Qué Estado

Abril 2016

Con base en autogobiernos locales e interrelaciones constituyentes del país-continente-mundo.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Intentemos aproximarnos a cómo el Estado y el sistema político viabilizan, después de la dictadura genocida, los privilegios de los oligopolios locales e imperialistas mediante el siguiente artículo:

Privatizaciones, rentas de privilegio, subordinación estatal
y acumulación del capital en la Argentina contemporánea
.

En publicación: FLACSO, Facultad  Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Argentina. 2002

Por Daniel Azpiazu y Martín Schorr 

Desde su perspectiva histórica, los años noventa constituyeron una etapa decisiva en  relación con el desenvolvimiento económico y social de la Argentina. En el transcurso de la  década la economía local atravesó un proceso de importantes transformaciones estructurales,  en el que se retomaron y profundizaron gran parte de los objetivos estratégicos de la política  refundacional impulsada por la dictadura militar que usurpó el poder en marzo de 1976 (en  especial, aquellos vinculados al “disciplinamiento” de los sectores populares y de ciertas  fracciones empresarias –las PyMEs–). Estas modificaciones trajeron aparejada la  consolidación de las principales tendencias que se impusieron como aspectos distintivos del régimen de acumulación que se fue configurando en el país a partir de la segunda mitad de la  década de los setenta: concentración económica, centralización del capital, predominio de la  valorización financiera, distribución regresiva del ingreso y fragmentación social.

Sin duda, uno de los ejes centrales del proceso mencionado fue la política de  privatización de empresas públicas implementada bajo la Administración Menem. En este  sentido, existen sobradas evidencias acerca de que el programa privatizador instrumentado  bajo dicha Administración ha desempeñado un papel determinante en la profundización de un  patrón de acumulación crecientemente concentrador en lo económico y excluyente en lo  social.(...) Las principales modalidades que adoptó dicho proceso tendieron a conformar –y  preservar– ámbitos privilegiados de acumulación y reproducción del capital, caracterizados  por un nulo riesgo empresario, y ganancias extraordinarias (de las más altas a nivel local e,  incluso, en el plano internacional) que fueron internalizadas por un núcleo muy reducido – aunque sumamente poderoso en términos económicos, políticos y sociales– de grandes grupos  empresarios de origen nacional y extranjero.

· El contexto histórico del programa privatizador: del golpe de Estado del 24 de marzo de  1976 a los estallidos hiperinflacionarios de 1989 y 1990  
A poco de asumir el gobierno, en el mes de julio de 1989, mediante la sanción de las  leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica, el Dr. Menem encaró una muy  abarcativa y acelerada política de privatización de empresas públicas. Es evidente que una  transformación de semejante envergadura (que se encuadró en un programa global de  reformas estructurales de inspiración neoconservadora, que pivoteaba no sólo sobre la  transferencia de las principales firmas estatales y de la privatización de áreas que  tradicionalmente habían estado en manos del Estado, sino también sobre la desregulación de  una amplia gama de mercados, la apertura –asimétrica– de la economía a las corrientes  internacionales de bienes y capitales, y la “flexibilización” –en rigor, la precarización– de las  condiciones laborales) no podía dejar de producir un impacto significativo en el perfil y la  estructura de la economía argentina y en su posible sendero evolutivo. Antes de considerar  estos efectos, cabe caracterizar muy someramente el contexto social, político y económico en  el que se enmarcó dicho proceso.  Ello permitirá apreciar las numerosas “líneas de continuidad” que se perciben entre la  política –no sólo económica– de la última dictadura militar y la instrumentada por el gobierno  del Partido Justicialista en la década de los noventa y el de la Alianza. En especial, en lo que respecta al principal objetivo estratégico de dichas administraciones gubernamentales: el  fortalecimiento económico, político y social del bloque dominante que se conformó durante el  período dictatorial y se afianzó en el transcurso de la gestión de gobierno del Dr. Alfonsín.  Ello, en paralelo a la profundización de un modelo de acumulación capitalista cuyos denominadores comunes son la desindustrialización ligada a la crisis de las pequeñas y  medianas empresas, la centralización del capital, la concentración de la producción y el  ingreso, la desocupación y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, y  la exclusión de un número creciente de individuos.  En abril de 1988, cuando el gobierno radical suspendió el pago de los servicios (y del  capital) de la deuda externa pública, se puso de manifiesto la lucha de intereses que existía en  el interior de los sectores de poder económico (los grupos económicos locales y los  conglomerados extranjeros radicados en el país, por un lado, y los acreedores externos, por  otro). Lo que se expresa en dicha moratoria (o default) es la imposibilidad del Estado argentino de seguir cumpliendo con el pago de los servicios de la deuda externa y, al mismo  tiempo, continuar subsidiando al capital concentrado interno (entre otras formas, a partir de la  estatización de la deuda externa del sector privado, la licuación de pasivos internos, la  promoción industrial, o los sobreprecios en las compras del Estado) mediante una  considerable exacción de ingresos a los sectores populares.(...)

 En otras palabras, el proceso de reestructuración económico-social que tuvo lugar en  el país durante el gobierno militar supuso un doble proceso de transferencia de ingresos: desde el trabajo hacia el capital y, dentro de éste, desde las pequeñas y medianas empresas  hacia las de mayor tamaño (en especial, hacia aquellas que eran propiedad de los integrantes  del nuevo bloque de poder económico).

Esta nueva fisonomía de la elite dominante argentina  se vio parcialmente modificada a principios de los años ochenta, cuando, a partir de la “crisis de la deuda externa”, que dio origen a lo que posteriormente se denominó “década perdida”, los  acreedores externos irrumpen como otro de los decisivos factores de poder en el país.  ¿Por qué enfatizar este aspecto del impacto de la política económica de la dictadura  militar? Debido a que es sobre el legado estructural que supusieron la derrota del campo  popular y la reconfiguración en el interior de la clase dominante, que se irá asentando una  nueva dinámica de comportamiento social y económico –íntimamente relacionada con el  papel del sector público– que, hacia finales de la década de los años ochenta, desembocaría en  la llamada “quiebra del Estado”. Más aún cuando fue dicha crisis del sector público (cuya  expresión sintomática se manifiesta, indudablemente, en el estallido hiperinflacionario de  1989) la que, finalmente, allanaría el camino de las transformaciones estructurales  implementadas en los años noventa, dentro de las cuales las privatizaciones ocuparían un  papel decisivo. Por ello es que vale la pena analizar con cierto detenimiento aquellos aspectos  que caracterizaron al desempeño de los sectores dominantes durante los años ochenta y que,  en su articulación con el rol del Estado, dieron lugar a la debacle económico-social que aún  hoy padece la sociedad argentina –en rigor, los sectores populares–.  Como resultado de la política económica del período 1976-1983 emergen, en medio de  un proceso de desindustrialización y de creciente financiarización de la economía argentina,  un reducido número de grupos económicos, empresas extranjeras y bancos acreedores, que  tienden a concentrar una porción creciente del ingreso nacional.

Ello supuso, además del  desplazamiento de la actividad industrial y su reemplazo por la valorización financiera del  capital como eje ordenador -y de mayor tasa de retorno- de la economía argentina, el  afianzamiento –y concentración, en manos de un conjunto acotado de grandes agentes  económicos– de un poder de veto decisivo en el campo de las políticas económicas, que  tendería a condicionar sobremanera el rumbo del proceso económico, político y social del país  hasta la actualidad.  Más específicamente, lo que comienza a manifestarse en 1983 con la reconquista de la  democracia, una vez consumada la desarticulación del bloque urbano-industrial sobre el que  se asentara el modelo de sustitución de importaciones –así como las alianzas político-sociales  que daban sustento a tal patrón de acumulación capitalista–, es la centralidad del Estado como  instrumento de apropiación y reasignación del excedente por parte de las fracciones más  concentradas del poder económico.

En rigor, se trata de la emergencia de un nuevo Estado; proceso caracterizado por el hecho de que el endeudamiento externo y la estatización de la  deuda externa privada, la reforma financiera y la licuación de la deuda interna, los regímenes  de promoción industrial –que facilitaron al capital concentrado la instalación de nuevas  plantas fabriles con cuantiosos subsidios estatales–, y los abultados sobreprecios pagados por el Estado y las empresas públicas a sus proveedores, constituyen los principales mecanismos a  través de los cuales este reducido núcleo de empresas oligopólicas tendió a consolidar su  poderío económico y a condicionar de allí en más el desarrollo económico y social de la  Argentina en su conjunto, así como a reducir de manera sustancial y creciente los grados de  “autonomía relativa” del sistema político.  

No obstante, más allá de esta creciente concentración de poder económico, el proceso  de reestructuración económica y social propiciado por la dictadura –que encuentra, en el otro  extremo del arco social, a un sector asalariado que pasa a exhibir la más baja participación en el ingreso de los últimos cuarenta años de historia argentina– no estaría exento de  contradicciones entre los propios sectores beneficiados. Ello es lo que comienza a tornarse  evidente en abril de 1988, pocos meses antes del lanzamiento del “Plan Primavera”, en la  medida en que los ingresos de este nuevo Estado no resultan suficientes para garantizar las  crecientes transferencias de recursos desde el fisco hacia los grupos económicos, y para  cumplir, al mismo tiempo, con el pago de los intereses de la deuda a los acreedores externos.  A los efectos de comprender en toda su intensidad este proceso, cabe destacar que  entre 1981 y 1989, se remitieron al exterior, en concepto de intereses de la deuda externa,  aproximadamente 27.000 millones de dólares (monto que representa el 4,3% del PBI global  de ese período), mientras que el capital concentrado interno (es decir, los principales grupos  económicos locales y extranjeros del país) fue beneficiario de transferencias cuya magnitud  superó los 67.000 millones de dólares (equivalentes a casi el 10% del PBI total), es decir, más  del doble de lo obtenido por la banca acreedora. Todo ello fue posible gracias a la  implementación de diversas medidas de política que determinaron una drástica contracción en  la participación de los asalariados en el ingreso nacional: los trabajadores dejaron de percibir  una cifra (cercana a los 80.000 millones de dólares) equivalente al 12,6% del PBI del  período. Entre las transferencias al capital concentrado interno se computan: los subsidios al  sector financiero por la quiebra de distintas entidades; el costo fiscal de los diversos  regímenes de promoción industrial; los subsidios a las exportaciones industriales; la licuación  de la deuda interna que pusiera en marcha en 1982 el Dr. Cavallo, durante su gestión al frente  del Banco Central de la República Argentina; la estatización de la deuda externa privada  mediante la instrumentación de los seguros de cambio; y los subsidios implícitos en los  primeros regímenes de capitalización de deuda externa, instrumentados a partir de 1985. No  puede dejar de remarcarse, a ese respecto, el hecho de que los montos consignados conforman  una estimación de mínima, al no contemplar uno de los principales mecanismos por medio de  los cuales se canalizaron recursos fiscales hacia las fracciones más concentradas del capital  local, a saber: los sobreprecios en las compras del Estado y sus empresas, mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia el poder económico local que se consolida durante la  última dictadura militar y se mantiene durante todo el gobierno de la Unión Cívica Radical. (...)

En realidad, bajo la perspectiva expuesta precedentemente, la crisis  hiperinflacionaria de 1989 reconoce sus raíces en el patrón de acumulación capitalista y la  profunda reestructuración social resultantes de la política económica implementada bajo el  gobierno militar. Es durante dicho período cuando, dada la ausencia de medidas que  enfrentaran radicalmente, durante la década de los ochenta, a los sectores favorecidos por la  dictadura militar, se sientan las bases de una oposición de intereses cuya precariedad  estructural se pondría de manifiesto, con toda elocuencia, en el desenlace hiperinflacionario  del período 1989-1990.  Si bien no se pretende reconstruir minuciosamente los procesos sociales, económicos y  políticos que culminaron en los estallidos hiperinflacionarios de fines de los ochenta y  principios de los noventa, resulta importante enfatizar el hecho de que en la raíz de dicha  crisis se encuentra la puja distributiva por la apropiación del excedente entre, por un lado, los  conglomerados nacionales y extranjeros que operan en el país y, por el otro, los acreedores  externos, dado que en la Argentina, los sectores dominantes han difundido, y el sistema  político y buena parte de la “comunidad académica” han convalidado, la idea que atribuye la  responsabilidad de la crisis al supuesto Estado de Bienestar que, con sus variantes, habría  estado vigente desde 1945, y no a los actores sociales que determinaron su comportamiento  (es decir, al Estado y no al nuevo tipo de Estado que se había conformado desde mediados de  los años setenta) .  Naturalmente, en estas condiciones, percibir la crisis como el fin del Estado populista  supone una clara maniobra ideológica destinada a legitimar la reestructuración que  impulsaron las fracciones sociales dominantes en la década de los noventa. En otras palabras,  el tipo de lectura que se logró imponer sobre las causas de la crisis es lo que determinó las  formas en que se buscó salir de la misma. Así, si el Estado era el responsable prácticamente  exclusivo de todos los problemas que aquejaban a la Argentina a fines de los ochenta  (inflación elevada, déficit fiscal, alto endeudamiento externo, deficiente prestación de  servicios y provisión de bienes, etc.), era obvio que la resolución de los mismos pasaba,  siempre desde la óptica de los sectores de poder y sus cuadros orgánicos, por la “Reforma del  Estado”.  

· La importancia estratégica del programa privatizador  
En el caso de los acreedores externos, las privatizaciones permitirían restablecer el  pago de los servicios de la deuda externa –además de permitir el pago del capital, y de los  intereses “caídos” en el período 1988-1990–, mediante la instrumentación del mecanismo de capitalización de los títulos de la deuda en la transferencia de los activos estatales. En el caso  de los grupos económicos locales y de los conglomerados extranjeros radicados en el país,  suponía, si llegaban a participar en los consorcios adjudicatarios de las empresas públicas, la  apertura de nuevos mercados y áreas de actividad con un reducido –o, como se pudo  comprobar luego, inexistente– riesgo empresarial, en la medida en que se trataba de la  transferencia o la concesión de activos a ser explotados en el marco de reservas legales de  mercado en sectores monopólicos u oligopólicos, con ganancias extraordinarias garantizadas  por los propios marcos regulatorios.  De esta manera, en la medida en que, mediante la privatización de empresas estatales,  se pudiera hacer converger los intereses de los acreedores externos y del capital concentrado  radicado en el país, el círculo vicioso –y explosivo (para la mayoría de la sociedad argentina)–  al que había conducido la pugna por el excedente entre los distintos componentes del “gran  capital” durante los ochenta, podría devenir en un círculo “virtuoso” de asociación y  convergencia, al margen –como era previsible, y luego se constataría– de las necesidades de  los sectores populares.  En realidad, el programa de privatizaciones constituiría una prenda de paz por “partida  doble”. Por un lado, permitiría saldar de forma “superadora” el conflicto existente entre las  fracciones predominantes del capital (interno y externo). Por otro, como consecuencia de lo  anterior, permitiría al gobierno del Dr. Menem contar con un sólido apoyo político, sobre el  cual sustentaría su consolidación en el poder. (...)

Sin embargo, en ese período no sólo no se privatizó ninguna compañía estatal sino que, por el contrario, al concluir el proceso militar, el Estado había tenido que absorber (a  través del Banco Central) un número importante de firmas privadas que habían quebrado con  la profunda crisis iniciada en 1981.  En realidad, fue durante el gobierno radical –más precisamente, cuando Rodolfo  Terragno toma a su cargo el Ministerio de Obras Públicas– cuando se manifestaron los  primeros ensayos de privatizar algunas de las principales empresas públicas (en particular,  Aerolíneas Argentinas y ENTel). Tales proyectos fueron bloqueados por la actitud  parlamentaria de los legisladores del justicialismo que cuestionaron las privatizaciones  propuestas, contando con un fuerte apoyo de los sindicatos y de los proveedores del Estado (la  llamada “patria contratista”, que, posteriormente, pasarían a integrar los consorcios  adjudicatarios de los distintos procesos de privatización).  

Pero a poco de asumir la administración menemista, a mediados de 1989 (en  plena crisis hiperinflacionaria), ese mismo partido elevó al Congreso y logró la aprobación  legislativa –prácticamente, sin oposición alguna (dado el “pacto de transición” establecido entre  Menem y el renunciante Alfonsín)– de un muy ambicioso programa de privatizaciones, mucho  más radical, difundido y acelerado que el que había cuestionado poco tiempo antes. A partir de  allí, con la sanción de la ley de Reforma del Estado en agosto de 1989, a partir de la cual  quedaron sujetas a privatización las principales empresas de propiedad estatal, se inicia una  nueva fase en cuanto al papel del sector público en la Argentina, con la emergencia de nuevos  mercados para la actividad privada y de nuevas áreas privilegiadas con rentas extraordinarias y  reservas de mercado promovidas y protegidas por el accionar –y/o la inacción– del Estado.  Esto quiere decir que, replicando lo sucedido durante los años ochenta con la  estatización de la deuda externa privada, las compras de bienes y servicios por parte del  Estado, y la promoción industrial, nuevamente las políticas públicas generaron mecanismos  de transferencias de recursos desde el conjunto de la sociedad (en especial, desde los sectores  de menores ingresos y las fracciones menos concentradas del empresariado) hacia la elite  económica doméstica, y de consolidación de áreas beneficiadas con ganancias extraordinarias.  De allí que, en última instancia, la ley de Reforma del Estado y, fundamentalmente, el proceso  de privatizaciones deban entenderse como la generación de un nuevo mercado para el sector  privado (en rigor, para el capital concentrado interno), privilegiado respecto a las restantes  áreas de la economía, o, en otras palabras, como una “vuelta de tuerca” más (sin duda, la más  profunda, dado su significado económico, político y social que trasciende la Administración  Menem) en el proceso de desguace del Estado y la sociedad que la clase dominante ha venido  aplicando en la Argentina durante las últimas décadas.  

· La primacía del “tiempo político” y la premura privatizadora  
En este sentido, si en algo se destaca el programa de privatizaciones desarrollado en la  Argentina durante el gobierno menemista respecto a otras experiencias internacionales  relativamente contemporáneas, es en la celeridad y en lo abarcativo de sus realizaciones.(...)

¿Por qué una privatización tan abarcativa y acelerada?

En primer lugar, cabe destacar  que, por lo que históricamente significó el justicialismo en la Argentina, la única forma de  consolidar el programa económico –y al menemismo en el poder– era obteniendo el apoyo  simultáneo de los grandes grupos locales (nacionales y extranjeros) y de los acreedores  externos. Nada mejor para lograr un cambio radical de la imagen del peronismo que entregar  parte sustantiva del Estado o, más precisamente, su porción más rica –por las potencialidades  que ofrecía–, como eran las empresas públicas.  Ello sólo se pudo conseguir con un programa de privatizaciones como el que se  desarrolló: con múltiples deficiencias en lo estrictamente económico (subvaluación de activos,  despreocupación por difundir la propiedad, por la formulación de marcos regulatorios, etc.),  pero muy exitoso en lo político, en términos de la consecución de los objetivos perseguidos.  El mismo contribuyó de manera decisiva a afianzar la confianza de la “comunidad de  negocios”, así como a rearticular al bloque dominante, favoreciendo, de manera adicional, la  contención de la inflación, el ingreso de capitales, el crecimiento del consumo doméstico, la  renegociación de la deuda externa y, fundamentalmente, la consolidación de nuevas bases y  condiciones refundacionales del desenvolvimiento económico y social del país. (…) 

.La centralidad de las privatizaciones en la conformación de la “comunidad de negocios” 
Es indudable que la elevada capitalización de bonos de la deuda externa que  caracterizó al programa privatizador, refleja el reconocimiento, por parte del gobierno  menemista, de que cualquier “Reforma del Estado” que se implementara no podía ser llevada  a cabo sin incorporar a uno de los integrantes centrales del bloque de poder económico (los  acreedores externos –los “perdedores” de los años ochenta–). Sin embargo, y en razón de los  objetivos políticos perseguidos, tampoco podía quedar excluida la otra fracción dominante  (los grupos económicos –los “ganadores” de los ochenta–).  De allí que no resulte casual que en prácticamente la totalidad de los consorcios  adjudicatarios de las distintas empresas públicas transferidas al sector privado se verifique una  suerte de “triple alianza”, que, en la generalidad de los casos, incluyó a: los más importantes  grupos económicos locales, que aportaron capacidad gerencial, administrativa y,  fundamentalmente, de lobbying doméstico, así como su conocimiento de la infraestructura  nacional (derivado del hecho de que constituían el núcleo central de la denominada “patria  contratista”); un número considerable de bancos extranjeros y/o locales (la mayoría de los  cuales se encontraba entre los principales acreedores del país) que aportaron buena parte de  los títulos de la deuda pública argentina –externa y/o interna– que serían capitalizados; y  ciertas empresas transnacionales, que aportaron capacidad y experiencia tecnológica y de  gestión (se trata, por lo general, de operadoras internacionales de los servicios públicos  privatizados).  Así, por ejemplo, en el consorcio controlante de una de las empresas que en que se  subdividió ENTel (Telefónica de Argentina) se encontraban presentes un operador  internacional –Telefónica de España–, numerosos bancos extranjeros –el Citibank, el  Manufacturers Hanover, el Bank of New York, el Banco Central de España, el Banco  Hispanoamericano, etc.–, y tres de los principales grupos económicos del país –Soldati, Pérez  Companc y Techint (los dos últimos se contaban entre los principales proveedores de la  empresa estatal)–; mientras que en el otro (Telecom Argentina) coexistían las operadoras  internacionales Stet Societá Finanziaria y France Cable et Rario, el banco J. P. Morgan, y el  grupo local Pérez Companc.  Este impulso a la convergencia de intereses entre las distintas fracciones del bloque de  poder que se promovió con la política de privatizaciones (la mayoría de los pliegos de  concesión reconocía –implícita o explícitamente– que, para poder participar de los distintos procesos de transferencia, los consorcios debían estar integrados por los tres tipos de actores  económicos mencionados) (…)

· Las privatizaciones y la profundización de la concentración del capital  
Esto último se encuentra estrechamente relacionado con otro de los rasgos distintivos  de la política privatizadora encarada en el país durante la década de los noventa, a saber: la  absoluta despreocupación por difundir la propiedad del capital de las firmas transferidas.  Respecto a otros ejemplos internacionales, la experiencia argentina revela una muy escasa o  nula preocupación oficial por la difusión de la propiedad a través del mercado de capitales o,  incluso, la entrega gratuita de acciones u ofertas preferenciales para los usuarios de los distintos  servicios16. Por el contrario, en la generalidad de los casos, se fijaron patrimonios mínimos – muy elevados– para poder participar de las licitaciones y concursos o, en su defecto, tales  montos patrimoniales constituían una de las variables principales a considerar al momento de la  precalificación y/o adjudicación. En otras palabras, la capacidad patrimonial de los potenciales  interesados se convirtió, de hecho, en la principal barrera al ingreso en este “mercado”  privilegiado de las privatizaciones de empresas estatales.  En ese contexto, era inevitable que la consecución del programa operara, como  efectivamente ocurrió, como disparador de la profundización del proceso de concentración y  centralización del capital en la Argentina. En la mayoría de los procesos concluídos en el país,  el propio llamado a licitación favoreció la presencia de pocos oferentes; lo que se reforzó, en la  generalidad de los casos, por la coordinación y la capacidad de lobbying empresario en torno de  sus respectivas ofertas. Esto llevó, por un lado, a una acentuada concentración de la propiedad  de las empresas y de las áreas “desestatizadas” en un muy reducido número de grandes agentes  económicos. Y, por otro, a la sobrevivencia y el reforzamiento de monopolios u oligopolios  legales, con la consiguiente consolidación de mercados protegidos, en condiciones regulatorias que aseguran bajos o nulos riesgos empresarios y amplios márgenes de libertad para la fijación  de tarifas derivados, en lo sustantivo, de la funcionalidad de las respectivas normativas  sectoriales en relación con los intereses de las firmas prestatarias (y, obviamente, de sus  propietarios).  La dinámica asumida por el proceso privatizador trajo aparejada la consolidación estructural de un conjunto reducido de conglomerados empresarios, los cuales pasaron a controlar empresas que operan en sectores que poseen una clara importancia estratégica en  tanto, por ejemplo, definen la competitividad de una amplia gama de actividades económicas,  y la distribución del ingreso (se trata, en su gran mayoría, de los mismos actores que, como  fuera mencionado, fueron beneficiados, bajo diversas modalidades, por los ingentes recursos  transferidos desde el Estado hacia el capital concentrado durante la dictadura militar y el  gobierno radical). (…) De esta manera, no sólo se consolidaron estructuras altamente concentradas en  aquellos mercados de servicios públicos que fueron transferidos al sector privado, sino que,  adicionalmente, se elevaron sustancialmente las posibilidades de que los actores que controlan  tales empresas desplieguen distintos tipos de prácticas predatorias que afecten de manera  negativa la competitividad de distintos sectores (en especial, de aquellas ramas industriales  donde operan firmas no vinculadas societariamente a los miembros de los consorcios  adjudicatarios de las empresas privatizadas) y, fundamentalmente, a los usuarios. Más aún si  se considera, por un lado, la significativa “debilidad” que, en materia de regulación de las  empresas privatizadas, han mostrado los distintos organismos de contralor existentes y, por  otro, el hecho de que los mismos actores que ingresaron a las privatizaciones participan –y, en  muchos casos, controlan– aquellas empresas que cuentan a los servicios privatizados entre sus  principales insumos productivos.(…)

En ese contexto es pertinente señalar que el principal efecto positivo de las  privatizaciones –el ingreso de capitales–, se verificó exclusivamente durante el proceso de  desestatización de las empresas públicas. A medida que las mismas fueron transferidas al sector  privado, cobró forma otro efecto sobre la balanza de pagos que no es transitorio sino  permanente, pero de signo contrario al original. Se trata de la remisión de utilidades y  dividendos al exterior por parte de los consorcios que resultaron adjudicatarios de las empresas  privatizadas; flujo de divisas que involucra también, como se analiza posteriormente, a los  socios nacionales de tales consorcios.  (…)

· La importancia del “trabajo sucio” realizado por el gobierno argentino antes de la  transferencia de los activos públicos al capital concentrado interno  
Por último, cabe detenerse brevemente en el análisis de otro de los elementos  distintivos del proceso de privatizaciones argentino. Se trata de lo que puede denominarse el  “trabajo sucio” realizado por el gobierno menemista con anterioridad a la transferencia de las  firmas estatales al sector privado. Ello involucró, por un lado, incrementos de consideración  en las tarifas en paralelo a un profundo deterioro en la calidad de los servicios prestados y/o  en la performance de las empresas públicas a transferir, y, por otro, fuertes reducciones en  los planteles laborales de las compañías.  Con respecto a la primera de las dimensiones mencionadas, un muy claro ejemplo lo  ofrece la privatización de ENTel que, sin duda, emerge como uno de los casos emblemáticos:  al cabo de los diez meses previos a la venta de la empresa el valor del pulso telefónico se  incrementó, medido en dólares estadounidenses, más de siete veces (en un período en el que  los precios mayoristas se incrementaron un 450%, y el tipo de cambio –“apenas”– un 235%).  De resultas de ello, los precios de partida de la actividad privada superaron con holgura a los  establecidos, incluso, al momento del llamado a licitación pública. (…)

Con respecto al deterioro en la calidad de los servicios prestados y en el desempeño de  las empresas públicas en el período previo a su privatización, vale la pena detenerse  brevemente en el análisis de lo acontecido con ENTel y Somisa. En el primer caso, no puede  dejar de destacarse el hecho de que, en el período previo a la transferencia de la empresa, al  concentrarse casi exclusivamente en su privatización, el equipo a cargo de la Ing. Alsogaray  tendió a “descuidar” su gestión administrativa y operativa. Por ejemplo, en 1990 se  habilitaron sólo 40.000 líneas telefónicas -70% menos que durante el año 1989- y se  evidenciaron importantes atrasos en los planes de obra y en las tareas de mantenimiento.

Esta situación, que redundó en un marcado deterioro en la mayoría de los -ya de por sí poco  atractivos- indicadores operativos de ENTel, contribuyó a consolidar la legitimidad del  argumento acerca de la necesidad de transferir la empresa estatal al capital privado.  En el caso de Somisa, en el período anterior a su privatización, que se efectivizó hacia  fines de 1992, bajo la intervención estatal a cargo del sindicalista Jorge Triaca, no sólo hubo  una cantidad considerable de despidos y se implementaron diversas medidas tendientes a  “flexibilizar” y/o “racionalizar” el proceso de trabajo, sino que también se indujo un  importante déficit económico-financiero. Con respecto a esto último, en los meses previos a  su enajenación, Somisa, una firma que históricamente había operado con buenos desempeños  económicos, registró un déficit operativo aproximado de un millón de dólares por día (lo cual  estuvo estrechamente asociado a la exportación, a un trader extranjero –presuntamente  vinculado al interventor– de productos siderúrgicos a menos del 10% de su valor real). En ese  marco, los fuertes quebrantos de la siderúrgica estatal no sólo brindaron elementos suficientes  como para impulsar y justificar su transferencia al capital concentrado interno (en este caso, al  conglomerado extranjero Techint), sino que también determinaron una importante subvaluación de la compañía.  

En relación con la política de disminución de las plantas de personal de las firmas a  privatizar, cabe destacar –a simple título ilustrativo– lo acontecido en el ámbito de la  prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales (al momento de la transferencia  de Obras Sanitarias de la Nación, a fines de 1992, la ocupación en la misma era casi un 35%  más reducida que en 1985), del sector eléctrico (cuando se privatiza Segba, el personal  ocupado había disminuido casi un 50% con respecto al existente a mediados de los años  ochenta), y del sector ferroviario (donde la ocupación vigente al momento de efectivizarse el  traspaso al sector privado de los principales ramales era un 80% más baja que la vigente en  1985). Ello se vio acompañado, en algunos sectores, por el establecimiento de distintas  cláusulas de “flexibilización” de las condiciones laborales que perjudicaron directamente a los  trabajadores que quedaron ocupados. A modo de ejemplo se puede citar el caso de ENTel, en  la que, al margen de haber instrumentado una política de retiros “voluntarios”, el gobierno  decidió ampliar la extensión de la jornada de trabajo.  Todo lo anterior merece ser particularmente considerado por cuanto expresa cuán  eficiente resultó ser la –tan denostada por los defensores del pensamiento neoliberal–  intervención estatal en el sentido de “preparar” a las empresas para su transferencia al capital  concentrado interno. Se trató, en todos los casos, de medidas de muy difícil realización en  términos socio-políticos (de allí que fuera el Estado el que las aplicara y no el sector privado).

En otros términos, el “trabajo sucio” del gobierno durante la etapa pre-privatizadora fue  decisivo por cuanto permitió que el capital concentrado interno se hiciera cargo de empresas  completamente saneadas en términos económico-finacieros (gran parte de los abultados  pasivos de estas compañías habían sido absorbidos por el Estado –es decir, por el conjunto de  la sociedad argentina–), “racionalizadas” en lo que respecta a sus respectivos planteles de  trabajadores (política de despidos y de precarización en las condiciones laborales), y  altamente rentables desde el comienzo mismo de sus actividades (dados los fuertes aumentos  tarifarios que se registraron).  

· El comportamiento de las tarifas y su impacto sobre la estructura de precios relativos de  la economía argentina  
Desde que el Estado se hiciera cargo de la prestación de la mayoría de los servicios  públicos, especialmente a partir de las décadas de los cuarenta y cincuenta, hasta los años  noventa, los sucesivos gobiernos manipularon –por cierto, no siempre en forma progresiva– el  nivel de las tarifas de los servicios públicos en función de, entre otros factores, su impacto  sobre el nivel de vida de la población, en general, y de los asalariados y los restantes sectores  de bajos ingresos, en particular.  Ello pone de manifiesto la importancia que asume, desde una perspectiva distributiva,  el costo de estos servicios para los usuarios -en una sociedad moderna, casi tan importante  como, por ejemplo, el costo de los alimentos-. De allí el motivo por el cual cobra relevancia,  desde un punto de vista tanto social como económico, el análisis de la evolución de los  precios y las tarifas de los servicios públicos privatizados.  El tratamiento de la evolución de los precios y de las tarifas de los servicios públicos  también se asocia con los argumentos difundidos a favor de las privatizaciones. En este caso,  la idea era aproximadamente la siguiente: las empresas públicas necesitan una inyección de  capital cuya magnitud, en el marco de la llamada “quiebra del Estado”, sólo podía proveer el  sector privado, a fin de aumentar la productividad y eficiencia de estas empresas, en beneficio  del conjunto de la población. En otros términos, la transferencia al capital concentrado de las  principales firmas del –a criterio de los “pensadores únicos”, ineficiente– Estado argentino  generaría per se un aumento en la eficiencia de las empresas que redundaría en crecientes  niveles de “bienestar general” que no tardarían en “derramarse” sobre el conjunto de la  población, en especial, sobre los sectores de menores ingresos (bajo la forma de, por ejemplo,  tarifas decrecientes, o una mejor calidad en la prestación de los servicios).  Sin duda, una vez privatizadas, muchas de las empresas de servicios públicos  mejoraron la calidad de sus prestaciones, sobre todo con respecto a los parámetros registrados  a fines de los ochenta –si bien, en varias ocasiones, muy por debajo de sus compromisos  contractuales–, aumentaron su “eficiencia microeconómica” y, fundamentalmente, su  productividad (ello se manifiesta con particular intensidad en el caso del sector telefónico,  donde mejoró la calidad y cobertura del servicio en paralelo a un intenso proceso de expulsión de personal, y a un incremento de consideración en los niveles de explotación de la fuerza de  trabajo empleada).  Ahora bien, si estos incrementos en la productividad, que además de implicar una  mejora en la calidad suponen una disminución de los costos operativos de las empresas, no se  traducen en una cierta disminución en las tarifas (manteniendo un margen de beneficio  “razonable” para las firmas prestatarias), no es el conjunto de la sociedad el que se beneficia  de dicha disminución en los costos, sino tan solo un reducido grupo de empresas, propietarias  o concesionarias de las empresas de servicios públicos, que vería incrementada la tasa de  retorno de su capital. Este parece ser el caso, prácticamente excluyente, de la experiencia  argentina en materia de privatizaciones de servicios públicos, si se tienen en cuenta la  evolución de las tarifas de los serivicios públicos y de las ganancias extraordinarias que han  internalizado los distintos consorcios adjudicatarios de las empresas privatizadas desde que  iniciaron sus actividades (…)Lo anterior sugiere que en las privatizadas se ha registrado una mucho más regresiva  distribución del ingreso que en el resto de las grandes firmas o, en otros términos, que los  empresarios se han apropiado de una proporción más grande del excedente generado por los  trabajadores: siempre entre 1995 y 1999, la relación productividad/salario medio (un  indicador de la distribución interna de recursos entre el capital y el trabajo) en las líderes  vinculadas con las privatizaciones creció un 13%, porcentual que se ubicó en el 5% en el caso  de las no relacionadas con dicha política pública. En ese marco, en apenas un quinquenio, la  participación de los trabajadores de las empresas privatizadas en el valor agregado se redujo del  18,6% al 16,5%. En otras palabras, en apenas cinco años, los asalariados de las privatizadas han  transferido al capital más de dos puntos adicionales (más del 11% de su participación) de su ya  deteriorada incidencia en la distribución interna de los recursos; los que se suman a los  transferidos en su condición de usuarios y consumidores de los distintos servicios públicos  privatizados. A tal punto alcanzó el proceso mencionado que a fines de la década pasada, la participación de los trabajadores de las empresas privatizadas en el valor agregado generado,  de conjunto, por estas compañías (16,5%) equivale a menos de la mitad de la –por cierto,  reducida– incidencia que se verifica a nivel de las no relacionadas con el proceso privatizador.  

En suma, de la información elaborada por el INDEC se desprende el papel decisivo que  tuvo la política de privatizaciones implementada en el país durante la década pasada en la  consolidación de tres de los principales rasgos distintivos de la economía argentina del último  cuarto de siglo: una marcada polarización de la cúpula empresaria, una creciente concentración  económica, y una distribución del ingreso cada vez más regresiva.  En función de lo anterior, vale la pena introducir un breve comentario en torno de la  “validez” –o, más específicamente, el sustento político e ideológico– de uno de los principales  argumentos con los que se justificó el programa de reformas estructurales instrumentado en el  país desde fines de los años ochenta. Por entonces, se señalaba que la conjunción de la apertura  de la economía, con la desregulación de ciertas actividades y, fundamentalmente, la privatización  de empresas públicas, traería aparejado un significativo crecimiento en la productividad de la  economía argentina que no tardaría en “derramarse” hacia el conjunto de la sociedad, muy  especialmente hacia los sectores de menores ingresos. Sin embargo, en el transcurso de la década  de los años noventa lo que se ha consolidado, tanto a nivel de las empresas privatizadas como del  conjunto de la economía, es un patrón de funcionamiento económico-social en el que los – importantes– incrementos registrados en la productividad de los trabajadores fueron  “derramados” casi en forma exclusiva hacia las fracciones más concentradas del capital (bajo la  forma de una cuantiosa masa de beneficios), mientras que las demandas de los sectores sociales  más postergados por las políticas económicas implementadas a lo largo de la década fueron  relegadas sistemáticamente a un segundo plano.  En definitiva, el acelerado proceso de privatizaciones encarado en la Argentina durante  los años noventa no sólo tuvo un papel importante en la explicación del notable incremento que  se registró en la cantidad de personas desocupadas (lo cual se vincula directamente con el  “trabajo sucio” que realizó el gobierno nacional antes de transferir sus principales empresas al  capital concentrado interno, y que, a la luz de la información disponible, continuó –y, en algunos  sectores, a un ritmo sumamente acelerado– una vez que las mismas pasaron a estar bajo la órbita  privada), sino que también constituye un factor clave para comprender los motivos por los cuales  en el decenio pasado se registró un ostensible deterioro en las condiciones laborales de los  asalariados en actividad (que, en el caso particular de las firmas privatizadas, se expresó bajo la  forma de mayores niveles de explotación, fuertes aumentos en la productividad que no fueron  transferidos a los salarios de los trabajadores –ni, como fuera analizado, a las tarifas abonadas  por la mayoría de los usuarios– y, como resultado de todo ello, una acentuada regresividad en  materia de distribución del ingreso).  

· La importancia de la política privatizadora en la consolidación de la valorización  financiera  

El contenido e impacto que han tenido las privatizaciones resultan incomprensibles  sino se los vincula con las profundas transformaciones que se registraron en el patrón de  acumulación del capital en la Argentina durante las últimas décadas. Esto se debe a que, desde  la dictadura militar en adelante, el modelo de la sustitución de importaciones es reemplazado  por otro que está basado en la valorización financiera, en tanto el capital concentrado destina  una parte creciente del excedente del que se apropia en el ámbito nacional a la adquisición de  diversos activos financieros (títulos, bonos, depósitos, etc.) en el mercado interno e  internacional. Este proceso se reproduce y consolida debido a que las tasas de interés, o la  vinculación entre ellas, superan a la rentabilidad de las diversas actividades económicas (en  especial, las industriales), y a que el acelerado crecimiento del endeudamiento externo  posibilita la remisión de capital local al exterior al operar como una masa de excedente  valorizable y/o liberar las utilidades para esos fines.  La valorización financiera como núcleo del proceso de acumulación del capital en el  país irrumpe en 1979, cuando la Reforma Financiera que puso en marcha el gobierno militar  en 1977, convergió con la apertura del mercado de bienes y de capitales y el establecimiento  de una tasa de cambio decreciente en el tiempo (la “tablita” de Martínez de Hoz). Según los  funcionarios de la dictadura, como resultado de estas políticas las tasas de interés internas  tenderían a converger con las vigentes en el mercado internacional, igualación que nunca  ocurrió porque la existencia del Estado como el mayor demandante de fondos en el mercado financiero local no permitió que descendieran las tasas de interés internas. De esta forma, se  constituyeron las condiciones para que se desarrolle plenamente la valorización financiera por  parte del capital concentrado interno y que, en consecuencia, los rasgos centrales de la  economía argentina pasaran a ser el endeudamiento externo, la fuga de capitales locales al  exterior, la concentración del ingreso y la desindustrialización.  Sin embargo, el discurso predominante a fines de los años ochenta afirmaba,  implícitamente, que las reformas estructurales neoliberales darían por finalizado el  predominio de la valorización financiera. Según se afirmaba, la desregulación económica, la  liberalización comercial, la reforma del Estado y, especialmente, las privatizaciones crearían  las condiciones suficientes para la incorporación de capital extranjero, la repatriación de los  capitales locales fugados al exterior y la disminución de la deuda externa, mientras que la  firma del Plan Brady permitiría nuevamente el acceso al endeudamiento externo (pero ahora  destinado a financiar una creciente inversión en la producción de bienes). Supuestamente, se  trataría de un “giro copernicano”, en tanto el proceso económico volvería a centrarse en una  dinámica productiva que sería competitiva internacionalmente debido a que, además de contar  con una significativa disminución de los costos financieros, recibiría, vía una reducción de las  tarifas, los incrementos de la productividad obtenidos por las prestatarias de los servicios  públicos privatizados. 

Fuente: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/argentina/flacso/no3_PrivatizacionesArgentinas90CTA.pdf

 

 

 Preguntémonos sobre nuestra realidad nacional e internacional (distorsionada por el relato K o la "década ganada") considerando el estudio de:

 

 

 

Daniel Aspiazu y Martín Schorr
 Del libro Hecho en Argentina, Ed. Siglo Veintiuno Editores, Bs. As., 2010.

 

La indagación de los rasgos sobresalientes del desenvolvimiento de la industria manufacturera argentina en la posconvertibilidad no puede prescindir del estudio de las características del proceso de concentración y centralización de capital que constituyó uno de los elementos distintivos del "modelo financiero y de ajuste estructural". Con respecto a la evolución del peso relativo en el PBI industrial global de las cien empresas de mayores dimensiones del sector, según consta en el cuadro 62, entre 2001 y 2007 el PBI fabril a precios corrientes creció a una tasa promedio anual del 24,2%, por debajo del ritmo evidenciado por las ventas agregadas de la cúpula empresaria fabril, que se expandieron al 27,2% anual acumulativo. Así, si se considera el factor corrector del coeficiente valor agregado/valor bruto de producción que surge como promedio de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC, la relación proxy de la significación de la élite empresaria en el conjunto del sector fue del 37,5% en el último año de vigencia de la convertibilidad, se elevó al 56,3% en 2002, para luego fluctuar entre un máximo del 45,1% (2005) y un mínimo del 41,7% (2006).
Para dotar de significación estas cifras, es importante reparar en el hecho de que, más allá del
fenomenal incremento verificado en el grado de concentración industrial global en plena crisis por el abandono del régimen convertible, en los años posteriores, de notable reactivación fabril, este indicador tendió a estabilizarse, pero en un estadio superior al que predominó en los años noventa. Este fenómeno pone en evidencia un nuevo elemento de continuidad entre la posconvertibilidad y el "modelo financiero y de ajuste estructural", que se suma a los señalados al analizar las características del perfil productivo-exportador y el comportamiento de la distribución funcional del ingreso.
 

Las evidencias disponibles indican que entre los factores que concurrieron a generar esa mayor concentración económica en la industria se destacan, entre otros, los siguientes: a)  importante y creciente inserción exportadora de la mayoría de los oligopolios líderes de la actividad; b) Su integración a unidades económicas complejas que cuentan con un amplio abanico de opciones en materia productiva, tecnológica, comercial y financiera; c) las variadas posibilidades que tienen estas grandes corporaciones para captar excedentes de manera diferencial a partir del poder del mercado que detentan en diversos ámbitos manufactureros críticos para el funcionamiento del conjunto de la economía nacional (como aquellos vinculados con la elaboración de materiales intermedios de uso difundido); d) los sesgos manifiestos en el nivel normativo-institucional en lo Deferido al control sobre la relación entre grandes empresas y pymes; y e) la considerable centralización de capitales desencadenada a partir de la profunda crisis que marcó el fin del régimen de convertibilidad. (…)

La situación de las pymes contrasta con los cuantiosos fondos públicos destinados a la "promoción" de inversiones por parte de las firmas de mayores dimensiones. Sobre el particular, cabe destacar que la principal "política industrial" implementada en la posconvertibilidad fue la vinculada con el fomento a determinadas inversiones sectoriales, que se vio plasmada en  la Ley 25.924 de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, sancionada a mediados de agosto de 2004 y vigente entre octubre de ese año y fines de septiembre de de 2007. En abril de 2008, a través de la Ley 26.360, se prorrogó la vigencia de este esquema de incentivos, con modificaciones mínimas hasta el 30 de septiembre de 2010.

Una caracterización muy simplificada de los rasgos centrales de este régimen remite, por ejemplo, al tipo de beneficios fiscales ofrecidos ( amortización acelerada en el pago del impuesto a las ganancias y/o devolución anticipada del IVA correspondiente a los bienes de capital invertidos), la fijación de montos de cupos fiscales anuales (1000 millones de pesos para (proyectos de inversión en actividades industriales y 200 millones de pesos para aquellos desarrollados por pymes), la recurrencia al procedimiento , de concurso público para su asignación, la inexistencia de prioridades sectoriales o territoriales, etc.

En cuanto a los dos tipos de incentivos fiscales, sólo en caso de presentar proyectos de inversión destinados exclusivamente a la exportación de manufacturas, las empresas patrocinantes contaron con la posibilidad de acceder a ambos beneficios impositivos. Se trata, en síntesis, de la promoción de la formación de capital en la industria, con incentivos superiores para las que estuvieran orientadas a incrementar las exportaciones. Cabe destacar que se trataba de un contexto signado por la convergencia de un tipo de cambio "competitivo", un acelerado y sostenido crecimiento de la demanda externa y de los precios de los principales rubros exportables, y muy bajos costos salariales en términos internacionales. Esto es, anterior a la crisis mundial actual. En otros términos, un régimen promocional tendiente a favorecer a las grandes industrias exportadoras que contaban con incentivos "de mercado" más que suficientes para encarar nuevos emprendimientos y/o ampliaciones en sus respectivas capaci­dades de producción y exportación. En efecto, las evidencias disponibles permiten inferir que, por lo menos en los casos que involucraron los mayores montos de inversión, se trataría de una promoción superflua o redundante dado que, con seguridad, las inversiones se hubieran realizado igualmente por las razones antes apuntadas.

Al amparo del esquema establecido por la Ley 25.924, el monto total de inversión industrial promocionada -al cabo de los seis llamados a concurso que se concretaron- ascendió a casi 10.000 millones de pesos, con un "costo fiscal" ligeramente inferior a los 1800 millones de pesos ( el 17,9% de la formación de capital), una proyección de creación de poco menos de 7800 nuevos puestos de trabajo (lo que supone una inversión de poco más de 1,2 millones de pesos por ocupado, con un "sacrificio fiscal" de casi 226.000 pesos por puesto de trabajo,  y un incremento  neto de las exportaciones previsto en casi 4500 millones de dólares. Se trata, en suma, de un total de 125 proyectos de inversión patrocinados por 93 empresas locales de gran envergadura.  La información con que se cuenta indica que, por lo engo­rroso de las solicitudes, las pymes prácticamente no realizaron presentacio­nes en el marco de este régimen promocional.

La evaluación de los resultados requiere varias dimensiones de análisis. Lo primero que se destaca es, sin duda, la elevada concentración de la inversión promocionada y la concesión de beneficios superfinos. De los datos que ofrece el cuadro 64 puede concluirse que apenas quince proyectos concentraron más de las tres cuartas partes de la inversión, poco más del 82% de los beneficios fiscales concedidos y el 83,2% de las exportaciones increméntales derivadas de la concreción de los respecti­vos emprendimientos. Para ese subconjunto de proyectos, mayoritariamente intensivos en capital, cada nuevo puesto de trabajo generado supuso una inversión superior a los 2,9 millones de pesos y un "costo fiscal" de casi 700 mil pesos. En contraposición, el resto de los proyectos aprobados -los pocos que fueron patrocinados por pymes, pero también los realizados por algunas grandes compañías como Celulosa Argentina, Aceros Zapla, Alpargatas Textil, Ferrum y General Motors de Argentina- dio cuenta de más de las dos terceras partes de los nuevos empleos, internalizando apenas el 17,1% del total del "sacrificio fiscal".

Una primera aproximación general a los principales proyectos promocionados permite inferir que se trató, en general, del desarrollo de emprendimientos que ya contaban con suficientes incentivos "de mercado" (in­terno y/o externo) para justificar la decisión empresaria de invertir, con o sin beneficios fiscales. Más aún, en algunos casos ya habían formulado e incluso iniciado la ejecución de los respectivos proyectos de inversión.
La ampliación de la única planta productora de aluminio del país (Aluar), así como los proyectos que le fueran aprobados a Terminal 6 Industrial, Molinos Río de la Plata, Cargill o Louis Dreyfus (mayoritariamente procesamiento de soja, cuando, en paralelo, se planteaba la necesidad de "desojizar" la producción agraria), estuvieron destinados a atender una demanda externa creciente, en un escenario de elevados precios internacionales, tipo de cambio local "competitivo" y reducidos costos salariales; en otras palabras, se trató de beneficios promocionales redundantes.
Por su parte, casos como los de algunas de las terminales automotrices (Peugeot Citroën y Daimler Chrysler), Siderar (seis proyectos), Acindar, YPF y Petroquímica Comodoro Rivadavia resultan ilustrativos en la medida en que constituyeron estrategias para reforzar los respectivos posicionamientos oligopólicos frente a una demanda doméstica en ascenso y, a la vez, con distinta gradación o intensidad, para incrementar sus exportaciones (en el caso de las automotrices y en el de Petroquímica Comodoro Rivadavia hacia el mercado chileno).

En todos los casos se trató de grandes firmas con un poder decisivo en una fijación de los precios domésticos en un marco de acelerado y sostenido crecimiento del mercado interno. Si bien en su mayoría son tomadoras de precios en el contexto internacional, debe considerarse que hasta hace poco tiempo las condiciones para las ventas al exterior resultaban excepcionales, en especial, precisamente, para sus principales rubros de producción (agroindustrias de escaso valor agregado y diversos commodities). Es decir, se trataba de una situación favorable para encarar nuevos emprendimientos exitosos —mayoritariamente, ampliaciones de escala-, de escasa o nula incertidumbre en cuanto a la tasa de retorno de las inversiones, incluso cuando no se recibieran incentivos fiscales.
A la vez, las beneficiarías fueron casi en su totalidad compañías exportadoras de importancia que, favorecidas por la vigencia de un contexto muy propicio para el desenvolvimiento de sus actividades o, como en el ejemplo automotor, para el desarrollo de estrategias transnacionales acordes con el diseño del mercado subregional, se afianzaron como parte sustantiva de la élite empresarial en materia de crecientes ventas al exterior. Es más, a pesar de la franca y sostenida expansión de la de­manda interna, casi todas ellas (con la salvedad de Peugeot Citroen y Si­derar) incrementaron sustancialmente sus respectivos coeficientes de exportación, que llegaron en varios casos (como Aluar, Molinos Río de la Plata, Cargill y Louis Dreyfus en 2005) a ubicarse por encima del 50% de la respectiva facturación anual (cuadro 65).

Así, puede concluirse que la pronunciada concentración de los incentivos fiscales en un núcleo sumamente acotado de proyectos se conjugó con el carácter superfluo -si no espurio- de los beneficios otorgados en el plano impositivo. A la vez, resultó plenamente funcional a la concentración económica, así como a la persistente recurrencia, por parte de las grandes  empresas, a los nichos de privilegio ofrecidos por las políticas públicas de "promoción " a la formación de capital. Ello involucró tanto a algunos gran­des grupos económicos nacionales como también a importantes corpora­ciones transnacionales, que tanto en la producción agroindustrial como en el sector automotor, la refinación de petróleo o la siderurgia pudieron usufructuar los generosos beneficios fiscales concedidos por el Estado argen­tino a inversiones que igualmente se hubieran concretado en el marco de la estrategia a escala mundial de sus respectivas matrices.

Los datos del cuadro 66 son elocuentes: un reducido número de proyectos (26) patrocinados por una aun más acotada cantidad de fir­mas (8) que integran tan sólo cinco grupos empresarios locales (Madanes,  Techint,  Urquía, Molinos Río de la Plata y Petroquímica Comodoro Rivadavia) explican el 56,9% del total de la inversión promocionada y casi las tres cuartas partes (74,3%) del consiguiente "costo fiscal". Entre ellos se destaca nítidamente el grupo Madanes (Aluar y Fate), muy particularmente por la incidencia de los proyectos aprobados al monopolio productor de aluminio (que fueron los de mayor trascendencia por los montos de inversión comprometidos y, más aún, por sus "costos fiscales"). Otro gran grupo económico al que el gobierno le aprobó ocho proyectos es Techint (seis emprendimientos de Siderar y dos de Sidérea). Consideraciones no muy disímiles podrían hacerse extensivas a los restantes grandes conglomerados. 

En suma, la promoción industrial desplegada en los últimos años propició la consolidación olígopólica de determinados grandes agentes locales y, en ese marco, la profundización del proceso de concentración económica y centralización del capital en el país, que se vio potenciado por los señalados sesgos del accionar estatal en el campo de las políticas hacia las pymes. Basta un simple repaso del posicionamiento de mercado de las firmas favorecidas por el esquema promocional analizado. Cargill, Urquía (Aceitera General Deheza),  Molinos Río de la Plata  y  Louis Dreyfus,  constituyen el núcleo de cuatro de las cinco principales agroindustrias del país (la restante, Bunge Argentina, es co-controlante, junto con Acei­tera General Deheza,  de uno de los mayores proyectos de inversión apro­bados, el de Terminal 6 Industrial). Por su parte, las empresas del grupo Techint junto con Acindar conforman el duopolio que caracteriza a la producción siderúrgica del país. Las firmas controladas por el grupo Madanes son, en un caso, monopólica en el mercado interno (Aluar), y en el otro (Fate) la principal firma del oligopólico mercado de los neumáticos. Dadas las peculiaridades del mercado cementero (muy alto costo de transporte con relación al  peso y el valor unitario del producto), en una menor escala emerge prácticamente monopólico en lo territorial el caso de Petroquímica Comodoro Rivadavia. En el ámbito del oligopólico mercado automotriz están presentes tres de las cinco principales corporaciones del país (Peugeot Citroën, Daimler Chrysler y Volkswagen). Por último, YPF no sólo es la principal empresa local sino que, a la vez, ejerce posiciones dominantes en todos los segmentos de mercado en los que opera.
Ahora bien, más allá de la redundancia de beneficios y del consiguiente aporte fiscal a la concentración de la economía, el perfil productivo de los proyectos aprobados
evidencia otro rasgo distintivo: la profundización de los sesgos de la estructura productiva manufacturera heredado de larga hegemonía de políticas neoliberales.

 

A este respecto, cabe recuperar algunos elementos ilustrativos que no parecen tender a revertirse con la política promocional analizada: simplificación del aparato productivo, desintegración y desarticulación del tejido manufacturero, explotación de ventajas comparativas asociadas a la constelación doméstica de recursos naturales, profundización en cierta especialización en commodities industriales de uso difundido, escaso dinamismo en materia de eslabonamientos intra-industriales y, más aún, de generación de empleo y mayores retribuciones salariales, desatención de la producción de bienes de capital y la generación y apropiación de ventajas dinámicas en actividades portadoras del progreso técnico.
Como era de esperar dados los aspectos distintivos del régimen de fomento analizado y la peculiar dinámica manufacturera reciente, el perfil sectorial de la inversión agregada en la industria no hizo más que profundizar los rasgos que habían venido definiendo el patrón de reactivación fabril en la posconvertibilidad. Así, de acuerdo con las evidencias aportadas por el cuadro 67, apenas nueve ramas de actividad, explicaron más del 90% de la inversión fabril.
En este marco, es notable la preeminencia de las actividades agroindustriales, las productoras de commodities (siderurgia, aluminio, refinerías, químicos y celulosa y papel), así como de la industria automotriz y la cementera, que derivan en el fortalecimiento de un patrón de industrialización limitado en términos de sus potencialidades, e insuficiente en cuanto a impactos propagadores sobre el tejido sectorial y económico-social.

En definitiva, se puede concluir señalando que el período comprendido entre el fin del régimen de caja de conversión y el año 2.007 estuvo signado por una importante expansión fabril acompañada por una no menos intensa aceleración de la concentración económica, lo cual refleja el carácter heterogéneo de la dinámica sectorial verificada. A pesar de que la etapa fue expansiva y viabilizó cierto grado de reindustrialización del país -aunque acotada en lo temporal y muy ligada a la utilización de capacidades productivas preexistentes -, se trata de  una nueva línea de continuidad con el "modelo financiero y de ajuste estructural". El señalado cuadro de heterogeneidad en el desempeño empresarial se articuló con el sesgo regresivo que caracterizó la relación capital-trabajo.

 

De esta forma quedó de manifiesto que los principales estamentos de clase ganadores en la posconvertibilidad fueron aquellos grandes capitales insertos en los sectores fabriles privilegiados por las acciones y las omisiones estatales en diversos frentes (como, a título ilustrativo, el "dólar alto" y la "promoción industrial" entre las primeras, y diversos 'vacíos" regulatorios e institucionales entre las segundas) y estrechamente vinculados con el mercado mundial, fundamentalmente debido a su posicionamiento oligopólico en los rubros productivos "bendecidos" por la dotación de factores.
Fuente:
http://www.aldorso.com.ar/23-OCT-10_Nacionales.html

 

 

Averigüemos, para interpretar el presente, "la forma en que operan las estructuras de poder económico-financiero: no sólo por la acción directa y manifiesta de los gobiernos de turno y del establishment vinculado a los intereses de la Deuda sino también dejando que las torpezas y errores de política financiera se cometan impunemente para que luego las cosas se replanteen nuevamente en su favor a través del simple “acomodamiento de los hechos” " . Hagámoslo a través de:

 

 

Argentina: Deuda pública, inflación y salarios reales

17 de febrero de 2014

 

Por: Héctor Giuliano (especial para ARGENPRESS.info)

La nueva Crisis de Deuda del verano 2014 está teniendo una consecuencia tan grave como lógica en relación a los salarios reales de la Argentina.


La Deuda Pública explica hoy – directa o indirectamente – el aumento de la inflación, que se produce por vía financiera más que por vía económica. Esta inflación carcome el valor de la moneda y con ello provoca una pérdida del poder adquisitivo que determina la baja de los salarios reales de los trabajadores.


El Sindicalismo Nacional tiene una responsabilidad determinante en materia económico-financiera, social y política para evitar que el costo de este ajuste derivado de la Crisis de la Deuda se traslade nuevamente al Pueblo Argentino.

Deuda pública e inflación

El empeño del gobierno Kirchner en sostener el sistema de endeudamiento perpetuo explica el agravamiento actual de la inflación argentina.

Hay que diferenciar la inflación de base económica, es decir, el aumento de precios por desequilibrio de las condiciones de mercado – fundamentalmente insuficiencia de Oferta frente a la Demanda – de la inflación de base financiera, derivada de la sobre-emisión destinada a sostener el gasto improductivo, público y/o privado.

El aumento de los créditos para consumo, el estímulo al turismo y a las formas de vida dispendiosas, la tendencia generalizada a la compra de artículos de marcas cada vez más caras, los cambios de electro-domésticos y de automóviles más frecuentes (y siempre de mayores precios), etc., son formas de inflación de base económica.

Incluso entran parcialmente en esta categoría rubros que conllevan aumento de la actividad productiva, como el caso de la construcción de propiedades de lujo o casas de veraneo y todo tipo de alojamientos que no son para vivienda directa o permanente sino para ocupaciones indirectas o temporarias, porque este tipo de edificaciones arrastra una suba generalizada de los precios del mercado de la construcción por encima de las pautas normales.

Y todo ello, como producto de un aparato publicitario institucionalizado que vive creando necesidades artificiales dentro del sistema de vida de la Sociedad.

Frente a este mecanismo de inflación de precios por vía del Mercado, esto es, por aumento inducido de la Demanda, existe otro mecanismo que es directamente monetario, generado por la sobre-emisión de dinero por parte del Estado para sostener el Gasto Público y - dentro de este gasto fiscal - atender específicamente los costos financieros, directos e indirectos, del sistema de la Deuda Pública:

a) Emitiendo el Banco Central (BCRA) moneda sin respaldo para comprar reservas que se prestan al Tesoro para pagar Deuda Externa.

b) Emitiendo el BCRA dinero sin respaldo para suministrarle Adelantos Transitorios – que en realidad, no son transitorios sino permanentes y acumulativos porque se renuevan en forma sistemática – para que el gobierno pueda atender las obligaciones en pesos de la Deuda y de otros rubros de gastos fiscales.

c) Emitiendo dinero para cubrir los Subsidios destinados a contener parcialmente el traslado a precios y tarifas de servicios públicos de los incrementos producidos por la inflación y el retraso cambiario: un atraso del tipo de cambio utilizado a su vez para posibilitar la atención de los servicios de la deuda en moneda extranjera.

d) En suma, una emisión de dinero sistemática para cubrir el Déficit Fiscal creciente provocado por los servicios de la Deuda Pública y sus condicionamientos conexos de refinanciación perpetua.

Y todo esto – el peso de la Deuda como condicionante central en materia económica, financiera y política - es precisamente lo que se soslaya u oculta a la opinión pública, porque la falsa consigna de la clase dirigente es que no hay que vincular los problemas de la inflación, la devaluación del peso, el déficit fiscal y el desequilibrio de la balanza de pagos con el problema de la Deuda, pese a que la Deuda es la causa de fondo que los determina.

La nueva crisis de deuda
La co-relación entre aumento de precios generalizado – Inflación - y pérdida de poder adquisitivo de los salarios es materia de texto y no necesita siquiera explicación.

No es tan así, en cambio, la aceptación o el entendimiento de la relación entre esa inflación y la deuda pública, según lo vimos en el punto anterior.

Por ende, por carácter transitivo,
la inflación no es aquí un fenómeno autónomo sino una consecuencia derivada de la Deuda, que es el factor causal de esa inflación: una inflación financiera que se emplea como forma de financiamiento del Estado y mecanismo de atención de los servicios de la Deuda Pública.

Es cosa corriente sentir la versión de portavoces muy autorizados del establishment que cargan diariamente las tintas contra la Inflación como producto de sostener un Gasto Público excesivo y, consecuentemente, de financiar el Déficit Fiscal. Pero es notable que esos mismos exponentes soslayan decir que la Deuda es hoy el principal determinante de ese Gasto y de ese Déficit, así como de la pérdida masiva de divisas por vaciamiento de las reservas internacionales del BCRA para atender el pago de la Deuda Externa.

Y este ocultamiento no es neutro porque al dejar la cuestión de la Deuda fuera del análisis del problema, la Inflación queda como causa central de la crisis financiera que hoy vive la Argentina y, por ende, fuera también de toda acción correctiva necesaria sobre aquella, la Deuda.

Es la forma clásica de obviar los verdaderos problemas estructurales de fondo del país alterando la relación entre causas y efectos: la Deuda es obviada así como factor causal de la presente crisis financiera y se la reemplaza por la Inflación, que es un derivado de la misma.

Esta inflación, a su vez, tiene como consecuencia la caída de los salarios reales, pero como el recupero del poder adquisitivo de los salarios retro-alimentaría la inflación, entonces hay que contener los aumentos de sueldos, forzando así el paso del costo del ajuste provocado por la deuda a los trabajadores y asalariados en general (activos y pasivos).

¿Y con la Deuda – que es la causa del problema - qué hacemos? No hay problema señores: frenen ustedes el financiamiento inflacionario del Estado vía emisión monetaria y vuelvan a sostenerlo con más Deuda Pública.

Inflación y salarios reales
El Ajuste Fiscal – todo ajuste – conlleva entre sus componentes centrales, directa o indirectamente, la baja de los salarios reales.

El gobierno Kirchner ha venido llevando a cabo un plan de ajuste encubierto, hasta ahora con más énfasis en el ajuste por vía de los ingresos (aumento de la presión tributaria, incremento de precios/tarifas de servicios públicos y aumento de la deuda pública) que en el ajuste por vía de los gastos (reducción gradual de subsidios, reasignaciones de gastos y retrasos en los aumentos compensatorios de salarios).

Ahora, en cambio, con el agravamiento de la crisis de Deuda del verano 2014, estaríamos pasando a una amenaza cierta de reedición de la caída de los ingresos reales del sector asalariado análoga a la que se dio con la macro-devaluación del 2002, después de la crisis de Deuda De la Rúa-Cavallo del 2001.

Existen tres formas básicas que han venido siendo utilizadas para bajar los salarios reales:

1. La sub-indexación de los salarios nominales apelando a la manipulación de los índices de inflación por parte del INDEC; mecanismo que fue frustrado al gobierno Kirchner por la reacción de los sindicatos, que forzaron el reconocimiento de aumentos compensatorios sobre la base de la inflación real, e incluso por encima de la misma.

2. La asimetría de aumentos que se dan por la inflación pasada frente a perspectivas ciertas de mayor inflación futura.

3. La trampa financiera por desfase entre el tiempo en que se producen los aumentos de precios y el momento posterior de vigencia de los aumentos de salarios pactados.

Este último punto requiere una explicación más pormenorizada a través de un ejemplo simple:

a) Supongamos que por cada 1.000 $/Mes de sueldo el asalariado sufre una reducción de sus ingresos del 3 % mensual por causa del aumento de precios, lo que en tres meses reduce su poder de compra neto a 915 $: su ingreso baja - en términos reales - a 971 $ al fin del primer mes (1.000/1.03), a 942 $ al fin del segundo mes (1.000/1.03²) y a 971 $ al fin del tercer mes (1.000/1.03³).

b) Los ingresos perdidos por el trabajador son ahorrados por el empleador (estatal o privado), que dispondría de esos fondos - que deja de pagar hasta que no se actualicen los salarios a futuro – en la misma proporción: 29 $ el mes 1 (1.000 – 971), 58 $ el mes 2 (1.000 – 942) y 85 $ el mes 3 (1.000 – 915).

c) En total, en los tres meses transcurridos, los 172 $ que perdió de percibir el asalariado en poder adquisitivo los quedó a su favor el empleador.

d) Si el empleador colocara esos fondos que ahorra – siempre en términos reales – a una tasa digamos del 2.0 % mensual capitalizable (25 % nominal anual), obtendría en todo el período un rédito por intereses de 5.8 $: 1.8 $ por los 29 colocados durante tres meses, 2.3 $ por los 58 colocados durante dos meses y 1.7 $ por los 85 colocados durante un mes. Este importe – en el ejemplo, una tasa inferior a la inflación – tendría para el colocador un efecto compensatorio o resarcitorio parcial que para el asalariado no existe. Y si la tasa de interés fuese positiva (mayor igual a la de inflación) dicho efecto compensatorio sería total, incluso con un rédito a su favor.

e) Si el trabajador quisiera recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida en el trimestre el porcentaje de aumento para recomponer financieramente la pérdida salarial sería del 9.29 % (1.000/915 = 1.0929).

f) El doble importe que el asalariado pierde frente a la inflación por el desfase en las actualizaciones de sueldo – pérdida directa y costo financiero – se acentúa más todavía en los casos de desdoblamiento de los aumentos (por ejemplo, en los ajustes semestrales); y todo ello siempre que tales actualizaciones se pacten sobre la base del recupero del poder de compra en función de la inflación real.

Marx habló de la plusvalía económica pero esto se refiere a la idea de plusvalía financiera, entendida como costo de oportunidad o uso alternativo de fondos a pagar aprovechando el desfase de las actualizaciones salariales.

Porque el empleador – estatal o privado – tiene así la opción de amortizar o compensar, parcial o totalmente, la incidencia de los futuros aumentos salariales gracias al período de diferimiento de las actualizaciones de sueldos.

Más aún, esto no es sólo una posibilidad teórica sino una alternativa práctica, inducida o estimulada con el fuerte aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central (BCRA).

La respuesta técnica y justa a este problema de asimetría financiera sería la baja de los períodos de liquidación de salarios, es decir, una mayor frecuencia de los pagos de salarios a los trabajadores (por ejemplo, quincenal).

Una medida de este tipo, sin embargo, tendría obviamente peligrosos riesgos hiper-inflacionarios, por aceleración de la espiral precios-salarios, pero precisamente por ello – por sus temibles efectos posibles – debiera constituir la amenaza al gobierno para que contenga efectivamente la inflación con resultados concretos so pena de exponerse al reclamo lógico de una mayor frecuencia de pago a los asalariados.

Así como el gobierno Kirchner se ata ahora a la dolarización de la Deuda Pública – a través de la variante dólar linked (ligada al tipo de cambio oficial) – dándole un “seguro de cambio” a los inversores financieros, además del aumento de las tasas de interés, así también debiera garantizar que los salarios no van a quedar nuevamente retrasados financieramente por la inflación comprometiendo no sólo eventuales “cláusulas gatillo” sino compensando también el efecto de la pérdida financiera por desactualizaciones salariales frente a la inflación.

Y esto llevaría entonces necesariamente a revisar las causas verdaderas de la inflación argentina, que hoy están por encima de la misma porque la inflación no es autónoma sino que viene determinada por la emisión masiva de dinero para sostener el sistema de la Deuda Pública – sostén de pago de los servicios por intereses y capital – y porque el aumento de la tasa de interés, que tiene efecto recesivo, es también causa de inflación.

En conclusión

La crisis de Deuda del verano 2014 es la causa de fondo del actual desequilibrio inflacionario, cambiario, financiero fiscal y externo de la Argentina.

La emisión masiva de dinero por parte del BCRA para sostener los pagos de compromisos en pesos y en moneda extranjera del gobierno, el vaciamiento de las reservas internacionales para cumplir a ultranza con los acreedores privados y los organismos financieros internacionales, el aumento de la deuda intra-Estado como forma de traspaso y empapelamiento del propio Fisco con títulos públicos sin capacidad de repago y el uso de este mecanismo como préstamo-puente interno para poder volver al mercado internacional de capitales para colocar más deuda, según la hoja de ruta Boudou, fueron los factores determinantes de esta crisis actual.

Pero el problema insoluble de la Deuda – que es la causa de la crisis - es ocultado al Pueblo Argentino; y ello se hace con la complicidad del gobierno, la pseudo-oposición política de la partidocracia parlamentaria y la clase dirigente, en beneficio de los acreedores financieros y para volver a endeudarse, con el argumento que “es preferible tomar más Deuda antes que financiarse con Inflación”.

Es la forma en que operan las estructuras de poder económico-financiero: no sólo por la acción directa y manifiesta de los gobiernos de turno y del establishment vinculado a los intereses de la Deuda sino también dejando que las torpezas y errores de política financiera se cometan impunemente para que luego las cosas se replanteen nuevamente en su favor a través del simple “acomodamiento de los hechos”.

En este sentido, merced a las nuevas medidas financieras adoptadas por el gobierno Kirchner, las alianzas ya habrían sido establecidas de hecho entre los intereses comunes del gobierno y el empresariado económico-financiero. Ahora falta observar el comportamiento de los Sindicatos.

Algunas presiones clave sobre el sector gremial ya habrían sido esbozadas: 1. Forzar la aceptación de aumentos por paritarias en función de la inflación futura y no de la recuperación frente a la inflación pasada, so pena de acusación por hiper-inflación, desestabilización y “rodrigazo”, 2. Apelar a la “responsabilidad sindical” frente a la amenaza de desempleo derivado del efecto recesivo del aumento de las tasas de interés y de un gradual abandonando del gobierno de su función actual de “fondo de desocupación encubierto”, y 3. Sugerir la convivencia y concesiones políticas a parte de la dirigencia gremial – caso deuda con las Obras Sociales - para que guarden silencio sobre la vuelta de la Argentina al mercado internacional de capitales.

Las próximas semanas serán muy importantes dentro de este cuadro de situación – reunión tripartita en el Vaticano del 19.3 inclusive – porque las presiones del “partido de la Deuda” son cada vez más grandes y más fuertes para que la Argentina vuelva al re-endeudamiento previsto según el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 y la hoja de ruta Boudou.

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Fuente: http://www.argenpress.info/2014/02/argentina-deuda-publica-inflacion-y.html

Desde 1984 comprobamos que la unidad de los gobiernos constitucionales, el Estado en todas sus jurisdicciones y el sistema político hizo y hace a la impunidad o seguridad jurídica de la alianza entre los capitales imperialistas con los locales que se estableció mediante terrorismo de estado durante los setenta. Fueron precedidos por la constitucional que llevó a cabo el terrorismo paraestatal de la Triple A y el Operativo Independencia. Esta 'democracia', fue antecedente de la tutelada desde fines de 1983 hasta 2015 que ha conseguido ir afianzando la legalización y legitimación del funcionamiento estatal de privilegiar los intereses lucrativos del poder económico e imperialista por sobre los derechos y necesidades populares.

 

Gracias al gobierno CFK, el poder real no sólo maximizó su concentración y transnacionalización económica territorial sino también consolidó el Estado acorde con su seguridad jurídica. Lo ponen en evidencia el nuevo Código Civil y Comercial, las leyes antiterroristas y la política estatal para modelar el conformismo e ilusionismo mayoritario respecto al capitalismo (sea neoliberal sea neodesarrollista). De ahí la importancia de no subordinarse al kirchnerismo en la lucha contra Mauricio Macri ni en la marcha del 24 de marzo, a cuarenta años de que el poder real promoviera y financiara el genocidio. 

 

En consecuencia, el Nunca Más al poder real nos exige poner fin a su impunidad que es comenzar por la de los partidos de estado para lo cual es fundamental revisar porqué los gobiernos K forman parte de la democracia al servicio de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Constatamos que el kirchnerismo (actualización del PJ desde 2003) ha profundizado tanto la transnacionalización o el neocolonialismo como el progresismo convirtiendo la ambigüedad política e ideológica del último en obsecuencia de los de abajo a las jerarquías sociales y a la comodidad individual que fomenta e instituye el capitalismo. 

 

 

Ejemplifiquemos, el influjo en los de abajo del progresismo y de la izquierda reformista explica la inexistencia de sublevación ni de ruptura con la desinformación frente a: 

 

 

El ignominioso acuerdo con REPSOL que cierra una era nefasta y abre otra peor
 

13 de abril de 2014

 

Por: Javier Llorens (especial para ARGENPRESS.info)

 

Resumen

El convenio con Repsol cuya aprobación se trata en el Congreso de la Nación, revela ser en su arquitectura financiera una obra maestra del engaño a la opinión pública interna, para disimular el virtual allanamiento por parte del gobierno argentino a las pretensiones de REPSOL. Pese los gravísimos daños de diversa índole que acarreó para nuestro país la gestión de YPF por parte de REPSOL. Que van desde las exportaciones de gas a vil precio, para obtener una sideral ganancia en el exterior, hasta la pérdida del autoabastecimiento petrolero, pasando por los daños ambientales y el desmantenimiento y la obsolescencia de sus instalaciones, conforme está expuesto en el escrito “PRONTUARIO REPSOL - El pillaje, saqueo, y vandalismo perpetrado por REPSOL en Argentina”.

 

El alcance de sus cláusulas representan una verdadera rendición incondicional y capitulación ante las pretensiones de toda índole de REPSOL, al haber reconocido no solo la valorización de YPF que REPSOL contabilizaba en sus balances, sino incluso su valor bursátil durante el año previo a su expropiación. Con el inusitado agregado de consagrar la indemnidad e irresponsabilidad absoluta por las gravísimas inconductas empresarias que incurrió en Argentina, cualquiera sea de qué se trate, incluso las ambientales, como si fuéramos un país de paso y depredación perteneciente al cuarto mundo.

Dicha capitulación que se ve reforzada por el vocabulario de derecho español y no argentino que surge del texto del convenio, que evidencia que el mismo fue redactado por los abogados españoles de REPSOL. Quien con la clásica formula de las capitulaciones, le habría indicado al ministro Kicillof que rubricó el mismo, “firme aquí o aténgase a las consecuencias”. En donde los títulos públicos soberanos a entregar por parte de Argentina, no se dan como una dación en pago de la expropiación, sino solo como una garantía y medio de pago. Igual que el usurero que le hace firmar a su deudor arruinado, una triple garantía de prenda, pagaré, y cheque, para ejecutar la deuda con lo que le quede más a mano.

A los efectos de tratar de legalizar el precio impuesto por REPSOL; y cumplir con la tasación prevista en la ley de estatización, junto con el convenio apareció un informe de una sala Ad- Hoc del Tribunal de Tasaciones de la Nación, que en forma ambigua convalidó ese precio. En base a una tasación que no figura en el portal web de dicho tribunal, que dicho sea de paso funciona, en base a un Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por De la Rua a fines del 2001, en plena crisis de ese año.

Cuyos miembros designados entonces, son los mismos que lo integran hoy, al que se incorporó el dudoso aporte de un miembro designado a instancias de la Cámara Argentina de la Construcción y directivo de ésta. Cámara que es reputada como el antro donde se arreglan las licitaciones públicas y otras componendas, razón por la que ese tribunal y sus procedimientos “noventistas”, muy poca confianza inspiran en una tasación de tamaño porte.

 

Al respecto el abogado Alejandro Olmos Gaona, que tuvo acceso a las escuetas 20 carillas de esa supuesta tasación, opina que resulta inverosímil que se hayan tasado más de 126 mil bienes, ubicados en el país y en países del exterior, en menos de un año. Cuestionando además las irregularidades en las fechas de esos informes, que fija la tasación en abril del 2012, por parte de un tribunal que recién se constituyó en mayo del 2013, y emitió su informe a fines de febrero de 2014, cuando ya habían culminado las negociaciones con REPSOL.

Por lo que evidentemente el precio convenido precedió a la tasación, alterando su orden lógico y honesto. Con el agregado de una suma de cuestionamientos, que llevaron a Olmos Gaona a decir que “todas las graves irregularidades señaladas nos hacen suponer que se trata de una tasación amañada, con el único propósito de arreglar con Repsol, beneficiándola indebidamente, con tal de llegar a cualquier tipo de acuerdo y terminar con las acciones litigiosas que podrían plantearse”.

La rendición incondicional y capitulación incluye además una cláusula que atenta directamente contra la facultad soberana de reestructurar la deuda. Postura sostenida desde el 2003 por el gobierno kirchnerista, y ratificada recientemente por un fallo de la Corte Suprema. Que funcionará como una pistola puesta en la sien de Argentina, y podría llegar a ser catastrófica. Al facultarse a REPSOL a liquidar los títulos públicos recibidos a cualquier precio, ante un evento de incumplimiento por parte de Argentina. Quedando no obstante un saldo de deuda que será inmediatamente ejecutado por parte de REPSOL, haciendo honor al dicho que él paga mal, paga dos veces.

O sea que estamos ante el peor de los arreglos, dado que Argentina se compromete a pagar lo que quiere REPSOL o su valorización bursátil, a plazos, pero con altísimos intereses, mediante la emisión de títulos de la deuda. Pero sin que signifique esto la cancelación de la deuda, dado que ellos no van en pago de lo adeudado, sino solo son medios de pago que REPSOL podrá reventar ante el menor incumplimiento por parte de Argentina, con grave daño para esta. Cargando a la par Argentina la mochila de los daños ambientales dejados por REPSOL, que supuestamente se iban a deducir de los importes a pagarle, liberándola además enteramente de cualquier otra responsabilidad por sus inconductas del pasado.

Cláusulas leoninas a las que según algunas fuentes, se han agregado otras oprobiosas capitulaciones paralelas, como es la convalidación que debería efectuar la AFSCA de la situación de TELEFE y sus vinculadas, propiedad de Telefónica de España. Uno de cuyos accionistas es La Caixa, accionista principal de REPSOL. O sea que REPSOL se irá, llevándose puesto lo que pretendía, y dejando impunemente tierra arrasada como hacen los conquistadores. Pero dejando en la retaguardia un gigante comunicacional que le cuide sus espaldas.

Para disimular esta enorme defección, que se suma a otras tantas cometidas por la dirigencia argentina en los últimos treinta años de democracia, el ministro Kicillof proclamó la no peronista fórmula de “ni vencederos ni vencidos”. Que en un kirchnerismo acostumbrado a hacer de cualquier cosa un triunfal relato épico, suena lo mismo que una rendición incondicional, disimulada con la declamación un supuesto empate.

Por su parte el grupo español encabezado por Antonio Brufau, se cuidó muy bien por ahora de proclamarse vencedor, no sea que ello obstaculice la aprobación del convenio por parte del Congreso. Convalidación que exigió expresamente en búsqueda de la seguridad jurídica a las que aspiran modernamente los conquistadores. Que se llevan la parte del león mediante un trato absolutamente desventajoso para la contraparte, y procuran que nadie quiera o pueda revisarlo en un futuro.

La que no le será difícil de obtener por parte de una elite argentina política, económica, y comunicacional, que parece haber perdido la dignidad por completo. Y por ello está a punto de repetir una defección similar a las ocurridas en el nefasto año 2001, previas a la catástrofe de ese año, con los superpoderes otorgados al “salvador de la patria” Domingo Cavallo, la ley de déficit cero, la ley de intangibilidad de los depósitos, etc.

Sin contar otros enormes renuncios anteriores, como la ley de emergencia económica con la que se desguazó salvajemente al estado. La ley de convertibilidad que atrapó la economía Argentina durante una década, sólo para que funcionara como seguro de cambio de los inversores extranjeros. Y la privatización de los fondos jubilatorios, YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, y la megaminería, etc.

Dirigencia que parece también estar imposibilitada de leer el sentido y las entrelineas financieras, legales, y estratégicas, insertas en los compromisos que asume en nombre del país. Y que en todo caso justifica sus reiteradas defecciones al respecto, por razones de necesidad y urgencia ante la coyuntura, que ellos mismos provocan o permiten que sucedan. Rifando así el futuro, para tratar de solucionar el día a día, con un “decisionismo” improvisado, y carente de Norte y de reflexión estratégica. Porque ante la urgencia de salir del atolladero, da lo mismo ir hacia el norte, el sur, el este, o el oeste.

El futuro que está hoy en juego
Esto se hace notable en la actual situación, dado que en realidad el convenio con REPSOL es sólo un abre puertas, para poner en explotación las enormes riquezas hidrocarburíferas no convencionales de Vaca Muerta; que REPSOL había trabado mediante múltiples demandas contra las firmas interesadas en ello. Acorde en un todo a las condiciones fijadas por las multinacionales petroleras, a los efectos de llevarse la parte del león.

Cuya dimensión se puede apreciar diciendo que Vaca Muerta equivale a 40 veces el valor de la superficie dedicada a la agricultura en Argentina, que es el motor actual de su economía. Lo cual llevó a afirmar al notorio economista neoliberal Ricardo Arrriazu, ex director del FMI y asesor de la presidencia del Banco Central durante la dictadura, que en base a ella Argentina podría convertirse en Noruega o Nigeria.

En cuya explotación conforme los lineamientos actuales, la participación del estado será mínima, no alcanzando ni al 20 %, dado que el resto irá sustancialmente en beneficio de los grandes inversores extranjeros y las mega petroleras transnacionales. Ya sea a través de los dividendos de las acciones de YPF, cuyo 49 % esta sustancialmente en manos de fondos de inversión privados extranjeros. La participación otorgada por YPF a otras mega petroleras en las áreas que detenta en Vaca Muerta. O a través de las restantes áreas que estas detentan directamente, que alcanzan a dos tercios de Vaca Muerta.

Las mega petroleras internacionales encabezadas por el grupo Rockefeller, parecen haber hecho así una jugada maestra, con la provocación de la pérdida del autoabastecimiento, y la paralela estatización parcial de YPF. Para usar a ésta como vehículo para lograr o facilitar dos objetivos simultáneos. Uno es el reconocimiento de los precios internacionales del crudo; y la triplicación del precio del gas natural, que pasó de u$s 2,5 a 7,5 el millón de BTU, a los efectos de maximizar la renta petrolera a su favor.

La cual trasladada de esa manera íntegramente a la extracción de hidrocarburos (upstream) reporta a su vez un notable perjuicio para YPF, que s
ólo detenta el 30 % de las extracción, y casi el 60 % de la refinación y comercialización de sus combustibles derivados. Convirtiéndose así YPF en un vaso comunicante de parte de las exorbitantes ganancias de las multinacionales petroleras, como si tratara sólo del mascarón de proa de ellas. La que además operará como su proa acorazada, enarbolando la bandera nacional, disfrazada de nacionalismo petrolero, a los efectos de que lleve adelante como pionera, enarbolando la bandera argentina, la batalla para difundir a lo largo y ancho del país la técnica del fracking.

La cual ha suscitado en todo el mundo enormes reparos, y una vehemente oposición por parte de las organizaciones ambientalistas. Razón por la que esa batalla decisiva para la puesta en explotación de Vaca Muerta, seguramente tendría un resultado distinto, si la dieran por su cuenta Chevron, EXXON, o EOG. Cargando además YPF directamente con el riesgo ambiental que ella pudiera deparar, como operadora de los yacimientos que ha compartido con Chevron, Dow, Petronas, etc.

Esa jugada maestra se completó con el copamiento de YPF concretado por Schlumberger, mediante la designación de su ex alto ejecutivo, Miguel Galluccio, como presidente de YPF. Acompañado de otros ex Schhlumberger, que pasaron a ocupar altos puestos directivos en ella. La que a su vez, como firma líder en la técnica del fracking, se ha constituido en la principal contratista de YPF. En la que quedarán retenidas buena parte de lo que deberían ser ganancias operativas de YPF en Vaca Muerta.

Esta trama a su vez se ve completada, con la maraña de sociedades satélites que está creando YPF en Estados Unidos y Argentina, al compás de los acuerdos secretos de participación en Vaca Muerta que va firmando con las trasnacionales petroleras. Que hacen recordar a las SPE (“sociedades de propósito especial”) de la Enron, ex empresa de energía que tras su quiebra, pasó a ser sinónimo de fraude planificado. Participando una de las “hijas” de Ennron, EOG, en la explotación de Vaca Muerta.

En el año 2012 tras la estatización parcial de YPF, se esbozó una razonable política petrolera, que debió haberse concretado poniendo un precio tope al crudo interno, ante el sustancial aumento que registró internacionalmente. Usando a la par a YPF como instrumento para explotar los yacimientos operados por las compañías privadas que no aceptaran esa tesitura, en forma parecida a lo que hizo Petrobras en Brasil. Contando con una administración petrolera honesta y briosa a lo Mosconi, ello podía haber reportado la recuperación del autoabastecimiento petrolero, mayores ingresos para los estados nacional y provinciales, y precios módicos de la energía para la industria y los hogares argentinos.

No obstante esa política en ciernes, registró un giro de 180 grados a fines del 2012, tras el fallo a favor de los fondos buitres emitido por el juez Griesa en Nueva York. Que impulso a la jaqueada Presidenta Fernández de Kirchner, a concretar una espuria y subrepticia alianza con las mega petroleras norteamericanas integrantes del grupo Rockefeller, y la TOTAL francesa. A los efectos de tratar revertir ese fallo en los máximos estrados de la justicia norteamericana, o encontrar una solución alternativa que satisficiera al “relato” del gobierno. Uno de cuyos principales capítulos es supuestamente el buen arreglo de la deuda.

La existencia del mismo se puso de inmediato en evidencia, con el traslado integral por parte del gobierno de la renta del petróleo a la extracción del mismo (upstream) a contrapelo de la política antes esbozada. Y el extravío de la misión de YPF, que de instrumento de la política petrolera nacional, pasó a ser instrumento de la política petrolera de las mega petroleras norteamericanas y francesa. La contrapartida de ello fue el apoyo brindado a Argentina por EEUU, Francia, y otras notables instituciones y personalidades de las finanzas, como amicus curiae ante la Corte Suprema de EEUU.

El cual registró algunos altibajos a lo largo del 2013, por la demanda de EEUU de que

Argentina cumpliera con el pago de los fallos emitidos por los tribunales del CIADI y UNCITRAL. Que igual que el arreglo con REPSOL, resultan ser de índole estratégica para las multinacionales petroleras. Que por un lado sostienen desde siempre el principio de que toda estatización debe ser compensada con creces, como regla principal del negocio. Y por otro lado esperan que sus inversiones en Vaca Muerta se vean firmemente garantizadas por los Tratados Bilaterales de Inversiones que fijaron esos tribunales. Siendo por ende esos pagos arrancados recientemente al gobierno, una clara y definitiva señal de sumisión y ratificación de ellos.

Requisitos que además deben indispensablemente ser completados, ya sea por el kirchnerismo o a más tardar por la oposición que llegue en el 2015, con la sanción de una ley mega petrolera. Que garantice a ellas el precio internacional de los hidrocarburos extraídos, la disposición irrestricta de las divisas obtenidas, y una absoluta estabilidad impositiva, como detentan actualmente las mega mineras.

La que lamentablemente nuestra degradada dirigencia, puesta entre la espada y la pared, hundida en el fango de la corrupción, como precio a pagar por un efímero apoyo electoral, o atrapada en el atolladero, parece estar silentemente dispuesta a sancionarla. Optando nuevamente por las salidas dibujadas por los poderosos factores de poder internos o externos, que muchas veces son los mismos que previamente contribuyen a crear la dificultad, o erigir él atolladero. Los cuales pese las jactancias del kirchnerismo, han vuelto a subordinar la política a la economía, como en los peores tiempos de Menem y Cavallo.

Repitiéndose así crónicamente en Argentina, como si fuera la ley de esta, la situación de emergencia extrema de una embarcación, que para salvarse de un naufragio que podría haberse evitado, opta por echar por la borda sus bienes más valiosos. Con tal que el momentáneo capitán de la nave y sus oficiales a bordo puedan salvar su pellejo o prestigio, mientras que el resto de la tripulación a bordo de la nave la sigue pasando de mal en peor.


Por esa razón casi unánimemente la actual dirigencia política dicen estar para “solucionarle los problemas a la gente”. Como si estos problemas actuales no fueran provocados por la falta de visión y dedicación a la gestión por parte de los gobernantes del pasado, que se repite ahora nuevamente. Confundiendo así la cualidad esencial de un gobernante o estadista que es la visión del futuro, y como llegar a ese destino. Con la gestión de administradores de un consorcio, o directivos de una ONG, hundidos en el ahora mismo. Siendo esta en el fondo la verdadera causa de los crónicos problemas que Argentina enfrenta desde hace medio siglo.

Un claro ejemplo de ello, es la polémica desatada respecto el anteproyecto del nuevo Código Penal. Que evidencia ser una intencionada cortina de humo, similar al conflicto por la educación laica o libre, que se suscitó a la par que el ex presidente Arturo Frondizi concretaba sus cuestionados contratos petroleros, con las mismas megapetroleras que hoy están en Vaca Muerta. Siendo una discusión inútil, dada a la par que los grandes acontecimientos y el futuro de Argentina discurren por otro lado. Y no habrá código penal que valga, si Argentina se convierte en Nigeria. Y cualquier código resultaría aceptable, si Argentina se convierte en Noruega.


Acceder al trabajo completo desde aquí (formato pdf)Fuente: http://www.argenpress.info/2014/04/el-ignominioso-acuerdo-con-repsol-que.html

 

 

Destaquemos la construcción K de amplio consenso, entre los de abajo,  de que estábamos viviendo un proyecto nacional y popular. Conforme a esta manipulación, la recuperación parcial de YPF fue utilizada para simbolizar  que se estaba afirmando la soberanía nacional. Sin embargo lo cierto es que :  "Otro capítulo de entrega y sumisión al capital se escribe en las páginas de la historia oficial":

 

 

El millonario negocio de Chevron
13 de agosto de 2013

El reciente acuerdo celebrado entre YPF y Chevron esconde un secreto millonario. La extracción no convencional de petróleo y gas dejará una ganancia 66.000 millones de dólares a la petrolera de Rockefeller, y la posibilidad de exportar 27.800 millones de dólares. Sólo se le exigirá una inversión de 8.535 millones a 35 años.

 

Por Facundo Gutiérrez Galeno | AL DORSO

Otro capítulo de entrega y sumisión al capital se escribe en las páginas de la historia oficial. El acuerdo arribado entre el Gobierno Nacional y el grupo Rockefeller ya tiene garantías jurídicas y económicas resguardadas en el impenetrable secreto que atesoran los robos imperialistas. Incumpliendo la obligación republicana de dar a publicidad de los actos de gobiernos, el Poder Ejecutivo Nacional celebró con Chevron un acuerdo comercial secreto de inversión y explotación de los yacimientos de hidrocarburos de la cuenca neuquina, en las formaciones petrolíferas denominadas “Vaca Muerta”.

 

La zona de explotación no convencional (“fracking”) comprende 395 km2, con una ganancia promedio estimada en 122.500 millones de dólares para YPF y Chevron. La concesión se extenderá hasta el año 2048, incumpliendo lo expresamente establecido en la Ley de Hidrocarburos 17.319, que sólo permite concesiones por 25 años. La inversión de YPF/Chevronen el área denominada eufemísticamente “General Mosconi” se estima en 16.500 millones de dólares a 35 años. El yacimiento reportará una rentabilidad bruta “mínima y presunta” de 742 % sobre lo invertido, con 61.300 millones de dólares al bolsillo de la norteamericana.

 

Barril sin fondo

En un reciente informe elaborado por Javier Llorens y Mario Cafiero, se estiman las ganancias presuntas que deparará la explotación del área “General Mosconi” dentro de la formación denominada “Vaca Muerta” de la cuenca petrolífera neuquina. De acuerdo a las cifras que brinda la propia YPF SA en su portal de internet, surge que la formación geológica “Vaca Muerta” cuenta con reservas de petróleo por 25.000 millones de barriles y 240 trillones de pies cúbicos de gas, desperdigados en una extensión de 12.450 kilómetros cuadrados. A precios internacionales, las reservas ascienden al valor de 4,3 billones de dólares, equivalentes a 10 veces el producto bruto interno nacional (PBI) y 352 millones de dólares por cada km2.

 

La sociedad entre YPF y Chevron será en partes iguales. Chevron se comprometió a realizar una primera inversión de 1.200 millones de dólares en la explotación conjunta de 395 km2 en Vaca Muerta. Sin embargo, el decreto 1208 del Gobierno de Neuquén menciona que la inversión total en el área “Mosconi” trepará a 16.500 millones en sus 35 años de concesión. Chevron aportaría 8.253 millones. Considerando los datos brindados por la propia YPF, y estableciendo que cada km2 reporta un patrimonio hidrocarburífero valuado en 352 millones dólares, la reserva explotada por las asociadas escala a un valor cercano a los 139.000 millones de dólares (3).

Si al valor de las reservas en el área “Gral. Mosconi” se le descuenta la inversión estimada por el Gobierno de Neuquén, se obtiene una ganancia esperada “mínima y presunta” de 122.500 millones de dólares. Es decir, Chevron se embolsará 61.245 millones de dólares correspondientes a su participación del 50 %. Ahora bien, los datos brindados difieren de lo informado por REUTERS. Según trascendidos periodísticos basados en cables de la prestigiosa agencia internacional, y a partir de información interna de YPF filtrada a la prensa; las ganancias esperadas por la petrolera del grupo Rockefeller pueden trepar a 315.000 millones de dólares.

Los medios informativos mencionan que Vaca Muerta tiene 66.000 millones de barriles de petróleo y 700 trillones de pies cúbicos de gas, que la ubicarían entre las primeras reservas mundiales de extracción no convencional. A precios internacionales dichas reservas hidrocarburífera ascenderían a 12,11 billones de dólares, equivalente a 28 veces el PBI. Lo que daría unos 1.637 millones de dólares por Km2, y un valor total de petróleo y gas del área “Mosconi” de 647.000 millones de dólares (4). Si le restamos la inversión conjunta estimada para el área (16.500 millones), la ganancia trepa a los 630.183 millones de dólares, con un embolso de 315.000 millones de dólares por parte Chevron. Una rentabilidad de 38 veces el capital invertido.

La vaca es ajena

El 11 de julio de 2013 el Gobierno Nacional sanciona el decreto 929 (a la medida de Chevron) titulado con sarcasmo “Soberanía Hidrocarburífera”. Amparándose en las supuestas facultades otorgadas por la Ley Nº 26.741(5), especialmente en vista a lograr el autoabastecimiento, el Gobierno legisla por decreto la creación de un “Régimen de Promoción de Inversión para la explotación de hidrocarburos” convencional y no convencional para todos aquellos sujetos públicos y privados, nacionales o extranjeros, que quieran invertir más de 1.000 millones de dólares en la extracción de petróleo y gas en el país.

El decreto establece sendos beneficios para aquellos sujetos “titulares de permisos de exploración y/o concesionarios de explotación de hidrocarburos y/o terceros asociados” (Chevron). Se les permite comerciar libremente en el mercado externo el 20 % del total de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos, con una alícuota cero por ciento (0%) de derechos de exportación, y la libre disponibilidad del ciento por ciento (100%) de las divisas provenientes de la exportación, siempre que el proyecto de inversión hubiera implicado el ingreso de divisas a la plaza financiera argentina por al menos 1.000 millones de dólares en los primero 5 años.

Para el caso que la producción de hidrocarburos no alcanzase a autoabastecer el mercado interno, y la misma se vuelque a cubrir las necesidades locales, se le permite a los sujetos inversores - a partir del 5° año de inversión - cobrar el 20 % de lo exportable a precios internacionales, con libre disponibilidad de divisas en la plaza financiera argentina aunque tuvieran que ser vendidos en el mercado interno. Estos beneficios son ampliamente superiores a lo ya existentes. Antes no se podía comerciar libremente en el mercado externo la producción de petróleo.Tampoco tenían la libre disponibilidad de divisas y debían tributar derechos de exportación.

El decreto es claramente inconstitucional. Establece una política de promoción de inversiones en recursos estratégicos nacionales que debieran ser legislados por ley. Máxime la importancia económica, social y ambiental en juego para el pueblo argentino. A su vez, legisla sobre derechos de exportación a partir de una inconstitucional utilización de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Modifica y agrega aspectos no previstas por la legislación de fondo en materia hidrocarburífera, especialmente crea una nueva figura jurídica inexistente hasta ahora como el “fracking” (la extracción no convencional de petróleo y gas). Se establece la subdivisión de las áreas de exploración y explotación convencional y las “no convencionales”. Se permite la entrega de áreas sin licitación pública. Se conceden plazos de concesiones por 35 años superiores a los delimitados por la Ley 17.319 (6).

Las ganancias afuera

Del informe elaborado por Javier Llorens y Mario Cafiero, y de lo establecido por el Decreto 929/2013, podemos inferir los grandes y millonarios beneficios que obtendrá el pulpo petrolero y contaminante de Chevron. Tomando como ciertas las cifras oficiales brindadas por YPF en su portal web, para el área “Gral. Mosconi” sometida a explotación conjunta entre YPF/Chevron se estima una explotación total de petróleo y gas valuada en 139.000 millones de dólares, con una ganancia de 122.500 millones. Si bien dicha ganancia debiera ser divida en partes iguales, noqueda claro quién usará el cupo de exportación. La sociedad entre la privada YPF y la extranjera Chevron será conformada a partir de unjoint venture. Por lo cual, el cupo de exportación lo tendrá la sociedad en su conjunto. Y ellas pueden exportar el 20% sin tener relevancia quién lo utilice. Es decir, Chevron podrá obtener el 20 % del cupo de exportación de toda la producción si YPF se lo permite.Así lo habilita específicamente el Decreto (7). Como si esto fuera poco, lo producido en las áreas queda a merced de los sujetos concesionarios quiénes cuantifican la producción en boca de pozo a simple declaración jurada.

Afinando las cuentas, y luego de la aclaración legal efectuada arriba, observamos que Chevron podría exportar 27.800 millones de dólares, el 20 % del total de producción de petróleo y gas (valuado en 139.000 millones), con libre disponibilidad de divisas y sin tener que pagar ningún derecho de exportación. Ahora si consideramos la valuación del área “Gral Mosconi” en Vaca Muerta, según el cable de la agencia REUTERS (a partir de información supuestamente filtrada de YPF), obtendremos los siguientes resultados: una producción total de petróleo y gas con valor a precios internacionales de 646.689 millones de dólares, con la posibilidad de exportar el 20 % valuado en 129.337 millones de dólares.Con una inversión estimada de 8.253 millones, Chervon obtendría la posibilidad de llevarse 15 veces lo invertido. El cuadro se agrava si se considera que el decreto 929/2013 sólo obliga a la petrolera a invertir en la plaza nacional tan sólo 1.000 millones de dólares del negocio.

Galuccio , Schulemberger y Chevron

Como afirmara el abogado y licenciado en Economía, especialista en petróleo y energía, Félix Herrero, Miguel Galuccio desembarcó en YPF bajo la sospecha de ser un agente de las petroleras norteamericanas. Miguel Galuccio, actual directivo YPF SA, fue CEO de la multinacional prestadora de servicios petroleros Schulemberger. En el informe Llorens/Cafiero se puede observar las vinculaciones accionarias entre Schulemberger y Chevron. No deja dudas que el actual directivo “nacional y popular” trabaja para el bienestar de sus empleadores. Del informe citado se desprende que la consultora y la petrolera comparten accionistas comunes con un valor total de 81.160 millones de dólares, que equivale al 73 % del valor accionario de los principales accionistas comunes de ambas compañías (8).

En Schulemberger los accionistas comunes con Chevron totalizan un valor de 24.690 millones de dólares, representando el 70 % de los principales accionistas de Schulemberger, cuyo valor accionario trepa a los 35.299 millones de dólares. También muchos de los accionistas minoritarios de la empresa están vinculados con Chevron a partir de otras razones sociales. En el caso de Chevron, se observa que los accionistas comunes con Schulemberger totalizan un valor de 56.470 millones de dólares, el 74 % de los principales accionista de Chevron que suman 75.834 millones. Además, los principales clientes de la empresa multinacional de asesoramiento petrolero radicada en Inglaterra son los pulpos energéticos estadounidenses.

El negocio de Chevron en la Argentina será fabuloso, siniestro y millonario. Las concesiones prebendarías otorgadas a la petrolera de Rockefeller se suman a las dádivas concedidas a la Barrick Gold bajo contaminación, represión y muerte; y el agronegocio cancerígeno y malformado de Monsanto y compañía. Chevron obtendrá una rentabilidad que va de 7 a 38 veces lo invertido, con la posibilidad de exportar libremente sin derechos de exportación sumas que oscilan entre los 27.800 y 129.337 millones de dólares. En el peor de los escenarios, una rentabilidad bruta del 742 % sobre lo invertido. Como contrapartida, el compromiso insignificante de invertir 8.253 millones de dólares en 35 años, y la obligación de ingresar 1.000 millones dólares al mercado local.

Como corolario, el General Mosconi (9) dejó unas palabras a los criadores de vacas y cazadores de dólares:

“Los grandes trust, particularmente la Standart Oil, de reputación funesta en su propio país, ponen en práctica en todas partes los mismos procedimientos para el acaparamiento y dominio de los yacimientos de petróleo. El oro de que disponen, y la falta de principios morales que los caracteriza, estimula las ambiciones malsanas, provoca la infidelidad y la traición -producida por el soborno- de funcionarios de todo orden y categoría; empleados subalternos de las reparticiones públicas que favorecen las gestiones administrativas de las compañías; abogados, a veces prestigiosos, del país en que operan, que las defienden, aún cuando contrarían los intereses de la Nación; ministros plenipotenciarios en Washington que se transforman en gerentes de filiales de la Standard Oil; políticos destacados que ambicionan altas posiciones públicas convertidos en procuradores de las poderosas organizaciones; magistrados que han juzgado en pleitos de las compañías se hacen sus defensores y perciben gruesos emolumentos (veremos señor juez que también sucede a la inversa); legisladores que se complotan para favorecer a las compañías petrolíferas; gobernantes que, súbitamente de enemigos acérrimos pasan a ser decididos defensores; ministros de Estado que traicionan a su patria no cumpliendo su deber y atentando contra el interés colectivo: son los inmorales y frecuentes episodios que incesantemente llegan a conocimiento público en México, Estados Unidos de Norte América, Colombia, ARGENTINA, etc. de la desesperada lucha que se libra en torno del extraordinario mineral.

NOTAS

“¡El pueblo quiere saber de qué se trata! Los siderales montos en juego que se esconden en Vaca Muerta”, Javier Llorens y Mario Cafiero, Julio 2013.

El precio del barril de petróleo se estima en 100 dólares. El gas en 7,5 dólares el millón de BTU.

395 km2 x 351.890 millones de dólares = 138.996 millones de dólares (Según información YPF).

395 km2 x 1.637 millones de dólares = 646.689 millones de dólares (Según información Reuters).

Ley 26.741, de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina, 07/05/2012.

Cabe aclarar que el Decreto 929/2013 establece que las concesiones serán por 25 años, pero agrega que el plazo podrá prorrogarse por 10 años más en forma anticipada y simultánea. La diferencia con la Ley 17.319 es sustancial. La Ley en su art. 35 establece concesiones por 25 años, prorrogable por 10 años más. Una vez cumplido los 25 años, el concesionario debe solicitar la prórroga 6 meses antes del vencimiento, y la autoridad decidirá si la otorga o no. En el Decreto 929/2013, Art.14se concede la extensión por 10 años más de forma anticipada y simultánea, lo que en los hechos extiende el plazo de concesión a 35 años.

Decreto 929/2013, Art. 6, “Si se tratase de una modalidad asociativa, las partes podrán convenir de qué modo se distribuirá entre ellas la aplicación del beneficio mencionado”.

Algunos de los accionistas comunes entre Schulemberger y Chevron: State Street Corporation, Vanguard Group, Inc. (The), BlackRock Institutional Trust Company, N.A., Capital World Investors, Bank of New York Mellon Corporation, Northern Trust Corporation, FMR, LLC, Price (T.Rowe) Associates Inc, JP Morgan Chase & Company, Wellington Management Company, LLP, Vanguard 500 Index Fund, Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund, SPDR S&P 500 ETF Trust, Washington Mutual Investors Fund, Dodge & Cox Inc, American Balanced Fund, Dodge & Cox Stock Fund, entre otras sociedades.

Gral. Enrique Mosconi, prefacio de la obra El Petróleo del Norte Argentino, Imp. Y Libr. Velarde, Salta, 1928, pág. 9.

DESCARGAR NOTA COMPLETA Fuente: http://www.aldorso.com.ar/03-AGO-13_Chevron.htm

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Apreciemos cómo el modo de producción del capitalismo (que, en verdad, es de destrucción tanto de las comunidades como de los ecosistemas) conduce a comportamientos similares en los gobiernos progresistas y neoliberales. Incluso observamos en el gobierno izquierdista de Evo Morales y Alvaro García Linera que: "Los órganos de poder del Estado han contravenido sistemáticamente a la Constitución, vulnerando su estructura normativa y conceptual constitucional. Las que deberían ser leyes fundacionales del nuevo Estado, plurinacional, comunitario y autonómico, no son otra cosa que leyes restauradoras del viejo Estado-nación. (...)Ante semejante contraste, ante evidentes contradicciones entre la práctica gubernamental, legislativa, jurídica, electoral, respecto a los mandados constitucionales, el oficialismo ha optado por explayarse en una discursividad demagógica, sin contenido, sin ningún sostenimiento argumentativo, tampoco sin ninguna corroboración por parte de los hechos políticos y jurídicos. El gobierno ha optado por la simulación y la propaganda, por el teatro político y la impostura, pretendiendo, con el uso descomedido, del apabullante y desmesurado aparato “ideológico”, convencer a la gente de lo que no ocurre, en realidad(...)".

 

Examinemos:

 

Las condiciones jurídicas y políticas constitucionales sobre recursos naturales y minería

Despojamiento y desposesión extractivista imperial
14 de abril de 2014

 

Por Raúl Prada Alcoreza (Rebelión)

En el último periodo, vale decir, en la segunda gestión del gobierno reformista hemos escuchado en los discursos oficiales aludir y referirse incansablemente a la Constitución. Lo que importa no es la alusión, ni el acudir al nombre de la Constitución, ni siquiera el repetir memorísticamente los enunciados generales constitucionales. De lo que se trata es saber si la composición, la estructura, la concepción constitucionales se cumplen, se aplican, se realizan. Lo que importa es evaluar si el “espíritu” constituyente, la voluntad del constituyente, la voluntad de las luchas sociales desplegadas, luchas que abrieron el proceso y el horizonte constituyente, se efectiviza; no solamente en el llamado desarrollo legislativo, que debería ser fundacional, sino efectivamente, en las prácticas políticas, vale decir, como mecanismos de transformación institucional y estructural. Precisamente, en esta revisión de la aplicación de la Constitución es donde se hace patente el gran contraste entre La Constitución y el desarrollo legislativo conducido por el gobierno, entre la Constitución y la gestión de gobierno, la gestión pública, la gestión administrativa, la gestión legislativa, así como la gestión de control por parte del Estado; faltando con toda evidencia el ejercicio de la democracia participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa.

Los órganos de poder del Estado han contravenido sistemáticamente a la Constitución, vulnerando su estructura normativa y conceptual constitucional. Las que deberían ser leyes fundacionales del nuevo Estado, plurinacional, comunitario y autonómico, no son otra cosa que leyes restauradoras del viejo Estado-nación. Ante semejante contraste, ante evidentes contradicciones entre la práctica gubernamental, legislativa, jurídica, electoral, respecto a los mandados constitucionales, el oficialismo ha optado por explayarse en una discursividad demagógica, sin contenido, sin ningún sostenimiento argumentativo, tampoco sin ninguna corroboración por parte de los hechos políticos y jurídicos. El gobierno ha optado por la simulación y la propaganda, por el teatro político y la impostura, pretendiendo, con el uso descomedido, del apabullante y desmesurado aparato “ideológico”, convencer a la gente de lo que no ocurre, en realidad.  Asistimos a un incremento de los contrastes y las contradicciones, a la exacerbación de la propaganda y la publicidad, acompañando la expansión y el dominio de acostumbradas prácticas de poder, cuestionadas por el pueblo, por las movilizaciones, por los postulados de los movimientos sociales; postulados inscritos en las finalidades del proceso de cambio.

Asistimos a la reaparición de las formas más grotescas del ejercicio de la política, del ejercicio del poder, desatando, incluso, más que antes, las artes dolosas de las manipulaciones.  En este panorama desolador, emerge, de estas condiciones corrosivas, el monstruo de mil cabezas de la corrupción, incluso más expansivamente e intensivamente que antes. La corrupción se ha “democratizado” y popularizado, destruyendo las bases morales de la sociedad,  quebrando sus estructuras y relaciones de cohesión. Toda esta marcha vertiginosa de sucesos destructivos del entusiasmo de la gente, toda esta descomposición de lo que llamaremos fue, en un principio, al calor de las luchas y como efluvio de los combates concluidos, el proyecto descolonizador y transformador del Estado y la sociedad, termina pariendo un síntoma alarmante del derrumbe del proceso de cambio, la Ley Minera. Este síntoma muestra el desmoronamiento del proceso en su fase terminal. Después de esta Ley podemos decir: El proceso de cambio ha muerto, que en paz descanse.

 

Para ilustrar el gran contraste y la profunda contradicción entre esta Ley Minera y la Constitución, haremos una exposición del Título II de la Constitución, Medio Ambiente, Recursos naturales, Tierra y Territorio; Título donde se encuentra el Capítulo Cuarto sobre Minería y Metalurgia.

La condición constitucional de los recursos naturales

El artículo 342 comienza su exposición con un mandato categórico claro: Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. La claridad esta en sus determinaciones, conservar, proteger y aprovechar; también en el carácter de estas acciones; dice que hay que hacerlo de una manera sustentable, apuntando a la finalidad ecológica de mantener el equilibrio de los ecosistemas. No hay donde perderse; ¿por qué los responsables de la elaboración de la Ley Minera no tomaron en cuenta este artículo? ¿Por qué la Cámara de Diputados se olvidó abiertamente de este artículo? ¿Por qué los ministros y ex-ministros involucrados se hacen a los desentendidos? ¿Por qué el vicepresidente aparece avalando la Ley Minera y apuntando a la revisión de un solo artículo, el 151, de la Ley en conflicto? ¿No leyeron la Constitución? ¿Les dio amnesia? ¿Los diputados que aprobaron la Ley la leyeron o sólo levantaron las manos? Sólo el presidente, el ministro de la presidencia y el actual Ministro de Minería, se expresaron abiertamente, calificando, prácticamente a la Ley y a todo lo que conlleva, como traición a la patria, comprendiendo también a núcleos de funcionarios, comprometidos en ilegales, ilegítimos e inconstitucionales contratos. Sin embargo, lo dicho por el presidente no se acata, quien invita a comenzar de foja cero la elaboración de otra Ley Minera, que se base, respete y se formule desde la Constitución; convocando al pueblo, a los sectores, a las instituciones y organizaciones, a participar en la formulación de dicha Ley. ¿Insubordinación? ¿Desobediencia? ¿La palabra del presidente no tiene importancia a la hora de tomar las decisiones operativas? ¿Qué es lo que ocurre al interior del Estado?  ¿Qué es lo que ocurre al interior del gobierno? ¿Quién gobierna?
 

Todos estos sucesos, su secuencia dramática, son graves; empero, nadie reacciona. Las organizaciones sociales adormecidas y domesticadas callan; sin embargo, se comprometen, por su silencio cómplice, con esta traición a la patria. Los medios de comunicación sólo informan; pero, ocurre como si no se inmutaran de la gravedad de lo que acaece. Estamos ante un pueblo aletargado y una sociedad adormecida; pueblo conformado con lo que ha conseguido, aplastado por la inclinación conservadora de apoyar sin crítica a un gobierno, que todavía les aparece como criatura suya. Olvidando que, siendo esta criatura suya, tiene el pueblo más responsabilidad por vigilar y controlar la conducción de un gobierno, que se reclama responder a los movimientos sociales; gobierno atrapado en la trama del poder. Ante estas condiciones desastrosas, calamitosas y destructivas, que muestran a un pueblo impávido, a organizaciones sociales domesticadas, tal parece que la traición a la patria se va a materializar, además con beneplácito del MAS.


El artículo 342 dice: La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente
. La minería, el extractivismo, son depredadores y contaminantes, afectan el medio ambiente y el equilibrio eco-sistémico; en ningún momento se les ha ocurrido a los elaboradores de la Ley, al Legislativo, al gobierno, consultar a la población. ¿Esta sólo está para nombrarla como referente; empero, no para consultarle, no para respetar sus derechos constitucionalizados? Esta desatención muestra el carácter autoritario de la elaboración de la Ley, el desprecio a la Constitución y al pueblo, en quien supuestamente radica la soberanía. Esta manera de actuar en política, de la misma manera que en todos los periodos republicanos, muestra patentemente que la práctica política no ha cambiado. Han cambiado los personajes, los actores de la política; ahí se ha producido un desplazamiento. Han cambiado los discursos y los símbolos; sin embargo, se han preservado las prácticas, los hábitos y habitus, las estructuras y las relaciones determinantes de las costumbres políticas.

El artículo 346 ratifica lo definido en los artículos anteriores: El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión.  Esto de no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales, se les pasó a los proyectistas de la Ley.  La Ley Minera compromete la soberanía sobre los recursos naturales. Es un dispositivo aperador de la dominación imperial, despoja a los bolivianos de sus recursos naturales, entregándolos a la vorágine extractivista dominada por las empresas trasnacionales, extractivismo minero como fase inicial de la acumulación ampliada de capital. Todo este entreguismo se lo hace manteniendo el mismo régimen tributario, impositivos y de regalías, establecidos en el periodo neoliberal.

El numeral II del artículo 348, que se encuentra en el Capítulo Segundo, sobre Recursos Naturales, establece que: Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país
.  No son pues para el enriquecimiento privado, como acontece ahora, enriqueciendo a una burguesía cooperativa, que expolia a más de cien mil trabajadores mineros súper-explotados, enriqueciendo estrepitosamente a las empresas trasnacionales, cooperativas, empresas privadas que, en conjunto, sólo dejan al país el 8% del valor de la producción minera. En contraste, el régimen tributario en hidrocarburos deja al Estado el 62%. ¿No es esto una violación espantosa al principio constitucional enunciado en el artículo?

El artículo 350 dice: Cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa por necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo con la ley. La Ley Minera no otorga títulos; sin embargo, oculta las innumerables concesiones en reservas fiscales a empresas privadas, entre ellas las cooperativas, además de las empresas trasnacionales. Por ejemplo, el gobierno oculta las cuantiosas concesiones territoriales otorgadas a la Empresa Minera San Cristóbal. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué encubre estas concesiones? ¿Por qué otorga estas concesiones contraviniendo a la Constitución?  ¿Cree que puede hacerlo, incluso vulnerando a la Constitución, porque goza de legitimidad, de credibilidad por parte de la mayoría electoral? ¿De dónde saca esos atributos de hacer concesiones a su antojo, si ni el Estado y el gobierno son propietarios de los recursos naturales? La explicación se encuentra en que el gobierno y el Estado-nación son engranajes del orden mundial imperial, son administradores de la transferencia de los recursos naturales a los centros cambiantes de la economía-mundo y a las potencias emergentes del sistema-mundo capitalista. En otras palabras, el gobierno no gobierna sobre los recursos naturales, son otros los que tienen el dominio sobre nuestros recursos y nuestras reservas. Las estructuras de poder mundial, regional y en el país, se mantienen sólidas y siguen determinando el curso del circuito extractivista.
 


El artículo 352 exige un proceso de consulta: La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.
La Ley Minera manifiesta una violencia desmedida contra lo enunciado en este artículo, violando oprobiosamente este mandato. Desaparece el proceso de consulta, se ignora a la población afectada, se desconoce a la ciudadanía en el proceso de gestión ambiental, se atenta contra la conservación de los ecosistemas, se discrimina y se margina a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Tampoco la Consulta con Consentimiento, Libre, Previa e Informada tiene lugar; por lo tanto, menos se respeta sus normas y procedimientos propios.(...) Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=183337

En consecuencia, el extractivismo intensifica la corrupción, "como una primera aproximación diremos que se trata de desplazamientos respecto de la aplicación de la norma, usos de la administración de la norma, que equivale a lograr efectos no previstos de la norma, efectos que no tienen que ver con los logros, sino con los beneficios privados. El uso de la norma en beneficio propio y de particulares. Por lo tanto se establece una complicidad. Estas complicidades terminan conformando redes o, si se quiere telarañas de circuitos y compromisos. No se trata solamente de desplazamientos sino de desvíos constantes, también de la formación de estratos de complicidad, por lo tanto de grupos de poder, en el sentido que son relaciones de fuerza que afectan las direcciones de prácticas, fundamentalmente de prácticas administrativas y de gobierno".

 

Desenlaces
8 de marzo de 2016

Por Raúl Prada Alcoreza

(...)Hemos titulado Desenlaces a este ensayo, suponiendo que se efectúa la culminación de un periodo, el lapso dilatado de las gestiones del gobierno progresista, que a nombre de los movimientos sociales, se puso a la cabeza del “proceso de cambio”, conduciéndolo al desiderátumen el que se encuentra, que llamamos decadencia. Por lo tanto, en consecuencia, bajo este supuesto, podemos analizar el periodo, la década del gobierno populista, desde su realización final, desde su conclusión, que hace de clausura del “proceso de cambio”; es decir, desenlace.(...)

Es muy probable que a lo largo de la modernidad, de la conformación e historia de los estados modernos, de las formas de gobierno dadas, estos fenómenos de la perversión de las prácticas institucionales, que llamamos corrupción, se haya extendido de una manera exorbitante; sobre todo, debido al crecimiento del interés privado, la transversalidad del mercado y la circulación del equivalente general del cambio, el dinero. De lo que vamos a hablar entonces es de estas formas de corrupción dadas en los regímenes modernos, en los contextos del funcionamiento de los ciclos del capitalismo, dados mundialmente, regionalmente y localmente. De cómo los gobiernos son atravesados por otras relaciones no normadas, no institucionalizadas, aunque se hayan cristalizado en las prácticas y en las costumbres.

 

Otra característica de las relaciones de la corrupción es que se convierten en un modus operandi. En el manejo administrativo del logro de las concesiones, las licitaciones, las compras estatales, funcionan efectivamente introduciendo esta condicionante coercitiva; la distribución y participación particular, privada, en una porción y porcentaje del negocio. En otras palabras los funcionarios se benefician con esta participación secreta. Empero, esta participación y distribución no queda ahí, pues la empresa adjudicada puede compensar esta “inversión” bajando sus costos, por lo tanto no cumpliendo plenamente con la calidad de los productos y de los resultados. Entonces la distribución de los beneficios no explicitados se expande y prolifera. De ese modo aparecen las ganancias extras para todos los comprometidos en estas relaciones y es esta red de complicidades mutuas.

 

Ciertamente frente a estos fenómenos, la institucionalidad y la normativa van a reaccionar, creando mecanismos de control, que buscan precisamente detectar estas perversiones y evitarlas. Esta maquinaria del control ha crecido monstruosamente produciendo más burocracia en la administración. Sin embargo, a pesar de la expansión de los controles, de la formación de sistemas de control, la corrupción siempre encuentra agujeros, intersticios, en las estructuras esponjosas de las instituciones. Lo increíble es que precisamente estos espacios de redes, relaciones y estructuras perversas son las que mejor se adecuan y manejan las normas y los sistemas de control, de tal manera que terminan administrando eficientemente las ilegalidades.

 

¿Pero qué clase de relaciones son las relaciones de corrupción? ¿Qué corrompen? ¿Otras relaciones? ¿Son como el óxido que altera una composición? ¿Usa otras relaciones paralelas para redirigir el sentido de las relaciones establecidas formalmente, la dirección de las mismas? ¿Qué ocurre con las personas que entran en estos juegos? ¿Se corroe el carácter[5]? El tema obviamente no es fácil. Se lo ha abordado de distintas maneras, haciendo hincapié en las normas, en la transgresión de la normas, también se ha remarcado el tema moral, resaltando la transgresión moral. ¿Estos serán los referentes, los ejes a partir de los cuales debemos entender la corrupción? Por todos los esfuerzos que se han hecho para explicar este fenómeno desde estos ángulos, viendo sus resultados, también su incorporación a las luchas contra la corrupción, que son un rotundo fracaso, vemos que no parecen ser éstas las perspectivas apropiadas. Por eso preferimos abordar el ámbito de relaciones de corrupción desde la perspectiva de las relaciones de poder; este ámbito de relaciones paralelas corresponde a una de las formas de relaciones de poder; se trata de la forma ligada al uso de las fuerzas, de las relaciones de fuerzas, en sentido de la corrosión misma de las relaciones establecidas, la desintegración institucional, aunque la misma corrupción puede llegar a institucionalizarse en una sociedad, así como en un Estado. También podemos introducir el concepto de flexibilización, pero en este caso sería de flexibilización y manipulación de las prácticas de administración normativa. Parece que algo común en el tema de la corrupción es la desviación de un bien en el sentido de beneficio privado. Este enriquecimiento velado, oculto, parece ser uno de los resultados compartidos en las distintas formas de corrupción. ¿Pero, por qué decimos que es una relación de poder?

 

Porque ejerce dominio, afecta, incide, en los comportamientos y conductas; provoca decisiones, altera reglas, regulaciones, transacciones; influencia al margen de las reglas establecidas. En la medida que una sociedad y un Estado se hallan comprometidos por la extensión de estas redes, pueden las relaciones de poder de la corrupción ser determinantes en el desenvolvimiento político y en las políticas públicas. En este caso, se hace inútil un análisis político clásico, cuando de lo que se trata es develar estas relaciones de poder y lograr entrever sus formas de funcionamiento y el alcance de sus condicionamientos y determinaciones. Al respecto, quizás se han venido embrollando y sofisticando estas relaciones en la medida que las relaciones sociales del mismo funcionamiento del sistema capitalista se han venido complejizando, así como la normativa de los controles administrativos. Ya no se pueden descartar el análisis de las relaciones de corrupción del ámbito y el circuito de las finanzas, tampoco del complejo ámbito de relaciones empresariales; sobre todo cuando se trata de grandes empresas, a las que conocemos como empresas trasnacionales. En relación al análisis político, podemos decir que lo que sí parece mantenerse como herencia del análisis es la vinculación de la corrupción y los gobiernos; este diagnóstico parece haberse constatado desde tiempos remotos, parece que enfrentamos un fenómeno ineludible, sobre todo en la medida que se usó el ejercicio de gobierno para el enriquecimiento propio. Claro que también hay otras formas de corrupción, desprendidas en lugares de relaciones más cotidianas, relaciones con la policía, relaciones con los abogados, relaciones con los administradores, relaciones de los funcionarios, con la administración misma, también relaciones de los funcionarios con los usuarios, tomados como clientes. Empero, vamos a tratar de concentrarnos en aquellas formas que afectan a un Estado y a un gobierno.

 

Podemos anotar como curiosidad que algunos estudios, no necesariamente sobre la corrupción, lancen la hipótesis de que, en el continente americano, el nacimiento de lo que podríamos llamar una violencia y una perversión en las relaciones, se remonte hasta la conquista y la colonia. Uno de esos autores es el conocido investigador Dominique Temple quien en su libro Teoría de la reciprocidad[6] dice que el encuentro entre el mundo de las reciprocidades indígena y el mundo del intercambio de los conquistadores, éstos pervierten las relaciones de reciprocidad, se sirven de ellas, no devuelven el don, y se aprovechan individualmente de los regalos. Otro autor soy yo mismo que en Genealogía del poder[7] planteé la hipótesis de que los españoles deforman las instituciones precolombinas, donde se asientan, usándolas en sentido privado. En un estudio específico sobre la corrupción, el investigador Edmundo Gonzáles Llaca en su libro Corrupción, patología colectiva[8], también se remonta a la colonia para hacer una historia de la corrupción. No sé si se puede sostener esta hipótesis compartida, sobre todo cuando tenemos como una genealogía de la corrupción, una historia de la corrupción que combina formas y estructuras de prácticas perversas dependiendo de etapas, periodos y contextos dados. Tampoco es fácil sostener este momento des-constitutivo y constitutivo civilizatorio, este acontecimiento de conquista y de violencia colonial, como el del origen de la corrupción. Empero, lo que interesa de estas interpretaciones es la vinculación de la corrupción con las transferencias públicas, que entonces pueden ser, mas bien, comunitarias, al beneficio privado. Vamos a quedarnos con esta característica sin pretender hacer un diagrama de la corrupción en tiempos de la conquista y en los periodos de la colonia. Lo que interesa es tratar de entender las formas de la corrupción y su efecto corrosivo en los estados modernos, sobre todo los Estado-nación subalternos contemporáneos.

 

Hay que tener en cuenta que no sólo se trata de relaciones sino también de percepciones; para comprender las significaciones inherentes a estas relaciones, debemos incursionar en la experiencia de las  percepciones que decodifican esas relaciones. De lo que se trata es de discernir también de qué modo las percepciones asumen el problema. Tal parece que la decodificación, por lo tanto, la significación del problema, no es el mismo en distintos periodos. Por lo menos podemos distinguir dos grandes etapas en lo que corresponde a la historia de los Estado-nación; una primera, que tiene que ver con un tratamiento más nacional del problema; una segunda, que tiene que ver con un tratamiento más bien internacional de la problemática. En la primera etapa, el problema tiende a decodificarse a partir de códigos morales, de valores, también de normas, de leyes, de códigos jurídicos y clasificación de delitos, así como, en consecuencia, de llamados a la responsabilidad funcionaria y ciudadana. En cambio, en la segunda etapa, cuando se convierte en una preocupación de organismos internacionales y de conferencias mundiales, la decodificación del problema se hace a través de una innovada perspectiva, que introduce términos como transparencia, eficiencia y competitividad, asignación de recursos y uso eficiente de los mismos. Claro que no se puede reducir el saber de la corrupción a los mapas de estos términos, pues el mapa de las percepciones es más complejo, dependiendo de las mismas formas de las relaciones corrosivas y corruptas, dependiendo los contextos donde ocurren. Lo que importa es identificar dos ámbitos discursivos sobre la problemática de la corrupción, uno más nacional y otro internacional, dado este último en una etapa de fuerte globalización e injerencia de los organismos internacionales. Este ya es un primer paso de distinción.

 

Por otra parte, hay que introducir, cuando hablamos de percepciones, otras perspectivas, de estratos o grupos que no ven con malos ojos estas relaciones que llamamos de corrupción; pueden incluso considerarlas como “naturales”, pues terminan como institucionalizándose; otros las ven como procedimientos que hay que utilizar y aprovechar para conseguir determinados objetivos y fines. En el caso de las percepciones de organismos internacionales, si bien se preocupan por lograr la disminución de la corrupción en los países afectados, lograr niveles de transparencia y eficacia en el uso de los recursos, hay formas corrosivas que son toleradas o no se encuentran clasificadas de este modo; es decir, como formas de corrupción; éste es el caso de las especulaciones monetarias del sistema financiero internacional. Por lo tanto, cuando se habla de corrupción se lo hace desde marcos formales establecidos, que corresponden a las normas morales y administrativas, que incumben a las exigencias de transparencia y eficacia. También se puede hablar de estos temas desde la academia, en lo que atañe a los proyectos de investigación. Sin embargo, no hay que olvidar que todos estos espacios citados no son los únicos que intervienen en los imaginarios y representaciones de estas relaciones problemáticas  en cuestión.

 

Tesis sobre la corrupción

Podemos definir tres niveles de desplazamiento en relación a este acontecer; un primer nivel o plano, tiene que ver con las prácticas; un segundo nivel, tiene que ver con las percepciones; un tercer nivel, tiene que ver con un cierto saber sobre el tema, sobre la corrupción. Se trata de un saber administrativo estrechamente vinculado a las preocupaciones de los organismos internacionales y transferido a los estados. Se tiene un conocimiento sobre las prácticas, los alcances, los efectos de la corrupción, sobre todo cuando se trata de la relación entre asignación de recursos y su manejo, sus desviaciones, sus consecuencias, que se reflejan en los magros resultados de los proyectos, también en el enriquecimiento ilícito de funcionarios y privados. Este saber se aplica en la normativa, se conforma un sistema de control, llamado institucionalmente Contraloría, conectada a los departamentos y unidades de auditoria de las instituciones, también a algún ministerio encargado de la lucha contra la corrupción. Obviamente el sistema de control también se halla conectado o articulado al sistema judicial, sobre todo para lograr las penas en relación a los delitos.

 

En el plano de las prácticas encontramos el despliegue y el recorrido de las fuerzas; es donde se dibujan los mapas de estos circuitos. Cómo opuestos a estos mapas de la corrupción se conforman e instalan dispositivos normativos e institucionales de control y lucha contra la corrupción. La relación entre estos mapas y los diagramas institucionales no siempre es de confrontación, de litigio, sino que también se dan adecuaciones cómplices entre ambas cartografías, la de los mapas de la corrupción y la de la geografía de las instituciones. El saber sobre la corrupción ha abandonado las interpretaciones tempranas del mal, de la alteración del equilibrio moral, de la ausencia de ética, incluso del uso de la violencia política; estos temas han quedado como patrimonios incidentes en los análisis políticos. El saber sobre la corrupción prefiere estructurar su arsenal conceptual a partir de los esquemas administrativos, económicos y de gestión pública. Se trata de transgresión de normas; se trata de normas administrativas ligadas a la gestión pública, evaluadas desde la perspectiva de la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión, de acuerdo a la valoración de los resultados.

 

Ciertamente entran en las consideraciones preocupaciones sobre los efectos nocivos de la corrupción en las sociedades y en la desintegración de las instituciones, consideraciones sobre la vinculación de la corrupción con la proliferación de otros delitos, sobre todo los que tienen que ver con los mercados ilícitos del narcotráfico y otros tráficos altamente peligrosos, como el tráfico de armas. Consideraciones que tienen que ver, en conjunto, con la toma de conciencia de que se trata de un problema internacional; por consiguiente, es una responsabilidad de los estados el actuar. En todo caso, el enfoque es básicamente administrativo y de gestión pública, aunque también introduce nuevas definiciones para la tipificación del delito.

 

En el plano de las percepciones nos encontramos con una variedad grande de interpretaciones; dejaremos a un lado las percepciones académicas, también las percepciones oficiales, que de alguna manera se recogen en el saber sobre la corrupción. Nos concentraremos en algunas representaciones populares sobre el tema; estas percepciones son sugerentes pues derivan de las experiencias prácticas de la gente. Una de las percepciones más comunes es la que asocia la corrupción con la política, con la función de los políticos, con la comprensión de que el gobierno es una especie de botín. Los políticos pelean por el poder precisamente para hacerse ricos. Se toma esta apreciación con mucha espontaneidad, con aire natural, haciendo entender que así funcionan las cosas. Unos se hacen ricos como empresarios, otros se hacen ricos como políticos, en tanto que la mayoría padece la historia. Llama la atención esta representación popular pues no se inscribe en la condena moral, tampoco supone la maldad congénita de la humanidad, sino que asume un punto de vista práctico, cotidiano. Eso es lo que ocurre. También llama la atención su espontánea aceptación, pues se expresa, en esta interpretación, que se trata como de una fatalidad, de la que no se puede escapar, no se puede cambiar las cosas. Así funcionan. Para conseguir algo tienes que tener un padrino, para agilizar un trámite tienes que invertir en la coima; todo se mueve con dinero, con padrinos, con relaciones. Podríamos decir que en esta representación de la corrupción se reconoce a la clientela, a la red clientelar del poder. Se trata de una sociedad chantajeada por los poderosos, los que tienen el control del gobierno o del dinero. En esta representación popular se expresa más objetividad que la que podemos hallar en el saber de la corrupción; quizás esto se deba a que se eleva desde la experiencia cotidiana un cuadro, el cuadro de la corrupción. Nos muestra la escena del drama; están los clientes que padecen el peso de esta relación, están los que controlan los hilos del poder y los circuitos del dinero, están clasificados los espacios de los distintos procedimientos de la corrupción; sobre todo, se dibuja una realidad oculta a los ojos, que, sin embargo, es una realidad efectiva, que condiciona el funcionamiento de los ámbitos de mediación entre sociedad y Estado.

 

Entre la variedad de percepciones, que no podemos comentar en este ensayo, hay otra que también es sintomática. Se entiende como audacia la práctica paralela de cohecho; es vivo el que logra hacerse rico y tonto el que no lo hace, teniendo la oportunidad. En esta representación hay como una aprobación inmediata de la corrupción. Cuando te toque el turno, tienes que hacerlo, sino quedas como tonto. Ya no se trata de decir, como antes, de que así funcionan las cosas, sino de que hay que hacer que sigan funcionando así. En un mundo de bandidos la gente se divide entre vivos y tontos. La lucha por la vida te obliga ejercer también las prácticas que dan resultados, que logran objetivos, sin necesidad de grandes sacrificios. En esta representación no sólo se observa una concepción de mundo, éste es violento y hay que luchar e imponerse; ya no se trata sólo de clientelismo sino de complicidad. Podemos entonces distinguir circuitos clientelares y redes de complicidad, aunque éstos se crucen.

En lo que respecta a la variedad de percepciones populares sobre la corrupción, también hay representaciones condenatorias e interpeladoras de la corrupción. Una de las interpretaciones más sugerentes, por su contenido crítico, es la que comprende que el mundo esta mal, la sociedad funciona mal, la política es un desastre, el gobierno no gobierna, debido a que las cosas funcionan como funcionan, atravesadas por la corrupción. Los culpables de la miseria del pueblo son los corruptos. En esta apreciación se muestra el desacuerdo de que las cosas sigan como están, se expresa la voluntad de que hay que cambiar el mundo. Aunque también comparte con el criterio de que si se acaba con los corruptos acaba el problema, así como de lo que se trata es de que personas honestas entren al gobierno. Como se puede ver, se comparten códigos morales en estas representaciones.

 

Sectores populares más politizados expresan interpretaciones más elaboradas, conciben, por ejemplo, una relación intrínseca entre corrupción, capitalismo y gobierno. Esta representación comprende que la lucha contra la corrupción es también una lucha contra el capitalismo y el mal gobierno. Se observa en esta interpretación ya un trabajo militante en las organizaciones sociales, sobre todo en los sindicatos y organizaciones indígenas. Esta crítica de la corrupción nos muestra, a diferencia de las otras interpretaciones y representaciones, una realidad más compleja, partiendo de las propias causas de la corrupción, llegando a un alcance y una expansión de la problemática mucho más aguda. Lo que dice esta representación es que el fenómeno de la corrupción no es ajeno a los fenómenos económicos, sociales y políticos que articulan la sociedad y el Estado. Una consecuencia que se puede sacar de esta crítica es que la lucha contra la corrupción es integral, tiene que ver con transformaciones en el orden económico, en el orden social y en el orden político.

 

Ahora tocando el plano del saber sobre la corrupción, la adquisición de la información, la decodificación de la misma, el análisis de los datos, los cuadros y las descripciones, la enunciación de teorías sobre el fenómeno mismo, han focalizado su trabajo de investigación en los espacios administrativos y de gestión del aparato público, en sus formas de funcionamiento, en sus normas, en la administración de sus normas, en el cumplimiento de los proyectos. Así como también en la tipificación de los delitos, en la conceptualización de las intervenciones administrativas en contra de los actos de corrupción, en las medidas administrativas y judiciales. También en el perfil de los funcionarios, en las normas de contratación de personal, así mismo en las normas de contratación de bienes y servicios. La transparencia es un concepto que aparece como opuesto al concepto de la corrupción, se asocia al acceso a la información y a la participación.

 

Se puede ver claramente que se trata de un saber técnico, un saber basado en el conocimiento de los procedimientos, las normas y la administración de la gestión pública. Se trata también de un saber técnico encaminado a construir instrumentos de corrección que ataquen a la disfuncionalidades del sistema. Empero también se trata de un saber restringido y circunscrito, restringido a los especialistas y circunscrito a un área; se trata también de un saber que no se ocupa de otros espacios condicionantes del mismo fenómeno de la corrupción, sólo se restringe al estudio del fenómeno en los espacios del aparato público. Por ejemplo, no se ocupa de investigar, decodificar, analizar y teorizar las prácticas y procedimientos de las empresas trasnacionales, de los monopolios y oligopolios, así como del sistema financiero internacional. Quizás éste es el espacio de condicionantes y determinantes más fuerte y más grande, que tiene efectos más desbastadores en los estados y gobiernos. Por lo tanto, se trata de un saber que oculta esta parte del problema.

 

El nivel más grande y complicado del fenómeno de la corrupción se encuentra en estos espacios y escenarios por donde se mueven, expanden y se instalan las empresas trasnacionales. El efecto más destructivo de lo que podemos considerar los derechos económicos de los ciudadanos viene del sistema financiero, de las especulaciones financieras, de las burbujas financieras, de la administración y diferimiento de la crisis por procedimientos financieros. Estos grandes escenarios de desencadenamientos fabulosos de movimientos de capital, escenarios de grandes sobornos y estafas, así como de escándalos financieros, no son estudiados ni atendidos ni siquiera como parte de la problemática, siendo ya el núcleo gravitante de la nebulosa.

 

 

Raúl Prada Alcoreza nos plantea, a continuación, "que la consecuencia del despliegue del ciclo del capitalismo, que avanza desde el dominio comercial hasta el dominio financiero, pasando por el dominio industrial, no sólo coloca al capital financiero en la cúspide estructurada de la acumulación ampliada de capital, sino que genera una distorsión descomunal a partir de la  «economía política del chantaje». Si antes se podía considerar a la economía política como una de las condicionantes fuertes de las formaciones económico-sociales modernas, ahora se ha producido como un repliegue en este campo de la economía política, se ha formado un núcleo gravitante que distorsiona el mismo desplazamiento de las relaciones económicas; este núcleo de la distorsión es lo que llamamos la «economía política del chantaje». Se trata de una economía basada en las coerciones múltiples, en las polimorfas formas de la manipulación, en proliferantes procedimientos de corrupción, cuyo objeto son las ganancias extraordinarias basadas en la especulación, en la trampa, en el saboteo, en el engaño, en el desfalco, en el arreglo y la transacción con los gobiernos".

 

 

Por lo tanto, como se puede evaluar, estamos ante cartografías del poder que han logrado cambiar la composición de las formaciones económicas y políticas. Ocurre que la consecuencia del despliegue del ciclo del capitalismo, que avanza desde el dominio comercial hasta el dominio financiero, pasando por el dominio industrial, no sólo coloca al capital financiero en la cúspide estructurada de la acumulación ampliada de capital, sino que genera una distorsión descomunal a partir de la  «economía política del chantaje». Si antes se podía considerar a la economía política como una de las condicionantes fuertes de las formaciones económico-sociales modernas, ahora se ha producido como un repliegue en este campo de la economía política, se ha formado un núcleo gravitante que distorsiona el mismo desplazamiento de las relaciones económicas; este núcleo de la distorsión es lo que llamamos la «economía política del chantaje». Se trata de una economía basada en las coerciones múltiples, en las polimorfas formas de la manipulación, en proliferantes procedimientos de corrupción, cuyo objeto son las ganancias extraordinarias basadas en la especulación, en la trampa, en el saboteo, en el engaño, en el desfalco, en el arreglo y la transacción con los gobiernos. El alcance de esta «economía política del chantaje» va lejos, adquiere también distintas formas, conectándolas. Por ejemplo, el alcance llega a los circuitos de tráficos y de contrabandos, conllevando las consecuencias de los famosos lavados de dinero. Ya no se trata solamente de lograr la ganancia típicamente capitalista, sino de forzar ganancias extraordinarias sobre la base de las especulaciones y transacciones dolosas. Claro que todo esto ocurre sobre la misma medida del excedente, sobre el mismo volumen de plusvalor; no añaden nada, ningún nuevo valor. Se inflama la cuantificación de manera especulativa, transfiriendo los costos a los ciudadanos, a los usuarios, a los consumidores, a los trabajadores, a los prestamistas, a los que usan los créditos, a los países periféricos.

Entonces el diagrama de poder de la corrupción no puede ser leído desde códigos morales, no es un problema del mal. No hay un mal congénito en el ser humano, como suponía Thomas Hobbes. No se trata de inclinaciones perversas de las personas; no hay mal, salvo en la cabeza de los moralistas. Por lo tanto, tampoco se resuelve ningún problema con castigar, vigilar, penalizar. Tampoco se trata de extender el ámbito de la clasificación de los delitos a las identificaciones de las formas de corrupción, introducir esta taxonomía en el sistema jurídico. No se resuelve el problema por medio de la complejización del sistema del control administrativo, acompañada por la aprobación de normas especiales. La recurrencia del fenómeno va reaparecer nuevamente, persistentemente, atravesando los poros de todos estos mecanismos. La fenomenología de la corrupción tiene que ver con ámbitos de relaciones configurados a partir de la «economía política del chantaje»; su mapa de fuerzas, su cartografía de poder, no se destruye con los procedimientos antes mencionados; incluso puede ocurrir que sean contaminados. Al tratarse de ámbitos de relaciones particulares, de estructuras de poder privativos, se requiere atacar el problema a partir del cambio de las composiciones, no solamente de este ámbito de relaciones, sino de todos los espacios de relaciones que entran en contacto con la fenomenología en cuestión. Se trata de la transformación de las composiciones mismas de las relaciones.

 

 

Raúl Prada Alcoreza nos ubica que  la corrupción central está en las relaciones de los capitales imperialistas con los gobiernos y en el sistema de la deuda eterna que "pone al descubierto el papel dominante del sistema financiero internacional y su función usurera en el proceso de acumulación ampliada de capital".

 

 

Un cuadro de la corrupción:

Espacios de relaciones entre el sistema financiero internacional,

las empresas trasnacionales y los gobiernos

La crisis de la deuda externa infinita y eterna de los estados periféricos respecto al sistema financiero internacional ha develado los nuevos procedimientos de sometimiento de los centros del sistema-mundo capitalista sobre la multifacética periferia del sistema-mundo. Una deuda impagable, que a través del cálculo de amortizaciones e intereses, sobre todo de éstos últimos, la deuda crece tanto que deja atrás los montos de los préstamos de los países. La inversión financiera ha resultado un negocio más jugoso que la inversión de capitales en la producción. Esta deuda infinita y eterna puso al borde del precipicio a los estados deudores; sobre todo, puso al descubierto el papel dominante del sistema financiero internacional y su función usurera en el proceso de acumulación ampliada de capital.

 

Ahora, en el desenlace de la crisis estructural del capitalismo, aparece peligrosamente en toda su magnitud el dominio del sistema financiero internacional, incluyendo a Europa, donde se ha desatado la crisis financiera en forma alarmante, atentando contra los países y sus poblaciones de la llamada “periferia” europea; también la crisis financiera ha abrazado a Estados Unidos de Norte América, donde la crisis mobiliaria ha mostrado patentemente la transferencia de la carga de la deuda a los sectores medios, endeudados hasta el cogote, viéndose obligados a abandonar sus residencias impagables. La República Popular de China ha tenido que comprar parte de la deuda estadounidense para que ese país no se vaya al abismo. La intensidad de esta crisis podemos constatarla en el dramatismo inherente a las expresiones vertidas en la carta de dos patriotas griegos, Mikis Theodorakis y Manolis Glezos, que a continuación transcribimos:

 

“En tiempos antiguos, la condonación por Solón de las deudas que obligaban a los pobres a ser esclavos de los ricos –la llamada reforma Seisachtheia, sentó las bases para la aparición, en la antigua Grecia, de las ideas de democracia, ciudadanía, política y Europa: los fundamentos de la cultura europea y mundial.

 

Luchando contra la clase de la riqueza, los ciudadanos de Atenas señalaron el camino para la constitución de Pericles y la filosofía política de Protágoras, quien dijo: «El hombre está muy por encima de todo el dinero»

Hoy en día, los ricos están tratando de tomarse la venganza en la mentalidad humana: «Los mercados están muy por encima de todos los hombres» es el lema que nuestros líderes políticos abrazan gustosamente, aliados al demonio dinero como nuevos Faustos.

Un puñado de bancos internacionales, agencias de información, fondos de inversión, en una concentración mundial del capital financiero sin precedentes históricos, reivindican el poder en Europa y en todo el mundo y preparan la abolición de nuestros estados y nuestra democracia, con el arma de la deuda, para esclavizar a la población de Europa, poniendo en el lugar de las imperfectas democracias que tenemos la dictadura del dinero y la banca, el poder del imperio totalitario de la globalización, cuyo centro político está fuera de la Europa continental a pesar de la presencia de poderosos bancos europeos en el corazón del imperio.

Comenzaron con Grecia, utilizada como conejillo de indias para trasladarse a otros países de la periferia europea, y poco a poco hacia el centro. La esperanza de algunos países europeos para escapar eventualmente de la crisis demuestra que los líderes europeos se enfrentan a un nuevo «fascismo financiero», no haciéndolo mejor que cuando se enfrentaron a la amenaza de Hitler en el período de entreguerras.

No es una casualidad que una gran parte de los medios de comunicación controlados por el banco se trate a los países de la periferia de Europa como ‘cerdos – pigs’  y su campaña mediática, sádica y racista, vaya teñida de desprecio. Sus medios de comunicación no se dirigen sólo contra los griegos, sino también contra la herencia griega y la antigua civilización griega. Esta opción muestra los objetivos profundos y ocultos de la ideología y de los valores del capital financiero, promotor de un capitalismo de destrucción.

El intento de los medios de comunicación alemanes de humillar símbolos, como la Acrópolis o la Venus de Milo, monumentos que fueron respetados incluso por los oficiales de Hitler, no es sino una expresión del profundo desprecio de los banqueros que controlan los medios de comunicación, ya no tanto contra los griegos, sino sobretodo contra las ideas de libertad y democracia que nacieron en este país.

El monstruo financiero ha producido cuatro décadas de exención de impuestos para el capital, todo tipo de «liberalización del mercado”, una desregulación amplia, la abolición de todas las barreras a los flujos financieros y las especulaciones, los constantes ataques contra el Estado, la compra de partidos y medios de comunicación, la apropiación del excedente por un puñado de vampiros: los bancos mundiales de Wall Street. Ahora bien, este monstruo, un verdadero «Estado tras los Estados», parece preparado para asestar un «golpe de Estado permanente» financiero y político, y para más de cuatro décadas.

Frente al ataque, las fuerzas políticas de la derecha política y la socialdemocracia parecen comprometidas después de décadas de entreguismo al capitalismo financiero, cuyos centros más grandes están fuera de Europa. Por otro lado, los sindicatos y los movimientos sociales aún no están lo suficientemente fuertes como para bloquear el ataque de manera decisiva como lo hicieron muchas veces en el pasado. El nuevo totalitarismo financiero busca aprovechar esta situación para imponer condiciones irreversibles en toda Europa.

Hoy, es tan necesario como urgente la coordinación inmediata y transfronteriza de los intelectuales, las gentes de las artes y las letras, los movimientos espontáneos, las fuerzas sociales y las personalidades que comprenden la importancia del reto; necesitamos crear un frente de resistencia potente contra «el imperio totalitario de la mundialización» que está en marcha, antes de que sea demasiado tarde.

Europa sólo puede sobrevivir si presenta una respuesta unida contra los mercados, un reto mayor que el de ellos, un nuevo ‘New Deal’ europeo.

 

Debemos detener de inmediato el ataque contra Grecia y los otros países de la UE en la periferia, hay que poner fin a esta política irresponsable y criminal de austeridad y privatización, que condujo directamente a una crisis peor que la de 1929.

Las deudas públicas deben ser restructuradas de forma radical en la Eurozona, especialmente a expensas de los gigantes de la banca privada. Los bancos deben volver a ser evaluados y la financiación de la economía europea debe estar bajo control social, nacional y europeo. No es posible dejar la llave financiera de Europa en manos de los bancos, como Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank, etc.… Hay que prohibir los excesos incontrolados financieros que son la columna vertebral de capitalismo financiero destructivo y crear un verdadero desarrollo económico en lugar de ganancias especulativas.

La arquitectura actual, basada en el Tratado de Maastricht y las reglas de la OMC, ha instalado una máquina en Europa para fabricar deuda. Necesitamos un cambio radical de todos los tratados, la sumisión del BCE al control político de la población europea, una ‘regla de oro’  para un mínimo del nivel social, fiscal y medioambiental de Europa. Necesitamos urgentemente un cambio de paradigma, un retorno al estímulo de crecimiento a través de la demanda de nuevos programas de inversión europeos, las nuevas regulaciones, los impuestos y el control del capital internacional e instalación de flujos, una nueva forma de proteccionismo suave y razonable en una Europa independiente sería protagonista en la lucha por un mundo multipolar, democrático, ecológico y social.

Llamamos a las fuerzas y personas que comparten estas ideas a convergir en un amplio frente de acción europea lo antes posible, para producir un programa de transición de Europa, para coordinar nuestra acción internacional, con el fin de movilizar a las fuerzas del movimiento popular, para revertir el actual equilibrio de fuerzas y derrotar a los líderes actuales históricamente irresponsables de nuestros países, con el fin de salvar a nuestro pueblo y a nuestra sociedad antes de que sea demasiado tarde para Europa[9].”

 

La carta es intensa y sincera, clara como el agua pura, esa es la situación en Europa; pero, también podríamos decir que se trata de una descripción de lo que pasa en el mundo, claro que comprendiendo las diferencias regionales, así como las diferencias entre la periferia europea y las periferias del sistema-mundo capitalista, de la que posiblemente ya forme parte esta periferia europea. También comprendiendo la relación distinta con otros bancos y otras políticas del sistema financiero internacional, incluyendo a los bancos de la cooperación internacional. En todo caso, en esencia, la estrategia del sistema financiero internacional es la misma, descargar la avidez de sobre-ganancias especulativas en la gente, en la masa de los deudores; descargar la crisis financiera, de la que la burguesía internacional es culpable, sobre las espaldas de las grandes poblaciones y pueblos del mundo.

 

 

Raúl Prada Alcoreza nos alerta cómo el capitalismo va contra los pueblos planetarios y cómo no basta derrotar a Macri:

 

 

Lo que queda claro en la carta es también el carácter especulativo del sistema financiero internacional; su intervención en términos monetarios ha descartado las inversiones en la producción, en la transformación productiva, que requiere tasas de retorno a largo plazo; prefiere el retorno en el corto plazo, por eso apuesta a la especulación financiera, a la inversión de capital en el sentido quimérico. La Unión Europea ha optado por una concepción neoliberal y monetarista en lo que respecta a la unión económica, a la unión de la moneda y a la unión política. En principio los países que se integraron a la Unión Europea tuvieron que ajustar sus economías y lograr los equilibrios macroeconómicos que exigían las políticas de integración, después parecían beneficiarse con grandes préstamos y compromisos financiaros, creando burbujas financieras y la ilusión del consumo ilimitado, debido al crédito y a los instrumento de crédito computarizados; sin embargo, esta ilusión ocultaba un costo alto a pagar por las grandes poblaciones de deudores, así también por los estados comprometidos con las políticas monetaristas orientadas al macro-equilibrio económico. Países enteros, sus poblaciones, sus estados, se convirtieron en rehenes de los grandes bancos, prisioneros del sistema financiero internacional, no solamente europeo, dada la globalización de la economía, sobre todo del sistema financiero mundial. El círculo vicioso de este sistema de endeudamiento es que una vez que se entra en crisis, para salir de la crisis se requiere endeudarse más, obtener préstamos para equilibrar las balanzas, los flujos de caja, para bajar el déficit. Ahora bien, estos financiamientos de “salvación” de las economías de los países en crisis exigen austeridad y descargar el peso de la crisis en la participación pública en la educación, la salud, la jubilación y otros rubros de atención; requiere que se bajen los sueldos y salarios, obviamente de la población trabajadora, no así de los ingresos de los grandes jerarcas del poder y de la economía.

 

Estos problemas de la crisis financiera se reflejan notoriamente en los índices alarmantes de desocupación, de la inflación, de la disminución del poder adquisitivo, en las restricciones en la educación y la salud, además en las formas de suspensión relativas de la jubilación, aumentando los años, utilizando los fondos de los jubilados en inversiones, haciendo depender la sostenibilidad de sus pagos de estos negocios.

La crisis europea y la crisis estadounidense son parte de la crisis estructural del capitalismo, del ciclo del capitalismo vigente, crisis expresada en la intensidad de la crisis financiera. Esta crisis irradia a las periferiasdel sistema-mundo, se expresa en ellas, con distintos ritmos y profundidad, dependiendo el nivel de involucramiento de los países en el sistema financiero internacional; esta crisis también se expresa como crisis política. Los estados no terminan de resolver problemas de legitimidad; para lograr avanzar en el tratamiento de estos problemas y la consecución de sus soluciones no es suficiente, desde hace tiempo, el ritual periódico de las elecciones, ni la elocuencia estridente de la propaganda sobre el valor de las instituciones democráticas.

 

Se requiere de soluciones que vayan más allá de la democracia representativa, es menester la participación abierta de las poblaciones y su involucramiento en las tomas de decisiones; esto significa avanzar a las formas abiertas de democracia participativa. Resulta paradójico constatar la concentración del poder en élites políticas, justo cuando los medios de circulación de la información, del acceso de la información, de las posibilidades de participación, han dado un salto gigantesco. También se tienen que tener en cuenta las transformaciones del perfil de la población, con niveles de educación que superan a las de otros periodos de la modernidad, sobre todo en sus inicios. Esta contrastación denota una contradicción, un poder controlado por élites, cuando el potencial de las poblaciones ha crecido. Otra contradicción es la que señala la carta abierta de los patriotas griegos, que unos cuantos bancos, ciertamente poderosos, decidan la suerte y la vida de las poblaciones, por el hecho de estar endeudadas. La deuda es creación y estrategia del sistema financiero internacional, diseñado de tal manera con el objeto de lograr obtener super-ganancias especulativas, administrando y difiriendo la crisis del capitalismo. Estos bancos no tienen ningún control efectivo por parte de las poblaciones y los pueblos, por parte de los países y Estados. Son como un super-Estado independiente del mismo ejercicio democrático.

 

Este es el tema de fondo, la lógica financiera en su etapa dominante es una distorsión en el mismo funcionamiento económico, se convierte en un sistema coercitivo y especulativo, forma parte de lógicas perversas de circulación, incluso termina conectándose con otras lógicas perversas. El sistema financiero refuerza las lógicas paralelas de la «economía política del chantaje», empuja a las mismas empresas trasnacionales a optar por métodos que logren super-ganancias, métodos que ti.enen que ver con el despojamiento y la desposesión, apoyados por el monopolio tecnológico, el monopolio de los mercados y el monopolio financiero, sin hablar del monopolio militar de las armas de destrucción masiva. La recurrencia a la trasgresión de las normas ya forma parte de la historia de las empresas trasnacionales, así como el uso manipulador de las normas; también el control de las reservas y de los procesos técnicos de explotación y producción. Estas empresas trasnacionales, como gigantes monopólicos, terminan controlando regiones del mundo, incorporando a su expansivo control a los países y sus estados. Su gigantesco poder consigue comprometer a los gobiernos, incorpora a los gobernantes a sus circuitos de influencia, recurriendo a formas de corrosión y corrupción.

 

El manejo de las normas, de los convenios, de los contratos, de los contratos de operaciones y otros instrumentos múltiples de asociación, de coparticipación, de servicios, forma parte de su experimentada habilidad de usarlos y diseñarlos en su beneficio. Es difícil encontrar gobiernos que se resisten a este escamoteo; que lo hagan depende de varias condiciones, de su fortaleza normativa e institucional, de los sistemas de control, de la contraparte que pueden ofrecer, sobre todo técnica, de la cualidad de los gobernantes y funcionarios involucrados, de la claridad de las políticas públicas y de las políticas económicas, de la capacidad de custodia y control de los pueblos, lo que implica su capacidad de participación. Incluso a gobiernos progresistas, que en un principio intentan enfrentarse a estas estructuras de poder internacional, les resulta difícil durar en la resistencia a las redes de estas empresas y del sistema financiero internacional. Por eso, la lucha no puede dejar de ser popular y de una constante movilización general.

 

De lo que se trata es entender el funcionamiento del diagrama de poder de la corrupción; en relación a la construcción de este entendimiento, decimos que esta cartografía de poder tiene varios niveles, que los niveles fundamentales no se encuentran en la escala múltiple y micro de los ámbitos de mediación e intercambio entre sociedad y Estado, tampoco en los niveles del manejo de los recursos por parte de los funcionarios, aunque ya este nivel es de importancia y de incidencia, ni sólo a nivel gubernamental, aunque la cartografía de la corrupción ya tiene un impacto desbordante en la administración gubernamental misma; los niveles condicionantes y ordenadores del mapa se encuentran en las distorsiones que produce el sistema financiero internacional, el control y dominio de los oligopolios y los monopolios de las empresas trasnacionales. Este es el centro de distorsión de la economía política del chantaje.

Nadie dice que aquí empieza la corrupción, como hemos dicho, es una historia larga, de múltiples líneas en diferentes contextos históricos; lo que decimos es que, en el periodo de dominio del capital financiero, en la estructura del ciclo del capitalismo vigente, la composición de la cartografía del poder de la corrupción ha cambiado, colocando en su centro de distorsión de la economía-mundo capitalista al sistema financiero internacional y a los grandes monopolios internacionales que apuestan a la especulación y al despojamiento. Estos procedimientos no mejoran las condiciones de la economía mundial ni de los países, aunque sí mejoran el crecimiento de las arcas de la burguesía internacional, se da un crecimiento estadístico, que no cuenta ni incorpora los costos sociales y los costos ecológicos. Lo que hacen estos procedimientos es llenar los bolsillos de los grandes ricos, sin resolver la crisis del capitalismo; lo que se hace es diferir la crisis y descargarla en las mayorías de la población, ahondando la crisis económica y profundizando la crisis política.

 

El problema mayúsculo de este diagrama de poder de la corrupción es que el espacio de distorsión irradia a toda la economía, también a toda la sociedad, una vez que ya está comprometido el Estado y el gobierno. Entonces todo tiende a funcionar con la misma lógica, no se trata sólo de lograr ganancia, ya no se trata de la transformación productiva, por lo menos como preocupación técnica, comprendiendo los ciclos técnicos de desgaste de la maquinaria y tecnología incorporadas, pues esta maquinaria y tecnología termina obsoleta antes de que se cumpla su ciclo, sólo por la compulsión de la competencia; se trata de lograr las superganancias, la riqueza rápida.

 

 

Raúl Prada Alcoreza nos explica: "Como lo hacen Alain Denault, Delphine Abadie William Sacher en "Negro Canadá. Saqueo, corrupción y criminalidad en África", la economía extractivista está íntimamente relacionada con la corrupción[10]. Este conjunto de métodos, si podemos hablar así, y procedimientos paralelos, que coadyuvan notoriamente a la corrosión social, facilitando el acceso a concesiones, rutas directas, saltando trámites y normas o, en su caso, flexibilizándolas, logrando de este modo ganancias extraordinarias, por medio del incumplimiento de inversiones, tareas y responsabilidades, por lo menos como deberían ser, atendiendo a los acuerdos de los contratos, modelos de contratos, marcos legales nacionales e internacionales".

 

 

Cuadros de la corrupción

Vamos a hablar de cuadros en el sentido de paisajes humanos, escenarios, pinturas de eventos de estos mundos paralelos donde se practica la alteración de las normas y los procedimientos, donde se da lugar el enriquecimiento fácil y llamado ilícito. Cuadros también en el sentido de mapas y lugares de circuitos de estas relaciones que alteran y distorsionan   los funcionamientos económicos, también políticos y sociales. Estos lugares que aparecen como núcleos gravitacionales de estas distorsiones, de estos espacios que hemos llamado «economía política del chantaje». También vamos a identificar las materias y los objetos sobre los que trabajan y manipulan estas economías políticas del chantaje; materias y objetos que generalmente tienen que ver con las materias y los objetos de la economía extractivista, aunque no sólo, pues hay otros recursos, por así decirlo, que afectan, por ejemplo, a los servicios y otros rubros. Tampoco podemos olvidarnos en estos cuadros dibujar lo que hemos llamado economía política de la cocaína, que forma parte de la «economía política del chantaje», que incluso llega a ser un campo de fuerzas tan gravitante y tan irradiante que termina influenciando y afectando los otros espacios de estas economías paralelas.

 

Las materias y objetos de la corrupción

Como lo hacen Alain Denault, Delphine Abadie William Sacher en Negro Canadá. Saqueo, corrupción y criminalidad en África, la economía extractivista está íntimamente relacionada con la corrupción[10]. Este conjunto de métodos, si podemos hablar así, y procedimientos paralelos, que coadyuvan notoriamente a la corrosión social, facilitando el acceso a concesiones, rutas directas, saltando trámites y normas o, en su caso, flexibilizándolas, logrando de este modo ganancias extraordinarias, por medio del incumplimiento de inversiones, tareas y responsabilidades, por lo menos como deberían ser, atendiendo a los acuerdos de los contratos, modelos de contratos, marcos legales nacionales e internacionales. La corrupción entonces viene a ser parte de los mecanismos de explotación en las economías extractivistas. Entiéndase que las economías extractivistas no sólo funcionan en las periferias del sistema-mundo capitalista, sino que son parte intrínseca de la economía-mundo capitalista. Los centros, las semi-periferias y las periferias, comprendiendo que ya no hay nada externo al sistema-mundo capitalista, están íntimamente ligadas a las formas del extractivismo, pues la explotación de minerales, el requerimiento de energía y toda la gama recursos naturales, forman parte de las condiciones de posibilidad económica y técnica del modo de producción capitalista, de la economía-mundo capitalista y de las dinámicas de crecimiento y desarrollo del sistema-mundo capitalista. El extractivismo forma parte del despojamiento y de la desposesión de la acumulación originaria y de la acumulación ampliada de capital.

 

Desde la perspectiva general de las dinámicas capitalistas integradas, que tienen como núcleo de funcionamiento al modo de producción capitalista, los costos del extractivismo, es decir, los costos de las materias primas y de los recursos naturales, forman parte de las rentas, absolutas y diferenciales, pues las materias de explotación no son producto del trabajo sino son recursos de la naturaleza, aunque para sacarlos de la tierra se requiere trabajo. De alguna manera estos costos deben minimizarse en relación a los costos de producción, costos de la transformación productiva, relativos a la industrialización de las materias primas y los procesos de transformación tecnológicas. Hay pues una contradicción, como ha sido estudiada por los clásicos de la economía política, entre renta y ganancia, además de la contradicción intrínseca entre renta, ganancia y salario. Ahora bien, una tendencia para resolver esta contradicción ha sido la privatización, es decir, la apropiación privada de los yacimientos y de los recursos naturales. Empero, en la medida que el Estado se convierte en la condición y factor indispensable en el proceso de acumulación de capital, también participa en la renta de las materias primas y los recursos naturales; es más, en la medida que el Estado es el propietario nominal de los recursos naturales y de las materias primas entonces es la principal instancia en la participación de la renta de los recursos naturales, absoluta y diferencial. Esta situación coloca al Estado como persona jurídica y lo convierte en la institución que administra los circuitos de los recursos naturales y las materias primas en el contexto del flujo comercial, la división del mercado y del trabajo, además de colocar al Estado en el marco diseñado por el sistema financiero internacional y el mapa de los controles monopólicos de las grandes empresas trasnacionales. Se puede decir que el Estado vive de tributos, impuestos y de rentas de recursos naturales y materias primas, si es que no lo hace como directo administrador de empresas públicas, cuando estas son rentables. Entonces se entiende que el Estado se convierte en objeto de atención de las empresas privadas y las empresas trasnacionales, se convierte en campo de transacciones; también en espacio de manipulaciones por parte de las grandes empresas trasnacionales, el sistema financiero internacional, la cooperación internacional, los organismos internacionales, además de los Estado-nación del centro del sistema-mundo capitalista, hegemónicos y dominantes, a nivel mundial y a nivel regional.

 

El Estado forma parte de las condiciones de posibilidad históricas del capitalismo y es factor político e institucional indispensable en el proceso de acumulación de capital. Los flujos y recorridos comerciales, la movilidad en las estructuras sociales, la conversión de distintos estratos y clases sociales tradicionales en burgueses, sean estos nobles terratenientes o estratos ascendentes urbanos, ligados al comercio, también burócratas que adquirieron los puestos o asignados por el monarca; todos experimentaron la formación de esta clase ligada a la valorización dineraria, ya sea a través del comercio, de las finanzas, de la industria, de la capitalización de la tierra, del monopolio de los alimentos, del tráfico de minerales, sobre todo de metales preciosos. El Estado se convierte en una composición institucional que articula los flujos, circuitos, recorridos, producciones y finanzas que forman el complejo sistema capitalista. La relación con el Estado forma parte de la genealogía de la burguesía. Cuando se forman los Estado-nación este contexto de relaciones ya está consolidado.

 

Ahora bien, en la geografía y genealogía del sistema-mundo capitalista, dependiendo la ubicación y localización de los estados, se plantean diferencias cuantitativas y cualitativas en este ámbito de relaciones. Particularmente en los Estado-nación subalternos de la geografía inmensa de las periferias del sistema-mundo capitalista, estas instituciones son objeto de manipulaciones, transacciones y relaciones que podemos calificar como coloniales. Para las empresas trasnacionales, monopolios y oligopolios, los Estado-nación subalternos de las periferias son vulnerables y susceptibles de chantajes y corrupción. Se dice que en todas partes del mundo los hombres de Estado tienen precio; donde se cotizan más bajo es en los Estado-nación subalternos de las periferias; sobre todo, se dan las corrosiones más retorcidas en los países más pobres y vulnerables. De ninguna manera se puede decir que hay Estado-nación que se salvan de esta fenomenología de la corrupción, ni en los centros, ni en las periferias, ni en las semi-periferias; todos los estados la sufren. La diferencia está entre el trato con unos u otros estados, en el carácter sofisticado de la manipulación o, en su caso, en el carácter, mas bien, torpe de la maniobra; también la diferencia se da en las cantidades que se juegan, en el tamaño de los costos de operación, en unos y otros lugares. Como se puede ver, el Estado es también objeto de estas ocupaciones, de estas incursiones, de estas intervenciones, de estos recorridos opacos y paralelos de la economía política del chantaje. (...)

 

 

Raúl Prada Alcoreza termina Desenlaces refiriéndose a la lucha contra la corrupción:

 

 

(...)La supuesta “crítica” de la “oposición”, incluso de la “izquierda” radical, incluyendo a las “almas buenas”, se ha circunscrito y concentrado en la denuncia, que, a pesar de ayudar a develar los síntomas de la decadencia, no deja de ser u señalamiento puntual, no deja de ser una descripción de hechos dolosos. Esta “crítica” reductiva, circunscrita en la denuncia y en los códigos morales, “crítica” que, muchas veces se parece a la diatriba, pone en la mesa las cartas onerosas del gobierno; ante estas denuncias el gobierno ha montado el mismo paquete argumentativo, de defensa, de justificación y de ataque. Dice: se trata de estrategias difamadoras de la “derecha” derrotada, herida mortalmente, estrategias, consideradas conspirativas y apoyadas por el “imperialismo”. Las denuncias del momento, que tienen que ver con el circuito de influencias y de contratos insostenibles con una única empresa china, que se adjudica los mega-proyectos, por licitación directa, son respondidas con el mismo paquete montado, aunque ya desgastado y ya poco creíble; ahora, se trata de la “guerra sucia” de la “derecha”. Olvidando y queriendo hacer olvidar, mareando la perdiz, como se dice popularmente, que los contratos están ahí, firmados por el gobierno, contratos que vulneran las propias normas de contratación de bienes y servicios, aprobadas por el propio gobierno y el Congreso. No hay donde perderse; sin embargo, el gobierno, el MAS, la “oposición” y el Congreso, se pierden al buscar indicios del “circuito de influencias”, cuando los contratos están ahí, mostrando toda su evidencia.

Sin embargo, como dijimos, la denuncia no explica el decurso tomado por el “proceso de cambio”, no comprende la dinámica y mecánica de las fuerzas concurrentes, del campo de la correlación de fuerzas, que empujó a este decurso y a sus desenlaces. Si se quiere salir del círculo vicioso del poder, es menester comprender estas dinámicas y mecánicas de las fuerzas inherentes. Ahora bien, si se quiere sólo resolver el desborde escandaloso de los hechos de corrupción denunciados, restaurando la llamada institucionalidad, las leyes y las normas, del Estado de derecho, bastan las puntuales denuncias. Sin embargo, si se diera este desenlace, la victoria de la institucionalidad sobre la “anomalía política”, por así decirlo, no se sale del círculo vicioso del poder. Es de esperar, que las prácticas paralelas, la economía política del chantaje, prosigan sitiando a la institucionalidad, inclusive atravesándola, y lo hagan con otras formas, adaptándose a las nuevas condiciones institucionales.

 

De todas las condicionantes actualizadas del pasado, preocupa, particularmente, lo que llamamos diagramas de poder de la corrupción[30]. Reaparece el diagrama corrosivo de las instituciones, reaparece la economía política del chantaje, como formas no sólo anexas de dominación, sino como formas de dominación concurrentes; incluso cada vez más determinantes en la conducta política[31]. Lo que llama la atención es que reaparece de una manera desmesurada, extendida, amplificada, precisamente debido a la propia disponibilidad de fuerzas, de la que goza el gobierno populista; basado, en principio, en la convocatoria, después, en la expansión de las relaciones clientelares. Su propia legitimidad lograda es usada para cubrir el destructivo avance de las prácticas paralelas, de los circuitos corrosivos, de la economía política del chantaje.

Se puede preguntar ¿por qué se cae en esta decadencia? ¿Por qué lo hacen líderes que fueron ungidos por la credibilidad y esperanzas populares? ¿Por qué prefieren el enriquecimiento privado, tirando por la borda su propio prestigio ganado? ¿Es que vale más el fetichismo del dinero, incluso el fetichismo del poder, pululante en tanta polimorfa dominación, más que el reconocimiento cualitativo del pueblo, de las multitudes, de las naciones y los pueblos? Es difícil entender estas opciones pragmáticas; aunque se diga, según la hipótesis del sentido común, que el mundo funciona así. ¿Qué mundo? ¿El mundo de las representaciones o el mundo efectivo? Ciertamente, puede ser el mundo de las representaciones, mas bien, uno de los mundillos del mundo de las representaciones, porque el mundo efectivo funciona como complejidad integral. ¿Entonces, los líderes nunca salieron de este mundillo de las representaciones? Es una hipótesis sugerente; sin embargo, no le ocurre solamente a los líderes, sino también a sus seguidores, lo que es un poco de esperar; a sus entornos palaciegos, lo que es mucho de esperar; pero, también a contingentes populares, lo que no era de esperar, que se inclinan también por esta concepción de que el mundo es regido por chantajes, coerciones y dominaciones, y son los “vivos” los que aprovechan las ocasiones. Ni que se diga, la llamada “oposición” no está, de ninguna manera, exenta de esta concepción banal; lo ha mostrado en el pasado, cuando gobernaba; aunque, ahora, efectué denuncias, que ayuden a develar síntomas de la decadencia; lo hace desde esta concepción banal, esperando que la institucionalidad detenga al mal.

Contra el diagrama de poder de la corrupción, contra la economía política del chantaje, no es eficaz oponer el Estado de derecho, la institucionalidad, las normas, las leyes, las regulaciones, la moral, pues el diagrama de la corrupción usa las leyes para administrar ilegalismos, usa al Estado de derecho para ocultar, en los pasillos, entre bambalinas, sus prácticas y circuitos; escapa a las regulaciones. La institucionalidad sólo puede, en el mejor de los casos, definir un espacio normal, un espacio de cumplimientos; empero, al hacerlo, define también, sin quererlo, otro espacio, opaco, nebuloso, permisivo, donde no dejan de funcionar las prácticas paralelas, la maquinaria de poder paralela y complementaria a la maquinaria abstracta de poder del Estado. Contra el diagrama de poder de la corrupción es apto el contra-poder, el desmantelamiento de la maquinaria paralela y complementaria de la economía política del chantaje; desmantelamiento que es efectivo cuando también se comporta como herramienta de desmantelamientode las estructuras de poder y de la maquinaria abstracta del Estado.

 

La economía política del chantaje, siendo parte de la economía política restringida, que separa el valor de uso del valor de cambio, y formando parte de la economía política del poder, que separa la potencia de su fuerza, para apropiarse de su fuerza, valorizando esta captura de fuerza como poder, separa la fuerza singular de lo que puede; empero, reduciendo lo que puede a lo que tiene, en el sentido de la economía especulativa. La economía política del chantaje obtiene lo que la fuerza singular puede, reducido el puede al tiene, por chantaje, amenaza, coerción, soborno, terror; aprovechando disposiciones de poder.

 

Desmantelar la economía política del chantaje equivale a resistir y oponerse a esta separación de la fuerza de lo que puede; pero, esto implica desmantelar también la economía política del poder, que contiene a esta economía política del chantaje. Lo mismo ocurre con la economía política restringida, que contiene también a la economía política del chantaje; el desmantelamiento de la economía política del chantaje implica el desmantelamiento de la economía política restringida[32].

La “lucha contra la corrupción”, tanto nacional como internacional, está destinada al fracaso, pues se confina a oponer a la corrupción normativas, regulaciones, leyes, dispositivos institucionales, controles financieros. Esto, si bien obstaculiza la corrupción, no la desmantela, pues sigue desplegando sus prácticas y circuitos; lo que hace la corrupción es adecuarse a las nuevas condiciones normativas, institucionales y financieras. Esta “lucha contra la corrupción” no solamente es débil, sino que lucha con instrumentos y dispositivos que no la alcanzan en toda su complexión. La normas y los dispositivos institucionales no alcanzan a afectar el funcionamiento de esta maquinaria de la economía política del chantaje, porque no afecta a sus mecánicas y engranajes; para llegar a éstos se requiere también afectar a la maquinaria del poder y a las estructuras de la economía política restringida. Estas tareas no se efectúan con sólo normas y dispositivos institucionales, sino que se requiere de desmontajes técnicos, por así decirlo, y de desmontajes de monopolios económicos y de monopolios de poder. La “lucha de la corrupción” está lejos de esta predisposición más completa para desmantelar la corrupción. Se contenta con normar, poner obstáculos institucionales a los recorridos de la corrupción; como ocurre con la vacuna, con sus dosis débiles, a la larga, termina fortaleciendo los desenvolvimientos de la corrupción. Esta “lucha contra la corrupción” también combina la normativa con represión; castiga, pena, encierra, reprime, persigue, encarcela, incluso saltándose los derechos civiles y políticos, constitucionalizados. La represión, por más sañuda que sea, no desmantela la corrupción; al contrario, termina, como en el caso anterior, fortaleciéndola, pues ocasiona la propia invasión de la economía política del chantaje en los dispositivos de represión o genera la militarización de la maquinaria de la economía política del chantaje. Incluso puede ocurrir que por los dos caminos se fortalezca la corrupción.

El periodo en cuestión, otra década perdida, esta vez para el llamado proceso de cambio, no ha podido liberarse de las cargas del pasado, de estos condicionamientos gravitantes, que terminaron imponiéndose; desviando, por así decirlo, las posibilidades del proceso, convertidas o retenidas, en caminos conocidos, en vez de abrir nuevas rutas. El problema mayúsculo es que, al converger en el periodo todas las cargas concurrentes, las mismas han cobrado más peso e incidencia, expandiéndose y perturbando, en conjunto, los decursos políticos y económicos. Por eso, el periodo se clausura, con todos sus dramatismos desmesurados, como tragedia de un “proceso de cambio” arrodillado.
NOTAS(...)Fuente: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2016030803

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Comprobamos que compartimos la situación actual con los pueblos de Nuestra América y el imperativo de quienes vivimos a los gobiernos progresistas de recuperar la unión de las militancias subversivas de nuestros respectivos pueblos.

 

Chavismo, crisis histórica y fin de ciclo: repensarnos desde el territorio
4  de enero de 2016

Por Emiliano Teran Mantovani (Rebelión)

Los resultados electorales del 6-D 2015 en Venezuela parecen ser el síntoma de un proceso de estancamiento y reajuste conservador que se ha estado desarrollando ante nuestros ojos. Lo que tenemos ahora es la oficialización de un nuevo escenario institucional en el cual, dos de los sectores políticos más reaccionarios de los que disputan el poder en el país – neoliberales mutantes o edulcorados, y neoliberales uribistas [1] –, y como bloque, en América Latina, se harán del control de mecanismos de decisión formal y de sectores del aparato estatal, buscando allanar el camino para la expansión de procesos de acumulación por desposesión.

Este desplazamiento político parece apuntar pues, a una estrategia de remodelación radical de toda la arquitectura progresista de la Revolución Bolivariana, amenazando más abiertamente los medios de subsistencia de la población trabajadora y a la naturaleza. Estas visibles amenazas, junto con una serie de mitos, slogans y tabúes políticos que se terminaron de romper a partir del 6-D, han estimulado un debate descarnado, plagado del ¿qué hacer? en una situación excepcional. La sensación de distanciamiento que tienen las bases sociales chavistas respecto a las cúpulas gubernamentales, junto con esta sensación de desmoronamiento y restauración conservadora, invitan, con mucha fuerza, a discutir nuevamente, todo, desde abajo.

 

El poder desde abajo: ¿condiciones para la configuración de un nuevo ciclo político de luchas en Venezuela?

Si algo parece que siempre se le ha reclamado al proceso político venezolano reciente, ha sido su falta de organicidad en facetas claves: no ha habido suficiente gente deseando la comuna, no se ha logrado configurar un sólido entramado cultural e ideológico para salir del rentismo y " construir el socialismo ", no se ha constituido un núcleo material productivo suficiente para darle sustento al proyecto y apuntar a la muy nombrada independencia. El proyecto ponía mucho énfasis desde arriba para lograr los grandes objetivos nacionales del socialismo. Pero tal vez convenga admitir que, en los momentos de mayor esplendor de los de abajo, sean en pequeñas o grandes expresiones (ej. 13/04/2002), la política general fue la de contención y administración de la potencia popular –que en los primeros años del proceso parecía decir ¡queremos todo!, ¡podemos con todo!

 

Nuestra hipótesis es que, luego del ciclo histórico de luchas populares en Venezuela entre 1935-1970, se inició otro a partir de 1987/1989, el cual podría haber culminado entre 2005/2007. La hegemonía del Petro-Estado a partir de 2004/2005 comenzó a cambiar las formas de la producción política y las movilizaciones de calle del bloque contrahegemónico se fueron corporativizando, regulando y mermando. Entre 2008/2009 (crisis económica global), pasando por 2013 (año del fallecimiento del Presidente Chávez), hasta este caótico cuasi-trienio (marzo 2013/2015), el proceso ha evolucionado del estancamiento a la entropía (como caotización sistémica). Algo parece haberse quebrado y podrían generarse las condiciones para la configuración de un muy complejo nuevo ciclo de luchas populares.

 

Chavismo, subjetividad y contrahegemonía en el devenir de una tormenta política

Nunca es suficiente recordar una y otra vez que toda la producción de una política progresista viene precedida, y es sostenida, de luchas concretas desde abajo – de esta forma, Chávez y la Revolución Bolivariana son paridos y recreados numerosas veces por las fuerzas sociales de calle (27-F 1989, 13-A 2002, dic-ene-feb 2002-2003, etc.) –. El futuro de la «Revolución Bolivariana», de las posibilidades de mantener políticas sociales favorables a las clases trabajadoras, de salir del rentismo petrolero, del Partido Socialista Unido, o en general de cualquier agenda de izquierdas, progresista, o de transformaciones con un horizonte emancipatorio, se constituyen, en primera instancia, por estas luchas populares.

 

Pero estas luchas populares desde abajo no tienen por qué ser pensadas sólo en abstracto. Luego de casi 100 años de desarrollo del capitalismo petrolero en Venezuela, desde fines del siglo pasado se han producido las condiciones para la fertilización del proceso de producción de subjetividad contra-hegemónica más potente y masivo tal vez de la historia republicana del país, y esto ha ocurrido alrededor de códigos comunes que han girado en torno a un complejo proceso identitario que podemos llamar chavismo.

 

En otros espacios hemos planteado por qué creemos que la narrativa originaria del chavismo se fue configurando desde abajo, que el chavismo se ha constituido como una comunidad política y afectiva, y que es una identidad en disputa – y por tanto tiene facetas contradictorias –, en la cual se ha producido un progresivo desplazamiento de sus potencialidades emancipatorias y una neutralización de su fuerza expansiva contrahegemónica por parte de una trama burocrático corporativa.

 

A pesar de los múltiples ataques y agresiones que ha sufrido, sea por la reaccionaria oligarquía tradicional, o bien por la élite burocrática que se ha hegemonizado en el Petro-estado, el chavismo sigue siendo una fuerza viva. Y esto es así, no principalmente por sumarse más de 5 millones y medio de votos al Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. El chavismo nunca ha sido una invención electoral, o una identidad vacía, inoculada de arriba hacia abajo, sino fundamentalmente el índice de un proceso histórico de producción de subjetividad.

La ontología del chavismo, su base fundamental, se sostiene aún, sobre dos pilares:

 

n       una base discursiva definida – un imaginario –, esencialmente anti-neoliberal, que enarbola un ideal nacionalista-popular, de reivindicación histórica de los sectores excluidos, de justicia social. Es una construcción política literalmente progresista; y

n       una potencia material –una fuerza bio-política colectiva –, desafiante, levantisca, turbulenta, ciertamente contradictoria, pero irresistible, movible, expansiva y niveladora, que se inscribe en lo que parece ser una especie de tradición histórica de lucha popular en Venezuela.

 

Ambos pilares de la ontología del chavismo representan la base orgánica de un largo proceso histórico de producción de subjetividad contrahegemónica, de la cual no se puede anunciar ligeramente su muerte o su “adiós”, como múltiples voceros, fundamentalmente reaccionarios y cercanos a la coalición de la MUD, lo han hecho principalmente después de la derrota electoral del 6D.

 

De ahí que, el chavismo popular, el contrahegemónico, el ”salvaje”, ha sido, es, y seguirá siendo el principal objetivo de la guerra permanente contra el proceso de transformaciones que se ha producido en Venezuela en las últimas dos décadas. Éste es la clave en esta partida de ajedrez, porque es el elemento vivo que podría en realidad efectuar un « golpe de timón » o detener la ola restauradora. Por esta razón, el inicio de la crisis económica global (2008+) y de la burocratización del proceso allanan el camino para una estrategia conservadora de disolver la Revolución Bolivariana, carcomiéndola por dentro, como un cuerpo canceroso –en consonancia con lo que hemos llamado la metástasis de capitalismo rentístico , en una disputa vital que se ha estado produciendo sobre el tejido social venezolano, impactando significativamente a esa comunidad política que llamamos chavismo.

 

Si resaltamos que los procesos e identificaciones políticas no son en ningún modo estáticos y que numerosas transformaciones han ocurrido no sólo en el período 1989-2015, sino incluso en este caótico cuasi trienio 2013-2015, debemos destacar dos ideas que consideramos determinantes en estos tiempos de cambios e incertidumbre:

 

a.     El agotamiento de un ciclo político histórico no supone necesariamente, o de manera lineal, el fin de un ciclo de luchas populares. Un ciclo político histórico –que se puede periodificar y delimitar geográficamente– se refiere fundamentalmente a un período en el cual predominan modos de hacer política, discursos y símbolos, regímenes de gubernamentalidad (Foucault), modalidades en la acumulación capitalista, que eventualmente empiezan a dejar de funcionar como lo habían venido haciendo, y comienzan a abrir las puertas al surgimiento de otros patrones generales de producción política – de ahí que en nuestros tiempos se haya abierto este debate sobre fin de ciclo en América Latina – . Sin embargo, un ciclo de luchas populares desde abajo, determinado por ciertos patrones de lucha, de subjetividades, marcos reivindicativos, y en especial, por su pertinencia en las transformaciones históricas – masividad, potencia, proporcionalidad en una correlación de fuerzas general – , puede atravesar estos ciclos, producirlos, o también ser producidos por estos [2] .
El agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones, determinadas por complejos factores de carácter sistémico. Esto podría también abrir un nuevo carácter de pertinencia histórica de las mismas, con nuevas modalidades, narrativas y formatos. Por esto, un posible agotamiento del período de la « Revolución Bolivariana » –como tipo de gubernamentalidad, de modalidad de acumulación de capital, de marco de movilizaciones sociales – no necesariamente supone el agotamiento del chavismo como canal de conexión de múltiples luchas desde abajo. Más bien cabría evaluar si, ante un eventual avance restaurador abiertamente neoliberal en el país, la población en general comienza a resistirla a partir, en buena medida, de los principios de la “cultura chavista” desarrollada en los últimos años.

 

b.     La Revolución Bolivariana no podía convertirse sólo en fuerza de estabilidad, conservación e “irreversibilidad”. Las transformaciones histórico-sociales son inevitables. Además vivimos una profunda crisis civilizatoria, y podríamos estar presenciando una desestructuración histórica del sistema-mundo tal cual lo conocemos. Esto a fin de cuentas, conviene pensarlo también ante los peligros de un anclaje o esencialización respecto a una idea del chavismo. Si el neoliberalismo post-consenso de Washington ha venido mutando en sus mecanismos de acumulación, si continúan emergiendo nuevas formas de dominación y nuevos tiempos se configuran para América Latina y el Caribe, y si van cambiando las condiciones materiales de vida de numerosas personas, de la misma manera se va transformando la producción de identidades políticas. Cabría entonces evaluar cómo el proceso de emergencia de subjetividades que se ha producido en torno al chavismo se está transformando en el devenir de esta tormenta política.

 

También podemos preguntarnos, ¿qué posición ocupa el chavismo popular como una fuerza inherentemente contrahegemónica y aún orgánica, que potencialmente resiste al capital y a la opresión de los poderes fácticos, en la desgastada dicotomía gobierno-oposición? O bien, ¿Cómo gobierna, si lo hace? ¿Y a qué se opone, si lo hace?

 

Algunas coordenadas de la crisis: amenazas para los pueblos y la naturaleza

Quisiéramos destacar puntualmente algunas amenazas y tendencias que se abren o intensifican en este punto de bifurcación en el que nos encontramos:

a) Uno de los detonantes fundamentales de la actual caotización del capitalismo rentístico venezolano es sin duda la crisis económica mundial, y su persistencia en el tiempo (2008-actualidad). Sus factores causales no sólo no han desaparecido, sino parecen intensificarse. Estamos ante el agotamiento de los elementos que atenuaban esta crisis reciente, y conviene analizar las perspectivas de un "estancamiento secular" – adiós al crecimiento sostenido en el largo plazo [3] –. ¿Cómo impactará a las dinámicas de acumulación y a los procesos de conflictividad interna en Venezuela una subida de las tasas de interés como la que realizó la Reserva Federal de los Estados Unidos por primera vez en una década [4]? ¿Cómo la profunda crisis global se vincula con una eventual desestructuración del patrón energético global, tal y cómo lo conocemos? ¿Cómo se conecta esto con las perspectivas de los precios del crudo y las vías para solventar la crisis económica en el país? Como lo ha propuesto el economista Michel Husson, aunque no se sabe dónde se podría producir un punto de ruptura (¿la bolsa, la banca, la deuda, el tipo de cambio?), “la perspectiva de una nueva crisis parece casi inevitable [5] . La pregunta clave podría ser, ¿qué forma pueden tomar los ajustes en esta nueva fase de acumulación?

 

b) El desarrollo de nuevos esquemas de dominación en el neoliberalismo post-consenso de Washington, supone una participación más activa del Estado en los procesos de acumulación, a diferencia del principio ortodoxo del « Estado mínimo ». No es prudente pensar que los sectores más reaccionarios que intentan una restauración conservadora en Venezuela y América Latina vayan necesariamente a desmantelarlo todo. Más bien, podrían usar parte de las estructuras y la institucionalidad construida y reconstruida en el proceso bolivariano para intentar garantizar una facilitación a la acumulación de capital y al mismo tiempo tratar de afianzar un modelo de dominación más viable.

 

c) La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico (1983-ACT.), en su fase de alta caotización, ha configurado el caldo de cultivo para intentar (re)abrir un proceso de ajuste y flexibilización económica. Nuestra hipótesis es que, ante la insostenibilidad del modelo histórico de acumulación nacional, el pico de las reservas convencionales de crudo en el país y las transformaciones en los patrones de acumulación en la economía global, el proyecto de «desarrollo nacional», en cualquiera de sus versiones, apunta a un cambio importante y prolongado en la territorialidad del capitalismo rentístico venezolano, como forma de solventar la crisis del modelo y de gobernabilidad . Esto es, una significativa reorganización geoeconómica del territorio alrededor del extractivismo, teniendo como polos a la Faja del Orinoco, el Arco Minero de Guayana junto a otros enclaves mineros del país, y las importantes fuentes de gas offshore [6] . Las implicaciones de un proceso de transformaciones de este tipo, en el marco de un modelo histórico de profundas desigualdades sociales, devastación ambiental y dependencia sistémica, serían trascendentales.

 

d) Los factores globales y nacionales antes mencionados parecen favorecer a una intensificación de las contradicciones sociales y de la conflictividad política en el país. El « Pacto de Punto Fijo » (1958) conformó las bases materiales para una gobernabilidad a partir del auge de la economía mundial y de los precios del petróleo en la posguerra, pero sobre todo, cuando el modo de acumulación capitalista rentista petrolero todavía tenía un margen de reproducción “equilibrado”. ¿Cuál es la base material para un pacto político y social nacional basado en un modelo que no puede ya reproducir sus circuitos económicos vitales de manera sostenible?

 

e) Esta caotización sistémica, pero sobre todo, la guerra permanente que se ha dirigido contra las fuerzas populares para revertir el avance de los factores contrahegemónicos de la Revolución Bolivariana, han golpeado muy fuertemente al tejido social venezolano. Esta tal vez sea una de las amenazas más determinantes para el proceso de transformaciones de los últimos años, y tal vez estemos en presencia de la crisis institucional más severa de toda Suramérica (instituciones sociales, instituciones políticas formales, instituciones económicas), a lo cual es fundamental poner nuestra atención.(...) Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207450

En consecuencia, para Venezuela,  "el agotamiento del “ciclo progresista”, no representa el final de una historia de luchas, sino la continuación de la misma bajo nuevas condiciones, determinadas por complejos factores de carácter sistémico". No es el caso de más de una deKada donde lo medular ha sido la construcción del paralizador consenso desarrollista o de la conciliación de los de abajo con el poder real y la estigmatización e incluso criminalización de pueblos, comunidades y organizaciones en resistencia al despojo de territorios y al menosprecio por la vida del sistema de negocios lícitos e ilícitos. Aún más el gobierno CFK ilusionó de tener futuro en el capitalismo y de las posibilidades de agricultura familiar por continuidad de la coexistencia con el sistema global de agronegocios. De ahí la relevancia de situarnos en que: 

 

Se intensifican ataques contra movimientos sociales:

el internacionalismo de nuestras bases nunca ha sido tan necesario.

24 de marzo de 2016

Reunida en Bagnolet, Francia, para nuestra Asamblea General, la Coordinación Europea Via Campesina se sintió y sigue sintiéndose profundamente impactada por la ola de ataques mortales y de represión contra los movimientos sociales alrededor de todo el mundo la semana pasada.

 

Estando aún muy preocupados por el asesinato de la organizadora comunitaria Berta Cáceres y la retención injustificada del activista de Friends of the Earth, Gustavo Castro Soto, en Honduras, el martes por la noche recibimos la trágica noticia de que el activista y nuestro compañero de lucha Nelson García, miembro del mismo grupo de derechos de los indígenas que Berta, había sido asesinado. El ataque contra Nelson se produjo tras el desalojo, por parte del gobierno hondureño, de las tierras que ocupaban 150 familias. Sin embargo, la violencia no se detiene ahí. Tan sólo un par de horas antes del asesinato de Nelson, un grupo de hombres armados dispararon e hirieron a Cristian Alegría, sobrino de Rafael Alegría, Coordinador General Nacional de La Via Campesina Honduras, cuando estaba entrando en la oficina de la organización. Este es el sexto ataque contra la oficina de La Via Campesina en ese país desde el golpe de estado militar de 2009.

Como señalan nuestros compañeros de lucha de CLOC y La Via Campesina, estos recientes asesinatos, junto con otros 12 campesinos y líderes indígenas asesinados desde el comienzo del año se enmarcan en la campaña de intimidación del gobierno hondureño contra aquellos hombres y mujeres que defienden sus derechos.

Las brutales represiones de la semana pasada también afectaron a nuestros compañeros de lucha de Turquía, donde, el martes, tres académicos fueron arrestados por haber firmado la petición titulada “We will not be a party to this crime” (“No formaremos parte de este crimen”), que criticaba la gestión violenta de la cuestión kurda por parte del gobierno. Los académicos detenidos esperan en prisión a que concluya una investigación criminal que les acusa de hacer “propaganda de una organización terrorista”. Otros 37 académicos han sido despedidos y otros 669 se enfrentan a investigaciones legales y administrativas por haber firmado la misma petición.

Del mismo modo, nuestra organización campesina compañera en Turquía, Çiftçi-Sen, lucha constantemente contra proyectos de desarrollo e inversión que buscan desposeer a los campesinos, desplazándolos de sus tierras. En la coyuntura actual en Turquía, los campesinos, estudiantes, académicos, activistas políticos y ecologistas están pagando un alto precio por su oposición a las políticas sociales y económicas del gobierno, orientadas hacia el libre mercado.

No sería justo detenernos aquí, ya que hay otros casos similares a los de Turquía y Honduras, sólo que no trascienden de sus medios de comunicación nacionales. La semana pasada, en Colombia, seis líderes de comunidades campesinas fueron asesinados. FENSUAGRO, la unión de trabajadores agricultores más grande de Colombia, ha denunciado las continuas amenazas, secuestros, asesinatos, torturas y persecuciones contra sus miembros y los de otros movimientos sociales en el país. Con todo, la oposición de base frente a la mercantilización del patrimonio común, como son la tierra, el agua y las semillas, y la oposición a las devastadoras políticas belicistas se han convertido en una amenaza para la constante acumulación de riqueza y poder en manos de las empresas multinacionales y los gobiernos que facilitan el desposeimiento de los recursos y los derechos de las comunidades.

Sin embargo, todo lo anteriormente mencionado no parece importar a los países del hemisferio norte. Las sanciones y las declaraciones contra los sospechosos habituales de Europa no se aplican a sus compañeros comerciales. Al contrario, las empresas con sede en Europa se benefician enormemente de las medidas represivas en el exterior, que destrozan las alternativas a sus políticas de mercado libre y a sus productos industriales y, lo que es más, garantizan a las empresas del norte el suministro de recursos naturales a bajo coste.

Ante esta deshumanización sistemática de nuestras sociedades, instigada por el capital transnacional tanto en el norte como en el sur, y ante la criminalización, represión y asesinato de campesinos, líderes indígenas, sindicatos comerciales, académicos, periodistas, defensores del medio ambiente, activistas y de cualquier otra persona que lucha por la justicia, tenemos que reforzar nuestro movimientos de base y alianzas más que nunca. Como parte de La Vía Campesina, nosotros, desde la Coordinación Europea Vía Campesina, queremos reiterar nuestra solidaridad internacional y reafirmar nuestro compromiso contra aquellos que contribuyen a la destrucción de la tierra, la salud, el alimento, el agua y la vida en Europa y otros lugares.

¡Globalizad la lucha! ¡Globalizad la esperanza!

¡Por nuestros fallecidos, ni un minuto de silencio!¡Una vida entera de lucha!

Fuente original: Vía Campesina  Leer

 

 

 

A diferencia del capitalismo que avanza destruyendo construcciones de siglos de los pueblos planetarios, los pueblos indígenas nos ayudan a ver cómo resistir y pasar a la ofensiva mediante recuperación de nuestras territorialidades. Leer

 

 

Comunalidad: el poder subversivo de la cooperación

27 de octubre de 2015

 

Por Víctor M. Toledo

(…)No es exagerado afirmar que el concepto de comunalidad es en cierta forma la contraparte mesoamericana (y complemento perfecto) a la idea del buen vivir andino. Por ello el futuro de América Latina se ilumina doblemente porque confirma que la salida a la crisis provocada por el neocolonialismo y el neoliberalismo es factible y debe construirse llevando como fundamentos los valores de las culturas originarias o tradicionales. Como se veía, las soluciones no vendrán del norte industrial y desarrollado, sino del sur profundo, tropical, comunitario y ecológico, pues no hay solución europea a la crisis de la modernidad (O. Fals-Borda; B. De Sousa-Santos). Una tesis sostenida y demostrada en mi reciente libro Ecocidio en México, la batalla final es por la vida.

 

De las muchas definiciones de comunalidad, me quedo con la formulada por J. Martínez-Luna por su enorme fuerza telúrica y su contundente posición contestataria: Somos comunalidad, lo opuesto a la individualidad, somos territorio comunal, no propiedad privada; somos compartencia, no competencia; somos politeísmo, no monoteísmo. Somos intercambio, no negocio; diversidad, no igualdad, aunque a nombre de la igualdad también se nos oprima. Somos interdependientes, no libres. Tenemos autoridades, no monarcas. Así como las fuerzas imperiales se han basado en el derecho y en la violencia para someternos, en el derecho y en la concordia nos basamos para replicar, para anunciar lo que queremos y deseamos ser.

La comunalidad es la ideología, pensamiento y acción que ha permitido a las comunidades originarias enfrentar y resolver retos y problemas tanto históricos como actuales. La cooperación, el altruismo, la solidaridad y el reciprocamiento son valores que cruzan a la comunalidad y dictan su devenir y sus relaciones con la naturaleza. Todos contrastan con aquellos que impone la modernidad industrial basada en el individualismo, la competencia, el afán por el poder y el interés egoísta.

La comunalidad es entonces la fórmula secreta de los principales movimientos de resistencia que hoy enfrentan, detienen y vencen a las fuerzas destructivas de la modernización neoliberal: los neozapatistas de Chiapas, las comunidades y municipios de la Sierra Norte de Puebla, las comunidades unidas de Morelos y de la Meseta Purépecha, los frentes de la región de Xochicuautla, Atenco o del istmo oaxaqueño, las comunidades mieleras mayas de Campeche y Quintana Roo, y hasta las policías comunitarias de Guerrero o las autodefensas de Michoacán. La comunalidad ha llegado incluso a las ciudades en momentos de alta crisis, como en el terremoto de 1985 en la ciudad de México, y se transfigura en el mundo moderno e industrial en la forma de cooperativas, que es la forma antitética a las empresas y corporaciones que hoy dominan a escala global.

Hay todavía una dimensión más de carácter histórico e incluso evolutivo que proyecta las reflexiones surgidas desde las intrincadas montañas del norte de Oaxaca, enclaves de la no-modernidad, a los escenarios universales de la discusión científica y del debate político actual. La publicación de la obra de Charles Darwin en el siglo XIX dio lugar a una polémica que se ha extendido hasta la actualidad: ¿Es el ser humano un individuo por naturaleza individualista y competitivo o altruista y cooperativo? En plena sintonía con el despliegue del capitalismo el darwinismo social dio como verdad científica que los seres humanos nacieron para competir y ganar en la cruenta lucha por la vida. Fue Pior Kropotkin uno de los primeros en cuestionar esa idea al ofrecer evidencias del papel del apoyo mutuo en las sociedades animales. A ello siguió la sociobiología de Edward O. Wilson y más recientemente, una secuencia de obras etnográficas, paleontológicas, sicológicas, matemáticas y bioevolutivas que muestran que el ser humano es esencialmente cooperativo, tanto por razones genéticas como culturales. Entre esas destacan The Evolution of Cooperation (1984), de R. Axelrod;Hierachy in the Forest (2001), de Ch. Boehm, y el monumental libro de S. Bowles y H. Gintis, A Cooperative Species (2011).

Por ello hoy se puede afirmar que el triunfo de la modernidad neoliberal y su esencia, el capital corporativo, no sólo es moralmente imposible, sino científicamente inviable. El mundo moderno que busca imponerse, una fracción de 300 años en el largísimo trayecto de la historia humana, es antinatural e involucionario. La cooperación es la kriptonita del superhombre moderno. El comunalismo no solamente resurgirá, sino que será la clave para el futuro de la especie.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/27/opinion/016a1pol

 

 

A diferencia de concepciones dominantes, nuestros caminos emancipatorios nos plantean reconocer:

"que las salidas de las transformaciones se encuentran en la sociedad, no en el Estado.  Que de lo que se trata es de liberar la potencia social para transformar el mundo. De lo contrario, la potencia quedará capturada en las mallas institucionales del Estado, inhibida, subsumida a los requerimientos de las lógicas del poder".
 

 

 

Transiciones al sumaj qamaña/sumak kausay
24 de marzo de 2014

 

Por Raúl Prada Alcoreza (Rebelión)

Fundamentalismo racionalista

De principio debemos tomar consciencia de que tenemos un problema al comienzo mismo de plantearnos un proyecto alternativo al capitalismo. Al hacerlo exaltamos el dogmatismo racionalista, otorgándole a la razón facultades que no tiene, como la de cambiar el mundo. La razón puede lograr interpretaciones del mundo, puede construir tesis explicativas del mundo, puede representar racionalmente el mundo; pero, no cuenta, por sí misma, con las fuerzas ni los mecanismos para transformar el mundo. Por otra parte, proponerse un proyecto de transformación del mundo supone la capacidad de intervenir en el mundo, de controlar los procesos, las dinámicas, los fenómenos que se dan en el mundo. Supone, por así decirlo, de una ingeniería social absoluta. No es pues de extrañarse que las utopías sociales hayan terminado imponiendo un Estado absoluto, con el objeto de controlar todas las “variables” sociales, en la elaboración sistemática y planificada de la realización del proyecto.(...)

El dogmatismo racionalista no puede comprender que la vitalidad se encuentra en la sociedad, no en el Estado. Olvida que la revolución emergió de la sociedad, no del Estado. Se hizo más bien contra el Estado. Por lo tanto, no puede concluir, le resulta oculta, que las salidas de las transformaciones se encuentran en la sociedad, no en el Estado.  Que de lo que se trata es de liberar la potencia social para transformar el mundo. De lo contrario, la potencia quedará capturada en las mallas institucionales del Estado, inhibida, subsumida a los requerimientos de las lógicas del poder.

Este es el problema, no se puede repetir, la misma inclinación racionalista, con otros discursos, embarcados en otras utopías. Las utopías pueden ser maravillosas; lo fue la utopía socialista; el problema radica en la pretensión de realizar esta utopía como una ingeniería social, como si se tratara de la construcción de un edificio, de una maquinaria, de un producto. La vida no es un edificio; tampoco una maquinaria, aunque se haya usado la metáfora maquínicas para ejemplificar la vida; no es un producto. La vida es autopoiesis.

De lo que se trata es de liberar las capacidades creativas de la sociedad, las capacidades inventivas de las dinámicas moleculares sociales. De lo que se trata es de dejar que la vida fluya, de que invente múltiples formas de adecuación y complementariedades, dependiendo de los contextos, las coyunturas, los periodos, los territorios; que resuelva los problemas, en toda su variedad y gama, de una manera combinada y dando lugar a composiciones innovadoras. La instrumentalidad, las ingenierías, las técnicas, deben ser usadas e inventadas de manera específica, subordinadas a las dinámicas sociales; de ninguna manera optar por un modelo cerrado, por una ingeniería social general, encasillada al proyecto, acotada a la planificación, subordinando las iniciativas sociales. 

Cuando se habla de transiciones al vivir bien/al buen vivir, se tiene la sensación de que cambiamos el proyecto de la revolución industrial, del desarrollo, en la perspectiva socialista, por el proyecto del vivir bien/buen vivir; empero, manteniendo el mismo optimismo racionalista de que las buenas ideas, las buenas utopías, la buena racionalidad, cambia el mundo. Como si se tratara de implementar programas de transición. Las transiciones se efectúan prácticamente, no como aplicación de programas, sino por consensos participativos, consensos emancipadores de los pueblos, las comunidades, las asociaciones. (...)
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182402

 

A diferencia de concepciones dominantes, nuestros caminos emancipatorios procuran buenos vivires convivires.

"El Buen Vivir reconoce la necesidad de garantizar una vida plena para las comunidades humanas.(...) De ahí que ponga énfasis, en la reciprocidad como principio fundacional de la convivencia humana y en la complementariedad según la que cada ámbito, sector o dimensión de la realidad se corresponden de manera armoniosa con otro ámbito, sector o dimensión del mundo. En la búsqueda de una vida plena, el Buen Vivir está íntimamente ligado a la interculturalidad y a la plurinacionalidad y en esa medida sugiere, por un lado, la necesidad de repensar nuevas formas de organización social y política de la mano con un nuevo modelo económico y aboga por otro lado, el encuentro entre saberes ancestrales, prácticas basadas en el lugar –para usar el lenguaje propuesto por Arturo Escobar (2011)- y lo mejor del pensamiento occidental y de los logros alcanzados en el mundo contemporáneo.".
 

 

Buen vivir, un concepto en disputa
Ecuador /18-10-2013

Por Remedios Sánchez

La persistencia y recrudecimiento de varios problemas sociales, económicos, ambientales y culturales, evidencian que el planeta atraviesa en la actualidad una crisis que amenaza no sólo la estabilidad política de varios países, sino que pone en tela de duda los supuestos sobre los que se ha levantado la llamada modernidad. Obsesionados por vivir “mejor”, en términos de tener cada vez más posesiones materiales y supuestos satisfactores, los seres humanos no hemos tenido empacho en echar mano de todo lo que nos rodea bajo la creencia de que la tecnología suplirá los daños que provocamos al planeta y nos permitirá resarcir, posteriormente, la pérdida de ecosistemas, biodiversidad y especies. Poco ha importado que en esta desenfrenada voracidad por vivir mejor, grandes contingentes de seres humanos hayan quedado relegados de la consecución de sus más elementales derechos, o que hayamos olvidado que somos parte de un sistema mayor en el que cada uno de sus componentes tiene una función que alimenta la trama de la vida. Menos importancia hemos dado a la erosión y pérdida de culturas, de lenguas y saberes milenarios, de los que con mayor humildad y una menor devoción a la “verdad” de occidente, podríamos aprender –o haber aprendido- nuevas formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza.

 

En esta lógica de crecimiento económico ilimitado, con un gran simplismo confundimos los medios con los fines, y otorgamos al mercado y al dinero un papel decisivo en la definición del rumbo por el que debería transitar la humanidad (Leff 2006). No hemos concedido oídos a lo señalado un siglo atrás por el economista húngaro Polanyi al advertir la falacia de considerar como mercancías a la naturaleza y a la fuerza de trabajo (Alimonda2011).

 

Las astronómicas cifras económicas en términos de producción interna bruta de los países, deuda externa, flujos financieros internacionales, no han podido paliar un descontento social cada vez más amplio respecto a la forma en cómo el mundo está organizado. Los problemas ambientales contemporáneos como los impactos generados por el calentamiento global, el debilitamiento de la capa de ozono, el achicamiento de la masa polar, las crecientes dificultades en el acceso a agua y merma significativa de su calidad, la pérdida de especies y bosques, erosión y pérdida de suelos, contaminación atmosférica, constituyen motivos de alerta para pensar que la carrera por el crecimiento económico continuo es claramente insostenible y que no podemos mantener los mismos patrones de producción y consumo, menos aún reproducir la forma de vida de las economías más ricas del planeta. Hay sobradas evidencias para afirmar que el “perfil metabólico”[1](Fischer-Kowalski y Haberl 2000)- los flujos de energía y materiales que utilizan estos países para satisfacer sus estilos de vida-no alcanzan para todosy que es imperativo comenzar a tomar en serio los límites finitos de la tierra, la escasez de recursos y las restricciones en sus funciones de absorción de residuos y ritmo de reposición natural de los recursos no renovables.

 

En medio de este panorama complejo, si algo positivo puede desprenderse de la crisis contemporánea que atravesamos es el llamado de atención a la necesidad de reubicar el centro de nuestras motivaciones y a considerar que la complejidad de los problemas actuales demanda respuestas integrales, innovadoras y contundentes, que den sentido a la vida, que doten nuevamente a la naturaleza de su significado propio, independientemente de la economía, y que identifiquen puntos de encuentro entre lo natural y lo social, la ecología y la cultura, lo material y lo simbólico(Leff 2006). Entre los inmensos cambios que debemos introducir, resulta ineludible el desafío de proponer una nueva epistemología que interpele el discurso occidental homogenizante y aportar en lo que hoy se denomina como “pensamiento de frontera”, “que cuestiona la modernidad (…) y se interroga sobre caminos y lógicas alternativas” (Alimonda2011: 26). Para decirlo en palabras de Escobar, “la habilidad de la modernidad para proveer soluciones a los problemas modernos es cada vez más estrecha, haciendo (…) factible una discusión sobre una transición más allá de la modernidad” (2011: 83).

 

En este contexto, y recogiendo el conocimiento milenario de los pueblos ancestrales, en los últimos años ha comenzado a configurarse un nuevo paradigma que contradice la noción del progreso sin fin: la noción del Buen Vivir, inspirada en el “Sumak Kawsay” o “Suma Qamaña” de los pueblos indígenas de los andes ecuatorianos y del altiplano boliviano, respectivamente, y que puede equiparse al "UtzK'aslemal" de los pueblos Mayas. Aunque no existe una definición única y compartida del Buen Vivir (lo que desde otra perspectiva también podría ser entendido como una poderosa potencialidad de este concepto en ciernes), resulta interesante discutir algunos de sus fundamentos sobre los que parecería identificarse cierto consenso alrededor de su acepción y alcance.

 

La noción del Buen Vivir busca la consecución de un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. En este sentido, propone romper con la visión antropocéntrica que ha colocado a la naturaleza al servicio de los seres humanos y la ha convertido en su objeto de manipulación, dominio y apropiación. Al llamar a modificar nuestra actitud frente a la naturaleza, el Buen Vivir parte del principio de que todo forma parte de una sola unidad y que la alteración de un elemento fractura la estabilidad del flujo vital. Apela por tanto a recrear una forma de co-existencia con la naturaleza que en lugar de asentarse sobre la explotación de los recursos hasta su agotamiento, promueva su optimización para el bienestar colectivo.

 

Pero, lejos de ser una postura que únicamente aboga por las causas ecológicas, el Buen Vivir reconoce la necesidad de garantizar una vida plena para las comunidades humanas, desligada de la mercantilización a la que inevitablemente nos ha conducido el capital y un proceso de acumulación sin fin que ha desdibujado el sentido mismo de la existencia. De ahí que el Buen Vivir ponga énfasis, en la reciprocidad como principio fundacional de la convivencia humana y en la complementariedad según la que cada ámbito, sector o dimensión de la realidad se corresponden de manera armoniosa con otro ámbito, sector o dimensión del mundo. En la búsqueda de una vida plena, el Buen Vivir está íntimamente ligado a la interculturalidad y a la plurinacionalidad y en esa medida sugiere, por un lado, la necesidad de repensar nuevas formas de organización social y política de la mano con un nuevo modelo económico y aboga por otro lado, el encuentro entre saberes ancestrales, prácticas basadas en el lugar –para usar el lenguaje propuesto por Arturo Escobar (2011)- y lo mejor del pensamiento occidental y de los logros alcanzados en el mundo contemporáneo.

 

El Buen Vivir atraviesa la Constitución del Ecuador y consta como un derecho en la Constitución de Bolivia gracias a la lucha de movimientos sociales –principalmente de los pueblos indígenas- de ambos países y de una correlación de fuerzas que facilitó, en su momento, canales de interlocución y diálogo social. La construcción y concreción de sus postulados y principios está sin embargo aún pendiente. No basta que la incorporación del Buen Vivir conste en los más importantes cuerpos legales nacionales. Esta aparente conquista puede ser al mismo tiempo su mayor debilidad debido a los riesgos de institucionalizar su sentido.

 

La institucionalización del Buen Vivir y su consiguiente tecnocratización podría coartar y desviar la dimensión contestataria al orden establecido que está implícita en la génesis de esta noción pues con demasiada frecuencia el tradicional concepto de desarrollo, ese ideal de progreso (acumulación) incesante que promueve el capitalismo, es suplantado indiscriminada y acríticamente por el Buen Vivir.En última instancia, al ser cooptado por la institucionalización, el Buen Vivir es sólo el ropaje bajo el que, con un aparentemente nuevo léxico, continúa un modelo de crecimiento económico fundamentalmente orientado a satisfacer la demanda externa, una democracia de baja intensidad y un manejo centralizado del poder político. Esta afirmación no es lamentablemente lejana al caso ecuatoriano en donde, antes que cambios estructurales, procesos de redistribución serios y sostenidos y rupturas profundas, bajo el régimen del Buen Vivir impulsado por el gobierno de la Revolución Ciudadana, hay cada vez más cercanía con una política de desarrollo basada en las denominadas ventajas competitivas –patrimonio natural- del que dispone el país y con un estilo de gestión política poco propenso a la participación y el diálogo.

 

Aunque podría argumentarse que en consideración del lapso transcurrido desde la aprobación de la Constitución ecuatoriana vigente (2008) a la actualidad es aún prematuro plantear una suerte de regresión en el alcance del concepto del Buen Vivir que instrumenta la institucionalidad del poder, algunos elementos de la coyuntura permiten corroborar tal afirmación. En efecto, es poco probable pensar que las excepcionales condiciones con las que ha contado el gobierno –importante respaldo social, control de todos los poderes del Estado, elevados ingresos producto de los altos precios del petróleo- puedan redituarse en los siguientes años a fin de introducir los cambios que aspiraba el país para transitar hacia el Buen Vivir y que posibilitaron el ascenso al poder del Presidente Correa. Estos cambios no se han producido en la magnitud y la forma que se esperaban; más bien se ha acentuado una orientación de la gestión pública distinta a la volcada en el primer plan de campaña y que ha provocado el distanciamiento con sus iniciales aliados:indígenas, ambientalistas y sectores de izquierda.

 

El proceso de institucionalización del Buen Vivir en el Ecuador ha dado poco espacio al diálogo intercultural, al juego democrático y a una real descentralización de la gestión pública, menos aún ha sentado las bases para avanzar en la construcción del Estado Plurinacional. La participación se circunscribe actualmente, como en el pasado, a los procesos electorales; sin diálogo ni espacios para procesar diferencias. El disenso es sinónimo de traición y no en pocos casos ha significado la criminalización de la protesta social.

 

En el plano económico, pese a la disponibilidad de un régimen de Buen Vivir y del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos[2], el énfasis de las actuales políticas públicas descansa aún en el extractivismo–que en el corto plazo se pretende extender hacia regiones relativamente alejadas de la dinámica del mercado- y en una concepción según la quees necesario inyectar importantesrecursos económicos para avanzar en la superación de la pobreza y corregir las asimetrías sociales que soporta el Ecuador. En esta carrera hacia el progreso siguen pendientes políticas para modificar la estructura de propiedad de la tierra, una de las más inequitativas en la región, y disminuyen cada vez más las expectativas sobre los prometidos cambios para modificar la matriz productiva e iniciar la transición hacia una economía post-extractiva.

 

La propuesta más difundida al respecto, la Iniciativa ITT-Yasuní que proponía mantener en tierra las reservas petroleras de los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (estimadas en 920 millones de barriles) localizadas al interior del Parque Nacional Yasuní, a cambio de una compensación internacional equivalente al 50% de los ingresos netos de las potenciales exportaciones de dichas reservas (estimadas en 7,2 millones de dólares), fue unilateralmente abandonada por el gobierno a mediados de agosto del 2013. A cambio de esta compensación, Ecuador se comprometía a no emitir 420 millones de toneladas métricas de CO2 a la atmósfera del planeta (cantidad equiparable a lo que cada año emiten Francia o Brasil).

 

Tal iniciativa constituía una oportunidad excepcional para sentar las bases de una nuevo pacto civilizatorio entre seres humanos y naturaleza, incorporaba el criterio de responsabilidades comunes y diferenciadas, abría las puertas para otro tipo de cooperación y para el reclamo de la deuda ecológica, protegía diversidad biológica única contenida en el Parque Yasuní y la vida de pueblos en aislamiento voluntario; constituía una respuesta efectiva para enfrentar el calentamiento global y el cambio climático. Así lo entendieron pueblos indígenas, jóvenes y diversos sectores sociales que se identificaron con la Iniciativa Yasuní-ITT y que, a raíz de la decisión gubernamental, presionan por la realización de una consulta ciudadana que decida su futuro. 

 

El abandono de la Iniciativa Yasuní ITT por parte del gobierno ecuatoriano es solo el corolario de una tendencia que comenzó a manifestarse con más claridad hacia mediados de su segundo mandato (2009-2013) y sobre la que el Presidente Correa no ha tenido empacho en reiterar su adhesión: una economía sustentada en las riquezas hidrocarburíferas y minerales del país, una constante minimización de los impactos ambientales y sociales bajo el argumento de las bondades tecnológicas y una división de la sociedad entre supuestos defensores y detractores del progreso.

 

En este contexto, la posibilidad de mantener la noción del Buen Vivir como una “ilusión movilizadora”, como una postura política que confronte la racionalidad dominante, que haga eco de otras y diversas visiones e identidades y que reivindique los saberes plurales (Leff 2006; Escobar 2011),no puede supeditarse a lo que haga o deje de hacer el poder. El hecho de que el Buen Vivir siga siendo parte de una epistemología alternativa –y de una ecología política renovada- dependerá en gran medida de la correlación de fuerzas existente en cada sociedad, de la capacidad de organización y propuesta de los sectores sociales, de la necesaria reapropiación política de los conceptos, de la profundización de una democracia participativa y con espacios para la resolución de conflictos y disensos. Ventajosamente, el Sur global presenta evidencias de la construcción de una voluntad social cada vez más grande para iniciar una reconciliación entre los seres humanos y la Tierra y para establecer el cimiento de un nuevo pacto civilizatorio. Disputemos entonces el verdadero sentido del Buen Vivir. Fuente: http://alainet.org/active/68295&lang=es