Qué País

Mayo 2019

En acelerada destrucción de ecosistemas y comunidades por reterritorialización a favor de negocios de corto plazo.

 


 

 

 

SITUACIÓN / CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 Situación

 

 

Tenemos el desafío de facilitar a una creciente mayoría de los diversos de abajo la percepción (conocimiento y posicionamiento respecto) de la destrucción tanto de comunidades como de ecosistemas por la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales mediante los extractivismos. Observamos en la ilustración de la página web que el fracking en Vaca Muerta (formación geológica de Shale (petróleo de esquisto o shale oil y gas de lutita o shale gas) situado en la cuenca Neuquina en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza) implica una reterritorialización del país a favor de las petroleras que elimina equilibrios ecológicos y economías regionales.

 

Comencemos por situarnos junto a quienes viven en Sauzal Bonito (provincia de Neuquén) rompiendo así la discriminación de los gobiernos tanto de CFK como de Macri al oficializarlos dentro de las "zonas de sacrificio" para el progreso que resulta sólo a beneficio de la alianza y en contra de los pueblos latinoamericanos:

 

Sismos en Vaca Muerta,

las sospechas recaen en el fracking
23 de marzo de 2019

 

El temor por posibles derrumbes, la rotura de viviendas y mucha incertidumbre se han convertido en parte del cotidiano de quienes habitan Sauzal Bonito. El pueblo patagónico ubicado sobre la formación de shale Vaca Muerta no para de temblar desde que la explotación de gas no convencional comenzó en ese rincón de la provincia del Neuquén. Tanto las autoridades públicas como las empresas tratan de desvincular el incremento de la actividad sísmica de la extracción de hidrocarburos, sin embargo hay un pueblo que padece lo mismo que ocurrió en otras partes del globo en las que el controvertido paquete tecnológico del fracking llegó. Mientras investigaciones académicas demandan profundizar los estudios sobre las causas y el cuestionado negacionismo balbucea respuesta, la tierra no deja de temblar.

Por Martín Álvarez Mullally

Sauzal Bonito es una pequeña localidad ubicada en el centro de la provincia de Neuquén. Desde hace cuatros años allí se registran movimientos sísmicos  frecuentes. Debajo sus casas se encuentra Vaca Muerta, la formación de shale de la que se habla en el mundo y que hoy es frackeada por poderosas empresas petroleras. Su ejido quedó dentro de dos áreas, Fortín de Piedra y La Ribera operados por las compañías Tecpetrol e YPF respectivamente. La aventura de los hidrocarburos no convencionales es la gran apuesta que desarrollaron los últimos dos gobiernos nacionales, hoy incluso es la principal destino de inversiones extranjeras directas que llegan al país.

El subsuelo neuquino es poco conocido en términos del shale, la curva de aprendizaje se encuentra en plena marcha. “Vaca Muerta tiene un gran potencial” suele escucharseles decir con algarabía al desfile de CEOs y empresarios que cruzan el río Colorado para visitar la zona que está siendo explorada y explotada . La Cuenca Neuquina hoy es un laboratorio del fracking. Navegar a varios niveles, tener ramas laterales de más 3.000 metros, aumentar el número de procesos de fracturas, punzados más potentes, tubos más grandes, y nuevos químicos corrosivos, son algunas de las experimentaciones que las empresas están realizando. Si bien falta mucha infraestructura para que puedan desarrollarse masivamente varias áreas a la vez, los jugosos subsidios a la extracción entregados por Estado nacional a modo de incentivo han producido que se perfore tanto que en pocos años se encontró un cuello de botella: faltan más ductos. Construirlos es caro, fracasó la participación público privada y el gobierno nacional acaba de anunciar que se tomarán fondos del ANSES para garantizar su construcción. También falta consolidar un mercado de destino y en ese sentido las chances de competitividad son muy complicadas para los sueños exportadores de quienes comandan el megaproyecto.

Sauzal Bonito tiene 300 habitantes y sus pobladores viven de la  cría de animales y de la producción de frutas finas, nueces y hortalizas. Se encuentra justo a mitad de camino entre la comarca petrolera de Plaza Huincul y Cutral Co -que supo ser referencia nacional de producción convencional- y la emergente Añelo, que oficia de base para el boom de los no convencionales. La presencia estatal es escasa, la escuela primaria 243, un pequeño centro de salud para atención primaria, un destacamento policial que cuenta con un móvil, un salón muy poco equipado que se utiliza como gimnasio y la Comisión de Fomento, que es como una intendencia pero de menor rango.

El 19 de noviembre de 2015 un sismo de 4.2 grados de escala Richter de magnitud fue detectado al sur oeste de Añelo, tras el evento se prendieron varias alarmas. La población se preocupó al sentir el movimiento, algunos medios cubrieron el acontecimiento y las miradas empezaron a volcarse sobre la reciente e intensa actividad petrolera. Tanto el gobierno de la provincia de Neuquén -quién posee el dominio del subsuelo-, como las empresas, habían tomado como cierto e incuestionable el discurso de “sismos cero” elaborado y propagandizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG). Incluso el entonces gobernador Jorge Sapag envió a imprimir 10.000 ejemplares del “ABC de los no convencionales”, un manual pro fracking que entre otras cosas rechazaba la posibilidad de sismos inducidos por la actividad. Los ejemplares se repartieron en escuelas de la provincia.

Con el tiempo, la intermitencia de los movimientos se profundizó de tal manera que entre diciembre 2018 y la primer quincena de marzo de 2019 los movimientos registrados y reportados por la ONG Sismología Chile suman 82, algunos de los cuales llegaron incluso a los 4.8 grados en escala Richter.

Las respuestas que faltan

La población de Sauzal Bonito se siente vulnerable, a pesar de la intensidad y repetición de los movimientos, aún no cuenta con un plan de contingencia. Hugo Acuña es el único bombero voluntario que hay en el pueblo, vive en la localidad desde 1975. “Yo trabajo con recursos propios y de mi viejo, los dos ponemos nuestros recursos; dependemos de bomberos Plaza Huincul y ellos no nos han enviado nada”. afirma. “Yo he llamado un montón de veces no solo por recursos, sino también por capacitación. Y bueno, estamos sin recursos y sin nada, pero si hay que salir, saldremos con lo que tenemos. Estamos dispuestos a laburar”.

El presidente de la Comisión de Fomento, Ariel Zapata, reconoce la falta de un plan de prevención. “Contamos con un centro de salud, las derivaciones son al hospital regional de Plaza Huincul y son 40 minutos que demora una ambulancia en llegar al lugar, no contamos con una ambulancia, contamos con un móvil policial y los vehículos de acá, de la Comisión de Fomento, que son pocos también”, sostiene. A pesar de la visita del director de Defensa Civil provincial, Martín Giusti, las capacitaciones no llegan. “He elevado un pedido a la Provincia para que mande gente especializada y capacitar a la gente, para saber qué hacer en caso de que sea mayor”, explica Zapata. “Hasta ahora es un temblor nada más y no de grado alto que llegue a pasar a mayores, es un temblor nomás”, sostiene con evidente nerviosismo, pero intentando dar un mensaje de tranquilidad.

Para tener más certezas sobre el origen de los movimientos, la población deberá esperar el tiempo prudente de estudios, mientras las acciones preventivas deberían  ser parte de un política de intervención del Estado. El bombero Acuña remarca la falta de mediciones de la zona: “En realidad no sé qué puede ser, porque no hay sismógrafo, lo único que podríamos saber si los geólogos saben detectar qué es un movimiento, qué es una explosión, qué es un procedimiento petrolero, ahí sabremos de qué se trata. Yo no puedo opinar desde mi lugar, porque no sé qué es”. También describe que los últimos movimientos fueron más potentes: “Algunos sismos han sido muy violentos, el último fue aproximadamente a las dos y media de la mañana y tuvo la particularidad de que fue más largo que los otros, duró más tiempo y eso generó que se cayeran más cosas”.

Rosa Sandoval vive en la entrada del pueblo, su casa está al lado de la ruta provincial 17 y vió la llegada de Vaca Muerta desde su ventana. Camiones con grandes equipos comenzaron a circular camino a Añelo en  2014. Las paredes de la vivienda tienen grandes fisuras. Defensa Civil puso unos parches de yeso que llaman “testigos” para certificar si las roturas son nuevas y consecuencia de los movimientos. La familia de Rosa no tiene dudas, son cicatrices de Vaca Muerta. “Vivo hace 19 años acá, en Sauzal Bonito, tengo mi casa de adobe y de bloque, hace más de un año estoy sufriendo sismos. Le llaman sismos pero los provoca el hombre. Se me está partiendo la casa, últimamente de noviembre a enero ha sido terrible, se me terminó de partir toda la casa”, asegura. La mayor preocupación de Rosa es su familia, sus seis hijos criados en ese hogar y sus diecisiete nietos, uno de ellos estaba cuando ocurrió uno de los movimientos más fuertes, que hizo que se caiga la alacena. Con foto en mano, asegura que ese día tuvo mucho miedo. Su hogar, como el del resto del pueblo, no tiene gas y la estufa con la que se calefaccionan se partió con los movimientos. Rosa espera poder arreglarla antes de que llegue el frío crudo del invierno.

“Los sismos, o supuestamente simos, que hay son movimientos que empezaron cuando llegó Vaca Muerta, cuando llegó Fortín de Piedra, y con eso empezaron acontecimientos de moverse las casas y empezó a ser más continuo”, sostiene Luciano Muñoz, quien vive en el pueblo desde hace unos años. En tanto su vecino, Adrián Sandoval indica: “Los temblores los vivimos día a día, tuvimos 38 temblores en un día y ya nuestros hijos demuestran su preocupación, donde empieza a temblar la casa te dicen: ‘¿papá que vamos a hacer? ¿se va a caer la casa?’”. Nacida y criada en Sauzal Bonito, Graciela Fuentes vive junto a sus tres hijas y un hijo en una de las viviendas más afectadas. Ella asegura que en cada movimiento no llega a sacarlas de la casa y a veces salen corriendo ellas mismas, incluso en plena madrugada. Por los movimientos, más de la mitad del revoque de las paredes se cayó, dejando a la vista los ladrillos de adobe. Un hueco en la pared muestra las heridas de un hogar que corre peligro de derrumbe. Según le dijeron, ella sería una de las primeras reubicadas en una vivienda nueva que la Provincia prometió construir para compensar los daños.

En la localidad también tienen problemas para acceder al agua potable -en febrero estuvieron dos semanas consecutivas sin el vital recurso- a pesar de estar sobre la margen sur del impetuoso río Neuquén. El río Neuquén es la fuente principal de alimentación de agua para el fracking, las tomas se encuentran sobre su margen norte. Enormes mangueras esparcidas por la meseta alimentan la demanda de los  distintos pozos -cada uno de ellos utiliza alrededor de 25 millones de litros durante el proceso de fractura. Pero ese no es único problema con el agua. Este año la escasez afectó la producción. “Nosotros, estando en las primeras chacras, no podemos regar, regar cuando se necesita, no cuando el agua viene, porque a veces, cuando al fin tenemos, agua las plantas ya se secaron”, explica Inés Fuentes.

Eppurse e muove -y sin embargo se mueve-

Los estudios sobre sismos inducidos por actividades antropogénicas como la petrolera son muchos, e incluso reconocidos por propios impulsores de la extracción del subsuelo. La provincia de Neuquén contó con diagnósticos sobre el tema, pero tomó escasas o nulas medidas preventivas. La ausencia de sismógrafos y la falta de estudios sobre la posible reactivación de fallas geológicas, previos al comienzo de un megaproyecto de la envergadura de Vaca Muerta, puede definirse, al menos, como imprudente.

El ingeniero y legislador provincial Luis Felipe Sapag, un estudioso de la materia y férreo defensor del fracking, en su libro Entender Vaca Muerta, fracking: ¿zona de sacrificio o tierra prometida?, rechaza la crítica de los sismos inducidos y utiliza casos de sismos principalmente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sapag discute que un sismo no es un terremoto, y asegura que los sismos no los genera el fracking sino lo pozos sumideros. Toma la información provista por geófonos de las empresas durante los procesos de fractura y concluye que los movimientos son monitoreados e imperceptibles. “La sismicidad de los trabajos realizados por YPF equivalen a una millonésima del menor terremoto con intensidad suficiente para hacer daño”, y concluye: “si alguien no la cree, podría instalar su propio sismógrafo a cien kilómetros de las operaciones de fracking en la zona de Añelo. Si la aguja se moviera más allá de cuatro micrones, entonces el mencionado testimonio no sería cierto”, sentencia el legislador.

En noviembre del 2014 los geólogos e investigadores de la Universidad de San Juan, Sebastián Correa Otto y Silvina Nacif, instalaron once sismógrafos para realizar el estudio Sismicidad en la cuenca Neuquina, monitoreo de la actividad de fracking en la formación Vaca Muerta, tomaron datos hasta julio del 2016. Ese estudio desmiente las afirmaciones de Sapag y evidencia que la aguja efectivamente se movió. El objetivo del trabajo fue evaluar la sismicidad base en la región de Añelo para determinar posible actividad neotectónica y también sismicidad asociada a la inyección de fluidos parte de la actividad hidrocarburífera. El 19 de noviembre de 2015 registraron el sismo de 4.2 grados, ocurrido al sur oeste de Añelo, y determinaron que sucedió sobre la Dorsal Huincul. La conclusión preliminar de estos autores es que “son reactivaciones tectónicas de la dorsal de Huincul debido a los esfuerzos compresivos del margen activo de subducción controlados por la estructura compleja de la dorsal; o posible reactivación de una falla antigua debido a la actividad de fracturamiento hidráulico y la inyección de fluidos en la zona”. Por lo que sugirieron que se realicen mayores estudios, pero nadie escuchó.

Joaquín Vásquez dirige el Departamento de Analistas de la ONG Sismología Chile, su organización viene siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en la norpatagonia neuquina. Sauzal Bonito se mueve, los vecinos denuncian, pero nadie lo constataba. Desde el 2018 el trabajo de la ONG trasandina se tornó en la referencia que corrobora con sus reportes lo que en el territorio los/as vecinos/as sienten. En enero del 2019 Vásquez publicó el trabajo Sismicidad en Sauzal Bonito, Cuenca Neuquina, allí coincide con Correa Otto y Nacif: una falla geológica se reactivó y su principal sospecha apunta a la inducción antropogénica. En su conclusión afirma: “No se descarta que la actividad pueda estar influenciada con la extracción de petróleo, relacionadas con las técnicas de fracturamiento hidráulico, posterior inyección y eliminación de fluidos”. Agrega, además, que “un aumento de esta actividad podría generar un aumento en la tensión de las fallas y, por tanto, una mayor sismicidad, sin embargo, para eso se necesita un análisis más exhaustivo y una investigación local” (Vásquez, 2019). Nueva advertencia, sobre la necesidad de investigar a fondo lo que allí está ocurriendo.

No es sólo Sauzal Bonito, una recorrida por otros casos

Los temblores continúan y las repeticiones preocupan a la población de Sauzal Bonito que, ante la falta de respuestas, en febrero cortó la ruta provincial 17, arteria central de la explotación en el auge de Vaca Muerta. El gobierno prometió investigar el caso involucrando al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (InPreS), a los técnicos de la Universidad Nacional de San Juan y también a las empresas mediante el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), el mismo que aseguró “sismos cero”. Hubo dos movimientos reportados en noviembre, cuatro en diciembre, 56 en enero, 17 en febrero y tres en lo que va de marzo. Los últimos cuatro meses suman 82 movimientos. Entre estos, uno de 4.8 grados Richter, el más fuerte de los últimos sesenta años en la zona. En un acto de sinceridad, el director provincial de Exploración, Explotación y Transporte de Hidrocarburos, Alex Valdez, expresó al diario Río Negro: “Uno a eso lo veía venir por los antecedentes de Estados Unidos, pero nosotros queremos investigar y fundar antecedentes”.

Hay muchos casos de explotación en los que el fracking y los movimientos llegaron de la mano:

Prestemos atención a porqué el modo capitalista de producción destruye los subsistemas básicos para la vida y el trabajo (el del agua, el del suelo y el del aire) comprendiendo cómo procede el fracking:

(...)Desde la localidad pueden verse las siluetas de los grandes equipos que van cambiando de lugar una vez concluidos los más de 4.000 metros verticales y los casi 3.000 metros horizontales de perforación de cada uno de los 81 pozos que la empresa ha declarado ante Secretaría de Energía. Entre ese proceso y la fractura, se hace con un punzado que consiste en una gran explosión que dispara un proyectil que traspasa el tubo de acero y navega hasta varios centenares de metros dentro de la roca. Posteriormente se realiza  el proceso de fractura hidráulica que inyecta con fuerte presión el cóctel compuesto de agua, químicos y arenas sicilias, que los obreros llaman “sopa”. Esto se repite decenas de veces en cada pozo.

Tecpetrol ha superado las 30 inyecciones en algunos pozos y en los meses de esplendor acumuló más de 280 procesos por mes. En un pozo se inyecta un promedio de 25 millones de litros y se recupera menos del 30%. Lo recuperado, en general, se inyecta al subsuelo mediante pozos sumideros.

Elaboración propia según datos de Cap IV de Secretaría de Energía de Nación

El caso de Fortín de Piedra es paradigmático, en julio de 2016 recibió la concesión del área por parte de la Provincia. A los pocos meses, en marzo de 2017, entró en el programa de estímulos a la producción, conocido como Resolución 46, impulsado por el entonces ministro de Energía y ex CEO de Shell en Argentina, Juan José Aranguren. En enero de 2018 producía 1.32 Mmm3 de gas (millón de metro cúbico), para enero de 2019 la producción gasífera ascendía a 13.68 Mmm3, lo que representa más del 10% de gas que se extrae en todo país. Para fines de 2018 la compañía ya lideraba la producción gasífera en la formación Vaca Muerta. Desde que accedió al programa de estímulos, Tecpetrol se hizo del 57% de los recursos destinados por el Estado nacional a ese programa. Actualmente, y tras una modificación en la aplicación de la normativa para adecuarla a los requerimientos del FMI, se recortaron los subsidios y Tecpetrol reclama una deuda de 2018 que ascendería a 5.655 millones de pesos.

Fortín de Piedra, una de la productoras de gas más importantes del país. Perfora sobre territorios carentes de gas y empobrecidos. Mientras el Estado nacional inyecta millones de pesos en subsidios, el Estado provincial recolecta millones en regalías. Entre tanto, los temblores se agudizan y las políticas públicas están focalizadas en la renta.

¿Por qué tiembla Vaca Muerta? Puede que no se obtenga un respuesta rápidamente y por eso es urgente una moratoria, es decir, un freno a la explotación hasta que estudios certeros aseguren que los sismos no son producidos por la actividad hidrocarburífera, antes de que ocurra un evento con peores consecuencias.

Fotografias:  Martín Álvarez Mullally

Notas:

1. La explotación de hidrocarburos no convencionales se realiza con el cuestionado método de fractura hidráulica, más conocido como fracking, prohibido en varios países por su efecto contaminante sobre el ambiente.

2. Sismología Chile es una ONG que reporta en base a agencias oficiales, en este caso los sismógrafos del Centro Sismológico Nacional de Chile. La organización tiene una fuerte presencia en redes y trabaja en conexión permanente con los territorios.

3. El ingeniero Eduardo D´Elia y el Geógrafo Roberto Ochandio discuten mucho esta idea en el libro 20 mitos y realidades del fracking.

4. La Dorsal Huincul es un cinturón de deformación de intraplaca ortogonal al margen convergente Pacífico, desarrollada lo largo de la sutura entre la microplaca de Patagonia y el Gondwana Occidental. Se extiende por 800 km atravesando los límites de Cuenca Neuquina hasta Choele Choel, Río Negro (Mosquera, 2011).

5. Para ver un listado de estudios ver en Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking, 2018, desde página 131.

6. Según lo declarado en el Capítulo IV .

7. “Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales”. Este consiste en garantizar a aquellas empresas que cuenten con concesiones de áreas de gas no convencional aprobadas para adherirse al programa, un precio estímulo definido en: 7,50 U$D/MMBTU para 2018, 7 U$D/MMBTU para 2019, 6,50 U$D/MMBTU para 2020 y 6 U$D/MMBTU para 2021. Tomado de Anuario 2018, informes económicos sobre los hidrocarburos no convencionales en Argentina.

Fuentes:

Correa-Otto, Sebastián y Nacif, Silvina. Sismicidad en la cuenca Neuquina, monitoreo de la actividad de fracking en la formación Vaca Muerta. Congreso Binacional de Investigación Científica Argentina – Chile, 2017.

Luis Felipe Sapag. Entender Vaca Muerta. Fracking: ¿zona de sacrificios ambientales o tierra prometida?. CABA, Prometeo, 2015.

Joaquín Vázquez. Sismicidad en Sauzal Bonito, Cuenca Neuquina. 2019

AAVV. 20 mitos y realidades del fracking. CABA, El Colectivo, 2014.

Concerned Health Professionals of New York. Compendium of Scientific, Medical, and Media Findings Demonstrating Risks and Harms of Fracking (Unconventional Gas and Oil Extraction). Marzo 2018

López Crespo, Facundo y Kofman Marco. Anuario 2018, informes económicos sobre los hidrocarburos no convencionales en Argentina

Neuquén Informa (13/12/2012) “Discurso del gobernador Jorge Sapag durante el almuerzo por el Día del Petróleo y del Gas”

La Mañana de Neuquén (29/05/2014) “Fuerte defensa de Sapag a la técnica del fracking”

The New York Times (17/11/2016) “En Canadá, un vínculo directo entre Fracking y terremotos”

Ámbito (16/11/2016) “ANSES financiará un oleoducto de YPF en Vaca Muerta”

Observatorio Petrolero Sur (27/02/2019) “Suspenden fracking en el suroeste de China luego de tres sismos en dos días”

BBC (30/10/2013) “7 temores sobre el fracking: ¿ciencia o ficción?”

La Información (8/11/2017) “Extracción de gas por “fracking” causó un sismo en Canadá”

El Universo (26/08/2015) “Extracción de gas por “fracking” causó un sismo en Canadá”

Insurance Journal (04/12/2018) “3 Oil Companies Settle in Class-Action Suit over Oklahoma Earthquakes”

Earthworks (2017) “Terremotos relacionados con el fracking”

Expansión (09/03/2016) “Oklahoma limita el ‘fracking’ por el aumento de los terremotos”

Tecpetrol (30/01/2019) Comunicado a la Comisión Nacional de Valores

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2019/03/23/sismos-en-vaca-muerta-las-sospechas-recaen-en-el-fracking/

 

Estamos sumidos en la fe al crecimiento económico y progreso capitalista que los gobiernos de turno de tanto Cristina Fernández como de Mauricio Macri han promovido tomando de paradigma al fracking en Vaca Muerta. Es hora de generalizar el planteo de:

 

 

 

 

 

Descubramos, involucrándonos en creciente mayoría de Argentina, otra unión (encubierta por la "grieta") de CFK con MM, ambos sostienen la expansión del sistema globalizado de agronegocios. 

 

 

 

Y consideremos porqué estamos frente a:

 

Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja
12 de octubre de 2010

En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.

 

Por Darío Aranda

La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema.

La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.

“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.

El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.

A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.

Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.

Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.

El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.

La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).

El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.

Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.

El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.

La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.

Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.

Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.

 

En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-154770-2010-10-12.html

Evaluemos el pasado K (para contextualizar el presente) silenciado e invisibilizado sobre todo por la grieta a fin de continuar el capitalismo pese a su incompatibilidad con los buenos vivires abajo:

 

 

 

"ESTAMOS DISPUESTOS A SEGUIR LUCHANDO"

Cierre de la Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas
3
1 de mayo de 2015

 

 

Las autoridades de 25 pueblos indígenas, provenientes de 17 provincias argentinas, culminaron un encuentro de tres días en el que denunciaron "las consecuencias de un modelo económico no-sustentable" y solicitaron "la apertura de un diálogo político para la elaboración de una agenda de trabajo y entendimiento que garantice la aplicación de los derechos vigentes". "La memoria es la base de la identidad de un pueblo que se ha conservado por miles de años", sostuvieron.

En un documento conjunto, los representantes de 25 pueblos indígenas, enmarcaron la situación actual de sus comunidades en la "profundización sin precedentes de la desigualdad y el empobrecimiento, la violación de los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación y saqueo de los llamados 'recursos naturales' (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, por consecuencia, el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el patrimonio cultural".

En ese sentido, los pueblos indígenas reivindicaron: "Venimos desde nuestros territorios ancestrales para manifestar que seguimos vivos como pueblos y culturas indígenas, para dejar una vida en base a nuestros principios y valores a las próximas generaciones". Por eso, sostuvieron que continuarán "defendiendo cualquier violación de nuestros pueblos y derechos, y protegiendo a nuestras tierras y territorios".

Las autoridades indígenas volvieron a denunciar el incumplimiento de los "derechos, reconocidos en el Derecho Internacional Público y consagrado en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales y diversas leyes nacionales y provinciales" y la "solicitud de diálogo no ha sido nunca correspondida" por parte de los gobiernos locales y nacional, que "continúa violando con total impunidad las leyes nacionales y los acuerdos internacionales ratificados sobre los derechos indígenas, así como el derecho ambiental internacional y el derecho a tener una vida sana y saludable".

Además, subrayaron que "en los últimos 10 años, decenas de hermanas y hermanos han sido asesinados por las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes que asaltan nuestros territorios".

"Más de mil hermanas y hermanos están siendo judicializados por defender sus territorios y la Naturaleza. Hay represión, intimidación y un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la protesta de nuestros luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra", agregaron.

Ante esta situación, los representantes de los pueblos originarios volvieron a solicitar un espacio de diálogo "para todo proceso de construcción política, proyecto de ley o actividad nacional y el respeto por los principios democráticos básicos", entre ellos, "la consulta con los pueblos indígenas para cualquier proyecto del llamado desarrollo respetando nuestras estructuras, autoridades y tiempos".

"Durante estos tres días, escuchamos dramáticos testimonios de hermanas y hermanos sobre la situación de injusticia que se vive en los territorios", señalaron en la declaración final de la cumbre y enumeraron entre las problemáticas: "la exploración y explotación convencional del petróleo y el Fracking, la minería, los desmontes, la contaminación, el avance sojero, las represas hidroeléctricas, la falta de atención sanitaria".

En ese sentido, destacaron la "preocupación por la protección de nuestro patrimonio genético que se ve amenazado por industrias que emiten contaminación tales como la radiación nuclear, los organismos genéticamente modificados (por e j. Monsanto) y experimentos de biotecnología".

Por último, el comunicado final de la cumbre exigió la derogación de la ley antiterrorista, el desprocesamiento de todas las autoridades indígenas procesadas y que la presidenta Cristina Kirchner reciba " de manera urgente a los hermanos de QOPIWINI que hace 104 días acampan por segunda vez en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires, denunciando la sistemática violación de sus derechos".

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-273921-2015-05-31.html

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Agrotóxicos: “Están dañando el territorio,

la genética y el futuro”
20 de julio de 2015

Por La vaca.org 

 

El periódico Mu, editado por la cooperativa La Vaca, dedicó su edición del mes de julio a indagar sobre las consecuencias de la aplicación de los agrotóxicos.

Reproducimos un reportaje a la doctora que en el Chaco integra la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo”, María del Carmen Seveso.

Investigó la relación entre las enfermedades que afectaban a las embarazadas, los bebés que nacían con malformaciones y los agrotóxicos. Los resultados son para ella las pruebas que acusan a los responsables de mirar para otro lado. Qué encontró y qué reclama.

Viene de un lugar llamado Resistencia, con un pendrive repleto de fotos de bebés nacidos con malformaciones, órganos fuera de lugar, caras deformes, narices enormes, ojos imperceptibles, pies torcidos.

"Más que fotos, son pruebas", apunta con tono inquisidor hacia los responsables de seguir las puntas de este ovillo que hilvanaron médicos de distintos puntos del país, entre quienes ella se ha erigido como referente.

"¿Quién va a pagar por esto?", pregunta señalando esas dolorosas fotografías.

La doctora María del Carmen Seveso mostrará estas pruebas en una de las conferencias del Congreso de Ciencia Digna, y luego se quedará charlando con la doctora Delia Aiassa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, especialista en investigar el daño genético que produce la exposición a agrotóxicos. Están planeando algo concreto: conectar las imágenes con la evidencia científica.

Esa foto que las mostraría a ellas coordinando sus trabajos -y que no estará nunca en ningún pendrive ni diario ni nada- es otra prueba: la de cómo se construye la ciencia digna en tiempos indignos.

 

Los síntomas

Seveso es médica especialista en Terapia Intensiva y en Terapéutica Farmacológica, entre otras cosas, y siempre trabajó con adultos. Primero en el servicio de terapia intensiva del Hospital Perrando, en Resistencia. Luego se radicó en Presidencia Roque Sáenz Peña (segunda ciudad más poblada del Chaco), donde dirigió el Servicio de Terapia del Hospital 4 de Junio, del cual actualmente es miembro del Comité de Bioética. Además, integra el Consejo de Bioética de la provincia del Chaco y forma parte de la Red de Salud Popular doctor Ramón Carrillo, una organización que desde hace años acompaña el reclamo de los pueblos fumigados. Su caso es similar al de otros profesionales de la salud con las antenas paradas: una médica intensivista que empezó a notar cosas raras. "Insuficiencias renales, deformidades físicas, y después los cánceres - enumera-. Recibía personas que tenían enfermedades gravísimas: unos entraban en coma, otros con insuficiencia respiratoria, y no tenían un diagnóstico, pero la enfermedad había evolucionado muy rápidamente. ¿Qué estaba pasando entonces? Había algo que aceleraba los procesos". Seveso comenzó una investigación digna de cualquier serie norteamericana, con las herramientas que tenía a mano: recurrió al sistema de datos del servicio de terapia intensiva del Hospital 4 de Junio (centro de salud pública de referencia de la mitad de la población del interior del Chaco) para ver qué decían esos números. Cuenta:

- "En la base de datos de pacientes internados se registraba un número importante de mujeres con patología del embarazo y puerperio".

- "Predominaban las que tenían complicaciones graves derivadas de la hipertensión inducida por el embarazo".

- "En el año 2007 aumentaron en tal magnitud que igualaron a la suma de los últimos 5 años anteriores. En ese año la siembra de soja transgénica fue la más importante y así también las fumigaciones".

- "Comenzamos a sospechar que había una relación, al igual que con otras enfermedades como cáncer en personas más jóvenes y con evolución tórpida, enfermedades neurológicas, respiratorias, etc."

- "En ese momento nos acercan la estadística de neonatos con malformaciones que provienen de la misma región y que triplicaban los datos de otros servicios de zonas no fumigadas".

- En la actualidad, dice, la multiplicación es mayor.

- Según los parámetros de la normalidad, el 10% de las mujeres embarazadas puede tener esta problemática. En el Hospital 4 de Junio, "de 10 que llegaban a Tocoginecología, 4 eran casos con hipertensión inducida por el embarazo". Es decir, el 40 por ciento.

Seveso cuenta que la hipertensión durante el embarazo es una enfermedad sistémica, que enferma a los vasos y afecta a todos los órganos, y que produce nacimientos de bebés en condiciones críticas: neonatos con bajo peso, puede haber desprendimiento de placentas, corre riesgo la vida de la madre y el niño.

 

Ir al campo

Hay que imaginarse a María del Carmen Seveso, metro cincuenta de estatura, andando por los pueblos del interior del Chaco, visitando los lugares de donde llegaban sus pacientes enfermos para atar los cabos sueltos: "Se sumaba a nuestra sospecha que en los pueblos, cuando hablábamos con el personal de salud -entre ellos médicos, agentes sanitarios- nos decían que el problema que tenían era que las embarazadas presentaban hipertensión". Es decir, la tendencia que notaban en el hospital también la constató en los lugares que visitaba. ¿Cómo comprobar si esa tendencia estaba relacionada con los agrotóxicos? No contaban con laboratorios. "Justo en ese momento nos llega un informe de una investigación realizada en Colombia por el doctor Jaime Altamar Ríos que mencionaba que los herbicidas que se utilizan actualmente provocan los mismos cambios endócrinos y hormonales que se describen en estos embarazos". Eureka.

 

Discapacidad transgénica

Luego llegaron las evidencias científicas. "Hasta entonces no había muchas investigaciones publicadas, pero luego se pudo acceder a publicaciones de todas partes del mundo y de nuestro país que informan sobre investigaciones que demuestran que todos estos productos biocidas son los responsables del cambio en el número de autismo, obesidad, problemas de aprendizaje", dice Seveso.

Su conclusión es contundente: "Todo esto nos hace pensar que ya no tenemos que preguntarnos si estas enfermedades son causadas por el envenenamiento del medio ambiente y la calidad de la alimentación, sino al revés: tendríamos que preguntarnos qué enfermedad no es causada por esto".

Otro dato escalofriante: la doctora Seveso conecta la cantidad alarmante de escuelas para jóvenes discapacitados que hay en Chaco con esta exposición crónica a los biocidas, término que refiere al paquete de semillas transgénicas y agrotóxicos.

En la actualidad son cuarenta las escuelas públicas, distribuidas en distintas localidades, y en las ciudades más grandes hay muchas más instituciones privadas. "Donde yo vivo, con una población de 89.800 habitantes hay aproximadamente 7 escuelas privadas y concentran una matrícula de 700 niños con capacidades diferentes", cuenta Seveso.

Y razona: "Si conectamos este dato al nuevo modelo de siembra, se entiende por qué hace 10 años la cifra de matriculados, en Sáenz Peña y en ese tipo de escuelas, era sólo de 100. Es decir, 7 veces menor".

Concluye con otro dato clave: "Los niños provienen de zonas fumigadas, prácticamente sin excepción".

 

El mapa del cáncer

Durante el 2011 la doctora Seveso formó parte de un equipo de investigación encabezado por Mirta Liliana Ramírez, geógrafa, encargado de relevar las condiciones epidemiológicas de los departamentos de Bermejo, Independencia y Tapenagá, de la provincia del Chaco. Los resultados son contundentes:

- En la localidad de Napenay (1.960 habitantes) el 38,9% declaró haber tenido en los últimos 10 años algún familiar con cáncer.

- En Avia Terai (5.446) el porcentaje era de 31,3%.

- En La Leonesa ( 8.420), el 27,4% tuvo un familiar con cáncer .

- En Campo Largo, el 29,8%.

- En otros pueblos testigos que fueron encuestados y que son ganaderos -Charadai y Cotelai- las respuestas positivas bajaron: sólo el 5 y el 3 %.

El informe también resaltaba el "alto grado de inequidad" observado al analizar la exposición a los agrotóxicos: "Se observa una exposición desigual en los residentes de las zonas rurales y urbanas, en los diferentes estratos económicos de las zonas urbanas, entre los hombres y las mujeres, y los trabajadores del sector formal e informal; y en particular, los niños y los ancianos".

Seveso lo traduce a la realidad chaqueña: "Hay mucha gente muy pobre. La mayoría no tiene agua potable y se abastecen de los pozos y de aljibes, que es agua contaminada con agrotóxicos. Bañan a los bebés con esa agua, y la toman, porque no tienen ni para comprar un bidón. Son los más vulnerables", reitera.

 

Lo insostenible

El diagnóstico de la doctora Seveso culmina en un razonamiento elemental, básico a toda ciencia: "En un sistema sano todo está regulado. Es un tipo de sistema que, cuando hay una disrupción, funciona mal. Es como cuando vos alterás algo del sistema operativo de una computadora: se para, o se cuelga, o se te mete un virus. En síntesis: funciona mal. En un sistema de equilibrio perfecto, este tipo de alteraciones que representan los biotóxicos logran romperlo, porque son disruptivas. Los venenos estos, todos, son productos diseñados para matar la vida".

 

¿En qué etapa estamos ahora?

"Estamos en una etapa en que la difusión está: la gente sabe de qué estamos hablando. Los políticos también. Entonces, cuando haya necesariamente un cambio por lo insostenible de este discurso, ellos van a ser solidariamente responsables por su negligencia. Esto recién empieza. Van a tener que pagar. Me duele mucho que los organismos de derechos humanos no asuman esto como una transgresión a esos derechos, en su máxima expresión: están dañando el territorio, la genética y el futuro. Y si no hacemos algo, va a ser cada vez peor. Porque en el futuro van a venir nuevas biotecnologías y nos va a resultar muy difícil identificarlas. Y hasta que eso ocurra ya habrán hecho aún más daño; tendremos que empezar a investigar de nuevo. ¿Viste esas películas de la devastación? Va a ser así algo así. En medio de esta postal desoladora, ¿qué representa la ciencia digna? No me considero científica. Yo soy de trinchera, trabajé con lo que muestran los pacientes y fui al lugar donde se enfermaban para entender qué pasaba. Creo que la ciencia digna es eso: tratar de explicar que pasó y que pasa con la sociedad en el momento en que te toca actuar. ¿Es posible que la ciencia hoy juegue ese rol? Te tendría que definir primero a la otra ciencia: la ciencia adicta al poder, la ciencia hegemónica que siempre dijo lo que al poder le interesaba que diga, la ciencia al servicio de las corporaciones, siempre con la complicidad de los Estados. Las universidades públicas investigan hoy con fondos de Monsanto y de las farmacéuticas. ¿A quién le sirve eso? Creo que la ciencia digna es Andrés Carrasco, que investigó y descubrió al monstruo: el glifosato. Lo dijo públicamente y murió peleando por eso. Y quizás sea un poco ese nuestro destino: pelear hasta morir, porque ya somos grandes".

Fuente original: Chaco Día por Día
Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Agrotoxicos_Estan_danando_el_territorio_la_genetica_y_el_futuro

Tomemos conciencia sobre las causas de las inundaciones Leer Fundamentemos el grado de criminalidad que está implícito mediante los siguientes artículos fechados durante el gobierno CFK:

 

 

Suelos, huella de nutrientes y estabilidad ecosistémica

año 2015

Por Walter Pengue, Fronteras 13:1-19, Buenos Aires, GEPAMA, FADU, UBA, 2015

 “Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado.

Porque polvo eres y en polvo te convertirás”.

(Génesis 3:19)

 

“Nunca perdáis contacto con el suelo; porque sólo así tendréis una idea aproximada de vuestra estatura”

Antonio Machado

 

Introducción

 

La especie humana vive gracias a una delgada capa de tierra que le brinda los elementos básicos para su subsistencia. La base de la agricultura mundial está en sus suelos. Los suelos son, hasta ahora y lo seguirán siendo por mucho tiempo hacia el futuro,  la canasta de alimentos más completa y diversa de la humanidad y un enorme proveedor de servicios ecosistémicos, pobremente considerados hasta ahora por los humanos.  De su funcionamiento, estabilidad, uso más eficiente, administración, vinculación con los nuevos escenarios de cambio climático y global y gestión sustentable depende la provisión actual y futura tanto de los alimentos como de todas las materias primas que, en las áreas terrestres el hombre obtiene para su sustento y la mejora de su calidad de vida.

 

No obstante ello y particularmente desde la últimas décadas, el comercio y la intensificación mundial del mismo, han puesto una presión sin precedentes sobre las estructuras, la calidad de los mismos conjuntamente con un cambio de uso de suelo sin precedentes.

La degradación de los suelos es un proceso alarmante, que ha hecho que justamente el año 2015, sea declarado el Año Internacional de los Suelos (FAO 2015), considerado el suelo un recurso no renovable, cuando la presión sobre su uso es tan severamente intensa.

El cambio climático y el cambio ambiental global, agregan una presión adicional importante sobre la estabilidad de estos  “recursos de base” y su proyección de uso sustentable futura.

Es importante entonces comprender los procesos y relaciones que estos suelos tienen no sólo en sus aspectos ecológicos sino y básicamente con la economía, la sociedad, la demanda de recursos y sus interacciones.

El mundo comienza a pensar sus flujos y necesidades no sólo en términos de valor económicos sino particularmente en cuanto a sus flujos de materiales y energía.  Mucho se ha iniciado particularmente en cuanto a los estudios de Metabolismo Social y Material Flow Accounting.  Se ha reflejado entonces, un estimador de flujos de masas (materiales, energía, biomasa, minerales, metales, agua), que da una cuenta inicial de lo que está sucediendo.    La perspectiva que nos acerca el metabolismo (tasas y flujos metabólicos), implementados por autores como Marina Fischer Kowalski o el Panel de los Recursos (UNEP 2012), es ya conocida y aplicada en América Latina, pero adolece aún,  del enfoque de sumar a este análisis, la integralidad de estudiar qué sucede con los Recursos de Base, particularmente el suelo y particularmente sus nutrientes,  y de sus relaciones actuales y futuras con las transformaciones generadas por el cambio climático en la Región. Justamente un recurso que otros  países o geografías, no tienen o desean ponderar en profundidad y que para nuestra Economía y Desarrollo es aún más que vital.

Pero, poco se ha analizado aún, sobre la situación de lo que está sucediendo con los procesos de producción/explotación de los suelos y su estabilidad, conjuntamente con los flujos de ingreso/egreso de materiales con cada cosecha de granos, cereales, oleaginosas, maderas, carnes, cueros y todo producto que particularmente, saliendo de la escala local, ingresa al comercio internacional.

 

El suelo no se está reproduciendo en la escala adecuada. El suelo se está muriendo.

Los suelos, ricos y aún los más pobres, permiten obtener alimentos. Tanto aquellos de mayor calidad y capacidad de uso como así también aquellos que por su propia formación y estructura pueden ser de una menor productividad Y se están deteriorando aún más rápidamente. Tampoco son contabilizados adecuadamente dentro de una política verde sustentable. Comprender, validar y particularmente cuantificar estos flujos de salida, sus proyecciones y escenarios vinculados a los cambios ambiental global y climático, se hacen un ejercicio trascendente para la agricultura latinoamericana, una de las más promisorias del mundo, pero también de las más amenazadas por la intensificación y las prácticas insostenibles.

 

Es importante entonces, comprender los flujos de materiales de los recursos de base (granos en los nutrientes y sus relaciones con la estructura de los mismos), la valoración de los intangibles ambientales involucrados y sus relaciones con una política global de sustentabilidad en el uso de los recursos,que de luz a recursos que hoy proveedores y consumidores, mantienen pobremente evaluados.  En Fronteras 9 (9:12-25, Octubre 2010),, a través de nuestra discusión preliminar “Suelo Virtual, biopolítica del territorio y comercio internacional”  advertíamos sobre esta necesidad y transfondo bio y geopolítico, de especial interés para las decisiones de política ambiental, agropecuaria y productiva de un país que ha sido y seguirá siendo de abolengo rural y producción exportadora, por su cantidad y disponibilidad de tierras y suelos.

 

La pérdida de nutrientes de los suelos responde en general a dos fenómenos que lógicamente pueden integrarse y potenciarse.

·         Primero un proceso de transformación y cambio en el uso del suelo que impacta sobre las formas y utilización y de hecho su potencialidad de los suelos, hecho que de la mano de una intensificación agrícola y ganadera que apunta a una agricultura de extracción y exportación lejana. Es decir, un efecto derivado de una fuerte actividad antrópica. 
La intensificación de la agricultura y de la ganadería producen una “anemia del suelo” que alarma significativamente, cuando los procesos de producción aumentan y se concentran en pocos cultivos y espacios (monocultura sojera y feedlots).

·         Un segundo proceso, natural o de derivación física generada por actividades antrópicas es el que produce erosión y degradación de nutrientes importantes que se pierden por medio de su circulación a través de las cuencas. El caso de la boca de la Cuenca del Río de la Plata, muestra cabalmente esta pérdida anual física de materiales que discurren a través de los ríos que integran esta cuenca.

 

Los recursos de la tierra. Viviendo sobre la piel de una cebolla…

 

La tierra es la nave espacial a través de la cual la humanidad navega en el universo. Es por medio de ella y gracias a ella, el elemento vital que ha permitido una evolución, transformadora y permanente de todas las especies en el planeta. La tierra no necesita de la humanidad para su supervivencia. Seguirá su crecimiento, desarrollo y transformación exista o no la especie humana. Sin embargo, la actual civilización moderna necesita invariablemente de la tierra y sus recursos para su supervivencia. No obstante existen interacciones, intercambios y transformaciones entre una y otra.

La tierra se formó hace unos 4650 millones años atrás. Las rocas más antiguas de la tierra que se conocen marcan un edad de 3750 millones de años. 

La superficie de los continentes ocupa tan sólo el 29 % de la superficie, constituyendo la hidrosfera, una masa de agua dinámica el 71 % restante, de la cual el 97 % es agua salada y el 3 %, dulce. La vida, en general, discurre en todas las superficies continentales e insulares del planeta sobre unos 15 X 107  Km2 (poco menos de 14.900.000.000 de hectáreas).

La biosfera incluye a toda la vida en la Tierra. La vida oceánica está concentrada en las aguas superficiales del mar iluminada por el sol, La mayor parte de la vida en la Tierra está concentrada también cerca de la superficie, alcanzando las raíces de los árboles y los animales excavadores unos pocos metros bajo tierra y los insectos voladores y los pájaros un kilómetro más o menos en la atmosfera (Tarbuck, Lutgens y Tasa 2013).

 

La sociedad moderna y los recursos

 

Tanto la corteza terrestre como los océanos como así también la atmósfera son proveedores de una amplia variedad de minerales y distintos elementos esenciales para el desarrollo de las sociedades modernas.

La mayoría de las personas están familiarizadas con los usos comunes de muchos metales y elementos básicos, como el aluminio, el cobre de los cables eléctricos o hasta el oro y la plata como elementos de resguardo y valor. Pero desconocen en su mayoría la inmanente necesidad de elementos básicos, su procedencia, agotamiento y costos ambientales y sociales de su extracción y de su utilización y los costos que para sus vidas tendrían, la inexistencia o pérdidas de estos.

La humanidad necesita y consume de manera permanente, recursos naturales. Los estilos de desarrollo globales están generando una enorme presión sobre todos los ecosistemas del planeta. Hoy en día, si el mundo pretendiera alcanzar el mismo nivel de consumo que el occidente más desarrollado, serían necesarios cinco planetas para poder abastecer esa demanda.

Además esa demanda se concentra en las ciudades que son los principales espacios donde se consumen los recursos. Las ciudades, arrastran más del 80 por ciento de los recursos energéticos, el 75 % de los materiales y consumen y degradan recursos hídricos y biodiversidad al extender su huella ecológica, de carbono, hídrica y de materiales, mucho más allá de sus límites.

 

Este metabolismo social y la colonización humana sobre el planeta y todos sus recursos (Pengue 2009, 2013) parece ser irrefrenable. Por ese motivo, es importante comprender, más que los análisis de flujos monetarios de una economía comprender qué sucede con sus flujos físicos y con los cuellos de botella que se presentan o presentarán en ese contexto.

El análisis económico del flujo de materiales es la compilación consistente de todos los ingresos materiales a una economía nacional, la acumulación material en el sistema económico (por ejemplo, el movimiento de cemento, de áridos, el  stock de viviendas, de granos, de biomasa, de ganado) y las salidas de materiales hacia otras economías o el ambiente (EUROSTAT 2001). Estos flujos pueden ser directos o indirectos, como las toneladas de cobre, oro, plata, soja, carne, maderas,  que un país importa o la mochila ecológica y otras mochilas (hídrica, carbono, nutrientes),  que la extracción de este metal deja territorialmente en su país de origen o que se emitieron a la atmósfera durante su transporte desde su centro de producción y transformación hasta el de su consumo como en muchos casos hoy día sucede con la globalización, de manera intercontinental. 

En general en todos los continentes se produjo un aumento en el consumo de materiales, tanto en valores absolutos como per cápita.  América Latina aumentó su demanda de materiales entre 1980 y el año 2008 de 12,7 a 15,6 toneladas por persona y un consumo de 3.100 millones de toneladas a 6.000 millones de toneladas para el mismo periodo por año. 

El artículo completo puede bajarse de:

https://www.researchgate.net/profile/Walter_Pengue

o

http://www.gepama.com.ar/index.php/publi2/revista-fronteras/116-fronteras13

Fuente: http://www.ecoportal.net/Blogs/Economia_Ecologica_-_Blog_del_Dr._Walter_Pengue/SUELOS-HUELLA-DE-NUTRIENTES-Y-ESTABILIDAD-ECOSISTEMICA-Pengue-W.A.-Fronteras-13-1-19-Buenos-Aires-GEPAMA-FADU-UBA-2015

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¿Cuáles son las causas de

las inundaciones en

las provincias del Litoral?

27 de diciembre de 2015

 

La organización ambientalista Greenpeace denuncia el motivo de las inundaciones en Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Formosa

La causa principal de las inundaciones en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Formosa es "la deforestación", indicó hoy la organización ambientalista Greenpeace a través de un comunicado.

 

"El aumento de las precipitaciones y la significativa pérdida de cobertura boscosa en Argentina, Brasil y Uruguay, que se encuentran entre los diez países con más deforestación de todo el mundo, no permitió la natural absorción del agua", argumentó la ONG.


El coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini, explicó que
los bosques y las selvas "además de concentrar biodiversidad considerable, juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos".

 

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que citó la entidad, desde la sanción de la Ley de Bosques -noviembre de 2007- hasta fines de 2014 "se deforestaron en el país más de 2 millones de hectáreas, de las cuales 620.000 hectáreas eran bosques protegidos".

En el caso de Entre Ríos, la provincia "perdió más de 85.000 hectáreas de bosques nativos", puntualizó la información.

Fuente: http://www.diarioveloz.com/notas/154692-cuales-son-las-causas-las-inundaciones-las-provincias-del-litoral

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La deforestación es una de las principales causas de las inundaciones en Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe, denunció Greenpeace
 
 CABA, 14 de enero de 2019 (APFDigital) 


- Las inundaciones en Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe, que mantiene a más de 2000 personas evacuadas, campos aislados y dejaron 4 víctimas mortales, tienen "en la deforestación de los bosques uno de los principales factores", según apuntó el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardiani

 El integrante de Greenpeace resaltó que la Argentina se encuentra en "emergencia forestal" luego de años de ubicarse entre los 10 países que más destruyeron sus bosques, lo que elimina la capacidad de absorción de los suelos, sumado al mayor nivel de precipitaciones producto del cambio climático.

"Hemos perdido 8 millones de hectáreas de bosques en los últimos 30 años en la Argentina y el 80 por ciento se registró en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta", precisó Giardini.

Chaco es una de las tres provincias más afectadas por las inundaciones de los últimos días, mientras que Corrientes y el norte de Santa Fe reciben el agua que llega desde las provincias vecinas. El coordinador de la ONG indicó que "el modelo agropecuario aplicado desde mediados de la década del '90 es responsable de la deforestación por fomentar el monocultivo de la soja y el desplazamiento de la ganadería del centro del país al norte".

El fenómeno conocido como "pampeanización" del noreste del país impacta en la capacidad de absorción de los suelos frente al aumento de las precipitaciones y elimina la capacidad de los bosques como esponjas naturales.

Giardini resaltó que los estudios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) precisan que mientras los bosques de la región chaqueña permitían absorber 300 milímetros por hectárea, los campos deforestados para plantar soja absorben 10 veces menos, mientras que los explotados con pasturas para ganado, tres veces menos.

"Es lo que fomenta el modelo agropecuario actual, por eso es necesario apostar a un modelo que revalorice la agricultura familiar y a los pequeños productores regionales, que han convivido con el ecosistema durante años", propuso Giardini, quien admitió que "la situación no es fácil de revertir en el corto plazo".

"La primera medida sería parar de deforestar, cumpliendo de manera estricta la Ley de Bosques, que muchos gobiernos provinciales incumplen, como son los casos de Salta, Chaco y Santiago del Estero, donde se autoriza deforestar zonas protegidas por la ley", denunció Giardini en la federación de radios comunitarias (FARCO).

Giardini también advirtió sobre el aumento de las precipitaciones por efecto del cambio climático, cuyos principales responsables son las grandes potencias industriales, fenómeno que le impone a la Argentina cambiar la matriz energética basada en los combustibles fósiles. Según el coordinar de la Campaña de Bosques el país también necesita "un plan de reforestación y la realización de obras de infraestructura" que contengan el mayor volumen de lluvias.


La Cruz Roja Argentina, por su parte, precisó que en Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe, continúan evacuadas 1300, 700 y 200 personas, respectivamente. "Se trata de una inundación muy fuerte, hay acumulación de agua, llueve un poco y no se reabsorbe, tarda mucho en escurrir. La inundación no es tanto por lo que llueve sino por el acumulado", analizó el director Nacional de Respuesta a Emergencias y Desastres de la Cruz Roja local, Rodrigo Cuba.

Cuba señaló, además, que "el agua acumulada dificulta las tareas de asistencia, por lo que hay que esperar a que baje". "Son procesos lentos. Ha bajado el alerta pero se esperan lluvias aisladas hasta el martes", advirtió según informó Página12. (APFDigital)

Fuente: http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_des=318609

En consecuencia, el alabado crecimiento económico por suministro de soja y otros commodities a China o el ponderado megaproyecto de Vaca Muerta resultan en gravísimas e irreversibles consecuencias. Precisemos esos extractivismos causan ecocidios y por tanto genocidios.

Insistamos en subrayar esa criminalidad e impunidad de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Que la gran burguesía local y los altos funcionarios del estado en sus distintas jurisdicciones completan al enriquecerse por:

 

Fuga de capitales y atraso económico
10 de febrero de 2018

 Por Rolando Astarita

En entradas anteriores señalé que uno de los principales problemas que dificulta el desarrollo en Argentina es que una parte sustancial del excedente (esto es, de la plusvalía) no se reinvierte productivamente en el país, y sale al exterior. Por ejemplo, en polémica con los K-economistas, escribí en septiembre de 2011:

“… en los 2000, y a igual de lo sucedido en períodos anteriores, otra parte fundamental del excedente ha estado saliendo al exterior, sea bajo la forma de remesas de utilidades, pagos de intereses y salidas de capitales que se colocaron en inversiones inmobiliarias y de cartera. La diferencia con los 90 es que esa salida de capitales, en lugar de financiarse con deuda, se financió con buena parte de los excedentes de la balanza comercial. (…) [Entre 2003 y 2010] las salidas netas por pagos de intereses, utilidades y dividendo… fueron por 63.192 millones de dólares. Y los activos externos (incluyen inversiones inmobiliarias, depósitos en el exterior, tenencia de moneda extranjera y diversas inversiones de cartera) del sector privado pasaron de 118.008 millones de dólares en 2003 a 172.888 millones [en 2011]” (aquí).

 

En otra nota, aproximadamente un año después:

“Desde el punto de vista del desarrollo capitalista, la raíz de los problemas en la economía argentina reside en que una parte sustancial del plusvalor no se reinvierte productivamente. En parte se utiliza en gastos improductivos (incluidos gastos estatales), o construcción inmobiliaria. Y otra se coloca en el exterior, ya sea porque las multinacionales no reinvierten sus ganancias, o porque la burguesía argentina saca los capitales. Los teóricos de la dependencia, y en general los autores de izquierda, tradicionalmente explicaron el atraso de los países coloniales y semicoloniales por la extracción del excedente que realizaban las potencias y sus empresas, aliadas a las oligarquías locales. Pero hoy, en Argentina, la remesa de utilidades por parte de las grandes transnacionales es sólo una parte del problema, porque existe una enorme masa de riqueza, propiedad de la clase capitalista criolla, que está acumulada en el exterior (algunos la ubican en 160.000 millones de dólares, pero puede ser superior); esto es, no se reinvirtió, ni se reinvierte, para ampliar las capacidades productivas. En este punto, el esquema explicativo “imperio-colonia” hace agua, ya que esa transferencia del excedente fue un acto libre de los capitalistas argentinos. (,,,) Esta debilidad de la acumulación de capital explica entonces por qué el problema económico en Argentina se manifiesta como carencia, como falta (de energía, de transporte, de producción con valor agregado, etc.) y no como “exceso” (aquí).

Pero no  es sólo Argentina. La transferencia de plusvalía al exterior es un fenómeno que afecta de conjunto a los países atrasados. Al respecto, es ilustrativo el informe “Financial Flows and Tax Havens: Combining to Limit the Lives of Billions of People”, de diciembre de 2015, elaborado por el Centre for Applied Research, Norwegian School of Economics. Global Financial Integrity (GFI). En lo que sigue resumo las principales cuestiones que plantea, y presento luego una reflexión sobre el significado de la fuga de capitales.

Presentación del estudio del GFI

Se trata del estudio más abarcativo de los flujos financieros globales que impactan en los países en desarrollo. El GFI reconoce dos tipos de flujos, los que se registran en la balanza de pagos y los que no se registran, y son en gran medida ilícitos. Sobre las transferencias registradas, se analizaron 151 países en desarrollo, a lo largo de 33 años, el período 1980-2012.

El GFI define Transferencia Neta de Recursos (NRT por sus siglas en inglés) como los flujos netos registrados hacia o desde un país, menos las salidas de capital ilícito. La balanza de pagos proporciona un marco estadístico unificado para medir las transferencias registradas, que son principalmente financieras. Cuando se calcula el neto de las transferencias hacia afuera a través de la fuga de capitales con las transferencias registradas en la balanza de pago, se obtiene el balance NRT. Esto es, el balance de la NRT no toma en cuenta las entradas de capital provenientes de actividades ilícitas.

Las fugas de capital juegan un papel de primer orden, y consisten principalmente en flujos ilícitos. Según el estudio, las salidas ilícitas representan el 82% de toda la NRT desde los países en desarrollo.

Existen dos formas principales de fugas de capitales.

  • Por un lado, las filtraciones no registradas en la balanza de pagos. Precisemos qué son las filtraciones en la balanza de pagos: cuando la fuente de fondos de un país (flujos de IED entrantes por no residentes en exceso de los flujos de IED salientes por los residentes, más el neto de nueva deuda externa contraída por sobre el repago de viejos préstamos) excede el uso de los fondos (tales como financiar el déficit de cuenta corriente y/o aumento de las reservas), el exceso tiene que haberse filtrado por fuera de la balanza de pagos de una forma no registrada.

  • La otra vía de fuga de capitales son las malas facturaciones del comercio (subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones) o refacturaciones realizadas en paraísos offshore.

En cualquier caso, el cálculo de los flujos no registrados presenta muchos problemas. Tengamos presente que entre esos flujos se encuentran, en primer lugar, los que tienen origen en actividades de tipo criminal, tales como tráfico de drogas, tráfico de personas, comercio de órganos, falsificación (medicamentos, electrónica, cigarrillos, ropa, calzado) y contrabando. Con respecto a los flujos provenientes del crimen, no queda claro si existen transferencias netas hacia o desde los países en desarrollo. Como adelantamos más arriba, el GFI, de todas maneras, no considera las entradas de capital en los países en desarrollo que son producto de estas actividades.

En segundo lugar está la falsificación de facturas de comercio. Los datos del comercio bilateral muestran refacturación de transacciones, habitualmente realizadas a través de entidades offshore, pero no revelan mala facturación dentro de los mismos documentos intercambiados entre exportadores e importadores. El tercer rubro es la propiedad intelectual y servicios, ya que solo el comercio de mercancías está comprendido en el análisis de datos de la mala facturación. Se considera, de forma conservadora, que la propensión a mal facturar en servicios es la misma que en bienes. Otra dificultad importante es China, ya que es el mayor exportador tanto de capital lícito como ilícito y porque los flujos financieros a través de Hong Kong son problemáticos.

 

Los principales resultados del estudio

Cuando se toman en cuenta las transferencias registradas, entre 1980 y 2012 salieron de los países en desarrollo 2,97 billones de dólares (aproximadamente 90.000 millones de dólares anuales, en promedio). Debido a que China tiene grandes superávits en cuenta corriente y salidas de capital y activos de reserva asociados a esos superávits, cuando se excluye a China las transferencias netas acumuladas pasan a ser de aproximadamente un billón de dólares (o unos 32.000 millones de dólares por año, en promedio).

En cuanto a las fugas de capitales, para el período 1980-2012 de todos los países en desarrollo fue de 13,37 billones de dólares; son 405.000 millones por año, en promedio. Las salidas de capital desde los países atrasados a lo largo de los 33 años correspondieron más o menos de forma pareja a filtraciones en la balanza de pagos y mala facturación en el comercio. Como porcentaje del PBI aumentaron desde 3,7% en 190-1984 a 6,4% en 2000-2004, llegando a un pico de 7,2% en vísperas de la crisis financiera. Luego bajaron, pero de todas formas en 2012 eran del 6,2%. La fuga de capitales acumulada, excluyendo China, para el período bajo estudio fue de 10,6 billones de dólares; representaban el 4,9% de sus PBI en la primera mitad de los 1980. Antes de la crisis financiera, en 2008, representaban el 8,3%. Cayeron durante la crisis, pero en 2012 representaban el 6,4% del producto.

Si se suman las transferencias registradas, la transferencia neta de recursos fue negativa por más de 16,3 billones para el conjunto de los países en desarrollo. Es un promedio anual de 495.400 millones de dólares. La provisión neta de recursos aumentó desde un promedio de 15.800 millones por año en la primera mitad de los 1980 a 503.800 millones en la primera mitad de 2000. El drenaje declinó cuando la crisis financiera, en 2009; pero luego volvió a aumentar, llegando casi a los 2 billones de dólares en 2012.

 

Por otra parte el estudio del GFI estima que el total de activos en paraísos fiscales de los residentes en países adelantados y en desarrollo pasaron de 18,1 billones de dólares a finales de 2005 a 30,8 billones en 2011. Los activos de los residentes –ajustados por inflación- crecieron, entre 2005-2011, a una tasa anual del 5,9%, en tanto los activos de los residentes en países en desarrollo crecieron al 12,2% anual. En promedio las tenencias de los residentes en países en desarrollo representaban el 12% del total de los activos en los paraísos fiscales. Los activos en paraísos fiscales del sector privado de los países adelantados pasaron de 16,8 billones en 2005 a 28,1 billones en 2011. Los activos de los residentes en países en desarrollo pasaron de 1,2 billones en 2005 a 2,6 billones de dólares en 2011. Los paraísos fiscales offshore juegan un rol central, ya que facilitan los flujos financieros provenientes del crimen, la corrupción y la evasión fiscal. (...)

Coincidamos con  el profesor Rolando Astarita que

teniendo en cuenta el drenaje empobrecedor al cual nos someten tanto las transnacionales como la burguesía local cabe preguntarse: 

 

 

(...)¿Explotación de países, o explotación de clase?

 

Una de las tesis más extendidas entre el progresismo y la izquierda –incluidos los marxistas- sostiene que los países atrasados son explotados por parte de los países adelantados. Esta explotación tendría su expresión más clara y definida en las transferencias de plusvalía desde los países atrasados hacia los adelantados (o “desde el Sur al Norte”). La bandera de la “liberación nacional” tiene como fundamento último esta idea. Cuando se afirma que Argentina, por ejemplo, es explotada por los países adelantados, se está afirmando que, de alguna manera, el conjunto de la población argentina padece esa explotación. De ahí que se haya llegado a afirmar que las burguesías de los países atrasados son “semi-oprimidas”, o “semi-explotadas”, y que sus fracciones “nacionales e industrialistas” tendrían un “interés objetivo en la liberación nacional”. Fue, y sigue siendo, el argumento de los partidos Comunistas y otras variantes stalinistas, para proponer los “frentes nacionales” de colaboración de clases.

En otras notas he criticado esta tesis, planteando que las burguesías de los países atrasados participan en pie de igualdad con las burguesías de los países adelantados de la explotación de la clase obrera, tanto nativa como a nivel global. Cuando hablo de “igualdad” no estoy diciendo que globalmente el capitalismo de los países atrasados tenga el mismo poder económico que el capitalismo de los países adelantados; ni que los Estados de los países atrasados tengan el mismo poder militar y geopolítico que los Estados de los países adelantados. Simplemente estoy diciendo que la relación no es la del tipo “metrópoli-colonia”, sino la que existe entre capitalistas con iguales derechos formales, y que como tales participan de la tajada que les corresponde de la plusvalía, según sus fuerzas económicas relativas.

 

Pues bien, el informe del GFI refuerza mi argumento contrario al nacionalismo radical y al nacional-marxismo. Es que la fuga de capitales –la principal forma de transferencia de riqueza hacia los países adelantados- no ocurre por alguna imposición manu militari o imperial, sino es el resultado de las decisiones de amplias franjas de las clases dominantes de los países atrasados. Más precisamente, sea que esa fuga se realice vía filtraciones en la balanza de pagos, o mala facturación, no puede llevarse a cabo si no hay un comportamiento de clase. Esto significa que abarca empresas de todo tipo, rentistas, bancos y otras instituciones financieras, así como amplias capas de la alta burocracia estatal de los países atrasados. Es la clase capitalista “del Sur” (o una porción significativa de ella) la que decide colocar sus fondos en los paraísos fiscales, o en bancos e  inversiones inmobiliarias en el extranjero. Agreguemos que, al menos en el caso de Argentina, la fuga de capitales fue financiada con deuda externa, tomada por el mismo capitalismo nativo, y el Estado (véase “La fuga de capitales. Historia, presente y perspectiva”, de J. Gaggero, C. Casparino y E. Libman, Cefidar, Documento de Trabajo N° 14, mayo 2007).

La salida de capitales es un factor clave a la hora de explicar el atraso económico de países del “tercermundo”. Pero no ha caído del cielo; está orgánicamente vinculado a la lógica de la ganancia y a la seguridad que puedan tener los capitalistas de los países atrasados para sus inversiones.

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Fuga de capitales y atraso económico

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2018/02/10/fuga-de-capitales-y-atraso-economico/

 

 

Indaguemos cómo  el gobierno CFK, al igual que todas las gestiones anteriores de la democracia restringida, expropió los fondos públicos que deberían destinarse a satisfacer las necesidades de la población pero también despojó a ANSes.

 

 

Presupuesto 2014:

Más para pagar deuda que

para salud y educación

septiembre de 2013

 

Por: Fabiana Arencibia (RED ECO)

El presupuesto presentado por el Gobierno Nacional vuelve a realizarse sobre la base estadísticas oficiales cuestionadas, mostrando una inflación irreal, datos de un crecimiento de dudoso alcance, aumento de la deuda intra-estado y un incremento del 73 por ciento en el pago de intereses de deuda pública a la cual se destinan más recursos que a Salud y Educación.

El próximo miércoles entrará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2014 presentado por el Poder Ejecutivo para su debate. El mismo plantea un crecimiento de la Economía (PBI) del 6,2 por ciento, una inflación del 9,9 por ciento y un dólar a $6,33. También contiene las prórrogas de los impuestos al cheque y del adicional de emergencia del cigarrillo, necesarias porque están incluidas como recursos en la recaudación que el proyecto prevé.

Además buscará la aprobación de la prórroga de la ley de Emergencia Económica por dos años. Por esta vía el Poder Ejecutivo puede ampliar el gasto y reasignar partidas por fuera de lo aprobado en el Parlamento. Subestimando gastos y recursos se logran “excedentes” que, a través de esta ley, dejan a decisión del Ejecutivo cómo disponer de ellos.


Hace pocos días, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno amplió el gasto aprobado en el presupuesto en poco más de 23 mil millones de pesos para destinarlo principalmente a energía eléctrica e hidrocarburos (ENARSA y CAMMESA), a subsidios para empresas de transporte público de pasajeros y asignaciones a Vialidad Nacional. Además reasignó recursos cercanos a los 19.400 millones de pesos por no estar obligado a abonar el próximo diciembre los cupones de bonos atados al PBI de 2012 (el crecimiento en ese año no llego al 3,2 por ciento que es el porcentual que obliga al gobierno a su cancelación).

El economista y diputado nacional Claudio Lozano ya había denunciado el año pasado que “entre el 2003 y el 2012 pasaron por fuera del Parlamento, gastos por 850.000 millones de pesos, el 43 por ciento del gasto total que se realizó”.

Al igual que años anteriores, cuando se presenta el proyecto de ley se conocen opiniones tanto de legisladores de la oposición política como de diversos economistas que cuestionan las proyecciones presupuestarias por no reflejar la realidad.

La más visible es la cotización del dólar que se estimó en $5,10 para el 2013, mientras que a la fecha la cotización oficial es de $ 5,75 pesos y el dólar paralelo trepó hoy a $9,35.

La más cercana a los bolsillos de los ciudadanos es la inflación. En 2013 el presupuesto la calculó en un 10,8 por ciento. Estimaciones que realizan diversos economistas y también quienes sin serlo asistimos al aumento regular de precios de bienes y servicios, la acercamos con optimismo a un 20 por ciento.


Estos tres elementos del presupuesto (dólar, inflación y crecimiento) son importantes en cuanto a su consistencia y veracidad porque de ellos se desprenden los cálculos de ingresos y gastos. Si esos datos no son reales es lógico que tampoco lo serán el resto de los que se presupuestan.


Al analizar esta compleja ley de 380 páginas y 79 artículos intentamos hacer una lectura política además de analizar las partidas que componen el presupuesto.

El Ministerio de Economía publicó los lineamientos del proyecto y en ellos se expresa la continuidad de la política de aumentar la deuda intra-estado para cubrir los vencimientos de deuda al afirmar que se llevarán a cabo “políticas públicas no dependientes de programas diseñado por terceros, sin necesidad de acudir a los mercados internacionales para refinanciar los servicios de la deuda pública”.

 

Respecto a los intereses de la deuda de 2014 que deberían cancelarse con los organismos públicos de los cuales se toman los recursos (fundamentalmente la ANSes), la cartera económica expresa que estos organismos “tendrán los recursos necesarios y la autorización correspondiente para refinanciar sus obligaciones”, o sea, no será necesario cancelar las deudas con ellos.

Por otra parte, plantea la captación de fondos destinados al pago de intereses de deuda (mayoritariamente con organismos públicos) que no puedan cubrirse con recursos fiscales. Esto será así porque para cerrar los números de este proyecto de presupuesto se vuelve a cerrar con endeudamiento.

Economía también manifiesta la decisión de “seguir avanzando en el proceso de regularización de pago de deuda pendiente de reestructurar” como una clara señal ante el conflicto con los llamados “fondos buitres”. Se suma como otra señal la confirmación de que 2013 cerrará con un crecimiento del PBI de 5,1 por ciento lo cual habilita a los bonistas a cobrar el cupón PBI por una cifra cercana a los 4.000 millones de dólares (cosa que no sucedió el año pasado).

Algunos números globales en el proyecto de presupuesto

Para explicarlo en forma sencilla,
el presupuesto muestra las entradas y salidas de dineros públicos que el Estado debe administrar como parte de su responsabilidad para satisfacer las necesidades colectivas así como fuentes de financiamiento. Es el instrumento de programación económica, financiera y social que prevé de dónde obtendrá los recursos para hacer frente a los gastos, a posibles déficits, a ahorros en inversiones.

Daremos algunos datos que nos parecen relevantes para el análisis político-económico.

Los ingresos presupuestados ascienden a 860.411 millones de pesos y los gastos a 768.295 millones de pesos. Esto muestra un superávit primario de 78.116 millones de pesos. Cifra que se reduce a sólo 869 millones (resultado financiero) ya que el pago de intereses de la deuda pública ascendería en 2014 a 77.247 millones de pesos. Tengamos en cuenta que uno de los “lineamientos” de Economía es la posibilidad de que los organismos públicos refinancien estos pagos.

Estos números se desprenden del cuadro “Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento”. Aquí queremos resaltar que cuando se elaboró el presupuesto 2013 se mostraba un Resultado Financiero con un superávit de 587 millones de pesos. Sin embargo el actual proyecto blanquea que el mismo no fue positivo ya que a fines de 2013 cerrará con un déficit de 44.612 millones de pesos. Lo marcamos como un elemento más para pensar los cuestionamientos que se le hacen a los números que presenta el gobierno en sus proyectos de presupuesto.

Ingresos en el proyecto de presupuesto

Tal como viene sucediendo, los ingresos para financiar los gastos reúnen tanto a los recursos tributarios como a las Contribuciones de Seguridad Social, cuando estas últimas no son recursos presupuestarios que, por lo tanto, no deberían ser usados para cubrir los gastos.

Sin embargo son, en el ranking de ingresos del presupuesto, los primeros en la lista (250.040 millones de pesos) representando un 29% del total. Le sigue el IVA (18,6%), el Impuesto a las Ganancias (14%) y los Derechos de Importación y Exportación (14%). Atrás quedan el Impuesto al Crédito y Debito Bancario, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, los impuestos Internos y “otros”. Dentro de estos últimos está el Impuesto sobre los Bienes Personales que se paga sobre los bienes tales como inmuebles, rodados, acciones, saldos en cuentas corrientes bancarias, artículos suntuarios como yates, obras de arte, etc. Este ítem, que es una clara exteriorización de riqueza, aporta apenas un 1,4 % del total de ingresos presupuestados.

Respecto a los ingresos podemos decir que muestran un crecimiento del 27,2 por ciento respecto a los del año 2013. Sin embargo, planteamos que existe una subestimación que se viene dando desde hace varios años para disponer vía aplicación de la Ley de Emergencia de recursos reasignables en forma directa por el Ejecutivo.

Gastos en el proyecto de presupuesto


El crecimiento de los gastos presupuestados se prevé en un 19,2 por ciento. Estos incluyen los intereses de la deuda pública.

En este ítem el ranking lo encabezan los gastos de Seguridad Social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, seguro de desempleo) con un 44 por ciento del total de lo presupuestado. En segundo lugar se encuentran los de Energía y Combustibles que son de un 9,3 por ciento (mostrando nuevamente la crisis energética). El tercer lugar lo ocupan los intereses de la deuda pública con un 9 por ciento del total de los gastos presupuestados. Le siguen Educación y Cultura (7,9%), luego Transporte (6,5 %) y lejos, en sexto lugar, queda Salud con solo 3,4%.

Respecto a los gastos, el crecimiento sería superior a la tasa de inflación proyectada en el presupuesto pero inferiores a la inflación real que algunos economistas evalúan para el 2014 en cercana al 25% (Por otra parte los gastos del presupuesto 2013 están cerrando con un crecimiento del 32% anual). ¿Es un dibujo, es un ajuste social o es subestimar los gastos para no cerrar el presupuesto con déficit financiero?

Párrafo aparte merece los intereses de deuda pública que a valor dólar del presupuesto 2014 (6,33) se estarían llevando 12.203 millones de dólares en un año, o sea 33,4 millones de dólares diarios, 1,40 millones de dólares por hora, 23 mil dólares por segundo. Pero además representan un incremento del 73 por ciento respecto a los que se estiman terminarán de liquidarse en 2013. Por otra parte es necesario agregar que el presupuesto autoriza a endeudarse en 80.300 millones de pesos (12.690 millones de dólares a cotización presupuestada)

Tal como expresa el economista Julio Gambina: “Más allá de confiar en las discutibles y poco creíbles cifras presupuestarias, todo el superávit fiscal primario tiene destino en los acreedores de la deuda pública, por unos montos que superan y en forma a las previsiones de gasto para educación, cultura o salud, entre otros.”

A modo de cierre

Retomamos lo que decíamos el año pasado en la nota Presupuesto Nacional para principiantes:

Esta Ley de Leyes debería ser pensada y elaborada desde los datos más cercanos a la realidad actual y la que se proyecta para el próximo año. Como así no ocurre, pierde la utilidad sobre todo para poder luego exigir rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos. Conocer al menos lo básico de su estructura creemos que sirve para poder decodificar los mensajes y el relato de un gobierno que insiste en afirmar que seguimos el camino del desendeudamiento y de la distribución de la riqueza.
Fuente: http://www.argenpress.info/2013/09/presupuesto-2014-mas-para-pagar-deuda.html

 

Prosigamos sobre cómo el discurso y la épica  del gobierno CFK contrastó con la realidad de garantizar formidables negocios a las petroleras sin importar no sólo multiplicar "zonas de sacrificio" o avasallamiento totalitario de todos los derechos humanos a comunidades locales de los extractivismos sino también precarizar la vida social de las grandes mayorías.

 

 

Ley Hidrocarburos, evasión de impuestos,

buitres petroleros,

y pingüinos empetrolados
29 de Octubre de 2014

 

Por: Javier Llorens (especial para ARGENPRESS.info)

 

(...)Una ley absolutamente fuera de contexto

 

En concreto, se está emitiendo absurdamente una ley enteramente fuera de contexto, como si los legisladores oficialistas vivieran 50 años atrás, en 1967, y fueran senadores y diputados del Frente para la Victoria del Gral. Onganía y el industrial Krieger Vasena. Confeccionada cuando el petróleo valía u$s 2 el barril, que ajustado por inflación hoy sería u$s 20 el barril, y preveía una regalía del 12 %, que podía reducirse hasta un 5 %, y ahora puede hacerse hasta menos de un 4 %.

La que no obstante preveía una tasa especial sobre la renta petrolera del 55 % (art 56 Ley Hidrocarburos). Que en los ´90 fue dejada de hecho sin efecto por Menem y Cavallo, reduciéndola a la tasa general del 35 %, que hasta ahora se mantiene.
Siendo además otra notable carencia de contexto, el desconocimiento absoluto de los mecanismos de evasión y elusión de impuestos desarrollados por el sector petrolero, que se verán seguidamente, ante los cuales la AFIP parece estar enteramente en Babia. Y les permite pagar ínfimos montos por el impuesto a las ganancias, pese el notable aumento que han tenido en sus ingresos.

En concreto el quid de la cuestión es la renta petrolera, y quién disimuladamente se la lleva. Conforme el dicho de John Rockefeller, el legendario dueño de la Standar Oil -EXXON - MOBIL, quien decía hace un siglo que “el negocio más rentable del mundo, era una compañía petrolera bien administrada. Y el segundo negocio más rentable, era una petrolera mal administrada”. Y que sus inversiones las planificaba firmando cheques, como si fuera el Tío Rico. Como consecuencia de que el costo de los combustibles, llega a ser hasta menos del 10 % de su precio de venta al público. Generando así una enorme renta, que permite la autofinanciación de la actividad, potenciada por la modalidad de pago contado con que opera.
 

Ese viejo dicho del Tio Rico Rockefeller, ha cobrado ahora una notable actualidad, con el enorme aumento en el precio de los hidrocarburos registrados desde el 2000 en adelante. Cuestión que la troika de los ex secretarios de Energía, que proponen pomposamente establecer políticas de estado para el petróleo, se empeñan a toda costa en soslayar como si esa renta no existiera. Y para disimularlo se despachan hablando de generalidades siempre favorables a las compañías petroleras.


No siendo extraño que esa troika de ex, este liderada por Alieto Guadagni, el último secretario de Energía del Proceso Militar, que renegoció entonces los contratos de las petroleras con la YPF estatal, enteramente a satisfacción de éstas. Y luego durante la democracia lo fue del presidente Eduardo Duhalde, y se olvidó enteramente de recordarle a este el mandato del Congreso de ponerle retenciones a los hidrocarburos, hasta que fue apercibido con una denuncia penal.

También está Julio César Araoz, secretario de Energía de Menem, que fue acusado de reducir los muebles robados a los desaparecidos en el campo de concentración de La Perla en Córdoba. De ser “íntimo amigo” del jefe del mismo, el capitán Héctor Vergez de tétrica figura. Y de colaborar con el batallón de inteligencia cordobés, dedicándose a chantajear a familiares de las víctimas para que delataran a los amigos de estas, para así tener posibilidades de volver a encontrarlos con vida.


Figura también Julio Apud, que sólo estuvo unos días en el cargo, en el interregno de dos semanas de Ricardo López Murphy como ministro de Economía en el 2001, previo al ascenso de Cavallo. Y Raul Ollocco que estuvo menos de 30 días en el cargo en 1989, durante la estrepitosa caída del presidente Alfonsín. Y Daniel Gustavo Montamat, que llegó a ese puesto con el presidente Fernando De la Rua, gracias a ser yerno de Conrado Storani.

El que a su vez fue otro opaco ex secretario de Energía, quién pese ser médico obstetra, ocupó ese puesto dos veces. La primera durante la reversión de la rescisión de los contratos petroleros, durante la presidencia de Illia. Y la segunda durante la presidencia de Alfonsín, en la que convalidó e incluso mejoró a favor de las petroleras, la renegociación de los contratos petroleros efectuada por Guadagni en los estertores del Proceso Militar. Luego lideró el acuerdo por el Beagle con Chile, para que las megapetroleras internacionales pudieran poner en explotación los yacimientos que detentaban en el estrecho de Magallanes.

En los ambientes políticos se sabe que el puesto de secretario de Energía, igual que otros puestos estratégicos de la administración pública, se “vende” a cambio de la financiación de la campaña electoral. Pero además todos los últimos nombrados son dueños de consultoras de energía, que tienen que tienen como rumbosos clientes a las compañías del sector petrolero, por lo cual en cualquier país serio del mundo, en vez de ser presentados como expertos, como hacen CLARIN y LA NACION, serían calificados como lobistas rentados de dudosa credibilidad.

Hay un dicho que segura que el error conlleva una doble ignorancia: la ignorancia de lo que se afirma, y la ignorancia de la propia ignorancia. Eso es lo que me sucedió al analizar de apuro una ley que se refiere a una riqueza equivalente a 400 años de consumo de gas natural. Pero no obstante se la subsumió junto las regalías del petróleo, y a la ley en cuestión se le dio un tratamiento intempestivo de solo una semana, lo cual es otra clara muestra de la enorme degradación que sufre Argentina. Pero dicho error también fue un acicate, para refrescar conocimientos del pasado referidos a la evasión de la renta petrolera, que es el quid de cuestión actual, siendo propio de la condición humana, llegar a la verdad por aproximaciones sucesivas, o sea por vía del error.



Los dibujos contables del cartel petrolero


La estructura cartelizada del sector petrolero tiene, entre otras, una curiosa evidencia proveniente de la época del último gobierno militar, durante el cual afianzó su estructura notablemente. Al haber sido los petroleros que hoy siguen cortejando al poder, los principales socios comerciales de ese sangriento y cruento Proceso Militar.

Ella consiste en el dibujo de sus balances o estados contables legales, durante el periodo entre 1979 al 1981. En los cuales en forma consolidada se repitió a lo largo de esos años, una ganancia consolidada por parte de sus principales empresas intervinientes, de exactamente un cinco por ciento; conforme se puede verificar en el siguiente cuadro, cuyos datos se pueden constatar en el ranking anual de empresas publicado por la revista Mercado:

De esos guarismos, provenientes supuestamente de empresas independientes entre sí, surge un constante y exacto resultado en una tasa de ganancia clásica de Utilidades sobre Ventas, fija e invariable, del 5,000 anual con tres decimales. Pese a las enormes variaciones en las cifras de ventas nominales, que se incrementaron un 152 % en 1980, y un 92 % en 1981, fruto de la elevada inflación de entonces, como para que la Bolsa y la DGI AFIP, no se preocuparan demasiado por ese sector.
 

Resulta evidente a todas luces que ese resultado sólo puede provenir de un "dibujo contable", o sea de un hecho determinístico y no aleatorio, como sería de suponer. Lo cual indica la existencia de una contabilidad consolidada paralegal, y de un refinado sistema de evasión impositiva, a los efectos de poder dibujar ese módico resultado para el conjunto del cartel.



Al que no obstante se puede arribar fácilmente, mediante la curiosa modalidad de socios - competidores que adoptó dicha actividad tras el shock petrolero de 1983, que decuplicó (multiplicó por 10) el precio del petróleo, y elevó sideralmente las ganancias del mismo. La que cual tiene su manifestación en la red o maraña de UTEs (Unión Transitoria Empresas) con que se desenvuelve el sector, conforme se puede visualizar en los sociogramas que se encuentran en el escrito antes referido.

En concreto, esa maraña o red de UTEs opera como vasos comunicantes, que conjugados con los cierres diferidos de sus balances legales, que están lejos de coincidir en una misma fecha, permiten mantener a sus Ganancias e incluso sus posiciones de IVA en el aire. Sin que se reflejen en la fotografía puntual de sus estados contables para una determinada fecha, distinta para cada uno de los integrantes del cartel.

El instrumento para también es muy concreto, son las ahora famosas facturas apócrifas, que han salieron a la luz con motivo de su uso por el socio del poder Lázaro Baez, pero están lejos de haber sido inventadas por este. Las que consisten simplemente en prestaciones ficticias, que nunca se realizaron, pero le permiten al pagador de ellas inflar gastos o costos, y generar créditos de IVA, con las que se pueden hacer múltiples combinaciones. No siendo casual que en el listado publicado recientemente por la AFIP, aparezcan petroleras como YPF, ESSO; EXXON, DAPSA, QUITRAL CO, etc. Aunque la emisión de las mayorías de ellas en el sector petrolero no provendrían de usinas del extra sector, sino de firmas del intra sector.

Radiografía del opaco negocio petrolero a la luz de los guarismos de la AFIP
Del cotejo de los Anuarios de Estadística Tributaria de la AFIP del 2001 y 2013, que brindan datos de los años 2000 y 2001, y 2012 y 2013 respectivamente, y de los datos que suministra la Secretaría de Energía en cuanto a precios y cantidades, surge que el negocio petrolero se ha tornado muy próspero. Con un notable y sostenido aumento en sus precios, que aun no ha cesado, que ha compensado con creces una notable disminución de algunas de sus cantidades. Pero que no obstante a generado una bajísima tributación, que no alcanza a ser ni la mitad del 2001.


Volúmenes y precios

En el upstream (exploración y extracción) la cantidad de petróleo extraída disminuyo un 36 % entre el 2000 y 2013 (pasó de 42,8 a 27,6 millones m3) mientras que el gas natural bajo un 8 % (de 37,7 a 35,8 miles de millones m3). En TEP (Toneladas Equivalentes Petróleo) incluyendo los rubros menores de Gas licuado de petróleo y Gasolina y Condensados, la disminución fue de un 21 % (pasó de 75 a 60 millones).

Pero esta disminución de cantidades, fue compensada con creces con los precios internos. Al aumentar el petróleo entre el 2001 y el 2013 un 1.604 % en pesos, y un 216 % en dólares (pasó de u$s 23,3 a u$s 73,6 el barril, calculado con un dólar a $ 5,4 promedio anual) o sea un nivel cercano al precio internacional actual. Por su parte el gas natural aumento un 702 % en pesos, y un 49 % en dólares (pasó de u$s 45 a u$s 67 el millar de m3). Lo cual expresado en TEP equivale a un aumento del 1.353 % en pesos y un 170 % en u$s (pasó de u$s 119 a u$s 282 la tonelada), evolución con la cual cualquier actividad en Argentina se sentiría muy conforme.

En cuanto al downstream (Elaboración y Comercialización de combustibles) el volumen de venta entre 2001 y 2012 subió un 34 % en las motonaftas (pasó de 4,2 a 5,7 millones m3), y bajó menos un 12 % en Kerosene y Aerokerosene (pasó de 1,6 a 1,4 millones) menos un 21 % en Gas Oil y Diesel Oil (pasó de 10,8 millones a 8,6 millones) y menos un 82 % en Fuel Oil (pasó de 0,5 a 0,1 millón m3). Lo que representa una caída en el volumen comercializado de esos principales productos del 7 % (de 19,2 a 17,8 millones m3).

Y nuevamente con los precios sucede todo lo contrario. El litro de nafta súper a mayoristas sin impuestos aumentó entre el 2001 y el 2013 un 1937 % en pesos y un 260 % en dólares (pasó de $/u$s 0,34 a $ 6,59 y u$s 1,22). Y el litro de Gas Oil grado intermedio aumentó un 1.826 % en pesos y un 239 % en dólares (pasó de $/u$s 0,28 a $ 5,11 y u$s 0,95). No obstante lo que significa un notable transferencias de impuestos a favor de las petroleras, y no del consumidor como se dice generalmente, esos aumentos no se reflejaron enteramente en el precio en el surtidor. Ya que la nafta súper tuvo ínterin un aumento del 918 % en pesos, y del 71 % en dólares (pasó de $/u$s 1 a $ 9,19 y u$s 1,71). Mientras que el gas oil intermedio tuvo un aumento de 1.219 % en pesos y 127 % en dólares (paso de $/u$s 0,6 a $ 7,3 y u$s 1,36).


Ventas

De esa manera las ventas totales declaradas a la AFIP por el sector petrolero aumentaron entre el 2001 y el 2013 un 1.516 % en pesos y un 200 % en dólares (pasaron de $/u$s 22 mil millones a $ 361 mil millones y u$s 67 mil millones). Superando incluso el sustancial crecimiento físico que tuvo el país, cuyas ventas crecieron ínterin un 1.450 % en pesos y un 188 % en dólares. Pese la notable reducción del volumen físico que registró el sector petrolero, cuyo crecimiento lo hizo a fuerza de precios.

En el mercado interno, las ventas del sector treparon un 1.683 % en pesos y un 231 % en dólares (pasaron de $/u$s 27 mil millones, a $ 329 mil millones y u$s 61 mil millones) mientras que las ventas totales del país subieron un 1.438 % en pesos y 186 % en dólares. O sea que superaron el nivel de estas, pese la dismución del volumen físico. E incluso del número de firmas intervinientes en el sector, que se redujeron un 6 %, al pasar de 5.967 firmas a 5.742 firmas. Evidenciado esto la concentración del sector, que detenta el 7 % del volumen total de ventas del país, con solo el 0,7 % del total de firmas. Y por su parte las exportaciones se incrementaron un 54 %, al pasar de u$s 4 a u$s 6 mil millones, equivalente a un 7,4 % del total del país.

No obstante el upstream superó esas cifras ya que sus ventas crecieron un 1.695 % en pesos, y un 233 % en dólares (pasaron de $/u$s 12,5 mil millones a $ 226 mil millones y u$s 42 mil millones). Siendo notable en este sector el crecimiento de las firmas dedicadas a servicios petroleros, pese a la reducción de su actividad, las que se incrementaron un 76 % (pasaron de 282 a 497) con un incremento en su facturación del 3.458 % en pesos y del 561 % en dólares (pasaron de $/u$s 1.013 millones a $ a 36 mil millones y u$s 6,7 mil millones). Poniendo esto en evidencia una agresiva política de tercerizaciones, que como se verá, es una de las maneras de inflar los costos para no tributar ganancias, cuya incidencia en el upstream pasó de un 8 % en el 2001, al 16 %, o sea el doble en el 2013.

En el dowstream se da a la inversa una reducción de su incidencia en el total del negocio, ya que paso de representar el 44 % del sector en el 2001, a solo el 37 % del mismo en el 2013. Poniendo esto en evidencia el traslado de la renta petrolera del dowstream al upstream, o sea de la refinación y comercialización, hacia la extracción del petróleo, actividad sobre la que se está legislando, para aumentarla aún más.

En el downstream entre el 2001 y 2013, hubo una disminución de las firmas intervinientes en un 9 % (pasaron de 5.465 a 5.000). Siendo esa disminución proporcionalmente mucho mayor en el refino, donde se redujeron un 28 % (pasaron de 138 a 108) que en la Comercialización, con estaciones de servicio incluidas, que registro una merma del 8 % (pasaron de 5.328 a 4.892). Siendo esto otra muestra de la concentración del sector.

Por su parte las ventas totales del dowstream aumentaron un 1.285 % en pesos, y un 157 % en dólares (pasaron de $/u$s 9,8 mil millones, a $ 135 mil millones o u$s 25 mil millones). Acrecentando por su parte la comercialización su participación, que pasó de un 52 % a un 57 %, con un aumento en sus ventas de 1.414 % en pesos, y del 181 % en dólares (pasaron de $/u$s 5,1 mil millones, a $ 78 mil millones, o u$s 14 mil millones. Y por su parte el refino aumento sus ventas en un 1.144 % en pesos, y un 131 % en dólares (pasaron de $/u$s 4,6 a $ 58 mil millones, o u$s 10,7 mil millones). Y además aumento sus exportaciones en un 146 %, las que pasaron de u$s 0,78 mil millones, a u$s 1,9 mil millones.

Empleadores y empleados

El análisis de los indicadores referidos al personal entre el 2001 y el 2013 es otra notable muestra de la bonanza en la que se desenvuelve el sector petrolero. En los grandes números ella se refleja en que en el 2013 tenía el 0,75 % de los empleadores, pero detentaba el 1,8 % de los empleados del país. Cuando en el 2001 eran el 1,12 % de los empleadores y detentaban el 1,5 % de los empleados.

O sea que su participación como empleadores decreció un 33 %, a la par que su participación en el empleo creció un 18 %. Habiendo aumentado solo un 2 % los empleadores (pasaron de 4.175 a 4.275) pero un 59 % los empleados (pasaron de 72.227 a 114.853). O sea que la casi la misma cantidad de empresas aumentaron sustancialmente sus empleados, en un marco de gran crecimiento de empleadores (pasaron de 371.950 a 571.064 en total, con un crecimiento del 54 %). Lo que vuelve a evidenciar la concentración con la que se desenvuelve el sector.

En cuanto al upstream específicamente, los empleadores crecieron un 71 % (pasaron de 221 a 378) mientras que los empleados crecieron un 174 % (pasaron de 18.942 a 51.985) lo que no se condice para nada con la notable caída en la producción que registra este subsector. Y la mayor incidencia de ese crecimiento la aportan las empresas de Servicios relacionadas con la extracción de petróleo, que crecieron un 90 % (pasaron de 157 a 298) y no la de Extracción de petróleo, que crecieron sólo un 24 % (pasaron de 65 a 80). Habiendo registrado las primeras un crecimiento de empleados del 304 % (pasaron de 8.295 a 33.484) contra un crecimiento de las segundas de sólo un 74 % (pasaron de 10.646 a 18.501) lo cual evidencia a las claras la notable tercerización de la actividad que se produjo ínterin.

Por su parte el downstream muestra por contrario un estancamiento, dado que los empleadores decrecieron un 1 % (pasaron de 3.953 a 3.897) mientras que los empleados crecieron un 18 % (pasaron de 53.285 a 62.868). La mayor incidencia en ese desarrollo lo aporta el subsector de la comercialización, donde los empleadores disminuyeron un 1 % (pasaron de 3.875 a 3.825) mientras que los empleados crecieron un 24 % (pasaron de 45.634 a 56.555). Por contrario en el subsector de la refinación disminuyeron los empleadores un 8 % (pasaron de 78 a 72) mientras que los empleados cayeron un 17 % (pasaron de 7.652 a 6.133).

Remuneraciones

La evolución de las remuneraciones del sector petrolero son otra notable muestra de la bonanza que atraviesa el sector, pese la notable caída en sus niveles de producción. La masa salarial para el total del sector registró entre el 2001 y el 2013 un aumento del 1.510 % en pesos y del 358 % en dólares (pasó de $/u$s 1,08 miles de millones a $ 28,5 miles de millones, o u$s 5,3 mil millones). Teniendo no obstante en el 2013 una participación de solo el 7,9 % sobre el total de ventas, que no obstante es sensiblemente superior al 5,9 % registrado en el 2001.

Pero es en el upstream donde se registran los mayores aumentos, pese la caída física de esa actividad, ya que allí masa salarial arroja un aumento de 3.750 % en pesos y 625 % en dólares (pasó de $/u$s 0,55 mil millones, a $ 21,4 mil millones, o u$s 4,0 mil millones). Repartiéndose esta última suma en u$s 1,6 millones para la Extracción, con un aumento del 320 %, y u$s 2,4 mil millones para los Servicios, con un aumento del 1.260 %. Lo que nuevamente habla a las claras del proceso de tercerización de la actividad, que registró en el 2013 un 59 % de la masa salarial tercerizada, cuando en el 2001 solo era del 31 %.

Por su parte en el downstream se registró un aumento del 1.220 % en pesos, y del 290 % en dólares (pasó de $/u$s 0,53 mil millones a $ 7 mil millones o u$s 1,3 mil millones) repartiéndose esta suma con u$s 0,3 mil millones para el refino, con un aumento de solo el 65 %, y 1,0 mil millones para la comercialización, con un aumento del 208 %. Lo que habla a las claras del estancamiento en la refinación de combustibles, que pasó de una participación del 38 % en el 2001 en la masa salarial de este subsector, a solo el 22 % en el 2013.

En cuanto las retribuciones promedio del sector, se pueden apreciar en el cuadro adjunto los notables aumentos que registraron desde el 2001, concentrados sobre todo en el upstream. Y también la enorme dispersión que tienen ellas, que pasan de un promedio mínimo de $ 8.000 y u$s 1.500 en el sector de Comercialización, semejante al del promedio del país, hasta un nivel de $ 39.000 o u$s 7.260 en la Extracción. Donde además se registran los mayores aumentos desde el 2001, que casi llegan a duplicar el promedio del país, mostrando esto la enorme bonanza de ese sector, adonde se ha traspasado la renta del petróleo.

Párrafo aparte merecen los aportes a cargo del empleado, y sobre todo las contribuciones a cargo del empleador. Los primeros aumentaron en el total del sector un 1.760 % en pesos, y un 250 % en dólares (pasaron de $/u$s 0,143 mil millones, a $ 2,7 mil millones, o u$s 5 mil millones). Pero los correspondientes al upstream aumentaron un 2.360 % en pesos y un 360 % en dólares (pasaron de $/u$s 73 millones a $ 1,8 mil millones o u$s 336 millones).

Pero a estos números lo superan largamente las contribuciones, que evidencian la generosidad de los petroleros en relación a la fuerza sindical, con el claro objeto de cooptarla a su favor. Lo cual se manifiesta en la ausencia de toda crítica y el apoyo explicito dado a la patronal, en cuestiones estratégicas para el sector, como el contrato con Chevron y la actual ley de hidrocarburos.

Ellas aumentaron en el total del sector un 2.610 % en pesos y un 400 % en dólares (pasaron de $/u$s 158 millones, a $ 4,3 mil millones o u$s 800 millones). Pero las correspondientes al upstream aumentaron un 3.890 % en pesos y un 640 % en dólares (pasaron de 79 millones a 3,2 mil millones, o u$s 585 millones).

En términos per cápita en el total del sector aumentaron un 1.600 % en pesos, y un 217 % en dólares (pasaron de $/u$s 2.196 a $ 37.509, o u$s 6.965). Por su parte las correspondientes al upstream aumentaron un 1.490 % en pesos, y un 180 % en dólares (pasaron de $/u$s 4.103 a $ 63.898, o u$s 11.865).


Las sospechas que arroja el IVA

No obstante el notable aumento en el precio registrado entre el 2001 y 2013 de los productos que surgen de las extrañas de la tierra, reseñados previamente, en el cotejo de la posición de IVA del sector petrolero entre ambos años, surge una notable y sospechosa regularidad. Como si esos productos minerales hubiesen surgido de las entrañas de la tierra con un crédito del IVA bajo el brazo, para neutralizar el debito del IVA que deparaba el gratuito mayor valor agregado a esos productos por efecto del precio.

En concreto el Debito fiscal del total del sector petrolero se incremento entre el 2001 y 2013 14,34 veces en pesos (pasó de $ 5,4 mil millones a 77,4 mil millones). Pero contra lo que era de esperar, el Crédito por el mayor valor agregado de lo extraído aumento aún mas, 14,56 veces (pasó de $ 4,76 mil millones a 69,3 mil millones). Por lo que la relación Débito/Crédito apenas varió de 1,13 en el 2001, a 1,12 en el 2013, e incluso descendiendo en vez de aumentar como era de esperar. Cabiendo apuntar al respecto que en el total de la economía, esa relación se mantuvo estable en 1,23 veces en ambos años, o sea bastante más arriba que la del sector petrolero.

En cuanto al upstream la estabilidad fue aún más notable, contra lo que cabía esperar, ya que el Débito aumento 21,48 veces (pasó de 2 mil millones a 42,8 mil millones). Mientras que el Crédito aumento 21,35 veces (pasó de $ 1,65 mil millones a $ 35,3 mil millones) conservándose en consecuencia con una mínina variación una relación Débito/Crédito de 1,21, parecida al de la economía en general.


Esto es consecuencia de que por un lado al revés de lo esperado, en la Extracción hubo mas aumento de Crédito que Débito, ya que el primero aumento 20,92 veces (pasó de $ 1,5 mil millones a 31,5 mil millones). Mientras que el Débito aumentó solo 19,76 veces (paso de $ 1,8 mil millones a 35,3 millones) por lo cual la relación Débito/Crédito bajó notablemente de 1,19 a 1,12, en forma absolutamente contraria a lo que era de esperar.

Por su parte los servicios para la extracción lo hicieron a la inversa. El Débito fiscal aumento 36,36 veces (pasó de $ 0,207 mil millones a $ 7,5 mil millones). Mientras que el Crédito solo lo hizo 25,7 veces (paso de $ 0,148 MM a $ 3,8 MM). O sea que paso de una relación Débito/Crédito de 1,4 a 1,98, acorde con lo que supuestamente debería haber sucedido con la extracción, pero en un volumen mucho mayor.


Estos indicadores están señalando por donde se escurriría la renta petrolera sin su debida tributación. Que no sería otra cosa que mediante facturaciones apócrifas, sin que haya existido la correspondiente prestación. Que en la práctica permiten pagar como máximo a través del IVA, una tasa de ganancia subrepticia del 17,35 % (1/1,21-1), que es la mitad de la tasa de ganancia general del 35 %. Y menos de la tercera parte de la tasa especial del 55 % establecida en la ley de hidrocarburos vigente, pero que no se encuentra vigente.

Por su parte en el downstream también los Créditos aumentaron más que los Débitos. Los primeros lo hicieron 14,99 veces (pasaron de 1,55 mil millones a 23,3 mil millones) mientras que los Débitos lo hicieron 14,5 veces (pasaron de 1,7 mil millones a 24,7 mil millones. Por lo que la relación Débito/Crédito pasó 1,10 en el 2001 a 1,06 en el 2013, con un estrechamiento del margen de utilidad. Cifra que corresponde esencialmente al Refino, que pasó de una relación de 1,01 a 0,93 superando los Créditos a los Débitos, mientras que la Comercialización bajo levemente de 1,19 a 1,18.

La masiva evasión petrolera del impuesto a las ganancias

Las sospechas que arroja la evolución del IVA, se confirma plenamente al analizar las ganancias y los costos del sector petrolero, que en los Anuarios Estadísticos de la AFIP del 2001 y 2013 corresponden al ejercicio fiscal del 2000 y 2012 respectivamente. Por un lado, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, las ganancias declaradas difieren sustancialmente entre las personas físicas y sociedades. Y además mientras las primeras aumentan sustancialmente entre el 2000 y 2012, las segundas se reducen sustancialmente en el mismo periodo.

Tanto en el cuadro y gráfico adjunto se puede ver que en el 2000 las Personas físicas declararon ganancias del 2,3 %, 11,4 %, 5,8 %, 13,1 %, y 2,1 % sobre ventas, en relación al Total petróleo, Extracción, Servicios, Refino, y Comercialización respectivamente. Frente a una ganancia del 6,5 % y del 4,5 %, respecto el Total de actividades y Explotación de minas y canteras.

Y en el año 2012 acorde al sustancial aumento de la materia prima, esas ganancias suben sustancialmente , y pasan respectivamente a ser 17,6 %, 21,7 %, 17,9 %, 24,1 %, y 16,7 %, habiéndose multiplicado en promedio 7,74 veces la ganancia del sector. Frente una ganancia del 13,7 y 17,3 % en el Total de Actividades y Explotación de minas y canteras, que también subieron entre 2 y casi 5 veces.


No obstante en las Sociedades, que concentra el 90 % de la actividad, se registró extrañamente todo lo contrario. Ya que en el año 2000 las ganancias fueron del 7,3 %, 13,3 %, 2,9 %, 0,2 %, y 0,7 % sobre ventas en el Total petróleo, Extracción, Servicios, Refino, y Comercialización respectivamente. Frente a una ganancia del 2,1 % y del 11,4 %, en el Total de actividades y Explotación de minas y canteras, respectivamente.

Pero en el año 2012 en forma inversa al sustancial aumento de la materia prima, ellas se reducen sustancialmente, y pasan respectivamente a ser 3,3 %, 4,7 %, 2,8 %, y 1,1 %, y 1,6 %, habiéndose disminuido un 54 % la ganancia promedio del sector. Pese que curiosamente aumentaron las ganancias del dowstrean 3,44 veces, pero a la par que inexplicablemente las del upstream disminuyeron un 64 %.


Esto se dio frente una ganancia del 3,0 % y 5,4 % en el Total de Actividades y Explotación de minas y canteras, registrándose en consecuencia un aumento del 51 % en la primera, y una caída del 53 % en la segunda, por la incidencia del sector petrolero.
Indicando claramente esto que hay algo podrido, no en Dinamarca, sino en la tributación de la actividad hidrocarburífera argentina, y también en la minera, que pese a los sustanciales aumentos de las materias primas que se han registrado, han visto caer inexplicablemente sus ganancias.

Esto se ve visualizado elocuentemente en el gráfico adjunto, en donde las declaraciones de ganancias de las Personas físicas en la actividad petrolera, que crecen sustancialmente entre el 2000 y 2012, se convierten en testigos de la enorme evasión impositiva sistematizada por las Sociedades dedicadas a las actividades petroleras y mineras, que a la inversa decrecen sustancialmente entre esos años. Asimetría producida seguramente por los riesgos penales que afrontan las personas físicas por los delitos de evasión, que pueden ser diluidos o dispersados en las sociedades anónimas, sin tanto riesgo personal.

La clave de la evasión petrolera: Otros gastos vinculados al costo

El agujero por donde el sector petrolero evade las ganancias, parece estar directamente relacionado con el rubro Otros Gastos vinculados al costo. Respecto el cual lamentablemente la AFIP no informa en su Anuario Estadístico del 2001, ya que lo hace recién desde el 2008, por lo que no se puede repetir la metodología comparativa concretada hasta ahora.

No obstante en el siguiente gráfico se visualiza la tremenda importancia que adquiere ese rubro estrictamente hablando, en relación a las ventas en el caso del upstream. Ya que en la extracción del petróleo ellos trepan nada menos que al 47 % de las ventas, cuando en el Total de Actividades solo llega al 13 %, y en la Extracción de minerales no metáliferos solo es del 15 %.

Siendo por lo tanto el subsector petrolero, y específicamente el Upstream el que levanta la proporción al 40 % en el sector de Explotación de minas y canteras. Y al 29 % en el Total petróleo, como promedio con el Dowstream, que solo registra un 1 % de Otros gastos vinculados al costo, contra el 44 % promedio que ostenta el Upstream.

A su vez en el cuadro subsiguiente se ha estimado el posible monto de evasión en juego por parte del sector petrolero en el año 2012, en base a ponderar que los Otros gastos vinculados al costo del Upstream, tienen una incidencia real del 15 % sobre ventas, igual que el correspondiente a la Extracción de minerales metalíferos no ferrosos (megamineras del cobre, oro, y plata, etc). Cálculándose de esa manera por diferencia con los montos declarados, y una alícuota del 35 %, el monto del impuesto a las Ganancias evadido.

Del mismo surge que existiría en el Upstream un impuesto a la Ganancia evadido del orden de los u$s 3,5 mil millones, habiéndose declarado efectivamente solo u$s 1,5 mil millones. Lo que representa un monto total de ganancias de u$s 5 mil millones, con una tasa de evasión del 70 %, y una rentabilidad real sobre ventas por parte del Upstream del 15 %.

El cual resulta superior al 12,5 % declarado por el Upstream en el año 2000, pero inferior al 19 % declarado por las Personas físicas para ese mismo subsector en este mismo año 2012. Que incluso en la Extracción se eleva al 21,7 %, y se ve promediado hacia abajo por los Servicios, que detenta una tasa de ganancia del 17,9 %. Y en base a estos parámetros el impuesto a la ganancia total podría elevarse a u$s 7,1 mil millones, llegando la evasión en este a un 79 % del mismo.

Dicha cifra equivale a nada menos que 2,7 veces el monto destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en el año 2012. Y además, si en vez de aplicar la alícuota general de ganancias del 35 %, se aplicara la tasa especial del 55 % prevista en la ley de hidrocarburos (art 56) el monto de ganancias en cuestión treparía a los u$s 11,2 mil millones, equivalentes a 4,2 AUH.


Ciñéndose a las cifras arrojadas por el cuadro, en el mejor de los casos una ínfima parte del monto de evadido del impuesto a las ganancias de u$s 3,5 mil millones, equivalente a 1,3 veces la AUH, podría haber vuelto como IVA, con una tasa efectiva de tributación sobre los montos evadidos del 17,4 %, conforme la incidencia de la tasa del IVA del 21 %. Lo que equivale a u$s 0,6 mil millones, quedando de tal manera un monto de evasión neto de u$s 2,9 mil millones, equivalente a poco mas de una AUH de ese año.

Pero si se considera la referida tasa especial prevista en la ley de Onganía y Krieger Vasena, que hoy no se aplica, el monto total del impuesto treparía a u$s 7,8 mil millones equivalentes a tres AUH. El que restándole los ingresos tributarios canalizados a través del IVA y el impuesto a las ganancias declarados por los petroleros, se reduciría a u$s 5,7 mil millones, equivalentes a 2,2 AUH.
 

En concreto, en términos socioeconómicos, la evasión y elusión en ganancias por parte de los petroleros por fraude contable, y no aplicación de la alícuota especial prevista en la ley de hidrocarburos, supone un monto que equivale anualmente a entre dos y cuatro AUH, que actualmente beneficia a 3,5 millones de niños, y 1,8 millones de adultos en situación de carestía extrema.


Muy otra sería la situación de estos, y de todos los argentinos en términos de seguridad y paz social, si esos dineros se recaudaran efectivamente, y se redistribuyeran en los más necesitados de la sociedad, y/o se destinaran a sustentar fuentes de empleo dignos que eleven su nivel social el bienestar general.

Párrafo aparte merece la labor de la AFIP y su supuesto sistema de control por parámetros de la actividad, que parece estar enteramente desenervado en relación al rumboso y muy próspero sector petrolero, ya que como dice el cancionero, “Poderoso caballero es Don don don Dinero”. Pero que celosamente pesca en una pecera, recaudando el impuesto a las ganancias que cae actualmente sobre los empleados en blanco de medianos ingresos. Como consecuencia de la actualización de las escalas y alícuotas.

El quid de la cuestión, cuánto le queda al pueblo de la renta petrolera

Conforme lo expuesto, la imagen de la portada donde un buitre hace retroceder al ministro Axel Kicillof, que pierde hasta su calzado en el retroceso, para quedarse con la bolsa, es lamentablemente una vívida metáfora de la actual situación. En la que conforme la imagen vecina, los antes orgullosos pingüinos parecen haber quedado atrapados y empetrolados.

En septiembre pasado el precio de paridad del combustible importado puesto en el sur de Sudamerica, era de u$s 0,795 el litro de nafta súper, y de 0,792 el del Gas Oil intermedio.

Mientas que en las estaciones de servicio el precio sin impuesto de esos especímenes en la Capital Federal, según datos de la Secretaría de Energía, era de $ 6,692 y $ 6,728. O sea u$s 0,7966 y u$s 0,8009 respectivamente. Por lo cual evidentemente el precio de los derivados de petróleo interno, sigue fielmente el nivel internacional.

Esos mismas especímenes tenían a su vez un precio de venta al público, que incluye márgenes del expendedor, ITC (Impuesto a la Transferencia Combustibles), Ingresos Brutos, IVA, etc, de $ 11,45 para la nafta súper, y $ 10,4 para el Gasoil intermedio. O sea un recargo del 71 % y 55 % respectivamente, a cargo de los sufridos bolsillos argentinos.

Por lo tanto actualmente ni el ITC, que en el 2013 recaudó $ 31 mil millones, ni el IVA son parte de la renta petrolera, sino que son tributos adicionales sobre esta, a cargo del consumidor final. Y de esa manera la renta petrolera se reduciría en esencia a las regalías petroleras, el impuesto a las ganancias, y los derechos de exportación (retenciones).


En circunstancias en que el petróleo aumentó diez veces su valor, entre el nivel mínimo registrado en la década de los 90, y los máximos de la década actual. Hasta llegar a un pico de u$s 125 el barril del WTI, manteniéndose hasta ahora con oscilaciones, en un nivel de u$s 100 el barril, frente a costos de producción históricos que rondaban entre u$s 6 y u$s 10 el barril. O sea que claramente en el mundo del petróleo, al menos en el convencional, lo que realmente importa no son los costos, sino la renta.

No obstante en el año 2012, además del impuesto a las ganancias de u$s 1.738 millones declarados por el sector, este pagó otros u$s 2.119 millones en concepto de regalías hidrocarburíferas a las provincias. Al que se puede agregar un monto de u$s 530 millones, en concepto de ingresos brutos, tomando una alícuota del 3 % generalizada para todas las provincias.

Respecto a los derechos de exportación, por un lado no se consigue información desagregada de ellos en la web, y por el otro lado la consulta efectuada al mecon, es como recorrer un laberinto de derivaciones, en donde ni siquiera funciona la dirección de contacto de la Subsecretaría de Ingresos Públicos. Pero a su vez esa recaudación, como se verá seguidamente, ha sido malversada a los efectos de subsidiar a la misma actividad petrolera, mediante la emisión de Certificados de Crédito Fiscal que podían ser aplicados al pago de esos derechos.

De tal manera la renta petrolera recolectada en el año 2012, treparía a un monto de u$s 4.387 millones, contra ventas por u$s 52.166 millones, representando solo un módico 8,4 % de ellas. Por debajo incluso del mezquino 12 % fijado para las regalías por la ley de Onganía y Krieger Vasena, que se ha visto ratificado con la modificación que se pretende aprobar. Siendo este un monto enteramente inicuo para compensar la extracción y uso de una riqueza no renovable, que de esa manera sólo será aprovechada por algunas generaciones, sin dejar nada para las futuras. (...)
Fuente: http://www.argenpress.info/2014/10/ley-hidrocarburos-evasion-de-impuestos.html

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Nos hallamos inmersos en una expansión de ecocidios-genocidios que la mayoría de nosotros desconoce o le quita importancia. La responsabilidad principal recae en el progresismo no sólo por su largos gobiernos sino también por su poder mediático y académico. Sin embargo, también las izquierdas anticapitalistas lo son por mantenerse sin investigar los cambios reestructuradores del sistema mundo ni los urgentes (por tendencia de esas reterritorializaciones a ser irreversibles774) e imprescindibles proyectos emancipadores. Tampoco han hecho algo por no prenderse al círculo vicioso del poder opresor y siguen apostando a participar de las elecciones sin atreverse a comunicarse sin esa mediación tramposa por distorsionar los problemas fundamentales al destino común.

 

Mientras tanto avanzan:

 

Reconfiguraciones territoriales y neoextractivismo:

la nueva zona económica especial de Chiapas, México

 

Revista del Departamento de Geografía. FFyH – UNC – Argentina. ISSN 2346-8734 Año 4. Nº 7 -2º semestre 2016 Pp. 4-34 http://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/index

Recibido: 30 de septiembre de 2016 – Aceptado: 22 de noviembre de 2016//

 

Agustín Ávila Romero y León Enrique Ávila Romero

1 Resumen

Mediante esta investigación se da cuenta de las reconfiguraciones territoriales que se observan en Chiapas por la profundización del modelo extractivista de recursos naturales que se incrementará a raíz de la declaratoria como Zona Económica Especial del puerto Chiapas, México.

 

Se ubica el funcionamiento del sistema capitalista y los procesos de expansión geográfica del capital como uno de los elementos constitutivos de la actual ampliación de los procesos colonizadores que se viven en Chiapas, México. Entre los diferentes procesos que se observan que tienen impactos en las dinámicas socioespaciales porque significan la construcción de otras formas de vida y de producción del espacio se encuentran la reconversión agroexportadora, los monocultivos forestales como la Palma Africana, la privatización de los recursos energéticos, la minería, el turismo capitalista convencional y los megaproyectos de infraestructura. Todo ello forma parte de la apropiación capitalista de los territorios que implica la transformación de las construcciones territoriales previas.

 

 

Introducción

Para David Harvey (2004) la tendencia del sistema capitalista a producir crisis de sobreacumulación de capital, desarrolla excedentes de capital y excedentes de trabajo (creciente desempleo) que coexisten sin verse claramente la posibilidad de combinarse en forma útil. Para resolver dicha tendencia a la sobreacumulación, el capital hace uso del proceso expansión geográfica y de reorganización espacial que permite a otras partes del mundo incorporarse plenamente a las dinámicas de valorización de capital y por tanto de explotación y despojo de sus prácticas económicas y sociales distintas. Esta nueva producción de espacio, es así, una continuación del proceso de dominación colonial, ya que la penetración de relaciones sociales y las nuevas divisiones territoriales del trabajo, implican básicamente una confrontación violenta con las comunidades campesinas e indígenas que mantienen otra forma de relacionarse, de construir su economía y sus sentidos de vida.

 

Es ahí donde la dinámica de la vida campesina e indígena de Chiapas choca con los grandes intereses económicos que se impulsan en la región. Lo que aparece entonces claramente es el conflicto, la lucha entre diversas clases sociales para hacer frente a las dinámicas espaciales del capital, donde por un lado aparecen claramente los elementos privatizadores y despojadores -no sólo de sus medios productivos sino de las valoraciones sociales de los pueblos- y del otro lado, los sentidos de geografías del espacio, donde se mantiene la reexistencia, la valorización social territorial construida y los horizontes del buen vivir descolonial como futuro. A este proceso David Harvey (2003, 2007, 2014) le llama acumulación por desposesión (Despojo). Un mecanismo de acumulación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y comunitarios; un modelo de explotación de los recursos naturales que proporciona a las empresas excepcionales condiciones de rentabilidad pero sin mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

 

Mediante este escrito se realiza un recorrido por los procesos de despojo que se viven actualmente en el estado de Chiapas, entre los que se encuentran la Reconversión Productiva agro-exportadora; el impulso a sistemas de plantaciones forestales y de agrocombustibles; la privatización de los recursos energéticos (petróleo, gas, energías renovables como la solar, eólica, geotermia entre otros ); minería; el impulso al Turismo Capitalista convencional y los Megaproyectos para obras de Infraestructura. Todo ello dentro de la declaración de Zona Económica Especial que se le ha dado a Chiapas.

 

Expansión geográfica y despojo

La creación de zonas económicas especiales y del proceso de acumulación por desposesión tienen sentido como iniciativas que buscan colonizar en la lógica del capitalismo regiones o territorios donde la subordinación a la dinámica de capital no se ha desarrollado plenamente. Ello responde también a la búsqueda de ganancia del capital que requiere reducir sus costos laborales y de acceso a materias primas. David Harvey lo explica de la siguiente forma:

 

“Cuando los costos locales aumentan rápidamente, los capitalistas buscan otros lugares en la economía global donde realizar sus actividades. Esto sucede particularmente cuando surgen nuevas combinaciones tecnológicas y productivas y se agudizan las luchas de los trabajadores. Desde finales de la década de 1960, por ejemplo, Silicon Valley fue desplazando poco a poco a Detroit como el centro de la economía capitalista estadounidense, y de forma parecida Baviera desplazó al Ruhr en Alemania y Toscana a Turin en Italia, mientras que aparecían con gran pujanza nuevos competidores globales como Singapur, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur y finalmente China, en la competencia global por la preeminencia en ciertas líneas de producción. (Harvey, 2014: 153)

 

Ello genera un desarrollo geográfico desigual donde hay territorios dentro de un país que se ven plenamente impulsados por la llegada de capitales y la puesta en marcha de infraestructuras impresionantes, y otras partes del territorio que quedan prácticamente en ruinas ante la dinámica del capitalismo. Por lo que añade:

 

“Los desarrollos geográficos desiguales enmascaran convenientemente la auténtica naturaleza del capital. La esperanza puede mantenerse eternamente, porque siempre hay alguna localidad, región o zona afortunada, en que las cosas van bien mientras que a su alrededor todo son calamidades”. (Harvey, 2014: 161)

 

Y eso es lo que vemos precisamente en el funcionamiento actual del sistema capitalista, algunas regiones geográficas concentran la llegada creciente de inversiones, de personas y de dinámicas extractivistas de la naturaleza. Mientras que otras sufren procesos de deterioro social sin precedentes donde la criminalidad, la delincuencia organizada, el desempleo y la exclusión son sus características fundamentales. Se suma a ello la gran presencia de las corporaciones trasnacionales en la dinámica económica marcando claramente el ritmo y la dirección de las tendencias económicas mundiales.

 

“La particularidad de su fase actual en el terreno de la economía es la dislocación del capital y, por lo tanto, de la inversión. Este es un proceso de mutación espacial del capital que permite una doble modificación: pasar de la lógica del intercambio comercial a la de una estrategia de las firmas multinacionales; salir de la lógica de las relaciones internacionales entre las naciones para inaugurar una entre las firmas multinacionales”. (Rodríguez, 2015: 45)

 

Esta nueva fase es profundamente depredadora de la naturaleza ya que las firmas trasnacionales en el proceso de expansión geográfica requieren la construcción de infraestructuras, ciudades y mercados en los nuevos espacios sociales que abre casi siempre de manera violenta el movimiento de capital. Para ello el capitalismo hace uso de la emisión de dinero sin respaldo metálico para abrir terreno al dominio de las finanzas internacionales sobre el proceso de valorización de capital de los territorios. Así cuando el precio de las materias primas fue alto muchas inversiones se concentraron alrededor de la naturaleza, cuando el precio baja se dirigen hacia la esfera especulativa, productos derivados y demás productos financieros de alto riesgo. Por eso como señala Bartra (2014: 200):

 

“El capitalismo de los tiempos de la Gran Crisis es de nuevo un capitalismo ferozmente territorial, porque en tiempo de escasez la privatización de los recursos naturales promete enormes rentas; pero es también un capitalismo radicalmente desterritorializado pues cuando caen las utilidades de la inversión productiva no hay mejor negocio que la especulación financiera”.

 

Todo este proceso se realiza en un continuo enfrentamiento con pueblos originarios y campesinos que defienden su tierra pero también su modo de vida y sus prácticas sociales y culturales. Así a lo largo del planeta, los movimientos socioambientales de defensa del territorio, la vida y la ecología, marcan claramente las disputas que existen entre los intereses de las corporaciones y la vida de las comunidades. De esa forma se ve que:

 

El control del territorio se convierte en factor productivo clave en tanto directamente genera condiciones para engendrar valor. Este es hoy por hoy el escenario de las confrontaciones más significativas entre el capital y los guardianes de la tierra, los pueblos originarios”. (Rodríguez, 2015: 50) Ello es lo que sucede fundamentalmente en el estado de Chiapas, donde el conjunto de intereses territoriales y socioespaciales de las mineras, el turismo, los agroexportadores, entre otros, se contraponen a la racionalidad campesina e indígena que permanece en las comunidades rurales de México.

 

Dinámicas socioespaciales de despojo en Chiapas

La continuación del modelo económico neoliberal en México ha tenido como consecuencia el abandono de la producción campesina por parte de las políticas públicas en México, lo cual se ha traducido en la pérdida de la soberanía alimentaria de nuestro país. Los espacios rurales han sido vistos como lugares desde los cuales poner en práctica la extracción o aprovechamiento de recursos naturales para beneficio fundamental de unas cuantas empresas ligadas a los mercados internacionales.

 

Entre los diferentes procesos que se observan en Chiapas que tienen impactos en las dinámicas socioespaciales porque significan la construcción de otras formas de vida y de producción del espacio se encuentran la reconversión agroexportadora, los monocultivos forestales como la Palma Africana, la privatización de los recursos energéticos, la minería, el turismo capitalista convencional y los megaproyectos de infraestructura. Todo ello forma parte de la apropiación capitalista de los territorios que implica la transformación de las construcciones territoriales previas.

 

Es necesario entender al territorio no sólo como un espacio geográfico determinado, sino como un entramado complejo y dinámico de relaciones (bioculturales, sociales, económicas, etcétera). Pueblos indígenas y campesinos practican sus formas de gobierno, crean y recrean relaciones territoriales en la comunidad, entre pueblos, frente a los poderosos, con las tierras, los montes y el agua. Los cargos de servicio al pueblo, el trabajo colectivo, los sistemas agrícolas tradicionales, que se vuelven mano vuelta, tequio, alimento, fiesta y comunidad, los saberes, las prácticas o el acuerdo, son formas complejas de construcción colectiva de un territorio, que es lo que encontramos precisamente en Chiapas y que diversos impulsos capitalistas buscan desmontar.

 

a)    Reconversión agroexportadora

Con la entrada de México a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) nuestro país se insertó dentro de una división internacional del trabajo donde renunciaba de manera estratégica a la producción de alimentos para el mercado interno nacional para posicionarse como un exportador de hortalizas y frutas al mercado estadounidense fundamentalmente. Como parte de ese proceso se abandonaron los apoyos en subsidios al proceso productivo en el campo mexicano, pero se mantuvo la dependencia a tecnologías e insumos externos como los fertilizantes químicos o los apoyos monetarios. Los paquetes tecnológicos contribuyeron a transformar las relaciones campesinas de la agricultura familiar y a desplazar a una generación entera. Tanto la tecnología como el subsidio limitan la fuerza de la comunidad, del trabajo colectivo e incluso del familiar, y buscan generar dependencia. No se apoya a la producción pero se crea el asistencialismo con los subsidios a la reproducción de la fuerza de trabajo. Todos los programas: Prospera, el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), 70 y más, entre otros, son aplaudidos por el Banco Mundial como la panacea frente a la pobreza. Sin embargo, el problema de la pobreza no encuentra su origen ni su núcleo en una cuestión de ingreso, sino en la explotación, el despojo y la discriminación. Además, se trata de individualizar la pobreza, de excluir a muchos, de cambiar la alimentación y la salud, de romper tejidos sociales y modos de vida. Lo que el Estado ofrece es convertir al ciudadano en individuo y de ahí en cliente, busca además romper el tejido social, borrando del mapa toda referencia a lo colectivo y a su historia de pueblos viviendo en comunidad. La producción así de monocultivos comerciales para la exportación se convierte en un mecanismo de conflictos en el medio rural , porque el ser campesino es antes que nada un asunto ontológico y cultural.

 

 Olvidan los neoliberales que los campesinos como afirmaba el ruso Teodor Shanin (2008:) son un modo de vida …y eso es fundamental para comprender su naturaleza. El impulso de la agroexportación en Chiapas se ha realizado de manera vertical y autoritaria a través de la imposición de programas gubernamentales que premian la comercialización de monocultivos y no la producción de los alimentos básicos que consumimos los mexicanos. Hoy Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional por la producción de cultivos como la palma africana, café, plátano, papaya y cacahuate, a ello se suma la actividad pesquera con el atún y la mojarra que son de los principales productos de exportación. Los principales países a los cuales se dirigen las exportaciones son Estados Unidos, Francia, Alemania, España e Inglaterra. Si observamos los datos del año 2014 del Compendio de Información Geográfica y Estadística de Chiapas (CIGECH), podemos darnos cuenta de los desplazamientos espaciales agrícolas que se presentan en el campo chiapaneco, donde los cultivos agroexportadores cada vez ocupan más número de hectáreas en detrimento de la producción de alimentos como frijol, arroz y maíz. Por ejemplo de Aguacate se reporta más de 3 mil 293 hectáreas sembradas, mientras que de Arroz Palay un cultivo esencial para la alimentación solamente 588 hectáreas.

Si observamos la Tabla 1 podemos darnos cuenta de datos interesantes como el hecho de que el valor de la producción de mango rebasa el valor de la producción de fríjol en el estado, lo que nos habla de la desvalorización de la producción campesina e indígena de Chiapas frente a los otros productos agrícolas base del modelo agroexportador y la consiguiente pérdida de la soberanía alimentaria. La construcción del Parque Agro logístico de la Costa de Chiapas y de la Zona Económica Especial de Puerto Madero busca mejorar la logística para el traslado de mercancías rumbos a esos mercados externos en detrimento de los apoyos que se requieren para la producción alimentaria en Chiapas.

 

b) Plantaciones forestales: el caso de la palma africana

La palma africana en Chiapas se ha convertido en uno de los impulsores centrales de la deforestación de la Selva Lacandona y de la promoción al cambio climático. Ello porque el modelo de negocios que promueve basado en la agricultura de contrato impulsa a los campesinos a desmontar la floresta para sembrar dicho cultivo. Es muestra del ―proceso de mundialización (que) ha generado la incorporación de grandes actores económicos a la producción agrícola, es así que las empresas trasnacionales han visto como un nicho de oportunidad, el cultivo de la palma africana para el abastecimiento en primer término de la industria alimentaria y de cosméticos, y en un segundo término la conversión a biodiesel de la pasta obtenida. (Ávila, 2014: pp. 60) Ello es importante visualizarlo porque como afirma la Organización de la Sociedad Civil Otros Mundos (2014) las empresas transnacionales son los principales responsables de los problemas que causan las plantaciones: el acaparamiento de los territorios y de los bienes comunes; la destrucción de áreas biodiversas y formas de vida asociadas; el secamiento y la contaminación por pesticidas de los ríos, arroyos y pozos; el agotamiento y la erosión del suelo; condiciones de trabajo degradantes; un creciente proceso de financiarización2 de la naturaleza sobre las tierras y la producción. Sin embargo, estas empresas no sólo persisten en negar y encubrir sistemáticamente todos estos procesos de injusticia social y ambiental, sino también se consideran parte de las ‗soluciones‘ a estos problemas. Algunas de las falsas soluciones de mercado, o más bien, las soluciones para el propio capitalismo financiero, aumentan las injusticias asociadas a los monocultivos, con una serie de iniciativas que legitiman las operaciones empresariales sin obligarles a rendir cuentas por los crímenes y violaciones cometidos. En estudios anteriores (Ávila et. al, 2014, 2015) se señalan tres grandes impactos que dicha actividad forestal genera:

 1) la concentración del ingreso en pocas empresas y transferencias de subsidios gubernamentales a grandes agentes privados, 2) la gran utilización de fertilizantes y agroquímicos con lo que se contribuye enormemente al cambio climático y se elimina de manera extraordinaria la biodiversidad que caracteriza al estado de Chiapas y

3) es una imposición colonial-cultural a la vida campesina e indígena ya que los productores son subordinados como simples trabajadores de la agroindustria capitalista. Según Compendio de Información Geográfica y Estadística de Chiapas (CIGECH) la Palma Africana tenía al año 2014 un total de 43 mil 206 hectáreas sembradas, de las cuales en 32 mil 264 hectáreas se obtuvo cosecha, para un total de 453 mil toneladas por un valor económico de más de 643 millones de pesos.

Es un negocio creciente donde a la deforestación que se produce en Chiapas se le suma la alta utilización de agentes químicos y tóxicos y la superexplotación del trabajo a la que son sometidos los trabajadores en la cosecha del producto. Alrededor del lugar geográfico que abarcará la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas es donde se han impulsado los cultivos de este bien y la construcción de plantas agroindustriales para su posterior transformación. En Puerto Chiapas se tiene la base para la construcción de una planta de producción de biodiesel en base a palma africana con asesoría y tecnología colombiana enmarcado en el Plan Mesoamérica (Ávila, 2008) .

 

 c) Privatización de recursos energéticos

Aprobada bajo la idea de aprovechar los recursos energéticos del océano, el nuevo marco energético que significó una reforma a la constitución de la República en México que se aprobó en el año 2013 abrió a las empresas extranjeras la posibilidad de apropiarse de los recursos del subsuelo, del viento, de las mareas y de la energía que puede producirse con el sol. Todo ello a cambio de compartir unas ganancias mínimas con las comunidades donde se instalan estos parques energéticos y con el gobierno que ha visto reducir de manera sorprendente sus ingresos petroleros y ha recurrido a un endeudamiento público exorbitante.

 

A pocos años de su instrumentación la reforma energética no ha significado un incremento en la producción petrolera de México y solo ha abierto a las empresas extranjeras recursos que antes pertenecían a todos los mexicanos. La gasolina y el gas siguen subiendo para los consumidores mexicanos y buena parte del territorio nacional funciona bajo la explotación de fracking3 lo que ocasiona graves daños ambientales a muchas comunidades rurales sobre todo en el Noreste de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Norte de Veracruz.

 

Así se observa que un gran objetivo de la reforma fue abrir nuevos mercados para la exploración y extracción de energías no convencionales, la construcción de infraestructura de gasoductos y oleoductos, y los sectores de la petroquímica y productos derivados para los negocios de corrupción de la clase política. Además la apertura para la iniciativa privada de la producción y transportación de la energía eléctrica es punto nodal de esta propuesta junto con el fomento las energías renovables y de la ‘economía verde‘ por parte de la Iniciativa Privada.

 

El gran negocio no es la venta de dichos energéticos sino la construcción de infraestructura donde participan ya muchas empresas extranjeras y de capital nacional. A ello, se suma la creación de un mercado de energías alternativas o renovables bajo el control de la iniciativa privada (IP). Donde la idea fundamental del gobierno de Enrique Peña Nieto es dejar todas las infraestructuras de las redes eléctricas, gasoductos y oleoductos en manos de capital privado. El marco legal quedo definitivamente fijado el 11 de agosto de 2014 y abrió al sector privado nacional y extranjero, la explotación, refinación, distribución y comercio de hidrocarburos, así como la generación y venta de la electricidad.

En su implementación la ley de hidrocarburos y la reforma energética ya no apuestan a la compra de tierras de los campesinos sino a la ocupación temporal de las mismas. Hay un modelo de ocupación temporal donde se rentará la tierra por un periodo fijo y los dueños de los terrenos recibirán entre 0.5 y 2.5 por ciento de las utilidades y 3 si se explota gas. El contratista tendrá que llegar a un acuerdo con el dueño de la tierra, si en 180 días no hay un arreglo entre el ejidatario y el contratista, este podrá acudir al Tribunal Agrario o al juzgado de distrito para que se inicie la servidumbre voluntaria. Las rondas cero, uno y dos ya han puesto en marcha por parte de más de 15 mil ejidos procesos legales.

 

En los territorios de la Ronda cero se ubican 1 mil 899 núcleos agrarios, la ronda uno fluye por 671 territorios comunitarios. Ello afecta a 13 pueblos indígenas y suma casi 48 mil kilómetros cuadrados, entre los afectados figuran chontales, totonacas y popolucas en la planicie costera del Golfo en Veracruz y Tabasco fundamentalmente. La ronda uno por su parte a huastecos y nahuas en la Huasteca con más de 3 mil 200 kilómetros cuadrados. Con ello se espera un proceso de despojo de tierras a comunidades indígenas sin precedentes.

 

La reforma energética trae consigo también, la eliminación de los subsidios a la electricidad y donde se imponen multas de 637 mil pesos hasta 3 millones de pesos a las personas o empresas que se cuelguen de los “diablitos”. Desaparece paulatinamente la Comisión Federal de Electricidad y nace la Comisión Nacional de Energía que desde febrero 2016 ya opera en el país. A ello, se añade ya las licitaciones para que diversas empresas extranjeras y de capital privado operen gasolineras con lo cual se perderán casi medio millón de empleos. A partir del 2017 el precio del gas lo fijará el mercado lo que significará un alza significativa de su precio.

 

Como parte de esta gran ofensiva del capital en el terreno energético se contempla la completa entrega de espacios geográficos regionales a las empresas trasnacionales. Es así como se instrumenta ya la puesta en marcha de Zonas Económicas Especiales (ZEE), donde destaca en el tema la que se visualiza para los estados de Campeche y Tabasco. En el caso del estado de Chiapas la privatización energética es importante porque en la zona del Norte del existen recursos petroleros abundantes y en la zona de la Costa se instalan ya diversos parque eólicos donde confluyen el capital privado nacional y los intereses de corporaciones trasnacionales.

 

El caso de la energía eólica es importante en Chiapas porque se puede observar la confluencia de capital privado en la dinámica de despojo de tierras de los campesinos de la costa de dicha entidad. Tan sólo para los años 2015 a 2018 se esperan inversiones por más de 14 mil millones de dólares en la construcción de parque eólicos en México, donde Chiapas se visualiza con un punto estratégico en la privatización del viento para la generación energía eléctrica. Tal es el caso de la construcción del Parque Eólico de Arriaga, el cual se realizó por parte del Grupo Dragón -del dueño de Televisión Azteca Ricardo Salinas Pliego- por una inversión de más de 1 100 millones de pesos y que posee capacidad para producir 28.8 megavatios equivalente a la demanda de energía que requieren más de 40 mil viviendas. Ello tiene un impacto en el paisaje relevante ya que cada aerogenerador tiene una altura aproximada de 130 metros y un diámetro de 90 metros equivalente a un edificio de 25 pisos.

 

Con la reforma energética es un negocio redondo para el Grupo Dragón, ya que la Comisión Federal de Electricidad les compra la electricidad y la coloca a ocho municipios del estado de Chiapas: Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Tonalá, Suchiapa, Siltepec, Huehuetan y Escuintla.

 

La Comisión para el Diálogo de los Pueblo Indígenas (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación de México (2012), ubica de forma más detallada algunas implicaciones entre las que destaca que los parques eólicos, en especial los aerogeneradores, son intensivos en el uso de energía y materiales durante todo su ciclo de vida, es decir, desde la procedencia de materia prima hasta su disposición terminal como residuos. Las obras de parques eólicos a gran escala puede afectar significativamente el paisaje del sitio de operaciones y de sus alrededores, así como, la apreciación que las personas le imputan al paisaje. También, puede resultar en la fragmentación de extensiones contiguas de ecosistema, afectando primariamente a la avifauna. Entre todos los impactos, este es sin duda el más controversial, la muerte de las aves por la colisión con las aspas de aerogeneradores en funcionamiento. Sumemos a ello, la inconformidad de los ejidatarios debido al cambio de tenencia de la tierra colectiva a privada por medio de la firma de contratos de arrendamiento de tierras entre sus propietarios y las empresas eólicas, que permite a éstas el acceso exclusivo a la tierra para instalar aerogeneradores que aprovechen el recurso eólico. Estos contratos se realizan en condiciones de clara desventaja para los propietarios porque permiten a las empresas obtener derechos sobre el uso de la tierra durante 30 años, con posibilidad de renovarse por otros 30, y apropiarse de gran parte de las ganancias de los parques eólicos al fijar los montos por el pago de la renta de cada hectárea arrendada. Además los contratos de arrendamiento limitan las actividades de los campesinos o comuneros alrededor de los espacios donde se instalan los parques eólicos lo que trae consigo que no puedan construir casas, granjas, locales para granos, obras en los caminos, plantar árboles o sembrar cultivos que crezcan más de dos metros y limitar sustancialmente el uso de maquinaría agrícola.

 

“Las empresas además estipulan que serán las únicas con derecho de construcción, operación y venta de energía eléctrica, de bonos verdes y de otros beneficios derivados de las operaciones de usufructo. Adicionalmente, son las únicas que pueden dar por terminado el contrato de manera anticipada”. (Alonso; García :2016, p. 191) En enero de 2013, los ejidatarios cerraron el acceso a las instalaciones del parque eólico del Grupo Dragón ya que señalaron que fueron engañados por la empresa ya que muchos no saben ni leer ni escribir. Anotaron que reciben una renta mínima por la instalación de los aerogeneradores y por el paso del cableado por sus terrenos. (La Jornada, 19 de enero de 2013).

 

d) Minería (…)

 

f) Megaproyectos de infraestructura

Un megaproyecto genera la reconfiguración del espacio geográfico y la puesta en marcha de otras relaciones sociales, económicas y políticas en múltiples escalas y con diversos impactos tanto a nivel local, regional, nacional. Suelen visualizarse como megaproyectos de infraestructura: una carretera, un gasoducto, la ampliación de un puerto, un desarrollo inmobiliario o la construcción de un centro comercial, entre diversas actividades. Los megaproyectos “no sólo transformaron el paisaje y la organización territorial; asimismo produjeron un nuevo espacio que condujo a nuevas relaciones económicas, políticas y por supuesto de poder, donde participaron múltiples actores en diferentes escalas, se utilizaron considerables extensiones territoriales y recursos naturales, y fluyeron billones de dólares de organismos privados y públicos. Así, dichos megaproyectos originaron todo un nuevo espacio material, representado y vivencial. (Ibarra, Talledos; 2016: pp 10) En el caso de Chiapas diversos megaproyectos se ponen en marcha basados en la lógica neoextractivista y de funcionamiento del capitalismo moderno-colonial, entre ellos destacan dos que indudablemente han generado impactos considerables sobre las dinámicas socioespaciales del territorio. Nos referimos a la construcción del proyecto hidroeléctrico Chicoasen II y la ampliación de Puerto Chiapas.  (…)

 

Zonas Económicas Especiales

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que fue votada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio del 2016, otorga una serie de beneficios fiscales, aduaneros y financieros a las empresas que decidan hacer uso de la infraestructura que se encuentra en el Puerto Chiapas, el corredor Coatzacoalcos-Salina Cruz y el puerto de Lázaro Cárdenas, -y recientemente fueron incorporados Campeche y Tabasco-. Dichas zonas económicas especiales (ZEE), no sólo vienen a entregar parte de nuestro territorio nacional a empresas extranjeras sino que sobre todo vienen a modificar la forma de vida campesina e indígena que se encuentra mayoritariamente en dichos estados de nuestro país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconoce que el Banco Mundial aportó elementos para reforzar la iniciativa de Ley, validar vocaciones productivas y conocer necesidades específicas de inversionistas potenciales. Y se señala que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no sólo está apoyando el proceso de planeación de las Zonas Económicas Especiales en temas como el desarrollo urbano y las políticas públicas complementarias sino es el constructor de una estrategia de estabilidad social que garantice el flujo de las inversiones a las Zonas Económicas Especiales.

 

Es de llamar la atención, que las Zonas Económicas Especiales implicarán también ordenamientos territoriales de las comunidades campesinas cercanas a la costa de Chiapas, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán , en ello ya se contempla claramente propiedades mixtas de la tierra para los impulsos agroindustriales, mineros, hidro-energéticos y de construcción de infraestructura que ya se visualizan en el sur-sureste. Y que vienen a ubicar a estas regiones dentro de la estrategia extractivista para saquear sus minerales, petróleo, agua y fuerza de trabajo.

 

Ello es acorde, a lo que Harvey ha señalado como las nuevas divisiones internacionales del trabajo a nivel territorial: “La organización de nuevas divisiones internacionales del trabajo territoriales, de nuevos complejos de recursos y de nuevas regiones como espacios dinámicos de acumulación de capital, proporciona nuevas oportunidades para generar beneficios y absorber excedentes de capital y mano de obra. Sin embargo, tales expansiones geográficas suelen amenazar los valores ya fijados en otros lugares. Esta contradicción es inevitable: o bien el capital se traslada y deja tras de sí un rastro de devastación y devaluación (por ejemplo, en Detroit) o permanece ahogándose en los excedentes que inevitablemente produce, sin encontrar oportunidades de inversión rentable para ellos”. (Harvey, 2014: pp 154)

 

En ese sentido es de esperarse que la implementación de las zonas económicas especiales jalará inversiones hacia la zona sur del país, en detrimento de los desarrollos que se encuentran en el norte, dando origen a un desarrollo geográfico desigual. Ahora bien, lo más importante es visualizar que muchas de las áreas donde pretende desarrollarse la infraestructura que requiere la zona económica especial se encuentran en tierras cuya propiedad agraria es de campesinos, indígenas y pequeños productores. Por ello, es previsible que los conflictos agrarios y los movimientos socioambientales se desarrollen con mayor intensidad en dichas regiones en los próximos años.

 

La Zona Económica Especial de Chiapas

El diseño de las zonas económicas especiales en México trata de retomar las experiencias internacionales en la materia donde China destaca como ejemplo de impulso al crecimiento económico y la equidad. Pero es de resaltar que también existen experiencias desastrosas como las que se han impulsado en África y que sólo han significado la construcción de elefantes blancos sin impactos reales en el comercio y el desarrollo económico. En el caso de Chiapas tal parece que su impulso se encuentra en esa disyuntiva. Construida desde una visión economicista y colonial, las comunidades campesinas e indígenas no han participado en su construcción y diseño. Con ello se viola el principio y derecho fundamental de los pueblos indígenas a la consulta y a la información. La información sobre los alcances de la misma, los grupos empresariales involucrados y las infraestructuras a desarrollar se mantienen en la secrecía de la elite política y económica con lo cual la transparencia está ausente de esta política institucional de gran calado. A nivel federal se nombra una Autoridad Federal para las Zonas Económicas Especiales dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que es la encargada de la labor de cabildeo con los grupos económicos internacionales y nacionales sobre el destino de estos territorios nacionales. Como resultado de ese cabildeo sabemos que en los espacios donde van a actuar libremente los capitales internacionales, la ganancia del pueblo mexicano y chiapaneco será mínima, que el monto de inversiones que se desarrollarán en pocos años sobrepasaran los 100 mil millones de pesos, por lo cual el impacto en la vida de millones de personas será contundente.

Como parte del capital globalizado, los espacios de capital trasnacional que se construyen con estas zonas económicas especiales no sólo generarán territorios libres de cargas aduaneras, fiscales, laborales y de gestión territorial diferenciada, sino que sobre todo son enclaves de las nuevas relaciones económicas mundializadas donde a México le corresponde seguir insertándose a través de estas empresas trasnacionales con materias de primas, productos agrícolas y turismo como se observa en Chiapas. (…)

 

Reflexiones finales

El estado de Chiapas resalta por su belleza natural, la diversidad biocultural que se presenta en su territorio y por la presencia de una cultura viva de los pueblos originarios. Las dinámicas socioespaciales que se han impulsado en los últimos tiempos van ocasionando un impacto sobre esa diversidad, así somos testigos del impulso de monocultivos forestales y agrícolas frente a la diversidad biológica de la selva lacandona. Además se promueve la minería a cielo abierto con efectos brutales sobre el paisaje, el agua y la vida de personas cercanas a reservas ecológicas fundamentales para la preservación de especies animales y vegetales.

 

La nueva Zona Económica Especial que se impulsa para Chiapas traerá consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de 31 infraestructuras que impactarán de manera creciente en la dinámica extractivista de la entidad. Lo cual, probablemente generará empleo precario pero a costa de la pérdida de un modo de vida, de una forma de ser de los pueblos indígenas y los campesinos de Chiapas y sobre todo de un deterioro innegable de la naturaleza. Además, para su puesta en marcha la tenencia agraria donde los campesinos e indígenas son dueños de la tierra, hace necesario que este neoextractivismo y modelo de acumulación por desposesión, busque los mecanismos jurídicos y de violencia para hacer posible el impulso tanto de megaproyectos, monocultivos, minería, energías eólicas, turismo convencional, entre otras.

 

Las alternativas a esta dinámica expoliadora, surgen de la elaboración de nuevas políticas públicas en las que se tome en cuenta a los pobladores de los territorios afectados, nuevas epistemologías como los derechos de la naturaleza, el buen vivir, que trastoca la forma en cómo se relaciona el ser humano y la naturaleza. Nuevos conceptos como el de agroecología, se convierten en una estrategia de defensa territorial, y en la posibilidad de la custodia colectiva del patrimonio biocultural de los pueblos.

Bibliografía (…)

Fuente: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/article/viewFile/16249/16095

En consecuencia, el «sistema mundo capitalista» está desterritorializando a las comunidades y reterritorializando el Abya Yala -de modo irreversible- a favor de la acumulación oligopólica de riquezas y poder. Atendamos a:

 

Las Zonas Económicas Especiales en México y las nuevas geografías del capitalismo

26 de marzo de 2018

 

Por Agustín Ávila Romero

Por todo el planeta proliferan nuevas Zonas Económicas Especiales (ZEE) que proporcionan espacios de libertad total al movimiento del capital trasnacional, al cual se le otorgan grandes facilidades fiscales, aduaneras, logísticas, garantías de acceso a bienes naturales comunes estratégicos -como el agua, la energía solar y eólica, el petróleo y el gas- y de explotación de mano de obra local a cambio de salarios muy inferiores a los que se proporcionan en los países sedes de las firmas.

De la misma forma dichas zonas se establecen en Vietnam, Myanmar, Laos, India y Sri Lanka, que en países de África como Mozambique, Nigeria. etc. En el caso de América Latina su avance es impresionante.

Países como Colombia, Nicaragua o República Dominicana han apostado al establecimiento de empresas en su territorio cediendo buena parte de su soberanía nacional y la disminución de sus ingresos fiscales, a cambio de que parte de su clase económica dominante forme parte como socio minoritario de algunos de los emprendimientos que se realizan.

En una de las ZEE más importantes de Uruguay, los trabajadores ganan tres veces menos que los procedentes de las naciones de origen de la inversión extranjera. En Brasil los habitantes de Manaos –una zona construida por el régimen cívico-militar- tienen el índice de desarrollo humano más bajo de las ciudades más pobladas de ese país. Pero el modelo se expande y continúa.

Tan sólo en América Latina son más de 10 mil empresas las que se han instalado ya en ZEE, número similar a los corporativos mayoritariamente chinos que se encuentran en África.

El salario promedio dichas zonas es de 1,080 dólares (EU) muy por debajo de los salarios que se pagan en los países europeos, Canadá o Estados Unidos. En el caso de Costa Rica y Dominicana las ZEE representan el 47% y el 57% de las exportaciones, respectivamente, lo que muestra la localización corporativa en detrimento de la formación de cadenas productivas que favorezcan el mercado y el empleo nacional. Esto se evidencia con el siguiente dato: el promedio de aporte de las ZEE de América Latina al PIB regional es de tan sólo el 5.8%, destacando el caso de Nicaragua con el 12% como aportación al PIB.

Ello es relevante porque dichas Zonas se construyen con base a grandes subsidios y financiamientos que adquieren los gobiernos nacionales. Con base al endeudamiento o el uso del presupuesto nacional, mucha de la infraestructura mundial se construye para favorecer el funcionamiento de estos espacios en detrimento de las necesidades nacionales de educación, salud, empleo, seguridad, entre otras.

Dichas zonas forman parte del proceso de reestructuración capitalista mundial que inicio en los 70’s del siglo XX pasado y que hace frente a la caída de rentabilidad del capitalismo. La instrumentación de política neoliberales que favorecieron la flexibilización laboral, la desregulación económica y el libre flujo de capitales a nivel planetario, tienen como contraparte el proceso de expansión geográfica del capital trasnacional que requiere la apropiación territorial de espacios para incrementar su rentabilidad con el acceso de reservas de recursos estratégicos, nueva infraestructura logística y la especulación inmobiliaria. Así de poco más de 100 ZEE que existían en los 80´s, hoy hablamos de más de 2 mil que operan en el planeta y que se expanden anualmente.

Gran parte de ese crecimiento de las ZEE se ha realizado sobre tierras que pertenecieron a grupos campesinos e indígenas dedicados a labores agrícolas, ganaderas o de pesca. Su instrumentación ha formado parte de las reconfiguraciones territoriales que ha impulsado esta fase capitalista. El discurso colonialista construye la idea de los espacios campesinos como lugares “atrasados”, “subdesarrollados”, “de personas en subsistencia” y esa narrativa colonial lo mismo resuena en México como en el resto de América Latina, Asia o África. El sistema moderno-colonial continúa así su estrategia de conquista y de saqueo a nivel planetario utilizando recurrentemente la idea del “desarrollo”.

Grandes resistencias a las ZEE se dan en muchas partes, así, los pescadores de Nyanmar se niegan a convertir su laguna en uno de los puertos más importantes de la estrategia One Belt, One Road del gobierno chino; conflictos por tierras invaden la India y abarcan desde zonas cercanas a Nueva Delhi hasta los litorales del océano Indico y en México las comunidades indígenas de Oaxaca se amparan y luchan contra el establecimiento de la Zona Económica Especial de Salina Cruz y la construcción del corredor multimodal del Istmo de Tehuantepec.

El caso de la India es relevante ya que los campesinos han sido despojados de manera brutal de sus tierras para favorecer la llegada de inversionistas privados, lo que ha provocado grandes movilizaciones campesinas por la defensa de la tierra y por la devolución de las tierras expropiadas por el Estado. Ellos han denunciado que muchas de las tierras para dichas zonas no se utilizaron finalmente en la puesta de fábricas u otros tipos de emprendimientos sino para la especulación inmobiliaria.

Y es que esta nueva fase capitalista es profundamente depredadora de la naturaleza, ya que en el proceso de expansión geográfica las corporaciones requieren la construcción de infraestructuras como puertos, aeropuertos, hidrovías, gasoductos, refinerías, ciudades y nuevos mercados. Esos nuevos espacios territoriales se abren casi siempre de manera violenta al movimiento de capital, lo que explica dos cosas también importantes: la ruptura metabólica que implica este proceso con los cambios ambientales graves que estamos viviendo y como ello lleva a los conflictos socioambientales donde las empresas recurren a nivel planetario al asesinato y criminalización de los defensores de la vida y el territorio.

 

Con dichas zonas se crean nuevas geografías del capital que hace posible que surjan nuevos “polos de desarrollo” que en los hechos es un nuevo discurso de conquista territorial. Así ZEE chinas como Shantou o Xiamen que tan solo medían 1 km2 y 2.5 km2respectivamente en diez años de funcionamiento aumentaron a más de 52 km2 y 132 km2ocasionando grandes flujos migratorios y grandes impactos socioambientales.

En el caso mexicano lo más sorprendente es la ausencia de información y de debate público sobre lo que significa la puesta en marcha de estas Zonas Económicas Especiales las cuales fueron anunciadas desde el año 2016.

Ya fueron decretadas las zonas de Puerto Chiapas, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos y Puerto Progreso, en todas ellas se delimita un área geográfica que va de 1700 a 8263 hectáreas cada una, -en total más de 25 mil hectáreas-, donde se crean excepciones jurídicas al entorno nacional y se otorgan facilidades fiscales, aduanales y logísticas para los corporativos similares a las que otorgan países de América Latina como Jamaica, Dominicana o Panamá.

Para el impulso de las ZEE se utiliza la financiarización de la economía mundial, así como instrumentos financieros como las alianzas público privadas, las FIBRAS, los CKD´s se han convertido en puntales de esta iniciativa.

El 19 de diciembre del año pasado Enrique Peña Nieto afirmó que el 30% de la Inversión Extranjera Directa estimada para el 2018 provendrá de proyectos dirigidos a las ZEE, el monto no es menor ya que hablamos de más de 6 mil 260 millones de dólares.

En declaración de la Autoridad Federal de las ZEE de la SHCP se señala que antes de las elecciones todas las empresas tendrán los permisos para instalarse e iniciar sus operaciones, a ello se suma un marco jurídico que blinda sus operaciones a nivel federal, estatal y municipal.

Con base a información de la Comisión Intersecretarial del gobierno federal para impulso a las ZEE, entre los inversionistas que van a llegar destacan grandes corporativos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, el New York Exchange, en bolsas europeas y de Brasil y que tienen ingresos de cientos de miles de millones de dólares. De esta forma se observa un claro subsidio del gobierno mexicano al capital trasnacional.

Algunas de ellas son el grupo Walmart, Arcelor Mittal, Waterside Energy, Braskem-Idesa, Enagas, Pacific LNG, Southwestern Energy, Tag Pipelines, Bachoco, Nestle, Maeller Maersk, Neumann, entre otras. Muchas de ellas envueltas en tráficos de influencia y corrupción con escándalos en México u otros países como es el caso Odebrecth donde algunas de las empresas se han visto involucradas. También hay empresas que han cometido violaciones a las leyes ambientales de sus países de origen y que ahora ven la oportunidad de instalarse en México, como es el caso de las petroleras -Southwest Energy y Pacific LNG- que mediante el fracking quieren obtener gas esquisto. Existe el caso también de la empresa Neumann que despojó tierras a campesinos en África y tuvo que intervenir la Unión Europea para resarcir el daño e impartir justicia y que piensa instalarse en puerto Chiapas.

El poder de estas corporaciones trasnacionales es relevante, algunas de ellas como la acerera Arcellor Mittal -instalada ya en Lázaro Cárdenas-, fue mencionada recurrentemente en Inglaterra por participar en intentos de sobornos del ministro Tony Blair.

En los hechos estas Zonas Económicas Especiales traerán consigo un conjunto de transformaciones socioterritoriales con la consiguiente construcción de infraestructura que impactará de manera creciente en la dinámica extractivista de las entidades. Lo cual, probablemente, generará empleo precario pero a costa de la pérdida de un modo de vida, de una forma de ser de los pueblos indígenas y los campesinos de esta zona y sobre todo de un deterioro innegable de la naturaleza. Nuevas resistencias vendrán con fuerza también en México.

Agustín Ávila Romero, Economista de la UNAM. Profesor Visitante IESA-Brasil.

ALAI

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2018/03/26/las-zonas-economicas-especiales-en-mexico-y-las-nuevas-geografias-del-capitalismo/

 

 

Aprendamos a analizar la realidad capitalista de los estudios e interpelaciones que realizan quienes resisten a los extractivismos y las mega infraestructuras que requieren.

 

 

 

¿Tren Maya? Auge de proyectos acaparadores, desprecio por la gente

30 abril 2019

 

Por Samuel Rosado y Ramón Vera-Herrera

 

Desde la supuesta consulta del llamado Tren Maya, ha habido poco debate respecto a los impactos so­ciales y ambientales del proyecto. El ahora titular de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, se ha limitado a reproducir un discurso que silencia las necesidades de las comunida­des campesinas e indígenas y prioriza los deseos de inver­sión de las empresas como si éstas fueran a solucionar las condiciones de crisis social y ambiental que produce vez tras vez el patrón de acumulación de capital.

 

Mientras no cambie el modo en que actúa el gobierno frente a las necesidades de los pueblos y de la nación, las soluciones integrales de largo plazo quedarán subordinadas a las ganancias de corto plazo y profundizarán los problemas socioambientales existentes.

Se ha promocionado el tren como un proyecto turístico, pero expresamente se omite señalar que responde al proyecto de imponer la integración industrial de la Península y el Caribe mexicano con la red ferroviaria nacional y la salida expedita de mercancías al Pacífico y al Golfo. No es fortuito que además del tren aparezcan trece proyectos eólicos en la península de Yucatán, dos Zonas Económicas Especiales (ZEE), un corredor industrial entre Mérida y Hunucmá, un “parque científico”, múltiples desarrollos inmobiliarios como “Eknakán”, o Country Lake de supuesto lujo (aledaño a los de­sarrollos industriales y tecnocráticos) y diversos proyectos turísticos en Quintana Roo.

Sin una licitación previa, se asignaron 44 millones de pesos a un despacho de abogados involucrado con la Se­cretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, así como con diversos proyectos energéticos (solares, eólicos, entre otros), inmobiliarios y de infraestructura; 32 millones de pesos a PricewaterhouseCoopers (PwC), involucrada con diversos megaproyectos en todo el mundo; y 24 millones de pesos a Steer Davies & Gleave México para la asesoría técnica. Jiménez Pons también señaló que se incluirá a Goldman Sa­chs, empresa relacionada con la crisis inmobiliaria de 2009 en Estados Unidos, y al Grupo Aeroportuario del Sureste, quien controla la mayoría de los aeropuertos del sureste del país. [1]

Se ha destacado, también, la necesidad de entrelazar las ZEE con el tren para el traslado de “aparatos tecnológicos”. La ubicación actual de las siete ZEE y su cercanía con las vías férreas evidencia los intentos de articulación industrial con la red ferroviaria. Por ello, un tren de pasajeros que movilice turistas a diversas ciudades enclave —las estaciones del tren— y las mercancías producidas en la península con las salidas hacia el mercado internacional y las ZEE supondría una mayor subordinación de la región al mercado mundial.

Contrario a lo señalado por el discurso convencional, la península está articulada al mercado internacional y nacional desde que producía fibras derivadas del henequén; con ello se subordinó no sólo la producción agrícola de la península, sino a los jornaleros mayas que eran prácticamente esclavos.

La actual situación de precariedad y miseria que viven algunas comunidades es reflejo de la progresiva inserción de la península al mercado mundial, no de una falta de inser­ción. Basta con observar los efectos ambientales y sociales que ha tenido la integración del Caribe mexicano al turismo internacional y la reactivación del puerto de Sisal y Progre­so. O el cinturón de diversión y tráfico sexual, de personas y drogas, que se va extendiendo en toda la costa oriental, de Cancún a Chetumal, incluida Playa del Carmen y ahora Puerto Morelos y Bacalar.

No obstante, existe otra forma de articulación que rara vez es mencionada: la península es el territorio contiguo más extenso donde se habla maya y se continúan las tradiciones de este pueblo. El gobierno se niega a reconocer la presencia histórica del pueblo maya y su pertinencia para la continuidad biodiversa y cultural de la Península.

La integración que proponen para la Península responde a un contexto de disputa por el control del Caribe mexica­no en relación al crucial Golfo de México. La ZEE de Coatza­coalcos abiertamente promociona su conexión con la red ferroviaria de Estados Unidos mediante el puerto de Mobile, Alabama y la de Chiapas su conexión con el Pacífico y Centro América. La ZEE de Progreso, a su vez, promociona su cone­xión con el extranjero, Veracruz, Chiapas y Ciudad de México; la de Tabasco su relación con el mercado mundial de petró­leo; la de Campeche su “vocación” agroindustrial; y la de Sali­na Cruz su salida hacia Asia. La conexión de estas ZEE a través de una red ferroviaria (el Tren Maya y el Tren Transístmico como una unidad indisoluble) articula el sector petrolero, el agroindustrial, la industria de plástico, del turismo, el comer­cio con Centro América y la manufactura de telecomunica­ciones, y pretende hacer del noroeste de Yucatán un nuevo emporio de la electrónica.

El Tren Maya no es únicamente el tendido de una línea férrea

Es la reactivación del Acuerdo para la Sustentabi­lidad de la Península de Yucatán (ASPY), actualmente frenado por amparos interpuestos por comunidades mayas, y el an­tiguo plan Puebla-Panamá renovado. Bajo el estandarte de la sustentabilidad, construirán unos 533 aerogeneradores en la península de Yucatán, cada uno de entre 90 y 200 metros de altura, 100 m² para cada plataforma con una profundidad aproximada de 12 metros. Esto equivale a mover unos 15 re­molques de tierra por cada aerogenerador en comunidades predominantes agrícolas, potencialmente alterando la capa­cidad de filtración de los suelos y deforestando extensiones importantes de selva.

Quien ha seguido el devenir de los acaparamientos de territorio en las tres entidades de la Península de Yucatán, pudo espantarse del literal desbocamiento de por lo menos 50 empresas para promover el ASPY junto a los gobiernos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre otras Cemex, Grupo Bimbo, Best Day, Grupo Modelo, Ingeniería y Desa­rrollo de Yucatán, la Universidad Interamericana de Desa­rrollo y la Universidad Tecmilenio, Cuauhtémoc Moctezuma Heineken de México, la Fundación de Desarrollo Yucateco, más la ya conocida promotora de la tutela empresarial de cualquier conservación: TNC (The Nature Conservancy). Ya la gente le llama con burla el Acuerdo de Saqueo de la Pe­nínsula de Yucatán.

El ASPY era la activación coordinada de parques eóli­cos y fotovoltáicos, proyectos de intensificación de cultivos en invernaderos industriales. Siembras en monocultivo en grandes extensiones (sobre todo soya rezumante de agro­químicos y máiz híbrido industrial), programas de servicios ambientales, “economía verde”, bonos de carbono, granjas industriales de cría de cerdos y aves, reservas de la biosfera y desarrollos inmobiliarios, túristicos, industriales y de innova­ción científica con la vieja idea de volver la península la joya de la corona de las inversiones.

Así lo señala Angélica Pineda en Expansión [2]. Ahí no sólo nos alerta de la intención de volver el noroeste de la Península un nuevo Silicon Valley; nos muestra el mo­mento de la Península en que se puso en venta. “Yucatán está viviendo un momento muy importante en emprendi­miento”, dice Randy Cruz, fundador y CEO de la empresa Zenzzer, expansiva red social plena de aplicaciones para automovilistas.

Según Expansión, el Fondo Nacional Emprendedor (FNE) le otorgó entre 2013 y 2016 (nada más al estado de Yucatán) “542 millones de pesos para 74 mil proyectos, según datos del Instituto Nacional Emprendedor (Inadem), Y el apoyo continuó por los siguientes dos años” [3].

Para emprendedores e inversionistas, lo que hace falta en Yucatán es más prospección, pues la Península es considera­da por el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYE) como “uno de los 13 mejores ecosistemas del mundo” según su in­forme Monitor Global de Emprendimiento capítulo Yucatán, 2018 [4]. Este avorazamiento incluye que Mérida sea la tercera ciudad mexicana que postula para recibir “fondos semilla” de Magma Partners, con capitales chilenos, colombianos, estadounidenses y chinos [5].

Mas los empresarios no la tienen fácil. Las sentencias de los amparos interpuestos por integrantes de comunidades en Yucatán y Quintana Roo contra el ASPY lograron que los jueces fueran duros y contundentes en frenar el Acuerdo.

En particular, el juez segundo de Distrito de Yucatán emitió una sentencia donde reconoce “el interés legítimo de los quejosos” y dictamina que la población maya debe ser tratada con “igualdad y no discriminación“; valora amplia­mente “la presencia de las comunidades y la trascendencia económica, política y religiosa de la cultura maya”. Establece “el reconocimiento expreso de la ocupación histórica de la comunidad indígena maya en el territorio de la península de Yucatán” lo que deriva en la necesidad de contar con su participación “a través de una consulta efectiva”, y sienta un precedente que, aunque no se aplique directamente en el nuevo acto jurídico que representa el Tren Maya, seguirá pesando por su reconocimiento profundo del sujeto maya en su territorio.

Tras insistir en que la consulta debe ser previa, de bue­na fe y debe dirigirse a los afectados o a sus representantes legítimos allegando “estudios imparciales y profesionales de impacto social, cultural y ambiental”, debe buscar el acuerdo “y en ocasiones será obligatorio obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades, mediante procesos culturales adecuados y usando las formas e instituciones que ellos mismos ocupan para tomar decisiones”. [6]

En realidad, resulta problemático que se contemple una mayor urbanización e industrialización sin un análisis profundo, serio, plural. Algo seguro, que da para otro texto, es que el proyecto del tren acabará profundizando la crisis alimentaria de la península entre otras muchas crisis. Los bajos salarios en las industrias manufacturera y hotelera y el abaratamiento de los alimentos “chatarra’” promovieron una dieta que ha causado una transición epidemiológica ha­cia la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. En otras palabras, la inserción de una región al mercado mundial no implica una mejor calidad de vida, como sugieren algunos funcionarios públicos.

Tampoco se ha discutido el modelo de urbanización de Cancún, Mérida, Pisté, Tizimín, Valladolid, Escárcega, entre otros. Los impactos no se reducen únicamente a los suelos, las localidades y al desarrollo de ciudades extendidas, sino también implican un impacto en la red hidrológica de la pe­nínsula. Según el Registro de Derechos de Agua de la Cona­gua, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán se vierten unos 918 millones de metros cúbicos anuales de agua residual a las fosas sépticas, a los acuíferos y a cuerpos de agua; el sector servicios, entre ellos los hoteles, correspondieron al 68 por ciento del volumen de esas descargas. Subestimar el impacto en la red hídrica de los casi 17 millones de turistas que visitan Quintana Roo [7] anualmente implicaría un grave error de política pública y un riesgo para las comunidades que dependen de la toma directa de los acuíferos.

Por más que el gobierno actual haya declarado el fin del neoliberalismo, la estrategia nacional de integración eco­nómica planteada con el tren sugiere la puesta en marcha de una entrega geopolítica de un espacio clave como la Pe­nínsula de Yucatán, de frente a Estados Unidos, el Caribe y el norte de Sudamérica, espacio privilegiado para imponer el futuro del Golfo de México en su conjunto con todas las redes que de Estados Unidos llegan a ese mare nostrum de energéticos, comunicaciones y comercio de cualquier tipo de mercadería, desde la industrial hasta las personas y las que son producto de la ilegalidad.

En un contexto de violencia, desintegración del tejido social, y en ausencia de un proyecto de largo plazo que articule al país con base en las necesidades de una nación multidiversa que atienda los problemas ambientales y socia­les, el proyecto del Tren Maya quedará como otro proyecto que despoja a los pueblos de sus territorios, extrema las condiciones existentes de desigualdad y amenaza con exacerbar la actual crisis ambiental de la región.

¿Estaría realmente dispuesto el presidente López Obrador a transformar y reconciliar al país abriendo un diálogo amplio sobre los riesgos que implica el proyecto en su conjunto y las alternativas de desarrollo integral planteadas desde las comunidades y por los académicos y las organizaciones?

No parece ser el caso. La presentación de los supuestos encargados del Tren Maya en el Instituto de Estudios Históricos nos deja perplejos, pues no dudaron que las 30 zonas arqueológicas por las que cruzará el Tren se verán afectadas, y eso está contemplado, aunque en el área de influencia haya “3 mil 24 sitios arqueológicos y 15 áreas naturales protegidas”. A lo más que se animan es a decir que en cualquier caso “se hará salvamento, y si se abre más extensión de vestigios por la construcción, tomaremos las medidas para conservarlos”.

Un proceder serio requeriría por lo menos una comisión intersecretarial precedida por Sedatu, SCT y Semarnat con la participación activa de las comunidades y organizaciones potencialmente afectadas por el megaproyecto. Escuchar (no consultar) a las comunidades afectadas y entender lo que avizora como futuro propio la población de la Península, sería apenas un primer paso en el trayecto para transformar la relación. Por ahora, el gobierno se empeña en llenar de rieles el camino.

Notas:

[1] https://www.proceso.com.mx/577099/por-adjudicacion-directa-fonatur-otorga-los-tres-primeros-contratos-del-tren-maya-por-casi-100-mdp?fbclid=IwAR1NnIKIjoMla7PQnp5bJLYZQF4r57Dz39I IKvqbSn979JGz8gNiTd33M-w

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asur-participara-en-Tren-Maya-Jimenez-Pons-20181021-0075.html

[2] Angélica Pineda, “Yucatán: el nuevo‘mini’ Silicon Valley Mexicano”, Expansión, 5 de abril de 2019.

[3] Ibidem.

[4] Ibid.

[5] Angélica Pineda, “El fondo Magma Partners busca reforzar la inversión semilla en México”, Expansión, 19 de diciembre de 2018.

[6] Ver Juzgado segundo de Yucatán, Sentencia relacionada con el amparo 83/2017 VIA, otorgando el amparo y protección a los quejosos en contra del Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY) y su Anexo Único, 20 de octubre de 2017. Ver también Raymundo Espinoza, “Un triunfo del pueblo maya sobre el poder corporativo, los derechos colectivos frente a los negocios verdes”, UCCS, diciembre de 2017.

[7] http://caribemexicano.travel/ARCHIVOS/REPORTE%20TURISMO%20 2017.pdf

Ojarasca, Suplemento La Jornada

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Recomendamos/Tren-Maya-Auge-de-proyectos-acaparadores-desprecio-por-la-gente

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Comprobemos porqué y cómo el capitalismo bajo gestión progresista o neoliberal está destruyendo la habitabilidad del planeta.

El gobierno de Lula permite la depredación, acusa el Movimiento de los Sin Tierra

La Amazonia, metáfora de los dilemas

que atraviesan a la izquierda de AL

30 de enero de 2009

 

Por Luís Hernández Navarro (La Jornada)

 

La selva, lugar de prueba de un nuevo paradigma civilizatorio, alertan en el Foro Social Mundial

De la crisis global, a la crisis ambiental, a la crisis civilizatoria. La Amazonia como ejemplo vivo y candente del nivel que ha alcanzado la destrucción del medio ambiente. Esa fue la ruta central que el día de hoy siguió el Octavo Foro Social Mundial (FSM).

En diversas mesas de trabajo que sesionaron se fue elaborando un diagnóstico: la Amazonia es el escenario de una doble querella. La primera de ellas enfrenta a movimientos ambientalistas de todo el mundo que luchan por la preservación de la selva, con los gobiernos del área que reivindican su soberanía. La segunda confronta a los pueblos originarios y campesinos que viven en ese territorio, con gigantescos proyectos carreteros y energéticos impulsados por esos mismos gobiernos.

Detrás de ellas se encuentran tanto las diferencias y contradicciones existentes entre movimientos populares y gobiernos progresistas de América Latina, como la disputa por otro modelo de desarrollo o civilizatorio.

La Amazonia es una metáfora de los dilemas que atraviesan a la izquierda, tan grandes como la región misma. Latinoamérica ha crecido en los últimos años exportando materias primas. Los gobiernos progresistas han captado recursos extraordinarios para sus programas favoreciendo la explotación petrolera, minera y forestal, al tiempo que dan facilidades a la producción extensiva de soya. Pero la expansión de estas actividades ha provocado fuertes conflictos con comunidades indígenas y campesinas.

El río Amazonas es el más largo y caudaloso del planeta. Junto con Canadá, es la mayor reserva de agua dulce del mundo. Nace en los Andes del sur de Perú y desemboca en el océano Atlántico. Cuenta con más de mil ríos tributarios de importancia.

A su alrededor crece la mayor selva tropical del planeta, extendida sobre 5.5 millones de kilómetros cuadrados en Brasil (60 por ciento), Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guayana Francesa. La riqueza de su biodiversidad es compleja y exuberante, pero su equilibrio es muy frágil: en parte de la selva la capa de humus no pasa de 30 o 40 centímetros.

La presión privada sobre esa tierra y esos recursos naturales es enorme. Se busca construir grandes presas hidroeléctricas, expandir la minería y los agronegocios, sembrar soya y engordar vacas. Según la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), “la Amazonia perdió en los últimos 30 años, 80 millones de hectáreas de selva por actividades de desarrollo no duradero”. El riesgo de que la selva se vuelva una inmensa sabana de manera irreversible es real.

La humanidad entera debe estar preocupada por la Amazonia, dice el teólogo Leonardo Boff. Según él: “el FSM debe presionar al gobierno brasileño para que elabore una política clara, explícita y objetiva para conservarla. No lo ha hecho. Hay políticas puntuales para resolver conflictos de tierras e impedir el desmantelamiento de algunas regiones, pero no mucho más.”

Según él, la Amazonia es el lugar de prueba de un nuevo paradigma civilizatorio que es necesario construir, basado en una disminución de los niveles de consumo. Hay que reducir, reciclar y reutilizar, afirma.

Las voces que en el Foro alertan sobre el peligro que se cierne sobre la Amazonia son múltiples y diversas. Entre muchas otras se encuentran las de los campesinos del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, ambientalistas y científicos. Están, también, los activistas vegetarianos, que insisten en que detrás de cada hamburguesa que comemos, hay un árbol menos. “Al consumir carne usted está financiando la devastación de la Amazonia. No sea cómplice con este crimen. Vuélvase vegetariano”, advierte su propaganda. Y ponen como demostración cómo, entre 1990 y 2006, el hato ganadero en esa región aumentó en 180 por ciento, pasando de 26 millones de cabezas a 73 millones.

A lo largo del territorio del río Amazonas viven unos 135 pueblos originarios. Representantes de muchos de ellos se encuentran en el Foro, y han dedicado una parte muy importante de sus esfuerzos a alertar acerca de los peligros que penden sobre su hábitat. Vestidos con sus trajes típicos y con el cuerpo pintado de rojo y negro han invocado el espíritu de sus antepasados para salvar la selva. “Venimos a levantar la voz de los pueblos indígenas que no quieren ver sus tierras y sus aguas convertidas en mercancías que se venden”, dijo la aimara Viviana Lima.

Y es que, como dijo en el Foro Jorge Ñancucheo, representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, “sufrimos el avance de las multinacionales que llegan atropellando nuestros territorios, saqueando nuestra agua, nuestros bosques, nuestros recursos naturales. Antes teníamos a una economía en la que no había hambre, en la que no morían nuestros niños. Hoy los indígenas somos los más pobres de los pobres. Este modelo está en crisis pero no muerto.”

El avance de la modernidad salvaje sobre la selva amenaza también las tierras de indígenas, campesinos, extractores de caucho y pescadores ribereños. La situación es tan grave que el gobierno de Lula tuvo que asumir el amargo trago de la renuncia de Marina Silva, secretaria del Medio Ambiente y reconocida ecologista, cansada de tener que enfrentarse, prácticamente sola, con los voraces intereses de los grandes consorcios. “El gobierno de Lula –dicen los Sin Tierra– ha apoyado el avance de ese modelo depredador de la Amazonia.” (...)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=79913

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Argentina: el Plan Estratégico

Agroalimentario y Agroindustrial

(PEA) 2020
6 de septiembre de 2011

 

Por Guillermo Almeyra 

El gobierno CFK lanzó con bombos y platillos el PEA diciendo que marcará una ruptura con el modelo agropecuario vigente. ¿Es efectivamente así?

En primer lugar el PEA se basa en el supuesto de que todos los factores productivos o sociales serán inmutables en los próximos diez años y no, por consiguiente, sobre la necesidad de cambiar dicho modelo.

Los cálculos, con su proyección al futuro de los datos actuales tras algunas modificaciones,  prescinden de las caídas y subidas del petróleo y de los carburantes, que tanto inciden en el campo agrícola como en la agroindustria. Y, sobre todo, en los fletes que supone serán los carísimos fletes actuales sobre goma, por camiones, lo cual excluye una mejora del sistema ferroviario y del transporte marítimo y fluvial que están en la lona-. El PEA deja para las calendas griegas la protección ambiental contra los gases de los camiones,  mantiene la dependencia del cada vez más escaso petróleo sin tener en cuenta la búsqueda de fuentes de energía renovables y pretende eternizar la industria del automotor, ya que la agricultura producirá una porción creciente del combustible, fomentando así la continuidad de una industria automotriz obsoleta y condenada a desaparecer y cerrando el camino a la búsqueda de la renovación de las fuentes de energía y de los transportes.

En segundo lugar, el PEA ni siquiera encara la reorganización del uso del suelo y de la distribución territorial de la población para sembrar pueblos y gente en las zonas deshabitadas reduciendo el costo de los transportes de los alimentos que podrían producirse e industrializarse in loco y revirtiendo la desertificación y la eliminación de pueblos enteros, con la consiguiente emigración de sus habitantes, que resultan hoy de la expansión sojera.

En tercer lugar, los objetivos dejan intocado el papel de los pools de siembra sojeros y de los grandes monopolios graneros así como el poder de los terratenientes. Plantea, simplemente, lograr más de lo mismo y de la misma manera.

La producción de biocombustibles a partir de cereales secundarios y trigo aumentaría del 10 al 14 por ciento y del 9 al 16 por ciento [1] la de biocombustibles provenientes de oleaginosas, con el cual el campo, cada vez más, produciría para calmar la sed de combustibles de los automóviles y no el hambre de la gente en un proceso donde la producción para las máquinas reducirá la oferta de los alimentos populares y los encarecerá.

El PEA plantea, además, elevar la actual producción de 100 millones de toneladas de granos a 157 millones y extender la superficie sembrada hasta 42 millones de hectáreas. Esto se haría, evidentemente, a costa de nuevas tierras, que son frágiles como las del Chaco y Formosa, Santiago del Estero o Jujuy, de la expulsión de unidades familiares campesinas, de la deforestación y de todos los desastres ambientales (inundaciones, deslaves, agotamiento de los suelos) resultantes de esta extensión de la frontera agrícola. No calcula los posibles efectos del cambio climático (temperaturas más extremas, sequías, disminución de las fuentes hídricas) ni la competencia por el agua con la industria minera que el gobierno quiere fomentar a toda costa, atraído por el alto precio de la onza de oro. Las verduras, frutas y hortalizas y legumbres, vitales para una alimentación sana, quedan en la sombra ante la promoción del modelo sojero de producción y de exportación que deja concentrada en pocas manos de los pools de siembra como Grobocopatel y otros- o de los oligopolios transnacionales la producción de las divisas necesarias para el desarrollo del país pues el PEA calcula que las exportaciones totales del sector agroalimentario y agroindustrial aumentarían en un 145 por ciento pasando a casi 100 mil millones de dólares.

Las exportaciones agroalimentarias y agroindustriales deberían dar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria y en cambio, con el PEA, no aseguran una provisión abundante de alimentos buenos y baratos a la población ni la producción en el país de lo que ésta necesita.

El PEA mantiene el actual modelo de extracción minera de la tierra para beneficio de unos pocos que exportan sus ganancias o exportan ilegalmente capitales. El gobierno progresista ni piensa en tocar la renta parasitaria ni planifica el desarrollo demográfico, energético, productivo, industrial, tecnológico para encarar el futuro próximo. Parte de mantener la industria del automotor sobre la base del petróleo y de los biocombustibles, de hacer el trazado de los transportes en función de esa industria saturada, obsoleta y en poder del capital extranjero, no preserva los suelos sino que fomenta la soja y la deforestación, no busca cómo hacer que la producción agrícola fomente el desarrollo de las energías no contaminantes (solar, las mareas de la Patagonia, los vientos australes), mantiene las contaminantes usinas a carbón o las peligrosas usinas atómicas, o las atrasadas usinas termoeléctricas  como únicas posibles, no legisla sobre cómo preservar las fuentes de agua.

El PEA confunde crecimiento con desarrollo y mayor exportación a cualquier costo social o ambiental (en el caso, siempre, de que la logre) con desarrollo humano. Incluso si los resultados del PEA fuesen alcanzados se habrían perdido diez años cruciales en los que la crisis mundial permite buscar alternativas y los suelos y el ambiente, que presentan signos de deterioro, estarían mucho más comprometidos por un tipo de extracción salvaje.

NOTA: [1] Cifras de Página 12: Un plan de diez años APRA agrandar el campo, 5/09/11, págs 2-3

Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.

www.sinpermiso.info, 5 septiembre 2011

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/argentina-el-plan-estratgico-agroalimentario-y-agroindustrial-pea-2020

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La nociva técnica aplicada en la formación Vaca Muerta es altamente dependiente de las arenas. Se calcula que cada fractura requiere cerca de 1500 toneladas, por lo que YPF necesitaría de 40 millones de toneladas de arena de sílice para el desarrollo de Vaca Muerta durante los próximos 10 años. El objetivo de la compañía es extraerla en Chubut donde otra empresa ya está explotando desde el año pasado. Algunos sectores políticos son críticos del proyecto y sostienen que el insumo debería procesarse en el lugar y no ser enviada a Neuquén sin valor agregado, como propone YPF. Discuten, también, qué canon debería pagar este tipo de extracción. Las organizaciones ambientales, por su parte, advierten, conociendo la experiencia de EE. UU., sobre los riesgos a la salud, como la silicosis, que esta extracción genera.

 

Fernando Cabrera*.-  Si una premisa vertebra la lógica de YPF con respecto a los hidrocarburos no convencionales es la de lograr disminuir permanentemente los costos de la extracción. Desde mediados de 2014, con la caída del precio internacional del crudo, ese objetivo se volvió prioritario.

Según un relevamiento que realizó el periodista especializado Nicolás Gandini, YPF logró reducir un 40 % sus costos desde que comenzó a ser notable el bajo precio del barril. Según explica, la clave es la disminución del tiempo en la realización de cada pozo. En agosto de 2016 un pozo de shale oil con una rama horizontal con 18 fracturas demoraba 25,5 días promedio y costaba USD 9,9 millones. Mientras que en 2014, un pozo horizontal de entre 10 y 12 fracturas tardaba 41 días e insumía USD 16,6 millones (EIO, 29/08/2016).

Al respecto, YPF informaba en 2013 que un tercio del costo de cada fractura era por la arena, que se importaba casi en su totalidad y su transporte la encarecía considerablemente. El economista Julio Ibañez de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco indicó que en 2016 ha aumentado mucho la compra de arena local. “El mayor productor nacional de arenas es Entre Ríos, que hoy provee algo así como el 50 % de las que utiliza la explotación”, señaló en una exposición realizada en el marco del “Ateneo de Economía” que sostienen desde el Departamento de Economía de la sureña universidad. En la costa del Paraná, en las inmediaciones de la localidad Aldea Brasilera, una subsidiaria de Ferrum, Cristamine, es la principal compañía del rubro. Recientemente también ha habido anuncios sobre la posibilidad de extraer la arena de sílice en Gualeguay (Radio Nacional, 07/10/2016). En cuanto a la importación, el especialista indicó que el agente sostén proviene fundamentalmente de China, Estados Unidos y Brasil.

Tras la parcial expropiación de YPF, el país importaba arena para fractura por unos USD 500 millones. El proyecto de extracción en Chubut, sumado a la planta de Añelo, en la que YPF invirtió USD 150 millones (La Nación, 17/04/2015), pretendía sustituir una parte considerable de esas importaciones, con un consecuente efecto positivo en la balanza comercial. Según cifras de YPF, la fabricación local del insumo reduciría alrededor de un 40 % su valor, lo que le permitiría disminuir en por lo menos un 10 % el costo necesario para la realización de un pozo. Según el análisis de Gandini ese objetivo se cumplió ya que, como resultado de la utilización de arena de origen nacional procesada en la planta de tratamiento construida por YPF en Añelo, el costo por etapa de fractura descendió de USD 600 mil en 2014 a USD 400 mil en 2015, y se redujo hasta los USD 300 mil en el segundo trimestre de 2016  (EIO, 29/08/2016).

 

“El shale es arena dependiente”

La fractura hidráulica es un método de extracción de hidrocarburos más agresivo que el que se utiliza en los yacimientos convencionales. Consiste en realizar perforaciones verticales y horizontales en las que se introducen a presión millones de litros de agua, químicos y arenas. Ese compuesto resquebraja las rocas del subsuelo y, cuando el líquido se retira, la arena impide que las grietas vuelvan a cerrarse, lo que permite que los fluidos migren hacia la superficie de forma sostenida.

Por el objetivo que poseen, el sector hidrocarburífero denomina “agente sostén” a tres componentes: arena natural, resinada y cerámicos artificiales que soportan mayores presiones. Si bien las cantidades son variables se estima en 1500 toneladas lo que se inyecta en cada pozo y se ha comprobado que a mayor cantidad se obtienen mejores rendimientos. Un camión estándar puede cargar unas 30 toneladas, es decir que se necesitan aproximadamente 50 para cada pozo. Por estas condiciones es que Ibañez resalta que “el shale es arena dependiente”.

 

La planta de Chubut

En abril de 2015, YPF lanzó su Plan Nacional de Arenas, proyectando una cantera y planta de clasificación en las inmediaciones de los ejidos comunales de las localidades de 28 de Julio y Dolavon, Chubut.  La planta tendría una capacidad de procesamiento anual de 500 mil toneladas. Lo necesario para realizar unos 330 pozos. Una vez clasificada, la arena sería transportada 940 kilómetros hasta otra planta de tratamiento de la compañía ubicada en Añelo.

Antes de los anuncios, la compañía parcialmente estatizada ya había dado pasos fundamentales para el proyecto. En diciembre de 2013 creó Cimsa, especializada en explotar canteras de arenas para fracking, y adquirió los campos de arenas silíceas en Chubut. Seis canteras esperaban la aprobación del Ministerio de Ambiente de esa provincia: Yatén, Pitu, Betina, El Holandés, Apacheta y El Gauchito, todas bajo dominio de Cimsa (El Chubut, 20/11/2014).

Más allá de anuncios, hasta la fecha YPF no ha avanzado en la concreción del proyecto. Tanto el intendente del municipio de 28 de Julio, Omar Burgoa, como el secretario de gobierno de Dolavon, Guillermo Araneda, y el referente del Foro Social Ambiental de Trelew, Pablo Lada, coinciden en que YPF todavía no está trabajando en las canteras. No obstante, otro grupo empresario comenzó con la extracción.

Este es el Grupo Arenas Patagónicas, que está obteniendo arena en las inmediaciones del ejido de 28 de Julio y realizando el lavado y la separación en Dolavon antes de enviarla en camiones hacia el noroeste patagónico. El grupo empresario está conformado por Transportes Rada Tilly S.A., del chubutense Carlos Peralta, y Shale Kompass Srl, cuyo principal socio es el exministro de Energía de Neuquén Guillermo Coco (Boletín Oficial de Neuquén, 26/02/2016). Según explica la página web del Grupo, la compañía de Peralta está encargada “de la extracción y la manufactura de las arenas para fractura hidráulica” y la de Coco es la “responsable de la comercialización de las arenas de fractura”.

La planta de procesamiento de arenas silíceas inició su funcionamiento a comienzos de 2016, cuando YPF realizó un pedido de 25 mil toneladas ya que Entre Ríos, que hasta la fecha había sido su principal proveedor nacional, había sufrido una fuerte inundación. La construcción de la planta en Dolavon implicó $ 32 millones de inversión. En esa primer venta facturaron $ 70 millones.

El informe ambiental de la planta de procesamiento, fechado en septiembre de 2014, define en términos generales en qué consisten las tareas que se realizan allí. Precisa que la planta está destinada al tratamiento de arena silícea procedente de la cantera “La Picada”. Desde allí para llegar a la planta se debe recorrer 79 km de ripio consolidado por la ruta provincial 40 en sentido sureste hasta la ruta nacional 25. Luego se recorren 6,5 km por esa vía hasta acceder a la planta. En total la distancia suma 85,5 km. Nada se dice en torno a cómo será trasladado el material desde la planta a los pozos.

En el informe ambiental se define que la planta busca “mejorar las propiedades de la arena natural, principalmente mediante el ajuste de la distribución de tamaño de grano, a través de la eliminación de material de menor y gran tamaño y de impurezas en la arena o de las superficies de los granos de arena individuales, siendo para ello el lavado, secado y clasificación el método más simple y económico. (…) Por ser el yacimiento de origen un depósito muy puro con un contenido de sílice, SiO2, superior al 90 %, con presencia de arcillas (…), la clasificación, secado y el lavado resultan suficientes para producir arena cuya calidad reúna las especificaciones que requieren las distintas aplicaciones que la arena silícea tiene en el mercado nacional” (Transporte Rada Tilly, 09/2014: 48 y 49).

La planta elabora tres productos básicos: arena de sobretamaño, arena fina y arena ultrafina. Sus instalaciones fueron diseñadas para procesar 70 toneladas por hora de material bruto. Al trabajar un turno diario de ocho horas, genera 12.320 toneladas mensuales.

Luego de enumerar los impactos y proponer mecanismos de mitigación, el informe concluye que “ninguno de los potenciales impactos negativos identificados para la obra son limitantes o restrictivos para la ejecución del proyecto, por lo que resulta ambientalmente viable siempre y cuando se cumplan estrictamente todas las medidas de mitigación indicadas (…) se realicen las actividades de monitoreo sobre las variables ambientales afectadas” (Transporte Rada Tilly, 09/2014: 7).

El informe explicita los precios de la arena según los usos. Informa que la destinada parafracking varía entre $ 3000 y $ 5000 la tonelada. Otros usos de esa arena, como la construcción, paga $ 100 la tonelada, en tanto los valores para la industria del vidrio coloreado, la cerámica, los refractarios y la metalurgia varían entre $ 1350 y $ 2000.

Además, el informe enumera distintas justificaciones para la realización de la planta. La empresa obtendrá rentabilidad, la provincia y el municipio de Dolavon lograrán la creación de puestos de trabajo, el efecto multiplicador de la industria en el contexto local y el aumento de los aportes tributarios de las actividades existentes. Para el Estado Nacional, conjuntamente con los beneficios sociales e impositivos que se producen a partir de la producción, se destaca la sustitución de importaciones.

 

La renta y los impactos ambientales

La principal discusión que se ha desarrollado públicamente en Chubut en torno a las arenas se vincula con la obtención de la renta que esa producción generará. Varios referentes políticos de Chubut se mostraron contrarios a la propuesta de YPF de procesar la arena en Neuquén. Pretendían, en cambio, que se realizara en su provincia. Por ese motivo, todavía en la gestión kirchnerista YPF convocó a una reunión en Trelew y con la presencia de varios de sus ingenieros intentó argumentar en pos del proyecto. El intendente de 28 de Julio, Omar Burgoa, pese a ser parte del Frente para la Victoria, que impulsaba el accionar de YPF, cuestionó duramente aquella visita. “La gente de YPF básicamente dijo que no teníamos que joder. Ellos vinieron a que nos calláramos la boca porque estábamos entorpeciendo el desarrollo nacional. Con una altanería enorme, con una falta de tacto total. Yo les dije que no estaban en Comodoro Rivadavia. Acá no hay cuatro generaciones de petroleros que veneren a YPF. Entiendo que el petróleo no lo sacamos de acá, pero también entiendo que si ellos van a sacar el petróleo en Neuquén lo van a hacer con la arena nuestra. Yo no voy a permitir el saqueo de un recurso no renovable gratuitamente”, sostuvo el jefe comunal (entrevista, 20/09/2016).

Más allá de las manifestaciones y explicaciones ofrecidas por los representantes de la petrolera, el entonces gobernador Martin Buzzi, quien también estaba alineado con el gobierno nacional, advirtió que “si la explicación [desde YPF] no conforma tendrán que mejorar el proyecto”. Puntualizó que “cualquier proyecto que funcione en nuestra tierra tiene que tener sustentabilidad ambiental, social y que la gente diga que un proyecto vale la pena” (La Jornada, 17/05/2015). Por aquel entonces, Mario Das Neves, quien actualmente es gobernador, que en ese tiempo era diputado nacional y es desde hace años uno de los políticos más influyentes de la provincia, coincidió en el reclamo de que la industrialización se realice en territorio chubutense (Diario Crónica, 06/07/2015).

Contrariamente, el por entonces representante de Chubut en el directorio de YPF, Jorge Gil, fundamentó la no instalación de la planta de procesamiento de arena en esa provincia. “Lavar aquí sería agregar impurezas que luego tendrán que ser nuevamente quitadas. Además, sobre los 80 puestos de trabajo que demanda el proyecto, el lavado hubiera significado sumar solamente 15 puestos, es decir que no habría un gran impacto. No opusimos resistencia a este punto, porque hubiera significado hacer inviable el proyecto” (Suplemento Desarrollo, 20/05/2015).

En esa entrevista, Gil minimizó la posible industrialización que generaría instalar una planta de arena en Chubut. “Son proyectos que no requieren industrialización, hay un zarandeo y clasificación de los granos por su tamaño (…) Este proceso, por razones de que es necesario mantener la calidad, hay que hacerlo cerca de los centros de utilización del proceso de perforación del pozo y esto es Vaca Muerta”, propuso.

Otro de  los puntos que se dirime entre YPF y la gobernación de Chubut en torno a la renta obtenida por la extracción de arena consiste en definir, precisamente, cuál de las categorías del Código de Minería enmarca este tipo de proyecto. La primera categoría define a los minerales cuya titularidad le pertenece al Estado y por lo tanto por su extracción debe abonarse una regalía, por ejemplo oro, plata, platino, mercurio, entre otros. La tercera, en cambio, deja la titularidad en cabeza de quien declara el descubrimiento (así inscribieron el yacimiento tanto YPF como Arenas Patagónicas) por lo que se paga un canon mínimo, el mismo que la arena utilizada para construcción.

Mientras hay una cantera en funcionamiento que fue inscripta como de tercera categoría, este debate continúa abierto. Todos los consultados para este informe coincidieron en la previsión de que la extracción de arena silícea sería finalmente entendida como una explotación de tercera categoría.

Otra de las críticas tiene que ver con los puestos de trabajo que genera la planta. El secretario de producción del municipio de Dolavon, Gustavo Quezada, estimó que en el lugar trabajan unas 45 personas, de las cuales únicamente 18 son de la localidad. “Se genera una expectativa de que van a absorber una gran parte de la demanda laboral y esto no sucede como se espera”, sostuvo.

Finalmente se encuentran las críticas desde la perspectiva socioambiental. El referente del Foro Ambiental Social de Trelew, Pablo Lada, enumeró los cuestionamientos socioambientales de la iniciativa. “Nuestra primera preocupación es que la arena es para fracking, dijo, y explicó que eso genera en la zona donde se extrae innumerables problemas. También anticipó que si el precio internacional del barril de petróleo sube, la explotación mediante esta técnica se va a profundizar. Les preocupa esa posibilidad teniendo en cuenta lo sucedido en los estados de EE. UU. como Wisconsin o Minnesota, donde las canteras de arena destruyeron valles productivos similares a los del río Chubut.

Más allá de ese cuestionamiento general, Lada indicó dos preocupaciones puntuales en torno a la planta ya instalada vinculadas con la salud pública. “Una es el tamaño de las partículas, que es 2.5 micrones, más chiquitas que un pelo, y que provoca silicosis. Eso está totalmente estudiado y ellos lo reconocen pero como un problema de índole laboral, que ocurre en cualquier planta que maneje con este tipo de particulado. Y explican cómo se solucionaría este problema: echando agua para que las partículas no vuelen”, expuso con sarcasmo. Además, señaló que hay fotos de la planta donde los operarios están sin mascarillas, que es una medida de seguridad mínima en este tipo de emprendimiento.

Pero indicó que el problema trasciende el ámbito laboral. “En Wisconsin es tal el volumen de arenas que el particulado se encuentra fuera de las plantas. El viento patagónico es muy fuerte y estas arenas al ingresar a los pulmones generan silicosis y cáncer”, advirtió sobre el riesgo de la planta en relación a la población.

 

Los antecedentes y estudios científicos que provienen de Norteamérica son taxativos en cuanto a la peligrosidad de las arenas de sílice en términos de salud laboral en torno a quienes residen en las inmediaciones de los lugares donde se alojan estas arenas. Como señala el compendio de investigaciones científicas realizado por el Concerned Health Professionals of New York y Physicians for Social Responsibility, “las familias que viven cerca de donde se extrae arena industrial informaron que su salud se ha visto comprometida por el desarrollo de la mina de arena y están preocupadas porque las empresas no están monitoreando correctamente sus lugares de extracción” (2015: 96).

Por otro lado, Lada señaló otro problema que no está mencionado en el informe ambiental: “La poliacrilamida es usada como un floculante en el lavado de la arena. Y no está mencionada en el Informe. La poliacrilamida tiene un componente que es la acrilamida que es nefasta, muy tóxica: en pequeñas proporciones, tan chiquitas que prácticamente no hay máquinas para medirla, es un poderoso neurotóxico. En proporciones ínfimas ya es tóxico. Cuando se calienta la poliacrilamida, y en el proceso de lavado se calienta, aparece la acrilamida”, explicó con preocupación.

Los millones de toneladas de arena, que deben recorrer miles de kilómetros para explotar Vaca Muerta, y que implican un porcentaje importante del gasto en cada pozo, se convierten en otras de las aristas nodales del megaproyecto. Algo que a primera vista podría parece inocuo, como la arena, extraído en estas dimensiones y con estos fines, también puede generar altos impactos económicos, sociales y ambientales

 

 

* Una versión anterior de este informe fue publicado en “Externalidad del megaproyecto Vaca Muerta” que se terminó de escribir en diciembre de 2016. Desde entonces, han sucedido dos novedades importantes sobre el tema. La primera es que YPF se comprometió a conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con la provincia de Chubut para explotar las arenas y la segunda es que los mayores costos de la extracción en Chubut, hicieron que ante un mejor condición climática en Entre Ríos, YPF volviera a adquirir el insumo en esa provincia Mesopotámica.

 Fuentes y bibliografía

Entrevistas

Fuente: ww.opsur.org.ar/blog/2017/05/12/siliceas-las-arenas-movedizas-del-fracking/

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Así es como las empresas mineras envenenan los acuíferos de Latinoamérica.

27de marzo de 2019

Por Sin Filtros    

“La minería metálica necesita del agua tanto para extraer la roca del subsuelo, como para lavarla y luego para separar la roca y el metal”, dice a Sin Filtros el activista Alejandro Labrados. Para realizar la extracción de oro, se recurre a la cianuración, una práctica eficaz para procesar el material, pero sumamente peligrosa ya que solo bastan con dos gramos de esta sustancia para matar a un hombre.

Latinoamérica sigue siendo un territorio que esconde vastos yacimientos de oro, y es en las zonas donde la regulación ha sido corrompida por la corrupción en las que se establecen las minas ilegales. Países como Guatemala, Honduras y El Salvador se prestan para estas prácticas, dejando poblaciones devastadas por el envenenamiento de sus fuentes principales de agua.

Televisa

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Multimedia/Video/Asi-es-como-las-empresas-mineras-envenenan-los-acuiferos-de-Latinoamerica

 

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 POR LA TIERRA

No al IIRSA/COSIPLAN/UNASUR la ruta del saqueo y la contaminación de los territorios.

14 de febrero de 2017

(Comunicado de la asamblea de Viedma)
l IIRSA/COSIPLAN/UNASUR la ruta del saqueo y la contaminación de los territorios.
Desde el colectivo social y ambiental “Unidos por las Aguas de la Cuenca Curru Leuvu” hacemos público nuestro repudio a la presencia del presidente Mauricio Macri, el Gobernador de Chubut Mario Das Neves, de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y de Tierra del Fuego Rosana Bertone en Viedma en este momento socio/político y ambiental turbulento denunciamos la continuidad y profundización de las políticas extractivistas que se vienen desarrollando a expensas del agua de la cuenca curru leuvu, desde hace más de una década, el despojo y la destrucción que está cometiendo el capitalismo y sus empresas multinacionales en complicidad del los distintos gobiernos al servicio del capital internacional en este momento histórico de entrega del agua y del territorio al extractivismo.
El agua de la cuenca del Curru Leufu viene siendo contaminada de distintas formas desde hace décadas como consecuencia del modelo extractivista imperante que desarrolla la explotación indiscriminada de la tierra y de todos los seres, los derrames constantes de la industria del petróleo, el vertido de los efluentes cloacales SIN TRATAMIENTO como política de Estado y la falta de inversión en obras de infraestructura en las distintas ciudades, el vertido de agrotóxicos, la utilización del Agua como bien privado para el abastecimiento de los casi 1.000 pozos de petróleo no convencional que actualmente están en actividad en Vaca Muerta, Neuquén y Allen, Río Negro, sumado a la pretendida explotación del yacimiento “Chelforo”, las represas que aprisionan el agua generando su putrefacción, el avance de las empresas mineras en la línea sur del territorio y de las empresas petroleras hacia el valle medio conlleva el despojar a pequeños productores, chacareros y comunidades mapuche de la tierra productiva, condenado a quienes resisten a enfermedades respiratorias, falta de agua potable ante el avance de la contaminación desmedida y que en la actualidad busca ser “legalizado” mediante la modificación del “código de tierras fiscales”.
Mientras se favorece la apropiación de “reservas de agua” por parte de conocidos magnates como Joe Lewis que avanza con el proyecto laderas sobre la Pampa Ludden, el tendido de una hidroeléctrica sobre el robado “lago escondido” siendo uno de los inversores de la empresa Pampa Energía encargada de la explotación mediante fracking en la zona de Allen y que hace más de una década cuentan con la complicidad de los gobiernos municipales, provincial y nacional , y de los diversos medios de comunicación regional que han dado apoyo de manera sistemática a los proyectos extractivistas de la megaminería, la fractura hidráulica, el agronegocio y a la entrega del territorio, como así también de los actores políticos que permitieron la derogación de la ley anticianuro en Rio Negro, avalaron el paquete de leyes hidrocarburiferas con la “renovación de los contratos petroleros” y de la corrupción del Poder Judicial que declaro inconstitucional la ordenanza anti fracking que fuera promulgada en la ciudad de Allen en 2013, pero que hace años no exige la libre circulación del “lago escondido” apropiado por Joe Lewis y protegido por su testaferro Van Dittmar a quien recibieron en la primera audiencia a pocos días de haber asumido la gobernación Carlos Soria y Alberto Weretilneck.
La explotación del agua de la cuenca del curru leufu se hace sin escrúpulos para el beneficio de diversos capitalistas a los que les sería imposible saquearnos sin la complicidad de lxs funcionarixs y de los sectores políticos partidarios que hoy pretenden la cooptacion de las luchas camuflándose capciosamente de ambientalistas, ante esta avanzada nuestrx objetivo es RECUPERAR EL AGUA DE LA “CUENCA CURRU LEUVU EXIGIENDO:

Que prevalezca el Valor Natural del Agua como Esencia de Vida: ya no más Agua para la electricidad, fracking gas y petróleo no convencional y minería hidrotóxica en la Cuenca Curru Leuvú.Show

Contra el saqueo y contaminación del territorio NO SEREMOS ZONA DE SACRIFICIO…
DE LA CORDILLERA AL MAR BEBEMOS LA MISMA AGUA!!
Colectivo Social y Ambiental Unidos por las Aguas de la Cuenca Currú Leuvú.
Viedma – Carmen de Patagones.
Febrero 9 de 2017

Fuente: https://porlatierraycontraelcapital.wordpress.com/2017/02/14/no-al-iirsacosiplanunasur-la-ruta-del-saqueo-y-la-contaminacion-de-los-territorios/

 

 

 

Podemos preguntarnos cómo transformar la realidad social e internacional con otro modo de producción que el capitalista. Veamos un ejemplo importantísimo:

 

 

La agroecología como herramienta de democratización habitable

12 de noviembre de 2015

 

Por Ángel Calle Collado (Diagonal)

La Agroecología es una herramienta de transformación social –ciencia-acción-participativa o forma de vida y movilización desde territorios concretos– que desafía el régimen agroalimentario y sus capataces. Y como nos alimentamos a diario –quienes podemos hacerlo–, nuestras percepciones y nuestras acciones condicionan la capacidad de la sociedad y de sus individuos de definir de forma 'autónoma' cómo queremos hacerlo. Y, siguiendo a Castoriadis, en el hecho de poder gobernarnos con autonomía crítica sobre los asuntos que nos afectan, reside que podamos llamar democrático –algún día– al mundo en el que vivimos. 

De esta manera, la Agroecología así entendida es, innegablemente, un acto político. ¿Por qué agregar entonces dicho adjetivo? Por dos razones. La primera para entrar en la disputa del reconocimiento de manejos y saberes de personas que nos ayudan a vivir y alimentarnos de forma saludable en muchos casos. No hay producción sostenible –para la especie humana– si dicha sostenibilidad no democratiza los regímenes agroalimentarios.

La apuesta actual de los gobiernos no sólo consiste en facilitarle un hardware apropiado a la gran industria alimentaria: leyes de salud y comercialización propicias, investigaciones que apoyen su desarrollo –menos del 1% se dirige hacia la agricultura ecológica–, educación hacia el agronegocio, invisibilización de prácticas alternativas, etc. También quiere imponer la lógica de un monocultivo del software, de los saberes, de las formas de hacer, de cómo ha de 'desarrollarse' un territorio. Los monopolios colonialistas, y la red que teje el imperio agroalimentario globalizado se comporta como tal, precisan del epistemicidio de otras formas de entender el conocimiento que desafíen la fábrica capitalista, dice Boaventura de Sousa Santos. En particular, las élites persiguen no reconocer ni amparar derechos de, precisamente, pueblos y comunidades que atesoran las culturas alimentarias más sostenibles : pueblos indígenas, campesinos y campesinas, productores y productoras de tradición artesanal. Su memoria biocultural asociada es una amenaza. Estas 'culturalezas' –como nos indican Víctor Toledo y Narciso Barrera– nos vienen ofreciendo caminos que tienden a cerrar circuitos –energéticos, materiales, mercantiles, políticos– de abajo hacia arriba. 

Democracias de alta intensidad, o radicalización de la democracia, que se extiende desde la siembra hasta la mesa: democracias alimentarias que van creando auto-gobierno en otras parcelas de la vida como la salud, las economías sociales-solidarias, la gestión directa y sostenible del territorio, etc.

La segunda razón tiene que ver con la hegemonía que en estos debates de la Agroecología política, pasan a tener las políticas públicas necesarias para avanzar en esa democratización de tierras, cultivos, mercados y saberes.

En Brasil son conocidas las bondades que dichas políticas públicas han tenido para el país, valgan como ejemplo: el ingreso de 300.000 agricultores en programas de alimentación locales   –programas de consumo institucional–, que   además   reciben un incremento del 30% si los productos son ecológicos ; los apoyos a la creación de núcleos de investigación agroecológica autónomos entre productores, estudiantes y profesorado; o la potenciación de sistemas de certificación manejados por agricultores y consumidores –caso de Ecovida–, no por empresas o instituciones públicas muy al margen de la sostenibilidad territorial, como ocurre en la Unión Europea.

 

Pero también son manifiestas las contradicciones que conviven en ese despegue 'agroecológico'. Contradicciones que sitúan a Brasil, paradójicamente, más cerca de la senda de Francia que de la construcción cooperativa de la agroecología en otros países latinoamericanos, como sería el caso de Colombia.En los territorios de este país tan próximo de Brasil es constante el enfrentamiento abierto con las políticas desarrollistas gubernamentales por parte del mundo indígena y campesino, que apuesta por la agroecología cooperativa, arrastrando a grandes redes de economía social-solidaria como Agrosolidaria –30.000 integrantes que se definen como “prosumidores”–. Mercados campesinos, Mingas, capacidad para detener el país y detener leyes que patenten la vida como ocurriera en el 2013, impulso al rechazo de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, entre otros, son otros tantos elementos que muestran la vigorosidad para apoyar estrategias de gestión agroecológica de los territorios, cuyo faro serían la creación de zonas de reserva campesina . 

 

El Estado brasileño, en la encrucijada de seguir el modelo desarrollista que viene auspiciando, encuentra ahora un 'obstáculo' en las demandas provenientes de redes agroecológicas . Y a su vez, el brazo práctico de este Estado –a través de leyes, presupuestos, formación, compra pública, programas de extensión–, incluso cuando trabaja desde el rubro de la agroecología, se aproxima mucho a la producción en cadena de formas de producción ecológicas, restringiéndose a programas que se repiten para la sustitución de insumos, diversificación, manejo más sostenible de suelos. Programas donde las personas productoras y la sostenibilidad territorial parecen contar poco. Son las dificultades históricas de una institución que entiende más de monopolizar y homogeneizar   –gestión vertical–   que de compartir decisiones y contextualizar –cogestionar y permitir la autogestión–. Institución que, paradójicamente, sería necesaria para enfrentar situaciones de violencia, el poder de los grandes terratenientes o la presión de los intereses de las grandes transnacionales. 

Pero, en materia de promoción de un cooperativismo diverso, el Estado demuestra históricamente una gran miopía –si no un gran rechazo– cuando se trata de afrontar globalmente la sostenibilidad en el medio y largo plazo. ¿Extensión –vertical– o comunicación –horizontal–? Sigue vigente con toda su fuerza la pregunta que nos dejaba Paulo Freire. Y también la nitidez de su respuesta hacia una pedagogía de la autonomía. Pedagogía que encuentra sus raíces en una agroecología –política– donde los Estados, o no están, o actúan como paraguas que acompañan procesos. Pero nunca como motores. No han aprendido a comportarse como promotores de la diversidad en los manejos territoriales. Modernidad obliga. En el lado opuesto de la balanza tenemos las redes de productoras y productores vinculadas a Via Campesina o a MAELA, las cuales, de forma autónoma, practican múltiples expresiones de la agroecología –política– en sus territorios. Y como ejemplo particular de redes emergentes en Brasil que apuestan por una articulación social en pos de una soberanía alimentaria, contamos con ejemplos como O Plano Camponês desde el sindicalismo rural, los sistemas participativos de garantía como los que potencia Ecovida o los grupos de consumo ecológico desde diferentes ciudades. 

 

Todo ello hace que la agroecología se distancie de los modos de producción capitalistas en muchas partes del mundo. Y que recobre y exhiba su apellido “político” en aras de la construcción de sistemas agroalimentarios locales y sostenibles, ligados a personas que traman, desde saberes propios y propicios para nuestra salud y nuestra existencia como especie, un afán de establecer redes de cooperación que van de arriba hacia abajo . En dicha democratización de conocimientos, la creación de redes cooperativas no absorbidas por el capitalismo y de mercados de proximidad serán elementos centrales en el avance de una pluriversidad agroecológica. Las políticas públicas podrán y deberán existir como paraguas para acompañar , en el corto plazo, el acceso a tierras, a semillas propias, a mercados de prosumidores, etc. Uno, por la legitimidad que aún detentan estas políticas para enfrentar formas de violencia del capital como el acaparamiento de la tierra, de la biodiversidad o de los canales de comercialización. Y dos, por su potencial –no muy practicado de manera regular– de ponerse al servicio de la promoción de tecnologías convivenciales, aquellas que favorezcan autogobierno y no dependencias colonizantes.

https://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/28294-la-agroecologia-como-herramienta-democratizacion-habitable.html
Ángel Calle Collado, Integrante del ISEC – Universidad de Córdoba
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205561

En consecuencia, nos urge generalizar la deliberación y toma de decisión sobre los extractivismos teniendo en cuenta a:

 

Perú

La era pospetróleo,

hacia una transición energética

7 de mayo de 2019

Por Luis Hallazi (Rebelión)

En el Perú aún sigue siendo minoritaria la conexión lógica entre la promoción de la quema de petróleo y las consecuencias que hoy sufrimos por el aumento de la temperatura en 1° centígrado. Las voces en el Estado peruano y la ciudadanía organizada son minoritarias para generar mayor consciencia al respecto, a pesar de ello es necesario empezar a debatir la dependencia del petróleo y la urgencia de una transición energética.

Y qué mejor momento para hacerlo que a partir de la insistencia del actual gobierno para la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221 que, desde el 2017, se viene proponiendo por el Poder Ejecutivo, con tres proyectos de ley: N° 96/2016-CR, 1525/2016- CR y 2145-2017/PE. A pesar de que las propuestas contaron con influencia de un fuerte lobby petrolero, el dictamen final fue seriamente criticado y de esa manera el primer intento por aprobar dicha modificaciones fracasó a fines del 2018.

A las críticas de organizaciones indígenas como Aidesep [1] y organizaciones de la sociedad civil se unió el informe de la Defensoría del Pueblo [2]. No tardaron en manifestarse el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, pero el punto de quiebre fue la reacción del Ministerio de Economía y Finanzas que generó el rechazo final al dictamen de la Comisión de Energía y Minas evidenciando las groseras deficiencias del proyecto que, en su momento, Felipe Canturias, presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, calificara como un proyecto de ley “moderno y de vanguardia” [3].

Después de este primer fracaso, rápidamente los sectores del Ejecutivo involucrados se pusieron de acuerdo, restituyendo a su estado anterior las asignaciones económicas a PERUPETRO, OSINERGMIN y MINEM, y realizando ajustes que vulneraban además la institucionalidad ambiental.

El actual proyecto de ley sigue siendo deficiente por parecidas razones al anterior: las concesiones de explotación de petróleo aumentan hasta 80 años (art. 22 y 22A), además las empresas extractivas tienen toda la libertad para construir caminos, puentes, carreteras, puertos y cualquier otra infraestructura al interior y exterior del lote que facilite sus operaciones, en algunos casos con exoneraciones de tramites; pero además se pone al servicio de la empresa la posibilidad de contar con protección policial y militar para realizar dichas actividades (art. 36).

Por otro lado, se persiste en promover el fracking o fractura hidráulica sin debate ni participación (art.45-A), lo que genera serios vicios de nulidad a este proyecto, más aún si se informa sobre los severos impactos que esta técnica puede causar a la salud, el medio ambiente y la biodiversidad. El método es riesgoso y experimental y puede tener consecuencias devastadoras para la Amazonia peruana, la Costa Norte y el Zócalo Continental.

A eso le agregamos que el proyecto precisa de consulta previa, libre e informada en tanto que, indudablemente, afectará derechos de pueblos indígenas [4] sin embargo, el Congreso de la República es la única institución que no cumple la obligación de consultar. Además, no hay ninguna alusión a la participación de los gobiernos locales y regionales de donde se extrae petróleo. En suma, lo que se pretende es seguir bajando estándares ambientales y sociales para promover una inversión sucia, que no beneficiará a nadie. Ninguna empresa responsable le interesaría operar con ese tipo de reglas a pesar de las críticas del sector empresarial a los actuales cambios [5].

Tampoco existe ninguna alarma con respecto al hecho de que Perú sea el tercer país del planeta con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático (Tyndall Center, Inglaterra). Los empresarios de hidrocarburos, funcionarios de Energía y Minas y sobre todo legisladores, no tienen en cuenta los impactos de calentamiento global que, en los últimos 35 años, nos hicieron perder el 22% de nuestros glaciales tropicales y que para el 2020 harían desaparecer los glaciares ubicados por debajo de los 5.000 m.s.n.m.; por no hablar de 21 de las 25 regiones que presentan una vulnerabilidad agrícola crítica y muy crítica ante sequías derivadas del cambio climático.

Tampoco se tiene en cuenta que el Perú es el séptimo país en el mundo con mayor deforestación (Global Forest Watch), tan solo en 2018 se perdieron 140,185 hectáreas de bosques primarios en nuestra Amazonia [6]; siendo la principal contribución de gases de efecto invernadero la deforestación (USCUSS, 51%). Todo esto hace que los últimos años se haya incrementado hasta en 6 veces las emergencias por peligros naturales, más del 72% fueron de origen climático.

La incoherencia regulatoria en nuestro país, una vez más, salta a la vista, puesto que en 2018 se promulgó la Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley 30754, con un reglamento que actualmente se encuentra en consulta, y que, con el Acuerdo de Paris, el Estado peruano tiene la obligación de reportar anualmente las Contribuciones Nacionales Determinadas para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Lamentablemente, hasta el momento, el Estado carece de suficiente presupuesto para que todos los niveles y sectores del gobierno realmente introduzcan este factor determinante en el futuro, no solo del país, sino del planeta.

No se puede continuar hipotecando el destino de nuestras generaciones. Es urgente revertir los últimos 35 años en que los sucesivos gobiernos no han hecho ningún esfuerzo serio por dejar de depender económicamente de las materias primas como el petróleo y la minería, base de nuestro actual modelo económico. En tanto estos recursos no renovables se vayan agotando las estrategias, legales o ilegales, de despojo territorial y destrucción ambiental seguirán recrudeciéndose poniendo en riesgo a millones de especies que, junto con nosotros, habitan este planeta.

Por todo ello, este proyecto de ley debe ser archivado y no es suficiente con pensar en modificar una ley orgánica de hidrocarburos, sino que necesitamos proponer una ley que establezca los cimientos e incentivos para una transición energética que, de manera paulatina, nos permita transitar hacia el uso de energías renovables. Es urgente empezar el debate y comenzar a pensar más allá del petróleo.

Notas:

[1] Pronunciamiento de Aidesep: http://www.aidesep.org.pe/noticias/pronunciamiento-de-aidesep-contra-la-ley-de-ecocidio-y-etnocidio

[2] Informe de la Defensoría del Pueblos sobre el Dictamen de modificación ley de hidrocarburos:https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/08/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-N%C2%BA-001-2018-AMASPPI.MA_.pdf

[3] Entrevista a Presidente de la SNH Felipe Canturias: https://www.youtube.com/watch?v=PNuJ9H1-tis

[4] Pronunciamiento de AIDESEP: http://aidesep.org.pe/sites/default/files/media/Pronunciamiento%20modificaciones%20al%20Dictamen%20LOH%20(1).pdf

[5] Nota periodística de El Comercio: https://elcomercio.pe/economia/peru/nueva-ley-organica-hidrocarburos-seria-perjudicial-sector-noticia-613732

[6] Nota periodística de la BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-48060343

Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255658 

 

 

Advirtamos a qué somete el sistema mundo capitalista para involucrarnos en el Nunca Más su criminalidad de lesa humanidad.

 

 

 

Qué entendemos por energía extrema

28 de septiembre de 2016

 

Por  Tatiana Roa Avendaño (Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia) y Hernán Scandizzo (OPSur)

Aún están frescas las imágenes del incendio de la plataforma Deepwater Horizon, cuando perforaba el pozo Macondo en el Golfo de México, en abril de 2010. La explosión e incendio dejó once trabajadores muertos y, después de más de tres meses de intensas labores, la petrolera BP logró controlar la situación. Para entonces habían sido vertidos al mar Caribe más de 700 millones de litros de crudo y otros varios millones más de litros de agua de formación. La magnitud del desastre expresa los riesgos que conllevará la ampliación de la frontera extractiva y tecnológica, y es lo que analistas como Michael t. Klare han denominado energía extrema.

 

Este concepto de energía extrema se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extra-pesados, las arenas bituminosas e incluso desarrollos biotecnológicos para aplicar en procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos en pozos agotados.

En el mismo combo aparecen los yacimientos en el mar, cada vez más alejados de la costa, en aguas más y más profundas, que son extraídos, en algunos casos, luego de atravesar gruesas capas de sal. También estos yacimientos están conociendo las delicias de la fracturación hidráulica, para revertir la caída de la producción. Y el carbón alojado en las profundidades de la tierra, inaccesible para la minería convencional, despierta el interés de gobiernos y empresas, del mismo modo que el gas allí contenido. Miles y miles de toneladas de carbono que serían lanzadas a la atmósfera si esos hidrocarburos son extraídos e inyectados al mercado energético y la industria petroquímica para extender la decadencia de la civilización fósil.

Otra característica de este modelo de extracción extrema es que en muchos casos se trata de gas, crudo y carbón a los que se accede ampliando la frontera extractiva sobre tierras campesinas y de pequeños productores, aguas de pescadores artesanales y territorios indígenas y afrodescendientes. Una expansión acompañada de conculcación de derechos, que da lugar a desplazamientos de población, desaparición de saberes y culturas, así como también la muerte de economías locales y regionales. Es decir, constituye una amenaza contra la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos. Una violencia simbólica y material que es intrínseca a la energía extrema, y que significa además una profundización de la violencia sobre los cuerpos y la Naturaleza no humana. No sólo por la irrupción en ecosistemas frágiles y por profundizar la degradación de los ya impactados, sino también por el empecinamiento de seguir apostando a la matriz energética responsable de la crisis climática y el calentamiento global.

 

Esta ampliación de frontera hacia escenarios extremos implica además condiciones laborales de mayor riesgo. Quienes trabajan en esos proyectos no sólo están expuestos a condiciones meteorológicas rigurosas -como sucede en las operaciones en el Ártico o en alta mar- sino también a la toxicidad de los insumos químicos utilizados, por ejemplo, durante fracturación hidráulica, o a los desarrollos biotecnológicos diseñados para incrementar los niveles de extracción y los procesos de transformación de hidrocarburos pero también a riesgos más altos de accidentes laborales por ejemplo por explosiones.

Por otra parte, el gas y el crudo alojados en yacimientos profundos y/o compactos, o ubicados en lugares remotos, demandan más infraestructura y despliegue logístico, tanto para llevarlos hasta la boca del pozo como para inyectarlos al mercado. Esto se traduce en la perforación de cientos y miles de pozos, el tendido de ductos, la instalación de compresores, tanques, etc.; en síntesis, una mayor ocupación territorial e industrialización de áreas rurales y del paisaje en general, y la expulsión de las poblaciones que no son funcionales al nuevo uso del espacio.

 

A ello se suma que cada barril obtenido de estas explotaciones requirió un mayor consumo de energía, es decir, su rendimiento es menor. Además, demandó mayores recursos financieros que las explotaciones convencionales, que en muchos llegan a la compañía en forma de subsidios estatales, ventajas impositivas y precios sostén, que son transferidos desde los bolsillos de la población.

 

Baja del precio del crudo y continuidad de los proyectos extremos

La caída sostenida del precio de crudo muy por debajo de los 100 dólares no se ha traducido en un automático golpe de timón de los gobiernos de la región en sus políticas petroleras, ni ha significado la inmediata inviabilidad de los proyectos de energía extrema en América Latina. Sin duda hay una desaceleración, pero en la medida en que no exista la decisión política y el nivel de movilización para avanzar en la desfosilización de la matriz energética y del modelo productivo (los hidrocarburos como insumo no energético), estos proyectos representan la nueva frontera ante el agotamiento global de los grandes yacimientos convencionales.

 

Para seguir en carrera las empresas apuestan a reducir la cadena de costos, es decir, despedir o promover el retiro voluntario personal, bajar salarios, eliminar conquistas laborales -beneficios no financieros: descansos, calidad de la alimentación, etc.), eliminar intermediarios, desarrollar y aplicar innovaciones tecnológicas, entre otras variables. También desde el sector corporativo presionan para que los favorezcan con ‘políticas de incentivo’ como subsidios, ventajas impositivas, y precios internos superiores a la cotización internacional. De esta manera se transfieren los costos financieros -además de los sociales y ambientales- a los usuarios, que pagan la energía y combustible más caros, como ocurre en Argentina. Por otra parte hay que tomar en cuenta que países como Ecuador y Venezuela han tomado préstamos de China respaldados con su crudo, lo que también define la marcha sostenida tanto sobre la Amazonía como sobre la Faja del Orinoco. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, son más de U$D 46.000 millones en créditos.

 

Las fronteras extremas de América Latina

Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno del shale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección. Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de campos de tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.

Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal, hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras. La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.

Por otra parte la francesa Total comenzó este año la perforación un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Atravesará 3.400 metros de “columna de agua” y otros 3.000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.

En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

Detrás de los discursos de salvación o abundancia con que son promocionados los diferentes proyectos de energía extrema en nuestros países, están las otras realidades arriba mencionadas. Con estas líneas damos apertura a una serie de artículos sobre el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado.

 

Este artículo es parte del proyecto Aportes para la crítica y acción contra las energías extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Global Greengrants Fund.

 

Artículos relacionados

Fuente: http://www.opsur.org.ar/blog/2016/09/28/que-entendemos-por-energia-extrema/

 

 

 

Veamos que la destrucción en gran escala de ecosistemas y comunidades es para un lucro de corto plazo.

 

 

 

 

Petróleo y gas de esquisto

El fin de "El dorado" y

el principio de otra forma de vivir

15 de abril de 2019

 

Por Mario R. Fernández (Rebelión)

Se han vivido, en la historia de Norteamérica, muchos apogeos locales producidos por la explotación de algún recurso natural o industrial. El afiebrado sueño de encontrar "El Dorado" y explotarlo hasta el último gramo no ha cesado. Continuando con una tradición de exprimir la naturaleza, se han explotado tanto el petróleo crudo como el gas natural en Estados Unidos por más de 10 años en forma muy intensa. Estos, a diferencia de los hidrocarburos convencionales, han sido extraídos a través del proceso de fracturación hidráulica de las rocas sedimentadas de esquisto bituminoso del subsuelo. Extraer este petróleo y gas requiere que se perfore hasta a más de 3000 metros de profundidad, y que además se continúe excavando en forma horizontal inyectando ácidos, sales y una docena de productos químicos disueltos en cantidades importantes de agua –soluciones químicas que desintegran los compuestos orgánicos bituminosos (llamados querógeno) para poderlos extraer hacia la superficie. 

La explotación de petróleo y gas de esquisto tiene un impacto inmenso en el terreno y el medio ambiente, un daño que ha sido altamente denunciado hace ya décadas atrás pero que hoy es silenciado en parte debido al totalitarismo que reina en los medios periodísticos oficiales de occidente entero y gracias también a la complicidad de intereses políticos y económicos norteamericanos que glorifican todo en relación a esta explotación. Se ha exagerado tanto y se ha hecho tanta propaganda con respecto a la explotación de esquisto que parecen haber convencido al mundo entero, o al menos a una importante mayoría en Estados Unidos, que el problema de petróleo y gas de este país está solucionado y que ha de llegar a ser un exportador neto de hidrocarburos en un futuro cercano.

Para producir en el presente la cuantiosa cantidad de 5 millones de barriles diarios de petróleo de esquisto han sido perforados más de 40.000 pozos en 7 formaciones geológicas territoriales de Estados Unidos. Esta importante producción ha compensado el declive del petróleo convencional producido en ese país, que viene inevitablemente disminuyendo desde los años 70 –años en que su producción llegó a la cima que fue 9,5 millones de barriles diarios que incluye la producción "costa afuera" en el golfo de México. Hoy la producción convencional apenas llega a 4,5 millones de barriles diarios. El declive de la producción convencional hace más relevante la producción de esquisto en Estados Unidos, porque se haría visible una vulnerabilidad critica del país que consume alrededor de 19 millones de barriles diarios –o sea, cerca del 25 por ciento de la producción mundial, por lo que tiene que importar 8 millones de barriles diarios (3,3 MBD, el 42 por ciento lo importa desde Canadá, y lo mismo sucede con el gas natural).

Todos los "dorados" enfrentan eventualmente su final, su brillo se opaca; hoy hay signos importantes de que la explotación de petróleo y gas de esquisto en Estados Unidos está llegando a su límite, sea por factores de rentabilidad económica como por procesos de agotamiento del recurso. Un reciente reporte del Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financieros (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) detalla la alarmante cantidad de capital en débito en la industria de hidrocarburos de esquisto, esto a pesar de que por más de dos años los precios del crudo y gas natural han aumentado. Por ejemplo, 33 compañías de perforación (pequeñas y medianas) sufrieron falta de efectivo por un monto de más de 3.900 millones de dólares solo en la primera mitad del año 2018. Desde el año 2010 hasta el 2014 las grandes deudas que empezó a acumular esta industria de fracturación hidráulica se justificaron en parte por la esperanza de que se iban a pagar a futuro. La propia "International Energy Agency" (IEA) pronosticó que una vez el precio del petróleo aumente la situación para esta industria iba a ser de total prosperidad, el foco entonces era acelerar la producción a como dé lugar. Sin embargo en esos cuatro años se acumularon 200 mil millones de dólares en flujo de efectivo negativo, o sea que la rentabilidad de esta industria era negativa aunque se planteaba que para el año 2018 esto iba a cambiar y sería positiva. Pero muchos no estaban de acuerdo y hasta "Wall Street Journal" opinó lo contrario de lo que decía IEA, y luego de analizar 50 compañías este medio concluyó que, sin excepción, todas gastaban más de lo que generaban.

Goldman Sachs realizó otro estudio y plantea que el promedio de vida de este tipo de explotación de hidrocarburos es de entre 7 y 15 años, por lo que la industria entera está entrando en su etapa final, y en muchas áreas están decreciendo las reservas a explotar al tiempo que los costos de explotación aumentan –se gasta más en perforar nuevos pozos que no dan los resultados esperados; y, aunque este banco argumenta que aún hay pequeños espacios para crecer, el mensaje es que el fin de esta industria ya se ve. Para las bases de datos de la publicación "DeSmog" la industria del petróleo y gas de esquisto vive hoy una experiencia similar a la que se experimentó con los intereses bancarios históricamente bajos del 2008 que generó una crisis en la industria inmobiliaria en Estados Unidos y otros países, crisis que facilitó el proceso de gastar más de lo que se debía a sabiendas de que se perdía dinero.

La producción por fracturación ha recibido incentivos y créditos numerosos y sobre el supuesto de ganancias a futuro; los incentivos han facilitado la explotación y producción extrema pero con grandes pérdidas económicas. No hay duda de que se trata de una industria que creció con, y gracias a, capital prestado y tiene finalmente que asumir su realidad y pagar a proveedores y a inversionistas. Cortes en gastos y despidos de personal han sido ya anunciados en algunas compañías y esto ha generado, naturalmente, rumores y temor general.

La capacidad misma de producir el recurso está afectada, el declive es natural cuando se ha llegado a la cima, este depende de dos factores, el primero y él principal es lo que aún queda de reserva y el segundo el precio del petróleo y gas. La publicación "SRSrocco Report" publica gráficas de Jean Laherrere que muestran el declive a venir en general y en los principales campos de explotación de petróleo y gas de esquisto en Estados Unidos. En ese cuadro total se prevé que para el año 2025 la producción actual de 5 millones de barriles diarios va a decaer el 75 por ciento, o sea se producirán no más de un millón de barriles diarios. En los campos de Eagle Ford, en Texas, por ejemplo, que el 2016 produjeron 1,6 MBD se producen hoy 1 MBD y se prevé que dejaran de producir para el año 2023. Otro ejemplo, los campos de North Dakota Bakken con una producción de 1,1 MBD hoy, su agotamiento podría ser para el año 2030. Los campos de Permian Basin, los más grandes de estas formaciones geológicas, localizados en el estado de Texas y de New Mexico, cuentan hoy con una producción de 2 MBD pero se pronostica que en 25 años (para el 2044) estarán agotados.

Esconder la verdad en cuanto a la producción de petróleo y gas natural de esquisto demuestra cierta complicidad de los poderes económicos y políticos con la producción mundial de estos recursos que requiere dominio, completo, de los medios oficiales de información lo que permite a estos poderes distorsionar todo lo que pueden la realidad del futuro cercano y establecer falsas esperanzas de seguridad con respecto a la producción, aun cuando reconoces ciertas irregularidades. Les permite también fantasear sobre futuros lejanos y supuestas tecnologías nuevas capaces de remplazar estos recursos naturales vitales que se agotan. Por ahora mantener la falacia de la abundancia del petróleo es fundamental para sostener la confianza en un sistema imperante que colapsaría sin combustibles que originan en más del 90 por ciento de los hidrocarburos y en un 100 por ciento del gas natural como materia prima en la producción de polímeros sintéticos y en menor porcentaje usado en la producción de fertilizantes, electricidad y calefacción.

Pensar simplemente en el declive del petróleo y otros recursos naturales, ya ni siquiera en la desaparición y agotamiento, aterroriza a poderes económicos, políticos y administrativos tanto como a la mayor parte de la humanidad, principalmente en occidente, dependiente y diríamos adicta, al alto consumo general de todo tipo de bienes y servicios, da pánico incluso a quienes apenas les alcanza para consumirlos.

Una gráfica de Colin Campbell, publicada en el libro de Richard Heinberg ("The End of Growth") analista del Post Carbon Institute, nos muestra que la producción mundial de petróleo, considerando incluso el gas natural licuado, es en el presente de 82 MBD, o sea ese es el total de petróleo que se consume. Esta producción está compuesta por 50 MBD de petróleo convencional, 9 MBD de gas natural licuado, 6 MBD de petróleo pesado y extra-pesado, 12 MBD del extraído de aguas profundas en el océano y más 5 millones del petróleo de extracción por fracturación hidráulica que en su mayor parte es producida en Estados Unidos (algo en Canadá y Argentina). La misma gráfica nos muestra que para el año 2030 el petróleo convencional no pasará de 35 MBD, mientras que el total de la producción será un poco más de 60 MBD, y la demanda al ritmo de hoy sería de por lo menos de 100 MBD. Incluso la optimista "International Energy Agency" tiene que reconocer, y lo hace, el continuo declive de la producción convencional aunque opina que esta caída puede ser compensada en el futuro con el hallazgo y desarrollo de nuevos campos de petróleo, una idea totalmente especulativa a no ser por Venezuela y por Irán que tienen potencial de nuevos hallazgos, la mayoría de los demás países productores experimentan bajas significantes en su productividad petrolera y una minoría cierta estabilidad por ahora.

Además, más de la mitad del petróleo no convencional como el de esquisto y las arenas bituminosas de Alberta en Canadá no son rentable a los actuales precios, aunque indudablemente lo serán a futuro con el natural aumento del precio del recurso, pero el incremento de este tipo de explotaciones petroleras significan más gastos de agua y daños al medio ambiente.

La humanidad ha de enfrentar una realidad energética producida por los hidrocarburos difícil, una que ya estaríamos tratando de entender y buscar soluciones si viviéramos en un mundo democrático donde el poder no pudiera darse el lujo de especular diariamente para sostener un sistema neoliberal enloquecido con el crecimiento económico (dependiente del petróleo y gas natural), sistema que favorece una civilización desconectada de su realidad y la realidad que enfrentan sus recursos fundamentales y planteándose fantasías a futuro. Aparte del encarecimiento que afectará en primer lugar a los países sin recursos de hidrocarburos, y de los graves conflictos bélicos que estallen en la lucha por adueñarse de los recursos existentes, o del nivel creciente de contaminación y descalabro ambiental que el uso de estos recursos causan otros cambios importantes son previsibles. Atrás quedará el tiempo en que las agencias de los países centrales o imperialistas dictaminan quien es desarrollado, en vías de desarrollo, o subdesarrollado, clasificaciones que han de quedar obsoletas. Han de emerger como fundamental escenarios en cuanto a cómo un país o una nación enfrenta y supera el trauma del agotamiento del paradigma centenario del petróleo y los cambios climáticos asociados a su consumo y los desafíos de supervivencia, como busca y proyecta otra manera de vivir.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=254809

 

 

Denunciemos cuanto tiempo lleva el capitalismo devastando y avasallando los derechos humanos de los pueblos.  Es hora de autoorganización internacionalista para erradicarlo.

 

 

 

Extractivismo y dependencia, la apuesta del Gobierno

Cinco siglos con la misma política

7 de mayo de 2019

 

Por Darío Aranda

Página12

 

El Gobierno apuesta a salir de la crisis con la minería, Vaca Muerta y el agro. Alertan sobre el callejón sin salida que implica.

De la plata de Potosí en el Siglo XVI a Barrick Gold y Glencore-Xstrata (Minera Alumbrera) en 2019. De la explotación de caucho a la soja de Bayer-Monsanto y las promesas de Vaca Muerta. De La Forestal a la pastera UPM-Botnia. América Latina centra su economía y política en la exportación de productos primarios, desde que era colonia hasta la actualidad. Académicos, activistas e indígenas recuerdan que ningún país se desarrolló en base al extractivismo y afirman que se trata de un modelo que asegura dependencia y atraso. En año de elecciones, ningún candidato plantea alternativas a la explotación de bienes naturales.

El presidente Mauricio Macri inauguró en febrero la “Mesa Nacional de la Soja”, para potenciar el avance del cultivo. Un día después, el Gobierno aprobó una nueva variedad transgénica, de la empresa Indear-Bioceres, con uso de los agrotóxicos glifosato y glufosinato de amonio. El 8 de marzo recibió a las mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, en Olivos. Visitó Expoagro (la feria del agronegocio de Clarín y La Nación). Inauguró en Jujuy la “Mesa del litio”, para facilitar la llegada de empresas y, en petróleo, exhibe Vaca Muerta como promesa de dólares y progreso. El futuro de la economía, y del país, atado a la exportación de materias primas.

Jenny Luján es parte de la Asamblea por la Vida de Chilecito, donde expulsaron a cuatro mineras del Cerro Famatina. Explica que desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) hace años reflexionan sobre el lugar en el mundo que asigna el extractivismo a los países de la región. “Desde el descubrimiento de América, Abya Yala para nosotros, todo este territorio fue considerado como fuente de riqueza para sostener a los imperios del Norte. Eso se llama extractivismo, robo, saqueo”, grafica.

A la avanzada actual de empresas y gobiernos la llama “recolonización”, cita los ejemplos de las mineras en La Rioja, San Juan y Catamarca, con visto bueno de los distintos colores políticos. “En 200 años de República, de Nación, no ha cambiado nada. Se profundizó el saqueo que comenzó con el robo de las tierras y genocidio a los pueblos originarios. Y el poder sigue protegiendo a los saqueadores. La riqueza se la llevan, aquí queda contaminación y destrucción. Tenemos cinco siglos de pruebas de ese accionar criminal”, explica Luján.

Más al sur, Vaca Muerta se presenta como la gran reserva de petróleo y gas no convencional (con la peligrosa técnica del “fracking” –fractura hidráulica–). Su explotación es política de Estado.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aclara que no tienen ninguna expectativa en que algún candidato frene el modelo de explotación de bienes naturales. “La clase política intenta mostrarle a la sociedad que el extractivismo puede ser una solución, cuando sabemos que es todo lo contrario. Ni el peronismo de derecha ni el peronismo progresista y menos el Gobierno actual difieren en este sentido”, afirma Nahuel.

Recuerda que desde hace un siglo se explota petróleo en Neuquén y nunca trajo beneficios reales para acabar con la desigualdad y la pobreza. “Las trasnacionales llegan con promesas de bienestar y felicidad, pero profundizan el saqueo y la contaminación”, definió Nahuel y recordó el rol protagónico que tiene el extractivismo en el cambio climático: “Estamos caminando hacia un abismo y debemos ponerle freno”.

Horacio Machado Aráoz es investigador del Conicet y parte del colectivo Sumaj Kawsay. Explica que a lo largo de la historia las economías primarias-exportadoras han tenido ciclos de crecimiento muy espasmódicos, altas tasas de crecimiento seguidas de crisis, que tienen relación con los ciclos de auge y caída de la demanda mundial de materias primas.

Destaca que la crítica al extractivismo cruza a la derecha y a la izquierda política, que minimizan o desprecian la afectación ecológica-ambiental, pero al mismo tiempo deja de lado tres características centrales: “El modelo extractivista afecta las posibilidades de desarrollo autónomo, sostenible y de largo plazo. Perpetúa la desigualdad social, porque es un modelo con una estructura de clase oligárquica, de concentración de la tierra, de corporaciones que deciden sobre los territorios. Y, en términos de democracia, el extractivismo erosiona los derechos de las poblaciones y aleja la posibilidad de una soberanía popular”.

Hersilia es una localidad de 3000 habitantes en el noroeste de Santa Fe. Allí vive Fernando Albrecht, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocadods y de la Universidad Trashumante (experiencia de educación popular con ejes en la autonomía y la horizontalidad). En una rápida clase de historia repasa las matanzas de pueblos indígenas, la colonización con familias de Europa, las grandes estancias, La Forestal (empresa inglesa de corte feudal, que explotó obreros y arrasó los montes de quebracho durante medio siglo), el avance ganadero, la industria láctea y el agronegocio (de base transgénica y de agrotóxicos), que implica “la acumulación de dinero y territorios en pocas manos”.

Relata lo ilógico que, en un pueblo rodeado de campo, haya pobreza y que los alimentos lleguen procesados desde las grandes ciudades. Tras el mito de que “Argentina produce alimentos para 400 millones de personas”, recuerda que la mayor parte de la cosecha es para alimentar chanchos y aves de Asia y Europa, no se trata de comida para los argentinos. En Hersilia y Ceres lograron ordenanzas que alejen las fumigaciones con agrotóxicos y trabajan con productores en 3000 hectáreas para abandonar los transgénicos y avanzar en la agroecología.

“Cuestionamos al agronegocio porque, además del impacto en la salud y el ambiente, es un modelo injusto, donde solo buscan rentabilidad, es un modelo decidido por la Bolsa de Chicago y mercados de China”, asegura.

https://www.pagina12.com.ar/191895-cinco-siglos-con-la-misma-politica

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=255617 

 

 

Declaramos la conformación del MOVIMIENTO PLURINACIONAL POR EL AGUA PARA LOS PUEBLOS, integrado por todos los participantes de esta segunda Cumbre Latinoamericana del Agua para Los Pueblos e invitamos a sumarse a todas las agrupaciones, ONGS, instituciones y particulares interesados en el tema que nos convoca: EL AGUA.

 

 

 Declaratoria de la

Segunda Cumbre Latinoamericana

del Agua para los Pueblos

 

3 de mayo de 2019

Por Movimiento Plurinacional por el Agua para los Pueblos

Jachal,  San Juan, Argentina

 

1. Repudiamos el asesinato del líder indígena Sergio Rojas de la comunidad Bribri del sur de Costa Rica, defensor del derecho de las comunidades indígenas a la tierra, y exigimos tanto en Costa Rica como en el resto de América Latina que se restituyan tierras ancestrales a los pueblos originarios.

2. Denunciamos el inaceptable e ilegal acuerdo suscrito entre el Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, la Municipalidad de Córdoba y la Comisión Nacional de Energía Atómica que extendió hasta el 20 de marzo de 2020 la actividad de Dioxitek, la fábrica de dióxido de uranio, cuando una norma vigente lo prohíbe. Es un pésimo ejemplo nacional que un Juez Federal habilite públicamente la violación de una norma. Le informamos al Sr. Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja que el dióxido de uranio puede importarse, y que no era necesario habilitar –además sin nueva Evaluación de Impacto Ambiental- la extensión de un proceso productivo ilegal.

3. Denunciamos el inaceptable e ilegal acuerdo suscrito entre el Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, la Municipalidad de Córdoba y la Comisión Nacional de Energía Atómica que extendió hasta el 20 de marzo de 2020 la actividad de Dioxitek, la fábrica de dióxido de uranio, cuando una norma vigente lo prohíbe. Es un pésimo ejemplo nacional que un Juez Federal habilite públicamente la violación de una norma. Le informamos al Sr. Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja que el dióxido de uranio puede importarse, y que no era necesario habilitar –además sin nueva Evaluación de Impacto Ambiental- la extensión de un proceso productivo ilegal.

 

4. Declaramos el beneplácito porque el Rally Dakar, una competencia neocolonial y destructora de vidas humanas y ambientes, deje de correrse en América del Sur. Declaramos asimismo que esta competencia y su organizador, la empresa francesa Amaury Sport Organization, ASO, ha sido expulsada por la lucha de comunidades y ONGs de Argentina, Chile y Perú. Alentamos además que las acciones judiciales iniciadas contra funcionarios, organizadores del Rally Dakar e incluso corredores, sigan hasta las últimas consecuencias.

 

5. Apoyamos totalmente la lucha de comunidades indígenas de Salinas Grandes y de la laguna de Guayatayoc en Jujuy, como asimismo de comunidades urbano-rurales del valle de Traslasierra en Córdoba, contra la prospección, exploración y explotación del litio. Alentamos además la promulgación de leyes provinciales que prohíban la minería de litio en zonas de salinas, masas de agua y ambientes nativos.

 

6. Denunciamos públicamente que la llamada autovía impulsada por el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti implica la destrucción irreversible de bosques nativos protegidos por ley (Zona Roja). Señalamos además la irresponsabilidad gubernamental de hacer obras de alto impacto negativo sobre el ambiente, como el faraónico puente sobre el lago San Roque, gastando cuantiosos recursos económicos, sin dedicar esos recursos para la protección y recuperación del lago San Roque y su cuenca, un lago que va muriendo por eutroficación.

 

7. Repudiamos el cobarde ataque que sufrió Vasco Baigorri, integrante del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (ENDEPA), y fundador de la organización ecologista Kuña Pirú, cuando junto a Catri Duarte, cacique de Tekoa Ka’aguy Miri Rupa, Isabel Rodríguez, la niña Luana de ocho años y Mario Borja, Cacique de Tekoa Ka’a Kupe, recorrían el territorio del valle del Kuña Pirú recientemente recuperado, que anteriormente poseía la Universidad Nacional de La Plata. Del ataque participaron tres personas que además de proferir amenazas de muerte estuvieron a punto de seccionar, de un machetazo, la mano de Vasco Baigorri. Exigimos al gobierno de Misiones que identifique a los culpables y los ponga a disposición de la Justicia. Instamos por otra parte a los gobiernos provinciales y de la Nación Argentina que protejan a las comunidades indígenas y a los líderes indígenas y no indígenas de estos actos cobardes y violentos. No podemos tolerar que Argentina se integre a la triste lista de las naciones donde sus líderes son amenazados, torturados y asesinados por defender los derechos de las comunidades indígenas a recuperar tierras ancestrales.

 

8. Denunciamos públicamente el incumplimiento de la Ley 25.675 denominada “Ley General del Ambiente” por parte de los funcionarios del estado en todo el territorio argentino.

 

9. Exigimos los estudios de impacto ambiental en el caso de FRACKING. En esta actividad no existen, pero igual los pozos están funcionando.

 

10. Llamamos al pueblo a organizarse para defender los recursos sociales y naturales y de forma horizontal y directa.

 

11. Instamos a ENFRENTAR las políticas de DESTRUCCIÓN DE LOS ESCOSISTEMAS que impulsa el Estado y llevan adelante las multinacionales.

 

12. Pedimos especialmente la protección de nuestro sagrado cordón montañoso EL FAMATINA -La Rioja- y el rechazo a la política de subterfugio, para favorecer la penetración de las mega mineras, negocios inmobiliarios, negocio de nuestros bienes comunes.

 

13. “Gane quien gane, no queremos agro tóxicos”: Necesitamos cambiar el modelo productivo basado en agro tóxicos y caminar hacia la producción agroecológica que garantice alimentos sanos, recuperando la soberanía alimentaria.

 

14. Nos sumamos a la red de municipios que apoyan la agro-ecología, rechazando el agro-negocio. Y así favorecer el sistema productivo, económico, social y agroecológicamente sustentable que se llama RENAMA. Un ejemplo a imitar es el de Gualeguaychú-Plan alimentario, sano, seguro y soberano, plan que va de acuerdo a la autodeterminación de los pueblos.

 

15. Rechazamos el proyecto del Corredor Bioceánico por Pircas Negras, denominado Canal de Panamá Seco, que permitirá conectar los puertos argentinos y brasileños del Atlántico, con los puertos chilenos -Huasco, Chañaral y Calderas-, a los fines de salvar nuestros territorios de la depredación, contaminación y saqueo, porque ellos vienen a llevarse nuestras riquezas naturales y todo lo que quede de paso, porque vienen por nuestros bienes comunes, vienen por nuestras vidas.

 

16. Rechazamos el Tratado transpacífico TPP 11, aprobado por el parlamento chileno, y apoyamos la lucha de los movimientos sociales contra este tratado internacional negociado en secreto con las transnacionales, e infiltrado por wikileaks, que entrega la soberanía a las fuerzas de seguridad, acelera la explotación de los bienes comunes y envenena las aguas de diversas formas, como el uso masivo de agrotóxicos.

 

17. Nos solidarizamos con las luchas que se dan en Colombia donde han asesinado a más de 600 líderes indígenas y campesinos desde los acuerdos de paz y desde el retiro de las FARC de los territorios.

 

18. Exigimos justicia por el asesinato de Macarena Valdés, lideresa mapuche del WALMAPU, en Chile, que luchaba contra la instalación de torres de tensión de una hidroeléctrica, sobre el terreno donde ella vivía con sus hijos.

 

19. Reconocemos el aporte que hizo a la Ley de Glaciares el compañero PABLO TORANZO (eminente glaciólogo) que partió este año.

 

20. Exigimos frenar la modificación de la Ley 20247/73 Ley de semillas que pretende entregar el manejo a las grandes corporaciones. Queremos proteger nuestras semillas y comer alimentos sanos, producidos agro-ecológicamente, defendiendo la soberanía alimentaria y los bienes comunes: agua y suelo.

 

21. Solicitamos la paralización del desmonte que compromete y contamina el abastecimiento de agua a las poblaciones de la vertiente occidental de las Sierras Chicas de la Provincia de Córdoba a causa del desarrollo inmobiliario y la sojización del área (Río Chavascate, Candonga, Agua de Oro, Cerro Azul, El Manzano). Cumplimiento de la Ley 10208, el dictamen fiscal y la sentencia del juez de control.

 

22. Defendemos la ley 7722 “Guardiana del Agua de Mendoza” que sufre embates del lobby empresarial-político.

 

23. Rechazamos las pulverizaciones aéreas que se realizan por parte del estado provincial para combatir la “polilla de la vid”. Apoyamos la sanción de la Ley que prohíbe el fracking en la provincia de Mendoza, apoyamos la prohibición de forma inmediata de todos los trabajos y explotaciones actuales de fracking.

 

24. Apoyamos la restitución del agua al complejo de Lagunas de Guanacache declaradas sitio RAMSAR y que pertenece a las doce comunidades huarpes, habitantes del territorio.

 

25. Apoyamos al área protegida Uspallata-Polvareda, todos los proyectos que promueven la agroecología, y la promoción de energías limpias.

 

26. Nos oponemos a la venta del campo de la remonta que pertenece a áreas protegidas.

 

27. Repudiamos los criterios técnicos ilegales implementados por el IANIGLA en la realización del inventario nacional de glaciares que tuvieron por objetivo fortalecer la explotación minera en los Andes Desérticos en desmedro de la calidad de vida de los pueblos cordilleranos y de la naturaleza; a la vez que rechazamos su posterior defensa corporativa por parte de un sector de la comunidad científica.

 

28. Destacamos la necesidad de avanzar hacia una ciencia que involucre, en la toma de decisiones de los temas a investigar, las voces de las comunidades en los territorios y priorice las necesidades colectivas por sobre el negocio y el saqueo.

 

29. Exigimos plena aplicación de la ley 26.639, Ley de Protección de Glaciares, rechazando cualquier modificación por decreto o por ley. También le exigimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina que no ceda ante las presiones políticas y empresariales, para liberar a la Barrick Gold, Shandong Gold y Minera Andina del Sol del cumplimiento completo de esta ley.

 

30. Rechazamos todo proyecto megaminero metalífero por estar científicamente comprobada su naturaleza contaminante y depredadora.

 

31. Exigimos un relevamiento de pasivos socioambientales provocados por la megaminería.

Jáchal, San Juan, Argentina, 20 de abril de 2019

Fuente:  http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Declaratoria-de-la-Segunda-Cumbre-Latinoamericana-del-Agua-para-los-Pueblos