente con la movilización social que se ha logrado hasta el momento detener el avance de los mega proyectos mineros, ninguno de los cuales ha iniciado su fase de explotación. Más allá del reconocimiento jurídico-formal de los derechos de la Naturaleza en la Constitución, ha sido la acción legítima y directa de las comunidades y organizaciones la que ha frenado el saqueo minero. Pero el costo ha sido alto: heridos e incluso muertos durante las protestas o en las áreas de conflicto; cientos de encarcelamientos, juicios por terrorismo organizado, sabotaje y otros delitos contra la seguridad del Estado; múltiples violaciones de derechos humanos que han quedado en la impunidad.

 

Luego de esta brevísima síntesis de un proceso tan complejo quisiera, para finalizar, invitarles a que recordemos que “la Pachamama existió y podría seguir existiendo sin los seres humanos, pero nosotros jamás podríamos existir sin la Pachamama”. Gracias.

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* Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra) y activista de los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora de la Coordinadora Campesina Popular CCP (2005), de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía CNDVS (2007), del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), entre otras importantes organizaciones de Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región.

Desde hace más de una década ha sido parte del movimiento de resistencia a los mega proyectos de minería, en especial en el sur de Ecuador, siendo por ello blanco de persecución, judicialización y criminalización por parte de las corporaciones mineras, el Estado y gobierno de ese país Sudamericano.

Ha participado en foros y eventos internacionales para denunciar la imposición de la mega minería en Ecuador y la criminalización, en especial de las Mujeres Defensoras de Derechos en conflictos socio-ambientales por la minería.

En mayo-junio de 2014 fue invitada en calidad de experta para la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre violaciones de derechos y daños ambientales cometidos por compañías mineras canadienses en América Latina, que se desarrolló en Montreal, donde hizo una presentación sobre “Impactos de la industria minera en los derechos de las Mujeres”.

Es Socióloga, Magíster en Sociología y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de Ecosistemas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca. (SITAC XII).

Leer
 

 

Averigüemos cómo, en confrontación con el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linares, hay una articulación muy amplia abajo por erradicar al sistema global de agronegocios e ir  cambiando radicalmente sentidos comunes (como el consumismo) y construir el involucramiento mayoritario en concretar la soberanía alimentaria.

 

 

Bolivia: Transgénicos, agrocombustibles y estrategias en la Cumbre Agropecuaria
4 de mayo de 2015

La satisfacción con la que los dirigentes transmitieron que no se había acordado la apertura transgénica, es también un logro del movimiento que se fue articulando a nivel nacional.

Por Patricia Molina

Es necesario felicitar a las organizaciones campesinas y a los productores ecológicos por el esfuerzo desplegado en la Cumbre. La información compartida desde allá fue clave para comprender el rumbo diseñado por los organizadores y revertir el balance negativo de fuerzas debido tanto al número de participantes mayoritarios del agronegocio como a la debilidad inicial de las organizaciones campesinas. La satisfacción con la que los dirigentes transmitieron que no se había acordado la apertura transgénica, es también un logro del movimiento que se fue articulando a nivel nacional alimentado por la información difundida a través de los medios, aspecto en que destaca la presencia del CONAMAQ; el trabajo de los artistas y voluntarios en las pancartas, volantes, disfraces y diseños movilizadores; el involucramiento de grupos universitarios, plataformas y otros colectivos. Y desde ya, se complementa con el trabajo sostenido para lograr el reconocimiento de los derechos de los consumidores y usuarios en los artículos 75 y 76 de la Constitución Política el 2009 y posteriormente la promulgación de la Ley de Derechos de los Consumidores y Usuarios su Reglamento el 2014. Merced a estos nuevos derechos, la demanda de participación de los consumidores fue no sólo ampliamente respaldada sino asumida por analistas, comunicadores y el pueblo en general.

De aquí en adelante se viene un trabajo que precisa ser muy preciso, valga la redundancia. Como pudimos ver en la Cumbre, en la defensa de los nuevos derechos de los consumidores, se corre el riesgo de hacer de portavoz de los argumentos de los promotores de transgénicos quienes pretenden por ejemplo, que innovación es igual a transgénico. Entre estos argumentos, se encuentran las aseveraciones de la existencia de maíz transgénico ilegal, que no son sustentadas por ninguna de las detecciones de campo realizadas hasta ahora y que pretenden atribuir a quienes se oponen a los transgénicos. (APIA y el agronegocio en la estrategia del Hecho Consumado: aquí).

De la misma manera, el argumento de que el 99% de la soya es transgénica, es del agronegocio. En los Estados Unidos la soya transgénica alcanza al 90%. Revisando el sitio web de Fundacruz, se puede observar que para la Exposoya ofertaron semilla convencional algo que también produce el CIAT: “Fundacruz puso a disposición de los agricultores 21 variedades de soya de las cuales 12 son convencionales y 9 resistentes a glifosato” (www.fundacruz.org.bo). ¿Para qué lo harían si el 99% de la soya cultivada fuese realmente transgénica?)

El Decreto 181 (Normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios) de la Ley SAFCO establece en su artículo 80: Contratación de alimentos para desayuno escolar y programas de nutrición:

I. “Para la contratación de alimentos destinados al desayuno escolar y programas de nutrición, independientemente del monto de la contratación, se deberá prever que los productos sean elaborados con materias primas de producción nacional, prohibiéndose la compra de alimentos de origen genéticamente modificado (transgénicos).”

Además señala:

II. “Según lo establecido en la Ley N° 2687, de 13 de mayo de 2004, que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 25963, de 21 de octubre de 2000, se deberá incorporar en el desayuno escolar, cereales producidos en el país como: soya, maíz, amaranto, cañahua, quinua, tarwi y otros.

III. En el marco de la política de la Soberanía Alimentaría, la MAE deberá promover la amplia participación de los productores locales, incentivando la producción de los alimentos según regiones productivas mediante la adjudicación por ítems o lotes.”

Lo cual se adecúa a la Constitución Política del Estado Plurinacional, que en el artículo 256 prohíbe los transgénicos por principio. Posteriormente la Ley Marco de la Madre Tierra lo ratifica y va más allá, al establecer la elaboración de un Plan de recuperación hacia la soya convencional.

Los gobiernos municipales tienen la obligación de exigir la certificación de soya convencional en productos que utilicen este insumo en el Desayuno Escolar. Así, el Gobierno Municipal de La Paz exige un análisis laboratorial de transgénicos de la soya ofertada, (no el análisis cualitativo de detección) y corresponde a la instancia de control la verificación de los productos.

Nuevamente se ha planteado la coexistencia de soya de acuerdo a la magnitud de los productores, -algo fuera de lugar-, pero que debe ser puntualmente analizado a la luz de la contaminación del maíz en México. Asimismo, es necesario analizar los efectos del bajo precio internacional de la soya; demandar acciones como resultado del estudio de la OMS-IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud) que apunten a la verificación de los niveles de residuos de pesticidas en la soya transgénica, demandar a la CAINCO y ANAPO información específica de los transgénicos que pretenden tratar y las razones puntuales. (¿soya resistente al 2,4-D, maíz, algodón y caña de azúcar resistentes a los herbicidas glifosato, glufosinato, 2,4-D y Dicamba?). Ya quedaron fuera de lugar argumentos inconsistentes como el aumento de rendimiento, para lo cual no fueron diseñados ni la soya, ni el maíz ni la caña transgénica, menos el algodón, pero hay que escuchar su nuevo libreto.

Un tema que no pasó desapercibido en la Cumbre, por haber sido colocado en varias mesas y que está en la raíz de las demandas corporativas de seguridad jurídica, libre exportación y transgénicos, es el de los agrocombustibles. El tratamiento de este tema debe ser abordado con premura y profundidad por las organizaciones o aparecerá pronto alguna norma que obligue a incorporar etanol a la gasolina, convirtiéndola en gashol, con el rótulo de “ecológico”, aumentando el precio del combustible y desviando productos alimenticios al lucrativo negocio de los agrocombustibles, opuesto a la soberanía alimentaria.

Las organizaciones de la Alianza para el Consumo Responsable y Solidario ACRyS investigamos y promovemos la reflexión crítica sobre la instalación cultural del consumo como sentido de vida. El consumo vertiginoso y las necesidades creadas son la forma en que se resuelven las crisis económicas de producción. La propaganda, el discurso ideológico de la modernidad y las estrategias de marketing son los instrumentos con los que se destruyen las motivaciones trascendentales y el sentido de lo comunitario.

FOBOMADE

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/Bolivia_Transgenicos_agrocombustibles_y_estrategias_en_la_Cumbre_Agropecuaria

En consecuencia, abajo y a la izquierda, necesitamos generalizar el involucramiento en desafíos y concepciones implícitos en:

Caminos empinados de los pueblos indígenas en América Latina
10 de agosto de 2016

Por Ollantay Itzamná (Rebelión)

Uno de los legados involuntarios de la última globalización cultural occidental es justamente la glocalización (despertar de las identidades particulares diferenciadas). El presente siglo, en comparación, a los anteriores, es y será testigo de diferentes procesos de reconstitución indentitarias y territoriales de los pueblos indígenas, dentro y fuera de las fronteras de los bicentenarios estados republicados de la región.

En y desde diferentes puntos geográficos del Abya Yala, los pueblos despojados y subalternizados construimos caminos de emancipación con diferentes dinámicas, aprovechando los intersticios o descuidos que el sistema-mundo-occidental siempre deja en su intento de hegemonía cultural.

Dichos caminos están fundamentados en los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en el derecho internacional y en algunos ordenamientos jurídicos internos de los países. Específicamente, el derecho a la consulta previa, libre e informada es una de las mejores herramientas jurídicas que los pueblos utilizamos para hacer prevalecer nuestros derechos ante los intereses empresariales foráneos en nuestros territorios.

Si bien los procesos de reconstrucción identitaria, tanto individual como colectivo, han tenido avances significativos en los últimos años, sin embargo, existen agendas postergadas pendientes que ayudarían, en buena medida, dar un salto cualitativo de los derechos culturales hacia ejercicio de los derechos políticos de los pueblos. Entre estas agendas pendientes están:

-Recuperación de tierras y territorios para hacer frente a la expansión del capitalismo de acumulación por despojo

En los últimos años, los estados nacionales se han sometido al expansionismo global del capitalismo neoliberal. Ya no hay Estado que proteja y defienda la vida, la dignidad y la soberanía de los pueblos. Mucho menos, la preservación del sistema-tierra.

En estas circunstancias, la lucha por la restitución de los territorios indígenas no es únicamente un asunto económico, ni sólo para el ejercicio del poder indígena, sino es sobre todo para proteger la Vida en y desde los territorios.

-Instaurar estados plurinacionales con autonomías indígenas

En el marco normativo de los estados naciones mestizos vigentes no es posible la garantía, ni el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Los estados nacionales son esencialmente monoculturales y centralistas, donde los pueblos indígenas subsistimos sin Estado (sin derechos), e incluso en contra de la voluntad de éste. Por ello, es urgente transformar los estados mestizos en estados plurinacionales, descentralizados y con autonomías de territorios indígenas.

Para que los pueblos disfrutemos y ejerzamos nuestros derechos colectivos, los territorios indígenas deben ser autónomos política, legislativa, jurídica, económica, cultural y administrativamente. Todo esto debe estar dispuesto expresamente en las constituciones políticas de los estados plurinacionales.

-Disputar la hegemonía de la modernidad desde la propuesta del Buen Vivir

La racionalidad lineal simplificadora se ha impuesto en el planeta como el único modo de ver y explicar el mundo. De allí, la supremacía de la ciencia occidental como la ciencia universal. Eso pasa también con el método de la construcción del conocimiento, con el conocimiento escrito, etc.

La modernidad tecnológica, en la medida que se ensancha como estilo de vida, a acelerado los procesos devastadores en contra de nuestra Madre Tierra.

Nuestra Madre Tierra necesita tiempo, pausa, descanso, para restaurar sus condiciones vitales y reequilibrar su temperatura adecuada. Para esto debemos de cambiar nuestros hábitos de consumo. Dejar de soñar con ser ricos, vivir con austeridad y restaurar la convivencia equilibrada en la comunidad cósmica. Éste es el camino hacia el Buen Vivir.

-Restaurar el rol de la comunidad humana dentro de la comunidad cósmica

Las y los indígenas tenemos el gran desafío de pensar, sentir y actuar con lógicas comunitarias. Necesitamos ser más defensores que líderes, más cooperantes que competentes, ser más comunidad que individuos.

La lógica y el modo de estar comunitario debe reextenderse a nuestro modo de convivencia en y con la comunidad cósmica, donde el sujeto de derechos ya no sólo seamos los humanos, sino también el resto de los seres materiales y espirituales. Debemos restaurar nuestra misión de cuidadores y puentes simbólicos en el tejido de la comunidad cósmica.

-Superar el monoteísmo y antropocentrismo

Los humanos (varones) nos creemos el centro (medida) de toda la casa cósmica porque creemos que somos los únicos predilectos (imagen y semejanza) del único Dios verdadero. De esta falsa conciencia antropocéntrica nace el individualismo liberal consumópata que cree que toda la natura está a su disposición para saquear.

El antropocentrismo macho, blanco y rico es la base de todos los intentos criminales de la anulación sangrienta de la comunidad humana multicultural en el planeta. Por ello, restaurar y ampliar/profundizar nuestras ecoespiritualidades plurales y abiertas, y trascender hacia un modo de pensar, sentir y actuar cosmocéntrico es nuestra tarea urgente.

-Superar los dispositivos coloniales aprehendidos

Es fundamental avanzar de los derechos culturales (muchas veces folclorizadas) hacia el ejercicio de los derechos políticos. Tierra y territorio con autonomía, autodeterminación de los pueblos, consulta previa, etc., son caminos que necesariamente debemos recorrerlos como pueblos.

Si lo indicado hasta ahora ya son caminos empinados, los caminos de transformación hacia adentro son igual o más difíciles aún. Debemos matar al colonizador racista, machista, monoteísta, clasista, antropocéntrico que habita en cada uno de nosotros/as

¿Cómo hacer que las y los indígenas, a mayor grado de educación académica y “ascenso” social, no sigamos reproduciendo endémicos males como el racismo, clasismo e individualismo instalados en y por el sistema? ¿Cómo hacer que a mayor oportunidad de acceder a espacios de tomas de decisiones no seamos prepotentes, avaros e insensibles con los nuestros y los otros? ¿Cómo hacer que en la medida que los patrones nos permitan a su mesa no miremos con desprecio, ni desdén a nuestros hermanos/as despreciados por los patrones?

¿Cómo estar en el sistema sin aprehender, ni reproducir/defender los vicios del sistema como virtudes idealizados? Estos y otros son desafíos casi existenciales para salir de la condición de la colonialidad en la subsistimos.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215397

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

 

Enfoquemos  la complejidad de recuperar o construir las soberanías alimentarias apreciando los objetivos y fundamentos de las luchas por problemas que les son fundamentales como el de la:

Marcha en el Valle del Huasco por la defensa del agua y la vida reúne a más de mil personas
24 de agosto de 2016

Tras 15 años de lucha y resistencia, las comunidades del Valle del Huasco ante un escenario en que las amenazas que significaban los proyectos que los llevaron a movilizarse desde el 2000’ se han convertido en una realidad ofreciéndoles dos alternativas de continuar estos emprendimientos en su territorio: o morir y emigrar; decidieron emprender la décimo tercera marcha por el agua y la vida el recién pasado sábado 20 de Agosto.

La jornada se inicio con un rito por el agua a orillas del Río Huasco, el que guiado por el diacono Herman Adaos pidió por la protección del vital elemento así como por todos los seres que viven y se alimentan de él.

Este año estuvo marcado por la participación de jóvenes y niños que como la nueva semilla del Valle luchan y resisten para seguir viviendo en él disfrutando de todo lo que les ofrece. Fue así como la conferencia de prensa que dio el inicio y la arenga a los concurrentes para marchar, fue realizada justamente por niños y jóvenes; quienes entre las cosas que dijeron: “(…) venimos a defender nuestros derechos, que están siendo vulnerados por un estado interesado más en crear capital a través de las empresas, sin importarles el daño que les están haciendo a nuestra gente y nuestro valle. Queremos disfrutar de todos esos días de verano en los ríos, del hermoso paisaje que nos entregan nuestro valles. Debemos estar conscientes que el futuro es hoy, todo lo que construimos hoy será por el bien de nuestros hijos y nietos. No dejemos que seamos oprimidos por el Estado, por el empresariado, haciéndonos creer que tienen el poder sobre nosotros. Organizándonos, masificándonos, manifestándonos podemos conseguir hasta lo imposible. ¡Lucha por el Valle! ¡Fuera Barrick! ¡Fuera todas aquellas empresas que destruyen nuestras tierra y arriba los que luchan! ”.

Con estos mensajes y mucha fuerza  se inicio la marcha desde el Puente Brasil la cual entre una serie de exigencias, gritos, tambores y bronces se abrió camino por las calles de Vallenar: ¡Vecino, Vecina no sea indiferente la megaminería está matando a mucha gente!, ¡Ni chancho, ni termo tampoco mineras, el valle no se vende a ninguna billetera!, ¡Educación, salud y medio ambiente, son nuestros derechos no se venden se defienden! Y ¡de Norte  a  Sur, de este a oeste, daremos la pelea cueste lo que cueste!  así como el ya tradicional Agua sí oro no, se hicieron sentir a eso del medio día.

Alrededor de las 13:00 hrs se llegó a la Plaza de Armas de Vallenar, pero antes de ingresar se realizó un hito fuera de la Gobernación en donde todos los concurrentes pegaron unos carteles que fueron escritos a lo largo de la marcha con exigencias y deseos para el Valle. Carabineros no permitió que se pegaran en las paredes pero con convicción los pobladores del valle las pegaron en el suelo. Mensajes como: “El agua no se vende. Que se vayan los políticos que venden el país”, “Fuera políticos criminales”, “¿Qué haces por el buen vivir? No cumples con lo que te pagan fuera”,  “Que se vayan todas las mineras y las que están por venir ¿Acaso vamos a comer oro?”, “No más termoeléctricas”, “Barrick nos está matando y el Estado trabaja para que se quede“, “Sin agua no vivimos despierten”, se quedaron a los pies de la Gobernación como testimonio innegable de que el Gobierno está haciendo todo lo contrario de los que las comunidades quieren y desean de su territorio.

Luego de ello, todos fueron al escenario principal en donde se leyó el comunicado de la marcha (que adjuntamos) y ahí se compartió conversación y experiencias en un grato almuerzo brindado por los krishnas que vinieron desde el también ahora amenazado Valle del Elqui. “Esta marcha demuestra que estamos vivos y de pie al igual que nuestras demandas, pese a todo lo que han hecho las empresas y el gobierno para dividirnos y hacernos desaparecer en todos estos años. Y no descansaremos hasta vivir nuevamente en un valle que nos brinde vida y futuro en vez de muerte”, concluyeron desde la coordinación de la organización de la marcha.

Ver vídeo de marcha de Enfoque Digital: 

https://www.youtube.com/watch?v=QIf04c6oFTM&feature=share

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Comunicado público

13° Marcha por el Agua y la Vida:

“Entre morir o emigrar de cordillera a mar elegimos dignamente seguir luchando”

Las comunidades de todo el valle hemos tomado conciencia de que la contaminación y destrucción de cualquier punto del territorio afecta de igual manera a toda la cuenca. Las agresiones de las grandes empresas, no deben ser consideradas conflictos aislados. Cada agresión debe ser enfrentada en conjunto por toda la comunidad. Avanzar en la unidad territorial es un imperativo para impedir la destrucción definitiva de nuestro valle.

Casos como el de Coronel, Quintero, Caimanes, Chiloé, Freirina, Huasco y Huasco Alto entre muchos más, comprueban que la aniquilación de los territorios es ya una realidad, y no una amenaza futura que podamos seguir postergando. Todos estos lugares son verdaderas Zonas de Sacrificio donde se ha privilegiado el interés privado por sobre la VIDA y subsistencia de las Comunidades.

El modelo económico impuesto en los últimos 40 años en nuestro valle lo está devastando. Hemos sido víctimas y testigos de los daños irreparables que han causado proyectos como Agrosuper, Pascua Lama, Guacolda y CAP. No menor es el daño causado por Omar Campillay y el uso indiscriminado del monocultivo de la Uva de exportación, y la amenaza de los proyectos CerroBlanco y Nueva Unión.

El impacto de estas empresas en un Valle  saturado con todos los contaminantes, más que nunca, es CONTRA LA VIDA MISMA de todos los seres que habitamos este territorio. La contaminación por metales pesados en nuestros glaciares y Agua, en el aire, en el mar y en la tierra ya no es un riesgo SINO UNA DRAMÁTICA REALIDAD.

Hace algunas semanas denunciamos nuevamente la grave contaminación que sigue causando PASCUALAMA.

Lo decimos con toda claridad, ante Chile y ante el mundo: este proyecto es una bomba de tiempo que amenaza con un desastre medioambiental de dimensiones no conocidas en la historia.

Los habitantes del Valle del Huasco estamos en estos momentos en grave riesgo de contaminación, ya que Barrick, no es capaz de contener las aguas contaminadas de sus letales instalaciones, lo cual es un peligro inminente.

Una vez más, las autoridades, las instituciones y el Estado, de manera criminal, dan la espalda y abandonan a las comunidades para defender el lucro y la avaricia desmedida de privados en vez de la calidad de vida de los ciudadanos. Al Estado no les importan las comunidades, no les importa que la naciente de sus aguas sean destruidas y que las aguas de mejor calidad sean interceptadas por mineras y la agroindustria,  dejando sin el vital elementos a las poblaciones. Tampoco le importan los que mueren de cáncer, ni los niños de nuestro Valle que ya tienen metales pesados en su sangre ni que las aguas de primera calidad sean interceptadas. Sin Agua las comunidades no existen, y el éxodo no podrá ser frenado con la falsa solución de las desalinizadoras que el Estado nos arroja a la cara como único medida posible en vez de frenar el uso indiscriminado de las mejores aguas. De esta manera nos están dejando dos opciones: O MORIR O EMIGRAR. Y ante estas dos posibilidades, y porque no tenemos dudas de que el Agua es nuestro mayor tesoro: una y otra vez les decimos, ¡que elegimos dignamente luchar!

Sabemos que no es un camino fácil. El Estado y sus gobiernos cada vez más ilegítimos y poco representativos, utilizan la prisión política y la criminalización  como estrategia represiva que es avalada por el empresariado y sus medios de comunicación. Encarcelan a luchadores sociales, comuneros mapuches, anarquistas, dirigentes y voceros del movimiento social levantando montajes y falsas acusaciones. Por estos lados, ya hemos sufrido represión, persecuciones y montajes, sin embargo, como lo hemos dicho muchas veces y lo repetimos hoy con más fuerza: Abandonados por el Estado y por una clase política corrupta capturada por el poder económico que gobierna y legisla para proteger sus intereses y privilegios en vez del bien común y los derechos básicos de las personas, a las Comunidades no nos queda otro camino que defender nuestro territorio y nuestra Vida. Porque finalmente de eso se trata: Vida o Muerte.

A diferencia del Estado, en el Valle del Huasco votamos por la Vida y exigimos el derecho de ejercer nuestra soberanía y decisión en el territorio que vivimos y que nos dejaron nuestros abuelos.

Por un sistema que permita la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, por el buen vivir, por una economía local, por una organización autónoma, por una soberanía de nuestros alimentos, por el respeto entre hermanos, por la preservación de nuestro territorio para nuestros hijos. Por todo ello es que decimos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro valor que ENTRE MORIR O EMIGRAR, DE CORDILLERA A MAR, ELEGIMOS DIGNAMENTE LUCHAR!

 

Contactos:

Yahir Rojas +56996536150

Soledad Fuentealba +56963994101

Juan Peñaloza  +56942030319

Constanza San Juan +56962413008

enviado por Asamblea Guasco Alto Comunicaciones <guascoaltocomunicaciones@gmail.com>

Fuente: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2016/08/24/chile-marcha-en-el-valle-del-huasco-por-la-defensa-del-agua-y-la-vida

 

 

Esclarezcámonos sobre cómo se ha maximizado el afán de acaparamiento de los oligopolios: "Quieren acabar con nuestras semillas nativas para imponer sus semillas transgénicas, quieren contaminar nuestra miel, quieren enfermarnos para que sus ganancias sean mayores. A estos empresarios coludidos con el gobierno no les importa si vivimos o morimos, si nos enfermamos o no, lo único que les importa es ganar, ganar y ganar." También valoremos las visiones en perspectiva de comunidades campesinas e indígenas.

 

 

 

Quién protege a las comunidades mayas

11 de abril de 2017

 

Por Ramón Vera Herrera

Esa es la gran pregunta. La lucha jurídica que están dando las comunidades mayas de Quintana Roo en contra de la soya transgénica no es sólo una lucha contra la siembra y comercialización de la soya (convencional o transgénica). Es una lucha frontal contra el despojo generalizado que han ido activando los poderes fácticos de la Península de Yucatán para erradicar a las comunidades campesinas mayas, arrancándoles selva (así a lo cabrón, con cadenas enormes arrastradas por tractores que desmontan de cuajo). Quieren acapararles tierras de cultivo, desmantelar derechos ejidales, desaparecer lengua, tradición, modos y saberes de trabajo, justicia, educación y semillas nativas e identidad con tal de implantar un espacio para predar obteniendo rápidas ganancias.

El caso jurídico lo han logrado llevar tan bien las comunidades agrupadas en el Consejo Regional Maya de Bacalar y el Colectivo de Semillas Nativas Much Kanan L’inaj junto con sus asesores legales, que ya lograron escalar sus argumentos hasta la Suprema Corte de Justicia, instancia que sigue sin definirse sobre el fondo del asunto planteado por los demandantes: la cancelación de los permisos otorgados para siembra y comercialización de soya transgénica en el espacio de Quintana Roo.

Su caso es paradigmático porque se diferencia de los procesos jurídicos del resto de la península: en Campeche y Yucatán lograron una suspensión de la siembra mientras se opera una consulta que ya impugnan, por sus irregularidades, las comunidades mayas de ambas entidades. En Quintana Roo los demandantes insistieron que no quieren consulta sino la suspensión y cancelación de los permisos, motivo y causa de la demanda, siendo obvio que ésta implica un rechazo a la soya, al otorgamiento de tales permisos.

Desde fuera, la misma sociedad civil ha sido omisa en pronunciarse al respecto. La moda de la consulta como fin, cuando es sólo un instrumento para recabar el consentimiento o rechazo previamente informados, ha implicado que ciertas ONG pregonen y promuevan la consulta como manera fácil de lograr una cierta “victoria parcial” que viste, da puntos con los financiadores y parece que rindió frutos.

El compromiso de las comunidades mayas de Quintana Roo hace que insistan en la cancelación de los permisos y en que la consulta pase a un segundo plano, pues además de la demanda, asamblea tras asamblea van recabando actas firmadas y certificadas con el rechazo evidente a tal invasión.

No sólo se trata de la soya transgénica. Las comunidades mayas extienden su rechazo al modelo de monocultivo industrial de gran escala, que implica agroquímicos, deforestación y contaminación generalizada. Rechazan las enfermedades atípicas y las mutaciones que aparecen por doquier tras años de mecanización con agroquímicos y semillas de marca.

Pero las compañías asentadas promueven a los recientes colonos menonitas a que apliquen sus paquetes tecnológicos de punta, ya que siendo defensores a ultranza de su cultura tradicional cerrada, la tecnología extrema les permite relacionarse poco con las comunidades mayas, que serían las que naturalmente podrían colaborar en las labores de una agricultura campesina de soberanía alimentaria que siempre implica tender relaciones, acercamientos, comunidad.

Por lo anterior, en uno de sus más recientes comunicados a la opinión pública, las comunidades mayas del poniente de Bacalar se posicionan con motivo de la pendiente sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ):

Nosotros y nosotras, apicultores, apicultoras, milperos, campesinas y cuidadores de las semillas nativas, queremos compartirles un poco de lo que hacemos todos los días en nuestro caminar por estas tierras [...] cuidamos las semillas nativas como parte de nuestra propia vida ya que sin ellas no podríamos subsistir, cuidamos y convivimos con las abejas porque nos proporcionan la miel, que es la esencia de las flores y de la vida misma, cuidamos el maíz ya que es la semilla con que nuestra madre tierra nos alimenta todos los días; en nuestra lengua se dice Ixí’im, que significa seno de mujer.

Para nosotros como pueblo maya la milpa no es monocultivo, no es mecanizado, sino que es la variedad de cultivos que obtenemos de la tierra que nos proporciona una sana alimentación. Sin embargo, últimamente han llegado marcas de semillas y productos extranjeros elaborados a base de químicos sintéticos y glifosato que contaminan la tierra, el agua y por si fuera poco, la miel que es una parte fundamental de nuestra vida. Quieren acabar con nuestras semillas nativas para imponer sus semillas transgénicas, quieren contaminar nuestra miel, quieren enfermarnos para que sus ganancias sean mayores. A estos empresarios coludidos con el gobierno no les importa si vivimos o morimos, si nos enfermamos o no, lo único que les importa es ganar, ganar y ganar.

Hace ya casi 5 años, preocupados al enterarse que el gobierno federal otorgó un permiso por tiempo indefinido a la empresa Monsanto para “sembrar semillas transgénicas en sus territorios” la gente de las comunidades buscó la información que el gobierno les negó, y comenzó a indagar qué tipo de empresa era Monsanto.

Así nos enteramos de la triste situación que se vive en las comunidades de otros pueblos hermanos del sur de este continente arrasadas por la soya transgénica desde hace más de una década. Fue entonces que entendimos y nos preocupamos por el peligro y el grave riesgo de lo que enfrentaríamos en nuestras propias comunidades.

Sabemos que la siembra de esa soya transgénica autorizada requiere la aplicación de, cuando menos, dos millones de litros de glifosato al año; sabemos también que, desde el 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato como posible cancerígeno y que por las características de nuestros suelos, todos esos millones de litros de agrotóxico irán a parar a nuestras aguas subterráneas. Sabemos bien lo que significa la implementación de este proyecto para nuestra vida y nuestra cultura: deforestación, pérdida de nuestras especies animales y vegetales, mortandad de abejas y pérdida de la apicultura, contaminación del agua y riesgos a la salud de quienes aquí habitamos, además del despojo de nuestros recursos naturales.

[...] En Campeche también ya se ha demostrado la gran contaminación del agua subterránea, y no sólo del agua sino que se ha encontrado glifosato hasta en la leche materna.

Sus argumentos son directos, muy vastos en sus repercusiones. La SCJ acaba de otorgar una suspensión de siembra mientras se consulta a las comunidades, pero se quiere activar un proceso de integración de programas de gobierno [el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán] que articulará políticas públicas que potencian el despojo, dividen a las comunidades y confunden a la gente, llamando “sustentabilidad” a los servicios ambientales, ofreciendo dinero por “cuidar el bosque” y capturar carbono hasta con la misma milpa, algo terrible por el trastocamiento del principio sagrado en que se basa la milpa.

Se habla de una “economía verde”, que en realidad implica especular con lo que las comunidades han hecho siempre, mientras se preparan para expulsarlos a las ciudades o esclavizarlos en los invernaderos planificados por la “intensificación de cultivos” y por las asociaciones público-privadas, tan preciadas por el secretario José Calzada Rovirosa de parte del Foro Económico Mundial (WEF), con su cauda de acaparamiento de tierras, agricultura industrial, envenenamiento generalizado y precarización de la vida en las comunidades.

La suerte está echada. Dicen las comunidades: “Los ministros de la segunda sala de la SCJ tienen la oportunidad histórica para reivindicarse como verdaderos promotores de la justicia o como defensores de las empresas. Esperamos que su compromiso con los pueblos originarios de este país los puedan acercar a la justicia con dignidad”.

Suplemento Ojarasca, abril de 2017

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Quien_protege_a_las_comunidades_mayas

 

 

Descubramos otros aspectos de la «reforma agraria integral» mirando a la soberanía alimentaria  que interpelan a los diversos de una comunidad.

 

 

Argentina: Las luchas contra la contaminación y

por una alimentación y vida sanas se fortalece

en la provincia con solidaridad, compromiso y democracia directa

10 de abril de 2017

 

Mientras el avance del gobierno actual no hace más que empeorar el panorama que proponían los anteriores gobiernos del Patriarcado Capitalista argentino, y en medio de movilizaciones, paros y represión, también en el campo, el Pueblo se organiza, participa, propone y practica nuevas formas de vida, resiste.

Ayer, viernes 07 de abril, a las 18 hs. se realizó una Audiencia Pública en el Honorable Concejo Deliberante de San Andrés de Giles, Bs As para exponer argumentaciones en torno a la problemática de los agrotóxicos y la salud.

Una Audiencia Pública es una forma abierta de participación ciudadana en la que especialistas y ciudadanxs se encuentran a exponer sobre un tema importante para la comunidad. Fue convocada por vecinxs agrupadxs bajo el nombre “Ambiente Saludable San Andrés de Giles” (ASSAG) y su empeño y fuerte trabajo hicieron posible esta audiencia, inédita en la localidad. Disertarán especialistas sobre distintos temas vinculados al objeto de la AP. Algunxs de lxs expositorxs convocadxs por Ambiente Saludable, son: Ana Zabaloy, docente; Fernanda Sandez, periodista; Jorge Kaczewer, médico; Gabriel Arisnabarreta, agroecólogo; Andrea Tortorolo, agroecóloga; Fernando Cabaleiro, abogado; Carla Poth, politóloga; Mauricio Miglioranza, agrónomo.

 Este encuentro fue importante porque en las semanas siguientes se deberá trabajar en una nueva ordenanza sobre agrotóxicos y se espera que se redacte una inspirada en la salud de todxs y no en los intereses económicos de pocxs. Cabe destacar que “Ambiente saludable SAG” también presentó un proyecto de ordenanza.

Continuando con los encuentros de solidaridad, luchas y acciones colectivas, el sábado 08 y domingo 09 de abril se realiza el ESABA 2017 (Encuentro Socioambiental de Buenos Aires), en Marcos Paz, organizado por la Multisectorial contra el Agronegocio “La 41”. Allí se darán espacios de debate para lxs participantes, miembros de asambleas, multisectoriales y organizaciones sociales que trabajan sobre distintas problemáticas ambientales de la Provincia y la Ciudad de Bs As. Será un encuentro donde a partir de distintas actividades, se podrá socializar las problemáticas ambientales que existen en cada lugar y buscar colectivamente las salidas a estos problemas, poniendo en práctica la democracia directa. Para participar es necesario inscribirse AQUÍ.

Por otra parte, la agrupación “Ecos de Saladillo”, de la localidad de Saladillo impulsa una convocatoria para presentar, el 22 de abril- Día de la Tierra, ordenanzas que promuevan la agroecología. Varias organizaciones y asambleas de la Argentina han acordado presentar en cada Concejo Deliberante municipal o comunal un proyecto de ordenanza que promocione y estimule la agroecología como el modelo pertinente y necesario para producir alimentos. Quien se interese, deberá escribir un mail a ecosdesaladillo2013mail.com y recibirá una ordenanza como guía, que cada organización o asamblea podrá adaptar o modificar de acuerdo a su mirada y realidad de cada lugar.

Semanas más tarde, el “Colectivo Orillerxs” que reúne a personas de Open Door, San Andrés de Giles, Carlos Keen, Villa Ruiz y Jáuregui, invita a una Vuelta a la Tierra los días 06 y 07 de mayo en Parada Libertad, Carlos Keen e invita a sumarse a esta actividad, escribiendo a encuentroporlatierra@hotmail.com o FB: Colectivo Orillerxs.

Noticias ANCAP

Leer 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, precisamos enfocar el imperativo de «reforma agraria integral» como poder de todos los pueblos de erradicar:

El conflicto capital-planeta

11 de agosto de 2016

Por Rafael Silva Martínez (Rebelión)

"Creo que no lograremos derrotar al capital con nuestros propios medios. Quien derrotará al capital será la Tierra, negando los medios de producción, como el agua y los bienes de servicio, obligando a cerrar las fábricas, a terminar con ilusorios grandes proyectos de crecimiento" (Leonardo Boff)

Para el Marxismo clásico únicamente existía (y continúa existiendo) el conflicto capital-trabajo, expresado de varias formas, pero sobre todo, en la desigual correlación de fuerzas que representa el modelo de producción capitalista, en lo que se refiere al control y la propiedad de los medios de producción. El Socialismo del siglo XXI ha de luchar, como no podía ser de otra forma, contra este conflicto, pero a raíz de las aportaciones de las corrientes ecologistas, naturalistas y animalistas, hemos de contemplar también la resolución de otro gran conflicto, que pudiéramos denominar conflicto capital-planeta. Porque en efecto, la crisis del modelo de civilización occidental, expresado como la globalización del capitalismo en su fase neoliberal, arrastra no sólo los clásicos conflictos que ya definieran perfectamente Marx y sus colaboradores, sino que en su nueva fase de explotación global a escala planetaria, la crisis civilizatoria del capital se enfrenta a la destrucción de la naturaleza, de sus recursos básicos y vitales, de las materias primas fundamentales, y de la destrucción del equilibrio de todos los ecosistemas que permiten la vida en nuestro planeta. 

El conflicto capital-planeta ha de ser entendido como un conflicto derivado, consecuencia del propio conflicto originario capital-trabajo. En última instancia, otra derivación del capitalismo. Y ello porque en su afán de expansión sin límites, el capitalismo no tiene otra salida más que continuar depredando las únicas fuentes de riqueza que encuentra, siendo éstas en última instancia las que el propio entorno natural posee. Y así, el fenómeno que hemos dado en llamar "Cambio Climático", expresado evolutivamente de mil formas distintas y con consecuencias devastadoras para todas las especies y seres vivos que habitan el planeta, no es más que la consecuencia última, terminante y definitiva derivada de la funesta acción del capitalismo sobre la faz de la tierra. Y así, el extractivismo sin límites, el especismo despiadado, la paulatina descomposición de todos los elementos naturales básicos (el mar, el aire, los bosques, el agua...), el acaparamiento y la escasez de recursos naturales (fundamentalmente el agua y el petróleo), todo ello unido a la guinda del pastel que supone la instrumentalización de la guerra como continuación del negocio capitalista, nos dibujan un desolador panorama que conducirá más temprano que tarde a la autodestrucción de nuestro planeta por parte del ser humano. 

En realidad, el conflicto capital-planeta se ha agudizado como consecuencia directa de la mayor competencia internacional (derivada de la propia globalización y de la implantación de perversos tratados comerciales), y de la producción masiva de productos a partir de la transformación de materiales mediante el consumo de energías fósiles. Los modelos energéticos alternativos y renovables, cuya eficacia y eficiencia están sobradamente demostradas, están siendo ignorados expresamente por vasallos gobiernos al servicio de las grandes corporaciones transnacionales, que únicamente contemplan el aumento de sus cuentas de resultados. Esta competencia internacional se manifiesta en una carrera por el acaparamiento de los recursos naturales, en una demencial espiral diabólica que está destinada no sólo a su agotamiento, sino también, dada su creciente escasez, a la privatización de los derechos de acceso a dichos recursos. Y mientras los gobiernos de países "desarrollados" miran hacia otro lado, miles de millones de seres humanos y de otras especies mueren de hambre o de sed, o de enfermedades que podrían curarse si los medicamentos no fueran también una mercancía en manos de depravadas corporaciones internacionales. Hoy día ya la amenaza ecológica es de tal envergadura, que es imposible pensar ningún proyecto político mínimamente razonable que no integre de forma transversal la perspectiva ecológica, y que no diseñe un horizonte de sociedad que se nutra de fuentes energéticas sostenibles, limpias, naturales y renovables. 

Las alternativas son muchas y de muy diversa índole, pero el problema fundamental es de voluntad política para ponerlas en marcha, y de cortedad de miras bajo modelos sociales alienados por los valores capitalistas. Muchos modelos, más o menos integrados, más o menos directos, de mayor o menor envergadura, más o menos radicales, se perfilan como soluciones: desde el tímido "capitalismo verde", pasando por el llamado "ecosocialismo", los modelos y patrones del "decrecimiento", austeridad (bien entendida, no como el falso paradigma neoliberal), diversos patrones de responsabilidad ambiental ( comercio justo, consumo responsable...), hasta quizá las soluciones más integrales, englobadas en los diversos paradigmas que se han englobado bajo la expresión del "Buen Vivir", que preconizan, desde el reconocimiento básico de los derechos de la Madre Tierra (esto es, el reconocimiento de la propia naturaleza como sujeto de derechos), pasando por una revolución en todos los modelos de producción, energéticos, de distribución, de consumo y de desecho. Ante el conflicto capital-planeta, nos encontramos en una paradójica pero peligrosa situación, en la cual están diseñadas las alternativas, pero no existe una generalización en torno a la concienciación global de la gravedad del mismo. 

A pesar de las continuas evidencias científicas que cada día se aportan, y de los innumerables foros donde se conciencia sobre el tema, y se publican solemnes declaraciones de intenciones (la COP21 de París ha sido la última), no existe como decimos una clara determinación en cuanto a la adopción generalizada de políticas sociales, económicas y energéticas que puedan reducir los efectos del conflicto, pero sobre todo, que puedan atajarlo desde su base, esto es, alterando la filosofía de las relaciones de producción capitalistas. Y es que desde hace mucho tiempo que las sociedades (sobre todo las más desarrolladas) profesamos un total desprecio hacia el medio ambiente y sus leyes naturales, y únicamente se expresa, a escala tanto local como global, una voracidad sin límites en busca del beneficio de una minoría (estimada ya en el 1% más rico del planeta), cueste lo que cueste. El poder de dicha minoría es tan absoluto, y sus intereses tan irracionales y miopes, que resulta extremadamente complicado revertir dicha tendencia. Ese desprecio hacia el medio ambiente se manifiesta bajo multitud de criterios, que se trasladan después a hechos políticos determinados: políticas de trasvase, destrucción de costas, construcciones faraónicas, proyectos insostenibles, incumplimiento de normativas ambientales, extractivismo descontrolado, y progresiva destrucción de los ecosistemas naturales.  

El expolio que la propia naturaleza viene sufriendo durante las últimas décadas de globalización capitalista no tiene límites, o mejor dicho, sí los tiene, y son los límites de un planeta y de unos recursos limitados y finitos. Por tanto, el conflicto capital-planeta está servido: el capitalismo ya sólo puede crecer a costa de destruir el medio natural, y no puede dejar de crecer porque es parte de su esencia, su razón de ser. Además, no es concebible una sociedad desregulada social y económicamente, y regulada ambientalmente, porque ambos parámetros entran en clara contradicción. De hecho, una de las primeras medidas que han ido aplicando los gobiernos conservadores y neoliberales en todo el mundo ha sido justamente destruir la legislación medioambiental, que había sido impulsada tiempo atrás por la presión social, los movimientos ecologistas y los gobiernos socialdemócratas. La nueva hornada de salvajes tratados comerciales (TPP, TTIP, TISA...) ponen también su foco en dicha legislación, que las grandes corporaciones entienden como una "barrera" para el comercio transnacional. Esta desregulación ambiental afectará profundamente a la calidad de vida de la población, porque provocará un encarecimiento de las materias primas, gravísimas hambrunas, migraciones masivas, éxodos de población y desarrollo de nuevas enfermedades, lo que limitará la supervivencia de la especie humana y la de otros muchos animales. 

¿Cómo podemos y debemos enfrentarnos al grave conflicto capital-planeta? Defendiendo a capa y espada al medio ambiente, tomando conciencia de la gravedad de dicho conflicto, cambiando profundamente los modelos de relaciones productivas y sociales, por lo que su defensa consecuente pasa necesariamente por el progresivo abandono del modelo actual, y la progresiva migración hacia modelos anticapitalistas, lo que implica también asumir que la revolución ecológica es también una revolución pendiente de primer orden que debemos poner en marcha. No basta con los formales apoyos a la defensa del medio ambiente y las tímidas y contradictorias leyes y medidas prácticas, que de vez en cuando se perfilan para parchear el grave conflicto, sino que será necesario asumir la lucha ecológica como otra cara, otra faceta imprescindible en la lucha contra el modelo capitalista, y avanzar consecuentemente en un modelo de producción y de desarrollo absolutamente distinto: bajo otros moldes, con otros objetivos, con otros valores, con otros medios. En palabras de Homar Garcés: "Se hace imprescindible, por consiguiente, el surgimiento inaplazable de nuevos paradigmas culturales y económicos que tengan como rasgos destacados la interculturalidad, una filosofía de vida alejada de la lógica del capitalismo y un nuevo patrón de relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza que sirvan como muro de contención a las ambiciones hegemónicas de los grandes centros de poder político y económico existentes". 

En vez de en el beneficio monetarista, pongamos el foco en los otros parámetros donde debemos crecer, tales como la solidaridad, los derechos humanos, la paz, la justicia social, la igualdad. Existen otros parámetros para medir el progreso y las necesidades humanas que tenemos que poner en valor. Ya no es un simple deseo, una ilusión o una quimera idealista, sino una imperiosa necesidad, si no queremos destruir todo lo que nos rodea. La necesidad de alcanzar una sociedad basada en la colaboración y la solidaridad frente a la competencia, en el aprovechamiento frente al despilfarro, en el respeto y goce de la naturaleza frente a su explotación y destrucción. Pero esto también nos obligará a cambiar nuestro concepto de ser humano con una concepción de la felicidad contraria a la cultura impuesta por el capital. Con el derecho al tiempo, al ocio, al disfrute, a la libertad y a la diversidad. Nuevas escalas de valores y una nueva concepción del trabajo también deberán imponerse. En caso contrario, el conflicto capital-planeta nos estallará en nuestras propias narices, y no podremos hacer ya nada por evitar que nos arrastre por los derroteros de su destrucción. De hecho, quizá sea ya demasiado tarde. 
Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215435

 

 

Multipliquemos a lo largo y ancho del país-continente-mundo a la reunión de "más de 500 académicxs, intelectuales, activistas y estudiantxs de veinte países del mundo, principalmente de Latinoamérica, en torno a un denominador común: lo comunitario, la comunalidad, lo común; y la manera en que desde ahí se piensan y se practican realidades de lucha frente al capitalismo".

 

 

Reflexiones en torno a una potente veta de pensamiento crítico para el presente

¿Qué fue el Primer Congreso Internacional de Comunalidad?
27 de noviembre de 2015

Por Huascar Salazar Lohman (Rebelión)

 

Entre el 26 y el 29 de octubre de 2015, en la ciudad de Puebla (México), se llevó cabo un importante evento: El “Primer Congreso Internacional de Comunalidad. Luchas y estrategias comunitarias: horizontes más allá del capital”. Este acontecimiento, organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSyH) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), junto a la Academia de Comunalidad de Oaxaca y al Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de un conjunto grande de otras instituciones, organizaciones y colectivos que apoyaron y acompañaron; logró reunir a más de 500 académicxs, intelectuales, activistas y estudiantxs de veinte países del mundo, principalmente de Latinoamérica, en torno a un denominador común: lo comunitario, la comunalidad, lo común; y la manera en que desde ahí se piensan y se practican realidades de lucha frente al capitalismo.

En esos días se instalaron alrededor de 40 simposios que abordaron diversas temáticas: reproducción comunitaria de la vida, género y luchas de las mujeres, ecología política, gobiernos progresistas, migración, vida urbana, historia y memoria, luchas indígenas, problemas epistemológicos y desafíos teóricos, y muchas cuestiones más; la mayoría de ellas puestas a discusión desde la clave de la producción de lo común. Entre los cientos de personas que nos encontramos ahí, nos escuchamos y nos dimos cuenta que desde la interpretación heterogénea del mundo –eso que también reivindicamos– hablábamos de cosas comunes: de una manera no estadocéntrica de pensar la transformación social; de la potencia de una política que emerge desde abajo, desde las actividades centradas en el cuidado de la vida y desde dónde se posiciona una legitima manera de organización colectiva de la sociedad; de la crítica tenaz a la modernidad capitalista sostenida en la explotación y a sus formas políticas de organización de la vida que expropian la decisión colectiva. En fin, este congreso, sirvió, entre otras cosas, para poner en común sentidos compartidos para el despliegue de tejidos sociales rebeldes.

Por este motivo es que no fue un congreso académico clásico, de esos acartonados en los que lo que importa es el flujo de conocimientos especializados entre gente especializada. La mayor parte de los participantes del Congreso de Comunalidad, compartieron sus experiencias y formas de comprensión del mundo desde la necesidad de construir un conocimiento colectivo y útil para afrontar la permanente agresión –últimamente intensificada– del capital. En este particular momento en el que tanto gobiernos neoliberales como gobiernos progresistas promueven políticas de muerte y despojo, el dotarnos de palabras con sentido político común para afrontar las luchas desde posicionamientos fértiles que superen el ya tan trillado posibilismo estatal –oferta de la mayoría de las propuestas partidarias de la izquierda estatalista–, ha sido muy provechoso. La seriedad del congreso no se midió por la suntuosidad, ni los grados académicos, ni las miles de páginas de las ponencias de los participantes del evento; sino por la profundidad de las experiencias compartidas; por la búsqueda de conocimientos colaborativos; por la legitimación de discusiones que emergen de los sentires y no desde aquella racionalidad moderna y masculina que intenta mostrarse como neutra y objetiva. La mayoría de las discusiones –teóricas o no– tuvieron su origen en sentidos prácticos y no, parafraseando a Silvia Rivera Cusicanqui, en pensamientos rancios que sólo se nutren de otros pensamientos. Muchas de estas discusiones han quedado condensadas en el “Pronunciamiento del Comité Organizador” del congreso2.

Varixs intelectuales conocidxs arribaron desde distintas latitudes, nos acompañaron y se volvieron parte del evento: Silvia Federici, Jaime Martínez Luna, Raúl Zibechi, Silvia Rivera Cusicanqui, Sinclair Thomson, Márgara Millán, Luis Tapia, Luis Hernández Navarro, Horacio Machado, Sarela Paz, Gustavo Esteva, entre otrxs más. Lo interesante fue que lo que principalmente convocó a estas personalidades fue un compromiso y una afinidad política, la formalidad académica quedó en un segundo plano. Ellxs participaron de las mesas centrales, pero también fueron parte de los múltiples simposios y de las actividades culturales que se realizaron. Fue un momento en el que ellxs –lxs más conocidxs– y todo el resto, quizá menos conocido pero con compromisos muy similares nos reafirmamos en nuestra convicción de que no estamos solxs y de que hay muchas cosas por hacer en conjunto. Así pues, desde este Congreso de Comunalidad también se hizo un esfuerzo por consolidar solidaridades recíprocas con distintas luchas, desde la mapuche en Chile, hasta las zapatista en México, siempre apostando por la política que brota desde abajo.

Otro elemento que es importante resaltar es el porqué de este congreso en Puebla. El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP vio, hace ya varios años, nacer y cultivarse una veta muy fértil del marxismo abierto, aquella impulsada por intelectuales como John Holloway y Sergio Tischler, entre muchxs otrxs. Sin embargo, en debate recíproco y nutritivo con aquel espacio, durante estos últimos años, se ha venido consolidando una nueva escuela de pensamiento en la que Raquel Gutiérrez, Mina Lorena Navarro y Lucia Linsalata son sus máximas exponentes y confluyen en el Seminario de Investigación Permanente: “Entramados comunitarios y formas de lo político”. Esta escuela de pensamiento –de la cual varixs de los participantes en el congreso hemos abrevado y nos sentimos parte– ha venido aportando una mirada renovada y fértil sobre, entre otras cosas, la concepción de lo comunitario desde la reproducción de la vida, es decir, desde todas aquellas actividades colectivas –principalmente femeninas– centradas en dar continuidad a la vida (no al capital) y que resultan ser profundamente políticas, subversivas y anticapitalistas.

Hace un año atrás, en el marco de un pequeño coloquio en el que participaron Márgara Millán del CELA/UNAM y Jaime Martínez Luna de la Academia de Comunalidad - Oaxaca, nació la idea de hacer un gran congreso sobre lo comunitario, la comunalidad y lo común, en ese momento se acordó que se denominaría “Congreso de Comunalidad” por ser la “comunalidad” un término con mucho sentido político y que aglutina múltiples experiencias colectivas y de luchas en México, particularmente en la región de Oaxaca. El seminario de “Entramados comunitarios y formas de lo político”, junto a una serie de personas y colectivos asumieron el reto de organizar dicho evento y de acuerpar esfuerzos con tal fin. Lo que las personas que hacen parte de este espacio de pensamiento demostraron fue una gran capacidad de organización y de articulación entre su hacer intelectual y su experiencia en el activismo, y, además, el esfuerzo de muchos años de todxs ellxs se vio reflejado en el gran despliegue de trabajos en forma de libros, fotos, revistas, etc., que fueron presentados durante el evento.

El congreso tuvo una serie de repercusiones y seguramente las seguirá teniendo hacia adelante. La mayoría de los comentarios y opiniones encontraron que el Primer Congreso de Comunalidad fue un espacio muy útil para compartir experiencias, para encontrarnos entre lxs que andamos haciendo cosas parecidas en latitudes diferentes, para tejer lazos de amistades politizadas, para conocer y solidarizarnos con lo que ocurre en otros lugares, para mirarnos auto-críticamente; en fin, para, de alguna manera, construir un común. También fue muy interesante ver como surgieron las críticas, en su mayoría provenientes de espacios intelectuales que actualmente soportan ideológicamente a los gobiernos progresistas. Lastimosamente, la mayor parte de esa crítica fue excesivamente dogmática, poco argumentativa, centrada en la descalificación personal y, lo peor de todo, imprecisa y faltante a la verdad; esperamos que esto cambie con el tiempo para poder entablar un debate serio en torno al acontecer político de la región.

Se vienen más congresos como éste. Esperamos tener el siguiente en dos años, aún no se decidió la sede –¿será Guatemala, Bolivia, Argentina, México?–, pero más allá de eso, estamos seguros que será nuevamente un espacio profundamente rico para la discusión, y además esperamos que, entre congreso y congreso, otras experiencias y proyectos también se gesten y se consoliden. 

1 Huáscar Salazar Lohman (1983). Economista boliviano, vivió seis años en México donde realizó sus estudios de posgrado. Su más reciente publicación: “Se han adueñado del proceso de lucha” Horizontes comunitario-populares en tensión y la reconstitución de la dominación en la Bolivia del MAS (2015). Es miembro de la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos.

2 http://www.congresocomunalidad2015.org/pronunciamiento-del-comite-organizador/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206154

 

 

 

Busquemos claridad y precisión sobre el potencial imbatible, a desplegar por los pueblos, que es la comunalidad.

 

 

 

Pronunciamiento del Primer Congreso Internacional de Comunalidad
8 de noviembre de 2015

El Comité Organizador del “Primer Congreso Internacional de Comunalidad. Luchas y estrategias comunitarias: horizontes más allá del capital”, que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, México, durante los días 26, 27, 28 y 29 de octubre de 2015, realizamos el siguiente pronunciamiento público en torno a una serie de temas y preocupaciones que fueron abordados a detalle durante estos días de discusión y reflexión:
 

  • Ante los violentos procesos de despojo material y simbólico a los cuales se enfrentan los pueblos de América Latina y el mundo, desencadenados por la dinámica incesante del capitalismo global que trata de convertir toda relación social y toda relación humana con la naturaleza en un vehículo para la producción de ganancias para unos cuantos; es fundamental apuntalar las luchas sociales que emergen cotidianamente desde el sentido y la práctica común de los pueblos y colectivos  por garantizar la reproducción colectiva de la vida. Estas luchas, que emergen desde saberes, conocimientos y haceres compartidos de mujeres y hombres que día a día reproducen su existencia, son la base de una emancipación siempre en curso.
     
  • La comunalidad, lo comunitario, lo común, son nombres que refieren a una relación social en la cual el centro de la actividad humana es la reproducción de la vida compartida, a partir del establecimiento de una serie de tejidos colectivos que emergen desde la capacidad autónoma de las personas de autogobernarse, autorregularse. Desde la palabra que circula y acuerda, y desde los acuerdos en los que autónomamente nos obligamos, brota la capacidad y la habilidad para ocuparnos de los asuntos que en común nos atañen. Lo común, lo comunitario, la comunalidad no es una condición inalterada de la existencia humana, no es una esencia: es una producción sistemática a partir del trabajo de servicio, de faena, de tequio, de cax´qol, del trabajo en común que se teje colectivamente para materializar los acuerdos. Si bien son los pueblos indígenas, con profundas raíces históricas, los que más experiencia y práctica tienen en producir estas relaciones compartidas y comunes, eso no significa que éstas no estén permanentemente actualizadas y que puedan ser producidas en otros ámbitos, en otras latitudes, y en espacios tan duros como los urbanos. La comunalidad, lo común, lo comunitario es una relación social y una multiplicidad de prácticas que se materializan en una diversidad de presentes  que apuestan y pugnan por la vida. No es, bajo ningún punto de vista, una mera etiqueta (de la cual intentan apropiarse los organismos internacionales de crédito o las organizaciones filantrópicas).
     
  • Como profesorxs, estudiantes, luchadores e intelectuales de distintas latitudes y con diferentes temáticas de interés, planteamos la necesidad de producir un conocimiento que sea útil para las luchas por lo común y el cuidado de la vida. Es fundamental una reflexión epistémica que revise el sentido que asume el conocimiento que se elabora desde las ciencias sociales y que plantee y/o recupere formas de conocer que se articulen y se produzcan a la par del hacer de los pueblos, sus luchas y sus horizontes emancipadores, rompiendo con la presuntuosa, falaz y estéril aspiración de ser un conocimiento “superior”. Se deben propiciar debates fértiles en torno a la labor intelectual para potenciar un conocimiento que vaya más allá de la autoreferencialidad  y la legitimación de la dominación.
     
  • El panorama político de América Latina evidencia que si bien existen países en los que se ha dado continuidad a un programa neoliberal, mientras que en otros se han impulsado procesos de transformación estatal a los cuales se ha denominado como  “progresistas”, el denominador común de ambos modelos es el despojo, el extractivismo y la intensificación de la explotación (que incluye novedosas formas financieras), que derivan en una agresión directa a las formas comunitarias y populares de organización de la vida. Bajo la égida del desarrollo, ya sea a través de un patrón de acumulación que gire en torno al mercado o a otro centrado en el control estatal, los gobiernos de la región han quedado insertos en una práctica que tiende a consolidar la necesidad capitalista de controlar la vida, que en realidad la niega y la deforma, imponiéndose casi siempre a través de la represión, la judicialización, la tortura y la muerte. Por tanto, es necesario repensar las posibilidades de acción política a partir de una clave que subvierta la política liberal estadocéntrica que fácilmente se conjuga con un “neodesarrollismo”, para volver a mirar, impulsar y entender la política que desde abajo se practica; esa otra política que busca todo el tiempo  trastocar y subvertir las herencias de la modernidad capitalista apostando a veces por la  construcción de modernidades alternativas.
     
  • Puebla, México, sede del Primer Congreso Internacional de Comunalidad, es una ciudad y un estado parte de un país que durante estos últimos años ha vivido una escalada de violencia desgarradora. La política estatal en resguardo de los grandes capitales nacionales y transnacionales –legales e ilegales–, nos ha colocado en un estado de guerra. En esa guerra los “enemigos” del estado somos nosotros, los hombres, las mujeres y en general los pueblos que oponemos resistencia a los procesos de despojo de recursos comunes y luchamos contra la incrementada explotación del trabajo. El amedrentamiento, persecución y asesinato de miles de personas, la mayoría luchadoras y luchadores cotidianos, por parte del aparato represivo del estado o de organizaciones criminales, que en la mayoría de los casos asumen una función paraestatal represiva, se ha convertido en el mecanismo de contención de cualquier posibilidad de emancipación. Ante esta situación es fundamental, hoy en México, y también en cualquier otro país, reconstituir e impulsar los tejidos sociales que permitan resguardar la vida en torno a acciones colectivas que sean capaces de poner límites a la ofensiva de la dominación. Hace poco más de 13 meses, 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos por policías municipales y miembros del grupo paramilitar Guerreros Unidos, con conocimiento de miembros del ejército y de la Policía Federal. Esta misma noche fueron vilmente asesinados 3 otros estudiantes de la Normal y 3 personas más, todxs a manos de fuerzas estatales. Los 43 se sumaron a más de 27 mil desaparecidxs, y lxs asesinadxs a más de 153 mil desde que inició el sexenio de Felipe Calderón, cuando empezó la guerra en contra del narcotráfico, que es, en realidad, una guerra contra el pueblo mexicano. La rabia y la indignación por estos hechos de barbarie, por los anteriores y por los que siguieron nos ha nutrido en este congreso, desde donde exigimos la aparición con vida de todxs lxs desaparecidos en México y ratificamos nuestro compromiso con la lucha contra la desaparición, el feminicidio, la tortura y la muerte. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
     
  • Nos solidarizamos y manifestamos nuestro compromiso, también, con las distintas luchas por la defensa de lo común, del agua, del territorio; por trabajo digno y contra el despojo múltiple que ocurre en cada vez más lugares de México, de América Latina y del mundo.