Qué Mundo

Agosto 2017

Con la justificación de la necesidad de inversiones consolidando el avance de la ruina de Nuestra América.

 

 

 

 

SITUACIÓN/ CRISIS CIVILIZATORIA / ALTERNATIVAS

 

 

 Situación

 

Es hora que todas todos, los de abajo, de Nuestra América nos involucrémonos en hermanarnos con los pueblos originarios.

"Las condiciones de vida y oportunidades no han mejorado para la gran mayoría de los pueblos indígenas. Los informes oficiales sobre condiciones de vida, tanto de entidades nacionales, como internacionales, en la región, muestran signos positivos a nivel global. Pero, en los diferentes países de la región, las poblaciones indígenas continúan con un promedio de 70 u 80% de empobrecimiento. 

Es más, en países con mayoría demográfica indígena como Guatemala, Perú o Bolivia, las familias indígenas, en la actualidad, subsisten en peores condiciones que en épocas de la Colonia (cuando por lo menos tenían acceso a tierra-agua y disponibilidad de fuentes de vida). Ni hablar de las condiciones laborales de neoesclavitudes en las que jornalean en los monocultivos agrícolas de la región".

En tiempos de ecocidios-etnocidios y de fuerte represión para expropiarles los territorios tratemos de escucharlos:

 

¿Hacia dónde vamos los pueblos indígenas en Abya Yala?

11 de agosto de 2017

 

Por Ollantay Itzamná (Rebelión)

 

A una década de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos, y a casi tres décadas de la aprobación del Convenio 169º de la OIT sobre el tema, el 9 de agosto (Día Internacional de los Pueblos Indígenas), es ocasión para reflexionar hacia dónde vamos los pueblos indígenas en América Latina.

Los diferentes derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas (derecho a la autodeterminación, a tierra y territorio, a la consulta previa y libre, a la identidad cultural, etc.) ya tienen mayoría de edad como normas jurídicas vigentes a nivel internacional y nacional. 

Pero, las condiciones de vida y oportunidades no han mejorado para la gran mayoría de los pueblos indígenas. Los informes oficiales sobre condiciones de vida, tanto de entidades nacionales, como internacionales, en la región, muestran signos positivos a nivel global. Pero, en los diferentes países de la región, las poblaciones indígenas continúan con un promedio de 70 u 80% de empobrecimiento. 

Es más, en países con mayoría demográfica indígena como Guatemala, Perú o Bolivia, las familias indígenas, en la actualidad, subsisten en peores condiciones que en épocas de la Colonia (cuando por lo menos tenían acceso a tierra-agua y disponibilidad de fuentes de vida). Ni hablar de las condiciones laborales de neoesclavitudes en las que jornalean en los monocultivos agrícolas de la región

¿Qué pasó con los derechos declarados entonces?

Los derechos declarados, mientras no haya sujetos que los ejerzan y defiendan, y autoridades que garanticen su cumplimiento, no cambia casi en nada la realidad cotidiana de los pueblos. 

Si bien, en los últimos años, la autodefinición de personas como indígenas cobró fuerza en segmentos demográficos crecientes de países multiculturales, en especial. Sin embargo, esa conciencia identitaria no necesariamente significó una clara conciencia política de “ser indígena” en países racializados. Y, en consecuencia, la emotiva autodefinición de las personas como indígenas no necesariamente implicó el ejercicio individual y/o colectivo de los derechos sociopolíticos indígenas. Somos sujetos “culturales” sí, pero aún siervos “apolíticos”. 

A nivel general, en países multiculturales como Guatemala o Perú, la “lucha” de la gran mayoría de actores indígenas no ha superado el culturalismo folclórico “apolítico”. Permitido y aceptado por el hegemónico sistema neoliberal. 

Peor aún, en países como Perú, los aborígenes no se autodefinen como indígenas, sino como campesinos (una categoría social ideológicamente construida para implantar el mestizaje rural). 

En países como Bolivia, Ecuador, México, algunos movimientos indígenas y/o núcleos organizados con conciencia política están o han dado saltos significativos del ejercicio de los derechos culturales al ejercicio de los derechos sociopolíticos. Pero, incluso en dichos países los resultados evidentes para cambiar las condiciones de colonialidad y de dominación de los pueblos indígenas son aún insipientes. 

En países como Nicaragua o Bolivia, los actuales gobiernos progresistas han logrado titular grandes extensiones de tierras para indígenas, bajo propiedad colectiva. Es más, en el caso de Nicaragua, el 33% del total del territorio nacional está legalmente reconocida como territorio autónomo indígena (con tierras tituladas), con sistemas de autogobierno propio. Pero, justamente son estas zonas autonómicas las más empobrecidas y marginadas del país. Entonces, al parecer, las autonomías indígenas tampoco son panaceas per se, para avanzar hacia el Buen Vivir. 

Los derechos individuales y colectivos para las y los indígenas están reconocidos y declarados. Pero, hace falta que las y los indígenas organizados o no, demos el salto de la cómoda autodefinición indígena (que incluso nos da algunos privilegios en un mundo amante de lo exótico) hacia el ejercicio de los derechos sociopolíticos indígenas, de manera coherente. 

Los bicentenarios estados criollos o mestizos no van a implementar más leyes a favor de pueblos indígenas. Es más, como en el caso de Guatemala o Perú, el derecho a la consulta previa, ya fue manipulado para que las comunidades digan sí a las empresas (pero son pocos los indígenas que protestan). 

Transitar del culturalismo al ejercicio de derechos políticos implica constituirnos en sujetos políticos para repensar los estados racistas y construir nuevos estados para todos/as. Estados plurinacionales lo llaman. 

Esto implica que los movimientos y pueblos indígenas construyamos nuestros propios instrumentos políticos (organización política) incluyentes para disputar el poder electoralmente a los poderes oficiales, e impulsar procesos de asambleas constituyentes plurinacionales. Pero, con métodos y contenidos que superen el individualismo metodológico y el capitalismo suicida.

Los derechos de los pueblos indígenas tienen que ser el fundamento, argumento y horizonte que haga realidad las postergadas transformaciones estructurales en beneficio de los pueblos. No puede ser únicamente el vehículo discursivo o laboral para el ascenso socioeconómico de unos pocos indígenas. Y, en esto, la responsabilidad mayor lo tenemos las y los indígenas que fuimos formados o malformados en la academia occidental, y todos cuantos ocupan responsabilidades en las academias y en las ventanillas de los estados y de la cooperación internacional.

Fuente:   http://www.rebelion.org/noticia.php?id=230091

http://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=5533

 

 

Advirtamos que los gobiernos progresistas han expulsado o reprimido a los pueblos indígenas para la superexplotación de la Madre Tierra. Hasta Evo Morales hace predominar los negocios con el capitalismo global. En efecto, además, de contribuir a la IIRSA:

 

 

Bolivia planea construir una carretera en una reserva ecológica ante el rechazo indígena
8 de agosto de 2017

 

Por AFP

 

El Congreso bicameral boliviano, controlado por el oficialismo, discute una ley para construir una carretera en la reserva TIPNIS, un ícono ecologista en centro del país, mientras indígenas amenazan con oponerse al proyecto por la fuerza.

La cámara de Diputados aprobó la noche del jueves la ley que elimina prohibiciones de obras en el parque ecológico Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), de un millón de hectáreas y donde viven unos 50.000 nativos. Aún falta la ratificación del Senado y del Poder Ejecutivo, donde se estima que no habrán obstáculos.

El oficialismo señala que, con la nueva norma, el gobierno podrá trabajar en el desarrollo integral de la zona y que garantizará el cuidado del medio ambiente.

Según afirmó la presidenta de la cámara de Diputados, la oficialista Gabriela Montaño, "cualquier intervención en un proyecto productivo o económico en el territorio" se hará con "tecnología para no afectar al medio ambiente de manera destructiva".

Arguyó que los propios aborígenes apoyan la ley, porque esperan salir de la pobreza, y que incluso en 2012 dieron su consentimiento, en consultas que hizo el gobierno en cabildos. Pero otros nativos denunciaron que esa aceptación fue manipulada.

El TIPNIS es un territorio donde los indígenas, sus habitantes desde tiempos milenarios, resisten la construcción de una carretera que cruce por su territorio, desde la región cocalera del Chapare hasta el departamento del Beni, en la Amazonia (noreste).

El mismo presidente Evo Morales aprobó en 2011 una ley que vetaba la ruta asfaltada, de unos 306 kilómetros, tras marchas de protesta de los nativos, pero ahora el oficialismo retomó su idea. Hasta ese año, la carretera estaba en construcción con un crédito de Brasil.

El líder de los nativos del TIPNIS, Fernando Vargas, señaló que la ley contradice el discurso ecologista del mandatario boliviano y anunció que habrá conflictos sociales.

La carretera "no pasará por el TIPNIS, sabemos que el gobierno tiene a los militares, la policía, bueno, si quiere un enfrentamiento, pues adelante, le vamos a dar gusto", auguró Vargas.

Incluso dijo que la vía facilitará la migración de cocaleros, aliados de Morales en el Chapare, para cosechar la milenaria planta. Bolivia es, después de Colombia y Perú, el tercer mayor productor mundial de hoja de coca, insumo clave para la cocaína.

Los nativos del TIPNIS realizaron marchas desde la década del 90 y hasta durante el gobierno de Morales para oponerse a que su hábitat, rico en flora y fauna, sea afectado.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XD_UN3ytiLwJ:https://www.afp.com/es/noticias/211/bolivia-planea-construir-carretera-en-reserva-ecologica-ante-rechazo-indigena+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229997

 

 

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La resistencia está organizada, se avizora grave conflicto

Evo abre la penetración al TIPNIS: 30.000 cocaleros alistan ocupación

4 de agosto de 2017

El Presidente boliviano y líder cocalero ordenó la construcción de puentes mucho antes de que en el Legislativo aprobara convertir en nuevas tierras fiscales los parques y territorios indígenas.”35 mil cocaleros están esperando que esa carretera y ruta para el narcotráfico se abra para entrar”. Muy cerca ya hay cocales y pichicata (cocaína), se denuncia. 

 

 Por mandato del presidente Evo Morales, la aplastante mayoría legislativa oficialista se apresta a sancionar la ley que elimina la condición intangible del parque nacional y territorio indígena (TIPNIS) para facilitar la penetración de al menos 30 mil cocaleros a esta reserva ecológica amazónica mediante una carretera largamente resistida por indígenas y al menos un puente de apertura que ya está en construcción.

 

Con la incursión, el Presidente incumple  con su anuncio hecho hace 30 años, en 1987, de respetar la reserva natural de 1,2 millones de hectáreas entre la selva de Cochabamba  y Beni donde en casi 70 comunidades viven 14.000 indígenas de las etnias trinitaria-moxeña, yuracaré y chimán, ahora ya infestada en sus bordes por cultivos de cocales e incautaciones de cocaína.

 

Cuando era el coordinador General de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Morales se comprometió con los pueblos Chimán, Mojeño-Trinitario y Yurakaré, a respetar la zona ecológica, recordó el extitular de la Subcentral TIPNIS, Marcial Fabricano, en alusión a la “línea roja” que los cocaleros se obligaron hace tres décadas, a no cruzar para defender la “madre tierra”.

 

“Nos pusimos de acuerdo de que había de respetarse el derecho originario de los pueblos indígenas que habitamos y que nosotros aceptábamos de buena fe a quienes estaban ahí (los colonizadores) (…) demarcamos de que debiera constituirse una línea roja que se respete, pero con la construcción de la carretera se vulnera el acuerdo porque seremos avasallados e invadidos por los colonizadores”, rememoró Fabricano, ahora reemplazado en la Subcentral por afines al régimen masista.

 

Conversiones e incumplimientos

 

En 1990, durante la administración  Paz Zamora, los indígenas amazónicos junto al movimiento popular protagonizaron la “Marcha por el Territorio y la Dignidad”, obligando al Estado promulgar el Decreto Supremo 22610, que reconoce al TIPNIS como territorio de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán.

Los indígenas de tierras bajas protagonizaron entre 1990 y 2012  nueve marchas, para consolidar su territorio y el respeto a sus derechos, pero ya en 2001 Morales deshizo su promesa de 1987, según da cuenta un video de la época donde el actual Presidente y entonces diputado anunciaba:

“A mí me han hecho defender y cuidar el Isiboro Sécure; sólo había cuidado para los empresarios; y ahora hemos decidido, compañeros de ese Parque Isiboro, va a ser para los campesinos sin tierra, vamos a entregarlos, invitamos a venir a esa gente sin tierra”.

Ya reelegido jefe de Estado en 2011, Evo Morales rompió con los indígenas al insistir en la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

El jesuita Xavier Albó, condecorado el año pasado por el propio Morales a causa de su dedicación a las comunidades indígenas y la defensa de la democracia y los derechos humanos, dijo este viernes, tras ser aprobada la ley en Diputados, que el Presidente prometió a cocaleros una carretera

en el parque Tipnis

 

“Evo lo quiere hacer porque además de ser cocalero él mismo lo había prometido a los cocaleros al principio de su gobierno para que se puedan expandir más allá. Estoy seguro de eso”, dijo el sacerdote e historiador que  lo largo de décadas mantiene un apoyo crítico al actual régimen, reflexionándole sobre sus debilidades y errores.

 

Entrevistado por la agencia EFE, Albó puso en duda los supuestos oficiales de “desarrollo integral” del TIPNIS mediante la controvertida  carretera que lo partirá en dos y facilitará el virtual asalto de los cocaleros del Chapare, distanciados a su vez de los de Yungas, que cultivan una coca ancestral no desviada al narcotráfico, como en su mayoría lo es la del reducto de Morales, de acuerdo a informes de Naciones Unidas.

 

Lo que podría pasar con esta reserva natural es similar a lo que ya sucedió con el llamado Polígono 7, una pequeña zona al sureste del Tipnis con asentamientos cocaleros, que desplazaron a las comunidades indígenas originarias, advirtió:

“Donde está la mayor parte de los cocaleros actualmente, el Polígono 7, tenía una ecología similar a la que tiene ahora la parte en la que quieren entrar, pero se ha transformado totalmente”.

 

Observadores independientes del gobierno y de la oposición, con información proveniente de las mismas bases indígenas, dijeron este viernes en La Paz que “la resistencia en la zona ya está organizada y que participarán no sólo los dirigentes sino todas las comunidades”.

“Ellos tiene en claro que el gobierno de Evo quiere convertir los parques y territorios indígenas en tierras fiscales. Es muy grave”, dijo otro observador cercano a dirigentes de los movimientos sociales que conforman el llamado proceso de cambio, y que mantienen sin embargo una distancia crítica de la jerarquía oficialista.

 

En la sede de gobierno, Vargas, exdirigente de los indígenas del Tipnis, señaló a los medios que la resistencia a la norma se efectuará en el mismo territorio indígena a diferencia de lo acontecido en 2011 y 2012 cuando dos marchas rechazaron el mismo proyecto gubernamental.

 

“La espina en el zapato de Evo es el artículo 3 de la Ley 180, que dice: ‘la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no pasará por el Tipnis, eso es lo que molesta. 35 mil cocaleros están esperando que esa carretera por el Tipnis se abra para entrar”, dijo tras reiterar que la carretera servirá a la actividad ilícita del narcotráfico.

 

“Yo le digo la carretera y la ruta del narcotráfico. Al otro lado del polígono 7 hay cualquier cantidad de cultivos de coca y “pichicata” (droga), disculpen el término, pero esa es la verdad”, añadió.

“Como siempre estamos muy de acuerdo con los puentes porque las carreteras son desarrollo”, dijo a El Deber  Segundina Orellana, presidenta de la Federación Trópico de Cochabamba. La dirigente cocalera aseguró que se construirá una carretera desde El Castillo hasta Beni y por ello los puentes están en construcción. El Castillo es un cuartel situado sobre la carretera Santa Cruz-Cochabamba, a dos kilómetros de Villa Tunari. Allí nace la ruta que vincula a la población más grande del trópico cochabambino con San Ignacio de Moxos.

 

Mandos medios frustrados y angurria superior

En el contexto de una dirigencia copada por las prebendas partidarias que ostenta el gobierno, por su parte Albó agregó que los actuales mandos indígenas medios “se sienten frustrados”.

“En el fondo es que Evo Morales y Álvaro García Linera desean perpetuarse más tiempo en el poder. No va mucho a los derechos de los indígenas sino que va más a la angurria de mantenerse en el poder”, afirmó el sacerdote en referencia también al vicepresidente boliviano.

De acuerdo con otras versiones, bajo la apariencia de un gobierno unido y coherente donde los roles de ambos se encuentran definidos, ambos mantienen en sordina una dura pugna por la jefatura del Estado y la sucesión presidencial, dado que la aprobación popular no favorecería al actual mandatario y a que las aspiraciones del segundo se han desarrollado incluso dentro del Gabinete de ministros, despertando la suspicacia del primero (que habría desistido de renunciar al mando para habilitarse como candidato legal) y sumiendo a sus partidarios, repartidos en uno y otro bando, en una más abierta batalla por el control de las dependencias estatales.

 

La agencia EFE recordó que  Morales y García cumplen su tercer mandato, desde el 2006 y que en febrero del año pasado convocaron a un referéndum para la modificación de la Constitución con el propósito de habilitarse a una nueva postulación el año 2019, pero el resultado fue adverso.

No obstante, Morales ha ratificado que buscará un cuarto mandato, con una fórmula jurídica que su partido estudia y el vicepresidente ha apoyado esa decisión, pero ha anunciado que él ya no iría como acompañante de esa fórmula para la reelección.

 

Puentes violatorios confirman los aprestos de asalto

 Mientras la Cámara de Diputados aprobaba la supresión de intangibilidad del TIPNIS, tractores y camiones ya ponían en práctica la nueva norma y edificaban un puente sobre el río Isiboro, a 6,7 kilómetros de Isinuta, puerta de la reserva por el lado de Chapare, reportó el diario cruceño El Deber. La obra fue anunciada en 2016 por Evo Morales. Está en el Polígono 7, a 6,7 kilómetros de Isinuta. Ni el Gobierno y ni la ABC se refirieron al tema

Un pequeño ejército construye un puente que llevará el mismo nombre del afluente, y que es parte de lo que fue el tramo II del proyecto carretero San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, justo el que atravesará el Tipnis.

Los trabajos, según los obreros, comenzaron hace tres meses. La empresa que lleva adelante el proyecto es AMVI, que comparte la obra con Incotec, que realiza la fundación de la obra, que es fiscalizada por la firma Cajuata.

“A nosotros nos contrató ABC, y no podemos dar mayor información. Eso nos han dicho expresamente desde La Paz”, señaló, esquivo, un empleado AMVI.
“Por favor no pueden avanzar”, insistió luego un trabajador de Cajuata, que rápidamente ordenó el despliegue de un enorme tráiler para impedir el paso del equipo de prensa. Luego el mismo hombre dio aviso a vecinos del Polígono 7, que forman parte de Consejo Indígena de Sur (Conisur).
Los puentes dentro del Tipnis fueron comprometidos el año pasado por el presidente Evo Morales. El 11 de septiembre de 2016, el mandatario encabezó el acto de inauguración del tramo caminero Villa Tunari-Isinuta (Tramo I del proyecto original de la polémica vía). Según reportó el diario Los Tiempos, el mandatario dio un año de plazo para que tres puentes estén concluidos. Se trataba de tres edificaciones: el puente sobre el Isiboro, que en ese momento se anunció como un tendido de 250 metros de largo a un costo de $us 4,9 millones; el puente sobre Sazama, de 150 metros y 2,7 millones de inversión, y el puente Ibuelo, de 120 metros de largo, por un valor de 2,3 millones. Los dos primeros fueron adjudicados a AMVI y el tercero, a Sergut.

Ayer se buscó la versión del Ministerio de Obras Públicas y la Administradora Boliviana de Carreteras. Por la mañana dijeron que no se referirían al tema. Por la tarde, se consultó a Galo Bonifaz, viceministro de Transporte, que pidió que le envíe la información. Una vez vio los datos, anunció una conferencia. Finalmente, desde el Ministerio de Obras Públicas confirmaron la rueda de prensa, pero para el próximo martes, porque el ministro está de viaje.

En septiembre del año pasado, según Los Tiempos, Noemí Villegas, presidenta de la ABC, dijo que se trata de una reposición de obras que ya existían en el lugar. El Ministro de Obras Públicas no quiso aclarar si la construcción iba en contra de la Ley 180 de intangibilidad.
El abogado Leonardo Tamburini, exdirector de la ONG Cejis y uno de los ideólogos de la ley 180, aseguró que sí. Si bien el Polígono 7 no es parte de la TCO, sí es parte del parque y la ley era taxativa al prohibir la construcción de una carretera a través de la reserva.

“Alto, ustedes no pueden pasar, son mentirosos”, fue la orden de un grupo de colonizadores, que fueron avisados de la presencia de periodistas. Se identificaron como vivientes del lugar y que hacían de centinelas del proyecto, al que afirmaron defenderán “a muerte”, porque traerá desarrollo a su región.

“Nosotros estamos sacrificándonos para tenerlo el puente. Y no vamos a permitir a ningún periodista mentir. Dónde estaban ustedes cuando la gente moría por no llegar al hospital”, gritó un hombre, que luego levantó el brazo y tronaron varios petardos. “Váyanse, están advertidos, siempre. Que hacen aquí ustedes son cambas, son gente de oposición, de Costas”, añadió.
Orlando Ferrufino, responsable de la obra y funcionario de AMVI, declaró que la obra empezó hace tres meses, pero por un comunicado expreso de la ABC, no podía dar ningún tipo de detalles de la operación.
Fernando Vargas, expresidente de la Subcentral Tipnis y presidente de la Octava Marcha que consiguió la intangibilidad, contó que pese a que por ley no se debería hacer ningún tipo de obra civil en esta área protegida, el Gobierno, a través de la ABC, está construyendo tres puentes, entre Isinuta y Santísima Trinidad, al borde del Polígono 7. El segundo está sobre el río Ibuelo, o Ibuelito, como lo llaman los lugareños. El tercer víaducto está en la zona de Sazama, por donde pasa el río del mismo nombre. “Es lamentable lo que está pasando en nuestra casa”, dijo Vargas, con impotencia.

 

La larga y heroica defensa del Tipnis

VIII marcha indígena— En 2011 pobladores del Tipnis caminaron por 65 días frente al proyecto de construcción de la carretera San Ignacio de Mojos-Villa Tunari. Partieron de Trinidad (Beni) con dirección a La Paz. Tras una represión en Chaparina, el 25 de septiembre, la llegada de la columna a la sede der Gobierno logró la aprobación de una norma que instituye la protección al territorio.

Intangibilidad — El 24 de octubre de 2011, tras casi tres meses de protesta, el presidente Evo Morales promulga la Ley 180, que instituye la intangibilidad al Territorio Indígena, con lo que se desecha el proyecto para el camino.

Consulta previa — El 10 de febrero de 2012, el Gobierno promulgó la Ley 222 de Consulta Previa en el Tipnis para saber si se acepta la construcción a través del parque de la carretera entre Beni y Cochabamba, finalmente se aplica el procedimiento y en 2013 se llega a la conclusión de que los indígenas si aceptan la carretera.

Financiamiento —El presidente Evo Morales en enero de 2014 informó que el crédito suscrito entre Bolivia y el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES), para la construcción de una carretera por medio del Tipnis, se perdió.

Esperanza —En un acto público, el jefe de Estado manifestó el 9 de marzo de este año que “ese camino a Villa Tunari ya hubiera estado terminado. Cómo algunos grupos nos perjudican, no importa. No perdemos la esperanza de retomar, mucho dependerá de ustedes, del pueblo beniano”

Proyecto de ley —En inicios de julio de 2017 ingresa a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de ‘Protección, desarrollo integral y sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure’, norma que en su artículo 9 contempla “la apertura de caminos vecinales, carreteras, sistemas de navegación pluvial, aérea y otras, se diseñarán de manera participativa con los pueblos indígenas”. Morales confirma que existe el proyecto de ley y lo atribuye al consenso con los indígenas del sector. Afirmó que “será en nuestra gestión o en otra gestión, tarde o temprano va a haber ese camino”. Indígenas se declaran en emergencia y anuncian nueva resistencia.

Fuente: http://www.bolpress.com/2017/08/04/evo-abre-la-penetracion-al-tipnis-30-000-cocaleros-alistan-ocupacion/

En consecuencia, es fundamental desenmascarar a Evo Morales que de Presidente indígena y con discursos internacionales en defensa de la Madre Tierra está queriendo imponer:

 

El TIPNIS y la tozuda obsesión contra la naturaleza y los derechos indígenas

2 de agosto de 2017

 

Por Arturo D. Villanueva Imaña (Rebelión)

 

Parece como si existiese una misteriosa fuerza que muy a pesar de los signos en contrario, se empeñara tercamente en impulsar su (propia) destrucción.

Desde el mes de agosto del año 2011 cuando se inicia la VIII Marcha de pueblos indígenas en contra de la construcción de una carretera por el corazón del territorio indígena y parque nacional, el caso del TIPNIS se ha convertido en un hito referencial de profundas implicaciones en diversos ámbitos.

 

Refutando lo que se espera para un gobierno autodefinido como “revolucionario”, los acontecimientos sucedidos delatan un momento de quiebre para su imagen e identidad política. Marcan el uso de la fuerza y la violencia represiva como respuesta a las legítimas y justas demandas indígenas en defensa de sus derechos conculcados; la clara defección y traición a sus propios postulados relacionados con el Estado plurinacional, la protección a los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas; así como su indisimulada voluntad por imponer un modelo extractivista y desarrollista, cuya mayor expresión autoritaria se ha patentizado en la frase presidencial del “quieran o no quieran” que pronunció como anuncio y amenaza.

 

Es decir, que a la luz de los enormes costos políticos que contrajo, pero sobre todo por la gravedad de las medidas que el gobierno decidió adoptar para imponer la carretera; el TIPNIS marca mucho más que el terco empeño por hacer prevalecer intereses de inversión internacional comprometida o, como se ha dicho, hacer realidad un antiguo anhelo de vinculación carretera (aun a costa de partir por la mitad un área protegida).

De lo que se trata a fin de cuentas, es más bien imponer (así sea a la fuerza), un modelo económico desarrollista y extractivista, nada menos que partiendo el corazón (literal y simbólicamente), en el centro del país y de los propios pueblos indígenas del Estado Plurinacional. Y como si eso no fuese suficiente, el TIPNIS y las comunidades indígenas no sólo se verían amenazados por todas las consecuencias y efectos negativos (para la naturaleza, la biodiversidad, la cultura, e inclusive la acumulación de desperdicios y la enorme contaminación) que contrae la construcción y apertura de carreteras, sino por la expansión de la producción de coca. Debe mencionarse que (no pudiendo entenderse como un hecho casual), la superficie “legal” de cultivo ha sido recientemente ampliada en la nueva ley de la coca (impugnada como anticonstitucional), y cuyos principales productores “excedentarios” y principales proponentes de una ley que busca anular la ley 180 de protección del TIPNIS, son nada menos que colindantes con el territorio indígena y parque nacional.

 

Los nuevos factores de atropellamiento e imposición 

Desde el 2011 han pasado prácticamente 6 años, y a pesar de haberse promulgado la ley 180 de protección del TIPNIS, donde se prohíbe expresamente la construcción de la carretera, se establece la intangibilidad y la prohibición de asentamientos humanos ilegales y ocupaciones de hecho ajenos a los titulares del territorio; sin embargo, no han cesado los intentos por deshacer aquello que aprobaron y promulgaron con propia mano.

Reafirmando aquella terca e intimidante expresión del presidente Evo Morales en sentido de que la carretera por medio del TIPNIS se construiría “quieran o no quieran”, y que desde entonces se ha convertido en una de las peores amenazas para la vida de las comunidades indígenas que lo habitan, así como para la conservación de las culturas, la naturaleza y la biodiversidad que encierra dicho territorio; en recientes días el país se ha visto ingratamente sorprendido ante el nuevo intento por revivir dicho proyecto que fue repudiado y rechazado por el pueblo boliviano en reiteradas ocasiones.

Amparados y fortalecidos por nuevas y recientes declaraciones presidenciales que reiteraron su voluntad de llevar adelante tan nefasto proyecto, pero sobre todo por la aprobación de la nueva ley de la coca que autoriza y permite ampliar más la extensión de la superficie destinada a dicho cultivo en el Chapare (cosa que exacerbará la presión para que dichos cultivos se realicen precisamente dentro del TIPNIS, en vista de la inocultable como antigua pretensión de los colonizadores que se encuentran asentados en el mismo lugar); es que en esta ocasión se ha puesto en marcha un nuevo intento para efectivizar semejante despropósito.

 

El proyecto de ley que ha sido puesto en consideración de la Asamblea Legislativa, no sólo ha sido impulsada interesadamente por asambleístas del oficialismo y colonos asentados en el Polígono 7 (cuyas comunidades expresamente decidieron apartarse del territorio indígena y constituirse como entidades individuales ajenas durante el proceso de saneamiento de tierras), por lo que no tienen ninguna legitimidad ni representatividad legal sobre el TIPNIS; sino que actúan a espaldas del país, van en contra de los innumerables pronunciamientos de la sociedad civil, e inclusive desconocen las resoluciones y determinaciones expresas de sus autoridades originarias y sus organizaciones legítimamente representativas. Las mismas rechazan completamente el tratamiento y aprobación de ese proyecto de ley eufemísticamente denominado como ”protección y desarrollo integral del TIPNIS” .

 

Las irregularidades no se limitan únicamente a ello. También se pretende legitimar y hacer prevalecer como legalmente válidos y favorables los resultados distorsionados de la consulta, el procedimiento seguido y el propio protocolo de consulta a los pueblos indígenas. Debe destacarse que el proceso de consulta, su aplicación amañada y claramente distorsionada, ya han sido denunciados en los informes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), así como de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el año 2013. Es más, su total invalidez también han sido corroborados como resultado del análisis de los propios informes oficiales del gobierno, que se han plasmado en el Informe Final del proceso de consulta efectuado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (2012) y el Informe de Observación y Acompañamiento de la consulta realizado por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del mismo año 2012.

La impugnación y rechazo de los resultados de la consulta que pretenden ser mostrados como favorables, se explican porque el proceso seguido claramente incumple los estándares internacionales y legales mínimos de consulta. Es decir, que no ha sido libre, previa, informada, de buena fe y con procedimientos propios de los pueblos indígenas. Ello se corrobora con el protocolo amañado que fue utilizado y que con seguridad pretende convertirse en un precedente que avale otros procesos de consulta a los pueblos indígenas en el país.

 

Por otra parte, también es imposible dejar de impugnar y rechazar el intento que, bajo el argumento de “protección y desarrollo del TIPNIS”, pretende imponer una visión y un enfoque ajeno y totalmente contrapuesto a la forma de vida y el tipo de relacionamiento que las comunidades indígenas del TIPNIS tienen con la naturaleza y su entorno, porque claramente se pretende asimilarla, supeditarla y hacerla funcional al modelo depredador de carácter extractivista y desarrollista que impulsa el gobierno, y cuyo enfoque es respaldado y busca ser generalizado en el TIPNIS por los productores de coca del Chapare.

 

Tal es el despropósito, que el proyecto de ley tiene un indisimulado carácter colonial, paternalista e impositivo. Por ejemplo y yendo totalmente en contra de su misma exposición de motivos donde se cita al Art. 307 de la Constitución Política [i] / para fundamentar la necesidad de la ley, no se les ocurre mejor idea que bajo el nombre de “desarrollo integral y sustentable”, se busque imponer un modelo extractivista (con “aprovechamiento y participación de privados” o “acuerdos y distribución de ganancias”, por ejemplo), que es totalmente ajeno a los principios, prácticas y cosmovisión de los pueblos indígenas. Para reforzar el indisimulado intento colonial y de sometimiento, también se incluye una disposición transitoria única en la que “se establece un plazo de 180 días para la elaboración del plan de protección del TIPNIS, el plan integral de transporte del TIPNIS y la agenda del desarrollo para el Vivir Bien de los pueblos indígenas del TIPNIS de acuerdo a los resultados de la consulta. En tanto se aprueben estos documentos, serán aplicables los instrumentos de planificación y manejo del TIPNIS, siempre que no contradigan lo establecido en la presente ley y los acuerdos resultado de la consulta”. Es decir, que no solo se desconoce y anula los propios instrumentos de planificación y desarrollo que las comunidades indígenas han elaborado y utilizan bajo su propia cosmovisión y cultura, sino que buscan imponer 3 instrumentos ajenos a la propia normativa vigente.

 

No es menos llamativo el contenido del Art. 11 del proyecto de ley referido a la “transferencia y conocimiento y tecnología”, donde se señala textualmente: “el aprovechamiento de los recursos naturales renovables deberá permitir la transmisión de conocimientos y transferencia de tecnología de los privados a favor de los pueblos indígenas que habitan el TIPNIS como requisito indispensable para la suscripción de acuerdos y asociaciones”, en una muy clara actitud colonial de supremacía y dominación “de los privados” (como si los pueblos indígenas no tuviesen ninguna otra capacidad que no sea la de recibir y asimilar “conocimiento y tecnología” que viene de fuera).

 

En fin, observando integralmente la problemática, el TIPNIS constituye otro caso emblemático (junto al Bala-Chepete, Tariquía, Rositas, Takovo Mora, Energía atómica, etc.), de la obsesiva intención por llevar adelante un modelo extractivista y desarrollista, frente al expreso rechazo y resistencia del conjunto de la sociedad civil, las comunidades indígenas y los movimientos populares, que luchamos por construir una relación armoniosa y no depredatoria con la naturaleza, los recursos naturales y el entorno socioambiental en el que convivimos todos.

Ya no se trata de un caso aislado de defensa de algún área protegida, un derecho humano, o contra algún proyecto extractivista en particular; sino de la convicción y lucha por evitar la destrucción, la explotación salvaje y los daños irreversibles que se producen contra la naturaleza y las condiciones materiales que permiten la vida de todos. Es decir, se encuentra en juego el futuro del país por la terca intención gubernamental de imponer y hacer prevalecer su modelo, muy a pesar de los evidentes y graves daños que el pueblo ha tenido que soportar y continúa sufriendo.

Esta tozuda obsesión contra la naturaleza, los derechos humanos y de los pueblos indígenas, está poniendo en juego la destrucción misma de las bases materiales de la vida y la naturaleza en nuestro país. En vista de la gravedad y consecuencias que ello implica, es hora de que el gobierno se dé cuenta de la magnitud de las decisiones de este tipo y dé marcha atrás. 

 Arturo D. Villanueva Imaña, Sociólogo, boliviano.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229800

 

 

 

Situémonos en cómo los gobiernos progresistas posibilitaron el dominio actual del neoliberalismo con soberbia  desembozada. En Argentina hallamos La década extractiva y:

 

 

 

Detrás de la campaña antimapuche

Extractivismo, medios y un genocidio que no termina

11 de agosto de 2017

Por Darío Aranda (lavaca)

 

 

“Los indígenas no aceptamos el extractivismo. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro”. Los líderes mapuches se defienden y contestan los discursos que los tratan de separatistas, terroristas o cosas peores. “La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad”. Se encargan de explicar lo que – parecía- ya estaba dado: la propia legislación argentina reconoce los derechos de los pueblos originarios. Pero no se cumple. Por qué: las presiones de terratenientes y empresas como Benetton. La operación de los medios. El rol del modelo económico. Y un genocidio que no termina. Darío Aranda explica en esta nota el marco de la avanzada del gobierno contra los mapuches, en medio de la desaparición de Santiago Maldonado.

El modelo extractivo: petrolero, minero, agropecuario, forestal.

Una multinacional (Benetton) con directa influencia en el poder político y judicial.

Políticas de Estado de despojo y sometimiento.

Un genocidio que jamás tuvo su “nunca más”.

Sólo algunos de los elementos detrás de la campaña que pide represión para el Pueblo Mapuche.

 

Extractivo

Durante el menemismo se aprobó la ingeniería legal que dio pie a la profundización del extractivismo en Argentina: leyes mineras, privatización de YPF, ley forestal, aprobación de transgénicos con uso de agrotóxicos. Pero la implementación en los territorios se dio durante el kirchnerismo. Dos ejemplos: se pasó de 40 proyectos mineros en estudios (en 2003) a 800 proyectos (en 2015); de 12 millones de hectáreas con soja transgénica se pasó a 20 millones (22 en la actualidad).

El macrismo continúa esa línea: quite de retenciones a la minería, baja de retenciones al agro, flexibilización laboral para trabajadores petroleros. Más extractivismo, más avance sobre territorios rurales, donde viven pueblos indígenas y campesinos.

Amnistía Internacional contabilizó un piso de 250 casos conflictivos, entre los que detectó un punto en común: detrás siempre hay empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos.

Cómo sucedió con la Campaña del Desierto, que tenía como fin económico incluir tierras al mercado capitalista, la Argentina del Siglo XXI repite la historia de avanzar sobre los pueblos indígenas.

 

Preexistente

“Mapuche” significa en mapuzungun “gente de la tierra”. Los mapuches, como todos los pueblos indígenas del continente, son a partir del vínculo con el territorio. De allí proviene su historia, su cultura, su filosofía, su vida y de ese territorio dependen sus hijos, nietos y su futuro como pueblo.

Un argumento falaz para atacar a los indígenas del sur es que decir que son chilenos. Los pueblos indígenas tienen miles de años de historia, y el Pueblo Mapuche en particular existe desde muchos antes de la conformación de los Estado-nación. Es decir, son previos a la existencia de Argentina y Chile. El artículo 75 de la Constitución Nacional lo reconoce: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano (…). Asegurar la participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”.

Ante cada campaña mediática de ataque a los mapuches, académicos repudian las falsedades de sectores periodísticos. En enero pasado, investigadores del Conicet escribieron un texto que resume cientos de estudios académicos: “Afirmamos que los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches (…) Los mapuches no son “indios chilenos”, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados y que había mapuches en lo que hoy es Argentina”.

Periodismo represivo

“Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, tituló el diario Perfil el domingo 8 de enero en un extenso artículo, referido al conflicto del Lof (comunidad) Resistencia Cushamen con la empresa Benetton. La nota, firmada por Cecilia Moncalvo, acusó: “A medida que aparecen más datos, la acción de (Facundo) Huala y su grupo puede ser leída como el germen de una forma violenta de protestar y de hacer política. Hay datos, como que en zonas limítrofes la Gendarmería envió más personal, mientras que diputados chilenos y periodistas y productores argentinos mencionan a las FARC colombianas como parte de la financiación del grupo (…). Abre interrogantes sobre una zona liberada previamente y de tráfico de armas de Argentina a Chile. Facundo Jones Huala sería el nexo”.

Dos días después, el martes 10 de enero, hubo feroces represiones sobre el Lof Mapuche. Una por la mañana (Gendarmería Nacional). Otra por la tarde (policía de Chubut). El miércoles se produjo un tercer operativo violento. Tres represiones en dos días. Una cacería de mapuches. Una decena de presos. Otro tanto de heridos. Dos de gravedad. La imagen de Fausto Jones Huala, con un balazo en el cuello, recorrió el país.

A la campaña anti-indígena se sumó el diario Clarín, con un extenso artículo anunciado en tapa el domingo 22 de enero y doble página interna. “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, fue el título, firmado por Gonzalo Sánchez. Citó en seis oportunidades voces oficiales del Ministerio de Seguridad de Nación, Cancillería y Secretaría de Seguridad. Todas voces en “off”, sin nombre ni apellido, que acusan al Lof Cushamen de hechos tan insólitos como ajenos a la realidad. Según Clarín:

-Los mapuches están vinculados a grupos kurdos y a la ETA del país Vasco.

-Recibieron financiamiento del kirchnerismo.

-Afirma que el Lof Cushamen ocasionó incendios, secuestro de personas e intento de asesinatos, entre otros hechos.

No se aporta ninguna prueba de todos estos hechos. Sólo la opinión del gobernador Mario Das Neves y voces en off.

Gonzalo Sánchez, autor de la nota y editor del diario, repite lo de Cecilia Moncalvo en Perfil: vincula al Lof Cushamen (y a Jones Huala) con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuando la comunidad nunca ha declarado ser parte de esa organización. Segunda coincidencia: Sánchez no otorga ni una línea a la voz del Lof Cushamen, ni de sus abogados, ni de las organizaciones de derechos humanos que acompañan.

Infobae no se quedó atrás. “Violencia, anarquía y apoyo externo: el perfil de dos grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y la Argentina”, tituló el 9 de agosto un artículo de Martín Dinatale, con todas voces en off y ninguna entrevista a mapuches. Un artículo que podría haber sido escrito por Patricia Bullrich.

Insólita la nota de Claudia Peiró en Infobae. Acusó a los mapuches de estar financiados por ingleses. “The Mapuche Nation, el pueblo originario con sede en Bristol, Inglaterra”. No aporta una sola prueba que acredite esa relación.

Clarín retrucó. “Jones Huala redobla la apuesta: llamó a la rebelión y la lucha armada. Desde el penal donde está detenido, el referente mapuche convocó abiertamente a la acción violenta”. Firmada por el corresponsal el Bariloche, Claudio Andrade, conocido de las organizaciones mapuches por sus continuas que rozan el racismo.

Por otro lado, también sobresalen comunicadores, intelectuales, artistas y políticos no dudaban en echar sospechas sobre el líder qom Félix Díaz de Formosa y, al mismo tiempo, silenciar las atrocidades del gobierno feudal de Gildo Insfrán. Figuras radiales afines al kirchnerismo relativizaban el reclamo qom y hasta hacían entrevistas condescendientes a Insfrán. En el “mejor de los casos”, se llamaban a silencio ante la violación de derechos. El periodismo afín al kirchnerismo apoyó fervientemente la explotación petrolera en Vaca Muerta, aunque allí se violaban derechos indígenas y también se reprimía (y se reprime). Con el macrismo en el poder, esos mismos periodistas, intelectuales y artistas se horrorizan y repudian la violencia que sufren los mapuches.

Periodistas de uno y otro lado tienen una coincidencia: escriben sobre un hecho sin recorrer el territorio. No visitan (ni visitarán) las comunidades indígenas. Son periodistas de escritorio. Y sus mentiras repercuten de la peor manera: legitiman represiones.

 

Genocidio

Robo de bebés. Desaparición de personas. Torturas. Campos de concentración. Asesinatos.

Lo sufrió la sociedad argentina en manos de la última dictadura cívico-militar.

Lo sufrió el pueblo judío en manos del nazismo.

El Pueblo Mapuche también padeció robo de bebés, desaparición de personas, torturas, campos de concentración, asesinatos. Pero no hubo jamás pedido de perdón, tampoco reparación ni justicia. No hubo un “nunca más” para lo sufrido por los pueblos indígenas.

Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la UBA, lo resume así: “El Estado se construyó sobre un genocidio. Se requirió que no hubiera más diversidad interna. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado”.

 

Recuperaciones

“Wiñomüleiñ ta iñ mapu meu” significa en idioma mapuche “territorios recuperados”. Es un anhelo, una práctica reivindicatoria y, sobre todo, un derecho de los pueblos originarios volver a parcelas que les fueron arrebatadas en el pasado. En los últimos quince años, y luego de agotar la instancia administrativa y judicial, el Pueblo Mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban en manos de grandes terratenientes.

Los pequeños burgueses urbanos deben permanecer tranquilos: los indígenas no ocuparán los departamentos en Palermo o Recoleta, ni les interesan las mansiones de Nordelta. Sólo vuelven a las tierras de sus antepasados que hoy están en manos de grandes empresas.

Los legalistas también deben estar conformes: las recuperaciones territoriales están respaldadas por tratados internacionales, que tienen rango superior a las leyes locales.

“Siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”, detalla el artículo 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene rango superior a las leyes nacionales. El artículo 14 también apunta: “Deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.

La Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, remarca en su artículo 10 “la opción del regreso” frente a los desplazamientos forzados y, en su artículo 28, legisla que “tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución (…) por los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados”.

“Las comunidades indígenas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” es el título del trabajo sobre Derecho internacional de Rolando Gialdino, ex secretario de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país. Al analizar la acción de la CIDH, abordó la posesión ancestral: “Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.

La recuperación territorial implica mucho más que hectáreas: instala una concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación colectivo, “territorio ancestral”, imprescindible para el desarrollo como pueblo originario.

Benetton

En 2007, la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque volvió al territorio indígena: recuperó 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Compañía de Tierras Sud Argentino (Grupo Benetton), ubicada entre Esquel y El Bolsón. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa Nahuelquir y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro de Chubut. Pero la compañía sólo ofreció parcelas que eran improductivas.

La comunidad no aceptó y aclaró que los pueblos indígenas no aceptaban “donación” sino “restitución” por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en tribunales, hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota entre otras cosas porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción.

En noviembre de 2014, el Estado (provincial y nacional) finalizó el relevamiento territorial de la comunidad Santa Rosa Leleque. En el marco de la Ley Nacional 26.160 reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del Pueblo Mapuche. La comunidad siempre denunció las irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton (explicadas en detalle en el libro “Ese ajeno sur”, del investigador Ramón Minieri).

El 13 de marzo de 2015 se produjo una nueva recuperación territorial en la estancia Leleque de Benetton. “Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explicó como fundamento de la acción el comunicado firmado por Lof en Resistencia del departamento de Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).

 

Ya no era un sólo mal ejemplo. Ya eran dos. Y pueden ser más.

Benetton descargó todo su maquinaria legal contra los mapuches y contrató una agencia internacional de prensa y lobby (JeffreyGroup) para una campaña mediática, tanto a nivel provincial como nacional. El responsable en Argentina de JeffreyGroup es Diego Campal, que se presenta como “especialista en resolución de conflictos y gestión de crisis”.

Periódicamente llegaban las gacetillas de prensa y fotos en alta definición de los “atentados” que sufría la estancia Benetton. Sus principales destinatarios: el diario Jornada (Chubut), Río Negro (el más leído de la Patagonia), Clarín y La Nación. Los mismos comunicados llegaban al despacho del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y sus ministros.

La campaña mediático daba sus primeros pasos y vinculaba a los mapuches con grupos paramilitares (ETA, FARC).

 

Enemigo interno

En diciembre de 2016, el gobernador Das Neves pidió juicio político para el juez Guido Otranto por no haber condenado a Facundo Jones Huala (lonko del Lof en Resistencia de Cushamen). “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”, refirió en relación a mapuches. Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó en un informe interno de agosto de 2016 a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar ninguna prueba. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconocía que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales y catalogaba los reclamos como “amenazas para la seguridad social”. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.

Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, cuestionó al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.

El 21 de junio pasado, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta, Neuquén), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.

La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

 

Peligro

“Ser indígena hoy es ser subversivo”, resumió con simpleza en una mateada Jeremías Chauque, mapuche, músico, productor de alimentos sanos (sin agrotóxicos). Y amplió: “Los indígenas no aceptamos el extractivismo. Nunca lo aceptaremos. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro”.

Facundo Jones Huala, desde la cárcel de Esquel, fue en línea similar: “El Pueblo Mapuche impulsa la reconstrucción de nuestro mundo, y la expulsión de extractivas del territorio. Como mapuches no podemos ser en tierras desbastadas, no podemos ser mapuche con pozos petroleros o con mineras. Necesitamos nuestra tierra sana, en equilibrio y armonía. Restablecer ese equilibrio es hoy revolucionario, es alterar el orden actual del capitalismo extractivo. Por eso los mapuches somos un problema para el poder”.

 

Disparen

Ante la desaparición de Santiago Maldonado, en el marco de una represión de Gendarmería Nacional el 1 de agosto, la ministra Patricia Bullrich apuntó contra las comunidades indígenas: “No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina. Esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista”.

La Sociedad Rural Argentina, impulsora de la Campaña del Desierto y parte de la última dictadura cívico-militar, aportó un comunicado: “Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del Sur” (en referencia a los mapuches).

La Confederación Mapuche de Neuquén le contestó a la Ministra de Seguridad: “La funcionaria Patricia Bullrich en sus declaraciones cargadas de desprecio racial e ignorancia, construye una verdadera ensalada de conceptos errados. Desconoce conceptos básicos de estados modernos y evolucionados que se asumen como Estados Plurinacionales. Nuestra condición de Nación Mapuche está basada en la preexistencia milenaria que reconoce la propia Constitución Argentina. Negar esta realidad es propia de los estados autoritarios y colonialistas que desconocen la diversidad”.

“Un estado plurinacional no depende del permiso de una funcionaria. Está relacionado a una existencia de miles de años, ante un estado moderno de solo dos siglos de existencia”, explicó la Confederación Mapuche y afirmó: “La plurinacionalidad no es una propuesta separatista ni excluyente. Por el contrario, es una herramienta para la unidad en la diversidad. Si los mapuches no asumiéramos nuestra nacionalidad, seríamos un pueblo sin historia y peor aún, seríamos un pueblo sin futuro”.

El Consejo Asesor Indígena (CAI), histórica organización mapuche de la Patagonia, también emitió un documento: “Repudiamos el accionar del Estado frente los hechos que han sucedidos (el Cushamen) y manifestamos nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia estatal y sus familias. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y responsabilizamos al Estado Nacional por la actual situación de militarización que sufren los pueblos originarios”.

 

“No queremos que la actitud de Estado y la sociedad frente a nosotros sea de represión, discriminación y racismo”, precisó la organización indígena. Recordó que el Pueblo Mapuche ha sufrido incendios, persecuciones judiciales y policiales, amenazas de muerte, acosos, allanamientos e intentos de desalojo. Y el CAI dejó una aclaración: “Mantenemos nuestros reclamo y la firmeza en nuestra lucha”.

¿Solución?

Una pregunta recurrente es por dónde pasa la solución. Y la respuesta indígena suele ser simple: “Que se respete la ley”.

Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Ley 26160 (freno a los desalojos), Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. La legislación vigente establece que los pueblos indígenas deben contar con “tierras aptas y suficientes” y que se debe realizar la “consulta libre, previa e informada” ante cualquier hecho que los pudiera afectar. Traducido: ninguna empresa extractiva puede ingresar a territorio indígena sin antes realizar todo un proceso de consulta (que puede llevar hasta años) con la comunidad.

De la mano de jueces y fiscales, esas leyes no se cumplen.

¿Por qué el incumplimiento? Porque es una política de Estado que atraviesa a todos los gobiernos: violar los derechos indígenas y beneficiar a petroleras, grandes estancieros, empresas del agronegocio y mineras.

http://www.lavaca.org/notas/que-hay-detras-de-la-campana-antimapuche-extractivismo-medios-y-un-genocidio-que-no-termina/
Fuente:
 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=230152

 

 

 Crisis civilizatoria

 

Es fundamental para la emancipación de los pueblos de Nuestra América destapar a los gobiernos progresistas como impulsores del extractivismo a favor exclusivo de la alianza de capitales y estados imperialistas con los locales. Han propulsado la destrucción de las condiciones de vida y trabajo que el capitalismo mundializado exige para su acumulación oligopólica de riquezas y poder. Quienes resisten esa devastación de los territorios están siendo criminalizados, asesinados y exterminados. Veamos qué sucede en Venezuela.

Venezuela: ¿Revertir los logros constitucionales de los pueblos indígenas?

Constituyente y re-colonización indígena: una respuesta a Luis Britto García

10 de agosto de 2017

Vemos con mucha preocupación este artículo por sus implicaciones, que van más allá de lo teórico, en la medida en la que plantea una serie de sospechas sobre los pueblos indígenas del país y el sentido de la lucha por sus derechos y territorios, asomando subrepticiamente una eventual criminalización de los mismos. Este planteamiento se produce en un contexto de políticas progresivas de flexibilización económica, relanzamiento e impulso de numerosos proyectos extractivistas, crecientes presiones del capital transnacional y cambios constitucionales en puerta.

Por Emiliano Teran Mantovani* y Francisco Javier Velasco Páez**

Hace algunos días, el reconocido intelectual venezolano Luis Britto García publicó el artículo ‘Constituciòn y Unidad Nacional’ (23 de julio, ver aquí) en el cual ofrecía su visión sobre la cuestión indígena en Venezuela, y su relación con el Estado, el territorio y los llamados “recursos naturales”. Vemos con mucha preocupación este artículo por sus implicaciones, que van más allá de lo teórico, en la medida en la que plantea una serie de sospechas sobre los pueblos indígenas del país y el sentido de la lucha por sus derechos y territorios, asomando subrepticiamente una eventual criminalización de los mismos. Este planteamiento se produce en un contexto de políticas progresivas de flexibilización económica, relanzamiento e impulso de numerosos proyectos extractivistas, crecientes presiones del capital transnacional y cambios constitucionales en puerta.

En el texto, Britto García plantea que existe una estrecha identidad entre las reivindicaciones de los pueblos originarios en toda América Latina, y diversos organismos de asistencia e intervención estadounidense (como el Indian Law Resource Center), que en teoría persiguen consolidar la autonomía de estos pueblos sobre sus territorios. A lo largo del artículo, el autor presenta casos en los que señala que las estrategias de movimientos indígenas latinoamericanos son tuteladas y dirigidas desde Washington, como sería el caso de los misquitos en Nicaragua, los mayas de Belice, los yanomami en la Amazonía y grupos similares en Ecuador. Su conclusión apunta a una generalización en la cual indica que “gran parte” de estos movimientos en toda la región estarían entonces bajo el paraguas de los financiamientos de los EEUU, siendo instrumentos pasivos para favorecer al imperialismo con el objetivo de afectar la soberanía y unidad de los Estados Nacionales y apropiarse de los recursos naturales de nuestros países.

Inspirado en esta sospecha, Luis Britto cuestiona la categorización de “pueblo” que la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV) le asigna a los indígenas debido a que supuestamente en los artículos 119 al 126, se le otorgarían a éstos derechos distintos y superiores respecto al resto de la población venezolana y se sentarían las bases para constituir numerosos Estados distintos del venezolano. En este sentido, el autor propone bajar de rango valorativo a los pueblos originarios, denominándolos ahora sólo como 'comunidades', al tiempo que sugiere se deje de usar el concepto de 'tierras' para hablar sólo de 'habitats'. Queda también claramente cuestionado para Britto el hecho que el Estado tenga que realizar consultas previas e informadas a los indígenas para poder ejecutar el aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación.

A nuestro juicio estos planteamientos están descontextualizados y son tendenciosos y miopes. 

·         En primer lugar, es falso que el reconocimiento de la existencia de diversos pueblos (en plural) en la Nación venezolana, dé cabida a supuestos derechos “superiores” de los indígenas y allane el camino a la posibilidad jurídica de afectación de la integridad territorial, debido a que la CRBV es bastante clara en su Artículo 126:

“Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional. El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional” (subrayado nuestro).

Si se revisa el conjunto de artículos del Capítulo VIII 'De los derechos de los pueblos indígenas', y se hace además hincapié en la explicita delimitación y aclaración que plantea el artículo 126, no queda claro en qué medida éstos supuestamente amenazarían la unidad de la nación.

·         En segundo lugar, los reclamos a una supuesta amenaza indígena tienen cierto toque de cinismo en la medida en la que, en la realidad concreta, estos derechos consagrados han sido sistemáticamente violados y son realmente escasas las conquistas que se han obtenido hasta la fecha. Más aún, no pocos problemas y conflictos se han suscitado en lo que concierne a la demarcación de tierras comunales, la consolidación de asentamientos y la ausencia de consultas previas. Luchas como la de los yukpas, liderada por Sabino Romero al precio de su vida; los actuales reclamos de diferentes pueblos indígenas de los estados Bolívar y Amazonas por la carencia de consultas para la realización del proyecto del Arco Minero del Orinoco, y por la urgencia de políticas efectivas contra el flagelo de la minería ilegal, son algunos ejemplos de los desmanes cometidos en contra de los derechos de los pobladores originarios venezolanos. De nada sirve preocuparse por “la actitud del gobierno estadounidense hacia los indígenas en su propio territorio”, si se escribe un artículo haciendo completo mutis en lo que respecta al drama de nuestros propios indígenas.

Así que, en vez de inquietarse por lo que establecen unos artículos que no se han cumplido, el profesor Britto García debería denunciar el incumplimiento de los mismos, debería investigar cuáles son las presiones que han obstaculizado su respeto fiel, para terminar perpetuando la situación de injusticia social y ambiental que secularmente ha afectado a los pobladores originarios.

·         En tercer lugar, Britto García apela a ejemplos foráneos para justificar el argumento de la potencial ‘amenaza independentista’ de los pueblos indígenas, cuando es importante dejar en claro que no hay indicio de movimiento separatista alguno en Venezuela que haya sido generado o que esté en gestación, teniendo a los indígenas como base social.

La contracara del problema planteado por Britto, que no es reflejada en su artículo, es el marco histórico de expoliación y exclusión permanentes que, a lo largo de varios siglos, han sufrido los pueblos originarios latinoamericanos y venezolanos. Es en esta perspectiva histórica que hay que entender las tensiones que generan en nuestros días los problemas de tierra y territorio que corresponden en justicia a cada uno de esos pueblos y comunidades, y que pueden ser precisamente la causa de un deseo de separación, tal y como ocurrió con los misquitos en la Nicaragua sandinista de los años 80, caso citado por el autor como ejemplo de sedición.

Cabe recordar que la cúpula sandinista, comenzando por el propio comandante Tomás Borge, admitió haber cometido lo que califican de graves errores al ignorar y considerar peyorativamente la cultura, las formas organizativas y socio-productivas propias de los misquitos y los afrodescendientes de la costa atlántica nicaragüense, lo que, conjuntamente con la represión desatada en su contra, propició la captación de un reducido sector de este pueblo por factores somocistas y contrarrevolucionarios. No obstante, es necesario señalar que, luego de llevar a cabo una autocrítica y con el concurso de expertos, se produjo una rectificación por parte de las autoridades sandinistas quienes reconocieron las molestias causadas a esa población y aceptaron la solución honrosa de la “Autonomía de la Costa Atlántica”.

Convertir a los pueblos indígenas en chivos expiatorios de las maniobras separatistas de grupos dominantes blancos y mestizos, que buscan imponer su perspectiva de clase y sus intereses para apropiarse de determinados recursos, es sumamente injusto y desvía la atención de las verdaderas causas que generan estos procesos.

·         En cuarto lugar, el reconocimiento de los indígenas como 'pueblos' es en cambio un logro histórico obtenido a partir de sus luchas y movilizaciones, consagrando el hecho de que, antes que ‘extranjeros’ o ‘marginales’, son los pobladores ancestrales de los territorios de nuestra actual República, y merecen el resarcimiento ante la discriminación y el despojo histórico del desarrollo capitalista/colonialista.

La propuesta de Britto García de eliminar constitucionalmente su condición de pueblos, reproduce el patrón colonial que ha intentado, racismo por medio, homogeneizar a los pueblos diversos, a las diversidades culturales que los constituyen, subsumiéndolos en la identidad nacional monocultural y generando permanentes procesos de etnocidio.

En su artículo, Britto confunde pueblo con Estado. En este sentido es necesario subrayar que el reconocimiento de los pueblos indígenas no tiene porqué apuntar a la conformación de nuevos Estados. El autor incluso parece obviar el importante debate sobre plurinacionalidad que, reconociendo la existencia de múltiples pueblos dentro de un mismo estado o constitución, nutrió los pilares ideológicos del ciclo progresista latinoamericano, del proyecto del Socialismo del Siglo XXI (también pensado como indoamericano) y de la idea del Buen Vivir.

En el territorio de Venezuela no hay pueblos que no formen parte de la venezolanidad, que es una y múltiple. Lejos de atentar contra la identidad nacional, el reconocimiento de los derechos culturales y materiales de los pueblos indígenas (que nunca deberían ser disminuidos sino mas bien aumentados) constituyen un componente fundamental para el enriquecimiento significativo y permanente de nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural. Britto García debería entonces sumarse al coro de voces que exige la consulta a todos los pueblos y comunidades que hacen vida en nuestro país cuando se trata de proyectos y megaproyectos negociados con grandes transnacionales que involucran recursos y elementos estratégicos relativos a la cesión de soberanía, la destrucción masiva de fuentes de agua, biodiversidad y suelos.

Los verdaderos riesgos de pérdida de soberanía y fragmentación del territorio nacional se asocian hoy en día a las políticas y proyectos extractivistas (como por ejemplo ocurre con el Arco Minero del Orinoco), que se insertan en la lógica y las prescripciones del proyecto regional COSIPLAN-IIIRSA. Como sabemos, dicho proyecto tiene como propósito la integración de los diversos territorios de América del Sur, con miras a facilitar el flujo de los ‘recursos naturales’ expoliados por el gran capital y el reforzamiento de la inserción subordinada de nuestros países en la globalización neoliberal.

·         En quinto lugar, con relación al asunto del poder político, Britto invoca a la razón de Estado. En este sentido, conviene recordar que los imperios coloniales y los Estados republicanos post-independencia surgieron en el marco de un antagonismo étnico territorial contra los pueblos y comunidades indígenas, contra sus matrices de vida y sus modos de convivencia. La reducción de la presencia indígena a un asunto geopolítico y de seguridad de Estado, tal y como lo hace Luis Britto, nos retrotrae a ese antagonismo anclado en el eurocentrismo.

La reivindicación cerrada de “la soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, sobre todo los del subsuelo, en la totalidad del territorio nacional”, orienta el argumento político-intelectual del autor hacia el interés y la gestión que realizan las élites administradoras del extractivismo y de la renta en el país, actores que, en coalición con el capital transnacional (sea estadounidense, chino, ruso, europeo, etc.) son los que a fin de cuentas deciden qué, cuánto, cuándo y dónde se extraen los apetecidos “recursos naturales” para el mercado mundial.

La postura de Britto implica pues, un posicionamiento preferencial ante ese antagonismo étnico territorial que se desarrolla contra los pueblos y comunidades indígenas durante estos procesos de expansión de la apropiación de la naturaleza. De ahí que desestime y desvalorice claramente la consulta previa a los indígenas. Y ante la supremacía de esta potestad estatal, no son sólo los pueblos originarios quienes se ven desarmados, sino también cualquier experiencia territorial (tales como experiencias comunales, productivas y comunitarias) que se pudieran oponer a cualquiera de estos proyectos, a pesar de que en la CRBV estén contempladas las consultas populares y abiertas (arts. 70 y 299).

En nombre del “pueblo” y el “desarrollo” de la Nación se ha justificado históricamente y en abstracto esta soberana potestad del Estado de explotar los recursos naturales, clausurando además las posibilidades de otras gestiones del territorio y de alternativas económicas. Ya son harto conocidos los resultados que han dejado estos modelos de desarrollo en América Latina (pobreza, exclusión, destrucción ambiental y dependencia). Dichos resultados han motivado históricamente la crítica y las reivindicaciones políticas de diversas expresiones de la izquierda en la región, incluso en el marco de la reciente experiencia de los progresismos. En este período político de los últimos lustros, aunque se produjo una más justa distribución de las rentas, se agudizó notablemente la agresión a los pueblos indígenas, a los territorios y los ecosistemas, profundizando la dependencia de nuestros países al modelo primario exportador y haciéndonos finalmente más vulnerables en el plano internacional ante los efectos de la actual crisis económica global.

·         En sexto y último lugar, es preciso reconocer que, renunciando a cualquier pretensión de idealizar a los pueblos indígenas, éstos no sólo constituyen una parte esencial de la venezolanidad, sino que también encarnan modos de vida y saberes de los cuales podríamos aprender para construir alternativas al modelo capitalista rentista y al propio modelo civilizatorio. A pesar de las numerosas agresiones culturales y físicas a las que son sometidos aún en la actualidad, los pueblos indígenas venezolanos son los principales defensores de las aguas y la biodiversidad del país, notablemente amenazadas por las lógicas depredadoras del desarrollismo y las prácticas de apropiación informal sumamente dañinas. En este orden de ideas, antes que amenazas y potenciales conspiradores, nuestros pueblos originarios constituyen un factor fundamental que puede contribuir medularmente para salir de la crisis profunda que vive la sociedad venezolana en la actualidad. Es por ello que reivindicamos la consigna ‘Sabino marca el camino’.

A nuestro juicio, el artículo de Luis Britto García no cae en saco roto. Cada texto tiene su contexto y se incorpora a campos en disputa sobre sujetos, saberes, territorios, valoraciones, derechos y dignidades. Múltiples prejuicios y apetencias subyacen detrás de la negación de los derechos de los pueblos indígenas. Intereses de transnacionales mineras, petroleras, madereras, entre otras; a los que se suman en su acción etnocida y ecocida mineros artesanales –por lo general ilegales–; las élites burocráticas de los Estados que formalizan y legitiman esta lógica de despojo, extracción y saqueo; todo ello con el concurso de los aparatos argumentales de intelectuales orgánicos que apuntalan estos procesos.

El texto de Britto García parece útil para terminar de neutralizar el ya frágil y carcomido derecho indígena, lo que generaría un desplazamiento jurídico para finalmente allanar el camino de impulso a la mega-minería en el Arco Minero del Orinoco y otra serie de proyectos, ahora de la mano de una mayor participación e incidencia de las compañías transnacionales, como se evidencia en el nuevo esquema de negocios propuesto por el Gobierno nacional. Visto así, el artículo contribuye sobre todo a eso que el intelectual mexicano Pablo González Casanova denominó hace ya un tiempo “colonialismo interno”.

Para finalizar, preocupa la clara advertencia que hace Britto García a quienes puedan oponerse a la tesis por él planteada: quien no esté de acuerdo con este planteamiento es un secesionista, por lo que “todo el que quiera dividirnos es nuestro enemigo”.

Caracas, agosto de 2017

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la UCV, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y es promotor del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

**Francisco Javier Velasco Páez es antropólogo de la UCV y ecólogo social, con especialización en Ecodesarrollo de la Universidad de Montreal, master en Planificación Urbana y Regional mención Ambiente en la Universidad Mc Gill y doctor en Estudios del Desarrollo del Cendes. Profesor e investigador. Miembro de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco.

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En consecuencia, es crucial para la emancipación del capitalismo imperialismo de nuestros pueblos que nosotros, la diversidad de abajo, reflexionemos sobre:

Venezuela, el Estado y el poder
Cuando la izquierda es el problema

Abril  de 2017

Por Raúl Zibechi
Brecha

Estamos ante una lucha entre una burguesía conservadora venezolana que fue apartada del control del aparato estatal y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de acumulación.

Lo que está sucediendo en Venezuela no tiene la menor relación con una "revolución" o con el "socialismo", ni con la "defensa de la democracia", ni siquiera con la manida "reducción de la pobreza", por desgranar los argumentos que se manejan a diestra y siniestra. Podría mentarse "petróleo", y estaríamos más cerca. Pero los hechos indican otras inflexiones.

Estamos ante una lucha sin cuartel entre una burguesía conservadora que fue apartada del control del aparato estatal, aunque mantiene lazos con el Estado actual, y una burguesía emergente que utiliza el Estado como palanca de "acumulación originaria".

No es la primera vez que esto sucede en nuestras breves historias. Las guerras de independencia fueron eso: la lucha entre los decadentes "godos" (peninsulares monárquicos) y la emergente oligarquía "criolla" que utilizó el control del aparato estatal para legalizar la usurpación de tierras de los pueblos originarios. Los segundos se apoyaban en las potencias coloniales británica y francesa que competían con la decadente España por el control de las colonias independizadas, con la misma lógica de los progresismos que se apoyan en China, incluyendo conservadores como Macri, frente a la imparable decadencia estadounidense.

La débil burguesía criolla se montó en la movilización de los pueblos (indios, negros y sectores populares) para derrotar a los poderosos peninsulares. Concedió la emancipación de los esclavos con los mismos objetivos que hoy la nueva burguesía aplica políticas sociales que reducen la pobreza: en ambos casos los de abajo siguen estando en el sótano como mano de obra barata, sin haberse movido un ápice del lugar estructural que ocupan.

Nuevas élites

Las nuevas elites venezolanas, lo que popularmente se denomina "boliburguesía", son una mixtura de altos funcionarios de empresas públicas y del aparato estatal, militares de alta graduación y algunos empresarios enriquecidos a la sombra de las instituciones. Gestores incrustados en el aparato estatal. Por eso se resisten a perder poder, ya que todo el entramado se les vendría abajo.

Algunos ya consiguieron transformar la renta apropiada en propiedad privada. Pero una buena parte está aún en ese proceso. Por eso el sociólogo brasileño Ruy Braga denomina a los gestores sindicales de los fondos de pensiones de su país, la nueva clase emergente, como parte de una "hegemonía frágil".

Roland Denis sostiene que en su país gobiernan las mafias: "Maduro podrá tener la mejor voluntad pero se ha impuesto un lobby muy fuerte de mafias internas del gobierno" (La Razón, 27-XII-17). El filósofo y ex viceministro de Planificación y Desarrollo (2002-2003) asegura que varias de estas mafias son banqueras y otras vienen de viejos grupos de "chupa-renta petrolera" instalados desde hace muchos años.

Le pega duro a los "intelectuales" que encubren las matufias del poder. "Con un lenguaje de izquierda justifican una política que sólo ha favorecido a banqueros, grandes importadores, cadenas monopólicas y trasnacionales. A su vez, es una política que mediante la imposición de precios y corporaciones ha destruido al pequeño productor de azúcar y café para beneficiar a los importadores. Mientras tanto, los paquetes de Café Venezuela que vienen en las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción (Clap) sólo sirven para confundir a incautos."

La otra mirada, la chavista-madurista que culpa de todo a otros, es la que esboza Marta Harnecker: "El tiempo histórico está a nuestro favor. Lo que nos ayuda en esta lucha contra las fuerzas conservadoras es que el tipo de sociedad que proponemos, y que estamos empezando a construir, responde objetivamente al interés de la inmensa mayoría de la población, en contraste con las fuerzas conservadoras que sólo benefician a las elites" (Rebelión, 4-IV-17).

Misma urdimbre

A la luz de lo sucedido en la región en las dos últimas décadas podemos arribar a una redefinición del concepto de izquierda: es la fuerza política que lucha por el poder, apoyándose en los sectores populares, para incrustar sus cuadros en las instituciones que, con los años y el control de los mecanismos de decisión, se convierten en una nueva elite que puede desplazar a las anteriores, negociar con ellas o fusionarse. O combinaciones de las tres.

La izquierda es parte del problema, ya no la solución. Porque, en rigor, aunque ahora empiecen los deslindes, los progresismos son hechuras de la misma urdimbre. Miremos al PT de Lula. Niegan la corrupción que es evidente desde hace una década, cuando Frei Betto escribió La mosca azul luego de renunciar a su cargo en el primer gobierno Lula, cuando se destapó el escándalo del mensalao: "La picada de la mosca azul inocula en las personas dosis concentradas de ambición por el poder. Las personas, entonces, son más receptoras al veneno de la mosca cuando viven situaciones en las cuales disponen, de hecho, de posibilidades más concretas de ejercer un poder mayor. Esto es, cuando las condiciones objetivas son favorables a los impulsos que están siendo estimulados en el plano subjetivo".

¿Qué tipo de personas (militantes, activistas, dirigentes) surgirían en un proyecto político que no se proponga tomar el poder? Esta pregunta se la formularon, palabras más o menos, los zapatistas hace ya cierto tiempo. ¿Cómo le llamaríamos a una fuerza que se proponga, "apenas", transformar la sociedad desde la vida cotidiana?

No lo sabemos porque el imaginario construido durante dos siglos apunta en dirección al poder estatal. Como si lo que hubiera que transformar fuera algo externo y no pasara, en primerísimo lugar, por las mismas personas que se dicen militantes. Lo que sí sabemos es que la izquierda realmente existente se ha convertido en un obstáculo para que las mayorías se hagan cargo de sus vidas. La polarización derecha-izquierda es falsa, no explica casi nada de lo que viene sucediendo en el mundo. Pero lo peor es que la izquierda se ha vuelto simétrica de la derecha en un punto clave: la obsesión por el poder.
http://brecha.com.uy/cuando-la-izquierda-problema/
Fuente: http://www.lafogata.org/zibechi2017/04/raul.20.1.htm

 

 

Nos urge a la diversidad de abajo de Nuestra América:

 

 

 

Debatir Venezuela para re-imaginar el socialismo del Siglo XXI

8 de agosto de 2017

Por Horacio Machado Aráoz (Rebelión)

Notas preliminares

“La crítica ha arrancado las flores imaginarias de la cadena, no para que el hombre siga soportando esa cadena sin fantasía ni consuelo, sino para que se arranque la cadena y recoja la flor viviente.” (Karl Marx)

La circulación de un comunicado internacional [1] que apoyamos sobre la crítica situación venezolana ha desencadenado una andanada de reacciones y polémicas al interior (del heterogéneo campo) de la izquierda. Lamentablemente, a pesar de que se invitaba a abrir un debate para “mirar a Venezuela más allá de la polarización”, el sentido mayoritario de las contestaciones se hizo eco del maniqueísmo y la lógica binaria que domina la escena trágica de la cotidianeidad venezolana. Más que analizar y debatir a fondo las condiciones, factores y procesos que condujeron a semejante crisis, muchas respuestas se arrogaron la tarea de dirimir quiénes están en el “lado correcto”, de la “verdadera izquierda”, y quiénes habrían cruzado la raya hacia el lado del “error” o la “defección”.

 

Absolutamente ajenos a cualquier pretensión de ser “portadores de la verdad”, estas líneas no quieren ser la prolongación de una polémica vacía y estéril sobre la propiedad de la “razón” o de las interpretaciones y posiciones políticas “correctas” sobre el caso venezolano. Tampoco nos interesa defender (ni atacar) la reputación intelectual y/o política de quienes toman una u otra postura. Esa vía resulta completamente banal e inconducente. En esa dirección, la descalificación (a las personas), sustituye a la argumentación (sobre los procesos) y se soslaya el foco de la cuestión. Porque, de lo que se trata no es de juicios sobre individuos, sino de procesos políticos y sujetos históricos (en continua reconfiguración).

 

En ese sentido, nos parece fundamental volver el debate sobre los alcances y límites del proyecto bolivariano [2]. 

Precisamente por tratarse del caso que con mayor convicción y decisión política ha encarado el desafío de un cambio revolucionario en estos tiempos, por ser el proceso que con mayor radicalidad ha trazado sus políticas y objetivos; en fin, por ser el único que se planteó explícitamente el desafío de construir el socialismo del siglo XXI (no sólo dentro del concierto de los gobiernos progresistas en América Latina, sino en el mundo), es que urge repensar Venezuela; tener el coraje de ver la génesis y el devenir del proceso bolivariano con honestidad intelectual y compromiso histórico, para procurar entender cómo y por qué desembocó en la dramática situación en la que hoy se encuentran el pueblo venezolano y el proceso bolivariano mismo.

 

Nos parece fundamental tener la capacidad para entablar un diálogo al interior de las fuerzas y sujetos comprometidos con el cambio revolucionario, que nos ayude a elucidar cómo y por qué el proyecto más radical acabó en la crisis aparentemente terminal en la que hoy se encuentra. Decir que estamos hoy ante un gobierno “revolucionario”; sostener que la crisis que atraviesa es consecuencia exclusiva del “asedio del imperialismo”, no resulta una descripción empíricamente sostenible, ni una explicación consistente, acorde a la complejidad de los hechos.

 

Interpelados por el carácter histórico disruptivo del proceso bolivariano, profundamente comprometidos con sus aspiraciones y potencialidades revolucionarias, pero también conmovidos por las intensas y complejas contradicciones que lo atraviesan, creemos que nuestro desafío pasa por ser capaces de realizar los aprendizajes históricos que semejante experiencia nos puede brindar a fin de revisar y reformular los sentidos a futuro de nuestras luchas emancipatorias. En esa dirección, con ese espíritu, proponemos algunas cuestiones preliminares a debatir.

 

1.- La crítica (¿inconveniente o imprescindible?)

1. 1.- El “Llamado internacional urgente a detener la escalada de violencia en Venezuela” que en su momento firmamos, es eso: un llamado a la reflexión, no una “acusación”. Es una apelación fraterna al ejercicio de la crítica como pedagogía política, y como insumo indispensable de todo proceso revolucionario. Su contenido es, en sí, un ejercicio autónomo y colectivo de la crítica, que no pretende hablar en nombre de otra/os, ni arrogarse la representación de nadie; mucho menos, hablar desde ninguna presunta superioridad epistémica. Y sí, en efecto, es un llamado crítico que está explícitamente dirigido a revisar el apoyo incondicional y la defensa sin reservas, que diferentes actores y sectores del campo popular en nombre de “la revolución” y de “la izquierda” (ahora, la “verdadera izquierda”), vienen prestando al gobierno de Venezuela, así concebido como propietario monopólico del “proceso bolivariano”.

 

1. 2.- Si las cargas de la crítica están puestas sobre los actuales conductores del Estado y del gobierno venezolano, no es porque ignoremos, minimicemos ni mucho menos pretendamos desconsiderar la responsabilidad política que le cabe a las fuerzas reaccionarias intervinientes, sino precisamente porque ello da cuenta de con quiénes procuramos dialogar y en quiénes recae la responsabilidad estatal de contener y desactivar la escalada de violencia y la militarización de la política en curso. Si nuestro llamado a la reflexión apunta centralmente a todas las fuerzas sociales y políticas que en general apoyan al proceso bolivariano, es porque allí tenemos depositadas nuestras genuinas esperanzas. En y a través del ejercicio de la crítica que reivindicamos, buscamos, no el derrumbe de dicho proceso, sino su re-encauzamiento y profundización.

 

1. 3.- Nos parece fundamental discutir la idea de que defender el proceso revolucionario implica suprimir toda crítica al Gobierno venezolano, a sus políticas y a sus conductores. No toda crítica puede ser des-calificada como sinónimo de “traición”, “resabio burgués”, de “hacerle el juego a la derecha” o ser “funcional al imperialismo”. Para muchos sectores de la izquierda, ésta parece ser una premisa indiscutible. Nosotros, en cambio, pensamos que esto forma parte del catálogo de los más gravosos yerros históricos de la izquierda, asociados más al estalinismo que al socialismo que queremos y necesitamos para el siglo XXI [3].

 

1. 4.- Algunos, reconociendo la pertinencia argumental de las críticas, las rechazan sin embargo por inoportunas; “aún siendo válidas, en esta coyuntura, terminan alentando el triunfo de la derecha”, se dice. Pero es necesario preguntarse si es la crítica lo que debilita al proceso bolivariano, o si es su silenciamiento lo que está contribuyendo a su desmoronamiento. Hoy, efectivamente, las fuerzas de la derecha y los ataques pro-imperialistas son más virulentos que siempre. Pero, si la derecha se ha hecho más fuerte y más peligrosa no ha sido, creemos, por los aciertos y los avances del proceso revolucionario sino, por el contrario, por su involución y por los impases que hoy lo estancan. Los problemas están ahí; siguen ahí: el rentismo petrolero, una élite racista cuyas bases de poder no han sido horadadas, la dependencia alimentaria del país y el déficit alimentario y sanitario de los sectores populares, el deterioro de los bienes y servicios públicos, incluso de la ética pública y la valoración social de lo público, ni qué hablar de lo comunal/comunitario… Es necesario, entonces, pensar los límites, procurar sacarlos a la luz y debatirlos; no acallarlos ni ocultarlos. Eso, seguro, no nos lleva a ningún buen lugar, ni buen futuro.

 

1. 5.- Las izquierdas –conviene recordarlo- han cifrado siempre sus esperanzas históricas en las potentes armas de la crítica. Para las fuerzas emancipatorias en general, la crítica es pedagogía política del oprimido/a; es espacio de aprendizaje histórico de quienes luchan por su propia auto-emancipación. Desde esa postura, no hay proceso revolucionario sin un continuo proceso de educación popular, que significa aprender haciendo, construir conocimientos colectivos desde y para la liberación a partir de la continua deconstrucción y resignificación de sujetos, prácticas y procesos. Sin auto-crítica, no hay educación popular; sin educación popular, no hay cambio revolucionario.

 

 

2.- La derecha, golpista, pro-imperialista… y funcional al gobierno.

2. 1.- La caótica situación del pueblo venezolano es en gran medida agravada por violentas e ilegales maniobras de desestabilización agenciadas por sectores oligárquicos internos en alianza con fuerzas pro-imperialistas norteamericanas. Estos sectores se ven y actúan como los principales beneficiarios de la crisis. La aprovechan no sólo para desestabilizar al gobierno, sino para hundirlo cada vez más en el descrédito y la deslegitimación. Cuanto más degradada salga la imagen del gobierno y cuanto peor sean las condiciones de la crisis, mayor será el margen de maniobra económico y político y hasta el nivel de impunidad ideológico y jurídico que heredará el próximo gobierno. Cualquier escenario que otorgue a estos sectores el control del Estado signará una gravosa derrota que repercutirá larga e imprevisiblemente sobre los sectores populares y las aspiraciones emancipatorias en el país, en la región y a nivel global. Nadie que honestamente se diga “de izquierda” puede alentar esa “salida”. Sobre esto no cabe la menor duda y nunca estuvo en discusión.

 

2. 2.- Las expresiones extremas de la derecha -presentes y activas en Venezuela y en toda Nuestra América -, lo sabemos, condensa lo peor del poder reaccionario que históricamente ha urdido este mundo de muerte; son una clase minoritaria que ha construido su reducto de privilegios a costa de la mundialización de la violencia ecocida, racista, clasista, patriarcal. Con ella, aliada histórica del imperialismo norteamericano, no hay condiciones de diálogo, ni nos despierta ninguna ingenua expectativa política, excepto lograr avanzar en la erosión y deconstrucción de las condiciones económicas, sociales y políticas que la hicieron posible. Frente a ellas, en todo caso, se activa el complejo dilema freireano/fanoniano del genuino cambio revolucionario: de cómo transformar las condiciones estructurales de la opresión histórica que encarnan, sin que esto signifique o desemboque en un simple cambio de posiciones y roles entre opresores y oprimidos.

 

2. 3.- Esa derecha extrema, golpista y pro-imperialista, constituye tanto una amenaza real como un ficticio salvoconducto al que el gobierno venezolano se empeña en aferrarse como el único reducto restante para (auto)representarse y pretender legitimarse como lo que evidentemente ya no es: un gobierno popular, de izquierda y (menos que menos) socialista. Los planes de la derecha golpista son, hoy por hoy, el único argumento en pie al que apela el oficialismo de izquierda para seguir soslayando los graves problemas de corrupción, ineptitud, autoritarismo, violación del orden constitucional y las propias políticas económicas regresivas que el gobierno de Maduro ha venido implementando, en el marco de la grave crisis generalizada (económica, social, política e institucional) que atraviesa al pueblo venezolano. Así, quienes son objetivamente el peor enemigo de los intereses populares, funcionan también, paradójicamente, como el principal aliado coyuntural del actual gobierno y sus defensores.

 

2. 4.- El gobierno venezolano y lo que llamamos la “izquierda oficialista” justamente por abroquelarse en la defensa ciega e irrestricta de cualesquiera de las medidas y políticas del mismo (actitud que hacen extensiva a los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, y de la “revolución ciudadana” en Ecuador), adjudican al golpismo de derecha y al imperialismo (definido en clave exclusivamente norteamericana), el origen y el fondo de los graves problemas sociales que afectan al pueblo venezolano, y de la crisis política que atraviesan los ‘gobiernos progresistas’ en general, en la región.

 

Se niegan así a reconocer en qué medida la crisis es también, en buena medida, producto de las políticas gubernamentales aplicadas y hasta qué punto son los propios gobiernos y sus políticas en curso quienes están obturando las posibilidades transformativas y, al contrario, alimentando las salidas más reaccionarias . Si en los casos de Bolivia y Ecuador no se ha llegado una situación crítica comparable, en el caso de Venezuela no se puede desconocer que ya no sólo estamos ante un escenario donde el propio Gobierno ha venido aplicando medidas abiertamente neoliberales y represivas [4] , sino donde se ha ingresado a un estado tal de descomposición del tejido social y deterioro de la vida colectiva que se hace ya prácticamente insostenible y que, hoy por hoy, es el principal caldo de cultivo de las expresiones más extremas y reaccionarias de la derecha [5] .

 

2. 5.- Nos parece imprescindible reconocer que las fuerzas de extrema derecha no engloban (ni mucho menos!) a toda la oposición movilizada contra el actual gobierno, de la misma manera que no se puede confundir el proceso bolivariano en general con el gobierno, ni atribuir su legítimo monopolio a quienes hoy detentan el control del Estado. El binarismo maniqueo con que la izquierda oficialista mira la coyuntura política venezolana no sólo supone una burda distorsión de un escenario político más complejo, sino que además termina invisibilizando temas, sujetos y procesos que están por afuera de esa polaridad hegemónica construida, únicamente funcional a los sectores más regresivos dentro de la oposición y del gobierno[6] . Pareciera cada vez más evidente que la violencia política del actual escenario venezolano corresponde menos a una lucha de clases que a la una mera confrontación entre élites por el control de la renta petrolera [7].

 

2. 6.- En particular, no se puede ignorar que fuerzas cada vez más numerosas del chavismo en particular y de la izquierda en general, así como líderes chavistas altamente representativa/os, entre ella/os, ex ministra/os y alta/os funcionaria/os de los anteriores gobiernos de Chávez han venido reaccionando críticamente ante los extravíos del rumbo político del Gobierno de Maduro y su entorno. Se trata de fuerzas políticas pro-chavistas que están afuera del gobierno, trabajando en la construcción de alternativas a la polarización de élites extremistas que domina la coyuntura política. Fundamentalmente, se trata de actores y procesos colectivos que procuran construir alternativas de re-encauzamiento, recuperación y profundización de las transformaciones revolucionarias que inició el chavismo, y no su implosión.

 

3.- La democracia (mero fetichismo burgués o piso mínimo del socialismo?).

3. 1.- La escalada de violencia que hoy se cierne sobre la sociedad venezolana brota de un círculo perverso de hegemonía bipolar montado entre extrema derecha e ‘izquierda’ oficialista, que se retroalimenta recíprocamente llevándose por delante, como un torbellino, las fuerzas y posibilidades de una salida democrática y pacífica de la crisis, a esta altura cada vez más remota. Si a la derecha la democracia nunca le importó realmente, para ciertos sectores de la izquierda oficialista pareciera ser una condición accesoria, prescindente y/o sacrificable en pos de las coyunturas políticas. Tal parece ser la clave de lectura aplicada al gobierno venezolano.

 

3. 2.- Empeñado en considerarlo el demiurgo exclusivo del ‘proceso revolucionario’, el oficialismo de izquierda soslaya las graves violaciones de derechos constitucionales y la deriva autoritaria del gobierno de Maduro. Apelando a una retórica de “lucha de clases” y de “guerra defensiva contra la agresión imperialista”, instituye una suerte de lógica política maquiavélica desde la cual se afirma que “todo vale” cuando se trata de “salvar el proceso revolucionario”. Se confunde claridad ideológica con apoyo incondicional. Y desde esa mirada, toda oposición es expresión de la derecha, o funcional a ella. Abierta o soterradamente, en la escalada de la crisis, se instala una razón de estado jacobina, que deposita la tarea de la “defensa de la revolución bolivariana” en el Estado y más precisamente, en las élites militares y del PSUV que detentan hoy su control. De ese modo, lejos de dar lugar a una apertura de mayor participación popular y a hacer del pueblo organizado el principal bastión de defensa, estamos asistiendo a un proceso de concentración burocrático-militar y autoritarismo, que en definitiva, resulta funcional a los planes e intereses de las derechas más extremas.

 

3. 3.- Al equiparar la actual crisis política con el intento del golpe de Estado a Chávez en el 2002, la izquierda oficialista omite una diferencia fundamental: la contundente movilización popular que la hizo fracasar. Entre muchas, la diferencia determinante que separa a los gobiernos de Chávez respecto del actual gobierno de Maduro, es el abrumador apoyo en las urnas que tenía aquel y que éste ha perdido. Le guste o no a quien sea, la legitimidad política de Chávez estaba monolíticamente construida y acorazada sobre amplias mayorías electorales. El gobierno de Maduro no sólo no puede exhibir semejante argumento, sino que, desde la dura derrota electoral sufrida en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, ha incurrido en crecientes violaciones a la Constitución bolivariana con el objeto de seguir gobernando unilateralmente, incluso con un índice de apoyo extremadamente bajo. No sólo ha violentado los procedimientos de renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, se han aprobado leyes orgánicas sin el concurso de la Asamblea Legislativa, y se ha impedido la realización de un referéndum revocatorio (un mecanismo constitucional de democracia participativa, impulsado por amplios sectores sociales y políticos), sino que además, se han suspendido sin fecha las elecciones a gobernador que debieron realizarse en el 2016. En definitiva, desde la estrepitosa derrota electoral en 2015, no hay elecciones en Venezuela; el gobierno ha bloqueado ese elemental instrumento constitucional por el mero hecho manifiesto de que no está en condiciones de obtener siquiera un resultado decoroso.

 

3. 4.- Es claro que la democracia no se reduce a lo electoral; pero sin elecciones no hay democracia. En este sentido, nuestro llamado a respetar y defender la vigencia elemental de los derechos humanos y de las condiciones procedimentales mínimas de un Estado de Derecho, no tienen nada que ver con fetichismo burgués; la reivindicación de las condiciones y el carácter democrático de los procesos políticos, de ninguna manera suponen la idealización de la institucionalidad liberal, sino todo lo contrario: trascender revolucionariamente los límites de la “democracia representativa” supone no borrar o violentar esos mínimos, sino ir más allá de ellos. El rechazo al autoritarismo y la defensa de los Derechos Humanos no pueden ser asimilados a una postura “liberal-burguesa”; son parte de las banderas fundamentales de nuestros pueblos en su histórica lucha contra el colonialismo (externo e interno) y el imperialismo, la opresión de clase, racial y de género. El compromiso con la democracia que demandamos en nuestro comunicado se refiere, sí, a la de elecciones libres y periódicas, pero no exclusivamente a eso: hablamos explícitamente de “democracia participativa”, “democracia igualitaria”, “ciudadanos en las calles”, “ampliación de las arenas públicas para la toma colectiva y comunitaria de las decisiones” y “ampliación de la frontera de derechos en pos de una sociedad más justa”. Me pregunto, ¿será posible que en el siglo XXI volvamos a recaer y reivindicar los crasos errores de las fallidas experiencias del socialismo realmente (in)existente del siglo pasado? ¿No ha remarcado el propio Comandante Chávez que lo democrático debiera ser un aspecto irrenunciable y distintivo del socialismo del siglo XXI?

 

3. 5.- El flagrante autoritarismo del actual gobierno venezolano no significa que sea un gobierno ni fuerte, ni mucho menos monolítico. Al contrario, se trata de un gobierno claramente débil y fragmentado, incapaz de generar amplios consensos sociales y de procesar democráticamente las disidencias. El oficialismo de izquierda sigue pensando la revolución desde el poder del Estado; cree que la suerte de la revolución se juega en el mantenimiento del gobierno, y por ello se aferran a él, por cualquier medio y a toda costa. La lucha contra la arbitrariedad, los abusos de poder, las violaciones a derechos civiles y políticos básicos, la importancia del pluralismo el respeto por la diversidad y el diálogo como medio de construcción política, no son banderas del liberalismo; las entendemos como condiciones indispensables para cualquier proceso político que se pretenda emancipatorio. De otro modo, no se ve cómo afrontar de modo creativo y superador los complejos desafíos de la construcción del poder popular a partir de un campo de opresiones múltiples, estructuralmente heterogéneo, que demanda aprender a conjugar la diversidad y complementariedad de las luchas; no a regresar a viejos dogmatismos como la apelación al rol esclarecido de “vanguardias” y dictaduras del proletariado.

 

Más allá de estos aspectos cruciales, la lamentable deriva de crisis generalizada y autoritarismo que signa la trayectoria del gobierno venezolano en los últimos años pone de manifiesto problemas de fondo en la concepción del proceso revolucionario; problemas que no se circunscriben a los yerros del gobierno de Maduro, ni sólo al proceso bolivariano, sino que afectan al conjunto de las experiencias gubernamentales del ciclo progresista. Esos problemas de fondo, tienen que ver, a nuestro entender, con creer que superar el neoliberalismo era simplemente cuestión de volver al keynesianismo; con reducir el imperialismo a una cuestión de agresión externa, y básicamente norteamericana; en fin, con haber pensado que era posible construir una sociedad más justa, más igualitaria y democrática sobre la base de la profundización del extractivismo.

 

Esos problemas, la dificultad para verlos como obstáculos insalvables en los procesos emancipatorios, expresan sintomáticamente el sesgo colonial de la mirada progresista. Permiten comprender el camino trunco dejado por los gobiernos que asumieron ese ideario y también el por qué del sabor amargo, del malestar de resaca social dejado tras el fin de ciclo. Por eso mismo, discutirlos como tales, como límites, es una condición necesaria para reinventar la idea de revolución; para re-imaginar y re-dimensionar la naturaleza y magnitud de los cambios que precisamos hacer en dirección a la construcción del socialismo del siglo XXI.

 

A inicios del siglo XXI, las cadenas que subyugan al pueblo nuestroamericano se revistieron (una vez más) de las flores propias de la fantasía colonial (neo)desarrollista… Ahora que esas flores están marchitas, debemos volver a lidiar con la cadena misma…. En Nuestramérica, la América indígena, campesina, afrodescendiente, mestiza, favelada, el nombre de esa cadena bien podría ser resumido bajo el de “regímenes extractivistas” . En el caso venezolano, el problema no es, a nuestro modo de ver, el “régimen de Maduro”, ni el del “chavismo como régimen”; el problema es justamente cómo el chavismo en el Estado terminó profundizando y ampliando el viejo régimen del extractivismo petrolero.

 

[1] Nos referimos al “Llamado Internacional urgente a detener la escalada de violencia en Venezuela. Mirar a Venezuela, más allá de la polarización”.( http://llamadointernacionalvenezuela.blogspot.com.ar/2017/05/llamado-internacional-urgente-detener_30.html ). Ese comunicado ha provocado varias contestaciones, más que críticas, diría descalificatorias, entre ellas, un “contra-comunicado” también colectivo titulado “¿Quién acusará a los acusadores? Respuesta a la solicitada de intelectuales contra el proceso bolivariano de Venezuela” (http://contrahegemoniaweb.com.ar/quien-acusara-a-los-acusadores-respuesta-a-la-solicitada-de-intelectuales-contra-el-proceso-bolivariano-de-venezuela/ ).

[2] Cuando este escrito (y su segunda parte) ya estaba prácticamente terminado, se publicó un dossier editado por Daniel Chávez, Hernán Ouviña y Mabel Thwaites Rey (“Venezuela. Debates urgentes desde el Sur”, disponible en: https://www.tni.org/files/publication-downloads/venezuela-sur.pdf ) en el que intervienen varia/os firmantes de los comunicados arriba mencionados. Afortunadamente, ese texto se aleja del tipo y estilo de confrontación que se vino dando y se centra en lo que justamente reclamamos en estas líneas. Por mi parte, destaco que en esa publicación muchos de quienes firmaron el segundo comunicado hacen críticas al proceso bolivariano y al actual gobierno venezolano muy en sintonía con las preocupaciones que motivaron nuestra comunicación inicial.

[3] Una lacónica reflexión de Marcelo Pereira, nos parece sumamente apropiada al respecto: “Las izquierdas ya deberían haber aprendido, tras numerosas lecciones desde el siglo pasado, que el criterio de defender todo lo que sea atacado por la derecha –o, peor, la idea de que algo debe ser defendido porque la derecha lo ataca– es una pésima brújula para quienes quieren rumbear hacia relaciones sociales más libres y más justas. Pero parece que todavía no lo aprendieron.” (Resaltado en el original. http://nuso.org/articulo/las-izquierdas-latinoamericanas-y-la-cuestion-de-venezuela/ ).

[4] Las medidas de política económica aplicadas por el gobierno de Maduro ante la crisis económica desencadenada por la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo (producto que representa el 96 % de las exportaciones del país) han sido abiertamente regresivas para los procesos que venían en marcha, combinando un agravamiento del endeudamiento externo, la liberalización y apertura al capital transnacional, y la profundización del extractivismo, ahora extendido a la explotación a gran escala de yacimientos minerales. La creación de Zonas Económicas Especiales con grandes incentivos fiscales y desregulaciones a favor del capital transnacional, el Decreto presidencial de creación del “Arco Minero del Orinoco” y la firma de acuerdos con empresas mineras extranjeras para su explotación, poniendo en suspensión hasta la propia normativa constitucional en una zona de 112.000 km2, así como los enormes volúmenes de drenaje de divisas tanto por el pago de los servicios de la deuda externa como por mecanismos de corrupción en el manejo del comercio exterior, completamente controlado por el Estado, son algunos de los más graves e inobjetables ejemplos de este giro hacia un “neoliberalismo mutante” (la expresión es de Emiliano Terán Mantovani) encarado por el Gobierno.

[5] Entre de la gran cantidad de diagnósticos y análisis sobre el actual escenario sociopolítico y económico venezolano tomamos como referencia y sustento de nuestras reflexiones dos textos que a nuestro entender sintetizan con claridad y profundidad la naturaleza, complejidad y gravedad de la crisis, a saber: “La implosión de la Venezuela rentista”, de Edgardo Lander (https://www.aporrea.org/energia/a230770.html), “Siete claves para entender la crisis actual, de Emiliano Terán Mantovani (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225731) y “Venezuela: un barril de pólvora”, de Edgardo Lander y Santiago Arconada Rodríguez (http://nuso.org/articulo/venezuela-un-barril-de-polvora/?page=2).

[7] Raúl Zibechi, “Venezuela, el Estado y el Poder. Cuando la izquierda es el problema”. http://www.lafogata.org/zibechi2017/04/raul.20.1.htm
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229906

 

 

 Alternativas postcapitalistas

 

 

Es crucial, abajo y a la izquierda, cuestionar las dicotomías que tergiversan de qué y de quiénes los pueblos debemos emanciparnos. En ese rumbo estimemos:

La biopolítica del agronegocio

Revista Intersticios de la política y la cultura…8: 99-114

Por Nicolás Forlani*

El hombre secularizado –animal instrumentificum- lanza finalmente la máquina contra la naturaleza, para conquistarla.

 Pero dialécticamente ella terminará dominando a su creador. (Sábato, 1996:32)

Introducción

En las últimas décadas, tras el avance sistemático de mega emprendimientos extractivistas en América Latina, varios intelectuales de la región advierten y cuestionan la matriz expoliadora y contaminante intrínseca a prácticas como los agronegocios, el fracking y la minería a cielo abierto. Autores como Svampa y Gudynas coinciden en denunciar estas prácticas en tanto exponentes de lo que David Harvey denominase oportunamente como fenómenos de “acumulación por desposesión”. Un modelo de acumulación que al decir de Svampa no presenta diferencias entre los países cuyos gobiernos se autodenominan como de izquierda y aquellos otros abiertamente considerados neoliberales. Así, “neodesarrollistas progresistas” o “neodesarrollistas neoliberales” -a pesar de las diferencias en términos de la retórica discusiva de sus clases dirigentes- coinciden en la profundización o fortalecimiento del Consenso de los commodities. Fenómeno este último que conlleva la expansión de nuevas formas de dependencia y dominación en el orden geopolítico mundial en tanto algunos países (dependientes-periféricos) exportan sus bienes naturales, en su mayoría no renovables, y otros países (centrales) los emplean en la elaboración de manufacturas adicionándoles valor. Desde luego que el rol activo de los diferentes gobiernos y estructuras estatales de los distintos países de Latinoamérica contribuye decididamente en la expansión material de este modelo de acumulación por despojo y, aun más, en la reproducción simbólica del extractivismo como modelo de desarrollo. Pues coincidimos con Lander en que el extractivismo no sólo es una práctica económica sino también una lógica que imprime huellas profundas en las subjetividades de los pueblos en tanto y en cuanto: (…) extractivismo rentista no sólo produce petróleo (podríamos agregar: minerales, oleaginosas, recursos forestales, recursos pesqueros, etc.), conforma un modelo de organización de la sociedad, un tipo de Estado, un régimen político, unos patrones culturales y unas subjetividades e imaginarios colectivos. Éstos no pueden de modo alguno ser simplemente revertidos cuando en una etapa posterior de los procesos de cambio se decida que se ha llegado a las condiciones económicas que permitirían abandonar el extractivismo.

Nuevamente, sin desconocer ni minimizar la influencia decisiva de los lineamientos políticos -de las políticas públicas-, puestas en marcha por los gobiernos progresistas o conservadores en su búsqueda de acelerar las prácticas extractivas como ejes centrales en la dinámica del crecimiento económico; apuntamos en este ensayo a advertir empero otros dispositivos y/o discursos que no necesariamente emanan originariamente de los gobiernos pero que subyacen al extractivismo en América Latina. Previo a ello, realizamos una sintética presentación de lo que significa el agronegocio en tanto práctica extractiva, su despliegue en la región y, particularmente, la fuerza que el mismo ha adquirido en la Republica Argentina. Agronegocio y extractivismo Una de las prácticas económicas que con mayor profundidad se ha expandido en las últimas décadas en Latinoamérica en general, y en el cono sur en particular, es la del agronegocio. Efectivamente nuestra región es la parte del globo con mayor extensión cubierta por cultivos transgénicos6 ; sólo en Sudamérica hay una superficie con soja transgénica de más de 42 millones de hectáreas.

El agronegocio constituye en este sentido una práctica extractiva que al igual que la minería a cielo abierto y los biocombustibles, implica la sobre-explotación de recursos naturales cada vez más escasos, en gran parte no renovables, así como la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados como improductivos. Habiendo ya enmarcado el agronegocio dentro de un modelo marco-global que es el extractivismo es necesario dar cuenta de algunas de sus particularidades. Al respecto, una nota previa-distintiva de lo que esta lógica de producción agrícola constituye a nivel simbólico y con sus respectivas influencias en la materialidad de la existencia, tiene que ver con el sentido que adquiere este sustantivo común compuesto. En la noción “(…) agronegocio el acento está puesto en el último componente, lo cual abre de manera casi ilimitada el horizonte de la acción económica.” En consecuencia, si lo que prima es el negocio, la tan mentada idea de provisión de alimentos (para alimentar un mundo con hambre) queda subordinada a lo que los mercados internacionales demanden. Así, desde esta lógica de elección racional no es un despropósito que las mayores tierras cultivables de, por ejemplo, los países del MERCOSUR sean destinadas una y otra vez a la producción de un mismo cultivo, esto es, el cultivo que a priori mayor rentabilidad económica genere.

Resulta apropiado destacar que al hablar de agronegocio no nos estamos refiriendo a un tipo de actor o cultivo específico sino que hacemos referencia más bien a una lógica de producción que con variantes nacionales y locales puede ser abordado en función de los siguientes cinco elementos: la transectorialidad; la priorización de las necesidades del consumidor global respecto del local; la generalización, ampliación e intensificación del papel del capital en los procesos productivos agrarios; la estandarización de las tecnologías utilizadas, con una intensificación en el uso de insumos de origen industrial, y la generación de tecnologías basadas en la transgénesis que apuntan a reducir las especificidades biológicas y climáticas del agro; y el acaparamiento de tierras para la producción en gran escala, proceso en el que tienen participación central grandes corporaciones financieras y que imprime a las disputas por la tierra el carácter de un fenómeno global.

Las lógicas de producción agrícolas basadas en los pilares del agronegocio se desenvuelven a partir de un conjunto de tecnologías definidas como “paquete” en tanto se basan en un conjunto de tecnologías concatenadas e implicadas las unas con las otras: la semilla transgénica con el agroquímico, un tipo de siembra (la siembra directa), de organización laboral, de gestión, etc. Estos paquetes sin embargo no son neutrales, pues sus puestas en funcionamiento conllevan diversos impactos políticos (pérdida de soberanía alimentaria), sociales (desplazamiento de campesinos y productores), económicos (dependencia frente a los vaivenes del mercado internacional) y ambientales (destrucción de los ecosistemas naturales) que van a ser motivo de fuertes resistencias de diversos colectivos sociales a lo largo de América Latina. Argentina y el boom de los transgénicos Las cifras oficiales evidencian el carácter cada vez más acentuado de dependencia de un solo cultivo. El avance del monocultivo de la soja transgénica en los campos argentinos se viene manifestando, tal como lo demuestra el siguiente gráfico, desde por lo menos los últimos 20 años:

(…) un hito importante (que) es el decreto de desregulación de 1991, el cual eliminó de raíz todas las juntas reguladoras de la actividad agropecuaria–la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, entre otras– que operaban en el país desde la década de 1930(…). Por otra parte en 1996 se libera al mercado la semilla de la soja transgénica, a partir de allí: (…) Argentina se transforma en uno de los principales países del Tercer Mundo en el que se cultivan transgénicos. Todo esto involucra un nuevo paquete tecnológico basado no sólo en la utilización de la semilla transgénica, sino también, en la siembra directa y el uso masivo del glifosato y otros agroquímicos (…). De este modo se abre paso la consolidación de un sistema de agronegocios en el país. Se trata de un sistema que propicia el control de sectores clave del sistema agroalimentario argentino por parte de grandes empresas transnacionales: la provisión de semillas e insumos, la compra de tierras en algunas regiones, el control del procesamiento industrial (la industria alimenticia) y el comercio de la producción, tanto para el mercado interno (súper e hipermercados) como para el externo. En definitiva podemos señalar, siguiendo a Gras y Hernández que: (…) la desregulación política a nivel local, la liberalización e innovación tecnológica junto con la emergencia de nuevas formas de regulación a nivel global, constituyen elementos centrales que posibilitaron la emergencia del actual modelo de producción en el agro, el cual no puede pensarse aisladamente de los procesos de globalización económica.

Tras este somero análisis en el que hemos intentado reflejar de la naturaleza extractivista y predatoria del modelo de producción agrícola hegemónico del agro argentino y latinoamericano; nos abocaremos a analizar las implicancias del entramado simbólico y material que da sustento al agronegocio.

Pillaje genético y biopolítica

En tiempos en los que la esencia predatoria del capital sobre la naturaleza se ha exacerbad, América Latina constituye una región estratégica para las grandes multinacionales dado que el continente en su conjunto posee enormes riquezas naturales17. Particularmente un patrimonio que posee la región es el que en esta oportunidad consideramos pertinente referirnos: la diversidad biológica existente en el subcontinente. Innumerables cantidad de especies vegetales y animales están siendo blanco, en la actualidad y desde hace algunos años, de complejos dispositivos expropiatorios.

Consideramos, siguiendo a Harvey18, que la biodiversidad de especies de nuestro continente constituye un campo genético que las multinacionales aspiran controlar. En este sentido, el patentamiento de numerosas especies y, en términos más específicos aun, de estructuras de ADN, por parte de sectores privados abre numerosos interrogantes: ¿puede la vida caer bajo registros de propiedad intelectual?, ¿acaso no existe un límite en los procesos de mercantilización de la naturaleza?, ¿qué mecanismos discursivos jerarquizan por sobre todo el valor de cambio de los bienes naturales?, ¿qué riesgos socioambientales supone la privatización de lo genético? ¿Sobre quiénes recaen las externalidades?

Una primera reflexión sobre estos interrogantes es que el pillaje genético o la disputa por el control de las estructuras de ADN librada por las grandes compañías, constituye efectivamente un dispositivo de control político - biopolítico en términos foucaultianos-. Un biopoder en tanto y en cuanto se despliegan un conjunto de tecnologías tendientes a controlar la vida, sus formas de reproducción y los beneficios económicos que de ella se desprenden. Si entendemos por biopolítica el control de la población, la regulación de la misma, “la vida bajo el dominio del poder”, entonces el patentamiento de lo genético y las modificaciones a nivel molecular que las multinacionales están desarrollando constituyen verdaderas y sofisticadas tecnologías biopolíticas.

Pues: (…) con el patentado de especies diversas y las transgénesis no sólo se regulan los procesos de desenvolvimiento natural de vegetales y animales sino que, por añadidura, se incide en el control político de los procesos sociales. Para el caso, el control de las semillas y los cultivos, repercute en términos de la dinámica de los ecosistemas naturales al tiempo que impacta en el devenir de los pueblos del mundo y de nuestra América en particular. El control de las semillas significa control, en consecuencia, de los alimentos, de las fuentes de alimentación de la humanidad.” En este sentido es que afirmamos que el despliegue de la maquinaria biopolítica del pillaje genético transforma a los campesinos del mundo en sujetos sujetados “por control y dependencia” de las multinacionales. Estas últimas al controlar las semillas controlan a campesinos y productores en función de sus propios intereses económicos.

Transgénesis y deriva tanatopolítica

El desarrollo de la ingeniería genética pareciera haber revolucionado no sólo el mundo de los cultivos sino las expectativas en un mundo con hambre. Es que los avances en genética en el ámbito de la agricultura moderna prometían una agricultura cada vez menos dependiente de los insumos químicos, una mayor productividad por superficie y una disminución de los costos de producción al tiempo que una reducción de los problemas ambientales. No obstante, habiendo ya transcurrido un período lo suficientemente extenso como para una evaluación acerca de estas promesas, lo cierto es que existe una amplia literatura científica que manifiesta la inverosimilitud de estos “logros”. Aun mas, importantes investigaciones científicas dan cuenta de alarmantes resultados en relación a los impactos sociales, económicos y ambientales de los paquetes tecnológicos asociados al agronegocio. Invitamos en este sentido al lector a remitirse, entre otras sistematizaciones de los efectos de este modelo productivo, a la publicación de Giarracca y Teubal (2010).

La expansión de los conocimientos sobre la transgénesis, para retomar las expectativas a las que anteriormente hacíamos alusión en materia de producción de alimentos, era/es alentada por grandes corporaciones beneficiarias directas de la privatización de lo genético y la comercialización de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Corporaciones como Monsanto, Cargill, Bayer, Syngenta, Dow agrosciences, no casualmente disponen sus logísticas en pos de controlar el eslabón central/definitorio en la cadena de producción de alimentos: las semillas. A propósito de esto último es que consideramos necesario abordar las implicancias biopolíticas y tanatopolíticas subyacentes al control genético de las semillas. Una primera referencia marco para adentrarnos en tal perspectiva analítica lo constituye el profundo análisis que Pablo Dávalos (2010)27 ha realizado sobre el proceso de mercantilización de la naturaleza y su consecuente privatización. Particularmente la noción de “servicios ambientales” aportada por el autor ecuatoriano nos será de utilidad para reconocer las tecnologías dispuestas a controlar la vida. Efectivamente, la privatización de la naturaleza acontece cuando los ecosistemas son reconocidos/procesados a partir de la noción de costo-beneficio y con ello adjudicados funciones o servicios ambientales. Al incorporar la naturaleza a la dinámica del mercado los servicios ambientales generados han de poseer un costo para los individuos y las comunidades. El propio autor da un ejemplo pertinente para advertir cómo la lógica de los servicios ambientales opera en materia de producción agropecuaria. Veamos: Este proceso de valorización del servicio ambiental es clave para las corporaciones que gracias a ello han podido desterritorializar su producción y separar la producción de su precio. Esto se ejemplifica con Monsanto y su producto transgénico Round-Up Ready. Lo que Monsanto cobra a los campesinos y a los productores agrícolas no es tanto la semilla transgénica sino el servicio que ella contiene y que se expresa en la adulteración de su código genético. Por ello, los campesinos y los productores agrícolas tienen que volver a comprar para cada siembra las semillas transgénicas, y por ello Monsanto puede perseguir a aquéllos que utilizan sus semillas sin pagar el servicio ambiental, incluso cuando sea accidental como en el caso del contagio de transgénicos.

La noción de servicio ambiental es clave para entender la red de dispositivos que las distintas corporaciones del agribusiness ejercen para controlar las semillas y con ello el conjunto de la cadena de los alimentos. Es a partir de esta categoría de servicios que se extiende la dependencia frente a los intereses económicos de las grandes multinacionales: Si Monsanto pusiese un precio a las semillas transgénicas de acuerdo a los términos de un bien cualquiera, quien las compre puede usufructuar de ellas y puede volver a reutilizarlas, de la misma manera que se utiliza un bien una vez que haya sido comprado. Es decir, la compra de un bien cuando entra en el ámbito del consumo agota el derecho de propiedad de la empresa sobre ese bien. Se trata de un concepto de uso común en la economía clásica, pero que no es pertinente en el caso de los servicios ambientales, porque la noción de servicio es permanente y continua, vale decir, no se agota en el consumo de ese bien30 . Existe a su vez otro aspecto ligado a la transgénesis que tampoco se agota, que es permanente y continuo y que, en consecuencia, complementa esta lectura biopolítica de lo que acontece con el control de la semilla. Si por un lado el desarrollo de la genética avanzada ha permitido un control de la semilla al punto de realizar intervenciones en el material hereditario que posibilitaron el desarrollo de cultivos en condiciones desfavorables (escasez de agua, suelos salinos, etc.), es decir un control orientado a potenciar/maximizar los rindes; por el otro se han desencadenado prácticas que conllevan intrínsecamente fenómenos de muerte.

Tal como lo refiere Ignacio Mendiola, la producción de muerte también es constitutiva de la biopolítica, pues ésta no es só lo “hacer vivir” sino también “dejar morir”, y para dejar morir hay que hacer algo. Para advertir las derivas tanatopolíticas o de producción de muerte indisociables de los “logros” en materia del conocimiento genético aplicado a la producción de cultivos transgénicos, consideramos necesario remitirnos previamente a la concepción filosófica que sustenta la libre manipulación de lo genético. Detrás de las producciones científicas aplicadas/dispuestas a controlar la naturaleza existe una mirada antropocéntrica de los fenómenos universales; antropocentrismo que sustenta no solo la aspiración sino mas bien la creencia de que el saber científico es capaz de controlar todos y cada unos de las variables ocurrentes en los procesos naturales. Bajo esta premisa propia de la modernidad la ingeniera genética va a resignificar el valor/sentido cultural que los campesinos del mundo adjudican a la semilla, restringiéndolo a un mero conjunto de fenotipos y genotipos. Así, una vez disociada la semilla a partir del binomio referido es que se abre juego a la libre experimentación de los entrecruzamientos genéticos. Pero con esta aislación (de tipologías genéticas), no sólo opera una política del hacer vivir sino también de dejar morir.

El modelo del agronegocio basado en el paquete tecnológico de los transgénicos y los agrotóxicos conlleva en su despliegue dispositivos de muerte, tanto a nivel genético como del propio cuerpo social. Tal vez el más visible y polémico producto biotecnológico en materia de producción de semillas sea el de la incorporación de las Tecnologías de Restricción en el Uso Genético (TRUGs), cuyo resultado es el comúnmente denominado gen terminator (tecnología para la restricción del uso de vegetales genéticamente modificados, por medio de obtener que la segunda generación de semillas devenga estéril.). Aquí cobra verdadera transparencia la deriva tanatopolítica de este tipo de tecnologías, pues si por un lado estas semillas prometen grandes rindes (asociados a la tan mentada y deseable idea de lograr alimentar a los miles de millones que mueren por desnutrición); por el otro la propia semilla garantiza su no reproducción (no producción de servicio ambiental) en la próxima campaña.

El jaque en este sentido a la soberanía alimentaria de los pueblos no amerita mayores ilustraciones. Pero la deriva o política de muerte no culmina como es de esperar con la infertilidad de un cultivo sino que se extiende al cuerpo social en por lo menos dos grandes instancias. A priori las promesas de un mundo sin hambre se transforman en el espacio rural en la brutal represión, persecución y hostigamiento de las comunidades campesinas del mundo… son desplazados por su “falta de eficiencia” en la producción de commodities; clara disposición de muerte para quienes ancestralmente producen alimentos, pues les depara emigrar hacia los grandes conglomerados urbanos para engrosar las capas subalternas y periféricas de estos territorios. Pero los centros urbanos tampoco están exentos de los vientos de tánatos; es que además de consumir los alimentos con niveles superlativos de agrotóxicos las poblaciones urbanas, mayoritariamente las periféricas, se hayan expuestas a las derivas de agrotóxicos aplicados en las producciones agropecuarias lindantes a las ciudades o pueblos.

Según estudios: Los pueblos fumigados (en Argentina) también presentan un cambio en sus causas de muerte. Según los datos de los registros civiles a los que hemos podido acceder, encontramos que más del 30% de las personas que mueren en estos pueblos fallecen por cáncer, mientras que en todo el país ese porcentaje es menor a 20%32 . Tras estas estadísticas sanitarias, cuanto menos alarmantes, damos lugar al penúltimo apartado de este escrito: El pensamiento médico como heurística del agronegocio.En él nos remitiremos a la noción de pensamiento médico expuesta por Michel Foucault en la entrevista del año 1977 con Manuel Osorio, pues creemos que dicha conceptualización brinda claves hermenéuticas para continuar explorando la discursividad inherente a las lógicas del agronegocio.

El pensamiento médico como heurística del agronegocio.

El modelo de producción agrícola hegemónico en nuestros tiempos y máxima expresión del extractivismo en materia de producción agrícola, es decir el agronegocios, se desenvuelve (avizoramos) bajo un conjunto de dispositivos y discursos que nos llevan a pensar en la posibilidad de extrapolar lo que Michel Foucault refiere con la idea de “pensamiento médico” de nuestras sociedades occidentales. Recordemos que Foucault entiende al “(…) pensamiento médico como una manera de percibir las cosas que se organiza alrededor de la norma, esto es, que presupone deslindar lo que es normal de lo que es anormal (…)”. Se trata de un pensamiento que instaurado en la sociedad ha conllevado a una “(…) medicalización general de la existencia (…)”. Consideramos que en la agricultura moderna impera también una lógica de medicalización permanente, que implica la utilización a lo largo del ciclo de vida de los cultivos remedios (expresión comúnmente utilizada por productores rurales), con el fin de maximizar el rendimiento de los cultivos transgénicos.

Así cuantiosos y diversos agrotóxicos son aplicados no sólo para corregir cultivos enfermos (atacados por plagas u hongos) sino fundamentalmente para evitar sus decaimientos. Estas prácticas, responden a saberes y discursos que no sólo tienen a las grandes compañías de insumos químicos (en analogía grandes empresas farmacéuticas) como interesadas sino que se construyen a partir de aquéllos que por ser portadores de conocimientos científicos están legitimados para recetarlos: así como los médicos recetan medicamentos a sus pacientes, los ingenieros agrónomos son quienes se encargan de elaborar las recetas fitosanitarias.

Pero los postulados de la medicalización general de la existencia no se agotan en los dispositivos asociados a la producción agropecuaria sino que se extienden al entramado social. Pues las derivas tanatopolíticas a las que anteriormente aludíamos al plantear los impactos de los agrotóxicos en la salud humana, conlleva a una extensión del control sanitario.

Otros dispositivos biopolíticos se enfocan entonces sobre las patologías derivadas de este modelo productivo, nuevos regímenes de medicalización puestos al servicio de atacar los síntomas de pacientes/poblaciones expuestos/as a plaguicidas. Empero advertimos que la lógica de la medicalización ortodoxa (hegemónica) apunta, no a denunciar las raíces de las enfermedades (impactos de las tecnologías contaminantes), sino a solapar los efectos sanitarios de las pulverizaciones con agrotóxicos. Dicho de otro modo, la medicina tradicional al in-advertir las causas profundas (que tienen su origen en los modelos productivos) y tratar aisladamente las patologías emergentes, se transforma en dispositivo de poder al servicio de la reproducción de las redes que colocan a la vida en los ojos del biopoder.

Palabras finales

Deseamos aprovechar estas últimas palabras para parafrasear el deseo de buen vivir inscripto aun en el discurso de las corporaciones de la manipulación y privatización genética: (…) estamos ante el inicio de un nuevo milenio, y todos soñamos con un mañana sin hambre. Para alcanzar este sueño, es necesario recibir a la ciencia que trae esperanzas.

La biotecnología es la herramienta del futuro. Detener su aceptación es un lujo que el mundo con hambre no puede permitirse. Estamos ya en un nuevo siglo, y las mayorías desposeídas sueñan con un presente sin hambre, miseria ni explotación. Para alcanzar este sueño, es necesario abrazar la ecología de saberes. El conocimiento acumulado de las comunidades campesinas y su diálogo con las ciencias, son las herramientas del futuro. Invisibilizar saberes y prácticas ancestrales, profundizar emprendimientos extractivos y mercantilizar todo lo que esté al alcance es un absurdo que un mundo con hambre no puede soportar. Para finalizar nos referiremos una vez más a Michel Foucault; para quien el “poder sólo se ejerce sobre sujetos libres, y sólo en tanto ellos sean libres”. Creemos que ésta es la libertad que ha de practicarse, individual y colectivamente, para reconocer y con ello resistir los discursos, prácticas y tecnologías dispuestas a reproducir las redes de control y manipulación de la propia existencia.

Licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

nico_forlani@hotmail.com

 

Fuente: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/index

 

En consecuencia, la «modernidad» del imaginario promovido por Tecnópolis amenaza de extinción a la vida y a la humanidad. Comienza por la desaparición forzada de campesinos e indígenas. Contra esta criminalidad de lesa humanidad nos cabe, abajo y a la izquierda, generalizar el cuestionamiento al prejuicio racista y a la lógica de progreso capitalistas analizando las guerras asimétricas que el sistema mundializado está llevando a cabo.

 

La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

28 de julio de 2017

 

Por Darío Aranda (lavaca)

 

Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus referentes y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado contra los pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres meses preso.

Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma arbitraria por una causa que ya había sido juzgado, hace pocas semanas.

En San Pedro de Colalao, Tucumán, un megaoperativo policial desalojó a familias diaguitas.

Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo de la destrucción de sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.

En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por causas evitables.

Éste es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

 

Los detenidos

Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, una provincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces, que reclama los derechos del pueblo wichí.

Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene más de veinte causas armadas. Desde hace tres meses está en la cárcel de Las Lomitas. Recibió maltratos, amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son causas armadas. Es un preso político. Quieren aleccionar para que nadie más levante la voz”, resumió Daniel Cabrera, su abogado.

“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció una escrito público firmado por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.

También en la cárcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko (autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. Su comunidad cometió el pecado en 2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáreas. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. El juez confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramitaba en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a Esquel. “Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.

 

Desalojados

El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policías, policía montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo.

En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de niños y mujeres. “Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes”, denunció el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa). Incluso confirmó que la comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran que se trata de territorio ancestral indígena.

 

La ley y la trampa

Ante cada desalojo a campesinos e indígenas las comunidades suelen responsabilizar al poder político y al empresario. Pero también interviene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más conservador y vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es elegido por votación de la población.

Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.

“La ley es como un hacha sin filo”, resume un dicho del Pueblo Wichí. Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se implementa, no sirve.

El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Identificó como responsable de sus abusos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llega. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.

“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).

Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), presentó la situación Argentina en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (que sesionó entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevistó con la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que confirma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades, vulneración de los derechos territoriales e incumplimientos sistemáticos de estado argentino en garantizar la seguridad jurídica de los territorios.

Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006 instó relevar los territorios indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este año y el Gobierno aún no ha confirmado la prórroga. “Pasados diez años, menos del 30 por ciento de los territorios fueron relevados.

Amnistía Internacional realiza desde hace dos años un mapa de conflictos territoriales (disponible en www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un piso de 250 casos, donde el punto común son empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos. “Existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Internacional.

 

Matar al indio

Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falleció en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció que “murió de angustia” ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.

Sólo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilitó que la agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún “gran medio” se hizo eco. La Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios están con vía libre de parte del poder político y judicial. También resaltaron el aumento de la conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo Domingo.

 

La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.

 

En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la periodista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).

“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras comunidades”, lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años.

Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40 grados).

 

El secretario de Servicios de Salud de Salta, Francisco Marinaro Rodó, reconoció las 26 muertes, pero culpó a los indígenas: Lo que ocurre en verano es que beben agua de los madrejones y eso les provoca diarrea y deshidratación grave. Son los hábitos higiénicos dietéticos de las comunidades wichís, más que ninguna otra etnia, los que generan estas problemáticas (…) Mi gran ambición es que aprendan a lavarse las manos, a hacer hervir el agua, a cocinar y darles a sus hijos agua y comida segura”.

El funcionario no mencionó la falta de agua potable, la falta de trabajo, la pobreza, ni el histórico y permanente despojo de tierras, que acorrala a las comunidades en pequeñas parcelas donde es muy difícil reproducir su vida.

 

Enemigo interno

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó (en un informe interno de agosto de 2016) a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconoce que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.

Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”, apunta al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.

 

El 21 de junio, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.

La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

La unión

Ivana Morales, de la comunidad India Colalao de Tucumán, invitó: “Pedimos a todas las comunidades que nos unamos. Continuamos resistiendo, esto no termina. Llevamos 525 años resistiendo y en el año 2017 continúa esta lucha. Que la Pachamama nos proteja”.

Facundo Jones Huala, desde la cárcel, apuntó a una de las causas de fondo: “Los gobiernos ven un peligro en la organización y levantamiento de los pueblos indígenas. Tenemos formas de vida que se contraponen al sistema capitalista, han mantenido vidas comunitarias, sostenibles, sin intervención del Estado. Los pueblos indígenas son una alternativa para estos modelos de vida modernos e inhumanos. Por eso se ve a los indígenas como un peligro para el capitalismo”.

La Confederación Mapuche de Neuquén está dividida en seis regiones.

Puntualizó los hechos represivos de las últimas semanas, las detenciones arbitrarias de Santillán en Formosa y de Jones Huala en Chubut.

Dice: “Nuestra condena y repudio a los acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia. Como organización Mapuche expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este Gobierno, que además de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacería sobre todo pueblo indígena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista, saqueador, racista y represor”, remarca. El comunicado finaliza: “Por nuestra libre determinación. ¡Marici wew! (Diez veces venceremos)”.

Las tres patas

El audio es de sólo tres minutos. Circuló por WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histórico luchador diaguita de Tafí del Valle (Tucumán), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el norte argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico, profundo y conmovedor de la situación indígena de Argentina. “Una política de Estado tiene tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto – dice-. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente una política de estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión administrativa porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario”.

Pastrana, que se lo escucha sereno pero también firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas. Es la triste realidad”.

Enumera las leyes vigentes que no se cumplen, cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. Así resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son gobernantes, ni son funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.

http://www.lavaca.org/notas/la-otra-campana-como-es-el-plan-contra-los-pueblos-originarios/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229620

 

 

Constatemos hacia dónde rumbea la reforma social progresista de mayor radicalización y los desafíos que nos plantea para desarmarla en procura de que los pueblos de Nuestra América se emancipen del capitalismo e imperialismos.

 

 

 

Relanzando el extractivismo: Revolución Bolivariana, crisis del capitalismo rentístico y

tensiones eco-políticas en el territorio venezolano.

ACTUEL MARX / INTERVENCIONES N° 19 SEGUNDO SEMESTRE 2015
27 de enero de 2017

 

Por Emiliano Teran Mantovani*

Resumen

Las contradicciones producidas a raíz de la crisis del capitalismo rentístico venezolano y la encrucijada de la Revolución Bolivariana, generan extraordinarias tensiones regresivas sobre los avances sociales y económicos que se produjeron en el país en los últimos años. A lo largo del texto, y desde una mirada ecológico-política, trataremos de mostrar dichas tensiones alrededor de procesos que se están configurando en la actualidad y que podrían apuntar a importantes y significativas transformaciones en el país. Nos referiremos especialmente a tres problemas, que representan serias amenazas de destrucción ambiental, de despojo de bienes comunes y de insostenibilidad sociopolítica, vinculados a la expansión y reformulación del extractivismo en Venezuela. También propondremos algunas ideas alternativas.

 

No es un secreto que la Revolución Bolivariana se encuentra actualmente en una situación de crisis y encrucijada. Este proceso conviene entenderlo como una confluencia de factores coyunturales y estructurales, que aunque se vinculan con el histórico carácter dependiente y cíclico de la economía rentista venezolana, y con las complejas correlaciones de fuerza geopolíticas, también está determinado por la orientación que ha tenido la política del gobierno nacional. En este sentido debemos resaltar que cuando logra hegemonizarse el proyecto chavista, a partir de 2004-2005, comienzan a replantearse sus bases por medio de un relanzamiento y redimensionamiento de toda la política extractiva, con la mira principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), con el objetivo de convertir a Venezuela en una “potencia energética mundial». Esto supuso una profundización de la lógica capitalista-rentista, de la reproducción de los históricos elementos profundamente distorsionadores del modelo venezolano, vinculados a una muy marcada sobredeterminación de la renta petrolera; un enorme sesgo urbano (un modelo brutalmente anti-agrícola) e importador; un parasitismo económico y altos niveles de corrupción; una notoria dependencia y vulnerabilidad sistémica –96% de las exportaciones totales provienen del petróleo desde 2012–; una resaltante tendencia al endeudamiento externo; junto a patrones subjetivo-culturales muy vinculados al consumo intensivo y a la movilidad social en torno a la renta.

 

Todos estos factores detienen o dificultan de sobremanera procesos de cambio profundo y emancipatorio en la sociedad venezolana. Ya desde 2009/2010, en el marco de la crisis económica global (2008 en adelante), se comienza a configurar un proceso de ralentización y estancamiento de los procesos de transformación popular que se venían produciendo en el seno de esta etapa política en el país. Con la muerte del presidente Chávez en 2013, se van potenciado todas las contradicciones que componen las dinámicas del capitalismo rentístico venezolano –como reflejo de una crisis de hegemonía política–, coronadas ahora con la caída, desde 2014, de los precios internacionales del petróleo. Este proceso, que ocurre después de casi 100 años de historia petrolera en el país, se inscribe en una larga crisis y agotamiento del modelo histórico de acumulación venezolano, que desde hace unos 30-40 años inicia un período de desequilibrios estructurales que, con grados de severidad variables, se ha mantenido permanentemente hasta nuestros días. Los efectos de la “enfermedad holandesa”, que desde mediados de la década pasada impactan de manera diferenciada en toda América Latina a partir del boom de las materias primas, presionando a la reprimarización de las economías, tienen acentuadas secuelas en Venezuela, dado su vulnerable metabolismo socioterritorial3. Esto ha contribuido a la profundización del carácter entrópico (o “incontrolable”, diría István Mészáros) del capitalismo rentístico nacional, lo cual se une a las condiciones actuales de intensa disputa geopolítica y crisis civilizatoria4.

 

Es importante atender a estos factores, pues son el marco de lo que pueda ocurrir en Venezuela en el futuro próximo. ¿Cuál es la resiliencia de los factores políticos venezolanos gobernantes, ante una latente agudización de la crisis global? E inclusive, ¿cuáles son actualmente las capacidades políticas y económicas endógenas para hacer viable el propio proyecto nacional en el tiempo? En época de vacas flacas se ve con mayor claridad la topografía excluyente e insostenible de los modelos extractivistas. En este sentido crece la tensión neoliberal, y los procesos de acumulación de capital buscan reacomodarse para, por un lado, mantener, “defender” o potenciar procesos desregulados o poco regulados de reproducción capitalista, y por otro lado, atacar al Estado “protector” tal y como un cuerpo canceroso, reconfigurando su composición interna y transformando progresivamente sus normativas, sus canales de operación y manejo de la riqueza, y sus relaciones de fuerza endógenas, con el objetivo de desmantelar las barreras que éste pueda imponer a la apertura a los grandes capitales globalizados.

 

La crisis venezolana actual, vivida como desquiciamiento económico –sobre todo en el valor de la moneda, el contrabando y la corrupción– y como una confrontación política de múltiples escalas, sufre una crecida de la tensión neoliberal, y se agudiza la necesidad de un cambio de rumbo. Pero, ¿qué rumbo se tomará? ¿Es el ajuste, el horizonte próximo de la política venezolana? ¿Qué fuerzas podrían evitar un eventual avance de la acumulación por desposesión en el país? Los recientes debates sobre el fin del ciclo progresista en la región cobran gran importancia, no sólo para advertir e intentar caracterizar los nuevos tiempos que se configuran en Latinoamérica, sino también para evaluar los saldos derivados de la profundización del extractivismo, vinculados a expansiones del despojo territorial, de la devastación ambiental, a la reprimarización de las economías y el aumento de la dependencia, a la construcción de consenso social en torno al consumismo urbano, motorizado por la distribución de las rentas por commodities; en fin, evaluar los vínculos de las consecuencias de la expansión extractivista con la deriva regresiva que se vive en la región y la intensificación de la tensión neoliberal.

 

A lo largo de este texto, trataremos de mostrar algunas de estas tensiones alrededor de procesos que se están configurando en la actualidad y que podrían apuntar a importantes y significativas transformaciones en el país, haciendo una mirada ecológico-política de éstos. Nos referiremos especialmente a tres problemas, que representan serias amenazas de destrucción ambiental, de despojo de bienes comunes y de insostenibilidad sociopolítica, vinculados a la expansión y reformulación del extractivismo en Venezuela, que podría traer consigo nuevas configuraciones territoriales a escala nacional, con trascendentales cambios del orden metabólico. Dado que muchos de estos procesos están en pleno desarrollo, algunas de las hipótesis presentadas serán propuestas de manera tentativa o de forma preliminar. En todo caso, consideramos el avance de la investigación sobre estos temas como un insumo muy útil y profundamente estratégico para los tiempos que vivimos. Veamos.

 

Estado, reconfiguración del extractivismo y disputas territoriales; ¿hacia nuevos ordenamientos socioambientales?

Es necesario reconocer que en la Revolución Bolivariana, el tema ambiental ha tenido un auge en las discusiones públicas, una mayor difusión en los debates sociales y de organizaciones populares, por lo cual éste sube de ranking, en comparación con otros períodos políticos contemporáneos. Recordemos no sólo la vocería crítica del presidente Chávez en las cumbres de cambio climático –resaltando su papel en la COP 15 en Copenhague–, sino también la consideración del problema ambiental como elemento fundamental para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, al colocarse como uno de los cinco Objetivos Históricos del Plan de la Patria: “Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”. El presidente Nicolás Maduro ha intentado seguir una línea discursiva similar. El pasado 18 de junio, saludaba la carta encíclica Laudato sí del Papa Francisco sobre “el cuidado de la casa común”, planteando que se trataba de “uno de los documentos más importantes que han salido en las últimas décadas”, y dijo asumir plenamente el compromiso propuesto en esta carta, proponiendo su difusión en comunas, barrios y organizaciones de base, asegurando que estas premisas se estaban poniendo en marcha en el marco de la construcción del ecosocialismo en Venezuela5. Sin embargo, las bases programáticas de esta narrativa ambientalista están configuradas, como ya hemos dicho, por el relanzamiento del proyecto Bolivariano en torno a la expansión del extractivismo, lo que supone una contradicción fundamental en el seno de la propuesta “emancipatoria” del Gobierno Nacional.

 

Los argumentos que emergen para intentar solventar esta contradicción suelen girar alrededor de algunas ideas centrales, de las que destacamos dos:

             I.      La ampliación del extractivismo nos llevará al desarrollo. A partir de ahí, podremos salir del extractivismo. Es algo temporal: en la medida en que se intensifi ca nuestra especialización en la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, se ensancha el Estado rentista y su relación clientelar con los sujetos; se amplían las firmas de obligaciones de mediano y largo plazo con compañías transnacionales; se extiende la modernización capitalista a nuevos territorios, subsumiendo y disolviendo comunidades, saberes, culturas y economías ancestrales, desestimulando poderosamente las economías productivas y devastando ecosistemas; y se propaga el modo de vida consumista y de individuación propio del rentismo. En esta medida, se hace cada vez más complicado salir del extractivismo. Además, esta idea ignora otras modalidades y alternativas que se pueden poner en marcha como políticas de transformación post-extractivista. No hay motivos para pensar que más extractivismo nos puede abrir el camino hacia un proceso de transformaciones emancipatorias “ecosocialistas”.

           II.      La ampliación del extractivismo es para salir de la pobreza: cabe destacar, en primer lugar, que eso que llamamos ambiente no sólo son “recursos naturales” o paisajes, sino también es tierra y territorio. Por eso, en los procesos de modernización y los proyectos extractivos no sólo hay una degradación de biodiversidad, sino que también está involucrada una desterritorialización social que supone que la gente que habita esas áreas sufre los despojos que hacen posible el desarrollo, pierden el suelo que pisan, el agua y los frutos de la tierra de los que se abastecen directamente, y esto es algo que el ideal del progreso siempre ha querido ocultar.

La pobreza está en estrecha relación con la propiedad –el despojo de la modernización capitalista apunta a la creación de los “desposeídos”–, con la autonomía comunitaria –la dependencia necesariamente genera pobreza y viceversa– y con el acceso a los bienes comunes para la vida, y si éstos son despojados o destruidos, estamos en presencia de una pérdida neta de riqueza. Así que el extractivismo, aunque prometa y prometa riqueza y desarrollo, siempre generará gente que se empobrece. Luego, en segundo lugar, la riqueza está generalmente asociada a la cobertura de las necesidades básicas, y de consumos suntuarios, de los ciudadanos por la vía de la redistribución de la renta –solventada con dinero–. Esto refleja que la pobreza y la desigualdad estructural no son tocadas, y que este hechizo de riqueza monetaria desaparece en la misma medida que caen los precios de las materias primas, dejando un saldo de mayor dependencia social y de mayor pobreza ecológica. En la actualidad, tanto los proyectos expansivos de “desarrollo” que se han anunciado, como la propia crisis integral del sistema venezolano, han hecho que el discurso ambientalista se haya venido precarizando, se haya relegado a un segundo plano, en relación a su momento de auge anterior.

 

La tensión neoliberal presiona, entre otras cosas, también a la flexibilización ambiental, para así mantener tasas de ganancia sostenibles para el capital. Esto, como ya lo hemos advertido, podría tener extraordinarias repercusiones socioambientales en el corto y mediano plazo. A continuación presentamos tres problemas eco-políticos, que expresan y sintetizan estas tensiones y disputas:

 

a) Expansión de la minería en Venezuela: ¿hacia una escala sin precedentes?

En el marco de este relanzamiento del extractivismo en el país y de una profunda alianza con China, se ha propuesto que, junto a la meta de llevar la “producción” petrolera nacional a 6 millones de barriles diarios –4 MM en la FPO–, se adelante una injustificable expansión de la minería. El 23 de agosto de 2011, el presidente Chávez declaraba la importancia estratégica de lo que ha denominado el Arco Minero de Guayana, una especie de faja minera rica en oro, bauxita, coltán, diamantes, entre otros, con un “gran potencial y poderío económico”, ubicada justo al sur del río Orinoco (estado Bolívar). Ese mismo día, Chávez aprobaba por decreto el Plan de Acción Estratégica en Dos Horizontes6 , que persigue engranar dos zonas “geoeconómicas” como lo son la FPO con el gran proyecto de la faja minero-industrial de Guayana, “en un sólo gran proyecto de desarrollo” 7.

 

La idea de convertir a Venezuela en una “potencia energética mundial” se proyecta hacia la minería con la premisa de “Desarrollar el poderío económico utilizando los recursos minerales”, como lo expresa el Plan Socialista de Desarrollo 2013-2019. De esta manera, se propone aumentar la certificación de reservas de minerales a nivel nacional (punto 3.1.15.1) bajo la figura de empresas mixtas (punto 3.1.16.4), para así “duplicar las reservas minerales de bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel, roca fosfórica, feldespato y carbón con la certificación de os yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, Cordillera de los Andes, Sistema Montañoso del Caribe y la Sierra de Perijá” (punto 3.1.15.3). Lo mismo con las reservas minerales de oro y diamante en los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana (punto 3.1.15.4). Ya en septiembre de 2013, el Gobierno Nacional suscribía con el Banco de Desarrollo de China, el Banco de China y la constructora asiática Citic, un memorando de entendimiento para la elaboración del mapa minero de Venezuela, junto a los estudios técnicos para la explotación de Las Cristinas (estado Bolívar), uno de los principales yacimientos auríferos del mundo –estimaciones de unas 17 millones de onzas–9.

 

Este plan minero ha sido confirmado recientemente (20/08/2015), cuando el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, planteaba que se quiere completar un proyecto de certificación similar al Proyecto Magna Reserva –que desde 2005 cuantificó y validó las reservas petroleras de la FPO–, para certificar “todo el potencial minero que existe en Venezuela”. Otra muestra concreta de este avance, y de las tensiones y pugnas que produce, representa el decreto 1.606 del 10 de febrero de este año (Gaceta Oficial 40.599), que aprobaba la explotación de carbón en 24.192 hectáreas de los municipios Mara y Guajira (estado Zulia), una ampliación histórica significativa de las áreas de extracción carbonífera, a pesar de los múltiples conflictos y denuncias que ha creado la insistencia en ampliar este tipo de extractivismo en la zona. Pero es importante resaltar que una persistente campaña y movilizaciones de grupos ambientalistas de Zulia, junto a otros grupos sociales y universitarios en el país, influyen en la decisión de modificar este decreto (Gaceta Oficial Nº 40.733 del 27/08/2015), reduciéndose el área de explotación a 7.249 has., lo que supone que, al menos por el momento, no habrá apertura de nuevas minas de carbón en la poligonal señalada en este decreto. Hablamos de un significativo cambio de escala de la minería en el país, que acarrearía extraordinarias consecuencias ecológicas, sociales, económicas y culturales. Si el objetivo es profundizar notablemente el esquema extractivo petrolero, con el fin de alcanzar posteriormente el “desarrollo” de una economía “productiva” –léase, “salir del rentismo” o “sembrar el petróleo”–, resulta paradójica una apertura al extractivismo minero a mayor escala.

 

El apetito de “recursos naturales” del mercado mundial –en nuestro caso, haciendo énfasis en China– parece ser el determinante para que el megaproyecto de explotación petrolera de la FPO no sea suficiente. Pero existe otro factor importante que valdría la pena mencionar. Al estar en declive histórico la producción en los yacimientos convencionales de crudo (ligeros y medianos) del país, el futuro del “crecimiento” nacional se encuentra depositado en el desarrollo de la explotación de los petróleos no convencionales, léase los crudos extrapesados de la FPO. Ahora bien, con la notoria caída de los precios internacionales del petróleo, es muy probable que los proyectos de la FPO estén en el congelador –sólo son rentables con precios altos–, al igual que ocurre con tantas otras fuentes de hidrocarburos no convencionales en el mundo.

 

En este sentido, una ampliación significativa del extractivismo minero en el país podría cumplir un papel compensatorio ante las dificultades del extractivismo petrolero venezolano, y mucho más cuando se avizora que se añada a la oferta mundial de crudo la producción iraní, y mayores volúmenes de países como Irak y Argelia, entre otros; junto con un estancamiento de la demanda, entre otras cosas, por la ralentización de la economía china, lo que podría mantener por un tiempo los precios internacionales del crudo a la baja.

 

Las devastadoras consecuencias ambientales producidas por la minería, conocidas por todos, se unirían a los históricos daños provocados por la industria petrolera y a los nuevos desafíos de la FPO. No sólo se ampliarían los males producidos por esta actividad extractiva en zonas de reserva, como por ejemplo los provocados por la minería ilegal en Guayana (sur del país), que además perjudica terriblemente a los pueblos indígenas que habitan la zona, sino que también podría afectar cursos de agua que alimentan ciudades, como lo ha planteado la Sociedad Homo et Natura, al referirse a cómo la extracción masiva de carbón a cielo abierto afectaría dramáticamente las cuencas de los ríos Guasare –que ya se encuentra afectado– y Socuy, y al propio suministro de agua de ciudades tan importantes como Maracaibo y otros poblados. Adicionalmente, los conflictos sociales vinculados a la minería se harían aún más problemáticos, sobre todo en los pueblos indígenas, como ya ha ocurrido en el país sobre todo a partir del segundo gobierno de Chávez. Destacan sobremanera las disputas que se han desarrollado con parte del pueblo yukpa en la Sierra de Perijá, o en zonas rurales y boscosas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, que pueden estar en el marco de la minería formal o ilegal. Conscientes de esto, el 2 de junio de 2014, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia (COIAM) se pronunciaba acerca de la “nueva política minera del Estado venezolano”, resaltando la terrible y contradictoria práctica de la minería ante un proyecto político que se hace llamar ecológico, y “la urgencia debida, [para que se] realice una revisión de sus políticas de desarrollo para la Amazonía venezolana (nueva política minera), estudiando y explorando modelos de desarrollo alternativos y ambientalmente sostenibles, decretando una MORATORIA DE LA ACTIVIDAD MINERA al sur del Orinoco, como garantía de protección de los grandes recursos hídricos y forestales de la Amazonía, así como la importante biodiversidad y sociodiversidad presente en estos territorios”.

 

La amenaza a la propia supervivencia de los pueblos indígenas en Venezuela es enorme, lo que no puede provocar indiferencia en la opinión pública nacional.

 

b) Extractivismo flexibilizado y acumulación por desposesión

Como ya hemos expresado, la intensa situación de conflicto político y la crisis del modelo rentista petrolero, intensificada con la caída del precio del crudo, ha presionado al Gobierno Nacional a mantener el movimiento de la economía (fundamentalmente del consumo) a través de la emisión de bonos y un creciente endeudamiento con China, junto con diversos procesos de flexibilización económica selectiva, donde destaca la apertura, en febrero de este año, de la tasa de cambio SIMADI (Sistema Marginal de Divisas, que se une a otras dos tasas de cambio reguladas), la cual opera “totalmente libre” y se cotiza por la dinámica de la oferta y la demanda. A estas alturas se han adquirido préstamos con la nación asiática que superan los 50.000 millones de dólares, de los cuales diversas estimaciones plantean que ya se ha cancelado la mitad17. Esta deuda no se salda en efectivo, sino por medio de envíos de petróleo a China, cotizados a precios de mercado. Dado que las cuotas se establecen a partir de una “cantidad mínima” desde la cual se calcula el número de barriles por día y dado que los precios del crudo cayeron, esto supone que el gobierno venezolano debe enviar más barriles para cubrir dicha cuota. Esta situación está vinculada con los recientes “protocolos de enmienda” del financiamiento conjunto chino-venezolano, en los cuales se han establecido algunas flexibilizaciones que favorecen a Venezuela, como la posibilidad de establecer el número de barriles enviados al día mediante notas diplomáticas, o la supresión del plazo de tres años que tenía el gobierno venezolano para el pago de los préstamos. De esta forma, la conexión entre la situación de crisis nacional y el papel de “protector” geopolítico y financiador “condescendiente” de China, favorecen a una situación de flexibilización interna a la operación de sus capitales. La medida más relevante al respecto es el decreto 1425 de la Ley de Regionalización Integral (nov. de 2014), que plantea la figura de las Zonas económicas especiales (ZEE) –tomadas del modelo chino–, las cuales representan una liberalización integral de regiones geográficas del país, para derribar obstáculos al capital (IED) y así “afianzar el desarrollo y enfrentar la pobreza estructural”.

 

En estas Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional (ZEDN), o en las ZEE, se plantean políticas tales como: a) planes especiales de estímulos fiscales y aduanales, e incentivos económicos a las empresas para el desarrollo de las zonas; b) liberación de restricciones arancelarias y para-arancelarias, suspensión de impuestos a empresas, posibilidad de retención de la totalidad del impuesto al valor agregado por parte de éstas; c) definición de una autoridad (coordinador) de la ZEDN; d) definición de un régimen especial y extraordinario de contrataciones, acorde a los objetivos de la ZEDN que se cree; e) posibilidad de una administración especial de los ingresos generados en las zonas; f) autorizaciones para la movilización de mercancías y facilidades de despacho, simplificación de trámites y obtención de permisos de forma sencilla, expedita y simplificada; y g) orientación de las ZEE a la exportación y comercio internacional (aunque no únicamente).

 

La FPO ha sido declarada como una de las ZEE de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de una política en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que desde la asunción de Eulogio Del Pino como su presidente (sept. de 2014), pudiésemos catalogar de pragmática, es decir, orientada fundamentalmente hacia la funcionalidad del negocio. Recientemente (agos. de 2015), el vicepresidente del Consejo de Ministros para Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, anunciaba que la FPO es una “vitrina de la Venezuela que se quiere construir”, y añadía que “el petróleo es la fuerza para impulsar las potencialidades productivas de todos los ejes sectoriales, para dejar atrás la cultura de la renta petrolera. No hay que repetir errores del pasado”, con lo que replica, por enésima vez, la promesa de dejar atrás la cultura petrolera a partir del impulso y la fuerza del petróleo.

 

Aparte de las diversas consecuencias políticas, económicas, geopolíticas, sociales y culturales que conllevan estas formas de liberalización territorial, preocupa, en un sentido integral, las consecuencias ecológicas. El anuncio de Menéndez de que “La Faja es territorio virgen, no hay resistencias” pareciera la típica premisa de todo proceso de acumulación originaria. Pero además, el hecho de su “virginidad” y su “ausencia de resistencias” parece conectarse armónicamente con la facilitación para la obtención de trámites anunciada en esta Ley de Regionalización. Aunque la Ley no hace referencia específica a ningún parámetro ambiental, preocupa que esta liberalización territorial suponga un cheque en blanco para la devastación ambiental y haga prácticamente imposible detener estos procesos destructivos de la vida, si acaso pudiendo apenas remediarlos posteriormente.

 

Las débiles y parcializadas contralorías ambientales a la explotación petrolera en el país, el hecho de que es la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) el ente encargado de desarrollar los lineamientos de la política ambiental de Pdvsa, y que las auditorías ambientales en la FPO las realizarán las propias empresas mixtas (CVP y empresas transnacionales), no representan antecedentes alentadores. Este problema es aún más significativo en la FPO, dado que se trata de, por un lado, una explotación de crudos extrapesados, los cuales son mucho más perniciosos que los convencionales, en lo que respecta a contaminación de aguas, generación de desechos tóxicos, emisiones de GEI y gasto energético, entre otros; y por otro lado, se trata de un proyecto que pretende replicar toda una regionalización desarrollista, de ciudades, agroindustria y grandes infraestructuras, que acompañarían a las estructuras de la industria petrolera. Si este modelo, presente también en Paraguaná (estado Falcón), en el eje Morón-Puerto Cabello (estado Carabobo) y en el eje Ureña-San Antonio (estado Táchira), se replica incluso a otras zonas estratégicas del país, el tema de la regulación ambiental sería casi inexistente, por lo que podríamos estar ante un proceso de devastación ambiental desregulada, que tendría no sólo consecuencias respecto a la conservación de ecosistemas, sino al propio orden metabólico de la territorialidad venezolana, que sería aún más dependiente y vulnerable, al mermar los bienes comunes disponibles, tanto por su degradación como por sus formas de privación política y económica, petrolera.

 

Esto tiene notables repercusiones en el metabolismo del sistema extractivista nacional, de las que quisiéramos destacar dos: I. Contrabando, déficits ecológicos y expansión del extractivismo: la reproducción del capitalismo rentístico requiere de una creciente entrada de divisas y productos importados, que cubran la expansiva demanda interna. La intensificación y ampliación de las economías de contrabando generan un extraordinario aumento de los déficits en la oferta interna de bienes de consumo, lo que hace que el Estado necesite aún más divisas y productos importados para tratar de solventar la situación. Esta coyuntura, en la medida en la que se agrava –junto a la caída de los precios del crudo– y ante la incapacidad de producción doméstica, presiona al Estado a un mayor endeudamiento externo y a la apresurada búsqueda de nuevos ingresos a partir de la proyección del aumento de sus cuotas extractivas (en la FPO, en las plataformas gasíferas offshore, en minería), junto con una flexibilización de las políticas petroleras nacionalistas y de su soberanía territorial respecto a las empresas multinacionales, las cuales, ante la situación defi citaria de su contraparte venezolana, desean que se hipotequen los territorios y la naturaleza del país.

 

Podemos hacer este ejercicio: si sumáramos los bienes de consumo fugados, los barriles de petróleo extraídos y no capitalizados debido al contrabando transfronterizo de gasolina, y le añadimos la enorme fuga de capitales de los últimos años en Venezuela, que también está vinculada en muy buena medida a estafas y a la reproducción de economías delincuenciales, lo que tendremos es una enorme cantidad de naturaleza liquidada domésticamente –una expansión de la huella ecológica nacional–, que ni siquiera responde a las exigencias de necesidades básicas de la población venezolana, y mucho menos a inversiones para salir del modelo rentista/extractivista. Esta modalidad de fuga de riqueza y formas de défi cit ecológico, allana el camino para la expansión del extractivismo, y por ende, al avance de las fronteras del desarrollismo y a la devastación ambiental del país.

 

c) Disputas territoriales, órdenes geográfi cos y control de bienes comunes naturales: como ya hemos señalado, las complejas disputas territoriales que se desarrollan en Venezuela –atravesadas por disputas de orden geopolítico– están también relacionadas a diversas formas de reproducción económica. Es fundamental cartografiar los vínculos que existen entre estas pugnas situadas y la administración y gestión de bienes comunes naturales. Se trata de un ejercicio exploratorio –al menos para el caso venezolano–, pero urgente para intentar detectar las formas que toman estas modalidades de control territorial en el país. Resaltan diversos controles territoriales mafiosos, como los vinculados a las minas de oro y extracción maderera del sur del país (estado Bolívar, principalmente en los municipios Sifontes, El Callao y Roscio). Según el diputado Américo De Grazia, de la Causa R por el estado Bolívar, desde hace cinco años, aproximadamente, una serie de bandas criminales tomaron los campamentos mineros bajo la figura de “sindicatos mineros”, quienes cobran “vacuna” e imponen su ley. El periodista Manuel Isidro Molina ha denunciado esta misma problemática, asegurando que estas mafias actúan articuladas con sectores de las fuerzas militares y policiales nacionales. El fenómeno ha sido reconocido por el Gobierno Nacional, cuando quien fuera ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunciara medidas contra estas mafias.

 

Cabe añadir los efectos de contaminación ambiental por el uso incontrolado de mercurio y cianuro, que han provocado estas actividades en los pobladores de los municipios mencionados. También destacan las mutaciones que en tiempos recientes ha sufrido el crimen organizado, con la confi guración de megabandas con armamento de guerra, capacidad de expansión territorial y dominación de redes de economía ilegal e informal, que parecen ser el precedente de las llamadas “Bacrim». El diputado por el PSUV, que estuvo al frente de la comisión presidencial para la reforma policial, Freddy Bernal, planteaba que esta “cultura paramilitar” se ha ido extrapolando en diversas partes del país, instalándose en el estado Guárico, en la zona sur de Aragua, en los Valles del Tuy, en Barlovento, en el sur del estado Bolívar, en zonas de Caracas e inclusive en la propia Faja Petrolífera del Orinoco.

 

Estas formas “irregulares” de disputa política han incluso permeado la propia industria petrolera. Por ejemplo, en abril de este año (2015), PDVSA anunciaba que un grupo comando armado saboteó instalaciones petroleras en Monagas, al oriente del país. En el marco de esta situación, desde julio de 2015 el Gobierno Nacional ha impulsado la “Operación para la Liberación del Pueblo” (OLP), que implica intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para “combatir el hampa” –al estilo de las operaciones en las favelas brasileñas. También se ha declarado estado de excepción en varios municipios de los estados fronterizos Táchira, Zulia y Apure, con lo que se pueden suspender las garantías constitucionales. A su vez, recientemente (10/09/2015) se instaló el Comité de Zonas de Seguridad para resguardar las instalaciones, recursos y operaciones estratégicas de la FPO. En todo caso, es conveniente intentar estudiar estas dinámicas en el marco no sólo de disputas entre sectores de poder político nacional o territorial, sino también de procesos de acumulación de capital a variadas escalas, y de control y apropiación de recursos y bienes comunes. ¿Cómo se articulan formas de la política formal con la informal, de la legal con la ilegal, de la central con la territorial?

 

Los análisis sobre extractivismo deben intentar dar cuenta de las transformaciones y mutaciones en los mecanismos de poder en estos tiempos de cambio en América Latina, lo que supondría que también pueden mutar los objetos del reclamo político y por ende las estrategias de resistencias populares.

 

Alternativas

 

Es necesario reconocer las particularidades de la situación venezolana –poniendo, por supuesto, la mirada en la situación latinoamericana y global–, para poder intentar plantear algunas vías de resistencias, tránsitos hacia transformaciones emancipatorias y la construcción de formas sociales post-extractivistas. En este sentido, puntualizamos las siguientes ideas:

i.                    Difícilmente se puedan sugerir nuevos planteamientos de políticas públicas si no se reactivan las luchas desde abajo. Todo proceso contra-hegemónico de horizonte social emancipatorio se mueve y produce a partir de la lucha popular –essu factor constituyente y originario–, la cual puede generar una recomposición que mejore las condiciones de disputa, la gestión común de la vida y las posibilidades de transformación social. Esto, por supuesto, no sólo constituye la propia historia de la Revolución Bolivariana de Venezuela, sino que aplica para luchas articuladas que intenten detener los avances de la acumulación por desposesión y de proyectos desarrollistas y extractivistas que terminan destruyendo tejidos sociales y ecosistemas.

 

ii.                   En Venezuela hay una potencia política popular sin precedentes que se ha confi gurado alrededor de unos códigos comunes, de un complejo proceso identitario que podemos llamar chavismo. Si pensamos en movilizaciones masivas de calle, a estas alturas esta fuerza se encuentra fragmentada; en la política en general presenciamos una falta de referentes éticos y políticos, y hay ausencia de efervescencia y motivaciones sociales que caracterizaron los primeros años de la Revolución Bolivariana. Pero esto no supone la ausencia de esta fuerza y de tejidos políticos populares. Dependiendo del tipo de asimilación que desde el campo popular se dé a estos tiempos de cambio, podremos presenciar la activación de otro tipo de ciclo de lucha en el país.

 

iii.                 En Venezuela, la proporción urbano-rural es extraordinariamente sesgada hacia lo urbano, pues casi el 90% de la población vive en ciudades. Es por tanto necesario reconocer que en el país, paradójicamente, las principales potencialidades para resistencias contra el modelo extractivista tienen que nutrirse, en gran medida, de las luchas en las ciudades. En los territorios clave de extracción (FPO, AMG), las densidades poblacionales suelen ser muy pequeñas, o bien la población ha sido muy asimilada o subsumida al modo de vida rentista. Ha sido en las ciudades donde el rentismo petrolero se ha alimentado con más fuerza, dado que es el lugar donde se concreta la gran promesa histórica de progreso, modernidad y civilización, “posible” rápidamente a partir de la masiva distribución de la renta del petróleo. Pero también es el núcleo de las movilizaciones contra-hegemónicas más potentes –la fuerza del chavismo popular es fundamentalmente urbana–. En este sentido, en Venezuela uno de los aspectos más sensibles es una transformación cultural para intentar trascender la llamada “cultura del petróleo”. ¿Cómo generar imaginarios críticos ante el modelo extractivista petrolero, en los cuales la gente no sólo cuestione modos de vida muy vinculados al consumo, sino a la sensibilización sobre territorios donde no vive?

 

iv.                Esto apunta a la imperiosa necesidad de construir nuevas narrativas, en las cuales los venezolanos podamos pensarnos más allá del petróleo –y ahora incluso de la minería–, más allá del rentismo y más allá de una política que gira básicamente en torno al Petro-Estado. Es fundamental asumir que estas nuevas narrativas no deben ser labor de un Estado, sino principalmente producto de la construcción discursiva de los movimientos populares. Esto supone plantearse incluso una disputa cultural con el propio Estado.

v.                  La crisis del capitalismo rentístico venezolano, no sólo refl eja el conflicto sociopolítico nacional originado por las contradicciones del sistema, sino que también abre caminos a nuevas oportunidades para pensar y producir otras modalidades de organización social. Las crisis desarmonizan la relación que existe entre las ideas hegemónicas y la realidad material, por lo que se posibilitan la resignificación y la reformulación de los paradigmas sociales reinantes. El desquiciamiento de la economía venezolana y la situación crítica generalizada han provocado un nuevo escenario productivo, que obliga a la reactivación de múltiples procesos populares moleculares, urbanos y rurales, que intentan pensarse más allá del gobierno nacional, pero que además persiguen configurar un entorno de subsistencia, producción y autogestión. Estas numerosas experiencias representan un sustrato de tejido social postextractivista y post-rentista de incalculable valor, pero suelen ser poco difundidas.

vi.                Por último, pero no menos importante, se encuentra la propuesta de las comunas, impulsada a partir de 2007 por el presidente Chávez. Se trata de un complejo campo en disputa. Todo el movimiento social contra-hegemónico en Venezuela, en general, se ha debatido, por un lado, entre los formatos corporativos que ha propuesto el Estado para administrar las comunas, y por el otro, entre sus propias modalidades populares de autogobierno, producidas desde abajo. Las tensiones varían en grados, de un lado u otro de la balanza. Pero lo central que queremos resaltar es la posibilidad abierta de nuevas territorialidades, de otras gestiones de la vida que tienen relaciones complejas y contradictorias con el rentismo petrolero, pero que buscan reproducir otros modos de vida en formas diferentes a las hegemónicas.

 

Bibliografía

1 Sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG). Docente de la escuela de sociología de la Universidad Central de Venezuela. Autor del libro “El fantasma de la Gran Venezuela”, mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Leer