Qué Estado

Agosto 2017

Con hiperpresidencialismo por erradicación de la autonomía de los pueblos.

 

 

 

 

Lucha de clases/capitalismo/alternativas

 

 

 En/con la lucha de clases

 

Situémonos en:

 

La era de la ingobernabilidad en América Latina

29 de abril de 2017

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

 

La desarticulación geopolítica global se traduce en nuestro continente latinoamericano en una creciente ingobernabilidad que afecta a los gobiernos de todas las corrientes políticas. No existen fuerzas capaces de poner orden en cada país, ni a escala regional ni global, algo que afecta desde las Naciones Unidas hasta los gobiernos de los países más estables.

Uno de los problemas que se observan sobre todo en los medios, es que cuando fallan los análisis al uso se apela a simplificaciones del estilo: Trump está loco, o conjeturas similares, o se lo tacha de fascista (que no es una simple conjetura). Apenas adjetivos que eluden análisis de fondo. Bien sabemos que la locura de Hitler nunca existió y que representaba los intereses de las grandes corporaciones alemanas, ultra racionales en su afán de dominar los mercados globales.

Del lado del pensamiento crítico sucede algo similar. Todos los problemas que afrontan los gobiernos progresistas son culpa del imperialismo, las derechas, la OEA y los medios. No hay voluntad para asumir los problemas creados por ellos mismos, ni la menor mención a la corrupción que ha alcanzado niveles escandalosos.

Pero el dato central del periodo es la ingobernabilidad. Lo que viene sucediendo en Argentina (la resistencia tozuda de los sectores populares a las políticas de robo y despojo del gobierno de Mauricio Macri) es una muestra de que las derechas no consiguen paz social, ni la tendrán por lo menos en el corto/mediano plazos.

Los trabajadores argentinos tienen una larga y rica experiencia de más de un siglo de resistencia a los poderosos, de modo que saben cómo desgastarlos, hasta derribarlos por las más diversas vías: desde insurrecciones como la del 17 de octubre de 1945 y la del 19 y 20 de diciembre de 2001, hasta levantamientos armados como el Cordobazo y varias decenas de motines populares.

En Brasil la derecha pilotada por Michel Temer tiene enormes dificultades para imponer las reformas del sistema de pensiones y laboral, no sólo por la resistencia sindical y popular sino por el quiebre interno que sufre el sistema político. La deslegitimación de las instituciones es quizá la más alta que se recuerda en la historia.

El economista Carlos Lessa, presidente del BNDES con el primer gobierno de Lula, señala que Brasil ya no puede mirarse al espejo y reconocerse como lo que es, perdido el horizonte en el marasmo de la globalización (goo.gl/owd24y). El aserto de este destacado pensador brasileño puede aplicarse a los demás países de le región, que no pueden sino naufragar cuando las tormentas sistémicas acechan. En los hechos, Brasil atraviesa una fase de descomposición de la clase política tradicional, algo que pocos parecen estar comprendiendo. Lava Jato es un tsunami que no dejará nada en su sitio.

El panorama que ofrece Venezuela es idéntico, aunque los actores ensayen discursos opuestos. De paso, decir que atender a los discursos en plena descomposición sistémica tiene escasa utilidad, ya que sólo buscan eludir responsabilidades.

Decir que la ingobernabilidad venezolana se debe sólo a la desestabilización de la derecha y el imperio, es olvidarse que en la prolongada erosión del proceso bolivariano participan también los sectores populares, mediante prácticas a escala micro que desorganizan la producción y la vida cotidiana. ¿O acaso alguien puede ignorar que el bachaqueo (contrabando hormiga) es una práctica extendida entre los sectores populares, incluso entre los que se dicen chavistas?

El sociólogo Emiliano Terán Mantovani lo dice sin vueltas: caos, corrupción, desgarro del tejido social y fragmentación del pueblo, potenciados por la crisis terminal del rentismo petrolero (goo.gl/DW8wkQ). Cuando predomina la cultura política del individualismo más feroz, es imposible conducir ningún proceso de cambios hacia algún destino medianamente positivo.

En suma, el panorama que presenta la región –aunque menciono tres países el análisis puede, con matices, extenderse al resto– es de creciente ingobernabilidad, más allá del signo de los gobiernos, con fuertes tendencias hacia el caos, expansión de la corrupción y dificultades extremas para encontrar salidas.

Tres razones de fondo están en la base de esta situación crítica.

La combinación de estos tres aspectos representa la tormenta perfecta en el sistema-mundo y en cada rincón de nuestro continente. Los de arriba, como dijo días atrás el subcomandante insurgente Moisés, quieren convertir el mundo en una finca amurallada. Probablemente, porque nos hemos vuelto ingobernables. Tenemos que organizarnos en esas difíciles condiciones. No para cambiar de finquero, por cierto.

http://www.jornada.unam.mx/2017/04/28/opinion/018a1pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225992

 

 

Comprobamos -en Nuestra América- "la creciente potencia, organización y movilización de los de abajo, de los pueblos indios y negros, de los sectores populares urbanos y los campesinos, de los jóvenes y las mujeres. Ni el genocidio mexicano contra los de abajo ha conseguido paralizar al campo popular, aunque es innegable que afronta serias dificultades para seguir organizando y creando mundos nuevos". Pero las elecciones con frecuencia aumentada hacen a la gobernabilidad del sistema expoliador y represor al dispersar lo acumulado abajo.

 

 

 

Elecciones y poderes de abajo
10 de junio de 2017

 

Por Raúl Zibechi (La Jornada)

En las recientes  décadas la cultura política de izquierda convirtió las elecciones en el principal barómetro de su éxito o fracaso, de avances o retrocesos. En los hechos, la concurrencia electoral se convirtió en el eje de la acción política de las izquierdas, en casi todo el mundo.

Una realidad política nueva, ya que en tiempos no lejanos la cuestión electoral ocupaba una parte de las energías y se considerada un complemento de la tarea central, que giraba en torno a la organización de los sectores populares.

Lo cierto es que la participación electoral fue articulada como el primer paso en la integración en las instituciones (de clase) del sistema político (capitalista). Ese proceso destruyó la organización popular, debilitando hasta el extremo la capacidad de los de abajo para resistir directamente (no mediante sus representantes) la opresión sistémica.

Con los años la política de abajo empezó a girar en torno a lo que decidían y hacían los dirigentes. Un pequeño grupo de diputados y senadores, asistidos por decenas de funcionarios pagados con dineros públicos, fueron desplazando la participación de los militantes de base.

En mi país, Uruguay, el Frente Amplio llegó a tener antes del golpe de Estado de 1973 más de 500 comités de base sólo en Montevideo. Allí se agrupaban militantes de los diversos partidos que integran la coalición, pero también independientes y vecinos. En las primeras elecciones en las que participó (1971), uno de cada tres o cuatro votantes estaba organizado en aquellos comités.

Hoy la realidad muestra que casi no existen comités de base y todo se decide en las cúpulas, integradas por personas que han hecho carrera en instituciones estatales. Sólo un puñado de comités se reactivan durante la campaña electoral, para sumergirse luego en una larga siesta hasta las siguientes elecciones.

En paralelo, la institucionalización de las izquierdas y de los movimientos populares –sumada a la centralidad de la participación electoral– terminaron por dispersar los poderes populares que los de abajo habían erigido con tanto empeño y que fueron la clave de bóveda de las resistencias.

En el debate sobre las elecciones creo que es necesario distinguir tres actitudes, o estrategias, completamente diferentes.

Este punto de vista parece razonable, aunque no acuerdo, ya que considero las políticas sociales vinculadas al combate a la pobreza como formas de contrainsurgencia, con base en la experiencia que vivimos en el Cono Sur del continente. En paralelo, llegar al gobierno casi siempre implica administrar las políticas del FMI y el Banco Mundial. ¿Quién recuerda hoy la experiencia de la griega Syriza? ¿Qué consecuencias sacamos de un gobierno que prometía lo contrario?

Es evidente que focalizarse en que tal o cual dirigente cometieron traición, lleva el debate a un callejón sin salida, salvo que se crea que con otros dirigentes las cosas hubieran ido por otro camino. No se trata sólo de errores; es el sistema.

Diferente es el caso de países como Venezuela y Bolivia. Cuando Evo Morales y Hugo Chávez llegaron al gobierno por la vía electoral, existían movimientos potentes, organizados y movilizados, sobre todo en el primer caso. Sin embargo, una vez en el gobierno decidieron fortalecer el aparato estatal y, por tanto, emprendieron acciones para debilitar a los movimientos.

Siendo las experiencias estatales más avanzadas, hoy no existen en ninguno de ambos países movimientos antisistémicos autónomos que sostengan a esos gobiernos. Quienes los apoyan, salvo excepciones, son organizaciones sociales cooptadas o creadas desde arriba. En este punto propongo distinguir entre movimientos (anclados en la militancia de base) y organizaciones (burocracias financiadas por los estados).

Una variante de esta actitud son aquellos movimientos que, en cierto momento, deciden incursionar en el terreno electoral. Las más de las veces, y creo que México aporta una larga experiencia en esta dirección, al cabo de los años las bases de los movimientos se debilitan, mientras los dirigentes terminan incrustados en el aparato estatal.

Me parece evidente que no se trata de un giro electoral, ni que el zapatismo haya hecho un viraje electoralista. Es una propuesta –así la entiendo y puedo estar equivocado– que pretende seguir construyendo en una situación de guerra interna, de genocidio contra los de abajo, como la que vive México desde hace casi una década.

Se trata de una táctica que recoge la experiencia revolucionaria del siglo XX para enfrentar la tormenta actual, no usando las armas que nos presta el sistema (las urnas y los votos), sino con armas propias, como la organización de los de abajo.

http://www.jornada.unam.mx/2017/06/09/opinion/020a2pol

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227744

En consecuencia, es hora de percatarse que de las elecciones no provendrán los cambios emancipatorios. Lo evidencian  "los gobiernos progresistas apenas intentaron conducir la notable energía popular hacia las aguas estancas de la representación, o sea, de la política estatal. Los momentos candentes de las luchas sociales (parlamentos indígenas-populares de 2000 en Ecuador, cuarteles aymaras en el altiplano boliviano en 2000-2001, asambleas populares en Argentina en 2001-2002) fueron momentos antiestatales pero también antipartidos, dos modos organizativos que responden a la misma lógica. Respecto a esos momentos, la recomposición estatista-progresista fue un paso atrás, un retroceso". Fetichizaron al Estado burgués y establecieron la subordinación incondicional a líderes. Es decir, convencieron a las grandes mayorías de la posibilidad de:

 

"Cambiar el mundo desde arriba. 
Los límites del progresismo"
20 de julio de 2017

Escrito por Daniel Vargas

"Estamos atravesando un cambio de época mucho más profundo del que insinuaron los gobiernos progresistas que, en el fondo, apenas intentaron conducir la notable energía popular hacia las aguas estancas de la representación, o sea, de la política estatal. Los momentos candentes de las luchas sociales (parlamentos indígenas-populares de 2000 en Ecuador, cuarteles aymaras en el altiplano boliviano en 2000-2001, asambleas populares en Argentina en 2001-2002) fueron momentos antiestatales pero también antipartidos, dos modos organizativos que responden a la misma lógica. Respecto a esos momentos, la recomposición estatista-progresista fue un paso atrás, un retroceso. Para quienes apostamos a la emancipación colectiva, el punto de referencia debe ser siempre el grado más alto alcanzado por la lucha social y nunca aquello que es posible conseguir. Lo posible es siempre el Estado, el partido, las instituciones existentes. Pero la emancipación no se puede detener allí". (Decio Machado - Raúl Zibechi. 2016. "Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo". Ediciones desde abajo. Bogotá, Colombia).

La cita fue con Raúl Zibechi y Decio Machado, autores del libro "Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo". La invitación era para realizar un taller, un diálogo-debate alrededor de un conjunto de experiencias de gobierno que se dicen "revolucionarios" pero que mucho más allá de los deseos o de la propaganda han terminado por conducir las dinámicas fuerzas sociales que heredaron hacia la atomización, la cooptación, la división, la confusión, sin marcar por lugar alguno las señas de lo que implicaría un cambio digno de llamarse revolucionario. El taller sesionó durante los días 11-12 de abril, en el auditorio de la Cooperativa Codema.

 Día primero
Las personas concurrentes fueron llegando poco a poco, tal vez con temor de lo que iban a escuchar, o tal vez escépticas por lo ya leído en las páginas del libro que algunos de los inscritos ya habían reclamado o recibido. Una vez quedaron pocas sillas por usar, se dio inicio al evento. Antes de entrar en materia, se habló un poco de los ponentes a modo de una corta presentación. Raúl Zibechi es un escritor y pensador-activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina; Decio Machado es un consultor internacional en Políticas públicas, análisis estratégico y comunicación. Miembro del equipo fundador del periódico Diagonal y de la revista "El Hurón", así como colaborador habitual en diversos medios de comunicación en América Latina y Europa. Investigador asociado en Sistemas Integrados de Análisis Socioeconómico, director de la Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (Aldhea) y colaborador de Editorial Crítica & Alternativas y Ediciones Desde Abajo.

"Es deber de la izquierda hacer un análisis auto crítico, porque si en algo hemos pecado la izquierda es en, precisamente, no hacerlo, por el contrario hemos tratado de ocultar algunos procesos oscuros que no nos enorgullecen. Por lo mismo es preciso hacer algunas aclaraciones sobre ciertos conceptos que el progresismo ha usado para referirse a su gestión" (Machado)[...] "En Suramérica no ha habido revoluciones –se ha hablado de la revolución bolivariana en Venezuela, de la revolución ciudadana en Ecuador, en Bolivia la revolución del buen vivir- y eso por una razón elemental: una revolución no puede dejar intacto el aparato estatal (fuerzas armadas, burocracias, instituciones civiles, etcétera), una revolución destituye esos aparatos. Vale la pena aclarar que la revolución no es el paradigma para llevar a cabo una transformación social, puesto que llevamos poco más de dos siglos de revoluciones que han sido poco transformadoras", dice Zibechi.

Ciclo progresista

El taller empieza con una revisión histórica de los alzamientos populares en América Latina a cargo de Raúl Zibechi.

"El ciclo progresista arranca a comienzos de los 90, años en los que se produjeron levantamientos sociales no organizados como El Caracazo en Venezuela o el Cacerolazo en Argentina que no contaban con el auspicio de centrales sindicales ni de partidos políticos, fueron insurrecciones espontáneas realizadas por el pueblo. Dos décadas antes ya se habían formado movimientos como la Conaie en Ecuador a principios de los 80, como el Ezln protagonista del alzamiento del 94, como las organizaciones campesinas paraguayas del MCP de los años 80, las Madres de la Plaza de Mayo en plena dictadura del 76. Durante este tiempo cayeron más de 10 presidentes: 3 en Ecuador, 2 en Argentina, 2 en Bolivia, 1 en Brasil y situaciones similares en otros lugares [...].

También cabe aclarar el concepto de movimiento, hay que someterlo a crítica y a problematización. ¿Qué es un movimiento? Somos herederos de una ciencia social eurocéntrica que ha estudiado y analizado este concepto al punto de definir características que lo describen. En el periodo de los 90 y principios de los 2000, la intensidad de la acción social del movimiento popular (indígena, campesino, urbano y de periferias urbanas) modifica la relación de fuerzas en el continente, particularmente en Sudamérica y aunque no se lo propusieron –algunos más, otros menos– consiguieron, primero, deslegitimar el modelo neoliberal; segundo, al abrir grietas en la capacidad de gobernar de los neoliberales, crearon condiciones para que emergieran nuevas fuerzas políticas. Y si uno mirara país por país vería que en muchos de ellos los partidos políticos que desempeñaron un papel importante hasta los años 90, o desaparecieron o pasaron a un lugar muy marginal. Este es el primer panorama de cambio en la región, luego en 2005, cuando empiezan los primeros gobiernos progresistas, cambia el clima político en el continente. El activismo popular continúa con los gobiernos progresistas, lo único que cambian son los propósitos".

Desarrollo progresista (extractivismo), asistencialismo y movimientos populares

Aquí Zibechi establece una relación entre el desarrollismo progresista, las políticas sociales de asistencialismo y los alzamientos civiles. "Durante estos gobiernos se impulsó el extractivismo en todas sus expresiones (mega-obras de infraestructura, monocultivos, ganadería extensiva y minería; en general cualquier forma de explotación del suelo), causando grandes impactos ambientales y de ordenamiento territorial que derivaron en problemáticas sociales y que desencadenaron la movilización de los grupos sociales directamente afectados y la posterior adhesión de los movimientos simpatizantes. Es el caso del Perú, de Bolivia, de Brasil, Argentina y Venezuela, en donde se estimuló la producción minera y agrícola de forma exhaustiva a tal punto de despojar, desplazar, contaminar y hasta asesinar a las personas que habitaron las tierras en donde se desarrollaron mega-proyectos industriales. Estas movilizaciones muestran las grietas de una de las caras del modelo progresista que son las políticas sociales, pues estas ya no son suficientes y por eso la gente empuja, a lo que los gobiernos responden ampliando las políticas públicas".

Y continúa: "El extractivismo también tiene un componente urbano, pero que al estar tan normalizada la especulación inmobiliaria, cuesta considerarla parte del modelo extractivo. Esta exagerada especulación con el suelo y la vivienda es también parte del modelo extractivo, porque los tres tienen detrás al capital financiero. Es un modelo especulativo, no productivo; especula con la propiedad sobre la tierra y los usos del suelo. Llevamos entre 15 y 20 años de gobiernos progresistas, un periodo suficiente para evaluar qué se ha hecho y qué no y cuáles han sido las opciones políticas que han tomado cada uno de los gobiernos. Ha habido condiciones para profundizar en sus políticas y llevar a cabo los cambios sociales necesarios de haberlo querido".

Por su parte Machado amplía la temática. "A pesar de su intento de apuesta revolucionaria, el progresismo sigue sujeto a la economía global, a los precios internacionales del petróleo, y a la oferta y demanda de mercancías (commodities) en el mundo. Aunque se plantean el fin del capitalismo, los gobiernos progresistas aprueban el crecimiento desmesurado que tiene la empresa privada durante sus administraciones, excusándose en que, de acuerdo a las ganancias del capital privado, los impuestos a la renta para el Estado serán mayores, y el dinero destinado para la asistencia social también. Por otro lado, las lógicas dependentistas que en la teoría se buscan extinguir, en la práctica tienden a aumentar, así queda reflejado en los precios de las exportaciones de materias primas que imponen las potencias y la vinculación de los países sudamericanos con países europeos mediante tratados de libre comercio, que poco o nada favorece a la empresa nacional latinoamericana. De esta manera, siendo el extractivismo la principal fuente económica en los países progresistas, los conflictos ambientales han sido cada vez más notorios, a pesar de que los programas de gobierno se pensaron en un marco ecologista y como defensores de los derechos ambientales".

Terminada esta primera temática, se dio paso a las intervenciones del público asistente, quienes plantearon interrogantes respecto a la pertinencia del progresismo, a las élites que intervienen en la conformación de este modelo, y a la crisis de la izquierda reflejado en el fracaso de los gobiernos progresistas del siglo XXI.

La crisis del socialismo. Fracaso del progresismo.

Zibechi fue el primero en tomar la palabra para responder. "El pensamiento crítico frente a los procesos revolucionarios del socialismo y su lucha contra el capitalismo atraviesa una gran crisis. Décadas anteriores al surgimiento del progresismo, la construcción continua del socialismo y del pensamiento emancipatorio era constante; había una crítica que visibilizaba las carencias y las expectativas de los gobiernos que aplicaron el modelo socialista. Sin embargo esta crítica se fue desvaneciendo y con la caída del Muro de Berlín, la derrota del socialismo, representado en la Unión Soviética, se convirtió en un tema censurado. Entonces las falencias de la izquierda como propuesta política no fueron analizadas y, por ende, nunca fueron corregidas. Asimismo la izquierda omitió una pregunta fundamental, ¿es posible el socialismo desde el Estado? Al no hacernos esta pregunta nos encontramos ahora, con el progresismo, con que los errores de hace 30 años los estamos repitiendo al pretender que la revolución se realice bajo el modelo de Estado que ha permitido que el neoliberalismo alcance el poder que tiene hoy en día.

El proceso bolivariano en Venezuela define el socialismo como "modo de relaciones de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de las necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, que tiene como base fundamental la recuperación del valor del trabajo como productor bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo integral. Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias de venezolanos y venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio". Esto es una anti definición de lo que es el socialismo en Marx; el socialismo es el poder de los trabajadores, la elevación de la clase obrera como la clase dominante, eliminando el poder de la burguesía, gradualmente se le irá arrancando el capital. No es posible entender el cambio en América Latina sin comprender el cambio de potencia hegemónica.

Pobreza y desigualdad. ¿Economía progresista?

Desde las perspectivas manejadas en el libro, Zibechi expone las falencias económicas de los gobiernos progresistas. "La economía en los gobiernos progresistas presentó un aumento considerable, por lo menos en sus primeras etapas, gracias al extractivismo y las exportaciones que este generaba. Esto permitió al Estado contar con más recursos y en consecuencia que las políticas sociales contaran con grandes cantidades de dinero y la asistencia social se llevara a cabo de forma masiva. Pero esto no representó un cambio radical en la división de las clases sociales, se redujo la pobreza apenas un poco mientras tanto la desigualdad social seguía siendo abismal y así se mantiene".

Y agrega: "La aparente disminución de la desigualdad está dada por la disminución de la diferencia entre los ingresos de los trabajadores porque se colocaron impuestos a los salarios más altos, impuestos que fueron distribuidos entre la población más pobre. Este dinero distribuido no representa un gasto superior al 1 por ciento del PIB de estos países, por lo mismo no es una cantidad considerable como para que una familia beneficiaria salga de la condición de pobreza ni mejore efectivamente su calidad de vida. Para disminuir la desigualdad son necesarias reformas estructurales en la distribución de la tierra en áreas rurales y urbanas, no en los impuestos, porque el capitalismo está diseñado para evadirlos. El progresismo no pudo realizar un cambio estructural en el modelo económico y político existente, no tocó la base hegemónica de la banca, el capital financiero y el extractivismo. ¿Qué paradigma de revolución se debe seguir para un verdadero cambio social? ¿Se podrá vencer a la burguesía? Sabemos que no es la lucha armada, tampoco la vía electoral, ¿cuál es?". Con estos interrogantes finalizó la primera sesión.

Día 2

La segunda parte del taller empezó con una serie de preguntas por parte de los asistentes, interrogantes relacionados con los temas trabajados en el libro, y algunos que no se tocaron pero que también resultaron pertinentes en este debate. Se formularon preguntas que tienen que ver con las tendencias progresistas, las formas de organización y algunos movimientos representativos del socialismo. Sin embargo, Zibechi propuso concluir el tema de la bancarización que quedó pendiente en la sesión del día anterior.

El sector bancario, el más beneficiado

"¿Cómo influyeron los gobiernos progresistas en la profundización de la bancarización? La pista nos la da este dato. Bajo los 8 años, los dos gobiernos de Fernando Enrique Cardozo la banca tuvo una ganancia del 10 por ciento y bajo los 8 años de Lula la ganancia de la banca fue mayor, ¿cómo se explica esto?, ¿a qué se debe? Una de las razones es que ese cartoncito de bolsa familia, o sea, esos 150 mil pesos colombianos que le ingresa a 50 millones de personas o 12 millones de familias, les obliga a conseguir una tarjeta débito –porque ya de entrada tienen que tener una cuenta de ahorros–, entonces ya hay una vinculación a través de una cuenta bancaria. Por otro lado, las ventas de autos durante el gobierno del PT crecieron a un promedio del 9 por ciento anual, es decir, durante el gobierno de Lula creció más del 70 por ciento. Eso se debe a que el Gobierno facilitó los pagos en muchas cuotas de los vehículos. El crédito a las familias era el 22 por ciento del PIB, hace un par de años era del 58 por cieneto; este endeudamiento es con la banca, lo que provocó que las familias se hicieran más dependientes del sistema bancario".

Además, añade: "Este proceso de financiarización rompe con la barrera de la heterogeneidad estructural que había sido un freno al crecimiento del capitalismo. Sobre esto dice Aníbal Quijano: "Mientras que en el mundo desarrollado hay una forma de ingreso del grueso de la población trabajadora que es el salario, en América Latina tenemos 5 formas de trabajo: la esclavitud, la servidumbre, la reciprocidad (sobre todo en las áreas rurales y en las periferias urbanas), la pequeña iniciativa mercantil familiar y el salario. Después de un siglo de gobierno progresista se produce lo contrario". Entonces, diría que a esto habría que agregarle otro elemento: hay mayor vulnerabilidad de las familias y mayor vulnerabilidad de los sectores populares por debilidad, debilitamiento y complexión de los movimientos sociales [...]. Esta situación ha generado un malestar muy grande en los sectores populares. En consecuencia, el progresismo ha implicado una fuerte profundización del capitalismo, contrario a lo que dijera Marx –aunque después él mismo se corrigiera– el socialismo no es la fase final del capitalismo; mentira".

Represión en el progresismo

Otro de los mitos que estuvo presente en el progresismo es que la represión bajó considerablemente. Los datos que ofrecen Machado y Zibechi indican que la represión aumentó. En el caso de Brasil, los datos oficiales del Gobierno muestran que desde el 2002 y hasta el 2015, la muerte de ciudadanos blancos cayó 24 por ciento, mientras que la muerte de ciudadanos negros subió un 38 por ciento. Esto quiere decir que hay una violencia focalizada hacia ciertos sectores de la sociedad. En Argentina, el colectivo Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) viene recolectando desde el año 83 los datos de las muertes violentas a manos de la policía, la mayoría con armas de fuego, otros a golpes, otros en circunstancias sin esclarecer; la inmensa mayoría jóvenes de 15 a 30 años de los sectores populares. Bajo el gobierno de Alfonsín (5 a 6 años) registraron 21 casos de muertes violentas por la policía al año (teniendo en cuenta que la Correpi aún no contaba con las herramientas ni el manejo de registros necesarios). Después vienen los 10 años del más salvaje neoliberalismo, el de Menem, en el que hubo un promedio de 68 muertos por años por la policía. Después viene un lapso de dos años que fue cuando el movimiento popular creció exponencialmente y la violencia represiva también, en esos años hubo un promedio de 241 muertos cada año. Luego vienen los 10 años de los Kirchner en los que se registran 246 por año, aún cuando habían implementado políticas para disminuir la violencia represiva por parte de la policía. ¿Por qué en estos gobiernos progresistas hay 3, casi 4 veces más muertes que en el gobierno del más crudo neoliberalismo? ¿Qué está pasando? En Argentina no hay extrema derecha, ni ninguna organización ha denunciado infiltración de la extrema derecha, sin embargo hay una organización jerárquica de la policía que está por encima de cualquier gobierno.

Decio Machado toma la palabra para exponer la manera en que en Ecuador se emplea la represión. "El mejor mecanismo de control social en los países con gobiernos progresistas en el continente lo tiene Ecuador, desde el punto de vista político. Hay un desarrollo de una violencia institucional que va desde lo dialéctico hasta lógicas de control social que son mucho más sofisticados que en la época del neoliberalismo. En el caso de Ecuador no hay un indicador de muertes como el que se está reflejando aquí; es un criterio selectivo de represión o de control social que tiene bastante de subliminal, que se ven reflejados en lógicas como pérdidas de empleo, incapacidad para conseguir nuevos empleos, escarnio público (el Presidente se encarga de sacar la foto en las sabatinas –que es una especie de rendición de cuentas–, de los periodistas opositores que dijeron algo que no le gustó, existe una violencia institucional generalizada desde el propio poder que enmarca lógicas de señalamiento y de censura aplicado por los demás funcionarios del gobierno".

Además, Machado afirma que la represión se usa para esconder las falencias de los gobiernos. "Hay un discurso generalizado de los gobiernos latinoamericanos carente de análisis crítico desde la institucionalidad progresista, carece de autoreflexión crítica. También está el discurso de "conmigo o contra mí": cualquier disidencia es contemplada como una traición; y esta cuestión es común en todos los gobiernos que se dicen progresistas. Esto va de la mano con el recelo que se tiene por los movimientos sociales y Ongs que defienden sectores de la sociedad, señalando cada movilización como estrategias de la derecha para ejecutar maniobras en aras de un golpe de Estado, apoyada por Estados Unidos. Estas son las dinámicas que emplean las administraciones progresistas para ocultar sus falencias".

Crisis de la izquierda en América Latina

¿Cuál es el impacto para la izquierda el momento de crisis que viven los gobiernos latinoamericanos, la decadencia de la institucionalidad política progresista en América latina? ¿Qué va a pasar en América latina? ¿Qué va a pasar con las izquierdas institucionales, con las alternativas ancestrales (Cauca, Chiapas)? Fueron algunas de las preguntas realizadas por quienes asistieron al taller.

Machado empieza su intervención con una pregunta que cuestiona la intención revolucionaria del progresismo: "¿Por qué no se han hecho debates sobre la propiedad si estamos en un proceso de transformación social? No quiere decir que se tenga que desconocer el derecho a la propiedad privada, sino que la pregunta va orientada a cuáles son los límites de acumulación de la propiedad privada, cómo se debe distribuir la propiedad, si debe haber propiedad colectiva en los territorios. Siguen ganando dinero los mismos que ganaban antes, ahora mucho más, sigue creciendo la brecha de desigualdad, la banca gana más dinero que nunca. Hace tres años en Venezuela la banca privada registró récords en ganancias; esto quiere decir que el modelo de acumulación no ha cambiado en nada".

Y prosigue: "Lograr que la gente participe en la toma de decisiones es un acto revolucionario y más si está acompañado de la construcción de valores. Hoy por hoy no hay una alternativa al progresismo, no la habrá en un futuro cercano, hay que construirla de manera colectiva. El progresismo que se concibió en Latinoamérica a principios de siglo hoy se cae a pedazos, ha alcanzado su máxima expresión y demuestra que no ha sido la contra-respuesta al modelo financiero global acumulativo. Hoy se debe reconstruir eso, seguramente desde la participación de los pueblos. También hay que entender que resulta bastante difícil para la izquierda el estrés de tener que soportar dos crisis como estas (la crisis del progresismo y la caída del muro de Berlín) en menos de tres décadas que no tienen antecedentes históricos, y eso tiene un precio.

Zibechi, por su parte, dice: "Creo que el único movimiento que ha sacado conclusiones de la crisis del socialismo y de la reforma del socialismo es el zapatismo. Y creo que la derrota del socialismo real con una modalidad en el campo soviético y con otra modalidad pero no menos grave que es la China, que no cayó formalmente pero se hizo ultra capitalista, es la derrota del imaginario de la cultura política de dos siglos, formada desde la revolución francesa, pasando por las revoluciones de 1848, la revolución rusa, la guerra civil y la revolución española, la revolución china, la cubana, la sandinista y otras [...]. ¿De dónde podemos aprender? En el último período hemos aprendido de las comunidades eclesiales de base, aprendimos de la educación popular, del guevarismo; de la ética guerrillera, y hemos aprendido del movimiento indígena que surgió en el 70. Y sin embargo ellos han sido reformateados por esta cultura política que no va más. ¿De dónde sacar la fuerza inspiradora para reconstruir el pensamiento y la práctica emancipatoria? Creo que sólo hay dos movimientos que nos iluminan: uno es el movimiento de mujeres; el otro es el movimiento indígena".

Y termina diciendo: "El zapatismo plantea cambiar el mundo creando una nueva cultura política, lo demás se irá dando. Necesitamos construir relaciones sociales de nuevo tipo, ¿Qué cambios vamos a lograr si no podemos superar la contradicción entre las jerarquías de trabajo manual e intelectual? No se trata de gobernar a otros, eso es administrar lo que ya hay, lo que necesitamos es crear cosas nuevas, experiencias nuevas, relaciones sociales nuevas. Los obstáculos son las organizaciones y sus dirigentes. La democracia contemporánea implica la relación de hegemonías, obliga a la minoría a hacer lo que la mayoría disponga, y eso crea fracturas en la sociedad. Siempre habrá disidentes, personas en desacuerdo que no pueden ser excluidas, al contrario, es deber de cada uno aportar porque, en últimas, existe un bien común de fondo.

Una vez Zibechi termina su intervención, hacen una pausa para ceder la palabra a sus interlocutores. Hubo una notable antipatía con algunas de las posturas expuestas en el libro. ¿Qué fracasó en el socialismo, que se refleja ahora en el progresismo? ¿El progresismo desde quiénes y para quiénes? ¿Cómo hablar de revolución dentro de la hegemonía capitalista?

El deber de la izquierda

En esta oportunidad quien empieza la intervención por parte de los talleristas invitados es Machado, quien antes hace una reflexión acerca del poder y el propósito del progresismo.

Tenemos que replantearnos esta lógica del poder, ¿Existe un poder bueno? ¿Quien ha asumido el poder traicionó los ideales con los que llegó al poder, o es que todos estos gobiernos progresistas –durante estos episodios históricos que hemos tenido a lo largo de los siglos XIX, XX y ahora XXI–, han sido consecuencias de que el poder fue tomado por personas equivocadas o que se corrompieron? ¿Cuáles con las lógicas en las que la izquierda ha asumido la toma del poder (la toma del Estado)? En la lógica de la globalización actual considerar que la toma del Estado es la toma del poder es una lógica de abstersión, porque el poder se ramifica en las lógicas económicas, de tecnologías. Y nos referimos a los clásicos porque no hay intelectuales contemporáneos que se refieran a estos temas actuales, como lo hicieron ellos en su momento, entonces sirven de referencia.

Asociar el poder con el control del Estado, de la economía y/o de las tecnologías o entender que el poder significa el dominio de la institucionalidad de cualquier forma, es un error. El poder está dado por la aceptación del pueblo que participa en las dinámicas de gobierno, que interactúa en la construcción de lazos de identidad de la sociedad. El ejercicio del poder, contemplado desde la institución, siempre estará permeado por mecanismos de represión, siempre hará uso de la cultura del miedo para su ejercicio de dominación, y el progresismo no ha sido la excepción. El progresismo mantiene las mismas lógicas, o recurre a los mismos mecanismos de violencia, de represión, a la misma cultura del miedo, porque no logra modificar la cultura política de ordenamiento social, mucho menos transforma las dinámicas de producción y consumo que por años ha implantado la derecha neoliberal, por el contrario mantiene el contexto económico que le permite al capitalismo crecer cada día más.

Finalmente, Zibechi termina la sesión y da por finalizado el taller con estas palabras a modo de conclusión: "No se puede cambiar este mundo si no hay un colapso, en períodos de estabilidad no se puede cambiar nada. Las revoluciones fueron hijas de grandes colapsos. ¿Para qué nos preparamos: para asumir un cargo o para enfrentar ese colapso? ¿Cómo se cambia el mundo? Nietzsche tiene una famosa parábola sobre el hombre camello, el hombre león y el hombre niño; el camello es el que carga el peso de la explotación, del dolor, el león es el que se rebela contra eso, pero el león y el camello palpitan en la misma longitud de onda. El león reacciona a la opresión pero no va más allá, no modifica su realidad; es el niño el que crea, el que está en otra dimensión, tiene la imaginación y la inventiva para cambiar su realidad. Nosotros podemos cambiar al mundo si hay un colapso y si somos capaces de crear algo nuevo, no administrando lo que hay; tal vez, sólo de esta manera muchos otros sigan el ejemplo. Los cambios serán realizados por pequeños grupos e irán creciendo conforme se vean los beneficios, pero hay que partir con la conciencia de que lo que hay ya no es suficiente, ya no sirve". Fuente: http://www.lafogata.org/zibechi2017/07/raul.20.1.htm

 

 

Generalicemos la conciencia que, a diferencia del progresismo, lo medular es el protagonismo popular para ir modificando "la cultura política de ordenamiento social y las dinámicas tanto de producción como de consumo que por años ha implantado la derecha neoliberal". Ante todo es crucial:

 

 

Des-caudillizar el poder y des-apoderar la política

4 de abril de 2017

Por Arturo D. Villanueva Imaña

Rompiendo con aquel ciclo de continuidad que los gobiernos llamados progresistas nos habían acostumbrado durante al menos la última década, Latinoamérica y Bolivia en particular vuelven a sacudirse por el surgimiento e impronta de vientos de renovación democrática.

Hasta ahora, la ola renovadora ha favorecido el retorno de la derecha y aquel neoliberalismo (hoy cada vez más radical y que a pesar de haber sido expulsado), resulta que está provocando una fuerte interpelación acerca del futuro que queremos construir y las alternativas que se plantean para lograrlo.

En vista de los resultados electorales sucedidos en varios países, aparece cada vez más evidente la restauración de regímenes que están reimplantando políticas neoliberales más agresivas. Las mismas, ahondan y exacerban el carácter enajenador del modelo salvajemente extractivista y desarrollista que implantaron los gobiernos autodenominados de “izquierda”, en favor (claro está), de grandes intereses corporativos y transnacionales que, a su turno, reactualizan y tienden a imponer un colonialismo de nuevo sello.

Sea producto del desencanto sin alternativas, de un gran rechazo y bronca acumuladas, de la indignación y resistencia a la impostura y la traición, o del reciclamiento de la derecha y el neoliberalismo que han sido propiciados bajo el auspicio y la alianza que los propios gobiernos progresistas les brindaron; lo cierto es que la derecha está de retorno. Sucede que nuestros pueblos no tuvieron oportunidad, ni pudieron construir o elegir otra alternativa que no fuese la repetición del modelo económico extractivista que sucedió al neoliberalismo.

Y aunque en el plano del ejercicio gubernamental se pueden distinguir diferencias de matiz por el énfasis estatista o privatizador que impulsan progresistas o neoliberales reciclados; lo que se impone en la práctica y la cotidianidad social actual, es el mismo tipo de sobreexplotación del hombre y la naturaleza, con los graves efectos y daños socio ambientales y climáticos que debe soportar y sufrir el pueblo.

Ahora bien, habida cuenta que la resistencia y rechazo popular todavía no han logrado construir una alternativa política que no sea de derecha, ni articular una propuesta estratégica contra el modelo económico extractivista; es indudable que para retomar y cumplir aquella agenda popular de transformaciones que inclusive se constitucionalizó en países como Bolivia, queda un  importante desafío. Es decir, comenzar por articular los diversos movimientos de protesta, resistencia y denuncia, para convertirlos en una lucha conjunta contra el modelo extractivista y desarrollista que origina los principales problemas de la economía, la sociedad y la naturaleza.

A diferencia de lo que ya ha sucedido electoralmente en otros países en los que se ha cambiado de signo político, pero no de modelo económico, en Bolivia todavía se tiene tiempo y oportunidad para evitar dicho efecto pernicioso. Un efecto cuyo origen y riesgo se explican por la impostura y traición de un gobierno autocalificado como de izquierda, pero que le allanó el camino nada menos que a esa derecha neoliberal que decía combatir, y que ahora se predispone a volver a gobernar.

El ámbito del poder y la política.

Sin embargo, la reflexión de los siguientes acápites estará orientada a un plano diferente, aunque conexo. Me refiero al plano del poder y la política y la forma cómo ambos se han ido construyendo y desvirtuando, en tanto más se favorecía la concentración del poder y la caudillización de la política.

Si existe algún fenómeno peculiar que caracterice la praxis política en Latinoamérica, éste no es otro que un caudillismo personalista, estrechamente asociado al propósito de conquista, conservación y concentración del poder a toda costa.

Sea como resultado de la persistencia de prácticas o afinidades monárquicas; sea por la internalización de valores individualistas y competitivos que corresponden a la visión liberal y capitalista que favorece los emprendimientos personales y privados; sea porque se desdeña prácticas colectivas, sociales y comunitarias; o sea porque ha prevalecido un tipo de sociedad patriarcal y machista, donde domina en forma excluyente el varón elegido; lo cierto es que este tipo de ejercicio político contribuye a un proceso de individualización, concentración y caudillización del poder y la política. Es decir, una forma de comportamiento político que al mismo tiempo de desplazar prácticas comunitarias y colectivas de gestión pública y política, donde prevalece el debate y la construcción colectiva de consensos y la participación social;  termina desvirtuando y quitando a la democracia la oportunidad de devolver el poder al pueblo, y concentrarlo cada vez más en caudillos y cúpulas que usurpan la iniciativa popular, para hacer prevalecer dominios y voluntades individualistas, excluyentes y sectarias.

Es una especie de privatización y concentración del poder y la política, que resulta muy similar, equivalente y compatible a la concentración de la riqueza y los medios de producción que detentan y defienden los intereses particulares e individualistas del sistema capitalista predominante. Es tan compatible y equivalente en el plano económico, que resulta muy funcional para ejercer y reproducir poder en el plano político. En fin, se convierte en una potente herramienta para usurpar y enajenar poder en las manos individuales del caudillo y su séquito; provocando que la praxis política tienda a ser reducida a meros actos electorales, y la democracia sea secuestrada en favor de intereses minoritarios y particulares.

En otras palabras, se trata de un fenómeno que se encuentra en la antípoda del ideal democrático orientado a constituir un gobierno del pueblo y para el pueblo, donde el ejercicio de la política no esté orientado a escoger caudillos y favorecer intereses individualistas y minoritarios, sino a devolver la capacidad de gestión, decisión y participación social al pueblo. A cambio, la caudillización del poder y la política es mucho más coincidente y funcional a los valores capitalistas, liberales y republicanos, donde prevalece el individualismo, la competencia y la concentración de riqueza y poder en pocas manos.

El plano de la democracia.

En el ámbito de la democracia sucede un fenómeno similar, porque desoyendo una histórica tradición de lucha de los pueblos indígenas que insistentemente reivindican la necesidad de reconstituir sus territorios colectivos y su capacidad de autogobierno comunitario, se ha hecho prevalecer el enfoque occidental de fuerte contenido presidencialista e individual. El mismo, favorece la conformación y elección de gobiernos supuestamente representativos, pero que generalmente responden a los intereses minoritarios que concentran la riqueza y los medios de influencia sobre la población. Prevalece un enfoque democrático-representativo ajeno, frente a la reivindicación de una capacidad de autodeterminación y gobierno colectivo, que responde a las prácticas propias de comunidades y ayllus.

Como si ello no fuese suficiente, tampoco se toma en cuenta y se termina despreciando las mismas prácticas democráticas de los movimientos sociales. Ellos, cotidiana y sistemáticamente deliberan colectivamente, construyen consensos y adoptan decisiones participativas sobre todos aquellos asuntos y problemas que inciden o afectan su modo de vida, trabajo y las relaciones con el entorno. Es más, desatendidos, olvidados, o marginados por el Estado y la gestión pública de gobierno, inclusive han logrado resolver necesidades y problemas acuciantes, sobre la base de la cooperación, la solidaridad, la autogestión y el trabajo comunitario.

Existen ejemplos innumerables de esta capacidad de gestión pública y política tanto en áreas rurales como en centros urbanos, que no han necesitado del rol del Estado, para poder efectivizar la conquista de sus derechos, como la atención y resolución de sus problemas y demandas.

Ello no se traduce únicamente en una mayor capacidad de gestión comunitaria y autogestión pública y política; sino que implica un ejercicio democrático y ciudadano, que va mucho más allá de acudir circunstancial y ocasionalmente a las urnas, para que después otros decidan por todos, a cuenta el voto emitido y la delegación de poder conferida.

A contrapelo de estas experiencias prácticas e históricas que indudablemente dan cuenta de un tipo de ejercicio democrático centrado en la iniciativa colectiva y comunitaria del pueblo, y donde la gestión pública y política ya no es un atributo del Estado, los partidos políticos,  o el gobierno; es indudable que responde y se acerca mejor al tipo de democracia y ejercicio político que siempre se ha deseado como la forma de gobierno más cercana al pueblo.

Por todo ello, persistir en un modelo democrático tradicional, basado casi exclusivamente en la búsqueda de representatividad electoral, donde su mayor valor consiste en el balotaje de mayorías y minorías; no sólo resulta anacrónico, sino totalmente insuficiente para profundizar la democracia.

Si se trata de responder adecuadamente a las formas cómo se ejerce la política y se constituye un gobierno más cercano al pueblo, pero se insiste en reproducir el modelo democrático tradicional, sólo se contribuirá a perpetuar una forma de democracia elitista y meramente formal. Peor es el resultado, cuando dicha democracia representativa se desvirtúa bajo prácticas pactistas y/o caudillistas, que convierten la política y el ejercicio democrático en una forma de usurpación de la voluntad popular, y un medio de conquista del poder como fin último.

Como consecuencia de lo analizado en ambos planos, y mientras persistan ambos fenómenos distorsionadores de la democracia y la política, puede concluirse la imposibilidad de profundizar la democracia en un sentido popular, así como de impedir la realización de las tareas de transformación democrática que acompañen los cambios en la economía.

Un apunte final en la perspectiva de construir una alternativa de izquierda, hacer política en forma diferente y devolver el poder pueblo. Un proceso de profundización de la democracia y transformación social no será posible, si paralela y simultáneamente no recoge  y pone en práctica el modo de gestión pública y política que la sociedad ya ejercita. No por nada las movilizaciones y la protesta  de los movimientos sociales que se expresan cotidianamente en las calles, repudian la caudillización, partidización y/o aprovechamiento electoralista con que actúan algunos sectores, partidos y gobiernos (incluidos los llamados progresistas). Fuente: http://www.bolpress.com/2017/04/04/des-caudillizar-el-poder-y-des-apoderar-la-politica/

 

 En/con el capitalismo mundializado

 

Hallamos que en Venezuela como único país donde hubo pronunciamiento de avanzar hacia el socialismo del siglo XXI se da hoy un proceso antagónico a esos planes:

 

 

La asamblea constituyente madurista

7 de agosto de 2017

 

Por Edgardo Lander (Brecha)

El fallecimiento de Chávez en el año 2013 y el colapso de los precios del petróleo que ocurrió poco después significaron el derrumbe de dos pilares fundamentales del proceso bolivariano, y es a partir de entonces que éste entra en una profunda crisis. La crisis estructural del agotamiento del patrón petrolero rentista que venía dándose desde comienzos de la década del 80, y que parecía haberse superado en la primera década de este siglo, reaparece con renovado vigor.

Maduro, careciendo de la capacidad de liderazgo de Chávez, gana las elecciones presidenciales del año 2013 con una diferencia de menos de 2 por ciento de los votos. En 2015 la oposición gana por muy amplia mayoría las elecciones parlamentarias, obteniendo dos terceras partes de los escaños, mayoría calificada con la cual podía nombrar a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (Tsj) y del Consejo Nacional Electoral (Cne). El gobierno de Maduro rápidamente reconoce que ha perdido la mayoría del apoyo popular e igualmente que no puede preservarse en el poder si se somete a los límites que le impone la Constitución.

Comienzan así a tomarse una serie de decisiones que en forma consistente van apartando al gobierno de la Constitución bolivariana: se cancela el referéndum revocatorio que había sido celebrado como una de las conquistas más importantes de la democracia participativa; se posponen las elecciones de gobernadores que obligatoriamente tenían que realizarse en diciembre de 2016; se nombra en forma inconstitucional a los integrantes del Tsj y el Cne, y finalmente, desconociendo por primera vez los resultados de una elección popular, a través del Tsj el gobierno declara que la Asamblea Nacional (el parlamento) está en desacato y reparte sus atribuciones constitucionales entre el Ejecutivo y el propio Tsj. Desde febrero del año 2016 el presidente Maduro ha venido gobernando con base en poderes autoatribuidos de estado de emergencia, sin contar para ello con el aval constitucionalmente requerido de la Asamblea Nacional y por un período muy superior al máximo permitido por la Constitución.

En estas condiciones se produce de abril a julio una fuerte ofensiva contra el gobierno por parte de la oposición. Ésta combina la realización de masivas movilizaciones pacíficas en las principales ciudades del país, actividades violentas, destrucción de instalaciones públicas de educación, salud y transporte, e incluso actos terroristas y la operación de grupos paramilitares que cuentan con apoyo externo. El gobierno responde con una indiscriminada represión complementada a su vez por colectivos civiles armados que atacan violentamente a las movilizaciones opositoras. El resultado es una escalada de violencia que ha producido más de 120 muertos, centenares de heridos y detenidos, muchos de ellos pasados directamente a tribunales militares.

Es éste el contexto en el cual el presidente Maduro anuncia el 1 de mayo la convocatoria a una asamblea nacional constituyente (Anc). Una Anc se asocia a un acto democrático, al inicio de un proceso participativo en el cual los más amplios y diversos sectores de la sociedad podrán deliberar, negociar y acordar criterios y normas básicas sobre las formas de avanzar en la dirección del modelo de sociedad al cual se aspira. Este fue, efectivamente, el caso de la constituyente convocada mediante un referéndum nacional en los primeros meses del gobierno de Chávez, en el año 1999. Esta rica experiencia nada tiene en común con la convocatoria hecha por el presidente Maduro.

Si bien la Constitución no es totalmente explícita al respecto, sí establece una diferencia clara entre “tomar la iniciativa” de la convocatoria (que lo puede hacer el presidente), y “convocar”, que es una atribución exclusiva del pueblo soberano (artículo 347). Esto implica que se debería haber realizado un referéndum consultivo sobre si se convocaba o no, tal como ocurrió en el año 1999. Obviamente esto no se hizo porque el gobierno no contaba con el apoyo electoral requerido para ganar esa consulta. Igualmente problemático fue el diseño de las bases comiciales, absolutamente arbitrario y no democrático que buscaba convertir a la actual minoría de apoyo al gobierno en mayoría aplastante en la Anc.

Se alteraron las formas en que se habían realizado las elecciones anteriores, se creó un doble régimen de representación: territorial y sectorial. En el régimen territorial se le dio una extraordinaria sobrerrepresentación a los municipios rurales, menos poblados, sobre los municipios urbanos que concentran mayor población y donde es mayor el rechazo al gobierno. Se violó en forma expresa e intencional el principio constitucional de la representación proporcional.

Fue igualmente problemático el diseño de la participación sectorial. En las bases comiciales se definió que se elegirían constituyentes sectoriales en representación de cada uno de siete sectores de la población. Se dejó fuera del derecho al voto sectorial aproximadamente a cinco millones de ciudadanos, creándose una diferencia entre ciudadanos de primera con derecho a votar dos veces, y unos ciudadanos de segunda que sólo tenían derecho a un voto.

 

De acuerdo a la Constitución, el voto no es obligatorio. Sin embargo portavoces del gobierno, comenzando por el presidente, amenazaron con las graves consecuencias que tendría para los ciudadanos su no participación. Se utilizaron las listas de los empleados públicos y trabajadores de las empresas del Estado y de los beneficiarios de los programas sociales para advertirles que perderían sus empleos y beneficios si no votaban. Una vez pasadas las elecciones se multiplican las denuncias de la aplicación efectiva de estas sanciones.

 

Para estas elecciones el Cne desmontó los principales mecanismos de control que habían convertido al sistema electoral venezolano en un modelo de transparencia y confiabilidad. No se llevaron a cabo varias de las auditorías exigidas por las normas electorales. No se utilizó tinta indeleble destinada a garantizar que cada votante sólo pudiese votar una vez. Se eliminó de hecho el papel de los cuadernos electorales. Estos cuadernos eran auditados con la participación de representantes de los diferentes grupos políticos para confirmar su exactitud. Cuando el Cne decidió, a última hora, que los votantes podían hacerlo en cualquier centro electoral de su municipio, y luego incluso fuera de su municipio, desapareció este vital instrumento de control y transparencia del proceso electoral.

Como consecuencia de la forma inconstitucional en que se convocó a la Anc y los plazos perentorios establecidos para el registro de los y las candidatas, sólo participaron como candidatos, votantes y testigos los partidarios del gobierno. Esto convirtió a las elecciones del 30 de julio prácticamente en unas elecciones internas del Psuv sin testigos externos.

 

Se les prohibió a los medios de comunicación la cobertura del proceso electoral al impedir a los periodistas acercarse a menos de 500 metros de los centros de votación. Esto convirtió a estas elecciones en un proceso que lo es todo menos público.

El presidente de Smartmatic, empresa que suministró la base tecnológica de todos los procesos electorales totalmente automatizados realizados desde el año 2004, declaró que no podía garantizar la veracidad de los resultados presentados por el Cne porque éstos habían sido manipulados y se había inflado en por lo menos un millón el número total de votantes.

No existe razón alguna para tener confianza en los resultados anunciados por el Cne. Éste anunció la participación de 8.089.320 votantes, cifra, por decir lo menos, altamente sospechosa. No tiene relación alguna con lo que indicaban, sin excepción, todos los principales estudios de opinión que se habían realizado en el país antes de las elecciones, que proyectaban niveles de participación muy inferiores, ni con los exit polls.

Estos resultados han producido un severo malestar entre sectores de base del chavismo y algunos de sus aliados en el Polo Patriótico. Ha quedado claro que las postulaciones fueron diseñadas de tal manera de asegurar que el nuevo poder constituyente fuese una fiel expresión del poder constituido, garantizando la elección de todos los altos dirigentes del Psuv y de todos los ministros y gobernadores que renunciaron a sus cargos para postularse a estas elecciones.

 

Los severos problemas que hoy enfrenta el país no son de orden jurídico-normativo. No es mediante modificaciones constitucionales que se va a resolver la severa crisis humanitaria en los ámbitos de la alimentación y la salud, la profunda recesión y deterioro del aparato productivo o la existencia de una deuda externa que no hay como pagar. Menos aun puede esperarse que una constituyente que, en el mejor de los casos, no contó con el respaldo de 58,47 por ciento del padrón electoral, pueda servir como instrumento de diálogo y de paz.

 

Se ha producido en estas elecciones un desmantelamiento del régimen electoral que con tanto esfuerzo se había logrado montar desde el año 2004. En un país tan polarizado, con tanta violencia, este desmantelamiento no es poca cosa. Nos deja sin un pilar fundamental de las posibilidades de la convivencia democrática. Ya no contamos con un árbitro confiable. Ya no se trata de si se realizarán o no elecciones, igualmente hay que interrogarse sobre el para qué de procesos electorales si el supuesto árbitro neutral, pública y notoriamente, ha dejado de serlo. ¿Qué ocurrirá en el país si esto conduce al cierre total de toda opción electoral? ¿Significará que se instalará la violencia, el terrorismo paramilitar y la represión estatal como la forma de procesar nuestras inevitables diferencias?

A partir del viernes 4, cuando al parecer se instale la nueva asamblea constituyente, el país entra en un período de mayor incertidumbre. Los portavoces del gobierno han anunciado que se trata de una asamblea plenipotenciaria y supraconstitucional que podrá, por ejemplo, intervenir directamente a la Fiscalía General de la República y remplazar el parlamento nacional actual, cuya vigencia está prevista hasta enero del año 2021. Independientemente de si en el futuro se consulta o no a la población sobre la nueva Constitución que elabore este cuerpo, a partir de este momento el gobierno pasa a desconocer, por la vía de los hechos, la Constitución del año 1999.

* Sociólogo venezolano, integra la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución en Venezuela, y fue uno de los principales organizadores del Foro Social Mundial de 2006 en Caracas.
http://brecha.com.uy/

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229953

 

 

Comparemos la Asamblea Constituyente de Rusia de 1917 con la venezolana del 2017. "Los bolcheviques la concibieron como el organismo que podía proporcionar el marco jurídico-institucional para la lucha revolucionaria. Una vez que el Consejo de los Soviets de obreros, soldados y campesinos de toda Rusia asumió ese papel la nueva Rusia pudo prescindir de una Asamblea Constitucional peligrosamente contrarrevolucionaria".

 

"El 'madurismo', en lugar de asumir la lucha frontal y recurrir a las grandes masas aún fieles al chavismo y sus organizaciones para librar esa lucha callejera e imponerse en ella, insistió una y otra vez en el diálogo y la negociación de 'la paz' con sus enemigos. (...) El propio Maduro se ha encargado de aclarar que por medio de la Asamblea pretende lograr lo no obtenido hasta ahora, es decir la paz y la reconciliación entre los venezolanos. Por lo tanto, en vez de un organismo destinado a garantizar las condiciones para la preparación de la lucha de clases frontal, como lo concibieron los bolcheviques, uno destinado a la negociación con la burguesía y el imperialismo".

 

 

 

 

Dos constituyentes

7 de agosto de 2017

 

Por: Juan Gaudenzi 

No sólo cien años sino el abismo entre una revolución socialista y un movimiento civico-militar de carácter popular o populista, antiimperialista y reformista separan la Asamblea Constituyente de Rusia de la venezolana del 2017.

Tal vez las lecciones que pueden extraerse de esta comparación sirvan, dentro y fuera de Venezuela, para los pseudo-revolucionarios que aun creen que el orden jurídico burgués y sus instituciones – las elecciones, el gobierno, el Parlamento, las Asambleas Constituyentes – tienen algún valor en si mismos.

Los auténticos revolucionarios, con Lenin y Trotsky a la cabeza, demostraron en la Rusia de 1917 que si la superestructura del capitalismo no se pone al servicio de la movilización, organización y armamento de los obreros, en el marco de un estado de agitación popular que incluya a los sectores explotados no proletarios (campesinos, chacareros, arrendatarios empleados, etc.) para la toma violenta del Poder y la guerra civil revolucionaria, no sirven para otra cosa que la derrota o….el onanismo mental.

Si en lugar de subrayar las disimilitudes – como pretendo hacerlo en estas líneas -quisiera encontrar algún rasgo común en el origen de ambos procesos podría exagerar diciendo que para Hugo Chávez la vieja partidocracia de la IV República fue lo que para Lenin la autocracia zarista. Pero a diferencia de Chávez, el revolucionario ruso no se conformó con el derrocamiento del zarismo y la mejoría de las condiciones de vida de las masas sojuzgadas o excluidas, sino que luchó para liquidar la propiedad privada sobre los instrumentos de producción, ponerlos en manos de toda la sociedad y organizar una producción socialista común, dirigida por los propios obreros. Es decir que empeñó su vida y obra para hacer realidad, por primera vez en la historia si no se considera la focalizada y breve experiencia de la Comuna de París, el ideario de Marx y Engels.

Sin embargo, cabe recordar que tras la caída del zarismo el Partido Obrero Socialdemocrata de Rusia (POSDR) dirigido por Lenin, comprendió que el nuevo orden correspondía al de una democracia burguesa y, por lo tanto – antes de adoptar la brillante concepción de Trotski de la realización de las tareas democráticas y socialistas en un único proceso y no por etapas (Revolución Permanente) – se planteó la necesidad de asumir el liderazgo del desarrollo capitalista en Rusia comenzando por una reforma agraria.

Pese a su atraso la Venezuela pre-Chávez no era la Rusia feudal. Sin embargo la llamada " enfermedad holandesa" (se produce cuando una mercancía ocasiona un aumento sustancial de los ingresos en un sector de la economía en detrimento del resto, como el caso de la soja en Argentina) infectó por completo el sector petrolero a lo largo de todo el siglo XX (hacia 1930 Venezuela era el principal exportador mundial). Hasta su nacionalización, iniciada en 1971 y consumada en 1976, la burguesía venezolana podía dividirse en dos sectores: la asociada con las trasnacionales extranjeras para la extracción, refinación y exportación de los hidrocarburos, y la dedicada a importar absolutamente todos los bienes de consumo – hasta más estrafalarios como el agua para diluir el whisky – que la población demandaba. No existió nada parecido a una burguesía nacional orientada al mercado interno y, por lo tanto, el país careció de un proletariado industrial, salvo el integrado por los obreros del petróleo y los sectores subsidiarios. Como la producción agropecuaria, principal fuente de acumulación capitalista hasta comienzos del siglo XX, prácticamente desapareció, tampoco el campesinado constituyó una clase social en si. La agricultura, que representaba alrededor de un tercio del PIB en la década de 1920, treinta años más tarde aportaba una décima parte.

¿Puede considerarse entonces qué la burguesía venezolana, como en en el resto de casi todo el mundo desde la Revolución Francesa, impulsó una revolución de carácter democrático-capitalista? Por supuesto que no.
 

Esa fue, muy tardíamente, la Revolución de Chávez aunque la llamó "socialista", no porque hubiese hecho suya la "Revolución Permanente" de Trotski, sino porque para desarrollarla se apoyó en el Ejército (no en los soldados que podían designar a sus oficiales y removerlos, como en la Revolución soviética) y en los sectores más humildes (implementó una serie de programas sociales conocidos como Misiones Bolivarianas para ampliar el acceso de la población a la alimentación, la vivienda, la sanidad y la educación). Su propósito fundamental frustrado: romper con la dependencia de la renta petrolera diversificando la estructura productiva del país.


El "Comandante" tuvo in mente un ambicioso proyecto para poner los cuantiosos recursos del Estado (no olvidemos que el petróleo ya había sido nacionalizado) al servicio de un sistema integrado y complementario de pequeñas y medianas unidades productivas destinadas especialmente al mercado interno, que abarcara todo el país en función de las características geográficas y los recursos naturales de cada región, provincia y localidad y de la infraestructura existente o por construir en cada una de ellas. Así, con tecnología nacional o producto de convenios de transferencia, impulsó la creación de decenas de empresas de todo tipo. Si éstas resultaron insuficientes e ineficientes como para alterar la matriz petrolera se debió, fundamentalmente, a la incapacidad y el burocratismo de los altos funcionarios que lo rodearon (el mandatario hizo públicas las críticas a estos en el histórico Consejo de Ministros del 20 de octubre del 2012, difundido por televisión).

No se podían pedir peras al olmo. Una clase dirigente de nuevo cuño no se puede improvisar en unos pocos años, sobre todo si se pretende que conozca, comprenda y aplique algunas categorías marxistas, por distorsionadas que fuesen. La IV República necesitó de demagogos, funcionarios corruptos e importadores con dólares subsidiados que garantizaran la dependencia del Imperio, y no de profesionales capacitados, intelectuales y tecnócratas (salvo los del sector petrolero) para gobernar a una población integrada por una vieja oligarquía liberal o conservadora, una clase media absolutamente cipaya y los sectores populares mayoritarios viviendo al margen de una vivienda digna, alimentación, educación, salubridad y acceso a los bienes culturales mínimos.

Por eso con Chávez estos sectores, al mejorar objetivamente sus condiciones de vida y el poder adquisitivo de sus miserables salarios, se sintieron por primera vez reivindicados y reconocidos como ciudadanos con plenos derechos. No es de extrañarse entonces que en agradecimiento lo hayan apoyado electoralmente en cuatro oportunidades y que hayan hecho suyos incondicionalmente el ideario y los consignas de la Revolución Bolivariana, careciendo de la capacidad y los instrumentos intelectuales para procesarlas y someterlas a una crítica dialéctica.

En cuanto al socialismo hizo de él una interpretación absolutamente heterodoxa – no nacionalizó la banca ni expropió a la burguesía de sus medios de producción y tampoco traspasó el poder a los obreros, manteniendo un férreo control del Estado por si mismo o por medio de sus más allegados, su propio partido, el Socialista Unificado de Venezuela, las Fuerzas Armadas, los responsables de las empresas estatales y la burocracia sindical – combinándolo con el pensamiento de Simón Bolívar, su maestro Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.

Además, en lugar del poder del proletariado y el control de este sobre la producción, algunas veces exaltó el "poder popular" y otras el "poder comunal" (¿inspirándose en las comunas de Mao?). No dejó de referirse a este híbrido ("El Socialismo del siglo XXI") como ¨transicional¨ pero su enfermedad y muerte convirtieron la meta, si es que existía, en un misterio irresoluble.

Tras la toma de posesión de Nicolas Maduro, su sucesor desde el 2013, algunos analistas advirtieron un giro a la derecha con respecto a la estrategia fundante. La destitución de Jorge Giordani, un intelectual de izquierda que con Chávez se desempeño como Ministro de Planificación en cuatro oportunidades, fue interpretada como una señal de ello. En los hechos Maduro dio muestras de carecer de iniciativa propia y debió enfrentar una serie de factores adversos que restaron espacio al terreno ganado por "el comandante". Efectivamente los precios del crudo, de los cuales como queda dicho la economía venezolana no logró independizarse, se derrumbaron en el ultimo trimestre del 2014. Sin embargo, países más dependientes de las exportaciones petroleras como Angola y Kuwait no sufrieron consecuencias tan severas como las registradas en este país sudamericano. Entre los 15 mayores exportadores del mundo ninguno tuvo un retroceso de su PIB de la magnitud de Venezuela: entre un -6% y un – 10 % entre el 2015 y el 2016, según el Fondo Monetario Internacional.
Por lo tanto, el origen de la crisis económica en esta nación debe atribuirse a otros factores heredados por Maduro como, por ejemplo, devaluación monetaria, descontrol de las finanzas públicas, fuga de capitales, corrupción, deterioro de la productividad y competitividad, etc. Si a esto se suma el comienzo de una ofensiva económica de la burguesía contra el Estado las consecuencias para la población fueron la escasez de los productos básicos, hiperinflación y desempleo.

Con el consecuente malestar de los sectores populares, especialmente las capas medias, por una parte, y la radicalización de la oposición política y económica respaldada y estimulada por Washington y sus acólitos europeos y latinoamericanos, por el otro, desde entonces hasta la actualidad, incluyendo el establecimiento de la Asamblea Constituyente, el comportamiento del gobierno de Maduro puede considerarse claramente defensivo, por no llamarlo claudicante.

La comparación con lo ocurrido hace cien años en Rusia es la que mejor permite poner de manifiesto esa actitud al tiempo que demuestra como dos organismos de la misma naturaleza pueden tener propósitos diametralmente opuestos dependiendo de su papel histórico.

La Asamblea Constituyente en Rusia

Aún antes de la derrota de 1905 el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR) dirigido por Lenin se pronunció en favor de la convocatoria, mediante el sufragio universal, directo y secreto de todo el pueblo ruso, de un organismo (la Asamblea Constituyente) que asumiera todo el poder, derrocara a la autocracia y la reemplazara por "un gobierno provisional revolucionario".

¿A que tipo de gobierno se refería? A un gobierno democrático que garantizara "la libertad más completa posible" tanto desde el punto de vista de los intereses inmediatos del proletariado (jornada laboral de 8 hs., libertad de reunión y asociación de huelga, reconocimiento de las diferentes nacionalidades, etc.) como de los objetivos finales del socialismo.

¿Pretendía el POSDR que esa Constituyente y el gobierno surgido de ella posibilitaran la toma del poder por parte del proletariado? Absolutamente no.

La resolución del III Congreso del POSDR aclaró que en ese momento "la conquista del poder no estaba a la orden del día. "El grado económico de Rusia (condición objetiva) y el grado de conciencia y organización de las grandes masas del proletariado (condiciones subjetivas) hacen imposible la liberación completa inmediata de la clase obrera", sostuvo en contra de la opinión de los anarquistas que se negaban a esperar que esas condiciones maduraran.

Y entonces ¿para qué un gobierno democrático revolucionario?

Para que mediante el régimen de libertad "más completa posible" que se le exigía, el partido de la revolución pudiese hacer avanzar las condiciones a las que se refería mediante la ocupación de las tierras por parte de los campesinos, el armamento, adiestramiento y organización de los obreros. Es decir su preparación ("y empleo activo, no solo defensivo, sino también ofensivo") para la lucha armada contra sus enemigos de clase, ineludible e inevitable llegado el momento. Ese momento – Lenin no tenia ninguna duda – sería el de "la guerra civil directa".

Estas últimas eran las tareas revolucionarias fundamentales. La Asamblea el marco propicio para su desarrollo. Sin ellas lo jurídico-institucional era una cáscara vacía.

Derrotada la Revolución de 1905 Lenin orientó a los Comités Campesinos a "apoderarse de las tierras y disponer de ellas hasta que la Asamblea Constituyente fuese una realidad".

El gobierno provisional (democrático-burgués, aliado con la derecha y con sectores del antiguo régimen) surgido de la revolución de febrero de 1917, pese a los insistentes reclamos del POSDR, nunca convocó a esa Asamblea. Pero, en lugar de ella del seno de las masas proletarias y de soldados, los bolcheviques organizaron los famosos "Soviets", comenzando por el de Petrogrado, que más tarde se unificarían en Consejo de los Soviets de toda Rusia.El "Poder Dual" había quedado establecido.
 

En "Pravda" del 7 de abril Lenin escribió: "sin los soviets de diputados obreros y soldados la convocatoria de la Asamblea no está garantizada ni su éxito es posible".Y más adelante: "hay una sola forma de garantizar la convocatoria de la Constituyente y su éxito: aumentando el número y consolidando la fuerza de los soviets de diputados obreros, soldados y campesinos; organizando y armando a las masas obreras".



Como se sabe con el triunfo de la Revolución de Octubre (la resolución del "Poder Dual en favor del proletariado) todo el poder fue entregado a los Soviets, más concretamente al Consejo de Comisarios del Pueblo. Pero Lenin estaba comprometido con la convocatoria de la Asamblea y tras ilegalizar a los partidos de la contrarrevolución (los partidarios del general Kornilov y kadetes) cumplió su palabra.

Como lo que estaba en juego era nada menos que la consolidación y el futuro de la Revolución, se trataba de asegurarse una mayoría del POSDR en la Asamblea y que el organismo se limitara a sancionar lo que los soviets aprobaran.

Sin embargo, el resultado de las elecciones, salvo en Petrogrado, le fue desfavorable a los bolcheviques que quedaron en franca minoría (38%).

¿Podía hipotecarse la primera Revolución Proletaria mundial a una votación en la que había terminado por imponerse la conciencia permeada por la reacción en las regiones más alejadas y atrasadas de Rusia? Por supuesto que no. No se trataba de elegir entre candidatos a la Presidencia de una República o de decidir la suerte de un proyecto de ley.

A través de los años la gran burguesía ha logrado convencer a las capas medias y a la mayoría de los trabajadores – inclusive a no pocas organizaciones políticas de izquierda que se dicen revolucionarias- que todo se resuelve mediante los votos ("al que le quepa el sayo…"). Seguramente, si los grandes cambios en la historia de Occidente- esclavitud, feudalismo, mercantilismo, capitalismo industrial, dictadura global del capital financiero – hubiesen dependido no de la violencia más cruda sino del pacífico, pulcro y "civilizado" sufragio universal, aún estaríamos con cadenas en los tobillos y arrodillados bajo el látigo del amo. Los más sometidos -la mayoría – son los menos conscientes de su condición. Por eso será una nueva violencia, de magnitud y características por ahora inimaginables, la que acabará con esa última fase del capitalismo. O el mundo será inhabitable como producto de sus propias contradicciones.

Lenin dispuso la disolución de la Asamblea Constituyente dos días después de su instalación.

A modo de conclusión se puede afirmar que los bolcheviques concibieron la Asamblea Constituyente como el organismo que podía proporcionar el marco jurídico-institucional para la lucha revolucionaria. Una vez que el Consejo de los Soviets de obreros, soldados y campesinos de toda Rusia asumió ese papel la nueva Rusia pudo prescindir de una Asamblea Constitucional peligrosamente contrarrevolucionaria.


La Asamblea Constituyente en Venezuela

No fue la revolución burguesa impulsada en Venezuela por el "Socialismo del Siglo XXI" la que puso a este país en la mira de Washington. Tampoco, como muchos analistas piensan, sus reservas de petróleo, las mayores del mundo, a las que de todas maneras Estados Unidos tiene acceso garantizado. (La única medida antiimperialista que los "revolucionarios" venezolanos no pueden tan siquiera considerar es interrumpir el suministro de crudo a su principal comprador. Significaría hacerse el harakiri).

Si el Imperio decidió sabotear (paro petróleo e intento de golpe de Estado militar del 2002), obstaculizar y, eventualmente, acabar con la "Revolución Bolivariana", se debe a su carácter de financista de todos los gobiernos y movimientos progresistas y antimperialistas de América, primero, y a sus diferentes tipos de alianzas con los grandes competidores de Estados Unidos en el tablero geopolítico y económico global, después. (James Petras: "Venezuela es un blanco de agresión no tanto por el petróleo, sino por el papel que encabeza para la integración latinoamericana").

No está claro cuando el Poder estadounidense decidió elaborar una estrategia de confrontación (no necesariamente de guerra) en contra del régimen venezolano. Pero es evidente que esta estrategia existe y que los encargados de ponerla en práctica inicialmente fueron los viejos partidos tradicionales, la Socialdemocracia y la Democracia Cristiana (esta última precisamente creada como una de las principales fuerzas contrarrevolucionarias a nivel mundial después de la II Guerra), los pseudo-partidos minoritarios de derecha y los dos últimos gobiernos colombianos. Últimamente dentro del país se han sumado activamente las capas medias, algunos sectores populares otrora chavistas, el lumpenproletariado y toda clase de delincuentes incluidos mercenarios colombianos. En el exterior se ha consolidado un bloque de los gobiernos más antipopulares de América Latina y en Europa los Estados-gobiernos lacayos de Estados Unidos demuestran, una vez más, su ausencia de poder soberano y su sometimiento.Todo esto en el marco de una feroz campaña mediática sin precedentes.
Primero aprovecharon la corrupción y la ineficiencia del gobierno, su partido, el Socialista Unificado de Venezuela, y las empresas estatales para profundizar la crisis económica que llevó el desabastecimiento, la inflación, la devaluación monetaria, el mercado negro, la fuga de capitales, la desinversión y el desempleo a niveles insoportables para el pueblo. Con ello lograron generar malestar y restarle apoyo de masas al chavismo.

La llamada "guerra económica"se convirtió en "guerra política" cuando lograron ganar las elecciones legislativas del 2015 con 7,7millones de votos y obtener la mayoría en la Asamblea Nacional. Ante esta derrota la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de atribuirse a si mismo las funciones de la AN fue considerada dentro y fuera del país como un "auto-golpe de Estado".

El siguiente objetivo estratégico de la oposición, envalentonada por la victoria parlamentaria, fue exigir la caída de Maduro mediante un referendo revocatorio o el adelantamiento de las elecciones presidenciales previstas para finales del 2018.

Para imponer estas consignas se lanzó a las calles y con una capacidad de movilización, nivel de combatividad e instrumental defensivo y ofensivo que sólo se logra mediante una planificación y entrenamiento previos (probablemente a cargo de agentes extranjeros) pudo desafiar y enfrentar todo el aparato de seguridad del Estado, atentando cada vez que se lo propuso contra el orden público. Pero, el gran triunfo de esta guerra callejera consistió en su manejo propagandístico y mediático gracias al cual pudo presentarse ante la opinión pública nacional e internacional más despolitizada e ingenua como víctimas de la represión policial y no como agresores utilizando métodos y medios de carácter terrorista, como en realidad ocurrió.

Los para nada ingenuos – cómplices en esa estrategia – observadores y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y "Américas Watch", entre muchos otros, y gobiernos a las ordenes de Washington, no dudaron en convalidar el engaño, calificando al gobierno de Maduro como una "dictadura sangrienta".

 

Mientras tanto el "madurismo", en lugar de asumir la lucha frontal y recurrir a las grandes masas aún fieles al chavismo y sus organizaciones para librar esa lucha callejera e imponerse en ella, insistió una y otra vez en el diálogo y la negociación de "la paz" con sus enemigos. Estos intentos fueron interpretados por los responsables de la ofensiva como una muestra de debilidad y pérdida de toda iniciativa de combate e invariablemente concluyeron con vergonzosas derrotas del oficialismo: la oposición no retrocedió un ápice en sus exigencias de que Maduro abandone su cargo y se levantó de las mesas de negociación dejando al gobierno con la mano extendida.

Finalmente el gobierno, vaya uno a saber por iniciativa de quien, se sacó de la manga la convocatoria a elecciones para la integración de una Asamblea Constituyente formalmente encargada de reemplazar la Constitución chavista vigente desde 1999. ¿Con que orientación?
Esto depende de los propósitos políticos concretos e inmediatos de tal Asamblea.

 


El propio Maduro se ha encargado de aclarar que por medio de ella pretende lograr lo no obtenido hasta ahora, es decir la paz y la reconciliación entre los venezolanos. Por lo tanto, en vez de un organismo destinado a garantizar las condiciones para la preparación de la lucha de clases frontal, como lo concibieron los bolcheviques, uno destinado a la negociación con la burguesía y el imperialismo.

Así quedan planteados dos grandes interrogantes:
a) ¿Con quien discutirá y negociará el gobierno en la Asamblea Constituyente si la oposición se negó a participar en las elecciones para su conformación? ¿Acaso entre los propios chavistas, divididos entre "maduristas" y no "maduristas"? Si este fuese el caso, por las dudas el gobierno se ha asegurado que la cúpula de la Asamblea pertenezca al grupo más incondicional dentro del PSUV,

b) En caso de que algún tipo de negociación quedara planteada entre la Constituyente y sus enemigos (nacionales e internacionales) de afuera ¿qué concesiones estaría dispuesto a hacer el gobierno a cambio de la paz?

El contrato que acaba de firmar con la petrolera estadounidense Horizontal Well Drillings podría ser la primera señal de la reprivatización del sector de hidrocarburos y de la intervención de empresas extranjeras en la explotación de las extraordinarias riquezas mineras de la franja de Orinoco. Y estos, a su vez, pruebas de la intención del gobierno de cambiar el modelo económico estatista seguido hasta ahora por uno de "economía mixta" o de "socialismo capitalista" o de mercado, tipo China.

En conclusión, independientemente de la legalidad o no de la convocatoria a la Asamblea Constituyente y de la cantidad real de votos obtenidos por los asambleístas (nunca se sabrá), cuestiones de menor importancia, lo fundamental consiste en confirmar o no que la Asamblea y la Constitución de ella surgida apuntan a obtener la paz desandando el camino seguido por Chávez y negociando con los eternos enemigos de la clase obrera. Tal sería el resultado final del "Socialismo del Siglo XXI", en las antípodas del marxismo-leninismo.

Fuente: https://www.aporrea.org/ideologia/a250553.html

 

Apreciemos la subversión de subjetividades moldeadas por el capitalismo mundializado a partir de las luchas contra el avasallamiento de derechos humanos y por ir reapropiándose del sentirse estar conviviendo de modo auténtico.

 

 

 

Declaración Política V Asamblea de Mujeres de La Vía Campesina
26 de julio de 2017

 

 "Estamos construyendo un feminismo que surge de nuestra identidad campesina y popular como un aporte a nuestras organizaciones y a los procesos de emancipación social de hombres y mujeres. El feminismo que planteamos reconoce nuestra diversidad cultural y las muy diferentes condiciones que enfrentamos en cada región, país y localidad; lo construimos desde las luchas cotidianas que desarrollamos las mujeres en todo el planeta, por nuestra autonomía, por transformaciones sociales, por la defensa y protección de la agricultura campesina, por la soberanía alimentaria."

Nosotras, mujeres de más de 70 países, representantes de nuestros movimientos, reunidas en nuestra V Asamblea de Mujeres, en el marco de la VII Conferencia Internacional de la Vía Campesina, nos dirigimos a las mujeres todas, a los movimientos campesinos, a los movimientos populares en general y a la sociedad en su conjunto, para declarar cuanto sigue:

Somos mujeres del campo que representamos la diversidad del mundo rural: mujeres de pueblos originarios, campesinas, asalariadas del campo, pescadoras, pastoras, artesanas, jóvenes, migrantes, recolectoras, quienes aportamos cotidianamente a las luchas del campo y a la construcción del movimiento internacional de la Vía Campesina, desde la mirada del feminismo y de la soberanía alimentaria.

Iniciamos esta asamblea haciendo un recuento histórico de nuestro caminar, valorando los avances alcanzados, seguras de nuestro accionar y de nuestro pensamiento.

Ratificamos el Manifiesto de las Mujeres del Campo, emanado en la IV Asamblea de Mujeres, del año 2013, el cual es una guía para nuestra práctica y una propuesta de cambio para la sociedad toda.

Ratificamos nuestro compromiso de resistencia en el campo, de participación plena en las organizaciones y de dar batalla a la violencia contra las mujeres hasta su erradicación completa, de repudiar la guerra y contribuir a la construcción de la paz con justicia social, de defender la madre tierra y luchar por la recuperación del buen vivir para toda la humanidad.

Constatamos una vez más:

El sistema capitalista y patriarcal sigue arreciando en el mundo entero, violentando nuestros territorios, nuestros cuerpos y nuestras mentes, acumulando cada vez más capital a costa del futuro del planeta y la humanidad.

En esta fase de crisis profunda del sistema capitalista, su expresión neoliberal y los gobiernos de cortes dictatoriales e imperialistas expanden la guerra, extraen los bienes comunes de la manera más alevosa, invaden naciones, provocan migración forzosa, expulsan pueblos de sus territorios, militarizan los campos, persiguen, asesinan y encarcelan luchadores y luchadoras, y no se detienen.

La naturaleza y la agricultura continúan siendo mercantilizadas y la extracción incontrolada de todo tipo de recursos se resiente en un acelerado proceso de cambio climático cuyas consecuencias para las comunidades y en particular para las mujeres, son catastróficas, exponiendo a situaciones límites la vida y la cultura del campo, generando hambre y pobreza extrema en quienes producen alimentos y riquezas.

En este contexto las mujeres soportamos cada vez más el peso de la producción de bienes y alimentos y sin embargo nuestro trabajo sigue invisibilizado. El trabajo de los cuidados sigue no valorizado, no apoyado, ni asumido colectiva y socialmente, lo que aumenta nuestra sobrecarga de trabajo y restringe nuestra participación plena.

Las formas de violencia estructural se han multiplicado. Sufrimos violencia económica, laboral, ambiental, física, sexual, sicológica. Los feminicidios siguen y aumentan. La criminalización de las mujeres y sus organizaciones se ha incrementado en los últimos tiempos y junto con la impunidad y asesinatos políticos, se han convertido en obstáculos importantes para el avance de las luchas de las mujeres.

El acaparamiento de tierras por parte de grandes capitales transnacionales nos está expulsando de nuestras tierras y hogares, muchas veces arrasando con fuego nuestros cultivos y casas con la ayuda de los ejércitos. La migración forzada que hemos sufrido hace décadas se ha convertido más y más en el campo de crecimiento del crimen organizado a través del tráfico de personas. La guerra nos alcanza con especial brutalidad, profundizando la violencia económica, generalizando la violencia sexual, sumiéndonos en la pobreza y haciendo nuestra vida infinitamente más difícil. La muerte, el encarcelamiento y la persecución de nuestros familiares hombres nos deja aún más vulnerables, sobrecargándonos con las tareas de la sobreviviencia y la protección de niñas y niños, quienes cada vez más son expuestas a la violencia sexual, la muerte y el desarraigo, en las acciones de guerra. Las fumigaciones con agrotóxicos de los grandes monocultivos repercuten directamente en nuestros cuerpos, en el medio ambiente y en nuestro trabajo. Las semillas nativas y criollas se contaminan con transgénicos y ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria.

Sobre nuestro derecho y deber de participar en los procesos políticos y de toma de decisiones

Reconocemos los avances ideológicos, políticos y legislativos en torno a la participación política. Sin embargo, estos avances muchas veces no trascienden en las prácticas políticas ni en la cotidianidad de nuestras vidas; ni de los Estados, ni de nuestras organizaciones.

Continuaremos trabajando y luchando para que nuestras organizaciones estén al frente de los cambios necesarios para asegurar nuestra plena participación política, especialmente en la toma de decisiones, en la definición de estrategias y en las responsabilidades de representación.

Seguiremos exigiendo que se reconozca nuestro trabajo productivo; se valore, se asuma colectivamente y se comparta el trabajo reproductivo y de cuidado, condición fundamental para hacer realidad nuestra participación plena

Construyendo un feminismo campesino y popular

Estamos construyendo un feminismo que surge de nuestra identidad campesina y popular como un aporte a nuestras organizaciones y a los procesos de emancipación social de hombres y mujeres.

El feminismo que planteamos reconoce nuestra diversidad cultural y las muy diferentes condiciones que enfrentamos en cada región, país y localidad; lo construimos desde las luchas cotidianas que desarrollamos las mujeres en todo el planeta, por nuestra autonomía, por transformaciones sociales, por la defensa y protección de la agricultura campesina, por la soberanía alimentaria. Y es allí donde emergerán la mujer y el hombre nuevos en nuevas relaciones de género basadas en la igualdad, el respeto, cooperación y reconocimiento mutuos.

Este feminismo es transformador, insumiso y autónomo, lo construimos colectivamente en la reflexión y en las acciones concretas contra el capital y el patriarcado, es solidario con las luchas de todas las mujeres y los pueblos que luchan.

Este feminismo debe también alimentarse con procesos de formación feminista para nosotras y para todas nuestras organizaciones, Nuestros movimientos deben garantizar espacios propios de mujeres donde podamos fortalecer nuestra autonomía solidariamente.

Campaña Basta de Violencia hacia las mujeres

Nuestra campaña Basta de Violencia contra las Mujeres ha sido de gran importancia para visibilizar la violencia contra nosotras y para avanzar en la sensibilización de nuestras organizaciones. Es necesario ampliar el compromiso de todos los hombres y las mujeres que componemos la Vía Campesina, incluida la juventud, para asumir acciones concretas de la campaña en la cotidianeidad y revertir el freno fundamental que implica la violencia para nuestras vidas.

Nuestros medios de comunicación populares deben potenciar la campaña mediante la difusión, promoción y visibilización de la problemática que afrontamos, las luchas que desarrollamos y las propuestas que desarrollamos.

Las mujeres del campo seguiremos organizadas, luchando por el derecho a vivir con dignidad, justicia e igualdad.

Construimos movimiento para cambiar el mundo con Feminismo y Soberanía Alimentaria.

Euskal Herria, Derio, 18 de julio de 2017

La Vía Campesina

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Declaracion_Politica_V_Asamblea_de_Mujeres_de_La_Via_Campesina

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Declaración Política IV Asamblea de la Juventud
25 de julio de 2017

"Luchamos por la democratización de nuestras sociedades y la total participación de las/los jóvenes en los procesos políticos y de toma de decisiones. Debemos asegurar que en nuestras organizaciones y movimiento los y las jóvenes puedan desarrollar sus capacidades de liderazgo. Exigimos políticas públicas fuertes, incluyendo una Reforma Agraria Popular e Integral para garantizar que las/los jóvenes tenemos el derecho de conservar y permanecer en la tierra."

Nosotros, las jóvenes de La Vía Campesina, nos encontramos en nuestra IV Asamblea en Euskal Herria para fortalecer nuestro movimiento por la Soberanía Alimentaria. Somos campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, pueblos Originarios, de diversas partes del mundo África, ambas Américas, Europa, Asia y Oriente Medio y representamos a organizaciones de 47 países. Nos reunimos para intercambiar ideas, desarrollar estrategias y alzar la voz de las /los jóvenes.

Las luchas de la juventud son el reflejo del contexto político mundial que nos afecta directamente. La crisis mundial tiene dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales. Nos enfrentamos a un ataque creciente a la democracia de la mano del capitalismo. Experimentamos violencia estructural y la criminalización de nuestros movimientos sociales, así como nuestras luchas. Cada vez más activistas ambientales y campesinos y campesinas son perseguidos y asesinados. Sufrimos migraciones forzosas debido a las guerras, al cambio climático y a las condiciones opresivas económicas y sociales. Las industrias extractivas, incluyendo el agronegocio, las actividades mineras y el sector de las energías renovables (plantas hidroeléctricas, parques solares, etc.) se apropia de nuestros recursos (tierra y territorios, semillas, recursos marinos y agua, etc.). El trabajo de las/los jóvenes y de los migrantes está infravalorado y brutalmente explotado.

El patriarcado y la discriminación por razón de edad restringen nuestra visibilidad y participación en los procesos y espacios de toma de decisiones. Los medios de comunicación dominantes capitalistas continúan propagando la noción falsa de que no hay futuro en el campo y que la prosperidad solamente se encuentra en el empleo formal y urbano.

La tierra y los territorios ahora se ven como mercancías, explotados por la inversión especulativa y el acaparamiento de tierras, lo que provoca altos costes y disponibilidad limitada, esto restringe la capacidad de la juventud de tener acceso a la tierra, especialmente para las mujeres jóvenes. Al mismo tiempo, la cruda realidad y los bajos ingresos en agricultura hacen más difícil que los jóvenes puedan prosperar en la tierra. El acaparamiento de tierras por parte del capital transnacional para invertir en industria, producción de energía, extractivismo y desarrollo de un lugar común. Además, los efectos severos y diferenciados del cambio climático hacen que la situación se agrave cada vez más.

Todo ello, hace que estos procesos nos obligan a la juventud campesina a migrar y a dejar las áreas rurales. La juventud está siendo despojada de nuestros territorios y de su oportunidad y responsabilidad de seguir teniendo un papel importante en el proceso de alimentar a los pueblos y de cuidar a la Madre Tierra. El campo tiene una población envejecida, lo que provoca unas consecuencias directas y urgentes para el presente y el futuro de la Humanidad.

Luchamos por la democratización de nuestras sociedades y la total participación de las/los jóvenes en los procesos políticos y de toma de decisiones. Debemos asegurar que en nuestras organizaciones y movimiento los y las jóvenes puedan desarrollar sus capacidades de liderazgo. Exigimos políticas públicas fuertes, incluyendo una Reforma Agraria Popular e Integral para garantizar que las/los jóvenes tenemos el derecho de conservar y permanecer en la tierra.

Insistimos a la ONU a que adopte la Declaración de los Derechos Campesinos y Campesinas, afirmando nuestro derecho universal como jóvenes a la tierra, las semillas, la autodeterminación y la Soberanía Alimentaria.

Condenamos los asesinatos, injusticias y masacres del capitalismo patriarcal. Declaramos nuestra solidaridad con todos los pueblos oprimidos que luchan por la paz y la dignidad.

Basándonos en nuestra experiencia, rechazamos la afirmación de que el libre comercio aumenta el bienestar de nuestra sociedad. Solicitamos que la producción de alimentos y bienes naturales se excluya de los acuerdos de comercio y exigimos que nuestra voz de jóvenes campesinos y campesinas sea reconocida en todos los procesos relacionados con la toma de decisiones.

La agroecología campesina es el único camino para la Soberanía Alimentaria y la solución para la crisis mundial a varios niveles. Nuestra agroecología es una visión ideológica, una forma de vida y una fuente de conocimiento que proviene de nuestros ancestros. Rechazamos cualquier tipo de cooptación por parte del agronegocio. Hemos creado en nuestro movimiento varios procesos agroecológicos y escuelas que están creciendo en todo el mundo con una gran variedad de experiencias positivas. Reafirmamos la formación agroecológica como un proceso integral, fortaleciendo las visiones técnicas, políticas e ideológicas, incluyendo las capacidades comunicativas clave y las herramientas metodológicas. Valoramos el método de campesino a campesino usado en nuestras escuelas agroecológicas como un instrumento exitoso e importante para compartir conocimientos y fortalecer la comunicación y los procesos de formación en nuestros movimientos de la Vía Campesina. Reconocemos que esta técnica respeta los conocimientos tradicionales de nuestros territorios y de nuestros pueblos, para así transformar esa experiencia a otras generaciones. Nos proponemos expandir y defender nuestra metodología de formación en agroecología y colocarlo de manera tal que sea accesible a todo nuestro movimiento y en todo el mundo.

Estamos trabajando para reducir las diferencias entre la juventud rural y la urbana. Los retos a los que nos enfrentamos, aunque puedan parecer diferentes, son el resultado de las mismas fuerzas opresoras del capital global y de poder. Debemos incluir en nuestro movimiento a toda la juventud que participa en la agricultura urbana, que intenta volver a la tierra, que construye Soberanía Alimentaria comunitaria o que trabaja para la justicia social.

No hay Soberanía Alimentaria o justicia sin feminismo e igualdad para todos y todas. Debemos reconocer y respetar la diversidad en todas sus formas, incluyendo razas, género, sexualidad y clase. Eliminaremos el patriarcado y la discriminación donde quiera que exista. Nos comprometemos a la difícil tarea de auto evaluarnos y evaluar las maneras en las que podemos eliminar el patriarcado y el racismo.

La lucha de la Juventud en el mundo no es sólo nuestra. Necesitamos continuar creando solidaridad y convergencia entre nuestras luchas mediante el intercambio de información y la creación colectiva de conocimiento

Nosotros y nosotras, la juventud de La Vía Campesina, a través de la lucha constante y la movilización activa, debemos sacar nuestra convicción de gran diversidad cultural, geográfica, de identidad y de idiomas para continuar fortaleciéndonos.

Reafirmamos nuestra lucha por la tierra, los territorios y nuestro derecho colectivo a los recursos necesarios para practicar la agroecología campesina como forma de vida. Reafirmamos nuestra capacidad, compromiso y derecho a cumplir con nuestra función esencial en la construcción de la Soberanía Alimentaria. Las semillas que plantamos en el presente nos alimentarán en el futuro. La tierra está lista y es fértil.

Invertir en la juventud campesina ¡Sembrar presente para cosechar futuro!

La Vía Campesina

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Declaracion_Politica_IV_Asamblea_de_la_Juventud

En consecuencia, desde las subjetividades colectivas en subversión o con voluntad de poner fin tanto al abuso-atropello de los de arriba como a nuestra sumisión, podríamos tener la convergencia de luchas por la justicia en la distribución económica y ecológica al mismo tiempo. Algo nunca visto en la historia de las luchas populares venezolanas. Se nos vienen extraordinarios desafíos. La búsqueda de la paz navega en aguas turbulentas. Toca no perder el centro y tomar el timón con fuerza".

 

Pero es prioritario tener en cuenta: "La represión que ejercen los gobiernos y las propias corporaciones desatadas sobre los territorios de los pueblos y comunidades campesinas, es sólo una parte de un proceso general de deshabilitación y fragmentación del “nosotros”, de los ámbitos colectivos y comunitarios y de cada persona en lo individual con el fin de precarizarnos para después subyugarnos para sus propios intereses. Esto es particularmente cierto en la guerra contra la subsistencia de los pueblos originarios y las comunidades campesinas —y se ejerce de formas muy concretas; las represiones directas son sólo uno de los pasos.".

El horizonte de la deshabilitación
27 de julio de 2017

Por Ramón Vera Herrera

1. El primer paso, que sigue siendo crucial para la acumulación de capital es separar a los pueblos de sus fuentes de subsistencia, de su entorno de subsistencia, algo que tiene una larguísima historia: la invasión de los territorios, el confinamiento y privatización de los ámbitos comunes, el acaparamiento de la tierra a manos de los voraces terratenientes. Y ese despojo histórico ha ido asumiendo formas más sofisticadas conforme avanza.

Por ejemplo, el acaparamiento de tierras es un fenómeno que ha sido difícil visibilizar porque gobiernos y corporaciones agrícolas ahora no necesariamente roban la tierra, sino que la rentan, la compran, o someten a las poblaciones rurales a la “agricultura por contrato”, en condiciones totalmente desiguales. Una forma del acaparamiento en la medida en que quien produce, muchas veces en su propia tierra, tiene que rendir su fruto para quienes detentan el contrato.

En el sentido contemporáneo, “acaparamiento” significa que los gobiernos y corporaciones controlan extensiones de tierra muy grandes, con todo y sus pueblos.

No obstante, en aquel primer momento (que da origen a la acumulación capitalista) quien detenta el poder arranca a la gente de sus fuentes (de su entorno) de subsistencia. Es despojo y el primer paso de una deshabilitación progresiva. Jean Robert, siguiendo pistas de Iván Illich, le llama la “enajenación originaria”, porque la gente ya no puede producir lo que le importa, sino que es forzada, sutilmente o con violencia extrema, a producir algo que no sólo no le importa sino que pudiera ser nocivo para el mundo o por lo menos para quienes directamente lo producen.

Ese producir para otros, “quién sabe qué”, eso que Jean Robert llama también “desvío de producción”, y que convierte la “labor creativa” en “trabajo abstracto”, es decir, sojuzgado en la explotación de servir a la reproducción del capital. No sólo está en el origen de éste sino que es la piedra de toque de la erosión general de la socialidad que sufrimos, de la normalización de la desesperanza.

El segundo paso de la deshabilitación, de lo que el Grupo ETC llama las “redes de subsistencia”, es menospreciar, erosionar, privatizar, prohibir, y hasta criminalizar los medios por los cuáles la gente resuelve eso que le es pertinente para el cuidado de los suyos, en un proceso de reproducción virtuosa de lo que nos puede fortalecer y hacer más nosotros mismos.

En realidad lo que está ocurriendo es que los poderes impiden que la gente resuelva por medios propios lo que más le importa, por un lado, y por otro precariza, fragiliza a la gente para que se vea obligada a trabajar para los fines de otros. Servir a los intereses de otros a partir de quedar sumergido en el reino de la escasez, en el reino de la necesidad, en la plena orfandad. A eso, Iván Illich, le llamaba “desvalor”.

2. Cómo comprender que el despojo más brutal que nos perpetran es impedirnos resolver por nuestros propios medios nuestros asuntos más cruciales para nosotros, como producir nuestros propios alimentos, resolver nuestra salud, reivindicar y ejercer todos los cuidados y saberes que hacen posible lo cotidiano; nuestra reproducción en nuestros propios términos —y que va de las semillas al funcionamiento cotidiano pasando por el cuidado y regeneración del agua, los embarazos y los partos, el encauzamiento de la comunidad, el flujo de los saberes, el desciframiento de los tiempos, los vientos, los sueños, la justicia, la bondad, el equilibrio, todo siempre en relación con el territorio que le otorgaba sentido a lo que hacíamos.

Nos arrancan de la tierra y nos criminalizan nuestros saberes, y al expulsarnos, no es de la tierra y lo saberes de lo que nos expulsan sino de nuestra vida.

 

Repensando a Marx, podemos decir que la acumulación originaria es una condición de las relaciones impuestas por el capital. Es la relación de despojo de la que parten sojuzgamientos y acaparamientos. No se trata de un primer eslabón primitivo, sino del fundamento de la relación. Para poder ejercerla es claro, como dicen Iván Illich y Jean Robert, el poder requiere provocar dependencia, fragilidad y precariedad, romper la labor creativa y volverla trabajo “abstracto”, trabajo enajenado. Ya lo hemos dicho mucho, se trata de impedir que la gente resuelva por sus propios medios lo que es pertinente, lo que la hace libre y la devuelve a la comunidad. Es el momento de la muerte de la reproducción de cada quién para sus propios fines y con sus propios medios (lo que define una autonomía) para someterlo todo a los dictados de la producción y la sola y omnipresente reproducción del capital para sus fines y sus medios.

Así, nos roban la subsistencia, nuestro aprendizaje y crianza mutua, nuestra salud y bienestar, nuestro nacimiento y muerte, nuestra propia imaginación, nuestra búsqueda de una responsabilidad compartida, es decir una justicia y un equilibrio.

El poder nos ha robado todo lo anterior al punto de hacernos suponer que todo lo que nos ocurre es normal, que todo lo que sufrimos es normal, porque somos ineptos, incapaces, absurdos, redundantes, obtusos, fragmentarios, individualizantes, mezquinos, egoístas, racistas, machistas.

Al final de este proceso, la anulación de la autonomía de las comunidades las orilla a irse “porque ser campesino no funciona”.

Arrancar o escindir a la gente de sus fuentes y medios de subsistencia alcanza una brutalidad que tiene cifras (300 mil en sexenio y medio) migrantes más de 20 millones. Desplazados internos 1 millón 650 mil ÷ 2006 y 2011. Sólo en 2011 160 mil. Las cifras siguen creciendo.

3. En México las comunidades y organizaciones que reflexionan sobre ese punto dicen que los programas de gobierno o la certificación de explotaciones forestales, o los programas dirigidos a la total monetarización de la economía comunitaria o la certificación de productores, los nuevos censos de contribuyentes, la “facturación”, o los programas dirigidos a la institucionalización del cuidado, los apoyos financieros a viejitos, a madres solteras, a niñas de secundaria (para que no dejen de ir) están diseñados para cambiar la racionalidad de sus vidas, una verdadera andanada de proyectos de deshabilitación.

 

Es “la guerra como programa de desarrollo”. Con esa guerra la agricultura cambió. (Hoy les venden a las comunidades o a gente individual contratos para ligarse con grandes empresas en monocultivos industriales de invernadero supuestamente rentables según el mercado: hay brócoli, bayas, moras, jitomate, soya, agave, palma africana, que además de producirles ganancia a tales empresas reorganizan los territorios y también expulsan a las comunidades. Los expulsados devienen jornaleros esclavos de a 5 dólares al día.)

 

Todo eso comenzó de modo abierto con la Revolución Verde de los años sesenta, un embate perenne por erosionar, menospreciar, prohibir o de plano criminalizar las principales y más antiguas estrategias de la humanidad. (En realidad este embate existe desde que se exigió que la gente trabajara para quienes detentaban el poder, porque está en el fondo de la racionalidad y voracidad de los mandones, pero nunca había sido trabajado como política pública, y menos internacional.)Esta ilegalización o criminalización de la lógica de subsistencia campesina y sus medios o saberes que fue la Revolución Verde, decreta la imposibilidad de mantener el flujo de la vida y la agricultura:

a. se someten a registro, certificación y privatización con patentes y derechos de obtentor las semillas que son “legado de los pueblos al servicio de la humanidad” y comienza a criminalizarse mediante leyes y normativas internacionales incluidos los tratados de libre comercio, la custodia y el libre intercambio de semillas nativas.

b. se hace onerosa la actividad campesina al incluir paquetes tecnológicos como los insumos agroquímicos (sumamente tóxicos) más semillas certificadas que deben comprarse.

c. Semillas de laboratorio y agrotóxicos comprometen aún más la actividad de producción (sin reproducción propia) desplomando la rentabilidad de la actividad campesina al tiempo que se contaminan las semillas con transgénicos, se intoxican los terrenos y se los agota, con lo que la actividad es tan cargosa que la gente se vuelve redundante.

d. Como puntilla se imponen previsiones, normativas, estándares y criterios, registros y normas de calidad y sanidad más condiciones de compra-venta que vuelven imposible la actividad, sobre todo a partir de los tratados de libre comercio y su apertura a normas sanitarias que las grandes corporaciones, en complicidad con los gobiernos, imponen con el fin de dejar fuera de la jugada a los pequeños productores. Jugarretas más o menos, la gente termina pensando que su actividad productiva no funciona.

e. Ha ocurrido la deshabilitación extrema. La gente, enfrentada con una exterioridad impuesta que alimenta su propia percepción, les hace pensar que es normal lo que les ocurre y que ellos son los que fallan, los incompetentes, los ignorantes ineptos e incapaces.

Su única opción para recuperar su propio sentido, es abandonar la actividad y salir.

Las poblaciones deshabilitadas se van, “expulsadas”. No fue necesario un desalojo sangriento. Pesa la minería, los proyectos del petróleo, las hidroeléctricas, la servidumbre energética, los desarrollos inmobiliarios y turísticos, los basureros tóxicos, la ocupación de un espacio que ha quedado vacío, pero además el extremamiento de la lógica industrial para todo. Nada que no sea industrial es permitido.

Cuando hace falta, la represión directa sigue siendo una útil herramienta del sistema.

 

4. ¿Cómo identificar y responder a lo que provoca en el cuerpo el capitalismo, la vida totalmente industrializada? La reproducción de la vida en los términos propios, que incluye los aspectos más cotidianos, más sutiles de la relación con el cuerpo queda, en esa lógica, necesariamente anulada. Esto implica un gozne que expresa las contradicciones y complementariedades entre campo y ciudad.

La industrialización tan brutal de la producción agrícola y la eliminación de la producción campesina tienen su batalla en los cuerpos de las personas, tanto en la ciudad como en el campo.

En el extremo las corporaciones van más allá e imponen esa lógica industrial a su propia lógica de producción agrícola y a todo el sistema agroalimentario. La gran industria deja de producir comida (alimentos frescos) que la meten a múltiples y disímbolas consideraciones de cuidado y conservación, sustituyendo su tendencia productiva hacia cultivar casi en exclusiva materias primas, para que a su vez la industria fabrique alimentos procesados.

Esta lógica tiene su extremo en la producción industrial de componentes de esos alimentos procesados (uniformados), mejor descritos en la idea de “productos comestibles”. Y la otra es promover los grandes monocultivos de soya, maíz, canola y palma africana para elaborar “piensos o croquetas” para humanos.

Así, en esa misma lógica, las corporaciones logran imponer la disponibilidad de ciertos alimentos (dónde están y cuáles alimentos). Logran controlar lo que la gente come, mediante el control absoluto de los puntos de venta.1

El negocio de la alimentación es tal vez el más lucrativo del momento. Los ingresos netos de supermercados y procesadores de alimentos son cada vez mayores. Tan sólo en México, los alimentos procesados le brindan a las grandes compañías como Nestlé o Pepsico, más de 24 mil millones de dólares anuales de ganancias y convierten a México en uno de los 10 principales productores de procesados en el mundo.

Las reformas energéticas son un ejemplo extremo de cómo pretenden someter todas la tierras a un destino de productoras de petróleo, gas, minerales, agua, impidiéndoles producir alimentos, impidiéndole a los custodios y dueños de esas tierras alimentar a la gente, devastándolo todo.

Se pretende destruir la relación de la gente con su tierra y su labor creativa, además de destruir la propiedad social que hoy es 50% del territorio nacional.

 

5. Para revertir la deshabilitación, para reconstituirnos como gente que encarna desde sí los procesos que más nos importan, tenemos que entender, aun, la lógica que hace posible la deshabilitación.

El meollo del asunto es el sentido que podemos construir. Eso que le llamamos percepción popular no es sino el sentido que construimos en común, que nos potencia o nos niega la posibilidad de la transformación y nuestro impulso de metamorfosis. Por supuesto tiene que ver con el “nosotros” porque el saber se construye en colectivo. Y en eso, el poder ha buscado fragmentarnos. El “nosotros” es el enemigo principal del dinero. El dinero, decía Marx, es el contrario exacto de la comunidad; el principio de las mediaciones para evadir la socialidad, el inicio de la erosión de la mutualidad.

Entonces también entender la guerra como programa de desarrollo.

Entender el desvío de poder que es poner candados, fijar o convertir en norma mecanismos obturadores que abran margen de maniobra a las empresas y obstruyan la justicia.

Para hacer posible el desvío de poder (hablando en términos sistémicos) es indispensable que el Estado, con su aparato jurídico, ejerza impunidad, impermeabilidad, maraña legal y administrativa, fabricación de disposiciones adhoc, represión. Confusión, divisionismo, políticas públicas (la bala de azúcar), pero también el despojo directo, el acaparamiento, el totalitarismo fragmentario y feudal donde todo mundo tiene a alguien que le agarra el pescuezo. Ese Estado delincuente imbricado totalmente. Listo a reprimir y desaparecer, asesinar y encarcelar.

Entre los empeños de las corporaciones uno de las principales es criminalizar las estrategias más antiguas de la humanidad, criminalizar la custodia de las semillas nativas y su intercambio, menospreciar los métodos de la agricultura campesina con todos sus saberes. El paso ulterior es la privatización generalizada, los regímenes de propiedad intelectual, que mantengan un control de las semillas, pero también de los saberes. Impedir que los saberes fluyan libremente. Que las semillas fluyan libremente en el intercambio y el cuidado de milenios.

Si a eso le agregamos todo lo que las corporaciones perpetran en su descuido o en su afán de evadir las responsabilidades de otras acciones, nos enfrentamos con la devastación ambiental: envenenamiento, basura, represas, privatización y acaparamiento de agua, deforestación, urbanización salvaje, acaparamiento del fondo de semillas, criaderos industriales, monocultivos agroquímicos, minería.

 

6. Esa reconstitución entonces comienza con diálogo, reivindicando nuestra palabra.

Si el saber se construye en colectivo y debemos reconstituir a los sujetos, eso significa, ni más ni menos, reconstituir el colectivo, lo común, comenzando con la palabra, con el diálogo, la conversación; poniendo la responsabilidad en el centro mismo de nuestras acciones.

Eso implica abrir espacios de diálogo y reflexión libres.

El Tribunal Permanente de los Pueblos que ejerció en México entre 2011 y 2014 fue una muestra mínima de lo que se puede lograr: en ese proceso se abrieron entre 350-500 talleres en 22 estados, 40 preaudiencias, 12 audiencias y la convocatoria a 270 jurados de todo el mundo junto con la participación de 1500 organizaciones.

Esto quiere decir que se puede revertir la deshabilitación y la cosificación al sistematizar lo que nos ocurre, al lograr un pleno entendimiento de las condiciones que pesan sobre nosotros; al recuperar nuestra historia y saberes situados, localizados, incrustados, pertinentes. Al decidir la defensa contra el despojo, expulsar invasores, defender nuestros territorios.

Al ejercer los cuidados en la reproducción de nuestras propias premisas (nuestros cuidados, nuestras visiones, nuestra autonomía), al articular procesos autogestionarios: los que nos fortalecen como sujetos, nos potencian y promueven creatividad mutua, creatividad social.

Al resolver por nuestros propios medios lo que más nos importa.

Así se logra volver al “nosotros”. El “nosotros” es el principal territorio: el tejido y retejido constante de nuestras relaciones significativas. El lugar donde habitas, tu hábitat, como espacio geográfico pero también tu propio cuerpo.

Debemos insistir en que por comunidad entendemos la insistencia mutua, histórica en una relación. Es una construcción colectiva entre los procesos vivos que establecen un tramado infinito en que te reconoces y te vuelves a reconocer.Es crucial entonces recuperar el sentido, revindicar nuestro sentido en común a partir de los relatos y las historias, fruto del impulso narrativo que sólo se puede tejer en colectivo. Dejar de juzgarnos con los criterios de quienes nos oprimen.

7. Pensar que cada rincón es un centro, implica reconocer y reivindicar nuestra propia constelación de circunstancias, y nuestro ser centro únicos de nuestra experiencia, nuestra historia, nuestro camino.

Somos puntos en una línea compleja, compuesta por un tramado de líneas que confluyen y que desde la valoración instantánea parece literalmente cercenada de la historia. Pero somos centro de un círculo entreverado e imbricado conformado por todas las memorias, los legados, las historias, las herramientas con que nos cubrieron quienes nos predecedieron, nuestros ancestros, desde tiempos inmemoriales.

Nuestra voluntad de re-conocimiento mutuo, de responsabilidad compartida, de búsqueda de una percepción común, es nuestro talismán más vital. No se trata de una “percepción popular”, sino de la visión propia común, tejida entre el abajo y la documentación sistemática, al servicio de la misma gente.

Revertir la deshabilitación es romper la cosificación.

Es no pedirle a nadie nada para ser. Es defendernos del deterioro, defender el sentido en común, es abrir espacios de conversación y reflexión compartida.

Cuando ante la deshabilitación emprendemos una resistencia, ésta tiene dos modalidades: una es como el mantenimiento y la pervivencia ante el cúmulo de cambios; la otra es la transformación de lo inmutable que nos tiene sometidos.

El punto central entonces es intentar entender juntos, promoviendo herramientas-procesos conviviales. Todo aquello que no sólo no te desliga del cuerpo social (con su enajenación, dislocación y arrancamiento) sino que fomenta la creatividad, la autonomía y permite resolver por medios propios nuestro horizonte de justicia.

Notas

1 Ver http://www.foodispower.org y https://www.grain.org

Desinformémonos

Fuente: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/El_horizonte_de_la_deshabilitacion

 

 

Es cambiar de raíz la adaptación electoralista de los partidos de izquierda y sentirnos interpelados por: “Nos plantea un frente de todos los anticapitalistas para unificar y coordinar todas las luchas sociales elevando al mismo tiempo el nivel de conciencia y de organización de obreros, campesinos, campesinos-indígenas más allá de las etnias respectivas y de los regionalismos y unificando así de hecho al país de los explotados contra el puñado de explotadores que componen la oligarquía que es agente local del imperialismo”.

 

 

 

La voz de la vocera

31 de julio de 2017

Por Guillermo Almeyra (Rebelión)

María de Jesús Patricio Martínez (“Marichuy”), vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) concedió recientemente una entrevista a los compañeros de las Juntas Universitarias de Defensa quienes difundieron sus palabras.

Como se sabe, hasta ahora Marichuy no registró su candidatura ante la Justicia Electoral y la utiliza para hacer propaganda de los objetivos del CIG y para organizar detrás de los mismos a los indígenas y trabajadores de México. No compite pues con Andrés Manuel López Obrador por el sillón presidencial, al que no aspira, y ayuda en cambio a incorporar la vida ciudadana a cientos de miles de personas que –si no existiese esa candidaturasui generis del CNI y del EZLN- en el mejor de los casos habrían votado en blanco o anulado su voto y, en el peor, habrían abandonado sus derechos electorales absteniéndose o vendiendo su voto al mejor postor.

¿Qué les dijo Marichuy a los jóvenes universitarios que la entrevistaron? Nada nuevo pero sí algo muy importante que sólo las agrupaciones de izquierda anticapitalista (la Organización Política de los Trabajadores-OPT- y organizaciones revolucionarias como el PRT y otras) vienen sosteniendo y que desmiente contundentemente a quienes acusan a la indígena nahua candidata-organizadora de fomentar un fundamentalismo indigenista que excluiría a la mayoría mestiza de los trabajadores mexicanos de la acción política del CIG y del EZLN y que opondría al racismo de los opresores un racismo de los indígenas oprimidos, los cuales rechazan todo racismo.

Para Marichuy, según la entrevista, la lucha del CIG es la de todos los trabajadores y todos los revolucionarios y no sólo la de los pueblos indígenas, por las reivindicaciones de cada una de las etnias agrupadas en el CIG y de las más generales, reconocidas en el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Esto implica la participación en la campaña organizativa y propagandística del CIG-EZLN de las organizaciones anticapitalistas antes mencionadas (y de otras similares) y la transformación de la campaña de Marichuy en algo que supera en mucho las elecciones de 2018 pues plantea un frente de todos los anticapitalistas para unificar y coordinar todas las luchas sociales elevando al mismo tiempo el nivel de conciencia y de organización de obreros, campesinos, campesinos-indígenas más allá de las etnias respectivas y de los regionalismos y unificando así de hecho al país de los explotados contra el puñado de explotadores que componen la oligarquía que es agente local del imperialismo.

Esa posición implica construir poder y conciencia independiente a nivel de masas en cada conflicto local, sindical, popular, campesino y con motivo de cada acontecimiento importante desde el punto de vista de la defensa de la independencia nacional amenazada.

AMLO cuenta con la simpatía electoral de millones de personas que, una vez más, verán cómo les roban un triunfo electoral pues es evidente que la oligarquía gobernante, como se vio en el Estado de México, jamás entregará el gobierno a quienes considera peligrosos aventureros advenedizos.

Una campaña real y enérgica de los anticapitalistas sería fundamental para evitar la decepción y desmoralización de esos millones de trabajadores que creen en AMLO y en la vía electoral. Al mismo tiempo, una campaña anticapitalista de masas podría dar un centro a los millones de trabajadores de todo tipo hoy sometidos al racismo y la discriminación en Estados Unidos.

Una candidatura anticapitalista de frente único tendría mucho mayor peso que un esfuerzo exclusivamente indígena del CIG en la conciencia de los más honestos y combativos militantes de MORENA y sería fundamental para la unidad entre campo y ciudades y las diferentes regiones que, por primera vez, construiría sobre esas bases la unidad de los diversos Méxicos existentes.

Si Marichuy Patricio retomase el camino que inició Rosario Ibarra de Piedra, anticapitalista y defensora incansable de los derechos humanos, podría encauzar la protesta de las mujeres de México contra las violencias, la discriminación y los asesinatos cotidianos, que de hecho está contra el sistema, uniéndola con las de quienes conscientemente luchan contra él en otros campos, elevando a un nivel superior la lucha, importante pero limitada, de muchos ecologistas que creen todavía en un capitalismo respetuoso de la gente y de la Naturaleza.

La fusión entre la campaña indígena y del EZLN y los anticapitalistas de la izquierda revolucionaria y obrera permitiría disolver las dudas que existen incluso entre los simpatizantes de la lucha del CIG y de Marichuy sobre el contenido real del anticapitalismo, hasta ahora sobe todo declarativo, de una campaña que hasta ahora no aparece en la vida cotidiana de los trabajadores, a los que el electoralismo de los partidos procapitalistas aturde.

Esas dudas, dicho sea de paso, son abonadas también por la presencia en los actos neozapatistas de un puñado de personas con enormes retratos de Stalin, aliado clave y conservador del capitalismo mundial, enterrador del partido de Lenin y de la revolución rusa, jefe de un régimen autoritario y dictatorial que abrió el camino al derrumbe de la Unión Soviética y a su transformación actual en el imperialismo de Putin. Esos retratos de Stalin hacen propaganda a la represión de las ideas anticapitalistas, a la destrucción autoritaria de la agricultura campesina, al reino de la policía y de la escasez, o sea, a lo que es la antípoda de lo que desean los simpatizantes del EZLN y los que en el CIG aceptan el anticapitalismo.

Si las declaraciones de la vocera Marichuy fuesen apoyadas y confirmadas también por el EZLN y por el CIG ganarían mucha fuerza y podrían cambiar la situación política mexicana.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229741

 

 

Es atender a:“Estamos dispuestos a conversar -y a transar inclusive-, pero sobre aspectos sustantivos: los derechos fundamentales de nuestro pueblo que tienen que ver con la recuperación del territorio, que es la demanda histórica más sentida, y la posibilidad de reconstruir el mundo mapuche sobre la base de la autonomía y la libertad”.

Esa concepción es de todos los pueblos que no quieren ser sometidos por nadie".

 

 

 

 

Habla vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul

Territorio y autonomía: demandas del pueblo mapuche

1 de agosto de 2017

Por Punto Final (Rebelión)

 

El trabajador social Héctor Llaitul Carrillanca (50 años, cinco hijos), vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), habla para Punto Final sobre los objetivos autonomistas y anticapitalistas de su organización. Reivindica las acciones directas contra las forestales que desde hace veinte años se llevan a cabo en La Araucanía (Wallmapu   para el pueblo mapuche) y critica en duros términos el plan de desarrollo para la Región anunciado por la presidenta de la República y que el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza Gómez, comunista, calificó en una columna de opinión en El Mercurio (5 de julio) como “una de las propuestas más sólidas e integrales presentadas en esta materia durante nuestra historia republicana”.

Pedimos a Héctor Llaitul que hiciera un diagnóstico de la situación en el Wallmapu y ésta fue su respuesta:

“Efectivamente hay una agudización del conflicto. Esto lo producen las medidas que implementa el Estado chileno para enfrentar las demandas -sobre todo las demandas políticas y territoriales- de nuestro pueblo. Eso ha creado una situación en que el conflicto no tiene solución en el corto o mediano plazo. El Estado chileno ha puesto en práctica una suerte de ‘guerra de baja intensidad’ contra los movimientos de resistencia mapuche para salvaguardar los intereses del gran empresariado de la región. Esto se grafica en la militarización de la zona de conflicto entre las comunidades mapuches y los procesos de inversión capitalista que arremeten contra nuestro pueblo. La reivindicación territorial y autonómica choca directamente con los intereses de los grupos económicos de la industria forestal y energética, lo que ha producido una mayor radicalidad en la confrontación.

La creciente militarización del Wallmapu se observa sobre todo en los patrullajes de carros blindados de las Fuerzas Especiales de Carabineros, en la cantidad de personal destinado a la Región que cumple diversas tareas. Son unos tres mil efectivos apostados en el Wallmapu histórico. Están allí para custodiar los intereses de las forestales y de los proyectos energéticos. Otros carabineros cumplen misiones de protección en puntos de riesgo. En resumen, numeroso personal equipado para un combate, batallones de policía militarizada con campamentos, vehículos de transporte mayor como helicópteros y avionetas, equipos de vigilancia sofisticados que incluyen drones, globos aerostáticos, sistemas de alta tecnología mediante cámaras de vigilancia en la ruta 5, principal arteria que cruza el Wallmapu. Algunas con capacidad geotérmica de visibilidad nocturna. Todo esto ha significado un gasto muy cuantioso. Sólo las cámaras de vigilancia con infrarrojo significaron una inversión de más de cinco mil millones de pesos.

A eso hay que sumar la permanente criminalización del pueblo mapuche. Detenciones arbitrarias, allanamientos, prisión política -hay más de cuarenta presos o procesados políticos-, etc.

También está la aplicación de la Ley Antiterrorista y de la Ley de Seguridad Interior del Estado en procesos viciados por la utilización de mecanismos de esas leyes, como los ‘testigos protegidos’. Hay que agregar las operaciones de inteligencia policial y política con montajes que pretenden sacar de circulación a dirigentes y militantes. Todo esto no es nuevo para nosotros, también se hacía en dictadura.

Existe una potente campaña mediática que tiene dos objetivos principales: reproducir en el imaginario colectivo la imagen del mapuche ‘terrorista’. Cada vez que los mapuches defendemos nuestros derechos, la prensa nos cataloga de delincuentes o terroristas. Aquello establece una condena previa contra los militantes de la causa mapuche. Esa campaña tiene un alto componente de racismo y no solo proviene de la derecha sino también de los gobiernos de turno. Un racismo que ha existido históricamente y que ha permitido construir un discurso que es parte de la ideología del poder. Los mapuches éramos considerados -en el pasado- sanguinarios, primitivos y salvajes; después nos caracterizaron como flojos, borrachos, etc. Son prejuicios que reproducen los medios de comunicación a la hora de situar al pueblo mapuche como actor en este conflicto.

La derecha económica y política ha ganado posiciones para crear la imagen de que las víctimas de la violencia son ellos y no los mapuches. A tal punto que una de las medidas anunciadas por la presidenta Bachelet apunta en la dirección de reparar a las víctimas de la violencia rural que serían los agricultores, colonos y empresas que han sentido los efectos de la resistencia mapuche. Se les presenta como las únicas víctimas, no a los mapuches que hemos sido las víctimas históricas del conflicto desde que el Estado y el sistema capitalista se impusieron a sangre y fuego en nuestros territorios. Este es, en síntesis, el escenario actual de la confrontación”.

 ATAQUES INCENDIARIOS A EMPRESAS FORESTALES

¿Qué actitud tiene la CAM sobre los ataques incendiarios a camiones y maquinaria de las forestales?

“Para analizar esos hechos hay que referirse a la violencia en la agudización del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. No es resultado solo de los grados alcanzados por la resistencia mapuche. Desde luego, se trata de una confrontación en que ambas partes tienen responsabilidades. De parte del Estado ha habido una violencia permanente, estructural, económica y cultural mediante la usurpación de los territorios mapuches. Asimismo se ha negado a solucionar las demandas políticas y territoriales de nuestro pueblo. El desarrollo del proceso de resistencia ha llevado a realizar acciones que enfrentan sobre todo las relaciones opresivas de mercado que afectan al mapuche. Son acciones de sabotaje y dirigidas contra los intereses de los usurpadores de la tierra. Sus procesos de inversión capitalista destruyen el hábitat y la concepción cosmovisionaria de nuestro pueblo. Esta es la lógica de esas acciones directas. Tienen el carácter de sabotaje a la economía capitalista y no buscan poner en riesgo la integridad de la población, como intentan demostrar los medios de la derecha. Eso es algo que negamos rotundamente. Estas acciones de resistencia son un componente importante en nuestra acumulación de fuerzas. Permiten avanzar en el control territorial, que es el objetivo estratégico de estas acciones. Buscan una solución al conflicto por las tierras y se dirigen contra el sistema implantado por las empresas forestales, responsables de la usurpación y devastación del territorio ancestral mapuche.

Estas acciones han generado un punto de inflexión en el conflicto. A tal punto que la derecha y otros sectores conservadores las estigmatizan como terroristas para perseguir y aniquilar a quienes están detrás de ellas y así tratar de frenar la resistencia de nuestro pueblo. Las reivindicamos como parte de la lucha estratégica y de la protesta social mapuche en general, porque se han agotado las vías de solución a nuestras demandas políticas. Se intenta desvincularlas y aislarlas de las otras acciones políticas que desarrollan las comunidades. Sin embargo, todas forman parte del proceso de reconstrucción nacional que está desarrollando nuestro pueblo. Forman parte de la lucha por la recuperación territorial y por la recuperación de un modo de vida y de un tipo de sociedad mucho más justa que la existente”.

PLAN DE DESARROLLO DE LA ARAUCANIA

¿Qué opina la CAM del Plan de Desarrollo Integral de La Araucanía anunciado por la presidenta Bachelet?

“El conflicto se ha vuelto un tema en la agenda del gobierno. Estamos a veinte años de los sucesos de Lumaco, cubiertos en la portada de Punto Final (N° 409 del 19 de diciembre de 1997) con el título: Lumako. La dignidad mapuche . Rememoramos aquel hito porque allí se inició esta etapa del conflicto con la quema de tres camiones de la Forestal Bosques Arauco. Frente a las acciones directas y la resistencia han surgido voces, no solo del empresariado sino también de la clase política, en especial de la derecha. Pero también de la gobernanza neoliberal representada en un amplio espectro de la Nueva Mayoría. Esas voces emplazan a buscar alguna solución a los grados de confrontación adquiridos por el conflicto. Desde la Presidencia surgió la idea de una comisión asesora que respaldara ciertos anuncios. En su momento dijimos que no era una instancia legítima, sino un intento más -como muchos anteriores- de crear un mecanismo que actuara como dispositivo para atenuar la confrontación. La comisión entregó su informe a la presidenta que, finalmente, anunció medidas que no fueron de extrañar. Más de lo mismo, o nada nuevo bajo el sol. Lo único concreto es la declaración de un Día de los Pueblos Originarios, un día feriado. Los otros anuncios son solo anuncios y promesas. Por ejemplo el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios requiere una reforma de la Constitución. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que esto se produzca? Se trata de una demanda mapuche que tiene casi treinta años.

Chile es uno de los países más atrasados en el reconocimiento de sus pueblos originarios. Este anuncio no se va a materializar durante este gobierno. Si viene un gobierno de derecha menos se va a concretar. La creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y de un Consejo de Pueblos Originarios son proyectos que están en el Congreso y que van en la misma dirección, considerando que los parlamentarios representan en su mayoría posiciones empresariales. Al respecto, debemos aclarar que la CAM no demanda la creación de esas instancias que tienen que ver con el modelo colonial de dominación que sufre nuestro pueblo. Serían algo así como la Conadi con mayor presencia indígena y recursos para seguir administrando el estado actual de cosas. Son instancias que demandan otros sectores del pueblo mapuche interesados en avanzar por la vía institucional. Pero nosotros estamos por otra vía: acumular fuerzas para la recuperación del territorio y la autonomía. Nuestra lucha no va por la institucionalidad opresora.

Impresiona la desfachatez de los anuncios del gobierno. No variará las condiciones de opresión y no otorga medidas que restablezcan los derechos fundamentales de nuestro pueblo, que son derechos políticos. Un aspecto positivo podría ser el reconocimiento constitucional -aunque no nos casamos con esto- porque abriría la posibilidad de la lucha política por la autodeterminación. Por ahí podrían lograrse avances sustantivos. Pero el reconocimiento constitucional es hasta ahora una promesa incumplida. En los anuncios presidenciales se nota la influencia que ganaron los sectores conservadores, no solo en la comisión asesora sino en los cercanos a la Presidencia. Por ejemplo, se determinó un fondo de reparación para víctimas de la violencia rural, pero no para los mapuches que han sufrido violencia en el actual periodo. Entonces, ¿no hay justicia para los mapuches? ¿Cuántas casas mapuches han sido quemadas o destruidas? Cercos y sembrados arrasados. Vidas arrebatadas, torturas, allanamientos, prisión política, etc. ¿No hay reparación por estos crímenes? ¿El Estado no se hará cargo tampoco de las masacres del pasado, de la usurpación territorial, de mantener al pueblo mapuche en la pobreza?

El discurso empresarial ha instalado víctimas de un solo lado, y este gobierno se alineó con ellos. Nosotros afirmamos con fuerza que en este conflicto las víctimas son los mapuches. Las víctimas históricas desde que el Estado usurpó nuestros territorios a sangre y fuego, con un ejército financiado por la oligarquía que despojó al pueblo mapuche de más del 95% de su territorio, robó su ganado, masacró a la gente y la condenó a vivir en la miseria. Estas son las víctimas reales del conflicto y el Estado no saca nada con pedir perdón si la solución no repara ni hace justicia.

También se anunció un fondo para potenciar el desarrollo en La Araucanía. Pero los recursos no van para los mapuches y ni siquiera tiene una lógica indígena. Este gobierno insiste en la idea colonial de tratar de superar la pobreza y la desigualdad con mayor asistencialismo. La presidenta Bachelet entregaría fondos para que la gente capitalice y reproduzca el capital en una zona muy conservadora y que está en manos del empresariado. El fondo está destinado a grupos conservadores, lo que incluye también a colonos fascistas responsables además, de la represión de personas que llevaban adelante el proceso de Reforma Agraria en los años 70. No es por nada que La Araucanía es conocida como el bastión de la derecha más recalcitrante”.

EL CAMINO DE LA CAM

¿Qué plantea la CAM frente a esta realidad?

“Tenemos una mirada positiva de la lucha mapuche y de sus resultados. Esta lucha es entre los poderosos y los oprimidos, y por razones obvias estamos en desventaja estratégica. Hay un conflicto que en el corto y mediano plazo no tiene solución, al menos en el actual escenario político-social. Pero se debe reconocer que, del lado mapuche hay una fuerza social, política y militar que se confronta con el empresariado y la gobernanza neoliberal y que lo hace dignamente. Con el tiempo y al calor de la lucha, hemos desarrollado capacidades político-organizativas expresadas en las experiencias de control territorial, así como de capacidad operativa con los diversos Organos de Resistencia Territorial, los ORT, quienes han sabido expresar la resistencia con sabotajes certeros al gran capital, y a su vez disposición combativa permanente para el enfrentamiento con las fuerzas de ocupación. También se debe reconocer que el movimiento de resistencia va adquiriendo paulatinamente perspectivas autonomistas y revolucionarias en sus definiciones. Y es aquí donde nos situamos como CAM.

Hay un proceso de acumulación que tiene que ver con el objetivo del control territorial. Las acciones de resistencia han permitido entrar a disputar las tierras con el empresariado. Las tierras recuperadas, que están bajo la plataforma del control territorial, llevan un curso distinto a la reproducción del capital y constituyen la base para la reconstitución del mundo mapuche, es decir el logro de la reproducción del tejido político, social y cultural de nuestro pueblo. El capitalismo es el que depreda los territorios aniquilando toda forma de vida. Frente a esa realidad, existe una fuerza social, política y militar del pueblo mapuche que defiende sus derechos y que está acumulando fuerza en una perspectiva autonomista y revolucionaria.

La CAM ha señalado públicamente su disposición de llegar a un entendimiento -inclusive propusimos una tregua en la confrontación-.

Estamos dispuestos a conversar -y a transar inclusive-, pero sobre aspectos sustantivos: los derechos fundamentales de nuestro pueblo que tienen que ver con la recuperación del territorio, que es la demanda histórica más sentida, y la posibilidad de reconstruir el mundo mapuche sobre la base de la autonomía y la libertad.

Esa concepción es de todos los pueblos que no quieren ser sometidos por nadie. En ese marco estamos dispuestos a conversar, pero las autoridades no están dispuestas a hacerlo en esa misma sintonía. Solo pretenden entregar algunas concesiones básicas. El movimiento autonomista ya no quiere tratar esos temas. La fuerza que hemos logrado no es para que ahora vayamos a sentarnos a una mesa a conversar los temas y promesas de siempre. La fuerza lograda, producto del sacrificio y esfuerzo de las comunidades, de mujeres y hombres, de ancianos y niños, merece un proceso con mayor altura de miras. Un enfoque que reconozca los derechos políticos de la nación mapuche. Tal como lo hizo antes nuestro pueblo cuando confrontaba y llegaba a Parlamentos con el Estado español y la recién creada República chilena. Parlamentos establecidos en base a relaciones diplomáticas, comerciales, políticas, etc. Hoy no existe esa voluntad de parte del Estado chileno, y en la práctica no se puede dialogar cuando existe una relación desigual y aún de tipo colonial.

Sin embargo, nuestro pueblo tiene la suficiente capacidad y la dignidad suficiente para mantener la resistencia y avanzar en este proceso que aún tiene mucho tiempo por delante. Las potencialidades están en las nuevas generaciones que van resignificando la causa mapuche con mayor newen ka feyentun. La lucha por el territorio ancestral continuará porque es la base esencial de la reconstrucción de la Nación Mapuche. La autonomía es nuestro sueño de libertad”

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 880, 21 de julio 2017.

revistapuntofinal@movistar.cl

www.puntofinal.cl

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229704

 

 Alternativas postcapitalistas

 

Necesitamos construir el Nunca Más al capitalismo mediante la democratización de nuestra cotidianeidad que desestabilice a feudos y burocracias  promotoras e institucionalizadoras de la conciliación con las transnacionales y sus socios locales. Es comenzar por indagar cómo constituir el nosotros por involucrarnos en desestabilizar las satrapías provinciales y en el reconocimiento de cómo compartimos necesidades e intereses.

 

Recordamos varios conflictos e incluso estallidos que sacudieron esos despotismos y amenazaron su paz de cementerio. Sin embargo, permanecieron y se perfeccionaron en su capacidad tanto de viabilizar el sometimiento social al saqueo-envenenamiento como de multiplicar negocios lícitos e ilícitos a su exclusivo beneficio.

 

El Nunca Más al capitalismo y a sus criminales beneficiarios e impulsores locales abarca al kirchnerismo que construyó hegemonía para hacer posible la legitimación de la ocupación y devastación de los territorios mediante el tan elogiado crecimiento económico. No sólo indujo la creencia mayoritaria en que estábamos en un presente promisorio y participábamos de una gesta patriótica sino contribuyó a la fragmentación sociopolítica. A consecuencia suya y de Venezuela hoy se ha puesto de manifiesto, entre los de izquierda, que no éramos tan compañeros. Que nuestra afinidad ideológica era hueca e interpretábamos distinto nuestros vínculos con la realidad social y mundial. La mayoría de nosotros, los de izquierda, se mantuvo sin dar relevancia a la reelaboración de nuestra ideología según vamos entablando relaciones entre nosotros y sobre todo con los diversos de abajo en caminos emancipatorios desde ahora.

 

Comprobamos que quienes se identifican K prefirieron ponerse al lado del poder político volviendo las espaldas a las comunidades en zonas de sacrificio y sin cuestionar el asistencialismo, el clientelismo, el cooperativismo para contener al creciente número de desposeídos por el extractivismo. Pero, también, están quienes eligieron un tercer camino por análisis sin diálogos con saberes otros y con la complejidad del hoy. En consecuencia, estos últimos, soslayaron lo medular que es la profundización de la deuda eterna y del extractivismo para caracterizar al gobierno CFK. Reflexionemos sobre:

Una izquierda latinoamericana, sin ecología,

caerá de nuevo en la crisis de los progresismos

22 de julio de 2016

 

Las izquierdas latinoamericanas, por lo menos desde la década de 1970, tuvieron unas enormes dificultades en aceptar y abordar la problemática ambiental, plantea en este artículo Eduardo Gudynas, docente, militante e investigador en la temática.

 

Por Eduardo Gudynas

@EGudynas

 

 Comencemos planteando con claridad algunas cuestiones recientes en las relaciones entre izquierda y ambiente en América Latina: los progresismos gobernantes actuales son regímenes políticos distintos a las izquierdas que les dieron origen, y en esa diferenciación, la incapacidad para abordar la temática ambiental jugó unos papeles clave. Por lo tanto, cualquier renovación de la izquierda sólo es posible si se incorpora la mirada ecológica. En caso contrario, la izquierda volverá a caer en meros progresismos.

Las izquierdas latinoamericanas, por lo menos desde la década de 1970, tuvieron unas enormes dificultades en aceptar y abordar la problemática ambiental. Unos veían esos temas como excentricidades burguesas importadas del norte; otros consideraban que entorpecerían planes de industrialización; y finalmente, estaban los que entendían que en la militancia, por ejemplo, en las fábricas, era inviable atender cuestiones ecológicas.

Pero también existían algunos grupos o militantes que abordaban esas cuestiones, por muy diversos motivos. Unos respondían a demandas ciudadanas, por ejemplo las que partían de organizaciones campesinas que denunciaban tanto injusticias económicas como la contaminación de sus tierras y aguas. Otros entendían que una crítica radical al capitalismo era incompleta sino se consideraba el papel subordinado de América Latina como proveedora de materias primas (o sea recursos naturales). Se pueden sumar otras cuestiones, pero más allá de todo eso, debe reconocer que todos ellos desempeñaban papeles secundarios en el seno de la mayor parte de las organizaciones políticas de la izquierda.

Las cosas no eran mejor a nivel internacional, ya que sea en agrupamientos partidarios como en la reflexión teórica, la cuestión ambiental era minimizada o marginada. Esfuerzos intensos en poner sobre el tapete, por ejemplo a un Marx en clave ecológica (como es la propuesta de John Bellamy Foster) o la insistencia en una ecosocialismo (apuntada por Michael Lowy), tuvieron impactos acotados.

 

Un cambio sustancial ocurrió a fines de los años noventa y principios de la década del 2000. Buena parte de ambientalismo políticamente militante colaboró, apoyó o participó directamente en conglomerados de unas izquierdas más amplias y plurales que luchaban contra gobiernos conservadores y posturas neoliberales.

 

En varios países, esos grupos y las elecciones. Hubo un aporte ambientalista en las victorias de Alianza Pais en Ecuador, el PT y sus aliados en Brasil, el MAS en Bolivia, y el Frente Amplio en Uruguay; en menor medida participaron en Venezuela.

En los planes de aquellas izquierdas se incorporaban temas ambientales, en varios casos con mucha sofisticación al proponer cambios radicales en las estrategias de desarrollo, el ordenamiento territorial o el manejo de los impactos ambientales. Unos cuantos ambientalistas entraron a esos nuevos gobiernos, y desde allí se lanzaron algunas iniciativas remarcables.

El caso más destacado tuvo lugar en Ecuador, donde esos militantes verdes cosecharon algunos éxitos notables. Fueron claves en instalar, por ejemplo, la propuesta de una moratoria petrolera en la Amazonia, no solamente como una defensa de su biodiversidad sino también como un aporte para el cambio de la matriz energética. Ellos también representaron un apoyo clave en el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en la nueva constitución ecuatoriana, convirtiéndola en la más avanzada del mundo en esa materia. La izquierda de los países del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) no ponderó como debía las innovaciones ambientales en el primer gobierno de R. Correa.

 

Pero el problema es que esa relación entre los nuevos gobiernos y la temática ambiental comenzó a crujir. Esas administraciones optaron por estrategias de desarrollo donde priorizaban metas económicas a costa de altos impactos ambientales. Sus expresiones más claras fueron la explotación minera y petrolera, y los monocultivos. Se generó una relación perversa, ya que a medida que más se profundizaba ese perfil extractivista, menos se podían atender las cuestiones ambientales, y más protestas y resistencias ciudadanas se acumulaban. Muchos ambientalistas que estaban dentro de los gobiernos se alejaron, y lo que permanecieron se desprendieron de sus compromisos con la Naturaleza. Algo similar ocurrió en otras áreas, especialmente las políticas sociales. Es de esta manera que estaba en marcha la divergencia entre las izquierdas plurales y abiertas iniciales y un nuevo estilo político, el progresismo.

 

La maduración hacia al progresismo ocurrió en todos los países. Más allá que en algunos casos se citaba a Marx o Lenin, en todos se acentúo la subordinación a los mercados globales como proveedores de materias primas, los planes de ataque a la pobreza se enfocaron sobre todo en paquetes de asistencias monetarizadas, y se rompieron las relaciones con muchos movimientos sociales. Ese progresismo no es neoliberal, pero está claro que abandonó los compromisos de aquellas izquierdas iniciales en cuestiones como la radicalización de la democracia, ampliar las dimensiones de la justicia y proteger el patrimonio ecológico.

 

Hoy se admite que ese progresismo está en crisis, como es evidente en Brasil, y que incluso ha perdido elecciones nacionales (Argentina) o regionales (Bolivia). Pero ha pasado desapercibido para algunos es que en esa diferenciación entre izquierdas y progresismos, la temática ambiental jugó un papel clave. El progresismo aceptó los impactos ambientales de los extractivismos ya que priorizó como opción económica la exportación de materias primas. A su vez, a medida que escalaba la resistencia ciudadana a esos emprendimientos, esos regímenes pasaron a ignorar, rechazar e incluso criminalizar a las organizaciones ciudadanas que ponían en evidencia los impactos negativos de esos extractivismos.

 

Hay muy poco de la sensibilidad social de izquierda en que un gobierno le imponga a comunidades campesinas un proyecto megaminero, o que fuerce la entrada de petroleras dentro de tierras indígenas, o que amenace con exiliar a los miembros de ONGs que alertan sobre esos impactos.

Los progresismos a medida que más se alejaban de la izquierda, más se hundían en contradicciones teóricas y prácticas. No dudaron entonces en apelar a mezclas bizarras entre citas marxistas y denuncias al imperialismo, junto a acuerdos comerciales con empresas transnacionales que se llevaban sus recursos. Invocaban al pueblo pero no dudaban en criminalizar la protestas ciudadana, e incluso en unos casos pasaron a la represión.

La lección de estas experiencias es que la ausencia de una dimensión ambiental en la izquierda, en América Latina, y en este momento histórico, no constituye un pequeño déficit. Por el contrario, es uno de los factores que explica que esa izquierda pierda su esencia para convertirse en meros progresismos.

Por el contrario, una izquierda propia de nuestro continente debe abordar las cuestiones ambientales porque América Latina se caracteriza por una enorme riqueza ecológica. Aquí se encuentran las reservas más grandes de áreas naturales y las mayores disponibilidades de suelos agrícolas. El uso que se hace sobre ese patrimonio ambiental no sólo involucra las necesidades de nuestra propia población, sino que nutre a múltiples cadenas productivas globales con enormes repercusiones geopolíticas.

 

Además, una izquierda del siglo XXI debe ser ecológica porque la actual evidencia indica sin lugar a dudas que estamos sobreexplotando esos recursos, que las capacidades del planeta para lidiar con los impactos ambientales han sido rebasadas, y que problemas planetarios como el cambio climático ya se están manifestando. Por lo tanto, pensar una izquierda sin ecología sería una apuesta política desconectada de América Latina y de la coyuntura actual.

 

Finalmente, el compromiso de esta nueva izquierda está en la justicia social y ambiental, donde una no puede ser alcanzada sin la otra. Esto permite un reencuentro con muchos movimientos sociales, un redescubrimiento de los problemas reales de las estrategias de desarrollo actuales, y un llamado a una renovación teórica. Es por eso que en esa íntima asociación entre la justicia social y ambiental, están los mayores desafíos para una renovación de las izquierdas en América Latina.

 

*El autor es militante en temas de ambiente y desarrollo, integra el equipo del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), es docente en distintas universidades latinoamericanas y acompaña a diferentes movimientos ciudadanos.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Una-izquierda-latinoamericana-sin-ecologia-caera-de-nuevo-en-la-crisis-de-los-progresismos

 

Percatémonos de cómo el kirchnerismo usó y usa su poder  mediático para instalar relatos tergiversadores de la realidad capitalista y sobre todo una lectura maniquea que origina una polarización partidaria sin fundamento en la contradicción básica del sistema opresor con la diversidad de abajo. De modo que endiosa a CFK en vez de promover la reflexión popular de problemas a resolver abajo y a la izquierda.

 

 

 

Comunicación para la paz: un desafío aún pendiente

5 de agosto de 2017

 

Por Tomás García Laviana (Rebelión)

 

En Colombia, a través de los años e intensos procesos, han surgido un sinnúmero de personajes que han configurado formas y caminos de aprehensión y representación del mundo, desde acciones de lectura de la realidad de forma crítica, propiciando y promoviendo espacios comunicativos alternativos.

 

Esos recorridos se han transitado teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad y las coyunturas de un país dominado por la maquinaria comunicativa y el periodismo voraz que permea, cosifica y desestabiliza a los individuos, ofertando des-información, distractores, construcciones sociales de la realidad que no permiten tomar postura desde dinámicas de consciencia.

En ese sentido se reconoce y reivindica a todos los que se han comprometido con la tarea de informar y comunicar desde la realidad, desde la verdadera razón del periodismo: ¡la verdad!

 

Teniendo en cuenta esto, el próximo 13 de agosto se realizará la conmemoración de la siembra del abogado, filósofo, humorista, activista, periodista y ante todo mediador de paz Jaime Garzón Forero, quien fue asesinado por los enemigos de la paz, la justicia y la verdad. Un hombre que instauró una propuesta comunicativa desde el humor inteligente y que supo ser un crítico de los medios hegemónicos aun desde sus propias pantallas. En ese entendido se puede decir que su legado tiene algo imprescindible: la “reflexión”, pues se convierte en el ambiente propicio para que, como pueblo, reflexionemos sobre el papel que juegan los medios de comunicación y los emporios de la información, en la conformación de redes de la sociedad y, por ende, de la forma de relacionarse, sea esta pacífica o altamente conflictiva.

 

Así mismo, en un mundo que está totalmente codificado, el lenguaje como aspecto esencial de la comunicación, puede prestarse para manipular y polarizar la sociedad, afectando la cultura en tanto la mercantiliza y banaliza, igual que la democracia y los bienes comunes que la deben configurar.

 

Colombia no es ajena a esta dinámica y en su medio de descomposición, se construye, funciona y actúa a través de ese lenguaje con fines políticos. Todo ello se da en un escenario social caracterizado por la alta concentración del poder y la riqueza, así como por la fragmentación e insolidaridad, motivo por el cual los medios de comunicación son factores esenciales e incidentes en la solución de conflictos, en su prolongación y no resolución, pudiendo y debiendo actuar en otro sentido, pues es desde allí que se reconfiguran los mismos, donde se propende por la construcción de estrategias, propuestas y acciones que permitan avanzar o retroceder en la consecución de un verdadero desarrollo humano, lo más anhelado en el país; sin embargo, la realidad colombiana nos muestra unas empresas de comunicación al servicio de la guerra y del expolio, que generan y promueven conflictos nacionales e incluso internacionales.

 

A su vez, la manera cómo se maneja el lenguaje de la comunicación para la construcción de estos discursos de violencia, debe ser confrontado por esa amplia mayoría que está a favor de la paz y la verdad, a través de medios que respondan a las necesidades propias de los pueblos de Colombia, y en la coyuntura actual, de medios que sirvan a la verdad, a la construcción de memoria, de educación y de una solución pacífica a los conflictos, que no promuevan la “pacificación” como acallamiento de las diferentes voces. El ejercicio consciente y responsable del periodismo debe subordinarse al bien común, estar al servicio de las mayorías sustituyendo la perversidad y la mezquindad del sistema económico individualista; cuya tarea sea la identidad, el humanismo social y la resignificación de las culturas que habitan Colombia.

 

Entender la comunicación como un bien común

La comunicación para la paz debe ser entendida como un ejercicio de poder popular, que propicia la formación y construcción colectiva de saberes, propendiendo por la posibilidad y responsabilidad de ser sujetos políticos participantes de la consolidación de una paz con trasformaciones, es decir que sea una comunicación que garantice búsqueda permanente de soluciones a los grandes problemas que afectan al país y que sólo se legitima en la medida que los colombianos y colombianas vean los beneficios de una información desintoxicada del lenguaje de la guerra.

 

En este sentido es fundamental la concertación y un plan estratégico donde confluyan periodistas independientes, alternativos, populares, que junto a los sectores que se encuentran organizados, pugnen por un proyecto de nación, entendida ésta como la posibilidad de tejer redes sociales desde la colectividad y cada uno de sus actores, donde se trabaje por un cambio real y estructural para Colombia, sin segregaciones, entendiendo y realizando el ejercicio del periodismo ético como una parte del gran proyecto de las diferentes agremiaciones que se dignifican desde ese posicionamiento resistente.

 

Es así que en Colombia más de tres millones de personas no tienen acceso a la internet o no cuentan con medios de comunicación regionales (FLIP, 2016); a la vez la concentración de medios es abrumadora: sólo tres grupos empresariales concentran el 57% de la audiencia en los distintos soportes comunicativos: radio, internet y prensa. (MONITOREO DE MEDIOS, RSF 2016), por lo cual la fuente de información casi exclusiva y por ende excluyente con la que cuenta la sociedad es la que ofrecen los medios tradicionales al servicio de las elites, a través de los grandes medios que controlan económica y politicamente, los cuales resultan estando a favor de poderes económicos y políticos que por su naturaleza opresora merecen ser afrontados.

 

De esta forma es importante exponer a la par y como condición de posibilidad de ese genocidio político en curso, que en los últimos cuarenta años han sido asesinados más de 150 periodistas, que tienen un común denominador: “Las víctimas adelantaban investigaciones que evidenciaban corrupción en el poder público y militar” (CNMH,2015). Sin contar que en lo transcurrido del 2017 más de 200 periodistas han sido víctimas de violaciones a sus derechos bajo la forma de amenazas, acoso judicial, detención ilegal, estigmatización, hurto de material periodístico, entre otras acciones que ponen en riesgo la labor periodística (FLIP,2017).

 

Paz también es democratizar los medios de comunicación

En efecto, el buen vivir no debe ser monopolio de quienes llevan las riendas del poder político y económico del Estado y la consolidación de un país con prosperidad e igualdad debe propender por el rescate y construcción de la memoria histórica, considerándose ésta como un valor y un beneficio colectivo que fomenten las estructuras de una organización social digna.

 

Para esto es necesario la recuperación de espacios que garanticen la asociación, en sentido colectivo de los medios para las comunidades, que permitan sus propias formas de desarrollar la comunicación a través de una legislación efectiva y de garantías que responda a la democratización y los recursos necesarios para la comunicación, así como la igualdad de oportunidades para asegurar a las comunidades el acceso al espectro electromagnético, permitiendo de esta manera desarrollar una comunicación proactiva que beneficie a las comunidades, y cree verdaderas condiciones de seguridad en el ejercicio del periodismo, así como el respeto a la libertad de prensa.

 

En ese caso es necesario y urgente reglamentar un nuevo marco legal para la comunicación dentro de la sociedad colombiana que, quizá, sea referente del presente de nuestro país.

En conclusión, es imperativo realizar un ejercicio constante y consciente de reivindicación en memoria del legado de Jaime Garzón y de muchos otros periodistas que han abonado con su sangre y su vida el ejercicio del periodismo ético, responsable e independiente; es momento de que en conjunto, un periodismo organizado, aporte las condiciones necesarias para que el ejercicio ético de la profesión desarrolle una pedagogía de paz que aporte a la formación de los comunicadores en campos y ciudades, en los diferentes contextos y rincones del país, brindando información, material que les permita obtener insumos fundamentales en la toma de decisiones ecuánimes, honestas, transparentes y coherentes con la labor comunicativa, que apunten al buen vivir y posibiliten transitar a una nueva cultura política de emancipación, bienes comunes y cuidado de nuestro habitar en el planeta. Los retos entonces son definitivos e históricos.

Tomás García Laviana. Productor de imagen, realizador audiovisual, comunicador popular, integrante de la Delegación para los Diálogos de paz del ELN.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229944

En consecuencia, nos urge reparar que: "La comunicación para la paz debe ser entendida como un ejercicio de poder popular, que propicia la formación y construcción colectiva de saberes, propendiendo por la posibilidad y responsabilidad de ser sujetos políticos participantes de la consolidación de una paz con trasformaciones, es decir que sea una comunicación que garantice búsqueda permanente de soluciones a los grandes problemas que afectan al país y que sólo se legitima en la medida que los colombianos y colombianas vean los beneficios de una información desintoxicada del lenguaje de la guerra".

 

Es una sensibilidad y actitud dialogante que es ajena a las izquierdas con mayor trascendencia nacional e internacional. Consideremos:

Socialismo de burócratas o conciencia de clase
3 de agosto de 2017

Por Rolando Astarita

Todo indica que el gobierno de Maduro realizó un gigantesco fraude en las elecciones a la Asamblea Constituyente. El anuncio de que votaron más de 8,1 millones de personas (41% del censo) es muy poco creíble. Basta recordar que en las elecciones de 2013, justo después de la muerte de Chávez, Maduro recogió 7,5 millones de votos; y en las legislativas de 2015 unos 5,6 millones. Y hoy las encuestas muestran una fuerte baja de la adhesión al gobierno con respecto a 2013 o incluso a 2015. La misma empresa Smartmatic, encargada del voto electrónico desde hace años, dijo que el resultado fue “manipulado”, y que la diferencia entre la participación real y el resultado oficialmente anunciado es deal menos un millón de votos. Aunque no puede garantizar que sea solo de un millón. Es un hecho que no hubo controles para impedir el voto múltiple; ni tinta indeleble para marcar el dedo de los votantes.

 

Pero además del fraude, el régimen ejerció una fuerte coerción sobre amplios sectores de la población para obligarlos a ir a votar. Por caso, el vicepresidente de PDVSA, Nelson Ferrer, dijo en una reunión de trabajadores que aquél que no fuera a votar debía dejar su puesto de trabajo (el video circuló en las redes). También hubo presiones en el metro de Caracas, y en las empresas básicas de Guayana, Pequiven y Banco Bicentenario, donde a los trabajadores se les exigió no sólo ir a votar, sino también llevar a familiares y amigos. La ONG Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción Derechos Humanos), de la que tomo estos datos, informa que recibió denuncias de empleados de por lo menos 21 organismos públicos.

 

Otros testimonios: “Froilán Barrios, del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, aseveró que el chavismo teme una baja concurrencia de su militancia en la elección, en la cual participan inscritos y no inscritos en el partido, de allí la intimidación a los empleados públicos.

Pedro Arturo Moreno, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, añadió que afiliados a la Federación Unitaria Nacional de Empleados Públicos se han quejado de los mensajes de texto y correos electrónicos que han recibido y en los que son instados a votar porque tienen  una lista con sus nombres. (…)

Pablo Zambrano, del Movimiento de Sindicatos de Base, refirió que el acoso contra los empleados públicos, especialmente en los ministerios, es constante y se profundiza cada vez más para que los trabajadores vayan a las marchas, actos políticos y elecciones, pero la desobediencia se ha hecho sentir” (http://www.diariolasamericas.com/empleados-publicos-venezolanos-obligados-votar-elecciones-del-partido-chavista-n3189928).

El propio Maduro dijo públicamente que se tomaría lista de las personas que no fueran a votar. En Venezuela hay 2,8 millones de estatales; a lo que se suman millones de ayudas sociales.

 

Socialismo de burócratas o conciencia de clase y libertad

Significativamente, la izquierda que defiende a Maduro y pide más represión, no dijo palabra sobre esas presiones y amenazas. No abrió la boca cuando Maduro lanzó sus amenazas contra los que no fueran a votar. Lo cual no es casual, ya que estos militantes e intelectuales constituyen una expresión depurada de la concepción burocrática (y nacionalista) del socialismo – cualquiera sea el significado que le den a esa palabra. Esta gente está convencida de que cuando se fuerza a un obrero de PDVSA, o del metro de Caracas, a ir a votar por Maduro, se está fortaleciendo la conciencia socialista de la clase trabajadora. Incluso, alguno pensará que por esta vía el gobierno venezolano está combatiendo a peligrosos trabajadores “contrarrevolucionarios pro-imperialistas”. Por eso no ven nada esencialmente criticable en lo que hace Maduro. Han interiorizado hasta tal punto los métodos burocráticos, que los aceptan con la misma naturalidad con que decimos “hoy llueve”. No aprendieron nada de las trágicas experiencias de los “socialismos reales”, de las colectivizaciones forzosas, de las unanimidades conseguidas en base a campos de concentración y muros de Berlín. Es una izquierda enajenada por el nacionalismo estatista, que, como siempre, gusta pensar que a la “vanguardia iluminada” le asiste la razón histórica que todo lo justifica. Todo esto con una consecuencia brutal: a los ojos de millones de explotados en el mundo, el socialismo hoy se encarna en Maduro amenazando con castigar obreros “renuentes”, en el marco de un país arrasado por el hambre y sacudido por los repetidos asesinatos de manifestantes opositores.

Frente a este daño y retroceso que se inflige al socialismo, sólo nos queda levantar una pequeña voz para decir que la tradición socialista que se apoya en la obra de Marx y Engels, en la experiencia de la Comuna y los consejos de obreros, soldados y campesinos de 1917, y en la resistencia libertaria y comunista al stalinismo, no tiene nada que ver con esas concepciones de los burócratas y sus apologistas. La esencia del programa del marxismo está sintetizada en la famosa frase “la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. Su mensaje es que la misma gente, los explotados y humillados, tomen sus destinos en sus manos. Es un llamado a echar por tierra todas las relaciones “en que el hombre es un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable” (Marx, “Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel”). Es impulsar a cada uno “a pensar, a obrar y organizar su sociedad como hombre que ha entrado en razón, para que sepa girar en torno a sí mismo y a su yo real” (ibid.).

Esta perspectiva encierra entonces una convocatoria a la más completa libertad, condición indispensable de la emancipación de las conciencias, de la negación de toda forma de alienación. A fin de prevenir críticas habituales en la izquierda superficial (del tipo “usted es un pequeño burgués que ignora las exigencias de la revolución”), preciso: no estamos defendiendo un criterio individualista, del tipo “hago lo que quiero y no me importa el mundo”. Esa, en términos de Hegel, sería la libertad vacía de contenido y arbitraria, ya que es carente de necesidad. En cambio, de lo que se trata es de reivindicar la libertad en su concepción más avanzada, esto es, como autodeterminación. Esta incluye tanto la necesidad como la acción consciente de las personas. Es la libertad que hay cuando hago tal cosa porque la comprendo necesaria, no porque esté obligado por una autoridad ubicada por encima de mí. Por eso el marxismo habla de “girar en torno a uno mismo y al yo real”. Es necesario reivindicar la libertad de decidir nuestro curso de acción a partir de los valores que, con plena conciencia, priorizamos. Valores que a su vez surgen de nuestra actuación en sociedad – de nuevo, es lo opuesto al individualismo “a lo Hobbes” – y de la comprensión de las necesidades que anclan en las contradicciones de esta sociedad.

Para “bajarlo a tierra”, cuando el marxismo, por ejemplo, llama a los trabajadores del mundo a unirse, apela a que sean los mismos explotados los que lleven a la práctica esa consigna. Es una convocatoria a la acción que deriva de la reflexión democráticamente articulada. Si en cambio esa unidad obrera es imposición, si es ucase burocrático, no hay superación; es el simple recrearse de las cadenas hoy existentes. Ni siquiera sería unidad real, porque estaría vacía de contenido. Pero si esto vale para la unidad de la clase obrera, tanto más cuando nos referimos a la construcción socialista.

Por eso, pensar que el socialismo se va a reconstruir de la mano de burócratas, y de los intelectuales pro-stalinistas que los defienden, es un contrasentido. Es imposible que avance la conciencia socialista en la clase obrera porque se obligue a los trabajadores a votar por un determinado gobierno, como acaba de ocurrir en Venezuela. Más aún, Maduro amenazando con represalias a los obreros que no quieren votarlo es la absoluta negación de la idea encerrada en “la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”. Es imposible salvar el abismo que me separa de estos burócratas y de los intelectuales de izquierda que los aplauden. Como he afirmado en otras entradas, estamos discutiendo los fundamentos, lo más elemental de la concepción socialista.

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Socialismo de burócratas o conciencia de clase

Fuente: https://rolandoastarita.blog/2017/08/03/socialismo-de-burocratas-o-conciencia-de-clase/#more-7731

 

 

Estamos en tiempos que nos interpelan a cuestionar a una izquierda que "podríamos denominar “nacional-estalinista” Un tipo ideal que permite captar un más o menos difuso espacio que junta un poco de populismo latinoamericano y otro de nostalgia estaliniana (cosas que en el pasado se conjugaban mal). De esa mezcla sale una especie de “estructura de sentimiento” que combina retórica inflada, escasísimo análisis político y social, un binarismo empobrecedor y una especie de neoarielismo frente al imperio (más que análisis marxistas del imperialismo, hay a menudo cierta moralina que lleva a entusiasmarse con las bondades de nuevas potencias como China o con el regreso de Rusia, por no hablar de simpatías con Bashar al-Assad y otros próceres del antiimperialismo). En la medida en que la marea rosada latinoamericana se retrae, el populismo democrático que explicó la ola de izquierda en la región pierde fuerza y esta sensibilidad nacional-estalinista, que tiene a algunos intelectuales en sus filas –varios de los cuales encontraron un refugio en la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad– gana visibilidad e influencia en los gobiernos en retroceso o en las izquierdas debilitadas. El nacional-estalinismo es una especie de populismo de minorías que gobierna como si estuviera resistiendo en la oposición. Por eso gobierna mal".  Persistamos en la revisión crítica sobre:

 

 

 

La izquierda y Venezuela

El retroceso “nacional-estalinista”

9 de agosto de 2017

Por Pablo Stefanoni (Nueva Sociedad)

 

Tras un viaje en 1920 a la Rusia revolucionaria, junto con un grupo de sindicalistas laboristas, el pensador británico Bertrand Russell escribió un pequeño libro –Teoría y práctica del bolchevismo– en el que plasmaba sus impresiones sobre la reciente revolución bolchevique. Allí planteó con simpleza y visión anticipatoria algunos problemas de la acumulación del poder y los riesgos de construir una nueva religión de Estado. En un texto fuertemente empático hacia la tarea titánica que llevaban a cabo los bolcheviques, sostuvo que el precio de sus métodos era muy alto y que, incluso pagando ese precio, el resultado era incierto. En este sencillo razonamiento residen muchas de las dificultades del socialismo soviético y su devenir posterior durante el siglo XX.

 

A cien años de esa gesta libertaria, no está mal volver sobre estos problemas. Sobre todo porque la tensión entre democracia y revolución sigue vigente, aunque, por lo general, la vigencia se manifiesta a menudo más como farsa que como tragedia, al menos si leemos algunos análisis sobre la actual coyuntura latinoamericana.

El caso venezolano es el más dramático, ya que se trata de la primera experiencia autodenominada socialista triunfante luego de la Revolución Sandinista de 1979. Sólo por eso, ya amerita prestarle atención. Pero, además, es posible que su derrota tenga consecuencias similares o peores que la derrota electoral sandinista de 1990. No obstante, los análisis escasean y son habitualmente reemplazados por discursos panfletarios que no son más que el espejo invertido de los de la derecha regional.

La convocatoria a una incierta Asamblea Constituyente parece una fuga hacia delante de un gobierno, el de Nicolás Maduro, que fue perdiendo apoyo popular tanto en las urnas como en las calles. Es cierto que las protestas tienen más intensidad en algunos territorios que en otros, pero la afirmación de que son sólo los ricos de Altamira o del este de Caracas quienes se oponen al gobierno es desmentida por la aplastante derrota del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las elecciones parlamentarias de 2015. Por eso después ya no hubo elecciones regionales (ni sindicales en el caso de la estratégica petrolera PDVSA). Y por eso la Constituyente fue diseñada de tal forma que el voto ciudadano se combinara con el territorial y el corporativo, en una viveza criolla revestida de principismo revolucionario. Que este domingo hayan ido a votar (lo que equivalía a votar por el oficialismo) más electores que en los mejores momentos de la Revolución Bolivariana habría sido, en efecto, un “milagro”, como lo denominó Nicolás Maduro, incluso considerando la enorme presión estatal sobre los empleados públicos y quienes reciben diversos bienes sociales mediante el Carné de la Patria.

 

Si el populismo tiene un irreductible núcleo democrático pese a que suele tensar las instituciones, éste refiere a un apoyo plebiscitario del electorado. Sin eso, el poder depende cada vez más del aparato militar, como ocurre hoy en Venezuela (si Maduro tuviera la mayoría, podría convocar a un revocatorio, ganarlo y cerrar, al menos transitoriamente, la crisis política, como lo hicieron en su momento Hugo Chávez y Evo Morales). En Venezuela, el agravante del poder militarizado es que los militares forman parte de esquemas de corrupción institucionalizados que incluyen acceso a dólares al tipo de cambio oficial (para luego cambiarlos en el mercado paralelo con gigantescas ganancias) o el contrabando de gasolina o de otros bienes lícitos y posiblemente ilícitos.

Y, para peor, la gestión del Estado devino en un autoritarismo caótico, con desabastecimiento, cortes de luz, violencia urbana descontrolada y degradación moral del proceso bolivariano. Atribuir todo a la “guerra económica” resulta absurdo. Nunca puede explicarse por qué Bolivia o Ecuador sí han podido manejar sus economías razonablemente bien.

 

No obstante, una parte de la izquierda regional defiende al madurismo en nombre de la revolución y de la lucha de clases. El análisis empírico desapareció y es reemplazado por apelaciones genéricas al pueblo, al antiimperialismo y a la derecha golpista. Retomando a Russell: digamos que estamos dispuestos a pagar el precio de los métodos represivos de Maduro, ¿qué resultado esperamos? ¿Qué esperan quienes, desde posiciones altisonantes, anuncian que el domingo 30 de julio fue un día histórico en el que triunfó el pueblo contra la contrarrevolución? ¿Qué cielo queremos tomar por asalto? Resulta sintomático que la Constituyente no esté acompañada de un horizonte mínimo de reformas y que se la justifique únicamente en nombre de la paz, lo que deja en evidencia que se trata de una maniobra y no de una necesidad de la “revolución”.

 

Resulta difícil creer que, luego del fracaso o la marginalidad de las diferentes experiencias “anticapitalistas” ensayadas desde 2004 (cuando Chávez abrazó el socialismo del siglo XXI), pueda emprenderse hoy algún tipo de horizonte nuevo de cambio social. No es la primera vez, ni será la última, que en nombre de la superación de la “democracia liberal” se anule la democracia junto con el liberalismo. No es casual tampoco que gran parte de la izquierda que sale a festejar la “madre de todas las batallas” venezolana sea admiradora de Kadafi y su Libro verde. En Libia, el “líder espiritual” llevó al extremo el reemplazo de la democracia liberal por un Estado de masas (Yamahiriya) basado en su poder personal –aunque no tenía cargos formales– y en una eficaz policía secreta que resolvía el problema de la disidencia.

 

Se trata de una izquierda que podríamos denominar “nacional-estalinista”. Un tipo ideal que permite captar un más o menos difuso espacio que junta un poco de populismo latinoamericano y otro de nostalgia estaliniana (cosas que en el pasado se conjugaban mal). De esa mezcla sale una especie de “estructura de sentimiento” que combina retórica inflada, escasísimo análisis político y social, un binarismo empobrecedor y una especie de neoarielismo frente al imperio (más que análisis marxistas del imperialismo, hay a menudo cierta moralina que lleva a entusiasmarse con las bondades de nuevas potencias como China o con el regreso de Rusia, por no hablar de simpatías con Bashar al-Assad y otros próceres del antiimperialismo). En la medida en que la marea rosada latinoamericana se retrae, el populismo democrático que explicó la ola de izquierda en la región pierde fuerza y esta sensibilidad nacional-estalinista, que tiene a algunos intelectuales en sus filas –varios de los cuales encontraron un refugio en la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad– gana visibilidad e influencia en los gobiernos en retroceso o en las izquierdas debilitadas. El nacional-estalinismo es una especie de populismo de minorías que gobierna como si estuviera resistiendo en la oposición. Por eso gobierna mal.

Hoy es habitual que se compare la Venezuela de 2017 con el Chile de 1973. Claro que los gobiernos democrático-populares enfrentan reacciones antidemocráticas de las derechas conservadoras muchas veces apoyadas por Estados Unidos y es necesario enfrentarlas, lo que puede incluir estados puntuales de excepción. Pero la comparación pasa por alto algunos “detalles”. Primero, Salvador Allende se enfrentó a unas fuerzas armadas supuestamente institucionales pero hostiles, de las que salió Augusto Pinochet. En Venezuela, pese a la existencia de sectores antidemocráticos en la oposición (hay que recordar el golpe fallido de 2002), las fuerzas de seguridad están hasta hoy del lado del gobierno. Y su capacidad de fuego sigue intacta.

Por otra parte, el gobierno chileno no estaba atravesado por la ineficacia y la corrupción interna en los niveles en que lo está el chavismo actual, donde hoy son estructurales. Quizás la comparación con Nicaragua puede ser más enriquecedora: allá sí la injerencia imperial fue sangrienta y criminal, y erosionó muy fuertemente el poder sandinista. ¿Es comparable con esa ofensiva criminal una sanción económica a Maduro, quien, sospechamos, no tiene cuentas en EEUU, o la estrategia de los “golpes de cuarta generación”, que consistirían en la aplicación de un libro del casi nonagenario Gene Sharp que se puede descargar de internet? El imperio conspira en todos lados, pero en otros países de la ALBA más o menos bien administrados no faltan los alimentos en los mercados y, por ejemplo, en el caso de Bolivia, las cifras macroeconómicas son elogiadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Mientras los gobiernos mantienen las mayorías, el populismo democrático mantiene a raya a los nacional-estalinistas porque conserva los reflejos hegemónicos y democráticos activos y resiste el atrincheramiento autoritario.

Lo que sí permite trazar puentes entre el sandinismo tardío y el neochavismo actual es la corrupción como mecanismo de erosión interna y degradación moral, que en el caso nicaragüense terminó primero en derrota y luego en un retorno –contra la mayoría de la vieja guardia sandinista– del matrimonio Ortega-Murillo, hoy atornillado en el poder tras su conversión al catolicismo provida y a una nueva y estrambótica religiosidad estatal, combinada con un pragmatismo sorprendente para hacer negocios públicos y privados –cada vez más imbricados en Nicaragua–. El precio a pagar en Venezuela ¿sería para tener una especie de orteguismo con petróleo? ¿En favor de eso algunos intelectuales le reclaman a Maduro mano dura contra la oposición?

 

Claro que para la izquierda es importante diferenciarse del antipopulismo –con sus aristas antipopulares, revanchistas, clasistas y también autoritarias–, pero despreciar la perspectiva de la radicalización democrática, acusando de liberales a quienes observan los déficits democráticos efectivos y operando en favor de formas de neoautoritarismo decadente, sólo favorece nuevas derechas regionales. En lugar de dar una disputa por el sentido de la democracia contra las visiones que la reducen a la libertad de mercado, la pospolítica o un republicanismo conservador, los nacional-estalinistas la abandonan y se atrincheran en una “resistencia” incapaz de regenerar la hegemonía que la izquierda conquistó en la “década ganada”. Lo que se argumentaba en nombre de un “socialismo del siglo XXI” acaba en una parodia setentista.

 

Articular socialismo y democracia sigue siendo una agenda pendiente para la izquierda: el riesgo contrario, que ya vivimos, es la defensa de la democracia sin contenidos igualitarios ni proyectos reformistas capaces de erosionar los procesos actuales de des-democratización. Por eso, en relación con Venezuela, parte de la socialdemocracia latinoamericana tampoco puede decir algo que vaya más allá de su apoyo a la oposición nucleada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Una salida pactada en Venezuela no puede basarse únicamente en la normalización de la democracia política: debe incluir también una defensa de los derechos económicos populares (una agenda de democracia económica) frente a quienes, desde la oposición, buscan una salida tipo Temer en Brasil.

 

Pero frente a los peligros de “temerización” de Venezuela, los nacional-estalinistas pueden resultar contraproducentes: el creciente desprestigio del socialismo, gracias al desgobierno de Maduro y la vuelta de la asociación entre socialismo, escasez y colas, hace que las salidas promercado ganen terreno y apoyo social. No obstante, la tentación de construir el socialismo a palos –"si no es con los votos, será con las armas", Maduro dixit, o “con el mazo dando”, como Diosdado Cabello bautizó a su programa de televisión–, en nombre de un pueblo abstracto o contra un pueblo manipulado, sigue captando la imaginación y el entusiasmo de parte de la izquierda militante continental. Para colmo, no hay ningún socialismo. Pero los “filtros burbuja” de las redes sociales confirman convicciones y posverdades, de manera bastante parecida a como operan los (violentos) espacios de sociabilidad antipopulistas.

Lamentablemente, sin una izquierda más activa y creativa respecto de Venezuela, la iniciativa regional queda en manos de las derechas. Analicemos estos procesos con sentido crítico y hagamos todo lo posible para que Caracas no sea nuestro Muro de Berlín del siglo XXI.

http://nuso.org/ Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=229971

 

 

Discutamos para superar el hecho que mientras la lectura binaria o maniquea captura los debates abajo y a la izquierda, "redes del capital crecen y se expanden, estos nuevos métodos y marcos de negocios no sólo evidencian una reestructuración económica en desarrollo -ciertamente inestable, contingente y maleable–, sino también revelan una específica correlación de fuerzas muy negativa" para las necesidades e intereses populares:

 

 

Violencia y gobernabilidad ante una nueva fase del extractivismo en Venezuela

2 de agosto de 2017

 

" Recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a transitar."

 

Por Emiliano Teran Mantovani*

No hay prioridad más alta en Venezuela en la actualidad: evitar, desactivar (o detener) la guerra. El horizonte de paz más próximo es apenas el no desbordamiento masivo de todas las estrategias y pulsiones de muerte que se reproducen en el país. Expresiones extremas de violencia y barbarie; destrucción del entorno cotidiano; sectores radicalizados y fascistizados de la oposición venezolana que, a nuestro juicio, son el principal detonante de la situación; declaraciones y políticas gubernamentales soberbias, desafiantes e irresponsables; represión subida de tono y excesos de los cuerpos de seguridad del Estado; actores armados informales; la política exterior estadounidense más agresiva y frontal contra Venezuela en toda la historia republicana de nuestro país; los señores de la guerra. Todo un cúmulo de actores que unido a condiciones materiales y diversos factores sociales nos han acercado al filo del abismo en el que nos encontramos.

Los dramáticos costos del desbordamiento de una guerra serían cargados principalmente en los hombros del campo popular, en los tejidos sociales, en la vida en sus territorios. Los ‘ganadores’ serían otros, en lo fundamental (aunque no únicamente) actores foráneos y transnacionales. Y las condiciones para la subsistencia y luchas de los pueblos y comunidades quedarían arruinadas. El fin de ciclo progresista en Venezuela se habría coronado con esta fase superior del “capitalismo del desastre” (Naomi Klein dixit).

Estas condiciones materiales son ineluctables, evidencian los nexos entre la inestabilidad económica y la turbulencia política y al mismo tiempo nos señalan la configuración de nuevos esquemas de gobernabilidad y gobernanza. En este sentido, es necesario resaltar la relación que existe entre la re-estructuración del régimen de apropiación de la naturaleza (el relanzamiento y la reformulación del extractivismo en el país), de los mecanismos de captura y distribución de la renta (cambios en la arquitectura del capitalismo rentístico) y de los patrones de gobernabilidad y control social. Esta relación sufre transformaciones significativas en períodos de cambio histórico. El llamado “Pacto de Punto Fijo” (1958) se establecía en Venezuela sobre la base de hacer coherente los principios de una nueva gobernabilidad con los procesos de apropiación y acumulación de capital domésticos y transnacionales.

 

Pero los tiempos han cambiado. La reciente aprobación del proceso Constituyente del día 30 de julio convocado por el Gobierno nacional, o bien el llamado “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”[1] presentado el pasado 19 de julio por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dan cuenta explícita de su necesidad de construir un nuevo marco de dominación y control social. Sólo que ahora deben adaptarlo a las condiciones de la profunda crisis del modelo histórico petrolero rentista, inaugurado a principios del siglo XX; y a los marcos de una crisis económica global y de peligrosas tensiones geopolíticas.

 

El capital se filtra en las grietas de la crisis: rutas y coordenadas de una nueva fase del extractivismo

A pesar de nuestros dramas sociales y políticos, del caos existente, de la crudeza del conflicto, el capital foráneo negocia, con bajo perfil, se posiciona, avanza, gana concesiones, rompe obstáculos, echa raíces en nuestros territorios. La beligerancia y el desastre no le son ajenos; si por un lado es inestabilidad, por el otro es también oportunidad de negocios. En los acuerdos se van trazando rutas y coordenadas de nuevos ciclos de acumulación, se van delineando nuevos códigos, estructuras y geografías del extractivismo en Venezuela.

 

Podemos hacer un inventario general: ni la inestabilidad de los precios internacionales del crudo y el mercado energético mundial, ni el conflicto político nacional han detenido los acuerdos y las inversiones en la Faja Petrolífera del Orinoco, cinturón de petróleos no convencionales (pesados y extra-pesados) que, por sus costos y niveles de inversión e instalaciones requeridos, necesitan en cambio precios altos y estables. El objetivo: incrementar la producción. Desde principio de 2016 se ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para invertir unos US$ 9.000 millones para la perforación de 480 pozos, sobre lo cual se ha venido avanzando en anuncios y acuerdos desde entonces hasta la fecha.

China National Petroleum Corporation, Rosneft, Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton, entre otras, resaltan entre las corporaciones que suscriben los últimos acuerdos. La clave del negocio está en profundizar la flexibilización económica de los marcos que los regulan, lo que el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, ha llamado “régimen especial de inversiones” para que los proyectos logren su pleno desarrollo[2]. Facilidades económicas, tasas de cambio flotantes, zonas de desarrollo económico especial, socios foráneos que no solo participen accionariamente sino que ahora traigan el financiamiento necesario para los negocios (en lugar de los desembolsos de caja que asumía PDVSA)[3], y algo importante: la cobertura de esas retribuciones y deudas con las corporaciones se basa en los barriles que provengan del aumento de la producción[4]. Esto es, más extractivismo para poder pagarles. Es el modelo de negocios de la Faja del Orinoco, que se proyecta al resto de los sectores de nuestra economía extractiva.

 

Se cuenta también: la búsqueda de reconexión de pozos en el occidente de Venezuela (como los del Lago de Maracaibo), área de viejas explotaciones convencionales; relanzamiento de los grandes proyectos gasíferos offshore (como el Rafael Urdaneta), con el proyecto Cardón IV en la península de Paraguaná como punta de lanza, destacando la explotación del mega-campo ‘Perla’ en la cual la inversión ha sido 100% privada (Del Pino dixit) –Repsol (50%) y Eni (50%)[5]–; re-impulso y reactivación de obras de infraestructura para la exportación de commodities como el Puerto de Aguas Profundas de la península de Araya (13/6) orientado al comercio petrolero principalmente con el mercado asiático[6], la nueva fase de construcción del gaseoducto Venezuela-Colombia, el acuerdo de gaseoducto entre Venezuela y Trinidad y Tobago (PDVSA-NGC-Shell)[7] o los puertos para la producción de Carbozulia; nueva fase histórica de la minería, con el proceso de certificación de reservas, reactivación de minas que cayeron en el período de crisis o apertura de otras nuevas en todo el país, como el Arco Minero del Orinoco y la conformación de la empresa mixta ‘Siembra Minera’ (Gold Reserve, oro y cobre, empresa a la que el Estado venezolano adeuda aproximadamente 992 millones US$)[8] para la explotación del proyecto "Las Brisas"; empresas mixtas y memorandos de entendimiento con compañías como Faoz (una incógnita), Afridiam (Congo) o China CAMC Engineering para explotar coltán en el municipio Cedeño, estado Bolívar; Endiama (Angola)[9], Guaniamo Mining Co. (EEUU) y empresas sudafricanas no anunciadas para explotar diamantes –en general las mineras junior suelen abrir el camino para la posterior aparición de las grandes corporaciones mineras–; pero también destaca la reactivación de las minas del proyecto de Lomas de Níquel (China Camc Engineering y Yankuang Group - sur de Aragua-Miranda)[10], reactivación de Carbozulia (mayo 2017) con miras a la estabilización y posterior expansión de la producción de carbón[11] (Inter American Coal, China CAMC Engineering y Yankuang Group), sea en las minas ya existentes o en nuevas, como ‘Las Carmelitas’[12]; o finalmente proyectos más pequeños de minería no metálica para la extracción de fosfato en el Táchira, mármol en Anzoátegui (empresa Canteras y Mármoles) o sílice en Lara.

Pero estas redes del capital que crecen y se expanden, estos nuevos métodos y marcos de negocios, no sólo evidencian una reestructuración económica en desarrollo –ciertamente inestable, contingente y maleable–, sino también revelan una específica correlación de fuerzas muy negativa para regímenes de intervención y proteccionismo estatal, formas de nacionalismo económico, y para el campo popular y la naturaleza. En este escenario van prevaleciendo cada vez más los intereses y agendas del capital transnacional, que trazan las rutas más estables y predecibles del rumbo económico a partir del mapeo de los “recursos naturales”.

En esta específica correlación de fuerzas la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha estado al margen ni ha sido espectadora pasiva. Muy al contrario, ha sido actor principal para ir configurándola, a través de métodos cada vez más extremistas que impulsan este escenario del ‘capitalismo del desastre’. Porque, aunque se declare en el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” que “la justicia social es la prioridad” y los “desfavorecidos y vulnerables serán el objetivo central”, el horizonte constituyente de esta coalición política derechista conservadora ha sido neoliberal. En muchos casos sin secretos (como en el llamado ‘capitalismo popular’ de Maria Corina Machado). En otros, que son la mayoría de los casos, se esconden detrás de una retórica vaga y generalista sobre progreso, bienestar y desarrollo, sin mencionar la prevalencia de mecanismos de mercado, recortes, corporativización y desregulación. Pero a pesar de las sutilezas e intentos de hermetismo al respecto, siempre afloran estas voluntades y políticas neoliberales.

 

Por citar dos ejemplos recientes, el conocido empresario venezolano Gustavo Cisneros ha planteado que el modelo impulsado por Mauricio Macri en Argentina puede ser el idóneo para la Venezuela postchavista[13]; y aunque hayan criticado y sancionado hasta la saciedad el entreguista y devastador proyecto del Arco Minero del Orinoco, en mayo de este año el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, le aseguraba a las transnacionales mineras que asistían al ‘Latin American Downunder Conference’ en Australia que “una vez la democracia haya sido restaurada… las puertas estarán abiertas para recibir las inversiones” –our doors will be open to receive the investments–[14], lo que va en consonancia con numerosas de las propuestas del bloque opositor de expandir el extractivismo en el país.

La pregunta que surge ante esta puesta en escena y el desarrollo y expansión de esta red de capitales foráneos en Venezuela, es qué tipo de modelo de gobernabilidad y control social pudiera estar gestándose de la mano de este proceso, y cuál podría ser el rol de la violencia en el mismo.

 

Adiós al ‘neo-extractivismo progresista’: violencia y nuevas gobernabilidades

Replicando el patrón histórico-colonial de la división internacional del trabajo y la naturaleza, las inversiones extranjeras en la crisis actual siguen dirigiéndose en proporciones considerables a los sectores extractivos –como se evidencia por ejemplo en el anuncio de ‘Alianzas Estratégicas’ entre el Gobierno Nacional y empresas extranjeras (21 de julio), donde el 92% de las inversiones era para minería y 8% para turismo[15]–. No sólo no aparece el giro productivo para poder paliar la situación de precariedad económica interna, sino que el capital y las élites políticas locales establecen acuerdos de largo plazo que nos atornillan a un horizonte de extracción y despojo, vinculado a recortes y desregulación.

Se marcha el llamado “neo-extractivismo progresista”. El patrón que lo ha caracterizado se disuelve: la posibilidad de construir consenso social por la vía de la distribución masiva de las rentas presenta extraordinarios límites; la programática gubernamental sigue modificándose progresivamente; como ya se ha mencionado, continúan produciéndose cambios significativos en la correlación de fuerzas; y el contexto internacional va recrudeciendo aún más la competencia global por los “recursos naturales”.

En este sentido, y en relación a la gobernabilidad de este probable nuevo extractivismo, cabe preguntarse si las diversas formas de violencia que se han desarrollado en el país son sólo expresiones de un conflicto político coyuntural o en cambio éstas también se instalan y se incorporan a los dispositivos de dominación, trazando las coordenadas de un régimen de control social en formación. Sus orígenes provienen de al menos tres escalas geográficas diferentes: una violencia imperial-geopolítica, una estatal-nacional y una social-molecular.

El contexto de intensa conflictividad y el colapso de la economía nacional han hecho prevalecer los marcos de un estado de excepción (que hasta el momento ha sido sectorizado), políticas de emergencia y conmoción, la creciente militarización de todos los ámbitos de la vida junto a mecanismos de intervención policial directa en barrios urbanos y rurales (como la llamada ‘Operación de Liberación del Pueblo’ - OLP). Esto no sólo se expresa en las actuales políticas del Estado, sino que se presenta como el horizonte de 'seguridad' de los partidos de la MUD. Recordemos que el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, ha señalado la necesidad de aplicar el modelo “exitoso” de seguridad del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el cual podría emplearse de manera inmediata[16]. En el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” 2017 de la MUD se expresa como uno de los primeros objetivos de “un próximo gobierno” el “Plan efectivo y contundente contra la inseguridad” (punto 1.3).

 

Resalta también el empleo de actores armados informales por parte de los grupos políticos en disputa, que ejercen formas subterráneas de control social, generando formas directas de represión y terror en la población.

Al mismo tiempo, el abanico de operaciones de intervención que han sido impulsadas al menos desde 2002 por los Estados Unidos para lograr el ‘cambio de gobierno’ en Venezuela se han hecho cada vez más explícitas e incisivas –vea las recientes declaraciones del director de la CIA, Mike Pompeo, sobre sus esfuerzos para lograr la ‘transición’ en el país[17]– y tienen notable incidencia en el desarrollo de la violencia en el país. Un potencial avance y triunfos de esta política norteamericana en Venezuela plantearía una transición desde mecanismos de financiamiento de operaciones de inteligencia y desestabilización hasta formas de militarización de impacto regional (en conexión con acuerdos como el Plan Colombia) y estrategias de contrainsurgencia como forma de controlar territorios.

Por último pero no menos importante, también se registra el aprovechamiento de las crecientes formas de violencia social-molecular producto de las contradicciones sociales y territoriales (pobreza, exclusión, masificación de la corrupción y la impunidad), en especial a través de la cooptación de grupos criminales (urbanos y rurales) y la canalización de expresiones de fascistización social (evidentes básicamente en sectores de oposición al gobierno) que no sólo generan crímenes de odio e intento de aniquilamiento del 'enemigo' (chavista) sino una profunda intimidación y terror en la población en general.

 

La imposición del orden y la lucha contra 'agentes perturbadores' serán planteadas como los medios para la consecución de la ‘paz’ –la 'pacificación'. En estos casos es cuando la paz y la guerra se confunden más. Podríamos plantearnos reflexivamente la frase de Hanna Arendt cuando afirmaba en 1970 que la paz es la continuación de la guerra por otros medios. Para el caso venezolano, se han abierto ya nuevas preguntas sobre nuevas formas de poder, sobre la evolución de la estatalidad, sobre disputas territoriales por los bienes comunes. Y sobre todo, preguntarnos si terminaría de emerger una nueva versión de la economía de enclave del siglo XXI. Preguntas que además, tocan e interpelan a todo el resto de América Latina.

 

Resurgir del colapso del rentismo: re-existencias y la recuperación de las agendas propias de los movimientos populares

En Venezuela, todos los territorios y ámbitos de la vida cotidiana están en disputa. ¿Cuál es el horizonte, la estrategia, cuando la guerra y el estado de excepción van avanzando como régimen biopolítico para la acumulación de capital?

Cuando la paz es invadida de guerra, se va haciendo más difícil saber qué es y dónde se encuentra. A pesar de ello, ésta se convierte en una prioridad. Pero es necesario resaltarlo: organizarse para la paz implica reconocer que esta también se teje desde abajo, que supone que hay que ir hilándola, expresándola en la vida en los territorios, recreándola en las formas mínimas de convivencia, respeto, consensos, desplazando a la guerra de los espacios que busca ocupar, a través de resistencias y vida. Se trata del ejercicio de las re-existencias (como lo planteara Adolfo Albán), en la medida en la que se resiste a los diversos dispositivos de violencia, explotación, exclusión y despojo de la expansión capitalista, a través también de la reproducción de la vida, de su reafirmación a través de las prácticas cotidianas y la construcción de alternativas concretas.

Sin embargo, ¿cómo se puede enfrentar semejantes desafíos cuando el tejido social ha sido tan profundamente afectado, cuando se va desbordando el contrato social, cuando la barbarie se va normalizando, cuando se ha extraviado de tal forma el sentido en el país?

Nuevamente, hay que mirar adelante. Todavía hay mucho que rescatar. Aunque este socavamiento del tejido social nos atraviesa, no es una condición estructural o definitiva. Toca volver a mirar e inventariar todas esas potencialidades existentes en el campo popular venezolano, sus expresiones de democracia radical, sus experiencias productivas, sus narrativas y agendas propias, las formas emancipatorias de su dinamismo político aluvional. A pesar de que existan enormes obstáculos y debilidades, son finalmente estos factores el sustrato, la esencia, de cualquier proceso alternativo a desarrollarse en los próximos tiempos.

 

Pero también los tiempos invitan a reinventarse. El giro histórico-político de las luchas populares en Venezuela podría estar en la recuperación y re-centramiento de la dimensión territorial –abriéndose intempestivamente camino ante la irresistible primacía de los objetivos de escala nacional–; esto es, territorializar las luchas. Reconfigurar las localidades. Y tejer comunidad, en medio de las dificultades. Construir desde ya, alianzas con otros sectores de lo popular. Promover la creatividad, las éticas populares y el valor de la dignidad. Sin todas estas bases materiales, estas expresiones contrahegemónicas seguirán adoleciendo de organicidad, se evidenciarán débiles ante los numerosos dispositivos de guerra, tendrán una alta dependencia económica del Petro-Estado y los sectores privados y seguirán careciendo de resultados concretos en sus territorios para testimoniar ese mundo que sueñan transformar.

 

¿Qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas? No hay un panorama claro al respecto. Pero al menos, recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a transitar.

De plano conviene resaltar que la situación de potencial impago de la deuda externa unido a la descomunal corrupción que se ha devorado las cuentas públicas puede hacer converger a numerosas organizaciones populares, movimientos y comunidades en torno a una campaña nacional por la auditoría de todas estas cuentas del país. Se presentaría además una oportunidad para evidenciar los vínculos de la deuda y el desfalco con el extractivismo, en la medida en la que el respaldo material de estos procesos de despojo financiero global contra Venezuela son precisamente sus ‘recursos naturales’ y sus territorios. El relanzamiento del Arco Minero del Orinoco y todo el conjunto de proyectos que buscan re-colonizar viejas geografías y las nuevas fronteras de las commodities se realiza bajo esta racionalidad. De esta manera, podríamos tener la convergencia de luchas por la justicia en la distribución económica y ecológica al mismo tiempo. Algo nunca visto en la historia de las luchas populares venezolanas.

Se nos vienen extraordinarios desafíos. La búsqueda de la paz navega en aguas turbulentas. Toca no perder el centro y tomar el timón con fuerza.

Caracas, julio 2017

*Emiliano Teran Mantovani es Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología política y ha colaborado con el proyecto EjAtlas - Justicia Ambiental con Joan Martínez Alier. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.

Notas

[1] http://www.asambleanacional.gob.ve/... (pdf)

[2] http://www.avn.info.ve/...

[3] https://www.youtube.com/...

[4] http://www.avn.info.ve/...

[5] https://www.repsol.energy/...

[6] http://www.eluniversal.com/...

[7] http://www.telesurtv.net/...

[8] http://vtv.gob.ve/...

[9] http://vtv.gob.ve/...

[10] http://avn.info.ve/...

[11] https://www.aporrea.org/...

[12] https://www.aporrea.org/...

[13] https://www.efe.com/...

[14] https://laradiodelsur.com.ve/...

[15] http://vtv.gob.ve/...

[16] https://www.youtube.com/...

[17] Pompeo afirmó el pasado 20 de julio que esperaba que se produjera una ‘transición’ en Venezuela y que trabajaban duro para comprender las cosas que allí ocurren y comunicárselas al Departamento de Estado y a los gobiernos de Colombia y México, de manera que obtuvieran los mejores resultados posibles https://www.youtube.com/.... Varias fuentes han revelado las diversas operaciones de intervención que se han aplicado desde el inicio de la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, decenas de miles de cables revelados por Wikileaks han revelado apoyo a opositores al gobierno, desde la época del presidente Chávez. Citando un caso, la contratista de USAID/OTI ‘Development Alternatives Incorporated’ (DAI) reconocía que quienes organizaban las protestas contra el presidente Chávez en 2009 eran ‘nuestros financiados’ –‘are our grantees’.https://wikileaks.org/...

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