Qué Economía

Abril 2017

Con lucha de la diversidad de abajo por la soberanía alimentaria contra el sistema global de agronegocios.

 

 


 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Pensemos, no es ser extremista ni menoscabar la dura realidad represora durante los años de genocidio planificado, pero la democracia desde los ochenta hasta hoy garantiza la conciliación de la diversidad de abajo con los opresores y el constante crecimiento expoliador de los últimos a expensas de destruir el país y de avasallar a los pueblos e individuos, familias... Constatemos en qué consiste la dictadura oligopólica tanto en el plano local como mundial y hasta dónde llega.

 

 “Del campo al plato” de Xavier Montagut y Esther Vivas
31 de marzo de 2017

 

Por J. C. Gª Fajardo 

La alimentación no es hoy un derecho garantizado. El creciente monopolio del sector agroalimentario supedita la necesidad de comer al lucro económico. Unas pocas empresas transnacionales controlan cada uno de los tramos de la cadena alimentaria, desde la producción en origen pasando por la transformación hasta la distribución final, consiguiendo enormes beneficios gracias a un modelo agroindustrial liberalizado y desregularizado.

Se trata de un monopolio que les permite ejercer un fuerte control a la hora de determinar qué consumimos, a qué precio, de quién procede, cómo ha sido elaborado, a la vez que cuentan con el apoyo explícito de gobiernos e instituciones internacionales que anteponen los beneficios de estas empresas a las necesidades alimentarias de las personas y el respeto al medio ambiente.

La actual crisis alimentaria pone de relieve esta grave situación. Hoy, la cifra de hambrientos a escala mundial sobrepasa los mil millones de personas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), más que antes de que empezara la crisis. Paradójicamente, nunca en la historia se habían producido tantos alimentos como ahora. Por lo tanto, el problema no está en la producción de comida, sino en el acceso a la misma, debido a que amplias capas de la población, especialmente en los países del Sur, no pueden pagar los precios establecidos.

Pero no sólo la comida se ha convertido en un bien al servicio del mejor postor, los recursos naturales que deben de garantizar la producción de alimentos, como el agua, las semillas, la tierra…, que durante siglos habían pertenecido a las comunidades, han sido expoliados y privatizados. Esto impide el libre acceso de los pueblos a la producción y al consumo de alimentos. El derecho a la alimentación está hoy en manos de las multinacionales de la industria agroalimentaria. Trabajar la tierra, plantar las semillas, acceder al agua, comer alimentos libres de transgénicos y sin pesticidas… no es hoy una opción al alcance de campesinos y consumidores.

En este contexto, es imprescindible reivindicar nuestro derecho a la «soberanía alimentaria»: que los pueblos puedan decidir sus políticas agrícolas y de alimentación, que puedan proteger y regular la producción y el comercio agrícola interior con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible y garantizar la seguridad alimentaria. Las políticas públicas tienen que promover una agricultura autóctona, sostenible, orgánica, libre de transgénicos y para aquellos productos que no se cultiven en el ámbito local utilizar instrumentos de comercio justo a escala internacional. Un cambio de paradigma en la producción, distribución y consumo de alimentos sólo será posible en un marco más amplio de transformación política, económica y social y la creación de alianzas entre campesinos, trabajadores, mujeres, inmigrantes, jóvenes… es una condición indispensable para avanzar en esta dirección.

Con este libro los autores quieren mostrar la cara oculta del sistema agroalimentario mundial, quiénes son sus principales actores, las causas que nos han conducido a la situación de crisis alimentaria, el impacto del actual modelo de producción agrícola y consumo y señalar las alternativas planteadas desde distintos movimientos sociales.

Esta publicación cuenta con el testimonio de activistas, campesinos, investigadores y consumidores de todos los continentes, quienes a partir de su análisis y experiencias nos relatan el impacto de las políticas neoliberales en los circuitos de producción y comercialización de alimentos, ya sea en su país o a escala global, así como las luchas que llevan a cabo a favor de la soberanía alimentaria, el comercio justo y el consumo crítico.

Esperamos que este material sea útil para poner al descubierto la lógica de un sistema agroalimentario extremadamente depredador e injusto y que permita analizar las causas de la actual situación de inseguridad y crisis alimentaria. Así mismo, deseamos que este libro inspire y anime a la organización y a la acción política colectiva imprescindible para avanzar hacia ese “otro mundo posible” que preconizan los movimientos sociales.

Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Salud/Del-campo-al-plato-de-Xavier-Montagut-y-Esther-Vivas

 

Apreciemos preocupaciones organizadoras de: "Paneles, talleres, visitas a campos sirvieron para sembrar y potenciar una mirada de la producción y consumo de alimentos más humana que la dominante. “Ya no nos alcanza con los estudiantes, los técnicos, los productores, tenemos que llegar a todas las partes de la cadena y crear un gran movimiento por la agroecología”, dejó planteado Antonio Lattuca, coordinador del programa de Agricultura Urbana de Rosario".  Es decir, nuestros buenos vivires convivires dependen de nuestra unidad de voluntad contra la alianza de capitales locales e imperialistas con los gobiernos- estados en sus distintas jurisdicciones que no le importa desertificar y enfermar. 

 

 

 

Argentina: “Salir del ‘agronegocio’ implica un cambio de estructuras mentales profundas”

2 de noviembre de 2016

Por Leonardo Rossi

Más de 150 estudiantes de Agronomía y afines de diversas regiones del país se encontraron a pensar en otra agricultura posible, por fuera del agronegocio. Fue justamente en Zavalla, cercanías de Rosario (sede portuaria de las grandes cerealeras) donde se concretó el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes por la Agroecología.

Voces desde el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes por la Agroecología:

Paneles, talleres, visitas a campos sirvieron para sembrar y potenciar una mirada de la producción y consumo de alimentos más humana que la dominante. “Ya no nos alcanza con los estudiantes, los técnicos, los productores, tenemos que llegar a todas las partes de la cadena y crear un gran movimiento por la agroecología”, dejó planteado Antonio Lattuca, coordinador del programa de Agricultura Urbana de Rosario.

El encuentro fue impulsado por el Movimiento Universitario por la Agroecología (Rosario), Movimiento de Base Agronomía (Córdoba), Huerta Estudiantil Agroecológica (La Pampa) y la Juventud de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Esta disciplina con diversas ascendencias apunta a concretar un modelo agropecuario diverso, que reduzca el uso de insumos externos al ciclo ecológico natural, que fomente productos de estación y afines a cada eco-región, con una perspectiva política en diálogo con la soberanía alimentaria, la relación directa entre productor y consumidor, el comercio justo y solidario.

Alimentos, no mercancías:

Durante el panel “Soberanía alimentaria y desarrollos regionales”, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, Lattuca punteó algunos datos de informes internacionales. “Se producen alimentos para 12 mil millones de habitantes y somos 7 mil millones. Sólo un 30 por ciento de los cereales va a consumo humano directo. Está claro que los alimentos son un mero instrumento de negocio.” En esa línea, recordó que “hay un mito que nos dice que la Revolución Verde (cambio de paradigma tecnológico de los años sesenta) vino a alimentar al mundo, cuando en realidad vino a favorecer un modelo de concentración de grandes empresas químicas”. Según datos del ETC Group, tres compañías (Monsanto, DuPont y Syngenta) controlan el 55 por ciento de las ventas de semillas comerciales y otra tríada (Syngenta, BASF y Bayer) hace lo propio con el 51 por ciento de las ventas de químicos para los cultivos.

Respecto al plano político, Lattuca señaló que “el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y las facultades han pensado y funcionado para el modelo de agricultura industrial”. “Hay que dar la pelea ahí pero necesitamos también mucha fuerza afuera de las instituciones porque hay cambios que no pueden esperar cinco años de estudios y validaciones de los organismos técnicos-burocráticos”, completó.

Según la opinión de este técnico, para revertir este escenario, se hace imperioso potenciar a los pequeños productores. “En Rosario hoy sólo nos quedan 25 productores periurbanos. Para que haya soberanía alimentaria, tiene que haber soberanía productiva ”, manifestó. Y puso el foco en la necesidad de transitar hacia modelos agroecológicos, que no sólo dejen de lado el uso de plaguicidas (tal como pueden ser los orgánicos) sino que aporten una mirada más profunda de lo que significa la alimentación desde una perspectiva política.

“La agroecología puede alimentar el mundo y de una forma más sana: los alimentos agroecológicos tienen más proteína, más fibra, menos agua; se conservan por más tiempo, son completos y equilibrados”, detalló. En un sentido más extenso, comparó: “Por algo hoy nos tienen que dar tantos suplementos, que antes lo brindaba el propio alimento sano, por eso decimos que los alimentos agroecológicos son como una medicina natural”.

Campo-ciudad-campo:

Para aprovechar las diversas legislaciones que restringen el uso de plaguicidas en zonas periurbanas, Beatriz Giobellina (INTA-Córdoba), arquitecta especializada en planeamiento de cinturones verdes, indicó que “si aplicáramos la ley que regula el uso de plaguicidas (9.164), liberaríamos 100 mil hectáreas del cinturón verde de Córdoba para la producción sana de alimentos”. Pero remarcó que este cambio no puede sólo depender del voluntarismo de algunos productores. “La transición a la agroecología requiere de políticas públicas decididas a apoyar ese modelo.”

En esa línea de planteos, manifestó que “las manchas urbanas están destruyendo las zonas de producción de alimentos de proximidad, un tema que no estamos estudiando y pensando como Estado”. “Estamos liquidando a los pequeños agricultores y podríamos estar ante un colapso”, enfatizó luego de recordar que buena parte de la fruta y verdura que se consume en Córdoba, llega de otras partes del país. “Eso es irracional”, dijo, por ejemplo respecto a que más de la mitad de la verdura de hoja que consumen los cordobeses no llega de su cinturón verde.

“Debemos planificar el territorio con sensibilidad a la producción de alimentos”, fue la idea central de esta técnica, que machacó con la necesidad fomentar los parques agrarios en los alrededores de las ciudades, para alimentar de forma sana a la población local. “Hoy el 94 por ciento de la población argentina vive en las ciudades. Los arquitectos miramos la ciudad y los agrónomos el campo. Nos separaron, no nos hicieron pensar los territorios como tales. Eso tiene que cambiar de forma urgente”. Como análisis dejó en claro que Argentina no puede producir alimentos para 400 millones de personas en el mundo, mientras no cuenta con una oferta básica de frutas y verduras alrededor de Córdoba o Rosario.

Amar la tierra:

Con anclaje en territorio disertó Heber García, del Movimiento de Pequeños Productores de La Plata. El cinturón hortícola platense es el más grande del país, y según expresaron desde el MPP “cuenta con más de seis mil familias productoras, mayoritariamente bolivianas”. Cuenta Heber que cuando llegaron a Argentina estas familias entraron a un sistema de producción “en el que se usa mucho veneno”. Y en ese marco, se formaron en la actividad hortícola.

Pero para poder pensar en alternativas a ese modelo tóxico de producción, explica, deben mejorar su situación económica y social.

Una problemática principal es los altos costos de los alquileres: pagan cerca de 10 mil pesos mensuales, en terrenos (2 a 3 hectáreas) a los que prácticamente no les hacen mejoras, porque no saben hasta cuándo durará el arriendo. “Vivimos en casillas muy precarias, porque no podemos construir si no es para quedarnos ahí. Queremos acceder a la tierra, la queremos pagar, necesitamos un plan del Estado para quedarnos a trabajar la tierra, para producir con mejor calidad; no queremos terminar en una villa.”

Por otra parte, se ven afectados por los bajos precios que reciben por su producción. Explican que venden cajones de verdura de hoja a quince pesos, que no cubren los costos, y luego han llegado a ver que cada kilo (de diez que tiene el cajón) se vende a treinta. “Con el tomate decidimos dejar de venderlo, porque no nos cubría el costo, y se lo ponían en góndola a un precio imposible. Lo empezamos a guardar y a hacer conserva para vendérselo directo al consumidor por otro canal.”

Haberse organizado permitió enfrentar mejor el abuso de quienes acopian la producción para luego llevarla al mercado minorista. “A través del movimiento conseguimos un puesto en el Mercado Central, hacemos bolsones para venta directa a sindicatos y organizaciones sociales, y vendemos en ferias. Tener precio justo por nuestra producción, y que le llegue más barato al consumidor, nos permitió empezar a pensar mejor cómo queremos producir”. Actualmente, en los bolsones de verdura, venden sólo productos de estación y de a poco transitan hacia la agroecología. “Vamos estudiando y probando otras formas”. “Venimos de la cultura de la pachamama, sabemos que si no amamos el mundo, a la tierra, no nos amamos.”

Un cambio de conciencia:

Ante un auditorio colmado, los disertantes dejaron en claro que la batalla por otra forma de producir alimentos es compleja y abarca varios frentes: acceso a la tierra, regulaciones que restrinjan y efectivicen el uso de plaguicidas, apoyo técnico y recursos específicos, canales de comercialización para este sector, entre otros. Pero como cuestión de fondo, Giobellina dejó planteado, que comenzar a abandonar el paradigma del ‘agronegocio’ “no pasa por un cambio tecnológico, es mental, de estructuras profundas, es un verdadero cambio de conciencia”. Para eso, como dijo Lattuca ya no basta sólo con espacio de debate académicos y técnicos, o de grupos de productores con iniciativa, “hace falta llegar a más sectores, de principio a fin de la cadena, y crear un gran movimiento por la agroecología”.

La Tinta

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_Salir_del_agronegocio_implica_un_cambio_de_estructuras_mentales_profundas

 

 

Advirtamos que las políticas de estado, desde los setenta hasta hoy, hicieron posible la ocupación económico territorial del sistema global de agronegocios que hace al acaparamiento de tierras y a la desertificación del país. Recordemos el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 mirando, en exclusivo, a la expansión de la sojización sin importar el presente ni el futuro de los pueblos de Argentina.

 

 

¿Tierra yerma o “Granero del mundo”?

21 de agosto de 2014 

Por Darío Aranda

Desmontes, desalojos y masivo uso de agroquímicos son algunas de las consecuencias ya conocidas del modelo agropecuario. Otro factor fundamental, reconocido incluso por empresas y gobiernos, es el empobrecimiento de suelos. Con cada buque con soja se exportan 3.500 toneladas de nutrientes. “El exceso de soja en la matriz granaria atenta contra la conservación del suelo”. El cuestionamiento no proviene de una organización socioambiental ni de investigadores críticos al modelo agropecuario (que también advierten lo mismo), sino de un editorial del diario La Nación1, tribuna del agronegocio.

Es un hecho que ya nadie desmiente: los suelos dedicados al agronegocio se están empobreciendo a ritmo muy acelerado, lo que ya impacta en la productividad y marca los límites (y consecuencias) del modelo agroindustrial. Datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) revelan que con cada barco con soja se fugan 3.500 toneladas de nutrientes.

El empobrecimiento de suelos y el modelo agropecuario como actividad minera extractiva significan lo mismo. Más que tierra.

El suelo está compuesto por polvo y minerales, pero al mismo tiempo es un ecosistema vivo y dinámico con miles de seres vivos microscópicos que contribuyen en la retención y proporción de nutrientes que son imprescindibles para que las plantas crezcan. El suelo es también materia orgánica (sustancias que son el resultado de la descomposición de materia animal y vegetal). Toda planta toma nutrientes del suelo, y todo resto de cosecha (organismos muertos que se descomponen) provee de nutrientes a las plantas en crecimiento. La materia orgánica del suelo es importante para evitar la erosión y volverlo más poroso, lo que ayuda a que absorba agua (y así evitar los escurrimientos rápidos, antesala de inundaciones).

Es todo parte de un proceso cíclico de acumulación que lleva miles de años. “La materia orgánica se encuentra sobre todo en la capa superior del suelo (la más fértil). La vida vegetal y la fertilidad del suelo son procesos que se propician mutuamente, y la materia orgánica es el puente”, explica la organización internacional GRAIN en su informe “Extractivismo y agricultura industrial o como convertir suelos fértiles en territorios mineros”. Soja Veinte millones de hectáreas. El 60 por ciento de la superficie cultivada de Argentina. Un sólo producto. La soja es la reina. Y en su crecimiento consume nutrientes. Ejemplo: en una producción de 4000 kilos por hectárea, la soja necesita 320 kilos de nitrógeno, que los toma del aire y del suelo. La soja también consume fósforo, potasio y azufre.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es el organismo oficial más reconocido del agro argentino y fue (y es) el brazo técnico ejecutor de la instalación del agronegocio. Según el propio INTA2, en un barco cargado con 40 mil toneladas de soja se exportan 3.576 toneladas de nutrientes. Si la carga es de trigo, los nutrientes se cuentan por 1.176 toneladas y, en el caso del maíz, 966 toneladas por cada barco.

Para el caso de la soja, las 3.576 toneladas de nutrientes extraídos (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio y magnesio) se equiparan a 8.700 toneladas de fertilizantes (urea, superfosfato simple, cloruro de potasio y sulfato de magnesio). Cada tonelada de fertilizante tiene un costo promedio de 450 dólares y, que multiplicado por 8.700, son casi cuatro millones de dólares que se van del suelo argentino con cada barco de soja.

Con una cosecha estimada en 54 millones de toneladas, el costo de los nutrientes extraídos ronda 5.265 millones de dólares. Fortuna que se extrae del suelo argentino. El INTA lo llama el “costo oculto” del agro.

La ingeniera agrónoma Graciela Cordone, del INTA Casilda y una de las autoras del informe, ilustró la fuga de nutrientes: “Necesitaríamos 300 camiones para cargar los fertilizantes que contienen los nutrientes que se exportan en cada barco”. A esto habría que sumar la materia orgánica que se pierde, y que tiene relación directa con la calidad (que se pierde) del suelo. “Se debe tomar conciencia que el suelo se agotará si lo seguimos explotando con el actual sistema productivo. Debemos usarlo de modo sostenible para que nuestros hijos puedan seguir produciendo con buenos rendimientos”, alertó la investigadora del INTA.

El modelo
“Segundo Congreso Nacional de Ecología y Biología de Suelos (Conebios II)”, fue el nombre de un encuentro poco común, que reunió durante tres días a científicos preocupados por la crítica situación de las superficies explotadas. Se presentaron 74 trabajos científicos. “Se explota el suelo hasta el agotamiento y existe peligros de una virtual desaparición”, alerta su documento final. Remarcaron que el suelo es un bien social y, como tal, debe estar a disposición y en beneficio de todos.

Realizado en abril de 2011, el congreso fue la antesala de la conformación de la Sociedad Argentina de Biología y Ecología de Suelos, y en sus conclusiones destacó que la aplicación de agroquímicos reduce la abundancia y diversidad de las comunidades de animales del suelo (animales que regulan los procesos ecológicos del suelo y tienen relación con su fertilidad), una proporción considerable de plaguicidas pueden producir efectos dañinos sobre los microorganismos (bacterias y hongos) del suelo, y asegura que los agroquímicos más usados en los actuales sistemas dominantes de producción agropecuaria producen alteraciones en la fijación del nitrógeno.

Los investigadores recordaron que los suelos actuales son el resultado de procesos físicos, químicos y biológicos que han actuado durante miles de años y que su recuperación ante el actual deterioro puede ser extremadamente lenta o inexistente. “El suelo debe considerarse a los fines prácticos como un recurso no renovable”, alerta el documento final del Congreso y afirma que el actual modelo agropecuario dominante “compromete el propio proceso productivo a mediano y largo plazo y afecta negativamente la integridad y funcionalidad del ecosistema del suelo y por lo tanto compromete la sustentabilidad”.

La organización internacional GRAIN tiene veinte años investigando y produciendo materiales sobre el impacto de la producción de alimentos en manos de corporaciones. “Extractivismo y agricultura industrial o cómo convertir suelos fértiles en territorios mineros”, es el nombre de su investigación sobre cómo el modelo agropecuario diezma los suelos. Precisa que en la segunda mitad del Siglo XX se impulsó la llamada “revolución verde”, un modelo de agroempresas (con luz verde de los gobiernos) en base a agroquímicos, semillas bajo control corporativo y monocultivos. “De un plumazo se intentó borrar diez mil años de construcción de saberes para poner a los suelos como sustrato muerto para el desarrollo de plantas con el aporte de nutrientes externos una vez que los del suelo se agotaran”, denuncia.

Analiza información oficial del INTA y precisa números del agro argentino: en la campaña 2006/07 se extrajeron 3.500 millones de toneladas de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Traducido en dinero: 1.700 millones de dólares.

En cuanto a la soja, afirma que produce “una intensa degradación”, con una pérdida de entre 19 y 30 toneladas de suelo en función del manejo, la pendiente del suelo y el clima. En la temporada 2006/2007, con una producción de 47 millones de toneladas de soja, se extrajeron 1.149.000 toneladas de nitrógeno, 255.000 toneladas de fósforo, 760.000 toneladas de potasio. “La agricultura industrial es una actividad extractivista porque considera los suelos como un sustrato inerte del que se extraen nutrientes (proteínas y minerales) utilizando tecnología y productos químicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, fungicidas)”, afirma GRAIN y la compara con la actividad minera con “la única diferencia que con la minería se extraen minerales en forma directa y con la agricultura industrial es a través un proceso biológico (el crecimiento de plantas que son las que contienen los nutrientes)”.

Y aporta más coincidencias entre agroindustria y minería a cielo abierto: destrucción territorial, devastación de la biodiversidad, contaminación masiva, extracción de volúmenes inmensos de agua y contaminación de las cuencas cercanas, impacto en la salud humana y animal, destrucción de las economías regionales y nula creación de empleos para la población local. Y concluye: “Ambas actividades son insustentables”. Propuesta empresaria

A diferencia de lo que sucede con las consecuencias de los agrotóxicos y de los transgénicos, hay unánime consenso del empobrecimiento de los suelos debido al modelo de agricultura industrial. Incluso los impulsores y sostenedores del modelo (como el INTA y los medios periodísticos del sector) alertan sobre la pérdida de nutrientes.

Lo que sí difiere enormemente es cómo actuar ante la agro-minería. Las empresas proponen redoblar su negocio: vender fertilizantes para intentar recuperar al menos parte de los nutrientes (y parte de la calidad del suelo). Es un círculo vicioso en el que un modelo empresario gubernamental empobrece suelos y, al mismo tiempo, prometen mejorarlos si compran sus productos. Un paralelo posible: las tabacaleras ofreciendo tratamientos para tratar el cáncer. Aún dentro de esa propuesta de solución, el mismo INTA alerta: “La Argentina sólo repone el 37 por ciento de los nutrientes del suelo”. El diario La Nación hace lo propio: “El agro fertilizó menos y se agravó el déficit de nutrientes del suelo”, tituló en la edición del 4 de abril de 2013. Precisó que de los seis millones de toneladas de “fertilizantes extraídos no repuestos de la cosecha”, dos millones de toneladas corresponden a potasio y los otros cuatro millones a nitrógeno, fósforo y azufre. Lamentó que sólo se repusieron (vendieron) tres millones de toneladas de fertilizantes (15 por ciento menos que en la cosecha anterior). El estudio del INTA “Extracción de nutrientes en la agricultura argentina”, de Gustavo Cruzate y Roberto Casas, detalla que la “reposición” de nutrientes varía entre el 34 y el 41 por ciento en cada cosecha. La organización GRAIN resume la avalancha de críticas a la propuesta empresaria: “La gran paradoja es que el ‘ciclo’ de la agricultura industrial se completa incorporando fertilizantes que a su vez deben ser extraídos del suelo (el fósforo y el potasio por minería directa) o fabricarlos a partir del petróleo (como el nitrógeno). Ninguno de estos productos es renovable y a mediano plazo se agotarán. Pero igual de grave resulta que su uso masivo completa indefectiblemente la destrucción de los suelos”.

GRAIN descarta que una solución sea la aplicación masiva de fertilizantes y propone alimentar los suelos incorporándoles materia orgánica, diversificando cultivos, saliendo del modelo agroindustrial de monocultivos.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó el 24 de julio un “plan de acción para frenar la creciente degradación del suelo”. La FAO, muchas veces señalada por organizaciones campesinas de incentivar el agronegocio y boicotear la agricultura familiar y agroecológica, aprobó en Roma un cronograma de acciones para “regulaciones claras e inversiones correspondientes (de los Gobiernos) para la gestión sostenible de los suelos”. “El actual ritmo creciente de degradación del suelo amenaza la capacidad de las generaciones futuras para cubrir sus necesidades”, alertó la FAO y precisó que el 33 por ciento de los suelos cultivables del mundo se encuentran afectados por el agotamiento de los nutrientes, acidificación, salinización, compactación y contaminación química. Minería agrícola

La agencia de noticias oficial Telam hizo explícita la crisis del suelo el 26 de mayo pasado4. Tituló: “Impulsan un plan minero para abastecer al agro con minerales para optimizar la calidad del suelo”. El subtítulo reforzó el perfil de noticia como un hecho positivo: “El gobierno nacional impulsa el diseño de un programa destinado a optimizar la calidad y productividad de las tierras, en especial para la zona de la Pampa Húmeda”.

Detalló que la Secretaría de Minería y el Ministerio de Agricultura iniciaron un programa de “abastecimiento para el campo, con minerales que se destinen a optimizar calidades de suelos”.

Jorge Mayoral, secretario de Minería de Nación, señaló a Télam: “El suelo no es un recurso inagotable sino que cuando es utilizado por la agricultura pierde sus mejores micro y macro nutrientes, que son los minerales, y entonces hay que volver a ponerle minerales para que los rendimientos perduren y mejoren”. Aclaró que la iniciativa apunta a que “el país produzca más” y explicó que son necesarias maquinarias agrícolas diseñadas específicamente” para enriquecer suelos.

El artículo de la agencia oficial finaliza con una cita del secretario Mayoral, en tono triunfante: “Un agregado de la cadena de valor de este programa es que somos todos nacionales y populares. El campo, el chacarerismo que no tiene dólares para agroquímicos pero puede acceder a estos minerales que proveen productores locales y le permiten mejorar rendimiento y hacer mejores negocios”.

Como vemos la minería agrícola oficial ya está en marcha. Y el gobierno celebra.

1. http://www.lanacion.com.ar/1492219-sojizacion-de-nuestra-agricultura 2.http://intainforma.inta.gov.ar/?p=12116 3. http://intainforma.inta.gov.ar/?p=12116 4. http://www.telam.com.ar/notas/201405/64684-impulsan-un-plan-minero-paraabast ecer-al-sector-agropecuario-para-optimizar-la-calidad-del-suelo.html

 

Persistamos en generalizar la toma de conciencia sobre la impunidad del gobierno CFK, cuya política estatal Macri profundiza, al privilegiar la alta rentabilidad de las petroleras por sobre la vida y la economía de las comunidades. Pensemos cómo la alianza estatal empresaria, por ejemplo, liquida la soberanía alimentaria de Argentina no sólo de la zona sacrificada, en este caso territorios semiáridos donde costó mucho formar el valle frutícola. ¿Cómo devasta?:

 

 

El fracking “avanza” sobre los frutales del Alto Valle de Neuquén y Río Negro
9 de septiembre de 2013

 

Claudio Andradre.- La industria petrolera avanza sobre las chacras del Alto Valle de Río Negro y Neuquén dejando a su paso una huella que se volverá imborrable. Porque allí donde se instala un pozo difícilmente vuelva a crecer un árbol de frutas.

Empresas como Apache, YPF y Chevron, entre otras, están alquilando fracciones de chacras a los productores para realizar trabajos de exploración y extracción. En el peor momento de la historia de esta industria, según una definición de los chacareros, son cada vez menos los que se resisten.

Hace 15 años en la zona que va de Regina a Allen pasando por General Roca era impensable que las empresas petroleras se interesaran demasiado por lo que había debajo de los árboles. Hoy con sus yacimientos convencionales maduros y por secarse las compañías no menosprecian ningún territorio accesible y golpean la puerta de los productores para ofrecerle contratos que en las décadas de los 70, los 80 e incluso de los 90, les hubiera causado un ataque de risa.

Las petroleras pagan entre 40 y 50 mil pesos anuales por el “uso” temporal de una hectárea de la que pueden sacar gas o petróleo.

El alquiler de 10 hectáreas para producción de fruta en la actualidad tiene un costo de $4.500 por mes. Los pequeños productores del Alto Valle, apretados por las deudas y al borde del remate, no dudan en firmar un contrato que  sentenciará para siempre la calidad de su tierra.

Según pudo averiguar Clarín las empresas les presentan un acuerdo por dos años. Pagan en ocasiones hasta $ 135.000 por el primer año en una hectárea y $35.000 a $ 50.000 por el segundo. El valor del segundo año se fija en base a los perjuicios ambientales que podría haber acarreado el funcionamiento del pozo. Si hay un tercer año este se actualizará según la inflación que marca el INDEC.

“Están haciendo negocios con personas cansadas, endeudadas que llevan años de pérdidas. Son gente grande que una vez que se salen del ciclo productivo ya no vuelven a entrar”, explica a este diario Pablo Laurente, coordinador de la Federación Agraria de Río Negro y Neuquén. Laurente cuenta que un estudio encargado por la Federación demostró que la edad de los productores oscila entre los 65 y 75 años. “No son los hijos o los nietos los que venden, son ellos mismos que alquilan a las petroleras o le venden a las inmobiliarias lo único que tienen y lo único que saben hacer”, agrega Laurente.

En Allen hay 300 productores distribuidos en 500 hectáreas productivas.

 

Las chacras tienen un tamaño de entre 10 y 15 hectáreas. En una época fue un negocio rentable del que podían vivir una o dos familias. Pero corren otros tiempos y en la actualidad la fruta se paga en el mercado mayorista, en el mejor de los casos, a 0,80 centavos el kilo, en tanto que producirlo cuesta 1,5 pesos.

“De los 300 productores que somos apenas 6 fuimos a pedir por la ley anti fracking, nos acompañó otra gente al Concejo porque somos 45 mil habitantes y muchos saben lo que es esto”, le dice a Clarín Sebastián Hernández, presidente de la Cámara de Productores de Allen. Hernández hace referencia a las 500 personas que se manifestaron el 23 de agosto en el Concejo Deliberante de esta localidad rionegrina, presionando a sus representantes para que aprobaran una ordenanza que prohiba el fracking en el ejido de la comuna.

“Hay algunos que han sido llamados y otros que han llamado, yo creo que muchos están esperando a hacer este negocio porque no les queda otra”, señala Hernández.

En las chacras de la localidad se han perforado 20 pozos hasta el momento pero es apenas el principio. En el último año las empresas no han dejado mes sin contactar a algún productor.

Ese mismo día el gobernador ultra K Alberto Weretilneck declaró que el petróleo y sus métodos podían convivir con la extracción de petróleo. Menos de una semana después el Consejo Deliberante de Neuquén votó a favor del acuerdo entre la provincia e YPF-Chevron que le permitirá a estas empresas, ambas con antecedentes de contaminación en Neuquén, utilizar la fractura hidráulica de manera masiva en el área de Vaca Muerta.

Según los productores consultados la ordenanza llega tarde.

 

La empresas utilizan el fracking en Allen y las zonas adyacentes desde hace tiempo. Este sistema es especialmente nocivo para la actividad frutera puesto existe una alta probabilidad de que el agua y el suelo resulten contaminados por los derrames. En Europa el protocolo de calidad le exige a los productores de todo el mundo a los que les compran sus frutas que sus chacras estén a más de 500 metros de una autopista.La presencia de un pozo petrolero cerca de un árbol es poco menos que un cuento de horror en estos mercados.

 

“La actividad frutícola fue abandonada por el gobierno provincial y nacional, ha sido a propósito para darle margen a las petroleras. Cuando recorres las chacras encuentras las torres. Y una cosa no puede ser junto a la otra”, dice Magdalena Odarda, diputada provincia y precandidata a senadora nacional por el Frente Progresista de Río Negro, hoy segunda fuerza en la provincia. “Por un lado tienes a Weretilneck diciendo que el petróleo y la fruta pueden convivir y por otro a (el senador Miguel) Pichetto asegurando que no hay fracking. Pero hay, tenemos pruebas de que el fracking está en la provincia ”, agrega. La legisladora está convencida de que el dinero del petróleo es demasiado tentador para una provincia que necesita urgentemente de efectivo para pagar los sueldos estatales.

Aunque la Ley de Hidrocarburos local estipula que todos los contratos petroleros deben ser aprobados por la Legislatura provincial en Río Negro ninguno de los convenios vigentes con distintas compañías ha llegado al recinto.

 

Y hay 160 pozos declarados.

El gobierno de Weretilneck es poco comunicativo cuando se trata de los contratos. Por ahora sólo ha dado a conocer que por las prórrogas a las concesiones se embolsarán alrededor de US$ 200 millones en los próximos dos años.

“Una vez que entraron a tu propiedad ya no los podés sacar y cuando se van el campo no te sirve para nada”, reflexiona Alfredo Svampa, antiguo productor de Allen y padre de la socióloga Maria Estela Svampa. Alfredo, poseedor de 7 hectáreas productivas y que fue contactado por la petrolera Apache que le ofreció 100 mil pesos por el año de alquiler de una hectárea. Estuvo a punto de firmar pero sus tres hijos los que lo pusieron sobre aviso. “¡Pero papá que vas a hacer! Contaminan la tierra”, me dijeron.

Este productor cuenta que se encontró con Apache en un momento delicado. Justo cuando su producción se había perdido por completo. “Se pudrió y no pudimos sacarla, los camiones no querían perder tiempo en llevarla a las cámaras frigoríficas y negociamos para que lo hagan a precios muy bajos”. Por su fruta para la industria, es decir, la que se usa en la elaboración de jugo y sidra, las comercializadoras le propusieron 0,15 centavos por el kilo de manzana y 0,30 por el de pera. “¿Qué podía hacer?”, se pregunta con voz cansada.

Clarín

Fuente:  http://www.opsur.org.ar/blog/2013/09/09/el-fracking-avanza-sobre-los-frutales-del-alto-valle-de-neuquen-y-rio-negro/

 

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Cosecharás tu siembra
4 de mayo de 2015

 

Nuevamente hay conflicto productivo en el Alto Valle. Los números no cierran y la palabra “crisis” ya es una de las más nombradas en la zona de mayor producción y exportación de frutas de pepita del país. Detrás de la línea de los cargados manzanos emerge una torre de perforación, el rojo logo de la empresa Weatherford se confunde con las frutas. Estamos en Allen provincia de Rio Negro en donde las controversias por el fracking crecen a medida que avanza la actividad extractiva hidrocarburífera en medio de las chacras.

 

Por OPSur (1).- Allen es la sexta ciudad más poblada de la provincia y se encuentra ubicada a tan solo 16 km de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay en donde nace el río Negro, homónimo de la provincia. Tiene unos 30 mil habitantes, según el censo de 2010, y una gran perspectiva de crecimiento debido a la constante presión inmobiliaria que avanza con loteos. Atravesada por la ruta nacional 22, Allen puede considerarse la periferia más lejana de la capital neuquina que, como polo administrativo petrolero, hizo que todas las ciudades que las rodean se vayan transformando en “dormitorios”.

El asentamiento de la actividad extractiva hidrocarburífera se da a finales de los años ´60 con las exploraciones de YPF en la zona del Valle. Su historia es muy parecida a otras áreas de la Cuenca Neuquina, como Rio Neuquén o Centenario, ya que fueron parte de un mismo proyecto de expansión de reservas llevado adelante por YPF. El área Estación Fernández Oro (EFO), es la más importante de la provincia de Rio Negro y pasó por distintas manos: Bridas, Pan American Energy (PAE), Pioneer Natural Resources, Apache, y recientemente en el 2014 fue comprada por la subsidiaria de YPF, Yacimientos del Sur (YSur).

El regreso de YPF a la zona se dio en un contexto de nuevo avance de la frontera gasífera sobre las zonas de producción frutícola, a partir del impulso público de los programas Gas Plus desde 2008. A esto debe sumarse el desembarco de los hidrocarburos no convencionales y la técnica de hidrofractura generando, ambos procesos, un vertiginoso aumento de la extracción de gas en la zona.(…)

 

El avance petrolero sobre una economía en “crisis”

En la actualidad, el avance de la frontera extractiva petrolera presiona, junto al loteo para el negocio inmobiliario, sobre la tierras productivas. A esto debe sumarse el contexto de crisis del sector frutícola. En 2015, 300 mil toneladas de fruta no fueron cosechadas debido al contexto económico, las impericias climáticas y el vaivén de los mercados. Este número fue obtenido por el propio Estado según las declaraciones juradas de productores al momento de tramitar el subsidio, en lo que debe considerarse como la única intervención de Estado como concesión ante las recurrentes protestas de los chacareros.

Golpeados por los cambios del mercado mundial y el magro precio de la fruta regulado por las multinacionales exportadoras, los productores se ven tentados a las ofertas de compras de sus tierras para los loteos o al alquiler de parte de ellas para la explotación hidrocarburífera.

La doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, María Belén Alvaro, en un reciente artículo discute (2) con la idea de crisis productiva, sosteniendo que en el Alto Valle no es la fruticultura en si misma la que está en crisis sino la organización social del sector motivado por la profundización del control trasnacional de este. “Al instalar la idea de crisis de la fruticultura  los sectores dominantes de la cadena logran desdibujar las diferencias reales que existen y se profundizan al interior de la misma con cada ciclo productivo. Al mismo tiempo, logran apropiarse simbólicamente de las dificultades estructurales, reales e insoslayables que atraviesa el sector de los productores independientes (chacareros/as), para naturalizarlas como las dificultades de toda la actividad y utilizar su capacidad de negociación con el Estado en beneficio de la acumulación de capital que monopolizan.”

Maristella Svampa, hija de Alfredo, además de ser una reconocida socióloga argentina, es allense. Conocedora de la zona, en el  libro “20 mitos y realidades del fracking” plantea este difícil contexto en el que se encuentran los productores a la hora de recibir las ofertas de la empresa petrolera. Después de tomar la caracterización de Alvaro, concluye que las consecuencias de la “crisis” son variadas; “la economía regional basada en la explotación frutícola aparece cada día más devaluada, cada vez hay más chacras alquiladas, mientras avanza el paisaje extractivo, de la mano de las altas torres petroleras, las plataformas multipozos, los gasoductos, los grandes depósitos de arena y las largas filas de camiones de gran porte recorriendo los caminos y abriéndose paso por entre las plantaciones y el creciente desmonte”(2014, pag 153).

Para Alvaro, en tanto, es claro tanto el papel del Estado como garantizador de esta lógica de concentración en manos de empresas transnacionales, como también del mercado, que funciona al ritmo y esquema que estas empresas le imprimen. La concentración hegemónica se debe a “la compra de chacras para producción propia, contratos con productores por la adquisición de ciertas cuotas de fruta por adelantado, [los que] fueron parte de los mecanismos que les permitieron obtener el control de proporciones mayoritarias y crecientes de la producción, de la comercialización tanto interna como externa mediante producción propia y de terceros, logrando reducir costos.” (Alvaro, 2015)

De productores a rentistas

La cámara de fruticultores está en el centro de los debates en torno a la explotación petrolera en Allen, transitando de una enérgica oposición a la hidrofractura, hasta una posición un poco más ambigua. Su presidente es Sebastián Hernández nacido y criado en medio de frutales. Proveniente de una familia productora, a sus 39 años, sueña con que las próximas generaciones también lo sean, por lo que declara que no permitiría el ingreso de las petroleras.

Para Sebastián la “crisis” está provocando un desguace del sector, mutando la idea de la familia productora. Los jóvenes se van a estudiar otras carreras que no tienen que ver con la fruticultura, mientras el promedio etario de los productores es alto y no hay generaciones de recambio. En paralelo, el sector es amenazado por el avance petrolero.

Ante esta realidad, la Cámara ha tomado medidas y decidieron no contener al productor que decida incorporar pozos en sus tierras o la subdivida para ser loteada. El argumento es la debilidad que les genera a los productores estos avances de frontera extractiva e inmobiliaria, “esta es la cámara de fruticultores, que trabaja solamente y exclusivamente por los productores que producen”, remata Sebastián.

La concentración y transnacionalización de capitales, trae consigo el arrendamiento de las tierras que pierden su capacidad productiva en algunos casos de manera irreversible. Los valores de los arrendamientos son muy disimiles, y el número es según quien te los cuente. Para Alfredo Svampa eso pasa porque “no hay sinceramiento entre los productores, imaginen que ya no hay sinceridad en el valor que se paga por la fruta, en esto, mucho menos. El arrendamiento es por hectárea no por pozo y son contratos bianuales. El último [productor] con el que hablé alquiló 4 hectáreas y le pagan $385 mil. Acá nos van cazando de a uno y nos pagan según lo que quieren ellos, según la cara de uno” nos dice reflexivo mientras su mirada se pierde en un mate.

En el caso de Sebastián los números que entrega son comparativos, “hoy se está pagando 10 veces más por hectárea. Para producir, 450, 500 pesos la hectárea por mes. Y, en la petrolera se ofrecía entre 4500 a 5000 pesos la hectárea por mes. Entonces eso es casi un sueldo que el productor está recibiendo”. Los arrendamientos se transformaron en un gran negocio, con algunos productores que concentraron grandes cantidades de pozos en tierras tanto productivas como improductivas.

El debate de la convivencia entre la actividad extractiva y la fruticultura está vigente, mientras la empresa se han dados muchas políticas para lograr los consensos que les permita avanzar sin grandes problemas. Para algunos productores la idea de convivencia y fracking seguro les permite hacer negocios sin culpas. Por parte de las organizaciones sociales, partidos políticos y ambientalistas la convivencia de estas actividades es imposible, además de la contaminación, el desequilibrio económico que genera el desaliento de producir en lugar de rentarles a las empresas.

Quinta nota de la serie Alto Valle Perforado, realizado en cooperación con la Fundación Heinrich Böll Cono Sur. Ver también: Alto Valle Perforado: postales de la desigualdad petrolera Basureros petroleros: cuando el remedio es peor que la enfermedad -Tres razones para la desigualdad del barrio Valentina Norte -Mi vecino Pluspetrol

Notas

1.       En un próximo reportaje ampliaremos información respecto de los afectados por el sector no convencional en Allen y los grupos que se resisten a su avance.

2.       Nos referimos al reciente artículo ¿Crisis de la fruticultura o crisis de un modelo excluyente de hacer fruticultura? De María Belén Alvaro publicado por distintos medios digitales.

Fuentes consultadas

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2015/05/04/cosecharas-tu-siembra/

 

 

Comprobamos que hay una amplia variedad de luchas convergentes en disputar los territorios y la vida a la alianza estatal con los capitales locales e imperialistas que sólo persigue su incesante rentabilidad.

 

 

La lucha contra el fracking

2 de noviembre de 2016

Por Nadia Luna

En las jornadas del Observatorio Petrolero Sur se debate sobre los riesgos del fracking para la salud. La inauguración reunió a especialistas y activistas de la Argentina y Estados Unidos, que relataron sus experiencias y explicaron por qué se oponen a esta práctica.

En el extremo sur del planeta, la comunidad mapuche Campo Maripe resiste el avance del fracking en su territorio. YPF y Chevron quieren explotar esa parte de la formación petrolera Vaca Muerta, a pesar de que un relevamiento territorial comprobó la ocupación ancestral de la comunidad en 11.000 hectáreas de Añelo, en la provincia de Neuquén (ver aquí).

El conflicto no termina en la perforación de los pozos, ya que vecinos del oeste neuquino nucleados en la Comisión Fuera Basureros Petroleros denunciaron que la empresa Comarsa quema residuos tóxicos provenientes del fracking a 200 metros de sus casas. De esta manera, 15.000 familias de barrios humildes que usan leña para cocinar se ven afectadas, paradójicamente, por desechos de la extracción de un gas al que ni siquiera tienen acceso.

Muy lejos de allí, en el extremo norte del planeta, los habitantes de una zona rural del estado de Nueva York, cerca del límite con Pensilvania, en Estados Unidos, se juntan regularmente en el sótano de una iglesia para debatir sobre los riesgos del fracking para la salud. El movimiento creció de la mano de estudios ambientales y, finalmente, se logró prohibir el fracking en el estado de Nueva York. Sin embargo, la lucha sigue: ahora se oponen a la instalación de la compañía Crestwood, que quiere convertir a la región en un centro de almacenamiento y transporte de gas. Ya bloquearon la entrada de la compañía 50 veces, lo que derivó en unas 500 detenciones de ciudadanos. Entre ellos, Colleen Boland, impulsora del activismo anti-fracking y sargento retirada de la Fuerza Aérea estadounidense, quien asegura: “Estoy orgullosa de mis medallas de honor, incluida la que me dieron por buena conducta. Pero estoy igual de orgullosa por las acusaciones de alterar el orden público que recibí por oponerme al fracking para preservar el lugar donde vivo”.

Boland fue una de las expositoras de la inauguración de las Jornadas Internacionales de Salud, Ambiente e Hidrocarburos no Convencionales, organizadas por el Observatorio Petrolero Sur, que se desarrollarán hasta el 31 de octubre en las provincias de Buenos Aires y Neuquén (ver aquí). La apertura fue una audiencia pública realizada en el auditorio anexo del Congreso de la Nación y la mesa se completó con la activista Natalia Huilipan [Comisión Fuera Basureros del Neuquén], la bióloga Sandra Steingraber [Concerned Health Professionals] y la médica pediatra Kathleen Nolan [Physicians for Social Responsibility].

“Algo que me quedó claro de todos estos años que venimos luchando contra el fracking en Nueva York es que las pruebas científicas sobre los daños a la salud, por muy contundentes que sean, no alcanzan. Es necesario que un movimiento social lleve la evidencia científica hacia el campo político. Creo que esa combinación nos permitió ganar la batalla”, sostuvo Steingraber, quien, al igual que Boland, pasó varios días en la cárcel por bloquear la entrada de Crestwood.

Steingraber y Nolan presentaron la tercera edición del Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking [extracción no convencional de gas y petróleo], una publicación que puede descargarse gratuitamente aquí. Durante la charla, expusieron algunos de esos hallazgos y hablaron de los riesgos que el fracking implica para la salud de la población que vive en las cercanías de lugares donde se desarrolla la actividad.

Steingraber contó, por ejemplo, que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos confirmó casos de contaminación del agua potable por fracking. Además, indicó que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático calcula que, en un período de 20 años, el gas metano puede capturar 86 veces más calor que una cantidad equivalente de dióxido de carbono. Asimismo, sostuvo que, en los últimos meses, varios estudios han confirmado una relación causal entre la inyección de aguas residuales del fracking en pozos de eliminación de desechos y el surgimiento de temblores en la zona. “La evidencia es tan sólida que la Corte Suprema de Oklahoma dictaminó por unanimidad que los propietarios de viviendas pueden demandar a la industria de petróleo y gas por daños en sus propiedades derivados de los temblores”, señaló.

Nolan se refirió al aumento de problemas de salud reportados en poblaciones cercanas al fracking y a los efectos de gases liberados y sustancias químicas usadas en la actividad. Así, indicó que el formaldehído y el sulfuro de hidrógeno irritan los tejidos y que los estudios documentan cada vez más casos de asma; que los químicos que se conocen como BTEX (benceno, tolueno, etileno y xileno) dañan los órganos y son cancerígenos. También, actúan como disruptores endócrinos, lo que derivó en un aumento de nacimientos prematuros y diversos defectos en los recién nacidos.

“En algunos casos, los síntomas pueden eliminarse si se elimina la fuente de exposición, pero eso implica que la gente tiene que dejar de vivir donde vive. La prioridad de los gobiernos debería ser alejar estas actividades en vez de otorgar subsidios a la industria”, sentenció. “Las compañías y países que invierten en fracking están invirtiendo en un legado tóxico. Es muy poco lo que se puede mejorar cambiando regulaciones o implementando un código de buenas prácticas. Los problemas son inherentes al proceso y, por lo tanto, la única mejora puede venir del abandono completo de esta actividad y de la transición hacia un futuro sostenible y renovable”, agregó.

La última expositora fue Natalia Huillipan, en representación de la Comisión Fuera Basureros Petroleros de Neuquén. Se presentó en mapudungun [lengua del pueblo mapuche] y explicó cómo funciona el circuito de los residuos petroleros. La empresa encargada de su tratamiento es Comarsa, que, según Huillipan, utiliza un método de incineración en hornos pirolíticos que “libera al aire contaminantes que respiramos todos los días en nuestros barrios”. Además, dijo que, en una reciente audiencia pública, Comarsa reconoció que la empresa no trata los metales pesados, pero se negó a responder cuál es la disposición final de los mismos.

Huillipan sostuvo que la comisión obtuvo dos logros importantes. El primero fue que el Gobierno provincial firmó un decreto que establece que las empresas que tratan residuos especiales tienen que estar a ocho kilómetros de las zonas pobladas y a cinco de las zonas productivas, aunque dice que, en la práctica, eso no se cumple. El segundo logro radicó en unificar la lucha con los trabajadores de la empresa. “Yo soy mapuche y quiero finalizar con una reflexión desde mi identidad”, dijo Huillipan. “Hay tres elementos que están siendo afectados por este sistema capitalista: agua, aire y suelo. El agua es la sangre que corre por nuestras venas, el aire es lo que nos impulsa y el suelo es nuestro cuerpo. Tenemos que defenderlos y solo con lucha y organización colectiva vamos a poder conseguirlo. ¡Marici wev! [diez veces venceremos]”.

Universidad San Martín - TSS

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Noticias/La_lucha_contra_el_fracking

 

En consecuencia, es fundamental la «reforma agraria integral» como recuperación y/o creación territorial por cada una de las comunidades (rurales y urbanas) en lucha conjunta por emancipar el país-continente del capitalismo. En coincidencia:"La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain". Página/12

 

Tengamos en cuenta que:

 

La agricultura campesina puede enfriar el planeta
12 de octubre de 2010

GRAIN

Hay una crisis climática que nos afecta a todos, pero que está golpeando especialmente a los pueblos del campo. Ya casi no es posible predecir las lluvias, llueve cuando no corresponde, pasamos fácilmente de inundaciones a sequías, sufrimos de olas de calor o frío extremo, hay tormentas de viento que antes no se daban, el granizo es más frecuente, el agua está cada vez más escasa, etc. Esto es lo que llaman “cambio climático” o “calentamiento global”. Y su efecto es que cada vez mayor, haciendo  más difícil vivir y producir en el campo. Si esta contaminación sigue el clima estará tan alterado que la vida de todos se hará realmente difícil.

 

Esta crisis o cambio climático se debe a que el aire está contaminado con una serie de gases a los que se les llama “gases invernadero” y que se producen por utilizar petróleo o gasolina, quemar los bosques, destruir los suelos, acumular basuras, criar animales en grandes granjas industriales, etc. Los países del mundo se comprometieron a reducir la contaminación, pero han hecho poco o nada. En diciembre de 2009 los compromisos debían ser renovados en una reunión de los gobiernos llevada a cabo en Copenhague, pero salieron de allí sin comprometerse a nada. Por ello, el presidente Evo Morales llamó a una Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Miles de asistentes provenientes principalmente de organizaciones populares discutieron sobre las verdaderas causas del cambio climático y propusieron soluciones reales. En diciembre de este año (2010) los gobiernos se reunirán nuevamente en Cancún, México. Diversos movimientos sociales, incluidas la CLOC y la Vía Campesina, se preparan para realizar manifestaciones populares para exigir que los gobiernos ataquen las verdaderas causas de los problemas del clima y pongan en marcha soluciones reales.

 

¿Cuáles son las verdaderas causas de la crisis climática? La Cumbre de los Pueblos concluyó que es el capitalismo, debido a las formas de producción y consumo que promueve y a que pone las ganancias por sobre el bienestar de las personas y de la Madre Tierra en general. La Vía Campesina viene diciendo lo mismo desde el año 2007. También ha dicho que el sistema agrícola-alimentario industrial y el modelo agroexportador que se impone en el mundo es una grave causa de la contaminación que cambia el clima. La Vía Campesina también ha dicho claramente que las campesinas y campesinos del mundo están enfriando el planeta.

 

El año 2009 GRAIN hizo un estudio para determinar cuánta contaminación producía la gran agricultura y cuánto podían enfriar el planeta las y los campesinos del mundo. Los resultados confirman con creces lo dicho por la Vía Campesina.

 

El uso de fertilizantes, pesticidas,  maquinarias y  la destrucción de los suelos provocan algo más de la décima parte de los gases invernadero. Una de las principales causas de la destrucción de los suelos es que ya no se devuelve la materia orgánica al suelo.

 

La producción animal en grandes granjas y concentraciones es otra gran fuente de contaminación: muchos autores dicen que cerca de la quinta parte de los gases invernadero provienen de allí. Esto se debe a que las grandes granjas de crianza producen miles de toneladas de guano y orina que no pueden devolverse al suelo por ser demasiada cantidad. Al acumularse en grandes concentraciones producen toneladas de metano, uno de los gases más contaminantes.

 

Otra fuente de metano son las vacas que comen en exceso o comen muy poco. En las granjas industriales las vacas comen a destajo y, en la medida que las familias campesinas tienen menos tierra, sus vacas comen cada vez más mal. Los procesos simultáneos de concentración de la producción animal y la pérdida de tierras por parte de campesinos, pastores y pueblos indígenas provocan entonces calentamiento global.

 

La deforestación es otra gran fuente de contaminación. La destrucción de los bosques y de los suelos que antes protegían los bosques provoca también casi un quinto de los gases que contaminan y alteran el clima. La mayor causa de deforestación actualmente es la expansión de las grandes plantaciones forestales para producir celulosa, las plantaciones de caña de azúcar y palma aceitera para agrocombustibles y la expansión de los monocultivos de soja para alimentar los animales criados en las grandes granjas.

 

La contaminación sigue adelante con el procesamiento, comercialización y exportación e importación de alimentos. Alrededor de un tercio de todo el transporte terrestre es para llevar alimentos de un extremo del mundo al otro. El procesamiento industrial de alimentos, los envases y la refrigeración en el transporte, en los supermercados y en la casa producen más de un sexto de todos los gases con efectos sobre el clima. Y todo ello no le agrega nada a la calidad de nuestra alimentación. Por el contrario, el procesamiento industrial nos llena de conservantes, saborizantes, antioxidantes y colorantes que son una amenaza seria a nuestra salud y especialmente a la de los niños. Este es un sistema que, por ejemplo, hace que comamos carne y frutas que pueden tener más de un año de antigüedad.

 

Por último, los grandes depósitos de basuras -que aumentan mientras más alimentos envasados compremos- producen cerca del 5% de todos los gases invernadero.

 

Si sumamos todas estas fuentes de gases contaminantes, nos encontramos con que al menos la mitad de los gases invernadero provienen del sistema de producción agrícola y alimentario industrial.

 

Las alternativas

 

¿De qué forma la agricultura campesina puede enfriar el planeta? Si la agricultura campesina volviese a ser la agricultura predominante en el mundo, una primera forma de enfriar el planeta sería devolviendo la materia orgánica al suelo. Nada más haciendo eso, la contaminación con gases invernadero se reduciría en al menos un tercio. Con ello además mejorarían los suelos y además los fertilizantes serían innecesarios, porque la materia orgánica que hoy se pierde tiene más nutrientes que todos los fertilizantes que actualmente se consumen.

 

Una segunda forma de enfriar el planeta sería recuperando todas las prácticas campesinas para hacer una agricultura sin pesticidas, fungicidas o herbicidas

 

Una tercera forma de reducir la contaminación es desconcentrando la producción animal. Si se apoyara nuevamente la producción integrada y en pequeña escala de cultivos y animales, los animales no producirían montañas contaminantes de guano, sino el guano necesario para fertilizar el suelo. Tampoco necesitarían transportar alimentos para los animales de un extremo del mundo al otro.

 

Fomentar los mercados locales y más pequeños sería otra manera muy importante de enfriar el planeta. Con ello, comeríamos alimentos más frescos, necesitaríamos menos refrigeración y no se gastaría cantidades absurdas de petróleo en llevarlos al otro lado del mundo. Otro cambio importante es que  los mercados locales nos permitirían deshacernos de tanto envoltorio y envase plástico y de procesamientos innecesarios.

 

Por último, eliminar las plantaciones, proteger e incluso recuperar los bosques sería otro aporte extremadamente importante al enfriamiento del planeta.

 

Si sumamos todo esto, nos encontramos con que la agricultura campesina e indígena podrían reducir los gases invernadero en hasta un 75%. Con ello, sería posible exigir a los otros sectores productivos que eliminen la contaminación restante e incluso se comience a limpiar la atmósfera de los contaminantes que se han ido acumulando. El planeta, efectivamente, podría ser enfriado.

 

Pero para que la agricultura campesina e indígena pueda hacer su gran aporte se necesitan otras condiciones. Se necesita, por sobre todo, que la tierra esté en manos de los pueblos campesinos e indígenas. Por lo mismo, la Reforma Agraria y la restauración de los territorios indígenas se hace hoy más urgente que nunca, como una forma fundamental de asegurar el futuro de la humanidad y de la Madre Tierra.

 

Necesitamos formas de investigación, apoyo técnico y crediticio que no amarre a las familias del campo a los agrotóxicos ni a los grandes poderes comercializadores o exportadores. Necesitamos el fin de los tratados de libre comercio para que la agricultura pueda cumplir su papel social fundamental de alimentarnos sanamente. Necesitamos terminar con las políticas que atentan contra las y los pequeños productores y que dejan a las y los jóvenes sin posibilidades de vivir de la agricultura. En otras palabras, necesitamos soberanía alimentaria y comunidades indígenas y campesinas que puedan vivir dignamente de su insustituible trabajo de alimentar a la humanidad.

 

- GRAIN es una  organización no gubernamental que promueve el manejo y uso sustentable de la biodiversidad agrícola con sede en Barcelona, España. http://www.grain.org

 Artículo publicado en América Latina en Movimiento (ALAI), No. 459, "Nuevas tendencias en el agro". http://alainet.org/publica/459.phtml

 Fuente: http://www.alainet.org/es/active/41569

 

 Crisis civilizatoria

 

Analicemos porqué urge el involucramiento de una creciente mayoría de las diversidades internacionales de abajo en el:

 

Confrontando al modelo del hambre
7 de agosto de 2013

Por Radio Mundo Real

Al llegar a su fin este martes 6 de agosto la Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria se reivindicó como un instrumento de unidad de los pueblos que enfrentan al modelo de producción y distribución alimentaria global, el cual mantiene en situación de hambre a mil millones de personas en todo el planeta.

Escuchar audio aquí.

Aunque se señala que la creación de esta Alianza “no parte de cero” dado que se basa en casi dos décadas de confluencia de organizaciones y redes regionales en lo cual ha dado luz y profundidad al concepto de Soberanía Alimentaria, la declaración final de la Asamblea, celebrada en las afueras de Bogotá, reconoce la importancia de estructurar esta plataforma dando inicio a una nueva etapa de confluencia y movilización.

“El objetivo de la Alianza es ser el instrumento de unidad de los pueblos que luchan por la Soberanía Alimentaria como elemento sustancial en la construcción de un nuevo modelo de sociedad basada en el Buen Vivir y la Soberanía de los Pueblos”, indica la declaración. Para ello se requiere resistir al modelo de desarrollo imperante “que privatiza los sistemas alimentarios, la cultura, saberes y conocimientos a favor de las grandes corporaciones”.

De esta forma la Soberanía Alimentaria se convierte en “principio, visión y legado construido por los Pueblos Indígenas, campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales, mujeres, afrodescendientes, jóvenes y trabajadores rurales, que se ha convertido en una plataforma aglutinadora de nuestras luchas y en una propuesta para la sociedad en su conjunto”.

Para ello, se reivindica la necesidad de defensa de los territorios entendidos como tierras, manglares, humedales, aguas y bosques, para fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la explotación a gran escala; el extractivismo y privatización de bienes; la agricultura industrial a gran escala, fomentada desde la lógica del sistema capitalista todavía predominante que mercantiliza la vida.

“Recorremos este camino defendiendo nuestra Biodiversidad a partir de las prácticas agrícolas tradicionales de nuestros pueblos con base agroecológica que son una respuesta concreta a los graves problemas globales que sufre nuestro planeta”, señala la declaración que será aprobada este martes 6 por los delegados y delegadas a la Asamblea.

Asimismo, la Soberanía Alimentaria con base en la Agroecología se señala como capaz de superar los grandes problemas ambientales que hoy amenazan la vida: la desertificación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Y claramente de dar respuesta al hambre en el planeta, así como al aumento inflacionario de los precios agrícolas.

Para la Alianza la lucha por la Biodiversidad incluye la protección de las semillas y el conocimiento tradicional, libre de patentes y de propiedad intelectual. “Contra las ‘Monotecnologías’ tales como los transgénicos, la geoingeniería, etc., que amenazan, socavan, destruyen los ecosistemas terrestres y acuáticos y se apropian o contaminan los saberes ancestrales. Así mismo, significa recuperar y defender la diversidad silvestre y cultivada, especialmente de las semillas y animales como patrimonio de los pueblos”.

Para ello, la Alianza reivindica el camino de la Agroecología, entendida como “modo de vida que recupera todo lo que hemos perdido, una conexión con los saberes ancestrales. Es una fuerza que enfrenta al modelo capitalista; rescata los mercados locales como parte fundamental de preservar los valores, saberes de las comunidades; pone en discusión los precios, fomenta el intercambio y el trueque como modelo económico de una economía social y solidaria”.

Finalmente, los participantes de esta Asamblea fundacional manifiestan su convicción de que “el paso que estamos dando resulta trascendental en la lucha por lograr las transformaciones profundas que nuestro Continente requiere frente al agotamiento de un modelo de desarrollo que sobre la base del extractivismo en sus diferentes formas marca la continuidad de siglos de despojo y exterminio”.

Concluida la Asamblea, los participantes continuarán reunidos para participar de la Consulta Regional de organizaciones de la sociedad civil sobre el Marco Estratégico Global del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y las definiciones sobre “inversión agrícola responsable”, todo lo cual transcurrirá el miércoles 7 y jueves 8 de agosto. Leer

 

 

Estamos los de abajo del  mundo entero con el imperativo de la toma generalizada de conciencia respecto a que debemos enfrentar al capitalismo local y mundial  desde la unidad de voluntad en procura de nuestros buenos vivires convivires.

 

 

16 de Octubre: ¡Por la Soberanía Alimentaria y

contra las corporaciones transnacionales!
16 de octubre de 2016

Por La Vía Campesina

El 16 de octubre, Día Internacional de Acción Mundial por la Soberanía Alimentaria contra de las corporaciones transnacionales (TNCs)convocado por La Vía Campesina, continuamos la lucha para acabar con el control corporativo de nuestros alimentos y el rechazo a los acuerdos de libre comercio.

A través de su extensa, y clandestina, campaña de presión y “lobby”, las empresas transnacionales han puesto en lugar los marcos de políticas públicas, jurídicos, económicos y de política comercial para legitimar su codicia por las ganancias y la destrucción de la naturaleza. Por ejemplo, el Sistema de Cortes sobre Inversiones (ICS) o sobre Solución de Diferencias entre Estados (ISDS) y los tratados de libre comercio (tales como el propuesto Tratado de Asociación e Inversión Transatlántico [TTIP], Acuerdos Comerciales e Económico ente Canadá y la Unión Europea[CETA], North American Free Acuerdo de comercio [TLCAN], Tratado de Asociación Transpacífico [TPP], Asociación Económica Regional Integral [RCEP]. Todos favorecen a las corporaciones en su avanzada para asegurar el control total de la producción y distribución agrícola mundial. Las patentes y los regímenes de propiedad intelectual son sus herramientas para lograr esto. En este proceso, las semillas campesinas, la base de la agricultura, se consideran ilegales. La biodiversidad se erosiona y es reemplazada por monocultivos uniformes en grandes escalas. El acaparamiento de tierras de los campesinos, especialmente en los países en desarrollo, se lleva a cabo bajo el pretexto del reto de "alimentar a 9 mil millones de personas para el año 2050" a través de sus tecnologías avanzadas y destructivas.

Sin embargo, los pueblos del mundo están luchando para hacer retroceder la captura corporativa, ocupando las tierras, sembrando y protegiendo sus propias semillas y también luchando a nivel nacional e internacional. En la ONU, La Vía Campesina y sus aliados continúan luchando por la adopción de la Declaración de Sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales para garantizar el reconocimiento y la protección para el mismo grupo [1] que contribuye en gran medida a la realización del derecho a la soberanía alimentaria en todo el mundo. Un tratado vinculante para hacer retroceder el poder de las empresas transnacionales y hacerlas responsables por los crímenes que cometen es un próximo paso necesario. Del 12 al 16 octubre de 2016, un Tribunal Internacional de Monsanto en La Haya, País Bajo se llevará a cabo junto con la Asamblea Popular para escuchar y evaluar casos en contra de Monsanto y otras empresas y determinar la responsabilidad criminal.

Desde 2015, hemos visto niveles sin precedentes de consolidaciones por las pocas corporaciones agroalimentarias en forma de fusiones y adquisiciones como Monsanto-Bayer, Dow-DuPont, Syngenta-ChemChina, Agrium Inc. y Potasa Corp. Con estas consolidaciones, solo cuatro corporaciones controlan más de dos tercios de la producción mundial de insumos agrícolas, dándoles la capacidad de mantener la agricultura mundial como rehén de sus ganancias. El hambre y la pobreza empeorará en la medida en que estas corporaciones que ganan grandes ganancias a través de secretos, la diversidad de alimentos se estrechara y la impunidad reforzara su control sobre las políticas agrícolas de los estados soberanos.

Al celebrar este día, vamos adelante hacia una transformación radical del sistema alimentario justo y digno para todos, basado en los principios de la Soberanía Alimentaria, que reconoce las necesidades de las personas, otorga dignidad y respeta la naturaleza, y pone a la gente por encima de las ganancias.

¡Soberanía Alimentaria YA!

¡Por la Soberanía Alimentaria y la Tierra con Solidaridad y lucha!

Contacto: Andres Arce Indacochea

Comunicador European Coordination Via Campesina

+3248955297

Notas:

[1] Los campesinos producen más del 70% de los alimentos consumidos a nivel global.  Leer

 

 

Comprometernos con ¡Soberanía alimentaria ya! nos desafía a deconstruir los sentidos comunes o las subjetividades conque el capitalismo nos  modeló a conveniencia suya. Por ejemplo: “Hemos asumido que la comida está allí y ya, que uno va al centro comercial y ahí compra lo que va a comer. Por eso, observamos en este tipo de investigaciones la necesidad de reavivar las preguntas de dónde viene la comida, quién la produce y cómo es que llega a la mesa. Y que debemos, todos juntos, explorar las posibles soluciones, y buscar quién produzca alimentos de otra manera, no gente que produzca veneno”.

 

 

 

Maíz, transgénesis, agronegocio y ciencia: con el investigador mexicano Emmanuel González-Ortega
10 de noviembre de 2016

Por Marcelo Aguilar 

Llegó a Uruguay para participar en varios seminarios, invitado por el equipo del Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y con la idea de “tender puentes” que permitan “saltar el sesgo y los impedimentos económicos”. Pertenece al Instituto de Ciencias de la Complejidad y al Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Lo entrevistamos para pensar con él acerca de maíz, transgénesis, agronegocio y ciencia.

¿Qué implica que un maíz nativo presente trazas transgénicas?

-Las implicancias que tiene son muchas y en diferentes ámbitos. Desde el punto de vista genómico, no hay investigación concluyente acerca de cuáles son los efectos potenciales que pueda generar la inserción transgénica. Pero se sabe que los propios mecanismos de inserción de transgenes ya tienen efectos tanto a nivel genético como fisiológico y hasta metabólico en las plantas que fueron sometidas a ese procedimiento. La intención de poner un transgén -secuencia de información genética diseñada y manipulada en un laboratorio- es que esa planta exprese un producto que antes no se expresaba de manera natural y que, de una manera no natural, se le introduce. Una planta o cualquier organismo no va a obtener transgenes sintetizados in vitro de manera natural.

Sin embargo, las empresas productoras de organismos modificados genéticamente (OMG) dicen que la presencia accidental formaría parte del orden natural...

-Decirlo así es un error. El flujo de transgenes no ocurre de manera natural. La propia definición de transgén lo señala. Han sido producidos por medio de ingeniería genética y combinan elementos procedentes de diferentes organismos evolutivamente muy separados, como por ejemplo virus y bacterias. Esto no ocurre en la naturaleza. La dispersión de transgenes hacia otras plantas mediante mecanismos como la fertilización entre plantas ocurre, sí, de manera natural, pero porque alguna de las plantas ya contenía ese transgén previamente. No es que ese transgén de pronto le apareció y se lo pasó a otra planta.

¿Puede haber una intención de las empresas de contaminar el maíz? ¿Ganan con esto?

-Habría que analizar el potencial beneficio económico que tendrían. Pensando en que las variedades transgénicas que ellos han producido están sometidas a patentes, uno puede pensar que sí. Que las compañías tendrán beneficio adjudicándose ellos mismos el derecho potencial de demandar a los productores. Todavía no han sido liberadas las tecnologías transgénicas llamadas “terminator”, que hacen a las siguientes generaciones estériles. Pero si un agricultor desea sembrar variedades híbridas de las compañías tiene que firmar un contrato en el que una de las cláusulas indica que no puede guardar semillas para las siembras venideras. Cada año tendrá que comprar de nuevo la variedad que corresponda, sea esta o no transgénica.

¿Cuál es el papel que juega la ciencia en el modelo global del agronegocio?

-Uno de los conflictos que viven la ciencia y los centros universitarios es que ante las agendas económicas que pautan el mercado global, en ocasiones se privilegia el cumplimiento de esas agendas y se deja de lado la investigación pública e independiente de la agroindustria y los intereses de las grandes empresas. Lamentablemente, la tendencia parece que va en ese sentido, de que cada vez más compañías privadas -no solamente semilleras- incidan con mayor fuerza en los centros de educación públicos universitarios y, por lo tanto, orienten investigación hacia la obtención de beneficios para los inversores. La ciencia es un campo de debate abierto todo el tiempo. Y eso la mueve: las posturas encontradas. Pero desde la construcción y sin conflicto de intereses. Como se ha evidenciado muchas veces, en la agrobiotecnología transgénica hay conflictos de interés de científicos que trabajan en compañías, después ocupan puestos de gobierno, después en universidades, y eso pasa en todo el mundo, en el fenómeno conocido como “puerta giratoria”.

¿Cuáles son los riesgos de quedarse sin maíz nativo? ¿Eso puede llegar a pasar?

-México es centro de origen y diversidad del maíz. Hay un acompañamiento mutuo entre las comunidades campesinas e indígenas y el maíz; se han adaptado de tal manera, que el maíz es la base de la alimentación en nuestro país. Un mexicano puede consumir anualmente más de 100 kilos de maíz. Ante este hecho, y en el contexto del calentamiento global y el cambio climático, es importantísimo conservar el maíz como reservorio genético para la generación de variedades que puedan ser adaptadas a cambios climáticos como sequía o condiciones de mayor humedad. Otro aspecto es a nivel económico y de seguridad y soberanía alimentaria. Hasta hoy la mayoría de las variedades que se plantan para comer son no transgénicas, y si se llena de transgénicos, las comunidades estarían en riesgo de no poder mantenerse y proporcionar ese alimento. Otro riesgo central es a nivel de salud pública. Aunque faltan estudios epidemiológicos, hay evidencias que señalan riesgos potenciales a la salud por el consumo de maíces transgénicos.

¿El maíz transgénico que llega a México es importado?

-México importa aproximadente una tercera parte del maíz que utiliza, no solamente para fines alimentarios, sino también para fines industriales, como producción de etanol y producción de almidones. Lo importa principalmente desde Estados Unidos, donde entre 90% y 95% del maíz que se siembra es transgénico. Por las mismas condiciones geoecológicas y geoambientales en México, que son altamente diversas, la presencia de maíces transgénicos podría causar una disminución en la siembra, presencia y supervivencia de variedades nativas.

Homogeneizaría...

-Exactamente. A nivel genético, homogeneizaría las variedades nativas; a nivel agronómico, bajarían los rendimientos si llegara a aumentar la siembra de maíces híbridos transgénicos.

La base de la agricultura es la diversidad, y este modelo se rige por patrones unificantes...

-Efectivamente, la agricultura está basada en la diversidad. Los cultivos que son base de la alimentación mundial se originaron a partir de ella. Esa diversidad se generó con diferentes situaciones ambientales o geográficas que permitieron que las comunidades humanas que había en ese momento se asentaran y, progresivamente, fueran realizando un mejoramiento de esas variedades para cubrir sus necesidades alimentarias. Este modelo, en cambio, está orientado a que los beneficios económicos sean los máximos. A que el productor utilice la menor cantidad posible de mano de obra, con la menor cantidad de insumos, y obtenga un rendimiento mayor. No toma en cuenta la diversidad mundial, y las situaciones particulares de las regiones.

¿Es posible separar la discusión sobre los transgénicos de otros costos que tiene el modelo, como las poblaciones fumigadas o la contaminación del agua y el ambiente?

-Después de 20 años de presencia de cultivos transgénicos, volver a intentar responder la pregunta únicamente desde la ingeniería genética, la biotecnología o la biología molecular implicaría que estamos atrasados. Debemos preguntarnos de manera crítica qué es lo que está pasando y cuáles son los efectos en la salud y en la ecología en regiones de países como Argentina, que han adoptado desde hace años ya este modelo de producción a gran escala.

En el caso de México te escuché hablar de “doble despojo”, en la medida en que las empresas están contaminando el maíz criollo, pero al mismo tiempo se están llevando el maíz limpio.

-Sí. Partamos de que indudablemente hay presencia de maíz transgénico en campos de zonas donde no hay permisos específicos para esto, hecho reconocido hasta por organismos oficiales mexicanos. Cada vez hay menor acceso a semillas nativas propias de los campesinos. Y hemos detectado empresas de reciente salida al mercado que tienen como misión buscar maíces nativos libres de transgénicos para venderlos en el mercado de Estados Unidos a restaurantes gourmets, a precio de delicatessen. Hay investigaciones que documentan que las moléculas que les dan el color a los maíces pigmentados tienen propiedades bioactivas, anticancerígenas y antioxidantes, y hoy están buscando llevarse este maíz sano y dejarnos el contaminado con transgenes y con agroquímicos. Esto es, claramente, un doble despojo.

¿Cómo se instala el debate sobre comer transgénicos en la sociedad, si no es posible explicar cabalmente qué implica que un producto tan consumido tenga transgénicos?

-Es que no se sabe qué implica, pero hay preguntas para hacerse. De dónde viene la comida, quién la produce y cómo es que llega a la mesa. Hemos asumido que la comida está allí y ya, que uno va al centro comercial y ahí compra lo que va a comer. Lo que estamos observando en este tipo de investigaciones es que hay necesidad de reavivar esas preguntas y que debemos, todos juntos, explorar las posibles soluciones, y buscar quién produzca alimentos de otra manera, no gente que produzca veneno.

Ahí, en el veneno, quizás haya una pista...

-Sí. Claro. Pero precisamente, quienes nacimos y vivimos en las grandes ciudades no tenemos demasiada opción, porque no podemos acceder a un terreno donde plantar nuestros propios alimentos. Sin embargo, al día de hoy la producción de alimentos sanos está en manos de pequeños productores con la menor cantidad de recursos y la menor cantidad de tierra, con la menor cantidad disponible de agua, pero con sus propias semillas.

¿Una alternativa sería potenciar eso?

-Sí, porque ante lo que se está viviendo -no solamente en México, sino a nivel mundial-, la gente eventualmente buscará tener acceso a esos alimentos, y para que haya disponibilidad y acceso se debe mantener la agricultura campesina, que a su vez es la que está siendo más afectada por la agricultura industrial y los transgénicos.

La Diaria

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Maiz_transgenesis_agronegocio_y_ciencia_con_el_investigador_mexicano_Emmanuel_Gonzalez-Ortega

 

Encontremos otra prueba más de porqué desligarse completamente de los gobiernos progresistas e incluso someterlos a tribunales populares y atender a cómo se desarrollan potenciales de cambios radicales desde los diversos de abajo.

 

 

Lo político tras los organismos transgénicos
29 octubre 2012

Por Edgar Isch L.

lalineadefuego

 

Introducir los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), más conocidos como transgénicos, en la agricultura y alimentación ecuatoriana, se ha dicho con una sobra de argumentos científicos y experimentales que constituye un gran riesgo a la salud humana y a la existencia de la biodiversidad mundial que hoy conocemos. El debate, sin embargo, crece por la presencia de científicos que defienden los transgénicos, unos ingenuamente confundiendo su profesión con el derecho a investigar (libertad que siempre debe estar sometida a principios éticos y humanos, para no englobar en esa libertad la investigación en la “ciencia” de la tortura, para poner un ejemplo), mientras otros forman parte de lo que se ha dado en llamar la “ciencia mercenaria”, que se vende al mejor postor el cual, en el capitalismo, no puede estar sino del lado de las transnacionales.

 

No es la primera vez que esa ciencia mercenaria actúa. Experiencias suficientemente sonoras han sido la defensa del cigarrillo sosteniendo que era un producto sano y que no presentaban riesgo los más de dos mil químicos incorporados en su elaboración para provocar la adicción; lo fue también la defensa del asbesto (o amianto), producto cancerígeno con altas tasas de mortalidad sobre cuyo riesgo sólo se admitió cuando las mismas empresas tenían el producto de reemplazo; y más cercano a nuestros días están quienes trabajaron para el gobierno norteamericano en la pretensión de ocultar el origen del cambio climático en acciones humanas ligadas a la producción industrial. Menos sonoras pero igualmente demostrativas de la ciencia mercenaria son los resultados parciales o manipulados que favorecen a la empresa que financia esos estudios, lo que, por ejemplo, en Argentina ha llevado a un fuerte debate ético frente a las universidades que realizan investigaciones financiadas por las transnacionales mineras.

Como se puede ver, hay trampas y argucias en el debate respecto a un tema tan trascendente como es el peligro de los transgénicos para la salud humana. Se procura poner en duda resultados comprobados y se niega la verdad científica y su método de manera que recuerda a los opositores de las leyes de la evolución de las especies cuando fueron expuestas por Darwin. Pero tengamos claro que desviar la discusión hacia la libertad de investigación pretende evadir la discusión de fondo: quienes ganan y quienes pierden con la producción de transgénicos-

En términos de política pública, más allá del debate entre ciencia con conciencia y la ciencia mercenaria, hay un cúmulo de consecuencias o disyuntivas que trae la introducción de los transgénicos. Aquí veremos algunas.

 

1.- Transgénicos es igual a renunciar a principios universales básicos de gestión ambiental como el principio de precaución

Planteando estos elementos de entrada, hay que considerar otros aspectos ante la influencia creciente de empresas productoras de transgénicos. En primer lugar hay que decir que en cualquier escenario, incluso el presentado por esas empresas, nadie puede garantizar que los transgénicos son inofensivos para la salud, aun suponiendo que no existieran evidencias de los daños que causan. Por otro lado los riesgos crecen porque el empleo de semillas transgénicas va atado por lo general a un incremento en el uso de herbicidas y otros agrotóxicos. En conjunto, si se diera el caso de la falta de una certeza científica sobre los daños potenciales, hay dudas razonables que obligan a aplicar el Principio Precautorio (o Principio de Prevención), es decir que obligan a tomar medidas para evitar ese riesgo.

En el mismo terreno de la salud pública, el cinturón de seguridad es un buen ejemplo de aplicación de este principio. Aunque un conductor se sienta excelente y responsable, esté dispuesto a cumplir las normas de tránsito e ir a baja velocidad, no puede tener certeza de que no tendrá un accidente, tal vez por las maniobras de otros conductores o una distracción momentánea, de manera que está obligado a utilizar el cinturón de seguridad. En el campo industrial, las farmacéuticas deben realizar largas y numerosas pruebas antes de vender una medicina reduciendo los riesgos en su uso, alertando de efectos secundarios y estableciendo condiciones específicas de consumo. Lo lógico sería que en consecuencia, al menos eso se demande de los transgénicos, si se considerase solo el aspecto de la salud, que insistimos, a pesar de su trascendencia no es el único a tomarse en cuenta.

¿Qué significa introducir los transgénicos sin más en estas condiciones? Pues renunciar al principio precautorio que está en nuestras dos últimas Constituciones y sumar a la población ecuatoriana a ese porcentaje de la humanidad que, casi siempre sin saberlo, hace el rol de conejillos de indias.

 

2.- Transgénicos es igual a la visión neoliberal que dice que desarrollo equivale a crecimiento y es mentir sobre los resultados en la productividad agrícola

Un argumento reiterado del gobierno ecuatoriano ahora es que con transgénicos se cuadruplica la productividad y que con ello se sacará de la pobreza a miles de familias. Hasta la fecha no se ha difundido una respuesta a una simple pregunta planteada por el movimiento internacional Vía Campesina al presidente Correa por medio de una carta abierta[1]: “Sería de gran utilidad, para informar mejor el debate, si Ud. [señor Presidente] pudiera informarnos de las fuentes que aseveran que los cultivos transgénicos podrían cuadruplicar la producción”.

Por el contrario, fuentes serias señalan que la productividad se reduce, tal y como sucede también con los híbridos. Que los rendimientos de los cultivos transgénicos no son mayores que aquellos de los cultivos convencionales es incluso reconocido en un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de abril de 2006 que afirma “los cultivos transgénicos actualmente disponibles no incrementan el rendimiento potencial de una variedad híbrida. [...] En efecto, la productividad puede incluso disminuir si las variedades utilizadas para insertar los genes tolerantes a herbicidas o resistentes a insectos no son los cultivares de mayor productividad.”[2]

Adicionalmente, en el documental y libro “El Mundo según Monsanto” (2008), la investigadora Marie-Monique Robin visita la India, donde ingenieros agrónomos explican que en el cultivo de algodón transgénico BT existe una mala interacción entre la planta manipulada y el gen insertado, lo que debilitó a la planta y la expuso a un hongo llamado rhizoctonia que en 2006 estropeó las parcelas, apenas cuatro años después del ingreso de la variedad transgénica. No se generó más productividad ni ahorros en el uso de insecticidas, sino que al contrario el productor debía gastar en productos complementarios para fumigar a los 70 a 90 días de plantar.

 

En referencia a esa misma variedad, una investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, señala que los beneficios netos para los agricultores son “más bien pequeños”; “Aunque la tecnología reduce significativamente la aplicación de insecticidas y aumenta los rendimientos, estos beneficios son limitados por los altos precios de la semilla de algodón Bt”[3]. Mientras las semillas del cultivo BT costaban entonces 103 dólares/hectárea, las semillas convencionales costaban 25 dólares por hectárea, es decir, cuatro veces menos que el cultivo de Monsanto. “En muchos casos, este precio tan elevado neutraliza los beneficios monetarios asociados con altos rendimientos y costos más bajos de insecticidas”, señalan los autores y añaden: “El aumento en el costo total de producción, asociado con la tecnología Bt, incrementa el riesgo económico que enfrentan los productores”, que gastan más y se endeudan más, y por lo mismo están más vulnerables al cambiante precio internacional del producto, a las políticas gubernamentales de turno, a las condiciones climáticas…”

 

Respecto a la soya, los cultivos transgénicos no han tenido mejor rendimiento que sus homólogos no transgénicos. En un estudio que revisó más de 8.200 ensayos realizados en universidades sobre distintas variedades de soja, la soja transgénica RR presenta un déficit de entre un 6 y un 10% respecto a la soja no transgénica.[4] En un informe de 2006 para la Comisión Europea se concluye que la adopción de la soja transgénica RR en los Estados Unidos «no había tenido ningún efecto significativo sobre los ingresos agrícolas»[5].

Otro estudio de productividad, para no abundar demasiado, es el que realizó la Unión of Concerned Scientists (UCS)[6], y lo tituló “Failure to Yield” (Falta de Rendimiento), que analiza los rendimientos de los cultivos transgénicos en Estados Unidos durante 20 años de experimentación y 13 años de comercialización. La conclusión a la que llegaron es que a pesar de enormes costos, los transgénicos no han contribuido a aumentar la producción agrícola en ese país y que, comparativamente, y en cambio, otros enfoques convencionales y orgánicos, han aumentado los rendimientos mucho más. Por cultivo, la UCS demostró que en el caso de la soya, los transgénicos han disminuido el rendimiento, en el caso del maíz tolerante a herbicidas no aumentaron nada y en el caso de maíz insecticida con la toxina Bt, ha habido un ligero aumento, entre 3 y 4 por ciento al final de los 13 años. Más aún, el aumento total del rendimiento del maíz que se ha dado en estos años en Estados Unidos, se debió a otras variedades y otros enfoques de producción que no fueron transgénicos[7].

En síntesis, no sólo que los transgénicos no aumentan de manera significativa los rendimientos y aún si lo hicieran, es un retroceso pensar que el desarrollo agrario es igual a mayor producción, porque hay que preguntarse quién lleva los beneficios supuestos.[8]

 

3.- Transgénicos es reducir intencionalmente la biodiversidad

En el Ecuador la Constitución establece los Derechos de la Naturaleza, entre los que se encuentra el derecho a la existencia de especies y ecosistemas. El Estado es el responsable de garantizar estos derechos y, con ello, de ofrecer a las futuras generaciones vida digna y en condiciones en las cuales puedan disponer de los bienes y funciones naturales que hoy tenemos.

Pero donde se ha ingresado con transgénicos la biodiversidad disminuye. En parte, ha sido el alto incremento de uso de agrotóxicos como Glifosato y Roundup (del cual el Glifosato es un componente), que contaminan gravemente el suelo y las aguas cercanas, con inevitables efectos en insectos, microorganismos y especies mayores. Según el United States Fish and Wildlife Service, consecuencia del sobre uso de químicos como el Roundup de Monsanto es que ya se encuentran bajo amenaza de unas 74 especies en los Estados Unidos. Otros daños del Roundup en el ambiente y diversas especies se encuentran sintetizados en el informe “Soja Transgénica: ¿sostenible? ¿responsable?”, publicado en 2010 por GLS Gemeinschaftsbank eG.

Unos datos más, esta vez referentes a daños ambientales por el uso de bacterias genéticamente modificadas GM:

“Científicos de Oregón hallaron que la bacteria GM (Klebsiella planticola) usada para descomponer astillas de madera, tallos de grano y desechos con el fin de producir etanol – usando los desechos del proceso como compost – dejó estéril el suelo. Destruyó sus nutrientes esenciales, privándolo de nitrógeno y eliminó al nitrógeno al capturar los hongos. Un resultado similar se produjo en 1997 con la bacteria GM Rhizobium melitoli. El profesor Guenther Stotzky de la New York University condujo la investigación demostrando que las toxinas mortales para la mariposa Monarca también eran liberadas por las raíces contaminando el suelo. La contaminación fue hecha para durar hasta 8 meses deprimiendo la actividad microbiana. Un estudio de Oregón mostró que los microbios de suelo GM en el laboratorio destruían las plantas de trigo al ser añadidos al suelo.”[9]

Otros aspectos del daño ambiental con este tipo de productos están en la vinculación entre transgénicos y el surgimiento de supermalezas y otras superplagas, la intensión de crear árboles que resistan a las fumigaciones aéreas que terminen con toda la vida circundante, las muertes de aves, mamíferos y anfibios por ese exacerbado uso de agrotóxicos, la perturbación de fronteras naturales y la polución genética. Lamentablemente todavía hay poca investigación sobre los efectos de los transgénicos en otros organismos vivos, pero esto lleva a considerar que, por aplicación del principio de precaución, no se los debería emplear hasta que investigaciones suficientes demuestren que no es así.

Conociendo estudios que demuestran esta realidad, no se puede decir que el uso de transgénicos reduce accidentalmente la biodiversidad, sino que es el resultado de una acción intencionada a apoyar a las empresas productoras de semillas genéticamente modificadas a costa de los derechos de la naturaleza.

4.- Transgénicos es atacar a la soberanía alimentaria

La producción de alimentos transgénicos en países dependientes como el Ecuador se destinada mayoritariamente a la exportación, acentuando la tendencia al apoyo estatal a ese tipo de producción y reduciendo el interés por la producción de alimentos que garantizan la soberanía alimentaria. Para ello se emplean métodos intensivos que reducen el espacio para otros productos, tal y como se registró en Argentina: “En los cinco años anteriores a 2005, la producción de soja había sustituido 4.600.000 hectáreas de tierra dedicadas anteriormente a otros sistemas de producción como los lácteos, los árboles frutales, la horticultura, el ganado y los cereales”.[10]

 

Por otra parte, con los transgénicos se impone una sola variedad de un producto en detrimento de otras. El caso del maíz en México es esclarecedor, pues allí se ha demostrado, por múltiples estudios, la contaminación transgénica que amenaza a las 62 razas y miles de variedades, lo que llevó a más de 2.000 científicos mexicanos y de otros países a plantear la necesidad de mantener la moratoria que impida esas siembras en el país[11], pedido al que se sumó el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter[12]. Destrucción de biodiversidad y de la producción de campesinos que pasan a ser atacados por “no tener la patente” de sus semillas (véase la película documental ‘Food Inc.’ que presenta la manera como se procura impedir que los agricultores sean dueños de sus propias semillas).

 

La dependencia es propia del capitalismo en su fase imperialista, de manera que no es extraña a un proceso de modernización capitalista como el que impulsa el gobierno del Ecuador. Pero para las comunidades campesinas es su muerte como tales, Su expresión se encuentra ligada al acaparamiento de tierras y agua, que tiene connotaciones internacionales.

 

“Las corporaciones quieren matar la agricultura para ejercer un control estrictamente mercantil sobre la producción de alimentos y sobre quienes los producen, mientras vuelven a vaciar territorios, expulsan mano de obra e incrementan los ejércitos de obreros precarizados. Se trata de un reacomodo empresarial del espacio y control sin miramientos del esfuerzo humano. Se pretende, llanamente, erradicar la producción independiente de alimentos”.[13]

Una producción de una sola especie destruye la soberanía alimentaria y las redes de relacionamiento y cultura que se forjan y perviven en la agricultura campesina. El fin de una producción independiente de alimentos es lo contrario a la soberanía alimentaria, altera la dieta de un país, no resuelve el problema del hambre.

5.- Transgénicos es dependencia y dominación de las transnacionales

La tecnología empleada entraña el control sobre las semillas lo que convertirá a las comunidades y productores en dependientes de las empresas dueñas de las patentes. El campesino que ha sido el guardián de las semillas termina como mero “cliente” de la cadena de venta de semillas y otros insumos que otros determinan que deben ser usados de manera cotidiana.

La investigación en Colombia señala las condiciones del contrato de los campesinos con Monsanto: no guardar las semillas para el próximo año, no re-venderlas, no ceder información sobre la tecnología al vecino, vender la cosecha a desmotadoras autorizadas por Monsanto, estar dispuesto a que la empresa inspeccione mi cultivo y que me demande en caso de que lo considere.[14]

La pérdida de independencia no es real solo para las comunidades campesinas. Lo es también para los países ya que las patentes permiten un control de seis corporaciones transnacionales: Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer y Basf. La prestigiosa investigadora mexicana Silvia Ribeiro resalta que todas son: “transnacionales químicas que se apropiaron de las compañías de granos para controlar el mercado agrícola, vendiendo semillas casadas con los agrotóxicos que ellas producen (herbicidas, insecticidas, etcétera). Todas –además de Monsanto que se ha hecho famosa como villano global– tienen un historial criminal que incluye, entre otros crímenes, graves desastres ambientales y contra la vida humana. Todas, una vez al descubierto, intentaron evadir sus culpas, tratando de deformar la realidad con mentiras y/o corrupción[15].”

El uso de transgénicos significa, por tanto, apoyar a estas empresas, permitirles dirigir la producción de alimentos básicos en el país, poner a los campesinos a depender de ellas, y todo bajo la suposición de que ahora son candidatas a un puesto en los altares. No se debe olvidar además que, en caso de un cambio de políticas o leyes nacionales, estarán en disposiciones de emplear los tribunales de arbitraje internacionales como el CIADI, donde la norma es que los procesos los pierdan los Estados y se entregue todos los beneficios a las transnacionales.

6.- Transgénicos es negar los derechos del consumidor

Una pregunta sencilla: ¿Si los transgénicos son tan “seguros”, por qué se esfuerzan tanto en que no los etiqueten y el consumidor sepa que está consumiendo? Solo para bloquear la propuesta 37 de Ley de California (Right to Know Genetically Engineering Food Act) sobre la que se decide en las próxima semanas, las transnacionales gastaron más de 40 millones de dólares[16].

Un argumento digno de sabatina fue aquel que más o menos decía que al final de cuentas ya consumíamos transgénicos importados y ni lo sabíamos. Decirlo no es un argumento a favor de los transgénicos sino la confesión de que el gobierno no cumple y hace cumplir con los derechos del consumidor y la Ley respectiva. Y como vemos, mantener a esos productos sin etiquetas que adviertan que se consume es una política de las transnacionales con la que no deberían estar de acuerdo los Estados.

Más allá de eso, en Europa se pide que las etiquetas digan también cómo y por qué fueron modificados, que no se use el engañoso calificativo de “cultivos biotecnológicos” y que las empresas presenten los resultados de sus estudios sobre efectos a la salud. “La UE ha pedido los resultados de las pruebas a las compañías para aceptar o no la comercialización de estos productos, pero las compañías dicen que son confidenciales, cuando según la ley de la UE deberían ser públicos. Ya hemos ganado algún juicio contra Monsanto demostrando los efectos nocivos de los OGM que pudimos analizar”, declara Dr. Gilles-Eric Séralini, experto de la Comisión Europea en transgénicos e investigador en Biología Molecular[17].

 

Un corto listado de los derechos del consumidor afectados son:

- El derecho a la seguridad para protegerse de productos, procesos de producción y servicios que puedan perjudicar la salud y afectar la vida

- El derecho a la información necesaria para tomar una decisión informada y protegerse contra la publicidad engañosa

- El derecho a elegir con garantías de calidad satisfactorias

- El derecho a la educación de consumidor

- El derecho a un medio ambiente saludable

Al hablar de la información y toma de decisiones, de manera ampliada, lo que se tiene es que las grandes plantaciones de transgénicos no respetan el derecho a la consulta previa de pueblos y nacionalidades.

 

En resumen: cumplir la Constitución o aplastarla con semillas transgénicas.

Los aspectos analizados anteriormente y otros que seguramente faltan, solo pueden llevar a la conclusión que la introducción de los transgénicos no implica cambiar un artículo de la Constitución, sino pisotear columnas vertebrales de la misma como el Sumak Kawsay y los derechos de la naturaleza, desconocer derechos y generar condiciones para una mayor dependencia del país, afectando incluso las posibilidades de alcanzar el objetivo de la soberanía alimentaria.

Estos son aspectos fundamentales que no pueden ocultarse bajo debates sobre otros temas o la consabida descalificación e insultos contra quienes piensan distinto que el gobierno. Con la pretensión de “modernizarnos” o de ponernos a la moda de lo que otros países, se está poniendo en juego la vida del país, empezando por la del campesinado.

Notas:

[1] Transgénicos: Carta de La Vía Campesina a Rafael Correa, Presidente de Ecuador. Por: Comisión Coordinadora Internacional de la Vía Campesina Internacional. México, 30 de septiembre de 2012.Aquí

[2] USDA, 14 April 2006h. Argentina’s Soybean Complex Competitiveness. International Trade Report.. Citado en: Amigos de la Tierra 2007, Agricultura y alimentación ¿quién se beneficia con los cultivos transgénicos? un análisis del desempeño de los cultivos transgénicos a nivel mundial (1996-2006) resumen ejecutivo enero de 2007

[3] Matin Qaim y Eugenio J. Cap, 2002. Algodón BT en Argentina: un análisis de su adopción y la disposición a pagar de los productores. INTA – Instituto de Economía y Sociología, Buenos Aires.

[4] Benbrook C. 1999. Evidence of the magnitude and consequences of the Roundup Ready soybean yield drag from university-based varietal trials in 1998. Ag BioTech InfoNet Technical Paper No 1, Jul 13. Aquí

[5] Gómez-Barbero, M., Rodríguez-Cerezo, E. 2006. Economic impact of dominant GM crops worldwide: a review. European Commission Joint Research Centre: Institute for Prospective Technological Studies. December.

[6] La “Unión de Científicos Preocupados” es un grupo científico y ciudadano basado en Estados Unidos, que incluye a más de mil integrantes, incluyendo varios ganadores de premios Nobel.

[7] Doug Gurian-Sherman, 2009. Failure to yield, Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops. Union of Concerned Scientists.

[8] Un estudio igualmente útil y accesible en la Internet es el realizado por Amigos de la Tierra (2007). ¿Quién se beneficia con los cultivos transgénicos? Un análisis del desempeño de los cultivos transgénicos a nivel mundial (1996-2006).

[9] Nathan Batalion, ND, 2010. “ 50 efectos perjudiciales de los alimentos genéticamente modificados”.

[10] Pengue, Walter. 2005. Transgenic crops in Argentina: the ecological and social debt. Bulletin of Science, Technology and Society 25, 314–322. Aquí

[11] Aquí

[12] Aquí

[13] Centro por la Autonomía y otros, 2012. El maíz no es una cosa es un centro de origen. México D.F.

[14] ¿Cómo les fue a los agricultores que adoptaron el algodón BT de Monsanto? Aquí

[15] Silvia Ribeiro, La Jornada 16 de julio de 2010, México.

[16] Aquí

[17] Los transgénicos son peligrosos para la salud humana. La Vanguardia, entrevista realizada a Gilles-Eric Séralini por Ima Sanchís 8 de abril de 2009.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/La_ciencia_y_los_OGM._Parte_2._Boletin_N_508_de_la_RALLT

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La situación de los transgénicos en Ecuador (2015)
28 de agosto de 2015

 

Por Richard Intriago Barreno

FECAOL – ACCIÓN ECOLÓGICA

Cultivos Autorizados

En Ecuador podríamos decir que hay una situación actual muy alentadora, con avances legislativos claves, con fuertes argumentos a favor de la agrobiodiversidad y con una creciente masa crítica sobre los impactos que generaría la introducción de los cultivos genéticamente modificados al país. Sin embargo, muchos de los principales voceros del gobierno nacional, especialmente el presidente de la república, han manifestado permanentemente su intención de permitir y promover el ingreso de estos cultivos, siendo un claro atentado contra la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano contemplada en la Constitución de la República aprobada el año 2008.

En esta coyuntura cabe analizar los cables de los Wikileaks fechados en el año 2009 donde se afirma que: “La Oficina (Embajada EE UU) solicita financiamiento para apoyar los viajes de cinco periodistas ecuatorianos a los Estados Unidos para participar en un tour sobre biotecnología (transgénicos) de una semana. El propósito de la gira es instruir a los formadores de opinión acerca de la biotecnología…. en consonancia con la posición del Gobierno de los Estados Unidos sobre ella”. Añade que “Dado que el Ecuador es un mercado comercial para estos productos (en 2008, Estados Unidos exportó al Ecuador más de US$33 millones en harina de soja y más de US$44 millones en cereales secundarios), es de interés del Gobierno de Estados Unidos obtener apoyo público para la biotecnología (transgénicos). La cobertura de los medios de comunicación ecuatorianos respetados, en favor de los transgénicos ayudará a cambiar la opinión pública…. sentará las bases para una opinión positiva y ayudará a prevenir protestas públicas si el Presidente, o la Asamblea Nacional permiten la aprobación e implantación de transgénicos”.

Agrega además el cable: “La excepción presidencial contemplada en la Constitución (art. 401) fue añadida sólo como resultado del cabildeo de los influyentes agro-negocios del Ecuador…. es de esperarse que la Asamblea Nacional apruebe una legislación que afecte a la biotecnología, al uso y comercialización de semillas transgénicas y a asuntos sobre la protección a consumidores respecto de los transgénicos”.

En Ecuador, la concentración de la tierra se da con mayor severidad en la región costa, donde se encuentran los grandes productores de soya y maíz, por lo que se entiende que el interés para el ingreso de los cultivos transgénicos está direccionado a esta región en específico, sin embargo no se ha autorizado ninguna liberación de cultivos genéticamente modificados hasta la presente fecha. 

Introducciones ilegales

Tampoco se conoce ninguna introducción ilegal de cultivos transgénicos al país, para ello Acción Ecológica inició un monitoreo en maíz y concluyeron que durante el proceso de monitoreo participativo, llevado a cabo durante el período de siembra de los años 2012 y 2013, no se detectó la presencia de ninguna proteína transgénica, luego de haberse evaluado más de 400 muestras de maíz. Esto nos lleva a proponer que el Ecuador es libre de maíz transgénico (Bravo y León, 2013).

Investigación y Centros Biotecnológicos

Existen varios centros de investigación y de biotecnología en el país, pero sólo uno de ellos, la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), se encuentra desarrollando un tipo de modificación genética con el fin de controlar la sigatoka negra en el cultivo de banano, bajo la denominación de banano cisgénico. Para esto combinan los genes de 2 variedades de banano con el fin de hacerlas más resistentes (El Telégrafo, 2012).

La autorización de este experimento fue otorgada por la Secretaria General de la Nación en la que manifiesta que no existe impedimento constitucional alguno para la investigación de organismos genéticamente modificados en el país. 

Regulaciones 

Entre las normas jurídicas que existen en el país, la más importante es la Constitución de la República del Ecuador, la cual en su artículo 401 menciona: Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. Además existen otros artículos donde exclusivamente se protege al país de cualquier riesgo que atente contra la biodiversidad nacional. 

Asimismo, se tiene la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA) publicada el año 2009 y modificada el año 2010, donde el párrafo 2 del artículo 26 menciona; “Las materias primas que contengan insumos de origen transgénico únicamente podrán ser importadas y procesadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de sanidad e inocuidad, y que su capacidad de reproducción sea inhabilitada, respetando el principio de precaución, de modo que no atenten contra la salud humana, la soberanía alimentaria y los ecosistemas. Los productos elaborados en base a transgénicos serán etiquetados de acuerdo a la ley que regula la defensa del consumidor”.

Además se elaboró la Propuesta de Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento Agroecológico, donde participaron decenas de organizaciones campesinas de todo el país, consiguiendo crear las herramientas jurídicas para penalizar a quien introduzca, comercialice o cultive transgénicos en el territorio nacional. Esta propuesta pasó el primer debate en la Asamblea Nacional y se encuentra esperando que continúe su proceso legislativo.

Ecuador es miembro del Protocolo de Bioseguridad, pero el papel que ha jugado la delegada del Ministerio del Ambiente, es contrario a lo establecido en la Constitución de la República, a la realidad ecuatoriana y a los intereses de un país megadiverso. 

Actores Relevantes en el País 

Muchos de estos avances en materia legislativa y el fomento de sectores con capacidad de crítica y de respuesta ante el poder económico de la agroindustria, lo ha liderado Acción Ecológica, teniendo como principal promotora y referente nacional contra los organismos genéticamente modificados a la Dra. Elizabeth Bravo.

Así mismo, existen otras organizaciones de la sociedad civil de diferentes partes del país que han tomado este tema con mucha seriedad entre sus objetivos de lucha. Entre ellas tenemos la Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones Campesinas del Litoral (FECAOL), el Colectivo Agroecológico del Ecuador, y algunas de las organizaciones nacionales de campesinos e indígenas. Otros actores de diferentes sectores también han aportado a la resistencia contra los OGMs, como Roberto Gortaire (Colectivo Agroecológico del Ecuador), Fausto Falconí (Floricultor orgánico), Pedro Páez (Superintendente de control del poder de mercado), entre otros actores de la sociedad civil y varios de la función pública. 

Alimentos Transgénicos 

Durante el año 2013 se llevó a cabo un monitoreo participativo para determinar si existe proteína transgénica Roundup Ready en el grano de soya destinado al consumo humano. Se evaluaron 89 muestras en 7 provincias del país encontrándose 19 de ellas con soya modificada genéticamente. Esto se entiende pues las grandes importaciones de soya y de maíz que realizan las industrias de balanceados son materiales genéticamente modificados, asimismo se sospecha que todos los subproductos que tengan en su composición soya o maíz y provengan de EEUU, Argentina o Brasil, son elaborados a partir de cultivos transgénicos. Con este argumento, el 11 de septiembre del año 2013, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado emitió la norma técnica 001, la cual establece que todo alimento y bebida que las empresas produzcan o comercialicen en Ecuador deberán incluir una etiqueta informando si contiene o no componentes transgénicos, dando un plazo determinado para el cumplimiento de la norma.

Campañas Nacionales

Durante los últimos años se han llevado a cabo varias iniciativas y campañas en contra de los transgénicos en Ecuador, algunas de ellas con un mensaje claro como “Ecuador Territorio Libre de Transgénicos”, y otras promoviendo la agroecología, la recuperación de la semilla nativa y el consumo de alimentos sanos. Estas campañas se han generado como una estrategia movilizadora para combatir los cultivos transgénicos y el uso de los plaguicidas en los alimentos. Una de las campañas realizadas durante este período es “Que Rico Es…Comer Sano y de Mi Tierra”, coordinada por la Comisión Nacional de Consumidores. Además, se han realizado varias movilizaciones en las ciudades de Quito, Guayaquil y Vilcabamba contra la transnacional Monsanto, y como medida de presión política se llevó a cabo la marcha más contundente por la soberanía alimentaria y en contra de los transgénicos, el día 16 de Octubre del año 2013 en la ciudad de Guayaquil, donde asistieron aproximadamente 4.000 personas con gritos como, “Transgénico es veneno, acaba con la vida, la única salida es la agroecología”.

Panorama Hacia Adelante

La situación que se visualiza en un futuro inmediato para el Ecuador no es del todo alentadora, si bien es cierto que está creciendo la conciencia sobre este tema en la sociedad civil organizada y no organizada, han existido declaraciones permanentes del presidente de la república que sin mayores argumentos y en muchos casos totalmente equivocados, ha mencionado su interés por permitir el ingreso de cultivos transgénicos al Ecuador. Si fuera apoyado por una Asamblea Nacional con más del 80% de coidearios que sostienen un “código de ética” que los obligaría a votar en bloque, bajo la tesis que considere el partido del actual régimen, se encontraría en riesgo el actual candado constitucional y, por ende, las demás leyes que sostienen al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Si fuera así, sólo quedaría la resistencia de los pueblos, nacionalidades, y consumidores por el derecho a una alimentación sana, libre y sostenida para nuestras futuras generaciones.

Bibliografía

• Bravo, E. y X. León. 2013. Monitoreo participativo del maíz ecuatoriano para detectar la presencia de proteínas transgénicas. La Granja. Vol. 17(1): 16-24. Disponible en: ver aquí.

• Constitución de la República. 2008, art 401.

• El Telégrafo. 24 de septiembre del 2012. Sección Sociedad, pag 22.

• Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria. • Wikileaks, 2009.

Ballenitasi.org

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Documentos/La_situacion_de_los_transgenicos_en_Ecuador_2015

En consecuencia, la «reforma agraria integral» desde las luchas comunitarias en conjunto crea poder popular para tener o recuperar soberanía alimentaria. Ya desde hace tiempo el feminismo se afirma contra la violencia del capitalismo e imperialismos. El sistema expande el despojo y la expoliación a las diversidades de abajo.

 

Comprobemos cómo las mujeres campesinas de Ecuador, pese a que  Rafael Correa se empeñó en garantizar desarrollo al sistema global de agronegocios, "demuestran que la soberanía y la seguridad alimentarias se pueden construir desde lo colectivo y desde las raíces de identidades culturales mil veces violentadas, pero mil veces resucitadas".

 

Mujeres: Su rol en la soberanía y seguridad alimentarias,

desde los saberes y la identidad cultural

31 de marzo de 2017

 

La investigación de la organización CARE, realizada junto con el equipo investigativo del Instituto de Estudios Ecuatorianos, tiene como propósito analizar el rol de las mujeres campesinas indígenas, afroecuatorianas y mestizas, en la defensa de la seguridad y soberanía alimentarias. Se trata de una investigación que explora las condiciones sociales y productivas de mujeres campesinas en cinco cantones de la zona norte del Ecuador, para identificar las oportunidades y limitaciones que enfrentan estos grupos de mujeres en la presente coyuntura política económica, marcada por las reformas constitucionales que incluyeron a la soberanía alimentaria como principio y derecho.

 

Resulta determinante comprender el contexto en el que se enmarca la investigación, el cual tiene que ver con la implementación de una política pública que corresponde a un modelo de desarrollo que consolida la matriz primaria exportadora instaurada desde la época neoliberal. Esto se materializa en la intensificación agrícola, por parte del MAGAP –entidad responsable de la agricultura, la ganadería y la pesca ante el pueblo ecuatoriano– basada en la expansión de monocultivo, en las intervenciones homogéneas y verticales en contextos locales distintos, en la deificación de la tecnología agraria, y en la despolitización de la planificación y la toma de decisiones. Tomar en consideración este contexto, que también está marcado por una estructura histórica de desigualdad socioeconómica y étnica, entre territorios y espacios rurales-urbanos, permite comprender la razón por la cual las contribuciones potenciales de las mujeres rurales suelen verse limitadas.

En esta investigación se evidencia la inviabilidad del modelo de desarrollo del Estado pues, por un lado, prioriza criterios de productividad a través de entrega paquetes productivos, capacitación y tecnología, requisitos de crédito excluyentes; mientras que, por otro lado, se propone garantizar la soberanía alimentaria para que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente (Art. 281).

La coexistencia de estos modelos antagónicos es palpable en los estudios de caso. El agronegocio potenciado desde el Estado convive con iniciativas de soberanía alimentaria promovidas por las organizaciones de las mujeres rurales. Se trata de una convivencia que lejos de llevarse a cabo desde la complementariedad, se desarrolla desde la subordinación de la una hacia la otra; y desde la resistencia de la una frente a la otra.

En términos concretos, los estudios de casos dan cuenta de que la economía familiar campesina ha optado por la pluriactividad como un método de subsistencia ante la falta de rentabilidad del trabajo campesino, provocada por la estructura histórica de desigualdad que mencionamos, la cual termina consolidando la división sexual del trabajo que, a su vez, configura el escenario de un campo feminizado y envejecido. La mujer asume la carga reproductiva y productiva; mientras que, el hombre campesino, en su búsqueda por mejorar el sustento familiar, se convierte en proletario del campo ajeno, de la construcción, o de cualquier otro trabajo que le represente una fuente de ingresos.

Esto sucede al mismo tiempo que aumentan los índices de migración a las ciudades de las poblaciones juveniles que van en busca de oportunidades de estudio y de trabajo desvinculados con las prácticas campesinas.

Cada uno de los estudios de caso describe las iniciativas que las organizaciones de las mujeres rurales construyen en favor de la soberanía y la seguridad alimentarias. Algunas de las prácticas que encontramos tienen que ver con intercambio de semillas y productos, ferias de comercialización, producción diversificada, restitución de prácticas culturales en la dinámica productiva y en los sistemas de producción, creación de artesanías locales, fomento de autonomía económica, fortalecimiento organizativo desde el bienestar colectivo.

 

Sin embargo, a la par de estas iniciativas, la investigación vislumbra expresiones de una realidad paralela basada en un modelo de desarrollo moderno primario exportador que afecta, de manera más o menos visible, la viabilidad de las iniciativas consolidadas por las mujeres: en Pedro Moncayo está presente el agronegocio de florícolas, avícolas y ganado; en Cotacachi está presente el agronegocio de florícolas, café y uvilla, a la vez que la estimulación de producción de cebada por parte de la Cervecería Nacional a partir la agricultura bajo contrato; en Putumayo está presente el agronegocio de café, cacao, palma africana y banano, a la vez que están presentes actividades extractivas de petróleo y de basalto; en San Lorenzo está presente el agronegocio de palma africana, plátano, café, cacao y banano; en Mira está presente el agronegocio de tomate riñón, fréjol y caña de azúcar.

 

Al retomar la voz de las mujeres rurales entrevistadas, nos encontramos con preocupaciones en varios ámbitos. En el plano de lo productivo, mencionan que la agroecología no siempre resulta rentable por lo que hay quienes todavía dependen de productos químicos, reconocen que se requiere apoyo en el trabajo en el campo y apoyo institucional para el fomento de la producción agroecológica, comentan que padecen el limitado acceso al agua y a la tierra, señalan la falta de condiciones para la reproducción de semillas de algunas especies genera dependencia institucional. En el plano de lo económico, perciben que la competencia con el mercado convencional es avasalladora, y padecen la desvaloración de la calidad de productos por parte de las personas consumidoras. En el plano de lo cultural, reconocen que la asimilación de valores occidentales fomenta el desarraigo cultural que se materializa en la pérdida de identidad gastronómica, la pérdida de idiomas ancestrales, la migración de las juventudes en búsqueda de trabajo y estudios fuera del campo, la pérdida de lo colectivo en la individualización de la propiedad de la tierra.

Esta realidad compleja nos permite comprender que la coexistencia antagónica entre estos dos modelos agrarios, lejos de proveer un espacio político, económico y cultural en el que ambos modelos convivan de manera paralela y equitativa, termina socavando una en detrimento de la otra. Así, dentro del vasto ámbito de las capacidades sociales humanas y los múltiples modos en que la vida social podría ser vivida, las actividades del Estado, de manera más o menos coercitiva, “alientan” algunas mientras suprimen, marginan, corroen o socavan otras (Corrigan y Sayer, 2007: 45).

Pese a estas circunstancias, pese a las adversidades plasmadas por una estructura histórica de poder de injusticia y desigualdad, pese a un Estado legitimador de un modelo de desarrollo ilegítimo para las diversidades rurales, pese a la institucionalización de una soberanía alimentaria teórica, discursiva y manipulada, la investigación nos ofrece un destello de luz para demostrar que la soberanía y la seguridad alimentarias se pueden construir desde lo colectivo y desde las raíces de identidades culturales mil veces violentadas, pero mil veces resucitadas. Habrá que ir detrás de estas luces en las páginas del libro, y aceptar la invitación que las autoras nos hacen de profundizar aún más en la búsqueda de rastros de autonomía, soberanía y esperanza.

 

Descargue el libro haciendo clic a continuación:

Mujeres. Su rol en la soberanía y seguridad alimentarias, desde los saberes y la identidad cultural (26,60 MB)

IEE / Reseña realizada por Stephanie Andrade Vinueza

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Prestemos atención a qué Víctor M. Toledo sostiene:

"Todas las variantes que pregonaban la transformación de las sociedades han quedado hechas añicos, se volvieron “confeti de colores”. La realidad del mundo de hoy, globalizado, interconectado, hiper-tecnológico y alcanzando los máximos históricos de la explotación ecológica y social, ha enviado a las principales propuestas del cambio social al depósito de lo inservible.  Ni la revolución armada ni la reforma por la vía electoral son ya caminos viables y adecuados para emancipar a las sociedades. Ante la crisis de la modernidad industrial necesitamos de una «transformación civilizatoria». (...)

La llamada «democracia representativa», la que domina como práctica, se ha vuelto una ilusión alimentada puntualmente por los aparatos de la propaganda y los anestésicos de los explotadores. El poder económico actual, el capital corporativo, controla, domina y determina a las clases políticas del planeta como si fueran un manso rebaño de ovejas. La llegada de partidos o dirigentes aparentemente alternativos, o son meramente temporales, es decir tolerables por un tiempo, o son fácilmente cooptables o eliminables. (...)

 

Hoy la “nueva utopística” (según la acepción que ofreció I. Wallerstein) es la creación gradual y paulatina de zonas emancipadas, de islas ganadas al control ciudadano o social, de territorios defendidos primero y liberados después. Defendidos y liberados de los poderes políticos y económicos que en pleno contubernio explotan hoy a la gran mayoría de los seres humanos. Se trata de islas anti-capitalistas, contra-industriales, post-modernas, cuya consolidación y concatenación van dando lugar a territorios liberados que comenzaron defendiéndose y hoy han logrado emanciparse porque ahí domina el poder social, llámese como se llame (autogobierno, autogestión, soberanía popular)".

 

 

La crisis de la modernidad requiere

de una transformación civilizatoria

1 de noviembre de 2016

 

Por Víctor M. Toledo*

 

Nota: La tesis central postulada por el autor y otros muchos pensadores desde hace más de dos décadas, es que el mundo se enfrenta no a una crisis social, económica, tecnológica, ecológica y/o moral, sino a una crisis civilizatoria que exige no sólo nuevas miradas sino transformaciones hasta ahora inimaginables en todos los ámbitos. Estos tres ensayos, publicados previamente en La Jornada ofrecen una apretada síntesis del pensamiento del autor sobre ese tema, e ilustran además lo que viene a ser un análisis formulado desde una perspectiva ecológico política.

 

*Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, campus Morelia.

 

(I) Una nueva utopística

 

Todas las variantes que pregonaban la transformación de las sociedades han quedado hechas añicos, se volvieron “confeti de colores”. La realidad del mundo de hoy, globalizado, interconectado, hiper-tecnológico y alcanzando los máximos históricos de la explotación ecológica y social, ha enviado a las principales propuestas del cambio social al depósito de lo inservible.  Ni la revolución armada ni la reforma por la vía electoral son ya caminos viables y adecuados para emancipar a las sociedades. Ante la crisis de la modernidad industrial necesitamos de una transformación civilizatoria. Y eso implica la revisión del pensamiento crítico y las acciones emancipadoras y de la adopción de nuevos paradigmas. El viejo dilema entre “Reforma o Revolución” ha quedado superado y desbordado por la compleja realidad. Los revolucionarios y los reformistas de todo tipo se han vuelto anacrónicos. Estamos ante una singular paradoja: han surgido los revolucionarios decadentes y los reformistas obsoletos, los que aún siguen actuantes y aún más protagonizando numerosas batallas cuyo triunfo es imposible.

Hoy, intentar una transformación de las sociedades mediante la vía de las armas es el acto más descabellado que se conoce. Atrás quedó la épica revolucionaria que serenamente analizada, indujo actos de suicidio colectivo y de demencia general alimentados por la política y la ideología convertidas en religión o en dogma. Hoy, intentar una revolución armada es darle a los grandes aparato tecno-militares la oportunidad de probar, a manera de experimento, sus nuevos y sofisticados armamentos basados en la aplicación de las ciencias de frontera como la robótica, la nanotecnología, la electrónica, la balística, la tecnología satelital, la geomática etc. Solamente las diez grandes corporaciones fabricantes de armas en conjunto realizaron ventas en 2013 por 202.4 billones de dólares, y emplearon a más de 900.000 trabajadores incluyendo unos 100.000 científicos (ver: http://regeneracion.mx/las-10-empresas-que-mas-se-benefician-con-las-guerras/ ).  Un drón (avión sin piloto) puede ¡localizar una huella humana a 1.5 kilómetros de distancia!

De la vía electoral no puede decirse menos. La llamada democracia representativa, la que domina como práctica, se ha vuelto una ilusión alimentada puntualmente por los aparatos de la propaganda y los anestésicos de los explotadores. El poder económico actual, el capital corporativo, controla, domina y determina a las clases políticas del planeta como si fueran un manso rebaño de ovejas. La llegada de partidos o dirigentes aparentemente alternativos, o son meramente temporales, es decir tolerables por un tiempo, o son fácilmente cooptables o eliminables. La fantasía de la democracia cosmética, la idea de que el voto da mágicamente representatividad a un individuo, es irreal en tanto no exista un efectivo control social sobre las decisiones cotidianas del representante. Y eso tiene que ver con la ausencia de la escala y del espacio, con la existencia de una democracia des-territorializada y sin control social. Solo un sistema que elige representantes por territorios o regiones y que va escalando en la construcción de una estructura de “abajo hacia arriba”, bajo el riguroso principio de “mandar obedeciendo” resulta real. Se trata de poner en práctica una verdadera democracia participativa, radical o territorial (grassroots democracy).     

Hoy la “nueva utopística” (según la acepción que ofreció I. Wallerstein) es la creación gradual y paulatina de zonas emancipadas, de islas ganadas al control ciudadano o social, de territorios defendidos primero y liberados después. Defendidos y liberados de los poderes políticos y económicos que en pleno contubernio explotan hoy a la gran mayoría de los seres humanos. Se trata de islas anti-capitalistas, contra-industriales, post-modernas, cuya consolidación y concatenación van dando lugar a territorios liberados que comenzaron defendiéndose y hoy han logrado emanciparse porque ahí domina el poder social, llámese como se llame (autogobierno, autogestión, soberanía popular). La “nueva utopística” es lo que visualizaron Boaventura de Sousa Santos y André Gorz, es “… el socialismo, raizal, ecológico y tropical” de Orlando Fals-Borda, “… las prácticas emancipatorias descolonizadas” de Raúl Zibechi y la vuelta a esa esfera doméstica de la reproducción de la vida detectada por Fernand Braudel en algunas de sus obras.

La “nueva utopística” se está construyendo tanto en territorios rurales como urbanos, e implica por supuesto un esfuerzo de conciencia, trabajo y solidaridad que no es nuevo, sino que simplemente fue diluido y olvidado en el imaginario de la modernidad, pero que aún está presente en los pueblos tradicionales (campesinos, indígenas, de pescadores, pastores, recolectores) como una práctica “normal y cotidiana” en su reproducción de la vida misma y que se expresa a través de filosofías autóctonas como el buen vivir (Andes), la minga o la comunalidad (Mesoamérica).

En México, como en buena parte de la América Latina y algunos países de Europa, esta tercera vía que conduce a una efectiva transformación civilizatoria avanza a pasos agigantados. No sólo el neo-zapatismo sino cientos de proyectos locales y regionales eco-políticos lo confirman. Pocos lo ven y casi nadie reconoce su trascendencia. Ello es el resultado de una historia cultural de unos 7.000 años, de una tradición de lucha social de más de 200 años, de la Revolución Agraria de inicios del siglo XX, de las condiciones de extrema explotación y deterioro que hoy se sufre, y hasta de la vigencia de iconos que movilizan a millones como el maíz, Emiliano Zapata o la Virgen de Guadalupe.

 

 

(II) El derrumbe ideológico del capitalismo

 

Nosotros cantaremos a las grandes masas agitadas por el trabajo, por el placer o por la revuelta: cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas, cantaremos al vibrante fervor nocturno de las minas y de las canteras, incendiados por violentas lunas eléctricas; a las estaciones ávidas, devoradoras de serpientes que humean; a las fábricas suspendidas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos; a los puentes semejantes a gimnastas gigantes que husmean el horizonte, y a las locomotoras de pecho amplio, que patalean sobre los rieles, como enormes caballos de acero embridados con tubos, y al vuelo resbaloso de los aeroplanos…”  Esto y más escribió Filippo Tommaso Marinetti (1867-1944) en su Manifiesto Futurista de 1909, y acaso esta proclama, capte y refleje como nada ese impulso nunca antes visto en la historia humana con que el capital se lanzó de lleno a la industrialización imparable, ya recién descubierto el petróleo, su fórmula secreta.

 

El maravilloso mundo que se avecinaba para la humanidad a inicios del siglo XX, mediante la innovadora combinación de capital, petróleo y tecnología se vio sin embargo casi de inmediato interrumpido por su sentido inverso. Y esos tres supuestos pináculos del progreso, el confort y la vida convertida en sueño se utilizaron en cambio para la destrucción masiva, la magnificación de la fuerza y el genocidio nunca antes visto en la historia del planeta Tierra. La relativa era pacífica que surgió con la post-guerra volvió a animar por medio siglo las expectativas de un futuro lleno de plenitudes fincados en el mercado, las innovaciones científico tecnológicas y el uso de los combustibles fósiles (petróleo, gas y uranio), especialmente tras la caída de la Unión Soviética, la otra cara de la civilización industrial, convertida en el bastión mundial de una quimera colectivista que se volvió un infierno. El capitalismo entraba de lleno como la única opción de una civilización tecnocrática y materialista basada en el individualismo, la competencia, la corporación, el confort, el consumismo y una necia necesidad por dominar y explotar a la naturaleza. El mejor de los mundos posibles. Marinetti renacía de sus cenizas.

 

Hoy, los Papeles de Panamá, culminan, son el último eslabón de una cadena de sucesos que tras casi una década colocan las ilusiones del capital en pleno descrédito. Toda civilización se mueve en el tiempo, es decir a través de la historia, en la medida en que es capaz de mover la imaginación de los individuos en torno a expectativas de vida. La falsa conciencia opera entonces como el mecanismo que mueve las energías individuales, las cuales articuladas generan los procesos societarios que hacen que las sociedades se muevan. El capitalismo ha sido el motor de la civilización moderna o industrial y sus fuegos artificiales, luces y luminarias los impresionantes avances tecno-económicos y el bienestar y confort que ofrecen. Pero cada vez queda más al descubierto una realidad distinta. La fórmula por la que apuesta el capitalismo no sólo se queda corta sino que da señales de fatiga, decadencia y aún de ineficacia y perversidad. Los enormes aparatos creadores de ideología que bombardean día y noche las mentes de los seres humanos por todos los rincones del planeta se están volviendo disfuncionales. La civilización moderna aparece cada día como una gigantesca maquinaria dedicada a la doble explotación que realiza una minoría de minorías sobre el trabajo humano y el trabajo de la naturaleza. Una explotación que se adereza, oculta, desvanece, maquilla e incluso justifica por todos los medios posibles.

El capitalismo no sólo no cumple con las expectativas de bienestar, equidad, justicia, seguridad y democracia que siempre pregonó, sino que a los ojos de los ciudadanos del mundo aparece como un mecanismo indetenible que parasita y que depreda. En este nuevo panorama el Estado va quedando al descubierto como la instancia dedicada a defender, legitimar, justificar o imponer los intereses del capital corporativo, en el brazo al servicio de la concentración y acumulación de riquezas.  Las figuras de los grandes plutócratas, que idealizan y alaban revistas, programas de televisión, películas y medios digitales e impresos, desde Walt Disney o Henry Ford hasta Steve Jobs, Bill Gates o Carlos Slim, se van desplomando y sustituyendo por los cientos de empresarios corruptos en pleno contubernio con criminales y mafias políticas. El mercado, concebido como la vara mágica de la innovación, el desarrollo y el progreso, se va delineando por la fuerza de los hechos en un escenario brutal de competidores sin escrúpulos o corruptos y en un inexorable perfeccionamiento de los monopolios. El mundo se ha ido convirtiendo en un gran casino y el devenir del mismo en una guerra despiadada entre el Capital y el Estado de un lado y la Humanidad y la Naturaleza del otro.

 

El mundo ficción que ha construido el capital se resquebraja. Antes de los Papeles de Panamá aparecieron: la gran crisis financiera del 2008 y el rescate de los bancos quebrados con los impuestos de los ciudadanos, el espionaje masivo, el lavado de dinero, las trampas de Volkswagen y otras automotrices, los actos corruptos de reyes, presidentes, primeros ministros, cardenales y obispos, magnates y ejércitos, la comprobación científica de la inequidad social y económica, la mega concentración de las riquezas, la injusticia agraria mundial, la depredación despiadada de la naturaleza, el peligroso desequilibrio del ecosistema global y los cambios del clima, el gasto bélico y la amenaza nuclear. La tecnología, el petróleo y el mercado conducidos por la racionalidad del capital han creado un mundo más, no menos, peligroso e injusto. Quedan como testimonios irrefutables los datos duros derivados de sendos estudios. Los 62 seres más ricos del mundo (de los cuales solo 9 son mujeres) poseen una riqueza igual a la de 3 billones y 600 millones de otros miembros de la especie (Oxfam Internacional), una situación que se agravó entre 2010 y 2015. Por otra parte tres investigadores suizos develaron tras el análisis  de la base de datos ORBIS 2007 que lista 37 millones de empresas, que un grupo de solamente 1318 corporativos y bancos dominan la mayor parte de la economía mundial (New Scientist, 19/10/2011). Todo ello mientras tras dos décadas de reuniones mundiales no se logra detener el calentamiento del planeta que la tríada mercado/tecnología/petróleo, la civilización moderna, ha generado.

 

(III) México, la rebelión silenciosa ya comenzó

 

Ya es tiempo de hacerle justicia a lo posible. En medio, a un lado o por fuera de la tremenda crisis, otros mundos se están construyendo de manera silenciosa y a contracorriente de los modelos dominantes. Estos mundos no son visibles a los reflectores de la dominación, ni a las elites intelectuales, ni a los ojos que se mantienen aferrados a los lentes de siempre. Aún los más calificados de los “anteojos emancipadores” siguen aferrados a dogmas, algunos que se remontan al siglo XIX, tesis anacrónicas, percepciones que ya no corresponden al mundo de hoy.  El primer hecho a aceptar, la premisa primera a reconocer, es la de que el mundo se enfrenta a una crisis de civilización y que por lo tanto se requiere de una transformación civilizatoria. Ello supone un cuestionamiento radical y profundo de los principales bastiones de la civilización moderna e industrial: el petróleo, el capitalismo, la ciencia, los partidos políticos, los bancos, las corporaciones, la democracia representativa, el consumismo. Dos frases parpadean como estrellas en el firmamento de un nuevo pensamiento crítico: una de Albert Einstein: “We cannot solve the problems we have created with the same thinking that created them” (“no se pueden resolver los problemas con el mismo pensamiento con el que fueron creados”); la otra de Boaventura de Sousa Santos: “No hay solución moderna a la crisis de la modernidad”.

               

Una segunda premisa, que muy pocos aceptan, es la que afirma que el clásico dilema de la transformación social: “reforma o revolución”, “voto o balas” “vía electoral o vía violenta” ha dejado de tener sentido y se ha convertido en un mito. La razón: en su fase actual, la de la mayor concentración de riqueza en la historia de la humanidad, el capital ha terminado por devorarse al Estado y a sus mansos, edulcorados, y burocratizados partidos políticos. Hoy los límites entre el poder económico y el poder político se han diluido o se han borrado. Se ha vuelto entonces imposible, mediante la vía electoral, lograr los cambios profundos que el mundo requiere con urgencia y que deben superar dos limitantes supremas de la modernidad: la mayor desigualdad social de que se tenga memoria, y el mayor desequilibrio ecológico a escala planetaria. Los ciudadanos, su poder, han quedado anulados. La sociedad moderna ha perdido su capacidad de auto-transformación y con ello sus mecanismos de auto-corrección en un contexto donde la crisis ecológica amenaza ya la supervivencia humana en el futuro inmediato. La democracia (representativa, formal, institucional) , principal aportación de Occidente, se ha convertido en una mera ilusión.

 

¿Cual es entonces el camino para una transformación social a la altura de las circunstancias? La vía, que gana cada vez más adeptos en todo el mundo, es la construcción del poder social o ciudadano, mediante la organización, en territorios concretos. Esto significa tomar el control de los procesos económicos, ecológicos, políticos, financieros, educativos, de vigilancia y de comunicación, en escalas adonde sea posible. Y esto puede ser un hogar, un conjunto de hogares, una comunidad rural, una manzana o barrio urbano, un edificio, un municipio entero, una región o una colonia. En esta nueva perspectiva la posibilidad de cambio por la vía electoral, si se observa potencialmente benéfica, se visualiza como complementaria o accesoria a la vía del poder social en los territorios, nunca como el objetivo central ni el único.

 

A todo esto se le comienza a llamar pensamiento impolítico, y que A. Galindo-Hervás (2015) desde Europa ubica en filósofos como G. Agamben, R. Esposito, Jean Luc Nancy y A. Badiou, pero que en realidad se nutre de anteriores pensadores iconoclastas como Ivan Illich, André Gorz o Morris Berman, y especialmente de una sinfonía de autores latinoamericanos: Orlando Fals-Borda, Leonardo Boff, A. A. Maya, Enrique Leff,  Arturo Escobar, Enrique Dussel, el Sub Marcos, y de los nuevos seguidores de la ecología política. ¿Por qué América Latina? Por la sencilla razón de que en esa región del mundo ocurren los experimentos societarios más avanzados del planeta, buena parte inducidos por las recientes rebeliones indígenas y su vigor demográfico, de tal suerte que el pensamiento es reflejo de inéditos procesos civilizatorios y estos se nutren a su vez de originales reflexiones teóricas. Por eso Latinoamérica es la región más esperanzadora del mundo.

 

México es un país privilegiado en el contexto arriba descrito, porque su territorio es ya un laboratorio de innumerables experimentos socio-ambientales. No solamente existen en el país múltiples bastiones de reflexión teórica en las universidades públicas y privadas, y una feroz resistencia ciudadana como la de los maestros democráticos y las de las comunidades que se oponen a los proyectos depredadores en 300 puntos del territorio, sino que durante las últimas tres o cuatro décadas se han venido construyendo innovadores proyectos locales y regionales en sus zonas rurales. Nuestras propias investigaciones han levantado un inventario de más de mil proyectos novedosos en solo cinco estados (Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Puebla y Michoacán) (ver: “México, regiones que caminan hacia la sustentabilidad:  http://www.iberopuebla.mx/i3ma/libros.asp), incluyendo los Caracoles Zapatistas, las numerosas cooperativas indígenas de café orgánico y múltiples casos de autogestión comunitaria. Todos estos proyectos se fincan en el poder ciudadano sobre los territorios y en los procesos de producción y comercialización, pero también en la democracia participativa,  la autogestión y autodefensa, la creación de bancos locales y regionales, las radios comunitarias, la dignificación de las mujeres, y últimamente en la reconversión hacia fuentes alternativas de energía solar. Con diferentes grados de integralidad y de éxito,  y abarcando diversas escalas, estos proyectos de alteridad civilizatoria avanzan construyendo en regiones y territorios, un mundo sin capitalismo, partidos políticos, bancos, empresas y poniendo en práctica una ciencia que respeta y dialoga con sus propios saberes. Son las islas o burbujas de una nueva civilización. Las expresiones de una transformación silenciosa.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/La_crisis_de_la_modernidad_requiere_de_una_transformacion_civilizatoria

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Situémonos en que: "Ya es tiempo de hacerle justicia a lo posible. En medio, a un lado o por fuera de la tremenda crisis, otros mundos se están construyendo de manera silenciosa y a contracorriente de los modelos dominantes. Estos mundos no son visibles a los reflectores de la dominación, ni a las elites intelectuales, ni a los ojos que se mantienen aferrados a los lentes de siempre". LEER

 

Pero hacer realidad nuestros buenos vivires convivires abajo que parecen imposibles de lograr, nos desafía a generalizar la conversión de la percepción fragmentada e inmediata de nuestro presente en unidad de voluntad anticapitalista. Nos interpela a conformar una creciente mayoría de nosotros que desprendiéndose del tergiversador embaucamiento K, ve a través de Macri:"el Estado quedar al descubierto como instancia dedicada a defender, legitimar, justificar o imponer los intereses del capital corporativo, en el brazo al servicio de la concentración y acumulación de riquezas" como señala Víctor Toledo.

 

Entonces, nos preguntamos porqué Macri ostenta su poder contra los trabajadores y los otros de abajo. Muchos contestan que es por ser neoliberal e incluso fascista. Busquemos una respuesta menos personificada, más contextualizada en la contemporaneidad capitalista y en su maximización, tanto en el país-continente como en el mundo, de la explotación ecológica y social, laboral e individual. Reflexionemos que desde alrededor de 2012 viene tratando de legalizar:

 

La privatización de las semillas
20 de julio de 2015

 

Por Darío Aranda (Página/12)

La investigación de las organizaciones Vía Campesina y Grain muestra cómo las corporaciones avanzan para controlar un insumo básico de la producción de alimentos. “La criminalización de las semillas campesinas. Resistencias y luchas” es el nombre del informe.

Las grandes empresas del agro impulsan leyes “que privatizan las semillas” y “judicializan a los productores”. Es una de las afirmaciones de la investigación realizada por las organizaciones internacionales Vía Campesina (reúne a movimientos rurales de todo el mundo) y Grain, que analizaron las legislaciones y políticas públicas de más de treinta países de cuatro continentes. “Las semillas campesinas, uno de los pilares de la producción de alimentos, están sometidas a un ataque de corporaciones y gobiernos”, advierte el informe. Las principales empresas del mercado son Monsanto, Dupont Pionner, Syngenta, Bayer y Dow.

“La criminalización de las semillas campesinas. Resistencias y luchas”, es el nombre de informe publicado por la Vía Campesina (VC) y Grain. Analiza la situación de América, Asia, Africa y Europa. Recuerda que el intercambio libre de semillas, entre comunidades y pueblos, fue lo que permitió que los cultivos se adapten a diferentes condiciones, climas y topografías. “Es lo que ha permitido que la agricultura se extienda, crezca y alimente al mundo”, remarca. Y precisa que desde la llamada “revolución verde” (década del ’60), cuando las empresas comenzaron a tener mayor injerencia, se inició un proceso de apropiación de las semillas, el primer eslabón de la alimentación.

Tres empresas controlan más de la mitad (53 por ciento) del mercado mundial de semillas. Monsanto (26 por ciento), DuPont Pioneer (18,2) y Syngenta (9,2). Entre el cuarto y décimo lugar aparecen la compañía Vilmorin (del francés Grupo Limagrain), WinField, la alemana KWS, Bayer Cropscience, Dow AgroSciences y las japonesas Sakata y Takii. Entre las diez empresas dominan el 75 por ciento del mercado mundial de semillas.

El informe señala que en América se desarrollan resistencias contra las “leyes Monsanto”. Describe el caso de Chile, donde tras cuatro años de movilizaciones lograron en 2014 que se retirara un proyecto de ley que privatizaba las semillas. También resalta el caso de Colombia, en 2013, cuando las organizaciones campesinas iniciaron una huelga masiva en todo el país. Bloquearon rutas y paralizaron la producción de alimentos. El gobierno intentó que el intercambio de semillas indígenas enfrentara multas o incluso prisión. “En 2011, las autoridades del gobierno colombiano irrumpieron en los almacenes y camiones de los agricultores de arroz (en la provincia de Huila), y destrozaron de manera violenta 70 toneladas de arroz que según ellos no se habían procesado de acuerdo a la ley”, recuerda el informe. Las organizaciones sociales insisten en la derogación de la ley.

De Brasil, que es el segundo productor mundial de transgénicos y el gobierno habilitó nuevas semillas, describe el proyecto de gran escala para el desarrollo de semillas criollas, en el marco de la Política Nacional para la Agroecología y la Producción Orgánica, adoptada en 2012. Y remarcaron la importancia, desde 2003, del Programa de Adquisición de Alimentos, en el que el Estado adquiere las cosechas de los campesinos. En octubre de 2013, 5000 agricultores brasileños ocuparon unas instalaciones de producción de semillas pertenecientes a Monsanto en el estado de Pernambuco.

En Costa Rica, en 1999, el gobierno intentó modificar sus leyes para cumplir con los requisitos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La movilización de las organizaciones sociales impidió la nueva legislación y se avanzó en el camino contrario, por la prohibición de los transgénicos. En la actualidad, el 80 por ciento del territorio se declaró libre de transgénicos.

En El Salvador se avanzó en un plan agricultura familiar que incluye la distribución de semillas a los pequeños agricultores. “La iniciativa se enfrentó a problemas con el gobierno estadounidense, al considerar que infringía tratados de libre comercio y exigieron el fin de la distribución de semillas y que se las compren a Monsanto”, explica el informe.

El trabajo de VC y Grain detalla el papel de Venezuela, donde se impulsa un proyecto de ley que limita la entrada de transgénicos y defiende las semillas campesinas, como parte de un modelo productivo basado en la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria. Resultado de una serie de consultas nacionales en distintos puntos del país, define las semillas como un bien público, “herencia colectiva que no puede ser privatizada”.

México mantiene desde hace más de una década una lucha masiva en defensa del maíz, el cultivo más importante del país. Mediante el Tratado de Libre Comercio del Norte se intenta la introducción masiva de transgénicos. En 2005 fue aprobada una legislación (llamada ley Monsanto) que abrió paso a los transgénicos. “Le siguió una Ley Federal de Producción, que criminalizaba el libre intercambio de semillas nativas. Y le siguió el decreto presidencial para nuevos permisos de transgénicos”, afirman la Vía Campesina y Grain.

Con esa ingeniería legal, las multinacionales Monsanto y Dow recibieron 156 permisos para el cultivo experimental de maíz.

El informe recuerda que existen pruebas concluyentes de que el maíz transgénico de Estados Unidos ya contaminó el maíz nativo de México. Dato positivo, los agricultores mexicanos siguen optando por las semillas campesinas: el 80 por ciento del maíz de México sigue siendo el criollo.

Las leyes, similares en el mundo

La investigación de Vía Campesina y Grain señala que las leyes de semillas tienen características comunes de casi todos los países. Son impulsadas por corporaciones y gobiernos con el argumento de que son necesarias para garantizar la supuesta calidad de semillas, dejan abierta la posibilidad de considerar delito el intercambio, implican la privatización de las semillas, las leyes “son redactadas de manera imprecisa” que dejan zonas grises para libre interpretación, avanzan mediante tratados de libre comercio y, en la mayoría de los casos, las leyes pasan por las cámaras legislativas en secreto o sin debates ni participación de campesinos e indígenas.

“Estas leyes a menudo conllevan que las semillas campesinas sean decretadas como ilegales, catalogadas como inadecuadas y tratadas como una fuente de riesgo a eliminar”, alerta el informe y denuncia que el objetivo final es evitar que los agricultores preserven las semillas y se vean obligados a comprar a un puñado de grandes empresas.

Página 12
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Campaña NO a la nueva Ley ‘Monsanto’ de Semillas en Argentina

Las semillas son patrimonio de los pueblos

y no de las corporaciones

Julio de 2014

Las organizaciones que lanzamos esta Campaña en el mes de julio de 2014 invitamos a quienes compartan nuestras posiciones a conformar un gran frente de lucha contra la modificación de la Ley de Semillas en Argentina.

Desde el año 2012 el Ministerio de Agricultura de la Nación (Minagri) viene anunciando una inminente modificación de la Ley de Semillas argentina. En los últimos meses, funcionarios de esta cartera junto a sectores del agronegocio transnacional avanzaron sobre un borrador —no público— del proyecto de Ley que enviarán al Congreso Nacional.

La modificación de la actual legislación equivale a avanzar aún más en la privatización de las semillas, prohibiendo la reutilización que los productores hacen de aquéllas que obtienen en sus propias cosechas. De este modo se viola el derecho fundamental de los agricultores a seleccionar, mejorar e intercambiar las semillas libremente. Y si las transnacionales avanzan sobre el control de las semillas, también lo harán en la monopolización del mercado y el control corporativo de los alimentos de todo el pueblo argentino.

Sabemos que el anteproyecto de Ley:

1. Avanza sobre el denominado “uso propio” de las semillas, al limitar la posibilidad de “guardar semilla” para la siguiente cosecha, derecho básico de los agricultores que es el fundamento de toda agricultura. Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Según el anteproyecto de ley, solamente podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en el “Registro Nacional de Usuarios de Semillas”.

 2. Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El anteproyecto de ley hace posible una mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir sobre todas las especies vegetales los llamados derechos de obtentor es decir, cierta forma de propiedad intelectual sobre las semillas que permite a quién “desarrolla” una nueva variedad de semilla tener el control sobre la misma durante una cantidad de años.

El Proyecto fortalece aún más la posibilidad de apropiación al extender por veinte (20) años el derecho de obtentor; y, en particular, para el caso de vides, árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales, la duración de la protección es de veinticinco (25) años.

3. Fortalece un sistema policial para asegurar que las disposiciones de la Ley se observen adecuadamente y permite el decomiso y embargo de los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir con la Ley considerándolos, además, delitos penales.

4. Respecto de una versión anterior, el nuevo borrador incorpora artículos en relación a lasEspecies Nativas y Criollas, Agricultura Familiar y Pueblos Originarios y su vínculo con el resto de la Ley.

 

En relación a las Semillas Criollas, el anteproyecto plantea que es facultad del INASE (Instituto Nacional de Semillas) regular la producción y el comercio de semillas de las especies nativas y criollas. En cuanto a la Agricultura Familiar y Pueblos Originarios, se debe tener presente que este Capítulo se introduce fundamentalmente para poder aplicar las “excepciones” que plantea el anteproyecto de Ley en su artículo 32, y que parece ser una especie de consuelo para que los agricultores acepten el cercenamiento al  uso propio de las semillas. El anteproyecto de ley plantea  que no está permitida la semilla de uso propio en las especies frutales, forestales y ornamentales, ni en variedades sintéticas, multilíneas e híbridas, demostrando una vez más que la única intención es garantizar el control corporativo sobre las semillas más allá de la declaración de “excepciones”.

Si bien estos dos injertos pretenden maquillar el proyecto, a los fines de mostrarlo inclusivo, atentan contra el derecho consuetudinario de los pueblos sobre el uso y comercio de las semillas, limitan procesos sociales complejos y dinámicos que siempre han conducido al incremento de la biodiversidad agrícola y garantizan el control corporativo sobre las semillas más allá de la declaración de “excepciones”. La existencia de estos artículos no modifica el espíritu de la Ley propuesta en el 2012 que, centrado en la Defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual, afectará profundamente la posibilidad real de que los pueblos continúen con los intercambios ancestrales que han posibilitado el desarrollo de la agricultura durante los últimos diez mil años.

Lo fundamental es comprender que la semilla es una sola y no puede dividirse en dos sistemas. Tarde o temprano, el sistema dominante con sus derechos de obtentor y las corporaciones que defiende, terminará aplastando a los sistemas de excepción y controlando las semillas que siempre estuvieron en manos de los pueblos.

El camino es uno solo y los pueblos de América Latina y la CLOC-Vía Campesina lo han marcado claramente en la última década: las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y la única alternativa frente a estas leyes de semillas es resistirlas e impedir su aprobación. Los ejemplos de Chile, Colombia y lo recorrido hasta hoy por Argentina demuestran que es posible. La soberanía alimentaria de nuestros pueblos estará en manos de estas semillas y de una agricultura campesina de base agroecológica.

¡No a la privatización de las semillas y la vida!

¡Fuera Monsanto y las corporaciones del agronegocio de América Latina!

¡Por una agricultura para alimentar y en manos de los pueblos!

Tierra Para Vivir en COB La Brecha, Acción por la Biodiversidad, GRAIN, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, MULCS-Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, RENACE, Movimiento Popular Patria Grande, Frente Popular Darío Santillán, Colectivo Desde el Pie,  Colectivo Aymuray-Movimiento Popular La Dignidad, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeA), Colectivo x la Igualdad en el Partido Social, Visión Sostenible, Amigos de la Tierra Argentina, Asociación Campesinos del Valle del Conlara (San Luis), Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria Universidad Nacional del Comahue, Proyecto Sur (Pcia. de Buenos Aires), Movimiento 138, Colectivo de resistencia cultural

Adhesiones a: noalanuevaleydesemillas@gmail.com

 

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Las Leyes de Semillas aniquilan la soberanía y la autonomía de los pueblos

Biodiversidad | 21 agosto 2014 | Biodiversidad 81

El 4 y 5 de diciembre del 2013 se desarrolló en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, Argentina el encuentro denominado: Ley de semillas, ¿qué opina cada sector?, organizada por ArgenÉtica. El día 22 de mayo de 2014 tuvo lugar la presentación del libro que se realizó como resultado de estas jornadas.

 

Compartimos la exposición de Carlos A. Vicente de GRAIN en el panel “Panorama Internacional”.

Si bien éste no es un ámbito de debate sobre leyes de semillas decisorio, creemos que es importante que se abra el espacio y ojalá se debata de verdad la ley de semillas. Estamos debatiendo una ley que los que la conocemos, la conocemos clandestinamente, nadie nos la acercó ni la hizo pública y esto ya es una falla.

El otro problema tiene que ver con un primer punto, no se puede hablar de la ley de semillas sin hablar del contexto de negocio y avance del agronegocio en el mundo. El uso de semillas agrícolas comienza en el momento en que se empieza a implantar la agricultura en el mundo. Tuvimos 10 mil años de agricultura sin ningún tipo de derechos de obtentor, de creación de diversidad, de compartir semillas que hoy alimentan al mundo. Una semilla como la del maíz fue creada por los pueblos originarios y hace nada más que 50 años se empezó a implementar esta cuestión de los derechos del obtentor. Lo primero que yo quiero plantear es que no se puede ver fuera del contexto del avance del agronegocio. Segundo, éste es un debate político y no podemos evitarlo para saber qué modelo de país queremos. No se puede evitar hablar de corporaciones en un país en el que se viene debatiendo sobre su poder y la necesidad de democratizar la sociedad. Imagínense ustedes si no debemos debatir sobre el poder de una corporación que controla el 90% de los transgénicos en el mundo, que tiene casi 21 millones de hectáreas sembradas en la Argentina de un cultivo que se fumiga con 360 millones de litros de agrotóxicos a pesar de que AAPRESID siga diciendo que se usa cada vez menos; que perdemos 60 toneladas de suelo por hectárea, por año, a pesar de que AAPRESID habla de la sustentabilidad. Entonces creo que es un debate político pero a la vez es un debate que hay que dar técnicamente, de una manera seria, y realmente lo único que escuchamos cada vez que los promotores de este modelo hablan, es propaganda burda y barata que no responde a los datos que el mismo INTA tiene publicados y que muestran cuál es la realidad de nuestro territorio en cuanto al extractivismo de minerales, del agua y la destrucción directa de los suelos, que son los más ricos del planeta. Pero además de ese debate técnico también pensar en esto y acá hay alguien de la FAO que no me va a dejar mentir; la FAO viene diciendo hace años que el problema de la alimentación no es un problema de cantidad porque hoy tenemos alimentos para los 7 mil millones que somos y para los 9 mil que vamos a ser dentro de 40 años.

Cuando desde las autoridades oficiales o desde las empresas se dice ‘necesitamos producir más’ se está mintiendo. Como dijo Diego Montón, el 40% de los alimentos se tira, están mal distribuidos y eso es enfocar el problema real y no el problema de quienes están haciendo un gran negocio con nuestros alimentos. Hay una necesidad muy importante de ponerle un punto de vista de realidad y de seriedad científica a lo que estamos tratando de abordar porque cuando se habla de que los agrotóxicos se usan menos, es mentira, y que los que se usan son cada vez menos tóxicos: ¿qué me dicen del doctor Andrés Carrasco y de sus estudios de hace 3 años publicados en la revista científica más prestigiosa del mundo diciendo que el glifosato es tóxico en embriones de anfibios?

Su conclusión es que por lo tanto puede ser tóxico para los embriones de humanos. ¿Qué me dicen de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario que sale a hacer campamentos sanitarios en todos los pequeños pueblos de Santa Fe y verifica que en las zonas más cercanas a las fumigaciones cada vez más casos de nacimientos con malformaciones, de abortos. Estamos hablando de datos serios que no responden a ningún interés corporativo, datos como los de la FAO; simplemente planteo que la principal causa contemporánea de pérdida de biodiversidad genética ha sido la generalización de la agricultura comercial moderna. Esto es dato del informe sobre los recursos fitogenéticos de la FAO de 1996. Durante el siglo XX perdimos el 75% de la diversidad agrícola mundial a causa de la agricultura industrial. Éstos son datos de la FAO que demuestran que estamos liquidando los recursos que tenemos en el planeta, nos estamos quedando sin semillas, sin tierra, sin biodiversidad. Estamos destruyendo el clima porque hemos hecho estudios en GRAIN que demuestran que 50% de los gases con efecto de invernadero se deben a toda la cadena de producción de la agricultura industrial. Nos estamos quedando sin planeta a la vez que hay cada vez más hambre a causa de este modelo. Quien quiera oír, que oiga ¿no?

Los derechos de propiedad intelectual de las semillas son uno de los pilares en que se apoya el agronegocio para el control de los sistemas alimentarios. Cito también este informe que tampoco es de una ONG, es del relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter. En un informe que envía a la asamblea de las Naciones Unidas plantea que frente a los derechos de propiedad intelectual lo más importante es encontrar un marco de derechos humanos que podría ayudar a los Estados a hacer frente a los problemas que se plantean. Y esto significa simplemente priorizar y atender el bien común, y no el bien de las corporaciones que están detrás de estos derechos. En un país donde venimos de un largo proceso de lucha por los derechos humanos, nosotros sentimos que defender la semilla, defender una agricultura que alimente a la gente, es parte de los desafíos hacia el futuro. Y sin duda, la persona que hablaba de AAPRESID decía que no se sentía un asesino. Para muchos el agronegocio está produciendo un ecocidio y un genocidio a nivel mundial, esto lo están viviendo millones de personas. Nosotros desde GRAIN, en nuestro trabajo que es básicamente estar junto a las organizaciones campesinas para defender sistemas alimentarios en función de la soberanía y alimentación de los pueblos, venimos trabajando desde hace años en los análisis de las leyes de semillas que son básicamente una pata más de la estrategia corporativa para manejar las semillas, porque obviamente el que maneja las semillas, maneja la agricultura, y a su vez, maneja la alimentación planetaria. Y parte de las cosas que hemos podido concluir viendo las distintas leyes que se van extendiendo en América Latina es que el UPOV 91 introduce un montón de cuestiones que la hacen más grave que las antiguas normas de UPOV 78. Además de restringir el uso propio, de crear esta cuestión de las variedades derivadas, de extender los períodos de protección, hay toda una terminología que plantea la protección de variedades descubiertas. Entonces una corporación de repente puede “descubrir” algo que ha sido cultivado durante miles de años por una comunidad, pero como no está registrado la empresa lo descubre y puede registrarlo con derechos de obtentor. Lo mismo con las variedades derivadas y con las acciones que plantean la posibilidad de entrar con fuerzas policiales a las fincas para destruir la semilla.

 

Y esto no es solamente un discurso. Las resistencias están por todas partes; en Chile en el 2011 se aprobó la adhesión a UPOV y en agosto del año pasado se intentó aprobar la ley de obtenciones vegetales para aplicar el UPOV 91 en Chile. Las movilizaciones que ya venían del 2011 y siguieron en el 2012, el reclamo de los estudiantes, el de los campesinos, el abordaje a cada uno de los senadores explicándoles qué significaba UPOV porque iban a aprobar la ley sin saber de qué se trataba, hizo que se lograra que 21 de 38 senadores se comprometieran a votar en contra y el gobierno que había puesto como tratamiento de urgencia ese día la ley de protecciones vegetales, lo retiró del tratamiento. En Colombia se aprobó la ley de UPOV y varias organizaciones nacionales hicieron una presentación a la Corte Constitucional en la que GRAIN participó pidiendo que se declarara inexequible la ley. La Corte al año siguiente, la declaró así básicamente por el hecho de que no se había aplicado el Convenio 169 que consulta a los pueblos indígenas. También en Colombia, hace apenas unos meses, se produjo un documental se llama ‘9.70’ mostrando cómo se confiscaron semillas y fueron destruidas por el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario; los campesinos en sus paros agrarios de agosto y septiembre incluyeron la lucha contra la 9.70 y lograron un compromiso de palabra del ICA de que se congelaba esa disposición por 2 años. En México en 2012 también se intentó aprobar una ley de Variedades Vegetales y hubo unas fuertes movilizaciones de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Hace poco estuve con Antonio Turrent, presidente y un científico de los más prestigiosos y conocedores del maíz en México fueron directamente al Congreso planteando las objeciones y la ley se retiró de tratamiento. En Venezuela tenían el tratamiento de la ley para estos últimos 4 meses del año como prioridad en el Congreso y cuando se presentó, a pesar de que se planteaban la prohibición de los transgénicos, por otro lado se incluían normas de propiedad intelectual, y las organizaciones campesinas y productores agroecológicos se movilizaron al Congreso, la ley fue retirada y en este momento están discutiendo una ley de consenso. En agosto del año pasado se anunció en Argentina que esta ley que nunca se hizo pública se iba a aprobar en el Congreso antes de fin de año y gracias a la movilización de muchas personas y organizaciones, incluso de personas del gobierno que no estaban de acuerdo con que se hiciera esta modificación, la ley aún está esperando, pero aparentemente está lista para presentarse.

Concluyo con la propuesta de las organizaciones campesinas y las que tenemos a partir de las conclusiones de un evento que organizamos hace unos meses en Paraguay donde planteamos que las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad (Declaración de Yvapuruvu): “Hoy damos nuestra lucha en un entorno que ha sido despolitizado desde los ámbitos del poder, que muestra el desprecio por lo rural, campesino e indígena, que ha ignorado los saberes y aportes de los pueblos y comunidades rurales mientras nos presenta el gran capital, la globalización y el agronegocio como únicas alternativas. No podemos permitir que se olvide que el cuidado de las semillas es una de las estrategias más antiguas de la humanidad, sin la cual el futuro queda en entredicho. Las semillas son patrimonio de los pueblos; los hemos criado mutuamente y no son entes que flotan en el vacío social. Las semillas no son mercancías ni programas de computación, no pueden circular sin el cuidado y el resguardo de los pueblos”.

Espero el ansiado debate y saludo a las Madres, las asambleas y los vecinos de Ituzaingó que están frenando a Monsanto.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Las_Leyes_de_Semillas_aniquilan_la_soberania_y_la_autonomia_de_los_pueblos

 

 

Volvamos al que ya es tiempo de romper con nuestro sometimiento empobrecedor y enfermante para el  lucro de una minúscula minoría creída en su superioridad y omnipotencia. Confrontemos con:

 

"Las grandes corporaciones del campo que se van fusionando y así concentrando cada vez más el negocio de la semilla, de los agrotóxicos y de los alimentos, sabían y saben muy bien lo que hacen, lo piensan, lo diseñan y lo ejecutan a través de profesionales y funcionarios que se someten a la obediencia debida con el agronegocio... Un plan siniestro, apoyado por los gobiernos, por la mayoría de las entidades agropecuarias, por los consejos de ingenieros agrónomos y por la obediencia debida con el agronegocio."

 

Incorporémonos a luchas como el Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria.

 

 

 

Argentina: La obediencia debida y el agronegocio
11 de noviembre de 2016

 

Por Ing. Agr. Gabriel Arisnabarreta (Integrante de Ecos de Saladillo y de RENACE)

 

“La Argentina es uno de los países líderes en la utilización en su agricultura de cultivos genéticamente modificados (GM), con más de 22 millones de hectáreas dedicadas a los cultivos de soja, maíz y algodón que utilizan este tipo de tecnologías. El proceso de adopción de las mismas se inició en el año 1996 con la introducción de la primera soja tolerante al herbicida glifosato y ha continuado ininterrumpidamente, con una dinámica de adopción casi sin precedentes a escala mundial y que ha llevado, a que en la actualidad, este tipo de tecnologías se utilicen en prácticamente la totalidad del cultivo de soja, en el 86% del área de maíz y el 99% de la superficie de algodón.”

Con este “optimismo desenfrenado”, Eduardo J. Trigo, asesor agropecuario, escribía en Noviembre del 2011 un informe para Argenbio (Consejo Argentino para la formación y el desarrollo de la biotecnología que trabaja articuladamente con AAPRESID)) titulado “Quince años de cultivos genéticamente modificados en Argentina”.

Así mismo sostiene dicho informe que esta dinámica de adopción del paquete tecnológico siembra directa/ OGM/glifosato no tiene precedentes a escala mundial por la velocidad con la que se adoptó dicho paquete: “Es sólo comparable a la adopción de los híbridos de maíz en el estado de IOWA en 1930 pero mucho más acelerado que en el resto de los estados de USA con respecto a dicha misma tecnología, en plena “revolución verde”.

Es decir que no existe experiencia en el mundo, dicho esto por quienes defienden el modelo del agronegocio, de semejante adopción de una tecnología en un país.

“Aún dentro de la experiencia argentina, la evolución de la incorporación de estas tecnologías biotecnológicas a los procesos productivos, continua diciendo el informe, se compara muy favorablemente con otras situaciones anteriores como la del maíz híbrido y los trigos con germoplasma mexicano que aparecieron con la llamada “revolución verde”. Los maíces híbridos tardaron 27 años en alcanzar el porcentaje de aceptación que hoy tienen los maíces GM después de apenas 13 años, y los trigos mexicanos llegaron en 12 años al porcentaje de adopción que ostentó la soja en sólo 4 campañas (el 90% del mercado)”. 

¿Es esto un mérito argentino o en realidad forma parte de un experimento masivo al que es sometido el pueblo argentino y nuestros agroecosistemas?

¿Esa velocidad en adoptar un modelo, es porque somos pioneros en la materia, únicos en el mundo, o por lo contrario se debe a que cumplimos disciplinadamente el rol que el mundo globalizado nos ha impuesto?

En cuanto a los supuestos beneficios ambientales de los OGM y su paquete tecnológico asociado, se menciona que: ”La combinación SD + soja tolerante al herbicida glifosato integra dos conceptos tecnológicos: 1) nuevas tecnologías mecánicas que modifican la interacción del cultivo con el recurso suelo ((siembra directa) y 2) el uso de un herbicida total (glifosato, que genera un menor impacto ambiental que otros herbicidas) altamente efectivo para controlar todo tipo de malezas y sin poder residual. La utilización de tecnologías mecánicas y el uso de herbicidas totales implican una mayor intensidad en el uso de insumos, lo cual usualmente se describe como una intensificación “dura”. Sin embargo, como puede verse en el Gráfico 4.1, esta intensificación “dura” es, al mismo tiempo, “amigable” desde el punto de vista ambiental, porque ha conducido, en forma paralela, a una reducción en términos nominales del consumo de otros herbicidas, como la Atrazina, que poseen mayor poder residual. 

En este sentido, el informe continúa diciendo: “A los aspectos mencionados cabe adicionar otros beneficios de los cultivos GM asociados con el uso de fitosanitarios. En este sentido, el glifosato pertenece, dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (1988), al grupo de herbicidas de toxicidad clase IV (“prácticamente no tóxicos”), y según datos de 2001, la introducción de la soja tolerante a glifosato, si bien significó un aumento en el uso de este herbicida – tanto en volumen total como en número de aplicaciones – también significó una disminución sustantiva de la cantidad aplicada de herbicidas de mayor toxicidad e impacto ambiental (Qaim y Traxler, 2002).

Traduciendo, deberíamos decir que Argenbio sostenía que la llegada de los OGM y su paquete tecnológico, posibilitaría erradicar del agro a todos aquellos agroquímicos más tóxicos como por ejemplo la Atrazina y el 24D, ya que con un herbicida banda verde se podría controlar todo el universo de malezas existentes en el agro argentino.

Convengamos que a esta altura, ya es muy difícil hablar de optimismo, y deberíamos comenzar a mencionar la palabra desconocimiento o para ser más precisos aún,
la clara intención de sostener un discurso mentiroso y poco científico, con el único objetivo de incrementar a cualquier costo (aún el de la salud humana de ésta y las próximas generaciones) las ganancias de las corporaciones del agronegocio.

¿Por qué decimos esto?

En primer lugar no se puede desconocer que con respecto al glifosato desde 1988 en que la OMS lo clasifica como banda verde hasta el día de hoy, han pasado muchas cosas. Monsanto lo lanzó al mercado como biodegradable, como parte de su estrategia de imponer un paquete tecnológico supuestamente amigable con el ambiente. Por esto ha tenido que pagar multas, por ejemplo en Francia, ya que el Tribunal de Lyon comprobó que esto no era cierto y que era parte de una publicidad engañosa. Esto ocurrió el 26 de enero del año 2007.

En Argentina, curiosamente en el año 1996, antes de que se aprobara la primer soja transgénica RR, y de acuerdo a lo dictado por la OMS, la clasificación toxicológica de los agroquímicos fue cambiada. Hasta ese momento había 4 bandas de colores, desde el Rojo “Extremadamente tóxico” hasta el verde “Levemente tóxico”. La palabra tóxico aparecía en todas las bandas y de ahí que el concepto de agrotóxico quedaba claramente evidenciado. Eso evidentemente no era coherente con la campaña que Monsanto había pensado para el glifosato y el paquete tecnológico asociado; y mágicamente el texto que definía a la banda verde fue cambiado a:

“Productos que en condiciones normales de uso, probablemente no ofrecen peligro alguno”. Un eufemismo muy difícil de equipararlo a un concepto científico. Desapareció la palabra tóxico de un sablazo.

Pero eso es sólo un dato curioso. Lo terrible es que desde 1988 hasta la fecha se han acumulado no menos de 487 evidencias científicas del daño que el glifosato causa sobre la salud. Todos estos trabajos se encuentran recopilados en Antología toxicológica del glifosato, por Eduardo Rossi (ecologista, Técnico en Inmuno Hemoterapia y en Epidemiología, estudiante de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y miembro activo de 'Paren de Fumigar' de Santa Fe, integrante de la ONG Equística de Rosario), e incluyen tanto trabajos científicos nacionales como internacionales.

Los médicos de pueblos fumigados han acumulado una cantidad importante de evidencias en torno a los efectos de los agrotóxicos sobre la salud, en particular a través de los “campamentos sanitarios”, donde médicos, alumnos de medicina, y científicos recorren los pueblos afectados, conversan con la gente y realizan estadísticas epidemiológicas.

No es para nada casual que el Dr. Damián Verseñazzi, que conduce la materia de salud socioambiental y la práctica final de los futuros médicos de la UNR, desde donde se proyectan los campamentos sanitarios, sea ideológicamente perseguido y presionado actualmente, parte de su equipo de trabajo echado de la Universidad y los resultados de las investigaciones realizadas ocultadas por la Universidad de Medicina de Rosario.

Todo esto parece ser “desconocido” por Argenbio, por AAPRESID, por los CEO de las distintas corporaciones del campo y por los ingenieros agrónomos que alegremente y con una “obediencia debida llamativa” difundían y construían su vida vendiendo agrotóxicos por todos lados, sin reparar en la información que se iba acumulando tanto científica como directamente de los afectados por la lluvia de agrotóxicos.

Por otro lado esta campaña orquestada por las corporaciones del campo y AAPRESID, intentando mostrarla como “amigable con el ambiente” se basa en una clasificación toxicológica que no contempla los daños crónicos a la salud y al ambiente, ya que se basa en la DL50 (Dosis letal 50) que sólo tiene en cuenta los impactos agudos o sea aquellos que ocurren dentro de las primeras 24 hras de aplicado el tóxico.

Hoy sabemos que un banda verde puede ser a mediano o largo plazo cancerígeno y esto es lo que los trabajos científicos realizados en distintos países vienen demostrando con el glifosato y otros venenos.

No hay ninguna buena práctica ni tampoco un modelo amigo del ambiente, por lo contrario, existe una campaña pensada y diseñada por las corporaciones del campo, acompañada por gobiernos locales, para incrementar sus ventas cada vez más.

Pero volvamos al tema de las malezas. En el informe de Argenbio se sostiene que el glifosato lograría eliminar a las malezas y reemplazar a otros herbicidas más tóxicos desde el punto de vista agudo.

Después de 20 años de haber aplicado este paquete tecnológico, AAPRESID nos dice ahora que el modelo se encuentra en Alerta roja para una cantidad enorme de plantas que se han convertido en malezas difíciles de controlar por los agrotóxicos ya que han desarrollado diversas resistencias a los mismos.

Por esta razón ya no alcanza con el glifosato sino que hay que combinarlo con los herbicidas que ellos decían que iban a reemplazar porque eran más tóxicos.

Hemos vuelto al punto de partida pero aún peor, ya que hoy, hay muchas más malezas resistentes a los distintos químicos que los que había antes de aplicar este modelo de agronegocio. Eso queda claramente evidenciado por los gráficos que adjuntamos confeccionados por AAPRESID:

Esta resistencia se ha extendido a todos los grupos químicos de herbicidas que hoy se utilizan y también a todo tipo de plantas, tanto de hoja fina como de hoja latifoliada, y tanto a especies anuales como perennes.

¿Puede alguien creer que los CEO de las empresas del campo desconocían esto? ¿Puede alguien creer que los agrónomos que repartían y vendían estos agrotóxicos desconocían esto? Los gráficos muestran claramente el vínculo que existe entre la aparición de la resistencia y el incremento en la superficie sembrada con el modelo del agronegocio y su paquete tecnológico asociado. A partir del año 2004 aproximadamente, se puede ver que nuestros agroecosistemas, se desestabilizan.

La resistencia que generó semejante presión de selección sobre las poblaciones vegetales era algo que ya se sabía que iba a ocurrir. Constituye casi el ABC de cualquier mínimo conocimiento sobre la dinámica de las poblaciones y de cómo dichas poblaciones reaccionan frente a un disturbio que las ataca o afecta (en este caso la lluvia de agrotóxicos).


El DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) se ha venido utilizando desde 1939 hasta la década de los 70. Paul Muller, su descubridor, ganó el premio Nobel por su descubrimiento. En los primeros ataques con DDT moría la mayoría de los insectos, pero unos pocos sobrevivían y se aparearon entre sí. En siguientes fumigaciones, es fácil imaginar lo que ocurría: cada vez se iban seleccionando con mayor eficacia los insectos resistentes.

Esto mismo está ocurriendo ahora con las malezas. ¿No conocían la historia del DDT? Cuando un médico comete una mala praxis se lo denuncia, se lo enjuicia y se lo condena si se comprueba el delito. ¿Qué hay que hacer con los funcionarios, CEOS y agrónomos que realizaron y participaron de un plan orquestado de mala praxis contra la biología, el ambiente y la salud de las personas?

Como bien explica el Ing. Agr. Javier de Souza Casadinho, docente universitario e integrante de Rapall : “Se presentan dos fenómenos que reconocen una misma raíz ecológica: 
1) La aparición de nuevas malezas – vegetales tolerantes al herbicida - dado el espacio libre que queda ante la desaparición de otras plantas – noción de nicho ecológico
2) La aparición de resistencias genéticas, que pueden trasladarse a las nuevas generaciones de plantas – noción de resistencia-. 

De esta manera han aparecido en la zona núcleo sojera de la región pampeana una serie de plantas que históricamente no constituían un problema y que ahora requieren especial control. De la misma manera algunas plantas se han vuelto más difíciles de combatir a partir de características estructurales propias. Esta resistencia genética es transmitida a las próximas generaciones. La adopción masiva de siembra directa, la adopción de cultivares de soja resistentes al glifosato, el monocultivo de soja y la sustitución de herbicidas tradicionales por el glifosato determinó que se ejerza una importante presión de selección sobre la comunidad de malezas , dirigida fundamentalmente a especies adaptadas al no laboreo y relativamente tolerantes al glifosato, lo cual en ciertos casos generó cambios en la abundancia relativa , comenzando a destacarse especies de malezas que antes pasaban desapercibidas. Mientras que una investigación realizada a fines de la década del 90 determinó que se realizaban entre dos y cuatro aplicaciones de glifosato con dosis que van desde los 2 litros a los 4 litros por hectárea, llegando a aplicar hasta 8 litros de producto por cada ciclo de cultivo., en la actualidad los fenómenos de resistencia y de aparición de nuevas malezas determina un incremento en las dosis y en la cantidad de aplicaciones”. (Bocchicchio, A y. Souza Casadinho, J. 2003 )

Nada del “optimismo desenfrenado” de ARGENBIO ni de AAPRESID, socios locales del agronegocio, se ha cumplido.

Las grandes corporaciones del campo que se van fusionando y así concentrando cada vez más el negocio de la semilla, de los agrotóxicos y de los alimentos, sabían y saben muy bien lo que hacen, lo piensan, lo diseñan y lo ejecutan a través de profesionales y funcionarios que se someten a la obediencia debida con el agronegocio.

Años atrás proyectaron que el gran negocio de los próximos 20 años en América Latina y particularmente en la llamada República Unida de la soja (Argentina, Brasil y Paraguay) sería la venta de herbicidas, dada la enorme resistencia de malezas que ellos mismos provocaron para aumentar sus ventas; con un agregado que no es un tema menor: No han aparecido nuevos grupos químicos de herbicidas, el glifosato aparecido en la década del 70 es quizás de los últimos, significa que el control habrá que hacerlo con los antiguos tóxicos que ellos antes decían que iban a erradicar, ahora mezclados entre sí y en distintas concentraciones . Esto implica que no invertirán en investigación ni tampoco perderán tiempo en estudios de los impactos ni en los estudios necesarios para clasificar su toxicidad ya que todos estos principios activos viejos están “registrados, estudiados y clasificados”…un negocio redondo al que sumarán por ejemplo la aprobación de nuevos transgénicos a dichos herbicidas como lo ocurrido recientemente en Argentina con la soja resistente al glifosato y al 24D de la empresa Dow.

Un plan siniestro, apoyado por los gobiernos, por la mayoría de las entidades agropecuarias, por los consejos de ingenieros agrónomos y por la obediencia debida con el agronegocio.

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_La_obediencia_debida_y_el_agronegocio

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Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria hacia la Haya 2016

Capítulo Argentina

26 de septiembre de 2016

 

El Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria hacia la Haya 2016, decide en conjunto redactar este documento de DENUNCIA sobre los efectos que padecen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país a causa del modelo productivo, agrobiotecnológico basado en el uso de semillas transgénicas y agrotóxicos en especial, el que implica a los alimentos.

Se trata de un proceso agroindustrial contaminante y extractivista, promocionado y llevado a cabo por la industria contaminante ejercida por las transnacionales del agronegocio como Monsanto, Bayer, Dow, BASF, Syngenta, Dreyfus, entre otras, productoras de agrotóxicos y OGM, organismos genéticamente modificados, junto a sus cómplices nacionales provenientes tanto del sector privado como del Estado Nacional son RESPONSABLES de impulsar un sistema de producción que genera dependencia, exclusión social, pérdida de la biodiversidad, apropiación de los bienes naturales, desalojo de campesinos/as y pueblos originarios. También responsable de catástrofes climáticas, desertificación, deforestación, contaminación del suelo, el aire y el agua, concentración económica y productiva transnacionalizada a lo largo de la cadena alimentaria provocando, a su vez, el aumento de enfermedades crónicas, oncológicas y demás patologías así como el crecimiento de la morbimortalidad por dichas causas.

Para acceder al documento completo (Word) haga clic en el enlace a continuación y descargue el archivo:

Tribunal de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria. Delitos de ecocidio y lesa humanidad de Monsanto en Argentina (2,36 MB) Leer

 

En consecuencia, abajo y a la izquierda, estimemos qué Emiliano Terán Mantovani nos aclara para situarnos más allá de Mauricio Macri: "Presenciamos en la actualidad a escala planetaria, una agudización sin precedentes de las históricas contradicciones sociales y ecológicas del desarrollo capitalista mundial:(...)Cuando el pastel de la riqueza se hace cada vez más pequeño y los apetitos crecen, las ilusiones de progreso se van vaciando, la acumulación capitalista se vuelve aún más salvaje. El neoliberalismo ―como modo de acumulación propio del capitalismo globalizado― se potencia, se reacomoda, busca ocupar espacios y ámbitos que se resisten a su lógica, y así expandir aún más el despojo y la mercantilización de todo. No importa en qué parte del mundo usted se encuentre, no importa si el gobierno de su país es considerado o no “progresista”, esta tensión neoliberal está presente, en diversos grados y formas, en cada proceso de acumulación formal o informal de capital en la actualidad".

 

América Latina: tensión neoliberal y territorialización del poder

9 de septiembre de 2015

 

 Por: Emiliano Terán Mantovani

            

Presenciamos en la actualidad a escala planetaria, una agudización sin precedentes de las históricas contradicciones sociales y ecológicas del desarrollo capitalista mundial: peligros de una escalada bélica internacional, en sus diferentes modalidades[1]; dramáticas tensiones migratorias[2]; crecientes desajustes en el orden de los ciclos climáticos[3]; ralentización del gran salvador de la economía mundial desde 2008, China, y tendencia a la deflación global[4]; desbordamiento progresivo de las precarias “democracias” contemporáneas y conexión cada vez más fuerte entre la política formal y bandas criminales, narcotráfico, grupos extremistas, entre otros –con mayor énfasis en periferias o el Sur Global–[5]; desgarramiento de los tejidos sociales y reconfiguraciones de los límites del pacto social; entre otras.

 

Cuando el pastel de la riqueza se hace cada vez más pequeño y los apetitos crecen, las ilusiones de progreso se van vaciando, la acumulación capitalista se vuelve aún más salvaje. El neoliberalismo ―como modo de acumulación propio del capitalismo globalizado― se potencia, se reacomoda, busca ocupar espacios y ámbitos que se resisten a su lógica, y así expandir aún más el despojo y la mercantilización de todo. No importa en qué parte del mundo usted se encuentre, no importa si el gobierno de su país es considerado o no “progresista”, esta tensión neoliberal está presente, en diversos grados y formas, en cada proceso de acumulación formal o informal de capital en la actualidad.

 

Pregunta de orden estratégico: ¿quiénes, en este momento en América Latina, son las fuerzas antagónicas capaces de detener el avance de la acumulación por desposesión? ¿Qué actores o sectores sociales y políticos pueden aún encarnar hoy una alternativa, no sólo a este neoliberalismo mutante[6] que ha coexistido versátilmente entre nosotros, sino al propio orden capitalista?

 

Años atrás, parecía evidente que esta alternativa, entendida como “posneoliberal”[7], estaba centrada principalmente en los gobiernos progresistas de la región, y en los líderes que los han guiado. Ya estos gobiernos no serían fundamentalmente dominación, sino representación no sólo de los intereses populares, sino también de la construcción de la vía hacia modelos que podrían estar en un futuro, más allá del capitalismo y la dependencia. A estas alturas, sostener esta idea es más que problemático.

 

Desde varios meses atrás, venimos presenciando una aceleración de la deriva regresiva en la región, incluyendo claro está a todos los llamados gobiernos progresistas. Cuando baja la marea de las rentas obtenidas por los commodities –un nuevo tiempo de vacas flacas–, todo parece más árido, más tosco, se ve con más claridad la topografía excluyente e insostenible de los modelos extractivistas.

 

Sumadas a las políticas más conservadoras de la región, que tienen a los gobiernos de México, Colombia y Chile entre sus principales exponentes, resaltan las más claras definiciones a favor del ajuste ortodoxo y flexibilización (Agenda Brasil) en las políticas económicas del gobierno de Dilma Rousseff; en Argentina, se han impulsado reformas como la de la ley de hidrocarburos (oct. 2014), que propone una flexibilización favorable a las compañías petroleras transnacionales –con una de las regalías más bajas de la región[8]– para facilitar la extracción de no convencionales; y el nuevo Código Civil y Comercial (ago. 2015), en el cual se produce la pérdida del acceso público a todos los ríos del país –siendo para Viale y Svampa “la mayor privatización de tierras de la historia de nuestro país (…) en manos de la especulación inmobiliaria[9]; sin dejar de tomar en cuenta la proyección aún más a la derecha en los horizontes de la política oficial argentina, dadas las candidaturas favoritas para las próximas elecciones presidenciales a fines de octubre de este año.

 

En Ecuador, además de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (dic. 2014, aún no en vigor), resalta desde 2014 la más agresiva política de endeudamiento de todo el gobierno de Correa –casi 10.000 millones US$, de los 18.000 millones que se han adquirido desde el inicio de su mandato[10]–; el desconocimiento y la omisión de obligación de pago de casi 3.000 millones US$ con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) –afectando el futuro de las jubilaciones[11]–; o la apertura a la participación privada en la prestación de gestiones públicas, a partir del proyecto de Alianzas Público-privadas (APP)[12]; en el marco general de una creciente conflictividad política interna.

 

En Uruguay, sobresale el ingreso en febrero de 2015 (de muy bajo perfil) del Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios (TISA) –que el Frente Amplio ha repudiado recientemente[13]–, un acuerdo impulsado por los EEUU y la UE, que supone un TLC con varios países, donde se propone la privatización de prácticamente todos los servicios públicos[14].

 

En Bolivia, se ha abierto el camino a transnacionales para nuevas exploraciones petroleras en áreas protegidas (Decreto 2366, mayo de 2015)[15], en el marco de progresivas flexibilizaciones en los términos de negocios con las mismas, donde destaca el reciente anuncio del gobierno boliviano (ago. 2015) de "incentivos a la exploración" para las petroleras, que implica un enorme subsidio de US$ 3.556 millones para elevar sus ingresos en 64% en los próximos diez años[16]; también destaca el avance de proyectos de legislación para una agresiva ampliación de la frontera agroindustrial –apuntando al "modelo cruceño de desarrollo", Agenda Patriótica 2025[17]–. Todo esto, se desarrolla en un momento político en el cual, el gobierno de Evo Morales ha declarado “irregulares” a 38 ONG, entre ellas al CEDIB[18].

 

Y en Venezuela, ante la crisis del modelo rentista petrolero, y en el marco de una progresiva transformación en las políticas del gobierno nacional, destacan, por un lado, el decreto 1425 de "Ley de Regionalización Integral" (nov. 2014), que plantea la figura de las “Zonas económicas especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED) y así “afianzar el desarrollo y enfrentar la pobreza estructural”[19] –la Faja Petrolífera del Orinoco fue declarada como una de las ZEE del país[20] y sería una "vitrina de la Venezuela que se quiere construir"[21]–; y por otro lado, el impulso de la “Operación para la Liberación del Pueblo” (OLP), que implica intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para "combatir el hampa" –al estilo de las operaciones en las favelas brasileñas–, lo cual tiene, y tendrá, bajo este enfoque, serias implicaciones sociales y políticas[22]. Se tratan en ambos casos, y es fundamental decirlo, de territorializaciones de ajuste.

 

Pensar estratégicamente: preguntas para un tiempo de mutaciones

 

La recurrente idea del ataque exterior, encarnada por el imperialismo estadounidense, en articulación con las derechas tradicionales de los respectivos países, a pesar de tener asidero, pues representa actores importantes que ejercen presión en el avance de esta deriva regresiva en la región, ha servido a algunos para querer explicarlo todo con ella. Pero como lo ha propuesto recientemente el propio François Houtart, “La teoría del complot tiene el peligro de velar las causas profundas del proceso[23]. Nos preguntamos: para convertir la dirección de un Estado en un gobierno de derecha, ¿hace falta cambiar los actuales gobernantes, o también se puede ir configurando su mutación desde adentro (sin “cambio de gobierno”)?

 

¿Es única y obligatoriamente el ajuste, el horizonte próximo de todos los gobiernos de la región? ¿Podrían los gobiernos progresistas tomar una serie de medidas que en teoría habían combatido en sus inicios?

 

Si el consumo se ha convertido en el principal factor de consenso político nacional –primordialmente en las ciudades–, lo cual permite amortiguar el impacto de ciertas políticas de ajuste, ¿hasta cuándo y con qué alcance se podría mantener esta modalidad?

 

También: los trabajadores y trabajadoras de la región, campesinos y pueblos indígenas, ¿prefieren el consenso de Beijing al consenso de Washington? Y de nuevo: ¿quiénes detienen las “restauraciones conservadoras”, o bien las reformulaciones neoconservadoras? En cada vez más ámbitos, los pueblos van contando sólo consigo mismos para defender sus reivindicaciones y territorios.

Ante este cambio de época en marcha en América Latina, e incluso ante la reciente y dramática capitulación de Syriza en Grecia, o la vacilante propuesta de Podemos en España, parece conveniente y profundamente estratégico, preguntarnos qué hemos aprendido como pueblos de estos procesos; insistir en un debate vital en torno a la forma Estado, y nuestra relación con esta. ¿Pueden los desencantos recientes potenciar no sólo rabias coyunturales, sino nuevas disposiciones y cosmovisiones sobre la producción de lo político?

También parece conveniente insistir en que, ante la agudización de las contradicciones sistémicas mencionadas al principio, y de las manifestaciones de la crisis civilizatoria, podríamos estar ante escenarios en los cuales se estén configurando radicales modificaciones de las estructuras de poder tal y como las conocemos, de las formas de la soberanía, de las modalidades de control territorial –¿apuntamos hacia nuevas feudalizaciones del poder?[24]–. Si esto fuese así, los debates sobre el Estado se complejizan aún más, toman nuevos matices, aparecen nuevos elementos.

 

Fenomenología del Estado y territorialización del poder: un diálogo crítico con Álvaro García Linera

 

Como hemos propuesto, la discusión sobre el Estado, y la idea de la autonomía desde abajo ante el mismo, es profundamente estratégica ante los tiempos actuales. Podemos afirmar que existe en la región toda una línea teórico-política que insiste en la centralidad del Estado como alternativa de transformación social, en la cual el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (AGL), aparece como uno de sus principales exponentes. La relevante propuesta de AGL intenta reactivar una nueva fe sobre lo estatal.

Para AGL, el debate «Autonomía o Estado» es un falso debate[25]. Nosotros en cambio, planteamos que la fusión (sic) que propone el autor, de integración de las luchas desde abajo con el Estado, es inconveniente; que una lucha popular de múltiples escalas, no supone necesariamente la integración de sus objetivos, formas y acciones con los de la máquina-Estado, que son claramente diferentes. En este sentido, mantener esta diferenciación es estratégico en la agenda política de las luchas desde abajo, sin que en ningún sentido se lleve adelante una política de aislamiento o una propuesta maniquea. Se trata de pensar, antes que en un «Estado Integral», en un horizonte de territorialización del poder.

 

a. El Estado omnipresente y la subsunción de lo común en lo público en AGL

 

A partir de lo que AGL llama el principio de incompletitud histórica –propuesto desde el Teorema de Gödel–, el autor propone que la tradición de la dominación[26] del Estado no es ahistórica, que tiene grietas, y que la gente tiene la posibilidad de trascenderla. Siendo esto cierto, la necesaria pregunta subsiguiente es: ¿cuáles son los límites de esta posibilidad de transformar al Estado?

 

Y también: aunque es importante definir al Estado como un “campo de lucha”, como una construcción política en permanente movimiento, o una estructura de relaciones maleables, no es la contradicción en sí, el elemento que lo define. Algo debe darle forma, sentido. Y su especificidad histórica, su sentido de existencia es ser una maquinaria de dominación y conducción política, tomando el propio concepto de AGL[27].

Esta modalidad monopólica, centralizadora y abstractalizante de poder, esta forma política de hacer que es el Estado, en AGL es al mismo tiempo materia e idea, es también creencia colectiva[28], lo que permite evidenciar, de manera muy útil, la forma fenomenológica del Estado. Sin embargo, hay una especie de omnipresencia e irresistibilidad que otorga el autor al Estado-idea colectiva: si éste es, por tanto, “las estructuras mentales, los esquemas simbólicos, los sistemas de interpretación del mundo que hacen que cada individuo sea uno con capacidad de operar y desenvolverse en ese mundo”; si las luchas populares, los saberes colectivos, los esquemas de organización del mundo, y las propias identidades sociales no están al margen del Estado, sino que éste los contiene; si éste es “la subalternidad misma en estado institucional y simbólico (…) es la comunidad social, los logros comunes, los bienes colectivos conquistados, aunque bajo una forma fetichizada”; si la “sociedad real (…) ha construido la estatalidad con sus logros y sus desdichas[29], parece pues, que el afuera del Estado es un desierto.

 

Estado no es igual a sociedad. No toda producción molecular de lo político es Estado, o tributa a su constitución, aunque coexista o se articule con él, aunque sufra su dominación. Seguramente la constitución popular de lo político está profundamente permeada por el Estado, pero éste no la configura de manera completa. Las exterioridades del Estado son múltiples, en el espacio, en las creencias, en los cuerpos, aunque puedan ser momentáneas y contingentes.

 

La rebelión no sólo proviene desde la propia experiencia de estatalidad[30] de los sujetos, sino al mismo tiempo de procesos productivos propios y territorializados que están también más allá del Estado. AGL parece incluir todas las contradicciones socio-políticas en el seno estatal.

 

Es necesario entonces otro tipo de fenomenología del Estado. Una que reconozca las diversas y múltiples formas de producción de lo político que se encuentra en las afueras de éste, las otras formas de hacer que se distinguen de él; que dé cuenta cómo sus objetivos, formas y acciones difieren de la forma de la estatalidad. La clave del cercamiento fenomenológico que propone AGL, y que al mismo tiempo traba el desbordamiento popular de las fronteras estatales, está en la subsunción que hace el autor de lo común en lo público. Dice AGL:

 

El Estado sólo puede producirse en la historia contemporánea si produce (como fruto de las luchas y de las relaciones sociales) bienes comunes, recursos pertenecientes a toda la sociedad, como la legalidad, la educación, la protección, la historia cívica, los aportes económicos para el cuidado de los demás, etc.; pero este común únicamente puede realizarse si al mismo tiempo de producirse, también se inicia el proceso de su monopolización, su concentración y su administración por unos pocos que, al realizar esa monopolización, consagran la existencia misma de los bienes comunes[31].

 

En realidad el Estado sólo produce bienes públicos, no bienes comunes. El ámbito de lo público ha aparecido tradicionalmente en el imaginario político moderno/occidental como el ámbito por excelencia donde se manifiesta y organiza lo popular. Sin embargo, la forma de lo público se reproduce a través de la representación política trascendental del Estado, lo que supone una gestión monopólica y corporativa del poder territorial. Los bienes comunes, como materialidad de la vida, al ser un don de la misma otorgada a todos, preexiste a la apropiación y monopolización que ejerce el Estado, a diferencia de lo planteado por AGL –“los bienes comunes son creados (…) pero solo existen si son a la vez monopolizados”, dice el autor[32]–. Las múltiples formas de lo común se basan en otra valoración de la Vida (si se quiere, de la naturaleza), en otras formas de gestionar los territorios (ecosistemas), en la acción colectiva dirigida a reproducir la vida inmediata –aunque puedan ser frágiles, discontinuas, inestables–, que en cambio son constitutivas de la dinámica social[33].

 

La distinción no es arbitraria ni insignificante. Es en el modo de gestión de los territorios, de la reproducción de la vida, en la forma de su horizonte vital, donde se produce este importante deslinde. No hacemos referencia a una comunalidad inmaculada, a un tipo de pureza, o de formas ideales libres de contradicciones. No hablamos de sujetos impecablemente cooperantes, sino pueblos rurales, semi-rurales y urbanos que apelan persistentemente a gestiones colectivas para posibilitar, en primera instancia, el curso de su vida.

 

Lo que es también importante recalcar, es como la representatividad estatal –siempre fluctuante, y en diversos grados dominante y represiva– impide, en el corto o en el largo plazo, la gestión directa de lo común. Los bienes públicos (como la educación, la vivienda, la salud, etc.) son usufructuados socialmente por la vía de una intermediación, y en numerosas ocasiones, se viven sólo como idea, suspendidos en la promesa de un futuro desarrollo, o una futura mejor gestión. Nuevas posibilidades y horizontes de lo político en la región, pasan por recuperar la centralidad de esta dimensión territorial inmanente de lo común. Producir con el trabajo colectivo y la riqueza inmediata, desde abajo, el experimento político que en algún momento del ciclo progresista quedó abortado.    

 

b.  Extractivismo y la entelequia del «Estado Integral»

 

Como ya es sabido, AGL plantea que el extractivismo es una fase temporal para generar condiciones para alcanzar una "futura fase social"[34], y en numerosas ocasiones ha propuesto que los críticos del extractivismo le hacen el juego al imperialismo, como lo ha expresado sobre ONGs como CEDIB (Bolivia) en su reciente carta Sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Bolivia y su financiamiento. Ya en otros espacios hemos intentado replicar esta idea de que para salir del extractivismo hace falta más extractivismo, y hemos señalado el peligroso camino de la satanización de la crítica.

 

Pero esta prometida fase temporal del extractivismo se sostiene sobre la idea –que suele ser recurrente– de que, ahora sí, hemos alcanzado un escalafón histórico de las luchas políticas, lo cual se traducirá en una alianza progresiva entre el Estado y el pueblo, que construirá el camino para deshacer al extractivismo. Esta alianza es lo que AGL ha llamado el «Estado Integral»[35].

 

Para AGL, a partir de la experiencia boliviana, en este Estado Integral se produce “la presencia directa de representantes de los sectores sociales movilizados en distintos niveles del aparato estatal”, y añade también “la presencia directa de las organizaciones sociales en la definición de las principales políticas públicas[36]. El Estado en AGL es una trama cotidiana en la cual gobernantes y gobernados, con distintos niveles de influencia, intervienen en torno a la definición de lo colectivo[37]. De ahí que el autor afirme que “Socialismo es entonces un largo proceso de transición en el que estado revolucionario y Movimientos Sociales se fusionan para que día a día se democraticen nuevas decisiones; para que día a día más actividades económicas entren a la lógica comunitaria en vez de la lógica del lucro[38].

 

Conviene insistir en lo siguiente: el extractivismo es una modalidad de acumulación capitalista que centraliza tanto el poder como la soberanía sobre el territorio; esto es, estructura un tipo de soberanía (nacional-estatal) que mercantiliza y monopoliza la decisión sobre los llamados “recursos naturales”. Esta racionalidad, esta forma política de hacer particular, esta modalidad de dominación transnacionalizada y corporativa, que se superpone y evita que la gente realice una gestión directa de los bienes comunes, está dotada de sentido por los procesos de acumulación de capital a escala global, por la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza.

 

La entelequia del «Estado integral» intenta fusionar modos de hacer, de producir de lo político, que se contraponen. Por medio de la coacción y la “manufactura de consensos” (de diversas maneras), éste evita o pone límites a la ocupación, recuperación y reapropiación de lo común (sea en espacios urbanos, tierras agrícolas, áreas de reserva natural, etc), en nombre de la protección de la propiedad privada, de la “soberanía nacional” y del mantenimiento del orden y la estabilidad. El Estado pues, no reconoce otra soberanía que no sea la nacional-estatal –no es casual que, por ejemplo, casi ninguna de las consultas previas en América Latina respecto a proyectos extractivos o desarrollistas sea reconocida por los poderes constituidos[39]–. Adicionalmente, en contextos de aguda crisis como las actuales, el Estado tiende a profundizar mecanismos políticos de acumulación por desposesión como medidas de ajuste, por lo que su conflicto con lo común se intensifica.

 

Pero sobre todo, es importante insistir en cómo, en las esferas más altas del Estado, donde se concentran las decisiones sobre los bienes comunes para la vida ―los llamados “recursos naturales”―, sobre las Fuerzas Armadas nacionales, las grandes finanzas, se evidencia con más claridad y crudeza la estructura jerarquizada, la modalidad corporativa transnacionalizada que posee la gestión de lo público (extracción de naturaleza, infraestructuras urbanas, adquisición de tecnología militar, financiamiento externo, etc.), lo radicalmente excluyente que es respecto a lo común, y lo complejo de delegar estas gestiones a unos cuantos representantes y voceros de movimientos sociales, para replicar los modelos de concentración de poder y manejo centralizado de la riqueza colectiva. Bajo este modelo, estos ámbitos son prácticamente intocables para las bases populares, por lo cual reformas progresistas sobre igualdad de género, aborto, derecho a la ciudad, figuras de participación política formal, entre otras, se convierten en reformas cosméticas sino se produce un proceso social de re-apropiación territorial.

 

Alternativas, correlación de fuerzas y territorialización del poder: la centralidad de las luchas desde abajo

 

Aunque se puedan producir las condiciones ―que siempre serán temporales― para llevar adelante una gestión política articulada de las formas de lo público, entre el Estado y una masa crítica popular contrahegemónica organizada ―siempre en diferentes grados―; aunque se resalte la importancia de trastocar y transfigurar la forma Estado “desde adentro” de la maquinaria; lo que consideramos fundamental es quitarle centralidad política a la idea de que hay que, en primera instancia, ocupar el Estado.

 

En la medida en la que un movimiento político desde abajo, efervescente, numeroso, potente, otorga centralidad en su lucha a la toma de la esfera estatal, se introduce en un campo asimétrico en el que puede, paradójicamente, ocupar al Estado, mientras que el Estado, lo ocupa a él. Si el Estado es también una relación social (dominante), entonces en sus formas se producen tipos de subjetividades, corporalidades, territorialidades, redes moleculares de poder, las cuales son finalmente funcionales a la reproducción del capital. Se genera pues, algo que pudiésemos llamar una dominación productiva, a partir de sus estructuras de relacionamiento y sus formas de racionalidad.

 

El reconocimiento del Estado como máquina de dominación, no supone un desentendimiento o abandono del mismo, del campo de lo público, cuando se trata de pensar horizontes anti y post extractivistas, rentistas y capitalistas. No solo porque el Estado no va a desaparecer de la noche a la mañana, sino también porque su función en la escala del sistema interestatal mundial y la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, puede variar políticamente, es relativamente maleable, dependiendo de diversas luchas domésticas. Es decir, no solo se configura un duopolio cooperativo entre Estado y Mercado, sino que se pueden desarrollar diferentes niveles de contradicción entre ellos, que podrían ser más o menos favorables a procesos de luchas locales, lo cual puede ser aún más vital y relevante en los débiles Estados-nación periféricos. Se trata de la contradicción planteada por David Harvey entre la lógica del capital y la lógica territorial[40].

 

Pero lo fundamental, con miras a abrir o mantener las posibilidades de reproducción de una política popular de lo común –resistencia y constitución–, es el estado de la correlación de fuerzas en un espacio-tiempo específico, la síntesis que se produce en el completo campo de la política (que puede ser en un país, pero no únicamente), y que está determinada por las fuerzas y probabilidades de cumplir sus objetivos, por parte de los actores que disputan en dicho campo –para lo que nos compete, las subjetividades contrahegemónicas–. A esto lo podemos llamar la composición política.

 

Esta composición política pues, está fundamentalmente determinada por las luchas desde abajo. Todo proceso contrahegemónico de horizonte social emancipatorio, se mueve y produce a partir de la lucha popular ―es su factor constituyente y originario―, la cual puede generar una recomposición que mejore las condiciones de disputa, la gestión común de la vida y las posibilidades de transformación social. Esto aplica en particular para el Estado, que posee “internamente” su propia composición política que lo define, y que puede ser reformulada para que ejerza un rol más favorable al proceso reproductivo de lo común.

 

Es la lucha popular territorial el punto de partida, llevada adelante para reproducir la vida, sin que esto implique, de ninguna manera, el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas municipales, biorregionales, nacionales, continentales o incluso globales. Se trata de la configuración y el ejercicio de otras soberanías, de posibilidades para la autonomía material de pobladores y pobladoras, de producción de narrativas propias, que en primera instancia no admitan límites exteriores y anteriores a su propio despliegue y decisión –como lo ha propuesto Raquel Gutiérrez Aguilar[41]–, y que no detienen su movimiento territorial para esperar una supuesta “resolución histórica” de la contradicción Estado/movimientos sociales, orientada a la conformación de un imaginado «Estado integral».

 

La territorialización del poder se alimenta de esos otros códigos y formas de hacer contrahegemónicos, de las cotidianas deserciones que producen los pueblos desde abajo, presentes en movilizaciones de diversos tipos, como la de los pueblos indígenas bolivianos o las expresiones cooperativas del chavismo popular urbano. Lo importante es pues, mantener el deslinde vital entre lo público y lo común, entre lo que se instituye y lo constituyente.

 

Si las luchas masivas tienden inevitablemente a declinar, a agotarse, después de una ola ascendente y efervescente, y con ello, la composición política se hace más adversa a la producción y reapropiación de lo común, y el Estado se hace más reaccionario y conservador, la única alternativa ante esto es procurar el florecimiento territorial de lo común, de la comunalidad –vista como estabilización de lo común–, que permita que los procesos de lucha social, la configuración de alternativas y transformaciones, se hagan más orgánicas.

 

Si el Estado es también una creencia colectiva, es fundamental construir nuevos sentidos comunes, nuevas creencias sociales que busquen desplazar a la conciencia colectiva de su inevitabilidad, al fetiche del Estado, a su capacidad deabstractalizar el poder, a su esencia trascendente, para en cambio territorializar la posibilidad emancipatoria.

 

Bogotá, septiembre de 2015

 Emiliano Terán Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), autor del libro "El fantasma de la Gran Venezuela", mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015.

Fuentes consultadas

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/172285

 

 

Estamos involucrados con los integrantes del colectivo del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) Guaraní en: “Afirmamos que no nos adaptamos al modelo productivo del neoliberalismo y seguiremos defendiendo la propuesta de la agricultura agroecológica hasta la verdadera Revolución Agraria; no nos adaptamos al cambio climático porque eso dará pie a nuevas formas de opresión por parte de las élites”.

 

 

Paraguay

Pronunciamiento Político de

la 2° Jornada de Agroecología del IALA Guaraní

16 de noviembre de 2016

Por Suramérica Press 

 “Agroecología: Tesâi, arandu ha sâso temitŷ rupive”

Nosotras y nosotros, integrantes del colectivo del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA) Guaraní, hemos convocado a la ciudadanía a debatir abiertamente algunos temas que consideramos relevantes y necesarios de ser entendidos como una apuesta hacia la transformación social por la que bregamos, en el marco de la segunda edición de la Jornada de Agroecología, que tuvo lugar los días 10 y 11 de noviembre de 2016, en la ciudad de Asunción.

Consideramos que la agroecología no es otra cosa que el ejercicio y la defensa de esa agricultura que ha dejado huellas en la historia de la humanidad al forjarse en las diferentes civilizaciones a través de los tiempos. La agroecología recoge la memoria de lo mejor que se ha labrado en el mundo. El agronegocio, por el contrario, es la expresión más nefasta del egoísmo y la ambición capitalista, su proyecto es la desaparición de nuestras comunidades campesinas e indígenas. Esto significa que, si antes luchamos para conquistar la tierra, hoy nos toca defenderla de quienes ven en ella no el asiento de nuestras vidas y subsistencia, sino sólo lucro y especulación financiera.

No queremos que nuestros hijos e hijas vivan bajo un puente en las ciudades el día de mañana, queremos que crezcan en sus territorios y desarrollen una vida digna, que lleven con orgullo su identidad campesina e indígena. Para ello, el Estado debe reconocernos como sujetos de derechos y actuar en consecuencia.

Nos definimos como sujetos críticos a favor de la práctica de una educación liberadora capaz de sostenerse en la perspectiva de la transformación social, una educación para el campo que rescate los saberes y la experiencia de las generaciones pasadas y nos convierta a todas y todos en guardianes de las semillas nativas y criollas, del bosque, del agua y de los territorios; una educación capaz de valorar nuestro ser campesino e indígena pese a los dictados del sistema educativo formal y lo que pretenden el mercado y los gobiernos de turno.

Expresamos nuestra entera solidaridad con la población de Guahory que sufrió un violento desalojo el 15 de septiembre último y que son –especialmente sus bravas mujeres– un ejemplo de lucha y de resistencia en la batalla por conservar los territorios libres de la invasión del capital en el campo. Ese atropello de la fuerza pública cooptada por los intereses de empresarios extranjeros dedicados al agronegocio repercutió no sólo en los derechos comunitarios y humanos, sino que se tradujo también en el abandono a su suerte por parte del Estado de una población que hoy se siente despojada no sólo de su legítimo derecho a la tierra sino también de su derecho a la vivienda, la alimentación, la salud y la educación. En forma general también nos solidarizamos con todas las comunidades campesinas e indígenas que sufren todas estas formas de atropello por parte del Estado burgués y el agronegocio.

La humanidad no puede seguir adaptándose a lo que le hace sufrir sólo para que una oligarquía de tentáculos mundiales siga generando riquezas. Desde la 2° Jornada de Agroecología afirmamos que no nos adaptamos al modelo productivo del neoliberalismo y seguiremos defendiendo la propuesta de la agricultura agroecológica hasta la verdadera Revolución Agraria; no nos adaptamos al cambio climático porque eso dará pie a nuevas formas de opresión por parte de las élites. Seguiremos luchando con la bandera de los movimientos indígenas y campesinos por frenar los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad con lo que mejor sabemos hacer: relacionarnos con la Madre Tierra a través del lenguaje universal del amor, la dignidad y la esperanza.

La Agroecología es salud, sabiduría y libertad a través de la Agricultura
Asunción, 11 de noviembre de 2016

http://suramericapress.com/?p=10912

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=219223